Alberto Borea Odria

Sentido y emotivo discurso de Alberto Borea Odria a los Fonavistas en la campaña de recoleccion de firmas para la reforma constitucional. VEA EL VIDEO

2012-03-11T20:25:00.001-07:00

Aquí les dejamos el emotivo y sentido discurso de Alberto Borea Odria realizado en la Plaza San Martin de la ciudad de Lima a los FONAVISTAS en donde se explica el por que de la campaña de recoleccion de firmas para la reforma constitucional.

LAS DEFENSAS DE LA DEMOCRACIA: Con relación al pedido de inscripción de MOVADEF como partido politico

2012-01-19T12:01:00.000-08:00

Un movimiento no sólo de impronta terrorista, sino de aspiraciones terroristas, pretende que la democracia peruana le abra paso para participar en el proceso político y por lo mismo, acceder a las discusiones y, eventualmente a los medios de comunicación que tienen el deber de transmitir a la población los mensajes de quienes dentro del sistema proponen alternativas o plantean equipos distintos para la conducción de la nación.

Dicha participación sería conveniente si es que sus integrantes hubiesen hecho un acto de fe democrática y anunciaran al país que han abandonado todos aquellos cartabones de imposición e intolerancia que hacen del resto de peruanos que no se identifican con ellos, sus enemigos.

Pero lamentablemente ello no ha sucedido y esa conversión, dado el inmenso daño que se le causó a la nación y que dio hasta el pretexto para otra dictadura, la de Fujimori, no solamente puede ser verbal. Debe de acompañarse con comportamientos que aseguren a los peruanos que estamos frente a la recuperación de un grupo de personas que estuvo profundamente equivocado, que nos agravió de todas las formas y que hoy está arrepentido.

Los alemanes tuvieron que afrontar similar problema cuando en la época de la guerra fría, los comunistas de la RFA quisieron inscribir su partido y el Tribunal Constitucional Alemán negó esa posibilidad sin que nadie se asombrara del resultado. Todo ello lo relata con brillantez el profesor Otto Kircheimer en su libro “Justicia Política”.

Y es que la democracia puede ser un cristal de frágil, pero no tiene que ser un lecho de retardados a los que se les puede envolver cualquier cosa en papel de regalo y la terminen aceptando.

No es dable introducir en el Perú, como en Troya, un elemento extraño al sistema de libertades y de respeto a la dignidad humana, para que luego, en la tranquilidad con que se mueve y ha de moverse la democracia, se le desfigure y se termine acabando precisamente con todo ese elenco de valores que apreciamos.

La democracia exige respeto a sus cuatro valores esenciales: libertad, igualdad, pluralismo y tolerancia. Ninguno de ellos está presente en las fórmulas dictatoriales, ya sea las que se montan para defender los intereses de los pudientes, como de aquellas otras que se inventan bajo el pretexto de conquistar y garantizar al pueblo sus libertades.

Si esta identificación no se constata, no puede tener cabida en el sistema ningún movimiento o partido que apunte a discutirlo o a desparecerlo.

Los límites que los demócratas debemos de poner para que nuestro sistema se perpetúe y dure no pueden entenderse como contradictorios con sus principios.

Corresponde al JNE o al Tribunal Constitucional, llegado el caso, proceder con la misma serenidad con que lo hicieron los alemanes, que hoy viven en un sistema de respeto mutuo y de tranquilidad para su progreso.

Alberto Borea Odria

Foto: tomada de internet

PINOCHET Y FUJIMORI: LAS COSAS POR SU NOMBRE

2012-01-11T15:30:00.000-08:00

Un interesante debate se abrió en Chile con referencia a cómo debe ser tratado el dictador Pinochet y su régimen por la historia de su país. Sus adláteres quisieron sorprender y pasar sus años con el nombre de “el régimen”, como si se tratara de cualquier gobierno. Lo mismo sucede en el Perú con Fujimori, a quienes hasta hoy sus conmilitones y bastantes periodistas de poco carácter siguen llamando como “ex presidente” y dejando de distinguir entre la dictadura que él dirigió y un gobierno democrático.

Hay que recordar lo que señala el profesor Angel Rivero quien dice que: “…política y lenguaje, dice, están en profunda relación. De hecho, la congruencia de nuestro lenguaje político con la descripción de nuestras instituciones proporciona legitimidad, el combustible necesario para el funcionamiento del sistema político…”

Ese combustible fue el que le dieron a Fujimori y a Montesinos quienes tenían rubor de llamar dictadura a la dictadura y golpe de Estado al zarpazo que perpetró en abril de 1992. Ese combustible es el que pretenden que hoy los siga haciendo caminar los pinochetistas en Chile.

Y Giovanni Sartori dice: “… el denominar a una cosa de cierto modo es lo mismo que sugerir como interpretar esa cosa. Las palabras no son sólo anteojeras que nos conduzcan a ver esto y no lo otro … las palabras conforman también el pensamiento”.

Otra vez, quienes le dicen presidente a Fujimori y régimen a su dictadura, están pretendiendo decirnos que esa etapa corrupta y cruel en nuestra historia da lo mismo que un gobierno democrático y de gente honesta. Como quienes quieren que “régimen” en Chile sea igual para los gobernantes que mataron a miles y torturaron a muchos más, que los gobiernos de presidentes que respetaron los derechos y garantías de sus paisanos.

Sartori sigue: “El ciudadano normal sabe sobre su comunidad política lo que las palabras le dicen. Si se denomina “democracia” a una comunidad política determinada, el ciudadano cree, y en realidad está justificado que así lo crea, lo que la palabra expresa”.

Este es el inmenso daño que le hicieron durante esa década todos esos periodistas que no quisieron o no se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre. Hasta hoy siguen con el eufemismo o el embuste.

Sigue Sartori: “La guerra de las palabras afecta a sus propiedades emocionales. Su regla básica es conquistar las “palabras buenas” y descargar las “malas” en el campo enemigo…La guerra de las palabras es una realidad; y si nos negamos a afrontarla, lo que en realidad hacemos es permitir que la gane el guerrero de las palabras, el manipulador de los términos”.

En Chile ganó la razón democrática, ¿No va a pasar lo mismo en el Perú? Lo de Fujimori no es una constitución y su régimen fue una dictadura. Así, sin ambages, digámosle a partir de ahora pan al pan y vino al vino.

Alberto Borea Odria

Foto tomada de internet

Alberto Borea: "Fujimori está donde debe estar". VEA EL VIDEO DE LA ENTREVISTA CON BETO ORTIZ

2012-01-05T13:36:00.000-08:00

Alberto Borea analizó el posible indulto a Alberto Fujimori y sostuvo que el presidente debe actuar con criterio de justicia y analizar otros casos similares. “El simple hecho de discutir el tema del indulto me hace pensar si es algo justo o no".

Aseguró que el fujimorismo busca victimizar al ex presidente. “Yo me pregunto si Fujimori tuvo la misma compasión que hoy quiere que sientan por él”.

Dijo, además, no existe un propósito de enmienda por parte de los fujimorista y del mismo Fujimori. “Yo no creo que el presidente Humala indulte a Fujimori”.

Borea puso en duda el 66% de peruanos que están a favor del indulto según una reciente encuesta. “Si el presidente decidiera indultar a Fujimori creo que estaría cometiendo un profundo error”.

Finalmente Borea aseguró que este es un tema político.

Fuente: Frecuencia Latina http://frecuencialatina.com/abrelosojos/208

¿PROCEDE EL INDULTO A FUJIMORI?

2012-01-05T13:10:00.000-08:00

Capeado ya el temporal que generaron los conmilitones de Alberto Fujimori aprovechando el sentimiento de compasión que se genera en la Navidad, es bueno hacer algunas precisiones respecto a la procedencia de esta figura en el caso del ex dictador.

En primer lugar, el indulto es una atribución del Presidente y no un derecho de ninguna persona, aunque la misma se encuentre en la etapa más terminal de una enfermedad, lo que, por cierto, no es ni de lejos su caso, como lo han señalado los expertos.

Segundo, si bien es una atribución del Presidente y puede legalmente otorgarla a quien a él le parezca, aunque no tuviera ninguna enfermedad ni pesar, una cosa diferente es la legitimidad de la figura que se analiza en cada caso. El origen de la figura se asentó en las prerrogativas de los gobernantes absolutos y pasó de alguna manera a los gobernantes democráticos, sin embargo, en este tránsito, como lo señala Linares Quintana, más que la legalidad ha de pararse en el criterio de legitimidad, vale decir, si la medida puede ser estimada como buena o como justa dados los antecedentes del caso, su comparación con otros casos similares y el respeto por el principio de igualdad que es, precisamente aquel sobre el que se sustentan las democracias.

Revisado esto ha de señalarse que la concesión de ese indulto incurriría, a mi criterio en serias causales de ilegitimidad.

En tercer lugar ha de señalarse que si el indulto sirve para reparar alguna injusticia cometida en contra del condenado, esa razón es inexistente por cuanto el juicio que se le siguió fue apreciado como bueno y reconocido por su corrección tanto en el Perú como en el extranjero. No hay entonces desde esta perspectiva nada que reparar. Esto no sería hacer más justicia, sino destruir la justicia.

En cuarto lugar hay que preguntarse si quien pide compasión para él la tuvo con todas las personas a las que segó su vida en años jóvenes, sin proceso. Es claro que no pensó ni en ellos ni en el dolor que les causaba con ese proceder a sus familiares o a los huérfanos que dejaba.

En quinto término, si se alega que está enfermo y está deprimido, ¿cuántos enfermos más graves y con menos atenciones existen en los penales, que son además personas que delinquieron sin la ventaja que da el poder y que cometieron menos delitos y de menor gravedad que los que perpetró aquel para quien hoy se pide el indulto?

En todo caso, su posición en donde está recluido ya es de por sí un privilegio frente a todos los demás peruanos que por menos pagan más, que están hacinados y que no “pueden pintar” en el lugar donde purgan su condena.

En suma, ninguna razón para el indulto.

Alberto Borea Odria

Fotos: Internet

“¿LEY MORDAZA?”. Respuesta a los critican el cambio de la ley sobre las interceptaciones y difusión de las comunicaciones privadas

2011-12-22T14:36:00.000-08:00

Con todo el poder que la prensa ostenta en este siglo XXI, se ha motejado al proyecto presentado por Javier Bedoya penalizando la conducta de quienes difunden el contenido de las comunicaciones privadas, como “la ley mordaza”.

Nadie tiene derecho a invadir la esfera de privacidad de las personas. Este es un ámbito reservado en las comunidades para que se produzca el desarrollo personal, para que el ser humano se explaye con total libertad y sin temor, incluso, a las convenciones sociales o a que las normas de conducta o urbanidad sean traspasadas. Opinan sin tapujos y sin límites lo que piensan acerca de otras personas o de determinadas situaciones, hablan en hipótesis o con ánimo lúdico, dan curso a sus entusiasmos o manifiestan sus depresiones. En suma, si como decían los antiguos ingleses respecto a lo que se vivía al interior de las cuatro paredes de su morada de que “My home is my castle”, con lo cual se dejaba afuera al rey y a las autoridades sin poder invadir ese recinto, hoy se puede señalar lo mismo con respecto a las comunicaciones “My telephone is my heart” .

Si permitimos que ello suceda se dará pie a la maldición que denuncia Norberto Bobbio con relación a las sociedades modernas, donde no es ya la persona la que controla al poder, sino el poder el que controla al individuo.

En la democracia nadie puede sentirse al margen del respeto que debe a los derechos constitucionales de los demás. Tampoco la prensa. No porque en algunas y recalco, algunas, oportunidades ha actuado conforme a los objetivos de la democracia y ajena a toda pretensión de favorecimiento singular, podemos decir que ese ha sido el patrón. En muchos, también recalco, bastantes casos, ese poder ha sido utilizado para hostigar a los adversarios no sólo políticos, sino de grupos económicos diferentes a aquellos que tienen el control de los medios.

Los delitos de interferencia que de por sí son graves, se convierten en inmensamente más crueles para la víctima cuando lo conversado en ese espacio propio se difunde y se autoriza per se cada comentarista o cada lector o televidente al que se hace llegar la materia del delito (la propia interfenrencia) a especular sobre lo que se dijo en diálogo privado y a hacer expresiones de valor a partir de eso.

Por ello es que resulta acertado que se penalice a quienes proceden sin respeto a las formas constitucionales, donde queda claro que es el Juez el encargado de decidir si se autoriza o no la interferencia y cuáles de esas conversaciones agrega al sumario. Los periodistas no pueden pretender ni que les pongamos corona ni en convertirse en jueces de su propia causa.

Ya el dictamen ha amenguado los efectos del proyecto original. Esperamos que quienes tienen que decidir no vuelvan a flaquear por la tinta que se vierte en los periódicos o los espacios que se repiten en los medios de comunicación.

Alberto Borea Odria

Imagen: edicion online de Peru21

DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN PORQUE NO LEEN

2011-12-14T21:25:00.000-08:00

Otro de los problemas de la política peruana es el constante zarandeo y la obsesión por las naderías. No importa si ayer se dijo que frente a un tema la respuesta adecuada es esta y mañana, sin ninguna explicación razonable se conduce ese personaje por otra vertiente desdiciéndose de lo que acababa de afirmar pocas horas antes y proponiendo hasta una solución contrapuesta. Eso produce una constante desilusión en la sociedad. Si pidió que votaran por él por los motivos que expuso en su campaña y luego desde el cargo público al que accedió se desdice de esa promesa sin argumentos convincentes, se desgasta la credibilidad de lo público.

El daño que Alan García hizo al país con su promesa incumplida respecto al retorno, con reformas de la Constitución de 1979, sólo sería más grave si el actual Presidente también dejara de cumplir con su palabra o pusiera escollos a la tarea que los ciudadanos llevan a cabo para suplir aquello que sus parlamentarios todavía no se atreven a hacer.

Pero ese zarandeo se debe, entre otras cosas, a que quienes están en la actividad política no leen. No estudian. No conocen las diversas respuestas que en las sociedades se le ha dado a esos problemas que posiblemente no sea en nuestro país donde por primera vez se presenten.

La lectura en política ayuda a abrir horizontes, desarrolla la imaginación porque quien lee preguntándole al libro siempre se pone un paso más allá de aquello que se le está diciendo en el texto. Vale decir, la buena idea se convierte en semilla en el cerebro receptor y al confrontarse con la realidad de quien la está leyendo, produce nuevos frutos. Da especiales respuestas.

Sería interesante conocer cuántos libros han leído los dirigentes partidarios. No hojas de propaganda, ni folletos de difusión, que es necesario revisar en una etapa inicial de la participación política.

Un partido político debe de exigir a sus dirigentes que lean, que se curtan en las ideas que dicen promover. Sería muy conveniente que los partidos premiasen, con un voto calificado en sus elecciones internas, o abriera el paso para representar al partido en la sociedad, sólo a aquellos que se han dado el trabajo de adentrarse en el pensamiento común y que por lo mismo van a saber qué decir coherentemente en su constante comparecencia frente al público.

De esta forma se evitará lo que los italianos, en su crisis política llamaron “el cualquierismo”, que no es otra cosa que la pretensión de quien no tiene ni vocación, ni formación, ni oficio en la tarea pública, de postularse como conductores de una nación que de verdad apenas conocen y que no pueden compararla con nada porque sus horizontes no han sido ilustrados ni por una letra.

De ese mal padecemos mucho ahora en el Perú. Encontrémosle una cura.

Alberto Borea Odria

Imagen de internet

DIRIGENTES QUE NO DIRIGEN. Una reflexión de la falta de labor de los partidos políticos en el Peru

2011-12-08T16:40:00.000-08:00

El corto circuito que continúa produciéndose en el país entre quienes ocupan las posiciones de poder y el pueblo mismo, se agrava porque los dirigentes de los partidos van poquísimas veces, en realidad casi nunca o nunca, a las provincias o a los distritos para dialogar con los miembros de su partido y para informar en general al pueblo de lo que se realiza desde las altas esferas del poder del país o de la región, ni tampoco para explicar lo que piensa cada partido con relación a los temas que importan a la población. Menos todavía, a formar cuadros o a promover conversatorios en los cuales se pueda recoger inquietudes y canalizar las aspiraciones de los peruanos. En suma, ni forman, ni expresan la voluntad popular.

Casi ningún partido tiene locales abiertos en las capitales de provincia en el Perú, y en esa carencia también está incluida el Apra. En algunos casos quedan todavía, en las puertas de algunos inmuebles cuyas puertas están invariablemente cerradas, cartelones de lo que fueron los comandos de campaña para las elecciones, pero no están abiertos ni como lugares de debate ni de intercambio de información. Pasó el proceso y terminó la inquietud.

Los dirigentes partidarios trabajan poco. Estos forman parte de Comités Ejecutivos Nacionales y, por lo general, no visitan los departamentos ni una sola vez en todo el término en que se mantienen en el cargo. Lo mismo pasa en relación de los dirigentes regionales con relación a las provincias y con los provinciales respecto a los distritos. En el mejor de los casos se reúnen en su nivel de vez en cuando para emitir alguna opinión basada simplemente en su pensamiento o en lo que leen en los periódicos.

Para cambiar debería de obligarse estatutariamente a que los dirigentes nacionales viajaran por lo menos una vez al mes a una región y, además de su capital visitaran dos provincias distintas cada vez, y que los dirigentes regionales lo hicieran a la capital de cada provincia y a dos de los distritos en cada oportunidad. Además, esos viajes deben de hacerse con agenda en donde se dé espacio para que se promueva el debate y para que los mismos dirigentes puedan ir viendo a los jóvenes que tienen condiciones.

La falta de cumplimiento de esta obligación para con la democracia en general, debe sancionarse con la pérdida del cargo partidario si es que se repite en tres oportunidades en el año. Este es un rasero objetivo. Cada uno verá si su visita es fructífera o no, pero la presencia de dirigentes nacionales, regionales y provinciales en las 194 provincias del país va a ayudar, sin duda, a una política mucho más estructurada y le quitará la ilusión a los comodones que creen que basta declarar desde Lima para que hayan cumplido con su función dirigencial. Así empezaremos a reconstruir en serio los partidos.

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet

LA IMPRESCRIPTIBILIDAD: A propósito del debate sobre los delitos en el ejercicio de la función publica

2011-12-02T05:57:00.000-08:00

Mucho se ha venido hablando del tema de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública. Eso quiere decir que una persona que estuvo sirviendo al Estado desde cualquier posición no puede aspirar a la tranquilidad en ningún momento de su existencia porque, aunque hubieren pasado treinta años desde que dejó el cargo, a alguien, en el año 31, puede antojársele formularle una denuncia y someterlo a un proceso judicial sobre hechos totalmente pretéritos, con pruebas casi imposibles y con una realidad totalmente diferente.

Se cree que con eso se es más eficaz en la lucha contra la corrupción y no se piensa que para este mal existen otros remedios que sí son adecuados, mientras que con esta propuesta se deja siempre abierta la posibilidad de venganza o de la malsana costumbre de inutilizar al adversario político inventándole una tara.

Una de las características de la acción penal es que debe ser oportuna. La persona a la que se acusa debe de tener la posibilidad de defenderse adecuadamente, teniendo a la mano las pruebas y hasta los recuerdos frescos de lo que ha sucedido en el tiempo en que se le acusa de haber cometido un crimen.

Por ello es que el Código Penal fija como término de la prescripción que corresponde al extremo más severo de la pena. Un delito de difamación no podrá prescribir en un tiempo mayor que el que corresponde a un delito de homicidio. Cada delito tiene su gravedad y por ello es que se fijan las penas de distinta manera. Perdonar un insulto es bastante más sencillo que perdonar la comisión de un asesinato.

Con la propuesta hecha por los “moralizadores”, aunque el delito contra el Estado hubiere sido mínimo, la pena sería imprescriptible. Vale decir, el que malversó fondos para paliar una catástrofe porque en ese momento no había de donde sacar dinero para ayudar a las víctimas y ese traslado de recursos no fue luego formalmente convalidado, aunque hubiere sido socialmente aceptado, tendrá que esperar hasta su muerte por si alguien que resulte su adversario ocasional por una elección llevada muchos años después del suceso quiere usar ese hecho como arma electoral. Peor todavía si el delito no se cometió. Bastaría que un fiscal de esos que buscan notoriedad, removiera el asunto aunque ese funcionario no hubiera cometido ningún acto ilícito por leve que fuera, pero igual se le podría procesar. Esto es injusto. Con esto se aleja aún más a la gente decente del servicio público.

Se puede sí señalar que el término prescriptorio no ha de correr (porque no empiece o porque se suspenda) mientras que el funcionario se halle en el poder o mientras el partido que lo eligió gobierne, de esta forma se cerraría también la posibilidad de impunidad que se da en las largas dictaduras, pero no clausurar la figura de la prescripción. Esto me parece demagógico y desequilibrado.

Alberto Borea Odria

Ilustracion: Internet

MANDAMIENTO CÍVICO: NO OLVIDAR

2011-11-18T20:02:00.000-08:00

Recuperada la democracia luego de haber sido sostenida por más de un lustro con tenacidad ejemplar por el Foro Democrático y cuyos últimos pero decisivos y definitorios actos fueron el de la marcha de los Cuatro Suyos liderada por Alejandro Toledo y el esfuerzo hecho por Fernando Olivera para mostrar al mundo la porquería del gobierno fujimontesinista que la OEA había avalado a pesar del esfuerzo de Eduardo Stein, apenas 60 días antes, parece que nos quisimos olvidar como nación de lo que fue el grito precursor para la pronta recuperación del sistema de libertades: la gesta del 13 de noviembre de 1992, donde un grupo de esforzados y conscientes militares constitucionalistas, como lo fue Miguel Grau en el siglo XIX, se reunieron para cumplir con la tarea que la Constitución de 1979 le encargó a todos los peruanos: devolver a la nación a la democracia si alguien, como pasó con Fujimori y su gavilla, osaba arrebatársela.

Muchos callan porque quieren que se olvide, porque no les conviene que se les recuerde la manera timorata o complaciente como se portaron durante todos esos años en que se envileció a la nación con embustes y apariencias y donde se hicieron notar los silencios de quienes se hicieron de la vista gorda.

Han pasado de ello 19 años y todavía, pese a la sucesión de gobiernos democráticos no se ha terminado de reparar el daño que les causó la dictadura y de reconocer con hechos el patriotismo con que se condujeron sus protagonistas.

Como ciudadano peruano insto a nuestro Presidente, quien tuvo un acto parecido 8 años después de aquel, a que de una vez por todas concluya este capítulo. Me parece profundamente injusto que quienes no se atrevieron a defender el Estado de Derecho y las libertades y fueron ascendiendo en el escalafón militar manteniéndose a la sombra y sin protestar, aceptando los puestos incluso de subordinación directa a los Hermoza Ríos y Saucedos o Villanueva Ruestas, hayan pasado en cuanto a sus posiciones a quienes debieron de ser considerado primeros por servicios distinguidísimos al país, por el coraje demostrado y porque se atrevieron a mostrar un Ejército que por encima de personas cree en instituciones, y dentro de ellas, la democracia.

Se dieron leyes parciales que se cumplieron a regañadientes. La reparación para esos oficiales tiene que ser la de considerarlos ascendidos primero directamente en el momento de los sucesos por acción distinguida y luego, ascendidos automáticamente en cada oportunidad que les correspondió ascender, que mucho más vale en los militares los gestos de coraje y valor que saberse de memoria los manuales o repetir los procedimientos de formación.

Además, deberá el Estado terminar de reintegrarles todos esos derechos que la dictadura les arrebató. Los del 13 de noviembre, desde los capitanes que participaron y de allí para arriba, en todas sus jerarquías son mucho más generales que cualquiera.

Alberto Borea Odria

Fotografia: Caretas

OLLANTA HUMALA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

2011-11-09T18:00:00.000-08:00

En reciente entrevista, el Presidente que fue electo para realizar un cambio en el tema de la distribución social y de la recuperación ética del país, ha señalado que no insistirá él, por ahora, con el tema de la reforma constitucional.

Esto es contradictorio con su mensaje de todo el período preelectoral, incluido el de la segunda vuelta, donde muchos peruanos lo apoyamos precisamente porque anunciaba que no se continuaría con esa cínica convivencia del poder en democracia, con las formas y las órdenes impuestas por una dictadura a la que dice haber combatido, aunque no fuera sino sólo en el 2000, luego de 8 años de iniciada la batalla por la sociedad civil y por los valientes militares del 13 de noviembre.

Hay que recordarle, por si quiere parecerse a él, que Alan García también prometió que acabaríamos con ese texto que no dice bien de la dignidad de los peruanos y que, con el cuento de “mejor esperamos para no discutir”, aunado a la peor interpretación del especio tiempo histórico ensayado para claudicar con la inmundicia, dejó pasar sus cinco años en el poder sin cumplir con su promesa. Anhelamos que no le pase lo mismo al Presidente Humala y que le ahorremos al Perú una nueva desilusión.

Pero el hecho que el Presidente no plantee la reforma, no quiere decir que el tema no se va a tocar. Hay varios millones de peruanos, el 78%, incluso en una encuesta de Apoyo con una pregunta bien sesgada para que se dijese que no debía de producirse un debate constitucional, que cree que debe de haber o una reforma a partir de la Constitución del 79, o una a partir de la “constitución” de 1993, o una Asamblea Constituyente.

Que al sector que se favoreció con el modelo excluyente en lo económico y lo social y liberado de controles políticos que planteó Fujimori le moleste que el tema se oponga a ello, es razonable. Pero una gran porción del país quiere que este tema se arregle.

Que Fujimori y sus secuaces dictaran una “constitución” apoyados en la fuerza no puede, como dijo Jean Jaques Rousseau obligar a su cumplimiento cuando esa fuerza ha cesado y cuando, además, fue producto de la voluntad de gente que delinquió contra el país. Los peruanos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Queremos esta vez congruencia entre el dicho del candidato y del juramento presidencial.

Hoy más que nunca es preciso enseñar cuál es el camino y esperar que el Presidente Humala, así como se ha dejado envolver por los cantos de sirena de quienes en muy poco estimaron la democracia, se vuelva a sentir atraído por los clamores de ese país que lo eligió y que pide, aunque no sea riqueza, por lo menos una estructura jurídica y política que lo incluya y que se produzca de una vez para siempre, la cancelación de los vestigios de ese régimen detestable.

Alberto Borea Odria

Ilustracion: Internet

REFLEXIÓN SOBRE EL PAÍS: SIN ORDEN NO HAY PROGRESO

2011-11-02T18:00:00.000-07:00

La asociación de orden y progreso es esencial en el mundo moderno. Si no existe el primero es muy difícil que se encuentre el segundo, y sin progreso no podrá haber mejoría en el nivel de vida de los habitantes de un país. Podrán, al río revuelto del caos, pescar más y más algunos privilegiados que saben cómo manejar mejor los personales intereses de quienes fingen estar al mando de la disciplina social, pero el hombre que carece de esa desfachatez verá cómo es que le pasan por encima todos aquellos vivarachos que se empavonan hasta lo máximo con su bienestar conseguido con la perpetuación del desorden.

Por eso es que resulta necesario que se dicten normas que se puedan cumplir, y que se perciba un compromiso de las autoridades por hacerlas efectivas.

Ello debe darse a todo nivel, pero debe plasmarse también en la supervisión estrecha y sin miramientos de las cosas sencillas que harán que la propia comunidad se vuelva menos comprensiva cuando las faltas son cometidas por quienes están en cargos de más alta responsabilidad y son más visibles. El “roba pero hace”, por ejemplo, podrá ser combatido en tanto que haya una disciplina social más marcada.

Para eso no basta ir muy lejos. Los caos que se generan en las carreteras o en las calles de Lima con el tránsito, pueden ser una buena muestra de ello. A cada instante quienes transitan por la vía de evitamiento son testigos de dos cosas: de las reiteradas señales que indican que los vehículos pesados no pueden ir por el carril izquierdo y, a la vez, de los numerosos camiones que transitan precisamente por ese carril. De la misma forma, en las carreteras se ve signos de la velocidad máxima y bólidos que centellean a una velocidad mucho mayor que la marcada. Ni qué decir de camiones que usan una potentísima luz blanca en la parte posterior de su vehículo la que se activa con el freno y que ciegan a quien viene detrás de ellos con el grave riesgo de una colisión.

Esto se multiplica en las ciudades donde cualquier vehículo de servicio público para donde le viene en gana o donde se cierran las intersecciones por meter el carro cuando ya no hay espacio en la siguiente cuadra.

Todo esto está catalogado como infracción, todo esto es visto por cientos de policías y nada de esto es sancionado, contribuyendo así a la sensación de la inutilidad de las normas y a la devaluación total del Derecho.

Este tópico es muy bueno para saber si, efectivamente hay un compromiso de las autoridades con las leyes, o si estas solamente están de adorno o para garantizar arbitrariedad y ventaja a quienes dicen ser encargados de aplicarlas. Si no empezamos por esas pequeñas cosas, si como país no nos disciplinamos, nos estancaremos, aunque las cuentas nacionales digan que crecemos en la economía al 8%. Sin orden, nadie disfrutará del progreso.

Alberto Borea Odria

Foto: La Primera.pe

A propósito del caso de Ciro Castillo Rojo: HABLAR POR HABLAR

2011-10-26T16:48:00.000-07:00

Es impresionante la manera como saltan a la piscina los entrevistados respecto al caso del joven Ciro Castillo. Este virus no sólo ataca a las personas de a pié, bueno fuera, sino que se inocula especialmente en aquellos que tienen un cargo público o una notoriedad política y que son abordados para que opinen sobre los distintos giros que toma el caso o sobre el lugar donde deben de hacerse las diligencias o sobre las medidas que se deben de tomar en contra de los involucrados.

Más sorprendente todavía es cuando se absuelve o se condena sin haber visto una sola prueba de lo que está en el expediente y donde se presume, especialmente por los hechos que a su vez han supuesto quienes tienen la facilidad de hablar a través de los medios de comunicación, acerca de las conclusiones que se puede extraer de este brumoso caso.

Muchos medios se sienten tentados a poner en cuestión al juez o al fiscal porque ordena tal o cual diligencia, cuando a su juicio ya no es necesaria, o cuando se prescinde, por el contrario, de llevar adelante una actuación que quienes investigan como autoridades no estiman ya relevante.

Todo esto nos lleva a los juicios mediáticos, a las condenas sin análisis y a veces hasta en contra de lo que dice la razón o lo que el propio juzgador ve del resultado de esas indagaciones y de la aplicación del derecho. En este caso el acusado o el comprometido en la pesquisa ven angostado el margen de su actuación, puesto que los encargados de aplicar las leyes y de hacer justicia, se sienten presionados al punto de entender que será un demérito el ir en contra de la opinión mayoritaria.

Muchas veces, cada vez con más frecuencia, los jueces y fiscales se dejan llevar por lo que leen en los diarios, escuchan en las radios o ven en la televisión y carecen del coraje necesario para saber decidir al margen de lo que diga la mayoría. Creen que si contradicen ese veredicto mediático van a ver comprometidas sus posibilidades de ascenso o de permanencia en su carrera, o también, de alcanzar una notoriedad que les sirva de trampolín para su vida futura.

Hay quienes creen que por haber sido elegidos o designados están en la obligación de opinar sobre todo. Con ello sólo contribuyen a la confusión y, porque no decirlo, a convertir e muchos inocentes en culpables o a que los sindicados deban de soportar situaciones de pérdida de su libertad mientras se aclaran las cosas en el proceso y se decide por parte de quienes están en la posibilidad de hacerlo bien.

Ojalá que aprendan las personas públicas a decir “sobre este tema que no conozco a fondo, prefiero no opinar”. El Perú, avanzaría mucho.

Alberto Borea Odria

Foto: Internet

LOS DESTINOS DE LOS MILITARES

2011-10-21T09:22:00.000-07:00

El gran número de generales pasados al retiro como consecuencia de la designación del nuevo jefe de la Policía Nacional, hace que se piense en la corrección del sistema. Este artículo, no obstante, no juzga el caso concreto, sino que elabora hacia lo que debe ser un mejor modo de garantizarnos el equilibrio y la capacidad de las instituciones y la permanencia y desarrollo en ellas de los profesionales más capaces.

En la Constitución de 1979 los ascensos a los cargos de oficiales generales debían de ser ratificados por el Senado de la República. Ello permitía transmitir que la lealtad que quienes a ese cargo ascendían y a quienes les correspondía conducir a la institución armada, así como a la que se encarga de proteger el orden interno, debía de ser con el sistema y con la globalidad del país y no con un ser de carne y hueso llamado Presidente de la República.

Se dijo que ello obligaba a que los oficiales se acercaran a los senadores para presentar sus casos y que terminaba siendo una negociación entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, la remoción de esta modalidad por parte de la “constitución” de 1993, ha sido peor que la forma que ha reemplazado. Hoy día hay que estar bien sólo con uno, el Presidente o su círculo cercano, y hay siempre la tentación, en la que se cayó con frecuencia en la época de Fujimori, de ponerse al servicio de ese personaje de la vida política sin ningún empacho con relación a los actos que se llevan a cabo. Vale decir, la politización sigue existiendo, pero con el agravante que resulta ejercerse al arbitrio de un solo actor y sin el control que siempre presta el equilibrio.

A mi criterio no sólo los ascensos a estos cargos, sino también las invitaciones al retiro en estas esferas, deberían de ser materia de ratificación por el Senado o por el órgano legislativo. De esta manera se aminora el peligro de las tentaciones de dejar de lado a quienes por razones ajenas a la competencia profesional o a la disciplina debida, puedan resultar incómodos para quien quiera sacar los pies del plato democrático.

Pero no sólo es este el problema de los ascensos. También se presenta en las continuas injusticias y postergaciones inexplicables que se repiten en los procesos para escalar en los rangos menores. Luego del examen quien quedó primero utilizando los criterios que se fijaron en la convocatoria, es dejado de lado porque los de su promoción “no deben de ascender” porque ya no van a llegar a ser generales. Y entonces, ¿para que se les permitió postular? O ¿acaso todos los que están en el ejército deben de poder ser generales, no puede haber buenos coroneles o buenos comandantes que cumplan con eficiencia su tarea en esos escalones de la carrera militar?

Todo esto tiene que acabar y reformarse. La vida militar no puede ser sinónimo de campo fértil para la injusticia irreparable.

Alberto Borea Odria

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JAIME DE ALTHAUS Y LA INTOLERANCIA DEL TEMOR

2011-10-05T21:02:00.000-07:00

No acostumbro contestar las alusiones que se hace contra mi persona, pero en este caso lo voy a hacer porque teniendo quien la ha formulado una tribuna diaria, no quiero ni que se de por aceptada la especie, ni menos por absorbido sin protesta un agravio de la peor cosecha.

En mi vida pública, más allá de las discrepancias que he tenido con distintos políticos y personas, sólo una vez antes que esta, me dijeron que no quería a mi patria. Esa vez lo hicieron Fujimori y Montesinos, allá por 1992 cuando me endilgaron junto a Mario Vargas Llosa, César Hildebrandt y Gustavo Gorriti, el membrete de antipatriotas. La causa fue que luchábamos porque nuestra nación no se dejase idiotizar por los artífices de una campaña destinada a acallar cualquier protesta que dejase en claro que lo que estaba instaurando en el Perú no era una democracia, sino una dictadura, y que los países amigos del Perú y su pueblo, debían de medir con esa vara a quien se había alzado con el poder.

El miércoles pasado, Jaime de Althaus, en su programa de televisión diario, escandalizado por el proyecto que hemos presentado para que se resuelva la crisis que atraviesa el sistema constitucional peruano, volvió a soltar la especie. Por cierto que notas parecidas se habían publicado en su columna del diario “El Comercio”.

Ya sabemos que la historia no le dio la razón ni a Fujimori, ni a quienes como Jaime de Althaus lo admiraban y le quemaban incienso en sus programas del entonces Cable Canal de Noticias. Si por él hubiera sido, hasta el día de hoy estaríamos sometidos a la dictadura en aras de una supuesta libertad económica. Quiero citar aquí a Giovanni Sartori cuando en su libro “La Democracia en 30 lecciones” dice: “El que renuncia a la libertad a cambio de pan es sólo un … (digamos nosotros un equivocado, para no agraviar). Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad”.

Nada hubiera sido más lógico y caballeroso, ya que me había aludido malamente, que pudiésemos tener una conversación en igualdad de condiciones al día siguiente, pero él se negó a ello. Primero me citó para ese lance que acepté y a las pocas horas se retractó.

Una pena porque más allá de las grandes distancias ideológicas, primero en la Universidad cuando él estaba cercano al comunismo y yo en el centro; y luego ya mayores, donde él se había pasado a la dictadura de derecha y yo seguía en el centro democrático, es una persona a la que no le tengo ni inquina ni rencor, ni menos por cierto, envidia.

Espero que Jaime sepa retractarse y pedir las disculpas del caso. Un agravio como el que me ha dirigido no creo merecerlo. La intolerancia de sus mentores no debería pegársele a él, quien siempre ha pretendido dar una imagen atildada. Que la elegancia entre también dentro de sí.

Alberto Borea Odria

Articulo publicado en La Primera

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Alberto Borea: “Alan García estafó al pueblo peruano”, a proposito de la reforma constitucional que se plantea

2011-10-03T07:33:00.000-07:00

El constitucionalista Alberto Borea y los apristas Javier Valle Riestra y Carlos Roca criticaron al expresidente Alan García por no cumplir con su promesa de restituir la Constitución Política del Perú de 1979, por lo que consideraron que “traicionó” al pueblo y tuvo una actitud “timorata” frente a grupos de poder económico.

“Alan García claudicó, no cumplió, estafó al pueblo peruano, porque le dijo que íbamos a tener nuevamente una Constitución democrática a partir de la Carta en la cual él también participó, junto con Carlos Roca y Javier Valler Riestra”, indicó Alberto Borea.

Sostuvo que pese a su promesa, García prefirió “la miel del poder” y los contactos que adquirió antes, que el compromiso personal con el pueblo peruano.

Borea hizo estas declaraciones durante una reunión convocada en la sede del Colegio de Abogados de Lima y ante numerosos letrados, con el fin de dar detalles de la iniciativa legislativa que plantea la reforma de la actual Constitución, sobre la base de la Carta Magna de 1979.

Por su parte, Javier Valle Riestra sostuvo que pese a que la reforma constitucional estuvo implícita en el plan de gobierno del Apra en el año 2006, “tuvieron miedo de asustar a los grupúsculos económicos de poder, creyendo que retornar a la Constitución de 1979 era dañino para sus intereses, cuando no lo es”.

En ese sentido indicó que el régimen pasado tuvo una actitud “timorata” frente a los factores reales del poder, así como una falta de decisión, abulia e inercia política.

Por su parte, Carlos Roca hizo uso de la palabra como miembro del Partido Aprista y expresó su satisfacción por la reforma de la Constitución de 1993, porque ese fue un reclamo del “partido del pueblo” que se incluyó en el Plan de Gobierno que el Apra presentó durante la campaña electoral del año 2006.

Articulo publicado en www.Diario16.pe

REFORMA CONSTITUCIONAL: TOMANDO LA INICIATIVA

2011-09-29T08:00:00.000-07:00

A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.

Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.

Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.

La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.

De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.

Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.

Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.

Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.

Alberto Borea Odria

Imagen tomada de internet

CONGRESO ITINERANTE

2011-09-16T22:04:00.000-07:00

Es cierto que el Congreso no pasa por un buen momento en el rubro de la aprobación popular. No sólo por su pauperización a partir del golpe de 1992, sino porque se espera de quienes lo integran cosas que no pueden hacer porque las normas de distribución del poder le encargan esas tareas a otros poderes, sino, porque además, los parlamentarios insisten en hacer aquello que les está vedado.

La tarea parlamentaria exige un esfuerzo serio por darle un norte al país. Las leyes lo que hacen es planificar el destino del mismo. Señalan qué es lo que ha de hacerse frente a determinadas circunstancias, qué es lo que hay que fomentar para que los privados se embarquen en esas travesías poniendo en juego sus recursos, así como ordena sancionar a quienes trasgredan el orden social que se fija en las leyes.

Esa tarea, sin embargo, no ha sido difundida y ha quedado retrasada en el circuito de la comunicación social. Los parlamentarios no tienen cómo comunicarse con la población si no es a través de la prensa. Todavía los medios alternativos como el internet o las demás técnicas no son de uso tan masivo como para suplir la aparición en las pantallas de los canales de señal abierta, o para que se escuche su voz en las radios de alcance nacional.

Cómo hacer para que el circuito político no se desencuentre del circuito social es uno de los dilemas de la democracia actual. Si no se hallan canales para que los elegidos puedan comunicar a sus electores el sentido de su proceder en la Cámara a la cual estos los enviaron, entonces se produce un desilusión y una continua erosión en la legitimidad del Congreso.

Esa comunicación, además, debe de hacerse sobre los tópicos serios y de forma adecuada. Con espacio para que se formulen conceptos sin interrupción por parte de un interlocutor que quiere respuestas inmediatas como si se tratara de rendir lo que en la escuela se llama un examen “objetivo”. Conceder espacios radiales y televisivos a los partidos para que constantemente realicen esta tarea, me parece esencial.

De esta forma, los parlamentarios tendrán presencia sin tener que pagar el alto costo del “figuretismo”, que los hace aparecer haciendo cualquier cosa con tal de recordarle a la ciudadanía su existencia, aunque ello los convierta en bufos o comparsas. Así se podrá, por parte del electorado, comparar propuestas y constatar actitudes.

Las respuestas a estos reclamos no pueden darse como consecuencia de lo que diga una pluma tirada al viento, deben trabajarse a partir del rol y la función que les toca cumplir.

Es por eso que hay que revisar la respuesta de los viajes del pleno a las provincias. La visita a Ica no ha sido buena. Que vaya cada parlamentario mensualmente a dos provincias de las que lo eligieron, sí es indispensable. Que dé cuenta de sus reuniones con la población, importante. Pero que se pretenda que con una puesta en escena se resuelve el problema, me parece un error que agravará las cosas.

Alberto Borea Odria

Imagenes tomadas de internet

La reforma constitucional y las lecturas sesgadas

2011-09-14T06:48:00.000-07:00

Tal es el pánico que produce en los sahumadores de la “constitución” de 1993, la posibilidad del debate en serio esta vez, acerca de su legitimidad que pretenden decir que la encuesta que encargaron con preguntas oblicuas, confina a sólo un 11% el reclamo por el retorno a la dignidad extraviada que se presenta cuando un pueblo decide obedecer la legislación impuesta por una gavilla de delincuentes (asesinos, peculadores, violadores de los derechos a la intimidad personal, etc.) en donde no decidieron otra cosa que acrecer su poder, desentenderse de los límites a su ejercicio, romper cualquier concepto de pluralidad y congelar un modelo económico como más santo que la Biblia. Vale decir, donde se da la contra a todo aquello que la doctrina considera elemental para que se alcance la categoría de Constitución.

La encuesta en mención señala cuatro categorías y en tres de ellas se deja en claro que el país no está conforme con la situación tal como está en materia de carta magna. Sin embargo, su conclusión es otra. Dicen que no tiene sustento el debate constitucional porque sólo 12% respalda en su integridad el retorno a la Carta de 1979.

Ello significa crearse una realidad que no existe para combatirla y darse por vencedores de una batalla que nunca se ha presentado. Entre quienes aspiramos en el mundo del Derecho y la Academia al retorno a la legitimidad constitucional no hay quien piense que la Carta de 1979 tiene que ponerse en vigor sin modificaciones dictadas por las nuevas realidades que tenemos que vivir y sin normas transitorias que eviten que se genere una situación de desorden jurídico por lo sucedido en los 18 años que corren desde que nos endilgaron por la vía del fraude un texto cuyo primer y principal objetivo fue adormecer a la población acerca de la ausencia de un estado de Derecho.

Por eso, la conclusión a la que arriban es falaz. Esa encuesta debe de leerse en otra forma. Sólo 22% de peruanos está de acuerdo con lo que ahora tenemos, por lo que 78% piensa que debe de abordarse la reforma de las normas constitucionales del Perú. El 20% piensa que debe de cambiarse por una nueva. 12% piensa que el documento de base para ese trabajo debe ser la Constitución de 1979 y 39 % la “constitución” de 1993. 7%, finalmente, no opina. O sea que, descontado el 7% de abstención y recalculado el total tenemos que el 76.34% piensa que debe darse un debate constitucional.

Sin embargo, los entusiastas del texto Fujimorista presentan el resultado como si estuviera desahuciada la idea de la reforma, cuando está más viva que nunca. Que el resultado termine siendo uno u otro no implica que no deba de producirse la discusión. La “constitución” de 1993 tal como está tiene el tiempo contado y paso a paso, con la determinación del país, se abrirá nuevamente el debate que el nudo interés quiso y quiere cerrar.

Alberto Borea Odria

El impuesto a las sobreganancias: no se cayó el mundo

2011-09-12T06:41:00.000-07:00

La imposición del tributo a las sobreganancias de la minería no acabó con las buenas relaciones entre las empresas mineras y el estado peruano ni ha provocado la estampida que anunciaron quienes a toda

costa insisten en no tocar ni con el pétalo de una rosa al gran capital, aunque ello implique dejar de lado la solidaridad esencial para la marcha de una nación.

Por el contrario, la paz social y el desarrollo que se puede alcanzar a través de los frutos de esta contribución van a ayudar a que los peruanos mejoren en sus condiciones de vida y de esa forma puedan, ellos mismos y cada vez con menos apoyo del Estado, ir trazando y alcanzando esas metas propias que La Libertad le permite a los seres humanos que salen de las urgencias propias de la miseria, donde, lamentablemente, sólo se puede atender a la necesidad del día.

Los tres mil millones de soles no son, para lo que ganan las mineras con la extracción de un mineral que no va a poder ser empleado por el país, una inmensa compensación, pero sí hace empalidecer hasta la vergüenza los 500 millones de soles que el APRA presentó como si fuese un gran logro al inicio de su gobierno. ¿Fueron en realidad tan incapaces para obtener lo que ya en todo el mundo se lograba? ¿Les faltó decisión para conseguir aquello que su propio fundador, al que casi han olvidado, les decía que era posible sabiendo plantear bien las cosas? No queremos imaginar otra eventualidad.

Ha quedado demostrado que el impuesto a las sobreganancias mineras es razonable. Nadie quien invierte cuando el precio del mineral está, por decir en doscientos dólares, deja de estimar la ganancia suficiente y el riesgo consecuente para el caso de una rebaja del precio de ese bien. Cualquier cosa por encima de ello es un plus que está muy bien que se perciba, pero que se comparta, puesto que las condiciones que pudo fijar el Estado, por ceder esa riqueza hubieran sido distintas de saberse que el valor de venta del mismo era, por decir, de 1,800. Aquí se produjo lo que los romanos llamaron un cambio fundamental en las circunstancias, que rompe el sinalagma o equilibrio que se debe dar entre las prestaciones y que autoriza, especialmente a la parte menos favorecida que en este caso es el Estado de un país pobre frente a las transnacionales, a volver a discutir los términos en que se pactó.

Por eso es que nadie en verdad se alarmó. Claro está que quienes ganan fortunas posiblemente quisieron seguir ganándolas en tanto los demás no protestaran, pero entendieron lógico que el reclamo se produjese y, así las cosas, mejor es no enervar la paz social que sólo se puede construir sobre la base de la justicia. Paz social, que como señala Stiglitz, es esencial para el desarrollo económico de los países y del propio mundo.

Alberto Borea Odria

El foro universitario

2011-09-10T05:42:00.000-07:00

Ibo Urbiola, joven profesional en las ciencias políticas, acaba de publicar recientemente un libro al que ha denominado “Foro Democrático. Jaque a la dictadura”. Ese libro ha sido editado por El Virrey.

Dicho libro llena un vacío en las publicaciones acerca de la lucha política que entablamos quienes nos resistimos a aceptar tanto la dictadura de Fujimori cuanto la dictadura como proyecto conveniente para el desarrollo de una nación.

En los 8 años y 8 meses que corrieron entre el golpe de Estado de Fujimori y su fuga al Japón, ninguna institución fue más firme que el Foro Democrático, nacida de la misma sociedad civil ante el acomplejamiento de los partidos políticos, que era a quienes correspondía, por mandato constitucional, canalizar las inquietudes cívicas y procurar en la arena pública, la reinstauración de la democracia.

La verdad es que muchos de ellos miraron hacia otro lado y participaron del embuste de presentar al Perú como un régimen democrático con gobierno y oposición sanos.

Los demás, se quebraron de tal forma que no fueron capaces de articular respuestas. La dictadura los arrasó. Sin embargo, varios de sus dirigentes tuvieron la generosidad de participar dentro de la estructura plural que se formó en el Foro Democrático privilegiando los valores del sistema y dejando de lado los debates que es bueno se den cuando la democracia está vigente. Entre ellos cabe destacar a Valentín Paniagua, a Mauricio Mulder, a Lourdes Flores Nano (de retorno de su postura inicial condescendiente con el Fujimorismo), a Javier Diez Canseco, a Rolando Breña y a muchísimos otros que hicieron honor al papel que le toca jugar a los políticos en las sociedades libres.

Pero el libro destaca el rol que jugaron los jóvenes que se constituyeron en el Foro Universitario, cuya idea nació como consecuencia de una reunión habida en nuestro pequeño local de la calle Colón el miércoles siguiente al anunciado triunfo de Fujimori sobre Javier Pérez de Cuéllar. Estábamos esa noche César Rodríguez Rabanal, Fernando de la Flor, Ángel Delgado, Julio Cotler y yo. Se discutió sobre cómo hacer que la sociedad tomara conciencia sobre el valor del sistema eclipsado y se propuso un trabajo en dos niveles, el de ir a las universidades a buscar jóvenes inquietos y capaces de asumir el reto de una mayor movilización, y el de hablarle a la conciencia de los periodistas de provincia en el programa Prensa Popular y Democracia, que se desarrolló en todo el Perú.

Julio Cotler dijo: si no conseguimos que los jóvenes adopten el proyecto como suyo, el país no tiene cura. Hagamos el intento.

Lo hicimos y allí nació el Foro Universitario. ¿Cómo se desarrolló y qué es lo que hizo, y cómo lo hizo? Lea el libro de Ibo Urbiola. El Perú debe conocer la importancia de estos esfuerzos. Ello demuestra que en nuestra nación de hoy, también nuestra juventud ha sabido escribir páginas gloriosas y pacíficas, enarbolando valores superiores y sin mensajes extremistas.

Alberto Borea Odria

Panamericana TV: Abogado Alberto Borea defendió el juramento del Humala por la Constitución de 1979. VER EL VIDEO

2011-08-01T21:47:00.000-07:00

El abogado Alberto Borea, defendió en 24 Horas el juramento por la Constitución de 1979 del presidente Ollanta Humala al asumir la primera magistratura de la Nación, el letrado indicó que la Carta Magna anterior se basa en la economía al servicio del ser humano.

Fuente: www.panamericana.pe

EL JURAMENTO DEL PRESIDENTE HUMALA Y LA “CONSTITUCIÓN” DE FUJIMORI

2011-08-01T21:16:00.000-07:00

A raíz del discurso inaugural de la Presidencia de Ollanta Humala, el fujimorismo y muchos de quienes están en los sectores más acomodados económicamente hablando del país, han reaccionado desaforadamente cuando el Presidente manifestó que honraría los valores y principios de la Constitución de 1979, producto de una Asamblea Constituyente que se llevó a cabo en un ambiente de libertad y con la perspectiva de una auténtica democracia a la vista.

Basta leer el preámbulo de la Constitución de 1979, redactado con una belleza literaria y una puntualidad jurídica impresionante por ese gran peruano que fue Andrés Townsend Ezcurra, para darse cuenta que ningún peruano debería de eximirse de hacer lo que el nuevo mandatario se comprometía a hacer: “honrar y respetar los valores y principios” de esa Constitución.

Dicha introducción no es otra cosa que un programa máximo para el Perú. Una aspiración que debemos de tener siempre presentes quienes nacimos en esta tierra de los Incas y donde cada uno de sus habitantes debe de encontrar un lugar en la construcción y en los beneficios que ha de recibir de esta sociedad. Donde nadie debe de quedar excluido, ni de la posibilidad de participar en su estructuración, ni de los derechos que le han de asistir tanto como individuo como en tanto persona.

He creído necesario copiar ahora, en este artículo, para que lo conozcan quienes participen en el debate, este texto honrado por ese juramento, y de esta forma hacerse una idea si la grita promovida por la lideresa de la dictadura de los 90, Martha Chávez, y quien la acompañó en el despropósito, Luz Salgado, se justifican.

El preámbulo dice:

Nosotros, Representantes a la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios, y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido;

Creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado;

Que la familia es célula básica de la sociedad y raíz de su grandeza, así como ámbito natural de la educación y la cultura;

Que el trabajo es deber y derecho de todos los hombre y representa la base del bienestar nacional;

Que la justicia es valor primario de la vida en comunidad y que el ordenamiento social se cimenta en el bien común y la solidaridad humana;

Decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía; una sociedad abierta a formas superiores de convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo;

Decididos asimismo a fundar un Estado democrático, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice, a través de instituciones estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos, la independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la cancelación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública;

Convencidos de la necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos y de afirmar su independencia contra todo imperialismo;

Conscientes de la fraternidad de todos los hombres y de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales;

Animados por el propósito de mantener y consolidar la personalidad histórica de la Patria, síntesis de los valores egregios de múltiples origen que le han dado nacimiento; de defender su patrimonio cultural; y de asegurar el dominio y la preservación de sus recursos naturales; y,

Evocando las realizaciones justicieras de nuestro pasado autóctono; la fusión cultural y humana cumplida durante el virreinato; la gesta de los Libertadores de América que inició en el Perú Túpac Amaru y aquí culminaron San Martín y Bolívar; así como las sombras ilustres de Sánchez Carrión, fundador de la República y de todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales, y el largo combate del pueblo por alcanzar un régimen de libertad y justicia.

Como se puede apreciar claramente cada frase está llena de un contenido teleológico o finalista. Es una aspiración en sí de nuestro pueblo. Por ejemplo, la declaración de la superioridad de la persona sobre el estado, que ahuyenta precisamente el peligro de los totalitarismos y las dictaduras desde su propio enunciado. A ello se suma el reconocimiento que los derechos de esa persona son reconocidos y no otorgados por el Estado, por lo que no puede arrebatárselos en ninguna circunstancia. ¿Hay algo más lejos del chavismo venezolano, al que tanto dicen temer pero al que le sirvieron de ejemplo los propios fujimoristas, que eso?

¿No es correcto aspirar a la promoción de la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía? Nada hay más en las antípodas de un estatismo marxista que esta afirmación, como, también hay que decirlo, nada está más lejos del neoliberalismo y el absolutismo individualista que este enunciado, con lo que el país se pone en el mero centro, alejado de ambos perniciosos extremos.

¿No es correcto aspirar a que el Perú se constituya en una sociedad abierta (lejos de los aislacionismos chauvinistas) apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo?

¿Es justo de que se grite hasta desgañitarse y en presencia de presidentes de otras naciones, contra la decisión de fundar un estado democrático basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice instituciones estables y legítimas? Obviamente que para cualquier demócrata esto sería inexplicable, pero es claro que no lo es para quienes, como los fujimoristas, destrozaron el Estado de Derecho en el Perú y se rieron de su democracia, de sus habitantes y de sus instituciones.

¿Es indebido honrar el espíritu de una Carta que somete a los gobernantes a la Constitución y a la ley y pretende la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública? Entiendo que para los fujimoristas lo sea. No hay que olvidar que tienen a más de 80 de sus cuadros, entre civiles y militares presos y condenados por corrupción y violación de derechos humanos, fuera de todos los demás que se escaparon. Tampoco hay que olvidar que su líder real, el ex dictador, se ha autoinculpado de corrupción y de delitos de interceptación telefónica en agravio de personas inermes.

¿Hay que denigrar de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales?

Pues bien, todos estos tópicos y los que se leen en el Preámbulo glosado no merecen sino adhesión.

Frente a esta declaración de principios y valores está el texto del preámbulo chato y ramplón del documento que perpetró Fujimori en 1993 con ayuda de sus compinches y de un referéndum tramposo. Allí se dice textualmente:

“El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra Patria”

Eso es todo. Vale decir, nada como alma, nada como espíritu, nada como proyecto nacional. Sólo como se verá en el articulado de ese documento, el acrecentamiento del poder del jefe del Ejecutivo, el achicamiento del parlamento, la liberación de los controles y, luego incluso, en la práctica, el desconocimiento de ese articulado que ellos mismos habían promulgado. En realidad allí sólo se ratifica la angurria con que se procedió por parte de la gavilla que se hizo del poder en 1992 y que lo exprimió hasta los extremos del enriquecimiento ilícito más inmundo.

Frente a esto, ¿hay alguna lógica para alarmarse o para rechazar la invocación presidencial de proponerle este norte al Perú?

Usted juzgará y le ruego expresar con sus amigos, sus conocidos, en los medios electrónicos o públicamente, de acuerdo a su vocación, los resultados de su análisis.

Alberto Borea Odria

EL DEBATE FUJIMORI - HUMALA: MI BALANCE

2011-05-30T09:53:00.000-07:00

Este no es un artículo escrito por una persona imparcial, sino por alguien comprometido con los valores éticos y democráticos que creo que deben instalarse en el Perú y a los que a mi entender no se serviría si Keiko Fujimori, primera dama y compañía permanente de quien está preso por la comisión de delitos de lesa humanidad y por haberse autoinculpado corrupto, ganara las elecciones.

Hay que recordar que Alberto Fujimori, su padre, jefe político e imán de todo lo que se reúne en torno a Keiko Fujimori, aceptó haber dispuesto de 15 millones de dólares para compensar a Montesinos por los supuestos servicios que él consideró valiosos.

Discrepo y me repugna la prensa que quiere presentarse como imparcial cuando ya tomó posición y hace propaganda, ya no sólo expresa opinión, a la que siempre tiene derecho, por uno de los contendores y denuesta del otro.

No hay entonces ninguna pretensión de independencia en estas líneas, pero sí puntualizaciones claras, desde mi punto de vista, de lo que pasó esta noche del 29 de mayo en el debate.

¡CREE LA CANDIDATA FUJIMORI QUE LOS PERUANOS SOMOS DESMEMORIADOS Y QUE NO RECORDAMOS TODO EL DAÑO QUE SU GOBIERNO HIZO AL PAÍS?

Me pareció verdaderamente desfachatado que la candidata Keiko Fujimori imputara a Ollanta Humala como golpista. ¿De dónde viene ella y su grupo? ¿No fue acaso de un golpe que cerró todos los órganos del Estado, se coludió con las fuerzas armadas, destrozó las instituciones y se robó todo lo que pudo en el país? Dice que Humala intentó dos golpes de Estado. ¿Cree acaso que en Noviembre del año 2000 no tenía el Perú derecho a insurgir contra el régimen corrupto de su padre que había fraguado el resultado electoral para pretender quedarse cinco años más en el poder?

Me pareció alucinar cuando escuchaba que combatiría la delincuencia de los carteristas y escaperos. Ella que ha estado codo a codo y de besitos con quienes robaron, según Transparencia Internacional más de 6,000 millones de dólares a un país pobre como el Perú. ¿Cómo combatirá la pequeña delincuencia si no dijo ni hizo nada cuando le llevaban la plata en carretilla y en efectivo para que hiciera sus estudios en Estados Unidos, cuando su padre, el autócrata declaraba que ganaba sólo 2,000 soles y que ella tenían unos gastos de 10,000 dólares al mes?

¿Cómo puede hablar sin que se le mueva un pelo de respetar al Poder Judicial y del Ministerio Público así como de la independencia de ambos, quien fue pareja de quien lo envileció al punto que varios de sus integrantes están purgando cárcel o han servido condenas por su actuación sumisa en todos esos años del gobierno de Fujimori? ¿No se acuerda del triste y delictivo papel que jugó Blanca Nélida Colán? ¿No sabe que esas instituciones fueron convertidas en armas de persecución de sus opositores?

¿Cómo puede tener la candidata Fujimori la cara dura de decir que se enfrentó a Montesinos cuando hasta el último día trepaba con las manos negras las rejas de palacio junto con su padre cuando ya se había descubierto todo el tinglado que montaron para destrozar al país y chantajear a quienes estaban en puestos públicos o a quienes pretendieran blandir su independencia? Yo recuerdo que quienes se enfrentaron a Montesinos fueron los jóvenes del Foro Universitario, los periodistas de Prensa Popular y Democracia, los intelectuales del Foro Democrático. Nunca escuchamos una sola palabra de ella en ese sentido.

¿Cómo puede hablar de fortalecer la Contraloría como garantía de la limpieza en la marcha del país, quien perteneció al gobierno del Contralor Víctor Caso Lay, nombrado por su padre y que se ha esfumado hasta hoy para no dar cuenta de todas las tropelías en las que participó y todos los silencios que produjo cuando los Fujimori y sus aliados se levantaban el santo y la limosna?

Si no fuera porque puede catalogarse como grosero, usaría otra palabra en vez de cuajo, para preguntarle ¿cómo puede acusar a Humala de querer cambiar la Constitución, cuando su padre se sentó en el mandato que el pueblo le había dado para gobernar de acuerdo a la carta de 1979, destrozándola para servirse de un papel que es una coartada para llamarla como “constitución de 1993? ¿O sea que hay que santificar su delito y hay que considerar como sacrosanto ese emplasto? Dice que ella se compromete a no convocar una Constituyente. ¿Y para que la necesitaría si ya hizo lo que le dio la gana junto con su padre, burlándose del Estado de Derecho en el Perú?

¿Podemos creerle cuando habla de respetar los derechos de los trabajadores a quien encarna el régimen que más despedidos ha producido en el Perú y que desconoció más severamente los derechos laborales, echando, sólo en el Estado a más de 50,000 servidores? ¿a quién institucionalizó los “services”?

¿Cómo puede pretender que le creamos en su mentada apuesta por el diálogo cuando encerraba a los dirigentes sociales que reclamaban por luz, agua, pistas o veredas para sus comunidades, acusándolos de agitadores terroristas?

¿Cómo puede hablar de defender la soberanía la primera dama de un régimen que por la falta de previsión de su padre nos puso a merced de un ataque desde el Norte y regaló Tiwinza y dos pasos al Amazonas?

Es increíble que cuando se refiere al gobierno de su padre hable como de los errores del gobierno de terceros, cuando ella estuvo en la posicion encumbrada desde la que procedió.

NO CONTESTÓ LAS OBJECIONES QUE SE LE HICIERON Y SE LE BORRÓ LA EXPRESIÓN QUE PRETENDIÓ PROYECTAR AL INICIO DEL DEBATE

Sólo la obsecuencia de la gran prensa puede hacer pasar por alto estas ruedas de molino con las que pretende hacer comulgar al pueblo peruano.

No contestó ninguna de las puntualizaciones que le hizo el candidato de Gana Perú. Se pasó por alto directamente lo relativo a lo que había hecho para evitar la esterilización de más de 300,000 mujeres que ordenó hacer su padre cuando ella, que ahora habla de sus hijos, los que sí pudo tener porque no le ligaron las trompas inconsultamente, era primera dama y ya bastante mayor de edad para darse cuenta de lo que se trataba y apartarse del gobierno en el caso de una discrepancia.

En cada oportunidad que se le recordó la corrupción rampante del gobierno de su padre, en el que ella participó se calló en 20 idiomas.

Sin embargo, no pudo ocultar su rabia cuando Ollanta Humala le recordó las inconsecuencias y los latrocinios que se cometieron en su gobierno. A los cuatro minutos de iniciado el debate se le acabo la sonrisa “nice” con la que abrió su participación. Apenas le empezaron a poner el dedo en cualquier parte del cuerpo de su exposición, saltaba la pus.

En suma, un debate que para quien quiera ver no tiene manera de encontrarla como una persona digna en quien confiar. Una persona que obviamente perdió hasta en las formas que deben de mantenerse en un debate.

Dios quiera iluminar a los peruanos este domingo 5 de junio nos enrumbemos por un camino en el que todavía no hemos transitado y, aunque con temores, no será con indignidad que lo emprendamos. Y si Ollanta Humala quiere apartarse de la democracia, quienes hoy nos vemos en la alternativa de votar por él, sabremos también enfrentarlo en su momento, como enrostramos desde muy jóvenes a Velasco, al García de pretensiones cesaristas de la década de los 80 y al Fujimori dictador.

Alberto Borea Odria

Foto:Internet

¿POR QUÉ SE RELANZA EL FORO DEMOCRÁTICO?

2011-05-21T18:43:00.000-07:00

El Foro Democrático, la institución nacida en la sociedad civil en 1993 para decirle con claridad al país que en la época de Fujimori vivíamos en una dictadura que se quería ocultar desde los medios, desde el país oficial y desde los lugares donde se hacían negocios en el Perú, vuelve hoy día a retomar su tarea de hacer conciencia sobre la importancia del sistema democrático más allá de lo que se diga desde las estructuras mismas del poder que en nuestra república pocas veces se ha regido por los cánones democráticos.

Mucho se habla de la democracia, pero poco se la practica. La democracia en nuestro medio, para muchos, no es sino un instrumento que sirve o que no sirve de acuerdo a los intereses que en cada momento se tiene.

Sin convicción de los ciudadanos no se puede consolidar ese sistema. Por ello, es preciso que pasados estos diez años en donde no se afirmó la democracia, se ha de volver a insistir sobre sus conceptos básicos.

La democracia no es sólo el gobierno de las mayorías. Es el respeto a la dignidad del ser humano. Esto, incluso está por sobre el tema de las mayorías que es sólo una forma de resolver pacíficamente las disputas que se presentan en una sociedad.
La democracia es darle igual oportunidades a quienes se postulan a los cargos públicos para que presenten sus ideas a la población y darles la posibilidad de que respondan a los cargos que se les formula y que sea el pueblo el que informadamente decida. Es evitar los linchamientos mediáticos.

La democracia es exigirle a los medios de comunicación que se comporten de acuerdo a esos cánones y que no presenten como imparcial lo que no es sino una opinión adoptada y respetable, pero opinión y no información.
La democracia es el respeto cabal a la división de poderes y a los derechos humanos, civiles, políticos y también económicos.

La democracia es la limitación del poder, no sólo de los poderes políticos, sino de los poderes fácticos, aquellos que Marcel Prelot llama como los factores reales del poder.

La democracia es el rechazo a la demagogia y al facilismo de darle lugar a posiciones por el argumento de que eso es popular, sin acompañar los temas de una reflexión que eleve a las personas a la categoría de ciudadanos y los haga abandonar la tragedia de ser sólo individuos.
La democracia es el esfuerzo que ha de hacerse para lograr que el bienestar del país llegue a todos.

Para luchar por una democracia integral, dado que la que se desarrolló en el país no tuvo el coraje de acabar en estos diez años con el embuste que perpetró Fujimori, y que podría prolongarse si el otro candidato no da la talla y no beneficia al Perú con un sistema de gobierno que es el mejor de todos, es que vuelve el Foro Democrático.

Alberto Borea Odria

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