AIAMVAS (Asistencia Integral a Menores Victimas Agresiones Sexuales

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MALA PRAXIS - TRATAMIENTO MÉDICO - MÉDICOS - CUASIDELITO DE HOMICIDIO - CUASIDELITO DE LESIONES - PERSONA POR NACER - DELITOS CONTRA LAS PERSONAS - TUICIÓN DE LOS MENORES - RESPONSABILIDAD PENAL - NEGLIGENCIA CULPABLE DE LOS PROFESIONALES - CULPA NEGLIGENTE - PERICIA MÉDICA

Título: Mala praxis como sinónimo de negligencia y la «normativización» de la responsabilidad penal médica en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile ¿un camino hacia la responsabilidad penal objetiva? - Jean Pierre Matus Autor: Jean Pierre Matus Fecha: 16-sep-2009 Cita: MJCH_MJD362 Producto: MJ Sumario: Introducción. 1. Mala praxis y negligencia culpable: ¿conceptos sinónimos? - 1.1. La responsabilidad penal por culpa, negligencia o imprudencia, en general. - 1.2. La responsabilidad penal por culpa, negligencia o imprudencia, en especial, respecto de la actividad médica. - 2. quién es la persona del paciente en el delito del artículo 491 del código penal. Notas y reseñas bibliográficas.- Por Jean Pierre Matus (1) Introducción Conforme señala el considerando 4º de la reciente sentencia de la Corte Suprema de 16 de abril de 2009 (ROL 1882-08) , los requisitos que deben ser probados para dar por acreditado un cuasidelito del artículo 491 del Código Penal de Chile son cuatro: "1º.- Que el autor sea un médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o matrona y que su actuación se haya desarrollado en el ejercicio de la profesión.; 2º.- que el profesional de que se trate haya actuado con negligencia culpable; 3º.- que la acción del médico o profesional de la salud haya producido un mal a la persona del paciente; 4º.- que exista relación de causalidad entre el acto culposo y el daño resultante." Varias son las cuestiones que surgen de la sola mención de estos elementos o requisitos, a saber: a)¿Cuándo un facultativo actúa en "el ejercicio de su profesión"? b)¿Qué es actuar "con negligencia culpable"? c)¿Quién es la persona del paciente? d)¿En qué sentido se puede hablar de "producir" un mal sin entrar a discutir la relación de causalidad? e)¿Cómo se establece la relación de causalidad entre el acto culposo y el daño resultante? f)¿Puede existir un acto culposo, resultar un daño de éste y no haber relación de causalidad? ¿Se extiende la responsabilidad de los facultativos por las conductas realizadas por sus colaboradores, facultativos (anestesistas, cardiólogos, etc.) o no (arsenaleras, enfermeras, tecnólogos médicos, auxiliares diversos)? De todas estas interesantes cuestiones, abordaremos en este lugar sólo las b) y c), a que hacen referencia recientes sentencias de nuestra Corte Suprema, abordando principalmente la relación existente entre la mala/buena praxis y los requisitos de la responsabilidad penal de los facultativos; y en segundo lugar, y muy brevemente, la cuestión relativa a quién sería la persona del paciente. 1. MALA PRAXIS Y NEGLIGENCIA CUPABLE:¿CONCEPTOS SINÓNIMOS? Si entendemos por mala/buena praxis la actuación no conforme o conforme a la "lex artis", respectivamente, y siguiendo la jurisprudencia uniforme de los últimos años de nuestro Máximo Tribunal, podría sostenerse que esta pregunta sólo podría responderse positivamente, esto es, que para nuestra jurisprudencia, parece ser suficiente para considerar como negligente el actuar de un facultativo cuando éste no se ajusta, objetivamente, a los procedimientos médicos enseñados en las Facultades de Medicina, descritos en la bibliografía existente o en las instrucciones del Servicio Nacional de Salud, etc., que sean los adecuados para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad o padecimiento de que se trate. Así, la sentencia de Corte Suprema de 4 de junio de 2008 (ROL 434-08) ha declarado en su considerando 8º, que, ".Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades este tribunal, habrá culpa por el solo hecho de que el sujeto activo haya ejecutado el acto prohibido o no haya realizado el ordenado por la ley o el reglamento, pues significa que omitió las medidas de prudencia o precaución necesarias para evitar un daño". A lo que agrega: "Y en ese punto la jurisprudencia ha sido clara al sostener que la labor que deben desarrollar los sentenciadores se reduce entonces a averiguar conforme al mérito de los antecedentes si medió conducta culposa por parte del incriminado y quebrantamiento de reglamentos". En conformidad con esta doctrina, por ejemplo, se ha declarado en la citada sentencia de Corte Suprema, caratulada de 16 de abril de 2009 que el médico tratante había actuado 'culposamente', por no haber realizado 'personalmente' el diagnóstico y monitoreo correspondiente a un accidente con sangramiento en el proceso del parto, como lo prescriben las "guías técnicas del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional de Coyahique". ¿Significa esto la despedida de los criterios de responsabilidad subjetiva en materias médicas?O, dicho de otro modo, ¿al normativizar de este modo la negligencia hemos reemplazado los tradicionales criterios de responsabilidad subjetiva por los de una suerte de responsabilidad objetiva, con otro nombre? Para contestar a estas cuestiones, resulta necesario, sin embargo, hacernos cargo de sus presupuestos, esto es, del supuesto carácter subjetivo de la responsabilidad penal por culpa, negligencia o imprudencia, tanto desde el punto de vista general, como del particular de la referida a la responsabilidad médica. 1.1. La responsabilidad penal por culpa, negligencia o imprudencia, en general Como hemos señalado en nuestras 'Lecciones', al momento de determinar si un actuar ha sido culposo o no, hay que responder a dos preguntas: "a) ¿En qué medida la conducta se encuentra por debajo de las exigencias del derecho (escrito o no escrito), que dan contenido a las normas de cuidado?; b) ¿En qué medida la conducta quedó por debajo de las facultades personales del hechor para cumplir con las exigencias objetivas de cuidado impuestas por el derecho? La primera pregunta concierne a la antijuricidad: aunque pueda afirmarse un nexo causal natural entre la conducta y el resultado, la antijuridicidad está ausente si la conducta no quebranta las exigencias del orden jurídico. . . Dicho de otro modo, la antijuricidad en los delitos culposos se excluye si el resultado no es objetivamente imputable al autor, al no haber éste aumentado los riesgos existentes más allá de lo permitido, por actuar conforme lo prescribe el ordenamiento. La segunda pregunta, en cambio, concierne a la culpa como forma de la culpabilidad. Como escribe Wessels: "El reproche de culpabilidad de la imprudencia (Fahrlässigkeit) se fundamenta en la comprobación de que el hechor según sus capacidades y la medida de su poder individual estaba en condiciones de reconocer el deber de cuidado objetivo y de cumplir las exigencias de cuidado que de él emanan". Añade este autor:"En los delitos culposos de resultado deben haber sido también subjetivamente previsibles el resultado típico y el curso causal en sus rasgos esenciales" (2). Desde esta perspectiva, el incumplimiento de la "lex artis", la mala praxis, sería sólo un presupuesto de la responsabilidad por culpa o negligencia en general, que una vez debidamente comprobado, no podría servir, al mismo tiempo, como prueba del otro requisito de la responsabilidad a título culposo, a saber, su reproche subjetivo, esto es, la prueba empírica de que el imputado podía actuar en el caso concreto conforme a dicha lex artis. Para graficar con el ejemplo del referido pronunciamiento del Superior Tribunal caratulado "Sánchez Cumsille, Maribel del P. s/ Cuasidelito de homicidio" , puede decirse que con la sola comprobación de que el médico tratante no realizó personalmente el monitoreo de la parturienta y su criatura, como prescribían las instrucciones aplicables, sólo se ha acreditado que, efectivamente, no cumplió con lo esperado por la "lex artis" en este caso. Sin embargo, cabría todavía preguntarse si esta constatación es suficiente para atribuirle responsabilidad a título culposo de los resultados lesivos que se producen. La respuesta, desde el punto de vista de las reglas generales sería "no", pues faltaría todavía acreditar que pudiendo cumplir con la normativa, no lo hizo por alguna razón inexcusable.Pues bien, podría ser el caso de que, efectivamente, no se realizase tal monitoreo por el médico tratante, como prescribe el instructivo pertinente, pues éste se encontraba en ese mismo momento en otra sala del hospital sufriendo un ataque al miocardio o atendiendo una emergencia con varios heridos de distinta gravedad producto de algún accidente, situaciones en que el incumplimiento del deber parece excusable, tanto por la incapacidad física de atender a la obligación, como por la necesidad derivada de un acontecimiento del cual él no es responsable. Luego, al faltar esta parte del razonamiento jurídico en la sentencia aludida y en el principio general expuesto en el aludido fallo , parece eliminarse la subjetividad de la responsabilidad por culpa, restando solamente el carácter objetivo de la misma, reemplazándose así nuestro sistema de responsabilidad subjetiva por una de responsabilidad enteramente objetiva. Sin embargo, es posible explicar esta omisión en los razonamientos jurídicos de nuestro Máximo Tribunal por tres razones de corte práctico: - Primero, porque si el facultativo acredita que ha actuado conforme a la lex artis, resulta innecesaria otra averiguación acerca de la subjetividad del imputado, dado que el hecho es objetivamente acorde con lo exigido por la ley y, por lo tanto, materialmente justificado, al punto de considerársele como atípico. - Segundo, porque habitualmente los hechos que se juzgan son los derivados de procedimientos quirúrgicos o tratamientos prescritos por el propio médico tratante en persona; y -Tercero, porque parece asumirse que toda persona puede, normalmente, conducirse conforme a derecho y, por lo tanto, una excusa en el cumplimiento de un deber debe ser acreditada por el que la alega, y no es función de los tribunales su averiguación. Además, sucede a veces, como en el caso de la sentencia de Corte Suprema de 16 de abril 2009, que existen pruebas evidentes de la capacidad del imputado en el proceso y de su decesisón de no actualizarla, como cuando al ser requerido telefónicamente, contestó: "ni c… voy a operar a esta hora" (considerando quinto). Por lo tanto, puedeafirmarse que el hecho de que en las causas recientes no haya nuestra Corte Suprema abordado directa o adecuadamente la cuestión de la responsabilidad subjetiva en el actuar culposo, ésta haya sido completamente desplazada por la normativización objetiva del deber de cuidado. Éste es sólo el presupuesto objetivo de la responsabilidad a título de imprudencia, que debe complementarse con la acreditación de que el acusado no ha actualizado sus capacidades personales pa ra cumplir con ese deber de cuidado. 1.2. La responsabilidad penal por culpa, negligencia o imprudencia, en especial, respecto de la actividad médica Como hemos escrito antes, "Si hubiéramos de juzgar los hechos culposos a la luz de lo que afirman quienes incurren en ellos, deberíamos forzosamente concluir, en la mayor parte de los casos, que el resultado no les fue posible prever o, previéndolo, no les fue posible evitarlo, de donde se seguiría la impunidad absoluta de esta clase de delitos. De allí que no sea posible juzgar este poder únicamente de acuerdo con la apreciación subjetiva del hechor. Pero tampoco bastará una apreciación puramente objetiva, bajo el molde de un sujeto ideal (el hombre medio del derecho civil), sino de un sujeto concreto puesto en el lugar del agente, con las características propias de su grupo de pertenencia al momento de los hechos (no puede exigirse la misma capacidad al médico que al lego, al capitán de un buque que a su pasajero, etc.). En definitiva, como afirma Jescheck: "El reproche de culpabilidad en la imprudencia depende, además, de que el autor, según sus facultades personales, se encuentre en condiciones de advertir y cumplir las exigencias de cuidado que le corresponden conforme al criterio objetivo" (3). Luego, surge la cuestión acerca de si existe una medida de responsabilidad objetiva y subjetiva especial para la responsabilidad médica. Desde luego, es evidente en el Código Penal chileno que el facultativo no está en la misma posición que el ciudadano común.Así, en los delitos de los artículos 490 a 492 , a los facultativos se los hace responsable por el actor con negligencia culpable (art. 491), mientras a los particulares se le exige imprudencia temeraria (art. 490) o mera imprudencia con infracción de reglamentos (art. 492). Además, como volveremos a exponer enseguida, al facultativo se le castiga -a título de falta- también por la mera negligencia, aún cuando no cause daño a las personas, según establece el artículo 494 Nº 10 del Código punitivo. Por otra parte, según hemos expuesto, parece consolidada en la jurisprudencia nacional que a todos los facultativos les es exigible, desde el punto de vista objetivo, un mínimo de cuidado, esto es, el cumplimiento de la "lex artis". La "normativización" de la culpa supone, en este sentido, una objetivización del nivel mínimo de conducta esperable del facultativo que está en condiciones personales de actuar en un momento determinado. Esto es, el facultativo podrá alegar que en el momento de ser requerido tenía una buena excusa o justificación para no hacerse presente (se encontraba atendiendo otra urgencia, padeciendo él mismo una enfermedad o accidente incapacitante, haciendo uso de su feriado legal, etc.), pero no podrá alegar, una vez que se ha hecho cargo de la situación, que no cuenta con los conocimientos y capacidades personales para cumplir adecuadamente con los protocolos de diagnóstico y tratamiento establecidos en los textos de medicina y demás regulaciones administrativas, según los medios de que dispone en el momento. Luego, la pregunta que sigue es ¿será suficiente con cumplir lo establecido en los protocolos y demás reglamentaciones para eximirse de la responsabilidad médica en un caso concreto? La respuesta atañe a la subjetividad del agente y, precisamente, a la exigibilidad de la actualización de sus conocimientos especiales.A este respecto, cabe señalar que, según el artículo 22 del Código de Ética del Colegio Médico de Chile, "será negligente aquel profesional que poseyendo el conocimiento, las destrezas y los medios adecuados, no los haya aplicado"; y actúa imprudentemente, el que "poseyendo los recursos y preparación necesarios para la atención de un paciente, los aplicare inoportuna o desproporcionadamente" o "efectuare una atención sometiendo al paciente a un riesgo innecesario". Si se atiende, por tanto, a estas definiciones por sobre ese umbral mínimo de exigibilidad que constituyen las reglas de la "lex artis", y particularmente los protocolos estandarizados de diagnóstico y tratamiento, cada facultativo estaría obligado a actualizar sus conocimientos y capacidades especiales en el caso particular, para no actuar de manera imprudente o negligente. Esta respuesta plantea, no obstante, diversas interrogantes que dejo planteadas, pero no puedo abordar en este lugar: a) ¿es realmente posible distinguir entre un injusto objetivo y la responsabilidad subjetiva, si ambos dependen, al final del día, de los conocimientos especiales del agente, una cuestión de hecho de carácter puramente subjetivo?; b) ¿existirá una suerte de subjetivización y particularización de las normas cuando éstas contienen las referencias a valoraciones de hechos (si se tienen o no tales conocimientos, capacidades, intenciones, relaciones, etc.) de las que depende el establecimiento de la conducta esperada en cada caso?; c) ¿cuál es la diferencia entre ética y derecho en aquellos casos en que el comportamiento esperado se deriva de las expectativas reguladas por normas éticas específicas? 2. QUIÉN ES LA PERSONA DEL PACIENTE EN EL DELITO DEL ARTÍCULO 491 DEL CÓDIGO PENAL Una cuestión propiamente de interpretación de las reglas del artículo 491, para delimitar su alcance, es la que habían planteado en voto de minoría el Ministros Sr. Rodríguez y el abogado integrante Sr.Castro en el fallo de 30 de enero de 2008 y que, a la vuelta de menos de un año, se transformó en la decisión unánime del fallo de 16 de abril de 2009, con los votos concurrentes de los Ministros Sres. Segura, Rodríguez, Ballesteros y Dolmestch, y del abogado integrante Sr. Hernández. A ninguno de estos dos fallos ha concurrido el Ministro Sr. Künsemüller y, por lo tanto, no es posible especular sobre su opinión al respecto. El asunto es el siguiente: ¿son los fetos, al menos los anidados y, sobre todo, los en curso de nacimiento, personas, en el sentido del artículo 491 del Código penal chileno? El fallo de 30 de enero de 2008 afirma, en su considerando 10º, que "un ser vivo en período de expulsión, durante el parto, no es plenamente reconocible como "otro" respecto de la madre y tampoco en la relación con los demás sujetos", por lo que, "por haber nacido después del pretendido hecho criminoso, no puede configurarse a su respecto no sólo un cuasidelito de homicidio, sino ilícito culposo alguno". Sin embargo, ya en el voto disidente del citado fallo se afirmaba que una interpretación del artículo 491 a la luz del "bien jurídico protegido" y que, en vista a la protección final que de los mismos se esperaría, el término "persona" habría de entenderse no en el sentido civil, sino con relación al ordenamiento constitucional y los Tratados Internacionales. Conforme a este razonamiento, y con relación a esas disposiciones, concluye el voto disidente que habrían de considerarse también personas, para los efectos del artículo 491, las criaturas no nacidas (en el sentido civil), "para evitar la laguna de punibilidad" que produciría la interpretación tradicional. El voto disidente hace notar que esta misma forma de argumentación emplea nuestra doctrina mayoritaria para afirmar que la persona no comienza al nacer, como se podría deducir del tenor del artículo 74 del Código Civil, sino al adquirir autonomía vital, en la interpretación que se ha hecho dominante desde la obra de Alfredo Etcheberry. Estos argumentos y otros más en el mismo sentido, se recogieron unánimemente en el fallo de la Corte Suprema de 16 abril de 2009, lo que significó un cambio de parecer con efectos penales de los Ministros Srs. Segura, Ballesteros y Dolmestch. Luego, para nuestra actual Sala Penal, el término personas del artículo 491 del Código penal incluye, también, al producto de la concepción ya anidado y hasta el momento de su vida independiente, siendo así posible cometer contra él un cuasidelito. Como puede verse, de este cambio de posición de la Corte Suprema surgen numerosas otras interrogantes, algunas de las cuales dejamos planteadas a los lectores, para animarlos a contribuir al debate que pueden producir: a) ¿Es posible extender la interpretación establecida de un tipo penal, recurriendo a la idea del bien jurídico como fundamento material?; b) ¿podría sostenerse que los médicos, antes de este cambio jurisprudencial, tenían una expectativa razonable de no ser sancionados, si actuaban negligentemente respecto de la criatura no nacida?; c) ¿la extensión de la punibilidad al "aborto culposo" abarca también a las mujeres embarazadas y a terceros, o sólo a los facultativos? --- Notas y referencias bibliográficas (1) Abogado, Dr. en Derecho penal. Director Centro de Estudios de Derecho Penal del Campus Santiago de la Universidad de Talca. (2) POLITOFF, Sergio; MATUS, Jean Pierre; RAMÍREZ, María Cecilia: "Lecciones de Derecho Penal, Parte General", Santiago. Ed. Jurídica de Chile, 2004, p. 283 y ss

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TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ABUSOS SEXUALES EN MENORES

ASISTENCIA INTEGRAL A MENORES VICTIMAS ABUSOS SEXUALES (AIAMVAS), ofrece servicios integrales para la prevención y tratamiento de la violencia de género e intrafamiliar, así como otros tipos de violencia interpersonal.

ÍNDICE Programa del curso

1. Introducción 2. Documentación y material didáctico de apoyo 2.1 Material elaborado 2.1.1 Conceptos generales del maltrato infantil 2.1.2 Abuso sexual 2.1.3 Modalidades de abusos sexuales 2.1.4 Mitos y realidades del abuso sexual 2.1.5 El Modelo ecológico 2.1.6 Marco Legal 2.1.7 Niveles de trabajo de prevención 2.18 Prevención secundaria: indicadores de detección 3. Bibliografía 3

2. PROGRAMA DEL CURSO El objetivo general del curso es: Dotar a los profesionales, que intervienen con menores víctimas de abuso sexual, de herramientas y técnicas que permitan desarrollar estrategias de intervención más efectivas. Los objetivos específicos son: Estudiar el fenómeno del abuso sexual y reflexionar sobre los procesos de detección, valoración e intervención. Analizar métodos eficaces de detección en casos de abuso sexual a menores. Estudiar instrumentos y técnicas de valoración de abuso a menores. Analizar y estudiar métodos y programas de intervención en casos de abusos sexuales a menores. Programa 1. Conceptos y definiciones del abuso sexual. · Definición del abuso sexual. · Diferentes tipos de abusos y maltratos dirigidos a menores. · Modalidades del abuso sexual. Relación víctima-victimario. · El abuso sexual en las diferentes fases del desarrollo del niño y/o la niña. · Marco teórico sobre el abuso sexual a menores. 4 2. Marco legal y el Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia · Descripción de las principales leyes que hacen referencia al abuso sexual a menores. · Avances normativos. 3. Consecuencias psicopatológicas del maltrato y abusos sexuales a menores. · Las consecuencias psicológicas y sociales del abuso sexual. · Psicopatología causada por el abuso sexual infantil. · Consecuencias a corto, medio y largo plazo. 4. Conocer las técnicas, instrumentos y los programas para detectar abusos sexuales a menores. · Los principales indicios para detectar posible abuso sexual. · Los instrumentos y procedimientos más efectivos para realizar este proceso. · Programas y protocolos psicosociales de detección y realización de las primeras intervenciones. 5. El proceso de evaluación. · Principios básicos que deben tener en cuenta los profesionales y las instituciones que intervienen con menores agredidos sexualmente. · Evaluación del abuso sexual: Ø Valoración psicosocial del menor intra y extrafamiliar. Ø Evaluación psicológica y social de la familia. 5 Ø Valoración del riesgo. 6. Técnicas e instrumentos de evaluación del abuso sexual. · Las entrevistas de evaluación con menores abusados sexualmente. · Las entrevistas psicosociales con la familia. · Las técnicas de valoración del daño psicológico. · Evaluación de la gravedad del abuso: síntomas y repercusiones psicológicas. 7. Peritación psicológica en el caso del abuso sexual. · La valoración pericial. · Rol del perito psicólogo en la evaluación del abuso sexual a menores. · Evaluación de la credibilidad del testimonio. · Los principales indicadores a tener en cuenta en la evaluación. · Elaboración del informe pericial: pautas fundamentales para su elaboración. Valoración del daño psicológico: - Medición del daño psicológico producido por el abuso sexual. - Técnicas y métodos más eficaces de valoración. 8. Estrategias de intervención en menores objetos de maltrato y abuso sexual. · Principales modelos de intervención. · Plan psicosocial integral en menores abusados sexualmente: Ø El rol de los profesionales que intervienen. Ø Acciones de emergencia a tomar en situaciones de crisis. 6 Ø Protocolos de las diversas fases del tratamiento psicosocial.

3. 7 1. INTRODUCCIÓN El abuso sexual es una modalidad de maltrato infantil, con características particulares que repercuten a nivel individual, familiar y social, por lo que se requiere establecer modelos de intervención específicos y adecuados a dicha problemática. Un importante número de menores sufren abusos sexuales (20% de las niñas y el 15% de los niños, según estudios realizados por Félix López). En España, en las últimas décadas, el tema ha ido adquiriendo un importante desarrollo, elaborándose una exhaustiva base documental y planes de intervención. El abuso sexual es un problema que, con adecuadas intervenciones, se puede prevenir y/o disminuir sus repercusiones e impacto en los menores que los sufren. Por todo ello, es necesario realizar cursos de formación y actualización permanentes, dirigidos a los profesionales dedicados a este tema, en los que se pueda ir revisando las prácticas desarrolladas en el trabajo cotidiano, con el fin de mejorar las actuaciones y de este modo, proteger con mayor eficacia a las víctimas. El presente curso busca establecer un espacio de formación, reflexión y debate que permita reelaborar las diversas prácticas realizadas por los participantes y aportar nuevas perspectivas e ideas. Para lograr este objetivo se ha diseñado un recorrido de los contenidos de la siguiente manera: a) Definiciones y conceptos: se desarrollarán las definiciones que permitan encuadrar el problema del abuso sexual a menores, además incluyendo se incluyen los marcos legales, el encuadre teórico 8 propuesto y el modelo de prevención primaria, secundaria y terciaria. Esta elaboración guiará el recorrido de los puntos restantes. b) Prevención Primaria: Se describirán los programas de intervención desarrollados en este nivel, tanto en los contextos familiares, educativos y sociales. c) Prevención Secundaria: se elaborarán los criterios de detección del abuso sexual en menores y las acciones a llevar a cabo. d) Prevención Terciaria: se describirán los modelos de valoración del abuso sexual y las distintas modalidades de tratamientos. A continuación, se presenta la documentación elaborada para el presente curso: 1. Material elaborado que sintetiza los principales conceptos del programa: marco legal, encuadre teórico y detección del maltrato. 2. Materiales Bibliográficos sobre detección, evaluación, tratamiento y prevención, elaborado por diversos autores: Con respecto a la metodología a aplicar, la organización de las sesiones serán teóricas y prácticas, en las que se combina la exposición de contenidos con dinámicas que propicien la participación y faciliten la reflexión. Para facilitar la adquisición de los conocimientos, los contenidos abordados se desarrollarán mediante una metodología didáctica en donde los aspectos teóricos se irán aplicando a casos prácticos.

4. 9 2. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO. 2.1 Material elaborado 2.1.1 Conceptos generales del maltrato infantil El abuso sexual a menores se encuadra dentro del maltrato infantil en general. Por ello es importante introducir esta problemática para poder comprender mejor la especificación de los distintos tipos de violencia dirigida a los niños/as y adolescentes. Además, porque existen casos de abusos sexuales que van acompañados de otros tipos de maltratos. El maltrato infantil El maltrato infantil se define como cualquier acción u omisión no accidental, que provoque daño físico y/o psicológico a un niño o niña por parte de sus padres o cuidadores (Corsi, 1994). Esta definición similar a muchas otras se restringe a la violencia que ejercen principalmente los padres, pero es importante tener en cuenta que los menores pueden ser maltratados por un hermano o hermana, abuelos, tíos o personas no familiares. El maltrato puede ser: Ø Por comisión: golpes, insultos, abuso sexual, etc., siendo una violencia que se ejerce por acción, buscando dañar al menor. Ø Por omisión o abandono físico y emocional que es tan grave como el anterior. 10 Arruabarrena y De Paúl (1994) indican que, para definir el maltrato dirigido a los niños y niñas, se deben tener en cuenta tres variables: o La perspectiva evolutiva. o La presencia de factores de vulnerabilidad en el niño. o La existencia de un daño real o potencial. Existen tres formas de maltrato: · Forma activa: o Abuso físico: cualquier acción, no accidental, por parte de los padres o cuidadores, que provoque daño físico o enfermedades en los niños/as, que lo coloque en situación de riesgo, producto de una negligencia intencionada (Amato, 2004). Podemos destacar como signo de abuso físico: hematomas y contusiones inexplicables, quemaduras, heridas y cicatrices, fracturas inexplicables o antiguas quebraduras ya soldadas, mordeduras, lesiones internas, daño cerebral, etc. o Abuso sexual: será definido más adelante. o Abuso emocional: se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica (insultos, burlas, desprecio, etc.), críticas, amenazas de abandono y constantes bloqueos a las iniciativas infantiles, por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar (Amato, 2004). En este tipo de maltrato se observa también en el rechazo afectivo, privaciones, aislamientos, etc. 11 María Inés Amato (2004) también considera maltrato a: o Explotación laboral o mendicidad: en este caso al menor se le obliga a trabajar dentro del hogar excediendo el límite habitual e interfiriendo en la satisfacción de sus necesidades sociales y escolares. También se considera maltrato el exigirle que realice trabajos fuera del hogar o practique la mendicidad. o Corrupción: obligar o inducir al menor a realizar actos delictivos, estimular su agresividad para que ejerza maltrato a otros o alentarlo al tráfico o comercio de drogas. · Forma pasiva de maltrato: o Abandono o negligencia física o cognitiva: se define como aquellas situaciones donde las necesidades físicas y cognitivas básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño (Arruabarrena y De Paul, 1999). Los indicadores de abandono a este nivel pueden ser sobre la falta o descuido en: alimentación, vestido, higiene, cuidados médicos, negligencia en supervisión, educación y estimulación cognitiva. o Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales que emite el niño/a (llanto, sonrisa), rechazar o ignorar las expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el niño y la falta de 12 iniciativa de contacto por parte de una figura adulta estable (Arruabarrena y De Paúl, 1999). Se considera abandono emocional el ignorar las necesidades del niño de interactuar: ausencia de expresión de afecto, no expresar emoción o no implicarse cuando se interactúa con él, etc. · Niños testigos de violencia: es cuando presencian situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Los estudios comparativos muestran que estos niños presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso. Díaz Huertas y cols (2001) señalan que el maltrato, además de los tipos descritos, puede clasificarse según: 1. Según momento en el que se produce el maltrato: Ø Prenatal. Ø Posnatal, que se podría subdividirla en: lactancia. Infancia y adolescencia. 2. Según los autores del maltrato: Ø Familiar o intrafamiliar. Ø Extrafamiliar. Ø Institucional. Ø Social. También se puede establecer una clasificación según la relación agresor-víctima: 13 Ø Desconocido: tanto el autor como su víctima se desconocen y no existe relación alguna entre ambos. El delincuente se dirige a otra persona a la que pretende robar o dañar y desconoce quién es. Ø Conocido: cuando existe una vinculación interpersonal entre el autor y la víctima; que puede ser de dos tipos: § Familiar: El agresor y la víctima mantienen un lazo de unión familiar. § Extrafamiliar: existe algún grado de conocimiento entre el autor y la víctima. El agresor puede compartir alguna actividad con el menor, ser amigos o ser una persona cercana a la familia. Generalmente se piensa que la mayor cantidad de delitos se produce entre personas desconocidas, pero la realidad demuestra (Marchiori, 1995) que es todo lo contrario, la gran mayoría de las agresiones se cometen entre personas conocidas que mantienen algún tipo de vínculo cercano. 14 2.1.2 Abuso sexual El abuso sexual se ha definido de diferentes maneras y no se posee una conceptualización clara, como señala Félix López (2000), los investigadores difieren en los criterios de edad y el tipo de relaciones que deberían ser incluidas. Los parámetros generalmente utilizados para definir el abuso sexual son la edad de la víctima y del agresor, las conductas que realiza el agresor para someter a la víctima y el tipo de conducta sexual. Vamos a describir a continuación distintas definiciones. Este concepto hace referencia a cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de un familiar o un tutor adulto, con el objeto de obtener satisfacción y/o gratificación sexual de este último. Los tipos de abuso sexuales son: las violaciones, vejaciones, manoseos, obligar a mantener relaciones con otros niños, pornografía, exhibicionismo, etc. En la violencia dirigida a los menores y específicamente en el maltrato sexual, se produce un abuso de poder, en este sentido, la palabra abuso hace referencia a los modos de interacción, enmarcadas en un contexto de desequilibrio de poder en el que se incluyen todas las conductas que realiza una persona que, por acción u omisión, provocan un daño físico y/o psicológico al menor. Para Kempe y Helfer (1978) abuso sexual es cuando se implica a un niño o un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas por los adultos que buscan principalmente su propia satisfacción, siendo los menores de edad inmaduros y dependientes y por tanto incapaces de comprender el sentido de estas actividades y en consecuencia no pueden dar su consentimiento. 15 Estas actividades son inapropiadas a su edad y nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión – por la violencia o la seducción - y transgreden tabúes sociales en lo que concierne a los roles familiares. Díaz Huertas (2000) define al abuso sexual como la implicación de los niños en actividades sexuales, para satisfacer las necesidades de un adulto y destaca que las modalidades de abuso sexual pueden ser con o sin contacto físico. En esta definición se agrega un elemento importante, porque generalmente se suele entender al abuso como un contacto físico sexual, cuando en realidad existen modalidades en las que no se produce contacto, tales como obligar al niño a mantener relaciones con otra persona, observarle desnudo, obligarle a masturbarse, exhibicionismo, mostrarle pornografía, etc. Finkelhort y Redfield (1984) definen el abuso sexual infantil, como “cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro (la madurez sexual se define social y fisiológicamente) con el propósito de la gratificación sexual del adulto; o cualquier contacto sexual de un niño por medio del uso de la fuerza, amenaza o engaño para asegurar la participación del niño; o el contacto sexual donde el niño es incapaz de consentir por virtud de la edad o por diferencias de poder y por la naturaleza de la relación con el adulto”. Si bien esta definición toma varios criterios, sólo incluye a agresores adultos, dejando de lado la posibilidad de que también éste sea un menor. Navarro y Cols (2003) destacan que la definición de abuso sexual a menores incorpora la noción de una acción sexual transgresora e impuesta a otro, es decir una acción abusiva por parte de un agresor contra una víctima. Esta acción abusiva está referida a conductas sexuales inapropiadas para la edad y el desarrollo psicosexual del menor. Además, estas autoras agregan que la relación en el abuso es asimétrica, debido a la 16 edad del niño o de la niña y a su dependencia del adulto, en este sentido, existe una desigualdad de poder. Estos actos implican una explotación de poder porque el menor no tiene las capacidades para consentir la relación. También consideran que el acto abusivo es realizado sólo con el fin de la gratificación o satisfacción sexual del adulto, tomando al menor como objeto. Como puede observarse las distintas definiciones implican generalmente tres términos: 1.- Coerción: por medio de la fuerza física, la presión o el engaño. 2.- Seducción: el agresor realiza una violencia sistemática camuflada de seducción, en la que busca ganarse la confianza del niño o la niña. 3.- Asimetría de edad: impide la verdadera libertad de decisión, ya que los participantes tienen unas experiencias, un grado de madurez biológica y unas expectativas muy diferentes. El menor no tiene la capacidad de: Ø Discernir claramente lo que está bien y mal. Ø Dar consentimiento, porque no cuenta con una libertad de decisión. Felix López (2000) concluye que los abusos sexuales deben definirse a partir de los conceptos de coerción y de asimetría de edad que impide la libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual en común. Esta asimetría supone un abuso de poder que impide una relación igualitaria. Esta concepción permite “incluir también las agresiones sexuales que cometen unos menores sobre otros. Aspecto que es muy importante tener en consideración, porque en algunas sociedades se ha podido comprobar 17 que el 20% de las violaciones las realizan menores de edad y que casi el 50% de los agresores cometen su primer abuso antes de los 16 años”. Por ello, este autor adopta la definición que realiza el National Center of Chid Abuse and Neglect en 1978 y a la cual nosotros también adherimos: “En los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando está (el agresor) en una posición de poder o control sobre otro menor”. Esta definición incluye la posibilidad de abusos sexuales cometidos por menores con edades similares a las de las víctimas. 18 2.1.3 Modalidades de abusos sexuales Existen diversas modalidades de abuso sexual, Esteban Gómez propone la siguiente clasificación: Conducta física Con contacto Violación. Penetración (vaginal, anal, bucal). Tocamiento. Actos sexuales con animales. Sin contacto Propuestas verbales. Obligar a ver actos sexuales. Exhibicionismo. Falsas alegaciones. Explotación sexual Implicar a menores en pornografía. Promover la prostitución infantil. Turismo sexual. Culturales Mutilación genital femenina. Casamiento con niños/as. Omisión Consentimiento pasivo. No atender a las necesidades de protección. Esta clasificación está determinada por el tipo de abuso ejercido, pero también se puede establecer una categoría basada en la relación agresorvíctima, según Navarro (2003) esta puede ser: 19 Extrafamiliar Conocido El menor es agredido por una persona que pertenece a su círculo social y es conocido por la familia. La relación se da por cercanía física, social o por ejercicio del rol de poder que posee el agresor: profesor, monitor, amigo de la familia, etc. El abuso se ejerce generalmente mediante la seducción, persuasión o coacción no violenta. Desconocido La víctima no tiene un vínculo de conocimiento o cercanía previo con el abusador. Éste es desconocido por la familia del menor. Comúnmente es una experiencia única, puede ser violenta y es sufrida mayoritariamente por adolescentes. Intrafamiliar Padre Madre Abuelo Tío Hermano En este caso, el abusador manipula el vínculo que mantiene con el menor a través de la utilización del poder que le da su rol. Es una agresión que se produce de forma reiterada en el tiempo. 20 2.1.4 Mitos y realidades del abuso sexual Un tema importante de introducir previamente al análisis de las intervenciones a realizar con menores abusados sexualmente, es poner de manifiesto las creencias e ideas erróneas sobre este tema. Estos prejuicios, presentes en la población en general y a veces en los mismos profesionales, interfieren y dificultan la implementación de intervenciones efectivas. Blanca Vázquez (2004) desarrolla un cuadro tomado de Félix López, que es ampliado por otros autores y que describe los principales mitos existentes en relación al abuso sexual: Falso Verdadero Los abusos sexuales son poco frecuentes. En torno a un 23% de niñas y un 15% de niños son víctimas de abusos. Sólo son frecuentes en las niñas. El 40% de las víctimas de abuso sexual son niños. Quienes los cometen están locos, son personas conflictivas y extrañas o han sufrido abusos en su infancia. Los abusadores son personas con apariencia normal, de estilo convencional, inteligencia media y no psicóticos, siendo imposible detectar una tendencia desviada a simple vista. Sólo se dan en determinadas clases sociales. El abuso sexual puede darse en cualquier nivel socioeconómico o cultural, aunque se detecta con más frecuencia en ambientes socioculturales bajos, porque los estudios se realizan con muestras seleccionadas en las administraciones públicas. Los niños no dicen la verdad. Los niños no suelen mentir cuando realizan una denuncia de abuso sexual. Según señalan diferentes estudios, sólo el 7% de las declaraciones resultan ser falsas. Este caso se produce en ocasiones como una forma de 21 apartar una figura no deseada del entorno del menor o como justificación del fracaso escolar o de absentismo académico. Los menores son responsables de los abusos. La responsabilidad única de los abusos es del agresor. Los menores pueden evitarlo. Los niños pueden aprender a evitarlo, pero generalmente cuando les sucede les coge por sorpresa, les engañan o les amenazan y no saben reaccionar adecuadamente. Si ocurriera a un niño cercano nos enteraríamos. Sólo un 2% de los casos de abuso sexual familiar se conocen al tiempo en que ocurren. Los agresores frecuentemente son personas ajenas al entorno del menor. Los agresores pueden ser tanto familiares o conocidos de la víctima (65-85%) como personas desconocidas (15-35%) aunque predomina el primer grupo. Los abusos van acompañados de violencia físicas. Sólo en un 10% de los casos los abusos vienen asociados a la violencia física. Los efectos son casi siempre muy graves. Un 70% de las víctimas presentan un cuadro clínico a corto plazo y un 30% a largo plazo. No obstante, la gravedad de los efectos depende de muchos factores y, en ocasiones, algunos actúan como amortiguadores del impacto. En la actualidad se producen con mayor frecuencia. Ahora se conocen mejor, antes no se estudiaban ni se denunciaban. Han existido en todas las épocas. Hoy sí existe una mayor conciencia y sensibilización al respecto. Un comportamiento hipersexuado es siempre indicio de la existencia de abuso. En ocasiones este comportamiento se da porque el menor presencia escenas sexuales protagonizadas por sus adultos de referencia (padres y hermanos mayores, principalmente). También se presenta como forma de demanda de atención o como compensación de carencias afectivas. 22 A partir de lo expuesto Esteban Gómez (2001) considera que es importante que todo profesional erradique todos los posibles prejuicios y mitos y es necesario que sepa que según las últimas investigaciones: Ø Los abusos sexuales existen en una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños. Ø Se presentan en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Ø Es en el entorno familiar donde se producen la mayoría de los abusos. Ø El 50% de los abusadores sexuales han llevado a cabo sus primeras conductas cuando tenían menos de 16 años. Ø Los agresores suelen estar casados y habitualmente son familiares (padres, hermanos mayores, tíos, etc.) o allegados (profesores, tutores, vecinos, etc.) de la víctima, lo que le permite un fácil acceso al niño, con quien suelen tener una relación de confianza anterior al incidente sexual. En estos casos, las situaciones de abuso son más duraderas en el tiempo, no suele darse la penetración ni conductas de violencia física ni amenazas de ejercerla. Ø Sólo en una pequeña parte (del 15% al 35% del total) el agresor es un completo desconocido para la víctima. En este tipo de casos, el abuso se da en ocasiones aisladas y puede estar ligado a conductas violentas o amenazas de ellas. Ø No llega a darse habitualmente la violencia física ya que los factores que más frecuentemente suelen ponerla en marcha -la resistencia 23 física y la capacidad de identificación del agresor por parte de la víctima- no suelen estar presentes a causa de la edad del menor. Ø Aproximadamente 20 chicas de cada cien y 10 chicos de cada cien sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. Ø Casi la mitad de las personas que sufren abusos les ocurre más de una vez. En bastantes casos varias veces. Ø No existen indicios de que la prevalencia del abuso sexual esté aumentando, si bien puede que la incidencia sea mayor derivada del incremento de factores de riesgo: divorcios, padres adoptivos, padrastros, trabajo de la madre fuera del hogar, "canguros", etc. Ø En España, la única investigación existente sobre datos de prevalencia encontró un 19% de la población adulta con antecedentes de haber sufrido abusos sexuales en la infancia (15% de los varones, 22% de mujeres), siendo las niñas entre los 11 y 12 años la población de mayor riesgo. Ø Los datos epidemiológicos indican que no existen características familiares y demográficas que puedan ser excluidas para la identificación del abuso sexual, si bien existen factores de riesgo como: edad preadolescentes y adolescentes de pocos años, tener padrastro, no vivir con los padres biológicos, madre con problemas psicológicos, crianza inadecuada, presenciar conflictos familiares, circunstancias que deben considerarse en el diagnóstico. Ø Otra forma de abuso sexual es el turismo sexual. Adultos de países desarrollados, con leyes y costumbres sociales no permisivas para las 24 relaciones sexuales con niños, se trasladan a otros países en los que la pobreza obliga a comercializar a los niños con sus cuerpos. 2.1.5 El Modelo ecológico Para comprender el maltrato infantil en general y el abuso sexual en particular se tomará el modelo ecológico de Bronfenbrenner que fue adaptado por diversos autores (Hornos, Santos y Molino 2001) para abordar estas problemáticas. Este modelo contempla simultáneamente tres contextos en el que la persona se desarrolla, tratando de brindar una mirada abarcativa e integral. Los contextos son los siguientes: 1. El macrosistema: es el más amplio, incluye las formas de organización social, los sistemas de creencias e ideas que imperan en una cultura y que llegan e incluyen a todos los estratos de la sociedad. 2. El exosistema: comprende la comunidad más próxima a la persona y que son las mediadoras entre el individuo y la cultura. En este sentido, estarían incluidas todas las instituciones creadas –escuela, iglesia, organismos judiciales, etc.- en las distintas sociedades y culturas. 3. El microsistema: son las redes vinculares más próximas a la persona, la más importante lo constituye el núcleo familiar. Dentro del macrosistema se encuentra el nivel individual, que está constituido por 4 dimensiones interdependientes: 25 · La dimensión cognitiva: comprende los esquemas cognitivos, que estructuran las formas de percibir y conceptualizar el mundo y las personas. · La dimensión conductual: es el repertorio de comportamientos que desarrolla la persona para relacionarse con el mundo. · La dimensión psicodinámica: se refiere a la dinámica intrapsíquica en sus distintos niveles de profundidad. · La dimensión interaccional: son las pautas de relación y de comunicación interpersonal. Todos los niveles están interrelacionados entre sí, por ejemplo los esquemas cognitivos (nivel individual: dimensión cognitiva) son en gran parte constituidos por las pautas culturales (macrosistema) mediatizadas por las instituciones (exosistema) y por la familia (microsistema) que, a la vez, han moldeado la dimensión cognitiva a lo largo del desarrollo de la persona. Este modelo tiene como objetivo permitir una mirada abarcadora sobre la problemática humana en general y sobre el maltrato y el abuso sexual sufrido por los menores de edad. El siguiente esquema refleja la interacción entre los distintos contextos: 26 Modelo ecológico explicativo de la violencia MACROSISTEMA · Creencias y valores culturales acerca de: mujer, hombre, niños, familia. · Concepción acerca del poder y la obediencia. · Actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflicto. · Concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades. EXOSISTEMA · Legitimación institucional de la violencia. · Modelos violentos (medios de comunicación). · Victimización secundaria. Factores de riesgo · Estrés económico. · Desempleo. · Aislamiento social. · Alcoholismo. · Carencia de legislación adecuada. · Escasez de apoyo institucional para la víctima. · Impunidad de los perpetradores. MICROSISTEMA · Historia personal. · Aprendizaje de resolución violenta de conflicto. · Las relaciones familiares de origen. · Baja autoestima. · Aislamiento. 27 Horno, Santos y Molina (2004) describen el modelo ecológico del abuso sexual infantil, estructurando los factores que intervienen en la etiología del maltrato: Ø Desarrollo del individuo. El desarrollo de la persona es evolutivo, gradual y basado en la interacción con los demás. Desde ahí, la experiencia previa que los padres traen de su propia vida a la hora de abordar la paternidad va a condicionar el desarrollo del niño, al igual que cualquier lesión o discapacidad que tenga. Ø Microsistema. Es el entorno más cercano al niño, en el que desenvuelve su vida diaria y con el que está en contacto permanente, además de quien depende. El núcleo socializador prioritario en este nivel es la familia e influyen factores como la composición de ésta, el ajuste marital o las características del niño. Ø Exosistema. Está compuesto por los sistemas sociales que rodean al sistema familiar (escuela, trabajo, vecindario, amistades, etc...) cuyos valores y creencias configuran los del niño, puesto que limitan o enriquecen sus propias vivencias y configuran un mundo relacional. Ø Macrosistema. Son los valores de la cultura en la que se desarrolla el individuo. En la crianza de los niños influyen los conceptos sobre la paternidad y los roles de género, la concepción de los derechos de la infancia, etc. Todos estos valores configuran a su vez el enfoque de la vida individual, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. 28 Estos sistemas relacionales interactúan constantemente, creando una serie de circunstancias o factores que producen un riesgo o una protección real frente al maltrato infantil, en cualquiera de sus formas. Este modelo es esencial para comprender de manera global y abarcativa el problema del abuso sexual y del maltrato infantil, por ello es importante realizar un análisis de los casos en el que se incluyan estos cuatros contextos. 29 2.1.6 Marco Legal El objetivo de este capítulo es la revisión del marco legislativo en relación a los delitos sexuales relativos a menores. El Código Penal del año 1995 fue muy criticado por estamentos políticos y sociales que abogaban por una ley que abarcara toda la magnitud del problema, y no dejara de lado comportamientos que atentaban contra los derechos de los niños. La visualización del problema a nivel global ha ido aumentando gradualmente en los últimos años y este aumento de concienciación colectiva ha desembocado en varios acuerdos internacionales encaminados a atender la verdadera gravedad de los delitos sexuales a menores. Esta evolución se plasma en diversos documentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989, ratificada por España con fecha de 30 de noviembre de 1990, que obliga a los Estados a adoptar las medidas legislativas para proteger a los niños contra toda forma de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, y a protegerlos de todas las formas de explotación y abuso sexual (art.19.1). En su artículo 34 se adopta el compromiso de tomar “todas las medidas de carácter nacional, bilateral o multilateral que sean necesarias para impedir: Ø la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. Ø la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales. Ø la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. En el ámbito interno, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, invoca el citado instrumento jurídico en su Exposición de Motivos y prevé, entre otras medidas, actuaciones en 30 situaciones de riesgo y de desamparo, establece un principio de actuación inmediata y regula los principios que han de regir la intervención de los servicios especializados (Save The Children 2001). Otro avance en materia de acuerdos internacionales fue el Congreso mundial sobre la explotación sexual de los menores con fines comerciales, que tuvo lugar en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996 que subraya “no sólo la necesidad de reforzar la acción a escala nacional, sino también la necesidad de fomentar la cooperación internacional en los ámbitos de la prevención y de la represión de la explotación sexual de los menores y de garantizar que los menores que hayan sido víctimas de dichas prácticas criminales no sean sancionados, sino, por el contrario, protegidos. La declaración destaca la necesidad de establecer una auténtica colaboración entre los Gobiernos, las organizaciones internacionales y todos los sectores de la sociedad a fin de alcanzar estos objetivos”. Posteriormente en el segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños (17 a 20 de diciembre de 2001) “el Congreso de Yokohama” se han revisado los compromisos adquiridos en Estocolmo por los distintos países en materia de programas, leyes, estrategias o planes de acción nacionales e internacionales encaminados a proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual. A nivel europeo la resolución 1099 (1996), de 25 de septiembre relativa a la explotación sexual de los niños y las niñas de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, remarca la necesidad de un compromiso entre los diferentes estados a nivel jurídico y de cooperación policial en la lucha y prevención contra la explotación sexual infantil. Al mismo tiempo que se adoptaba la resolución europea 1099, se cumplía con el compromiso contenido en la Acción común aprobada por el Consejo de la Unión Europea del 29 de noviembre de 1996, de revisar la 31 legislación nacional vigente relativa, entre otros extremos, a la explotación sexual o abusos sexuales cometidos con niños y niñas y a la trata de niños y niñas con fines de explotación o abuso sexual, previendo para las mismas penas más eficaces, proporcionadas o disuasorias. Todos estos acuerdos internacionales desembocaron en la reforma de las normas contenidas en nuestro Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, relativas a los delitos contra la libertad sexual. Estas reformas quedan reflejadas finalmente en la Ley orgánica 11/99, de 30 de abril que reforma Título VIII del Código Penal y que en su exposición de motivos argumenta que las leyes contenidas en el código de 1995 relativas a los delitos contra la libertad sexual “no responden adecuadamente, ni en la tipificación de las conductas ni en la conminación de las penas correspondientes, a las exigencias de la sociedad nacional e internacional en relación con la importancia de los bienes jurídicos en juego, que no se reducen a la expresada libertad sexual, ya que también se han de tener muy especialmente en cuenta los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los menores e incapaces, cuya voluntad, carente de la necesaria formación para poder ser considerada verdaderamente como libre, no puede ser siempre determinante de la licitud de unas conductas que, sin embargo, podrían ser lícitas entre adultos”. Según el II Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia del Observatorio infancia (2005) los principales avances de la Ley Orgánica 11/1999 son los siguientes: · Se endurecen en general las penas para los delitos que atentan contra la libertad sexual. · Se extiende el principio de justicia universal de manera que los tribunales españoles podrán juzgar delitos relativos a la 32 Prostitución y corrupción de menores cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. · Penaliza el tráfico de personas con propósito de explotación sexual hacia dentro o fuera del territorio nacional. · En cuanto a la edad de la menor víctima de abusos sexuales, se eleva a trece años la edad hasta que su consentimiento se considera irrelevante a efectos de la penalización de estas conductas. · Se introduce nuevamente el delito de corrupción de menores. · Se recupera la denominación de violación en determinadas agresiones sexuales. · Se castiga la utilización de menores para elaborar material pornográfico, así como la producción, venta, distribución, exhibición de material pornográfico de estas características e incluso la tenencia del mismo, cuando su objeto es la realización de las conductas anteriores. · En determinados delitos, en los que la víctima es un o una menor de edad (homicidio, aborto no consentido, lesiones, malos tratos, detenciones ilegales, torturas y otros delitos contra la integridad moral, contra la libertad sexual y contra la intimidad), el conjunto de los plazos de prescripción de aquellos comenzará a contarse desde que la víctima alcance la mayoría de edad. El pasado 22 de junio de 2010 se aprobó la Ley Orgánica 5/2010 que introduce modificaciones sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, especialmente endureciendo las penas. En el artículo 178 relativo a agresiones sexuales, amplia la pena de prisión de 1 a 5 años e incluye en el Punto 3 a las personas con Discapacidad como personas con especial vulnerabilidad 33 En el capítulo II sobre Abusos sexuales, el Artículo 181 añade en el apartado 2 como abusos sexuales, los cometidos “… anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto” En el Artículo 182 se habla de la pena de prisión para los delitos cometidos con menores de entre trece y dieciséis años, “El que, interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con personas mayores de trece años y menores de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses” En lo relativo a los delitos de prostitución y corrupción de menores, se amplía la pena de prisión de 1 a 5 años. Si las víctimas son menores de trece años el castigo de prisión será de 4 a 6 años. El Proceso Judicial: Victimización secundaria del menor El proceso judicial supone, para la menor víctima de abusos sexuales, un recorrido muy doloroso al pasar en sucesivas ocasiones por interrogatorios que le obligan a rememorar el abuso y que supone una nueva victimización añadida al abuso. Save the Children (2001) describe así la problemática “Nuestros procedimientos penales no señalan diferencias respecto de los adultos, no tienen en cuenta las necesidades y los derechos de los niños. El menor será obligado a declarar no una vez sino varias, incitándole a recordar nuevamente los hechos, a rememorar cada uno de los detalles en un ambiente muy formalista y distante. Esto va a producir un efecto boomerang: el propio proceso penal se vuelve contra la víctima. La menor víctima de un delito sexual se va a volver víctima de otro maltrato, el institucional”. 34 Un avance en este sentido según el Observatorio Infantil (2005) fue la aparición de la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio, que introduce una serie de modificaciones legales para mejorar la protección del menor a lo largo del doloroso proceso judicial y evitar en lo posible la doble victimización que sufren en él. Así, se introduce la posibilidad de que el juez, cuando el testigo en el proceso sea un menor de edad, y para aminorar las posibles consecuencias negativas que su participación en el proceso puedan ocasionarle, acuerde que sea interrogado evitando la confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba. Así mismo dispone que sólo de forma muy excepcional se pueda practicar careos con testigos que sean menores de edad. 2.1.7 Niveles de trabajo de Prevención A continuación se describen de manera general los distintos niveles de prevención atendiendo a la definición recogida en el Manual para Profesionales de Save The Children (2001). 1. Prevención primaria. Es toda intervención con población general (padres, niños y niñas, profesionales, etc.) que tiene como fin incrementar sus conocimientos y proporcionarles pautas de relación positivas y de autodefensa. Se trabaja cuando el abuso todavía no ha ocurrido, favoreciéndose su detección. Es la labor de prevención más eficaz puesto que -de tener éxito- reduciría la incidencia de los casos de abuso sexual infantil. 2. Prevención secundaria. En este campo se trabaja con las llamadas “poblaciones de riesgo”, personas que por sus características o circunstancias están sujetas a un mayor riesgo de sufrir un abuso 35 sexual. Todo niño o niña está en riesgo de sufrir abuso sexual, pero en el caso de menores pertenecientes a determinados colectivos aquél aumenta. Nos referimos concretamente a: · Niños institucionalizados. · Niños con discapacidad física o psíquica. · Niños hijos de mujeres jóvenes. · Niños en situación de pobreza. · Niños que viven en familias desestructuradas. · Niños que viven en familias donde ha habido experiencias previas de abuso. Los estudios demuestran que estas poblaciones tienen más probabilidad de sufrir un abuso sexual, pero de ninguna forma significa que el pertenecer a una de estas poblaciones 36 lleve necesariamente a sufrir abuso. Se trata de probabilidades fruto de investigaciones anteriores. 3. Prevención terciaria. Se trabaja cuando ya ha tenido lugar el abuso, tanto con la víctima -para que no vuelva a sufrirlo, proporcionándole pautas de autodefensa, además de una posibilidad de tratamiento y rehabilitación eficaz- como con el agresor para evitar su reincidencia. Es difícil establecer el límite entre esta labor y el tratamiento en sí mismo, pero, aunque a menudo coincidan, pueden complementarse porque cumplen objetivos distintos y siguen metodologías diferentes. El proceso de prevención se divide en las tres fases anteriormente citadas y se detalla a continuación en un cuadro de Blanch (2002) adaptado por Leonor Cantera (2002) que recoge las características específicas de cada fase:

TIPO PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA OBJETO causas Crisis Efectos ENFOQUE Proactivo Activo Reactivo TIEMPO Antes de la emergencia del problema Durante la irrupción del problema Después de la aparición del problema OBJETIVOS · Reducción de la incidencia frecuencia (del número de casos nuevos). · Refuerzo de los conocimientos, aptitudes y recursos necesarios para afrontar con garantía de éxito crisis futuras. · Desactivación de factores de riesgo, · Disminución de la prevalencia o duración (del número total de casos existentes). · Detección precoz de los nuevos casos declarados. · Restablecimiento de los niveles habituales de autocontrol, autoestima y funcionamiento · Minimización del impacto (del deterioro patológico). · Reducción de los síntomas (de la extensión, intensificación y cronificación de los trastornos). · Evitación de recaídas. 37 facilitadores o precipitantes de la aparición del problema. · Fortalecimiento del sentido de comunidad. general. · Reparación urgente de los trastornos manifiestos. · Reducción del riesgo de victimización secundaria. · Rehabilitación biopsicosocial. CAMPO · Población general. · Grupos de riesgo · Ambientes y experiencias de riesgo (sucesos y transiciones vitales). · Personas, grupos y entornos organizacionales y comunitarios inmersos en contextos estresantes. · Personas afectadas por trastornos agudos o crónicos. ESTRATEGIAS · Información y sensibilización. · Concienciación y educación. · Marketing social · Promoción de la calidad de vida. · Protección social. · Creación de redes apoyo social. · Fortalecimiento (Empowerment) de la capacidad de respuesta personal a demandas del entorno social y capacitación de éste para una atención satisfactoria a las necesidades personales · Intervención en crisis. · Asistencia primaria. · Consulta, consejo. · Orientación. · Acompañamiento. · Apoyo social. · Terapia biopsicosocial. · Recursos de afrontamiento (coping). · Grupos de autoayuda. · Redes de apoyo social. · Orientación y acompañamiento. · Resocialización. · Reinserción psicosocial. Esquema General de la Prevención. Adaptado de Blanch (2002) 38 2.1.8 Prevención Secundaria: indicadores de detección Enfoque general El enfoque utilizado para abordar la labor de prevención secundaria ha de ser integral y con un marco ecológico. Para la detección será fundamental el tener en cuenta las distintas dimensiones del problema y su interrelación, ya que no existe un único factor causal. Se deben observar los factores de vulnerabilidad, de riesgo y de protección y desde una mirada específica para cada caso, analizar estos factores y determinar el abordaje más adecuado. Detección del abuso sexual Según Save The Children (2001) el abordaje de un problema como el abuso sexual ha de ser integral. Por ello, a la hora de detectar los casos, los profesionales no han de fijarse sólo en las “familias en riesgo” o en aquellos factores que pueden llevar a hacer sospechar, sino en la interrelación de los factores de protección y de riesgo entre sí, haciendo una evaluación individualizada y, a ser posible, multidisciplinar. Los profesionales que trabajan en los ámbitos de más fácil detección (educación, salud o servicios sociales, entre otros) han de tener información sobre: · Los indicadores físicos y conductuales que han de hacer sospechar sobre un posible abuso sexual. · Las características del abusador y de los miembros de la familia. · Los factores de riesgo y de protección. · Las consecuencias a corto y largo plazo que una vivencia de abuso sexual tiene en el desarrollo evolutivo del niño. 39 1 El niño como fuente de información: · Indicadores históricos: El relato del niño es una fuente de información fundamental y el análisis del relato y proceso de evaluación del mismo se desarrollarán en el apartado de evaluación. · Indicadores físicos: Son las secuelas corporales del abuso. · Indicadores comportamentales: De entre ellos, cabe destacar la sexualización traumática, la transmisión intergeneracional, los menores agresores sexuales, la impotencia y sentimientos de abandono y la estigmatización social. Se ha de recordar igualmente que hay niños que pueden permanecer asintomáticos, aunque estén viviendo un abuso sexual. Indicadores físicos · Dificultad para andar caminar o sentarse. · Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada. · Lesiones genitales o anales recientes, externas o internas, en ausencia de una explicación accidental adecuada. · Irritación o Hemorragia genital o rectal. · Infecciones en zonas genitales y urinarias. · Enfermedades de transmisión sexual. · Presencia de semen en piel, boca, genitales, ano o ropa. · Hematomas por succión en cuello y/o mamas. · Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia y no dice quién es el padre. · Dificultades manifiestas en la defecación. · Eneuresis o ecopresis. Estos indicadores se pueden encontrar en distintos cuadros psicopatológicos de la infancia y por eso es fundamental tener en cuenta 40 todo el resto de indicadores para realizar la detección y realizar un diagnóstico diferencial adecuado. Por ejemplo, un niño puede orinar en la cama como respuesta a un proceso adaptativo a una nueva situación y no como respuesta a un abuso sexual, de manera que un síntoma por si sólo no es una condición suficiente para la detección del abuso. Teniendo en cuenta estas dificultades a la hora de diferenciar los síntomas de otras problemáticas, se hace fundamental tener en cuenta todos los factores ciados (riesgo, protección, características del abusador y familia) y la interrelación entre los mismos, para realiza un abordaje ecológico que nos permita realizar una correcta detección. Indicadores comportamentales · Cambios bruscos en el rendimiento escolar. · Relata que un padre, un familiar, un cuidador o un desconocido le ha enseñado sus genitales, le ha mostrado material de contenido explícito sexual, le ha tocado el cuerpo o los genitales o ha abusado sexualmente. · Problemas con figuras de autoridad. · Excesiva sumisión frente al adulto. · Muestra temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa delante de otras personas. · Área sexual: Conductas sexuales impropias de la edad: masturbación compulsiva, caricias bucogenitales, conductas sexualmente seductoras, exhibe un comportamiento de seducción o "erótico" con adultos ("comportamiento pseudomaduro"), agresiones sexuales a otros niños más pequeños o iguales, conocimientos sexuales impropios de su edad, afirmaciones sexuales claras e inapropiadas, expone evidencias sexuales en sus dibujos o fantasías. · Psicosomáticos: Trastornos del sueño y alimentación diversos: dolores abdominales, cefaleas, trastornos neurológicos, respiratorios, 41 esfinterianos, etc., que originan intenso consumo médico sin aclarar las causas. · Problemas emocionales: depresión, ansiedad, aislamiento, fantasías excesivas, conductas regresivas (eneuresis), falta de control emocional, fobias repetidas y variadas (a personas y sitios concretos), problemas psicosomáticos o labilidad afectiva, culpa o vergüenza extremas. · Problemas de conducta: fugas, fracasos escolares y profesionales, Violencia. · Problemas en el desarrollo cognitivo: retrasos en el habla, problemas de atención, fracaso escolar, retraimiento, disminución del rendimiento, retrasos del crecimiento no orgánicos, accidentes frecuentes, psicomotricidad lenta o hiperactividad. Según Save The Children (2001) algunos de los síntomas más frecuentes, según la edad de la víctima, pueden ser: v En edad preescolar: somatizaciones, regresiones y sexualización de la conducta. v Entre los 6 y los 12 años: baja autoestima, problemas escolares, trastornos del sueño, reacciones psicosomáticas, dolor abdominal. v En adolescentes: baja autoestima, fugas de casa, depresión, embarazo, automutilaciones, agresividad y aislamiento. v En adultos: negación del abuso durante años. La emergencia del recuerdo puede venir con el primer embarazo, acompañado de cambios fuertes de carácter, ideas suicidas o sentimientos de rabia y venganza respecto al agresor. También puede suceder que el recuerdo se 42 mantenga reprimido hasta que el hijo tenga la edad que tenía la víctima cuando sufrió el abuso o que la víctima se convierta en agresor. Dificultades de detección Como hemos visto la complejidad del problema y los múltiples factores que lo componen dificultan la detección. Según Save the Children (2001) existe barreras en nuestra sociedad que contribuyen a que el fenómeno siga oculto y que dificultan la detección (2001) “los miedos de la sociedad ante este tema, que generan actitudes defensivas, de rechazo y ocultamiento. La vergüenza y la imposibilidad de comprender que algo así suceda conllevan un aislamiento aún mayor de los niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil, a quienes se les deja a menudo solos ante el problema. Podríamos decir que las actitudes sociales defensivas más frecuentes son negar o ocultar el problema, dudar de la veracidad del relato del niño o niña, considerarlo una fantasía de éste, minimizar o banalizar sus consecuencias, alarmarse y afrontar de modo catastrofista las consecuencias de la comunicación del hecho. Por parte de los profesionales son habituales el silencio profesional, caracterizado por la falta de detección, y la inhibición en la comunicación y denuncia (Save The children 2001). Las actitudes sociales, que refuerzan que el abuso no se visibilice, están basadas en los mitos y creencias falsas en torno al abuso sexual (desarrollados en apartados anteriores) y las propias características del abusador y que será fundamental conocer para poder superar estas barreras y detectar el problema. 43 Ámbitos de prevención secundaria Los ámbitos básicos donde se dirige la labor de prevención secundaria, serán aquellos que por su profesión estén en contacto con poblaciones de riesgo y que por su cercanía a este tipo de población tengan posibilidad de detectar los posibles casos de abusos sexuales. En este sentido la población objetivo serán los Servicios Sociales, la policía local y estamentos judiciales y los profesionales sociosanitarios. Los objetivos globales de la prevención en estos tres ámbitos serán: Ø la formación de los distintos profesionales para que adquieran mecanismos de detección y posibles situaciones de riesgo que permitan una intervención ágil y eficaz en casos de abuso sexual infantil. Ø El establecimiento de canales de comunicación entre policía, Centros de salud y Servicios sociales, de manera que la intervención sea coordinada y la situación no se agrave.

. BIBLIOGRAFÍA BARUDY Jorge (1998) El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Paidós. Barcelona. CANTERA Leonor (2002). Maltrato Infantil y violencia Familiar. De la ocultación a la prevención. En seminario Permanente sobre Violencia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Salvador. San Salvador. CANTON DUARTE J. y CORTÉS ARBOLEDA M. (1997) Malos tratos y abuso sexual infantil. Siglo XXI. Madrid. CANTON DUARTE J. (2006) Guía para la Evaluación del Abuso Sexual Infantil. Pirámide. Madrid. CASADO J., DÍAZ J. y MARTINEZ M. (1997). Niños maltratados. Díaz de Santos. Madrid. DÍAZ HUERTAS J., COMPILADOR (2000) Atención al abuso sexual infantil. Comunidad de Madrid. DÍAZ HUERTAS J., COMPILADOR (1998) Atención al maltrato infantil desde los Servicios Sociales. Comunidad de Madrid. DURRANT, Michael y WHITE, Cheryl (2006) Terapia del Abuso Sexual. Gedisa. Barcelona. FREYD Jennifer (2003) Abusos sexuales en la infancia. La lógica del olvido. Morata. Madrid. 45 GRUPO DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE INFANCIA (2006). II Plan de Acción contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia 2006- 2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. HORNOS, P., SANTOS, A., y MOLINO, C. (2001). Manual de formación para profesionales. Save the Children. España. En colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. LOPEZ SÁNCHEZ Félix (1994). Abusos sexuales a menores. Lo que recuerdan de mayores. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid. LOPEZ SÁNCHEZ Félix (2000). Prevención de los abusos sexuales de menores y educación sexual. Amarú. Salamanca. LOPEZ SÁNCHEZ Félix y DEL CAMPO SÁNCHEZ Amaia (1997). Prevención de abusos sexuales a menores. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid. MIOTTO Norma (1998). Abuso sexual a menores. Complejidad Diagnóstica. En IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Santiago de Chile. NAVARRO CAROLINA (2003). Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales. CAVAS Metropolitano. Policía de Investigaciones. Santiago de Chile. NOGUEROL victoria (2005). Agresiones sexuales. Síntesis. Madrid RASKIN David (1994). Métodos psicológicos en la investigación y pruebas criminales. Descleé de Brouwer. Bilbao. 46 VANISTENDAEL Stefan (2002). La felicidad es posible: despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia. Gedisa, Barcelona. VÁZQUEZ MEZQUITA Blanca (2004). Abuso sexual infantil. Evaluación de la credibilidad del testimonio. Centro Reina Sofía. Valencia. VOLNOVICH Jorge (2008). Abuso sexual en la infancia 3: La revictimización. Lumen-Humanitas.

Capacitación y curso: Adriana Gutiérrez Rebolledo

Técnico Jurídico U. República

Asistente de Peritos SEK Internacional.

2020-10-28T17:55:00.000-07:00

LA CIENCIA VICTIMOLÓGICA
. INTRODUCCIÓN
En este capítulo desarrollaremos el tema de la condición científica de
la Victimología, analizando en primer lugar las características de una
ciencia fáctica para poder a continuación situar al conjunto de
conocimientos relativos a la víctima en esta categoría.
Necesario es estudiar los problemas del objeto y el método de la
Victimología, pues sólo analizando éstos podremos avanzar en el
conocimiento científico.

La precisión del objeto es fundamental en el trabajo científico es el punto de arranque, no puede haber error en esta materia; en este capítulo

enunciaremos el objeto, a reserva de desarrollar posteriormente.

En cuanto al método, daremos algunas reglas generales, recalcando
su importancia, pues es requisito indispensable en el que hace científico, y
mencionaremos algunos avances en esta materia.

LA VlCTIMOLOGIA COMO CIENCIA FÁCTICA ANALITICA

Un primer problema a resolver es si la Victimología puede tener
categoría científica, cuestión bien diferente a si puede tener autonomía
científica; en este apartado nos dedicaremos a tratar de resolví
c-1 primer dilema.
Entendemos por ciencia el "conocimiento racional, sistemático exacto,
verificable y por consiguiente falible".
Las ciencias pueden clasificarse en dos grandes categorías: fe males
o ideales y fácticas, materiales o empíricas.
Las ciencias formales demuestran o utilizan la lógica y
manejan símbolos vacíos.
Las ciencias fácticas verifican hipótesis, y requieren de la
observación y/o de la experimentación, utilizando símbolos
interpretados. La Victimología formaría parte de las ciencias fácticas,
reuniendo requisitos de racionalidad y objetividad.
La racionalidad se interpreta como el uso de conceptos, juicios y
raciocinios que pueden combinarse de acuerdo a normas lógicas,
organizados en sistemas de ideas, en conjuntos ordenados de
proposiciones, es decir de teorías.
La objetividad se logra en la aproximación con el objeto y la
verificación de las ideas con los hechos.
Siendo así, la Victimología debe fortalecer su categoría científica
reuniendo una serie de características que son, de acuerdo al esquema
propuesto por Mario Bunge:74
La 'caducidad; debe partir de los hechos y volver a ellos, debe utilizar
datos empíricos, pero a la vez ser trascendente, ir más allá de los hechos
mismos, racionalizando la experiencia, sin limitarse a describirla.
Debe ser analítica: abordar problemas concretos
descomponiéndolos en sus elementos, esto implica la especialización.
Los conocimientos obtenidos deben ser claros y precisos, lo que les
va a dar la categoría de comunicables.
La verificación es considerada una característica científica clave, el
conocimiento debe aprobar el examen de la experiencia, lograda a través
de la observación y de la experimentación.
El método es otro gran requisito, la ciencia no es errática sino
planificada. A este problema, por su importancia, dedicaremos varios
párrafos más adelante.
La Victimología debe ser sistemática, y no un agregado de
informaciones inconexas, sino un sistema conectado lógicamente entre
sí. Todo hecho victima debe ser clasificable y legal, entendiendo por legal
su capacidad de ser sometido a leyes científicas.
Así, se debe llegar a la explicación y a la predicción. Efectivamente,
la Victimología debe ser explicativa, debe intentar explicar los hechos en
términos de leyes, y éstas convertirlas en principios.
El conocimiento es predictivo en cuanto trasciende el conjunto de
experiencias de los hechos, imaginando el pasado para decir cómo debe
ser el futuro en el fenómeno estudiado.

2020-09-04T18:00:00.005-07:00

RODRIGO BUSTOS PACHECO ABOGADO

MBA Gestión Estratégica,también Magister Gestión Tributaria

Dirección Hosstetter 560 oficina 403 Edificio Cero K Temuco

DOCTORA CARMEN CERDA AGUILAR PERITO FORENSE -PATOLOGA

MEDICO CIRUJANO -ANATONOMOPATOLOGO- ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL

MAGISTER EN BIOTICA PROFESORA UNIVERSIDAD DE CHILE DIPLOMADOS EN

MEDICINA LEGAL Y AGRESIONES SEXUALES -CURSO DE TRAUMATOLOGIA-CURSO

CRIMINO LOGIA CONTEMPORÁNEA-PRESIDENTA DEL COLEGIO DE PERITOS DE CHILE.

MAS SE SUMA EQUIPO DE PROFESIONALES INVESTIGADORES DE LAS CAUSAS Y

MATERIAL JUDICIAL, NEGLIGENCIAS MEDICAS TEMAS QUE TRATAMOS- ACCIDENTES

DE TRABAJO-AGRESIONES SEXUALES-DELITOS CONTRA LAS PERSONAS-EMBARGOS-

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Correo asesoriaperitajenegligencia@gmail.com

DIPLOMADOS (DOCTORA CARMEN CERDA AGUILAR

2010-09-03T08:30:00.000-07:00

Av. Independencia 1027, Santiago
DIPLOMA
ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES Y JURÍDICOS
DE LOS DELITOS SEXUALES DESCRIPCIÓN

El Diploma está dirigido a profesionales de la Salud y profesionales del ámbito jurídico de Chile y de

otros países latinoamericanos: Médicos Cirujanos; Especialistas en Medicina Legal; Tanátologos;

Gineco Obstetras; Pediatras; Fiscales; Abogados; Magistrados y otros Profesionales interesados en

el tema.

Las Unidades Académicas que respaldan y certifican el Diploma son el Centro de Medicina Reproductiva

y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, y la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina,

Universidad de Chile.

En el campo de los Delitos Sexuales hemos observado que debe existir un trabajo integral y coordinado

entre los aspectos jurídicos, biomédicos y psicosociales para poder entregar una atención de calidad

a las víctimas de estos tipos de delitos. La nueva reforma procesal penal así como los avances en los

aspectos forenses amerita una puesta al día para los múltiples profesionales involucrados en el tema.

Desde el punto de vista biomédico y psicosocial, se observa en nuestro país una baja disponibilidad de

personal debidamente capacitado y entrenado que aborden las necesidades de atención de las víctimas

en forma integral y multidisciplinaria así como las necesidades de reparación de las secuelas que

producen este tipo de violencia en la salud de las víctimas.

Es de vital importancia capacitar y/o perfeccionar los conocimientos en Delitos Sexuales involucrando

los nuevos aspectos considerados en la reforma procesal penal, los cambios en relación a la ley de

delitos sexuales, los aspectos de carácter biológico forenses, psicológicos, sociológicos y culturales

considerando el respecto a la dignidad humana evitando la victimización secundaria así como los

derechos de las víctimas de estos tipos de delitos.

El propósito de este Diploma es enfocar los Delitos Sexuales con un enfoque integral en que a los

aspectos jurídicos y forenses se integren los aspectos biomédicos en relación a la atención clínica

como el manejo de las consecuencias en la salud de las personas, así como los aspectos psicosociales,

culturales, éticos y de los derechos de las víctimas. Para ello contamos con la experiencia clínica,

docente y de investigación de los/as académicos del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo

Integral del Adolescente y del Departamento de Medicina Legal, ambos de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Chile. Conjuntamente contamos con la experiencia clínica y docente de los

profesionales del Instituto Médico Legal dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno de Chile

y además contaremos con la colaboración de prestigiosos expertos jurídicos nacionales.

El desarrollo de este Diploma a distancia, apoyado en las TIC, representa a nivel educativo una

moderna y avanzada tecnología, que hace posible, por una parte, el aprendizaje interactivo de los

alumnos/as y por otra llegar a un amplio número de alumnos/as y muy particularmente, satisfacer

las necesidades de perfeccionamiento de aquellos/as profesionales que están más alejados/as de los

principales centros urbanos de nuestro país. El alumno/a podrá, desde su casa o lugar de trabajo,

estudiar y repasar las veces que estime necesarias el material que se ponga a su disposición,

ajustándose al tiempo de que disponga, a su iniciativa, responsabilidad, organización y motivación.

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ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES Y JURÍDICOS

DE LOS DELITOS SEXUALES

2da. VERSIÓN (2010)

OBJETIVOS

Adquirir las competencias necesarias para el perfeccionamiento y puesta al día de los profesionales

de la salud que en su práctica se ven enfrentados a esta problemática obteniendo las herramientas

para atender oportuna y eficientemente a las víctimas.

Obtener, por parte de los profesionales de la salud participantes, estrategias novedosas y

motivadoras, que faciliten el abordaje de las víctimas en los Sistemas de Salud y/o Centros de

Atención de Salud donde acudan las víctimas evitando en todo momento un abordaje que permita

la victimización secundaria.

Adquirir actualización en los procedimientos judiciales a realizar para facilitar el abordaje de las

víctimas en el sistema Judicial chileno.

Proporcionar a los profesionales de la esfera jurídica actualización en los aspectos biomédicos,

forenses y psicosociales para facilitar el desarrollo del aspecto judicial propiamente tal.

CONTENIDOS

MÓDULO 1

Aspectos Jurídicos de los Delitos Sexuales

Marco Legal en Chile

Reforma Procesal Penal

Diferentes tipos de Delitos Sexuales según el Código Penal

Repercusión de la Reforma Procesal Penal en los Delitos Sexuales

Defensa del Informe Pericial Sexológico y Psiquiátrico

MÓDULO 2

Epidemiología de los Delitos Sexuales

Delitos Sexuales: aspectos epidemiológicos

Factores predictivos de riesgo de Violencia Sexual (niñez, adolescencia, adultez).

Factores protectores de la Violencia Sexual (niñez, adolescencia, adultez).

Análisis de caso clínico 1

MÓDULO 3

Principales necesidades de atención y consecuencias en la salud de las víctimas de Delitos Sexuales

Normas de atención en salud de las víctimas que consultan en los Servicios de Salud

Atención Clínica: anamnesis detallada con énfasis en la acogida. Concepto de victimización

secundaria

Examen clínico de la víctima considerando los aspectos médico legales

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ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES Y JURÍDICOS

DE LOS DELITOS SEXUALES

2da. VERSIÓN (2010)

Detección y manejo de las principales consecuencias en la salud sexual y ginecológica

Análisis de caso clínico 2

Consecuencias psicológicas del abuso sexual en la niñez y adolescencia

Prevención y análisis de las secuelas en la Salud Mental

Análisis de caso clínico 3

MÓDULO 4

Violencia Sexual en la niñez y adolescencia

Características de la Violencia sexual en la Infancia

Características de la Violencia Sexual en Adolescentes

Elementos de sospecha de violencia sexual en la niñez y adolescencia

Analisis de caso clínico 4

MÓDULO 5

Sexología Forense

Características y evolutividad de las lesiones físicas corporales

Características y evolutividad de las lesiones génito anales

Principales procedimientos diagnósticos y exámenes complementarios en las víctimas

Confección del Informe Pericial en Sexología Forense

Análisis de caso clínico 5

MÓDULO 6

Psiquiatría Forense en Delitos Sexuales

Evaluación psiquiátrica de la víctima

- menores, confiabilidad del relato

- adultos

Evaluación psiquiátrica del victimario

Entrevista clínica psiquiátrica. Diferencia entre psiquiatria clínica y pericial

Confección del Informe Pericial desde el punto de vista psiquiátrico

Defensa del informe psiquiátrico en tribunales

Análisis de caso clínico 6

MÓDULO 7

Aspectos Sociales y Culturales de los Delitos Sexuales

Aspectos sociales

Aspectos culturales

Rol de la familia en la dinámica del Delito Sexual. Tipos de familia y Organización.

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EQUIPO DOCENTE

Factores familiares preotectores y de riesgo en violencia sexual

Los abusadores sexuales adolescentes

Análisis de caso clínico 7

MÓDULO 8

Aspectos Odontológicos en Delitos Sexuales

Características y evolutividad de las lesiones producidas por dentadura (huellas de mordida)

Elementos de identificación odontológica en víctimas y victimarios

Elementos de identificación de la edad a través de la dentadura en víctimas y victimarios

Informe pericial odontológico

Análisis de caso clínico 8

Análisis de caso clínico 9

DOCENTES DE CEMERA

Dra. Adela Montero Vega

As. Social Electra González Araya

Dra. Vania Martínez Nahuel

Srta. Carolina Leyton Mallea

Dra. Karin Wensioe Rogat

Dra. Adela Montero Vega

DIRECTORA DEL DIPLOMA

COORDINADORAS DEL DIPLOMA

As. Social Electra González Araya

Dra. Carmen Cerda Aguilar

MÓDULO 9

Ética y Derecho

Aspectos éticos en la atención de las víctimas

Aspectos éticos en la necesidad y oportunidad de la denuncia

Confidencialidad de la atención

Análisis de caso clínico 10

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Teléfonos (56-2) 978 6688 / DIPLOMA

ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES Y JURÍDICOS

DE LOS DELITOS SEXUALES

2da. VERSIÓN (2010)

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL

Dr. Luis Ciocca

Dra. Carmen Cerda Aguilar

Sr. Carlos Wise Pozo

Dra. Pía Smok Vásquez

Dr. Carlos Tellez Tellez

Dr. Enrique Sepúlveda Marshall

DOCENTES DEL INSTITUTO MÉDICO LEGAL

Dr. Andrés Rosmanich Poduje

Dra. Oriana Carrasco

Dr. Enrique Sepúlveda Marshall

Dra Marcela Concha

Dr. Fernando Reyes Ocampo

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN FORMATIVA

Se realizarán Tests parciales por temática, (autoevaluaciones) con corrección en línea para efectos

de retroalimentación, esta actividad es sin nota pero su realización es obligatoria para poder

acceder a las Pruebas Parciales y Prueba Final.

Realización de 10 Casos Clínicos que serán evaluados en línea con efecto de retroalimentación.

Se calificarán según se realicen o no, es decir el envío con recepción final del caso con sus

respuestas tendrá una ponderación equivalente a nota 7,0 (siete coma cero), mientras que el no

envío y recepción será calificado con nota 1,0 (uno coma cero). La suma total de la ponderación

equivaldrá a un 20% de la nota final.

EVALUACIÓN SUMATIVA

2 pruebas parciales, y una prueba final, respondidos y enviados, en fechas estipuladas en

calendario. La primera prueba parcial comprenderá los contenidos del módulo 1 al 4 y la segunda

prueba parcial comprenderá los contenidos del módulo 6 al 9. La ponderación será de 1,0 (uno

coma cero) a 7,0 (siete coma cero) y cada prueba parcial equivaldrá a un 25% de la nota final.

La prueba final comprenderá contenidos de todo el Diploma, será calificada con nota de 1,0 (uno

coma cero) a 7,0 (siete coma cero) y equivaldrá al 30% de la nota final.

OTROS DOCENTES

Sra. Macarena Car Silva, Abogado asesora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la

Fiscalía Nacional

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REQUISITOS

Certificado de Título

Fotocopia carnet de identidad

Currículo Vitae

Ficha de Inscripción

Foto tamaño carnet o pasaporte

Reglamento de Medichi firmado

Cumplimiento de todas las actividades señaladas y aprobación del Diploma con una ponderación

final mínima equivalente a nota 5,0 (cinco coma cero).

APROBACIÓN

REQUISITOS TÉCNICOS

Para conectarse a la plataforma es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos

mínimos de configuración:

Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente

Memoria RAM 256 Mb

Disco duro de 40 Gb

Espacio libre en el disco duro 5 Gb

Sistema Operativo Windows XP o Mac OSX (para Mac). Quienes cuenten con Windows Vista deberán

verificar que los programas funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office

2007).

CARACTERÍSTICAS

A Distancia

250 horas, modalidad e-learning

Taller de Inducción, que consiste en una presentación del Programa

y uso de Plataforma WebCT (no obligatorio), en fecha a definir.

60 alumnos; para que el Diploma se dicte es necesario contar con un

mínimo de 15 alumnos.

19 de abril de 2010.

19 de diciembre de 2010.

$ 850.000.-

Modalidad:

Duración:

Actividades presenciales:

Vacantes:

Fecha de Inicio:

Fecha de Término:

Valor:

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DE LOS DELITOS SEXUALES

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material educativo,

dependerá de:

Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, etc.)

El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso o Diploma

desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de Informática que su red de navegación

por internet está habilitada para operar con la aplicación Java.

El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem). Ésto determinará su velocidad de navegación.

Contar con las aplicaciones, programas y herramientas necesarias, tales como Java, Microsoft

Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc.

Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se conectará al

Curso o Diploma (hogar, lugar de trabajo, cibercafé o infocentros, etc). No se recomienda la

conexión mediante módem telefónico, por su velocidad.

Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. Recomendamos

que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0.

LA MESA DEL FORENSE

2010-07-28T13:10:00.000-07:00

| La morgue es el lugar donde la muerte acude en procura de salvaguardar la vida; muchas de las respuestas conocidas allí llevan a los investigadores clínicos a producir medidas de prevención de enfermedades, también, algunos de los órganos allí disecados servirán para transplantes y así reparar la salud de otras personas.
En la mesa del forense

“Aquí ya no hay nada más, solamente un pedazo de materia muerta. Ese pedazo de materia muerta se puede descomponer en sus partes, se pueden aislar los órganos de su articulación y considerarlos como objetos propios. La muerte no deja ningún sonido, solo los sobrevivientes producen una situación acústica encima de una mesa de autopsia sobre el cual reposa el cadáver, el mutuo susurro del agua, romper y serrar de los huesos y voces humanas y con esto se acuña esta atmósfera”.

En los orígenes de la Medicina y Anatomía Forense la mesa de necropsias era una gruesa tabla de madera rústica soportada en dos estructuras del mismo material. Las primera imágenes que registraron la práctica de disección de cadáveres enseñaban cámaras de mármol o piedra dotadas de cuchillos y jofainas para depositar las vísceras.
Las morgues actuales son necroquirofanos muy iluminados, dotados con mesas de brillante acero, frías, donde se escuchan ruidosas sierras aserrando huesos, afilados escalpelos que chocan contra el acero y grifos que dejan escapar grandes chorros de agua.
En este espacio médicos investigadores se esfuerzan en dar respuesta a una pregunta concebida hace 200 años por el anatomista, Giovanni Battista Morgani: ¿Ubi est morbus? (¿Dónde está la enfermedad?). Similar pregunta se hacen entre sollozos los familiares de las víctimas y los despiadados curiosos que a diario frecuentan las puertas de morgues y policlínicos: ¿De que murió?
El médico examinador que investiga las causas de la muerte se denomina patólogo, él y su paciente recién fallecido asumen un diálogo silencioso y encriptado. Los órganos y las estructuras anatómicas permiten hacer una lectura y una confesión; también revelarán intimidades acerca del modo de vida del paciente, que padecía y por qué, cómo fueron los últimos momentos y qué produjo la muerte. Con estas respuestas el médico responderá en el certificado de defunción las dos últimas preguntas que la sociedad hace al fallecer un ciudadano: ¿Cuál fue la causa de la muerte?
El escenario
La morgue es el lugar donde la muerte acude en procura de salvaguardar la vida; muchas de las respuestas conocidas allí llevan a los investigadores clínicos a producir medidas de prevención de enfermedades, también, algunos de los órganos allí disecados servirán para transplantes y así reparar la salud de otras personas.
Cada mañana, con el despuntar de los primeros rayos del sol entran por los ventanales de la morgue chorros de luz que revelan la barbaridad de la masacre acontecida durante la noche anterior en las calles de la ciudad.

Diez y siete cadáveres llenan igual número de mesas. Una brigada de técnicos revestidos de botas, delantales y guantes de hule avanza sobre cada mesa: uno toma nota de las ropas, otro de las lesiones, una foto aquí, un equipo se interesa en la elaboración de la carta dental, otro más allá lucha contra el rigor mortis para tomar las huellas digitales; es frecuente ver equipos de radiografía apoyando la búsqueda de proyectiles afilan los metales en la chaira, las cuchillas se alistan para incidir la piel y aserrar los huesos.
La tarea de abrir los cuerpos esta precedida de exámenes médicos para determinar los signos positivos de muerte y negativos de vida, es decir, estudio del rigor mortis, la deshidratación y la cesación de ruidos cardiopulmonares y de reflejos neurológicos. Esta actividad dura hasta las horas del medio día cuando llegan los coches de las funerarias para reclamar los cuerpos.
Y mientras en la morgue los forenses se alistan para abrir los cuerpos, en los crematorios contiguos a la morgue, se escucha el rugir de enormes toberas que como cráter volcánico vomitan enormes lenguas de fuego sobre los cuerpos que arderán por cerca de una hora a 900 grados centígrados y reducirán un cuerpo a 500 gramos de ceniza. Pronto los olores de carne en la brasa y huesos calcinados invadirán la atmósfera del tanatorio y se mezclaran con el de la sangre que corre sobre el acero de la mesa.
Los traumatismos inflingidos
La muerte es un evento biológico que se inicia desde el primer latido del corazón. Se muere por causa de la sumatoria de lo que los epidemiólogos denominan factores de riesgo, esto es, nuestros hábitos alimenticios, beber, fumar, factores hereditarios y ambientales. El hombre moderno, en la mayoría de países, nace en la clínica y muere senescente en el hospital o en albergues para ancianos, después de soportar padecimientos por enfermedades crónicas y degenerativas (cáncer, enfermedades cerebro vasculares, diabetes, bronconeumonias, etc.). No es así en la mayoría de nuestras ciudades agobiadas por la criminalidad.
La primera causa de mortalidad en la ciudad de Medellín la ocupan los homicidios por arma de fuego, le siguen los accidentes de tránsito y después otras por causas accidentales. Por la mesa del forense pasan anualmente cerca de 4.500 cadáveres, la mayoría de personas, entre los 15 y 35 años de edad por este tipo de causas.
El plomo de los proyectiles de armas de fuego ocasiona el mayor desastre social que se tenga noticia en los anales de la criminalidad nacional. Cerca del 90 por ciento de los homicidios son ocasionados por proyectil de arma de fuego. Por cada víctima quedan en promedio una viuda y por lo menos un hijo sobreviviente.
Las gentes de la región denominan este tipo de muerte “plomonía”. Una víctima del crimen recibe, en promedio, cinco impactos de proyectil. Cada una de estas letales ojivas puede pesar hasta 158 gramos. Se estima que los forenses anualmente recuperan de los cuerpos hasta 2´765.000 gramos de plomo.
Al promediar la mañana y concluidas las diligencias de tafonomía forense, los médicos llenan los formatos de defunción de los fallecidos por traumatismos inflingidos con códigos internacionales que se traducen en muerte por shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock neurogénico, anemia aguda, entre otras causas. Todas esas causas señalan que los sistemas anatómicos entraron en crisis y fueron incapaces de mantener sus funciones para soportar la vida.
Los resultados de la necropsia medicolegal se apoyan en pruebas de laboratorios de balística, biología, química y toxicología forense, entre otros. Cada hallazgo logrado durante la necropsia es registrado fotográficamente o descrito en protocolos de laboratorio.
Los resultados de los laboratorios de toxicología forense revelan que las toxicomanías matan a la juventud. En Medellín, una muestra de 350 necropsias en 1999 registra sustancias enervantes en 69 por ciento de las muertes violentas.

PREOCUPACION POR LAS FAMOSAS NEGLIGENCIAS MEDICAS

2010-07-27T13:26:00.000-07:00

En los últimos años, ha incrementado la preocupación en médicos, abogados y a nivel gubernamental, los casos por negligencias médicas, dado que, el paulatino incremento de demandas de indemnización de perjuicios por negligencias médicas ha traído aparejado un efecto social de proporciones, reflejado en la cobertura periodística de casos emblemáticos difíciles de olvidar por la población, la que cada día se muestra más interesada en informarse y conocer sus derechos en materia de salud.
En razón de ésta necesidad social y en vista de que no existe en Chile un grupo especializado de profesionales en dar solución efectiva a esta problemática, se crea esta pagina web inspirado en la defensa irrestricta de los derechos de los pacientes, donde podrá contarnos su caso y si lo desea podrá darlo conocer a la opinión pública de manera de ir creando conciencia para denunciar muchos hechos que quedan en la impunidad.
http://www.juiciosperitaje.260mb.com (contactanos aiamvas2006@yahoo.es)

LOS MÉDICOS DE CHILE NO SE EQUIVOCAN…SOLO SON RIESGOS ASOCIADOS
Todos los seres humanos cometemos errores y en la vida cotidiana uno asume responsabilidades por errores, negligencias o culpas, pero cuando nos enfrentamos a lo que el sentido común visualiza como a una negligencia médica, debemos ser cautelosos, porque “siempre” existe la manera de buscar una justificación a través de la figura del riesgo asociado a una enfermedad o cirugía , en ese sentido, como chilenos nos debiéramos sentir muy orgullosos de la honestidad y ética de los profesionales de la salud… a tal punto que se puede llegar a pensar que tenemos los mejores médicos del mundo porque en Chile nunca se cometen negligencias sino que simplemente son riesgos asociados…, en consecuencia, podemos estar confiados y decir que en Chile tenemos los únicos seres humanos perfectos …

penas

2010-07-16T19:18:00.000-07:00

Gobierno endurecerá penas contra abuso sexual infantil

Inhabilidad perpetua contra los condenados por estos delitos; un registro que los identifique y aumentar la prescripción de este tipo ilícito de 5 a 10 años son las medidas que impulsará el Ejecutivo.

El centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la zona oriente de Santiago fue el lugar escogido por el Presidente Sebastián Piñera para retomar sus actividades en Chile tras su participación en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC - UE) de Madrid. En la sede, el Mandatario presentó un proyecto de ley que pretende endurecer las sanciones a quienes cometen abusos sexuales contra menores de edad.

La iniciativa establece la inhabilidad perpetua a todos los condenados por delitos sexuales graves contra niños menores de 14 años (violación, abusos, secuestros, producción de material pornográfico entre otros) para ejercer cargos, oficios y profesiones que, por su naturaleza, signifiquen tener contacto estrecho con menores de edad.

En segundo término, la propuesta busca establecer el acceso público -a través de internet y dentro del Registro General de Condenas- al listado nacional de inculpados por violaciones y abusos. Finalmente, se aumentará de 5 a 10 años el plazo de prescripción penal para este tipo delitos.

Destacando que durante 2009 se registraron 6 mil 100 agresiones sexuales contra niños y adolescentes -3 mil 900 contra niños menores de 13 años y 2 mil 200 casos con víctimas de entre 14 y 18 años-, el Presidente Piñera enfatizó que la nueva iniciativa “recoge dos grandes preocupaciones de la ciudadanía. Reconocer la gravedad del daño que se le puede causar a un niño cuando se atenta contra él con delitos sexuales. Y, en segundo lugar, reconocer el temor, daño y pérdida de bienestar que causa a toda la sociedad”.

En esta línea es que el Mandatario sostuvo que con la presentación de este tipo de proyectos se cumple con la doble función de actuar con más eficacia en la ayuda y rehabilitación de las víctimas de delitos y en la persecución y castigo de los delincuentes.

AGENDA DE SEGURIDAD

El anuncio del Jefe de Estado se enmarca en uno de los principales ejes que contendrá el mensaje presidencial del 21 de mayo: el fortalecimiento del combate contra la delincuencia.

De hecho, ésta fue una de sus promesas de campaña y uno de los principales pedidos que la Alianza hizo al Presidente cuando se discutió el contenido del discurso el lunes 17 en el comité político de La Moneda.

Por esto ayer el gobernante también puso énfasis en los principales proyectos que, en el corto y mediano plazo, espera concretar palacio.

Así el Presidente anunció que durante los próximos días se avanzará “significativamente” en la creación del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “un instrumento poderoso para poder ganar la batalla contra la delincuencia”.

En este sentido se espera enviar al Parlamento -donde está en tercera fase de discusión en la comisión mixta- una serie de proposiciones para mejorar el proyecto.

Hace dos semanas Piñera encomendó al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, poner en marcha la nueva institucionalidad en un plazo de siete meses tras la aprobación en el Congreso.

Por otro lado, La Moneda espera avanzar en otras dos iniciativas: una reforma constitucional que establece el derecho de las víctimas de delitos a tener defensa jurídica, sicológica y social pagada por el Estado y la creación de un registro nacional de prófugos de la justicia.

“Queremos ver que el camino de quienes

2010-07-16T18:53:00.000-07:00

“Una nueva forma de Justicia”.

Reforma Procesal Penal.

Introducciòn

La reforma procesal penal se ha implantado en chile, con el fin de entregar una justicia más justa, rápida, más eficiente. Lo que pretende esta reforma es que el poder punitivo no se concentre en una sola persona, no como en el modelo penal anterior en el cual el encargado de resolver un juicio era el juez del crimen. Por esto la nueva reforma agrupa un sistema de corte acusatorio. El juicio en su totalidad esta en manos del ministerio publico y la defensa del acusado esta en manos de la defensa penal publica quien se preocupa de este en el caso de que no posea abogado. El juez de garantía protege los derechos que se pelean en el juicio y el fiscal da inicio a un juicio oral en el que se forma un debate entre la fiscalía y la defensorìa.

Comenzaremos por dar a entender que dentro de la reforma procesal penal existen dos tipos de juicios. El juicio oral por ser una de los grandes caracterìscas que nos presenta esta nueva forma de justicia.

También en este trabajo daremos la respuesta de uno de los principales interrogantes que nos aqueja de una de los principales interrogantes que nos aqueja al ver el gran cambio que significa la reforma judicial en nuestro país como el ¿por que del cambio? ¿Por qué se decidió implantar esta nueva reforma en nuestro país?

Podríamos anticiparnos a dar una respuesta a ésta interrogante decir por ejemplo que se implantó con el fin de acabar con la gran cantidad de errores que tenìa la antigua forma de justicia. Además hacerlo mas justa mas transparente al mas confiable y no exista desconfianza de ninguna de las partes involucradas.

La metodología con la que se realiza este trabajo fuè la recopilación de información que se pudo encontrar en medios de comunicación como son la prensa escrita, información recolectada en Internet, principalmente en el website de ministerio de justicia.

Cordialmente hago una invitación al lector a que se interese en este trabajo que ha sido detallado y confeccionado con el fin de informar la actualidad de la justicia en nuestro país, de forma clara y concisa, para que usted conozca y se mantenga informado sobre los detalles de esta reforma aquí mencionados

La Reforma Procesal Penal.

En la ultima década el estado chileno comenzó con la idea de modernizar el sistema judicial. De ésta forma el sistema de administración de justicia judicial adoptó y adecuo los estándares de derechos humanos internacional, adecuándolo a diferentes sectores como el político, cultural y social.

Ésta se implantó en Chile el 16 de Diciembre de 2000y comenzó a regir de forma inmediata en las regiones de Coquimbo y la Araucanìa. Dejando atrás mas de 100 años de justicia inquisitiva, burocrática y secreta.

La reforma hasta hoy rige a lo largo de todo el país, la ultima región en incorporarse fue la región Metropolitana.

Ésta nueva reforma tiene por objetivo hacer que la justicia sea rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y cuida que se respeten los derechos humanos. S u misión es implantar una justicia moderna, capaz de imponer una justicia eficiente que imponga el poder punitivo.

El ordenamiento jurídico que la conforma, es la imparcialidad, al dividirse en distintas funciones como son la investigación, la acusación y la sentencia. Publicidad (se refiere al publico que asiste) y Oralidad de los juicios y de las audiencias: la Eficiencia, en el momento de utilizar distintas formas de resolver los juicios, y la Inmediación, a través de la presencia del juez para hacer valido el juicio.

La instalación de ésta reforma a sido de forma exitosa, principalmente esto se debe a cuatro características principales que son:

• El que se haya implantado, de forma paulatina a través de cada región de nuestro país.

• El haber tomado los delitos que se cometiesen desde el momento en vigencia y no tomar juicios anteriores de forma que de estos se encargaba el antiguo sistema.

• Que el estado asumiera el financiamiento total de ésta desde el momento en el que se acepto éste nuevo sistema, de forma que el estado aporto con 285 millones de pesos.

Para poder lograr hacer funcionar ésta reforma se necesito contratar 809 jueces, 625 fiscales y 417 defensores, a los que se sumaron 6 mil profesionales técnicos y administrativos sumamente necesarios para la puesta en marcha.

Para eliminar la congestión de los antiguos juzgados se creo el ministerio publico, encargado de la persecución penal y que junto con la defensorìa publica que realiza el rol de defender a los involucrados en el caso de que no posean abogado y estos participaran en el proceso de investigación del caso.

El nuevo esquema, toma la participación de un fiscal el cual entrega las pruebas necesarias para proceder a una acusación formal en contra del acusado e iniciar el juicio oral, en donde se produce un debate entre la fiscalía y la defensorìa, de forma que el tribunal colegiado formado por tres jueces, que al momento de comenzar el juicio no poseen mayor conocimiento del delito, estos deben formular una acusación en contra del imputado.

La reforma Procesal Penal se rige bajo los siguientes principios básicos:

• Todo imputado, mientras no está condenado por sentencia firme, no puede ser considerado culpable.

• La víctima tiene garantizado el respeto a sus derechos

• Derecho del imputado y el defensor a intervenir en todas las acusaciones del proceso, ya sean favorables o que restrinjan los derechos del imputado.

• No son aplicables derechos que solo poseyera, el sistema anterior en caso de que sean favorables para el imputado.

Juicio Oral

Uno de los punto mas importante en la reforma procesal que rige en la actualidad en nuestro país. Consta de la participación de la víctima, el imputado (o acusado), el defensor y el fiscal a cargo del juicio.

El juicio comienza cuando el fiscal presenta los testigos y las pruebas a usar que se encontraron durante la investigación del delito, éstas son en contra del imputado, quien también tiene la facultad de defenderse de igual manera, presentando pruebas y testigos que avalen su inocencia.

En la audiencia se encuentran 3 jueces que dan a conocer el veredicto final, después de finalizarse el juicio en su totalidad.

Éste juicio lleva por nombre juicio oral, por que es oral publico (posee como publico ciudadanos que pueden estar como oyentes) y por presentar con un tribunal del juicio oral en lo penal. Éste juicio se utiliza para resolver los delitos mas graves de una forma mas clara.

El fiscal tiene 10 días, para cerrar la investigación del caso y tiene 4 formas de hacerlo:

• Acusar al imputado.

• No seguir con el procedimiento, por no reunirse los antecedentes necesarios para formular acusación contra el imputado.

• Solicitar el sobreseimiento definitivo.

• Solicitar sobreseimiento temporal.

Si se acusa al imputado existen dos caminos, uno es el juicio oral, ultimo paso del proceso penal. El cual se desarrolla en una o varias audiencias publicas, y el otro paso es el procedimiento abreviado, en el que el fiscal pide una pena para el imputado de menos de 5 años de cárcel, solamente en el caso de que el imputado acepte los cargos que se le implican
El juicio oral se desarrolla de la siguiente manera:
1) Se cede la palabra al fiscal, al imputado y al defensor, para que puedan entregar sus planteamientos, todos los argumentos que avalen las pruebas que estos presentan.
2) Se da a conocer la prueba que entrega la fiscalía y la defensa por ejemplo, declaraciones que entregan los testigos, peritos que hayan estudiado el caso a través de las ciencias criminalisticas, fotos o videos que se hayan recopilado a través de la investigación.

3) Luego de presentar las pruebas el fiscal y el defensor entregan sus últimos argumentos que siempre son los más fuertes, (de forma mas clara) avalan y dan a conocer una fuerte coartada para las partes.

4) Para finalizar, el juez presidente da la oportunidad de testificar por ultima vez al imputado y da por finalizado el debate dando el veredicto final.
Conclusiòn
El tema principal de este trabajo es la nueva Reforma Procesal Penal implantado en chile a lo largo de todas las ciudades de este, y de sus principales características
Si hablemos de características no podemos dejar de mencionar el juicio oral, ya detallado con anterioridad a lo largo de este trabajo y de la gran importancia de éste.
También no podemos olvidar que una de las principales interrogantes que nos aquejan es el por qué del cambio, ¿Por qué se decidió implantar esta nueva reforma en nuestro país?
Una de las principales hipótesis que surgían de ésta interrogante es la de que se implementó con el fin de acabar con el margen de errores en la anterior legislación judicial. Poder entregar una justicia mas clara, transparente y confiable.
La anterior hipótesis nos entrega una respuesta, correcta ya que lo que principalmente busca este nuevo sistema, es poder entregar una justicia clara y eficiente. Además de disminuir en casi toda su totalidad los errores, al implantar un decreto en el cual los estudiantes de leyes no tienen derecho a defender al acusado, solamente puede realizar ésta labor un abogado titulado o la defensorìa pública. También ahora se realizan investigaciones sobre el delito, que no conlleva registro de antecedentes, por tanto la investigación es mas clara. En el antiguo sistema el juez tenia la facultad de realizar auto de procesamiento, iniciando un procedimiento de persecución penal .

El procedimiento, era por escrito a través de sumarios y a través de actuarios. Ahora el procedimiento es oral y publico, de esta nueva reforma se quiso implantar por tener las características mencionadas con anterioridad.

REFORMA PROCESAL PENAL CHILENA

2010-07-16T18:46:00.000-07:00

Reforma procesal penal

Preguntas frecuentes que explican en lenguaje ciudadano los principales contenidos de este tema.

¿Qué establece la ley penal sobre los juicios?

Los juicios son orales y públicos, para acelerar y transparentar los procesos.

Participan el juez, el fiscal acusador, el imputado (o acusado) y su defensor

El juez escucha a las partes en el juicio, conoce las evidencias presentadas y dicta la sentencia. La labor de investigar recae en los fiscales.

Los acusados cuentan con un sistema de defensa profesional.

¿Cuánto demoran los procesos en el nuevo sistema?

En promedio, un proceso judicial tiene una duración de seis meses.

¿Qué es el Ministerio Público?

El organismo autónomo que se encarga de investigar los delitos, acusar a los responsables y proteger a víctimas y testigos de los crímenes. Trabaja en coordinación con Carabineros e Investigaciones.
¿Qué es un fiscal?

El representante del Ministerio Público que se encarga de investigar los delitos para después señalar a un acusado y procesarlo. En los juicios, defenderá los intereses del Estado y/o la víctima del delito y presentará evidencias en contra del acusado. En términos simples, su labor es lograr que el acusado sea hallado culpable y reciba un castigo.

¿Qué es la Defensoría Penal Pública?

La entidad encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran. La labor de sus integrantes es dar defensa legal al imputado, informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado, y solicitar al tribunal medidas de protección en su favor.

¿Tiene costo solicitar los servicios de la Defensoría Penal Pública?

Si se cuenta con los recursos suficientes, el servicio debe ser pagado. Si la persona no tiene los medios económicos, el abogado trabajará en forma gratuita para el imputado.

¿Cómo consigo un abogado defensor?

Si le imputan un delito, le preguntarán si tiene un abogado particular que se encargue de su defensa. Si no tiene, le asignarán un profesional de la Defensoría Penal Pública.

¿Qué hace un juez de garantía?

Un juez de garantía debe, principalmente, velar porque las autoridades (en particular los fiscales y los policías) no se extralimiten al perseguir a los sospechosos de un delito, afectando los derechos fundamentales del imputado (acusado). Debe decidir sobre cualquier materia que le consulten los fiscales durante sus investigaciones, en especial si es sobre alguna diligencia que perturbe derechos garantizados en la Constitución, como por ejemplo privación de libertad.

Al juez de garantía también le corresponde aprobar las soluciones alternativas que le proponga un fiscal para no llevar al imputado a juicio penal.

¿Cuáles son los derechos de las víctimas?

Es deber del Ministerio Público protegerlas, sobre todo si son susceptibles de recibir amenazas o si están en riesgo vital. En el caso de los niños, hay medidas especiales para ellos, como resguardo de su identidad y posibilidad de declarar a solas con el juez.

¿Cuáles son los derechos del acusado?

El acusado o imputado cuenta con ciertos derechos, como ser informado de la causa de su acusación y de sus derechos legales, contar con un abogado defensor (incluso gratis, si no cuenta con recursos), solicitar diligencias que desvirtúen las acusaciones, pedir audiencia al juez, declarar sin necesidad de juramento, entre otras.

¿Existen salidas alternativas durante el desarrollo de un juicio?

Sí, puede darse la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio o que el juez dicte la suspensión del procedimiento bajo condiciones impuestas al acusado. También existen procedimientos simplificados para delitos leves.

¿Qué pasa con los casos que se iniciaron en el sistema antiguo?

Deberán seguir de acuerdo a los procedimientos anteriores a la reforma. Para ello quedan algunos juzgados operando en el régimen anterior.

¿Qué va a pasar con el Código de Procedimiento Penal?

Una vez que se cierre el último caso abierto en el sistema antiguo, este código quedará derogado.

ANATOMIA PATOLOGICA

2010-07-08T16:55:00.000-07:00

Profesora de Patología General y Anatomía Patológica, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad de Chile de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica.

La anatomía patológica es una disciplina médica que estudia las enfermedades como entes absolutos. Desde este punto de vista puede considerarse como una teoría de la medicina que permite estructurar un esquema general en el cual se pueden ubicar los fenómenos patológicos singulares y reconocer principalmente los sustratos morfológicos de la enfermedad1. Apareció como especialidad en 1761, pero es en los últimos 100 años cuando cobró mayor importancia para el diagnóstico anátomo-clínico2. Durante los primeros 200 años de su desarrollo, la técnica fundamental de estudio de la especialidad fue la autopsia. En la segunda mitad del presente siglo, la patología diagnóstica o patología quirúrgica centrada fundamentalmente en la biopsia es la que ha dominado la imagen de nuestra especialidad, por el apoyo tan importante que presta a la clínica, dentro de una filosofía estrictamente pragmática, pero también porque los patólogos mismos encuentran un campo de resultados inmediatos y de sustento económico1,2.

LA AUTOPSIA Y LA BIOPSIA

¿Cuáles han sido los logros de la autopsia que le han permitido alcanzar un sitial central en Ia medicina contemporánea? Entre ellos pueden mencionarse cientos de enfermedades descubiertas y descritas en la autopsia, clasificaciones de innumerables lesiones, asociaciones entre alteraciones anatómicas y enfermedades, el origen de numerosas ideas para tratamientos médicos y quirúrgicos y control de la efectividad de los tratamientos médicos3. Más allá de la descripción de entidades, el estudio científico riguroso que ha significado la autopsia es lo que a juicio de numerosos autores ha llevado a la medicina occidental desde un pasado animista al presente científico4.

Es indudable que el diagnóstico anátomo-patológico se ha transformado en un ejercicio más complejo, de orden multidisciplinario, que requiere de una interacción permanente con médicos clínicos y especialistas de ciencias básicas. El patólogo general, capaz de cubrir un amplio espectro de especialidades médicas para fundamentar su diagnóstico, ha debido especializarse. Eso significa que ha tenido que dedicarse a un campo mucho más reducido de labor diagnóstica y a trabajar más cercanamente con los médicos clínicos de esa especialidad. Así, el patólogo ha tenido que adaptarse a la práctica de una medicina más integral y de una patología más integrada a la clínica.

En patología diagnóstica basada en el estudio de las biopsias se han producido avances significativos en las últimas décadas, en particular por la incorporación de nuevas técnicas auxiliares de diagnóstico, llamadas también técnicas complementarias.

Entre ellas pueden mencionarse la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica y la biología molecular. A diferencia de lo que en su momento ocurrió con la citopatología, que fue rechazada por los patólogos clásicos, hoy en día estas técnicas se han incorporado rápidamente a la práctica histopatológica. La aplicación de varias de ellas proporciona una cierta cantidad de datos que deben interpretarse en un contexto clínico para formular un diagnóstico, plantear un tratamiento, eventualmente un pronóstico y que permiten una mayor precisión diagnóstica.

LA CRISIS DE LA AUTOPSIA

Pero no olvidemos que es en la autopsia donde el patólogo encuentra su campo de desarrollo. Esta proporciona un punto de vista general de la enfermedad, que es la sustancia de la que se nutre el patólogo y estimula su labor creativa. La autopsia puede verse como el campo propio y único del trabajo creador y de permanente desarrollo del patólogo, donde la contribución original e innovadora será siempre el resultado1. La palabra autopsia significa "ver por sí mismo" y se usa como sinónimo de necropsia o examen post mortem. La palabra ha alcanzado una connotación claramente negativa en el ambiente médico y en el público general. Quizás si el mejor término sea "examen post mortem", porque representa en verdad un examen médico después de la vida, cuyos objetivos son la búsqueda de las causas de la muerte, el análisis de la enfermedad básica y de sus efectos y complicaciones en sus aspectos anatómicos y de las consecuencias de la intervención médica. La distorsión de la imagen de la autopsia ha significado una crisis muy profunda en la anatomía patológica, cuyos efectos se han extendido a la práctica y a la enseñanza de la medicina misma.

El número de autopsias médicas realizadas anualmente en nuestro país se ha reducido, desde 50% de todos los fallecidos en 1940, a menos del 10% en 1997 (Figura 1). En la Figura se puede observar el porcentaje del número de fallecidos que representan las autopsias realizadas en cuatro hospitales de Chile en la última década y es evidente la significativa reducción del número de casos examinados en los últimos años en cuatro hospitales generales y con actividad docente.

FIGURA 1. Número de autopsias en 4 hospitales de Chile, en período 1988-1997.

Esta reducción del número de autopsias se ha traducido en una disminución del material anatómico para la enseñanza de pregrado y posgrado, incluida la formación de patólogos. Esta situación representa una verdadera paradoja, puesto que en la práctica médica actual, especialmente en el campo de las neoplasias, el papel del patólogo es fundamental para el diágnóstico y la evaluación de factores pronósticos, y una deficiente formación de especialistas, debida en gran parte a la falta de exposición de los residentes a la autopsia, redundará en una peor calidad diagnóstica en histopatología. En otras palabras, la visión de enfermedad del patólogo se ha visto reducida al diagnóstico de lesiones aisladas en órganos, tejidos y células, en desmedro de una visión global, integrativa y de correlación más propia de un médico.

Esta significativa merma del número de autopsias ha tenido como consecuencia lógica la desaparición de la reunión anátomo-clínica, lo que es un hecho ya en muchas instituciones nacionales. Esta era la única instancia de correlación clínico-patológica, en la cual se analizaba un caso integralmente y en la cual participaban todos los médicos y otros profesionales involucrados en el cuidado de un enfermo. La inexistencia de esta instancia tendrá como consecuencia deficiencias en la formación de especialistas clínicos, que carecerán de una visión integral, clínica y anatómica, de la enfermedad de sus pacientes.

La autopsia tampoco se valora actualmente como herramienta de control de calidad, puesto que es una forma de evaluar los resultados de la aproximación diagnóstica, de tratamientos y de intervenciones médicas. Todo ello puede repercutir además en la optimización y racionalización de los recursos humanos y materiales en la práctica médica.

Se argumenta muchas veces que la visión negativa que tiene el público de la autopsia es lo que ha traído como consecuencia una reticencia cada vez más fuerte para que la familia autorice este examen y por ende una reducción del número de estudios post mortem. Si bien parece a primera vista una explicación razonable de la situación, hay numerosos signos que indican que, si bien es un elemento a considerar, no es el factor más importante en la reducción del número de autopsias hospitalarias. Los patólogos mismos tenemos una dosis de responsabilidad. El trabajo agobiante del diagnóstico mediante biopsias ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y no deja espacio para realizar una autopsia; además, una autopsia bien realizada, exhaustiva, y que sea útil e informativa para el equipo médico, requiere de patólogos experimentados, un período de examen prolongado (4 a 6 horas) y la aplicación de técnicas complementarias como inmunohistoquímica, microscopía electrónica, biología molecular y microbiología, que no están a disposición en todos los servicios del país. El costo de una autopsia de esa calidad es elevado y no existen recursos suficientes para transformar este examen, en esas condiciones, en una rutina. Sin embargo, el verdadero factor limitante y de mayor trascendencia en esta crisis parece ser la voluntad de los médicos para solicitarlas4-6. Las razones esgrimidas por ellos son variadas y también se han publicado extensamente. Van desde disgusto por el procedimiento hasta la creencia de que los métodos diagnósticos modernos son tan precisos que la autopsia nada puede mostrar que no haya sido identificado en vida del paciente. Este último argumento es el que se escucha más a menudo en hospitales universitarios y es aceptado como una explicación bien fundamentada. Nada más lejos de la realidad. Los patólogos han demostrado en innumerables estudios, en varios países, que la discordancia diagnóstica entre la causa de muerte y la enfermedad de base y los hallazgos de autopsia varía de 15 a 30% y ha permanecido así en las últimas décadas, décadas que incluyen significativos avances en la tecnología médica diagnóstica5,7.

Retrospectivamente, estos estudios han sido contraproducentes en la práctica porque más que un estímulo positivo para el aumento del número de autopsias, han significado uno muy negativo ya que los médicos clínicos no desean más errores demostrados por la autopsia.

Sin embargo, en ciertas instituciones, en donde se ha tomado conciencia de la importancia médico-legal de la autopsia, de su trascendencia docente y del gran valor como instrumento de control de calidad, se han logrado índices de autopsias efectuadas de hasta 80% de los fallecidos en el hospital. En estas instituciones se ha creado una oficina especial, con personal específicamente adiestrado para el procedimiento de conseguir la autopsia, obligar a un informe rápido de los resultados anatómicos y a realizar una conferencia clínico-patológica que incluye en su momento a los familiares del fallecido.

DESAFÍOS PARA EL FUTURO INMEDIATO

¿Cómo podemos enfrentar los patólogos estos dos desafíos: la renovación del valor de la autopsia y las nuevas tecnologías?

En el clima actual de aumento de las demandas legales contra los médicos, tampoco se espera que haya estímulo para el aumento de las autopsias si se consideran sólo los aspectos negativos de la autopsia. Sin embargo, el argumento negativo puede revertirse. En este sentido sería más fructífero tener una visión positivista de la autopsia y verla como el único método confiable que permite confirmar el acierto diagnóstico en 70 a 85% de los casos. Este es un argumento muy poderoso para evitar eventuales demandas y como certificación de que la acción médica ha producido los efectos buscados y no iatrogenia.

Además, la autopsia permite elaborar cuadros estadísticos muy precisos de las causas de muerte, lo cual redundará en una optimización de los recursos destinados a la medicina preventiva y curativa. Un muy buen ejemplo de esto es el descubrimiento de la infección por Hantavirus en nuestro país, donde la autopsia de los primeros casos orientó a los médicos hacia la verdadera causa de la muerte de los casos índice y permitió implementar las medidas correspondientes sobre una base racional.

En este panorama más bien sombrío para la autopsia, hay excepciones admirables y numerosos médicos clínicos continúan valorando la oportunidad de mejorar su diagnóstico y comprensión de la enfermedad, aún a expensas de reconocer sus propios errores.

En el diagnóstico anátomo-patológico, la incorporación de nuevas técnicas complementarias nos obliga a no eludir la responsabilidad de introducirlas al laboratorio de anatomía patológica, en vez de dejarlas exclusivamente en manos de otros especialistas, como otrora sucedió con la citopatología. Además, no deben considerarse tecnologías sofisticadas inútiles o procedimientos de uso exclusivo para la investigación. Actualmente existen campos en los cuales tienen aplicación clínica y valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico, llegando a ser imprescindibles para el manejo de una serie de enfermedades que conforman una lista cada día más larga. Basta mencionar como ejemplos las biopsias de riñón y de piel que requieren inmunofluorescencia directa de carácter diagnóstico, el estudio de microscopía electrónica en neoplasias de partes blandas y la evaluación de marcadores tumorales pronósticos, mediante inmunohistoquímica, en neoplasias de mama y otros órganos.

Existen varios caminos para facilitar la implementación de estas técnicas en los laboratorios tradicionales:

1. Reforzamiento de la formación continua para comprender y familiarizarse con estas técnicas; son particularmente útiles las actividades académicas proporcionadas por las Universidades en forma de cursos y estadías de perfeccionamiento y las actividades propias de las Sociedades Científicas, como congresos, jornadas, seminarios, cursos de formación general y puesta al día con énfasis en estas técnicas, su aplicación e interpretación en el diagnóstico anátomo-patológico.

2. Estimulando y reforzando la formación de patólogos jóvenes de las nuevas generaciones, con estudios de posgrado en el extranjero, donde tienen la oportunidad de tomar contacto con las nuevas técnicas.

3. La necesidad de integrar a los laboratorios tradicionales de Anatomía Patológica, a profesionales no médicos, como bioquímicos, biólogos y otros con formación y experiencia en la ejecución de estas modernas técnicas.

UNA REALIDAD INELUDIBLE

Estos cambios se traducen, en la práctica en modificaciones profundas en la organización de los Servicios y Laboratorios de Anatomía Patológica. Un laboratorio estándar debe tener, como mínimo, hoy en día:

1. Patólogos subespecializados, dedicados preferente o exclusivamente a una de las sub-especialidades como nefrouropatología, hematopatología, dermatopatología, patología oncológica, neuropatología, hepatopatología, patología gastrointestinal, patología cardiovascular, patología pulmonar, patología endocrina. Es evidente que ya no es posible para un patólogo general dominar con propiedad todos los campos de la histopatología diagnóstica; el análisis histopatológico es cada vez más complejo, en cuanto a nomenclatura y precisión diagnóstica y el uso de numerosas técnicas requiere de una interpretación mucho más elaborada, que exige mayor experiencia en un campo determinado.

2. Trabajo en equipo multidisciplinario. Esto nos lleva al problema de los patólogos expertos. Los patólogos expertos en determinada especialidad médica son cada vez más frecuentes y solicitados. Los grupos de especialistas requieren de la colaboración permanente y estrecha de un patólogo experto o de grupos de determinados patólogos especialistas, que se integran al equipo médico, ya sea en comités de especialistas (comité de tumores) o en el equipo médico quirúrgico mismo (equipo de trasplantes).

3. Trabajo en equipo de patólogos. Este es un punto fundamental: varios patólogos aseguran una mejor calidad diagnóstica y simultáneamente un control de calidad interno permanente.

4. Control de calidad formal. Evaluación de la calidad del diagnóstico histopatológico, mediante control interno y externo, tanto en técnicas convencionales como en las modernas.

CONTROL DE CALIDAD EN ANATOMÍA PATOLÓGICA

El control de calidad de los laboratorios de anatomía patológica, tanto del área pública como privada y universitaria es rudimentario. Existe en la práctica un control de calidad interno, realizado por miembros del mismo laboratorio y uno externo, realizado por un ente completamente ajeno al laboratorio. Este tipo de control es el que en parte todos los patólogos realizamos a diario al revisar las preparaciones y evaluar su calidad técnica y también al conversar con los tecnólogos acerca de los problemas encontrados en el procesamiento de las muestras. Igualmente, las reuniones entre los patólogos para resolver casos de diagnóstico dificil, así como las reuniones de correlación con los especialistas clínicos, pueden considerarse parte de un control interno.

Mantener un sistema de consultoría externa sistemático, permanente y conocido por los miembros del equipo es hoy en día imperativo. El control de calidad externo tiene diversas modalidades, de las cuales la comisión externa es la más utilizada en otros países. Consiste en la visita periódica de una comisión de expertos que revisan al azar informes, preparaciones de biopsias y autopsias, archivos y museos. Se hace una evaluación con una pauta preestablecida y se emite un informe, que en algunos casos debe cumplir requisitos mínimos. Otra modalidad de control externo es el envío por parte de un organismo o institución externos, de un juego de casos de diagnóstico comprobado. Este juego de casos problema es estudiado por los patólogos de un determinado laboratorio y después de un tiempo preestablecido remite las respuestas al mismo organismo. De vuelta, el laboratorio recibe una evaluación de su rendimiento. La discusión de los resultados permite la identificación de los errores y contribuye a encontrar soluciones para su corrección ulterior. Los pasos mencionados en estos procedimientos parecen obvios, pero no se realizan sistemáticamente en nuestro país.

Un primer paso en el desarrollo de un programa confiable de control de calidad es la confección de normas de procedimientos en el manejo de biopsias y autopsias y en el procesamiento de las mismas incluyendo la elaboración diagnóstica. La Sociedad Chilena de Anatomía Patológica se encuentra trabajando intensamente en recomendaciones para la práctica de nuestra especialidad en el país, en particular en la elaboración de recomendaciones para el manejo de biopsias y control de calidad en laboratorios de patología. El desarrollo de estas pautas, por expertos en la materia constituirá para nosotros los patólogos la mejor defensa legal.

CONCLUSIONES

Si se considera que el concepto actual de enfermedad corresponde a la idea formulada por Sydenham8 que la considera una especie morbosa, una abstracción de los fenómenos patológicos repetidos en varios enfermos, entonces la anatomía patológica sigue estando en la base de la medicina. La responsabilidad del patólogo sigue siendo de una magnitud mayor en la medicina actual y la colaboración con el médico clínico, central en la práctica de la medicina moderna. De ahí que sea tan importante revitalizar la autopsia, mejorar la formación de nuestros especialistas y modernizar nuestros laboratorios. Modernizarlos no sólo con nuevos aparatos sino que también con nueva mentalidad. El beneficio lo obtendrán no solo los patólogos, sino que también los médicos especialistas y, por supuesto, los pacientes, quienes tendrán acceso a una medicina confiable y moderna.

Correspondencia a: Dra. Carmen Cerda Aguilar, Depto de Anatomía Patológica, Escuela de Medicina, Universidad de Chile. Santiago. Chile. Fono/Fax: 98399943-77108244

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Un lugar donde fui muy feliz

La medicina forense trata de un enfoque amplio, holístico, que influye no sólo en la salud, en la libertad, sino también en la honra de las personas. Implica prepararnos de manera científica, filosófica y también legal.

Durante su infancia era la encargada de sanar a sus compañeros de juego. Frascos, aguas y polvos de colores constituían su “material de trabajo”. Carmen Cerda Aguilar (casada, tres hijos) explica que su vocación por la medicina venía incorporada. En su especialidad, en tanto, influyó la labor de juez de su papá, el abogado y académico Carlos Cerda Medina.

La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Legal y anátomo patóloga del Hospital Barros Luco, estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Pertenece a la generación 1978, la misma que en noviembre próximo tendrá una reunión de camaradería y amistad en las Termas de Chillán.

Recientemente saltó a la palestra pública como encargada de entregar decisivos informes sobre la muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalba, los que le fueron encargados por el ministro sumariante y en el que viene trabajando -calladamente advierte- hace seis años.

Rememore su experiencia como alumna de la Universidad.

Yo me preparé con mucha alegría y entusiasmo para entrar a la Universidad. Vivía en calle Los Pinos al frente del Campus, y parte de mi familia ya había estudiado allí. Mi curso era grande, y lo componía gente que provenía de distintos lugares del país, de variada extracción social, incluidos trabajadores, todo lo cual conformaba un grupo muy interesante. Aquello terminó en 1973, año como que nos quedamos congelados en el aire, sin muchos compañeros y sin varios profesores, con un porvenir bastante incierto.

¿Quiénes marcaron o definieron su especialidad?

Mi papá, quien como juez le tocaba investigar, a quien yo acompañaba cuando muy pequeña, ahí yo escuchaba cómo el médico legista constituía un aporte importante a la labor judicial. Luego estuvieron los profesores, el Dr.Evaristo Córdoba un anatomista excelente; el Dr. Vielma, quien nos hacía anatomía topográfica: el Dr.Ennio Vivaldi, quien nos instaba a investigar, publicar, buscar apoyo bibliográfico; el Dr. Pommeroy; el Dr. Biel.

¿Cuándo parte el ejercicio de su profesión?

Hice mi internado en el hospital Las Higueras, donde adquirí experiencia de avanzada. Hice un Magíster en Bioética. Más tarde me fui al hospital de Lirquén y , luego me vine a Santiago a una beca en Anatomía Patológica en la Universidad de Chile, donde en definitiva me quedé.

Los legistas han saltado a las pantallas del cine y la televisión ¿cómo le resulta verlos en la ficción?

Hay de todo. Buenas y malas caracterizaciones. Suele haber distancia absoluta entre la realidad y la ficción. Ser legista o forense implica no sólo autopsias, un enfoque anticuado. Se trata de un enfoque amplio, holístico, que influye no sólo en la salud, en la libertad, sino también en la honra de las personas. Implica prepararnos de manera científica, filosófica y también legal. Nos toca decir o plantearnos frente a un tribunal con consecuencias que pueden ser tremendas para una persona, que puede cambiarles la vida

¿Cuáles son los nuevos desafíos en el ámbito legal y forense?

Proponer programas unificados a las facultades de Medicina, propiciar que más profesionales se dediquen a esta especialización. Tenemos muchos temas nuevos que abordar . Soy docente universitaria y esas necesidades las observo en terreno. Están la medicina legal social, referida al tema previsional; la violencia intrafamiliar, los abusos infantiles, aquellas derivadas de la aplicación de la reforma procesal penal donde los legistas tenemos la obligación de colaborar como testigos o peritos en los tribunales. Hay toda una preparación adicional ligada con temas como la toxicología, las substancias químicas contaminantes, los requerimientos de la ley del medio ambiente.

¿Cómo es su propia relación con la muerte, conociéndola tan de cerca siempre?

No le temo especialmente, le temo más a los vivos. (Se ríe)Es cierto que uno la conoce mucho, ve distintos tipos, pero yo diría que esa experiencia me hace ser más comprensiva con la vida, ser más tolerante y perdonadora con las personas. Tratar de mejorar la vida y disfrutarla.

¿Qué reflexión le nace cuando mira retrospectivamente su vida universitaria?

Que estudié en un lugar donde fui muy feliz, pese a los problemas, que me dio infinidad de oportunidades. como por ejemplo, meterme en otras clases de otras carreras como filosofía o historia, clases que nunca he olvidado.

MUERTE DE FREI MONTALVA PERICIAS CARMEN CERDA AGUILAR

2010-06-24T07:19:00.000-07:00

Así mataron a Frei Montalva

El lunes antes de las elecciones, el ministro en visita Juan Madrid procesó a seis personas por el asesinato de Eduardo Frei Montalva en 1982. Es primera vez que el ministro en visita presenta un panorama paso a paso de la trama que terminó con la vida del ex Presidente DC. Muchos de los antecedentes presentados por el juez se encuentran en las crónicas y reportajes que ha realizado en los últimos años la periodista Mónica González, especialmente en el reportaje que esta revista publicó en julio de 2006.

LOS HECHOS

18 de noviembre 1981: Frei Montalva se opera en la Clínica Santa María de una hernia gastroesofágica. Su doctor es Augusto Larraín Orrego.

4 diciembre 1981. Frei regresa a la clínica, luego de haber sido dado de alta, aquejado por nuevas molestias. Es hospitalizado.

6 diciembre 1981: A las 10:45 la enfermera Olga Ortiz Rojas ve a una enfermera particular trasladar a Frei a rayos X. En el trayecto esta enfermera lo cambia de camilla rompiendo así el guante con el contenido gástrico de la sonda nasogástrica. La enfermera Ortiz se acerca a Frei y le cambia la ropa de cama porque está manchado. Deja constancia en enfermería.

A las 12:00, la enfermera María Elena Zamorano visita a Frei y lo encuentra “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”. Los médicos deciden trasladarlo a la UCI.

El doctor Augusto Larraín Orrego es informado que el nuevo médico a cargo es Patricio Silva, quien opera por segunda vez al paciente debido a que presenta un obstrucción intestinal. Larraín observa la operación y la lesión que identifica es “mesenteritis hipertrófica localizada de tipo inflamatoria”. Esta lesión, dice, no habría sido bacteriana y sólo puede explicarse por la contaminación localizada de un agente químico o tóxico.

8 de diciembre 1981: En el pensionado de la Clínica Santa María, luego de la segunda operación, Frei tiene un schock séptico. Es trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos.Una llamada anónima a cercanos a la familia advierte que el ex presidente está siendo envenenado. Se impide acceso de extraños a la habitación.

22 de enero 1982: Frei muere. Sin la autorización de la familia los médicos Hernán Rosemberg Gómez y González Bombardiere de la Facultad de Medicina de la UC trasladan su cádaver a una clínica particular para realizar un embalsamiento. El departamento de Anatomía Patológica de dicha universidad no fue informado del procedimiento a pesar que ahí se contaban con dependencias para ello. Además del embalsamiento, se realiza una extracción de órganos. Los médicos indicaron que hicieron aquello porque en su juventud Frei habría sufrido una tuberculosis que podría ser la causante de su muerte. La investigación judicial corroboró que no era así.

LOS MEDIOS

* La investigación judicial estableció que, mientras estuvo en la UCI, a Frei se le aplicó “Transfer Factor”, un producto que se encontraba en etapa de experimentación y aún no era autorizado por la Food and Drug Administration norteamericana. Aquello indujo a un shock séptico.

* Según la autopsia realizada por la doctora Laura Borgel y Carmen Cerda, del Departamento de Medicina Legal de la U. de Chile, en los tres meses previos a su muerte Frei Montalva recibió dosis bajas de Talio (veneno utilizado como insecticida y también para matar ratones) y mostaza sulfúrica (un agente químico), por vía endovenosa, lo que provocó daño celular y del DNA. La mezcla de estas sustancias fue administrada en 3 ocasiones. Este tipo secuencial y simultáneo de suministro, potenció el efecto de los productos. Lo anterior descarta una ingesta accidental o suicidio.

LOS ACUSADOS:

Entre los procesados por el juez Madrid se encuentran personas del círculo íntimo de Frei, agentes y doctores que se infiltraron en la clínica.

Luis Becerra Arancibia: ex chofer de Eduardo Frei Montalva. Trabajaba en forma paralela como agente de la CNI, informando de las actividades del ex presidente. Al morir Frei, colaboró en su casa recibiendo a quienes venían a expresar sus condolencias.

Raúl Lillo Gutiérrez: agente de la dictadura, parte de una brigada encargada de seguir, controlar y analizar a la DC. Tenía una carpeta sobre Frei Montalva que guardaba en un kárdex. Por órdenes suyas, Carabineros se ubicaba en las afueras de la oficina de Frei y anotaba a sus visitantes. Lillo mantenía contacto directo con Becerra.

Patricio Silva Garín: médico militar. Fue subsecretario de Salud en el gabinete de Frei Montalva. Trabó amistad con él y participó de la junta de médicos que decidió operarlo de la hernia que lo aquejaba. En sus declaraciones, dice que siempre se opuso a dicha operación, sin embargo, encabezó el equipo médico que operó a Frei Montalva por segunda vez. Silva dijo que no le pidió a Alberto Larraín (el médico de la primera operación) que dirigiera la segunda intervención porque no pudo ubicarlo. Sin embargo, el doctor Pedro Valdivia le informó a Silva que Larraín estaba en la clínica. Silva dice desconocer que mientras estaba en la UCI a Frei se le aplicó Transfer Factor.

Pedro Valdivia Soto, médico. Desde 1976 a 1990 prestó servicios a la DINA y CNI. Atendía a los militares y sus familias, y además hacía fichas médicas de los detenidos. Trabajaba en la Clínica Santa María. En una oportunidad, ingresó a la habitación de Frei sin razón y sin dejar constancia. Según él una enfermera se lo había pedido, pero ella lo niega. También entró varias veces a la UCI a preguntar por su estado de salud. El día que muere Frei, como médico residente, queda a cargo de su cuerpo. Lo niega.

Hernán Rosemberg Gómez y Sergio González Bombardiere: médicos que practican embalsamiento a Frei y les extraen órganos. Rosemberg señala que le fue dada una orden verbal del doctor Roberto Barahona Silva, del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UC. Sin embargo, Barahona estaba jubilado y gravemente enfermo. Murió poco después que Frei.

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS AFIANZADOS POR LA EXPERIENCIA DEBEN CONSIDERARSE EN LAS FISCALIAS

2010-06-24T07:05:00.000-07:00

LOS PELIGROS DEL CAJÓN DE SASTRE.

SENTENCIA DE NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE

LAS CONCLUSIONES PROBATORIAS EN EL CASO TOCORNAL

(CORTE SUPREMA)

Comentario de Daniela Accatino Scagliotti

Santiago, diecisiete de enero de dos mil siete.

Vistos :

Por sentencia de trece de noviembre de dos mil seis, pronunciada en los antecedentes

Rol Interno N° 273-2006 y Rol Único N° 00600170079-9, del Tercer Tribunal de Juicio

Oral en lo Penal de Santiago, integrado por las Juezas señoras Marcela Urrutia Cornejo,

Doris Ocampo Méndez y Olga Fernández Berardi, se absolvió a JORGE ALBERTO

TOCORNAL BABRA, 44 años, soltero, Sub Gerente de banco, cédula de identidad

N° 9.085.645-6, de la acusación formulada en su contra de ser autor de los delitos reiterados

de abuso sexual en la persona de sus hijos menores Jorge y Joaquín ATP, ocurridos

entre julio y noviembre de 2005 en la comuna de Vitacura de esta ciudad.

Asimismo se resolvió condenarlo, como autor de los siguientes ilícitos:

1.– Delito continuado de violación, en grado consumado, perpetrado entre julio y

noviembre de 2005 en la persona de su hijo Joaquín ATP, previsto en el artículo

362 del Código Penal, a la pena de SIETE AÑOS de presidio mayor en su grado

mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos

políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la

condena.

2.– Delito continuado de abuso sexual, en grado consumado, cometido en la persona

de sus hijos menores Jorge y Joaquín ATP, (ambos menores de 14 años), ocurridos

entre julio y noviembre de 2005 en la comuna de Vitacura de esta ciudad, previstos

en el artículo 366 quater del Código Penal, a la pena de CUATRO AÑOS de

presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua

para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos

durante el tiempo de la condena.

Se impone al condenado además, el pago de las costas de la causa, se le priva de

la patria potestad o del derecho a obtenerla, se decreta su interdicción para ejercer la

guarda y ser oído como pariente y se dispone su vigilancia por parte de la autoridad por

los diez años siguientes al cumplimiento de la condena, sin concederle ninguno de los

beneficios alternativos que contempla la Ley N° 18.216/1983, de 14 de mayo.

274 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

En contra de esta resolución, la Defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad

por las siguientes causales y con el carácter que a continuación se indica:

A) Causal principal, contenida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal,

esto es, por infracción de Garantías, específicamente del principio de inocencia,

lo que ocurre, en criterio del recurrente, como consecuencia de la inversión de la

carga de la prueba, específicamente con la acreditación de la data de los hechos imputados,

de elementos incriminatorios contra terceros sospechosos y del incidente

formulado con ocasión de la liberación por el Ministerio Público de la Testigo

Cecilia Pesce Ortega.

B) Causal conjunta con la que antecede, y que se funda en el artículo 373 letra a) del

Código Procesal Penal, invocada como vulneración del Debido Proceso, consagrado

en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República,

la que se habría producido con motivo de la investigación de los hechos por parte

del Ministerio Público, acusada como imperfecta y con omisión de diligencias

relevantes relacionadas con la indagación en torno a la participación de terceros.

C) Causal Subsidiaria, por infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal

Penal, lo que habría acontecido por omisión en la sentencia del requisito del artículo

342 letra c), en relación con el artículo 297, del mismo cuerpo de ley.

D) Causal Subsidiaria, sustentada en la vulneración del artículo 374 letra a) del

Código Procesal Penal, a cuyos efectos se estima que la sentencia ha sido dictada

por tribunal incompetente, lo que ocurre considerando lo dispuesto en el

artículo 484 del Código Procesal Penal y la disposición octava transitoria de la

Constitución Política de la República en cuanto a que la fecha inicial de los supuestos

delitos es anterior al 16 de junio de 2005, fecha de inicio de la reforma

procesal penal en Santiago.

Declarado admisible el señalado recurso, por las causales precitadas, se fijó día y

hora para la audiencia de rigor, la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2006, con la

asistencia de los señores Fiscal, Querellante y Defensor, fijándose fecha para la comunicación

de la sentencia el 17 de enero de 2007, a las 13:00 horas.

Considerando :

A) Causal principal. 373 letra a) del Código Procesal Penal. Infracción de Garantías.

Principio de Inocencia. Inversión de la carga de la prueba.

PRIMERO: Que, la primera causal en que se funda el presente arbitrio, encuentra, a

criterio del recurrente, sustento en el artículo 373 a) del Código Procesal Penal, en

razón de la vulneración del principio de inocencia que ampara al acusado y que se pretende

infringido en este caso.

SEGUNDO: Que, tal razonamiento se construye en base de la tesis según el cual el

tribunal pone de cargo de la defensa acreditar la data de las lesiones sufridas por uno

de los menores víctima, lo que importa en su concepto alterar el peso de la prueba, en

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 275

términos que la falta de acreditación originó la condena de su representado. Asimismo,

sostiene que la deficiente investigación del Ministerio Público –apartada de las normas

legales y con omisión de diligencias importantes, especialmente en relación con la incriminación

de hechos respecto de terceros no indagados– afectó la garantía señalada, la

que asimismo resulta vulnerada como consecuencia del rechazo del incidente formulado

por su parte con ocasión de la liberación por el Ministerio Público de una testigo de

relevancia. Todo lo anterior, estima, incide en el estándar de convicción que deben adquirir

los sentenciadores, desde que este principio de inocencia es el que hace operativo

el límite de convicción que está dado por la duda razonable.

TERCERO: Que, al respecto, cabe acotar que el reconocimiento expreso –como principio

estructural de todo sistema de enjuiciamiento criminal moderno, y que determina

su funcionalidad tanto en lo formal como en aspectos sustantivos, como asimismo su

adecuada inserción y aceptación en el marco jurídico general de respeto a las garantías

y derechos de las personas– está dado por admitir y velar por la eficaz y efectiva aplicación

del mismo en el caso concreto, lo que importa aceptar que nadie –y en tanto no se

hubiere dictado sentencia ejecutoriada en su contra, con los resguardos jurídicos de un

debido proceso– puede ser estimado culpable de un delito, ni tratado como tal.

Que sólo con dicho proceder, y en mérito de tal acto jurisdiccional, como es la sentencia,

es posible asegurar las garantías de un debido proceso.

CUARTO: Que, en lo substantivo, la necesaria acreditación por parte del Ministerio

Público de todos los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a su acusación,

tanto los que dicen relación con el hecho punible materia de ella, sus circunstancias

y las que determinan la participación culpable del imputado, en un justo y racional

procedimiento, deberán emanar necesaria e ineludiblemente de la prueba producida en

la audiencia del juicio oral, la que en su formulación ha de ajustarse a los principios de

publicidad, contradicción e inmediación, conforme a la cual los sentenciadores deberán

formar su convicción, en los términos exigidos por el artículo 297 del Código Procesal

Penal.

QUINTO: Que, en tal desarrollo, sin perjuicio de lo señalado, y atendido que la necesidad

probatoria se plantea como un proceso dinámico, resultante de las diversas

formas que pueda asumir la defensa, y que determinarán o impondrán según el caso

el despliegue de alguna actividad en tal sentido, particularmente cuando frente a los

reproches del Ministerio Público se formule alguna tesis o teoría alternativa de aquélla,

caso en el cual será de su cargo acreditarla, sin que por ello se pueda sostener que se

afecte el debido proceso o el carácter de inocente del acusado, ya que como se ha venido

diciendo la convicción de los jueces, ya para acoger la acusación, ya para desestimarla,

ya para admitir los planteamientos alternativos de la defensa, deberá ser consecuencia

de la acreditación de los mismos mediante la prueba producida en la audiencia.

276 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

SEXTO: Que, así las cosas, y en relación con el motivo de nulidad que nos convoca,

no puede sostenerse que los argumentos que ha planteado el recurrente –ya en relación

con el establecimiento de la data de las lesiones sufridas por el menor Joaquín ATP,

cuya precisión o fecha no fue establecida sino entre dos rangos de tiempo, entre los

cuales se habría producido la agresión sexual a dicho menor, situación que por lo demás

llevó a los jueces a calificar el delito como continuado considerando la ocurrencia de

las conductas imputadas, ni aquello que no resulta ser materia de la acusación fiscal

como es la intervención de terceros en los hechos, cuestión introducida al proceso por

la defensa, como lo relacionado con el rechazo de una incidencia durante la audiencia

relativa a la liberación de una testigo por parte de la fiscalía– como lo pretende el señor

defensor, importen o conlleven alterar la carga de la prueba y con ello concluir que se

lesiona el principio de inocencia. Cabe tener presente al efecto, que tal acontecer no ha

importado liberar al órgano persecutor de acreditar sus pretensiones, como tampoco

imponer a la defensa la prueba de cargos, ya que el establecimiento de los presupuestos

que introdujo esta última al juicio, y que pudieren haber sido de mérito para generar

alguna duda razonable en los sentenciadores en términos que los determinara a resolver

de una manera diferente a como lo han hecho, no importan la vulneración que por

esta causal ha sido formulada, considerando que la valoración emana, por cierto, de la

prueba aportada al juicio.

SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, consecuencialmente no se acogerá la presente

causal.

B) Causal principal conjunta. 373 letra a) del Código Procesal Penal por vulneración

del Debido Proceso.

OCTAVO: Que, el segundo motivo en que se funda este arbitrio y que se ha formulado

conjuntamente con el principal, se sustenta en el artículo 373 letra a) del Código

Procesal Penal, cuya trasgresión se habría producido por vulneración de la Garantía del

Debido Proceso, establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política

de la República, como consecuencia de la deficiente investigación desarrollada por el

órgano persecutor en cuanto imperfecta y no ajustada al estándar legalmente exigible.

NOVENO: Que, de lo expuesto es claro que el vicio que sirve de soporte al presente

recurso, se relaciona con la “calidad” de la investigación del Ministerio Público, órgano

a quien por imperativo del artículo 83 de la Constitución Política de la República le

corresponde de manera exclusiva la investigación y el ejercicio de la acción penal, actividad

que ha sido reglamentada en el Código Procesal Penal, y sujeta a los controles

que la misma ley establece, como son aquellos dados al Juez de Garantía, al imputado

y demás intervinientes. De tal manera que, aún hipotética o especulativamente, para

el caso de ser efectiva la afirmación de la Defensa, en cuanto a las deficiencias, infracciones

y omisiones que ha señalado, ellas debieron ser materia de reclamación en la

oportunidad correspondiente, es decir durante el curso de dicha investigación y aún en

la etapa de preparación de juicio oral, por vía de exclusión de prueba, por lo que, al no

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 277

hacerlo, los reproches en que busca asilo, resultan improcedentes, y no pueden servir

de fundamento al presente recurso.

Que en todo caso, lo sostenido es sin perjuicio de la valoración que de los antecedentes

de prueba aportados al juicio en cuestión y en su caso, pudieron hacer los

jueces del tribunal de Juicio Oral, ya para dar mérito a las pruebas aportadas, o bien

para desmerecerlas en razón de su génesis contraria a las normas legales o constitucionales

que reglan la labor del Ministerio Público, única formula que resulta procedente

en dicho estadio procesal y que se comprenden en las facultades de los Jueces de este

último Tribunal.

DÉCIMO: Que, acorde a lo razonado, no se hará lugar al acogimiento del recurso interpuesto

por este motivo.

C) Causal subsidiaria. Infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal,

en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos de este mismo cuerpo de

ley.

UNDÉCIMO: Que la tercera causal, planteada como subsidiaria de las precedentemente

referidas, encuentra anclaje en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, la

que al decir del recurrente, se ha configurado por omisión en la sentencia del requisito

del artículo 342 letra c), en relación con el artículo 297, del mismo cuerpo legal, en

razón de sobrepasar dicha resolución los límites de la libre valoración de la prueba, al

no contener una exposición clara, lógica y completa, no sólo de los hechos y circunstancias

de la causa, sino también de aquellos que dicen relación con la valoración de

los medios de prueba en que se fundamentan sus conclusiones, lo que determina en

definitiva que el fallo recurrido arribara a juicios parciales y equivocados.

DUODÉCIMO: Que, es menester dejar sentado que el régimen probatorio adoptado

en el nuevo sistema y que comprende por una parte la libertad de prueba y por la

otra, la libre valoración de la misma –dos aspectos indispensables para su adecuada

funcionalidad– no puede sino tener otros límites que los expresamente dados por el

legislador, cuales lo son, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos

científicamente afianzados, todo lo cual ha de materializarse en la fundamentación de

las decisiones judiciales, de tal forma que estas guarden la correspondiente armonía con

los extremos señalados, en términos de satisfacer los fines del proceso, manera en que

se legitiman las resoluciones judiciales, particularmente aquellas contenidas en una

sentencia definitiva, en el contexto de la seguridad jurídica y de la paz social.

DÉCIMO TERCERO: Que, en dicho mérito, y del tenor del extenso fallo que ha precedido

a la decisión de los sentenciadores, quienes incluso, como plus han trascrito las

diversas actuaciones llevadas a efecto en la audiencia, sin que ello sea una exigencia de

las estrictamente necesarias que señala el artículo 342 del Código Procesal Penal –es

sólo a partir de la motivación decimotercera, donde se da inicio al análisis de la prueba

278 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

que han percibido por sus sentidos y que en dicho contexto les corresponde exclusivamente

ponderar– arriban a la conclusión que en relación con la acusación Fiscal relativa

a los delitos de violación del menor Jorge ATP y de abuso sexual de los menores Jorge y

Joaquín ATP, se habrían acreditado tanto aquellos como estos, así como la participación

que en calidad de autor ha correspondido en ellos al imputado.

DÉCIMO CUARTO: Que, sin embargo, tales consideraciones no se ajustan al raciocinio

propio del marco legal a la hora de arribar a la decisión condenatoria, ya que está

afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar en relación a los tópicos

que se han planteado en el recurso por esta causal, ya para acoger la prueba de la fiscalía,

ya para desestimar aquella aportada por la defensa, como al referirse a los hechos no

probados de la causa en relación con tales ilícitos.

DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto y como se ha advertido en el libelo, la existencia

de aparentes discrepancias entre los informes periciales producidos en la causa, en

cuanto a la fecha y naturaleza de las lesiones que han sido advertidas en el menor, no

han sido obstáculo para tener por sentada su naturaleza y origen, lo que sin embargo,

ha ocurrido sin que los jueces expliquen o den razón de tal proceder, omisión que importa

transgredir el precepto del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, sin

que pueda sostenerse como lo pretende Fiscalía, que por tratarse de una cuestión accesoria

o inexistente, sea suficiente para subsanarla y despejar las dudas que al respecto se

plantean, más aun cuando tales afirmaciones deben provenir precisamente del Tribunal

y no de las partes del juicio.

DÉCIMO SEXTO: Que, del mismo modo y para cumplir los fines de fundamentación

del fallo, particularmente aquel que permita reproducir de forma clara y precisar el

razonamiento de los sentenciadores, no concurre, a la hora de decidir, cuál es la data de

las lesiones, las razones por las cuales no fue posible determinar le fecha en que ocurrieron,

ya sean estas positivas o negativas, y las consecuencias, si alguna tuviere, en la

decisión definitiva y en relación con los planteamientos de la defensa. Más aún cuando

en base a dicha indeterminación se llegó a concluir que los delitos acreditados tenían el

carácter de continuados, sin que, y por las mismas razones, se satisfagan las exigencias

doctrinarias dadas para tal figura, de lo que resulta que el lógico encadenamiento de

pruebas, valoración de la misma, hechos probados o no probados, y conclusiones, en la

especie no resulta de una secuencia correlativa de etapas, o procesos ya materiales, ya

intelectuales, lo que impide, como se ha anticipado, satisfacer los requerimientos perentorios

de la norma del artículo 342 letra c) y en relación con el artículo 297, ambas

del Código Procesal Penal.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las anteriores reflexiones son igualmente aplicables al planteamiento

que formula el recurrente en relación con las conclusiones inconsultas que

se han derivado de las exposiciones de los peritos Marlene Martínez y Digadiel Rojas,

en cuanto a ciertas características del imputado, por lo que las mismas, sin el idóneo

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 279

sustento, impide a los jueces arribar a ellas, ya sea por carecer de tales conocimientos,

ya por no existir antecedentes de tal naturaleza que la determinen.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por lo demás y a mayor abundamiento, cabe señalar que

la forma general como el Tribunal ha procedido para rechazar la prueba documental

producida en la causa, sin perjuicio de la nominación que en cada caso y respecto de

los instrumentos en cuestión se ha dado, resulta del todo insuficiente ya para atribuirle

mérito o bien restárselo sin siquiera ilustrar o precisar el porqué ellos no son significativos

o no aportan elementos de juicio a la hora de su ponderación.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme lo dicho, el presente recurso será acogido por esta

causal en análisis, resultando por consiguiente innecesario pronunciarse por el motivo

cuarto de nulidad, esto es la causal subsidiaria que se funda en el artículo 374 letra A)

del Código Procesal Penal.

Y visto lo dispuesto en los artículos 297, 342, 372, 374 letra e), 376, 383, 384,

386 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso, de nulidad deducido por la Defensa

del imputado Jorge Alberto Tocornal Babra, por la causal tercera subsidiaria, esto es,

la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, declarándose por consiguiente la

nulidad del juicio y de la sentencia de tres de noviembre de dos mil seis, dictada en estos

antecedentes por la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,

debiendo procederse a realizar un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado.

Acordada con el voto en contra de abogado integrante Sr. Domingo Hernández E.,

quien estuvo por rechazar el recurso en estudio por todas las causales formuladas, en

atención a las siguientes consideraciones:

1. Que en lo que dice relación con los dos primeros motivos de invalidación que se

han esgrimido, comparte los fundamentos dados en la presente sentencia y los hace

suyos.

2 Que en lo concerniente a la causal tercera subsidiaria y que dice relación con la

infracción al artículo 342 letra c) en relación al artículo 297 del Código Procesal

Penal, la que se fundamenta en el motivo de nulidad que contempla el artículo

374 letra e) del señalado cuerpo legal, estima que los planteamientos del recurrente

sólo dicen relación con una diversa valoración de la prueba aportada al proceso,

cuya ponderación, por ser de la esencia de la potestad jurisdiccional, compete de

manera exclusiva a los jueces de la causa, toda vez que, y en razón de los principios

de la inmediación, contradicción y oralidad, sólo estos se encuentran en situación

de aquilatarla.

3. Que, en tal contexto, la diversa apreciación que de la prueba rendida tuviere el

recurrente, no puede servir de fundamento a un recurso de carácter extraordinario

y estricto como el que se analiza, más aún cuando de su exposición no aparece que

se hubiere incurrido en los vicios que se denuncian.

En efecto, del examen del fallo impugnado se desprende que los jueces se han

hecho cargo de la prueba rendida, dando en cada caso los fundamentos que permiten

claramente comprender las razones por las cuales fue admitida o rechazada,

280 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

exponiendo igualmente y de manera lógica las consideraciones que en virtud de

ella les fue posible arribar para el establecimiento de los hechos que tuvieron por

sentados, los que por reunir en su caso las exigencias típicas, pudieron ser calificados

acorde con los delitos que establecen y sancionan los artículos 362 y 366

quarter del Código Penal, de tal suerte que no surge ninguna duda en cuanto a que

la sentencia en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 342,

letra c), sin que los extremos probatorios dados por el artículo 297 del Código

Procesal Penal, hubieren sido sobrepasados, desde que no se advierte, más aún ni

el recurrente lo señala, cuál es el principio de la lógica contrariado, ni los conocimientos

científicos transgredidos, menos aún se refiere el recurso a las máximas

de la experiencia, sin que la sola mención genérica de estos elementos inherentes

a la sana crítica, sin la debida especificación en cada caso, pueda revestir mérito

suficiente para configurar un vicio de nulidad, con las consecuencias que de ello

deriva, particularmente en el caso de autos, desde que la anulación del fallo conlleva

la realización de un nuevo juicio y, por consiguiente, una nueva exposición

de las víctimas de corta edad, a los trámites y tensiones que eso significa, por lo

que el rigor en el análisis de la causal invocada y el imperativo de no desvirtuar

el sentido y alcance de este arbitrio, llevan a este disidente a rechazar la presente

causal de invalidación.

4. Que, por último, y en relación con la causal del artículo 374 letra A del Código

Procesal Penal, y dado que es un hecho de la causa que los sucesos acontecieron

entre julio y noviembre de dos mil cinco, fecha en la que se encontraba plenamente

vigente en la región metropolitana la novel justicia penal, el conocimiento de

estos antecedentes ha sido sometido y resuelto por el tribunal que conforme a la

ley, naturalmente era llamado a ello, por lo que en la especie no se configure el

vicio que por esta causal se ha reclamado.

5. Que, por lo expuesto, estuvo por rechazar el recurso en todas sus partes y, en consecuencia,

declarar que el juicio oral de autos, así como la sentencia de trece de

noviembre de dos mil seis, pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal del Juicio

Oral en lo Penal de Santiago, no son nulos.

Redacción del Abogado Integrante señor Juan Carlos Cárcamo Olmos y del voto

disidente su autor.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 6112-06.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau

del C., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y los abogados integrantes Sres. Juan

Carlos Cárcamo O. y Domingo Hernández E.

Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 281

Comentario

Entre las causales de nulidad previstas por el Código Procesal Penal (CPP), hay una

que es invocada con mucha frecuencia por los recurrentes, a veces como causal principal,

pero sobre todo –como ocurre en el caso que es objeto de este comentario– como causal

conjunta o subsidiaria. Se trata de la omisión de alguno de los requisitos de la sentencia

previstos por el artículo 342, letras c), d) y e) del CPP. En particular, se suele impugnar

por esta vía la fundamentación de las conclusiones probatorias, reprochándola como

insuficiente o defectuosa a la luz de las exigencias establecidas en el artículo 297 CPP,

que, como se sabe, sujeta la valoración de la prueba a los principios de la lógica, las

máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y requiere,

además, que la fundamentación de esa valoración sea completa –que se refiera a toda

la prueba producida y a todos los hechos y circunstancia que se den por acreditados– y

permita al lector arribar a las mismas conclusiones afirmadas en la sentencia.

Esta tendencia puede ser interpretada de dos formas. O bien los Tribunales de Juicio

Oral en lo Penal (en adelante TJOP) no están justificando, en general, adecuadamente

las conclusiones probatorias que afirman en sus sentencias, o bien la causal apuntada es

vista como un cajón de sastre en el que, con buena voluntad y algo de maña, todo puede

caber. Cualquiera sea el caso, la tarea de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema

al enfrentarse a esa causal de nulidad es delicada y crucial.

En el marco del sistema restrictivo de recursos establecido por el Código Procesal

Penal, la causal en cuestión constituye la vía fundamental de control de la racionalidad

en el establecimiento judicial de los hechos. El razonable ejercicio de ese control supone,

sin embargo, una tarea ciertamente difícil: la de trazar la frontera entre una motivación

completa y adecuada y una insuficiente o defectuosa. A pesar de su dificultad es

indispensable abordarla y no ceder a dos tentaciones que parecen permitir eludirla. La

primera es la tentación formalista, que restringe la aplicación de la causal a los casos

fáciles de ausencia de consideraciones o argumentos contradictorios. Su debilidad reside

en dejar abierto el paso a arbitrariedades menos evidentes. La segunda tentación es la

vulgarista, que recurre a la causal laxamente, sin hacer esfuerzos por articular criterios

que precisen, en diversas clases de situaciones probatorias, el sentido y el alcance de las

exigencias del artículo 297. El primer peligro que esta segunda tentación envuelve es,

de nuevo, la arbitrariedad, referida ahora a la obtención de la nulidad y el acceso a un

nuevo juicio. Si se invocan los “principios de la lógica”, las “máximas de la experiencia”

Alguna información estadística relevante puede encontrarse en Chaigneau, A., “Tabla detallada de

resúmenes de recursos de nulidad presentados ante la Corte Suprema entre 2000 y 2005”, Política Criminal,

Nº 2, 2006. D2, pp. 1-26.

Esa interpretación vuelve más áspera además la tensión entre el CPP y los tratados internacionales

suscritos por Chile que reconocen un derecho a favor de quien ha sido condenado penalmente para interponer

un recurso ante un tribunal jerárquicamente superior. Vid. al respecto Coloma, R., “Los límites del

recurso de nulidad como mecanismo de control de la decisión sobre los hechos”, en Revista de Derecho de la

Universidad Católica de Temuco, Nº III, 2002, pp. 55-77.

282 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

o los “conocimientos científicamente afianzados” sin realizar un esfuerzo argumentativo

para diferenciar sus condiciones de aplicación y establecer el nexo entre el concepto y

la solución supuestamente justificada en él, las partes y el público pueden preguntarse

entonces, legítimamente, si no habrá sido la alta exposición pública de un caso, o la

posición social del imputado, lo que determinó que cierta sentencia y cierto juicio

“merecieran” ser anulados. Por otra parte, si la casual de falta de fundamentación se usa

como un flexible cajón de sastre al que recurrir cuando, por cualquier consideración, la

sentencia y el juicio “merezcan” ser anulados, la nulidad perderá el carácter extraordinario

y estricto que tiene en el nuevo diseño procesal penal y se derrochará injustificadamente

el enorme esfuerzo institucional y personal (sobre todo si hay víctimas menores de edad)

que significa la repetición de un juicio.

La sentencia de la Corte Suprema que es objeto de este comentario constituye un

buen ejemplo de la seducción que la tentación vulgarista parece ejercer sobre nuestros

tribunales superiores. Así, el fundamento de la anulación es, según el considerando

décimo cuarto, “que está afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar”,

exigencia de la que no se esboza ninguna caracterización general que permita apreciar

su infracción en el caso concreto. La estrategia elusiva que la sentencia sigue consiste en

identificar las partes de la sentencia anulada que pondrían de manifiesto ese evidente

defecto. El problema es que si miramos la sentencia en cuestión (Sentencia de 13 de

noviembre de 2006 del Tercer TOJP de Santiago), sus posibles insuficiencias no resultan

en absoluto lo evidentes que los argumentos del voto de mayoría de la Segunda Sala

de la Corte Suprema pretenden. Puesto que la sentencia del TOJP es extensísima (más

de doscientas páginas) sólo transcribiré a continuación algunos párrafos que permiten

poner de manifiesto la observación anterior.

La primera ilustración de la afección del “mecanismo de la lógica” sería, según el

considerando décimo quinto, el haber tenido por acreditada la naturaleza y origen de las

lesiones del menor a pesar de haber “aparentes discrepancias entre los informes periciales

producidos en la causa”, “sin que los jueces expliquen o den razón de tal proceder”.

Con todo, en el considerando vigésimo de la sentencia anulada nos encontramos con las

siguientes declaraciones:

“Que en sus alegatos de apertura y clausura la defensa arguyó, en primer término,

que los hechos que se imputan a Tocornal no se cometieron, no ocurrieron nunca

porque no hay indicadores de penetración anal. Para tal efecto presentó a dos peritos,

Carmen Cerda y Luis Ravanal, que periciaron el informe que elaboró el Médico

Legista del Servicio Médico Legal Ricardo Díaz Serani. Ambos peritos de la defensa

Un esfuerzo malgastado que, por otra parte, implica, en nuestro sistema procesal penal, el riesgo

para el condenado en el primer juicio de terminar sometido a una pena más alta en el segundo. Esto es

precisamente lo que ocurrió en el caso que motiva este comentario.

Lo que no excluye, cabe advertir, que la tentación formalista no resulte igualmente sugestiva. Vid. al

respecto mi trabajo “La fundamentación de la declaración de hechos probados en el nuevo proceso penal. Un

diagnóstico”, en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Vol. XIX, Nº 2, 2006, p. 15 y nota 13.

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 283

criticaron la simpleza y falta de descripción del informe de aquel, expresando que

éste no permitía a otros peritos concluir lo que en él se contenía, esto es, que las

supuestas lesiones eran compatibles con el relato del menor.

Que las declaraciones de Cerda y Ravanal serán desestimadas por el tribunal primero,

porque nunca examinaron al menor, y porque sus dichos estuvieron referidos

a un informe escrito, que no fue la prueba rendida en este juicio oral toda vez que

aquella estuvo constituida por la declaración que el perito Díaz Serani prestó en

audiencia y a través de la cual, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio,

ilustró al tribunal acerca de las lesiones, zonas blanquecinas, fisuras e hipotonía

que presentaba el ano del niño XX.

“Asimismo, la afirmación de la defensa durante la clausura de que las declaraciones

de estos peritos se encuentran documentadas será desestimada habida cuenta de los

principios y normas de la reforma procesal penal, en virtud de los cuales la prueba a

valorar es la que se rinde en el juicio oral, sin que sea posible que los sentenciadores

revisen la carpeta de la fiscalía o los informes escritos que se contienen en ella.

No dejó de llamar la atención de estos sentenciadores que ambos peritos –Cerda

y Ravanal– se hubiesen limitado a criticar el informe escrito que Díaz Serani que

le era desfavorable a la defensa, pero nada dijeron del de YY [el otro menor], que

les era propicio.

Asimismo, en cuanto al cuestionamiento de la especialidad del perito Díaz Serani,

el tribunal no la considera, porque este médico se desempeña en el Servicio Médico

Legal, efectuando alrededor de 60 pericias al mes relativas a delitos sexuales, en

cambio la perito Cerda está a cargo de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad

de Chile y el doctor Luis Ravanal trabajó en el Servicio Médico Legal como jefe

de Tanatología.

Especial detención merece una de las afirmaciones de la perito Cerda Aguilar, la

cual, para cuestionar la experticia de Díaz Serani, refirió que en sus 30 años de

experiencia nunca había visto heridas o fisuras que no fueran a las 6 de la tarde,

en posición cúbito abdominal o mahometana, dando una explicación médica al

respecto, pero que se contradice con jurisprudencia existente en materia de violaciones

por vía anal.

[…] [Se citan tres fallos]

Que para desacreditar el testimonio de Díaz Serani, en lo que atañe a cómo se realizan

las pericias de sexología y quien practica la anamnesis de las víctimas, la defensa

presentó como testigo a Marisol Barra, auxiliar de paramédico en sexología del

Servicio Médico Legal. Su testimonio resultó infructuoso, toda vez que no recordó

las actividades que realizó el día dos de diciembre del 2005, como tampoco haber

atendido a un menor ese día. Sus asertos referidos a las labores que desempeña no

pudieron contradecir a las del doctor Díaz Serani, contrariamente a lo afirmado por

la defensa en su clausura, toda vez que expresó trabajar con un grupo de médicos y

conocer al doctor Díaz Serani, sin que se precisara si ese día trabajó con aquel”.

284 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

Como se puede apreciar, la parte transcrita de la sentencia del TJOP no omite justificar

la desestimación de los informes periciales aportados por la defensa, como parece

sugerir la sentencia de la Corte Suprema, sino que, por el contrario, aporta argumentos

claramente dirigidos a ese fin. Para fundar la decisión de anular en esta parte de la

sentencia del TJOP habría sido necesario afirmar y justificar el carácter defectuoso o

insuficiente de esos argumentos. Algo que la sentencia de nulidad no hace (incurriendo,

ella sí, por tanto, en una infracción de la exigencia de fundamentación).

Algo semejante ocurre con el segundo de los puntos en los que la sentencia anulada

resultaría defectuosa. De acuerdo al considerando décimo sexto de la sentencia de

nulidad aquélla omite indicar la data de las lesiones o las razones por las que no fue

posible determinarla y las consecuencias que ello pudiera tener en la decisión definitiva.

La lectura del fallo anulado resulta, también en esta ocasión, desconcertante. Por una

parte, el considerando décimo sexto precisa que:

“(…) resultó acreditado que un adulto, accedió carnalmente por vía anal, en distintas

oportunidades, a un menor de 14 años de edad, vulnerando la misma norma prohibitiva,

y efectuando las conductas ilícitas respecto del mismo sujeto pasivo, pero

al no haberse podido determinar el número de veces, ni fechas en que se realizaron

dentro de ese período, se sancionarán como un delito continuado”.

Previamente, en el considerando décimo tercero la sentencia da cuenta de las razones

que permiten arribar, a partir de la prueba aportada en juicio, a esas conclusiones

y argumenta latamente sobre la credibilidad de las declaraciones de la víctima y de los

testigos de oídas y sobre su confirmación con las declaraciones de los peritos. Unas y

otras se reproducen además, in extenso, en el considerando octavo de la sentencia y en

ellas –particularmente en la declaración del médico legista Jorge Díaz Serani– se hace

expresa referencia a la imposibilidad de determinar la fecha exacta de las lesiones.

Por último, en el considerando vigésimo quinto la sentencia anulada vuelve a referirse

a la cuestión de la indeterminación de las fechas en que se habrían cometido los

ilícitos y justifica de qué manera incide esa indeterminación en la decisión que adopta

en definitiva el Tribunal:

“ (…) En cuanto a la pluralidad de acciones, existieron conductas similares entre sí,

ocurridas en distintas fechas, las que no fueron posibles determinar con certeza en

atención a que sólo se contó con la versión de las víctimas, ambos niños pequeños

que se referían en plural, a que estos sucesos ocurrían cuando salían con el padre

durante las visitas reguladas. Esta información no se desprendió indubitadamente

de la prueba aportada, no se pudo determinar los fines de semana que estuvieron con

el padre, y sólo se acreditó que estos eventos ocurrieron más de una vez en el lapso

estimado como aproximado, en sus dos vértices de inicio y fin, lo que constituye el

transcurso de cierto lapso de tiempo entre la ejecución de cada una de las acciones;

todas estas acciones ilícitas se efectuaron en perjuicio de los mismos ofendidos,

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 285

dándose en consecuencia la unidad de sujetos pasivos, en cada caso, como asimismo,

que en cada uno de ellos, se vulneraron las mismas normas punitivas.

Desde esta perspectiva, los hechos establecidos en los motivos respectivos, constituyen

un conjunto de conductas ilícitas de un mismo sujeto, ejecutadas con el mismo

propósito, en contra de los mismos afectados, dentro de un mismo contexto y en un

lapso de tiempo determinado, en la especie, entre los meses de julio y noviembre

del 2005, y que vulneraron el mismo bien jurídico protegido, la indemnidad sexual

de los menores afectados, sin que se pueda precisar con certeza el número de ellas

ni las fechas en que se realizaron, en consecuencia, sólo cabe aplicar esta figura denominada

delito continuado, sancionando los diversos hechos como un solo delito,

en cada caso, y esta falta de certeza, sobre la cual se ha razonado en forma lata, es

el fundamento que impulsa la consecuente penalidad más baja”.

Por consiguiente, la pretendida omisión de argumentos, denunciada en la sentencia

de nulidad, no parece corresponder tampoco en esta parte a la realidad de la sentencia

anulada. También aquí la impugnación habría debido fundarse en el carácter insuficiente

o defectuoso del razonamiento desarrollado en la sentencia anulada. O bien, si el problema

fuera –como confusamente sugiere el considerando décimo sexto de la sentencia

de la Corte Suprema– la falta de satisfacción de las exigencias doctrinales de la figura

del delito continuado, la impugnación habría debido fundarse entonces en la existencia

de una errónea aplicación de derecho (artículo 373 letra b del CPP), causal que no fue

invocada por la defensa al deducir el recurso.

La perplejidad continúa con respecto al tercer punto que demostraría que en la

sentencia anulada “está afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar”.

Se trata, como denuncia el considerando décimo séptimo de la sentencia de nulidad, de la

falta de sustento de las “conclusiones inconsultas que se han derivado de las exposiciones

los peritos Marlene Martínez y Digadiel Rojas, en cuanto a ciertas características del

imputado”. Esas conclusiones serían, al parecer, las que formula la sentencia anulada en

el considerando vigésimo segundo, en él se ocupa de justificar la desestimación de las

alegaciones del imputado, evaluando su credibilidad. En ese contexto se señala que:

“Su frialdad, evidenciada por la psiquiatra Marlene Martínez y el psicólogo Digadiel

Rojas fue observada por estas jueces, aún cuando habían transcurrido casi nueve

meses después de esas evaluaciones, manteniendo el mismo desafecto y distancia

afectiva que los peritos percibieron”.

Estas conclusiones carecerían de sustento en la sentencia de juicio oral si en ella

no se hiciera referencia al contenido de las declaraciones de los peritos o si éstas no

hicieran alusión alguna al punto en cuestión. Sin embargo, en el considerando octavo

se reproducen las declaraciones de los peritos y en ambas hay referencias claras a la

“frialdad” del imputado:

286 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1

“En todo su relato respecto de la familia hay poca modulación afectiva, esto significa

que es concordante con los contenidos pero lo hace con poca modulación, hay

carencia de emoción, uno esperaría que si habla del hijo y de los problemas de salud

de este que hubiera sintonía, manifestaciones personales y en eso se ve frío como si

tuviera alejado de la situación, cuando habla de su hijo o de su ex esposa pareciera

que habla de otras personas. Esto tiene que ver con la empatía”. [Declaración de

Marlene Martínez]

“Explica que tampoco se advierte un correlato afectivo en su narración, se observa

distancia afectiva con lo que relata. (…) También, explica, evidencia distancia

emocional o frialdad afectiva, hace alusión a los hechos con distancia y devaluando

al hijo, lo describe como un problema, enfermo, no hay ni siquiera afecto depresivo,

esto se advierte, dice, tanto en la clínica como en el test”. [Declaración de

Digadiel Rojas]

De nuevo, entonces, si se toma en cuenta la sentencia anulada en su totalidad, el

defecto imputado no resulta en absoluto evidente. Parece tratarse además, en este caso,

de un eventual defecto relativo a un punto de relevancia bastante menor en el conjunto

de la justificación de la condena, al que difícilmente podría atribuirse influencia en al

parte dispositiva de la sentencia, como requiere el artículo 375 del CPP para que proceda

la declaración de nulidad.

Finalmente, la impugnación que la sentencia de la Corte Suprema hace de la forma

en que la sentencia anulada desestima la prueba documental presenta problemas semejantes

a los antes descritos. A diferencia de lo que ocurre con los anteriores argumentos,

en este último se reconoce que el defecto no consiste en la falta de argumentos sino en

su insuficiencia. Con todo, considerando que son muchos los documentos que la sentencia

de juicio oral individualiza y desestima, la referencia genérica a su insuficiencia no

parece –paradójicamente– suficiente. De hecho, hay casos en los que la insuficiencia de

la justificación de la desestimación no resulta en absoluto obvia. Así ocurre a mi juicio,

por ejemplo, respecto de los siguientes documentos aportados por la defensa:

“9.– Oficio N° 336, de 08 de marzo de 2006 del señor Decano de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Chile, respecto del doctor Sergio Canals, que señala

que éste ingresó al Programa de Psiquiatría Infantil, pero que no rindió el examen,

requisito indispensable para optar al título de especialista. (letra c) n º 12 del auto

de apertura)

Este documento será desestimado, porque el doctor Canals nunca negó ese hecho y

reconoció en el juicio que no rindió el examen final en el programa de Especialistas

de Psiquiatría Infantil, porque no se exigía en su época, agregando que aquello no

le impedía dedicarse a atender pacientes infanto juveniles. Asimismo, si la defensa

pretendía con ese documento, cuestionar la idoneidad del perito debió haberlo

hecho valer en la oportunidad en que Canals declaró o al menos haber expresado la

defensa, durante su incorporación por lectura resumida, lo que pretendía acreditar

o desmerecer con ello.

2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 287

10.– Copia de una anamnesis, extendida por la Clínica Alemana, que da cuenta

de atención efectuada por la pediatra doctora Cecilia Álvarez G. al menor XXX

(letra c) n º 17 del auto de apertura). En él se da cuenta de una atención, de fecha

veinte de julio del dos mil cinco, donde figura un diagnóstico de bronquitis aguda

prob. Viral, y se describe como hechos relevantes una “enuresis nocturna hace dos

noches, enfrenta hace dos semanas cambio de colegio y embarazo de la mamá de

segundo matrimonio”.

Este documento será desestimado porque solo da cuenta de un cuadro de bronquitis

del niño, no pudiendo estos jueces darle valor a las conclusiones contenidas en ese

informe, porque la profesional que lo extendió no declaró en el juicio oral como

para haber ilustrado a estas sentenciadoras sobre el alcance de ese diagnóstico”.

Este análisis del último defecto atribuido a la sentencia de juicio oral confirma, a mi

juicio, la imagen que se perfilaba al comienzo: la de una sentencia de nuestro máximo

tribunal que no articula una justificación suficiente de su decisión de anular por falta

de fundamentación y que no parece, por ello, tomar todo lo en serio que debiera la gravedad

de esa decisión y la complejidad de su rol como garante de la racionalidad en la

valoración de la prueba. El voto disidente del abogado integrante Domingo Hernández

entrevé, en cambio, los dos puntos con lucidez cuando se refiere a la insuficiencia de

“la sola mención genérica de estos elementos inherentes a la sana crítica, sin la debida

especificación en cada caso” para “configurar un vicio de nulidad, con las consecuencias

que de ello se derivan”, y a la necesidad de preservar “el rigor en el análisis de la causal

invocada y el imperativo de no desvirtuar el sentido y el alcance de este arbitrio” (consideración

tercera).

APRECIACION DE LA PRUEBA Y ERRORES

2010-06-24T06:21:00.000-07:00

Debido Proceso, Potestad Punitiva, Apreciación de Prueba, Requisitos Formales de Sentencia, Violación
El debido proceso no tiene realmente por objeto instaurar la igualdad entre contendientes de poderío equiparable, sino asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva centralizada

Sentencia Corte Suprema
Santiago, once de agosto de dos mil cuatro.
Vistos:
En esta causa del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Rol Único 0300031804-2, Rol Interno del Tribunal 034-2004, por delito de violación, seguida en contra del imputado Marcelo Eduardo Meriño Aravena, por sentencia de fecha cinco de junio de dos mil cuatro, el mencionado tribunal lo absolvió de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público, a la que se adhirió el querellante Servicio Nacional de Menores, en cuanto lo estimó responsable, en calidad de autor, del delito de violación, en contra del menor de iniciales A.M.G.D., perpetrado el 2 de marzo de 2003 en la ciudad de Temuco y, condenándose en costas al citado Ministerio Público, acusador fiscal y al adherente Servicio Nacional de Menores.
En contra de la sentencia ya referida, el Fiscal Adjunto del Ministerio Público de Temuco, dedujo recurso de nulidad con la finalidad de invalidarla, invocando para ello, conjuntamente, las causales contenidas en los artículos 373, letra a) y 374, letra e) en relación con el artículo 342 letras c) y d), todos del Código Procesal Penal, la última en carácter de subsidiaria.
Habiéndose concedido el recurso y estimándose admisible por esta Corte Suprema se dispuso su inclusión en la tabla para el día veintidós de julio del año en curso. En la audiencia respectiva, realizada para ello, se desarrolló la vista de la causa, con la concurrencia y alegatos de la abogado María Elena Santibáñez, en representación del Ministerio Público, por el recurso, y del abogado Francisco Cox Vial, en representación del imputado, disponiendo el Presidente de la Sala la citación para la lectura de fallo, la que se fijó para el día 11 de agosto en curso
Considerando:

PRIMERO.- Que el primer aspecto del recurso se funda en la causal contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, centrándolo en la violación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental, que asegura el respeto y la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia; en relación a lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que también estima vulnerada en la tramitación del juicio motivo del presente recurso, y que ordena que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, pues señala que el Tribunal Oral aceptó la incorporación durante la audiencia del juicio oral, del contenido de un expediente por medida de protección en relación al menor víctima de los hechos materia de la acusación, mediante la declaración en esos términos de un perito presentado por la defensa.

SEGUNDO. Que, así, manifiesta, que a causa de la exposición pública durante la tramitación del ese juicio de antecedentes reservados correspondientes al proceso por medida de protección, se han afectado, o no pudieron menos que afectarse, las garantías constitucionales sobre la honra de la víctima y su familia, por lo que estima que este vicio en que incurrió la sentencia sólo puede repararse mediante su declaración de nulidad, así como la del juicio. Tal quebrantamiento se habría producido, a su parecer, por las siguientes razones:

a) La defensa del acusado pretendió, ya en la audiencia de preparación del juicio oral, incorporar al juicio como medio de prueba el expediente sobre medida de protección respecto del menor Allan González Delgado, rol 2743/1999, del Segundo Juzgado de Menores de Temuco, por lo que solicitó que el Ministerio Público le entregara copia de tal proceso, el que ya no se encontraba en poder de la fiscalía, y asimismo, ésta se opuso a tal requerimiento por la afectación de los derechos de la víctima, por ser estos antecedentes de carácter reservado. El juez de Garantía no dio a lugar a la solicitud de la defensa por ser extemporánea y por afectar a los derechos de la víctima, a su honra y vida privada;
b) Sin embargo, señala que durante la realización de la audiencia del Juicio Oral, la defensa aludida logró, por medio de la declaración de la perito Dra. Sonia Méndez Caro, medico psiquiatra el Servicio Médico Legal, quién evaluó al imputado y luego solicitó el expediente antes señalado, incorporando arbitrariamente en su declaración ante el Tribunal Oral todo el contenido de él, infringiéndose asimismo, las normas de los artículos 276, 277 e) y 295, por haber incorporado prueba que no había sido incluida en el auto de apertura correspondiente.
c) Que, por lo anterior, se ha vulnerado además el principio de igualdad consagrado en el inciso 1º del artículo 19 Nº 3, en su manifestación procesal-procedimiental, en el sentido de que ambas partes reciban un igual distribución de opciones de defensa y cargas procesales, y se les asegure un debido proceso. En efecto, estima que al permitir el Tribunal Oral la incorporación de una prueba no incluida en el auto de apertura del juicio oral, ya señalado, se infringió el principio de igualdad de armas, ya que el recurrente de nulidad no tuvo conocimiento de que aquel antecedente sería incluido de manera artificiosa, mermando las posibilidades de controvertirlo;
d) Que, por último señala infringidas los artículos 5, 6. 7 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, al admitirse y recibirse una prueba improcedente por no haber sido incluida en el auto de apertura tantas veces señalado, cuyo contenido tenía carácter de reservado;

TERCERO.- Que, un segundo aspecto del recurso se basa en la causal de nulidad contemplada en la letra e) del artículo 374 en relación con el artículo 297 y 342 letras c) y d), todos del Código Procesal Penal, señalando que la Corte es competente para conocer de ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 376 inciso cuarto del mismo cuerpo de leyes. En este sentido, la recurrente ha sostenido que la sentencia impugnada no cumple con la obligación legal de hacerse cargo de toda la prueba producida en su integridad. Además indica, en relación con las demás probanzas, que tampoco las analiza ni expresa las razones por las cuales no las toma en cuenta, por lo que la fundamentación no permite la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega.

CUARTO.- Que indica, además, que es contradictoria en tales conclusiones, de acuerdo a los siguientes fundamentos:

a) Declaración del testigo Dr. Adolfo Díaz Borquez, que fue el primer facultativo que atendió al menor, quién declaró que apreció una erosión en la región perianal del menor, prueba que, según señala la recurrente, el tribunal simplemente no la considera para efectos de arribar a su decisión absolutoria;

b) Declaración del perito Dr. Nestor San Martín Urrutia, quién señala, como se dijo en las alegaciones ante estrados, que la erosión podría haber sanado al momento del examen, lo que explicaría su ausencia, lo que no fue considerado por el tribunal, ni se señaló las razones por las que se desestimaba tal declaración;

c) Declaración de la perito Dra. Carmen Cerda Aguilar, quien consultada sobre su experiencia, señaló que en su trabajo no efectúa informes sobre constatación de lesiones hace alrededor de 20 años y, en su declaración no se hace cargo de la presencia o ausencia de lesión anal en la víctima, dando cuenta que la pericia no tuvo como objeto la persona de la víctima sino de informes emitidos por otros médicos. Que de ello el sentenciador no se hizo cargo y, agrega la recurrente, además incurre en contradicción entre la conclusión que arriba y la prueba rendida;

d) Declaración de la testigo Dra. Viera Barrientos, presentada por la defensa en calidad de perito, sin haber evacuado peritaje alguno, cuestión de la que tampoco se hizo cargo el tribunal en su sentencia y, no obstante, la perito se pronunció sobre la inexistencia de las lesiones anales, declaración que fue valorada por el tribunal como prueba categórica para determinar la absolución. Con ello vulnera los principios de la lógica y conocimientos científicamente afianzados. Además señala que esta supuesta pericia no tuvo por objeto la persona de la víctima, sino los informes emitidos por otros médicos;
e) Declaración del menor, quien señaló clara y precisamente lo ocurrido entre él y su agresor, lo que no fue considerado por el tribunal ni tampoco se señaló las razones para desestimarla;
f) Declaración de la madre del menor, en la que señala que su hijo, ante su pregunta, le contestó que el acusado le había puesto el pene en el potito. Declaración que, según señala la recurrente, tampoco valora el tribunal de manera alguna, como queda de manifiesto en la sentencia, especialmente en los considerandos noveno en adelante;
g) Declaración del testigo Sergio Ponce Ramírez, en que da cuenta de los hechos relatados por el menor y de la confesión del imputado ante el Fiscal Luis Toledo Ríos, en términos de reconocer al menos actos de significación sexual, cuestión de la que no se hace cargo el tribunal, por lo que, estima la recurrente, se ha dado una ponderación parcial de la prueba rendida y,
h) Finalmente, señala la recurrente que la infracción en que incurre el fallo con relación al artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, reside no sólo en la circunstancia de haber realizado una ponderación parcial del contenido y valor de los medios de prueba relativos a la autoría atribuida al acusado, sino que derechamente en haber omitido dejar constancia de diversos aspectos sustanciales de tales declaraciones, todos ligados de manera directa o indirecta a la prueba de autoría de los hechos materia de la acusación;

QUINTO.- Que, en relación con la primera causal de nulidad impetrada, es necesario reiterar por esta Corte que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la investigación y es quien sustenta y ejerce la acción penal pública, según lo establece el artículo 77 del Código Procesal Penal. Estamos, por tanto, frente a un co-detentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza siempre desbordar frente a un imputado que aparece en una posición de desigualdad ante ese formidable adversario, y debe por ello ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica mediante la garantía de un procedimiento estrictamente formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento equilibrado y, sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el instrumento básico para su defensa. Contrariamente a lo que señala el recurrente, el debido proceso no tiene realmente por objeto instaurar la igualdad entre contendientes de poderío equiparable, sino asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva centralizada. Ahora bien, en estos autos consta que el Ministerio Público no efectuó la debida investigación de los hechos destinados a acreditar la inocencia del inculpado, como ocurrió con la no inclusión de antecedentes relativos al entorno social del niño en el desarrollo de su vida, previo a la salida con el encausado el día 28 de febrero de 2003, tanto en el hogar materno como en los hogares de la red Sename en los cuales estuvo internado así como con la fotografía que fuera aportada gracias a la defensa del imputado, la que el tribunal pudo examinar y, en la que no se observó ninguna fisura o erosión.
SEXTO.- Que, igualmente es necesario señalar que el CódigoProcesal Penal es claro al establecer que la declaración de nulidad, que se pretende en autos, del juicio oral y de la sentencia, procederá en caso de infracción sustancial, sea durante su tramitación o en la dictación de ella, de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Ahora bien, consta del considerando undécimo de la sentencia impugnada, que el tribunal del juicio oral de Temuco estimó y consideró el informe incorporado al juicio por el acusador y emitido por el Director de la Fundación Mi Casa. En el se señala que el menor tiene una medida de protección decretada por el Segundo Juzgado de Menores de dicha ciudad, en autos rol Nº 2.743 de 1999, expediente que no fuera revelado por los fiscales, y, contrariamente a lo manifestado por la recurrente, no se vislumbra de qué manera pudo esta inclusión haber provocado una infracción sustancial a los derechos fundamentales que garantiza la Constitución o tratados vigentes. Por estas razones deberá rechazarse la primera de las causales de nulidad alegadas por el recurrente.
SEPTIMO.- Que, en lo tocante a la segunda de dichas causales se funda, como se señaló detalladamente en la norma contenida en la letra e) del artículo 374 en relación con el artículo 297 y 342 letras c) y d), todos del Código Procesal Penal. El artículo 374, letra e), en relación con el 342, letra c), ambos del ordenamiento procesal penal, dispone que la sentencia deberá contener: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; Por su parte la letra d) del artículo 342 del Código Procesal Penal señala que debe contener la sentencia las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias para fundar el fallo, lo que se traduce en una exposición cabal y exhaustiva de los hechos y circunstancias que se dieren por acreditados, pero dicho precepto no exige una descripción o detalle minuciosos de los medios de convicción y únicamente encierra una descripción fáctica de todos y cada uno de los hechos, vale decir, la forma como se cometió el ilícito, la hora y el lugar y las demás circunstancias acreditadas en el proceso y una valoración de ellos con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, aunque no es indispensable una exposición, completa y cabal del medio de prueba, con una trascripción íntegra y textual de ellos. A juicio del recurrente el fallo impugnado no se hizo cargo en su fundamentación de toda la prueba producida durante la audiencia del juicio oral como lo exige el inciso 2º del artículo 297 del Código Procesal Penal. Al respecto, se debe manifestar que el legislador otorga a los jueces plena libertad respecto de la valoración de la prueba, y no resulta posible que a través de este recurso se discuta la apreciación que ellos de manera libre han efectuado, y sólo le compete a la Corte revisar si el fallo ha cumplido o no con los requisitos formales. La sentencia atacada cumple sin merecer reproche con tales exigencias, lo que se desprende de la lectura de los considerandos décimo a décimo tercero del fallo atacado, en los que, si bien se hace cargo de la prueba rendida en el juicio oral de manera sucinta, lo realiza de forma coherente y racional. Sus argumentos pueden no ser convincentes para el recurrente, pero eso no los invalida. Baste con lo señalado para desechar también el segundo capitulo de nulidad alegado en el recurso.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra a), 374 letra e), 376 y 387 del Código Procesal Penal, se resuelve que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público de Temuco a fojas 19, en contra de la sentencia del Tribunal del Juicio Oral de esa misma ciudad de fecha cinco de junio de dos mil cuatro, pronunciada en la causa Rol Único 0300031804-2, por delito de violación, seguida en contra del imputado Marcelo Eduardo Meriño Aravena, la cual, por consiguiente, no es nula.

Redacción del Ministro señor Alberto Chaigneau del Campo.

Regístrese, comuníquese y archívese
Rol Nº 2600-04.

QUE PASO CON JORGE MATUTE JOHNS

2010-06-22T19:38:00.000-07:00

Nuevo peritaje no pudo

confirmar Informe Reveco

• La especialista en Medicina Legal y Anatomía Patológica, Carmen Cerda, estimó que no es posible asegurar que Jorge Matute Johns haya muerto por una golpiza

La doctora Carmen Cerda Aguilar, a cargo del último peritaje a los restos de Jorge Matute Johns, no descartó ni confirmó que las manchas detectadas por la antropóloga forense, Isabel Reveco, sean efectivamente de sangre, producto de la supuesta golpiza que habría causado la muerte del universitario.

Esa fue la principal de varias conclusiones a las que arribó la especialista en Medicina Legal y Anatomía Patológica, según informó ayer el abogado querellante en el caso, Fernando Saenger Gianoni, quien tuvo acceso al trabajo realizado por petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"A la consulta sobre las manchas encontradas en las osamentas la señora Cerda responde que no hay certeza absoluta sobre el particular, señalando incluso que habría que hacer otros exámenes con elementos o instrumentos distintos. Indica que no hay certeza científica en el cráneo respecto de que golpes hayan dejado alguna huella de tinción sanguínea", precisó el profesional.

Así, la diligencia solicitada el año pasado por el CDE no pudo cumplir su objetivo, cual era confirmar lo establecido por el llamado Informe Reveco. La perito adjunta del organismo, conocida por su labor junto al ministro Juan Guzmán en los casos de detenidos desaparecidos, concluyó ante el tribunal que Matute Johns falleció a raíz de golpes en la región toráxica y craneana.

El abogado Saenger adelantó que dedicará otros días a un estudio más acabado del nuevo peritaje antes de decidir los pasos a seguir. Además, el tema será discutido con la familia Matute Johns, que esperaba las conclusiones de Carmen Cerda para planear el funeral de Coke. El letrado, sin embargo, insinuó la posibilidad de no insistir en el tema de la causa de muerte. "Expertos me han dicho que no pierda el tiempo buscando las causas precisas porque es muy, muy difícil", dijo.

El CDE se encuentra estudiando las conclusiones de Carmen Cerda. El ministro en visita subrogante, Jaime Solís Pino, dijo que esperará los que resuelvan las partes antes de decidir el curso del proceso.

Claves del nuevo peritaje

Carmen Cerda Aguilar, además de responder algunas preguntas del tribunal que investiga el caso Matute, entregó sus propias conclusiones.

*¿Llegó Matute Johns vivo o muerto al lugar donde fue encontrado?; ¿estuvo siempre ahí?; ¿estuvo sepultado o en superficie?.

La doctora Cerda señaló que no es posible contestar las dos primeras interrogantes; en cuanto a la tercera pregunta sostiene que en temporadas el cuerpo estuvo cubierto parcialmente por el agua del río Biobío.

*Sobre las posibles causas de muerte de la víctima, la académica de la Universidad de Chile indica en su trabajo que es posible descartar la asfixia por sumersión (ahogado), un traumatismo cráneo-encefálico con fractura, una herida con arma de fuego en la cabeza y una intoxicación por metales pesados.

"El resto de las causas posibles no se puede afirmar, pero tampoco descartar", concluyó la especialista en Medicina Legal y Anatomía Patológica.

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2010-06-21T18:28:00.000-07:00

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