Actualidad, política y derecho.

El Opus Dei como una organización que a partir de su financiación tiene incidencia en la presencia de sentimientos segregadores y excluyentes.

2011-10-13T17:12:00.000-05:00

El Opus Dei es una organización católica fundada en España, en 1928 por José María Escrivá Balaguer, que propugna por la reivindicación de los valores cristiano-católicos mediante la labor apostólica de sus miembros que se sustenta en la santificación del trabajo y en la universalidad de la santidad.

“2 §1. La Prelatura se propone la santificación de sus fieles, según las normas de su derecho particular, mediante el ejercicio de las virtudes cristianas en el estado, profesión y circunstancias propios de cada uno, según su espiritualidad propia que es plenamente laical.(resalto fuera de texto)”[1] (Opus Dei, Estatutos)

Dentro de la mencionada prelatura (nombre otorgado hasta 1982) se hablan de distintas formas de unirse y estar en el Opus Dei, según la disponibilidad que cada uno tenga a la hora de cumplir las tareas ordenadas. Se les clasifica como: supernumerarios, numerarios, agregados, numerarias auxiliares. Los primeros, son aquellos que siendo solteros o casados se unen a la orden con obligación apostólica, y ejerciendo labores compatibles con la salvaguarda de su entorno social y familiar. No están obligados a guardar celibato.

Los numerarios, por el contrario de los anteriores si deben hacer voto de celibato, por su disponibilidad son aquellos que residen en los centros mismos del Opus Dei, y que por su total disposición, tienen a su cargo la formación espiritual y teológica de los nuevos miembros. Las numerarias, además, se encargan de la administración familiar o atención doméstica de todos los Centros de la Prelatura, pero viviendo en una zona totalmente separada. (Opus Dei)

Los agregados, al igual que los numerarios, están obligados al celibato, sin embargo se diferencian de estos en que no viven en residencias del Opus Dei, sino que se dedican en mayor medida a suplir las necesidades personales, sociales y profesionales, todo en el camino y espíritu que la prelatura profesa.

Siendo esto así, debemos pasar a examinar como es la financiación del grupo en cuestión, para lograr determinar cómo es la incidencia en la aparición de sentimientos segregadores y excluyentes.

Según las versiones mismas de la prelatura, esta se financia con los aportes mismos de quienes la integran, es decir por la donación masiva de bienes. Así mismo por las actividades íntimamente relacionadas con su misión apostólica, como la prestación de servicios de educación o salud.

La pregunta que nos surge en este punto debe ser la siguiente ¿Por qué una o un grupo de personas accede a donar parte o la totalidad de sus bienes a la obra sin obtener algún tipo de beneficio?

Para responder el interrogante anterior, se ha de tener en cuenta que cada acción que hace el hombre, sea del orden que sea, está siempre sometida a la búsqueda de algún tipo de utilidad, que en este caso, se traduce en un beneficio de índole espiritual. La guía para conseguir la santidad.

Así que, aquellos que contribuyan al Opus Dei, ya sea con la labor de apostolado o con la ayuda financiera, o muchas veces de las dos maneras, serán los únicos que tenga acceso a la prelatura y a sus bienes.

“16 §1, Los Cooperados ayudan a las tareas apostólicas con sus habituales oraciones a Dios, sus limosnas, y también con su propio trabajo en la medida de sus posibilidades, y participan de los bienes espirituales del Opus Dei.” (Opus Dei)

De manera que esta forma de utilización de la obra como medio de santificación propia, buscando utilidad es la verdadera causa de que las personas accedan a 2 hechos: separarse de su familia buscando a “Dios” y la “santidad” y donar sus bienes y ganancias laborales para el funcionamiento de los centro de la obra en labor apostólica.

Ahora bien, siendo que dentro la prelatura se procura por la labor apostólica, está conlleva a que siempre se intente mediante actos acordes al espíritu y praxis la incorporación de nuevos miembros que también libren la cruzada de esta organización contra aquellos que no piensan como ellos. Una cruzada que no presupone violencia física (hasta donde se tiene conocimiento) sino que por el contrario se basa en la simple exclusión.

“[…]Todos los fieles de la Prelatura, con la oración, el sacrificio, la conversación, deben trabajar con estos Cooperadores y así obtener para ellos de la misericordia divina, con la intercesión de la Santísima Virgen, la necesaria luz de la fe y atraerlos de una manera suave y eficaz a la vida cristiana.” (Opus Dei)

Valores como la familia y la tradición[2] son defendidos por los miembros de la obra, unas veces más fuertemente que otras. En Colombia, casos conocidos como el del Procurador Alejandro Ordoñez o el del ex-presidente Álvaro Uribe son muestra de la exclusión, de la crítica destructiva y de la polarización que imposibilita la convivencia y el dialogo. Tan solo crea conflicto y violencia, y de manera aún más tangible, cuando se presentan estas situaciones en un país que dentro de la tradición cultural y social, se encuentra fuertemente conectado a la tradición católica.

Cuando se une un particular a la obra, buscando la utilidad mencionada anteriormente, y teniendo en consideración la calidad e impacto del tal beneficio, se genera un sentimiento que alienta a la lucha por el espíritu del Opus Dei y por la salvación personal.

Así, mediante una idea religiosa apoyada en una de financiación y de captación de dinero, se difunde una forma de vida que después de ser tomada por el beneficio espiritual comentado –por la mera utilidad- se comienza a ver que por la labor apostólica misma que desarrolla el Opus Dei, se generan sentimientos excluyentes y segregadores en la sociedad, por cuanto siempre se intenta atraer al otro, y de no lograrse, se le condena a la crítica destructiva y demás clases de violencia no física…incluso, a veces también física.

[1] En los estatutos de la prelatura la Santa Cruz y Opus Dei, o abreviadamente Opus Dei, en su artículo 2 y ss. se hace referencia a la santificación del trabajo.

[2] Entiéndase tradición como dogmas católicos presentes durante toda la historia.

Un paralelo sobre el presupuesto nacional vigente y el proyecto hace unos días radicado.

2011-09-29T12:50:00.002-05:00

El Estado social de derecho, que como clausula y principio constitucional (Art. 1 C.N) garantiza el denominado mínimo vital con el que una persona puede llevar de forma digna su vida, se ve obligado ahora como organización política a poner en marcha las estrategias económicas necesarias para cumplir con la misión antes mencionada.

Sin embargo, para el caso Colombiano en particular, dicha misión se ve impuesta a pasar por encima de ciertas barreras económicas presentadas por diferentes factores (corrupción, economía de potencia media para un grupo poblacional de la magnitud de Colombia en comparación con otros países de Latinoamérica, y actualmente la ola invernal que azotó al país) a la hora intentar realizarse.

El Estado social de derecho colombiano, vigente desde 1991 tiene la finalidad de velar por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de la vida de la población Colombiana (Art. 366 C.N) así como garantizar el acceso a servicios públicos (Art. 365 C.N), pero la pregunta llegados a este punto es ¿el estado en sus presupuestos, realmente distribuye de forma en que realice lo que constitucionalmente se le ordena?

Pasemos pues a estudiar brevemente el presupuesto del año 2011.

El presupuesto general el año actual es de 147,3 billones de pesos, el cual en 3 grandes partes ha sido dividido, y como podría pensarse el sector de la inversión ha sido el más “descalabrado”.

Una cifra de 84 billones de pesos, decir un 60% del presupuesto general se ha destinado a los gastos de funcionamiento, esto nos puede indicar una serie de hechos, que dentro del marco del Estado social de derecho se deben replantear; una de ellas es que el tamaño del Estado, es lo suficientemente grande y costoso para hacer de sus obligaciones un éxito.

Por otra parte, el presupuesto nacional le asigna unos 25,6 billones para la inversión, y es aquí donde debemos preguntarnos ¿inversión a qué? Pues bien, la seguridad, como bien es sabido es una de las piedras angulares de la política gubernamental actual y se lleva la mayor parte de este sector, después de ella se encuentra el sector salud, y aún más por debajo, el sector educación, ciencia y tecnología (esto nos podría explicar el controvertido proyecto de reforma a la educación superior).

Podríamos decir que viendo tales cifras el Estado social está aún lejos de cumplir con lo que se ha obligado por medio de la Carta magna. No obstante, debemos mirar el proyecto de presupuesto para el año 2012 y concluir si la tendencia sigue.

Pese lo que muchos considerarían difícil, el presupuesto para el año 2012 es mayor en un 10% respecto al actual. Se disponen de 165,2 billones de pesos que se distribuirán, hablando en grandes rasgos de forma similar a la actual; 90,9 billones de pesos se adjudican a los gastos de funcionamiento, sector que presenta un crecimiento de 9%, por su lado el sector de inversión crece aunque no de la forma en que se esperaría, presentando un aumento de 3,5, es decir que rozaría lo 28 billones en sector inversión, una vez más distribuido de la forma anteriormente expuesta.

Por último, la deuda, también presenta un aumento, pasando de 37,7 billones a 40,4 billones de pesos.

Esto, no da claras muestras de que aunque se presenta un obvio crecimiento en la economía, el mismo crecimiento no se aprovecha de la forma más óptima en lo que genera riqueza y crecimiento a un país; sectores como la tecnología, el agro, la explotación de petróleo, son sectores que de ser explotados de forma correcta traerían más riqueza a nuestro país, y por ende un aumento en la calidad de vida de la población colombiana y como último, el cumplimiento paulatino de la optimista Constitución política de 1991.

Una preocupación personal.

2011-07-18T18:20:00.001-05:00

Hoy, un día normal y frio en suelo capitalino Colombiano, me tomo unos minutos de mi tiempo para escribir sobre algo que me preocupa pero que paradójicamente no me sorprende.

Ultraderecha, derecha radical, godos, etc. Son unos grupos de tienden a estar en las altas clases sociales y política, más aun en países en desarrollo como es el mío.

Tristemente, se adelantan hoy políticas que claramente atentan contra una constitución vigente y legitima, además de ser políticas que abren grandes puertas para que se desnaturalice nuestro Estado social de derecho. Cadena perpetua para violadores, programa de control natal, reforma constitucional para la sostenibilidad fiscal, ley lleras (véase ACTA argentino o Ley sinde en España) y los frenos que se hacen a políticas necesitadas con Colombia como la ley de víctimas, ponen sobre la mesa una serie de problemas que han de solucionarse lo más pronto.

En un país donde la huella de la violencia está aun a flor de piel, donde el flagelo de la corrupción nos azota día a día y esa mafia manda a callar la voz del que los persigue, la voz que reclaman, piensan y critican, no se escuchan y no se hacen escuchar.

La tradición católica que es grande en Colombia hace que proyectos como cadena perpetua para violadores (que en un inicio era pena de muerte) y el nuevo proyecto de control natal, hacen que realmente a futuro, si se permiten tales leyes, vea un régimen conservador y violento, que solo piensa en cómo frenar las problemáticas sociales mediante la fuerza y no con educación, como cabría en un Estado social de derecho.

Es tan solo una preocupación, y espero de corazón se quede en eso.

Ocacion de la visita 100

2011-05-04T14:40:00.001-05:00

En agradecimiento a esta visita proxima, me permito adelantar la tematica de mi proximo escrito, se trata de un acercamiento al pensamiento Heracliano y como se convierte este en fundamento en los fallos sociologicos proferidos en Colombia.

De antemando agradesco a quien visitan este blog y aún mas a quienes dediquen una fraccion minima de su tiempo para criticar lo que subo.

¿Es la Constitución del 91, un pacto viable y legitimo?

2011-04-23T18:18:00.005-05:00

La legitimidad y viabilidad de la Constitución ha sido una discusión constante entre los miembros de la academia, ya sean estudiantes o docentes, también se ha extendido al sector político e incluso al sector social. ¿Pero qué tan grave puede ser el problema de la viabilidad y la legitimidad de nuestras Constitución? Para resolver este problema debemos delimitar muy bien los temas, de tal forma en que sea mucho más sencillo abordar esta problemática.

La legitimidad de nuestra Carta política es un problema que tiene un sesgo jurídico y un sesgo político que ciertamente es difícil de abordar, pero que para un buen análisis, debemos manejar por separado.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el origen de cualquier constitución democrática como la nuestra es el contrato social, dicho contrato celebrado entre el constituyente primario, que para nuestro caso somos nosotros (el pueblo) y el Estado creado y conformado por parte del mismo pueblo. “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; recibiendo también á cada miembro como parte indivisible del todo […] Esta persona pública que de este modo es un producto de la unión de todas las otras, tomaba antiguamente el nombre de Civitas, y ahora el de República ó de cuerpo político, al cual sus miembros llaman estado. Por lo que mira á los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo y en particular se llaman ciudadanos, como partícipes de la autoridad soberana, y súbditos, como sometidos á las leyes del estado. Pero estas voces se confunden á menudo y se toma la una por la otra; basta que sepamos distinguirlas cuando se usan en toda su precisión. ”[1]

Entendido así el nacimiento de una constitución, pasemos a ver el nacimiento de nuestra actual Carta política, y bien sabido es que la iniciativa de una asamblea constituyente salió de la academia con el movimiento de la séptima papeleta, y que en el momento de votación más del 50% de los votantes, insertaron dicha papeleta que no era legalmente aceptada.

Luego, vino el referendo por el cual se convocaba legalmente a una asamblea constitucional, y después las votaciones para las elecciones de los constituyentes que redactarían la constitución; la primera votación mencionada también tuvo un gran porcentaje a favor, mientras que la de elección de miembros constituyentes si tuvo una muy baja votación. Esto analizado en conjunto nos supone un problema, y es que la voz del pueblo le dio legitimidad a la creación de una nueva constitución en 2 ocasiones, pero no a aquellos que la iban a escribir. Esto que decir que, si bien el movimiento era legitimo, la consecuencia directa de él, que fue la asamblea constituyente y la constitución del 91, carece de legitimidad, por cuanto quien la construyó también carecía de la misma.

Dicho esto, existe otra idea que se debe explorar cuando se estudia la legitimidad de nuestra constitución, y es que la constitución de 1886 no tenía como institución una asamblea constitucional, y por ende mucho menos una asamblea constituyente. Es decir que se carecía de validez jurídica.

Siguiendo esta línea, se puede afirmar que nuestra Constitución actual carece de legitimidad; también se puede afirmar que la Carta política tiene origen revolucionario, como lo sugiere Andrés Mejía Vergnaud de la siguiente forma: “Si hemos de llegar a la conclusión de que lo ocurrido tuvo naturaleza revolucionaria, por cuanto rompió los límites del orden jurídico para crear uno nuevo”[2]

Ahora bien, teniendo en cuenta el momento en el que se da la convocatoria a una asamblea constituyente, es claro que el constituyente primario dio su aprobación expresa a dicho movimiento. “La Constitución del 91 surge como respuesta a una profunda y generalizada crisis nacional que no había logrado superarse a través de los canales institucionales concebidos por la Constitución del 86”[3]

Así pues de la Constitución no puede pedirse o analizar legitimidad jurídica, ya que esta reemplazo la Constitución anterior, y por ende declaró una nueva Colombia. Sin embargo, esta idea tiende a ser insignificante, dado que la “revolución” si tuvo acogida (es decir que no es totalmente ilegitima) y además el resultado de ella, aunque puede que en su nacimiento haya sido “ilegitima”, se ha ido legitimando con el tiempo, y la protección (en muchos casos excesiva y utópica) que contiene esta a los derechos del pueblo.

Con esto, se ponen nuevas metas, principios guías e instituciones que buscaban garantizar una democracia más activa, un mejora en materias de libertades y lo mas importante en protección de derechos.

Pero viene un problema que es aún mayor, y que hace parte de el titulo de este escrito, ¿Qué la constitución otorgue tantos derechos es económicamente sostenible? A la vista de la realidad actual, es obvio que no.

La intención de la Constitución es noble, reivindicar a las minorías y a los desfavorecidos, así como hacer de Colombia un país donde se respeten las libertades y la que repartición del poder político sea más equitativa en las 3 ramas; dejar de ser un país presidencialista, para entrar a una mas protegida y planeada democracia y por supuesto proponer un camino a la paz que Colombia en ese momento y todavía necesita.

[1] ROUSSEAU, Jean Jacques; EL CONTRATO SOCIAL; e-book.

[2] Mejía Vergnaud, Andrés; Dos Décadas de la Constitución: Invitación a un examen sin temor y sin censura.; Ámbito jurídico; Edición 14 al 27 de Marzo de 2011.

[3] Mejía Quintana, Oscar; Hacia una asamblea constitucional como instrumento de democratización ciudadana y herramienta de paz en Colombia; revista U. Andes N° 01-11.

Saludos

2011-04-21T09:12:00.003-05:00

A los pocos o muchos que pasen por este modesto blog, encontrarán breves (en su mayoría) escritos sobre todo. En los próximos días estaré publicando un breve estudio propio sobre la viabilidad de la constitución de mi país Colombia y espero contar de aquí en adelante con buenos y enriquecedores críticos.

Un saludo a todos.