El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha confirmado que la aplicación de la IA en la provincia de Córdoba se centrará en los sectores de defensa y logística. El objetivo es hacer más atractiva la región para estas industrias y fomentar su crecimiento económico. Durante su visita a El Patio, una de las aceleradoras del programa Andalucía Open Future en colaboración con Telefónica, Nieto detalló los tres desafíos principales que abordará su departamento.

Acompañado oleh el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el consejero subrayó el compromiso del Gobierno andaluz con la creación de un ecosistema digital que posicione a Andalucía como referente en tecnología e inteligencia artificial. La nueva consejería, creada a partir de la integración de sistemas TIC en la Agencia Digital de Andalucía (ADA) desde 2021, busca dar un salto estratégico en la transformación digital>. Nieto recordó que la IA ya no es solo una herramienta tecnológica, sino un elemento clave para modernizar la administración y generar empleo.

Los tres grandes retos de la consejería

Nieto explicó que la acción de la consejería se articula en torno a tres retos fundamentales. El primero es consolidar un ecosistema tecnológico potente que atraiga talento y genere oportunidades para empresas innovadoras>. Espacios como El Patio son clave para convertir ideas en proyectos viables. El segundo reto consiste en aprovechar la IA para transformar la Administración pública, reduciendo la burocracia y simplificando trámites. “Queremos que la burocracia se diluya en la IA”, afirmó el consejero. El tercer desafío es evolucionar hacia una administración proactiva, capaz de anticiparse a las necesidades de los ciudadanos y ofrecer soluciones antes de que las soliciten.

Colaboración público-privada y crecimiento del sector

El consejero insistió en que el liderazgo tecnológico solo será posible mediante una estrecha colaboración entre administraciones, empresas, universidades y centros de conocimiento. El sector tecnológico andaluz ya representa casi el 18% del PIB regional, cinco puntos más que hace una década>, y el objetivo es seguir impulsando esta economía basada en la innovación, apoyándose en infraestructuras como el centro logístico en Antequera. Nieto valoró el trabajo de las startups, recordando que detrás de cada proyecto hay personas que convierten ideas en riqueza y empleo. El alcalde Bellido destacó la labor de El Patio para generar proyectos empresariales reales, mientras que Joaquín Segovia, director de Telefónica en el Sur, resaltó el orgullo de colaborar en iniciativas como Andalucía Open Future.

Impacto en emprendimiento y formación digital

El programa Andalucía Open Future, fruto de la colaboración entre la ADA y Telefónica, ha impulsado a 542 startups desde su puesta en marcha en 2014. En concreto, en El Patio de Córdoba han participado 91 startups, de las cuales 57 han completado con éxito su aceleración, lo que supone una tasa de éxito del 63%. De estas, 26 empresas ya facturan y 7 han conseguido captar inversión>. Actualmente, el ecosistema cordobés mantiene 14 proyectos en aceleración activa. Además, el consejero visitó un curso del programa Aprende Volando, que hasta junio de 2026 ha realizado 521.541 formaciones y ha contado con 43.356 participantes. Este programa ofrece más de 140 cursos gratuitos en áreas como administración electrónica, seguridad digital y tecnologías emergentes, con una metodología práctica y acompañamiento docente.

La apuesta por la inteligencia artificial en defensa y logística, junto con la consolidación de un ecosistema digital y la formación masiva, sitúa a Córdoba y a Andalucía en una posición privilegiada para atraer inversiones y talento. La combinación de políticas públicas, colaboración privada y programas de aceleración está generando un círculo virtuoso que refuerza la competitividad regional>. Todo ello, con el objetivo de que el talento no tenga que marcharse y que la comunidad se convierta en un referente nacional en inteligencia artificial y desarrollo digital.

La administración de Donald Trump ha vuelto a sacudir el comercio internacional con una nueva tanda de aranceles que afectan a decenas de países. Esta vez, el argumento es la lucha contra el trabajo forzoso, pero muchos ven tras la medida un intento de sortear el revés judicial que sufrió el presidente con sus anteriores gravámenes globales. Los nuevos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, entraron en vigor el viernes y cubren el 99,4% de las importaciones estadounidenses.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) justifica la decisión alegando que los 60 países afectados no han aplicado de forma efectiva las prohibiciones de importar bienes fabricados con mano de obra forzada. La Unión Europea, España incluida, se enfrenta a un arancel del 10%, mientras que otras economías como Brasil, Australia o Suiza deberán pagar el 12,5%. Quedan exentos productos como el petróleo, el gas, el acero y el aluminio, así como los bienes amparados por el tratado comercial con México y Canadá.

Nuevos aranceles por trabajo forzoso

Según la USTR, las investigaciones iniciadas en marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 concluyeron que muchos países no cumplen con la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso. Los aranceles se aplican de forma diferenciada: un 10% para aquellos que han mostrado algún compromiso (como la UE) y un 12,5% para el resto. China, aunque no aparece en la lista principal, ya soporta gravámenes específicos más altos. La medida reemplaza al arancel global temporal del 10% que Trump impuso en febrero y que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

Reacciones de la Unión Europea y otros países

Bruselas ha recibido la noticia con cautela. El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, valoró positivamente que el arancel del 10% se ajuste a los compromisos arancelarios acordados en la Declaración Conjunta entre la UE y EE.UU. del año pasado. La UE considera que esto aporta estabilidad y previsibilidad a los mercados, aunque seguirá presionando para lograr más exenciones. Por su parte, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó la medida de “sorpresa negativa” y rechazó las acusaciones de trabajo forzoso por infundadas. Australia, Brasil y Suiza también han mostrado su oposición, mientras que México asegura que el 85% de sus exportaciones quedan protegidas por el T-MEC.

¿Qué hay detrás de la medida?

La nueva ofensiva arancelaria de Trump busca un resquicio legal tras el varapalo del Tribunal Supremo, que anuló sus aranceles globales basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La Sección 301 es una herramienta más consolidada y ha sobrevivido a desafíos judiciales anteriores, lo que la convierte en una opción más duradera. Sin embargo, expertos como Alan Wolff, exdirector adjunto de la OMC, consideran que se trata de una extralimitación presidencial y que no hay pruebas de que estos aranceles reduzcan el trabajo forzoso. Otros analistas señalan que la administración utiliza la preocupación por los derechos laborales como excusa para mantener su política proteccionista.

Impacto económico y posibles consecuencias

Los economistas advierten que, aunque de momento los precios no subirán de forma inmediata, el encarecimiento de productos cotidianos como el café o los electrodomésticos podría llegar en las próximas semanas. Las empresas importadoras son las que pagan los aranceles y suelen trasladar el sobrecoste al consumidor final. Además, la administración Trump ya investiga a 16 países por exceso de capacidad de producción, lo que podría derivar en nuevos aranceles a finales de año. Los países afectados sopesan acciones legales o represalias, mientras que la UE confía en que el acuerdo bilateral evite una escalada mayor.

En definitiva, la nueva batería de aranceles de Trump supone un giro en su estrategia comercial, pero mantiene la presión sobre socios clave. La medida, justificada en la lucha contra el trabajo forzoso, deja en el aire su efectividad real y abre la puerta a más tensiones comerciales en un contexto global ya de por sí convulso. Mientras tanto, los consumidores estadounidenses y europeos observan con incertidumbre cómo podrían afectar estos gravámenes a sus bolsillos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto el foco sobre tres de los creadores de contenido más seguidos del panorama digital español. Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter han recibido sanciones económicas por vulnerar distintas obligaciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual, una normativa que desde hace tiempo equipara a los grandes influencers con los medios tradicionales en materia de publicidad y protección del público.

Las multas, aunque modestas en comparación con los ingresos que generan estos perfiles, suponen un aviso claro: la etapa de la autorregulación y los avisos informales ha terminado. El regulador exige que cualquier comunicación comercial sea identificable de forma inmediata, que los contenidos sensibles cuenten con restricciones de edad y que la promoción de medicamentos cumpla requisitos muy específicos. Las tres resoluciones, aprobadas el 18 de junio por la Sala de Supervisión Regulatoria, declaran infracciones graves del artículo 158.31 de la ley y cuentan con el voto particular de un consejero.

Ibai Llanos: publicidad encubierta en la presentación de La Velada

El expediente contra el streamer vasco se originó a raíz de varios vídeos publicados en su cuenta de X durante la presentación de los artistas de La Velada del Año. En esas grabaciones aparecían latas de una conocida marca de bebidas sin que se indicara claramente que se trataba de un contenido patrocinado. La CNMC considera acreditado que la integración del producto no iba acompañada de la señalización exigida, lo que impide al espectador distinguir entre el contenido editorial y la publicidad. La sanción inicial se fijó en 710 euros, pero al acogerse al pago anticipado quedó reducida a 568 euros. El propio Ibai reconoció el error en redes sociales, explicando que se le había pasado incluir la etiqueta #publi.

Jordi Wild y la protección de los menores ante combates extremos

El caso del youtuber y presentador del pódcast The Wild Project se centra en los contenidos difundidos a través de los canales @ElRinconDeGiorgio y @dwt_fighting, vinculados al evento Dogfight Wild Tournament. La CNMC determinó que varios vídeos de combates de contacto extremo carecían de la calificación por edades y de las advertencias necesarias, además de no activar las herramientas de restricción de acceso que ofrece YouTube. La ausencia de estos mecanismos limita la eficacia de los sistemas de control parental, según el regulador. La multa impuesta fue de 1.543,44 euros, reducida a 1.241,95 euros por el pago anticipado.

Nachter: publicidad de medicamentos sin cumplir la normativa sanitaria

La sanción más elevada en términos brutos corresponde al humorista Nachter, quien promocionó medicamentos antigripales en sus perfiles de Instagram y Facebook sin respetar los requisitos específicos que marca la ley. La normativa exige que este tipo de comunicaciones comerciales identifiquen claramente su carácter publicitario, especifiquen el producto e incluyan advertencias como la recomendación de leer el prospecto o consultar al farmacéutico. Nachter omitió toda esa información, por lo que la CNMC le impuso una sanción inicial de 1.779,94 euros, que tras el reconocimiento de responsabilidad y el pago anticipado se redujo a 1.067,96 euros.

El contexto regulatorio: el fin de la zona gris para los influencers

Estas resoluciones se enmarcan en un proceso de endurecimiento de la vigilancia sobre los usuarios de especial relevancia (UER), una categoría creada por la Ley General de Comunicación Audiovisual para los creadores con mayor audiencia y facturación. La CNMC recuerda que las obligaciones no dependen solo de las plataformas, sino que recaen directamente sobre el influencer, quien debe actuar con la diligencia propia de una actividad profesional. Días antes, el organismo ya había requerido a cinco influencers —Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samy Spain y Lola Lolita— por no identificar correctamente la publicidad, aunque en ese caso no llegó a sanción. Además, la CNMC ha adjudicado un contrato para reforzar la monitorización automática de contenidos mediante herramientas de análisis de datos, lo que anticipa un control aún más estrecho en el futuro.

Las tres sanciones, aunque de cuantía reducida, establecen un precedente jurídico importante. Dejan claro que la publicidad encubierta, la desprotección de menores y la promoción irregular de fármacos no tienen cabida en el ecosistema digital, y que los creadores de contenido deben asumir las mismas responsabilidades que cualquier medio audiovisual. La CNMC subraya que el objetivo último es proteger a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, y garantizar que la audiencia pueda distinguir con total claridad entre entretenimiento, información y publicidad.

El mundo de los pagos digitales se ha visto sacudido por una de las ofertas de adquisición más ambiciosas de los últimos años. Stripe, la plataforma de pagos para empresas, y el fondo de capital privado Advent International han puesto sobre la mesa 53.000 millones de dólares para hacerse con PayPal, la compañía de pagos online más conocida por los consumidores. La propuesta, que valora cada acción de PayPal en 60,50 dólares, ha sido rechazada de momento por el consejo de administración de la empresa, que la considera insuficiente.

La noticia, adelantada por Reuters a mediados de julio, ha puesto de manifiesto la delicada situación que atraviesa PayPal. La compañía llegó a valer 360.000 millones de dólares en 2021, pero desde entonces su cotización se ha desplomado hasta una décima parte de esa cifra, lastrada por la competencia de Apple Pay, Google Pay y otras soluciones de pago. El consejo de PayPal busca ahora un precio más cercano a los 70 dólares por acción, y ha contratado a Goldman Sachs y Evercore para explorar sus opciones.

La oferta que sacudió los pagos digitales

La oferta conjunta de Stripe y Advent no surgió de la nada. Ya en abril se produjo un primer contacto entre las partes, que no llegó a buen puerto, y la propuesta formal llegó a principios de julio con la intención de cerrar un acuerdo antes de que terminara el mes. Según fuentes cercanas a la negociación, la oferta está respaldada por unos 50.000 millones de dólares en financiación bancaria ya comprometida, aportada por JPMorgan y Morgan Stanley. Stripe y Advent se repartirían la propiedad de PayPal a partes iguales y no tienen intención de desmontar la empresa ni venderla por piezas.

El 20 de julio, el consejo de administración de PayPal rechazó la propuesta. Los directivos consideran que la oferta es insuficiente en cuanto a precio, financiación y aspectos regulatorios, y que la empresa podría valer más si el plan de reestructuración que está llevando a cabo su nuevo consejero delegado, Enrique Lores, empieza a dar resultados. Lores, que asumió el cargo en marzo de 2026, procedente de HP, ha puesto en marcha un recorte de plantilla de aproximadamente el 20% (unos 4.760 puestos de trabajo) y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial para reducir costes.

Por qué PayPal, y por qué ahora

Para entender esta operación hay que mirar a las dos empresas por separado. Stripe es fuerte donde miles de negocios cobran a sus clientes por internet, pero apenas tiene presencia directa entre los consumidores. PayPal es justo lo contrario: una marca que reconoce cualquier persona que haya comprado algo online, con cientos de millones de cuentas activas en todo el mundo. Juntar ambas piezas crearía un gigante de los pagos con un volumen conjunto cercano a los 3,7 billones de dólares al año, una cifra que lo situaría entre los mayores procesadores del planeta.

Pero el encaje estratégico no explica por sí solo por qué esta oferta llega precisamente ahora. PayPal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. La empresa ha cambiado de consejero delegado tres veces en cuatro años, y su valor en bolsa ha caído hasta mínimos de apenas una décima parte de los 360.000 millones que llegó a alcanzar en 2021. Una empresa debilitada, con una marca todavía muy valiosa pero con dudas sobre su futuro, es exactamente el tipo de objetivo que atrae a un comprador con ambición y capital disponible.

Stripe: el gigante invisible

Stripe nació en 2010 de la mano de dos hermanos irlandeses, Patrick y John Collison. Su propuesta fue reducir todo el proceso de cobro online a unas pocas líneas de código, permitiendo a cualquier negocio aceptar pagos por internet sin tener que negociar directamente con un banco. Con el tiempo, Stripe se ha convertido en la infraestructura de pagos de miles de empresas, desde startups hasta gigantes como Amazon o Shopify, pero apenas es conocida por el consumidor final. En España, por ejemplo, un usuario puede haber pagado con Stripe decenas de veces sin saberlo, simplemente porque nunca ha tenido motivos para fijarse en quién procesa el pago.

La diferencia clave entre ambas empresas es que PayPal construyó su negocio como una marca de consumo, mientras que Stripe lo hizo como infraestructura invisible para otras empresas. En España, PayPal sigue siendo una de las opciones de pago más reconocidas, junto con Bizum, mientras que Stripe ha ido ganando terreno entre negocios digitales del país, como la plataforma Playtomic, que procesa varios millones de euros al mes con su tecnología. Esta visibilidad es la que ha hecho que, durante años, PayPal fuera sinónimo de pago online para buena parte del público, mientras Stripe crecía en paralelo, pero fuera del radar del usuario final.

El rechazo de PayPal no cierra la historia, la deja en suspenso. Es habitual que la primera oferta en este tipo de operaciones no sea la definitiva, y todas las señales apuntan a que Stripe y Advent podrían volver a la mesa con una propuesta mejorada. Lo que suceda en las próximas semanas, incluida la presentación de resultados de PayPal a finales de julio, puede inclinar la balanza en cualquier dirección. Si la compra llega a completarse, el resultado sería una empresa capaz de mover el dinero tanto en el momento en que un negocio cobra a sus clientes como en el momento en que esos clientes gestionan su propio dinero. Y si no se completa, PayPal seguirá teniendo que demostrar, sola, que puede recuperar el terreno perdido frente a una competencia cada vez más difícil de ignorar.

El sector logístico español atraviesa una fase de transformación profunda, impulsado por inversiones multimillonarias, la consolidación de puertos estratégicos y una apuesta decidida por la formación y la innovación. La combinación de capital privado, infraestructuras portuarias y colaboración público-privada está redefiniendo el mapa de la cadena de suministro en España.

Mientras tanto, la celebración de grandes eventos como el Mundial 2026 ha puesto a prueba la capacidad de coordinación logística a escala global, dejando lecciones que ya se aplican en la planificación del Mundial 2030, que tendrá a España como uno de los países anfitriones. La logística se consolida así como un pilar estratégico para la competitividad empresarial y territorial.

Inversiones millonarias en logística

Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha cerrado o negocia en lo que va de año la compra de más de 2.000 millones de euros en inmuebles, incluyendo naves logísticas en Canadá y Países Bajos. La patrimonial del fundador de Inditex se ha hecho con un 15% del operador australiano Qube, valorado en más de 1.000 millones, y ha adquirido centros de distribución para Amazon en Ontario. En Europa, ha comprado una plataforma logística en Venlo (Países Bajos) por 132 millones, con inquilinos como Tommy Hilfiger. Estas operaciones reflejan el apetito inversor por activos logísticos, un segmento que gana peso en las carteras institucionales.

El Puerto de Vigo, un referente en mercancía de alto valor

En el primer semestre de 2026, el Puerto de Vigo movió 2,66 millones de toneladas, un 3,3% menos que el año anterior, pero mantuvo su fortaleza en los tráficos de mayor valor añadido. La terminal viguesa lidera en Galicia la mercancía general, los contenedores y la pesca, con 155.655 TEUs y 12.571 toneladas de pesca, respectivamente. Además, sigue siendo el segundo puerto español en tráfico de automóviles, con 330.116 vehículos, la mayoría de la factoría de Stellantis. La llegada de más barcos y de mayor porte confirma su papel como nodo logístico clave en el arco mediterráneo.

Aragón apuesta por la formación y la innovación

Aragón Plataforma Logística (APL) y el Zaragoza Logistics Center (ZLC) han firmado un convenio para crear la Cátedra APL Aragón Estrategia Logística, con una dotación de 35.000 euros anuales. La iniciativa busca generar conocimiento avanzado, atraer talento y reforzar el posicionamiento internacional de Aragón como hub logístico europeo. Incluye becas, proyectos de investigación y la colaboración con el MIT. Por su parte, el Centro Español de Logística celebrará su 48º Congreso los días 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el lema «La cadena de suministro en modo transformación». Allí se presentará el II Estudio sobre Inteligencia Artificial en la cadena de suministro, elaborado con Accenture, y se debatirá sobre resiliencia, sostenibilidad y talento.

La logística de los grandes eventos: lecciones del Mundial 2026

El Mundial 2026, con 48 selecciones y 104 partidos en tres países, ha sido un banco de pruebas para la logística a gran escala. La coordinación de aduanas, almacenes y transporte entre Estados Unidos, Canadá y México ha requerido un centro de control único y un proveedor global. Sandra Roselló, de Fundación Valenciaport, destaca que la experiencia servirá para el Mundial 2030, que unirá España, Marruecos y Portugal. «La cadena de suministro tendrá que coordinar países con capacidades muy diferentes», advierte. La logística de eventos se perfila como un campo de innovación clave para el sector.

La logística española se encuentra en un momento dulce, con inversiones que superan los 3.000 millones, puertos que resisten la incertidumbre global, iniciativas formativas de primer nivel y la experiencia de coordinar un Mundial. Todo apunta a que el sector seguirá siendo un motor clave para la economía del país, con una mirada puesta en la innovación y la sostenibilidad.

El social commerce sigue ganando terreno en España. Según el Estudio Anual de Redes Sociales 2026 de IAB Spain, elaborado en colaboración con Elogia, uno de cada cuatro usuarios (25%) ya realiza compras directamente dentro de las propias plataformas sociales. Además, el 44% reconoce que las redes sociales influyen de forma significativa en sus decisiones de compra, lo que demuestra el creciente peso de este canal en el recorrido del consumidor.

Este fenómeno cobra especial relevancia en un contexto marcado por las promociones estacionales. El Estudio Anual de Ecommerce 2025, también de IAB Spain y Elogia, señala que el 56% de los compradores online espera a momentos como rebajas o Black Friday para realizar sus compras. Una tendencia que se acentúa entre la Generación Z (67%) y los Millennials (63%), que son precisamente los grupos que más utilizan las redes sociales como canal de compra.

Las cifras del Social Commerce en España

El estudio revela que el 54% de los usuarios emplea las redes sociales para buscar información o inspiración antes de adquirir un producto online. En este proceso, Instagram se posiciona como la principal fuente de inspiración (45%), seguida de YouTube (35%) y TikTok (28%). Sin embargo, cuando la compra se realiza dentro de las propias plataformas, TikTok se sitúa a la cabeza con un 39% de compradores, por delante de Instagram (32%) y Facebook (24%).

Estos datos reflejan que las redes sociales ya no son solo un escaparate, sino un canal de venta directa. La capacidad de acortar el recorrido entre el descubrimiento del producto y la compra está transformando las tácticas de marketing en redes sociales de las marcas, que ven en el social commerce una oportunidad para generar conversiones inmediatas.

TikTok e Instagram: el dúo dinámico

La influencia de las redes sociales es especialmente intensa entre los consumidores más jóvenes. El 56% de la Generación Z y el 50% de los Millennials afirman que las redes sociales condicionan sus decisiones de compra, según el estudio. Este comportamiento está obligando a las compañías a replantear sus estrategias de marketing digital y de captación de clientes, priorizando la presencia en redes sociales en plataformas como TikTok e Instagram.

Además, el contenido en vídeo, las reseñas y las recomendaciones de influencers se han convertido en factores clave. Los compradores más jóvenes no dudan en cambiar de marca si una recomendación en redes les convence, lo que subraya la importancia de contar con una estrategia de contenidos sólida y auténtica.

El consumidor híbrido y la respuesta de las marcas

El auge del social commerce se produce en un contexto de fuerte consolidación del comercio electrónico en España. El 77% de los internautas españoles de 16 a 75 años ya compra online, lo que representa 27,4 millones de compradores. Sin embargo, lejos de sustituir a las tiendas físicas, el entorno digital está favoreciendo modelos híbridos de compra. Actualmente, el 58% de los consumidores combina habitualmente las compras físicas y online, y el 79% considera que este modelo mixto será el predominante en el futuro.

La integración entre ambos canales también se aprecia en la logística. El 56% de los compradores online prefiere recoger o devolver sus pedidos en la tienda física, ocho puntos más que el año anterior. Además, los principales motivos para acudir al establecimiento físico son poder probar el producto antes de comprarlo (69%) y tener contacto directo con él (66%).

En cuanto a las marcas, el estudio indica que el 72% de los profesionales del marketing utiliza las redes sociales para mejorar el posicionamiento de marca, el 65% busca aumentar la notoriedad y el 38% las emplea para impulsar las ventas. «Los datos muestran que el proceso de compra ya no se entiende desde un único canal. Hoy los consumidores descubren productos, buscan información, compran y recogen sus pedidos combinando Redes Sociales, Ecommerce y tienda física», señala Belén Acebes, directora de operaciones de IAB Spain.

En definitiva, el social commerce se consolida como un canal de venta real en España, con cifras que no dejan lugar a dudas: uno de cada cuatro usuarios ya compra en redes, y la tendencia va al alza, especialmente entre los más jóvenes. La combinación de inspiración en Instagram, compra directa en TikTok y la preferencia por un modelo híbrido que integra lo físico y lo digital dibuja un nuevo panorama para el retail. Las marcas que sepan adaptarse a esta evolución de las redes sociales en el ecommerce serán las que mejor conecten con un consumidor cada vez más exigente y conectado.

La Comisión Europea ha hecho público este lunes una sanción de 550 millones de euros contra AliExpress, la plataforma de comercio electrónico del gigante chino Alibaba. La multa, la más cuantiosa aplicada hasta ahora en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), responde a la falta de medidas eficaces para frenar la venta de productos ilegales, falsificados o que no cumplen con las normas de seguridad europeas. La investigación, que se ha prolongado durante más de dos años, concluye que la compañía no evaluó ni mitigó adecuadamente los riesgos sistémicos asociados a su actividad en la Unión Europea.

Según ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, “la proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros artículos ilegales no es un coste inevitable de las compras online”, sino un incumplimiento directo de las obligaciones que impone la DSA. La plataforma, que cuenta con cerca de 193 millones de usuarios en Europa, tendrá ahora un plazo hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar un plan de acción con medidas correctoras. Si Bruselas considera que el plan es insuficiente o que la empresa persiste en el incumplimiento, podría imponer sanciones periódicas adicionales.

Los fallos de AliExpress según Bruselas

El Ejecutivo comunitario ha detallado varias deficiencias graves en la gestión de la plataforma. En primer lugar, AliExpress no evaluó correctamente si contaba con personal suficiente para revisar los productos potencialmente ilegales. Los moderadores humanos, según la investigación, apenas disponían de entre 10 y 20 segundos para analizar cada artículo, una carga de trabajo desproporcionada que impedía una revisión eficaz. Además, la compañía sobreestimó la capacidad de su sistema informático para detectar y retirar automáticamente los anuncios de bienes prohibidos.

Otro punto crítico ha sido el funcionamiento de los sistemas de recomendación y publicidad. Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión demostraron que muchos productos ilegales se recomendaban o anunciaban a los consumidores antes de ser eliminados de forma efectiva. Esto significa que la propia plataforma estaba promocionando activamente artículos peligrosos, como cosméticos sin control sanitario o juguetes que incumplen las normas de seguridad, durante semanas después de haber sido detectados.

La investigación también reveló que AliExpress no aplicaba correctamente su política de sanciones a los vendedores infractores. Las tiendas que habían sido penalizadas por vender productos ilegales podían seguir operando con normalidad, lo que anulaba cualquier efecto disuasorio. Asimismo, los controles de conformidad de los productos eran fácilmente eludibles mediante una clasificación errónea: los vendedores malintencionados colocaban sus artículos en categorías con requisitos más flexibles para evitar la supervisión.

Productos falsificados y peligrosos: un riesgo sistémico

Bruselas ha puesto el foco especialmente en la venta de falsificaciones, que “representan un riesgo significativo en AliExpress”. El sistema obligatorio de autorización de marca, diseñado para impedir la comercialización de productos falsos, resultó ser ineficaz y carecía de personal suficiente. Los vendedores de imitaciones lograban eludirlo fácilmente, lo que perjudica tanto a los consumidores como a las empresas legítimas que invierten en diseño, seguridad e innovación.

La Comisión también ha señalado que productos ilegales como cosméticos peligrosos, juguetes inseguros y medicamentos falsificados permanecían a la venta durante semanas incluso después de haber sido detectados por los moderadores. Esta falta de reacción rápida expone a los compradores europeos a riesgos reales para su salud y seguridad. Además, la plataforma no impedía que los mismos artículos reaparecieran bajo formatos similares, lo que demuestra una carencia estructural en su sistema de moderación.

La investigación, iniciada en marzo de 2024, también examinó la difusión de contenidos ilegales y la manipulación mediante enlaces ocultos, así como la promoción de artículos prohibidos por parte de influencers. En junio de 2025, la Comisión ya había aceptado algunos compromisos de AliExpress para mejorar la transparencia y los mecanismos de notificación, pero consideró que las medidas para evaluar y mitigar los riesgos sistémicos seguían siendo insuficientes.

Plazo y próximos pasos

AliExpress dispone ahora de un plazo hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar un plan de acción detallado ante la Comisión Europea. Ese plan debe incluir medidas concretas para subsanar las deficiencias en la evaluación y mitigación de riesgos. El Comité Europeo de Servicios Digitales tendrá un mes para emitir su dictamen, y después Bruselas dispondrá de otro mes para adoptar una decisión final y fijar un calendario razonable de implementación. Si la empresa no cumple con lo acordado, podría enfrentarse a multas coercitivas adicionales.

La multa de 550 millones de euros se ha calculado teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de las infracciones, el número de usuarios afectados en la UE y la duración del incumplimiento, que se prolongó al menos hasta junio de 2025. No obstante, la Comisión ha aplicado circunstancias atenuantes, como la novedad de la Ley de Servicios Digitales, lo que ha evitado una sanción aún mayor. De hecho, el reglamento permite multas de hasta el 6% de la facturación global de la compañía.

Esta sanción se suma a las impuestas anteriormente a otras plataformas: Temu fue multada con 200 millones de euros en mayo de 2026 por no prevenir la venta de bienes ilegales, y X (antes Twitter) recibió una multa de 120 millones de euros en diciembre de 2025 por falta de transparencia. AliExpress, por su parte, ha anunciado a través de Reuters que no está de acuerdo con la decisión y que considera la multa “desproporcionada”, aunque está revisando todas las opciones disponibles, incluida una posible apelación.

La Comisión Europea ha dejado claro que el volumen de negocio no es una excusa para eludir las responsabilidades que impone la DSA. “Es necesario identificar y abordar los riesgos de forma sistemática para garantizar que los consumidores puedan comprar por Internet con seguridad”, ha subrayado Virkkunen. Con 193 millones de usuarios en Europa, AliExpress es la mayor de las tres grandes plataformas chinas que operan en el mercado comunitario, por delante de Shein y Temu, y su modelo de negocio basado en precios ultrabajos ha sido puesto en el punto de mira por las autoridades europeas.

El comercio agéntico ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad palpable. CaixaBank y Visa han completado la primera transacción en Europa iniciada por un agente de inteligencia artificial, mientras que informes globales como el de NielsenIQ confirman que los agentes autónomos ya están redefiniendo la forma en que se realizan las compras online. Este nuevo modelo, donde la inteligencia artificial no solo recomienda sino que ejecuta compras en nombre del usuario, está siendo respaldado por inversiones millonarias y el desarrollo de estándares para garantizar la confianza y la resolución de disputas.

La evolución hacia un ecosistema donde los agentes de IA actúan como compradores delegados está transformando tanto la experiencia del consumidor como las estrategias de las marcas. Desde la banca hasta el retail, pasando por las plataformas de pago, todos los actores se preparan para un entorno donde la competencia ya no se libra solo por la atención humana, sino por la capacidad de ofrecer datos estructurados y fiables que los algoritmos puedan interpretar.

Primera transacción agéntica en Europa: un hito con sello español

El pasado 2 de julio, CaixaBank y Visa anunciaron la primera operación de pago iniciada por un agente de IA utilizando datos reales de tarjeta y los sistemas comerciales existentes. El agente actuó en nombre de un titular de tarjeta, y la transacción se ejecutó con los controles de autorización, supervisión del emisor y garantías de seguridad habituales. Según CaixaBank, este hito demuestra que la frontera del comercio digital ya no está en la recomendación, sino en la ejecución autónoma. Visa, por su parte, ha lanzado el programa Visa Agentic Ready, que prepara a emisores y socios de pagos para este nuevo entorno, con pruebas de tokenización, autenticación y autorización de transacciones. En América Latina y el Caribe, el programa ya está en marcha con decenas de emisores regionales probando pagos iniciados por agentes en entornos controlados.

El comercio agéntico según NielsenIQ: los agentes ya deciden qué comprar

El informe global The Commerce Revolution: Where East Meets West, publicado por NielsenIQ, revela que los agentes de inteligencia artificial están comenzando a descubrir, evaluar y comprar productos de forma autónoma en nombre de los consumidores. Este cambio colapsa el embudo de compra tradicional y obliga a las marcas a optimizar sus datos para ser interpretados por sistemas inteligentes. El estudio también destaca que formatos como el live commerce, el social commerce y el quick commerce concentran la mayor parte del crecimiento incremental del comercio digital a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, el comercio social crece un 62,9% y el comercio rápido un 62,2%, superando al e-commerce tradicional. Para Centroamérica, el informe señala que las ventas de bienes de consumo masivo online crecieron un 32,2% en valor, evidenciando una rápida maduración del ecosistema digital en la región.

La necesidad de un marco de confianza: el Internet Court

Ante el crecimiento de las transacciones entre agentes autónomos, un consorcio de 27 empresas del sector blockchain y Web3 ha presentado el Internet Court, un estándar abierto para la resolución de disputas a velocidad de máquina. Liderado por la Fundación GenLayer, este protocolo integra identidad, reputación, negociación, contratos, pagos y verificación, utilizando un sistema de consenso descentralizado basado en múltiples modelos de lenguaje de IA. El objetivo es que los agentes puedan resolver desacuerdos en milisegundos, algo imposible en los tribunales tradicionales. Empresas como MetaMask, ZKsync y OKX ya respaldan la iniciativa, que estará disponible de forma abierta y prevé el lanzamiento de su red principal en el cuarto trimestre de 2026. Este desarrollo subraya que la confianza y la interoperabilidad son pilares fundamentales para que el comercio agéntico escale de forma segura.

Inversiones millonarias impulsan el ecosistema

El sector del comercio agéntico atrae capital de primer nivel. Ant International, la unidad de negocio transfronterizo del ecosistema Ant Group, ha cerrado una ronda Serie A de 1.200 millones de dólares, la mayor del año en el segmento fintech transfronterizo. La compañía, que ya conecta a 150 millones de comercios con más de 2.000 millones de cuentas de usuario, planea usar los fondos para acelerar soluciones de comercio agéntico que automaticen las transacciones internacionales. Su modelo de negocio se apoya en cuatro pilares: Alipay+ (interoperabilidad de monederos), Antom (motor de pagos para comercios), WorldFirst (gestión de tesorería y cambio de divisas) y Bettr (crédito tecnológico). Esta operación confirma que el futuro del comercio digital pasa por la integración de agentes de IA en los flujos de pago, y que las grandes empresas tecnológicas están dispuestas a invertir para liderar esta transformación.

La combinación de estos hitos demuestra que el comercio agéntico está dejando de ser una tendencia para convertirse en una realidad operativa. Tanto en Europa como a nivel global, las empresas y los consumidores se preparan para un ecosistema donde los agentes de IA serán actores clave en cada transacción, y donde la confianza, la calidad de los datos y la interoperabilidad serán los pilares que determinen el éxito de este nuevo modelo comercial.

Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, ha cerrado el mayor acuerdo por derechos de autor de la historia de Estados Unidos. La compañía pagará 1.500 millones de dólares (unos 1.315 millones de euros) para resolver una demanda colectiva presentada por un grupo de autores y editoriales. Estos la acusaban de haber utilizado cientos de miles de libros protegidos sin permiso para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal del Distrito Norte de California, ha dado luz verde definitiva al pacto. La resolución, recogida por Reuters, pone fin a un litigio que comenzó en 2024 y que ha marcado un antes y un después en la relación entre la IA generativa y la propiedad intelectual. El acuerdo incluye una compensación de aproximadamente 3.000 dólares por cada obra afectada, repartida entre los titulares de los derechos de autor de cerca de medio millón de libros.

Un conflicto que empezó con bibliotecas piratas

El origen del caso está en la forma en que Anthropic consiguió los textos para entrenar a Claude. Según la demanda, la empresa descargó más de siete millones de libros de repositorios ilegales como Library Genesis (LibGen) y Pirate Library Mirror. Aunque también adquirió legalmente algunos ejemplares, una parte significativa del material procedía de sitios que distribuyen obras sin autorización. El tribunal determinó que, si bien el uso de libros comprados legalmente podía considerarse «uso legítimo» (fair use) bajo la ley estadounidense, la descarga desde fuentes piratas constituía una infracción independiente de los derechos de autor.

El juez William Alsup, que llevó inicialmente el caso, ya había fallado parcialmente a favor de Anthropic en septiembre de 2025. En aquella sentencia, consideró que entrenar modelos de IA con libros adquiridos legalmente era un uso transformador y, por tanto, no violaba la ley. Sin embargo, también ordenó un nuevo juicio para investigar el uso de contenido pirateado. Antes de que ese juicio se celebrara, Anthropic optó por alcanzar un acuerdo económico para evitar un litigio prolongado y costoso.

Las condiciones del acuerdo y las objeciones

El pacto obliga a Anthropic a destruir todos los conjuntos de datos creados a partir de los libros pirateados cubiertos por la demanda. Además, la empresa no admite ninguna infracción, y los autores conservan el derecho de presentar demandas independientes por futuros usos de sus obras. Algunos afectados consideraron que la compensación de 1.500 millones era insuficiente y presentaron objeciones ante el tribunal. La jueza Martínez-Olguín las rechazó, argumentando que no partían de una valoración realista del riesgo de ir a juicio: los demandantes podían obtener más dinero, pero también mucho menos o incluso nada tras años de litigio.

El abogado principal de los autores, Justin Nelson, calificó el acuerdo como «la mayor recuperación conocida en la historia de los derechos de autor». Por su parte, Anthropic se mostró satisfecha de que más del 91% de los autores y editores cubiertos hubieran reclamado su parte del pago, según declaraciones de su consejera general adjunta, Aparna Sridhar. No obstante, el acuerdo no fija una tarifa universal para la industria ni sienta un precedente vinculante para otros casos abiertos contra Google, Meta u OpenAI.

El impacto en el sector de la inteligencia artificial

Este caso es uno de los primeros grandes referentes judiciales sobre el entrenamiento de modelos de IA con contenido protegido. Aunque el acuerdo cierra el litigio contra Anthropic, el debate legal sobre los límites del uso legítimo y los derechos de autor sigue abierto. Otras empresas como Google, Meta y OpenAI afrontan demandas similares, y recientemente un grupo de editoriales y autores presentó una nueva demanda colectiva contra Google por el supuesto uso de obras protegidas para entrenar su modelo Gemini.

La resolución de este caso deja claro que, aunque el uso de obras para entrenar IA pueda considerarse legítimo en algunos casos, la procedencia de los archivos es un factor determinante. Una copia pirata sigue siendo una copia pirata, incluso si termina dentro de un sistema de inteligencia artificial. Los tribunales empiezan a distinguir entre aprender de una obra y conseguirla, y eso marca una diferencia fundamental para el futuro de la industria.

El acuerdo de 1.500 millones de dólares supone un hito en la historia de los derechos de autor, pero no resuelve todas las preguntas pendientes. La industria de la inteligencia artificial tendrá que seguir negociando con creadores y editoriales para encontrar un equilibrio entre la innovación y el respeto a la propiedad intelectual, mientras los tribunales de todo el mundo continúan definiendo las reglas del juego.

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de ayudas para la innovación abierta, una iniciativa que busca conectar a pymes con startups y empresas de base tecnológica para resolver retos empresariales concretos. La convocatoria, que duplica el presupuesto respecto a la anterior, cuenta con 500.000 euros y permanecerá abierta hasta el próximo 18 de agosto.

El objetivo es claro: que las pequeñas y medianas empresas extremeñas puedan plantear desafíos reales de su actividad y, gracias a la colaboración con empresas emergentes, acceder a soluciones tecnológicas que mejoren sus productos, servicios o procesos productivos. La administración regional cubre el 100% de los gastos subvencionables, con un límite de 25.000 euros por proyecto, lo que elimina la barrera financiera para muchas pymes.

Detalles de la convocatoria

Las ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa 2021-2027. Se conceden mediante concurrencia competitiva, por lo que los proyectos se evaluarán según varios criterios. Entre ellos destacan la relación del reto con la estrategia de la empresa, el grado de innovación de la propuesta, la madurez del proyecto y su impacto socioeconómico y medioambiental. Además, recibirán puntuación adicional aquellas startups que cuenten con la certificación de empresa emergente otorgada por ENISA.

Para acceder a las ayudas, la pyme tractora debe formalizar un acuerdo de colaboración con la startup o EBT que desarrolle la solución. Ese documento tiene que detallar el reto empresarial, los objetivos, los resultados esperados y los servicios de innovación que se van a prestar. No basta con una intención: la administración exige un proyecto estructurado con entregables definidos.

Antecedentes y novedades

Esta es la segunda convocatoria del programa. La primera, dotada con 250.000 euros, benefició a 12 pymes y demostró que la demanda superaba la oferta disponible. El hecho de que la Junta haya duplicado el presupuesto hasta los 500.000 euros indica que el modelo de innovación abierta está funcionando y que existe un interés real por parte del tejido empresarial. En aquella edición se financiaron proyectos relacionados con almacenamiento energético, movilidad eléctrica, visión artificial, inteligencia artificial aplicada a la agricultura, escaneo 3D, biomecánica sanitaria, reciclaje y economía circular, entre otros.

La principal novedad de esta convocatoria es precisamente ese aumento de la dotación económica, que permitirá respaldar un mayor número de iniciativas. El plazo de presentación es relativamente corto –desde el 18 de julio hasta el 18 de agosto–, por lo que desde la Junta recomiendan a las pymes y startups que preparen la documentación con antelación.

Requisitos y criterios de valoración

Las pymes beneficiarias deben tener su centro productivo en Extremadura y el proyecto debe ejecutarse dentro de la comunidad autónoma. La startup o EBT colaboradora no necesita estar radicada en Extremadura, pero sí debe demostrar capacidad técnica para desarrollar la solución. En la valoración se tendrá en cuenta la adecuación del reto a las necesidades reales de la pyme, el grado de innovación, los recursos del equipo startup, el impacto socioeconómico y la sostenibilidad, incluyendo aspectos de igualdad de género.

Un punto clave es la certificación ENISA. Si la startup cuenta con ese sello, obtiene puntos adicionales en la baremación, lo que puede ser determinante en un proceso competitivo. Para los founders, esta ayuda representa una oportunidad de acceder a financiación pública sin dilución mientras validan su solución con un cliente real del tejido empresarial tradicional.

Otras líneas de financiación en Extremadura

Además de esta convocatoria, la Junta de Extremadura mantiene activas otras líneas de ayuda para 2026. La digitalización de pymes cuenta con dos convocatorias de 3 millones de euros cada una, que subvencionan el 80% de la inversión hasta un máximo de 20.000 euros por beneficiario, con plazo hasta el 13 de agosto. También hay una línea específica para implantación de inteligencia artificial, con una intensidad del 85% y un máximo de 100.000 euros por proyecto, que se concede por orden de entrada hasta agotar crédito.

Estos instrumentos complementan la apuesta de la región por la innovación abierta y ofrecen a las startups y pymes múltiples vías para obtener financiación. La clave está en identificar el match correcto entre el reto de la pyme y la solución de la startup, y documentarlo con la precisión que exige una convocatoria pública.

La colaboración entre el tejido empresarial tradicional y el ecosistema emprendedor se consolida así como una vía eficaz para acelerar la adopción tecnológica, generar casos de uso reales y fortalecer la competitividad de las empresas extremeñas. Con 500.000 euros sobre la mesa y un plazo que ya está en marcha, tanto pymes como startups tienen una oportunidad concreta de impulsar proyectos innovadores que, de otra forma, quizá no verían la luz.