ABOGADOS en MAR DEL PLATA ESTUDIO JURIDICO DIGNANI

Las Compañías de Medicina Prepaga Deberán Fijar el Pecio de la Cuota para Mayores de 65 años

2012-05-28T14:43:00.000-03:00

Las Compañías de Medicina Prepaga Deberán Fijar el Pecio de la Cuota para Mayores de 65 años

A través de la resolución 419 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, se fijó la obligación de las empresas de medicina privada a presentar el valor de las cuotas de los planes para los mayores de 65 años que se quieran afiliar.

En tal sentido, el Gobierno le otorgó un plazo de 15 días a las prepagas para realizar la acción ante la Superintendencia y, además, se intimará a las compañías que recibieron solicitudes de adhesión de personas mayores de 65 años a admitirlas de forma inmediata.

Cabe señalar que una vez que se autoricen los valores fijados, los mismos regirán para aquellos usuarios que ingresen al sistema y superen el tope de edad estipulado por la nueva normativa. Además, se deberá presentar el caso a la Superintendencia “dentro de las 48 horas producidas la admisión” luego de haber fijado el valor de la cuota respectiva.

Por otro lado, se aclaró que las prepagas deberán tener planes de salud de idénticas características en cada una de las diversas franjas etarias que se establezcan. Asimismo, el precio entre la primera franja de edad y la última no podrá superar las tres veces.

Es necesario recordar que la ley sancionada por el Congreso estableció que la cuota abonada por aquellos afiliados de 65 años o más con una antigüedad igual o superior a los 10 años en la prepaga no podrá experimentar un incremento por razones de edad.
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Llevar a cabo una vida conyugal después de una separación puede conllevar ciertos problemas

2012-05-16T10:52:00.000-03:00

La Justicia determinó en un caso que una ampliación de las causales de divorcio admitidas en una primera instancia "es innecesaria" frente al hecho de que los ex esposos ya habían formado nuevamente un matrimonio.

Llevar a cabo una vida conyugal después de una separación puede conllevar ciertos problemas. Sobre todo cuando el proceso de divorcio sigue abierto. Pero en los autos “M. M. L. c/ L. J. H. s/ divorcio”, los magistrados consideraron que no había motivos para ampliar las causales que habían sido precisadas en una primera instancia.

Es que los jueces de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por Carlos Carranza Casares, Beatriz Areán y Carlos Bellucci, entendieron que el hecho de que los ex esposos hayan constituido un nuevo matrimonio hacía innecesaria la ampliación.

Pero todo surgió en torno a la apelación de la actora, quien cuestionó que en la sentencia anterior no se hubiera dado por probado el adulterio de su ex pareja.

Por eso los camaristas recordaron, en primer lugar, que “resulta sumamente difícil, sino imposible, determinar cuál de los cónyuges es el responsable de la frustración del proyecto matrimonial que se concreta en unas causales legales de divorcio cuya demostración solo suele constituir alguno de los síntomas visibles del deterioro matrimonial”.

“El conflicto conyugal no es un problema de uno de los cónyuges y suele ser una reacción a la conducta del otro. Esta naturaleza circular de la interacción hace extremadamente difícil establecer quién es el responsable del fracaso matrimonial. Las causales de divorcio constituyen el antecedente necesario de la sentencia, pero suelen quedar en la penumbra todas las concausas que contribuyeron a dicho resultado.”

No hay una causalidad adecuada entre el hecho del autor y el daño, “pues intervienen distintos factores ya sean propios de los cónyuges o del entorno familiar o social, a lo que se ha agregado que no se trata de eliminar la responsabilidad individual, sino de que en la interacción íntima conyugal existe la dificultad o imposibilidad de determinar cuál es la real responsabilidad que cupo a cada uno de los esposos en el desencadenamiento de los hechos por los cuales se ha declarado el divorcio o la separación personal”.

Los camaristas alegaron que “la experiencia enseña que los finales ruinosos de la vida conyugal no solo no se deben a una sola de las partes, sino que las afecciones resultan mutuas. No existe el caso de aquel que alegremente incurre en adulterio o en ofensas; ello siempre se da en medio de un espectro de zonas grises donde los destinos e infidelidades rodean más la confusión de lo trágico que modos apolíneos, generadores de respuestas jurídicas”.

Al margen de esa cuestión, la apelante quiso que se considere, también como injuria grave, lo que calificó como “maniobras graves destinadas a burlar sus derechos gananciales”. Los magistrados precisaron en este respecto que no correspondía el tratamiento debido a que las “injurias graves cometidas por el marido ya han sido juzgadas sin que existan agravios sobre tal decisión”.

Asimismo, agregaron que “cuando la sentencia de primera instancia consagra la culpa de alguno de los consortes, al admitir una de las causales invocada por el otro, la pretensión de este queda satisfecha, aunque no se hubieran acogido la totalidad de las causas alegadas”.

En lo que hace al fundamento principal del fallo, consignaron que “la justificación de uno solo de los motivos legales de divorcio y el emplazamiento consiguiente de los esposos en un nuevo estado matrimonial -con los efectos propios de la atribución de culpas al responsable, sea uno o los dos- hace innecesaria la ampliación o reducción de las causales admitidas en la sentencia respectiva”.

“Lo que se pide es el divorcio y lo que a la justicia interesa es que se lo decrete por una causa que haya merecido recepción en la ley, ya que es inconducente la ampliación de la enunciación de las causales legales que dan motivo al divorcio cuando queda incólume la sentencia que, satisfaciendo la pretensión del apelante, hizo lugar al divorcio y no se aducen efectos jurídicos que dependan exclusivamente de las causales desechadas, ya que en tal caso no media interés jurídico en añadir un nuevo motivo a los admitidos.”

Fuente: diariojudicial.com

Nuevo Sistema de Mediación Obligatoria en Juzgados Bonaerenses

2012-05-15T11:40:00.000-03:00

Este lunes se implementó oficialmente la mediación prejudicial obligatoria en materia Civil y Comercial. También entrarán en vigencia el protocolo de la Corte sobre al sorteo para definir a los encargados de las mediaciones.

La medida era reclamada desde algunos sectores de la administración de la Justicia que se quejaban constantemente del asedio de causas y expedientes que, en muchas oportunidades, amenazaron con colapsar el servicio. Por otra parte, hubo resistencia desde otros lugares, aunque, para bien o para mal, es definitivo: la provincia de Buenos Aires cuenta con la mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial.

Este lunes por la mañana, el gobernador Daniel Scioli anunció la medida en un acto en la ciudad de La Plata. También entrarán en vigencia las disposiciones estipuladas por la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) con respecto a la selección de los profesionales que llevarán adelante la iniciativa, a la vez que se establecieron las responsabilidades en torno al sistema.

Entre las cuestiones iniciales, la medida dispone que será el mediador el que fije la fecha de la audiencia dentro del plazo de los cinco días a partir de la notificación. Asimismo, no podrán pasar más de 45 días desde la designación del letrado para que se lleve a cabo el encuentro entre las partes para comparecer.

En este orden, también es dable destacar que el plazo para que se lleve a cabo todo el acto es de 60 días, teniendo la posibilidad de que, a través de un acuerdo de los involucrados, se agregue una prórroga de 15 días.

Por su parte, la SCBA se acopló a la iniciativa a través del acuerdo 3585/12, en el que se estipula la reglamentación para la selección de mediadores. El máximo tribunal respondió de esta forma en el orden del Poder Judicial, a la vez que estableció que “resulta necesario reglamentar la intervención de las Receptorías de Expedientes, estableciendo pautas para la tramitación de las mediaciones previas obligatorias y optativas”.

En la medida quedarán exentas "las causas penales sometidas a mediación voluntaria de acuerdo a la Ley 13.433; acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria potestad, alimentos, guardas y adopciones; procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación".

En este respecto, también serán excepciones los procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación; los procesos en los que en alguna de las partes estén involucrados el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados; los juicios sucesorios y voluntarios; los amparos; los hábeas corpus; los concursos preventivos y quiebras y, por último, las causas tramitadas ante tribunales laborales y juzgados de paz.

Fuente: diariojudicial.com

Despido De Una Empleada De Un Negocio De Ropa Pues Consideró Que La Empleadora Fue Quien Le Puso Fin Al Vínculo Laboral Sin Motivos

2012-04-27T12:21:00.000-03:00

La Justicia admitió la acción por despido de una empleada de un negocio de ropa pues consideró que la empleadora fue quien le puso fin al vínculo laboral sin motivos. La demandada invocó la renuncia verbal de la actora, pero la Cámara aceptó el planteo pues es un “requisito formal que ésta sea realizada de manera expresa, por escrito”.

La Cámara del Trabajo de San Rafael, provincia de Mendoza, admitió la demanda por despido incausado de una trabajadora que prestaba servicios en una tienda de ropa, pese al intento de la empleadora de eximirse de responder alegando la existencia de una renuncia verbal de la dependiente. La indemnización fue de poco más de 12.000 pesos.

La decisión la tomaron los magistrados Marcelo Chiarpotti, César Guiñazú y Jorge Panebianco, quienes indicaron que la pretensión de la empleadora “de considerar el vínculo extinguido por renuncia verbal del empleado” era improcedente, pues “la ley exige como requisito formal que ésta sea realizada de manera expresa, por escrito, mediante despacho postal o ante la autoridad administrativa”.

Tales circunstancias implican que “en la forma en que la empleadora hubo manifestado su voluntad extintiva, importó un verdadero despido incausado que faculta al ex obrero a reclamar las indemnizaciones correspondientes derivadas del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo”, puntualizaron los vocales del Tribunal de Apelaciones.

En el caso, una mujer que se desempeñaba como vendedora en un comercio de indumentaria, presentó una demanda por despido incausado contra su empleadora. La dependiente, sostuvo que fue desvinculada sin motivo alguno y reclamó una indemnización por tal motivo, además de otros rubros, como el pago de horas extras.

La empleadora, al turno de responder a la acción, reconoció la prestación de servicios de la actora, pero manifestó que la desvinculación fue producto de la renuncia verbal formulada por la trabajadora y no de una decisión de la patronal. También negó otras afirmaciones de la demandante, como la fecha de ingreso, las horas extras y la categorización reclamada.

En particular, con relación al tema de la renuncia verbal, la Cámara indicó que “amén de la carencia de efectos legales de la supuesta renuncia verbal”, este argumento no podía admitirse por el simple hecho de que “en ningún momento se produjo prueba por parte del interesado y obligado, en este caso la demandada, tendiente a acreditar la existencia de tal renuncia”.

Luego, los vocales provinciales señalaron que tampoco se podía admitir la existencia de “un supuesto abandono de trabajo”, pues para que proceda este argumento “debió haber existido un emplazamiento previo de la demandada a su empleado para que retome sus tareas bajo apercibimiento de extinguir la relación”.

Entre tanto, con relación a la prueba del vínculo, el Tribunal mendocino manifestó que “cuando el demandado reconoce la prestación del servicio, pero no exhibe los libros en los cuales tiene obligación de registrar los distintos aspectos de la relación laboral, se tiene por acreditada la existencia del contrato de trabajo”, ello es así, “en virtud de la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Sin embargo, el reclamo de horas extras de la trabajadora fue rechazado, pues la Justicia Laboral sostuvo que “no basta con la mera invocación de haber trabajado horas extras, sino que quien lo alega debe demostrar con razonable precisión su existencia”, y se exige mayor rigor en esa prueba “cuando el reclamo se introduce con posterioridad al distracto”.

En consecuencia, la Cámara del Trabajo de San Rafael hizo lugar a la demanda de la trabajadora en forma parcial –pues las horas extras reclamadas fueron rechazadas- y condenó a la empleadora al pago de una indemnización por despido incausado de poco más de 12.000 pesos.

Publicado por: diariojudicial.com

Rechazó de Una Acción De Amparo Que Pretendía Mantener El Sistema De Capitalización

2012-04-16T14:15:00.000-03:00

María Beiró de Goncalvez, procuradora fiscal ante la Corte Suprema, emitió un dictamen en el que rechazó una acción de amparo que pretendía mantener el sistema de capitalización instituido por la Ley 24.241 (derogado la Ley 26.425) y solicitó que se impida el traspaso a la ANSES de los fondos que integraban su cuenta individual de capitalización en una AFJP. El caso.

"Si bien es cierto que las cifras reclamadas se encontraban en una cuenta de capitalización individual con las características que el articulado referido por el actor le asignaba -esto es que no pertenecía a la administradora sino a sus afiliados y que podían ser trasmitidos hereditariamente, etcétera- también lo es que el objetivo principal de dicho mecanismo era cubrir las contingencias que pudiera sufrir el afiliado -vejez, muerte, incapacidad- como en cualquier otro régimen previsional."

Así se manifestó la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al emitir un dictamen en el que se acopló a la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Seguridad Social, en tanto rechazó una acción de amparo presentada en contra de la Ley 26.425 de re estatización de los fondos jubilatorios.

El recurrente en la causa, afiliado de la ya inexistente Arauca Bit, afirmó "que los fondos que se encontraban en su cuenta de capitalización e integraban su patrimonio, pasaron a poder del Estado Nacional lo que implica -continúa- una grosera y evidente violación al derecho de propiedad garantizado por la Carta Fundamental".

Agregó el accionante que "el artículo 82 de la Ley 24.241 establece que los fondos de las jubilaciones y pensiones pertenecía a los afiliados y que constituye un patrimonio independiente y distinto del de la AFJP. Destaca, además, que el artículo 54 de la citada norma regulaba la transmisión hereditaria de los fondos a los herederos declarados judicialmente, lo que implica -expresa- que los montos depositados en las cuentas de capitalización pertenecen a su titular pues nadie puede transmitir -dice- algo que no es de su propiedad".

La procuradora entendió que "el recurrente no demuestra que el cambio de régimen le haya producido un daño concreto, toda vez que la posibilidad de retiro al cumplir la edad requerida, sin la cantidad de años de aportes exigidos por el actual sistema de reparto que menciona, no dista de ser una mera posibilidad, desde que no surge de su escrito ningún elemento que permita concluir, indudablemente, que tal situación se concretaría".

En tanto, la funcionaria señaló que "se debe poner de resalto, además, que en materia de beneficios previsionales el derecho adquirido lo es a que se respete la situación del jubilado o retirado, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentación o a la inmovilidad legislativa".

"El quejoso no refuta adecuadamente los fundamentos expresados por el a-quo para basar su decisión, pues si bien realiza un esfuerzo argumental tendiente a demostrar que los fondos depositados en la cuenta de capitalización son de su patrimonio, nada dice en cuanto al basamento primordial en donde se apoya, fallo que critica, cuál es la naturaleza obligatoria de los aportes que conformaron los montos de su cuenta individual, que no se ve conmovido por los agravios aquí traídos, circunstancia que también obsta a la procedencia del remedio procesal intentado y obstaculiza, el éxito de su petición."

"Los montos cuya propiedad se reclaman se depositaban a partir de una manda legal y en virtud del cumplimiento de un sistema de seguridad social, que si bien no respondía a los parámetros habituales con los que fueron concebidos históricamente en el país, no podía escapar a dicho rótulo, pues, como los demás, fueron ideados por el legislador actuando la obligación que le imponía el artículo 14 bis de la Carta Fundamental", precisó finalmente Beiró de Goncalvez.

Publicado por: diariojudicial.com.ar

Nuevo Código Civil: divorcio "exprés" y adopción simple

2012-03-24T23:45:00.000-03:00

Cristina presentará el nuevo Código Civil: divorcio "exprés" y adopción simple

Una comisión especial encabezada por Ricardo Lorenzetti terminó el proyecto de ley que la Presidente hará público el próximo martes. La voluntad de un integrante de la pareja bastará para separarse, se podrán hacer contratos prenupciales y se legislará sobre alquiler de vientre. Lo debatirá el Congreso

Cristina presentará el nuevo Código Civil: divorcio "exprés" y adopción simple

El martes hay cita obligada con Cristina Kirchner para legisladores, académicos y jueces. La Presidente oficializará el proyecto de ley para reformar y actualizar el Código Civil, que será unificado con el de Comercio luego de un trabajo llevado adelante por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; la ministro Elena Highton de Nolasco y la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci.

El Código Civil y el Comercial son ordenamientos jurídicos que están presentes en la vida cotidiana cuando se habla, por ejemplo, de contratos, matrimonios y propiedad privada, entre otros institutos. Por el Decreto 191/2011, Kirchner creó la comisión para la elaboración del proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

Cambios y agregados que estarán en el proyecto de ley:

Divorcio "exprés": con la reforma al código, se simplifica. Alcanzará la “voluntad” de uno solo de los cónyuges sin necesidad de expresar mutuo acuerdo a la hora de la separación.

Cualquiera de los miembros de la pareja podrá asistir al juez, manifestarle su deseo de divorcio llevando una propuesta de división de bienes gananciales, cuota alimentaria y régimen para cuidado de niños.

Si bien en la actualidad hay divorcios legislados que no requieren de un mutuo acuerdo, el interesado debe atravesar un compleo proceso judicial para probar la causal –objetiva o subjetiva– que alega.

Contratos prenupciales: emulando costumbres de otros países, una pareja que toma la decisión de casarse podrá firmar “convenciones prenupciales”, algo prohibido hoy en la Argentina. En la actualidad se considera bienes gananciales a dividir lo generado a partir de la unión. Eso podrá modificarse. Los casos de Susana Giménez o la modelo Carolina Ardohain fueron casos resonantes por el dinero que tuvieron que pagar a sus ex parejas tras la ruptura matrimonial.

Uniones de convivencia: se reconocerán las uniones de convivencia para salvaguardar el bienestar de una de las personas que integran la pareja por si surge la decisión de romper el vínculo por parte de alguna de ellas.

Sociedad y leasing: el proyecto ofrecerá la posibilidad de conformar sociedad de “un solo socio”, uno de los pedidos que le hizo a la comisión redactora la Presidente. Se incorpora la figura de leasing (alquiler con opción a compra) y factoring (instrumento para convertir en financiamiento líquido a créditos por cobrar).

Reproducción humana: la fertilización asistida estará incorporada en el Código Civil, ya que hoy sólo está bajo el código de ética médico. También la gestación por sustitución (conocida como alquiler de vientre) tendrá su legislación para aquellas mujeres que no pueden concebir y será bajo “control judicial”.

Adopción: el proyecto trabajará la idea de hacer más simple la adopción de niños con un sistema que puede ir desde “plena” hasta “mantener” vínculo biológico. El proceso para hacerse cargo de un niño es muy complejo y generó cientos de denuncias.

“Me siento un poco Napoleón”, había dicho la Presidente al hablar de las reformas al Código Civil, porque se trata “de un verdadero acto de codificación” similar al de Vélez Sarsfield, que se inspiró en Napoleón Bonaparte.

Publicado por: http://www.infobae.com

La Obligación Legal de Registrar la Relación Laboral Surge Desde el Inicio de la Relación Laboral

2012-03-20T11:25:00.000-03:00

Remarcan que la Obligación Legal de Registrar la Relación Laboral Surge Desde el Inicio de la Relación Laboral

Tras remarcar que la obligación legal de registración surge desde el inicio de la relación laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que resultó justificado el despido indirecto de los trabajadores puesto que, es inadmisible sostener que los coactores, a más de tres años cada uno de desempeñar tareas para la demandada, se negaron a facilitar información que permitiera determinar a la empleadora si los mismos calificaban para el puesto de trabajo que venían desempeñando.

En los autos caratulados “Jessenne Luciano Matias y otros c/ Alvite Alvite Manuela s/ despido”, la parte demandada apeló el pronunciamiento de la instancia de grado que había hecho lugar en lo principal a la acción interpuesta.

La recurrente consideró que la sentenciante de grado había hecho lugar a la demanda sobre la base de una errónea valoración de los elementos aportados a la causa.

Según la apelante, los coactores retacearon de manera sostenida y prolongada la información básica como para poder determinar si calificaban para el puesto de trabajo, a la vez que sostuvo que los actores habían sido intimados a asistir al lugar de trabajo, haciendo éstos caso omiso a la requisitoria oportunamente efectuada, configurándose así claramente como causa de despido, el abandono por parte de aquéllos al incumplir sus obligaciones.

Los magistrados que integran la Sala VIII consideraron que “es inadmisible sostener -como lo hace la recurrente- que los coactores, a más de tres años cada uno de desempeñar tareas para la demandada, se negaron a facilitar información que permitiera determinar a la empleadora si los mismos calificaban para el puesto de trabajo que venían desempeñando”.

En tal sentido, los magistrados sostuvieron que “más allá de las vicisitudes alegadas por la demandada en su escrito de contestación, que la habrían llevado a contratar a los actores, lo cierto es que carece de fundamento lógico y sustentable, que se dejen transcurrir más de tres años para cumplir con la obligación legal de registrar a los empleados, tal como fuera expuesto por la sentenciante de grado”.

Por otro lado, los jueces remarcaron que “también resulta inverosímil sostener -como lo hizo en la contestación de la demanda- que cuando estaba próxima a registrarlos, los coactores Jessenne, le expresaron que resultaba innecesario ya que iban a realizar un emprendimiento laboral en común, siendo que la del artículo 7 de la Ley 24013 es una obligación que la normativa pone en cabeza del empleador desde el inicio de la vinculación independientemente de cual sea la voluntad de los empleados”.

Tras remarcar que “la demandada contestó la primera requisitoria enviada por los coactores aduciendo que procedería a su registración laboral dentro de los treinta días, compromiso que no se vio materializado, conforme surge del informe de AFIP”, la mencionada Sala resolvió que “lo expuesto, constituyó injuria de tal gravedad que no consintió la prosecución del vínculo, en los términos de los arts. 242 y 246 LCT, pues al respecto la desprotección social que conlleva el llamado trabajo en negro, no sólo afecta a los trabajadores que dejan de gozar de los beneficios sociales, sino que también produce serios problemas de financiamiento en todo el sistema de la seguridad social, de ahí que la normativa sanciona con rigor su incumplimiento”.

En la sentencia del 30 de diciembre de 2011, los jueces confirmaron la resolución apelada al considerar que “mal puede la empleadora invocar un incumplimiento a los coactores, cuando dentro del marco de las obligaciones recíprocas que rigen la relación laboral, no da cumplimiento a las que le competen (arg.art. 79 LCT)”.

Publicado por Abogados.com.ar

ABOGADOS Mar del plata ESTUDIO JURÍDICO DIGNANI y Asoc.

2012-03-14T11:09:00.003-03:00

DERECHO LABORAL

Despidos, Indemnizaciones, Trabajo en Negro,
Falta de Aportes, Diferencias Salariales, Sanciones,
Accidentes y Enfermedades del Trabajo, Suspensiones,
Daños y Perjuicios Vinculados al Contrato Laboral.
Seguridad Industrial. Contratos Laborales. Convenios Colectivos de Trabajo.
Reclamos ante todas las A.R.T del País.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Representación en Ministerio del Trabajo, Juzgados y Tribunales Laborales.

DERECHO DE FAMILIA

Divorcios por Presentación Conjunta o Contradictoria.
Alimentos Aumento o Disminución de Los Mismos.
Disolución de La Sociedad Conyugal, Separación de Bienes,
Homologación de Acuerdos. Régimen de Visita, Fijación o Modificación.
Tenencia de Hijos Menores. Tenencia Compartida.
Patria Potestad. Tutelas. Adopción. Curatelas. Filiaciones.
Impugnación de Paternidad. Reconocimiento de Hijos.
Nulidad del Matrimonio. Rectificación de Partidas.
Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar.

ACCIDENTES de TRANSITO
Especialistas en atención a víctimas de accidentes de tránsito.
En reclamos por daños físicos, materiales, estéticos y psicológicos.
Reclamos ante compañías aseguradoras.
Revisación médica legista a los efectos de establecer la real
incapacidad de la víctima y su especial reparación económica.
Inmediata negociación frente a compañías aseguradoras.

DERECHO CIVIL

Accidentes de Tránsito. Casos de responsabilidad por daños y perjuicios.
Accidentes Ferroviarios, Cuestiones patrimoniales. Ejecuciones Hipotecarias.
Contratos Civiles. Consorcios de Propiedad Horizontal. Sucesiones.
Compra venta de inmuebles. Escrituraciones. Usucapión.

DERECHO PREVISIONAL

Jubilaciones de amas de Casa y Autónomos
Se jubila CON ó SIN APORTES.
Hombres: con más de 65 años
Mujeres: con más de 60 años
EXTRANJEROS: con 30 años de residencia en
el país sólo con la edad.

Jubilaciones para Regímenes especiales:
Construcción, Frigoríficos, Telecomunicaciones, Transportistas, Portuarios,
Embarcados, Ferroviarios, Policía Federal, Docentes, etc.
Pensiones directas (Cuando el Causante estaba en Actividad)
Pensiones derivadas (Cuando el fallecido era jubilado)
Pensiones por incapacidad (Requisito 66% de incapacidad)
Retiro por Invalidez
Reconocimiento de Servicios
Reajustes de Haberes ante Anses, LEY 18037, 18038, 24241 etc. (etapa administrativa y judicial)
Reajuste de Haberes ante PFA (etapa administrativa y judicial)
REAJUSTES DE HABERES I.P.S.
Instituto de previsión social de la provincia de Bs. As.
“Atención personalizada”
Atención: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
Av. Pedro LURO 3588 Of. 5 (Mar del Plata)

TE: (+54) 0223-474-2793

E-mail: estudiodignani@hotmail.com

Pag. WEB:
www.abogados-mardelplata.blogspot.com
www.aabogados.blogspot.com
www.abogados-estudio-juridico.blogspot.com
www.jubilacion-pension-mar-del-plata.blogspot.com
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La Corte Suprema precisó el alcance del aborto no punible y dijo que estos casos no deben ser judicializados

2012-03-13T16:43:00.002-03:00

Interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Exhortó a implementar protocolos hospitalarios

En el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema, por unanimidad y por el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.

La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había realizado, se configuraba uno de los supuestos de excepción que, según su jurisprudencia, la autoriza a pronunciarse. Esto teniendo en cuenta: a) que el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, b) que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos y c) estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

El voto mayoritario, firmando por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni sentó tres reglas claras.

La primera: que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

La segunda: que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

La tercera: que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Entre otros aspectos, en la decisión, se tuvieron en cuenta la posición de la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas que marcaron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley.

Finalmente, con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos de las víctimas de violencia sexual, los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.

Asimismo, atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la temática abordada en el caso, los mencionados jueces señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso. También sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso.

Por su parte, el juez Petracchi entendió que el recurrente no había justificado debidamente por qué sólo debía permitirse que se practicara esta clase de abortos a las víctimas de una violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual y consideró que éste tampoco había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente al conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. En consecuencia, resolvió declarar inadmisible el recurso interpuesto por el Asesor.

La jueza Argibay también sostuvo que el recurrente no había demostrado por qué era válido restringir el acceso al aborto no punible sólo a las víctimas de violación que presentaban deficiencias psíquicas ya que, lo fundamental, era que, en este caso, la joven A.G. también había sido víctima de un ataque a su integridad sexual. Además, consideró que no se había demostrado que fuera inconstitucional la solución adoptada por el legislador frente a este conflicto de derechos entre la persona por nacer y quien resultó embarazada como consecuencia de una violación. Por último, estableció que para el ejercicio del permiso jurídico sentado en la norma no debía requerirse autorización judicial sino únicamente que los médicos verifiquen que, respecto de quien peticiona el aborto, el embarazo es la consecuencia de una violación. En consecuencia, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el Asesor y confirmó la sentencia apelada.

En síntesis, la Corte Suprema tuvo en cuenta que el artículo 86 inciso 2º del Código Penal establece que: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: … si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Así, atendiendo a esta disposición, y frente a una extendida práctica fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales y provinciales que ha restringido indebidamente el acceso a los abortos no punibles por parte de las víctimas de una violación, la Corte Suprema de Justicia reafirma, con este pronunciamiento, el imperio del principio de legalidad que prescribe que las leyes están para ser cumplidas, por lo que no puede impedirse a estas víctimas ejercer su derecho a interrumpir el embarazo conforme lo autoriza el Código Penal en esta clase de casos.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2012

Fuente: http://www.cij.gov.ar

Concurso Preventivo de la Empleadora No Resulta Suficiente para Habilitar el Despido por Disminución de Trabajo

2012-03-08T16:55:00.001-03:00

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que el concurso preventivo de la empleadora no resulta suficiente para habilitar la extinción del contrato de trabajo con fundamento en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En el marco de la causa "Martín Rubén Alberto c/ Clave Electrónica S.A. s/ despido", la demandada apeló la sentencia de primera instancia en cuanto la magistrada de grado entendió que no se habían acreditado en la causa los presupuestos que habilitan la procedencia de la indemnización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La juez de primera instancia consideró que el concurso preventivo no puede llevar por sí solo a la aplicación del pretendido artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo si no se acreditan los recaudos previstos en la norma, esto es “a) la existencia de falta o disminución de trabajo que por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo, b) que la situación no le sea imputable al empleador es decir, que se deba a circunstancias objetivas; c) que respetó el orden de antigüedad de los trabajadores y d) la perdurabilidad de la medida”.

Al analizar el presente caso, los jueces de la Sala X señalaron que “llega firme a esta instancia la falta de prueba sobre el cumplimiento de alguno de los presupuestos señalados y lo relevante es que la disminución de la facturación en los meses de enero y febrero por la rescisión contractual por parte de Telefónica es una vicisitud previsible que integra lo que se denomina "riesgo empresario"”.

En tal sentido, los camaristas destacaron que “tampoco demostró la demandada haber adoptado alguna medida que tienda a superar esa situación deficitaria por lo que no puede considerarse que en el caso medie la "no imputabilidad" que exige la norma legal para sustentar un despido con base a la causal invocada”.

En base a lo expuesto, en la sentencia del 31 de agosto de 2011, los jueces concluyeron que “las exigencias de la ley de contrato de trabajo para reducir las obligaciones del empleador en el caso del art. 247 deben resultar rigurosamente cumplimentadas, pues de lo contrario resultaría el trabajador vinculado a los "riesgos empresarios" a los que sabido es ajeno”, por lo que confirmaron el fallo apelado.

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Venta de Tierras a Extranjeros Ley 26.737: La Presidente Reglamentó la Legislación

2012-03-02T12:42:00.000-03:00

A través de la firma del decreto 274/2012, la presidente, Cristina Fernández, reglamentó la Ley 26.737 –aprobada en diciembre por el Congreso Nacional- para establecer el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales".

De esta manera, las provincias deberán informar la superficie total de cada una de las tierras, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes dentro del plazo de 60 días.

Por otro lado, se deberá informar todos los predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras indicando si surgen de los organismo provinciales competentes o en posesión de extranjeros.

Con respecto a las medidas que se podrán adoptar si no se cumple la reglamentación, la resolución establece que "en los casos en que se verifique la modificación de participaciones societarias que no sean informadas en tiempo y forma, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondrá en conocimiento de la situación al organismo de registro societario competente, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P) y a la Unidad de Información Financiera (U.I.F), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados".

Además, la Ley de Tierras –aprobada el 22 de diciembre pasado- establece un límite del 15% para toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional con respecto a personas con nacionalidad extranjera.

Asimismo, las tierras rurales no podrán superar las mil hectáreas “o superficie equivalente” según la ubicación territorial que determinará el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.

Cabe señalar que los extranjeros que cuenten con una antigüedad de 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país quedarán exceptuados de las limitaciones esgrimidas.

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Requisitos para la Continuación de la Explotación de la Empresa Fallida por los Trabajadores

2012-03-01T11:34:00.000-03:00

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial explicó que los trabajadores y acreedores de naturaleza laboral, para activar el instituto de la continuación de la explotación de la empresa regulado por la ley 24.522 deben irremediablemente constituir una cooperativa de trabajo con la participación de por lo menos las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales.

En el marco de la causa “Bio Diesel S.A. s/ quiebra s/ incidente de apelación art. 250”, fue apelada la resolución que había rechazado el pedido de continuación de la empresa en los términos del artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebras, así como también el de la locación de la planta de la fallida.

Los jueces que integran la Sala E remarcaron que “debe hacerse hincapié en la deficiente conformación de la cooperativa de trabajo, pues ello es obstáculo insalvable para la recepción favorable del planteo de los recurrentes”.

Los camaristas explicaron que “la ley concursal permite a los trabajadores de la empresa fallida solicitar "la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados en cooperativa, incluso en formación, la soliciten al síndico o al juez, si aquél todavía no se hubiera hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco (5) días luego de la última publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del establecimiento" (LCQ: 189)”.

Tras remarcar que “más allá de la exigencias establecidas por el art.190 de la ley 24.522, la integración de la cooperativa de trabajadores con el mínimo necesario de trabajadores o acreedores laborales constituye una condición sin e qua nom”, los magistrados señalaron que “los recurrentes no lograron controvertir que de las personas que integran la Cooperativa de Trabajo Bio Disel LTD solamente Daniel Fernando Tossi se desempeñaba bajo relación de dependencia de la sociedad fallida al tiempo de decretarse su quiebra”.

Según los jueces, quedó revelado “que lejos quedaron de obtener la participación mínima de "las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales" exigida por la ley de concursos”.

En la sentencia del 29 de noviembre de 2011, la mencionada Sala concluyó que “los trabajadores y acreedores de naturaleza laboral, para activar el instituto de la continuación de la explotación de la empresa regulado por la ley 24.522 deben irremediablemente constituir una cooperativa de trabajo con la participación de por lo menos las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales”, por lo que confirmó la resolución apelada.

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Conceden Indemnización Agravada por Despido Durante el Período de Prueba de Trabajadora Embarazada

2012-02-29T11:24:00.000-03:00

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo remarcó que el artículo 177 de la ley de Contrato de Trabajo garantiza a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, no alterando ello el hecho de que al momento del despido la trabajadora se encuentre transitando el período de prueba.

La actora apeló la sentencia dictada en la causa “Caballero, Nahir Magdalena c/ Justo y Gorriti S.A. s/ despido” que rechazó la demanda presentada.

La recurrente se quejó de la decisión que desestimó la indemnización especial del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, sobre la base errónea de valorar únicamente la prueba testimonial, omitiendo la restante prueba producida, especialmente la informativa de Medicar S.A., elemento de prueba determinante según expresa, para revertir la suerte de concepto y admitir su procedencia.

Los jueces de la Sala V señalaron que el juez de grado “desestimó la indemnización porque no tuvo por demostrado que la actora cumpliera con la notificación fehaciente de su estado de embarazo a su empleador, tal como lo exige la ley”, sin embargo, entendieron que “a la luz de la información que surge del oficio mencionado en el párrafo precedente, no considero que pueda compartirse esa conclusión”.

En tal sentido, los magistrados tuvieron en consideración que “la empresa Medicar S.A., servicio médico designado por la accionada para el examen preocupacional, acompañó al expediente la copia interna del mencionado examen que le realizó a la accionante con fecha 12-3-2008, y allí se dejó constancia de que no se realizó la radiografía de torax "por embarazo"”.

A ello, agregaron que “es cierto que no puede desconocerse que tal información no satisface acabadamente los requisitos que prescribe el art. 177, 2° párrafo L.C.T., pero es innegable también que es apta para cumplir -y de modo eficaz y categórico- con la puesta en conocimiento del empleador del estado gestacional de la trabajadora”.

Los jueces remarcaron que “aquí se está ante un elemento escrito, y proveniente de una firma dedicada a servicios médicos que, en el examen preocupacional, dejó constancia de que se abstenía de tomar Rx por razones de embarazo de la entrevistada”.

Sentado lo anterior, la mencionada Sala resolvió que “en el caso resulta operativa en favor de la accionante, la garantía de estabilidad en el empleo que consagra el artículo citado en su párrafo tercero, por lo que el despido directo y "...sin causa legal suficiente..." que la empresa dispuso el 16-4-2008, no la puede eximir válidamente del pago de la reparación que aquí se reclama”.

Por último, en la sentencia del 30 de diciembre de 2011, los magistrados añadieron que “tampoco altera la solución que aquí se propone, la circunstancia de que al momento del egreso la demandante se encontrara transitando el período de prueba, porque el art. 177 cit. garantiza a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo”, por lo que concluyeron que debía prosperar la indemnización agravada.

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Poder Acreditar la Existencia de una Relación de Dependencia

2012-02-28T13:51:00.000-03:00

Al considerar que la circunstancia de que los insinuantes emitiesen facturas por los servicios prestados no resulta por aplicación del principio de la realidad evidencia definitiva respecto de la ausencia de relación de dependencia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la verificación de créditos laborales insinuados debido a que no se habían aportado otras vías probatorias que permitan tener por acreditado el contrato de trabajo.

En la causa “Banco General de Negocios S.A. s/ quiebra, incidente de verificación por Villagra Luis Alberto”, la sindicatura apeló la resolución que admitió parcialmente la verificación de los créditos pretendidos e impuso las costas en un 80% a cargo de los incidentistas y en un 20% a cargo de la fallida.

La recurrente sostuvo que los incidentistas habían sido contratados por la institución bancaria como profesionales independientes y que no se habían aportado elementos de prueba que permitan tener por acreditada la relación laboral invocada.

Los magistrados de la Sala E explicaron en primer lugar que correspondía “circunscribir el tema litigioso a determinar si los incidentistas se desempeñaron como "dependientes" de la ex entidad bancaria, pues esa calidad es presupuesto para acceder a los rubros admitidos por el juez de grado”.

Los camaristas consideraron que “la ley no define la dependencia, de modo que ha de recurrirse a los "criterios orientadores" elaborados por la doctrina y jurisprudencia en la materia (cfr. Etala, Carlos A. "Contrato de Trabajo", tomo I, pág. 101/102, Astrea, edición 2011)”.

En tal sentido, remarcaron que “como rasgo más saliente se ha destacado la nota consistente en la sujeción por parte del trabajador a cierta disciplina u orden interno de la empresa, lo cual implica obligaciones -impropias del trabajador autónomo o libre colaborador- relativas, por ejemplo, al lugar y tiempo de trabajo y reconocimiento de la autoridad funcional del empleador a quien debe obediencia, sea cual fuere el grado en que se exija ésta (Krotoschin Ernesto, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", tomo I, pág.110, Editorial Depalma, edición 1998)”.

Sentado lo anterior, los jueces determinaron que en el presente caso “no median evidencias que avalen las peculiaridades que caracterizan a la dependencia laboral”, agregando que “la documental arrimada al incidente consiste en facturas, cartas documento, actas poder otorgadas en el fuero laboral, y dos certificaciones en donde se refiere que los incidentistas se desempeñan en la institución desde el 1/12/98 y 1/05/99, respectivamente”.

Los magistrados consideraron que “no puede asignársele ningún valor probatorio a las certificaciones laborales, pues habiendo sido expresamente desconocidas por la sindicatura no fueron corroboradas por ninguna otro medio de prueba” y que “la pericial contable sobre los registros laborales de la fallida ilustró acerca de la ausencia de constancia de la vinculación alegada por los accionantes”.

En la sentencia del 13 de octubre de 2011, la mencionada Sala remarcó que “si bien por aplicación del principio de la "primacía de la realidad" contenido en el art.21 de la LCT, no es evidencia definitiva respecto de la ausencia de relación de dependencia la circunstancia de que los insinuantes emitiesen facturas por los servicios prestados, en el caso no se aportaron otras vías probatorias que permitan tener por acreditado un contrato de trabajo”, por lo que decidió admitir los agravios del apelante y revocar la resolución apelada.

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La Justicia Laboral condenó, en forma solidaria, a una empresa de cueros y a la ART a indemnizar a un dependiente por la afección cardíaca e hipoacusia

2012-02-22T12:09:00.000-03:00

La Justicia Laboral condenó, en forma solidaria, a una empresa de cueros y a la ART a indemnizar a un dependiente por la afección cardíaca e hipoacusia. El Tribunal consideró que el actor prestaba servicios en “un ambiente nocivo y esforzado” que le había causado esos padecimientos.

La Sala VII de la Cámara del Trabajo, integrada por los magistrados Néstor Rodríguez Brunengo y Beatriz Fontana, confirmó la sentencia de grado que condenó solidariamente a una curtiembre y a una ART a resarcir a un trabajador por la afección coronaria y la hipoacusia padecidas, pues consideró que las afecciones del dependiente habían sido ocasionadas por su actividad laboral.

En particular, el Tribunal de Apelaciones destacó que los padecimientos del trabajador se vieron influidos en forma directa por “la prestación de servicios a órdenes del empleador en un ambiente nocivo y esforzado, y surge de los hechos que el trabajador contrajo la incapacidad mientras prestaba servicios”.

En el caso, un trabajador de una curtiembre demandó a su empleadora y a la ART, alegando que padecía de una afección coronaria y de hipoacusia a causa de las condiciones deplorables en las que prestaba servicios.

El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo del trabajador y condenó a ambas accionadas en forma solidaria. Entonces, las demandadas apelaron el pronunciamiento judicial cuestionando la decisión de fondo. La ART se agravió, de modo puntual, por la solidaridad de la condena.

Para comenzar, la Cámara del Trabajo afirmó que no existía en la causa “dato o elemento probatorio alguno que, eventualmente, acreditase que el daño se produjo por un motivo distinto que la circunstancia de haber realizado tareas para el empleador”.

De manera puntual, con relación a la hipoacusia, los magistrados afirmaron que “la existencia de elevado nivel sonoro en el ambiente laboral del trabajador, -lo que influyó decididamente en el deterioro del estado de salud del dependiente-, toda vez que corroboran tal aserto las declaraciones testimoniales”.

Es que, “recién los últimos dos años comenzaron a ser provistos de protectores auditivos, y que el ambiente era de una sonoridad elevada extrema por el ruido de un compresor que abastecía a la planta de energía”, puntualizó el Tribunal de Apelaciones.

Dicho eso, la Justicia de Alzada aseveró que “el deterioro en el aparato auditivo del trabajador encuentra su origen causal, directo y necesario, como consecuencia de la prestación de servicios a órdenes del empleador en un ambiente de sonoridad elevada”.

Acto seguido, los jueces indicaron que “la responsabilidad por los hechos dañosos de la empleadora y de la ART resulta indiscutible”, pues no se controvirtió que la empleadora era “la propietaria de los elementos generadores del daño –maquinarias productoras del ruido-“quedando, entonces, “acreditada la causa eficiente”.

“Tanto la empresa empleadora como la aseguradora de riesgos de trabajo son solidariamente responsables y deben quedar obligadas a resarcir al trabajador como consecuencia de la minusvalía que padece”, aseveró el Tribunal de Apelaciones.

“Liberar a la aseguradora de las consecuencias desfavorables para la salud del dependiente por haber prestado servicios, implicaría necesariamente que el titular del contrato de trabajo abonase un seguro por accidentes y enfermedades, y quedase desprotegido con relación al reclamo de sus dependientes”, precisó después la Cámara.

En consecuencia, la Justicia Laboral de Alzada confirmó el fallo recurrido por la empleadora y la ART y rechazó los recursos de apelación interpuestos por ambas codemandadas y condenadas en el juicio laboral.

Fuente: diariojudicial.com.ar

Cablevisión Deberá Respetar el Monto del Abono Básico de la Televisión Paga

2012-02-17T14:33:00.000-03:00

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó, en autos “BUSSANO, Ana María y otro c/ CABLEVISION S.A. – Amparo”, una medida cautelar dictada por el Juez Subrogante del Juzgado Federal Nº 3 de dicha Ciudad.

La mencionada sanción sostenía que el abono básico mensual del servicio de televisión que paga el accionante a la empresa Cablevisión S.A no deberá exceder el monto de $109. Así, la demandada tendrá que dar cumplimiento efectivo a lo fijada en las Resoluciones N° 50/2010; N° 36/2011 y N° 65/2011 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

De esta manera y con la firma de los magistrados Luis R. Rueda, Abel G. Sánchez Torres y José M. Pérez Villalobos, se estimó que era preciso impedir que se siga cobrando al accionante una suma en exceso de lo establecido en la normativa que rige. También, el tribunal tomó en consideración el eventual perjuicio que podría acarrear al demandante el corte del servicio por no abonar la factura mensual.

Asimismo, se le otorgó legitimidad y verosimilitud al derecho invocado en función de la aplicación de la normativa impuesta por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la cual obliga a las empresas que prestan servicios de televisión paga a respetar las pautas ordenadas y el monto fijado como abono básico mensual.

Ana María Bussano y la Asociación Civil “Defensa de Usuarios y Consumidores (D.U.C) llevaron a cabo una acción de amparo para que Cablevisión cumpliera con la Resolución Nº 50/2010 y todas las Resoluciones dictadas en su consecuencia. Además, solicitaron la devolución de la suma total que la demandada hubiera percibido en concepto de abono básico que exceda el precio fijado por la misma.

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Ley de Trabajo Agrario N° 26.727

2012-02-14T14:00:00.001-03:00

Ley de Trabajo Agrario N° 26.727

El 28 de Diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Trabajo Agrario N° 26.727 (la “Ley”) que introduce importantes modificaciones al régimen de aplicación a los trabajadores agrarios.

El artículo 2 dispone que el trabajo agrario se regirá por la Ley y por las normas que en consecuencia se dictaren, y también por la Ley de Contrato de Trabajo (“LCT”) “en todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen jurídico específico establecido en la presente …”.

Hasta la publicación de la Ley, la Ley 22.248 (“RNTA”) regulaba la actividad laboral agraria en forma autónoma e independiente (lo que significaba que sólo sus disposiciones aplicaban en la materia, además de la Ley de Riesgos del Trabajo respecto de los infortunios laborales).

La compatibilidad –o no- de la LCT en cada caso concreto seguramente será objeto de controversias.

La Ley dispone también que serán de aplicación supletoria al trabajo agrario las Leyes 24.013, 25.103, 25.323 y 25.345, que contemplan indemnizaciones agravadas de aplicación a los empleados alcanzados por la LCT ante situaciones en las que se alegan deficiencias de registración (sea la fecha de ingreso, los conceptos que se consideran remunerativos, o cuando el empleado se encuentra registrado para una persona distinta de quién resulte su empleador, etc.), lo que proyectará efectos en el sector

Introduce la novedad de incluir a las convenciones colectivas de trabajo como fuente de regulación del trabajo agrario, mereciendo señalarse que hasta el presente en el ámbito del trabajo agrario no se admitía la concertación de convenios colectivos de trabajo regulados por la Ley 14.250 (salvo en las pocas actividades agrarias que los tenían vigentes en agosto de 1980).

Relacionado con lo anterior, la Ley no reproduce la solución establecida por el RNTA que disponía que los conflictos que se suscitaren en el ámbito rural no podían dar lugar a la paralización del trabajo.

Asimismo, la Ley modifica sustancialmente el régimen de responsabilidad solidaria contenido en el RNTA, haciéndolo incluso más extenso que el establecido por la LCT.

En efecto, establece la responsabilidad solidaria del principal cuando se contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cuando se ceda (total o parcialmente) el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, para la realización de actividades que hagan a su actividad principal o accesoria (el RNTA, por su parte, disponía que no se configuraba responsabilidad con el contratista, respecto de tareas que habitualmente se realizaban con personal no permanente cuando el contratista constituyera una empresa de servicios y su principal aporte no se limitara a la organización del equipo de trabajo).

Lo establecido avanza sobre el régimen de responsabilidad solidaria de la LCT, por cuanto ésta última no extiende la solidaridad respecto de las actividades accesorias (como lo hace la Ley).

Más aún, la Ley prevé también que cuando se contraten o subcontraten obras, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento y dentro de su ámbito, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación / subcontratación, está constituida con el principal.

Sólo se declaran inaplicables esas disposiciones cuando el propietario dé en arrendamiento tierras de su titularidad que no constituyan un establecimiento o explotación productiva

En lo referido a empresas subordinadas o relacionadas, mientras en la LCT se configura la responsabilidad solidaria entre ellas sólo cuando median maniobras fraudulentas o conducción temeraria, en la Ley se la consagra lisa y llanamente en todos los casos.

La Ley modifica también sustancialmente las modalidades de contratación que contemplaba el RNTA (trabajadores permanentes y a no permanentes), consagrando el Contrato de trabajo permanente de prestación continua, el Contrato de trabajo temporario, al Trabajador permanente discontinuo y al Trabajo por equipo o cuadrilla familiar:

Contiene diversas disposiciones referidas a Vivienda, Alimentación y Traslado orientadas a la protección del trabajador rural, haciendo lo propio con relación a la retribución.

Establece una semana laboral de 8 horas diarias o 44 horas semanales, reduciendo el límite de 48 horas semanales de la LCT.

Contiene diversas normas referidas a Seguridad y Riesgos en el Trabajo, Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

La Ley contempla diversas disposiciones en lo referido a la creación de empleo para trabajadores temporarios, bolsas de trabajo y capacitación y formación profesional.

Dispone la jubilación del trabajador rural con 57 años de edad y 25 años de servicios con aportes, elevando –como contrapartida- la contribución patronal en 2 puntos porcentuales, carga adicional que entrará en vigencia con la ley.

También se prevé una reducción por el término de 24 meses del 50% de la contribución patronal de seguridad social, a favor del empleador que contrate trabajadores temporarios y permanentes discontinuos (conforme condiciones que serán establecidas por la reglamentación). Mientras el incremento de la contribución patronal pasa a ser automático, la disminución antes referida queda librada a lo que disponga una eventual reglamentación que se dicte.

La Ley sustituye el RENATRE (ente autárquico de derecho público, no estatal) por el RENATEA (entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo), que absorberá las funciones y atribuciones que desempeñaba el RENATRE.

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Un tribunal determinó que una transportista debía abonar a una empresa aseguradora el monto que tuvo que pagar

2012-02-12T19:16:00.004-03:00

Un tribunal determinó que una transportista debía abonar a una empresa aseguradora el monto que tuvo que pagar al propietario de la mercadería perdida mientras era llevada en un camión durante un robo. Los magistrados consideraron ese tipo de ilícito "no era imprevisible".

En octubre del año pasado, la Justicia aseveró en los autos “La Meridional Cia. Argentina de Seguros S.A. c/ Loginter S.A. s/ faltante y/o avería de carga transporte terrestre” que “a las empresas de transporte se les confían cargamentos valiosos y son ellas las que deben tomar los recaudos necesarios para la protección y custodia de la carga”, condenando de esta forma a una transportista a abonar el dinero correspondiente a una pérdida de mercadería durante un asalto.

El caso se repitió, esta vez, en “The Tokio Marine & Fire Insurance Co LTD c/ Aversa Laura Palmira s/ faltante y/o avería de carga transporte terrestre”, donde los magistrados de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por Ricardo Gustavo Recondo, Graciela Medina y Guillermo Alberto Antelo, adhirieron a esa posición.

Los jueces consideraron fuera de debate que “el 22 de octubre de 2000 arribó al puerto de Buenos Aires un cargamento conteniendo 48 motocicletas 0 kilómetro marca Honda, modelo Marvel, consignadas a la firma Honda Motor Argentina S.A. El transporte terrestre de la mercadería desde la terminal portuaria hasta su destino final en la localidad de Tapiales fue encomendado a la demandada, quien lo llevó a cabo el 27 de octubre en el camión marca Mercedes Benz 1114, dominio PUK 627, de su propiedad, conducido por Luís Ariel Novillo”.

Los camaristas recordaron, nuevamente: “Durante el transcurso del viaje, el señor Novillo fue víctima de un robo a mano armada en la intersección de las calles Brandsen y Amancio Alcorta, a consecuencia de lo cual se produjo el faltante de la totalidad de la mercadería transportada”.

Con respecto a las consideraciones de los “casos fortuitos” o de “fuerza mayor”, los magistrados entendieron que cabía recordar lo dispuesto por los artículos 170 y 172 del Código de Comercio. En la normativa señalada queda establecido que “la responsabilidad del acarreador se extiende desde que recibe las mercaderías, hasta el momento en que se verifica la entrega”.

Los camaristas afirmaron que “si bien es cierto que durante el transporte -y salvo estipulación en contrario corren por cuenta del cargador todos los daños que sufrieren los efectos, provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito, no lo es menos que la prueba de cualquiera de dichos hechos incumbe al acarreador o comisionista de transporte”.

“Ello es así, toda vez que la responsabilidad del transportador se presume, debiendo en consecuencia -para liberarse por la inejecución total o parcial del contrato- aportar prueba positiva de la fuerza mayor, del caso fortuito o de la culpa por hecho del cargador. Es decir que la carga de la prueba del casus reposa en cabeza de quien lo alega.”

Así es que los magistrados consideraron que “debe tenerse en cuenta que la obligación del transportista es de resultado, por lo que -para eximirse de responsabilidad- debe demostrar que la falta de entrega de la mercadería se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor. En este orden de ideas, no es suficiente la mera alegación de sustracción, sino que se debe justificar que ello ha sido irresistible e inevitable”.

“Aunque el uso de armas puede convertir a la sustracción en irresistible, ello solo no basta, pues las circunstancias de tiempo, modo y lugar deben demostrar que el transportista se vio impedida de evitar el asalto a mano armada que invoca como dispensa. A este propósito, su responsabilidad debe ponderarse atendiendo a la aptitud de los elementos organizados por el empresario para el eficaz cumplimiento de la prestación para la cual ha sido contratado, y a la obligación de custodia asumida que hacen al cumplimiento de su actividad.”

Es en este sentido que los magistrados señalaron que “a la época de los hechos que dieron origen a las presentes actuaciones, la frecuencia de los robos de mercaderías transportadas por vía terrestre, perpetrados por bandas delictivas organizadas, impide considerar a tales hechos como imprevisibles, constituyendo un riesgo propio de la actividad profesional de la empresa transportadora”.

“Ello obliga a arbitrar todos los medios necesarios para impedir tales acontecimientos, por lo que las deficiencias de seguridad que facilitan la consumación de un robo no pueden liberar de responsabilidad a la empresa acarreadora, bajo el amparo del "carácter irresistible" de la agresión.”

Fuente: diariojudicial.com.ar

La AFIP Podrá Reclamar los Aportes Impagos de los Trabajadores Autónomos

2012-02-09T13:22:00.001-03:00

La Justicia le otorgó la potestad a la Administración Federal de Ingresos Públicos de denunciar a los trabajadores que realicen sus tareas de forma autónoma por los aportes impagos.

La AFIP había llevado a cabo una petición verificatoria que reclamaba los pagos evadidos en un caso puntual contra un trabajador autónomo. La Justicia declaró procedente el accionar del ente recaudador ya que, según los magistrados, los aportes “no son el precio de la jubilación futura” sino “una obligación objetiva con el sistema previsional” para prestar financiamiento a los “pasivos”.

Así, el organismo presidido por Ricardo Echegaray podrá ejecutar una verificación en el pago de aportes de los contribuyentes para que no se produzca una “evasión” al sistema.

Por su parte, los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul expresaron lo siguiente en el caso “Ballent, Rubén Oscar s./concurso preventivo, incidente de revisión por AFIP-DGI”: “Todo el sistema jubilatorio en mayor o en menor medida se funda en la solidaridad que se manifiesta en este caso tanto en forma ‘horizontal’ (aportando los obligados los medios necesarios para el suministro de las prestaciones a quienes las necesiten) y ‘vertical’ (entre las distintas generaciones por lo cual los activos productivamente deben proveer a la tutela de las clases pasivas que no pueden hacerlo por sí mismas) y una forma de materializarlo es mediante los aportes y contribuciones obligatorios”.

Los camaristas hicieron hincapié en la Ley 24.241 y afirmaron que el apelante puede manifestar que la AFIP-DGI no posee la facultad persecutoria para el cobro de los aportes del régimen de trabajadores autónomos pero también explicaron que los afiliados deben ingresar sus aportes obligatoriamente para financiar el régimen y que este funcione de forma correcta para cubrir cualquier contingencia social.

Cabe recordad que los ciudadanos que se inscriben en el régimen general son también trabajadores autónomos y se encuentran obligados a realizar los aportes al Sistema Previsional Argentino (SIPA). Además, deben presentar la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias.

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Consideran que No Resulta Necesaria la Declaratoria de Herederos para que los Descendientes Directos del Acreedor Cobren Su Dividendo

2012-02-02T13:28:00.003-03:00

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial remarcó la innecesariedad de la declaratoria de herederos para que la cónyuge y los hijos del acreedor fallecido perciban el dividendo falencial asignado.

En el marco de la causa “Plasticos Reforzados S.A. s/ quiebra”, los herederos de Antonio Enrique Geréz apelaron la resolución del juez de grado en la que consideró que era necesario la obtención de la declaratoria de herederos para que la cónyuge y los hijos del acreedor fallecido perciban el dividendo falencial asignado.

Los jueces que componen la Sala “E” remarcaron que el artículo 3410 del Código Civil establece que “cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia”.

Los camaristas explicaron que “aquí no se encuentra controvertido el carácter de cónyuge y de descendientes directos del acreedor que invocan los apelantes”, agregando a ello que “la obligación de promover el juicio sucesorio y obtener la declaratoria de herederos recae sobre el resto de los parientes con vocación hereditaria (conf. CCiv: 3412)”.

En tal sentido, los magistrados sostuvieron que “tratándose de un crédito laboral, la propia LCT: 262 expresamente dispone que los privilegios de los créditos laborales se transmiten a los sucesores del trabajador”, ya que “si bien lo que se reclama no es estrictamente una indemnización, sino que se pretende el cobro de un dividendo concursal, no puede obviarse el origen del crédito reconocido (conf. CNCom., Sala A, "Productos La Vascongada SA. s/ quiebra", del 18.10.07)”, por lo que en la sentencia del 31 de octubre del 2011, decidieron hacer lugar al recurso de apelación presentado.
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Requisitos para la Configuración del Derecho Real de Habitación del Cónyuge Supérstite

2012-02-01T17:01:00.001-03:00

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la procedencia del reconocimiento del derecho real de habitación al cónyuge supérstite sobre la vivienda que fuera sede del hogar conyugal, ante la inexistencia de pruebas que acrediten que el inmueble excede sus necesidades personales.

En la causa “A., A. A. s/ Sucesión testamentaria”, los legatarios apelaron la resolución dictada por el juez de grado que hizo lugar a la pretensión de la cónyuge supérstite y le reconoció el derecho real de habitación sobre un inmueble de esta ciudad, con sustento en el artículo 3573 bis del Código Civil.

Al analizar el recurso presentado, los jueces de la Sala G explicaron que “la controversia respecto de la procedencia del derecho real de habitación viudal reclamado en autos se circunscribe al valor del inmueble, el cual a criterio de los apelantes supera la esfera de admisibilidad que demarca el art. 3573 bis del Código Civil”.

Señalado lo anterior, los magistrados señalaron que “es preciso señalar que se trata de un verdadero derecho real de habitación regido, en lo no previsto de modo particular por el citado art. 3573 bis, por las normas pertinentes de la ley sustantiva, por tanto, es especial por su origen, finalidad y caracteres”.

A ello, agregaron que “si se recuerda que las cargas que soporta el dominio son excepcionales, con la consecuente presunción de que aquél es libre de ellas en caso de incertidumbre, la habitación considerada como un desmembramiento del dominio tiene ribetes singulares, de allí que el derecho reconocido al cónyuge supérstite con mayor razón participa del carácter de excepción”, agregando que “todo titubeo en lo que a la configuración de los presupuestos de procedencia del derecho de habitación viudal se refiere, remiten a una hermenéutica con sentido adverso a la pretensión del cónyuge”.

En la sentencia del 11 de octubre del presente año, los jueces resolvieron que “no se aprecia en la especie una actividad recursiva eficiente en los términos del art. 265 del Código Procesal, puesto que la afirmación que los impugnantes realizan acerca del valor de las propiedades en la zona en la actualidad es meramente conjetural”, a la vez que “tampoco se ha acreditado en autos, que por las características del inmueble y condiciones personales de la habitadora, el bien exceda sus necesidades personales”.

Al confirmar el pronunciamiento apelado, la mencionada Sala concluyó que “los presupuestos de admisibilidad se encuentran reunidos y no existe probado motivo alguno que conduzca a presumir la irrazonabilidad de la aceptación del amparo legal a la viuda, que acertadamente decidió el juez de grado”, por lo que confirmaron el pronunciamiento apelado.
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La Justicia admitió el reclamo indemnizatorio de una mujer que se colocó en situación de despido indirecto.

2012-01-29T19:57:00.001-03:00

La Justicia admitió el reclamo indemnizatorio de una mujer que se colocó en situación de despido indirecto, ya que no recibió la respuesta postal de su empleadora ante la solicitud que envió para que le asignen tareas acordes a su capacidad laboral.

La Cámara del Trabajo revocó un fallo de grado y admitió el reclamo indemnizatorio de una trabajadora de una clínica. La mujer se había dado por despedida ante el silencio de la patronal frente a su pedido de asignación de tareas, debido a que nunca recibió la misiva que le envió la empleadora. Luego, la actora intentó retractarse, pero el sanatorio no aceptó el cambio de planes.

En particular, la Sala VII del Tribunal Laboral, integrada por los magistrados Néstor Rodríguez Brunengo y Estela Milagros Ferreirós, destacó que era “contrario a la buena fe contractual que debe regir las relaciones laborales” el “aceptar la conducta de la empleadora y no posibilitar la retractación justificada de la actora”.

En consecuencia, “el despido en el cual se colocó la actora por negativa de la demandada a otorgar tareas” –pese a que se basó en un supuesto de hecho erróneo- “resultó ajustado a derecho”, precisaron los vocales de la Justicia de Alzada.

En el caso, una trabajadora de la Clínica Bazterrica sufrió un problema de salud. Luego del suceso, la mujer intimó a su empleadora para que le asigne tareas acordes a su capacidad laboral. La patronal accedió a la petición y le otorgó a la solicitante un puesto menos exigente y programó una revisación médica. Sin embargo, esa comunicación no fue recibida por la empleada.

Ante el supuesto silencio de la patronal, la peticionante se colocó en situación de despido indirecto por la negativa de la empleadora de concederle las tareas requeridas. Tiempo después, la trabajadora recibió la misiva perdida y se retractó del despido. No obstante, la empleadora no aceptó la retractación y procedió a presentarle una liquidación.

Frente a esa situación, la mujer acudió ante la Justicia. Sin embargo, el juez de grado rechazó la acción interpuesta por la trabajadora. El magistrado negó valor a la retractación efectuada por la empleada. Entonces, la actora apeló este pronunciamiento judicial.

En primer término, la Cámara del Trabajo señaló que “luego del distracto en el cual se colocó la actora, la demandada no le asignó tareas”, hecho que consideró probado por la declaración testimonial de una sobrina de la accionante.

“Si bien es cierto que tal declaración fue impugnada por la parte demandada, no lo es menos que la misma luce concordante, pormenorizada y objetiva en los hechos narrados, no encontrando motivos conducentes que disminuyan su fuerza convictiva”, agregó después el Tribunal de Apelaciones.

Acto seguido, la Justicia Laboral de Alzada sostuvo nada indicaba “que la deponente no diga la verdad de lo sucedido, pese a la cercanía de su relación con la actora, pues su testimonio da suficiente razón de sus dichos y tuvo conocimiento directo de los hechos sobre los que declara”.

Luego, los camaristas indicaron que “si bien se podría pensar que la actora debió extremar recaudos para determinar la posición de silencio de la demandada a fin de disponer el distracto, lo cierto es que el análisis de las conductas debe hacerse de forma integral y no parcializada por segmentos”.

Dicho eso, el Tribunal de Apelaciones destacó que la trabajadora, luego de su licencia por enfermedad, había tenido que emplazar a su empleadora para que le asigne tareas adecuadas, por lo que “no se puede calificar de apresurada la conducta de la actora”.

También debe valorarse que “la demandada, a sabiendas de que la actora se condujo dentro del marco del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la decisión del distracto había sido tomada sobre la base de un erróneo supuesto de hecho, decidió dejar sin efecto la revisación médica programada y puso a disposición de aquella la liquidación final”, expresó la Justicia de Alzada.

En consecuencia, la Cámara del Trabajo revocó la sentencia de grado y condenó a la empresa demandada a indemnizar a la actora por la suma de poco más de 56.000 pesos, más intereses. Las costas de ambas instancias fueron impuestas a la accionada.

Fuente: http://www.diariojudicial.com.ar

Fueron condenadas solidariamente por el accidente, la empleadora y la ART.

2012-01-26T12:20:00.002-03:00

La Cámara Laboral tuvo por ciertos los hechos denunciados por un trabajador tras un accidente en una obra. La empleadora había sido declarada "rebelde" por no comparecer y se le aplicó la presunción del artículo 71 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia del Trabajo.

La Sala IX de la Cámara del Trabajo admitió la apelación formulada por el operario de una empresa constructora, y por aplicación de la presunción que surge de la rebeldía de la parte demandada, consideró probado y cierto el accidente laboral denunciado por el actor. La indemnización se pautó en 36.000 pesos y la condena alcanzó a la empleadora y a la ART, en forma solidaria.

De modo puntual, los magistrados Álvaro Balestrini y Gregorio Corach destacaron que ante la rebeldía de la empleadora demandada correspondía “acceder a la queja y tener por cierto que el accidente tuvo lugar en las circunstancias descriptas en la demanda”.

Asimismo, la Justicia Laboral de Alzada indicó que la empleadora debía responder por el siniestro denunciado por el trabajador pues “un dependiente de la principal fue quien produjo, en definitiva, el accidente”, lo cual encuadra en lo dispuesto en el artículo 1113 del Código Civil.

En el caso, un trabajador de una empresa constructora demandó a su empleadora por despido. El actor también denunció la existencia de un accidente laboral –caída de un hierro en su antebrazo durante su prestación de servicios- y fundó su acción en diversas normas del Código Civil. La demandada no compareció en el proceso, por lo cual fue declarada rebelde.

En primera instancia, la acción civil del actor por el infortunio fue rechazada. No obstante, el juez admitió otros reclamos indemnizatorios del accionante con base en el artículo 71 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia del Trabajo, que regula la rebeldía de la empleadora. El operario interpuso una apelación para cuestionar la negativa al resarcimiento por el accidente.

Cabe destacar que, el artículo 71 de dicha norma dispone que ante la incomparecencia del demandado debidamente citado, sin que medie un impedimento atendible, se presumirán como ciertos los hechos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario.

Primero, la Cámara del Trabajo afirmó que si el juez de grado admitió algunos reclamos del actor “con apoyo en la operatividad del artículo 71 de la L.O.”, si se seguía el mismo razonamiento “los efectos de la situación procesal de rebeldía, que llegan firmes a esta instancia, alcanzaron también a los hechos expuestos en el inicio, referidos al siniestro denunciado”.

El alcance de la rebeldía respecto del siniestro comprende “a la cosa implicada en él (barreta de hierro de 20kg de peso)” y "a la mecánica en que se produjo (caída de esa barreta –que sostenía un compañero de trabajo- y posterior impacto en el antebrazo derecho del accionante), ya que no se encuentra desvirtuada la presunción contenida en la norma adjetiva”, precisaron después los jueces intervinientes.

Dicho eso, la Justicia Laboral señaló que “en esa inteligencia cobra inconsistencia el fundamento de la decisión recurrida, que se estructuró a partir de que no fue probado que la cosa riesgosa involucrada en el infortunio fuera de propiedad de la empleadora”.

“No es posible escindir a la empleadora de las consecuencias derivadas del siniestro habido, cuyos daños fueron provocados por material que se encontraba en el establecimiento, es decir, bajo su guarda exclusiva”, precisó la Cámara del Trabajo.

A su vez, el Tribunal de Apelaciones recalcó que era aplicable el artículo 1113, no solo por el hecho de un dependiente, sino también porque “la peligrosidad del evento dañoso no debe limitarse al objeto implicado, sino que comprende al establecimiento en su conjunto, esto es, a la obra en construcción misma, ya que es allí donde la empleadora desarrolla su actividad empresarial”.

Por lo tanto, la Cámara Laboral admitió el recurso de apelación del operario y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto había rechazado la acción civil del trabajador por el siniestro sufrido durante su prestación de servicios. Fueron condenadas solidariamente por el accidente al pago de 36.000 pesos, más intereses, la empleadora y la ART.
Fuente: http://www.diariojudicial.com.ar

Los pensionados Podrán Acceder a la Jubilación Mediante Moratoria

2012-01-22T19:02:00.001-03:00

La Corte Suprema ratificó un fallo que permite acceder al beneficio a través de la moratoria para quienes disponen de una pensión o cobran alguna otra prestación como planes sociales o retiros.

De esta manera, la medida abarca todos los casos y los futuros jubilados no deberán pagar de forma anticipada la deuda por los aportes no ingresados ya que se le descontará del haber mensual una vez otorgado el beneficio.

Las personas que se encuentran en edad jubilatoria se benefician del mencionado sistema por moratoria ya que puede declarar aportes anteriores a septiembre de 1993, los cuales pudieron no haber sido ingresados al sistema por haber estado desempleados o trabajando en “negro”. De esta manera, el futuro beneficiario podrá completar los 30 años de aportes requeridos.

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) había exceptuado de dicha posibilidad a las personas que percibían planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilaciones, pensiones o retiros civil, militar o policial (tanto nacionales, provinciales o municipales). El texto cita que con respecto a los años de aporte que las personas adeudan, que "adquirirán derecho al cobro del beneficio previsional con la cancelación total de la deuda reconocida".

Así, una beneficiaria de una pensión graciable no se podría jubilar a través del sistema de moratorias sin cancelar la totalidad de la deuda. Este accionar del organismo fue motivado por un decreto del ejecutivo que ordenaba que prevalezcan en el otorgamiento de jubilaciones las personas desprovistas de cobertura social.

Finalmente, la Justicia aclaró que la resolución se había excedido debido a que "implicó la creación por vía reglamentaria de un requisito que no se hallaba contemplado en la ley sujeta a esa reglamentación".

Por este motivo, el fallo favorece a las personas que cuenten con otro beneficio ya que se podrán jubilar a través del sistema de moratoria, el cual descontará sumas preestablecidas del futuro haber.

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La Cámara de Casación analiza la calificación de delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad

2012-01-22T19:00:00.001-03:00

Es en el marco de audiencias que se llevaron a cabo ante la Sala IV del tribunal por la causa "Molina" en la que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó condenas por hechos cometidos en el centro clandestino de detención La Cueva.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal realizó esta semana dos audiencias de informes respecto de los recursos de casación interpuestos en dos causas en las que se dictaron condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano H. Borinsky y Juan Carlos Gemingani, escuchó los fundamentos de la defensa de Gregorio Rafael Molina, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua por hechos cometidos en el centro clandestino de detención denominado “La Cueva”. En esta causa los magistrados revisarán la calificación de delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad.

La otra audiencia realizada correspondió a la causa en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Francisco Julio Oviedo en calidad de autores y partícipes necesarios en orden a los delitos de privación ilegal de libertad doblemente agravada por el uso de violencia y duración por más de un mes y aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos, en ambos casos en 17 hechos. Además se los condenó por violación de domicilio y robo en un hecho, asociación ilícita y coacción, calificándose todas estas conductas como delitos de lesa humanidad.

De esta audiencia participaron las defensas de los condenados, el representante del Ministerio Público Fiscal, la representante legal de la querella Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el condenado Molina Ezcurra.
Fuente: http://www.cij.gov.ar