Acción Colectiva y Megaproyectos Mineros

Comunicado a la opinión pública sobre la falsa información que se promueve por redes sociales en contra de la minga social

2019-04-05T11:13:00.000-07:00

Comunicado a la opinión pública sobre la falsa información que se promueve por redes sociales en contra de la minga social 4 abril, 2019

Desde el escenario de convivencia, diálogo y concentración ubicado en el resguardo indígena las Mercedes, sector el Pital, territorio ancestral Sa´th Tama Kiwe, municipio de Caldono. Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares, denunciamos y desmentimos la información que circula vía whatsapp y redes sociales donde señalan que el Consejo Regional Indígena del Cauca tomara medidas para atacar a quienes con sus acciones violentas afectaron las instalaciones de la organización. Además, señalan que el día 5 de abril se hará una movilización hacia la ciudad de Popayán, lo cual es totalmente falso, puesto que la minga acompañará la siembra del compañero Deiner Ceferino Yunda asesinado por la fuerza pública.

Desde la minga social del suroccidente desmentimos la información que circula por estos medios, puesto que no es un comunicado oficial del CRIC y solo buscan continuar incentivando al odio, la discriminación racial y estigma hacia la minga social para seguir haciendo daño, como lo ocurrido en las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y sus sedes el día 3 de abril.

Es grave que este tipo de información circule, tomando nuestro logo y firmando a nombre de nuestra organización con el fin de confundir a la ciudadanía. Y lo más preocupante aun, es que se continúan incitando a la ciudadanía a participar de actos vandálicos orquestada por parte de los gremios de la ciudad de Popayán, políticos del centro democrático y algunos medios de comunicación como Cauca noticias, Notivisión Cauca, Periódico Virtual entre otros en complicidad con la fuerza pública.

Cabe recordar que en la manifestación del 3 de abril, donde las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC y la IPS Minga sufrieron daños a causa de las acciones violentas, estas se hicieron en presencia de la policía y del ESMAD, quienes aun verificando la situación de odio que estaban promoviendo los manifestantes actuaron pasivamente, omitiendo su papel de garantizar los derechos, y al contrario, la policía y el ESMAD, se colocó de parte de estos actos violentos, grabando a las personas que defendían las instalaciones del CRIC.

Con lo anterior, reiteramos a la ciudadanía que la minga social continua en diálogos con el Gobierno Nacional con el fin de dar cumplimientos los acuerdos incumplidos pese a las dilataciones que se han presentado. Igualmente aclaramos que los únicos canales de información y difusión oficiales de la organización son a través de la página www.cric-colombia.org y en sus redes sociales figuran como el nombre de Consejo Regional Indígena el Cauca-CRIC. Por tal razón cualquier información que circule fuera de estos canales de información es falsa.

Ante estos hechos de desinformación y plagio del logo de nuestra organización, exigimos a las autoridades competentes investigar y tomar acciones legales necesarias para determinar a los responsables. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la honra y reputación del CRIC y de los mingueros y mingueras quienes se ven afectados por este tipo de desinformación.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, para que, en el marco de sus funciones y competencias cumplir con el deber de prevención, intervención y vigilancia ante el accionar de estas personas que afectan la honra y el buen nombre de las organizaciones de la minga social suroccidente colombiano.

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente colombiano

Boletín No. 42. Fuerza pública arremetió contra las comunidades negras del Norte del Cauca

2019-04-03T14:05:00.001-07:00

2 de abril de 2019

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

Departamento del Cauca, Municipio de Buenos Aires

La comunidad Afro del Norte del Cauca, quienes se encuentran movilizados desde el día de 1 de abril del 2019, en su ejercicio a la libre protesta fueron arremetidos por fuerza pública ESMAD el día de hoy 2 de abril en la vereda San Francisco municipio de Buenos Aires sobre la vía que conduce a Suárez.

En horas de la mañana la fuerza pública ESMAD ingresó al lugar en camiones, busetas y motocicleta y arremetieron con la comunidad negra que se encontraba en su ejercicio a la protesta pacífica. El ESMAD lanzó indiscriminadamente gases lacrimógenos hacia la comunidad que se encontraba en la vía.

Además, la policía retuvo a varios manifestantes y les quitó la cédula de ciudadanía y posteriormente le tomaron fotografías al documento de identidad de las personas.

Desde las comunidades negras se hace el llamado al Estado para que no continúe violentando a los procesos ancestrales de las comunidades negras que se encuentran movilizadas y a la minga social del suroccidente.

Tejido Defensa de la Vida y los DD.HH de ACIN Chxab Wala Kiwe

Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

2019-04-02T13:52:00.000-07:00

Boletín No. 40. Asesinado por la fuerza pública DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, de 20 años de edad, minguero del resguardo indígena de Jebala municipio de Totoro

Boletín de Derechos Humanos N°40 del 02 de Abril del 2019

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

Departamento del Cauca, Municipio de Cajibío Cauca, sector el Cairo

ASESINADO por la fuerza pública DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, de 20 años de edad, minguero del resguardo indígena de Jebala Totoro, el cual se encontraba participando de la minga social por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.

HECHOS:

Hacia las 10:45 de la mañana se confirma el fallecimiento del miguero DEINER CEFERINO YUNDA CAMAYO, que se encontraba en el sitio EL CAIRO, en inmediaciones de la vía Panamericana, tras las aproximaciones represivas hechas por el ESMAD de la policía, EMCAR y efectivos del ejército desde las horas de la madrugada al campamento de los mingueros y mingueras concentrados en ese punto y zonas aledañas. En medio de la arremetida de la fuerza pública, los mingueros y mingueras se encontraban rodeados por la fuerza pública, en el momento dónde se originan las ráfagas de arma de fuego que le propinan un mortal impacto de proyectil a la altura del tórax a nuestro compañero.

En los mismos hecho resultaron heridos cuatro mingueros debido a las confrontaciones y tres retenidos por la fuerza pública.

Comunicaciones CRIC

Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Ҫxhab Wala Kiwe

Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

#MingaSocialSuroccidente2019

Vamos con la Minga todos los pueblos

2019-04-02T04:40:00.001-07:00

ACONC: Apoyamos a la Minga como una expresión válida del reclamo de nuestros pueblos al abandono histórico. 1 de abril 2019.

LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN Y LA UNIDAD

COMUNICADO N°004, Santander de Quilichao-Cauca, marzo 31 del 2019

La Asociación De Consejos Comunitarios del Norte Del Cauca (ACONC), La Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez y el Proceso Nacional de Comunidades Negras en Colombia (PCN), Como Organizaciones que luchan por la reivindicación de los derechos del pueblo afrodescendiente, reiteramos nuestro reconocimiento y apoyamos a la Minga como una expresión válida del reclamo de nuestros pueblos al abandono histórico, a las profundas afectaciones del racismo estructural y el incumplimiento del Estado colombiano a sus obligaciones y a los acuerdos surgidos de los distintos diálogos y movilizaciones a las que como pueblos nos hemos visto obligados a realizar. Ante un Gobierno que se niega a asumir plenamente los compromisos firmados con el pueblo afrodescendientes de esta región así como por los incumplimientos al acuerdos de paz, entre otros; la única posibilidad que tenemos como pueblos es fortalecer la unidad y la movilización como garantía de defensa de nuestros legítimos y fundamentales derechos a la vida con dignidad y a la paz.

Por lo anterior las comunidades del pueblo negro y afrodescendiente del norte del Cauca nos sumamos a la minga social por la defensa de la vida el territorio la democracia, la justicia y la paz, con los siguientes planteamientos:

Exigimos respeto y garantía a los derechos colectivos del Pueblo Negro y reglamentación de ley 70 de 1993. (No regresibidad, consulta previa, inclusión de lo acordado en el PND no menejarlo transversal y sino con indicadores y metas claras)
Atención humanitaria. Cumplimiento del Auto 005 y otros. Decreto 4635 de Victimas, Reparación Colectiva a Comunidades, protección de líderes y comunidades en riesgo, acuerdo humanitario ya.
Implementación de los acuerdos de Paz. Capítulo Etnico, PDET, Sustitución de Cultivos.
Fortalecimiento de diferentes estrategias comunitarias de producción.
Tierras y territorios. titulación Colectiva, compra de tierras, Planes de Manejo, control de minería ilegal, descontaminación de territorios de mercurio, cuidado del agua.
Mecanismo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos incumplidos desde 1986, con atención especial acuerdos con mujeres.

Después de estos 8 días de asamblea permanente, invitamos a las comunidades negras del norte del Cauca y otras regiones, a acompañar y fortalecer esta acción de reivindicación de derechos, defensa de la vida y el territorio, a partir del 31 de marzo de 2019.

Vea lo que está pasando en la Minga

2019-03-28T06:30:00.001-07:00

Fuente CRIC- Cauca- Colombia. 29 de marzo de 2019.

Marzo de 2019

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

Grupo paramilitar persiguió y disparó contra mingueros, en complacencia de fuerza pública.

Siendo las 5 de la tarde del día de hoy 27 de marzo de 2019, se dio atentado, agresión y captura contra comunidad indígena en Suárez.

Comunidad de Cerro Tijeras describe que un grupo de personas afrodescendientes que portaba armas persiguió y disparó contra indígenas que se movilizaban en el sector de Asnazu, en los hechos resultaron 2 comuneros afectados que presentan heridas causadas por proyectil de alta velocidad. En este contexto también golpearon a la secretaria del cabildo de Cerro Tijeras, de este hecho se señala como responsable al grupo paramilitar conocido como los Koreanos que actúan en el sector de Asnazu y Portugal, con el agravante que “hoy” contó con la complacencia de la fuerza pública.

Nuestras comunidades denuncian que se denota, una actitud institucional policial de etnofobia, …comuneros indígenas estarían siendo detenidos, hostigados, amenazados y conducidos a instancias de judicialización solo por el hecho de ser indígenas, en esta ocasión se capturó a la Autoridad indígena LUIS MARIO CAVICHE ULCUE cuando hacía ejercicio de documentación de la situación con su celular, además se capturo a un indígena que en lugar distinto del sector solo hacia domicilios. Para gravedad del contexto la descripción de la comunidad indica que, Policía Nacional estaría alentando el accionar de la población afrodescendiente lugareña en contra de las comunidades indígenas muchas de estas en contexto de la Minga del suroccidente.

Condenamos esta acción paramilitar, y la complacencia por omisión de fuerza pública, pedimos a las autoridades de control vigilar la actuación de estas instituciones de Estado.

Comunicaciones CRIC

Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Ҫxhab Wala Kiwe

Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

#MingaSocialSuroccidente2019

Megaminería, ¿la sombra que amenaza al majestuoso páramo de Santurbán?

2017-11-08T07:55:00.000-08:00

Ambientalistas temen se arriesgue “nuestra fábrica de agua por excelencia”, pero Minesa asegura que traerá beneficios a la región.

Esta discusión volvió a tomar vida luego de que la Corte Constitucional derogara la resolución que delimitó al páramo porque no se consultó con la comunidad sobre los proyectos mineros en la región. ¿Qué viene ahora para los recursos naturales del país?

Enclavado en la cordillera oriental, entre Santander y Norte de Santander, el páramo de Santurbán es uno de los más biodiversos del mundo. Sus 99 mil hectáreas albergan 26 lagunas, hondas y cristalinas, ubicadas entre los 3.000 y 4.400 metros sobre el nivel del mar.

Un territorio majestuoso, lleno de frailejones límpidos, 456 variedades de plantas y 293 especies de fauna, que provee el agua a 2,2 millones de personas. Se podría decir que en Santurbán no hay imágenes sino postales.

¿Están amenazadas esas postales por la megaminería?

“Páramo de Santurbán es nuestra fábrica de agua por excelencia, entonces debemos proteger nuestra agua y el agua de las generaciones futuras”, asegura Erwing Rodríguez, del comité de defensa, que lleva años batallando por frenar la exploración y explotación de oro en los alrededores de esas tierras paramunas.

Sin embargo, en esta historia falta otro actor fundamental y es Minesa, quien solicitó el 28 de agosto una licencia ambiental para explotar una mina subterránea en la región. Tras siete años de estudios, Juan Camilo Montoya, director general de la compañía, ve un panorama diferente.

“El proyecto Sotonorte es una mina subterránea fuera del páramo de Santurbán que va a generar un impacto muy positivo sobre la región, con una gran cantidad de generación de empleo, sin utilizar cianuro ni mercurio” dice.

Rodríguez le responde: “Minesa piensa remover, para un proyecto a 25 años, siete mil toneladas diarias de roca, lo que equivale a siete veces lo que recibe el relleno sanitario de Bucaramanga en basuras al día. También van a utilizar 35 mil toneladas de explosivos durante toda la fase de su proyecto, entonces es imposible que no se vaya a afectar Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos que de por sí son considerados frágiles y vulnerables”.

En Bucaramanga, las personas están inquietas porque, dicen, la explotación de recursos trae destrucción. Además, piden que la comunidad sea escuchada.

Esta controversia no ha podido zanjarse por vías de la concertación y una tutela fallada por Corte Constitucional promete atizar aún más el debate.

Según el fallo, cuyo ponente fue el magistrado Alberto Rojas, la resolución que delimitó el páramo de Santurbán quedó mal hecha.

"Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad (...) la ciudadanía no tuvo un escenario donde pudiera debatir en torno a la regulación y lograr un consenso razonado", explica el texto.

El alto tribunal derogó esta resolución, pero difirió sus efectos por un año, es decir, en ese lapso deberá surtirse un nuevo proceso de consulta con la comunidad. Sobre el concepto de participación, la corte fue enfática:

“No se considera participación cuando las autoridades convocan a la comunidad para que escuche una delimitación del páramo que ya se adoptó".

También ordenó a minambiente iniciar un proceso de restauración y descontaminación de las áreas del Páramo de Santurbán en coordinación con el Ministerio de Minas.

Para el experto en páramos, Carlos Sarmiento, esta decisión va empoderar aún más a las comunidades afectadas con la minería. “Abre una puerta muy interesante a los temas de participación ciudadana en materia de decisiones ambientales”, sostiene.

Ante la incertidumbre jurídica que produce este fallo queda la pregunta, ¿qué va a pasar con la explotación de Minesa?

“Tenemos toda la información técnica que demuestra que al páramo de Santurbán no le va a pasar absolutamente nada, su vegetación va a mantenerse en las mismas condiciones en que está”, insiste en defender Juan Camilo Montoya.

El minero tradicional Fabio Maldonado se inclina por un punto intermedio, reconoce los impactos, pero cree que se pueden buscar maneras de compensarlos.

Mientras la locomotora minera quedó en veremos, por ahora, un dato que, más allá de la generación de empleo, casi nunca se ventila en estas discusiones: Colombia posee 2,9 millones de hectáreas de páramo que constituyen casi la mitad de los ecosistemas paramunos del mundo.

Fuente
Noticias Caracol. (2017). Controversia por proyecto de megaminería en el páramo de Santurbán. Noticias Caracol. Recuperado a partir de https://noticias.caracoltv.com/caracol-investiga/megamineria-la-sombra-que-amenaza-al-majestuoso-paramo-de-santurban

Petróleo en el Meta: una radiografía de la desconfianza

2017-10-02T07:42:00.002-07:00

¿Por qué si el petróleo produce empleo, movimiento inmobiliario, regalías y otros beneficios parciales, las comunidades se siguen oponiendo a la actividad?

En los últimos meses ha habido varios reclamos por parte de comunidades de la vereda Pio XII de Guamal, en el departamento del Meta, frente a actividades de Ecopetrol en el pozo Trogón 1 del bloque exploratorio CPO-9. Las comunidades en plantón y las mujeres que hicieron huelga de hambre han sido acusadas de vandalismo, y el ESMAD fue enviado en varias ocasiones a responder con el uso de la fuerza. Pero las protestas de los habitantes de la zona contra la actividad petrolera siguen apareciendo, aunque a menudo se descalifiquen sus reclamos.

Entre 2008 y 2010 el Meta se consolidó como el departamento de mayor producción de crudo del país. Desde 2013, la exploración se ha intensificado en el bloque CPO-9, y tras hallazgos comprobados en el pozo Akacías, Ecopetrol avanza en la puesta en marcha de los pozos Lorito-1 y Trogón-1.

El bloque de producción Cubarral, localizado en el corazón del CPO-9, entre Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, tiene una larga historia y es un referente principal en las afectaciones ambientales ocasionadas por la actividad petrolera en el llano. Por su parte, Lorito-1 que recientemente ha sido reubicado a 400 ó 500 metros del sitio inicial, es conocido por la intensa movilización que suscitó en 2013 y que consiguió su suspensión. La comunidad lo consideraba una amenaza, pues se ubicaba en una zona de transición de flujo de agua subterránea hacia el río Humadea.

La relación del Meta con el petróleo es larga, y sus aguas han sido fuertemente impactadas una y otra vez, tal y como lo han visto quienes que habitan el territorio, y como se aprecia en diversos documentos emitidos por las autoridades ambientales en años recientes. Lo que se puede ver es que la relación de la población con la industria de hidrocarburos se ha convertido en una relación de desconfianza que hay que considerar más allá del plantón en la vereda Pio XII, y en el Observatorio de Conflictos Ambientales nos dimos a la tarea de revisar por qué.

Antecedentes

Un derrame que dio mucho de qué hablar ocurrió en 2009, cuando una sustancia tóxica afectó 20 de los 54 km del río Orotoy. En esa ocasión, Ecopetrol fue señalado por el Ministerio de Ambiente como responsable de afectaciones en las fuentes hídricas por contaminación, por limitar su uso para las poblaciones ribereñas, por provocar mortandad de peces y por haber usado sustancias químicas sin contar con un plan de contingencia.

Otras contingencias tuvieron lugar entre septiembre de 2010 y enero de 2014 en el bloque Cubarral, como se puede ver en el Auto 511 de 2015 de la ANLA. Cuatro de los derrames ocurridos afectaron al Caño Alfije, uno al Caño Lejía y al Caño San Luis, y el más grave de ellos, al Caño La Berraquera, con un derrame de 1.698 barriles de crudo en 2011. El Caño Alfije ya había sido impactado con dos derrames en 2010: el rebosamiento de una piscina de agua tratada de la Estación Castilla 2, y el de una piscina de aguas aceitosas en la Estación Acacías.

Los impactos ya mencionados se suman a otros producidos por distintas actividades del proyecto, como la exploración sísmica, los vertimientos, y el rebosamiento y filtración de lodos y cortes de perforación por piscinas que no cumplen con las especificaciones técnicas. Esto último ha sido reportado en varias ocasiones en el bloque Cubarral desde 2008, cuando Cormacarena señaló que “los líquidos con hidrocarburos se siguen almacenando en piscinas excavadas en tierra y a cielo abierto, lo que genera la contaminación de las aguas lluvias que caen directamente y posiblemente la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales”.

En 2013, la ANLA advertía que Ecopetrol no utilizaba los materiales exigidos por la normatividad en ninguna de sus piscinas para almacenamiento de residuos en Castilla y Chichimene, por lo que sus contenidos se filtraban. Tiempo después, en una Audiencia Pública Ambiental celebrada en diciembre de 2015 en Acacías, la comunidad continuaba denunciando el desbordamiento de las piscinas en múltiples puntos del bloque.

Ecopetrol le explicó al OCA que tras el derrame de unas piscinas que fueron contratadas con terceros y que afectaron el Caño San Luis en 2012, se instaló una planta de tratamiento de lodos aceitosos propia en la Estación Acacías que inició operaciones en julio de 2015. “Actualmente no tenemos piscinas de almacenamiento ni de tratamiento in situ de lodos aceitosos", afirmó Claudia Villalobos, profesional de viabilidad ambiental de la empresa. Sin embargo, las piscinas de cortes de perforación, que contienen temporalmente los residuos de la excavación de nuevos pozos se mantienen, y no deja de ser preocupante que lo advertido en 2008 por la corporación ambiental, tardase 7 años en solucionarse.

Al ver este tipo de accidentes o fallas operacionales que impactan las aguas con residuos contaminantes, cabe preguntar qué tan probable es la contaminación de las capas de agua que se almacenan bajo la superficie, más conocidas como acuíferos. El riesgo de contaminación se establece a partir de la estimación de su vulnerabilidad, la cual según el Plan de Manejo Ambiental del bloque Cubarral “se asocia principalmente a la cercanía de la lámina de agua a la superficie y a los suelos con predominio de arenas y gravas presentes en el área de estudio, donde la permeabilidad de los mismos puede facilitar el movimiento de los contaminantes al acuífero”.

Génesis de la desconfianza

Que exista un riesgo ambiental frente a las aguas subterráneas no es un asunto menor, pues aproximadamente el 30% de toda el agua dulce es subterránea. Además de proveer una gran fuente de agua aprovechable, los acuíferos son ecosistemas que actúan como biofiltros donde se purifican enormes cantidades de agua, y dada su estrecha conectividad con los ecosistemas terrestres y acuáticos vecinos, constituyen un mecanismo clave de mitigación de inundaciones y sequías.

Tanto el bloque Cubarral, como parte importante del bloque CPO-9 se localizan en zonas de recarga y descarga de aguas subterráneas que se encuentran a menos de 5 metros de la superficie. Para el primero, Ecopetrol entregó a la ANLA en 2012 un estudio de vulnerabilidad, realizado con el método “Drastic”, en el cual establece 2 unidades hidrogeológicas:

I1 con vulnerabilidad muy alta, correspondiente a acuíferos superficiales conectados con los ríos Acacías, Orotoy y Guamal, que son usados por la comunidad para construir aljibes.
I2, que presenta una vulnerabilidad alta y ocupa el 95% restante del bloque.
La ANLA prohibió la intervención de la Unidad I1, pero en 2015 Ecopetrol presentó un nuevo estudio con el mismo método, con resultados muy diferentes: la vulnerabilidad muy alta de los acuíferos de la unidad I1 desapareció, y la vulnerabilidad alta de la unidad I2 se redujo al 18%.

Con estos datos la empresa solicitó una nueva zonificación mucho más permisiva, que la ANLA rechazó, pues no encontró argumentos técnicos que la soportaran. Cuando dos estudios tan similares arrojan resultados distintos, aparece el escepticismo. Si a esto se suma que la zonificación que existe no ha logrado evitar el impacto sobre las aguas en la región, ese escepticismo se desborda.

Dado que la actividad petrolera en el bloque Cubarral se localiza sobre unidades hidrogeológicas que constituyen la mejor categoría de acuíferos posible, ¿no debería existir un margen de protección también para los acuíferos más vulnerables? y de hecho, ¿lo más razonable no sería prohibir esta actividad donde éstos existan?

En 2012, una visita de la ANLA constató que la plataforma de perforación del clúster 4 (plataforma multipozo) del bloque CPO-9 Campo 50 K ha causado una afectación en el abastecimiento de aguas de las comunidades de la vereda Montelíbano en Acacías. El pozo está construído sobre “acuíferos que corresponden a los niveles de terraza y depósitos aluviales [del río Acacías], los cuales tienen gran potencial para almacenar y circular el agua por sus poros y grietas”, dijo la ANLA, y en la misma visita señaló que Ecopetrol no cumplía o no contaba con medidas de manejo de residuos, aislamiento y manejo de lixiviados, y plan de contingencia en caso de derrames.

De nuevo en 2013, el Grupo Técnico de la ANLA señaló que Ecopetrol construyó en el clúster 10 en la vereda La Esmeralda, sobre una zona donde “emerge agua de la cual se alimenta toda la comunidad, por lo tanto, es evidente que Ecopetrol no respeta la normatividad ambiental, al perforar encima de acuíferos”. No considerar la zona de alto riesgo durante la planeación, ya había tenido como consecuencia un derrame de 40 barriles de crudo en enero de 2011.

Según Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y HSE de Ecopetrol, la probabilidad de que un acuífero se contamine dentro del proceso de exploración y/o explotación de petróleo convencional y aún en el caso del fracking, es cero, debido a los diseños herméticos con los que se maneja el proceso.

No obstante, como se ha podido ver aquí, esgrimir soluciones técnicas no es suficiente para garantizar la integridad de los ecosistemas, y la actuación de la ANLA parece no trascender las advertencias. La autoridad se ha quedado muy corta en realizar una gestión ambiental eficiente, y el panorama no es alentador si lo miramos a la luz del presupuesto nacional proyectado para 2018, por lo que anunciar medidas más estrictas de manejo no tranquiliza a nadie.

Con el plantón de la vereda Pio XII se reabrió esta discusión que viene desde 2012 ¿Por qué las autoridades ambientales se ven tan limitadas en su capacidad de acción efectiva? Pero las movilizaciones abren otra pregunta: ¿Por qué si el petróleo produce empleo, movimiento inmobiliario, regalías y otros beneficios parciales, las comunidades se siguen oponiendo a la actividad? La acumulación histórica de impactos, la dificultad para admitir los riesgos de la actividad, y su creciente expansión parecen ser la respuesta.

“Ecopetrol dice una cosa y hace otra” dice Fernando Ombita, de la vereda Pio XII. Y es que los habitantes de la región han visto cómo poco a poco los 30 pozos aprobados para el bloque CPO-9 en el 2012, pasaron a ser 50 en el área de perforación exploratoria Taray, o 468 en el Campo 50 K en el 2015. La empresa sostiene que la actividad siempre genera más beneficios que costos y que ha hecho un trabajo juicioso de socialización y de gestión del entorno, mientras que las comunidades sostienen que por el contrario, no cumple sus compromisos de socialización ni de manejo de impactos ¿Quién tiene la razón?

En momentos así, vale la pena preguntarse por qué la gente siente que su territorio agoniza en nombre del progreso, no solo en el Meta sino a lo largo y ancho de un país donde 26 de las 44 consultas populares que se están cocinando a lo largo del territorio, son para que los habitantes de los municipios decidan si quieren que se realice exploración y explotación de hidrocarburos en sus municipios. El país necesita más reflexión, menos represión y que se cierren filas en torno al patrimonio ambiental.

Fuente:
Observatorio de Conflictos Ambientales. (2017, Septiembre). Petróleo en el Meta: una radiografía de la desconfianza. Revista Semana. Retrieved from http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/explotacion-de-petroleo-en-meta-causa-desconfianza-en-las-comunidades/38693

Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA

2017-08-02T19:33:00.003-07:00

Atentado a dos promotores de Consulta Popular en cajamarca. Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA. Fuente: Colectivo Socio Ambiental y Juvenil de Cajamarca. 28 de Julio de 2017

COSAJUCA informa a la opinión pública que el día 28 de Julio a las 7:30 pm en inmediaciones del casco urbano de Cajamarca, exactamente por el camino veredal que conduce a las veredas Rincón Placer y La Ciudadela Ismael Perdomo en el municipio de Cajamarca, 2 integrantes de Cosajuca fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, afortunadamente no resultaron heridos por ninguno de los 2 disparos que fueron hechos desde una casa en inmediaciones de la Carrera 9. Los 2 integrantes de COSAJUCA estaban realizando actividades en el marco de los derechos humanos y la defensa del territorio y el agua. Recordamos que COSAJUCA ha perdido 2 compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y Daniel Humberto Sánchez en 2014, y desde hace 4 años hemos sido víctimas de todo tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue detenido gracias a la histórica Consulta Popular del pasado 26 de marzo. Exigimos a las autoridades como la Fiscalía que actúen de manera eficaz para dar con los responsables de este atentado para que se haga Justicia. Exigimos a la Consejería para los derechos humanos de presidencia, Ministerio del Interior, UNP, Defensoría del Pueblo, Personería y Alcaldía de Cajamarca se brinden todas las garantías para la integridad de cada miembro de COSAJUCA y sus familias y así poder seguir realizando nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos y el territorio. Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales para que compartan y denuncien este acto no solo en contra de COSAJUCA, sino a todo el proceso socio ambiental que defienden los territorios en el Tolima. Solicitamos a las Naciones Unidas y Cuerpos diplomáticos presentes en el país, para que brinden acompañamiento y asesoría a COSAJUCA, entendiendo que el asesinato de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha crecido dramáticamente al punto de ubicarnos en el deshonroso 2 lugar con 37 homicidios en Latinoamérica. Para mayor información al correo colectivocosajuca@gmail.com

El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera

2017-03-27T13:06:00.001-07:00

El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera. Marzo 26 de 2017. Fuente: SALLY PALOMINO.- El País. -Colombia.

Una mujer depositando su voto. REGISTRADURÍA NACIONAL

La decisión estaba en manos de Cajamarca, un pueblo de 20.000 habitantes, pero los efectos serían determinantes para todo Colombia. Ganaron los defensores del medio ambiente que, después de la larga batalla jurídica (y hasta política), vencieron a la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos del país. A través de una consulta popular, en la que 16.312 personas podían votar, el pequeño poblado determinó cuál será el rumbo ambiental de su región y abrió un debate nacional sobre otros trabajos de exploración que se adelantan. Con un abrumador 6.165 contra 76, se impuso el rechazo a la explotación minera. Las calles de Cajamarca se llenaron para celebrar que el pueblo estaba haciendo historia.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Era la pregunta que debían responder los ciudadanos. Con que 5.438 votaran por el no, el permiso que el Estado había otorgado quedaría sin efectos. Y así fue. En los primeros boletines de la Registraduría Nacional, los defensores del medio ambiente ya eran ganadores.

Aunque para la explotación todavía faltaba un par de años, según los planes de la compañía minera, desde hace varios ya venían haciendo trabajos de exploración. La meta era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. Por eso, desde hace ocho años, cuando se conocieron las intenciones de la empresa sudafricana, nadie le quitó los ojos de encima al proyecto. Ni los ambientalistas, a los que se unieron organizaciones jurídicas y cívicas, ni quienes abogaban por los mineros artesanales que, con el no victorioso, según ellos, se quedarían sin trabajo. AngloGold siempre se defendió. Aseguró que desde que empezaron sus labores de exploración han implementado los estándares más exigentes de la industria. “Podemos decir que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”, declaraba la compañía hace unos días.

Voces como las del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- también se manifestaron contra la consulta. Bruce Mac Master, su director, aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”, decía en una entrevista con la agencia Colprensa. Según él, si no fuera por la minería legal, no habría industria cementera, de construcción, metalúrgica o agroquímica. Pero para los ciudadanos, los argumentos a favor del medio ambiente estuvieron por encima.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razona Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Según él, la decisión de este domingo servirá para otras regiones, no solo de Colombia, que están enfrascadas en conflictos ambientales. “Lo que pasó hace realidad la promesa de participación y de centralización de la Constitución de 1991. Es una voz que debe ser acatada por el Estado. Es un ejemplo para otros países”.

Por primera vez, una consulta popular de iniciativa ciudadana y con un enfoque ambiental demostró que los caminos participativos que el Estado garantiza en el papel, pueden ser posibles en la realidad. El desenlace de esta historia, sin embargo, está todavía por verse.

Los más pesimistas temen que no se respete la voluntad del pueblo y que no se revoquen los titulos mineros existentes con AngloGold. Otros dicen que la lucha continuará hasta que el proyecto desaparezca de la zona. Un final con el que los promotores del no sueñan desde enero del año pasado, cuando se propuso hacer la consulta. Meses más adelante, en mayo, la Corte Constitucional le dio un empujón a la idea, al declarar inconstitucional un apartado del Código de Minas que no permitía a los municipios decidir (prohibir) sobre la minería. La estocada final apareció en octubre, cuando otro pronunciamiento de la Corte señaló que las consultas populares en temas mineros son constitucionales. En ese momento, empezó la carrera de ambas partes por llevarse la mayoría de votos.

Jimmy Torres, del comité ambiental del Tolima, asegura que el camino a seguir es blindar la consulta. “Esto es un paso muy importante, pero no el final. Ahora debemos velar para que se cumpla lo que se decidió en las urnas”, decía desde Cajamarca, a donde llegaron organizaciones internacionales para acompañar el proceso. “Unirnos para proteger el agua y la tierra debe ser una meta. El agua no tiene color político, es la fuerza que nos une”, señalaba en la tarde del domingo.

Ver enlace: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/27/colombia/1490566547_441108.html

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative.

2017-03-02T11:31:00.003-08:00

Comunicado Público acerca de la visita a Colombia de la delegación. Mining and Faith Reflections Initiative. del 19 al 24 de febrero de 2017, marzo 2 de 2017.

Imagen de archivo Fuente: hbnoticias.com

Las organizaciones abajo firmantes hacemos expresa nuestra preocupación frente a la visita que la “Mining and Faith Reflections Initiative” (MFRI) está llevando a cabo en Colombia entre el 19 y el 24 de febrero en las zonas carboníferas de los departamentos de Cesar y La Guajira.

Las razones que motivan este comunicado se alimentan en la forma en que fue concebida esa visita y los métodos empleados para informar sobre su realización:

● La ausencia de claridad respecto a: los objetivos de la delegación de la MFRI, la metodología de recolección de información, el empleo de los resultados obtenidos por parte de los partícipes de esa delegación, y las consecuencias de ese empleo en los procesos de defensa territorial y exigibilidad de derechos que adelantan las comunidades afectadas en la zona, en particular por la grave situación de persecución y amenaza a líderes sociales y defensores de derechos en Colombia.

● La ausencia de información oportuna, completa y verificable que garantizara la participación activa y eficaz de las comunidades afectadas por la operación carbonífera en el proceso de construcción de la agenda, en la preparación requerida para colaborar con la delegación y en el proceso mismo de reconocimiento territorial.

● La ausencia de una metodología de incursión en el territorio que permita a los integrantes de la delegación constatar y dialogar autónomamente, sin presencia de las empresas mineras involucradas en las violaciones a DDHH que hoy se denuncian en esas zonas, con las comunidades afectadas sobre los daños ocasionados por la operación carbonífera que se conduce y promueve activamente en ambos departamentos.

Nuestras preocupaciones se agudizan debido a que el modelo de extracción que se lleva a cabo en Cesar y Guajira, que se ha profundizado durante los últimos años en nuestro país, ha significado grandes transformaciones en los ecosistemas y en la vida en todas sus manifestaciones; por esa razón, hoy se le atribuye ser generador de múltiples y nuevas conflictividades. Es en ese escenario que las comunidades de ambas regiones han emprendido acciones en defensa de su territorio, que cuestionan las prácticas empresariales por sus impactos irreversibles y por su indiscutible insustentabilidad. Ha sido en medio de evidentes asimetrías en las relaciones entre las comunidades y las empresas que los cuestionamientos económicos, sociales, ambientales y legales a esta industria, hechos por líderes y organizaciones sociales, han resonado hasta las autoridades locales y nacionales, los entes de control del Estado colombiano, los tribunales judiciales, la academia, e incluso los consumidores internacionales, con la expectativa de que, con su intervención, dichas asimetrías sean superadas y la protección a las comunidades asegurada. Sin embargo, delegaciones como la llevada a cabo por la MFRI son prueba de los grandes desafíos que aún tenemos.

La “Ecología Integral” (resaltada en Laudato Si´ 140-142) implica considerar las voces de las víctimas y tomar en cuenta los datos de la ciencia, así como las experiencias de las organizaciones que acompañan solidariamente a las comunidades, con una mirada contextualizada de la región y desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La Encíclica reclama la confrontación de información interdisciplinaria, transparente e independiente, científica, estadísticas sociales y análisis económicos para discernir si un emprendimiento contribuye a un verdadero desarrollo integral (LS 185). Por ello, resulta desconcertante que la agenda fuera organizada principalmente por y con las empresas mineras como Cerrejón (Glencore, Anglo American. BHP Billiton) y Prodeco (Glencore) en un claro desbalance respecto a los sectores sociales, en especial por el efecto que tiene ese diseño en la versión de la realidad que evidenciará la delegación, altamente permeado por la visión empresarial y no por la de las comunidades y sectores sociales que se han visto afectadas en sus proyectos de vida debido a dichos intereses.

Las falencias antes descritas se suman a otra preocupación, relacionada con la conceptualización de las posturas eclesiales e interpretaciones de fe respecto a los proyectos extractivos. Tal como ha sido diseñada, la visita de la delegación de MFRI a Colombia, observamos que adquieren mayor relevancia los intereses empresariales reflejados en la estrategia “Catalizador para la empresa minera del futuro” de la “Kellogg Innovation Network” que las líneas de orientación y acción de la Encíclica Laudato Si´, así como los pronunciamientos del Papa Francisco en los Encuentros con Movimientos Populares (Bolivia, 2015; Roma, 2016) y en el Encuentro de representantes de comunidades afectadas por actividades mineras (Roma, 2015).

No obstante nuestras preocupaciones respecto del contexto en el cual se da la visita y la confusa información recibida al respecto, hicimos el esfuerzo de involucrarnos en el diálogo propuesto. Desafortunadamente constatamos que nuestro esfuerzo fue en vano ya que, una vez hechas todas las gestiones para que las comunidades y organizaciones acompañantes atendiéramos la visita de manera independiente, al final fuimos informados que la delegación se conduciría según la agenda organizada por las corporaciones mineras. Posteriormente, a tan solo un día de la visita, para el caso del departamento de la Guajira, se informó que se abriría un espacio para nuestra participación, aumentando así la confusión. No obstante, en Cesar no logramos su apertura al diálogo con los afectados directos de la operación empresarial, pese a las propuestas que hicimos previo a su llegada al país.

Lamentamos entonces no haber contado con un espacio suficientemente amplio y participativo para que la delegación escuchara a las comunidades rurales y urbanas que tienen una voz disidente frente al actuar corporativo y gubernamental en materia minera, ni de las organizaciones que tenemos un trabajo serio y comprometido con la defensa de los derechos humanos y del ambiente. Insistimos en que tenemos voluntad y apertura para el diálogo, siempre y cuando existan garantías. Por lo anterior, hacemos constar lo siguiente:

● Los departamentos de La Guajira y Cesar se encuentran en una crisis humanitaria derivada de la vulneración de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud, la cual no ha sido debidamente atendida por el gobierno ni remediada por sus causantes, y puede profundizarse con los planes de expansión de las operaciones mineras en estos dos departamentos del país.

● Ni en el Cesar ni en La Guajira el crecimiento del sector minero, con sus consecuentes regalías, ha significado un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Según las proyecciones del Censo de 2005, para el 2012 la población del departamento del Cesar con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representaba el 44,73% de la población, mientras que en La Guajira lo era el 65,23%; el promedio poblacional nacional de NBI correspondía al 27,78% (Cinep, 2014^{^[1]}).

● Cesar y Guajira son ejemplos del desplazamiento forzado en Colombia por cuenta de las actividades carboníferas y sus consecuencias contaminantes. Así, los procesos de desplazamiento forzado (denominados oficialmente “reasentamientos involuntarios”) han sido característicos en la expansión de estos proyectos mineros.

● La ampliación minera en los dos departamentos se ha realizado sobre zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, negras y campesinas sin que se hayan realizado procesos de consulta previa, libre e informada que permitan a la población participar en el ordenamiento de su territorio. Desconociendo derechos étnicos colectivos, las empresas han realizado procesos de negociación individual para la compra de tierras a través de la intimidación, la restricción en el acceso a los recursos y el confinamiento, todo lo cual ha resultado en la ruptura del tejido social y la desaparición de múltiples comunidades.

● En los casos en los que ya se han dado los reasentamientos, las poblaciones enfrentan otros riesgos propios del cambio de vida rural a la urbana, tales como la pobreza, pues no cuentan con alternativas productivas para su sustento, junto con otros innumerables problemas como la falta de acceso a servicios públicos, a la propiedad, la vivienda y la recreación.

● La contaminación del aire y el desvío de fuentes hídricas básicas para la recreación de la vida de las comunidades del Cesar y de La Guajira son problemas apremiantes para regiones que enfrentan fuertes períodos de sequía.

● En los últimos años ha aumentado la violencia en contra de líderes sociales en las regiones, particularmente aquellos que emprenden acciones de defensa de sus derechos y del territorio. La Defensoría del Pueblo emitió en diciembre de 2016 una alerta temprana frente a los municipios del corredor minero, atribuyendo directamente un nexo de causalidad entre las amenazas de las que son víctimas múltiples líderes y su oposición a las operaciones mineras.

Nos preocupa que la visita de la delegación MFRI ignore dicha realidad y omita hacer los llamados y condicionamientos necesarios para que las empresas que hoy dirigen esas operaciones, y en las cuales han depositado sus inversiones, no sigan contribuyendo a las violaciones de derechos humanos que hemos documentado en la región, y tanto más que su recorrido por la zona no sea un instrumento de transformación, sino de legitimación formal. Por tanto hacemos un llamado a:

1. Promover garantías para la participación real y efectiva de las comunidades afectadas por la minería y de las organizaciones sociales con acceso a la información clara, transparente y oportuna.

2. Impulsar medidas que eliminen la asimetría en el relacionamiento entre empresas y comunidades.

3. Promover obligaciones vinculantes y extraterritoriales para empresas y derechos humanos y transparencia en el actuar de los actores estatales, gubernamentales y empresariales.

4. Exigir el respeto pleno de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes en los distritos mineros de Cesar y Guajira.

5. Exigir garantías para que las operaciones carboníferas no sigan profundicen las causas de desplazamientos forzados en la región, y que las consecuencias de los que ya se han generado serán atendidas adecuadamente, con un enfoque de protección preferente para sus víctimas.

6. Exigir garantías de seguridad para los líderes sociales y defensores del ambiente, del territorio y de los derechos humanos.

Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por los efectos que una visita en estas condiciones puede representar para los ejercicios de defensa territorial y de exigibilidad de derechos que llevan a cabo las comunidades y sectores sociales de ambos departamentos. Por lo anterior, esperamos que este no sea un intento más de las empresas por obtener la legitimación social de los sectores de la fe, y exigimos prácticas transparentes, participativas y libres de manipulación.

Bogotá, 24 de febrero de 2017

CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna

Colectivo de Abogados Ambientalistas, Guacamaya Dumeka

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Colombia Solidarity Campaign

Comisión Claretiana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comisión JPIC - CRC

Comité Ambiental en defensa de la vida

Comité de concertación de reasentamiento de Boquerón (La Jagua de Ibirico- Cesar)

Conferencia de Religiosos de Colombia (C.R.C)

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Geoambiental TERRAE

Corporación Vida del Río Fucha-CORVIF

Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Grupo de Trabajo Suiza Colombia (Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask!)

Instituto de Estudios para la Paz (INDEPAZ)

London Mining Network

Movimiento Católico Mundial por el Clima

Movimiento sutsuin jiyeyu wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu

Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)

Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica - OCMAL

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.

Observatorio de Expansión minero energética y re-existencias

Paz con Dignidad-OMAL Colombia

Pensamiento y Acción Social (PAS)

Programa Radial Territorio Verde – 94.4 F.M.-Vientos Stereo Bogotá - Colombia

Red de Comités Ambientales del Tolima

Red Iglesias y Minería

War on Want

ORGANIZACIONES QUE APOYAN

AMERINDIA-Colombia
MESETI - Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá D.C.

Cantoalagua-Colombia

Red Nacional del Agua- Colombia

PERSONAS QUE APOYAN

Fr. Eduardo Agosta Scarel , O. Carm., representante regional, Carmelite NGO

Edwin Leonardo Avendaño Guevara, Obispo - Fraternidad Apostólica de Cristo Sacerdote

Fernando Ramírez González, responsable de campañas del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales (M.N.V.C.)

^{^[1]} Cinep, “Impactos socioterritoriales de la explotación minera en los departamentos del Cesar y La Guajira”, en Fescol, Análisis 1/2014, p. 51, disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11067.pdf.

Los indígenas Embera de Risaralda en peligro de desaparición por la megaminería

2017-01-08T08:08:00.001-08:00

Los indígenas Embera de Risaralda en peligro de desaparición por la megaminería. Dic. 5/2016. Fuente: Comité Ambiental.

Fuente: Tomada de Internet por Comité Ambiental

Ver enlace: https://comiteambiental.com/los-indigenas-embera-risaralda-peligro/

Los indígenas Embera de Risaralda en peligro de desaparición por la megaminería

Las Autoridades Indígenas de la Parcialidad Embera Karambá de Quinchía Risaralda, lanzamos esta Alerta Ambiental y Social por el grave riesgo que corre nuestro territorio, nuestra Madre Tierra y nuestras formas de vida por la Megaminería

Denunciamos

Que nos encontramos en grave riesgo de desaparición como Pueblo Originario a causa de la usurpación de nuestro territorio por las actividades de las empresas mineras que buscan ejecutar concesiones de explotación de manera inconsulta en el marco de la Colosa Regional.

Nuestro territorio ha sido expropiado y usurpado desde la época de la conquista cuando nuestro ancestros fueron masacrados y esclavizados, nuestra lengua materna, nuestras expresiones rituales y culturales prohibidas y el título colonial de nuestro resguardo fue anulado de manera ilegítima en 1948 generando la fragmentación del territorio indígena, el deterioro en nuestras formas de gobierno propio y los procesos de integridad cultural que protegen la naturaleza.
La Sociedad Kedhada (filial de la empresa AngloGold Ashanti) ingresó a nuestros territorios desde 1999, apropiándose de predios que habían sido abandonados y despojados por paramilitares del Bloque Central Bolívar, ingresando a la Vereda La Cumbre, esta empresa ha cambiado dos veces de nombre para evadir responsabilidades, (Batero Gold y actualmente se denomina Minera Quinchía), tienen un proyecto denominado La Cumbre Project que abarca comunidades de las parcialidades indígenas Embera Chamí y Embera Karambá.
Desde hace 8 años la empresa minera Seafield (actualmente Compañía Minera Miraflores) ha ingresado a nuestro territorio de manera inconsulta para llevar a cabo actividades de exploración con la autorización del gobierno nacional y generando división entre las comunidades y buscando la ruptura en nuestras formas de gobierno, actualmente ha sido autorizada por la ANM para llevar a cabo actividades de explotación en territorios indígenas sin Licencia Ambiental y sin el consentimiento previo libre e informado de las comunidades indígenas del territorio.
La Empresa AngloGold Ashanti ha anunciado el inicio de sus actividades en agosto de este año en territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Quinchía, bajo la autorización del gobierno nacional con concesiones mineras inconsultas.
En reunión del 25 de mayo de 2016 la empresa Minera Seafield S.A.S. y la empresa Portex, asesores de la minera, manifestaron que el proyecto implicaría el uso de aproximadamente 4.000 hectáreas concesionadas por 30 años, (prorrogables por dos períodos más hasta 90 años) de uso del territorio por parte de las empresas con impactos irreversibles sobre Nuestra Madre Tierra.
El 22 de septiembre, en reunión de preconsulta, la delegada del Ministerio del Interior, sin tener en cuenta los criterios constitucionales, ni las propuestas de las comunidades, decidió de manera unilateral, cerrar el proceso de garantía de la Consulta Previa y autorizar a laCompañía Minera Miraflores la realización de actividades de exploración y explotación dentro de nuestro territorio sin consentimiento y sin Licencia Ambiental, avalando la posición de la empresa en que como parcialidad No tenemos territorio en una acción fragmenta nuestras territorialidades, vulnera nuestros derechos fundamentales a la vida, integridad cultural y autonomía y pone en grave riesgo ambiental a todas las comunidades de Quinchía y la región por las afectaciones posibles sobre el río Cauca y sus afluentes en la región.
El Ministerio del Interior ha actuado vulnerando nuestros derechos frente a una empresa que tiene garantizadas las acciones de extracción de los elementos de la naturaleza y las ganancias por la extracción de oro a cielo abierto, frente a la vida no sólo de los indígenas de Quinchía, también de todas las personas que puedan verse afectadas por la contaminación de fuentes de agua, la transformación del uso del suelo y la pérdida de la capa vegetal en la zona.
El 28 de septiembre de 2016 la empresa Compañía Minera Miraflores inició la realización de un censo ilegal, allí el señor Carlos Trejos, funcionario de la empresa que se desempeña como Gestor Social del proyecto, les manifestó a los participantes que en este territorio ya no tenían nada que ver los indígenas porque, según él, los indígenas “habían perdido”, manifestación que no se entiende, por cuanto los derechos fundamentales como los del territorio ancestral y la Consulta Previa no se pierden.
En el mes de noviembre de 2016 se llevó a cabo reunión con las Juntas de Acción Comunal y la empresa Minera Quinchía para la aprobación de las acciones del proyecto “Exploración Minera con Valores Anómalos de Mineral de Oro dentro del título Minero 22159” (que lleva aproximadamente 17 años explorando en el territorio) en dicha reunión la empresa manifestó que no se llevaría a cabo garantía de la Consulta Previa con Karambá, violando ostensiblemente nuestros derechos y negando el ejercicio de nuestra autoridad territorial

Con base en lo anterior

SOLICITAMOS la solidaridad, movilización y acciones de protección de los Pueblos originarios de Colombia para la protección de nuestra madre tierra y nuestras formas de vida, considerando el grave riesgo de desaparición como pueblo que actualmente afrontamos.

DEMANDAMOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y las demás instituciones del Estado el cumplimiento de las obligaciones de garantía de derechos fundamentales y de las órdenes constitucionales respecto de los pueblos indígenas (sentencias de la Corte Constitucional respecto de la Consulta Previa y el Territorio Ancestral indígena, Auto 004 de 2009 etc.)

EXIGIMOS A LAS EMPRESA MINERAS el respeto por nuestras formas de gobierno, procesos de integridad cultural y de protección de la naturaleza, así como detener todo tipo de actividad ilegal e ilegítima en nuestros territorios como las actividades de exploración inconsultas y de explotación sin licencia ambiental.

Autoridades indígenas de la Parcialidad Embera Karambá de Quinchía

Quinchía, 05 de diciembre de 2016

Amenazan de muerte a lideresa Wayuu Jakeline Romero

2016-12-16T05:21:00.002-08:00

Amenazan de muerte a lideresa Wayuu Jakeline Romero. 15 de diciembre de 2016. fuente:notiwayuu.

AMENAZAS CONTRA LIDERESA WAYUU DEL RESGUARDO INDIGENA WAYUU EL ZAHINO, MIEMBRO DEL MOVIMIENTO FUERZA DE MUJERES WAYUU – SUTSUIN JIYEYU WAYUU.

El Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu - Sutsuin Jiyeyu Wayuu, en conjunto con el Resguardo Indígena Wayuu El Zahino, nos pronunciamos ante la opinión pública Nacional e internacional, instituciones del Estado Colombiano, Ministerios Publicos, ONG´s y diferentes Organizaciones Sociales, frente al recrudecimiento de violaciones de derechos humanos en contra de líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos en Colombia en tiempo de Paz.

Hechos:

A las 18: 49Hr del día 13 de diciembre la Señora JAKELINE ROMERO EPIAYU, mujer wayuu del Resguardo Indígena El Zahino, recibe mediante mensaje de texto a su número celular personal, una amenaza de muerte en contra suya y la de su familia: “…NO SE META EN LO QUE NO LE INCUMBE EVITE PROBLEMAS , SUS HIJAS ESTAN MUY LINDAS Y PIENSE EN ELLAS, GRAN MALPARIDA PERJUDICIAL EVITE PROBLEMA POR QUE HASTA SU MADRE SE LA DESAPAREZCO PARA QUE SIGA DE SAPA…”, - las duras palabras de parte de un remitente indeterminado solo un numero de celular quien envía los mensajes de texto.

El hecho ocurre durante la participación de la víctima en un grupo de trabajo con organizaciones indígenas, entidades del estado y la cooperación internacional en la ciudad de Cartagena en un dialogo Multisectorial sobre el derecho de la Consulta Previa.

Los hechos, han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación como entidad oficiales competente para adelantar las investigaciones pertinentes, sin embargo resulta preocupante el aumento de estos hechos hacia mujeres indígenas y líderes defensores de derechos humanos en el Sur de la Guajira.

Es muy preocupante que para épocas donde los pueblos indígenas y en especial las mujeres hacemos históricamente aportes en la construcción de paz desde los territorios, resulta determinante mente nefasto que estos hechos continúen dándose y de manera creciente en este año en las regiones más vulnerables.

Cabe destacar como antecedente las amenazas sistemáticas anteriores de las cuales viene siendo víctima la familia de la lideresa desde el año 2005 por parte de grupos paramilitares, sumándose amenazas directas en el 2012 a una de sus hermanas, como lo es la también reconocida lidereza Jazmín Romero Epiayu; posteriormente en el 2014 a su hija menor de edad Génesis Gutiérrez, siendo estas situaciones denunciadas ante las entidades competentes y hasta el momento siguen en la total impunidad, así mismo el movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu hemos venido denunciando estos actos hacia otros miembros de la organización y se han elevado las respectivas denuncias antes los entes del estado competentes.

Es urgente tomar medidas frente a la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las mujeres Wayuu, líderes y lideresas de nuestro pueblo Indígena, por denunciar abiertamente en debates públicos, situaciones de vulneración de derechos que afectan al Pueblo Wayuu y a la madre tierra, la situación de las víctimas Wayuu del conflicto armado, las condiciones de empobrecimiento de las comunidades y la corrupción que afecta la niñez y las mujeres indígenas, situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad.

Con fundamento en los hechos previamente relacionados, Fuerza de Mujeres wayuu y El Resguardo Indígena Wayuu El Zahino del Municipio de Barrancas en el Sur de La Guajira rechaza las amenazas proferidas en contra de la vida e integridad personal de la lideresa JAKELINE ROMERO EPIAYU , motivo de la cual solicitamos:

1. A las entidades oficiales de control y de investigación competentes como la Fiscalía General de la Nación, a donde han sido presentadas las denuncias de los hechos, para que se adelanten de manera inmediata y urgente las investigaciones sobre el origen de los mensajes amenazantes en contra de la lideresa Jakeline Romero Epiayu para dar con sus actores materiales e intelectuales, perpetradores de las amenazas.

3. Al Gobierno Nacional de Colombia, para que a través del Ministerio del Interior y de Justicia y su programa de protección, se activen las medidas urgentes de protección colectiva a las y los integrantes de la Organización Fuerza de Mujeres Wayuu, quienes a pesar de las denuncias proferidas en otras oportunidades por hechos similares que atentan contra sus vidas, siguen en condiciones de riesgo inminente.

4. A los organismos internacionales veedores de la protección de los derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, para que en cumplimiento de su mandato, inste al estado Colombiano a cumplir con las acciones de protección de las mujeres indígenas, así como de todos los defensores y las defensoras

5. Hacemos un llamado fraternal a las Organizaciones Nacionales e Internacionales de DDHH, a las Misiones y Cuerpos Diplomáticos acreditados en Colombia, para que manifiesten su abierto rechazo ante los hechos ocurridos y para que igualmente exijan a las autoridades colombianas, la protección inmediata de la vida de la lideresa wayuu Jakeline Romero Epiayu y se monitoree de manera permanente la situación de las mujeres Wayuu que se encuentran en riesgo inminente”.

6. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se efectúen a la mayor brevedad posible todas las gestiones pertinentes en aras de que se otorguen con carácter URGENTE, medidas de protección a la lideresa wayuu Jakeline Romero Epiayu teniendo en cuenta los parámetros establecidos al respecto en el Decreto Ley 4633 de 2011, el Decreto 4912 de 2011 y las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 y demás autos relacionados.

7. A la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se analicen los niveles de riesgo que a la fecha afronta nuestra organización Fuerza de Mujeres Wayuu – Sütsüin Jiyeyu Wayuú y el Resguardo Indigena wayuu El zahino en el Municipio de Barrancas, Sur de la Guajira, en el marco de procesos de defensa de derechos, en especial territoriales y denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan al Pueblo Wayuú y se estudie la posibilidad de otorgar medidas de protección según la gravedad del riesgo identificado.

9. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), para que en el marco de sus competencias, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, a nivel departamental y municipal se realicen las acciones que sean pertinentes para generar todas las garantías que en derecho son necesarias para salvaguardar la vida en integridad personal de la lideresa wayuu Jakeline Romero Epiayu, quien viene liderando el proceso de Inclusión del Resguardo de El Zahino en el Registro Único de Victimas y reconocimiento como Sujetos Colectivos de Reparación.

10. Al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal competente) para que direccione todos los esfuerzos necesarios en aras de garantizar que las entidades e instituciones direccionen los esfuerzos necesarios cumpliendo con la debida diligencia para que se generen las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de Jakeline Romero Epiayu y su familia.

11. Al Programa Presidencial para los Derechos Humanos para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, para que dentro del resorte de sus funciones direcciones todoslos esfuerzos necesarios para que las entidades competentes en el que se presenta el caso, atiendan de forma integral a la afectada por los hechos descritos.

12. A la Corte Constitucional para que se tome el presente reporte como un hecho a estudiar en el marco del Auto 004 de 2009, dando cuenta de la constancia e incremento de hechos victimizantes que claramente vulneran los derechos individuales y colectivos del Pueblo Wayúu.

13. A las agencias internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil solidarias con las problemáticas y vulneraciones de derechos afrontadas por los Pueblos Indígenas, para que direccionen, desde sus funciones misionales, generen escenarios de visibilización, denuncia y coadyuvancia frente a la situación puesta de presente y exijan al Estado Colombiano las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos vulnerados.

Los Pueblos Indígenas y en especial Las Mujeres, parimos seres humanos para La construcción de paz del Mundo. enlace:

http://notiwayuu.blogspot.com.co/2016/12/amenazan-lidereza-wayuu-jakeline-romero.html

COMUNICADO PÚBLICO No. 2 EQUIPO PROMOTOR DE LA CONSULTA POPULAR DE CAJAMARCA 24 de nov 2016

2016-11-24T11:45:00.001-08:00

COMUNICADO PÚBLICO No. 2

EQUIPO PROMOTOR DE LA CONSULTA POPULAR DE CAJAMARCA. 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

Fuente Facebook Cajamarca Consulta Popular

El pasado 21 de noviembre el Alcalde de Cajamarca emitió el decreto 083/16 donde fijaba la fecha del 27 de noviembre para realizar la Consulta Popular. La decisión generó un malestar en la comunidad y la opinión pública, no solamente por ser arbitraria y desconocer la Registraduría, sino por pretender violentar el derecho fundamental a la participación democrática. Seguidamente el Alcalde convocó la primera reunión del Comité Seguimiento Electoral en donde se comprometió a cambiar la fecha en coordinación con el equipo Promotor de la Consulta popular y la Registraduría. El próximo viernes 25 de noviembre se definirá la nueva fecha. Teniendo en cuenta lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. El Equipo Promotor de la primera Consulta Popular de origen ciudadano de Colombia propone la fecha del 26 de febrero de 2017 con el objeto de poder garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana. Cajamarca tiene más de 16.000 habitantes habilitados para votar en donde más del 50% reside en sectores rurales de difícil acceso. Para el éxito del proceso es indispensable que todos los habitantes del municipio se informen sobre los alcances y la responsabilidad que implica su participación en la consulta popular y la posibilidad de definir el futuro de la Despensa Agrícola de Colombia.

2. Hacemos un llamado al gobierno nacional y todas las instituciones del Estado Colombiano para que garanticen el derecho fundamental a la participación ciudadana y brinden todas las garantías necesarias para realizar la primera Consulta Popular de origen ciudadano de Colombia. No podemos perder de vista que la empresa minera Anglogold Ashanti viene realizando una campaña sistemática para promover la abstención, la cual ha venido ejecutando desde el 30 de agosto, fecha en la que el Concejo Municipal de Cajamarca aprobó la Consulta Popular.

3. Hacemos un llamado a la Comunidad Regional, Nacional e Internacional a brindar todo el apoyo posible y el acompañamiento que sea necesario con el objeto de evitar compra de conciencias, abusos de la autoridad local, dilataciones, obstrucciones y saboteos a la realización de la Consulta Popular de Cajamarca. Este es uno de los mejores ejemplos para seguir construyendo una paz sustentada en la justicia social y ecológica, es decir, una paz ambiental.

Consultas Populares confrontando la extracción minera

2016-10-22T14:18:00.000-07:00

Consultas Populares confrontando la extracción minera.

Este domingo 23 de octubre, el ex asesor jurídico del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Rodrigo Negrete, junto con la comunicadora social y autora de la acción de tutela que permite a los municipios prohibir proyectos mineros en sus territorios Mónica Flórez, estarán en los micrófonos del programa: "Colombianos por el mundo" de la emisora Ibaguereña Ecos del Combeima. Escúchenlo 7:00am. http://www.ecosdelcombeima. com/

COMUNICADO ABIERTO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA POPULAR EN IBAGUÉ

2016-10-20T09:26:00.003-07:00

COMUNICADO ABIERTO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA POPULAR EN IBAGUÉ. Ibagué, Octubre 12 de 2016.Autor: Comité Pro-NO en la Consulta Popular

Grafica alusiva a COMUNICADO ABIERTO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONSULTA POPULAR EN IBAGUÉ

Frente a la decisión de la sala cuarta del Consejo de Estado, emitida hoy 12 de octubre, en la que se suspende de manera temporal la Consulta Popular de Ibagué del próximo 30 de octubre, manifestamos lo siguiente:

1. La Consulta Popular de Ibagué no ha sido derogada por el Consejo de Estado, sino SUSPENDIDA provisionalmente, argumentando que se requiere tiempo para resolver la tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello, vocero de la abstención y presidente de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del

2. La ciudadanía ibaguereña comprende hoy, más que nunca, que la Consulta Popular es un derecho inalienable, democrático y constitucional que nos permite decidir sobre el territorio, la protección del agua, la salud, la vida y el ambiente de la niñez y

3. Reconocemos la importancia de las últimas decisiones de la Corte Constitucional en relación a la protección de patrimonio ecológico, la autonomía de los entes territoriales y la posibilidad que tienen los municipios para prohibir la minería en sus

4. Rechazamos de manera categórica la publicidad engañosa, mentirosa y calumniadora que implementa la empresa Anglo Gold Ashanti para usurpar el derecho que tenemos los ibaguereños a decidir sobre nuestro territorio a través de la consulta

5. Convocamos a la ciudadanía ibaguereña a mantener todas las actividades de movilización, formación y convocatoria que se han venido realizando en los barrios, colegios, universidades, en las calles y en las casas, en el campo y la ciudad, en todos aquellos lugares donde hemos llevado el mensaje de dignidad, de defensa del territorio, el agua y la participación ciudadana al que tenemos derecho.

Mientras el Consejo de Estado resuelve la tutela, alentamos a la ciudadanía a seguir trabajando de manera UNIDA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO. Los invitamos a encontrarnos en el CARNAVAL POR EL AGUA Y LA VIDA DEL PRÓXIMO 30 DE OCTUBRE.

Comité Pro-NO en la Consulta Popular

COMUNICADO: Inicia intervención del ESMAD en San Martín, Cesar #SanMartínResiste

2016-10-18T18:49:00.000-07:00

COMUNICADO: Inicia intervención del ESMAD en San Martín, Cesar

#SanMartínResiste. San Martín, Cesar, 18 de octubre de 2016

Ante las acciones de movilización pacífica y legítima que la comunidad de San Martín, en cabeza de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC ha venido realizando para impedir el inicio de operaciones de Fracking de la empresa ConocoPhillips en el pozo PicoPlata1, el Alcalde de San Martín, Saul Celis Carvajal, por medio de su Secretario de Gestión Social, Emiliano Ortega Romero, ha autorizado la intervención del ESMAD para hoy 18 de octubre (Ver Resolución firmada).

Es respuesta a esta Resolución, que se da por la presión de funcionarios del Ministerio de Minas, la ANH y la Procuraduría General de la Nación, y luego de la solicitud realizada al Alcalde por parte de la misma ConocoPhillips solicitando judicializar y enviar el Escuadrón Móvil Antidusturbios a quienes nos oponemos a esta técnica (Ver carta ConocoPhillips), las noches del sábado, domingo y lunes, cientos de personas salimos a un cacerolazo en las calles de San Martín, y volveremos a movilizarnos hoy martes para exigir a los responsables, se detenga esta autorización que pone en riesgo la vida de los Sanmartinenses.

· NOTICIAS CARACOL: Especial sobre FRACKING

· NOTICIAS CARACOL: Cacerolazo 1

· NOTICIAS CARACOL: Cacerolazo 2

Estas acciones, demuestran la verdadera manera en que el Gobierno Nacional construye “Paz Territorial”: Mientras por un lado se sienta en La Habana a dialogar y llegar a un Acuerdo con las Farc que termine más de 50 años de guerra, por otro y en beneficio de las multinacionales y los intereses económicos, reprime y usa la violencia contra las comunidades que defendemos la vida, el agua, el territorio y los ecosistemas de la perversa locomotora minera.

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Alerta: Alcaldía de San Martín, Cesar, autoriza intervención del ESMAD. Comunicado

2016-10-17T05:44:00.001-07:00

COMUNICADO: Alcaldía de San Martín, Cesar, autoriza intervención del ESMAD contra opositores al Fracking este martes. Fuente: CORDATEC. 17/10/2016

Ante las acciones de movilización pacífica y legítima que la comunidad de San Martín, en cabeza de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas - CORDATEC ha venido realizando para impedir el inicio de operaciones de Fracking de la empresa ConocoPhillips en el pozo PicoPlata1, el Alcalde de San Martín, Saul Celis Carvajal, por medio de su Secretario de Gestión Social, Emiliano Ortega Romero, ha autorizado la intervención del ESMAD para este martes 18 de octubre (Ver Resolución firmada).

Es respuesta a este hecho, que se da luego de la solicitud realizada al Alcalde por parte de la misma empresa solicitando judicializar y enviar el Escuadrón Móvil Antidusturbios a quienes nos oponemos a esta técnica (Ver carta ConocoPhillips), la noche del sábado más de 200 personas salimos a un cacerolazo en las calles de San Martín (Ver videos y fotos), y volveremos a movilizarnos hoy domingo para exigir a los responsables, se detenga esta autorización que pone en riesgo la vida de los Sanmartinences.

Estas acciones, demuestran la verdadera manera en que el Gobierno Nacional construye "Paz Territorial": Mientras por un lado se sienta en La Habana a dialogar y llegar a un Acuerdo con las Farc que termine más de 50 años de guerra, por otro y en beneficio de las multinacionales y los intereses económicos, reprime y usa la violencia contra las comunidades que defendemos la vida, el agua, el territorio y los ecosistemas de la perversa locomotora minera.

Como lo manifestamos en una denuncia que hicimos llegar a Ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, al Director General de la Policía, al Defensor del Pueblo y otras instituciones (Ver denuncia enviada): "HACEMOS RESPONSABLES ante la opinión pública y la comunidad internacional a FERNANDO ÁVILA, Director Legal de la ConocoPhillips para Latinoamérica y quien ha firmado las cartas presionando por acciones represivas, a GERMÁN ARCE, Ministro de Minas y Energía, a ORLANDO VELANDIA, Presidente de la ANH, a JUAN FERNANDO CRISTO, Ministro del Interior, a LUIS GILBERTO MURILLO, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como aFRANCISCO OVALLE ANGARITA, Gobernador del Cesar, a SAUL EDUARDO CELIS, Alcalde de San Martín, y a la POLICÍA NACIONAL, por las consecuencias que traiga cualquier acción que utilice la fuerza y la represión contra los habitantes de nuestro municipio, en especial contra los integrantes de CORDATEC, quienes de manera pacífica y ejerciendo nuestros derechos, nos seguiremos manteniendo en resistencia para defender nuestra Agua, nuestro Territorio y nuestros Ecosistemas."

Es importante reiterar que nuestra exigencia pacífica se enmarca en lo dictaminado por la Honorable Corte Constitucional y reiterado en la sentencia T-445 de 2016 publicada esta semana, en la que el Alto Tribunal resolvió:"SEGUNDO.- PRECISAR que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.", así como a las graves afectaciones al ambiente, como le reseñó ampliamente Noticias Caracol en una noticia publicada esta semana (Ver noticia).

Por esto invitamos a los medios de comunicación, a las organizaciones Defensoras de DDHH, a los entes de control y a la comunidad internacional, para que este martes 18 desde las 6:00 am en el corregimiento de Cuatro Bocas, acompañen a la comunidad de San Martín que estará pacíficamente en caravana humanitaria, y prevengan cualquier violación a los DDHH contra nuestra comunidad por parte el ESMAD.

Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas - CORDATEC

San Martín, Cesar

Email: cordatec.1@gmail.com

Facebook: Cordatec - No al Fracking en San Martín, Cesar

Twitter: @NoAlFrackingSM

Invitación: Seminario Internacional «Defensa de la Casa Común: Información y alternativas para otros mundos posibles»

2016-10-06T14:23:00.002-07:00

Conflictos socioambientales por expansión extractiva

Entrada Libre

Inscripciones en:

bit.ly/CasaComun

Programación

Asesinan en Medellín al asesor jurídico de la Mesa minera de Segovia, Antioquia

2016-09-16T07:41:00.002-07:00

Asesinan en Medellín al asesor jurídico de la Mesa minera de Segovia, Antioquia. Fuente: Caracol Radio, 15/09/2016

El jurista había recibido amenazas por su trabajo con la minería en el nordeste de este departamento.

Caracol Radio MedellínMEDELLÍN15/09/2016 - 22:46

Sicarios asesinaron en su residencia del barrio Campo Amor, en el sur de Medellín, al abogado William García Cartagena, asesor jurídico de la Mesa Minera Segovia-Remedios, quien había recibido distintas amenazas por su vinculación a los asuntos de la minería en la subregión.

El presidente de la Mesa Minera, Eliober Castañeda, reportó que desde meses atrás esa organización había denunciado estas amenazas ante diversos organismos y autoridades en busca de protección para las personas en riesgo, pero no encontraron apoyo ni respuesta a estas solicitudes.

“Los integrantes de la Mesa Minera y nuestros asesores jurídicos, desde el año pasado hemos sido objeto de amenazas por medio de llamadas y panfletos. Esos fueron denunciados ante la Gobernación de Antioquia, ante la Policía y Ejército, ante la Unidad Nacional de Protección y no nos han prestado atención. Les decíamos que lo que estaban esperando es que nos empiecen a matar uno por uno, y pues estamos evidenciando que así es”, relató el señor Castañeda, líder de los mineros en los municipios de Remedios y Segovia, Antioquia.

En el municipio de Segovia, los trabajadores de la minería y sus familiares hicieron un platón informativo sobre la situación que se vive en esa población, en donde unos 500 trabajadores están en riesgo de perder sus trabajos por un amparo administrativo otorgado por la Agencia Nacional de Minería a la transnacional minera Zandor Capital para la explotación de oro en la mina El Cogote, donde actualmente pequeños mineros la extracción.

La Mesa Minera denunció que la transnacional minera Zandor Capital y el Gobierno Nacional incumplieron los acuerdos firmados el año pasado, y en las últimas semana han desconocido que los afectados son mineros tradicionales, y hoy los consideran trabajadores de minería criminal, al tiempo que los empresarios anunciaron que los sacarán de esas actividades de explotación sin ningún tipo de acuerdo.

El dirigente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, Eliober Castañeda, expresó que esas amenazas y situaciones de hecho como el asesinato de algunos trabajadores y líderes, han generado gran preocupación en la comunidad minera y la población en general, ya que el 97 por ciento de la comunidad dependen de la pequeña minería. Ver: http://caracol.com.co/emisora/2016/09/15/medellin/1473972408_325001.html

En riesgo de exterminio físico y cultural en la que se encuentra actualmente la Nación Indígena U´wa,

2016-07-26T13:11:00.001-07:00

En riesgo de exterminio físico y cultural en la que se encuentra actualmente la Nación Indígena U´wa. 26/07/2016

Los líderes del pueblo uwa exigen la salida de las petroleras de sus territorios – Foto: Ariel Arango / Entrelazando. Tomada periódico el turbión.

En riesgo de exterminio físico y cultural en la que se encuentra actualmente la Nación Indígena U´wa, cuyos miembros han decidido realizar una acción colectiva pacífica consistente en ejercer control territorial del Pozo de extracción de gas Gibraltar desde el pasado 20 de julio con el objetivo de obtener por parte del Gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos a los que éste había llegado a través de los entonces ministros del Interior y de Minas y Energía en reuniones de diálogo intercultural llevadas a cabo en abril y mayo de 2014.

Las reivindicaciones de los U´wa, como pueden ver en los comunicados que adjunto, son legítimas y son exigencias de derechos colectivos y territoriales que el propio Gobierno nacional se comprometió a llevar a cabo hace dos años sin presentar ningún tipo de avance.

Es importante resaltar que el pozo se encuentra ubicado en territorio de posesión ancestral del pueblo U´wa. También, que el pueblo U´wa ha presentado acciones jurídicas para la reivindicación de sus derechos a nivel interno, en las que soy su apoderado judicial actual, sin obtener avances desde la perspectiva del plazo razonable y gestiona una petición ante la Corte IDH, con apoyo de importantes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Los U´wa en todos sus comunicados públicos insisten en sostener un diálogo con el Gobierno en el que se garantice el cumplimiento delos acuerdos que fueron producto de diálogos previos.

Los anteriores antecedentes permiten calificar la acción pacífia de los U´wa como una acción legítima, y no como una acción criminal como la han presentado casi todos los medios que han cubierto la noticia desde la versión de Ecopetrol y del Gobierno local y nacional. En dicho contexto de legitimidad, el eventual uso de la fuerza por parte del Estado para desalojar a los miembros del pueblo U´wa presentes actualmente en la Planta, sería claramente desproporcional.

El pueblo de la Nación U´wa no ha usado la violencia en el marco de esta acción colectiva pero en cambio desde hace varios días ha surgido la amenaza de un desalojo violento por parte de personal del ESMAD, el cual al parecer ha llegado a la zona a través de helicópteros en los últimos días.

El día de mañana el Cabildo Mayor U´wa en presencia de su pueblo, como es lo habitual, tiene reunión programada con funcionarios del Gobierno nacional, en el territorio. Se tiene noticias que una vez terminada la reunión hay órdenes de dar paso al desalojo por parte del personal del ESMAD.
Consideramos que cualquier arrmetida violenta en el sector de la planta, puede ocasionar un desastre asimilable a un genocidio. Les comparto esta alerta para que por favor nos ayuden a visibilizar la situación mediante la divulgación que consideren oportuna y a prevenir una eventual intervención letal del ESMAD.

Fuente: Vargas fernando

AIDA condena amenazas contra defensores y defensoras del ambiente en Tolima, Colombia

2016-07-14T18:14:00.000-07:00

AIDA condena amenazas contra defensores y defensoras del ambiente en Tolima, Colombia
Fuente: AIDA. 12 de julio de 2016

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 12 de julio de 2016

enlace: http://myemail.constantcontact.com/AIDA-condena-amenazas-contra-defensores-y-defensoras-del-ambiente-en-Tolima--Colombia.html?soid=1115025974238&aid=RoQIehqV_Bg

Como organización regional, hacemos un llamado a que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas para garantizar la vida e integridad de las y los activistas en riesgo.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) condena de forma categórica las amenazas hechas contra el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), Colombia.

El 8 de julio pasado, la organización colombiana, parte del Comité Ambiental de Cajamarca y de la Red de Comités Ambientales de Tolima, recibió un documento con amenazas de muerte. Ello se suma a las intimidaciones de las que fueron objeto anteriormente.

El ejercicio de las libertades de expresión y asociación es fundamental para el Estado de Derecho y para una sociedad democrática. El acceso a la información, la participación y la búsqueda de justicia ambiental, son actividades legítimas, protegidas por la Constitución y los instrumentos jurídicos de carácter internacional de los que Colombia es parte.

Cosajuca ejerce esos derechos mediante la promoción de una consulta popular frente a la minería contaminante en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, región en la que se tiene previsto desarrollar proyectos de explotación de oro a gran escala.

AIDA llama al Estado colombiano a garantizar la vida, libertad e integridad física de los integrantes de Cosajuca. Le requerimos garantizar además un espacio propicio para que estos defensores y defensoras del ambiente realicen su labor, así como a investigar de forma pronta y eficaz las amenazas expresadas en su contra.

La atención prioritaria y efectiva de este tema se hace más urgente si consideramos que lo acontecido en Tolima es parte de una problemática mayor en Colombia y en América Latina. Global Witness identificó a Colombia como el tercer país más peligroso del mundo para los ambientalistas con 26 muertes registradas en 2015, y a otros seis países de la región entre los más mortíferos.

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AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que usa la ley para proteger el ambiente en el continente americano.

www.aida-americas.org | aida@aida-americas.org | @AIDAespanol
www.facebook.com/aida.espanol

Asesinan a otra dirigente indígena medioambiental en Honduras

2016-07-10T18:50:00.000-07:00

Asesinan a otra dirigente indígena medioambiental en Honduras. Fuente telesur. Publicado 7 julio 2016

Fuente: telesur

La integrante del Copinh, Lesbia Yaneth Urquía, fue hallada sin vida en una zona de La Paz. Esto se suma a la muerte de Berta Cáceres hace 4 meses.

Seguir enlace: http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-otra-dirigente-indigena-medioambiental-en-Honduras--20160707-0004.html

Otra integrante activa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue encontrada muerta la tarde de este miércoles en un lugar conocido como Mata Mulas, cerca del botadero municipal de Marcala, La Paz, Honduras.

Este asesinato se suma al de la líder Berta Cáceres hace cuatro meses, cuyo crimen aún permanece impune.

>> Honduras: a siete años de un golpe que sigue doliendo

La nueva víctima fue identificada como Lesbia Yaneth Urquía, presentaba un trauma encéfalo craneal abierto, producido por objeto cortante. Su cadáver fue enviado a la dirección general de Medicina Forense del Ministerio Público para realizarle la autopsia y seguir con las investigaciones pertinentes.

Otra de las versiones se sustenta en que Lesbia fue asesinada a balazos. La familia y la comunidad en general está aterrada ante el hecho atroz.

Autoridades policiales aseguraron que la víctima salió de su casa el pasado martes después de las 5:00 de la tarde local en su bicicleta, porque según testimonios tenía la rutina de ir por esa zona a hacer ejercicio.

>> Hondureños claman justicia por muerte de Berta Cáceres

Al ver que no regresaba, la familia comenzó a buscarla hasta que la encontraron muerta en ese sector de Marcala.

La víctima era una comerciante informal muy conocida en Marcala, pues tenía un mercadito y otros negocios. Su esposo es un maestro de la escuela Marco Aurelio Soto, ubicada en el centro de la ciudad.

El 2015 fue el año más letal para los activistas medioambentales

El 2015 fue considerado el año con mayor número de asesinatos de activistas ambientalistas en la historia, según un informe publicado en El Mostrador.

En promedio fueron asesinados tres activistas por semana para un total de 185 en todo el año, indicó Global Witness o Testigo Global, una organización no lucrativa que se dedica a llevar estas estadísticas.

El informe intitulado “Sobre Terreno Peligroso” dijo que la cantidad de activistas asesinados el año pasado es alarmante, porque significa un 60 por ciento de aumento con respecto al año anterior.

“Es el registro más alto en la historia del mundo con respecto al asesinato de activistas”, dijo Global Witness en su informe.

“Más de tres activistas fueron asesinados por semana en 2015. Esto es más del doble de periodistas asesinados en el mismo periodo”, agregó el organismo no gubernamental.

En el caso de Hunduras, el más destacado fue el asesinato en marzo de Berta Cáceres. Y luego, semanas más tarde, fue asesinado Nelson García, quien al igual que Cáceres era activista del Copinh.

La vida es de los arriesgados

2016-06-20T19:40:00.002-07:00

La vida es de los arriesgados

Lo hemos dicho, la Paz es para las transnacionales petroleras y mineras, vean este documental, conozcan la verdadera cara de Colombia

Enlace del video: https://vimeo.com/171343486

"El documental “La Vida es de los Arriesgados” muestra expresiones del movimiento social frente a la pregunta del desarrollo en el sur del Caquetá, un departamento amazónico colombiano que ha vivido bajo el conflicto armado durante décadas. Los diálogos actuales del gobierno nacional con la guerrilla de las Farc y las expectativas de paz en la región han contribuido al aumento de actividades petroleras. El documental narra la resistencia de campesinos de la vereda de La Florida en el municipio Valparaíso (Caquetá) frente a la exploración petrolera de la empresa transnacional china Emerald Energy. Relata, además, propuestas ciudadanas de alternativas económicas basadas en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad amazónica".

ESMAD y Ejercito Nacional Asesinan dos Guardias Indigenas en la MINGA

2016-06-09T07:22:00.001-07:00

ESMAD y Ejercito Nacional Asesinan dos Guardias Indígenas

Esto es lo que está pasando, y decimos No a la desinformación de los medios masivos!!!
sigamos la MINGA, informémonos. Ingrese a ver el VIDEO

4 de junio de 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=jR7XXu5Hx2U&list=TL4ql0VIcOtdYwOTA2MjAxNghttps://www.youtube.com/watch?v=jR7XXu5Hx2U&list=TL4ql0VIcOtdYwOTA2MjAxNg

¿Qué hace este encapuchado con el ESMAD?

2016-06-08T18:27:00.000-07:00

¿Qué hace este encapuchado con el ESMAD? - Fuente Las2orillas

WWW.LAS2ORILLAS.CO

8 de junio de 2016. Esta sería la prueba reina para mostrar que la Policía está metiendo infiltrados en las protestas

La escena ocurrió en el Cauca y ha sido ampliamente difundida en redes sociales. La foto deja un evidente manto de duda: ¿El ESMAD está metiendo infiltrados en las protestas? Las acusaciones por parte de los campesinos han señalado que la Policía está usando agentes en las protestas para generar desmanes y después usar una brutal represión.

Hasta el momento la represión del ESMAD ha dejado 200 heridos y 3 muertos. El paro parece destinado a seguir.