Venga, pues: hablemos de las agresiones sexuales de Ceuta. Pero vamos a hablar de las que se han producido de verdad, y es una charla que me temo que va a ser más aburrida de lo esperado y bastante alejada de los bulos de Facebook, Twitter y determinados discursos políticos: vamos a buscar datos y citar fuentes, vamos a tratar de averiguar quiénes son las víctimas y quiénes los agresores y, sorprendentemente, vamos a intentar aceptar que la realidad puede no coincidir con el relato que uno había elegido antes de empezar el debate.

Lo primero: sí, en Ceuta existe un problema grave de violencia sexual desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. Negarlo sería tan estúpido como exagerarlo. El Consejo General del Poder Judicial contabiliza, entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, 37 procedimientos judiciales por agresión sexual y 39 víctimas, 38 mujeres y un hombre. Catorce de las mujeres son menores de edad. De esos 37 procedimientos, 28 continuaban abiertos cuando se cerró el informe, ocho habían sido archivados provisionalmente sin que el CGPJ explique por qué —probablemente por no estar identificado el agresor—, y uno se había acumulado a otro procedimiento. Los 37 presuntos agresores eran hombres; 19 habían sido identificados y 18 todavía no.

Treinta y nueve víctimas en mes y medio ya son demasiadas. No hace falta inventarse otras nueve mil, y menos aún que lo hagan quienes niegan rutinariamente la existencia de la violencia de género cada vez que un hombre mata a su pareja.

No es necesario, pero es justo eso lo que han hecho: propagar bulos e inventarse cifras.

Uno de los más espectaculares nació cuando la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró el 26 de agosto que en Ceuta había «200 denuncias diarias por agresiones sexuales». Las aproximadamente 200 denuncias diarias no eran inventadas. Lo que era falso era presentarlas como 200 denuncias diarias por agresión sexual. Eran denuncias policiales por toda clase de hechos. De hecho, el juez Antonio Pastor, una de las fuentes de aquella cifra, hablaba entonces de unas 200 denuncias diarias en total y de una agresión sexual diaria desde el 30 de julio. El 26 de agosto se habían contabilizado 16 agresiones sexuales. Así que el bulo no consiste en inventar el 200, sino en que esas 200 denuncias fueran por agresiones sexuales.

Curiosamente, al día siguiente, cuando tuvo que repetir el dato en sede parlamentaria y quedó recogido en el Diario de Sesiones, Pepa Millán ya no habló de «200 denuncias diarias por agresiones sexuales». Dijo que los juzgados «acumulan más de doscientas denuncias diarias». A secas. Las agresiones sexuales habían desaparecido de la frase. No es un matiz menor: lo que había dicho a los medios era sustancialmente distinto y contenía precisamente el bulo, que esas 200 denuncias fueran por agresiones sexuales. Qué misterioso el poder de los taquígrafos.

El caso es que, si estas cifras fueran ciertas, en este mes y medio habrían sido agredidas 9.000 mujeres, más o menos el 22 % de las mujeres que viven en Ceuta, para Navidad, media península habría sido violada por los «invasores» y ya tendríamos el gran reemplazo en marcha, pero de verdad.

Examinemos las cifras reales teniendo en cuenta que una denuncia policial, una llamada al 112 y un asunto que entra en un juzgado no son la misma cosa.

¿Cuál es la actividad judicial real? El 27 de agosto, Félix Bolaños dio en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional una cifra muy concreta: entre el 1 y el 27 de agosto de 2025 habían ingresado en el Tribunal de Primera Instancia de Ceuta 570 asuntos; en las mismas fechas de 2026 habían ingresado 594 asuntos. Eso equivale a unas 21,1 actuaciones diarias en 2025 y 22 en 2026, un incremento del 4,2 %. El dato está en el Diario de Sesiones del Congreso, no en una nota de partido ni en un tuit. El propio ministro añadió la cautela de que podía haber denuncias policiales de los últimos días todavía no remitidas al tribunal.

¿De dónde sale entonces el dato de las 200? Pues probablemente de la manipulación de cifras reales distintas. Durante las semanas posteriores a la entrada masiva, los servicios de seguridad y emergencias llegaron efectivamente a manejar del orden de doscientas comunicaciones diarias. El 112 de Ceuta recibió entre el 30 de julio y el 10 de septiembre 9.239 comunicaciones y abrió 7.073 expedientes. Pero una llamada al 112 no es una denuncia, un expediente del 112 no es necesariamente un delito y un delito denunciado no es una agresión sexual. De hecho, esos 7.073 expedientes incluían 2.081 relacionados con extranjería, 1.357 con agresiones de cualquier tipo, 837 con allanamientos de morada y 437 con alteraciones del orden público.

Los datos judiciales son claros: entre el 1 y el 27 de agosto de 2026 ingresaron en el Tribunal de Primera Instancia de Ceuta 594 asuntos, unos 22 diarios, no 200. Y las diligencias abiertas específicamente por agresión sexual fueron finalmente 37 entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. Demasiadas. Pero 37 en mes y medio no son 200 diarias.

Vale. ¿Pero quién viola a quién en Ceuta?

El 31 de agosto, cuando la Fiscalía había registrado 23 agresiones sexuales, nueve de ellas contra menores de entre 14 y 17 años, las víctimas contabilizadas eran personas migrantes. Cinco de aquellos casos eran agresiones con penetración. Todas las víctimas eran mujeres salvo un hombre del colectivo LGTBI.

Aquí tenemos la primera trola: los datos no sostienen la historia de una oleada de inmigrantes llegados a Ceuta para violar a mujeres españolas. En aquel momento, las 23 víctimas que constaban en los datos de Fiscalía eran migrantes.

Y ahora viene la segunda trola. También sabemos quiénes eran los presuntos agresores que se habían conseguido identificar hasta entonces: cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. Es decir, había presuntos agresores marroquíes. Naturalmente que los había. Y había tres españoles. Y uno belga. Eso no permite saber cuál es la distribución por nacionalidades del conjunto de agresores, porque la mayoría todavía no había sido identificada. Sí permite afirmar una cosa bastante más modesta: entre los presuntos agresores identificados también había ciudadanos españoles.

El 11 de septiembre, la Fiscalía General del Estado elevó la cifra a más de treinta procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes y añadió un dato particularmente terrible: en aproximadamente el 40 % de esos procedimientos las víctimas eran menores migrantes no acompañadas, precisamente uno de los colectivos que la legislación obliga especialmente a proteger y a los que se niegan a proteger PP y Vox, que son los principales difusores de estos bulos hipocritones y fariseos.

Finalmente llegamos al informe del CGPJ: 37 procedimientos y 39 víctimas hasta el 14 de septiembre. Ese informe ya no desglosa la nacionalidad de todas las víctimas ni de los 19 presuntos agresores identificados. Por tanto, a partir de ahí no se puede afirmar a ciencia cierta ni que todas las víctimas sean migrantes ni que todos los agresores lo sean. Quien diga una cosa o la otra está rellenando con imaginación y probablemente con intención política los huecos que los datos oficiales dejan en blanco.

En fin, creo que he cumplido con mi obligación patriótica: mi indignación convenientemente empaquetada y medida en función de los datos reales y no de los datos imaginarios de la derecha española.

Así que, tal como se me encomendó, pongo el grito en el cielo por las 39 víctimas documentadas hasta el 14 de septiembre, 38 mujeres y un hombre, catorce de ellas menores. No sabemos la nacionalidad de todas ellas. Sí sabemos que las 23 víctimas contabilizadas por Fiscalía a 31 de agosto eran migrantes. Y también pongo el grito en el cielo contra sus agresores, sean quienes sean, entre los cuales, los ocho primeros identificados eran cuatro marroquíes, tres españoles y un belga. Y estos cuatro últimos, de los que comen jamón, que bien rico está.

Estaría bien ahora que, ya cursada convenientemente mi patriótica indignación, la derecha respetara a las víctimas como tales, sin inventarlas, sin multiplicarlas, sin utilizarlas para confirmar sus repugnantes prejuicios y sus políticas pre-criminales.

Mi criterio aquí ha sido marcar sobre todo «agresiones sexuales en Ceuta», organismos que respaldan los datos, cifras esenciales y expresiones que responden directamente a las búsquedas previsibles sobre el asunto. No he puesto en negrita conclusiones políticas o frases ingeniosas, porque eso ya es énfasis editorial, no SEO.

Fuentes:

• Diario de Sesiones, Comisión Mixta de Seguridad Nacional, 27/08/2026
• RTVE, 31/08: 23 agresiones sexuales a migrantes
• Newtral: la frase engañosa de Millán
• El Pueblo de Ceuta: 37 procedimientos (CGPJ)
• elDiario.es: Fiscalía eleva a 23 las agresiones
• Cuatro: el juez Antonio Pastor confirma 16 agresiones
• El Periódico de Ceuta: expedientes del 112
• Ceuta al Día: 12 de los 30 procedimientos, niñas migrantes
• El Español, 14/09: la Fiscalía cifra en 35 las denuncias
• CGPJ, 22/09/2026: Los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual
• Cuatro, 24/08: el juez Antonio Pastor confirma 16 agresiones sexuales

Conviene aclarar de qué hablo, porque no se plantea que cada ciudadano, policía o juez pueda decidir qué leyes le obligan y cuáles no. Mucho menos que un juez sustituya la Ley por su idea particular de la justicia. En democracia la Ley obliga a todo el mundo, también cuando no gusta e incluso cuando es injusta. Lo que digo es que no es la única obligación que tenemos. Hay otra, moral, personal e intransferible, y a veces las dos chocan. Cuando eso ocurre no desaparece ninguna: uno elige a cuál atiende. Y quien elige la conciencia no deroga la norma, no impide que se aplique a los demás ni reclama inmunidad para sí. Desobedece y luego responde ante la Ley, sin más escapatoria que su derecho a defenderse. Eso no destruye el Estado de Derecho ni convierte cada conciencia en un tribunal supremo.

Ya, pero ¿quién decide cuándo una ley o una orden es suficientemente injusta como para que exista ese deber moral de desobediencia? Cada cual. Es una decisión moral personal, porque todos y todas somos miembros legisladores en un reino de los fines —estupenda pedantería que me ha brotado de los dedos de manera espontánea— y, como todas las decisiones morales, puede ser acertada o equivocada. La sinceridad de quien actúa en conciencia no convierte automáticamente su conducta en buena. La conciencia no es infalible. Se me objetará —con razón— que eso nos acerca peligrosamente al relativismo moral. Pero que dos personas invoquen su conciencia para hacer cosas opuestas no significa que ambas tengan moralmente la misma razón. Es que el bien y la verdad existen. Los actos políticos y jurídicos, y todo aquello que deriva de ellos, pueden juzgarse por sus fines, por los derechos que protegen o lesionan y por principios morales que no dependen simplemente del capricho de quien actúa.

En el caso de Maricarmen, además, la cuestión parece bastante elemental: se está utilizando a una persona para optimizar unas ganancias económicas, en lugar de protegerla y reconocer su dignidad. Se la está tratando como un medio para alcanzar un fin y no como un fin en sí misma. Se están violando su dignidad y sus derechos, que además son valores jurídicos: la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y las normas internacionales que nos vinculan establecen garantías frente a los desalojos. En esa acción, quizás legal —aunque no la única legalmente posible—, participan quienes la promueven, pero también la jueza que la ordena y los policías que la ejecutan. Cada uno es responsable moralmente de sus propios actos y ninguno puede esconderse detrás de su función. Ni siquiera la jueza.

Hace años, por cierto, organizaciones sindicales y empresas de cerrajería anunciaron que no aceptarían encargos para desahucios. Exactamente de eso estoy hablando: de personas que, enfrentadas a un acto que consideran moralmente intolerable, deciden no participar en él y aceptan las consecuencias que esa decisión pueda tener para ellas. En este caso no estaríamos hablando exactamente de desobediencia civil, porque no sé hasta qué punto un cerrajero requerido para un desahucio tiene obligación de atenderlo, pero sí estamos hablando de renunciar a ganancias económicas por negarse a participar en un acto moralmente reprobable.

Yo mismo desobedecí hace años y me negué a ir a la mili. Mi desobediencia me llevó a uno de los terribles presidios de Felipe González y Margarita Robles. Y cuando me procesaron le dije esto mismo al juez: «Usted tiene la obligación ciudadana de desobedecer leyes injustas y absolverme, y no puede esconderse en su condición de juez». Me conminó a retractarme porque, de lo contrario, me acusaría de desacato. Ni me retracté ni me acusó, porque sabía que tenía razón. Y no porque la Ley hubiera dejado de obligarnos a ninguno de los dos, sino porque hay ocasiones en las que obedecerla puede tener un precio moral mayor que desobedecerla.

No es ya que le hayan robado su casa: es que le han robado su vida y la posibilidad de morir donde vivió con sus padres, en esas habitaciones llenas de cosas, donde cada cosa es un recuerdo, en esas habitaciones en las que fue feliz —e infeliz, probablemente—, en la casa en la que ha vivido durante 70 años.

Y ni siquiera le han dejado recoger sus cosas. No le han dado ni una hora para ello: ha entrado la Policía en su casa con una violencia inimaginable y la han dejado en la calle, enferma, anciana, con una discapacidad del 50 por ciento. Han expoliado su vida.

Incluso pienso en sus padres y empatizo absolutamente con ellos, que seguramente depositaron en ella la esperanza de que tuviera una vida plena y feliz y jamás imaginaron que, después de 87 años, pudiera encontrarse, en su propia casa, la que ellos mismos alquilaron, en una situación de semejante vulnerabilidad -algo que aterroriza a cualquier padre y a cualquier madre- sin comerlo ni beberlo porque, lo digo de nuevo, no dejó de pagar la renta un sólo mes en 71 años. Y se me vuelven a saltar las lágrimas.

No tengo dudas de que alguien en el otro lado -quizas en la empresa que se ha negado incluso a permitirle que se lleve sus cosas- tiene que pasar el mismo miedo y la misma desesperación e inseguridad que le han hecho pasar durante ocho años y le siguen haciendo pasar a esta señora.

Con toda la superioridad moral del mundo, les quiero preguntar a quienes invierten en fondos inmobiliarios, que hasta se anuncian en internet, si no les da vergüenza financiar desalojos como el de esta mañana.

Con toda la superioridad moral del mundo, le quiero preguntar a Pedro Sánchez si no le da vergüenza abstenerse y poner palos en las ruedas a los intentos de poner límite a la impunidad con la que los buitres -fondos o pymes- se hacen poco a poco con las viviendas de nuestras ciudades para despojarlas de su valor social y convertirlas en un simple elemento especulativo.

Y, con toda la superioridad moral del mundo, quiero preguntarles a los votantes de Ayuso qué opinan del desahucio de Mari Carmen y recordarles que ayer Ayuso dijo que a Madrid venían empresarios e inversores para que les dejen tranquilos y no tuvo una sola palabra para los cientos de miles de jóvenes que no pueden aspirar a una vivienda en Madrid a pesar de que tienen trabajos y sueldos, precisamente para que vivan tranquilos esos empresarios e inversores de los que hablaba Ayuso, que son quienes explotan hasta lo indecible —por ejemplo, lo que ha pasado esta mañana— a sus inquilinos.

Y aquí lo dejo, porque se me saltan las lágrimas de nuevo, pero esta vez no es de pena, sino de rabia infinita.

Una jueza —a la sazón exconcejala del PP de Madrid, María Tardón— encarga, a iniciativa de una organización de extrema derecha, Iustitia Europa, un informe policial sobre cosas que pasan al otro lado de la frontera y que, en cualquier caso, podrían comprometer la soberanía española.

El informe acaba haciéndolo el CENIF, una unidad que dirige un antiguo asesor de Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía con el PP y artífice de la «policía política» —ya saben ustedes: el núcleo policial utilizado durante el Gobierno de Rajoy para operaciones contra Podemos, el independentismo y otros adversarios del PP, y para proteger al propio PP en asuntos como Bárcenas—, para el que la Fiscalía pide quince años de cárcel en el caso Kitchen. Una unidad que no tiene un solo agente desplegado al otro lado de la frontera y que, por tanto, todo lo que sabe de lo que pasa en Marruecos lo sabe de oídas: fuentes abiertas, interrogatorios a los que ya han llegado y lo que se publica. De oídas, eso sí, identifica agentes marroquíes de paisano entre los migrantes, algo que no vio ninguna otra unidad ni ningún otro cuerpo.

Y, según le ha contado por escrito el director de la Policía al ministro del Interior, la orden era no darle traslado del informe a los superiores, y el efecto de esa incomunicación fue ocultar una información potencialmente relevante para el mecanismo extraordinario de Seguridad Nacional que administra la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada en Ceuta hasta el 31 de diciembre de 2026. No parece muy prudente que una autoridad oculte a otra autoridad a la que compete la coordinación de la situación de Seguridad Nacional en Ceuta los datos de inteligencia que puedan derivarse de sus investigaciones. En cambio, sobre el asunto de que el informe llegue a manos del periódico que dirige Pedro J. Ramírez, siempre al servicio del PP, pues pelillos a la mar y el que pueda hacer, que haga…

Que igual jurídicamente no es traición a España, pero se le parece mucho y es de una deslealtad extrema con el país cuya bandera, seguro, adorna la grácil muñeca de la jueza y la correa de su precioso cocker spaniel.

La democracia española está rota desde que el Partido Popular decidió que la mayoría política que se había creado inicialmente en torno a la herramienta constitucional, legal y legítima de la moción de censura, y que después fue revalidada en las urnas en 2019 y en 2023, no tenía legitimidad para sostener al Gobierno. La derecha española, en 2018, decide negarles legitimidad a las otras partes del contrato democrático que se materializa en la Constitución de 1978. Y no lo digo yo, que estoy «borroka», según advierten algunos de mis amigos de derechas y de izquierdas. Lo dijeron ellos mismos, por escrito y con taquígrafos.

Lo dijeron, de hecho, antes incluso de que la moción se votara. La mañana del 1 de junio de 2018, desde la tribuna del Congreso, el portavoz del PP, Rafael Hernando, dejó la doctrina fijada en el Diario de Sesiones: «esta moción de censura es un fraude»; «asuman que la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas y no en los pactos de los extraños en los despachos». Sánchez, decía, pretendía llegar a la Moncloa «por la puerta de atrás», y en la réplica remató la faena sosteniendo que nuestra Constitución no había sido pensada para que quienes perdieron las elecciones aspiraran a presidir el Gobierno. Es decir: el portavoz del partido que se proclama guardián de la Constitución negando desde la tribuna el artículo 113 de esa misma Constitución, el que regula la moción de censura que estaba a punto de votarse. Todo está en el Diario de Sesiones del Pleno número 127 de la XII Legislatura, con su número de página, para quien quiera comprobarlo. Aquella mañana Hernando cerró con una frase que, vista desde 2026, suena menos a lamento que a programa: «Hoy gana usted y pierde España».

Cinco meses después, aquella doctrina de urgencia ya había ascendido en el escalafón. El 29 de noviembre de 2018, en un acto de la campaña andaluza en Málaga, el flamante presidente del PP salido de las primarias de julio, Pablo Casado, tachó a Pedro Sánchez de «presidente ilegítimo» por «depender de los votos vergonzantes» de la moción de censura, y le despachó el ultimátum correspondiente: «O defiende a España o se va». La frase del pobre Pablo Casado tiene mucha enjundia y nos está diciendo dos cosas: la primera, que no reconoce legitimidad a un Gobierno formado de manera plenamente legal y democrática; pero la segunda es mucho más importante: no reconoce como legítimos los mecanismos políticos establecidos en la Constitución, y de ahí que califique de «vergonzantes» los votos de una moción prevista en el artículo 113 y activada, no lo olvidemos, por la sentencia de la Gürtel. Y no es un desliz ni un despiste: es la tesis de Hernando sostenida en el tiempo y elevada de rango, del portavoz al presidente del partido, de la tribuna del Congreso al mitin. A partir de ahí vino la campaña social, política, jurídica y propagandística, convenientemente amplificada por sus altavoces mediáticos, con la que trataron de convencer a la gente de que Sánchez era un presidente no votado y de que la moción de censura era un mecanismo antidemocrático, una especie de golpe de Estado.

Después, cuando el PSOE ganó las elecciones de 2019 y formó Gobierno de coalición —y de nuevo en 2023 cuando, sin ganarlas, volvió a articular una mayoría parlamentaria—, cambiaron un poco la tesis: ahora de lo que se trataba era de que el programa de gobierno no reflejaba al cien por cien el programa del PSOE, debido a que había tenido que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, y por lo tanto estaba traicionando a su electorado. Probablemente el PP fuera sincero en sus críticas —están en la línea de su tesis absurda de que gobierne por ley el partido más votado—, pero ello supone ignorar que España es una democracia parlamentaria, y que los gobiernos se forman en el Parlamento, mediante acuerdos —esa práctica democrática habitual que en España muchos y muchas, a derecha e izquierda, consideran traición— entre varias fuerzas políticas, llegando a un programa de gobierno que no es el de ninguno de sus integrantes. Lo acaba de hacer Bonilla en Andalucía, entregándole a Vox una vicepresidencia y la consejería de Justicia para asegurarse la investidura.

Con estas averiadas bases argumentales, el PP inició una forma de hacer oposición nueva en nuestra democracia: una oposición externa y rupturista que parte de la idea primigenia de que el Gobierno y la mayoría que lo sostiene no son legítimos. En un primer momento, por la vía de los «pactos de los extraños en los despachos» que denunciaba Hernando, y posteriormente porque la mayoría parlamentaria no atiende al cien por cien al programa electoral del PSOE que, al parecer y según el PP, era lo único que las urnas habían legitimado a aplicar al primer Gobierno de Pedro Sánchez. La consecuencia: una larga campaña —iniciada ya durante los gobiernos de Mariano Rajoy con la policía patriótica y su informe PISA— de sumarios y campañas judiciales y mediáticas contra determinados dirigentes, con el objetivo inicial de destruirlos políticamente —y, de paso, personalmente—, pero que, en la medida en que Vox iba tomando peso, fue encaminándose ya directamente a encarcelarlos.

¿Y por qué?

Bastante sencillo: la derecha quería parar la nueva ronda de mejoras sociales y de ensanchamiento democrático que se le venía encima.

A lo largo de estos casi ocho años en los que Pedro Sánchez ha presidido gobiernos progresistas —primero en solitario, después en coalición— ha habido avances económicos y sociales medibles. Pero, sobre todo, ha pasado algo absolutamente nuevo en España: la factura de las mejoras se ha girado para su abono a quienes están acostumbrados a cobrarlas.

Empecemos por el dinero. El salario mínimo ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.221 en 2026, un 66% de subida que pagan esta vez los mismos que llevan décadas explicándonos que subir los sueldos destruye empleo, mientras la afiliación a la Seguridad Social bate récords y el paro marca mínimos desde 2008. La reforma laboral de 2021 recortó la temporalidad, consolidó los ERTE y devolvió al contrato indefinido la condición de norma; es decir, desmontó el modelo de mano de obra barata y despedible sobre el que media España empresarial había construido un enriquecimiento ilícito. A la banca y a las energéticas se les pusieron impuestos con nombre y apellidos. Y la ley de vivienda vino a rozar el único dogma verdaderamente intocable de este país: la renta del propietario, razón por la cual el PP la boicotea activamente allí donde gobierna.

Sigamos por el Estado protector, que tanto enfada a quienes creen que no lo necesitan. El Ingreso Mínimo Vital y la revalorización de las pensiones conforme al IPC consolidaron la idea, insoportable para algunos, de que lo público está para sostener a la gente; las ayudas al transporte y las rebajas de la factura energética la remacharon en plena crisis de precios. Con los fondos europeos se financiaron la digitalización y la transición energética, se modernizó la Formación Profesional, se reguló el teletrabajo y se ampliaron derechos laborales. Y se renovó, por fin, el Consejo General del Poder Judicial, pese a las maniobras del PP para mantenerlo caducado y ultraconservador.

Y terminemos por lo que de verdad no perdonan, que, por cierto, no cotiza en bolsa: la ley de eutanasia, las reformas del aborto y de los derechos LGTBI, una agenda feminista situada en el centro de la acción de gobierno, la ley de memoria democrática y la exhumación de Franco. Es decir, la constatación de que el nacionalcatolicismo ya no dicta el perímetro moral de España. En lo territorial, la apuesta por la distensión ha desactivado el conflicto catalán hasta el punto de que hoy el PP puede permitirse decir —con la boca pequeña y por puro cálculo político— que pasa página sobre el procés. Y en política exterior, España ha reforzado su papel en la UE y ha reconocido al Estado de Palestina.

Podrán decirme ustedes que nio hace falta tanta teoría, que es hambre de poder de toda la vida, con el aliento de Vox en el cogote de Feijóo. Y es verdad, pero una cosa no quita la otra: se llega antes al poder deslegitimando al adversario, y se aplaca antes a Vox comprando su tesis de que el Gobierno no es un adversario, sino una anomalía criminal que hay que extirpar.

La reacción

Hasta aquí, una breve reseña de la magnífica obra de los gobiernos progresistas que la derecha pretende reducir, caricaturizar y deslegitimar como un pacto con ETA, el chavismo y Puigdemont. Pero lo cierto es que se ha dado una tercera vuelta de tuerca a la profundización democrática de España, y esto es lo que la derecha no perdona. Esto es lo que supusieron que venía al conformarse una mayoría parlamentaria con una amplia presencia de partidos a la izquierda del PSOE y el apoyo de Bildu y ERC. De ahí su contundente campaña contra la mera formación de la mayoría parlamentaria, negándole incluso los cien días de cortesía que cualquier democracia concede a un nuevo Gobierno. Al enemigo, ni agua; y para la derecha española, la izquierda es el enemigo.

Este es el contexto en el que hay que entender la campaña de acoso político, mediático y judicial que se desencadenó desde antes incluso de la formación de la mayoría progresista, durante los gobiernos de Rajoy, utilizando los medios del Estado para espiar a Podemos y fabricar pruebas falsas contra sus dirigentes —mientras la Kitchen demostraba, por cierto, para qué usa el PP esas mismas cloacas cuando el investigado es de los suyos—, y todo ello con el PSOE mirando para otro lado.

Muchos años después, esa campaña se ha extendido al resto de partidos de la coalición, y ahora está centrada en destruir judicialmente al PSOE. Y aquí conviene asentar las cosas: en el PSOE ha habido corrupción de la de toda la vida. Lo de Ábalos y Koldo tiene toda la pinta de ser exactamente lo que parece —una trama de comisionistas— y, si los tribunales lo confirman, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, que para eso está. Pero es precisamente ese caso real el que sirve de coartada a todo lo demás: a la instrucción errante contra Begoña Gómez, que cambia de delito cada vez que se le desmonta el anterior; a la causa contra David Sánchez por ser hermano de quien no debía serlo; al acoso a Zapatero… El truco es tan viejo como eficaz: se mezcla un caso con sustancia con una docena de causas sin ella para que todo huela igual, y se cuenta para el menester con jueces dispuestos a instruir titulares en lugar de delitos, aplicados a la consigna de Aznar: «el que pueda hacer, que haga».

Sacar al PSOE del sistema

Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Pues algo muy poco sofisticado: al aceptar llegar a acuerdos de gobierno con Podemos, Sumar, Bildu y ERC, el PSOE se ha colocado fuera del área que la derecha española considera la centralidad del sistema, el espacio en el que es legítimo moverse. Y, por lo tanto, hay que destruir al PSOE y dejarlo como una opción testimonial e irrelevante de cara a la formación de futuros gobiernos. Para llevar a cabo esa destrucción, esa recolocación del espectro político español, están tocando todos los resortes que tienen a su disposición, en especial los altos tribunales y buena parte de los medios de comunicación españoles. Y la obra culminará si, como hoy dicen las encuestas, ganan las elecciones de 2027. El problema es que a esas elecciones se llegará con el terreno de juego inclinado: el recuento será limpio, pero el ambiente político en el que se votará lo habrán conformado ellos a base de romper las reglas del juego democráticas. Y por si algo falla, ya andan agitando fantasmas de fraudes electorales organizados desde el gobierno.

La agenda PP/Vox

Si tras esas elecciones se hacen con el poder, PP y Vox pondrán en marcha una apisonadora política destinada a dejar la democracia española reducida a un armazón: la interpretación más conservadora y restrictiva posible de la Constitución. Y aquí no hace falta profetizar nada: basta con extrapolar lo que ya hacen allí donde gobiernan y lo que ya han dejado escrito.

Este es el escenario que su propia lógica dibuja, más o menos:

1.- Montarán instrucciones judiciales contra elementos representativos de todos los partidos de izquierdas y nacionalistas, acompañadas de las correspondientes campañas periodísticas. Van a destruir por esa vía a decenas de personas inocentes, como están haciendo ya con Begoña Gómez, David Sánchez o Zapatero, aunque el objetivo no son esas personas, sino sus partidos.

2.- Llevarán todos esos casos a juicio en busca de condenas ejemplarizantes, que utilizarán para desmantelar e ilegalizar partidos, contra los que realizarán campañas de propaganda y descrédito. No serán ilegalizados por sus ideas, sino por ser «organizaciones criminales», por sus tramas corruptas o por lo que haga falta, pero siempre dentro, al menos formalmente, del orden constitucional. Tampoco aquí hay que especular: la ilegalización de los partidos separatistas figura, literalmente, en el programa de Vox.

3.- Domesticarán al PSOE apoyando a un Madina o a un Page. Felipe González será aclamado como presidente de honor de un partido convertido en residuo histórico, cuyo papel será, a lo sumo, el de bisagra en el nuevo bipartidismo: PP a la izquierda y Vox a la derecha.

4.- Por supuesto, evitarán cualquier salida europea para Sánchez empapelándolo en causas judiciales, con la prisión como meta final para él y para su mujer. Tampoco esto es profecía: es el manual que se aplicó a Lula en Brasil —inhabilitación y cárcel primero y, años después, la anulación de unas condenas que ya habían cumplido su función, que era sacarlo de unas elecciones que iba a ganar—.

5.- Se ahogará económica y judicialmente a toda la prensa a la izquierda de El País y la SER, que ya están sometidos. Cabeceras como elDiario.es tienen los días contados, y no digamos lo que haya a su izquierda. Un partido que ya veta a periodistas incómodos en sus actos no necesita explicarnos qué entiende por libertad de prensa.

Para desmantelar la democracia no hace falta una reforma constitucional: basta con «demostrar» judicialmente que todos los partidos políticos de izquierdas y nacionalistas son tramas delictivas, y esa demostración ya está en marcha.

Todo ello irá acompañado del endurecimiento, hasta el límite constitucional, de la represión de las manifestaciones —Rajoy ya enseñó el camino con la ley mordaza— y de las restricciones a la libertad de expresión, además de la aplicación del programa de Vox —el partido fuerte de la coalición— en inmigración, derechos sociales, igualdad, etcétera.

La izquierda avestruz

¿Y cuál es la actitud de la izquierda en este clima de ruptura evidente de las reglas democráticas por parte de PP y Vox? Pues nada, a verlas venir. No se dan por aludidos. Se comportan como si la democracia estuviera intacta: hacen sus primarias, organizan sus debates, dan corteses respuestas parlamentarias a los grotescos portavoces de la derecha, hacen sus grandes manifestaciones —ahí hacen bien: en las instituciones donde Vox ya manda, las banderas arcoíris se retiran de los balcones, así que hagan ustedes cuentas de lo que le espera al Orgullo con Abascal en el Consejo de Ministros—, pero nada de una respuesta contundente.

¿Ustedes creen que hay alguien investigando a Feijóo y Abascal para sacar a la luz todo lo que no quieren que se sepa? ¿Ustedes creen que hay alguien investigando a los jueces corruptos que acosan judicialmente a personajes destacados de la izquierda? ¿Ustedes creen que hay alguien tratando de averiguar cuáles son los intereses y los negocios de los expresidentes del Gobierno González, Aznar y Rajoy? Ya les digo yo que no.

La izquierda está, lisa y llanamente, paralizada, como si todo esto fuera el funcionamiento normal de la democracia, con la cabeza metida bien profunda en la arena, para no ver la apisonadora que se le viene encima, conducida por Abascal, con Feijóo como patético copiloto.

Pero durante años el truco funcionó como un reloj suizo robado, que era lo que buscaban los policías y algún que otro juez instructor a sueldo del PP: le roban el móvil a una asesora de Podemos, usan su contenido para atacar a Podemos, y la derecha mediática —ese cuerpo de élite del periodismo de pulserita— cuadra el círculo de convertir a Pablo Iglesias, víctima política de la operación, en sospechoso. Primero te roban, luego te embadurnan en mierda y finalmente ponen cara de asco y disgusto al verte llegar y te preguntan por qué vas hecho un guiñapo y oliendo a podredumbre. Y como colofón, la fanfarria de los tertulianos genoveses, haciendo su paseíllo vestidos de azul y oro, azuzando a los patriotas de bandera bordada en el polo, a los catedráticos del «algo habrá hecho» y a los editorialistas de saldo. Todos muy serios. Todos muy constitucionales. Todos chapoteando felices en la Cloaca Máxima mientras nos explicaban, enmierdados hasta las cejas, que las cloacas son una fantasía paranoica de la izquierda radical.

El caso Dina fue un auténtico mapa de las cloacas de nuestra democracia carcomida, escrito en letra gótica y subrayado en fluorescente: se roba intimidad, se filtra basura, se fabrica sospecha, se cambia el foco, se convierte a la víctima en acusado y, cuando años después llega la condena, los mismos que hicieron coros al hedor miran al techo, silban una zarzuelita, descubren de pronto una urgentísima crisis en Venezuela, o quizás el resurgir de ETA, y pasan al siguiente linchamiento sin transición y, sobre todo, sin mirar atrás. Y es que España no tiene cloacas, no. Lo que tiene España es ratas con placa, ratas con toga, ratas con columna de opinión, ratas con micrófono y ratas con corbata explicándonos, con paguitas siempre públicas —pero ese es otro asunto—, que si la derecha no está en el gobierno, España se rompe.

Pero eso no es lawfare, claro está. Eso no existe. Eso, decían, era periodismo. Eso era Estado de derecho.

Si quiere conocer el caso Dina, puede empezar leyendo esto.

El ariete no se conformó con Neurona. Sembró una ristra de acusaciones: sobresueldos, reforma de la sede, fondo de solidaridad, caso niñera, apropiación de costas, manipulaciones procesales y relaciones impropias. Todo servía. Cualquier cosa. Una factura, una obra, una niñera, una sospecha, un rumor… Los tertulianos con babero y los patriotas de pulserita y saldo moral explicaban circunspectos que aquello era una organización criminal disfrazada de partido. Luego llegó la realidad, lenta, antipática y muy poco televisiva: las piezas fueron cayendo, una tras otra, archivadas. Nada. Cero. Humo judicializado. Pero no lawfare, claro. Eso no existe. Solo casualidades con toga y puñetas.

No hemos visto a Casado pedir disculpas por aquella campaña de injurias contra un partido nuevo y limpio, ni a los calumniadores profesionales del PP reconocer que fingieron confundir indicio con condena porque les convenía, ni a los imbéciles del “cuando el río suena” admitir que muchas veces lo que suena no es el río, sino una cloaca con amplificador. No necesitaban ganar en los tribunales. Les bastaba con ganar unos cuantos meses de olor a mierda. Luego, justicia poética, triste, pero poética, a Casado le llegó su San Martín a manos de Ayuso.

Pero esa es otra historia…

Lean aqui la historia de la fabricacion de pruebas falsas contra Podemos.

En 2016, Victoria Rosell fue linchada por la turba mediática pepera rozando de nuevo los límites de la legalidad, como señalará en su día Luis María Ansón, mientras los capos de la derecha farisea danzaban en taparrabos agitando sus ponzoñosas vergüenzas alrededor de la hoguera, con José Manuel Soria, imputado por corrupción en el caso Salmón, señalando corrupción donde luego lo que apareció fue un juez condenado por maniobrar contra Rosell y en favor de la querella de Soria.

El juez corrupto Salvador Alba, ese monumento togado a la decencia institucional según el manual de los memos, acabó condenado por fabricar una operación contra Rosell. Acusaron a la víctima, protegieron un relato inventado contra una mujer decente, comprometida y ejemplar, y cuando la verdad llegó ya la habían destruido. O eso creían. Porque Rosell se defendió y les devolvió la hostia multiplicada por diez.

Pero todavía hay quien llama a esto “normal funcionamiento de las instituciones”. En España se puede ser ingenuo, claro. Lo preocupante es que algunos entrenan todos los días, sacan matrícula de honor y luego se sientan en la tertulia a explicarnos democracia.

¡Tontos, despertad del sueño dogmático!

Lean aqui la historia del acoso judicial y político a Victoria Rosell.

Es difícil, y no sólo, como dicen en la izquierda, porque “el PP no quiere”. Es que la izquierda tampoco quiere, y eso es lo que me endemonia y me lleva a hablar en tercera persona de ellos y a no sentirme demasiado dentro. Es cierto que el PP no quiere. El PP y Vox comparten buena parte de sus objetivos programáticos reales (no los declarados por el PP), por eso en muchos lugares, el acuerdo con Vox es un acuerdo deseado por el PP porque sí, les garantiza el gobierno, pero, sobre todo, les garantiza poder llevar a cabo ciertas atrocidades programáticas que comparten con Vox. Por eso, resistencias como las de los PPs aragonés y extremeño eran claramente resistencias de boquilla. ¿Lo es también la de Moreno Bonilla? Yo intuyo que no, aunque quizá el tiempo me desmienta. Y si mi intuición es correcta, quizá exista margen para explorar otras vías, en concreto la vía de mantener la democracia plenamente operativa y vigente, y no recortarla, como van a hacer en Aragón, Valencia, Castilla y León y Extremadura. ¿Logrará Moreno Bonilla resistir a las presiones de Feijóo, para quien pactar gobiernos con Vox ha dejado de ser un problema?

No es cierto, como voceaban anoche los orates que apoyan a Vox que los andaluces hayan votado por la prioridad nacional, porque sólo un 13 por ciento ha votado por ella, y al menos el 43 por ciento que ha votó a la izquierda -y seguro que la mayor parte de los votantes del PP- ha votado contra ella. En cambio, sí es cierto lo que dijo Moreno Bonilla anoche: los andaluces han votado para que se mantenga el gobierno del Partido Popular, así que la izquierda debe garantizar ambas cosas: que no se imponga la “prioridad nacional”, porque los andaluces no la quieren, lo dijeron ayer bien claro, y que gobierne quienes los andaluces han dicho que quieren que gobierne: el PP. El cinturón sanitario contra la extrema derecha no debe ser entendido como un mecanismo para evitar que la derecha gobierne en cualquier circunstancia, sino como un mecanismo de autodefensa democrática que mantenga a los fascistas alejados de los gobiernos. Y no hace falta que sea gratis, porque estoy seguro de que se puede hacer con un acuerdo político de mínimos en torno a la garantía de los servicios públicos dentro del margen constitucional, algo que deberían compartir tanto Bonilla como la izquierda ¿Son sinceros ambos, uno en su moderación, los otros en defensa de la democracia? Pues ya veremos…

Así que pie en tierra y a plantarle cara al fascismo de la única forma posible con los resultados que arrojaron ayer las elecciones.

Siempre me he sentido incómodo tanto con la palabra como con la propia idea de la masculinidad, aunque nunca he sabido explicar por qué.  Ni cuando aparece en boca de reaccionarios que la invocan como una fortaleza asediada, ni cuando aparece en discursos más amables o progresistas que proponen reconstruirla, reformarla, volverla más sana, más cuidadora, más consciente, más dialogante, más presentable. Siempre me ha producido una cierta disonancia, una incomodidad difícil de concretar sobre el papel. En realidad, creo que nunca he conseguido entender muy bien qué es la masculinidad.

Durante mucho tiempo pensé que esa incomodidad tenía que ver con una simple prevención hacia determinadas versiones de lo masculino: las más burdas, las más agresivas, las más violentas, las más ridículas, las más pueriles, las que huelen a Varón Dandy, en definitiva. Creía que el problema era ese. Que había una masculinidad mala, tosca o dañina, y que la tarea consistía en dejarla atrás, limarla, corregirla, domesticarla. Bueno, pues cada vez me lo creo menos.

Estoy convencido de que lo que me incomoda no son sólo ciertas formas de masculinidad, sino la propia idea de la masculinidad. No ya como repertorio de vicios, sino como identidad. Como aspiración. Como ideal. Como esa exigencia, a veces explícita y a veces casi invisible, de tener que conseguir ciertas metas en la vida en cuanto a algo tan prosaico, ordinario y poco meritorio como la realidad biológica que te define como hombre.

El problema no es sólo qué masculinidad se ofrece, sino el hecho mismo de que se siga dando por supuesto que hay algo llamado masculinidad que deba ser habitado, rehecho, transmitido o salvado. No es una intuición que me haya caído del cielo, ni una ocurrencia reciente. Más bien al contrario: tengo la impresión de que llevaba muchos años rondándome por debajo del lenguaje, sin terminar de verla con claridad.

Desde muy joven, probablemente desde la adolescencia, empecé a cuestionar de manera más o menos confusa y poco o nada consciente aquello que se suponía que eran los valores masculinos. No hubo mérito. Hubo afán de supervivencia, y me cuesta aún escribir sobre ello, pero no hubo ni motivos elevados ni mucho menos una conciencia feminista precoz.

La verdad fue bastante menos épica y bastante más vulgar. En una etapa de la vida en la que para muchos chicos “ligar” parece convertirse en el centro del universo, en lo que les da prestigio en la manada ante la que pueden exponer las piezas cobradas, yo “no me comía un rosco”, por expresarlo con cierta vulgaridad. Era tímido, apocado y encarnaba la negación misma de muchas de las cualidades que el imaginario adolescente -y no tan adolescente- asocia a la masculinidad: fuerza, decisión, seguridad, liderazgo, competitividad, violencia real o simbólica… No pertenecía al grupo de los machos alfa ni aspiraba demasiado a integrarme en él. Por supuesto, las chicas no se fijaban en mí. O eso pensaba yo, porque luego supe que eso no era del todo realidad…

Sin embargo, en lugar de reaccionar contra ellas, en lugar de convertir esa frustración en resentimiento, a modo de un incel precursor, lo que hice fue otra cosa: retirarme de ese frente y desplazarme hacia otros territorios. Si aquello no era para mí, ¿por qué iba a lamentar constantemente algo que no sentía a mi alcance?

Me dediqué entonces a otras cosas. Leí mucho, escuché mucha música, clásica, sobre todo, escribí, me entregué al activismo político. Tenía una vida interior intensa, pero la exterior era bastante aburrida… eran los años 80, pero yo la Movida la vi por la tele, y ni ganas de verla de otra manera, y ni hubo grandes fiestas, ni borracheras, ni drogas. Ni tabaco había… Lo que sí había era peregrinajes por bares y tabernas de Madrid, mucha oreja a la plancha, muchos zarajos de Cuenca y muchas patatas bravas… Me junté con un grupo de amigos que, cada uno a su manera, también habitaban un poco en los márgenes de lo que se esperaba de unos “hombrecitos”. Éramos los raros del cole. Y, además, lo cultivábamos, porque era una forma de sentirnos moralmente superiores al clan de los gallitos. Nos refugiábamos los unos en los otros y encontrábamos ahí un espacio respirable. Éramos un poco ridículos, la verdad…

No había una teoría, ni una decisión consciente. No éramos contestatarios. Es, sencillamente, que no podíamos (y, además, nos daba cierta pereza) ser gallitos. Había, más bien, una mezcla de temperamento, desplazamiento, herida narcisista, orgullo defensivo y rechazo puramente intuitivo e inconsciente de aquello que se presentaba como lo masculino, “cosa de hombres”, aunque en aquel momento ni lo expresaba ni lo entendía así. Pero la dirección de fondo estaba ya ahí: en vez de admirar la masculinidad triunfante, empecé a verla como algo ajeno e intuitivamente indeseado.

Con los años, esa intuición fue tomando forma en palabras. Recuerdo que influyeron mucho en mí, por ejemplo, las columnas de Josep Vicent Marqués en el colorín de El País. Eran, en cierto modo, feminismo para hombres y estaban escritas con una mezcla de inteligencia, claridad, ironía y sentido del humor que me encantaba. Las esperaba ansioso toda la semana.

Durante décadas, nunca me he atrevido, sin embargo, a llamarme feminista. Eso he empezado a hacerlo ahora, en los últimos cinco o seis años. Cuanto más aprendía y leía sobre feminismo, menos cómodo me sentía con la idea de proclamarme feminista. No porque me sintiera ajeno a él sino, precisamente, por lo contrario: porque iba entendiendo lo que implicaba. Porque cada vez me parecía más evidente que no bastaba con asumir unas ideas generales, ni con apoyar unas leyes, ni con estar en contra de la violencia machista, ni con repetir un vocabulario más o menos correcto. No bastaba la comprensión racional o intelectual del feminismo, ni con compartirlo políticamente. El feminismo implicaba cambios personales.

El feminismo también libera a los hombres

Con los años entendí, además, que muchos de los objetivos del feminismo -por no decir todos- eran también liberadores para los hombres, sobre todo en el terreno personal, que es un terreno eminentemente político. El patriarcado, no ya como entelequia histórica, sino como estructuración institucional de la desigualdad, no sólo jerarquiza, también deforma. No sólo privilegia, también mutila. Y algunos hombres, especialmente los que nunca encajamos bien en el modelo, percibimos esa deformación con una mezcla extraña de alivio, vergüenza y reconocimiento cuando empezamos a ponerle nombre.

Esta idea no desplaza hacia un supuesto drama interior del varón el problema material y político de la desigualdad real entre hombres y mujeres, que aún no está conjurada. Si acaso, trata de pensar una de sus raíces subjetivas, uno de los lugares donde la desigualdad se encarna, se justifica y se reproduce. Porque la masculinidad es la semilla de la desigualdad.

Comprendí entonces, no sólo de manera racional sino de una forma mucho más íntima, aquello de que lo personal es político. Aunque no terminé de darme cuenta de la profundidad de la expresión y de su carga política hasta muchos años más tarde, cuando dejé de entender la política como épica, como gran relato, como gesta, como escenario heroico en el que tantos hombres, de derechas y de izquierdas, se sienten tan a gusto. Con el tiempo he llegado a pensar que a la política le sobra mucha épica y le falta mucha atención a lo pequeño, a lo concreto, a esa vida micro que no entra en los grandes discursos macro. Y esa épica tiene a menudo algo profundamente masculino. Lo digo sin superioridad: yo también he sido bastante épico.

La liberación de no tener que ser hombre

Mucho tiempo después, y esto es ya bastante más reciente, empecé a darme cuenta de otra cosa. Cuando la necesidad de gustar o de ser validado por las mujeres pierde parte de su fuerza inmediata, cambia también la mirada. O al menos puede cambiar.

Y entonces me encontré pensando algo que quizá no resulte fácil decir en voz alta, pero que todos sentimos, o intuimos, al menos, aunque no queramos expresarlo: la masculinidad, como identidad, como modelo social, como forma de socialización para los varones produce con demasiada frecuencia seres más cerrados, más blindados, más previsibles emocionalmente, menos atentos a sí mismos y a los otros.

¿Por qué escribo esto y, sobre todo, por qué lo escribo en público? La razón principal por la que he escrito toda mi vida es para entender el mundo y para entenderme a mí mismo. Y ya que lo he escrito, pues lo publico. Si consigo poner en palabras, en forma de discurso coherente, la nebulosa que llevo siempre en la cabeza, consigo domesticarla. ¿Qué parte de este interés por pensar públicamente estas cuestiones nace de una convicción real, y qué parte puede seguir naciendo del deseo de reconocimiento y validación?

La sospecha me acompaña y creo que hago bien en ir de su brazo. Sería muy cómodo presentarse como alguien desinteresado y ajeno al deseo de aprobación. Pero no lo soy. Quienes me leen habitualmente saben que mi ego me precede y que me considero a mí mismo uno de mis temas favoritos de conversación.  Este blog es un monumento que le levanto yo mismo a mi ego.

Y aquí aparece otra trampa muy actual: la del hombre que convierte su propia revisión -otro concepto, el de revisarse, que tiene más de show o performance, como se dice ahora, que realidad- en un pequeño espectáculo moral, en una exhibición de sensibilidad, en un modo de seguir ocupando el centro, sólo que ahora con lenguaje depurado, mejores modales. El viejo macho alfa de siempre, pero con perspectiva de género.

¿Hay nuevas masculinidades?

Si la idea de masculinidad y la palabra que la encarna me producen desazón e incomodidad, ya cuando hablamos de “masculinidades alternativas” o de repensar la masculinidad en términos más sanos, más igualitarios, más habitables, la sensación de estar al margen de la realidad se hace insoportable.

El problema de “repensar la masculinidad” es que hay poco que repensar. La masculinidad es la forma de estar en el mundo en tanto que eres un hombre. En el solo hecho de creer que se puede hacer tal cosa, ya hay una necesidad de establecer una diferenciación social entre hombres y mujeres y, por lo tanto, está sembrada la semilla de la desigualdad. Repensar la masculinidad es como cambiarle la tapicería al sofá. Se le quita la violencia más grosera, se le pone vocabulario emocional, se le añade una capa de cuidados, se le prohíbe interrumpir tanto y explicar cosas, y hala, ya tenemos “hombre nuevo”.

Pero el centro sigue ahí: la necesidad de ser alguien en cuanto hombre, de ejecutar una forma específicamente masculina de estar en el mundo… El ser hombre como meta, el ser hombre como aspiración… ¿Cuál es exactamente la necesidad de ser hombre? ¿Y la de ser rubio o bizco? ¿Qué es exactamente ser hombre más allá de haber nacido con unos atributos biológicos determinados? ¿Cuándo un ser que nace con pene y testículos se convierte en algo masculino, esencialmente diferente de quienes no disponen de tan meritorios atributos? ¿Cuando le visten de azul? ¿Cuando le regañan por llorar o se ríen de él porque le gusta jugar con muñecas? Yo es que no quiero que ser “un hombre” constituya la columna vertebral de mi identidad. Ni siquiera ser un “hombre enrollado”.

La masculinidad, como estructura normativa, como ideal de posición en el mundo, como identidad, está tan contaminada por el afán de dominio, la disociación afectiva, la dureza impostada, la seguridad, la ambición desproporcionada, el afán de centralidad, la competitividad agresiva y la exaltación de la independencia, que no merece reforma sino demolición.

Y sí: la palabra puede parecer excesiva. Muy masculina, incluso. Destructiva. Épica. Y seguramente lo es. Cuando digo demolición no hablo de abolir a los varones, ni de negar el cuerpo, ni de fingir que el sexo no existe. Hablo de otra cosa: de romper con la (auto)exigencia de tener que convertirse en un sujeto reconocible como hombre en un sentido denso, identitario, casi moral. Hablo de abolir la masculinidad como identidad y de dejarnos de gaitas de nuevas masculinidades más educadas o más decentes. Si hay masculinidad más allá de la biología, hay desigualdad. Aunque nos reunamos muchos hombres en círculos progres que huelen a testosterona más que un club inglés, a explicarnos los unos a los otros con expresión beatífica que “ayudamos en casa”. Por cierto, fórmula -oída tantas veces- duele.

Me invitaron una vez a uno de esos círculos y me fui espantado, presa de la vergüenza tanto propia como ajena. Demasiadas propuestas de “nuevas masculinidades” acaban funcionando como operaciones de salvamento. No destruyen el mecanismo. Lo administran. Lo actualizan. Lo vuelven más presentable. Conservan el centro mientras corrigen la superficie.

Una hipótesis, no una absolución

Escribo con miedo, y también con un poco de vergüenza. Lo he explicado más arriba. Sé que habrá quienes, sin acabar de leer el post, van a simplificar y van a concluir: “Ah, claro, eres feminista porque no ligabas de pequeño, y estás a ver si ligas ahora”. Bueno, los bobos nunca faltan.

Pero tampoco quiero ceder a la idea de que un hombre deba callarse siempre sobre estas cuestiones por miedo a que le acusen de exhibicionista, o como se dice ahora, de performativo. Si todos los hombres que intentan pensar su propia implicación en este orden simbólico se callan por temor a ser malinterpretados, entonces, al final, sólo hablarán los vendedores de “masculinidades sanas”, los onanopenitentes o los reaccionarios. Y ninguna de esas opciones me entusiasma.

Escribo, por tanto, desde una mezcla inevitable de convicción, necesidad de interlocución y sospecha sobre mí mismo. Ni pido absolución ni ofrezco ejemplo, porque seguro que aún quedan muchas pelusas por barrer, e incluso algunas escondidas bajo la alfombra. Tampoco pretendo sentar doctrina. Intento, simplemente, entender una incomodidad amorfa e indeterminada que con el tiempo ha ido tomando forma, una incomodidad sobre la que estos días, de pronto, se ha encendido una linterna que me ha permitido ponerla negro sobre blanco.

Tiene narices que los partidos que representan a los de Andorra, a los piratas fiscales y a tanta gente experta en defraudar pretendan restringir la Sanidad precisamente a quienes tienen más derecho que ellos a usarla, porque la sostienen con sus impuestos. Unos impuestos que, para PP y Vox, siempre parecen una excentricidad molesta, una manía de pobres rencorosos y envidiosos.

Y, sin embargo, son esos mismos impuestos, pagados por la gente corriente y por los inmigrantes a los que tanto desprecian, los que mantienen en pie el Estado, la patria a la que odian y también no pocos de sus chiringuitos. Porque cuando se trata de cobrar del erario público sin dar un palo al agua, la preocupación por el gasto suele volverse bastante flexible.

De modo que no, no quiero insultarles. Sería facilísimo llamarles buitres, canallas, sabandijas o parásitos. Pero sería lluvia sobre mojado. Basta con describir lo que defienden y a quién sirven. El insulto es una tentación y limpia el alma. Pero hay veces en que resulta innecesario, porque el simple hecho de plantear ese debate ya es un autoinsulto, una confesión. Y también lo es votarlos, pensar en votarlos o refugiarse en la vieja coartada de que todos son iguales.

Y como dijo Mark Twain: “el insulto salva vidas”. Pero igual en este caso son vidas que no quiero salvar.

Si los partidos independentistas (o Rufián, mejor, porque parece que ni Bildu, ni ERC ni BNG están en esa idea) quieren montar algún tipo de aparato político que les permita recoger votos en las circunscripciones donde no hay partidos independentistas, deberían decirlo claramente, porque es un objetivo legítimo, y en las elecciones europeas funciona sin problema. Pero lo que no deben hacer es intentar parasitar a la izquierda española para ello, amparándose en el objetivo, ya sabemos que falso o, al menos, secundario para Rufián, de contribuir a frenar el avance de Vox y evitar la formación de un gobierno que incluya a Abascal como ministro del Interior, que es el espantajo que agita ante la izquierda española.

Yo no descartaría apoyar unas candidaturas que fueran el resultado de una colaboración honesta, transparente, sincera y fraternal de todas las izquierdas, incluyendo las independentistas. Eso, sin tantos adjetivos, ha funcionado, si bien cogido con hilos, durante legislatura y media. No faltaríamos a la verdad si dijéramos que una de las fuerzas independentistas (Bildu, no ERC) ha hecho gala de mucha más lealtad con el Gobierno progresista de coalición que, por ejemplo, Podemos, y desde luego que ERC, Compromís, o incluso la Chunta. Pero esas candidaturas requerirían mucha negociación en torno, principalmente, a tres cosas: un programa realista, viable y asumido por todas las partes; unas candidaturas presentables, no guiadas por ambiciones personales; y un compromiso de estabilidad al menos para toda la legislatura.

El caso es que la no asistencia de Rufián y Delgado al acto de Sumar del próximo día 21 pone de manifiesto que no es de eso de lo que estaba hablando Rufián, sino de la creación de una izquierda que, en realidad, no sea otra cosa que un conglomerado de partidos independentistas con una pata en Madrid, donde se disputan nada menos que 37 diputados al Congreso. Y ahí estaba el triste papel que quedaba reservado a Delgado. Rufián simplemente buscaba una parte de ese pastel parlamentario gratis, sin necesidad de acordar nada con nadie (“esto no lo puede dirigir Madrid”, ha señalado) y ponerlo al servicio de los intereses de ERC o incluso de los suyos propios. En fin, para mí ha sido un poco sorprendente, porque, aunque profeso muy poca simpatía al independentismo, y mucha menos al catalán, Rufián me parecía un tipo al que hay que escuchar. Ahora creo que con vigilarle es suficiente.

¿Cómo queda, pues, la cosa? Tenemos que confiar en que Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Chunta y otras fuerzas políticas sean capaces de conformar algo que esta vez funcione y garantice una estabilidad parlamentaria duradera y un programa de gobierno viable que sea aceptado por todas las partes y que no pueda romperse en cualquier momento por una ocurrencia de alguna de esas fuerzas, como Compromís o Chunta, que están a medio camino entre el independentismo y el federalismo y que tienden, en especial en la segunda parte de la legislatura, a romper acuerdos generales para favorecer intereses particulares de sus electorados. Igualmente, hay que huir de tentaciones izquierdistas en el discurso, en especial en temas internacionales, que nos lleven a la irrelevancia política y nos confundan, creyendo que estamos en el mundo de los años 80.

¿Cómo me gustaría llegar a las próximas elecciones generales? Me gustaría poder votar una candidatura que lleve un programa político de gobierno progresista, europeísta, social y viable, en la línea de lo que se ha hecho en estas dos legislaturas y que ha funcionado muy bien; además, me gustaría que las candidaturas no se conformaran en un ambiente de guerra interna o entre los partidos que confluyen en ellas, y que todos estos partidos llegaran a un acuerdo de estabilidad parlamentaria que necesariamente se ha de regir por el programa acordado. La estabilidad parlamentaria no se puede romper cada año en la negociación de los presupuestos porque haya quien crea que cada año se renegocia el acuerdo de gobierno. Solo así podremos evitar la frustración que estamos sintiendo desde hace meses porque tenemos cosas preparadas que no pasan el trámite parlamentario, porque quien apoyó en su día ya no apoya o amenaza todo el rato con no apoyar para “sacar más”.

Y si fuera un votante vasco o catalán, me gustaría llegar a las elecciones sabiendo que, vote lo que vote -independentismo progresista o izquierda española-, los diputados y diputadas elegidos van a garantizar estas dos cosas: programa de gobierno y estabilidad parlamentaria.

Porque hay que neutralizar a Vox, sí, pero también hay que neutralizar a Junts; y porque hay que frenar el fascismo y a la extrema derecha, pero no solo en Córdoba, en Murcia o en Madrid: en Cataluña también. Y no están los catalanes, precisamente, para dar muchas lecciones de cómo se frena el fascismo.

Esas ventanas están en manos de cibermagnates que no solo pueden permitirnos o coartarnos la participación en ese espacio público, sino que además administran nuestra atención con focos personalizados que no controlamos: iluminan unas zonas, aquellas en las que quieren tenernos, y mantienen en penumbra otras que les interesa menos que frecuentemos.

En definitiva, participamos en ese nuevo (ya no tanto) espacio público a través de puertas y ventanas privadas. Hace unos años decíamos, con cierta bisoñez, que las redes eran una nueva plaza pública, un ágora en la que desarrollar nuestra actividad política, cultural, económica, ciudadana. Veinte años más tarde ya sabemos que esas ventanas no nos abren el conjunto de la plaza: nos dan acceso, sobre todo, a lo más sórdido.

Es como si en los parques solo hubiera criminales, en las radios solo vociferaran energúmenos y en las imprentas solo se imprimieran manuales de terrorismo urbano. Pero no es así: la policía garantiza la seguridad en las calles, el espectro radioeléctrico está sometido a un régimen de concesión pública orientado al interés general, y la imprenta está sometida a una legislación que impide que se use para delinquir.

¿Por qué las redes sociales no? ¿Por qué aquí parece que la “solución” es no acceder, o directamente prohibir el acceso a los menores, como si la derrota fuese inevitable?

Mi amiga Laura lo expresó con gran claridad en una conversación reciente (y me hizo cambiar de opinión): no quiere prohibir a sus hijos entrar en las redes “porque hay peligro”; quiere que puedan entrar sin que el sistema les empuje hacia la basura, el acoso o la captación más sectaria que ideológica. Y ahí está el punto central.

¿Aceptaríamos no salir a la calle porque hay peligro? No. Porque el debate no es prohibir o no prohibir: el debate es cómo regular las redes para garantizar dos cosas básicas, libertad de expresión y seguridad de los usuarios. Y, aunque haya poderosos intereses al otro lado del Atlántico con lobbies, embajadas y franquicias mediáticas y políticas en Europa empeñados en vendernos la regulación como censura, en realidad no es tan difícil.

Con las redes hemos aceptado un marco absurdo que nos deja solos ante el poder de las plataformas: que el “delincuente” es un problema secundario (o incluso alguien que ejerce su libertad, como parece decirnos Pavel Durov) y la plataforma es un simple cable. Y son el menor y su familia, solos y sin amparo alguno del Estado democrático, quienes deben gestionar un entorno que está diseñado industrialmente para capturar atención, amplificar extremos y monetizar el conflicto.

Y no olvidemos que ese poder, el de las plataformas, reside en un pequeño grupo de individuos que están librando en estos momentos un pulso inclemente para doblar el brazo de las democracias, para volver atrás en decenas de años de civilización y conquistas sociales y políticas.

Hay una analogía que lo ordena todo: la imprenta

Pavel Durov, en un acto claro de abuso de un poder que tiene y que no le corresponde, mandó el otro día un mensaje a toda la ciudadanía española, atacando al gobierno legítimo. No lo hizo porque le preocupen la infancia y la juventud. Lo hizo porque el Gobierno español quiere regular las redes sociales y someterlas al imperio de la Ley.  

Y es que el mejor antídoto contra esa suerte de chantaje emocional que hacen, sorprendentemente, los cibermagnates cantando a coro que los gobiernos europeos quieren ser vigilantes e implantar la censura, es recordar una obviedad: quienes acusan a los gobiernos de vigilarnos son precisamente quienes más nos vigilan y más datos acumulan sobre nosotros, de la manera más opaca y haciendo uso de las artimañas más abusivas.

¿Cómo funciona la imprenta en nuestras democracias? O mejor: ¿cómo se garantizan en las democracias occidentales la libertad de expresión, la ausencia de censura y la seguridad en el ámbito de la imprenta? En la mayoría de las democracias occidentales no existe “licencia previa” general para imprimir, es decir, no hay censura previa, pero sí existen obligaciones de trazabilidad y responsabilidades tras la publicación. O sea: no hace falta permiso para imprimir nada, pero si lo haces, debes garantizar la trazabilidad de la responsabilidad, y se exige saber quién imprime algo y que asuma las consecuencias si hiciera algo ilegal por ese medio. Eso no es censura ni vigilancia. Eso es democracia clásica. Puro liberalismo.

Hay tres aspectos de la legislación de la imprenta que rige en nuestras democracias, al menos en las europeas, que podrían trasladarse fácilmente al ámbito de las redes:

A) Depósito legal (registro y conservación pública)

España: la Ley 23/2011 fija quién está obligado a pedir el número de depósito legal (editor como obligado principal; si no, impresor/productor, etc.). Esto es trazabilidad institucional: identificar la obra y su cadena de producción.

Francia: el depósito legal es obligatorio y además hay “mentions obligatoires” (menciones obligatorias) en la publicación, incluyendo datos del editor y del impresor, entre otros.

B) “Pie de imprenta” / “imprint” (identificación del responsable)

En Reino Unido, el concepto de “imprint” existe muy claramente en propaganda electoral impresa (y ya también digital): el material debe incluir quién lo publica y quién lo promueve. Cualquier impreso es rastreable sin que eso “mate la democracia”.

C) Responsabilidad por ilícitos (difamación, incitación, etc.)

Esto es el corazón del paralelismo: la libertad de expresión en imprenta nunca significó “impunidad”. Significó ausencia de censura previa general, junto a responsabilidad posterior e identificación. Y por eso el ecosistema impreso fue compatible con democracia.

Es decir, trazabilidad, en el sentido literal: depósito legal, registros, identificación de quién edita y quién imprime. Y responsabilidad, en el sentido civil y penal: si alguien publica una difamación, una estafa o una incitación, responde. No porque el Estado decida qué ideas son aceptables, sino porque hay límites: los que impone la Ley.

Y en esta analogía, los impresores ocupan el papel que en las plataformas digitales ocupan los cibermagnates. Salvando las distancias económicas, sociales y de influencia, claro. Pero seguro que nadie se imagina a un impresor ocultándole a un juez cuál de sus clientes le encargó la impresión de un catálogo de prostitución infantil. Pues eso es, literalmente, lo que exige Pavel Durov, y además lo que de hecho se niega a hacer, y por eso tiene causas abiertas en Europa.

El salto cualitativo: el algoritmo no imprime, pero empuja, enfoca y amplifica

La comparación con la imprenta no es un capricho, como vemos. Pero hay algo en las plataformas de redes sociales que da un giro de tuerca: no solo “publican” o “alojan” contenidos. También los recomiendan, centran la atención en aquellos que les convienen y los amplifican. Premian y castigan. Crean recorridos. Diseñan experiencias para que cada uno de nosotros y nosotras sigamos dentro y, además, cada vez más aislado en burbujas: esos caminos y esas experiencias se diseñan prácticamente a medida de cada uno de nosotros. Y los supuestos guardianes de la libertad que claman contra el Estado vigilante llevan casi 20 años vigilando todas y cada una de las parcelas de nuestra vida, realizando perfiles detallados para saber qué deben ofrecernos, cómo y cuándo, y así mantenernos atentos, aislados y conectados a ellos a través de un cordón umbilical de unos y ceros.

La imprenta no le metía a un adolescente, en bucle, quince vídeos seguidos de “humillación”, “dominancia”, “odio”, “cuerpo perfecto”, “las mujeres son esto”, “los inmigrantes son aquello”, “el mundo está contra ti”, y luego le sugería “más de lo mismo” porque eso aumenta el tiempo de pantalla, la facturación publicitaria, pero sobre todo el poder real de las plataformas: un poder que no tiene orígenes democráticos pero que, en muchos casos, ya es mayor que el de muchos Estados.

Europa y el giro regulatorio

Europa quiere regular las redes sociales, no para limitar la libertad de los usuarios y las usuarias, sino para moderar el poder de estas entidades corporativas supranacionales que ya están tornando en poderes postdemocráticos que son el colchón de un autoritarismo que es, en la misma medida, viejo y nuevo.

Europa ha empezado a asumir, por fin, que esta infraestructura requiere reglas. No lo hace por capricho: lo hace porque el experimento de la autorregulación ha fracasado estrepitosamente. La Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) son los primeros pasos de un marco que obliga, no que sugiere: trazabilidad de contenidos, identificación de todos los actores, transparencia de los algoritmos y de los procedimientos de moderación, retirada de contenidos ilícitos y protección reforzada de menores y colectivos vulnerables.

¿Los resultados? Meta multada con 1.200 millones por vulnerar la privacidad de los europeos. X/Twitter expedientada por incumplir la DSA en moderación de contenidos. TikTok bajo lupa por su adicción algorítmica dirigida a menores. No son gestos simbólicos: son advertencias.

Esto no debería sorprender a nadie. Los estados democráticos regulan alimentos, medicinas, transportes, telecomunicaciones, seguridad industrial, la propia imprenta… ¿De verdad vamos a considerar “sagrado” el único sector que hoy define la salud mental de adolescentes, la calidad del debate público, el acceso al derecho a una información veraz y la velocidad de propagación del odio?

Y es bien fácil. Simplemente, hay que ver cómo tratamos la imprenta, porque es lo mismo. Y todo se puede resolver con un simple QR.

Trazabilidad del contenido como estándar básico. En el mundo impreso existe un “pie de imprenta”: quién publica, quién edita, quién imprime. En digital, esto debería traducirse en trazabilidad verificable. Una propuesta razonable es exigir que determinados contenidos con potencial de gran difusión (por ejemplo, campañas, anuncios, piezas virales pagadas o material político) tengan un identificador trazable: un QR, un sello, una firma o un certificado digital. Si circula masivamente, debe poder saberse quién está detrás. Y si una plataforma distribuye masivamente contenido no trazable, debe asumir sus responsabilidades civiles y sus directivos, llegado el caso, las penales.

Identificación real de usuarios, custodiada, no pública. Si para abrir una cuenta bancaria, para contratar la luz o para comprar un billete de avión… ¿por qué no vamos a tener que identificarnos de manera fidedigna cuando abrimos una cuenta en una red social? No olvidemos que, como hemos señalado antes, son las puertas y las ventanas a través de las cuales accedemos a un espacio público. Si un policía nos puede pedir en la calle que nos identifiquemos con el DNI, ¿por qué en las redes no, cuando, además, estamos viendo que las redes son mucho más peligrosas que la calle?

Lo que no puede ser es que el Oso Yogui organice una cacería de inmigrantes en no sé qué barrio o Pepe Gotera lance una campaña de acoso contra un periodista y no haya forma de reclamarle sus responsabilidades penales, porque en ambos casos se cometen delitos y se perjudica a personas.

La identidad puede y debe estar custodiada por procedimientos garantistas y solo accesible bajo control judicial cuando se comete un delito. Eso no es distopía: es cómo funcionan muchas áreas de la vida civil. Y el control de IPs no es suficiente. Es como si la policía me pidiera el DNI y yo le diera el número de teléfono que tuvo mi padre diez años antes para que tire del hilo.

Auditoría y límites a la amplificación algorítmica. No para decidir qué ideas son buenas o lo que tenemos que pensar o decir, sino para auditar riesgos, incentivos y efectos. Si una plataforma obtiene beneficios amplificando odio, polarización y captación de menores, el problema no es un usuario individual, es el diseño del sistema. Ahí debe entrar la regulación: transparencia, auditorías independientes, obligación de mitigación y sanciones si se incumple. Sería algo equivalente a la obligación que tienen los productores de alimentos de etiquetar todos sus ingredientes y nadie dice que porque se obligue a declarar el porcentaje de azúcar que hay en un refresco el Estado se está metiendo en lo que debemos beber. Bueno, algunos sí lo han dicho, pero ese es otro problema.

La imprenta tiene el pie de imprenta. La radio tiene un régimen de concesiones administrativas. La calle tiene policía. El algoritmo todavía no tiene nada de eso.

Yo antes era partidario de prohibir las redes a los menores. Mi amiga Laura me convenció de que estaba equivocado: el debate no es prohibir o no prohibir, sino exigir que las redes sean seguras. No queremos calles vacías y tristes. Queremos calles limpias, alegres y habitables. Ese es el verdadero debate.

Tengo, a un lado, a toda una partida de desnortados que ya desde hace unos años, en Navidad, mandan unas extrañas y acrónicas felicitaciones en las que celebran el advenimiento de Ra, el solsticio de invierno y sandeces similares, y si les dices algo, te responden que el solsticio de invierno (y, por supuesto, el advenimiento de Ra) es muy anterior al cristianismo, que ya lo celebraban los romanos (aunque si les preguntas quién era Escipión el Africano se solidarizan inmediatamente con él por su travesía en patera) y que los cristianos sólo lo único que han hecho es apropiarse de esas históricas celebraciones previas y cancelarlas. Yo, cada vez que recibo una de estas felicitaciones, pienso: hala, otro que ha perdido cantidades masivas de neuronas este año…

Pero es que, al otro lado, hay una partida de hipócritas que mandan por Navidad unas innecesarias y sobrecargadas felicitaciones que, con un antipático barroquismo verbal de carácter religioso, destilan una religiosidad que se ve a la legua que es más exhibición, dardo e imposición que fe sincera. Este año, el más conspicuo de mis conocidos ha acompañado su felicitación de un siniestro “¡Viva Cristo Rey!”. Me ha costado mucho no contestarle como merece, y no lo he hecho sólo por mantener la paz en el grupo. En cualquier caso, yo no puedo evitarlo y, cuando leo estas felicitaciones, pienso un poco en la persona que me las manda y, por ser generosos, lo que suelo encontrar es muy poca fe y mucha rabia cada vez menos contenida.

Y luego estamos los que hacemos lo que hemos hecho toda la vida: creyentes o no, nos felicitamos unos a otros la Navidad, o las fiestas, y la semana que viene el Año Nuevo. Porque es lo que celebramos en realidad, y lo que hemos celebrado siempre no es otra cosa que la Navidad. Y, por supuesto, y sobre todo, la vida, porque es lo que realmente tenemos que celebrar, incluso cuando se acaba. Sobre todo, cuando se acaba.

Ah, y casi me olvido de los del medio, los Scrooges: esa gente que decidió hace décadas dejar de celebrar la Navidad para siempre porque un día murieron sus padres o perdieron a la abuelita María, como si el duelo fuera hereditario y la vida tuviera que quedar congelada en formol, como si sus propios padres y la abuelita María no hubieran celebrado la Navidad hasta el fin de sus días, a pesar de haber perdido también ellos a familiares. No hablo de quien ha tenido una pérdida reciente, sino de esos tristes personajes congelados en una melancolía fosilizada —y forzada— que se exhibe año tras año con cierta superioridad moral, como si celebrar algo fuera una traición y no, sencillamente, una forma de seguir vivos y un pretexto para comernos todo lo que nos pase por delante.

En fin, ¡feliz Navidad a todas y todos!

Sin embargo, detrás de esa discreta desintegración ósea se oculta la rebelión del cuerpo contra la modernidad y la decadencia moral de nuestra atribulada sociedad occidental, que no sólo no se arrodilla ante nada, sino que vive indolentemente tumbada y anestesiada con series de Netflix en un sofá de IKEA, cojo también, porque sobraron al montarlo dos tornillos y una tuerca muy rara.

La rótula, ese humilde disco óseo tan poco valorado hasta que ya es tarde, condenado a sostener de por vida el teatro entero de la locomoción humana sin poder tomarse un momento de descanso, ha decidido presentar su dimisión irrevocable y dejarse morir. Privada de riego, de fe y de reconocimiento institucional, opta por morirse a su ritmo, convirtiéndose en la primera mártir heroica que no necesita ideología ni manifiesto para hacer su sacrificio: una vulgar resonancia magnética la sentencia.

Antes, los seres humanos nos arrodillábamos. No por sumisión, sino por cortesía biomecánica y por pura necesidad existencial: la rodilla cumplía su papel de sorprendente bisagra que sincronizaba a la perfección cuerpo y espíritu en humilde postración ante lo absoluto, que no era Dios, sino la idea misma de algo más grande que uno: el bien, la verdad, la justicia…

Hoy ya no nos arrodillamos, porque lo absoluto no existe. Occidente ha olvidado cómo doblar la rodilla y, como esos ejecutivos amortizados que saben que se les agradecen los servicios prestados pero ya no son necesarios y languidecen en sus lujosos y acristalados despachos hasta que deciden marcharse, nuestra rótula se entrega abnegada, sumisa y resignada a la necrosis que, finalmente, más que una enfermedad, resulta ser una evidencia biológica del colapso moral de Occidente.

Las venas y arterias por las que antes circulaban, en concupiscente ayuntamiento, valores, calcio y oxígeno, convicciones y sentido del deber, han mutado en un oscuro torrente de cafeína, alcohol, excusas e indolencia. Como resultado, el orgulloso ciudadano ya no necesita sincronizar nada, porque la vida espiritual —la que no se compra ni se vende— ha pasado a segundo o tercer plano, y la rodilla languidece. El ciudadano camina erguido y orgulloso, sí, pero sin fe, sin esperanza y sin valores. Su rótula, saturada de ironía y colesterol, se niega a seguir sosteniendo un cuerpo que ya solo se arrodilla ante el Black Friday.

Y mientras escribo estas líneas, oigo el crujido y siento en mi rodilla derecha un leve hormigueo. Quizá sea la rótula preparando su carta de dimisión, cansada de sostener tanto diagnóstico metafórico. O quizá solo sea hipocondría…

Ayuso mugivit.

Y Óscar López, secretario del PSOE madrileño, con esa voz que tiene de contenido barítono verdiano, le preguntó asombrado:

—¿Pero a dónde, a Londres o a Quirón?

Menudo inocentón, el tal López. La presidenta se refería claramente a Quirón, la multinacional sanitaria que es la única clienta de su presunto novio, tan presuntamente mangante como presuntamente defraudador y presuntamente humano. Con su bramido parlamentario, Ayuso no solo estaba provocando. Estaba, sobre todo, redactando un plan de negocio. Porque en el Madrid de la libertad de Ayuso y sus baretos, la objeción de conciencia no es una convicción moral: es una mecánica de mercado.

¿Saben ustedes cuántos abortos se practicaron en la sanidad pública madrileña en 2024? Setenta y ocho. Sí, ha leído bien: setenta y ocho (78, LXXVIII) sobre un total de algo más de veintiún mil. El 0,4%.

En Galicia, donde también gobierna el Partido Popular, el 77% de los abortos se realizan en hospitales públicos. ¿Significa eso que los médicos madrileños tienen un corazón más grande, un alma más pura y una sensibilidad más delicada que sus crueles colegas gallegos, que no dudan en dar matarile a los nasciturus con sus propias manos enguantadas y sin problema de conciencia alguno? Pues no. Lo que tienen los médicos madrileños, en muchos casos, son negocios privados, y los protegen.

La treta es sencilla, aunque tan grosera y garbancera como cobrar en B. En los hospitales públicos son todos unos bondadosos doctores Jekyll, dotados de un sentido de la moral tan exquisito que les impide practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Como la ley les obliga —dura lex, sed lex—, alegan objeción de conciencia. Curiosamente, todos los médicos del departamento sufren el mismo problema moral, idéntico y simultáneo. ¿Y cuál es el resultado de esta pandemia ética que se propaga por los servicios de Ginecología y Obstetricia de nuestros hospitales? Que, como la operación no se puede hacer en la pública, lamentablemente hay que concertarla en una clínica privada.

Y ahí empieza la metamorfosis. A la hora de la comida, los doctores Jekyll se van a casa a engullir su potaje de garbanzos con bacalao (o sin él, si son veganos) y, por la tarde, reaparecen en la clínica privada. Al cruzar la puerta ya no son Jekyll, sino Hyde: los problemas de conciencia se han disipado y la misma señora que por la mañana era una paciente a la que miraban con displicencia es recibida con los brazos abiertos, en calidad de clienta que, ahora sí, tiene razón. Y en un pispás sale de la clínica sin su garbancito.

Es el curioso fenómeno de la conciencia anestesiada por la facturación. Facturación de la que, por supuesto, se hace cargo el erario público. Porque aunque la inmensa mayoría de las interrupciones del embarazo se hacen fuera de la red pública, la Comunidad de Madrid financia el 73% de ellas. Un sistema perfecto: el Estado paga, el médico cobra dos veces (una por objetar y otra por ser abierto de miras), el derecho se convierte en trámite administrativo y la elevada conciencia de nuestros galenos se transforma en una mercancía más, junto a las chocolatinas y las novelas de bolsillo del quiosco del hospital.

Así que, cuando Ayuso se niega a cumplir la ley que obliga a registrar a los médicos objetores, no lo hace por respeto a la conciencia de nadie. Lo hace para proteger el negocio que, entre unos y otros, han montado en el zoco en que están convirtiendo nuestro sistema sanitario. Si se publicaran esas listas, quedaría al descubierto que muchos de esos “objetores” son, en realidad, proveedores concertados: no se oponen al aborto, sino a perder frente a la sanidad pública el monopolio del aborto pagado por todos.

En el antipático Madrid de la libertad y los bares, de los bocatas de calamares y la oreja con salsa picante, el aborto no es pecado ni es derecho: es subcontrata. Y la conciencia, un extra de lujo que se cobra aparte.

Así que, señora mía, igual tenemos que irnos algunos a otro lado, no ya a abortar, sino a tener una vida digna.

Pero usted váyase a la mierda.

Y rapidito, si no es molestia.

Como es natural, don EP no tiene razón. Y me explico:

Cuando aquel lejano —o no tanto— 1 de septiembre de 1955 Rosa Parks se negó a ocupar uno de los asientos del autobús reservados para los negros, sabía perfectamente que no iba a acabar con la segregación aquel día. Lo supongo porque yo no estaba allí. Pero sí sé con certeza —porque lo hice yo mismo— que cuando me negué a incorporarme al Servicio Militar no pensaba que ese acto mío iba a suponer el fin del reclutamiento forzoso en España, sino que, más probablemente, iba a dar con mis huesos en la cárcel, como finalmente ocurrió. Sin embargo, Rosa Parks, yo mismo y muchas otras personas llevamos a cabo actos performativos similares a los que don EP denuncia en su blog, tratando de convencernos a todos de que son una muestra de la decadencia de la izquierda, contra la que, como si fuera el último marxista vivo y consciente, nos avisa desde sus altavoces y tribunas.

La razón de ser de las flotillas —al margen de cómo se escenifiquen y de que nos gusten más o menos las personas que se embarcan en ellas— es la desobediencia civil frente a un poder ilegítimo: el poder de separar a blancos y negros en la vida social, el de reclutar jóvenes de manera forzosa —sobre esto hoy tengo mis dudas—, o el de declarar embargos de navegación sobre aguas internacionales para evitar que llegue ayuda humanitaria a un pueblo al que se intenta aniquilar físicamente. La desobediencia civil no busca la eficacia inmediata, sino el testimonio que erosiona la legitimidad del poder injusto, así como desenmascarar contradicciones y provocar respuestas políticas.

La flotilla de Gaza ha sido la típica intervención de una serie de misioneros, en este caso autoproclamados de izquierdas. Por supuesto, todos sabíamos desde el principio, y ellos también, pues no debemos dudar de su nivel intelectual, que dicha acción resultaba imposible de realizar. Sin embargo, se ha realizado, además con gran publicidad y emoción, y la pregunta es por qué.

Don EP Mesa.

Si ya todo el mundo sabía que en Estados Unidos había segregación racial, ¿qué sentido tuvo la desobediencia de Parks? Si todo el mundo sabía que el reclutamiento obligatorio en tiempos de paz interrumpía la vida de los jóvenes para formarlos en valores que la sociedad rechazaba —eso es lo que pensábamos entonces, aunque hoy no lo tengamos tan claro—, ¿qué sentido tenía la insumisión? Si ya todo el mundo sabe que en Gaza se está llevando a cabo un genocidio, ¿qué sentido tiene la flotilla, que además apenas tiene posibilidades de llegar a Gaza?

Pues lo tiene, y mucho. En primer lugar, mantener la tensión. Los gobiernos europeos —incluido el español—, sin la presión de la calle, no se habrían movido un ápice de la indiferencia. Están girando muy tímidamente su posición sobre Palestina porque los pueblos están en la calle, en muchas ocasiones recibiendo palizas, amenazas y prohibiciones. Sostener la incomodidad política, recordarles cada día a nuestros gobiernos que son cómplices del genocidio, es una obligación moral; y la flotilla contribuye a eso enormemente. Además, tiene resultados reales: gobiernos que no querían implicarse lo más mínimo —como el italiano, el francés o el sueco— han tenido estos días que fijar posiciones que de otra forma no habrían fijado.

Claro que la flotilla tiene utilidad práctica y consecuencias reales en la política. El solo hecho de que Israel haya estado jugando al ratón y al gato con ella ya nos habla de su importancia simbólica. Si no le molestara, si no le hiciera daño, no se habría preocupado tanto por anularla; y desde luego no la habría asaltado ni detenido y torturado a sus integrantes sin necesidad. Sencillamente, habría pasado de ello.

La comparación que hace don EP con el DOMUND es equivocada. Equivocada y forzada, ya que sabe perfectamente dos cosas: la primera, que lo que transportaban no era limosna; y la segunda, que el objetivo de la flotilla no era entregar esa ayuda, sino provocar una acción política internacional en contra de Israel por parte de la comunidad internacional. En especial, de esa parte de la comunidad internacional que se autoproclama —esta vez sí— moralmente superior: Occidente, que, por otra parte, tiene tan pocas lecciones que dar.

Pero no sólo eso. Las personas que se han embarcado en la flotilla —a las que don EP juzga moralmente a pesar de repetir todo el rato que no lo hace, con el viejo truco de decirles “no os voy a decir que sois idiotas”—, esas personas que don EP desprecia en lo político y en lo personal —sin escribirlo, por supuesto— son admirables, porque lejos de quedarse en su salón lanzando tuits, como hago yo mismo, han decidido resistir a Israel y sus tropelías con su propio cuerpo, con su propia seguridad. No sé si lloran en público, y me da igual, la verdad. Entre ellas hay personajes que no me agradan nada, como Ada Colau, pero la realidad es la que es y no otra. Lo de llorar en público y la importancia de lo personal y las emociones en la política es otro tema que habrá que tratar otro día.

Entre los logros de don EP está haber acuñado la expresión “izquierda autoproclamada”. Yo acuñé liberalpinochetismo, que es bastante más precisa. Hoy hay que felicitarle por un nuevo logro: el de haber acuñado, esta vez, un concepto, no sólo una expresión: la izquierda paralizante. Esa izquierda que se excita criticando pero se horroriza cuando alguien actúa.

La diva Kallas —la Callas que no canta arias, sino anatemas— trae a la Europa que se concibió para conjurar los demonios del nacionalismo excluyente precisamente la música cacofónica de dicho nacionalismo. Porque Kallas no habla como diplomática, sino como sacerdotisa tribal: para que su nación exista con plenitud, la ajena debe disolverse en su marmita. Y Bruselas, en un arrebato de hipnosis, aturdida quizás por las miradas de sus mil cabezas de hidra, la ha nombrado su voz oficial. Rusia, por tanto, cuando oye los cánticos de la diva Kallas oye a Europa entera. Y lo que oye es que Europa sueña con hacerla desaparecer, que es lo que implica dividirla.

Mientras tanto, en Gaza, la misma Kallas cambia la tonalidad de sus cánticos y se reviste de contable meticulosa, y con su traje gris de corte impecable y una sutil, casi imperceptible cuadrícula blanca, enumera paquetes de ayuda, lamenta la falta de unidad y declara que lo “indefendible” es… indefendible. Y ahí se queda. Claro, no tenemos más remedio que acordarnos de Borrell que, a pesar de algunas de sus torpezas, fue mucho más allá y habló de periodistas asesinados con premeditación, de bombas europeas cayendo sobre civiles, de crímenes contra la humanidad y de complicidad moral. Donde Borrell señalaba y acusaba, Kallas administra y pone expedientes encima.

Pero en Ucrania, la diva vuelve al do mayor dramático y percusivo del “¡guerra, guerra, guerra!” de los sacerdotes de Aida: nuestra Juana de Arco de juguete levanta la espada verbal y proclama cruzada contra toda Rusia. El contraste es obsceno: en Gaza, donde la ONU y la Corte Internacional de Justicia han advertido ya de riesgo de genocidio y crímenes de lesa humanidad, la diva estonia canta aburridos informes y obviedades. Efectivamente, en Ucrania, donde hablamos de una guerra convencional con víctimas civiles, sí, como las tuvieron Hiroshima y Dresde, cuando los aliados, los “buenos”, buscamos deliberadamente multiplicar las víctimas civiles, se lanza a excomulgar a una nación entera.

Y yo, pobre de mí, solo, abbandonato, in questo popoloso deserto che appellano Madrid, rusófilo, pero también convencido patriota europeo y español, escribo estas líneas con la contradicción cargada sobre mis hombros. Creo —sé, en realidad— que Rusia es Europa, aunque no pueda ni deba formar parte de la UE por razones geográficas, económicas y políticas, y que antes que arrodillarnos ante Washington o atender a un Reino Unido que a estas alturas ya no es más que una caricatura de sí mismo, deberíamos tender la mano a Moscú. En un mundo multipolar, nuestra dignidad consiste en ser sujetos propios, no en ser apéndices de nadie. China se convierte en socio inevitable; Estados Unidos, en tutor impertinente que no duda en atizarte con la regla de madera si no vas por la senda que te marca; y Europa, si quiere ser algo, debe afirmarse en sí misma con Rusia como realidad constitutiva, no como enemigo esencial. La rusofobia que canta la diva estonia no es rusofobia en realidad, sino eurofobia, porque Rusia, sencillamente, es Europa por derecho propio.

Con esto no pretendo absolver a Vladimir Putin. Es un autócrata que coquetea con Orbán y Le Pen, que ha financiado a lo peor de cada país europeo con la finalidad indisimulada de desestabilizar la Unión, y que busca exportar su modelo ultraconservador y fracturar Europa. Pero Putin no es Rusia, como Franco no fue España. Tratar a toda una nación como responsable de lo que hacen aquellos de sus gobernantes que no han sido elegidos, o que lo han sido en condiciones de fraude, es un error que hemos cometido ya varias veces, y es el error al que nuestra diva, ahora transmutada en flautista de Hamelín, quiere conducirnos con su desagradable musiquilla de chundarata. No permitamos que Kallas cambie el jardín liberal, abierto e integrador de la Unión Europea en un bosque embrujado de nacionalismo excluyente que ya no será la Unión Europea, sino una confederación de patrias que, cuando apacigüen de una forma u otra al majestuoso oso, acabarán enfrentándose entre sí, que es, curiosamente, el objetivo de Putin.

Lo que digo y proclamo, al objeto de que se sepa y no se dude de ello, hoy, 27 de septiembre de 2025, sobre las 14:47 de la tarde. Y me voy a preparar unas migas para comer.

Y a pesar de ello, antes de que la Policía hubiera casi empezado el atestado, el presidente Trump ya había dictado sentencia: la izquierda mata, la izquierda crispa, la izquierda es culpable, y hay que darles una paliza. Ni un minuto de duda, ni un gramo de vergüenza, porque la verdad no importa.

Y, como suele ocurrir con las malas ideas, la importación a nuestra atribulada nación ha sido inmediata. Vox no ha perdido la ocasión de repetir el guion y en el PP no les andan a la zaga, convencidos unos y muchos de los otros, en su delirante competición por ver quién dice la insensatez más desproporcionada, de que han encontrado un atajo narrativo: si funciona en Arizona, ¿por qué no va a funcionar en Albacete? El discurso trumpista es un discurso tóxico que nos entra en España por la derecha y sin aranceles. Pero en Albacete saben leer

La verdad que a ellos no les importa, en este caso, es muy fácil de conocer, porque se expresa en números y los números, si no eres terraplanista o antivacunas, son tercos. Veinticinco años de registros muestran con una claridad tan incómoda como inapelable que la violencia política en EEUU no sólo no nace en la izquierda, sino que ni siquiera reparte culpas a partes iguales. Tiene un sesgo abrumador, una firma reconocible y, por si alguien todavía se sorprende, una perspectiva de género muy marcada. Y es ahí donde el relato trumpista se revela como lo que es: un truco de mago malo.

Cifras que no encajan con el relato

Asumimos como asesinatos políticos aquellos relacionados con extremismo político doméstico excluyendo motivaciones personales o terrorismo internacional como el 11-S. Buscamos analizar la violencia entre norteamericanos, no la violencia ejercida por extranjeros contra ciudadanos norteamericanos. Con este criterio, entre el año 2000 y septiembre de 2025 se registraron en Estados Unidos en torno a 450 asesinatos con motivación política, racial o religiosa. Esto puede impresionar a primera vista, pero representa apenas una fracción ínfima (alrededor del 0,1%) de los homicidios totales en ese periodo, entre 430.000 y 550.000 según las fuentes que consultemos: FBI, ADL (Liga contra la Difamación), CISI (Centro de Estudios Estrategicos e Internacionales)… En cualquier caso, es una cifra que demuestra que Estados Unidos es una sociedad extremadamente violenta.

Pero dejemos de lado el 99,9 por ciento de los asesinatos cometidos en “la mejor y más antigua democracia del mundo”, y ocupémonos del 0,1 restante, más de cuatrocientos asesinatos que tienen una motivación política.

El número de personas asesinadas (unas 450) en 25 años solo por motivaciones políticas impresiona y estremece, pero no nos quedemos en la cifra absoluta y vayamos a la distribución: analicemos a los asesinos y sus orientaciones y motivaciones. Y ahí la aritmética, que es uno de los idiomas en los que se expresa la verdad, destroza el relato de la derecha. Según la ADL y el CSIS, en órdenes de magnitud, entre el 65 y el 70 por ciento de esos varios centenares de asesinatos fueron obra de extremistas de derecha: supremacistas blancos, neonazis, milicias anti-gobierno y conspiracionistas de toda laya. La izquierda extremista apenas alcanza entre un 10 y un 15 por ciento. El extremismo islamista doméstico —importante matiz este de doméstico sobre el que volveremos más adelante— ronda entre el 15 y el 20%. El resto son casos mixtos o sin perfil ideológico claro.

Conviene subrayar que las cifras pueden variar en función del archivo y del criterio de clasificación. ADL, CSIS o incluso el FBI no siempre cuentan lo mismo ni de la misma manera, de ahí que encontremos con rangos (65–70%, 10–15%…) en lugar de cifras cerradas. Pero este margen de error no altera la foto de conjunto: el patrón es claro y las conclusiones no dependen de la exactitud al decimal.

La derecha como protagonista casi exclusivo

Desde Charleston en 2015 hasta Buffalo en 2022, la secuencia no es un accidente aislado, sino parte de una constante que se prolonga durante veinticinco años, un cuarto de siglo, que se dice pronto. La lista de matanzas lo demuestra sin necesidad de adornos: la masacre de Charleston en 2015, con nueve feligreses afroamericanos asesinados por Dylann Roof, un supremacista blanco en cuya detención participaron miembros de su propia familia; el ataque a la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh en 2018, que dejó once personas muertas a manos de Robert Bowers, un desequilibrado antisemita de extrema derecha, negacionista del Holocausto y convencido de que había en marcha un genocidio blanco; el tiroteo en El Paso en 2019, que dejó veintitrés personas asesinadas, la mayoría latinas, a manos de un supremacista blanco llamado Patrick Wood Crusius, o el asesinato de diez personas afroamericanas en un supermercado de Buffalo en 2022 a manos de un activista de extrema derecha que transmitió los asesinatos por Twitch, con una cámara que se acopló al casco militar calzado en su cabeza perturbada son algunos de los casos más representativos, que siempre tienen el mismo patrón: un hombre blanco radicalizado, un rifle semiautomático y un odio racial o religioso convertido en coartada política.

La izquierda también aparece en las crónicas, pero casi como nota a pie de página. Aaron Danielson, simpatizante de Patriot Prayer, fue asesinado en 2020 en Portland por un autodenominado antifascista. En 2025, un grupo antifa atacó en 2025 una instalación de ICE en Texas con resultado de heridos graves, incluyendo un policía alcanzado en el cuello. Son episodios graves, sin duda, y no menos execrables que los anteriores, pero tan minoritarios en la estadística que apenas alteran la gráfica.

La violencia no es políticamente simétrica: la balanza está claramente inclinada por la derecha. Fingir lo contrario no es un error inocente, es una sórdida manipulación deliberada, es ocultamiento de la verdad, es complicidad con los criminales. Es, en definitiva, tener las manos un poco manchadas de sangre.

La perspectiva de género: quién mata y quién muere

El patrón de género es abrumador: el 94% de los asesinos políticos en EE.UU. son hombres. Las víctimas, en cambio, están repartidas de forma más equilibrada: aproximadamente entre un 55 y un 60% son hombres y entre un 40 y un 45% mujeres (con alrededor de un 1% desconocido o no binario). Repito, para que se quede grabado: el 94% de los asesinos son hombres, el 40–45% de las víctimas, mujeres.

La lectura es inevitable: los mismos espacios virtuales donde se incuban el supremacismo y la xenofobia son también viveros de misoginia, porque muchos de los asesinatos cuyas víctimas son mujeres se han fraguado en siniestros foros incel o en los grupos antifeministas, en los que el odio a las mujeres se confunde en una tupida red con el resto de ideologías extremas.

Una aclaración metodológica necesaria: clasificamos a los incels y extremistas misóginos dentro de la extrema derecha porque comparten espacios, narrativas y redes con el supremacismo y el antifeminismo reaccionario. El islamismo radical, en cambio, se analiza por separado porque responde a una matriz religiosa distinta, con dinámicas propias y conexiones internacionales que no se solapan con el ecosistema de la ultraderecha occidental.

Aquí hay que hacer una aclaración: clasificamos a los incels y extremistas misóginos dentro de la extrema derecha porque comparten espacios, narrativas y redes con el supremacismo y el antifeminismo reaccionario. El islamismo radical, en cambio, se analiza por separado porque responde a una matriz religiosa distinta, con dinámicas propias y conexiones internacionales que no se solapan con el ecosistema de la ultraderecha occidental, aunque también sea ultraconservador.

Una aclaración metodológica necesaria: clasificamos a los incels y extremistas misóginos dentro de la extrema derecha porque comparten espacios, narrativas y redes con el supremacismo y el antifeminismo reaccionario. El islamismo radical, en cambio, se analiza por separado porque responde a una matriz religiosa distinta, con dinámicas propias y conexiones internacionales que no se solapan con el ecosistema de la ultraderecha occidental.

Algunos ejemplos de asesinatos y atentados de carácter antifeminista: Elliot Rodger (clasificado como extremista misógino) mató a seis personas e hirió a quince en Isla Vista, California, en 2014. Tres de las víctimas mortales eran mujeres, y el ataque fue motivado por su odio a las mujeres; George Sodini (clasificado como extremista misógino) asesinó a tres mujeres en Los Ángeles en 2009, también motivado por su resentimiento hacia las mujeres; Scott Beierle (clasificado como extremista misógino) mató a dos mujeres y dejó seis heridos en un gimnasio de yoga en Tallahassee, Florida, en 2018; Roy Den Hollander (clasificado como extremista misógino), un activista de “los derechos de los hombres” asesinó al hijo de la jueza Esther Salas – la primera mujer hispana que ha llegado a jueza magistrada de los Estados Unidos y jueza de distrito de los Estados Unidos en New Jersey- en 2020, o un hombre que planeaba masacrar mujeres en una universidad de Ohio y que fue detenido en 2021 y condenado por intento de crimen de odio, sin que se concretara la matanza.

Los especialistas han identificado los ataques misóginos como una manifestación de extremismo violento emergente, aunque algunos tiroteos afectan tanto a mujeres como a hombres, al ser motivados por celos o resentimiento contra ambos.

Una aclaración metodológica necesaria: clasificamos a los incels y extremistas misóginos dentro de la extrema derecha porque comparten espacios, narrativas y redes con el supremacismo y el antifeminismo reaccionario. El islamismo radical, en cambio, se analiza por separado porque responde a una matriz religiosa distinta, con dinámicas propias y conexiones internacionales que no se solapan con el ecosistema de la ultraderecha occidental.

Violencia contra la comunidad LGTBI+: restaurando la moral

Dentro de los asesinatos políticos en Estados Unidos, la violencia dirigida contra la comunidad LGTBI+ ocupa un lugar especialmente siniestro. No hablamos de todos los crímenes en los que la víctima resultaba ser gay, lesbiana o trans por casualidad (son muchos más), sino de aquellos en los que el motivo fue precisamente su identidad o su orientación sexual. Es decir: asesinatos ideológicos, impulsados por la homofobia, la transfobia o la obsesión religiosa y política por “defender la moral”.

No fue un hecho aislado. En 2019, en Carolina del Sur, Dime Doe, una mujer trans, fue asesinada únicamente por su identidad; el caso acabó con la primera condena federal en EE.UU. por un crimen de odio anti-trans. En 2021, en Georgia, Sophie Vasquez, también mujer trans, fue asesinada por un individuo que intentó justificar el crimen con la llamada “defensa del pánico trans”, finalmente rechazada por el tribunal. Y en 2024, en Alabama, la adolescente trans Cameron Thompson fue asesinada tras meses de acoso alimentado por discursos de odio que circulaban en redes sociales.

Una excepción compleja

El caso de Orlando 2016 merece mención aparte: Omar Mateen, ciudadano estadounidense nacido en Nueva York, asesinó a 49 personas en la discoteca Pulse. Aunque el Estado Islámico lo reivindicó, las motivaciones fueron híbridas —mezcla de homofobia internalizada, radicalización online y desequilibrios psicológicos—, y por eso diferentes organizaciones lo clasifican de forma distinta. En este análisis lo hemos excluido de la estadística central por considerarlo terrorismo internacional reivindicado por ISIS, pero su peso simbólico en la violencia contra la comunidad LGTBI+ es innegable.

En resumen: entre el 15 y el 25 por ciento de los asesinatos políticos de este cuarto de siglo en EEUU tuvieron como víctimas a personas LGTBI+. La mayoría a manos de extremistas de derecha convencidos de que asesinando a un gay, a una lesbiana o a una mujer trans estaban “defendiendo valores”. Y tenían razón: estaban defendiendo los (contra)valores de la intolerancia, del odio y del fanatismo. Contravalores que, a diferencia de las personas a las que matan, siguen vivos y bien organizados, en especial, desde que Donald Trump asumió por segunda vez la Presidencia de EEUU.

¿Y del genocidio blanco qué sabemos?

Los extremistas de derecha en Estados Unidos repiten hasta la saciedad dos fábulas: la del “genocidio blanco” y la de la “gran sustitución”. Según ellos, los blancos están en peligro de ser eliminados o sustituidos por minorías raciales y migrantes, con lo que cambiará la identidad misma de la nación, recordemos: blanca, anglosajona y protestante. Los nuestros. Es un mito de manual, pero uno que funciona como combustible para justificar la violencia. Y los números lo retratan: entre un 70 y un 80% de las víctimas de asesinatos políticos entre 2000 y 2025 pertenecían a minorías étnicas, frente a un 20–30% de blancos. Sorprendentemente, a la hora de practicar el crimen, la extrema derecha norteamericana sí es woke cuando asesina, porque lo hace con diversidad, aplicándose con todas las minorías.

El odio anti-negro es el más persistente, con gran tradición en EEUU. Entre el 30 y el 35% de los asesinatos políticos tuvieron como víctimas a afroamericanos, con episodios tan emblemáticos como la masacre de Charleston en 2015, donde un supremacista blanco asesinó a nueve feligreses en una iglesia, o la matanza de Buffalo en 2022, cuando un joven radicalizado transmitió en directo el asesinato de diez personas negras en un supermercado. Casos distintos, misma motivación: “defender a los blancos” eliminando a quienes consideran su amenaza identitaria. Los otros.

Los latinos constituyen el segundo grupo más atacado, con alrededor de un 20–25% de las víctimas. El caso más brutal fue el de El Paso en 2019, donde 23 personas fueron asesinadas en un supermercado por un supremacista que escribió un manifiesto contra la “invasión hispana”. Otros ataques en la frontera con México repiten el mismo patrón: criminalizar la inmigración hasta convertirla en blanco de fusiles.

El odio es muy previsible: los asiáticos, durante años apenas visibles en estas estadísticas, se convirtieron en objetivo prioritario tras la pandemia de COVID-19, cuando la retórica política sobre el “virus chino” desembocó en un aumento del 200% en incidentes de odio anti-asiáticos (no necesariamente letales). Entre 2020 y 2025, los ataques y crímenes de odio contra víctimas asiáticas se multiplicaron, sobre todo en California y Nueva York. Los nativos americanos también sufrieron episodios de violencia letal, ligados a conflictos territoriales como las protestas contra el oleoducto de Dakota en 2017.

Incluso los blancos aparecen en las estadísticas, aunque con un matiz importante: no suelen ser víctimas por su etnia, sino por su militancia. Heather Heyer, la activista asesinada en Charlottesville en 2017 por un neonazi que arremetió con su coche contra una manifestación antirracista, es el ejemplo más claro. También lo fue Aaron Danielson, asesinado en Portland en 2020 en un contexto de enfrentamientos políticos. Ser blanco no basta: para ser víctima hay que ser “traidor” a la causa que el extremista defiende.

En resumen, del “genocidio blanco” no sabemos nada, porque no existe. Lo que sí sabemos es que las minorías étnicas —afroamericanos, latinos, asiáticos, nativos— han cargado con el peso de la violencia política en EEUU. Y esa violencia no golpea al azar: persigue a quienes, para los fanáticos, encarnan la prueba viviente de que Estados Unidos no es homogéneo. Es decir, a quienes demuestran que la diversidad no es una amenaza: es un hecho.

Antisemitismo y la islamofobia

El antisemitismo, casi siempre de extrema derecha, ha dejado entre 25 y 30 muertos en una decena de incidentes, con picos como Pittsburgh en 2018. Y aunque el número de víctimas mortales se redujo tras ese año, la ADL registró en 2024 un récord de más de 8.000 incidentes antisemitas, con un aumento de alrededor del 140%.

La violencia islamófoba ha causado unas 20-30 muertes, pero más de 10.000 crímenes de odio en total desde 2001. Picos tras el 11-S, en la campaña de Trump en 2016 y de nuevo en 2023-25, coincidiendo con la guerra en Oriente Medio.

El extremismo islamista doméstico

Aquí conviene aclarar por qué hablamos de violencia islamista doméstica. Lo hacemos porque estamos analizando la violencia política en EEUU a manos de ciudadanos o residentes en EEUU. Violencia entre estadounidenses. El 11-S no cuenta aquí porque no entra en esa categoría, sino que se trata de un atentado terrorista cometido por una organización extranjera. No es enfrentamiento civil entre ciudadanos y residentes norteamericanos, sino una agresión exterior.

Resumen de asesinatos políticos en Estados Unidos (2000-2025)

El balance de un cuarto de siglo no admite interpretaciones creativas: 7 de cada 10 asesinatos políticos llevan la firma de la extrema derecha. En este periodo también se registraron dos intentos de magnicidio contra Donald Trump: el primero, el 13 de julio de 2024, a manos de Thomas Matthew Crooks; y el segundo, el 15 de septiembre de 2024, por Ryan Wesley Routh. Ambos episodios, aunque no resultaron letales, forman parte del mismo patrón de violencia política en EEUU extrema.

España también tiene su espejo en el callejón del gato

Lo inquietante no es sólo lo que ocurre en Estados Unidos, sino cómo se traslada a España, convenientemente reflejado en los espejos deformantes del Callejón del gato. Vox lleva años importando sin complejos el discurso trumpista de la izquierda violenta, y en el PP cada vez hay más voces que lo repiten como si fuese verdad revelada. Se trata de copiar el marco narrativo del trumpismo, aunque los datos lo contradigan, porque como todo el mundo sabe, para quienes no dudan en sembrar las dudas sobre las vacunas o dan credibilidad a todo tipo de conspiraciones y bulos, la verdad no importa.

Pero importa, porque el riesgo es importante: convertir la política española en una triste caricatura de la estadounidense, con enemigos internos inventados y crispación como estrategia electoral. Importamos series de Netflix, hamburguesas XXL y ahora también mentiras empaquetadas en cómodos kits de usar y tirar. Y sin aranceles.

En España los datos son más modestos, pero el patrón es inquietantemente similar: la violencia política en EEUU no es simétrica, y casi siempre golpea a los mismos colectivos. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 1.955 delitos e incidentes de odio, de los cuales 804 fueron por racismo o xenofobia y 528 por orientación sexual o identidad de género. Es decir: más de una cuarta parte de todos los casos tenían como blanco a personas LGTBI+. Los informes de FELGTBI+ añaden que las agresiones físicas o verbales contra este colectivo se duplicaron en un año, pasando del 7% al 16,3% de la población LGTBI+. No son cifras abstractas: en 2025 un banco LGTBI+ fue atacado en Lanzarote con una esvástica y la pintada “viva Vox”; en Gandia una exposición LGTBI+ apareció vandalizada con símbolos nazis e insultos homófobos; y en Navarra la Fiscalía investiga al alcalde de Valtierra por expresiones de odio contra migrantes. No hacen falta rifles de asalto ni titulares internacionales para ver cómo el mismo discurso tóxico produce violencia aquí y ahora. ¿Le permitiremos escalar?

Hablar de violencia política en España entre 2000 y 2025 sin mencionar a ETA sería un ejercicio de mala fe: la banda terrorista asesinó a más de 60 personas en la primera década del siglo, hasta su cese definitivo en 2011. Esa violencia fue letal, sistemática y dejó una herida que aún supura en nuestra memoria colectiva. Pero 2011 marca una ruptura en la tendencia. Desde entonces, la violencia etarra ha desaparecido, aunque permanecen ciertas expresiones del mundo abertzale que siguen generando dolor: los ongi etorri y homenajes públicos a etarras excarcelados, los cánticos de exaltación en manifestaciones o pintadas que glorifican la violencia. No matan, pero hieren: son formas de violencia simbólica que humillan a las víctimas y envenenan el clima social.

Conviene recordar que también hemos tenido episodios de violencia política letal fuera de ETA, aunque aislados: el asesinato de Carlos Palomino en 2007, apuñalado en el Metro de Madrid por un neonazi, sigue siendo el caso más brutal de violencia de ultraderecha en España en este siglo. Una excepción que confirma la regla: aquí la violencia política no ha alcanzado ni de lejos los niveles de Estados Unidos, pero existe, y cuando ocurre, mata.

El contraste es claro: el terrorismo armado de ETA quedó atrás y la violencia política en España es mucho menos letal. Nuestra sociedad es menos violenta, el acceso a armas de fuego está limitado y eso marca la diferencia. Pero el riesgo no es que copiemos la misma espiral de sangre, sino que adoptemos la misma espiral de mentiras. Vox lo hace sin complejos y en el PP cada vez son más los que recitan el guion trumpista como si fuese dogma. Y ahí está el verdadero peligro: que la política española se degrade hasta convertirse en una mala copia de la estadounidense, crispada, polarizada y tóxica.

Cierre de cuentas

Veinticinco años de datos no admiten discusión: la violencia política en EEUU tiene una firma clara, la de la extrema derecha. Fingir lo contrario no es un error inocente, es una mentira deliberada. Y como toda mentira repetida, mata dos veces: primero a las víctimas, después a la verdad.

¿Y del “genocidio blanco” qué sabemos? Nada. Ni un dato lo respalda, ni una estadística lo confirma. Lo que sí sabemos es que, mientras los supremacistas fabulan con su extinción imaginaria, afroamericanos, latinos, asiáticos, nativos, mujeres y personas LGTBI+ siguen enterrando a sus muertos. Y esa es la paradoja obscena: inventarse un genocidio para justificar los asesinatos reales que uno mismo comete.

Los números son tercos.

NOTA FINAL: ¿De dónde proceden todos estos datos?

He trabajado a partir de informes del FBI, el CSIS y la ADL, recopilados mediante búsquedas abiertas y apoyándome en herramientas de inteligencia artificial para localizar, ordenar y clasificar la información. El articulo no está escrito por ninguna IA, pero sí las he usado como un “un motor de búsqueda asistido por IA”. No he pasado semanas en archivos físicos, pero tampoco me limité a titulares: todo lo que aquí se expone está respaldado por fuentes verificables. El resultado es claro: veinticinco años de registros desmienten la narrativa de la “izquierda violenta”.

MAS INFORMACIÓN

Para quien quiera visitar la trinchera de los datos: a continuación dejo las fuentes primarias y bases de datos usadas a lo largo del artículo. Aunque no es fuente primaria, también he añadido algunos artículos interesantes de la Wikipedia, que a su vez, tienen enlaces a fuentes primarias. Todos estos recursos están agrupados por temas (extremismo doméstico, antisemitismo, islamofobia, LGTBI+, análisis étnico, antifeminismo y cifras generales de homicidios). Algunas cubren varios ámbitos, pero las mantengo en el bloque donde son más relevantes.

1) Asesinatos políticos generales y extremismo doméstico

• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2023
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2022
• https://www.csis.org/analysis/escalating-terrorism-problem-united-states
• https://www.csis.org/analysis/rising-threat-anti-government-domestic-terrorism-what-data-tells-us
• https://www.csis.org/analysis/global-terrorism-threat-assessment-2025
• https://www.csis.org/analysis/pushed-extremes-domestic-terrorism-amid-polarization-and-protest
• https://www.csis.org/analysis/evolution-domestic-terrorism
• https://www.cato.org/policy-analysis/terrorism-immigration
• https://www.cato.org/publications/policy-analysis/terrorists-immigration-status-nationality-risk-analysis-1975-2017
• https://www.start.umd.edu/data-tools/GTD
• https://www.start.umd.edu/publication/introducing-global-terrorism-databasecrim
• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_antisemitic_incidents_in_the_United_States
• https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Antisemitic_attacks_and_incidents_in_the_United_States
• https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_antisemitism_in_the_21st_century

2) Asesinatos motivados por antisemitismo

• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2022
• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr/hate-crime
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics
• https://www.justice.gov/crs/news/2023-hate-crime-statistics

3) Violencia por y contra musulmanes (islamofobia y extremismo islamista doméstico)

• https://www.cair.com/islamophobia_blog
• https://www.cair.com/press_releases/cairs-civil-rights-report-shows-islamophobia-complaints-at-all-time-high-viewpoint-discrimination-key-factor/
• https://www.cair.com/press_releases/new-cair-data-shows-anti-muslim-anti-palestinian-hate-remain-elevated-in-first-half-of-2024/
• https://islamophobia.org/civil-rights-reports/2024-civil-rights-report-fatal-the-resurgence-of-anti-muslim-hate/
• https://kurzman.unc.edu/muslim-american-terrorism/annual-report/
• https://sanford.duke.edu/story/new-report-muslim-american-terrorism-cases-remain-low-2019/
• https://scholars.duke.edu/individual/pub1294589
• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr/hate-crime
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics

4) Violencia contra las mujeres

• https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-movimiento-incel-la-peligrosa-radicalizacion-digital-que-fomenta-el-odio-hacia-las-mujeres/
• https://www.internationaliststandpoint.org/la-misoginia-de-los-incels-de-internet-a-la-violencia-en-la-vida-real/
• https://ccpulse.org/2024/04/12/a-medida-que-aumenta-el-odio-a-las-mujeres-tambien-aumentan-los-asesinatos-en-masa/
• https://www.nbcnews.com/news/us-news/ohio-incel-plotted-kill-women-college-sentenced-6-years-prison-rcna141473

5) Violencia contra la comunidad LGTBI+ por motivaciones políticas

• https://www.hrc.org/resources/fatal-violence-against-the-transgender-and-gender-expansive-community-in-2024
• https://www.hrc.org/resources/an-epidemic-of-violence-fatal-violence-against-transgender-and-gender-non-conforming-people-in-the-united-states-in-2020
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://everytownresearch.org/report/anti-lgbtq-violence-in-america/
• https://glaad.org/reference/anti-trans-violence/
• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr/hate-crime
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics

6) Análisis étnico de las víctimas (desgloses y tendencias)

• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics
• https://cde.ucr.cjis.gov/
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://www.csis.org/analysis/escalating-terrorism-problem-united-states
• https://www.splcenter.org/hatewatch

7) Homicidios totales y datos generales de crimen

• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr
• https://cde.ucr.cjis.gov/
• https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-releases-2024-reported-crimes-in-the-nation-statistics
• https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/topic-pages/expanded-homicide

8) Delitos de odio en España

• https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/INFORME_Evolucion_delitos_de_odio_2024.pdf
• https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/paginas/2025/180725-informe-delitos-odio.aspx
• https://felgtbi.org/wp-content/uploads/2024/08/Informe-DDOO_24.pdf
• https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Carlos_Palomino
• https://www.elespanol.com/reportajes/20181116/asesino-neonazi-carlos-palomino-josue-derecho-alfareria/352744736_3.html
• https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-05-20/no-a-la-degeneracion-del-pueblo-vandalizan-con-pintadas-nazis-una-exposicion-lgtbi-en-gandia.html
• https://cadenaser.com/canarias/2025/09/09/atacan-un-banco-lgtbi-en-lanzarote-con-una-esvastica-y-la-frase-viva-vox-ser-lanzarote
• https://cadenaser.com/navarra/2025/09/10/el-gobierno-de-navarra-deriva-a-la-fiscalia-las-declaraciones-del-alcalde-de-valtierra-por-presunto-delito-de-odio-radio-pamplona

Translation into English by ChatGPT

It is not surprising, then, to hear the emotional address of the governor of Utah, who—with tears in his eyes—implored that God (the same God Americans trust from their one-dollar bills) would grant him the wish that the murderer was not “one of their own,” but an outsider. But that cruel God, in whom they trust, did not grant it. The alleged murderer, Tyler Robinson, was not African American, not Muslim, not Latino. He was white, Anglo-Saxon, and Protestant. He was “one of ours.”

And despite this, even before the police had practically started the report, President Trump had already passed sentence: the left kills, the left inflames, the left is guilty, and they must be beaten. Not a minute of doubt, not a shred of shame, because the truth does not matter.

And, as so often happens with bad ideas, the import into our troubled country was immediate. Vox has not missed the chance to repeat the script, and the PP are hardly far behind, convinced—some and many of the others—in their delirious competition to see who can say the biggest nonsense, that they have found a shortcut: if it works in Arizona, why not in Albacete? The Trumpist discourse is toxic, entering Spain through the right and without tariffs. But in Albacete they can read.

The truth—what they do not care about, in this case—is very easy to know, because it is expressed in numbers, and numbers, if you are not a flat-earther or an anti-vaxxer, are stubborn. Twenty-five years of records show, with an inconvenient clarity that is hard to deny, that political violence in the USA not only does not originate on the left, but is not even distributed evenly.

It has an overwhelming bias, a recognizable signature, and, if anyone is still surprised, a very marked gender perspective. And this is where the Trumpist narrative reveals itself for what it is: a bad magician’s trick.

Figures that do not match the narrative

We define political murders as those related to domestic political extremism, excluding personal motives or international terrorism such as 9/11. The goal is to analyze violence among Americans, not violence carried out by foreigners against American citizens. By this criterion, between the year 2000 and September 2025 around 450 murders in the United States were recorded with political, racial, or religious motivations.

That may seem impressive at first glance, but it represents just a tiny fraction (about 0.1%) of the total homicides in that period, between 430,000 and 550,000 according to the sources consulted: FBI, ADL (Anti-Defamation League), CSIS (Center for Strategic and International Studies)… In any case, it is a figure that shows that the United States is an extremely violent society.

But let us set aside the 99.9 percent of murders committed in “the greatest and oldest democracy in the world,” and focus on the remaining 0.1 percent, more than four hundred politically motivated murders.

The number of people killed (about 450) in 25 years for political motivations is shocking and horrifying, but let us not stop at the absolute number—let us look at the distribution: let us analyze the perpetrators and their orientations and motivations. And here, arithmetic, which is one of the languages in which truth expresses itself, destroys the right’s narrative.

According to ADL and CSIS, by orders of magnitude, between 65 and 70 percent of those several hundred murders were the work of right-wing extremists: white supremacists, neo-Nazis, anti-government militias, and conspiracy theorists of all kinds. Left-wing extremists barely reach between 10 and 15 percent. Domestic Islamist extremism—an important nuance here of domestic—accounts for around 15 to 20 percent.

The rest are mixed cases or without a clear ideological profile.

It is worth emphasizing that the figures may vary depending on the archive and classification criteria. ADL, CSIS, or even the FBI do not always count the same things or in the same ways, hence the ranges (65-70%, 10-15%…) instead of fixed figures. But this margin of error does not alter the overall picture: the pattern is clear and the conclusions do not depend on decimal accuracy.

The right as an almost exclusive protagonist

From Charleston in 2015 to Buffalo in 2022, the sequence is not an isolated accident but part of a constant that has lasted twenty-five years, a quarter of a century.

The list of massacres demonstrates this without adornment: the Charleston massacre in 2015, with nine African American churchgoers murdered by Dylann Roof, a white supremacist whose arrest even involved members of his own family; the attack on the Tree of Life synagogue in Pittsburgh in 2018, which left eleven people dead at the hands of Robert Bowers, an anti-Semitic extremist who denied the Holocaust and was convinced that a white genocide was underway; the shooting in El Paso in 2019, which left twenty-three people dead, mostly Latinos, by a white supremacist named Patrick Wood Crusius; or the murder of ten African Americans in a supermarket in Buffalo in 2022 by a right-wing radical who livestreamed the killings via Twitch, wearing a military helmet. These are some of the most representative cases, always with the same pattern: a radicalized white man, a semi-automatic rifle, and racial or religious hatred turned into a political pretext.

The left also appears in the chronicles, but almost as a footnote. Aaron Danielson, a Patriot Prayer sympathizer, was killed in 2020 in Portland by a self-declared antifascist. In 2025, an antifa group attacked an ICE facility in Texas, leaving several people severely injured, including a police officer hit in the neck. These are serious episodes, certainly, and no less condemnable than the others, but so minor in the statistics that they barely alter the chart.

Violence is not politically symmetrical: the balance is clearly tilted toward the right. Pretending otherwise is not an innocent error, it is a deliberate manipulation, it is hiding the truth, it is complicity with the criminals. It is, ultimately, to have one’s hands somewhat stained with blood.

Gender perspective: who kills and who dies

The gender pattern is overwhelming: 94% of political killers in the U.S. are men. The victims, by contrast, are more evenly distributed: about 55–60% are men and about 40–45% are women (with around 1% unknown or nonbinary). To repeat, to make it clear: 94% of the killers are men; 40–45% of the victims are women.

The conclusion is unavoidable: the same virtual spaces where supremacism and xenophobia incubate are also breeding grounds for misogyny, because many of the murders whose victims are women were hatched in sinister incel forums or in anti-feminist groups, where hatred of women blends thickly with other extremist ideologies.

A methodological clarification is necessary: we classify incels and misogynistic extremists within the far right because they share spaces, narratives, and networks with white supremacists and reactionary anti-feminism. Radical Islamist extremism, however, is analyzed separately because it responds to a different religious matrix, with its own dynamics and international connections that do not overlap with the Western far-right ecosystem.

Violence against the LGBTQ+ community: restoring morality

Among political murders in the United States, violence specifically targeted at the LGBTQ+ community occupies a particularly sinister place. We are not talking about all crimes in which the victim happened to be gay, lesbian, or trans by chance (there are many more), but those where the motive was precisely their identity or sexual orientation. That is to say: ideological murders driven by homophobia, transphobia, or the religious and political obsession with “defending morality.”

It was not an isolated fact. In 2019 in South Carolina, Dime Doe, a transgender woman, was murdered solely for her identity; the case resulted in the first federal conviction in the U.S. for an anti-trans hate crime. In 2021 in Georgia, Sophie Vasquez, also trans, was murdered by an individual who tried to justify the crime with the so-called “trans panic defense,” ultimately rejected by the court. In 2024 in Alabama, the trans teenager Cameron Thompson was murdered after months of harassment fueled by hateful speeches circulating on social media.

A complex exception

The Orlando 2016 case deserves separate mention: Omar Mateen, a U.S. citizen born in New York, murdered 49 people in the Pulse nightclub. Although ISIS claimed responsibility, the motives were hybrid—a mixture of internalized homophobia, online radicalization and psychological imbalances—and that is why different organizations classify it differently.

In this analysis we have excluded it from the central statistics for being considered an internationally claimed terrorism by ISIS, but its symbolic weight in violence against the LGBTQ+ community is undeniable.

In summary: political murders in the U.S. (2000-2025)

The balance of a quarter century leaves no room for creative interpretation: 7 out of 10 political murders bear the signature of the far right. In this period there were also two assassination attempts against Donald Trump: the first on July 13, 2024, by Thomas Matthew Crooks; and the second on September 15, 2024, by Ryan Wesley Routh. Both incidents, though not lethal, are part of the same pattern of extreme political violence in the USA.

Spain also has a mirror in El Callejón del Gato

What is unsettling is not only what happens in the United States, but how it is transplanted to Spain, conveniently reflected in the distorted mirrors of El Callejón del Gato. Vox has for years been freely importing the Trumpist discourse of the “violent left,” and in the PP there are more and more voices repeating it as if it were revealed truth.

It is about copying the Trumpist narrative frame, even though data contradicts it, because as everyone knows, for those who do not hesitate to sow doubt about vaccines or give credence to all kinds of conspiracies and hoaxes, truth does not matter.

But it does matter, because the risk is large: turning Spanish politics into a sad caricature of the American one, with invented internal enemies and the escalation of polarization as an electoral strategy. We import Netflix series, XXL hamburgers and now also lies packaged in convenient disposable kits. And without tariffs.

In Spain the numbers are more modest, but the pattern is disturbingly similar: political violence in the USA is not symmetrical, and it almost always hits the same groups. According to the Interior Ministry, in 2024 there were 1,955 hate crimes and incidents registered, of which 804 were for racism or xenophobia and 528 for sexual orientation or gender identity. That is: more than a quarter of all cases targeted LGBTQ+ persons.

Reports from FELGTBI+ add that physical or verbal aggressions against this community doubled in one year, going from 7% to 16.3% of the LGBTQ+ population. These are not abstract figures: in 2025 an LGBTQ+ bank was attacked in Lanzarote with a swastika and the phrase “Long live Vox”; in Gandia an LGBTQ+ exhibition was vandalized with Nazi symbols and homophobic insults; and in Navarra the Prosecutor is investigating the mayor of Valtierra for hate speech against migrants.

You do not need assault rifles or international headlines to see how the same toxic discourse produces violence here and now. Will we allow it to escalate?

Talking about political violence in Spain between 2000 and 2025 without mentioning ETA would be an exercise in bad faith: the terrorist group murdered more than 60 people in the first decade of the century, until its definitive end in 2011. That violence was lethal, systematic and left a wound that still festers in our collective memory. But 2011 marks a rupture in the trend.

Since then, ETA’s violence has disappeared, though certain expressions of the abertzale world continue to generate pain: the ongietorri and public tributes to released ETA members, chants glorifying violence in demonstrations or graffiti that praise violence. They do not kill, but they wound: they are forms of symbolic violence that humiliate the victims and poison the social climate.

The contrast is clear: ETA’s armed terrorism is a thing of the past and political violence in Spain is much less lethal. Our society is less violent, access to firearms is limited—and that makes a big difference. But the risk is not that we replicate the same spiral of blood—it is adopting the same spiral of lies. Vox does it without shame and in the PP there are more voices reciting the Trumpist script as if it were dogma.

Closing accounts

Twenty-five years of data do not allow for discussion: political violence in the USA has a clear signature, that of the far right. Pretending otherwise is not an innocent mistake—it is a deliberate lie. And like every lie repeated, it kills twice: first the victims, then the truth.

What do we know about the “white genocide”? Nothing. Not a single piece of data supports it, no statistic confirms it. What we do know is that while supremacists fantasize about their imaginary extinction, Black people, Latinos, Asians, Native Americans, women and LGBTQ+ people keep burying their dead. And that is the obscene paradox: inventing a genocide to justify the real murders one commits.

Numbers are stubborn.

Final note: where all these data come from

I have worked based on reports from the FBI, CSIS and ADL, gathered through open searches and with the help of artificial intelligence tools to locate, organize, and classify the information. This article was not written by any AI, but I did use them as a “search engine assisted by AI.” I have not spent weeks in physical archives, but neither did I limit myself to headlines: everything presented here is backed by verifiable sources.

The result is clear: twenty-five years of records refute the narrative of the “violent left.”

1) Political murders in general and domestic extremism

• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2023
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2022
• https://www.csis.org/analysis/escalating-terrorism-problem-united-states
• https://www.csis.org/analysis/rising-threat-anti-government-domestic-terrorism-what-data-tells-us
• https://www.csis.org/analysis/global-terrorism-threat-assessment-2025
• https://www.csis.org/analysis/pushed-extremes-domestic-terrorism-amid-polarization-and-protest
• https://www.csis.org/analysis/evolution-domestic-terrorism
• https://www.cato.org/policy-analysis/terrorism-immigration
• https://www.cato.org/publications/policy-analysis/terrorists-immigration-status-nationality-risk-analysis-1975-2017
• https://www.start.umd.edu/data-tools/GTD
• https://www.start.umd.edu/publication/introducing-global-terrorism-databasecrim
• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_antisemitic_incidents_in_the_United_States
• https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Antisemitic_attacks_and_incidents_in_the_United_States
• https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_antisemitism_in_the_21st_century

2) Murders motivated by antisemitism

• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2022
• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr/hate-crime
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics
• https://www.justice.gov/crs/news/2023-hate-crime-statistics

3) Violence by and against Muslims (Islamophobia and domestic Islamist extremism)

• https://www.cair.com/islamophobia_blog
• https://www.cair.com/press_releases/cairs-civil-rights-report-shows-islamophobia-complaints-at-all-time-high-viewpoint-discrimination-key-factor/
• https://www.cair.com/press_releases/new-cair-data-shows-anti-muslim-anti-palestinian-hate-remain-elevated-in-first-half-of-2024/
• https://islamophobia.org/civil-rights-reports/2024-civil-rights-report-fatal-the-resurgence-of-anti-muslim-hate/
• https://kurzman.unc.edu/muslim-american-terrorism/annual-report/
• https://sanford.duke.edu/story/new-report-muslim-american-terrorism-cases-remain-low-2019/
• https://scholars.duke.edu/individual/pub1294589
• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr/hate-crime
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics

4) Violence against women

• https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-movimiento-incel-la-peligrosa-radicalizacion-digital-que-fomenta-el-odio-hacia-las-mujeres/
• https://www.internationaliststandpoint.org/la-misoginia-de-los-incels-de-internet-a-la-violencia-en-la-vida-real/
• https://ccpulse.org/2024/04/12/a-medida-que-aumenta-el-odio-a-las-mujeres-tambien-aumentan-los-asesinatos-en-masa/
• https://www.nbcnews.com/news/us-news/ohio-incel-plotted-kill-women-college-sentenced-6-years-prison-rcna141473

5) Politically motivated violence against the LGBTQ+ community

• https://www.hrc.org/resources/fatal-violence-against-the-transgender-and-gender-expansive-community-in-2024
• https://www.hrc.org/resources/an-epidemic-of-violence-fatal-violence-against-transgender-and-gender-non-conforming-people-in-the-united-states-in-2020
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://everytownresearch.org/report/anti-lgbtq-violence-in-america/
• https://glaad.org/reference/anti-trans-violence/
• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr/hate-crime
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics

6) Ethnic analysis of the victims (breakdowns and trends)

• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr
• https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crime-statistics
• https://cde.ucr.cjis.gov/
• https://www.adl.org/resources/report/murder-and-extremism-united-states-2024
• https://www.csis.org/analysis/escalating-terrorism-problem-united-states
• https://www.splcenter.org/hatewatch

7) Total homicides and general crime data

• https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/ucr
• https://cde.ucr.cjis.gov/
• https://www.fbi.gov/news/press-releases/fbi-releases-2024-reported-crimes-in-the-nation-statistics
• https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2019/crime-in-the-u.s.-2019/topic-pages/expanded-homicide

8) Hate crimes in Spain

• https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2024/INFORME_Evolucion_delitos_de_odio_2024.pdf
• https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/paginas/2025/180725-informe-delitos-odio.aspx
• https://felgtbi.org/wp-content/uploads/2024/08/Informe-DDOO_24.pdf
• https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Carlos_Palomino
• https://www.elespanol.com/reportajes/20181116/asesino-neonazi-carlos-palomino-josue-derecho-alfareria/352744736_3.html
• https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2025-05-20/no-a-la-degeneracion-del-pueblo-vandalizan-con-pintadas-nazis-una-exposicion-lgtbi-en-gandia.html
• https://cadenaser.com/canarias/2025/09/09/atacan-un-banco-lgtbi-en-lanzarote-con-una-esvastica-y-la-frase-viva-vox-ser-lanzarote
• https://cadenaser.com/navarra/2025/09/10/el-gobierno-de-navarra-deriva-a-la-fiscalia-las-declaraciones-del-alcalde-de-valtierra-por-presunto-delito-de-odio-radio-pamplona