Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, hay que recordar que las aguas residuales -fruto de la actividad humana- vertidas sin tratar generan graves problemas de seguridad alimentaria y de salud en las personas. Cada año se producen 2,2 millones de muertes por diarrea como consecuencia del consumo de agua no apta para la salud.

783 millones de personas todavía continúan sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.500 millones sin acceso a saneamiento y, en muchos países, los avances se han producido de forma desigual. En las zonas rurales de los países en desarrollo, 8 de cada 10 personas no tiene agua corriente y el 14% de la población bebe agua de ríos, estanques o lagos.

En Nicaragua, con un 15% de la superficie cubierta de agua, se calcula que el 70% de los ríos y lagos están contaminados, y sólo 29 ciudades poseen alcantarillado. Para contribuir a revertir esta realidad, Intervida apoya la rehabilitación de los sistemas de canalización y suministro de agua potable en comunidades de las zonas rurales de Nicaragua, así como el acondicionamiento sanitario de los centros escolares, con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad del agua y proteger la salud de las niñas y niños.

El progreso hacia la meta de agua potable de los Objetivos del Milenio debe acompañarse de esfuerzos para garantizar que las fuentes de agua sean seguras. Asimismo, el mundo está aún lejos de alcanzar la meta de saneamiento. Sólo el 63% de la población tiene acceso a un saneamiento mejorado, una cifra que apenas aumentará hasta un 67% en 2015, muy por debajo del objetivo del 75% fijado.

Foto: Intervida/Luis Botella

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay (en la foto), hizo un llamamiento para que los países cumplan con la Convención de Derechos del Niño y dispongan de un sistema legal adecuado para los menores de edad, para que no se reduzcan las edades mínimas de responsabilidad criminal y para encontrar fórmulas de justicia que busquen la rehabilitación y la reinserción del menor en la sociedad, en lugar de medidas de privación de libertad.

Privar de libertad a un menor tiene, entre otras cosas, enormes consecuencias en su desarrollo psicológico y social. Aun así, muchos países admiten el encarcelamiento de menores en sus legislaciones y códigos penales no como último recurso sino como medida preventiva, algo que contradice la normativa internacional de la Convención de Derechos del Niño y más concretamente el Comentario General número 10 de la misma.

Esta sesión del Consejo de Derechos Humanos también sirvió para que la Representante Especial de Naciones Unidas sobre violencia infantil, Marta Santos Pais, presentara su tercer informe sobre violencia infantil, centrado en esta ocasión en la justicia juvenil y la violencia en la escuela. Santos Pais hizo un repaso a su tercer año de mandato y planteó los retos que los países tienen por delante en cuanto a derechos de la infancia, como ratificar los protocolos opcionales de la Convención, adoptar más reformas legales para prohibir todas las formas de violencia contra los niños o promover la participación de los niños y obtener datos sobre su realidad diaria y los problemas que les afectan.

En este sentido, las ONG hicieron su aportación al informe de la Representante Especial subrayando, por un lado, el rechazo de las medidas de privación de libertad hacia los menores y, por otro, la necesidad de que los países lleven a cabo las reformas legales y la asignación de recursos necesarios para prohibir cualquier tipo de violencia contra los niños, algo que muchos países hoy en día no tienen contemplado de forma explícita en sus legislaciones. En dos declaraciones orales hechas por las ONG Defense Children Internacional y Plan Internacional, a las que nos sumamos Intervida entre otras organizaciones, las ONG reclamaron más compromiso político y legal para seguir avanzando en la protección de la infancia y la promoción de sus derechos.

Niños y niñas de todo el mundo sufren medidas de privación de libertad, severas condiciones de detención, sentencias de muerte, de cadena perpetua o que implican violencia física, y 89 estados no incluyen aún la prohibición de violencia contra los niños en cualquier ámbito. Por esta razón sigue siendo necesaria más presión internacional con el fin de eliminar la violencia de la vida de los niños y niñas de todo el mundo.

Foto: ONU/Jean Marc Ferre

A pesar de los avances, la discriminación de género persiste en los sistemas educativos. Hoy más de 55 millones de niñas continúan sin escolarizar por diversas causas sociales, culturales y económicas, ya que más de un 60% de los países no ofrecen un acceso equitativo a la educación.

Como Shadia, Jesmin, Runa y Fatema – tres chicas con las que Shadia ha cursado sus estudios y que también están a punto de entrar en la universidad– son el ejemplo de que es posible cambiar esta realidad. A pesar de las dificultades en su entorno familiar y social –en la mayoría de ocasiones las niñas solo cuentan con dos alternativas: casarse o trabajar– han conseguido continuar sus estudios. Con esfuerzo y tesón han sacado las mejores notas en los exámenes que marcan el final de la secundaria y ahora se encuentran a las puertas de la universidad.

Entre las tareas pendientes para escolarizar a todas las niñas, figuran la reforma de las leyes, los planes de estudio, la formación de docentes y la alfabetización. En Bangladesh, apenas la mitad de las niñas en edad de comenzar la secundaria lo hacen. El matrimonio precoz –2 de cada 3 niñas son casadas a edades tempranas, muchas veces antes de cumplir los 12 años– y el embarazo durante la adolescencia obligan a muchas a abandonar sus estudios. Además, en el país existen alrededor de 4.500 barrios marginales en los que no hay escuelas gubernamentales.

Jesmin, Runa, Shadia y Fatema tienen claro que la educación supone tener la oportunidad de tomar el control de su vida, disfrutar de independencia económica y decidir su futuro; pues les otorga conocimiento, aptitudes y confianza en sí mismas. Por ello, además de continuar su formación, también ayudan a otras niñas de su comunidad. “Soy tutora de una niña que va a sexto grado, tiene 12 años y sus padres quieren casarla. Hablé con ellos e intenté hacerles ver que el matrimonio infantil no era correcto”, comenta Runa.

Actualmente más de 8.000 niños y niñas de Dhaka acuden a las clases de primaria en alguna de las 40 escuelas de Intervida, 5 de ellas ubicadas en los slum de Korail, Bashbari, Hazaribag, Shampur y Nayanagar. El objetivo del programa de becas ELLA, puesto en marcha a comienzos de este año, es lograr el paso a secundaria de 1.000 niñas bangladeshíes.

En los últimos días, desde Intervida pedimos de manera formal al Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y a la misión permanente de España en Naciones Unidas de Ginebra que nuestro país ratificara el protocolo. De esta forma trasladamos las demandas de la sociedad civil y de otras ONG de defensa de los derechos de la infancia, que también han llevado a cabo campañas de petición a sus respectivos gobiernos. En Intervida creemos que la ratificación de este protocolo y sobre todo, su verdadera implementación en las políticas nacionales, permitirá establecer más instrumentos de garantía y protección a los derechos de los niños y las niñas, equiparándolo así a otros mecanismos de protección de derechos.

Este protocolo ofrece la posibilidad de presentar ante el Comité de Derechos del Niño comunicaciones o quejas individuales, colectivas y de representantes de los niños referidas a países, siempre que el Estado denunciado haya reconocido la competencia del Comité para examinar estas denuncias y siempre que se hayan agotado las vías de denuncia a nivel nacional.

Asimismo, las resoluciones del Comité ante un caso de denuncia a través de este procedimiento instarán a los Estados en cuestión a una solución amistosa con la víctima, dichos Estados deberán presentar una respuesta ante el Consejo en un plazo de 6 meses y el Consejo realizará un seguimiento posterior del caso. Pero no se trata de una resolución vinculante hacia el país ni de resarcimiento hacia la víctima, ni admite la retroactividad del delito, lo cual deja en el aire importantes cuestiones más allá del mero procedimiento formal entre víctimas, Estados y derecho internacional.

En declaraciones recogidas por agencias de prensa, el Gobierno español ha manifestado que la firma de este protocolo es "especialmente relevante" porque coincide con la negociación de las nuevas directrices de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, "en las que está participando muy activamente la sociedad civil".

La ratificación de este protocolo por parte de otros Estados dependerá en gran medida de la presión y la demanda que ejerzan las organizaciones de infancia hacia sus gobiernos.

Foto: UNphoto/Mark Garten

¿Cuál es la situación de los niños y niñas en Bangladesh?
La pobreza es el problema principal. En nuestro país, los padres están demasiado ocupados intentando sacar adelante a su familia y no piensan en los niños, muchos de los cuales están malnutridos. Además no hay ningún tipo de planificación familiar, se tienen muchos hijos, las niñas son una carga familiar y solo se piensa en casarlas.

¿Por qué las niñas sufren más que los niños en tu país?
No hay ningún tipo de planificación familiar y las familias tienen muchos hijos. En la sociedad bangladeshí está establecido que los niños varones cuiden de sus padres cuando sean mayores, por eso todos los recursos van destinados a ellos. En las zonas rurales y en los slum (barrios marginales), si solo pueden pagarle los estudios a un hijo, será el varón quien se beneficie de la oportunidad. A la niña, considerada una carga familiar, intentan casarla cuanto antes para que el marido se ocupe de ella.

¿Cuál es la relación entre el trabajo infantil y los abusos?
Los niños y niñas son un grupo especialmente vulnerable. Muchas veces cuando explican que sufren abusos no se les toma en serio y los padres no denuncian la situación por miedo a perder el trabajo.

¿Existen leyes que prohíban los abusos? Sí, en Bangladesh hay leyes contra estos abusos pero, por desgracia, no siempre se implementan, hay muchas contradicciones. Así que muchos niños se callan ante distintos tipos de explotación porque saben que no se puede hacer nada al respecto.

¿Cómo se podría resolver este problema?
El gobierno de Bangladesh ha establecido leyes e intenta ofrecer educación sin costes pero no es suficiente. Tenemos que proteger a los niños y niñas de todo tipo de abusos y ofrecerles la oportunidad de acceder a unos estudios, así las nuevas generaciones crecerán en un entorno más favorable para su pleno desarrollo.

¿Qué debemos hacer las ONG?
Trabajar para cambiar la conciencia social. Esto es lo que debemos hacer las organizaciones sin ánimo de lucro pues es muy importante para cambiar hábitos.

Breaking the Silence es una ONG que trabaja en Bangladesh desde 1994 para la protección de los derechos de niños y niñas y contra la explotación sexual infantil.

BTS intenta romper el silencio de la sociedad ante este problema. Su objetivo principal es asegurar el interés superior de los niños, su supervivencia y desarrollo; la no-discriminación y la rendición de cuentas como parte integral de su estrategia de intervención.

Pero esta no es la realidad que se vive en Guatemala, un país que, tras 36 años de guerra civil,  firmó en 1996 los acuerdos de paz entre los que destaca el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho acuerdo establece la importancia de acabar con la discriminación y marginación étnica y social a la que se ha sometido al pueblo indígena durante 500 años.

La educación toma así un papel protagonista y se deja entrever como uno de los caminos para acabar con esta discriminación al ser un vehículo para el respeto de la cultura indígena. Porque el pueblo indígena sufre una doble discriminación en el sistema educativo; por un lado en cuanto a cobertura y por otro, en cuanto a pertinencia. Contra esto lucha el modelo de educación bilingüe intercultural, que defiende la “pertinencia cultural” y el uso de dos o más lenguas: la materna, la predominante del país y, de ser posible, una extranjera.

El modelo bilingüe intercultural es un modelo educativo respaldado por la Constitución y ha demostrado ser un modelo más eficiente –la asistencia escolar aumenta y el abandono escolar es menor–. Pese a ello, tan sólo un 30% del territorio recibe clases bilingües con profesores bilingües certificados.

Cabe decir que las demandas indígenas por una educación bilingüe han variado con el tiempo. En un primer momento se pedía que la educación nacional llegara a las comunidades, luego que esta educación fuera bilingüe y multicultural y, ahora, se pide la educación intercultural bilingüe. Los pueblos indígenas han sufrido la falta de acceso y la deserción escolares causadas por la escasez de oportunidades de las familias, que obligan a los pequeños a trabajar.

Guatemala se enfrenta a grandes dificultades, pero la educación bilingüe es viable siempre que se acierte en su definición y en su aplicación. Ello implica romper con el sistema de educación tradicional centrado solo en el programa y en los profesores y, también, formar a los docentes para que eduquen en el bilingüismo intercultural.

Por ello, en el departamento del Quiché, donde tan solo un 36% de niños accede a la educación primaria, Intervida, junto con Prodessa y la Dirección Departamental del Quiché, llevamos a cabo un proceso de formación en educación bilingüe intercultural a más de 1.000 docentes para mejorar la calidad de la educación de más de 14.000 alumnos.

En el Día Internacional de la Lengua Materna, desde Intervida creemos que las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural, y que toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.

En este sentido, por qué no recordar una de las citas de un gran luchador por la paz y defensor de la cultura, M. Ghandi: "No quiero mi casa amurallada por los cuatros costados ni mis ventanas selladas. Quiero que las culturas de todo el mundo soplen sobre mi casa tan libremente como sea posible, pero me niego a ser barrido por ninguna de ellas".

Foto: Luis Botella

Una de las confusiones que aparecen en los espacios de trabajo de las ONG que desarrollan acciones en relación a la violencia contra los niños, es la que surge entre disciplina y castigo.  La disciplina positiva es un conjunto de medidas que los adultos emplean para corregir la conducta de los niños y niñas, imponiéndoles normas y límites, que en ningún momento implican el uso de la violencia y que brindan alternativas de resolución pacífica de conflictos.

La disciplina positiva, por tanto, nunca incluye violencia física o psicológica y cuestiona la conducta pero nunca la dignidad de la persona. Los especialistas entienden, además, que la disciplina positiva ofrece siempre el aprendizaje de una conducta alternativa, en la que el niño o niña participa tanto como es posible, y cuya sanción es proporcional y relacionada con la conducta a corregir. Los padres o tutores deben establecer una comunicación con los niños y niñas, dando a conocer la norma previamente y explicando por qué la acción está mal, cuáles son las consecuencias y por qué no deberían repetirla.

Los estudios comparados e investigaciones sobre la naturaleza y el alcance de violencia contra niños, niñas y adolescentes señalan que, si bien parte de la violencia es cometida por extraños, “la gran mayoría de los actos violentos son cometidos por personas que forman parte del entorno inmediato del niño víctima: sus padres y la familia extensa, el novio o novia, el cónyuge o compañero, los educadores, los compañeros de colegio y los empleadores”, según explica el experto Paulo Pinheiro en el Informe Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU; 2006) sobre Violencia contra los niños y niñas.

Este investigador indica además que esta problemática social, cuyo impacto es devastador para el desarrollo afectivo, cognitivo y social de los niños, existe en todos los Estados “y cruza fronteras culturales, las diferencias de clase, educación, ingresos, origen étnico y edad”. En este sentido, la Representante de Naciones Unidas (ONU) sobre Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais, recordaba en 2010 que, a nivel global, cada año más del 85% de los niños entre 2 y 14 años de edad sufre castigos físicos o psicológicos, “desgraciadamente la violencia sigue siendo socialmente aceptada”.

La movilización de la sociedad civil ha sido clave, por ejemplo, para duplicar el número de países  que han establecido una prohibición legislativa amplia de todas las formas de violencia contra los niños (de 16 en 2006, a 29 en 2011), que en algunos casos hasta ha sido incorporada en la Constitución. Marta Santos País recuerda que a pesar de este avance en  cuanto a apoyo jurídico, actualmente menos del 5% de los niños del mundo se benefician de la protección jurídica contra todas las formas de violencia en todos los ámbitos.

La legislación es un marco esencial, pero no garantiza de forma mágica la protección de los derechos de los niños. Por ello, muchas organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como internacionales, que trabajan para erradicar la violencia contra los niños, construyen su agenda con campañas en medios de comunicación o acciones de incidencia frente a representantes políticos para el cambio de legislaciones permisivas, pero también con talleres con padres, madres, tutores, niños y niñas a nivel local para abatir la aceptación y justificación social de la violencia. Asimismo, también trabajan para la prestación de asistencia a víctimas, o en la promoción de ámbitos de denuncia de situaciones muchas veces silenciadas o no reconocidas.

Porque la falta de movilización, de prevención, acción y denuncia, actúa como promotora de la violencia. “El mundo no será destruido por quienes hacen el mal – sentenciaba Albert Einstein- sino por quienes se quedan mirando sin hacer nada”.

Foto: UN Photo/Marco Dormino

Pero para situar estos datos en su contexto hay que tener en cuenta un punto de partida. El acceso a la educación es tan solo del 66% en primaria y del17% en secundaria. Es decir, que de los pocos niños y niñas que pueden ir a la escuela en Burkina, sólo unos pocos terminan el ciclo educativo. Como consecuencia, la tasa de alfabetización adulta en todo el país es del 32%, la más baja de todo el planeta.

Burkina ha suscrito los pactos internacionales más importantes en materia educativa y de derechos de la infancia, como son la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de Jomtien de 1999, la Declaración de Dakar de 2000 (Educación para Todos), el Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales de 1966, la Carta de la Unión Africana sobre derechos y bienestar del niño de 1999, etc. ¿Cómo se llega a una situación educativa tan por debajo de los objetivos internacionales aceptados como mínimos o recomendables?

El sistema educativo actual en Burkina hay que entenderlo como una herencia del sistema colonial vigente hasta 1960, año de su independencia. El sistema escolar en Burkina comienza en el albor del siglo XX a través de escuelas vinculadas a las misiones religiosas y a la metrópolis francesa, con el objetivo de educar a ciudadanos “subalternos”, más que a ciudadanos libres que puedan decidir por sí mismos. En el momento de su independencia, Burkina Faso contaba con una tasa de escolarización del 6%. Hoy en día, tras 52 años como país libre, dicho índice ha aumentado hasta el 66%, pero aún queda mucho camino por recorrer. Es casi seguro que Burkina no alcanzará el Objetivo del Milenio número 2: el acceso universal de los niños a la educación primaria.

Las principales reformas educativas que han emprendido los sucesivos gobiernos de Burkina se dirigen a tres ámbitos principales: reformar el marco jurídico educativo, mejorar y actualizar las materias y currículums y reestructurar los ciclos formativos.

Así, actualmente los niños y niñas de Burkina reciben educación preescolar desde los 3 a los 6 años; pasan en primaria desde los 6 hasta los 12; y de los 13 a los 16 en lo que se denomina “post-primaria”. Estos tres niveles constituyen la educación básica pública, obligatoria y gratuita, según establece la ley nacional de 2007, aunque no siempre se cumplen estas tres premisas. El ciclo de “post-primaria” prepara al alumno para la educación secundaria, que a su vez es el ciclo de especialización técnica y preparación para la vida profesional o universitaria. Este ciclo es de tipo privado, de pago y no obligatorio.

Fuente: Ministerio de Educación y Alfabetización de Burkina Faso, 2007.

Foto: UN Photo / Eskinder Debebe

El derecho al juego no es meramente una reivindicación social, sino que se trata de una obligación legal para todos los Estados - menos EEUU y Somalia – que se comprometieron en el año 1989 a cumplir la Convención de los Derechos del Niño donde se reconoce explícitamente el derecho al juego.

Esto demuestra la importancia del juego en la infancia, pues impulsa tanto el desarrollo físico (sensorial, motor, psicomotriz, etc.) como el mental (el ingenio, la originalidad, la afectividad o la creatividad), y además tiene un valor social, puesto que contribuye a la formación de hábitos de cooperación.

En Intervida estamos firmemente convencidos de los beneficios del juego en la educación y trabajamos para fomentarlo. Un ejemplo lo encontramos en Camboya, donde a través del proyecto Happy education, educamos a los más pequeños mediante el juego. Esto se traduce en que en las escuelas camboyanas, a los más pequeños se les forma tanto en matemáticas o lengua, pero también en el arte de la pintura, el baile o la práctica del deporte.

Porque el deporte, sobre todo si se practica en equipo, es un juego a través del cual se pueden aprender un sinfín de valores como el respeto, el trabajo, la cooperación o la empatía con el grupo, además del desarrollo de habilidades sociales como la convivencia y la resolución de conflictos sin utilizar la violencia. En la escuela, el deporte puede usarse como una herramienta educativa para que los niños conozcan derechos como la igualdad, la justicia social, la educación o la salud.

Un ejemplo de primera mano de los beneficios del deporte lo conocimos con John Alexander, un ecuatoriano de 14 años al que su madre dejó a cargo de los tíos para que tuviera una mejor educación en la ciudad. Además de estudiar, John tiene claro lo que quiere: ser futbolista.

A este joven le encanta jugar a fútbol y en la cancha encuentra una alternativa de futuro, así como una forma de mantenerse alejado de ciertas situaciones de riesgo. Entrena todos los días por la tarde después de la escuela y los sábados participa con otros compañeros y sus primos en el campeonato infantil de la Cooperativa 25 de julio de Guayaquil. Su equipo se llama Camerún y juega de delantero.

La educación en valores es uno de nuestros objetivos para lograr un cambio social. Por ello, en todos los países en los que estamos presentes utilizamos una de las herramientas más potentes para conseguirlo: el deporte. It’s playtime!