Nigeria es el “elefante africano”, en democracia desde 1999 y tras varios golpes de Estado a partir de su independencia en 1960, el país más poblado de África sufre de severos problemas securitarios relacionados con el yihadismo y otros escenarios diversos de inseguridad en un país tan extenso. Pero el objetivo aquí es tratar la protesta actual y derivada principalmente de la situación crítica de su economía.

Lo más acuciante es el alto costo de vida para una población de más de 210 millones de la cual, según el Banco Mundial, casi el 40% en 2023 es considerada pobre con un estimado de 87 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza. En 2018 este país de África Occidental había reemplazado a la India como la nación del mundo con el mayor número de población en pobreza extrema.

Hace poco más de un año publiqué en esta web sobre el mismo tema, la protesta, pero en Senegal. Esta vez me traslado bastante más al sureste con un patrón ya visto, movilizaciones ante todo protagonizadas por población joven y que replican situaciones precedentes de descontento generalizado frente al gobierno y su incapacidad de resolver los problemas cotidianos del grueso de la población.

Una protesta que no es novedad

El ciclo contestatario, iniciado el pasado 1° de agosto y que se extenderá hasta el día 10, se inspira en lo ocurrido en Kenya, según alegan sus participantes, país del Cuerno de África en el cual un estricto e impopular proyecto de ley impositivo debió ser rechazado por el presidente ante la ira desatada del pueblo durante varios días, con saldos trágicos y la disolución del gabinete nacional.

La cosa no parece marchar mejor en territorio nigeriano. La situación presente en ambos países (al cual se puede sumar Uganda como caso reciente), evidencia a la “Generación Z” como protagonista y una composición social del movimiento ya visto en otros escenarios críticos de la historia actual nigeriana, por ejemplo a la luz de las protestas de octubre de 2020, al eclosionar el descontento contra una unidad policial por su brutalidad expuesta en un video famoso, expandiéndose una movilización masiva y de carácter nacional que paralizó al país. La respuesta oficial fue la disolución de esa unidad pero primero la represión que dejó, se calcula, más de una centena de muertes en esas semanas de fines de 2020.

Otro motor de la protesta fue su rápida difusión a través del uso de redes sociales como medio de propiciar la movilización. En 2020 se popularizó la etiqueta #EndSARS y ahora el malestar se canaliza bajo la consigna #EndBadGovernaceInNigeria criticando no solo la marcha de la economía sino también la corrupción gubernamental. Hay un claro destinatario del descontento efervescente, el presidente Bola Tinubu.

Razones del descontento

La movilización actual apunta a la preocupación sobre una economía crítica y recalentada, en particular reparando en el alto costo de vida. El año pasado millones de habitantes del país ingresaron a la pobreza y la inflación marcó récord en un cuarto de siglo elevándose al 31,7% solo en febrero pasado. Tinubu lleva poco más de un año y sus promesas electorales de mejora económica no se han manifestado sino todo lo contrario. La política adoptada de reformas del presidente asumido en mayo de 2023, de retiro del subsidio al crudo y el fin del control estatal sobre la la naira, pese a haber elevado el salario mínimo y la aplicación de otros paliativos, no ha hecho más que depreciar la moneda nacional y seguir incrementando la inflación. Los alimentos más necesarios han aumentando sus precios un 40% en aproximadamente un año y la nafta ha triplicado su valor. Así que, muestra del hartazgo, junto a las demandas de mejora económica se sumaron reclamos de renuncia del mandatario, como en Kenya.

Respuesta oficial

Iniciadas las protestas, con saqueos y destrucción a iglesias del norte, el domingo 4 el presidente Tinubu exigió su cese e instó a establecer el diálogo. La convocatoria a protestar inició en forma menos masiva en Abuja, la capital, y Lagos, la ciudad más poblada, y luego se expandió más que nada por el norte del país generando casi 700 detenciones solo durante los primeros dos días de protesta y un saldo trágico de al menos 13 personas fallecidas por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, según denunciara Amnistía Internacional el fin de semana pasado. Por ejemplo, en la ciudad norteña de Kaduna se dio la muerte del joven de 24 años Abubakar Adam Abdullahi, abatido por fuego policial según denuncia su familia y reclama justicia. Casos así se pueden incrementar alarmantemente, sobre todo pensando en el antecedente mencionado de las movilizaciones de octubre de 2020, temiéndose una nueva oleada represiva de tamaña envergadura como la de aquella vez.

Al dirigirse a la nación, Tinubu defendió su política económica y se mostró compasivo frente a las penurias que vive la mayor parte de la población. Sin embargo, no perdió tiempo en acusar a la oposición de orquestar las movilizaciones y ha trascendido que el gobierno pagó a grupos que movilizaron contra las personas que se manifiestan. Los voceros del movimiento opositor, diverso y que incluye a varias fuerzas políticas del país, entre los cuales se cuenta el afamado escritor Wole Soyinka, respondieron que las palabras de Tinubu no son empáticas y han tildado su discurso de insensible.

Además, coinciden las fuerzas críticas, la respuesta oficial está muy lejos de intentar resolver las exigencias formuladas al gobierno. Asimismo, señalan que la represión ha sido casi la única respuesta a los reclamos populares que Tinubu, no obstante, considera legítimos. Por último, se denuncia que el presidente no instó a iniciar la correspondiente investigación judicial por casos de civiles sin armas que murieron durante las marchas, admitiendo la intervención de agentes estatales. Un dato interesante, para cerrar. En algunos puntos del norte nigeriano se han visto en las protestas banderas rusas, como ya viene sucediendo en otros países de la región, y hasta imágenes de Vladimir Putin. Sin embargo, el Kremlin dejó clara su falta de vinculación en la orquestación de las masivas manifestaciones que sacuden una vez más al “elefante africano”.

Foto de portada: Emmanuel Ikwuegbu | Licencia CC | unsplash.com

Cuando se cumplen 8 meses del Acuerdo del Día de Año Nuevo entre Etiopía y Somalilandia, en el que la autoproclamada República de Somalilandia acordó arrendar parte de su costa a su vecina sin salida al mar, Etiopía, a cambio de su reconocimiento internacional -lo que desencadenó una nueva crisis entre Etiopía y Somalia- Türkiye ha facilitado contactos entre ambos países para desescalar una tensión que podría tener graves consecuencias regionales.

Origen de la crisis y mediación

Etiopía y Somalia iniciaron contactos el 1 de julio con la facilitación de Türkiye para reconducir la grave crisis diplomática entre ambos países desencadenada por la firma de un memorando de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia el 1 de enero de 2024 que también provocó una grave crisis entre Somalilandia y Somalia. Este acuerdo daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de 50 años, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente.

Estas negociaciones son el último intento de reparar las relaciones diplomáticas, agravadas desde el memorando de enero. Miles de somalíes se manifestaron en ese momento en contra del acuerdo.  El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, recibió a su homólogo etíope, Taye Atske Selassie, y al somalí, Ahmed Moallim Fiqi, en Ankara. El Ministerio de Exteriores de Türkiye señaló que los tres habían firmado una declaración conjunta tras conversaciones francas, cordiales y con visión de futuro sobre sus diferencias. En estas conversaciones acordaron celebrar otra ronda de contactos en Ankara el 2 de septiembre, según el comunicado. Un portavoz de la autoproclamada República de Somalilandia, que no está reconocida internacionalmente, pero cuenta con Constitución (2001), moneda y gobierno propios, además de mayor estabilidad política que Somalia desde que declaró su independencia en 1991, dijo que Somalilandia no estaba involucrada en las conversaciones.

No obstante, a pesar de los intentos turcos de mediar entre Mogadiscio y Addis Abeba y de que también el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani hablara el 12 de junio con el presidente somalí Mohamud y el primer ministro etíope Abiy Ahmed en llamadas separadas, se lograron pocos avances hacia el acercamiento. La preocupación sobre el impacto de las tensiones en la seguridad creció cuando funcionarios del Gobierno somalí afirmaron a finales de mayo y principios de junio que las fuerzas etíopes no formarían parte del complejo de seguridad posterior a la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) a menos que Addis Abeba se retractara del acuerdo con Somalilandia.

Unas relaciones históricamente complejas

Ambos países (Etiopía y Somalia) han mantenido unas relaciones históricamente tensas, influidas por el contexto geopolítico internacional, e incluso en algunos momentos se han enfrentado militarmente. Este conflicto se remonta al siglo XIV, cuando los gobernantes de las tierras altas cristianas de Etiopía llevaron a cabo expediciones militares en las tierras costeras donde predominaba el Islam, particularmente en lo que hoy es el norte de Somalia, para abrir rutas comerciales que les dieran acceso al mar. Posteriormente, a finales del siglo XIX, el emperador etíope Menelik conquistó la ciudad somalí de Harar y en 1891 anunció un ambicioso programa de expansión, y tras la I Guerra italo-etíope (1895-1896), en la que derrotó a la Italia colonial, consiguió el reconocimiento de su independencia ante los poderes coloniales. En respuesta a la amenaza expansionista de Menelik, muchos clanes de lo que se convirtió en la Somalilandia británica aceptaron la protección británica. Tras la derrota en la II Guerra italo-etíope contra la Italia de Mussolini y el posicionamiento etíope en la IIGM, Etiopía consiguió a finales de la década de los 1940, para consternación de los somalíes, que la región somalí de Ogadén fuera entregada a Etiopía por el Imperio británico.

Tras la independencia de Somalia en 1960, ambos países se enfrentaron en diversas guerras (1964, 1977-1978, 1982) en las que Somalia fue derrotada, en el marco de la Guerra Fría, en la que ambos países se alinearon con los bloques opuestos e incluso orbitaron de un bloque al otro, como fue el caso de Somalia. La guerra civil somalí de finales de los años ochenta y el colapso de Somalia en 1991 situaron a Etiopía en clara ventaja militar y económica y convirtieron a Somalia en una cuestión de seguridad nacional para Etiopía, interviniendo en los asuntos internos somalíes para promover la paz y la seguridad en Somalia en defensa de sus propios intereses, no siempre coincidentes con los intereses somalíes. Etiopía apoyó a unos actores político-militares en detrimento de otros y mantuvo presencia militar permanente unilateral y no pública y posteriormente dentro de marcos multilaterales (AMISOM y actualmente ATMIS), hecho que ha sido instrumentalizado por el grupo armado de Somalia al-Shabaab para justificar en parte su campaña armada.

Etiopía y Somalia no necesitan nuevas crisis

Ambos países no deberían estar interesados en sumar un nuevo foco de tensión regional a los múltiples conflictos y situaciones de inestabilidad que les afectan. Aunque Etiopía considere esta cuestión como existencial, esta crisis se añade a los numerosos retos y focos de inestabilidad y violencia internos y regionales que padece el país, entre los que destacan los impactos de las guerras en las regiones de Oromiya y de Amhara y la frágil implementación del acuerdo de paz en Tigré. La guerra en la región de Tigré ha sido una de las más graves de los últimos años a escala internacional y cuyas consecuencias siguen abiertas, además de la grave situación de hambruna que afecta en la actualidad a la región. En paralelo, el Gobierno Federal ha continuado lidiando con demandas y movilizaciones de actores político-militares vinculados a los más de 80 grupos étnicos de Etiopía, entre las que destacaron las tensiones con sectores disidentes de la región de Benishangul-Gumuz y también en Gambella, donde creció la oposición al desarme forzoso de milicias locales. En el plano regional, Etiopía, Egipto y Sudán acordaron reanudar las conversaciones de cara a alcanzar un acuerdo respecto del contencioso relativo a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD, por sus siglas en inglés), pero no se produjeron avances en las diferentes rondas de negociación celebradas durante el año 2023. A esta situación a nivel regional cabe añadir el estancamiento del proceso de paz y deterioro paulatino de las relaciones entre Eritrea y Etiopía.

En lo concerniente a Somalia, el conflicto armado continuó incrementando su intensidad respecto a años anteriores. Somalia ha incrementado en los últimos años la ofensiva contra al-Shabaab con el apoyo de los clanes, las milicias locales Macawisley y los aliados regionales e internacionales -en especial por el aumento de las operaciones de la misión africana en el país (ATMIS) y del apoyo aéreo de AFRICOM-  como parte de las promesas del presidente Hassan Sheikh Mohammud de situar la guerra contra al-Shabaab en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país desde que alcanzó el poder en mayo de 2022. En este sentido, la guerra contra al-Shabaab y las continuas tensiones con el resto de estados federados centraron los esfuerzos del Gobierno de Mohammud.

En consecuencia, ninguno de los dos Estados está interesado en que esta crisis siga escalando, ni tampoco Somalilandia, que había estado iniciando contactos con Somalia a finales de año con el apoyo turco y noruego. En este sentido, la iniciativa turca y qatarí debería recibir un apoyo más firme del resto de los países de la región y de otros actores de la comunidad internacional para evitar que esta tensión pueda afectar negativamente en la evolución de la situación en el Cuerno de África.

En los últimos meses en varios países de África subsahariana (Ghana, Uganda y Gambia) se han padecido importantes retrocesos en los derechos de las mujeres, las niñas y el colectivo LGTBIQ+. A continuación un breve resumen de lo más destacado.

El 28 de febrero el Parlamento de Ghana aprobó por unanimidad una legislación que intensifica la represión de los derechos de las personas LGBTIQ+ y de quienes promueven identidades sexuales o de género no convencionales en el país. El Proyecto de Ley para la Promoción de los Derechos Sexuales Adecuados y los Valores Familiares fue presentado en agosto de 2021 por un diputado del opositor Congreso Nacional Democrático (NDC). La legislación vigente ya castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con tres años de cárcel, y el nuevo proyecto de ley incluye una pena de prisión de hasta cinco años por la «promoción, patrocinio o apoyo intencional de actividades LGBTQ+». Tras su votación en el parlamento, el proyecto de ley se presentó al presidente Nana Akufo-Addo, quien en sus primeros comentarios sobre la aprobación de la ley afirmó que Ghana no retrocederá en su historial de derechos humanos y añadió que la norma había sido impugnada ante el Tribunal Supremo. La oficina del presidente informó que esperaría el resultado de las impugnaciones legales antes de que la ley llegue a Akufo-Addo para su ratificación. Su promulgación también podría descarrilar la ayuda internacional para el país de 3.800 millones de dólares en financiación del Banco Mundial, así como el paquete de préstamos del FMI de 3.000 millones de dólares, según afirmó el Ministerio de Finanzas. El presidente del Parlamento, Alban Bagbin, notificó a los legisladores que la negativa de la presidencia a recibir el proyecto de ley era inconstitucional y que el Parlamento a su vez bloqueará, hasta que el presidente no ratifique la ley, los procedimientos de aprobación de unos 21 candidatos para puestos ministeriales y viceministeriales.

En Uganda, la ley que afianzaba la penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo aprobada por el Parlamento el 21 de marzo de 2023 y ratificada meses después por el presidente Yoweri Museveni, volvió a ser ratificada por el Tribunal Constitucional a principios de abril de 2024, negándose el alto tribunal a revocarla. Activistas ugandesas habían impugnado la ley ante los tribunales, debido a que la norma permite la pena de muerte por “homosexualidad agravada”. La ley define la “homosexualidad agravada” como casos de relaciones homosexuales con un menor u otras categorías de personas vulnerables, o cuando la persona implicada está infectada con el VIH. La aprobación de la ley había provocado una amplia condena a nivel internacional. El presidente de EEUU, Joe Biden, condenó la medida como una «trágica violación» de los derechos humanos, anunciando restricciones de visado a personas que «socavan el proceso democrático» en Uganda y excluyó al país de la iniciativa comercial africana por violaciones de los derechos humanos. El Banco Mundial congeló nuevos préstamos a Uganda en agosto, provocando que el la moneda local, el shilling ugandés, cayera a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense en casi ocho años. Desde la aprobación de la ley, según ha documentado la ONG ugandesa Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF) se habían producido 55 detenciones, tres penas de muerte remitidas al director de la Fiscalía, ocho exámenes anales forzados, 254 desalojos de personas acusadas de ser LGBTI o estar relacionadas con personas LGBTI y otros 202 casos de violencia real o amenaza de violencia.

Por otro lado, el 18 de marzo, el Parlamento de Gambia aprobó en primera fase un proyecto de ley para derogar la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF). Esta medida había sido decretada en 2015 por el entonces presidente Yahya Jammeh, quien introdujo elevadas multas y penas de cárcel para los autores de MGF. Después de debatir el proyecto de ley, los legisladores votaron por 42 a cuatro para enviarlo a un comité parlamentario para su revisión. El comité puede hacer enmiendas al proyecto de ley y se espera que lo envíe de nuevo a la Asamblea Nacional para su votación, un procedimiento de rutina que suele durar al menos tres meses. Si se aprueba el proyecto de ley, Gambia se convertiría en el primer país en revertir la prohibición de la mutilación genital femenina. Múltiples organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado el retroceso que significaría la ley. Amnistía Internacional, UNICEF o UNFPA denunciaron que la mutilación genital femenina atenta contra el derecho de las niñas y las mujeres a la salud y la integridad corporal y que su legalización representaría una violación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, todas las cuales Gambia ha ratificado. También denunciaron que su aprobación violaría el principio de “igual dignidad de la persona” garantizado en la Constitución de Gambia.

Foto de portada: Alisdare Hickson

Texto original: Escola de Cultura de Pau, Escenarios de riesgo y oportunidades de paz, abril 2024.

Durante los últimos meses el conflicto armado que se desarrolla en Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), lideradas por el presidente del Consejo Soberano, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por el vicepresidente del Consejo, el teniente general Mohammed Hamdan Dagalo “Hemedti”, se ha intensificado notablemente en el oeste, sur y este del país (regiones de Darfur, Kordofán y Mar Rojo) y en Jartum, capital del país. Tras ocho meses desde el estallido de los enfrentamientos armados el 15 de abril de 2023, la violencia en Sudán se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas y alrededor 7,5 millones se han visto desplazadas forzosamente por la violencia.  

El origen de este nuevo conflicto armado en el país remite a las discrepancias entre el Ejército y el grupo paramilitar RSF a principios de año durante las negociaciones para el establecimiento de un nuevo gobierno de transición, por la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo alusivo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando. Este hecho dio pie al estallido de combates que inicialmente se concentraron en la capital, Jartum, aunque durante el año se fueron intensificando y extendiendo a casi todo el país. De forma paralela, múltiples iniciativas de mediación y negociación de paz han sido desplegadas por parte de diferentes actores nacionales e internacionales para obligar a las partes a poner fin a las hostilidades y retornar a la mesa de negociaciones. Paralelamente, en los últimos meses las RSF han seguido avanzando, consolidando su dominio territorial en Darfur, controlando a finales de año cuatro de sus cinco estados, lo que ha generado que los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba (2020) rompan su neutralidad en la disputa y emerjan como nuevos actores en la guerra. Esta nueva crisis en el país, originada tras la inestabilidad política en Sudán producto del golpe militar del 25 de octubre de 2021, ha socavado las esperanzas de lograr una transición pacífica e inclusiva y ha puesto en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz de Juba, la consolidación de la paz, el establecimiento del estado de derecho y el desarrollo económico del país. Además, representa una importante amenaza para la estabilidad regional.  

Evolución del conflicto armado 

En un inicio los enfrentamientos armados entre las SAF dirigidas por al-Burhan y las RSF comandadas por Dagalo se concentraron principalmente en la capital, Jartum, matando a cientos de personas en los primeros días y desplazando a miles de personas. Sin embargo, durante el año se fueron intensificando y extendiendo los combates en casi todo el país, en particular en todos los estados de Darfur (Septentrional, Central, Occidental, Norte y Meridional) Kordofán del Norte y del Sur, Kassala, Gedarif, Mar Rojo o Nilo Azul. El Ejército de Sudán tomó el control de varias ciudades, incluidas Kassala y Port Sudan en el este, mientras que las RSF tenía ventaja en la región de Darfur, y los combates se intensificaron por el control de Jartum. La dinámica del conflicto armado se ha caracterizado por los ataques de las SAF a ciudades con artillería pesada y bombardeos aéreos, mientras que las RSF emplean técnicas de guerra de guerrillas y misiles tierra-aire, al no disponer de aviación. 

Si bien durante varios meses los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba, entre ellos Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (MLPS-N)-facción Malik Agar y el Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM), declararon su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso del tiempo fueron tomando partida en las hostilidades.  

En la región de Darfur el estallido de los enfrentamientos entre las SAF y RSF sumió a la región en la peor crisis desde el fin de la guerra civil. En el mes de mayo, ya con los combates entre las SAF y las RSF intensificados en la región, se agravaron las tensiones intercomunitarias, especialmente entre grupos árabes rizeigat (de donde proviene la mayor parte del personal de RSF) y no árabes masalit. Este incremento de la violencia motivó que el gobernador de Darfur y líder del SLA-MM, Minni Minnawi, pidiera el 28 de mayo a los habitantes de Darfur que se armaran, aumentando el riesgo de guerra civil. Durante los siguientes meses, las RSF se hicieron con el control de amplias regiones de Darfur Central, Meridional, Oriental y Occidental, concentrando su ofensiva sobre Darfur del Sur, que fue capturada en octubre tras la conquista de su capital Nyala, y sobre Darfur del Norte. En noviembre, tras el avance de las RSF hacia El Fasher, capital de Darfur del Norte, diferentes grupos armados signatarios darfuries del Acuerdo de Paz de Juba, cuyos miembros provienen en gran medida de la comunidad zaghawa, renunciaron a la neutralidad y se unieron a las SAF. Este hecho podría tener importantes repercusiones sobre Chad, país donde la comunidad zaghawa domina el gobierno y el Ejército. En diciembre, el Ejército sudanés acuso a Chad (y a Emiratos Árabes Unidos) de facilitar apoyo a las RSF y se produjeron expulsiones recíprocas de personal diplomático. 

Por otro lado, en Kordofán Sur y Nilo Azul el deterioro de la situación de seguridad motivó que el 8 de junio el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) se movilizara. A partir de ese momento y hasta finalizar el año, en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, el grupo rebelde SPLM-N siguió ampliando su presencia en la guerra, emergiendo como la tercera fuerza en el conflicto.  

Entre otros eventos destacados durante el año, a finales de agosto, después de meses de asedio de las RSF en Jartum, el jefe del ejército, general Abdel Fattah al-Burhan, escapó del cuartel general. Los combates se mantuvieron durante el resto del año en Jartum y la vecina ciudad de Omdurman, y se fueron intensificando también en el este y otras zonas del sur del país. Debido a la crisis de seguridad en el país, a principios de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió la terminación del mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), el cese de sus operaciones a partir del 4 de diciembre, y el cierre de esta en un período de tres meses, que finalizará el 29 de febrero de 2024. 

Negociaciones para la resolución del conflicto 

Desde que iniciaron los combates se han activado diferentes esfuerzos e iniciativas de mediación por parte de múltiples actores nacionales e internacionales para poner fin a las hostilidades y retomar las negociaciones de paz. A pesar de los intentos iniciales de la Unión Africana de garantizar un proceso de mediación coordinado, los espacios de mediación se han superpuesto y no han tenido coordinación ni resultados. Si bien durante el año se logró acordar diferentes altos el fuego (por ejemplo, el 24, 27-30 de abril; 4-11, 22-31 de mayo; 20, 26-27 de junio) y treguas humanitarias, la mayoría tuvieron una duración máxima de 72 horas y en ningún caso se logró el cese de la violencia, sufriendo violaciones continuadas por ambas partes. 

Entre las iniciativas de mediación más destacadas, resaltaron la liderada por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la impulsada por EEUU y Arabia Saudita, aunque también la Liga Árabe, Chad o Egipto impulsaron sus propios espacios. La IGAD conformó el 16 de abril una iniciativa de alto nivel formada por los presidentes de Kenia, Sudán del Sur y Djibouti –que posteriormente se ampliaría también a Etiopía–, para mediar entre las partes. Posteriormente, el 12 de junio, la IGAD, en la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, adoptó una hoja de ruta para la resolución del conflicto, nombrando al Presidente de Kenia, William Ruto, presidente de la iniciativa, hecho que motivó su bloqueo por parte del Ejército de Sudán, que se opuso a que Kenia asumiera la presidencia. 

Paralelamente, a principios de mayo EEUU y Arabia Saudita impulsaron “conversaciones previas a la negociación” entre las partes en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudita). Estas conversaciones dieron lugar a la firma de la Declaración de Compromiso para Proteger a la Población Civil el 11 de mayo. Sin embargo, a principios de junio se suspendieron temporalmente las conversaciones a causa de “graves violaciones repetidas” cometidas por ambas partes y EEUU anunció la imposición de sanciones a cuatro empresas afiliadas a las partes beligerantes. La segunda ronda de conversaciones en Jeddah se desarrolló entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre, y en ella actuaron también como cofacilitadores la IGAD y la UA junto con EEUU y Arabia Saudita, en un intento por mejorar la coordinación de las iniciativas. La ronda tampoco supuso avances sustantivos en la resolución del conflicto.  

Los esfuerzos de mediación lograron el anuncio, a finales de año, de una reunión presencial en Djibouti entre los líderes de las SAF y RSF, pero esta finalmente fue pospuesta por «razones técnicas». Dicho encuentro habría representado la primera vez que al-Burhan y Dagalo se reunían desde el inicio de la guerra.  

Durante el último trimestre, ambos lideres militares viajaron por la región con el objetivo de recabar apoyos. Al-Burhan se reunió con diferentes mandatarios, entre ellos con los de Egipto, Sudán del Sur y Eritrea, mientras que Dagalo fue recibido por los líderes de Uganda, Etiopía, Kenia, Sudáfrica o Djibouti, lo que fue calificado por parte de al-Burhan como «actos de hostilidad». Dagalo también se reunió el 2 de enero de 2024 en Addis Abeba con la coalición civil sudanesa liderada por el ex primer ministro, Abdalla Hamdok, Coordinación de las Fuerzas Civiles Democráticas, conocida como Taqaddum. El encuentro dio lugar a una declaración conjunta, la Declaración de Addis Abeba, que incluyó compromisos para el retorno de las millones de personas desplazadas a sus hogares, crear pasajes seguros e incluir a civiles en las conversaciones de paz. En la firma del acuerdo, que pretende servir como base para futuras negociaciones y lograr un acuerdo político, el grupo paramilitar anunció que estaba abierto a un alto el fuego inmediato e incondicional y a entablar conversaciones con las SAF, siendo estas rechazadas por al-Burhan. 

Situación humanitaria 

Desde que estalló la guerra a mediados de abril, más de 7,5 millones de personas se han visto desplazadas forzosamente de sus hogares, de las cuales, 1,3 millones son personas refugiadas y más de 6 millones son civiles desplazados internamente, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Durante el último trimestre del año estas cifras han aumentado considerablemente a medida que la guerra se ha extendido por los estados de Darfur y Gezira, desplazando, solo en diciembre, a unas 300.000 personas en cada una de estas zonas. Asimismo, Naciones Unidas alertó de que en el país las necesidades humanitarias, que ya alcanzaban niveles récord antes de los enfrentamientos con una tercera parte de la población en situación de necesidad de asistencia humanitaria, han aumentado drásticamente durante el año hasta llegar a los 25 millones de personas, añadiendo que la magnitud de la crisis podría desestabilizar toda la región.  

Por otro lado, los datos sobre la intensidad y letalidad del conflicto durante el año recogidos por ACLED dan muestra de más de 13.000 muertes en el país por episodios violentos desde que estallaron los primeros combates en abril, concentrándose estas en la capital y en los estados de Darfur. Esta alta intensidad de la violencia en Darfur, provocó que la Corte Penal Internacional informara en julio de la apertura formal de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Darfur después de que la ONU denunciase el descubrimiento de varias fosas comunes con cadáveres de al menos 87 personas de la comunidad masalit en Darfur Occidental. Amnistía Internacional, en un informe publicado en agosto,  “Death Came To Our Home”: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan”, también documentó la comisión de crímenes de guerra generalizados cometidos por ambas partes en el conflicto. Estos hechos generaron que 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptase la Resolución A/HRC/RES/54/2 en la que estableció una Misión Internacional de Investigación Independiente para Sudán con el mandato de investigar y establecer los hechos, circunstancias y causas fundamentales de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos, así como violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado. 

_____

Foto de portada: U.S. Institute of Peace

Texto original publicado en: Escola de Cultura de Pau, Escenarios de riesgo y oportunidades de paz, Enero de 2024

Mañana (17 de diciembre) se celebra un referéndum constitucional que pretende fortalecer el poder del presidente Mahmat Déby, quien accedió al poder tras perpetrar un golpe de Estado en abril de 2021 como consecuencia de la muerte de su padre, Idriss Déby. Este referéndum ha sido boicoteado por diversas figuras de la oposición y de la sociedad civil -entre ellas el líder de la coalición opositora Plataforma Republicana, el antiguo ministro Sidick Abdelkereim Haggar- que continuaron denunciando que el proyecto de Constitución se centraba en un Estado unitario en detrimento del federal, la falta de participación de los principales actores políticos y la rapidez en la elaboración del censo, que no abarcó a todo el electorado, especialmente en las provincias del sur. Este referéndum constitucional pretende legitimar un Estado más centralista y, en definitiva, el proceso de transición iniciado con el golpe de Estado cometido en abril de 2021 y que fue bendecido por la comunidad internacional, ya que Occidente no podía permitir la caída de uno de los pocos países amigos que le quedaban en el Sahel.

Un grupo de 15 partidos opositores denunciaron en septiembre el proceso de elaboración del censo electoral. Diversos análisis también señalaron que Déby había fracasado en la puesta en marcha del comité que debía llevar a cabo el seguimiento de las resoluciones de las conversaciones de paz de Doha entre el Gobierno y decenas de grupos armados y que no estaba implementando las recomendaciones del diálogo nacional, entre ellos uno de los principales firmantes del acuerdo de Doha, el colíder del grupo armado Unión de las Fuerzas de la Resistencia (UFR), Timan Erdimi, cuyo hermano, Tom Erdimi, fue incluido como ministro del gobierno de transición. Timan Erdimi destacó que era necesario que la comunidad internacional fuera testigo de la no implementación de los acuerdos. Entre junio y julio de este año Déby retiró a un centenar de generales y promovió un número similar de jóvenes oficiales próximos a él al rango de general (alrededor de 500 generales en el país, una de las cifras más altas a nivel mundial en proporción al Ejército). En paralelo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, el chadiano Moussa Faki. reiteró que los militares chadianos no deberían poder presentarse a las elecciones de 2024 y deberían entregar el poder a los civiles.

El proceso de paz de Doha -según el cual 34 de 52 grupos armados chadianos firmaron la paz con el Gobierno bajo la facilitación qatarí- y el Diálogo Nacional Inclusivo y Soberano- calificado de farsa por la oposición social y política- ambos procesos durante 2022, comportaron la prolongación del mandato del Consejo Militar de Transición (CMT) por un periodo de 24 meses durante el cual el gobierno de transición remodelado en octubre de 2022 bajo la tutela del presidente Mahamat Déby -que podrá presentarse a las elecciones previstas para noviembre de 2024- continuó llevando a cabo medidas para afianzarse en el poder, según diversos análisis.

El Gobierno de transición llevó a cabo diversos indultos y decretó una amnistía de los responsables de las protestas antigubernamentales del 20 de octubre de 2022 así como de diversos actores político-militares en diferentes fases. En paralelo, los miembros de la coalición opositora Cadre Permanent de Concertation et de Réflexion (CPCR) compuesto por los 18 grupos armados que no firmaron el acuerdo de Doha (entre ellos, el Frente para la Alternancia y la Concordia de Chad o FACT, por sus siglas en francés) se reunieron en Roma bajo los auspicios de la Comunidad de Sant’ Egidio entre el 6 y el 9 de marzo de 2023 para discutir en torno a la situación política y de seguridad en el Chad, y señalaron su disposición a comprometerse en llevar a cabo negociaciones con las autoridades de transición con el apoyo de una mediación neutral e imparcial, aunque no recibieron respuesta del Gobierno de transición. En marzo una delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) visitó el país, reuniéndose con representantes de la oposición y de la sociedad civil, como parte de su facilitación de la transición, aunque el CPCR desdeñó su papel mediador debido a su apoyo a las conclusiones del DNIS, cocinadas por el régimen chadiano, y a su papel respecto la crisis de octubre de 2022.

Cabe destacar, no obstante, que las autoridades permitieron el regreso de Succès Masra, líder del partido opositor Les Transformateurs, el 3 de noviembre a Chad después de un año en el exilio, donde había vivido desde octubre de 2022 tras la represión a la movilización civil que causó decenas -centenares, según la oposición- de víctimas mortales. El acuerdo para su regreso, facilitado por la CEEAC, incluye una amnistía para todos los actores militares y civiles involucrados en los actos violentos del 20 de octubre de 2022, y el compromiso de Masra de apoyar el proceso de transición. El 5 de noviembre, las autoridades liberaron a 72 miembros de Les Transformateurs que habían estado detenidos desde 2022. El 19 de noviembre, Masra se dirigió a cientos de seguidores en la capital, N’Djamena, e instó a la reconciliación con los gobernantes militares. El movimiento de la plataforma opositora civil Wakit Tama se negó a reconocer la amnistía y el líder del partido Les Démocrates rechazó el acuerdo e instó a que se hiciera justicia para las víctimas de la represión policial de 2022. A pesar de las amnistías e indultos, numerosos opositores seguían encarcelados como consecuencia de las movilizaciones de octubre de 2022.

La grave situación que atraviesa Chad y los intentos del nuevo régimen chadiano de afianzarse en el poder mediante las urnas y las armas -en agosto el régimen reinició la ofensiva militar en Tibesti (norte) junto al Ejército Nacional de Libia contra el FACT, grupo que mantenía un alto el fuego unilateral desde abril de 2021– con el beneplácito de la comunidad internacional, no auguran un reflejo positivo en procesos similares a Chad, como Malí, Guinea, Burkina Faso o incluso Sudán, que se miran en el espejo chadiano.

Henri Konan Bédié exhalaba su último aliento, a los 89 años y en un hospital privado de Abiyán, el pasado 1 de agosto. Apodado Nzueba (“el Hijo del Agua”, en su lengua materna, el baulé) y también La Esfinge de Daoukro (por su afición a los proverbios baulé), se le considera una de las figuras dominantes de la política marfileña de los últimos treinta años, junto a Alassane Ouattara y Laurent Gbagbo. Deja un legado de más de seis décadas de actividad política que influyeron significativamente en el país.

Nacido el 5 de mayo de 1934 en Daoukro, una pequeña ciudad en el centro-este de Costa de Marfil, destacó entre los dirigentes del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI), la formación conservadora fundada por el primer presidente del país, Félix Houphouët-Boigny. Tras la muerte de Houphouët-Boigny en 1993 y una breve crisis con Ouattara, Bédié asumió el cargo de presidente de la República. En aquel momento presidía el Parlamento y era una personalidad relativamente desconocida frente a Ouattara, que ejercía de primer ministro. De acuerdo con la constitución de entonces, la interinidad de la presidencia recaía en Bédié en caso de vacío de poder, así que asumió el cargo y acabó la legislatura de Houphouët-Boigny en 1995, antes de empezar su propio mandato tras ganar las elecciones de ese año.

El gobierno de Bédié se enfrentó a grandes retos a nivel nacional e internacional.  Heredó un país traumatizado por cuatro años de políticas de austeridad (planes de ajuste estructural) impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial e implementadas por Ouattara. Estas políticas eran el resultado del fracaso de la administración Houphouët-Boigny en gestionar las ganancias financieras amasadas durante la edad de oro económica del país, conocida como “el Milagro Marfileño” (1960-1980). A nivel internacional, Bédié lidió con la llegada de refugiados liberianos, huyendo del sangriento conflicto en el país vecino, en el que Houphouët-Boigny tuvo un papel activo.

El desafío para Bédié consistía en romper con la política de Houphouët-Boigny y, para lograrlo, apostó por el repliegue nacionalista. A nivel nacional, intentó enderezar una economía marcada por la devaluación del franco CFA, que redujo a la mitad el poder adquisitivo de los marfileños, agudizando las tensiones sociales. Luchó por mitigar dichas tensiones y consolidar su poder en la escena política marfileña. A nivel internacional, decidió poner fin a la injerencia de Costa de Marfil en los asuntos de otros Estados, tanto en África occidental como más allá (por ejemplo, en Angola, donde la administración Houphouët-Boigny apoyó activamente a la UNITA de Jonas Savimbi), optando por la neutralidad en lo que se denomina “la Guerra Mundial Africana”, la segunda guerra civil congoleña.

Inició una cruzada dentro de su formación política, expulsando a adversarios que más tarde crearon la Unión de los Republicanos (RDR), liderada por Djeni Kobena. Tras consolidar su poder en el PDCI, puso en marcha la controvertida política de la ivoirité (“marfileñidad”), que estigmatizó a parte de la población, especialmente procedente del norte del país. El término se relaciona con la implementación de la política migratoria de Ouattara y la nacionalización de las tierras agrícolas, que desembocaron en graves crisis entre extranjeros y autóctonos, principalmente a partir de 1998.

A nivel social, la combinación de la ivoirité y el repliegue nacionalista, que debería haber cimentado la nación marfileña, obtuvo el resultado contrario: fracturó aún más el tejido social. Esto sucedió por la fuerte tendencia de Bédié a la represión brutal y sistemática de sus opositores, política que empujó al RDR y el Frente Popular Marfileño (FPI) a aliarse contra él en el Frente Republicano. La represión se extendió a los sindicatos, especialmente contra la principal asociación estudiantil, la FESCI, cuyos miembros y líderes (Guillaume Soro y, sobre todo, Charles Blé Goudé) fueron encarcelados en repetidas ocasiones y a la prensa, donde destaca el «caso Afakaya». Este último se refiere al secuestro del director del periódico Notre Voie, Aboudramane Sangaré, miembro fundador del FPI, por las fuerzas de seguridad y una humillante paliza en el despacho del entonces ministro de interior, Gaston Ouassena Koné, pretextando la aparición de una palabrota, «Afakaya», en un artículo de prensa.

A nivel económico, Bedié no solo fracasó en suavizar los efectos de la terapia de choque del FMI: agudizó la crisis mediante una gestión calamitosa de la economía marfileña. Su presidencia estuvo marcada por varios escándalos implicando clientelismo, nepotismo y malversaciones financieras. En este ámbito, en diciembre de 1998 se descubrió una malversación de 27,4 millones de euros de la UE destinados a la salud infantil a través de sobrefacturaciones que implicaban directamente a su ministro de Sanidad, Maurice Kakou Guikahué (actual secretario general adjunto del PDCI) e, indirectamente, a la ONG “Servir”, de su ahora viuda Henriette Konan Bédié. Este escándalo hizo que Costa de Marfil no pudiera acceder a financiación de la UE o del FMI durante un tiempo.

En esta atmósfera de fuerte crisis económica y tensión social, Ouattara, que a partir de enero de 1999 tomó las riendas del RDR, anunció el 13 de septiembre de ese año: “Golpearemos a este régimen […] y caerá”. En la Navidad de 1999, el mandato de Bédié acabó brutalmente truncado por un golpe de Estado liderado por jóvenes soldados que auparon al poder a una junta militar encabezada por el general Robert Guéï. Bédié desapareció de la escena política marfileña, acusado de corrupción, y no volvería a reaparecer hasta 2001, a favor de la política de reconciliación iniciada por Laurent Gbagbo para restañar las heridas provocadas por la crisis postelectoral de 2000, que marcó su llegada en el poder.

En 2005, Bédié conformaría una alianza con Ouattara, el RHDP, con la que concurriría a las elecciones de 2010. La consecuente crisis postelectoral le llevó nuevamente al poder, pero la alianza se disolvería a partir de 2019, debido a la negativa del último a presentar una candidatura única liderada por el primero. Bédié ganaría relevancia en la crisis electoral de 2020, donde lideró el boicot de las elecciones, las campañas de desobediencia civil y un autoproclamado gobierno de transición, conformado por varios partidos de la oposición, que se hundió frente a la represión de las fuerzas de seguridad. Tras la absolución completa de Gbagbo por el Tribunal Penal Internacional en 2019 y su regreso a Costa de Marfil en 2020, Bédié se acercó a él, de vuelta en el escenario político, para crear una nueva alianza, esta vez contra Ouattara.

A diferencia de lo que esperaba transmitir al redactar su autobiografía, Chemins de ma vie (Plon, 1999), Bédié deja un legado controvertido. Héroe para algunos y traidor para otros, es cierto que inspira un cierto respeto a todos. Su desaparición deja «huérfano» al PDCI, que lideró de forma casi ininterrumpida durante treinta años, y presagia un nuevo duelo entre sus dos adversarios y aliados más prominentes: Gbagbo y Ouattara.

Foto de portada: Tommy Miles

Desde la consecución de su independencia en 1956, Sudán ha vivido largos periodos bajo la sombra de la guerra y la inestabilidad. Más de 2,5 millones de personas perdieron la vida en la primera (1955-1972) y segunda fase (1983-2005) de la guerra civil sudanesa. Posteriormente, entre el año 2005 y el 2010 parte del país gozó de cierta estabilidad, producto de la firma del Comprehensive Peace Agreement (CPA) que puso fin a la guerra en la región meridional del país, aunque el inicio de la guerra en Darfur (2003) impidió hablar de años de paz. Durante la última década la región volvió a estar marcada por una profunda inestabilidad, producto de los efectos de la independencia de Sudán del Sur (2011), los convulsos procesos transicionales abiertos en Sudán y Sudán del Sur y los diferentes escenarios de conflictividad armada presentes en Sudan (Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul) y la guerra civil iniciada en Sudán del Sur en diciembre de 2013. Si bien durante este periodo también se han observado pasos positivos, como la firma de sendos acuerdos de paz (Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur (R-ARCSS) de 2018 o el Acuerdo de Paz de Juba sobre Sudán de 2020) o la conformación de gobiernos transicionales en ambos Estados –así como la mejora de la relación entre ambos países a raíz de acuerdos de cooperación mutua en torno a delimitaciones fronterizas pendientes, entre las que destaca Abyei– la inestabilidad política y la violencia han seguido comprometiendo los esfuerzos para la construcción de la paz, la estabilidad y la democracia.

A mediados de abril de 2023 se produjo el último episodio de violencia que amenaza con afectar la ya de por si frágil estabilidad de la región, a raíz del inicio de intensos combates en Jartum, capital de Sudán, y en otros puntos del país protagonizados por las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan (presidente del Consejo Soberano) y las fuerzas paramilitares Rappid Support Forces (RSF), dirigidas por el teniente general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” (vicepresidente del Consejo Soberano). Estos acontecimientos amenazan con tener un efecto boomerang, afectando, no solamente a la vecina Sudán del Sur, sino al conjunto de países fronterizos: Chad, República Centroafricana, Etiopía, Eritrea, Libia, Egipto o la República Democrática del Congo, muchos de los cuales presentan ya escenarios complejos de violencia.

La nueva crisis en Sudán es el último episodio generado desde las movilizaciones populares de finales de 2018 que conllevaron la caída del gobierno de Omar al-Bashir en abril de 2019, tras tres décadas en el poder. A partir de ese momento el país ha sido incapaz de lograr una transición política efectiva que permita superar las rémoras del antiguo régimen. Los militares usurparon el poder en abril de 2019, y si bien en agosto de ese año acordaron compartir el gobierno transicional con la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), en octubre de 2021 volvieron a dar un nuevo golpe de Estado disolviendo el gobierno transicional y destituyendo al primer ministro, Abdallah Hamdok. Tras un 2022 marcado por dos procesos de negociación entre la Junta Militar y la oposición política –el mecanismo trilateral (facilitado por la UNITAMS, la UA y la IGAD) y el Quad (EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos– en diciembre se llegó a un acuerdo marco en el que los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y crear un gobierno civil de transición para abril de 2023. Sin embargo, la fase II de las negociaciones iniciada en enero de 2023, la cual pretendía abordar diferentes temas sensibles –entre los cuales, la justicia transicional; la reforma del sector de la seguridad, incluyendo la incorporación de las RSF al Ejército; el Acuerdo de Paz de Juba; el estado del comité de desmantelamiento del ex régimen de Omar al-Bashir; y la crisis en el este de Sudán– acabó por mandar el proceso transicional a la casilla de salida, que se ha traducido en el inicio de los enfrentamientos armados entre las SAF y las RSF.

En Sudán del Sur, el proceso transicional presenta ciertas similitudes con la crisis sudanesa. Tras cinco años de guerra, los dos principales actores responsables de la prolongación del conflicto –el Gobierno presidido por Salva Kiir y el SPLA-IO dirigido por el vicepresidente del Gobierno Riek Machar– firmaron un acuerdo de paz en 2018 (R-ARCSS) que posibilitó abrir un periodo transicional. Este acuerdo, no ha servido para poner fin a la violencia, sino que ha sido instrumentalizado continuamente por las partes. El último episodio se produjo en agosto de 2022, cuando el Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado (R-TGoNU) presidido por Kiir y vicepresidido por Machar, amplió unilateralmente el período de transición por otros dos años, situando las elecciones en diciembre de 2024. Sin embargo, muchos analistas intuyen que es probable que ni siquiera se llegue a esa fecha, ya que antes del fin del régimen transicional, tal como se prevé en el Acuerdo Revitalizado, debe estar en vigor una nueva Constitución, algo que hoy en día parece lejano. Asimismo, otra de las claves del Acuerdo es la creación de un ejército nacional unificado. Al igual que en el caso de Sudán, los pasos para lograr esta integración y las controversias sobre los tiempos, forma y estructura de mando amenazan con hacer descarrilar el proceso transicional.

Mientras las transiciones en ambos países se tambalean, sus poblaciones se enfrentan a una importante crisis humanitaria que puede amplificarse con la nueva deriva violenta en Sudán. A finales de 2022, un tercio de la población de Sudán –más de 15 millones de personas– padecía inseguridad alimentaria grave, y 3,7 millones de personas se encontraban desplazadas internamente por la violencia, mientras que el país acogía simultáneamente a más de un millón de personas refugiadas de las crisis vecinas. En Sudán del Sur el escenario es similar. Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 6,6 millones de personas –más de la mitad de la población del país– afrontan una situación de inseguridad alimentaria aguda, hambre y desnutrición. Estas cifras que podrían ascender hasta los 7,8 millones durante el primer semestre de 2023. Además, 2,3 millones de personas se encontraban refugiadas debido a la inseguridad. El estallido de la violencia en abril en Sudán podría tener otros efectos catastróficos en Sudán del Sur, sobre todo en su economía, ya que el 90% de los ingresos del país dependen de la exportación de petróleo a través de Sudán. Asimismo, también podría provocar, según estimaciones de las Naciones Unidas, que más de 800.000 personas busquen refugio en otros países, amplificando la crisis de desplazamiento forzado en la ya muy tensionada región. Este impacto puede afectar también las dinámicas de violencia presentes en RCA, RDC, Chad, Libia o Etiopía (Tigré y Oromiya), además de las propias internas en Darfur, Kordofán Sur, Nilo Azul o en la región del este de Sudán y en Sudán del Sur, convirtiendo la región en un polvorín.

Si bien no se puede ignorar la posibilidad de que la crisis en Sudán degenere en una guerra prolongada, la intensificación del conflicto no es inevitable. Se requiere de una acción conjunta de los actores locales, nacionales, regionales e internacionales para lograr que las partes vuelvan a la mesa de negociación, pongan fin a la violencia y recuperen el espíritu de la transición. Si esto no sucede, el impacto de otra guerra en Sudán tendrá un efecto dominó impredecible en toda la región del África Central y el Cuerno de África.

———-

Este artículo es un extracto que será publicado en Escola de Cultura de Pau. Alerta 2023! Informe sobre conflictos armados, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona, Icaria, 2023.

En 2022 se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda –constatadas y evidenciadas por Naciones Unidas– de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Las diferentes iniciativas diplomáticas regionales, como el proceso de Luanda encabezado por Angola bajo el mandato de la UA, así como los ofrecimientos de mediación de países como Qatar y EEUU, han fracasado hasta el momento de cara a revertir la situación. A mediados de abril de 2023, el presidente ruandés Paul Kagame atizó el fuego culpando de la crisis del M23 a la delimitación de la frontera de la era colonial, afirmando que “una gran parte de Rwanda quedó fuera, en el este de RDC y el suroeste de Uganda”; dándole una nueva dimensión al conflicto. Kagame también defendió a los rebeldes del M23 afirmando que se les niegan sus derechos en RDC remarcando que “el problema de RDC, el problema regional o el problema de Rwanda no es el M23”. En respuesta, Kinshasa denunció estas declaraciones como una nueva provocación por parte de Rwanda y responsabilizó a Kagame de todos los problemas en el este del país durante los últimos 20 años. La retórica de acusaciones e incidentes sobre el terreno han situado la tensión entre ambos países al borde de un conflicto armado de peligrosas consecuencias regionales.

Raíces del conflicto

Aunque la apelación de Paul Kagame en torno a la delimitación fronteriza realizada en la era colonial podría contribuir a dibujar los orígenes del conflicto que padece la región –como tantas otras consecuencias derivadas del colonialismo que siguen todavía abiertas y forman parte de la génesis de éste y otros conflictos en el continente– el pasado reciente contribuye notablemente a situar las tensas relaciones entre RDC y Rwanda. A principios de los noventa, el mariscal zaireño Mobutu Sese Seko apoyó al régimen ruandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del Rwandan Patriotic Front (RPF), insurgencia liderada por Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 consiguió derrocar y expulsar al régimen responsable de este y tomar el poder en Rwanda. A partir de entonces se sucedieron la primera y la segunda guerra del Congo, que acabaron con la firma de diversos acuerdos de paz y la retirada de las tropas extranjeras del país entre 2002 y 2003, principalmente de Rwanda. Éstas justificaban su presencia por la existencia de grupos insurgentes nacionales en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congolesas para desarticularlos, mientras ejercían el control y la expoliación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por estos, en especial Rwanda. La existencia de grupos insurgentes enemigos de Rwanda, Uganda y Burundi, la permanencia de las causas de fondo del conflicto en RDC en sus múltiples niveles y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar estos grupos provocó el surgimiento en 2012 del M23, apoyado por Rwanda. A pesar de la firma de un nuevo acuerdo de paz en diciembre de 2013, en 2021 el grupo volvió a reorganizarse con el apoyo ruandés. 

Orígenes del M23

El 4 de abril de 2012, el grupo armado M23 (denominación que hace alusión al día de la firma de un acuerdo de paz tres años antes, el 23 de marzo de 2009, entre el Gobierno congolés y el Congrés National pour la Défense du Peuple, liderado por Bosco Ntaganda, cargo que había arrebatado al general Laurent Nkunda) se rebeló contra el Gobierno congolés aseverando el incumplimiento del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009. Nkunda, quien había sido un oficial en el grupo armado RCD-Goma –grupo armado “proxy” de Rwanda en la segunda guerra del Congo (1998-2003)–, oficialmente sigue en arresto domiciliario en la localidad ruandesa de Gisenyi. El 20 de noviembre de 2012, el M23 entró en las calles de Goma, capital de Kivu Norte, tras la deshonrosa retirada de las tropas congolesas de la ciudad y ante la mirada impasible de los cascos azules de la ONU, dejando grabada la fecha en el imaginario colectivo congolés. El pillaje, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otros crímenes de guerra fueron su carta de presentación. En 2013 RDC y Rwanda alcanzaron un acuerdo de paz según el cual el M23 debía ser desarticulado. Sin embargo, a finales de 2021 este grupo retomó sus actividades con el apoyo de Rwanda y desde entonces ha sembrado nuevamente el pánico en territorio congolés y ha amenazado nuevamente con plantarse en el corazón de la capital.

Todos estos líderes insurgentes apoyados por Rwanda formaban parte de la comunidad tutsi banyamulenge, hermana de la comunidad tutsi que habita en Rwanda y que fue masacrada en el genocidio de 1994. Entre otros muchos factores, en la pervivencia de esta insurgencia conviven argumentos como el miedo, la protección de su propia comunidad, la explotación del territorio congolés y sus recursos, la ausencia de otras perspectivas de futuro y sustento ante una fracasada reforma del sector de la seguridad, su instrumentalización como actor proxy de Rwanda dentro de territorio congolés. Otra cuestión a tener en cuenta es la venganza y persecución de las Forces Démocratiques de Libération du Ruanda (FDLR), movimiento político-militar que ha pretendido un cambio político en Rwanda por la fuerza y heredero de aquellos que cometieron el genocidio de 1994, cuya eliminación es un leit motiv para Rwanda y para esta serie de grupos armados y escisiones, y sirve como argumento permanente para justificar que Rwanda actúe con total impunidad financiando, armando y atacando el territorio congolés. La inacción de la comunidad internacional para frenar el genocidio de 1994 llevó a esta a apoyar al nuevo régimen ruandés surgido tras el genocidio y a convertirlo en su aliado privilegiado en la inestable región. Este apoyo político internacional y el compromiso de Rwanda en la promoción de la paz y la seguridad en el continente, participando activamente en misiones de la ONU y bilaterales –como en el norte de Mozambique– le han granjeado un áurea de respetabilidad y de compromiso con la construcción de la paz que le ha blindado de las críticas relativas al autoritarismo del régimen ruandés, caracterizado por restringir el espacio político y la libertad de expresión y silenciar la disidencia política. También la ha blindado de las críticas relativas a la injerencia de Rwanda en los asuntos internos congoleses. Rwanda, a pesar de haber sido señalada por la ONU desde 2001 hasta en su último informe interno filtrado en agosto y por el Grupo de Expertos en diciembre de 2022 por participar directa o indirectamente en la expoliación de los recursos naturales de forma sistemática y sistémica y de armar y organizar rebeliones para proteger a la comunidad banyamulenge y a sus intereses en los Kivus, y aunque ha recibido numerosas críticas, sigue sin ser sancionada por la ONU y el resto de actores de la comunidad internacional. Sin embargo, todos estos elementos también ponen de manifiesto que el conflicto no es simplemente una agresión externa de Rwanda sobre RDC, como ha intentado remarcar el presidente congolés en múltiples ocasiones.

Conclusiones

Es imprescindible un análisis por parte de los actores clave que pueden influir en ambos países que sea más exhaustivo, incluya otras dimensiones desde una mirada multicausal y multinivel, y vaya más allá de reducir el conflicto a una mera confrontación étnica o a la explotación de los recursos como medio y fin para financiar la guerra y que cuya resolución se traduzca únicamente en desarticular a los grupos armados o conseguir ceses de hostilidades, amén de los múltiples procesos de DDR con los actores armados. Es imprescindible entender las raíces históricas y culturales de los pueblos de la región; el expolio continuado y la injusticia social vivida desde la opresión colonial y postcolonial; los agravios de la población local frente a las poblaciones sobrevenidas; la instrumentalización de las diferencias étnicas por parte de Mobutu y posteriormente por Kabila padre e hijo; la presión y la competencia sobre la propiedad de la tierra; los legítimos retos de seguridad de los países vecinos, en especial Rwanda frente al gigante congolés; la creciente presencia postcolonial anglófona y china frente a la progresiva marginalidad francófona; las dinámicas regionales e internacionales vinculadas no solo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas geopolíticas donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental, en un mundo globalizado en el que las grandes potencias como EEUU y China compiten para ampliar sus áreas de influencia. Un mundo globalizado que ha ratificado la receta del modelo de Estado liberal para solucionar los problemas de la RDC, pero que no los ha resuelto, como se evidencia nuevamente con esta enésima escalada de la violencia. Las intervenciones locales y de la comunidad internacional para resolver el conflicto no afrontan las causas de fondo que dieron origen a la guerra y a la inestabilidad que arrastra la región como consecuencia de un análisis no enfocado hacia las raíces del conflicto que enfrenta a ambos países, así como tampoco por parte de los actores internacionales –ONU, China, EEUU y UE, principalmente– que tienen capacidad real de presión sobre ambos países de cara a frenar esta peligrosa escalada de la tensión. 

Foto de portada: MONUSCO Photos

Este artículo es un extracto que será publicado en Escola de Cultura de Pau. Alerta 2023! Informe sobre conflictos armados, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona, Icaria, 2023.

Senegal tiene fama de ser uno de los países más estables de África occidental y una reputada democracia dentro de la diversidad de regímenes políticos que se pueden encontrar en el continente. Pero nada es perfecto y, desde el jueves pasado, las contradicciones de un sistema que incuba una crisis no novedosa hicieron detonar una situación explosiva que ha sumido al país en una importante crisis política y social , cuyas movilizaciones y protestas han sido duramente reprimidas causando, hasta la fecha, 19 víctimas mortales, según el comunicado oficial del principal partido opositor, el Pastef (en francés, Patriotas de Senegal por el trabajo, la ética y la fraternidad) o16 contabilizadas por el Ministerio del Interior.

El detonante de la crisis senegelesa ha sido la condenada del líder opositor del Pastef, Ousmane Sonko, a dos años de prisión por “corrupción de menores”. La resolución judicial se anunció el pasado 1° de junio, luego de un juicio en el cual Sonko había sido acusado de varios cargos, entre ellos de violación, cargo del que fue exonerado.

Sonko, un joven abogado nacido en 1974, exdiputado nacional y alcalde de Ziguinchor (la capital de la región de la Casamance, al sur del país), de orientación panafricanista y con una mirada muy combativa que lo condujo a denunciar prácticas corruptas de la élite, había acusado de maltratar y violar a una masajista en un local, incidente acaecido entre 2020 y 2021. Sonko no presenció su juicio. Desde su partido alegan que el proceso carece de legitimidad y de que se trataría de una maniobra para apartarlo de las elecciones presidenciales previstas para febrero del año próximo, cuando viene sonando como un candidato de peso frente al oficialismo. El pasado 1° de mayo el presidente del Pastef declaró que nunca alguien fue tan perseguido por la justicia local como él.

Mientras tanto, en el gobierno resta definir si el actual presidente Macky Sall, quien en 2024 concluye su segundo mandato, decide postularse a un tercero, pues lo ha sugerido. De hacerlo, previsiblemente sumirá al país en una nueva crisis política, tal y como ha sucedido en otros países africanos que han atravesado turbulencias muy serias debido a la denominada “maldición del tercer mandato” (Costa de Marfil, Guinea Conakry, República del Congo, Burundi).

¿Qué se juega?

En el comunicado emitido el pasado 4 de junio el partido opositor denunció y condenó las muertes de manifestantes producto de la represión que recaen sobre la figura presidencial, tildada de dictador, carnicero y de emisor de órdenes “anti-republicanas” que se ha servido del trato inhumano de la policía y de las tropas de gendarmería. La oposición denuncia la utilización de milicias particulares para imponer asesinatos, torturas y represión a una población indefensa, a lo que se suma  el empleo de menores como “escudos humanos”. También el documento apunta a que los líderes religiosos pueden ser objetivo del ataque estatal en la medida que defiendan los intereses de la protesta cívica.

Pastef instó a la ciudadanía a defenderse de las “acciones terroristas” de un Estado que incumple sus obligaciones más básicas y a responder a la altura de los actos cometidos por los “bandidos de la República”. La organización exige la salida inmediata de Macky Sall como garantía de salvación nacional.

Por su parte, la administración de Sall ha denunciado los actos de vandalismo y de bandidaje cometidos por la disidencia. Con alrededor de una veintena de muertes, unas 400 personas heridas y al menos 500 arrestos (incluyendo menores), la crisis en Senegal no es de fácil resolución, si bien se respira un poco más de calma que el fin de semana pasado. Las redes sociales siguen bloqueadas y el gobierno decidió hacer lo mismo con la red local de telefonía móvil y sus datos, para, según la oposición, que el mundo no pueda ser testigo de la feroz represión gubernamental. Desde fuentes oficiales, sin embargo, se señala que el objetivo es evitar la difusión de mensajes de odio y subversivos que alteren el orden.

Dakar devino un auténtico campo de batalla, con locales saqueados y diversos daños materiales, que incluyó también el ataque a algunos objetivos franceses. Una vez más perfila lo que es una constante regional, como se observa en Malí o Burkina Faso, el peso en declive de Francia en la región, la exmetrópoli.

Valiéndose sobre todo de las juventudes (más del 60% de la población senegalesa está por debajo de los 25 años), Sonko apunta al neocolonialismo francés y a una élite corrupta, entregada a los intereses extranjeros, como sostén de la deriva autoritaria presidencial. Como ejemplo, la moneda senegalesa es el franco CFA, controlada por Francia, y vigente en más de una decena de naciones de la zona.

Así, el líder del Pastef se propone como alternativa a esta opresión y a la realidad de amplios sectores postergados de la sociedad senegalesa, en donde, según datos del Programa Mundial de Alimentos (ONU), un 39% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

#FREESENEGAL

El 15 de abril se produjeron intensos combates en Jartum, capital de Sudán, y en otros puntos del país protagonizados por choques entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) dirigidas por el general Abdel Fattah al-Burhan (presidente del gobierno) y las fuerzas paramilitares Rappid Support Forces (RSF), dirigidas por el teniente general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” (vicepresidente del gobierno). Si bien se suponía que el pasado 11 de abril el país entraría en una nueva fase de transición política con la entrega del poder por parte de la Junta Militar a un gobierno civil acordado en 2022 tras meses de negociaciones, los dos generales que dirigen el país han vuelto a llevar al Sudán a una espiral de violencia, que veremos si se transforma en una nueva guerra civil. Algunas de las causas de fondo de la disputa residen en la pérdida de poder del aparato militar y, sobre todo, en la reforma del sector de seguridad que prevé la integración de las RSF en un Ejército nacional unificado.

Tras dos días de combates, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al menos 97 personas han muerto y cientos han resultado heridas. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) se reunió de emergencia ayer en Addis Abeba y anunció que su presidente, Moussa Faki Mahamat, viajará al país con el objetivo de favorecer un alto el fuego.

Para entender la actual  crisis sudanesa tenemos, al menos, que remontar cuatro años atrás, cuando se produjo la revolución popular de 2019 que logró la caída del gobierno de Omar al-Bashir. Dicha revolución popular fue usurpada por el aparato militar que se hizo con el poder, generando importantes movilizaciones populares que han sido duramente reprimidas y se mantienen hoy en día.   

A continuación señalamos algunos de los principales eventos que han acontecido en el país en este periodo que ayudan a contextualizar la crisis actual:

2018.

• Inicio de ola de protestas y movilizaciones populares en Sudán contra el régimen de Omar al-Bashir.

2019.

• 11 de abril. El aparato militar aprovecha las movilizaciones populares y da un golpe de Estado que derroca al gobierno de al-Bashir. Se conforma el Consejo Militar de Transición (TMC) que anuncia dos años en el poder. Abdel Fattah al-Burhan es designado presidente del TMC.
• Se mantienen las movilizaciones de protesta contra los militares demandando un gobierno civil liderado por la coalición política opositora Forces for Freedom and Change (FFC).
• 17 de julio. TMC y FFC logran un acuerdo político para la creación de un gobierno de transición que tendría un período de transición de 39 meses. También se acuerda la creación de una nueva Constitución.
• Agosto. Se conforma el Gobierno hibrido de transición cívico-militar (Consejo Soberano) presidido por el militar al-Burhan (TMC) con un primer ministro civil, Abdalla Hamdok (FFC).

2020

• Junio. El Consejo de Seguridad de la ONU decide establecer la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS) a partir del 1 de enero de 2021 (Res. 2524). A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU anuncia la finalización de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) para junio de 2021.
• 23 de octubre. EEUU elimina a Sudán de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

2021.

• 21 de septiembre. Se produce un intento de golpe de Estado fallido contra Hamdok
• 25 de octubre. El presidente del Consejo Soberano, el general al-Burhan, y su adjunto, el general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” –comandante de las fuerzas paramilitares de las RSF-, dan un autogolpe de Estado que derroca a la parte civil del Gobierno transicional.
• 27 de octubre. La Unión Africana suspende a Sudán del organismo. El Banco Mundial suspende sus ayudas al país.
• 11 de noviembre. Al-Burhan anuncia la formación de un Consejo Soberano reconstituido en el que él ocuparía la Presidencia y Hamdan Dagalo la Vicepresidencia.
• 21 de noviembre. Se anuncia un acuerdo político para restablecer en el Gobierno al primer ministro civil Abdalla Hamdok, aunque los militares mantienen el control sobre el Gobierno.

2022

• Enero. Abdalla Hamdok anuncia su renuncia al cargo de primer ministro.
• Marzo-mayo.  UNITAMS, UA e IGAD anuncian una iniciativa conjunta de paz intrasudanesa para mediar entre la Junta Militar y la oposición política, conocida como mecanismo trilateral.
• Junio. Diplomáticos estadounidenses y saudíes también ponen en marcha conversaciones informales entre la Junta Militar y el FFC-CC, en lo que se conoció como la mediación del Quad (que incluyó a EEUU, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos).
• 5 de diciembre. Se logró un acuerdo marco entre la Junta Militar y el FFC-CC en el que los militares prometieron renunciar a gran parte de su poder político y crear un gobierno civil de transición con elecciones en dos años.

2023

• Marzo. Se acuerda la devolución del poder a los Civiles, prevista para el 11 de marzo.
• Abril. Estallan los enfrentamientos entre el Ejército y las RSF.