ALEJANDRO MONTBRUN

El AGUA VALE MÁS QUE EL GOLF, Y LA PLAZA NO TIENE PRECIO

2019-03-14T17:30:00.001-07:00

Por Alejandro Montbrun

El candidato a Intendente Oscar Santarelli, usurpa hace 20 años un lote público destinado a utilizarse como plaza. El espacio en cuestión es una generosa medialuna que completa el círculo formado por la plaza Islas Malvinas ubicada en ruta 5.

A mediados de los 90´ Santarelli compró calles colindantes a la plaza para instalar allí un campo de Golf y Cabañas. Utilizando la figura de “desafectación del dominio público” pudo hacerse legalmente de las calles, pero una plaza no puede comprarse y no puede venderse porque no tiene precio (su valor simbólico lo impide, no está sujeto a lucro) entonces siguió como patrimonio público-estatal en los hechos, aunque en la práctica la placita fue usurpada y anexada al emprendimiento comercial. Todo un aporte de la sociedad belgranense para engrosar una billetera privada.

En 2007 cuando Santarelli fue candidato a Intendente y por su exposición pública la usurpación de la plaza fue un tema de agenda, ensayó una defensa infantil en un entrevista radial: “a ese lugar lo estoy cuidando”.

Este antecedente permanece en la memoria de muchos, olvidado por algunos y desconocido por una importante porción de la sociedad que ha llegado a VGB durante la última década.
En cualquier localidad un candidato que usurpa tierras públicas (más aún una plaza para favorecer su negocio privado) estaría inhibido legal y socialmente de participar por la intendencia. Sin embargo, aquí avanza su candidatura.

En este contexto preelectoral y en plena ronda mediática, Santarelli hace una propuesta sobre su emprendimiento comercial donde no pone en consideración la devolución de la plaza, sino que, molesto por no entender la preocupación de algunos/as sobre la explotación del recurso hídrico serrano (Pozo Verde) que él utiliza para regar la cancha de golf, desafía: “Si ustedes no quieren que yo use el agua esa para regar, no se hagan problema, yo cierro la cancha, hago un loteo y me pongo 2 o 3 millones de dólares en el bolsillo y se terminó la historia”. (click para ver video)

Sin querer Santarelli deja abierta una serie de buenos debates:

- En caso de vender y meterse dos o tres millones de dólares en el bolsillo ¿devolverá la plaza o querrá venderla como propia?
- ¿Cuál ha sido el impacto ambiental de utilizar una vertiente serrana (Pozo Verde) para regar un emprendimiento comercial como el golf? siendo que el deterioro de esa cuenca es notable, pasando en pocas décadas de una olla que invitaba al chapuzón, a un pequeño charco 20 o 30 cm.
- ¿Qué opinan sus adversarios políticos sobre la usurpación de la plaza, y qué opinan sobre la utilización de un recurso natural para sostener el verde de un golf?

Para el autor de la nota no hay interrogantes: El agua vale más que el Golf y la Plaza no tiene precio.

#DevolvéLaPlaza

LAS CUENCAS SIN FONDOS DE CALAMUCHITA

2014-05-20T18:50:00.001-07:00

Por Alejandro Montbrun

Con un espectacular show mediático la Comunidad Regional de Calamuchita promocionó la llegada de $ 760.000 que serían entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el estudio de las cuencas hídricas de la región. El misterio sobre esos fondos duró casi 4 años y nadie sabía que había sido de ellos. Mediante una investigación la incógnita empieza a develarse parcialmente.

“El proyecto fue dado de baja” así lo confirma telefónicamente la funcionaria Mariela Gallenti que se desempeña como Técnica de la Dirección Nacional de Preinversión. Para certificar el asunto nos remite a un documento oficial del Ministerio de Economía de la Nación en donde se puede apreciar una planilla de cálculo que muestra el estado del estudio. Esta información puede ser corroborada ingresando en la página web de la Dinaprei (Dirección Nacional de Preinversión) http://www.dinaprei.mecon.gob.ar/?page_id=1427 (Anexo 2.Listado de Estudios Financiados diciembre de 2012) (celda 448)

Ahora sabemos que los fondos no llegaron y que la Comunidad Regional hizo una puesta en escena con el proyecto en un año electoral (2011). La cancelación de los estudios nunca fue informada como lo marcan las normas del buen gobierno republicano del cual el Ente Calamuchitano se alejó hace mucho.

Consultado vía telefónica sobre el asunto el Vicepresidente de la Comunidad Regional Fabián Gigena dice no saber nada del caso, “eso se debe haber caído” y reafirma “de ese tema no se habló más en las reuniones de la Comunidad”.

El atento lector habrá advertido que las cifras no coinciden. El anuncio sobre la llegada de los fondos alcanzaba los 760 mil pesos, mientras que la planilla marca $159.000. Esta enorme diferencia dineraria no puede ser explicada por la Técnica Mariela Gallenti quien por correo electrónico señala “No sé que decirte, el estudio que nosotros aprobamos es tal cual figura en nuestra página web, como pudiste ver no hemos financiado nada más.” Bien predispuestas la funcionaria siguió investigando por su cuenta recopilando información en otros programas como el “Programa Norte Grande Hídrico” donde tampoco encontró resultados positivos.

El intendente de Río de los Sauces y Vicepresidente de la Comunidad Regional Fabián Gigena tampoco pudo responder sobre la diferencia entre los números anunciados y aquellos que estaban en el proyecto oficial que figura en los archivos de la Dinaprei “no se nada” repitió una vez más.

Así hemos descubierto parcialmente la historia sobre los fondos del "Estudio de Factibilidad Avanzada para la Gestión de los Excedentes Hídricos Superficiales del Departamento Calamuchita". El artículo queda como antecedente para nuevas investigaciones que puedan avanzar sobre los lugares oscuros a los cuales este autor no ha podido acceder.

AMBIENTE DENSO

2014-04-04T20:13:00.000-07:00

Por Alejandro Montbrun

El disertante que trajo el PRO Calamuchita para exponer sobre Ambiente terminó siendo el responsable técnico del Vertedero Regional de Basura que es el mayor desastre ecológico del Valle.

El ambiente se tornó denso cuando “Vecinos Autonconvocados por una Calamuchita sin Basura” advirtieron que el experto propuesto por el PRO para dar la charla era nada más y nada menos el Lic. Henry Blas Leis quien había firmado el proyecto que vienen denunciando como desastroso desde 2009.

Henry Blas Leis fue promocionado durante toda la semana como un técnico neutral que venía a ofrecer sus servicios a los vecinos del Valle para evacuar dudas medioambientales. Su curriculum profesional y político no fue exhibido y tampoco nadie preguntó por él.

Pero bastó con revisar el proyecto de “Planta De Clasificación, Procesamiento, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos Del Departamento Calamuchita” (Vertedero Regional) para advertir que el experto figuraba en las páginas principales del mismo. (foto 1)

(foto 1)

Ante el pedido de respuestas por parte de la agrupación de Vecinos Autoconvocados el Lic. Leis reconoció ser el firmante técnico del proyecto pero deslindó responsabilidades en quienes están ejecutando la obra. Ante un ida y vuelta incesante de acalorado debate el organizador de la velada y Pte. del PRO Calamuchita Jorge Rebecca señaló que desconocía las actuaciones de Leis como responsable del proyecto del Vertedero al momento de invitarlo.

La noche se fue apaciguando y las autoridades del PRO a nivel departamental empezaron a plantear estrategias para abordar el desastre del Vertedero mientras Henry Blas Leis quedó en segundo plano relegado por las circunstancias.

Por último el Licenciado en Gestión Ambiental Leis se comprometió a revisar la evidencia que acredita la catástrofe del Vertedero Regional (foto 2) y a exigir ante las autoridades que su obra maestra funcione tal cual estaba estipulada en el proyecto.

(foto 2)

Supermercado Becerra de VGB solo cumple con la mitad de los Precios Cuidados

2014-03-06T17:43:00.003-08:00

Por Carolina Ozán y Alejandro Montbrun.

El mayor supermercadista de la localidad registra un alto incumplimiento a pesar de poseer una amplia cartilla de productos con Precios Cuidados. Preocupa la presión intimidante del encargado que vigila a los vecinos que relevan precios.

6 de Marzo de 2014. Una sensación ambivalente se hace presente cuando se recorren las góndolas del “Becerra” al verificar el cumplimiento del programa nacional “Precios Cuidados”. Sobre la lista de 84 productos acordados solo 39 se encuentran disponibles y debidamente referenciados en las estanterías del local ubicado en la calle Ojo de Agua de Villa General Belgrano.

Como saldo positivo hay que destacar que varios productos de esta “canasta” están por debajo del importe oficial, por ejemplo: Atún al Natural Nerida se encuentra fijado en $20,50 y Supermercado Becerra lo promociona casi a cinco pesos menos. Situación similar se da en los desodorantes que también tienen importes rebajados sobre los ya cuidados: Desodorante Femenino Rexona está exhibido a $12.90 cuando el programa nacional los sugiere a $14.50.

A estos ejemplos rebajados se le suman otros seis más en Cacao en polvo, Desodorante Masculino, Galletitas Dulces, Gaseosas, Jugos, Lentejas y Salchichas. Al consultar sobre estas diferencias se nos respondió que no todos los productos siguen el lineamiento nacional.

El lado oscuro de este informe se da con la incómoda situación que se vive al momento de ir a relevar los precios con la marca personal que realiza un empleado del local sin identificación. Más de media hora se dedicó a seguirnos en nuestro recorrido manifestando con malos modales la prohibición de sacar fotografías a los productos señalizados. La alerta fue injustificada ya que el sujeto ignoraba que estábamos usando el celular para scanear los productos y averiguar los precios con la aplicación “Precios OK” para dispositivos móviles.

El cumplimiento solo alcanza la mitad de los productos y la vigilancia sobre los vecinos se hace insoportable para aquellos que solo quieren defender los derechos del consumir. Si desea acompañar la iniciativa controlando precios puede imprimir la lista oficial de productos en "Precios Interior" o solicitar en mesa de entrada la lista propia que maneja el Supermercado Becerra.

LA SOJIZACIÓN DE LA POLÍTICA

2013-07-12T09:16:00.002-07:00

Por Alejandro Montbrun

Villa Ciudad Parque. El jefe Comunal Héctor Polcan tiene las urnas bien guardadas y no responde al pedido de votación de un referéndum para decidir la instalación de una zona de resguardo ambiental contra los agrotóxicos.

Luego de largos años de inacción gubernamental para regular las fumigaciones, los mismos vecinos decidieron presentar la propuesta para que sea el pueblo en elecciones quien opine si quiere avanzar o no en limitar el uso de agrotóxicos.

La negativa de la comuna mediante el silencio administrativo (no responde formalmente el pedido de referéndum) es una nueva estrategia dilatoria a favor de los sojeros regionales. La comuna calamuchitana evidencia el sometimiento de la política a un poder económico. Las actitudes del jefe comunal desnudan una vez más las injerencias del poder sojero en las decisiones políticas.

Los institutos de democracia semidirecta (iniciativa, referéndum, revocatoria) suelen ser aludidos en campaña electoral para alentar la participación vecinal con bonitas frases y así conquistar al electorado, pero una vez que arriban al gobierno las autoridades hacen todo lo posible por cercenar esos derechos.

Como nunca se ha puesto en evidencia el juego de poderes que influyen sobre la democracia en esta zona, los poderes fácticos (aquellos que no están definidos en el marco institucional) marcan el ritmo del gobierno en contraposición de la participación popular legamente reconocida. El caso propuesto por los vecinos de Villa Ciudad Parque se ajusta a la ley 8102 “de Municipios y Comunas” que expresa claramente en su artículo 153 "Podrán ser sometidas a referéndum facultativo entre otras: las que puedan afectar el medio ambiente y calidad de vida.”

Los pobladores de la zona ya comentan “tres sojeros pueden más que unos cuantos”, rápidamente y parafraseando a León Gieco hay que decir “que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

Sojización de la Politica II

Villa General Belgrano vive por estos días una situación similar, luego de haber sido declarada “libre de agrotóxicos” el departamento ejecutivo municipal envió un proyecto para derogar la ordenanza que prohibía las fumigaciones. El Concejo Deliberante aún debate si está dispuesto a pagar el costo político y someterse al dictado sojero.

El PRO viola la ley electoral en VGB

2013-06-12T15:40:00.000-07:00

Con motivo de promocionar la candidatura a diputado nacional del ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi se ha instalado una propaganda electoral en Villa General Belgrano. Este hecho es una evidente violación a la ley electoral.

La campaña está regulada por ley y según el cronograma que brinda la justicia electoral nacional las actividades para captar la voluntad política del electorado comienza el 12 de Julio de 2013 (30 días antes del sufragio).

Para resguardar a los ciudadanos del asedio propagandístico-publicitario la ley electoral prohíbe las imágenes y los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales en la vía pública antes del comienzo de la campaña electoral.

Estos pasacalles instalados a la vera de la ruta 5 son claros mensajes políticos, es público y notorio que Baldassi será candidato a diputado y también es indudable la identificación partidaria del mensaje con los colores característicos (negro y amarillo) del PRO de Mauricio Macri. A todo ello se añade la consigan “2013” con lo cual no quedan dudas de la manifiesta alusión a captar el voto para las filas macristas.

Con estos datos se puede afirmar que el PRO en VGB está violando la ley electoral hace más de un mes y podría seguir en infracción un mes más si no son retirados los pasacalles.

Otro caso

A metros se observa otro pasacalle, esta vez más pequeño y menos glamoroso que el del PRO. Se trata de una propaganda electoral a favor de Olga Ruitort quien también competirá para ingresar en el congreso en las próximas Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hasta el momento se desconoce quien representa a “Olga” en Villa General Belgrano y que pueda hacerse cargo de la infracción electoral que se está cometiendo.

TABÚ VGB

2013-06-04T19:57:00.000-07:00

Por Alejandro Montbrun

Las Declaraciones Juradas de funcionarios públicos en Villa Gral. Belgrano parecen ser un tema Tabú. No se pueden decir, hablar o tratar. Sólo en periodo electoral se realizan promesas sobre este tema que luego no se cumplen ni vuelven a impulsarse.

Por segundo año consecutivo se ha solicitado a las autoridades municipales de VGB la nómina de los funcionarios públicos que han presentado Declaración Jurada Patrimonial tal cual lo exige la ordenanza Nº 1152/00. Los magros resultados conseguidos en 2012 (ver Solo el Tribunal de cuenta cumple ) han empeorado: en este periodo ningún poder municipal ha contestado las misivas.

Un poco de historia.

Bajo el slogan “Cambio y Transparencia” llega al gobierno el radical Sergio Favot en 1999. En uno de los primeros actos de gobierno intenta dar muestra del compromiso con la transparencia prometida y se sanciona la Ord Nº1152/00. Así, a partir de ese momento el municipio pasa a regular la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios. La norma contempla plazos, personas afectadas, sanciones y estipula el carácter secreto de las declaraciones.

En 2007 con el fin del gobierno de Favot se redobla la apuesta y en aquel momento parecía que las declaraciones juradas serían públicas según rezaba la propuesta ganadora del radical Fabián Hoss. La ordenanza no solo no se modificó (es decir, no se hicieron ni públicas ni publicadas) sino que la norma vigente no fue cumplida por todos los funcionarios. (ver Declaraciones Juradas Hoss)

Tiempos modernos

En 2011 vuelve al ruedo el tema y dos candidatos a la intendencia proponen Declaraciones Juradas Públicas.

Humberto Vera desde el kirchnerismo con sello del Frente Grande

Y Teo Romero desde el juecismo con sello del Partido Nuevo. Teo Romero fue incluso más allá y entregó a la prensa local su declaración jurada siendo candidato. Con esto demostraba ser consecuente con su propuesta a partir de ese mismo momento.

Los tres dirigentes aquí citados siguen siendo parte del sistema político belgranense: Hoss es concejal y tanto Vera como Romero integran una mesa política junto al oficialismo.

Ninguno de ellos ha vuelto a instalar el tema, mencionar la falta de cumplimiento de la actual ordenanza o su modificatoria para mejorar la transparencia gubernamental. El tema es Tabú durante cuatro años, y solo sirve para hacer campaña.

Nota: Al momento de escribirse este informe la ordenanza 1152/00 no se registra en la página web del municipio.

Anexo

CALAMUCHITA: ENVASES DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL RÍO

2013-05-04T20:39:00.000-07:00

El camping municipal de Villa Ciudad Parque esconde un peligroso secreto para el medioambiente: envases prohibidos por la ley y una reutilización polémica.

Por Alejandro Montbrun

Villa Ciudad Parque. Lugar de esparcimiento a la vera del río Los Reartes, el complejo cuenta con asadores, estacionamiento y una bella arboleda. En líneas generales podemos afirmar que este camping rentado está bien cuidado. La limpieza del lugar parece relacionarse con la proliferación de grandes tachos de basura. Allí los visitantes pueden depositar todos los residuos que necesariamente producirán en su estadía.

La tranquilidad de una ronda de mates o de un asadito en familia puede romperse cuando se gira la mirada hacia estos tachos basura y se empieza a leer en detalle la procedencia de los mismos.

LÁTEX es una de las inscripciones que resaltan en uno de los envases (foto 1). A simple vista uno podría quedarse tranquilo pensando que han colocado un tacho de pintura como aquella que usamos en casa para blanquear una pared, pero si miramos al dorso del tacho de 200 litros (foto 2) veremos una cantidad de advertencias en portugués que al interpretarlas alarman. “Riesgo para la salud”, “Riesgo para el medioambiente”, “Contaminante de recursos hídricos”, “Descarte los tambores” y especifica que NO ES RECOMENDABLE LA REUTILIZACIÓN DE LOS TAMBORES.

(foto 1)

(foto 2)

Aún así, lo escépticos podrían refutar la peligrosidad de estos tachos de Látex mencionando que las recomendaciones son generalidades de cualquier envase. Sin embargo en este caso específico hay que aclarar que los envases de Látex están considerados “Residuos Peligrosos” por la Ley Nacional 24051. En el Capítulo XI su anexo Y13 dice claramente: “Son categorías sometidas a control desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, LÁTEX, plastificantes o colas y adhesivos.”

Una etiqueta adherida a otro tacho reza DIETILENGLICOL (foto 3). El Dietilenglicol es un químico tóxico para los humanos, que durante el año 1992 en nuestro país fue el lamentable responsable de la muerte de 25 personas. Un tónico de propóleo que contenía DIETILENGLICOL fue el desencadenante de aquello tragedia que fue tapa de los diarios por aquel entonces.

(foto 3)

Marca tendencia

La impunidad con la que se han instalado estos tachos en un lugar público a la orillas del río parece incentivar a otros vecinos a adoptar la misma moda. Así lo gráfica la foto 4. Un envase parecido a los del camping que señala expresamente “Producto químico, no reutilizar este envase” se ha reconvertido en cesto de basura. Este residuo peligroso se encuentra a varias cuadras del camping en una casa particular para alquiler.

(foto 4)

No quieren dar la nota

Al ser consultado sobre el caso el jefe comunal de Villa Ciudad Parque Héctor Polcan no quiso acceder a prestar testimonio para el informe, pero señaló que quien había puesto los tachos era el concesionario del camping y que iba a hablar con él personalmente para que los retire. Al cierre de esta nota ya habían pasado quince días de la promesa del funcionario y los tachos seguían en el mismo lugar.

También se intentó tener la palabra de concesionario del camping quien del mismo modo se excusó de dar su voz para evitar conflictos, aunque reconoció off the record que él había instalados los tachos allí y que los había comprado en un lugar que describió como una especie de feria cercana a la localidad de Tancacha.

Para culminar el informe es necesario recordar que en el marco de la ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24051 se condenó recientemente a dos de los acusados de envenenar con agrotóxicos al barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba.

Tremenda paradoja la de estos tachos en Villa Ciudad Parque, un pueblo que más allá de sus encantos se ha hecho famoso por la lucha de muchos vecinos en contra de las fumigaciones con glifosato y que tienen desde hace un buen tiempo envases de residuos peligrosos en su ambiente que han pasado desapercibidos.

VERTEDERO DESCONTROLADO

2013-03-07T21:17:00.000-08:00

foto 1

Un paneo fotográfico muestra que los 18 millones de pesos públicos invertidos en el Vertedero Regional de Basura Calamuchita solo han logrado convertirse en un gran basural a cielo abierto.

Por Alejandro Montbrun

Fotos: Sebastián Gimenez

A dos meses de la puesta en marcha, el Vertedero Regional de Basura dista mucho de ser el “mejor proyecto, único en Latinoamérica” como señalaban sus promotores.

Legislador, intendentes y privados involucrados en el proyecto siempre resaltaron la organización de los fardos que supuestamente serían impermeables para contener la basura. La evidencia fotográfica muestra como los fardos (o balas) están totalmente deterioradas (foto 1) y aún más, se evidencia cómo la basura en la cava se está enterrando con los fardos destrozados.

foto 2

Con la basura dispersa en la cava y sin enfardar, las lluvias convierten a ese pozo en un caldo de líquidos lixiviados (jugos de la basura) que desagotan con un caño que lleva su cauce fuera del predio hacia la calle y que sigue su curso en los campos lindantes (foto 2). Un cañito para desagotar en la calle parece muy poco para contar con tecnología española, finlandesa y holandesa.

Algunos calamuchitanos que han visitado el lugar prefieren ampararse en el anonimato pero off de record comentan que a veces los camiones se vuelcan directamente en la cava sin ser enfardados y que más de una vez ingresan al predio chanchos salvajes para comer la basura. El testimonio parece verosímil observando el estado de la acumulación de la basura y rotura de los fardos. Cabe preguntarse en que difiere esto a un basural a cielo abierto.

¿Inaugurado?

Ya son varios los municipios que llevan su basura al lugar, entre los más populosos Embalse y Villa Gral. Belgrano. En el afán por mostrar gestión para justificar la millonaria inversión la Comunidad Regional Calamuchita ha realizado una inauguración con presentación a la prensa y comunicados resaltando las virtudes del Vertedero. Esto fácticamente es una inauguración, pero sorprendió el gobernador De la Sota manifestando que pronto vendría a inaugurar el tan mentado proyecto. Las causas de esta colisión entre la realidad y el discurso se basa en que el Vertedero está impedido judicialmente de funcionar , ya que por resolución Nº 110 el Juez en lo civil y comercial de Rio III Gustavo Massano resolvió ordenar “el inmediato cese de actividades” hasta tanto se contrate un seguro exigido por las leyes ambientales.

Así las cosas el Vertedero funciona plenamente pero se busca una estrategia discursiva aludiendo a “pruebas piloto” y “puesta a punto” para burlar a la justicia.

Los más de 18 millones que supuestamente se han invertido para erradicar los basurales a cielo abierto en el Departamento Calamuchita no han hecho más que convertir a la Cañada Grande en un inmenso basural a cielo abierto como demuestran las fotos. Las advertencias sobre las irregularidades de este proyecto han sido señaladas desde hace años por la sociedad civil a través de los vecinos autoconvocados, la defensoría del pueblo de la nación en base al informe de la Universidad Nacional de Rosario y los tribunales de Rio Tercero. Las fotográficas ponen en evidencia el capricho político de algunas autoridades que sin escuchar van al desastre ecológico más grande de Calamuchita.

SOLICITADA AL GOBERNADOR DESDE CALAMUCHITA

2013-02-05T17:44:00.001-08:00

Por Alejandro Montbrun

Siete autoridades políticas del Valle firmaron para que De la Sota revea la clausura de las antenas de la Tv Digital Abierta por considerar que la medida atenta contra la libertad de expresión.

Quienes suscriben son: Valeriano Torres (VILLA DEL DIQUE); Oscar Musumeci ( VILLA YACANTO), Claudio Chavero (SANTA ROSA) Jorge Ordoñez (SAN IGNACIO) ; Fabián Gigena (RÍO DE LOS SAUCES) Lucas Sánchez (LOS REARTES); Daniel López (LA CUMBRECITA).

Destaca el nombre de Daniel López quien nuevamente se encuentra apoyando una solicitada promovida por sectores que se hallan en las antípodas del delasotismo. Debe recordarse que López desde sus inicios en la política siempre ha respondido a Unión por Córdoba orgánicamente.

POLÍTICAS TIRADAS A LA BASURA

2013-01-08T19:09:00.000-08:00

Por Alejandro Montbrun

Por mediados de los 90’ el entonces senador José Manuel de la Sota llegaba a Villa General Belgrano para inaugurar la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Allí durante la gestión de Ramón Graneros empezó la apuesta por reciclar nuestra basura.

Recuerdo interesantes charlas que el mismo intendente y su equipo de gobierno transmitían en las escuelas explicando el nuevo sistema que nos iba a distinguir en todo el Valle de Calamuchita. Durante más de quince años el proyecto tuvo marchas y contramarchas, se reubicó la planta y se cambió el modo de recolección de los residuos (en principio se proponía sacar la basura con bolsas de distintos colores), entre otros retoques, para luego pasar de una gestión puramente municipal a una compartida con la Cooperativa de Trabajo “Resimundo”.

Pero lo más importante fue la motorización que en todos estos años se ha hecho en concientizar sobre el manejo domiciliario de la basura donde vecino y municipalidad debían trabajar codo a codo para reducir los residuos.

Hoy el intendente y su equipo de gobierno argumentan que los números no cierran y que por eso no se va a separar más la basura en Villa Gral. Belgrano.

El mensaje que se baja es demoledor para la ciudadanía: el Estado se da por vencido, no quiere afrontar el problema de la basura, prefiere juntar todo (no separar entre orgánico e inorgánico, reciclable y no reciclable) y mandar todo al vertedero de Córdoba o al siempre esperado vertedero regional de basura de Calamuchita. No hay plan y nunca lo hubo. No hay proyecto ni programa, la gestión de Gustavo Medina busca solo conquistar y conservar el poder. Durante más de quince años los residuos tuvieron su política de Estado, el último gobierno se especializa en tirar políticas a la basura.

VIAJE A ISRAEL DEL INTENDENTE VGB. EL CRONOGRAMA TURÍSTICO.

2012-12-04T17:13:00.000-08:00

Por Alejandro Montbrun

Poco se supo del viaje por Israel, Jordania y Palestina del intendente de Villa General Belgrano en octubre pasado. No hubo fotos, videos o conclusiones acabadas del “Curso extensivo de Seguridad y Gobiernos Municipales” en Medio Oriente. En resumen la evaluación pública que el mismo Gustavo Medina realizó del viaje puede resumirse en estas declaraciones que realizó a Radio Flash de Santa Rosa de Calamuchita: “Pensamos en lo difícil que es la aplicación de las normas de seguridad que tienen en Israel respecto de la legislación que hay en Argentina”.

Las escandalosas imágenes que se filtraron en el diario “Día a día” en 2010 sobre las actividades que los intendentes realizaron en el mismo curso en Israel (se los mostraba en salidas nocturnas festivas y recorridas turísticas varias) alertaron a los nuevos viajeros y de ahí en adelante no se conocieron más detalles de los llamados “viajes de estudios”.

Hoy, mediante una costosa búsqueda informática pude dar con el cronograma de viaje que ofrecía la Federación Argentina de Municipios y que nunca dio a conocer el gobierno municipal. Seguramente era poco conveniente para la “Gestión Medina” mostrar una grilla donde el 75% del viaje se reparte en actividades religiosas, culturales y turísticas.

De ésta manera podemos apreciar que entre los días 14 y 15 de Octubre el intendente de Villa General Belgrano pudo visitar “El establo donde nació Jesús, La Cueva de la Leche, la Tumba de Lázaro, entre otras” durante el 16 y 17 de octubre la actividad programada también era intensa con una visita a la Ciudad Perdida de Petra en Jordania donde se la resalta (según el cronograma) como internacionalmente conocida por haberse filmado allí la película “Indiana Jones”.

El 18 de octubre (5 días después de arribar a Oriente Medio) se dio inicio al curso propiamente dicho sobre Seguridad Ciudadana, sin embargo las actividades de recreación siguieron programadas: en este caso había tiempo para recorrer “la tumba de María, el lugar donde Jesús celebró la última cena y la carpintería de José entre otros paseo”

La comunicación sesgada que ofrece el municipio dificulta una intercomunicación crítica entre gobierno y vecinos. Para avalar o cuestionar la oportunidad de los gastos públicos (el curso se pagó con fondos provinciales) es necesario contar con información detallada que no omita cuestiones fundamentales para evitar conflictos.

Solo ocho intendentes firmaron en apoyo a la LEY DE MEDIOS en Calamuchita

2012-11-25T19:01:00.000-08:00

Por Alejandro Montbrun

De las 24 autoridades (intendentes y jefes comunales) del Valle de Calamuchita solo ocho firmaron la solicitada en apoyo a la ley democrática de servicios de comunicación audiovisual.

El documento hace referencia al respeto a las instituciones democráticas por sobre cualquier privilegio privado “Hay que cumplir con la ley porque vivimos en un Estado que marca derechos y obligaciones. Si un monopolio no respeta la norma es que no entendió que en el país que estamos construyendo se terminaron los privilegios” en clara alusión al Grupo Clarín.

Los firmantes en Calamuchita son: Mauro Bottini (La Cruz); Daniel López (la Cumbrecita); Lucas Sánchez (Los Reartes); Fabián Gigena (Río de los Sauces); Jorge Ordoñez (San Ignacio); Claudio Chavero (Santa Rosa de Calamuchita); Oscar Musumeci (Villa Yacanto); Valeriano Torres (Villa del Dique).

Todos los jefes comunales e intendentes calamuchitanos que adhieren a la solicitada tienen un acercamiento al armado político kirchnerista, la excepción es el jefe comunal de Cumbrecita Daniel López un delasotista siempre orgánico al pj cordobés.

En tiempos claves para la democratización de los medios de comunicación solo un tercio de las autoridades calamuchitanas se animan a poner el gancho.

PRODUCTOR SOJERO IMPUTADO EN CALAMUCHITA

2012-11-13T14:23:00.002-08:00

Por Alejandro Montbrun

Villa Ciudad Parque Los Reartes. “Hace una semana el fiscal Carballo nos confirmó que está imputado el Sr García quien trabaja el campo de Jaime Roca por la presunción del delito de contaminación ambiental dentro de la ley de residuos peligrosos.” Así confirma el hecho Pablo Riveros vecino integrante del colectivo de vecinos “Semillas del Sur” y secretario de la Comuna del lugar por la oposición.

Esta situación se desencadena cuando un productor emprende una fumigación a 20 metros de una vivienda. La agrupación de vecinos, que lidera Riveros, hicieron una denuncia penal elaborada por el abogada Avila y la semana pasada, el fiscal de la causa les informo de la imputación de García. Al respecto Pablo declara: “La actitud de García sin importar absolutamente nada ha hecho que se lo impute, además en 2009 realizó una fumigación con 2-4 D (mas toxico que el Glifosato) al lado de las casas con lo cual ya viene con antecedentes”.

El problema de las fumigaciones tiene ya unos cinco años en la localidad y Riveros no duda en señalar a uno de los responsables en la no resolución del conflicto: “Yo no dejo de nombrar al Sr. Jaime Roca porque me parece que es el principal responsable, él tiene una posesión de unas 200ha mas o menos en el lado sur a Villa Ciudad Parque Los Reartes (que trabaja el imputado García) si uno se fija en un mapa Google en este campo “la barrera forestal” serían las casas del loteo del pueblo. Roca es quien está instigando las fumigaciones, es el que está sosteniendo por medios económicos el asesoramiento de muy buenos abogados y carísimos del la provincia de Cba. Contra esta gente vamos a seguir hasta el final porque no se han querido sentar a ninguna mesa de diálogo, el fiscal los ha convocado y no han ido a la audiencia, así que vamos a seguir para adelante”.

Al lucro y tozudez privada de Roca y García, Riveros le agrega el condimento político de sometimiento al mundo sojero por parte del Jefe Comunal: “Nos acabamos de enterar que el Presidente de la Comuna derogó una resolución que cuidaba la salud de la población y el ambiente (la resolución limitaba las fumigaciones). Ninguna persona en el pueblo estaba enterada de esto. Creo que es la primera persona en el país que deroga una ley ambiental contrariamente a todas las disipaciones y políticas que se están generando hoy en día con respecto al medio ambiente sino que también contra la constitución nacional y la ley general de ambiente que es la que tendría que regirnos con el principio precautorio”.

Por último el entrevistado deja un reflexión general sobre el tema en el Valle de Calamuchita “Las campañas de fumigación aquí y en los pueblos vecinos de Villa General Belgrano y los Reartes las quieren hacer, estamos en un momento bisagra donde debemos empezar a darnos cuenta que estamos en un Valle donde perfectamente podemos producir alimentos ya que tenemos la condición indispensable que es el agua“.

Cabe destacar que ésta es la misma imputación que tuvieron en una primera instancia los finalmente condenados productores de barrio Ituzaingó Anexo.

Embargo de la Fragata Libertad

2012-10-23T19:47:00.001-07:00

DECIDIDO A “ENROSCAR LA VÍBORA”

2012-07-15T18:05:00.001-07:00

Por Alejandro Montbrun

Mientras la minera Vale Do Río Doce intenta instalarse en Villa Yacanto de Calamuchita, se produce el fenómeno de alineaciones a favor y en contra del emprendimiento.

El legislador departamental Carlos Alesandri intenta ensombrecer su apoyo al proyecto. Es que no quiere pagar el costo de apoyar explícitamente aunque se vislumbra que es decididamente el promotor encubierto del mismo. Hoy, su discurso intenta atacar a la oposición a la minera, pero más que un debate serio sobre el tema el embalseño busca “enroscar la víbora” a través de tres pobres argumentos:

1) Minimizar el impacto de la explotación Minera: Alesandri ha dicho que ya existen muchísimas minas en Calamuchita. Esto es cierto pero hay que mencionar “un pequeño detalle”: está comparando micro emprendimientos instalados en zonas no turísticas, con el proyecto de la minera más grande de Sudamérica y la segunda más grande del mundo. Seguramente la Vale do Rio Duce no vendrá para hacer un trabajo artesanal en la parte turística de nuestro Valle. Para tomar dimensión de las proporciones del gigante que quiere hacer pie en nuestra zona solo hay que ver sus números: en 2011 Vale Do Rio Doce facturó 60.000 millones de dólares y obtuvo beneficios por unos 30.000 millones de dólares.

2) Defenestrar al intendente de Yacanto: Lo acusa de practicar nepotismo (gobernar con familiares) en el pueblo. Aquí el legislador podrá hacer todos los ataques que quiera, verdaderamente en nada contribuye al debate sobre la cuestión minera con el agravante que Alesandri es un fiel expositor del nepotismo local, a saber: Federico Alesandri ( su hijo), estuvo a cargo del plan provincial de manejo de fuego manejando un presupuesto millonario y desde allí paso luego a la intendencia de Embalse, Mirta Baldi ( su esposa) fue secretaria privada de Olga Ruitort en la Secretaría General de la Gobernación y luego fue concejala de Embalse. José Alesandri (su hermano) fue funcionario de la Lotería y Casinos de la Provincia y Ana Baldi (su cuñada) fue Subdirectora de Jurisdicción de Relaciones con Comunidades de la Dirección de Comunidades Regionales y Desarrollo.

3) Sostener que las leyes provinciales cuidaran del correcto funcionamiento de la nueva mina: Ya hay antecedentes de sobra para saber que una vez instalados estas trasnacionales no permiten ningún control dentro de su territorio. Se convierten en verdaderos enclaves coloniales con sus reglas. Sin sindicatos, sin horarios, sin controles de ningún tipo.

En fin, la táctica es quitarle jurisdicción a Yacanto para instalar la mina. Si encuentra estas argumentaciones en el discurso del legislador y Presidente de la Comunidad Regional Calamuchita tenga cuidado de no comprar el discurso porque en realidad le quieren “enroscar la víbora”.

Villa General Belgrano: Solo el Tribunal de Cuentas cumple en informar sobre Declaraciones Juradas

2012-05-20T19:20:00.000-07:00

Por Alejandro Montbrun

Con el fin de investigar el cumplimiento de la ordenanza Nº 1152/00, el pasado 03 de mayo de 2012 se presentaron tres notas al municipio para que los distintos poderes (Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas) informen cuales de sus miembros han presentado Declaración Jurada Patrimonial.

El pedido está enmarcado en el procedimiento de la Ley de Acceso alConocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba 8.803 que reconoce a toda persona “el derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, municipal…”

Culminados los plazos que marca la ley (diez -10- días hábiles) solo el Tribunal de Cuentas a contestado en forma oportuna y completa la solicitud. Así por nota Nº 09/12 fechada el 08 de Mayo, el presidente de dicho cuerpo Miguel Juan Ribas responde que la totalidad de los miembros han presentado Declaraciones Juradas, y añade que también cumplió con la obligación “la Sra. Ana Miriam Ramírez que integró este cuerpo hasta mediados del mes de febrero del corriente año”

De parte del Honorable Concejo Deliberante se recibió respuesta fechada el 17 de mayo donde se promete: “estaremos enviando la nómina de los funcionarios públicos de este Cuerpo que han presentado Declaración Jurada Patrimonial de la actual gestión a la brevedad”.

La promesa de contestación no contiene un pedido de prórroga formal ni estipula una fecha concreta para dar a conocer la nómina solicitada, con la cual está incumpliendo con la ley 8.803.

En el caso del Departamento Ejecutivo, el silencio ha sido absoluto, no hubo contestación afirmativa o negativa, como tampoco se ha solicitado una prórroga para dar a conocer los nombres de los funcionario que obligados por ordenanza han presentado su Declaración Jurada.

Altos y bajos, con respuestas dispares encontramos en la investigación, desde un óptimo de pleno cumplimiento en el Tribunal de Cuentas, pasando por un promesa sin respuesta concreta del Concejo Deliberante, hasta la falta total de información por parte de Departamento Ejecutivo a cargo del intendente municipal.

Recopilando la información sabemos que han presentado Declaración Jurada Patrimonial:

Miguel Angel Ribas

Fabiana Elena Martínez

Adolfo Meza

Ana Miriam Ramírez

Se desconoce si los siguientes funcionarios cumplen con la ordenanza que exige las declaraciones:

En el Concejo Deliberante:

Sergio Antonio Quiroga

Elena Alicia Hanle

Rodolfo Cesar Pérez

Mónica Lucia Yranzo

Fabián Alberto Hoss

Verónica Giselle Castracane

Raúl Alejandro Bustos

En el Departamento Ejecutivo: (*)

Gustavo Ezequiel Medina

Eduardo Wagner

Federico Raúl Antonio Rossetti

Valentín Stähli

Marcela Tornari

Arpad Andrés Falcioni

Agustín Perez

María Jimena Apecechea

Jorge Abel Isaack

Antonio Bello

Existen procedimientos para insistir con las debidas respuestas, pasos que pronto deben darse para que las autoridades brinden la información requerida y de esa manera comprobar si cumplen con las obligaciones propias de la función. Debemos apostar responsable y democráticamente a la sana exigencia que da sentido de ser a nuestros funcionarios.

*Se desconoce la totalidad de los funcionarios de este departamento dado que no se registra organigrama en la página oficial del municipio al 20/05/2012

Crónica de un despido anunciado en VGB

2012-03-18T18:30:00.002-07:00

Por Alejandro Montbrun

Gustavo Herrera Vissani vivió un calvario en los tres meses de la nueva administración municipal. Crónica de un despido anunciado que incluye amenazas de muerte y una denuncia en el INADI.

Conocido como “Gustavito” este joven de ademanes refinados, fina locución y verba florida es un personaje de Villa General Belgrano. Los rasgos descriptos propios de su ser han causado siempre rechazo en un sector de la sociedad de VGB que censura al diferente, discrimina y se jacta de ello.

Desde muy pequeño enfrentó la adversidad y mostró su personalidad con una destacada actuación en los medios de comunicación locales siendo un inquieto notero de las incipientes radios regionales.

Desde hace varios años se desempeña como empleado en el municipio de Villa Gral. Belgrano donde ha vivido en estos últimos meses un calvario que se remonta a la noche del 23 abril de 2011 cuando cumpliendo funciones de inspector municipal se aprestaba a realizar una revisión de rutina en el boliche local “Gerlind”, cuyo inquilino era en ese momento, el hoy Secretario de Finanzas Eduardo Wagner.

Aquella noche no iba a ser una más, Gustavito rememora y cuenta que el procedimiento se desarrollaba con normalidad hasta que se acercó Wagner a increparlo: “estaba sacado, en un momento apareció y empezó a agredir, ofreció golpes de puño y dijo que después del 10 de diciembre esto iba a tener consecuencias, tuve que llamar a un efectivo policial para terminar el procedimiento, en el acta dejo constancia de las amenazas recibidas”

El suceso que describe Gustavito toma mayor relevancia hoy, porque el 14 de marzo de 2012 fue anulado el decreto que lo nombraba como personal de planta permanente (para no decir DESPEDIDO). Aquí parece que la amenaza sobre las posibles consecuencias después del 10 de diciembre (fecha de asunción del nuevo gobierno) se hiciera realidad.

En el relato la situación se agrava para este joven empleado en los pasillos municipales cuando se encuentra con la madre del Sr. Wagner, unos días más tarde, el 28 de abril de 2011: “bajo de la oficina y me la encuentro a Elena Hänle (actual concejal de UNION POR CBA) en el pasillo y me ataca así de la nada, tratándome en femenino me dijo: “¿querida que te pasa con mis hijos?” y además agregó que esto se trataba de una “persecución política”, yo no le dí mucha bolilla pero ella se puso a gritar” (…)

Gustavito sostiene que la situación se produjo frente a un público que observaba atónito: “tengo testigos, no les importaba agredirme delante de quien fuera”

A esta altura se aprecia una posible estrategia familiar de hostigamiento que ya incluye manifestaciones homofóbicas.

Pero la escalada de violencia siguió en ascenso según Gustavito: “después de un par de días me empiezan a llegar amenazas a través de mi compañeros por parte de los dos hijos (en alusión al citado Eduardo Wagner y su hermano Gustavo que era socio en el boliche Gerlind) que me cuidara, que iba a recibir un tiro en medio de la frente”

“Este tipo de amenazas y de agresión atenta contra tu sosiego y la vida normal que vos venís haciendo, yo salía del laburo me iba a mi casa y yo no sabía lo que me podía pasar, en ese momento hice una exposición en la policía” reflexiona Gustavito.

Luego de todos estos sucesos el protagonista de esta historia pensó que pasados los nervios de la elección para intendente, que parecía poner en estado eufórico a sus agresores, las cosas iban a cambiar con el nuevo gobierno municipal ya instalado. Pero según sus expresiones lo peor estaba por venir: “cuando pasaron las elecciones dije acá se calma pero no, ya en la misma muni me llamaron para cobrar el sueldo y hubo comentarios por lo bajo sobre mi sexualidad”.

Harto de la situación realizó una denuncia en INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación) el día 20 de diciembre de 2011.
El caso fue tomado por el instituto quien ya ha llamado a los denunciados para realizar su descargo y pronto se pronunciará en dictamen.

Ante esto Gustavito señala: “cuando recibieron la notificación de INADI se calmaron un poco”

Inhibidos por la denuncia, las represalias se habrían encaminado hacia el plano laboral: “yo siempre me quedaba después de hora y un montón de veces me dejaron encerrado sin avisarme, con la alarma puesta y ellos sabían muy bien que yo salía más tarde”. “Se me dejó de dar trabajo, se me cambió de tareas pero todo por escrito, nadie me hablaba, yo llegaba a la oficina y tenía todo escrito, nadie me dirigía la palabra”.

Luego de conocer esta historia, el despido de Gustavito parece no tener argumentos administrativos-jurídicos como excusa, sino que este ejemplo muestra un largo camino de persecución, discriminación y desprecio hacia un empleado público que frente a tanta hostilidad tuvo perseverancia ante los ataques y no renunció, hasta que el intendente le encontró la quinta pata al gato y a Gustavito le llegaron las consecuencias de las que le habían advertido hace casi un año atrás.

DECLARACIONES JURADAS GESTIÓN HOSS-CHAVERO

2012-03-07T15:45:00.001-08:00

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

DDJJ: Declaraciones Juradas Patrimoniales

DJI: Declaraciones Juradas de Ingreso

VGB: Villa General Belgrano

SRC: Santa Rosa de Calamuchita

CICC: Convención Interamericana Contra la Corrupción

OA: Oficina Anticorrupción de la Nación

HCD: Honorable Concejo Deliberante

HTC: Honorable Tribunal de Cuenta

DEM: Departamento Ejecutivo Municipal

Introducción

La corrupción es un mal endémico de nuestras instituciones, pero existen herramientas eficientes para el control y prevención de la corrupción en el ámbito gubernamental, una de ellas es un sistema de declaraciones juradas patrimoniales (en adelante DDJJ) de funcionarios públicos que sea público, detallado y accesible tal cual lo promueve la Convención Interamericana Contra la Corrupción (en adelante CICC)

Esta Convención que es fruto del trabajo de los Estados miembros de la Organización de los Estado Americanos (OEA) ha plasmado un articulado práctico para ser tomado por los gobiernos nacionales y subnacionales a fin de “detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

Este articulado internacional que ya forma parte de nuestro régimen jurídico al adherir al mismo el gobierno de la República Argentina, es un espejo para comprobar el nivel de avance que tienen nuestras instituciones públicas en materia de transparencia.

El siguiente informe constituye el diagnóstico sobre la aplicación de dicha Convención en los municipios de Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, ambos pertenecientes a la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Este estudio, es realizado bajo la forma de trabajo final de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los municipios a estudiar han sido elegidos por una conveniencia geográfica y práctica, ya que mi residencia en Villa Gral. Belgrano (en adelante VGB) facilitó el estudio y la proximidad de la localidad vecina de Santa Rosa de Calamuchita (en adelante SRC) hizo posible este doble análisis.

La realización del diagnóstico ha tenido grandes inconvenientes, principalmente la resistencia de algunos funcionarios a responder solicitudes y entrevistas sobre el tema.

De este modo, y por medio de la presente investigación se pretende identificar qué nivel de aplicación tiene la Convención Interamericana Contra la Corrupción en los Municipios de VGB Y SRC en materia de las DDJJ.

II. Planteamiento del Problema:

¿Cuál es el nivel de aplicación de la CICC en los Municipios de VGB y SRC respecto a las Declaraciones Juradas Patrimoniales?

Objetivos de Investigación:

En función del problema de investigación planteado, se han establecido los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Analizar la aplicación de la CICC en sus recomendaciones sobre DDJJ en los municipios de VGB y SRC.

Objetivos Específicos:

· Describir las ordenanzas Municipales de VGB y SRC que refieren a DDJJ.

· Describir la normativa provincial que refiere a DDJJ en los municipios.

· Describir las recomendaciones de la CICC sobre DDJJ.

· Investigar la aplicación efectiva de las ordenanzas que refieren a DDJJ .

Hipótesis de trabajo:

La hipótesis que guía esta investigación es:

“Existe un bajo nivel de aplicación de la CICC en los Municipios de VGB y SRC en el ámbito de las DDJJ”

III. Antecedentes

El primer antecedente al que refiero es mi participación en el seminario “la transparencia como aliada de la eficacia en la gestión local” realizado el día 4 de septiembre de 2008, en la ciudad de Córdoba. Allí me hice del informe “Diagnóstico sobre la aplicación de la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción, Municipalidad de Córdoba” realizado por el Instituto de Investigación y Formación en Administración Publica dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba.

La segunda instancia fue la búsqueda del articulado de la Convención Interamericana Contra la Corrupción la cual he encontrado por medio de Internet en la página oficial de la OEA.

Luego realicé la búsqueda bibliográfica referente a temas afines que pudieran dar el marco teórico adecuado en librerías y por internet.

La última instancia consistió en la búsqueda de las ordenanzas municipales de VGB y SRC que refieren a DDJJ, y que conseguí en las correspondientes secretarias de los concejos deliberantes.

IV. Justificación de la Investigación

La presente investigación tiene su motivo en un problema actual de los municipios de VGB y SRC. Éste es la falta de transparencia en la función pública.

Las DDJJ públicas son una manera de transparentar nuestros gobiernos, y contando con nuevas tecnologías en la administración pública e instrumentos internacionales que sirven de guía contra la corrupción, se hace imperioso investigar sobre el funcionamiento legal y fáctico en la presentación de DDJJ de los funcionario públicos para mejorarlo.

V. Metodología

El presente trabajo es una investigación descriptiva e interpretativa sobre la aplicación de la CICC en los municipios de VGB y SRC en cuanto a las DDJJ.

Para ello, la metodología a utilizar consiste en la descripción e interpretación de las normas legales con las cuales se rigen los municipio y su adecuación a la recomendaciones de la CICC, para profundizar en el conocimiento en la temática se han realizado entrevistas a los funcionarios directamente involucrados en el marco legal que incumbe a la presentación de DDJJ en el plano municipal.

VI. Marco Teórico

En su libro “En defensa propia, como salir de la corrupción” el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo nos presenta una fórmula para explicarnos que es la corrupción C= M+D-T. Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Transparencia. La formula fue desarrollada por Robert Klitgaard (llamado "el principal experto del mundo en materia de corrupción) cuando dictaba cursos en la Universidad de Harvard sobre la forma en que el máximo responsable podía controlar la corrupción del organismo que conducía. Ese es un problema de muchos países desarrollados. En la Argentina, como muchos otros países subdesarrollados, el problema a resolver es distinto y se debe enfocar en cómo hacen los ciudadanos para controlar la corrupción de los altos funcionarios sostiene Moreno Ocampo.

El fundador de Transparency International, Peter Eigen desde su libro “ Las redes de la corrupción” ha propuesto mas de una herramienta para combatir la corrupción. “la corrupción es un mal que florece en la oscuridad. Si el sistema es corrupto, las autoridades y la sociedad tienen pocas oportunidades de enterarse de nada” “necesitamos personas que se introduzcan en el sistema y reconozcan las situaciones irregulares y en qué circunstancias esas situaciones se convierten en casos de corrupción. Y que no lo silencien sino que tomen medidas.

En referencia al parlamento Alemán Eigen señala “en un mundo ideal, todos los diputados estarían obligados a hacer público su estado financiero y sus ganancias”.

Una Herramienta propicia para la publicación de las DDJJ es Internet, esto es plasmado en el libro citado, para Eigen “internet pasó a ser un elemento esencial en la lucha contra la corrupción”.

En la serie “estrategias para la transparencia” de la oficina anticorrupción de la nación argentina (OA) se encuentra un documento titulado “Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicas” en el que se puede acceder a una sistematización de conceptos inherentes a los temas tratados en el presente diagnóstico.

Allí se señala que un sistema de Declaraciones Juradas patrimoniales eficaz resulta de la combinación de varios elementos combinados y organizados coherentemente, que pueden clasificar en:

normas jurídicas que establecen obligaciones a los funcionarios públicos y prescriben sanciones a los incumplimientos
organismos públicos encargados de administrar y controlar el funcionamiento del régimen
herramientas tecnológicas para hacer operativo y eficiente tal funcionamiento

Se teoriza desde el documento de la Oficina Anticorrupción que en la actualidad estos sistemas tienen dos funciones básicas:

detectar y prevenir conflictos de intereses e incompatibilidades

controlar la evolución patrimonial de los funcionarios para la prevención y sanción de delitos de corrupción pública

Desde el mismo documento se ha conceptualizado dos conductas o situaciones que vienen a entrelazarse íntimamente con el sistema de DDJJ y que ayudan a ordenar la investigación, a saber:

Enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción

Se conoce como “enriquecimiento ilícito” a la conducta tipificada en el artículo 268 del Código Penal Argentino, que establece penas de prisión y multa para las personas que, habiendo ejercido la función pública, incrementan su patrimonio y no pueden justificar tal incremento

Obviamente, para poder determinar si un funcionario incrementó injustificadamente su patrimonio, es necesario contar con información confiable acerca de su situación antes de asumir el cargo, información periódica sobre la evolución de su patrimonio mientras permanece en dicho cargo e información sobre su situación patrimonial al egreso de la función pública.

Esta información es un insumo básico para determinar la responsabilidad penal de un funcionario que se enriqueció ilícitamente; y es aquí donde la existencia de un sistema de DDJJ cumple un rol esencial.

En este sentido, la información recolectada a través de las DDJJ , que los funcionarios están obligados a presentar, contribuye a detectar incrementos patrimoniales y luego solicitar las justificaciones del caso. Eventualmente, si el incremento patrimonial no es debidamente justificado, el funcionario será pasible de la correspondiente sanción penal.

En forma complementaria, para garantizar el cumplimiento de la obligación de presentar las DDJJ. y para resguardar la confiabilidad de las información contenida en ellas, el artículo 268 del Código Penal establece penas para los funcionarios que omiten declarar su patrimonio conforme las normas, así como para los que falsean datos u ocultan información sobre su verdadera situación patrimonial.

De este modo, queda conjurada la posibilidad de que un funcionario eluda su responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito mediante el simple expediente de omitir la presentación de su DDJJ, puesto que, independientemente de la pena que pudiera recibir por enriquecerse indebidamente (aún si no declaró su patrimonio, igualmente puede ser condenado si se demuestra que se enriqueció y no justifica ese enriquecimiento), la mera omisión de declarar su patrimonio o el falseamiento de datos en su DDJJ, ya de por sí acarrean consecuencias penales.

Además, el Código Penal también cierra otra vía de escape que podría tener quien utiliza un cargo público para enriquecerse ilícitamente, como lo sería la interposición de una tercera persona o “testaferro” a cuyo nombre quedaran registrados los bienes mal habidos pero que responde a los mandatos del funcionario corrupto. Conforme el último párrafo del artículo 268, esta persona sería pasible de la misma sanción penal que el funcionario que comete el enriquecimiento ilícito.

Conflicto de intereses e incompatibilidades

Según lo dicho, además de controlar la evolución patrimonial de los funcionarios para la prevención y sanción de delitos de corrupción, los sistemas de DDJJ también tienen como finalidad detectar y prevenir conflictos de intereses e incompatibilidades. Se trata de faltas a la ética pública que revisten menor gravedad que los delitos de corrupción. No obstante, según las circunstancias, pueden tener un mayor impacto en el deterioro de las instituciones de la República, especialmente las situaciones de conflicto de intereses.

Se considera “conflicto de intereses” a aquellas situaciones en las que los funcionarios están en condiciones de actuar de manera parcial, motivados por sus intereses particulares o los de terceros a los que han estado vinculados antes de ejercer el cargo o tienen previsto estarlo al dejar la función pública.

También se define al “conflicto de intereses” como la situación que se presenta cuando las decisiones públicas o los procesos de adopción de decisiones públicas no son completamente objetivos o pueden verse influidos por intereses particulares del funcionario o de terceros

En este punto, es importante remarcar la diferencia entre la figura de “conflicto de intereses” y el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Este último, requiere la demostración de que el funcionario deja intencionalmente de lado el interés público en la operación en la que interviene en razón de su cargo, para privilegiar un interés

particular y así obtener un beneficio, sea para sí mismo o para un tercero.

En cambio, el conflicto de intereses, es una situación objetiva e independiente

de que el funcionario tenga o no voluntad de sacar provecho de su cargo público. Basta con que la decisión que debe adoptar pueda estar afectada de falta de objetividad (aunque la intención del funcionario sea actuar objetivamente) para tener configurado un conflicto de intereses

En este sentido, un sistema de DDJJ permite obtener información sobre las actividades y los intereses económicos, comerciales, financieros y profesionales que tienen los funcionarios públicos. A partir de esta información, más la relativa al cargo que ejerce, es posible detectar posibles situaciones de conflicto de intereses y tomar los recaudos necesarios para evitar que sus decisiones carezcan de la objetividad necesaria.

Al respecto, cabe destacar que conforme la legislación vigente —independientemente de las sanciones administrativas que le pudieren corresponder al funcionario que adoptara una decisión mediando un conflicto de intereses—, la decisión en cuestión puede ser atacada de nulidad absoluta.

Por otro lado, la información sobre las actividades de los funcionarios, también permite controlar casos de “incompatibilidades”. Frecuentemente se suelen confundir los casos de conflicto de intereses con los de incompatibilidades; no obstante, técnicamente son situaciones muy distintas.

Mientras los conflictos de intereses son situaciones que afectan la objetividad e imparcialidad del funcionario, las incompatibilidades son situaciones en que una persona ejerce un cargo público en simultaneidad con otro empleo o actividad remunerada, ya sea pública o privada

Para evitar estas situaciones, los regímenes de acceso a la función pública contienen una serie de limitaciones a la acumulación de cargos, la percepción de beneficios previsionales e inclusive restricciones a la designación en ciertos cargos, conocidas como “inhabilidades”.

Así, a partir de la información vertida por el funcionario en su DDJJ, también es posible controlar que no haya transgredido una incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

Por último a modo de cerrar una conceptualización práctica de el sistema de DDJJ este documento de la OA recurre a los autores Gary Becker y a Robert Klitgaard para enmarcar comportamientos de los funcionarios públicos y como se puede prevenir la corrupción con sistemas adecuados.

Las declaraciones juradas como mecanismos de transparencia y prevención de la corrupción.

Los sistemas de declaraciones juradas patrimoniales son mecanismos de control que contribuyen a proteger los intereses públicos. Por un lado, en tanto tratan de detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados, personales, profesionales o comerciales, de los funcionarios; por otro, en cuanto alertan sobre casos de posible enriquecimiento indebido y permiten intervenir en la situación para despejar dudas y, si el caso lo amerita, adoptar las acciones pertinentes para punir tal conducta.

La aplicación de este mecanismo de control, no sólo por parte de las autoridades públicas, sino también —dado el carácter público de las declaraciones juradas— por parte de la propia ciudadanía, se orienta a lograr que sean los propios funcionarios públicos quienes mantengan la probidad en su actuar e incrementen su responsabilidad.

Dotar a la gestión pública en su conjunto de mayores niveles de transparencia y promover la responsabilidad individual de aquellos que la llevan adelante, contribuye a mejorar la calidad institucional y fortalecer la confianza de la sociedad en los funcionarios públicos.

El fundamento teórico de estos controles sobre el comportamiento de los funcionarios y la reducción de la corrupción el documento de la OA lo encuentra en un enfoque original en la materia que ha ofrecido Gary Becker, cuyo argumento fue luego complementado por una amplia literatura que intenta explicar la conducta humana en términos de la racionalidad económica.

Según este enfoque, las prácticas corruptas pasan a ser una actividad económica más y el funcionario es un individuo racional que busca maximizar su utilidad. Así, el ser humano potencialmente corrupto evaluará los costos y beneficios de sus acciones: cometerá actos de Corrupción si la utilidad esperada de esa actividad ilegal es mayor que la que obtendría si su comportamiento fuera el correcto.

Para conocer los costos, tendrá en cuenta no sólo la magnitud del castigo previsto por la norma, sino también la probabilidad de ser descubierto. Entre los beneficios de comportarse honestamente están no sólo la remuneración que percibe, sino también la satisfacción moral que implica hacerlo.

Siguiendo el análisis de Becker, para reducir el incentivo a que el funcionario actúe deshonestamente, es necesario:

Aumentar la probabilidad de que el empleado corrupto sea descubierto
Aumentar la probabilidad de que sea castigado
Elevar las sanciones por incurrir en conductas deshonestas
Incrementar la satisfacción moral derivada de comportarse honestamente
Lograr que se reduzca el monto de los sobornos pagados
Acrecentar el salario de los funcionarios

Estas cuestiones operan en un sistema de declaraciones juradas abiertas y de contenido público se la siguiente manera:

Incrementa la probabilidad de que los funcionarios infractores sean descubiertos, ya que se facilita el acceso a la información sobre sus aspectos patrimoniales y financieros. Por lo tanto, según lo visto anteriormente, es menos probable que su conducta sea deshonesta.

Por otra parte, un ambiente de mayor control de la corrupción puesto de manifiesto en que cada uno debe presentar su declaración incrementa la probabilidad de ser descubiertos que perciben los funcionarios.

El funcionario deshonesto, ante la perspectiva de tener que declarar públicamente sus ingresos y bienes, puede falsear su declaración y subdeclarar su patrimonio o, directamente, no realizar la presentación. Sin embargo, la ley —y su necesario complemento que es el sistema de declaraciones juradas de contenido público— cierra esta vía de escape de posibles actos de corrupción al aumentar y extender las sanciones a los funcionarios que incurrieren en esas conductas.

Por otra parte, el funcionario deshonesto —ante el temor de ser descubierto con un patrimonio superior al que le permitirían sus ingresos— tiene también la opción de ocultar su real patrimonio a través de la designación de testaferros, de la contratación de asesoramiento contable especializado, etc., con el fin de presentar una declaración jurada que no despierte sospechas al ser controlada. Sin embargo, esto indudablemente aumentaría los costos para quienes incurran en conductas ilícitas, y reduciría, por lo tanto, el ingreso neto proveniente de los sobornos percibidos. Por lo tanto, de acuerdo con nuestra ecuación inicial, hay otro fuerte incentivo para que los agentes no mientan en su declaración, lo que permite que una mayor proporción de ellos se mantenga en la legalidad. Asimismo, la intervención de más personas en el juego, incrementa la probabilidad de que alguno decida violar las normas implícitas y, por ejemplo, un asesor contable puede denunciar los manejos ilícitos o un testaferro puede no reconocer un pacto firmado y apropiarse de los bienes adquiridos con dinero de fuente ilegal.

El monto de los sobornos pagados es una variable no controlada por el Estado, aunque si se incrementaran los controles y, por lo tanto, el riesgo de que el funcionario sea descubierto, éste exigiría una recompensa mayor por actuar incorrectamente. De esta manera, crecerían —indirectamente— los costos para el particular que da el dinero.

En este orden de ideas, podemos notar que las dos funciones básicas de un sistema de declaraciones juradas anteriormente referidas —detectar posibles casos de conflicto de intereses y de enriquecimiento ilícito—, se entrecruzan con otras funciones, de otros sistemas conexos o auxiliares (leyes penales, códigos de procedimiento, tribunales judiciales, registros públicos, oficinas administrativas, etc.), conformando así un entramado mayor o gran sistema de prevención y control de la corrupción, cuyo

resultado será el verdadero nivel de probidad y ética pública del Estado de que se trate, así como de su contracara: el grado de corrupción.

También como se dijo anteriormente se recurre a Robert Klitgaard para completar la conceptualización, aquí entonces se plasma su teoría sobre el mantenimiento de estándares de comportamiento ético por parte de los funcionarios públicos que según el autor depende de varios factores y que clasifica en tres tipos:

Factores personales

• Honestidad personal.

• Nivel de ambición.

• Sentimientos de pertenencia e integración al grupo.

Factores de la organización

• Cultura y valores de la organización.

• Posibilidades de realización personal de cada integrante.

• Conducta ética o corrupta de los superiores.

• Incentivos a la honestidad que la organización propicie.

• Posibilidad que los controles externos detecten casos de corrupción.

• Sanciones previstas en casos detectados de corrupción

Estos tres factores personales interactúan entre sí generando diferentes situaciones. Por ejemplo: Los principios morales de las personas honestas pueden ceder ante la presión del grupo, así la necesidad de pertenencia y de ser aceptado por el grupo —aún integrado por personas corruptas— juega en contra de sus valores, incentivándolo a desviarse de ellos

Además, si el contexto en que actúa el funcionario es altamente corrupto, queda condicionado a optar por el silencio o por hacerse cómplice activo, ya sea para conservar su trabajo o para progresar, especialmente si no existe el riesgo de que sea sancionado.

Un sistema de declaraciones juradas incide sobre todos estos factores. Además de aumentar el costo-oportunidad de las conductas desviadas (según la perspectiva de Becker), permite la satisfacción moral del funcionario de cumplir con el deber de declarar su patrimonio y así rendir cuentas a la ciudadanía.

De esta forma, independientemente de los efectos disuasivos que puedan tener las sanciones penales, se advierte mejor la enorme importancia que tiene un sistema de declaraciones juradas como mecanismo no sólo de represión, sino fundamentalmente de transparencia y prevención de la corrupción.

CAPÍTULO 1: EL CASO VILLA GRAL. BELGRANO. (VGB)

1.1 Normativa municipal en materia de declaraciones juradas

En esta sección se diagnostica la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en el ámbito de la Municipalidad de Villa General Belgrano.

1.2 Análisis Descriptivo de las Normas

Normativa Provincial de incumbencia

Hay que remitirse a la Ley Orgánica Municipal N 8102 (en adelante LOM 8102) provista por el gobierno de la Provincia de Córdoba para Municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica y que por lo tanto es la base jurídica del municipio de Villa General Belgrano.

Art 111 Ley 1802 “Las autoridades y demás funcionarios que por Ordenanza reglamentaria se establezcan, quedan obligados a presentar declaración jurada de su patrimonio al ingresar y egresar de sus funciones.”

Reglamentación a través de ordenanzas

La obligación de presentar declaraciones juradas (en adelante DDJJ) surge de la Ordenanza N 1152 (en adelante OM1152/00) dada el 7 de marzo del año 2000. El fundamento de esta Ordenanza hace alusión a la norma provincial citada anteriormente y considera necesario apoyar esta ley.

Con esta obligación regulada se cumple con el inciso 4 del Art. III de la CICC, que describe en -términos más generales- este instrumento de control.

Sujetos obligados a presentar DDJJ

Analizando la Ordenanza (que esta mal redactada y es ambigua) y tomando el organigrama municipal (ver Anexo VGB) publicado el día 13 de mayo del 2010, están obligados a presentar “Declaración Jurada de Bienes propios y gananciales” (art. 1 ordenanza 1152):

-En el departamento Ejecutivo:

· el Intendente

· los Secretarios

· los Directores

· los Subdirectores

· los responsables de Áreas

· los Asesores

-En el Concejo Deliberante:

· los concejales

-En el Tribunal de Cuentas

· los Vocales del Tribunal

Esta enumeración es el resultado de un análisis parcial, ya que el art 1 de la ordenanza puede interpretarse en un sentido amplio dada su redacción cuando reza

“DECLÁRESE que todo el personal que se desempeña en la Administración pública” entendido así podría pensarse que todo el personal tiene que presentar DDJJ, incluso aquellos empleados que nos son funcionarios electos y que trabajan en el Concejo y en el Tribunal.

El problema de redacción no es menor, pero interpretando al legislador, en el sentido restringido, quedarían afuera de esta obligación aquellos empleados que teniendo estabilidad laboral podrían ser funcionarios.

Por lo tanto no queda claro si algunos empleados con responsabilidades de funcionario quedan obligados finalmente a presentar DDJJ.

Oportunidad

El art.1 de la OM 1152/00 exige que, antes del 31 de marzo de cada año se realice la presentación de declaraciones al 31 de diciembre del año inmediato anterior, con esto nos da la pauta de la obligación de anualidad en las presentaciones. El art 2, por su parte, reglamenta que las mismas deberán presentarse al asumir y al cesar el cargo con una tolerancia de 30 días en ambos casos.

Contenido

En toda la ordenanza no hay detalle del contenido de la declaración, la mayor especificación es la del art.1 que habla de “bienes propios y gananciales” de esta manera no se obliga explícitamente a declarar tal o cual bien, como títulos, fondos de comercio, etc. Y tampoco se especifica si hay que declarar el pasivo. De esta manera la ordenanza se aleja demasiado del lo recomendado en el inc. 4 del Art III de la CICC, que incluye al “pasivo” entre los elementos a declarar además de los activos.

Tampoco la ordenanza precisa si cada año deben manifestarse las modificaciones con precisión al realizar la DDJJ, o solo cambiar el contenido.

Por otro lado, al ser tan sintético el art. 2 de la OM 1152/02, no podemos saber con que valor se declaran los bienes registrables. Otra consideración es la ausencia de reglamentación en este artículo sobre bienes fuera del país del declarante.

Sanciones

El art 8 de la OM 1152/00, reza sobre el incumplimiento de la ordenanza y prevé “la retención de haberes, hasta que se efectivice su cumplimiento”. Aquí se da la paradoja de que podría haber un cumplimiento ficto de la obligación, ya que no hay control administrativo del contenido de los sobres y así una declaración podría estar totalmente en blanco y sortear la sanción que estipula la ordenanza.

Pero en materia de sanciones tenemos otra paradoja que atenta contra la transparencia y que se encuentra el art 7 de la OM 1152/00, allí se sanciona a los funcionarios y empleados que tomen conocimiento del contenido de las DDJJ y violaren su secreto. Esta norma es coherente con la ordenanza que le da carácter secreto a las Declaraciones Juradas, pero es totalmente contradictoria con el inc. 8 del art III de la CICC que llama a tener “sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad”

Recepción y custodia

El Intendente, Presidente del Concejo Deliberante y Presidente del Tribunal de Cuentas son quienes receptan “vía jerárquica” las DDJJ a quienes se desempeñan en sus áreas (Art 3,4,5 de OM 1152/02 ), pero nada dice de la custodia de las misma.

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En este punto del trabajo ya se entiende que las DDJJ de la Municipalidad de Villa Gral. Belgrano son de carácter secreto, esto lo afirma el art. 6 de la OM1152/00, aunque deja tres excepciones para que puedan ser “abiertas”:

a) A pedido de sus firmantes, con expresión de causa manifestada por escrito o de sus sucesores

b) Por orden del juez competente

c) Por resolución del Honorable Concejo Deliberante.

La expresión “abiertas” no significa que haya publicidad de las DDJJ, ya que el estado que adquieren no es público en sentido amplio, como tampoco hay normativa que contemple la publicación de las mismas.

El inc. C del art 6 de la OM 1152/02 , parece haber sido incluido por el legislador como refuerzo en las atribuciones del Concejo Deliberante en caso de que cree una comisión investigadora para establecer la responsabilidad de los funcionarios municipales (art 30, inc. 16 de la LOM 8102). Esta puede ser una buena ventana por donde colarse un poco de transparencia en el manejo de DDJJ, pero las falencias en todos los demás ítems, harían difícil una investigación coherente.

Investigación de violaciones al régimen de DDJJ y Denuncias

No hay órgano específico de control, como tampoco hay resguardo a los posibles denunciantes de irregularidades en el régimen de DDJJ, por lo tanto no cumple con el inc. 9 del art.III de la CICC que prevé “órganos de control superior para prevenir, con el fin desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

1.2 Análisis Interpretativo

De la Ordenanza 1152/00 surge claramente que no hay intención de que las DDJJ sean una información de uso cotidiano y abierto a los ciudadanos. Más bien están destinadas a servir de testimonio para el caso de que se necesite una prueba judicial.

El fundamento de la ordenanza es impreciso e incompleto. Se trasluce entonces que el legislador solo quiso reglamentar una norma obligado por una ley superior, no hubo a la sazón interés por profundizar en una política de transparencia.

Impulso investigativo y publicidad

La falta de impulso investigativo y control, que devienen del carácter secreto de las DDJJ, son los principales aspectos negativos de la OM 1152/00. Se exigen las DDJJ pero se las relega a un sitio de archivo.

Se reducen al mínimo las posibilidades de descubrir y prevenir la corrupción manifestada en incrementos patrimoniales. Solo una denuncia judicial daría utilidad a las DDJJ archivadas.

Contenido y plazos

La regulación de las DDJJ no está reglamentada (ver anexo VGB) por lo tanto quedan vacios legales para registrar el patrimonio de los obligados. En cuanto a los plazos de presentación son claros y se fijan hasta el 31 de marzo de cada año.

Oportunidad

No se exigen DDJJ posteriores al dejar el cargo por un tiempo prolongado. Esto podría dificultar la prueba en caso de una investigación por enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 268(2)[1] del Código Penal. Debe entenderse que el patrimonio del funcionario sigue teniendo relevancia más allá de la renuncia o cese de funciones.

Sujetos abarcados

Como se dijo anteriormente, hay un error semántico en el art 1 de la OM, lo cual ya es un problema grave, pero además encontramos otros déficits como el no incluir a personas que no son funcionarios y que gestionen servicios concesionados o a cualquier sujeto que intervenga en la gestión de fondos públicos.

Es un déficit de transparencia que la OM 1152/00 no legisle sobre los sujetos privados vinculados al patrimonio público, por ejemplo los ejecutores de obras financiadas con el presupuesto municipal o miembros de fundaciones, cooperativas o cualquier entidad que reciba aportes, donaciones o subvenciones del Estado municipal.

Ampliar y legislar sobre la esfera de los privados que conviven con transacciones públicas sería un avance acorde a los que recomienda el inciso 10 Art III de la CICC que prescribe mecanismo de controles contables para sociedades mercantiles y otro tipo de asociaciones para detectar actos de corrupción.

Conviviente

No se toma en cuenta esta figura en la OM 1152/00, su importancia radica en que es el vínculo real y disfruta de la confianza del funcionario. Esta omisión afecta el cumplimento del inciso 4 del Art III de la CICC, porque altera la eficacia del mecanismo de las DDJJ.

Esta figura puede ser un posible testaferro, incluir en las declaraciones a todo posible testaferro significa para el funcionario corrupto un costo mayor para ocultar bienes, porque debe encontrar otras personas que cumplan ese papel.

Investigación de violaciones al régimen de DDJJ y Denuncias

Según la OM 1152/00, no hay posibilidad de denuncias mas allá de lo judicial por lo tanto no hay protección al denunciante, esto va en contra del inciso 8 art III de la CICC que prevé sistemas de protección a los posibles denunciantes.

1.3 Análisis de Entrevistas

Por las características de la OM 1152/00 que divide la entrega de DDJJ según el poder del Estado en donde se desempeñe el funcionario, es que se han realizado entrevistas a los tres encargados de receptar las DDJJ que a su vez son los máximos responsables de cada poder (ver anexo VGB) . Se intento agregar también una cuarta entrevista a la Secretaria de Finanzas de la Municipalidad de VGB ya que en el proceso de entrevista al Intendente Municipal se clarificó que Secretaria de Finanzas es la que se ha encargado de recolectar y receptar las DDJJ pero quedó trunca por falta de respuesta.

A partir de las entrevistas, puede afirmarse que existe un conocimiento adecuado sobre la obligación de los funcionarios de presentar DDJJ. También se sabe quienes son los obligados por la ordenanza respectiva, aunque cabe aclarar que los tribunos de cuentas se sabían obligados a presentar DDJJ por el artículo 111 de la ley provincial 1802 y no por la OM 1152/00 que dicen recién conocer al momento de la entrevista. Además es claro el conocimiento de los entrevistados de todos los poderes en cuanto a que órgano es el encargado de receptar las DDJJ , en Honorable Concejo Deliberante (HCD) su Presidente, en Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) su Presidente y el en Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) el Intendente.

Respecto al cumplimiento, hay variación según se analice cada poder estatal, en el DEM no queda claro si todos o casi todos los funcionarios han entregado la DDJJ, el caso del HTC el cumplimento es óptimo ya que los tres miembros del cuerpo dice haber entregado sus declaraciones, desde el HCD se reconoce que el cumplimiento es bajo.

En cuanto a las sanciones, los entrevistados han reconocido que existe sanción ante la no presentación de la DDJJ según dicta la ordenanza respectiva, pero que no se aplica dicha sanción, en el DEM no se ha visto la necesidad de hacerlo porque según declara el Intendente todos los funcionarios del área han presentado DDJJ, el Presidente del HCD dice no aplicar la sanción prevista porque en realidad la ordenanza no tiene una aplicación efectiva en la actualidad. En cuanto a los miembros del HTC reconocen que existe sanción aunque su conocimiento de la ordenanza es reciente como se dijo anteriormente y no creen que deba aplicarse sanción a ningún miembro porque todos han entregado su DDJJ. Por lo tanto todos los funcionarios entrevistados estaban informados que el art 8 de la OM 1152/00 prevé la retención de haberes hasta que se efectivice su cumplimiento.

Al respecto de la publicidad todos los entrevistados están informados de que las DDJJ son privadas y secretas

En cuanto a la situación actual del sistema de DDJJ con que cuenta el municipio y la posibilidad de cambiarlo, las respuestas no son univocas, en cuanto al sistema actual el Presidente del HCD y los miembros del HTC señalan que hay que aplicar efectivamente la ordenanza municipal, y luego avanzar en modificaciones si es necesario, los tribunos plantean incluso un mecanismo de control de las DDJJ entre poderes. El Intendente en cambio responde que su intención es modificar la ordenanza para que las DDJJ sean públicas, argumentando que es un compromiso propuesto en la campaña electoral previo a su asunción y se muestra decidido avanzar en este cambio en algún momento, incluso se explaya sobre cómo podría ser la publicidad a través de medios como internet.

CAPITULO 2: EL CASO DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (SRC)

2.1 NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE DECLARACIONES JURADAS

En esta sección se diagnostica la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en el ámbito de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.

2.2 Análisis Descriptivo de las Normas

Normativa Provincial de incumbencia

Aunque el municipio de SRC cumple con el requisito legal para darse su propia Carta Orgánica dado que tiene el carácter de ciudad[2], las autoridades municipales no han decidido aún regirse por sus propias leyes. Es así que debe remitirse a la ley provincial N° 8102 que es la base jurídica del municipio de Santa Rosa de Calamuchita.

Reglamentación a través de ordenanzas

La obligación de presentar DDJJ surge de la Ordenanza Municipal N°1378 dada el 10 de Abril de 2008 (en adelante OM 1378/08). En su considerando hace alusión a que no se cumplen con las ordenanzas preexistentes y la ley que regula la presentación de las DDJJ.

Con esta obligación regulada se cumple con el inciso 4 del Art. III de la CICC, que describe en -términos más generales- este instrumento de control. Además encontramos un refuerzo normativo en el compendio de “Normas de ética para funcionarios y empleados de la municipalidad de santa rosa de Calamuchita” (código de ética) que tiene concordancia con el inciso 1 del Art. 3 de la CICC.

Sujetos obligados a presentar DDJJ

Analizando la Ordenanza N°1378/08 y tomando el organigrama municipal obtenido el 20 de Abril de 2010 en la Secretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de SRC junto al código de ética del municipio en su punto 17 (ver anexo SRC), encontramos que están obligados a presentar “Declaración Jurada de Bienes”.

-En el departamento Ejecutivo:

· el Intendente

· los Secretarios

· los Directores

· los Asesores

· encargado de Gestión de Cobro

· encargado del Apoyo Técnico Administrativo

· el Tribunal de Faltas

· Empleados que manejen dinero o valores

-En el Concejo Deliberante:

· los concejales

· los secretarios

-En el Tribunal de Cuentas

· los Vocales del Tribunal

· los secretarios

Es importante aclarar en esta instancia que en la OM 1378/08 encontramos dos tipos de Declaraciones Juradas solicitadas, en primera instancia se legisla sobre Declaraciones Juradas de Bienes y en un segundo momento en su Art 3 se legisla y se obliga a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos (en adelante DJI). Todos los mencionados supra deben presentar declaraciones en ambos casos.

Oportunidad

En el Art 1 de la OM 1378/08 dicta una situación especial, habla de 20 días para la presentación de DDJJ por parte del Departamento Ejecutivo luego de sancionada la ordenanza.

En el Art 2 de la OM 1378/08 se regula al HCD y HTC donde se estipula la anualidad para la presentación de DDJJ y se fija fecha tope hasta el 8 de mayo de que cada año.

En el Art 3 de la OM 1378/08 se regulan las Declaraciones Juradas de Ingreso (en adelante DJI) que deben presentarse por única vez al momento de asumir funciones y estipula un límite máximo con tope el día 8 de mayo del año siguiente al de su asunción. Comprende tanto al DEM, HCD Y HTC.

Contenido

En la ordenanza no hay detalle del contenido de la DDJJ, de esta manera no se obliga explícitamente a declarar tal o cual bien, como títulos, fondos de comercio, etc. Y tampoco se especifica si hay que declarar el pasivo. De esta manera la ordenanza se aleja demasiado del lo recomendado el inciso 4 del Art III, que incluye al “pasivo” entre los elementos a declarar además de los activos.

Tampoco la ordenanza precisa si cada año deben manifestarse las modificaciones con precisión al realizar la DDJJ, o solo cambiar el contenido.

Al no contar con decreto reglamentario (ver anexo SRC) que especifique las formas para presentar las DDJJ no se puede saber con que valor se declaran los bienes registrables.

En cuanto a las DJI el Art 3 de la OM 1378/08 desarrolla específicamente lo que se debe declarar.

· Ingresos Mensuales (sueldos) de dependientes e independientes

· Lugar y horario de trabajo

· Nombre del empleador para relaciones laborales dependientes

· En caso de trabajo independiente deberá indicar como obtiene los mismo

Sanciones

La OM 1378 no legisla sobre sanciones en la presentación de DDJJ o de DJI. Tampoco advierte a los obligados sobre la sanción que prevé el código penal argentino[3]

Recepción y custodia

El Art 2 de OM 1378/08 señala que las DDJJ en el ámbito del HCD y HTC son receptadas por la secretaria del Honorable Concejo Deliberante y son remitidas al Departamento Ejecutivo a los fines de su resguardo en la persona del Intendente. Nada dice la OM sobre la recepción y la custodia de las DDJJ de los miembros del DEM.

Tampoco se hace referencia sobre la recepción y la custodia de las DJI y la falta de un decreto reglamentario que de orden a esta OM crea una laguna jurídica en este punto.

Si bien el código de ética manda al Asesor de control de gestión a ser el depositario de las DDJJ, no se ha encontrado en el organigrama esta figura, por lo tanto se supone extinta.

Publicidad

Aquí se debe diferenciar las DDJJ propiamente dichas de las DJI. El Art 2 de la OM1378/08 reza al respecto que las DDJJ no adquieren condición pública, salvo solicitud judicial. Mientras que las DJI tienen carácter público tal lo señala el último párrafo del Art 3 de la misma ordenanza.

Al estar desdoblada la ordenanza podemos afirmar que hay un cumplimiento parcial de lo recomendado por el inciso 4 art III de la CICC, porque se hace público el contenido de los ingresos, pero es secreto el contenido de los bienes.

Investigación de violaciones al régimen de DDJJ y Denuncias

No hay órgano específico de control, por lo tanto no cumple con el inc. 9 del art.III de la CICC que prevé “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

2.3 Análisis Interpretativo

De la Ordenanza 1378/08 surge una situación doble y ambigua en cuanto se legisla para el secreto en el caso de las DDJJ y por otro lado se legisla para la publicidad y la mayor transparencia en el caso de las DJI.

En su considerando la ordenanza plantea la intención de ser más efectiva que ordenanzas preexistentes, por lo tanto hay un espíritu modificatorio y de plena aplicación de esta norma, pero la evidencia recolectada en la investigación niega la efectividad pretendida al momento de su sanción.

Impulso investigativo y publicidad

La falta de impulso investigativo y control, que devienen del carácter secreto de las DDJJ, son los principales aspectos negativos de la OM 1378/08. Se exigen las DDJJ pero se las relega a un sitio de archivo.

Se reducen al mínimo las posibilidades de descubrir y prevenir la corrupción manifestada en incrementos patrimoniales. Solo una denuncia judicial daría utilidad a las DDJJ archivadas.

En cambio las DJI han sido revestidas con carácter público lo cual es un avance que se adecúa al Art III inciso 4 de la CICO.

La falta de reglamentación hace que tanto DJI (que son públicas) como DDJJ (que son secretas) carezcan de la posibilidad de un control específico ya que no hay órgano encargado de tal tarea. Por ello incluso las DJI son contrarias al inc. 11 del Art III de la CICC.

El municipio cuenta con una página Web con información institucional http://www.municipiosantarosa.gov.ar/ pero no se legisla para exhibir allí las DJI en soporte digital, tampoco existe referencia de la exposición de las mismas en ningún transparente, por tanto se dicen públicas pero no se exterioriza una intención de publicitarlas.

Contenido y plazos

La regulación del contenido de los DDJJ no esta reglamentada por lo tanto quedan vacios legales para registrar los bienes de los obligados. A su vez resulta adecuado el detalle sobre las DJI ya que fija:

· Ingresos Mensuales (sueldo) de dependientes e independientes.

· Lugar y horario de trabajo.

· El nombre del empleador para las relaciones laborales dependientes.

· En el caso de trabajo independiente deberá indicar como se obtienen los mismos.

Los plazos son claros, se legisla en la OM1378/08 con un plazo especial ajustado a la fecha de sanción de la ordenanza donde se exige la presentación de DDJJ en los 20 días posteriores. También se estipulan los plazos generales que se fijan hasta el 8 de Mayo de cada año para las DDJJ con lo cual les da la pauta de anualidad y la misma fecha de tope para la presentación de las DJI que en ese caso deben presentarse por única vez al asumir las funciones gubernamentales.

Oportunidad

No se exigen DDJJ ni DJI posteriores al dejar el cargo por un tiempo prolongado. Esto podría dificultar la prueba en caso de una investigación por enriquecimiento ilícito, previsto en el art. 268(2)[4] del Código Penal. Debe entenderse que el patrimonio del funcionario sigue teniendo relevancia más allá de la renuncia o cese de funciones.

Sujetos abarcados

Si bien la OM 1378/08 es restringida porque no enumera específicamente quienes son los obligados a presentar DDJJ y DJI, se puede remitir al Código de Ética Municipal que contiene una mayor especificación de los obligados, incluso mencionando que deben confeccionar anualmente DDJJ aquellos empleados que manejen dinero o valores. Queda un vacio que no puede completar el código de ética ni la OM dado que ninguna de las dos normas obliga a presentar DJI a empleados que manejen dinero o valores públicos.

Es un déficit de transparencia que dicha ordenanza no legisle sobre los sujetos privados vinculados al patrimonio público, por ejemplo los ejecutores de obras financiadas con el presupuesto municipal o miembros de fundaciones, cooperativas o cualquier entidad que reciba aportes, donaciones o subvenciones del Estado municipal.

Ampliar y legislar sobre la esfera de los privados que conviven con fondos y bienes públicos sería un avance acorde a los que recomienda el inc. 10 del Art III de la CICC que prescribe mecanismo de controles contables para sociedades mercantiles y otro tipo de asociaciones para detectar actos de corrupción.

Conyugue y Conviviente

La OM 1378/08 y el código de ética no toman en cuenta estas figuras, que son el vínculo jurídico (para el caso del conyugue) y real (para el caso del conviviente). Ambas figuras disfrutan de la confianza del funcionario y allí radica su importancia. Esta omisión afecta el cumplimento del inciso 4 del Art III de la CICC, porque altera la eficacia del mecanismo de las DDJJ y en este caso de las DJI también.

Estas figuras pueden ser posibles testaferros, incluir en las declaraciones a todo posible testaferro significa para el funcionario corrupto un costo mayor para ocultar bienes, porque debe encontrar otras personas que cumplan ese papel.

Investigación de violaciones al régimen de DDJJ y Denuncias

No existe disposición normativa al respecto, para encontrar normas que legislen sobre el tema se debe ascender en la pirámide jurídica hasta el código penal Art. 268 (3)[5] donde la denuncia toma forma de notificación para intimar.

La denuncia queda por tanto relegada solo a un plano jurídico superior ya que si bien podría realizarse una denuncia sobre las DJI que son públicas, estas no son reguladas por ningún reglamento que muestren un procedimiento de denuncia.

Según la OM 1378/08, no hay posibilidad de denuncias mas allá de lo judicial por lo tanto no hay protección al denunciante, esto va en contra del inciso 8 art III de la CICC que prevé sistemas de protección a los posibles denunciantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de dos años de investigación, se puede concluir con la confirmación de la hipótesis planteada ““Existe un bajo nivel de aplicación de la CICC en los Municipios de VGB y SRC en materia de las DDJJ”.

Los análisis descriptivos e interpretativos de las normas en los municipios de Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita han arrojado una concordancia baja con las recomendaciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en el caso de las Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicos.

Mas allá de la existencia de ordenanzas que exigen la presentación de DDJJ, en ambos municipios estudiados los déficits encontrados en el aspecto normativo como en su puesta en práctica hacen alejarlos demasiado del óptimo planteado por la CICC, a saber:

· Falta de exigencia de una presentación digital de DDJJ, este déficit contradice el carácter moderno de los sistemas de detección y prevención de conductas corruptas exigido por el inciso 9 del art. III de la CCCI.

· Ausencia de un régimen de declaraciones juradas para personas ajenas a la administración, pero que gestionen fondos públicos, o exploten concesiones del municipio; esto no ayuda a detectar la corrupción en el ámbito de las compras y contrataciones de los municipios (inciso 5 art. III de la CICC), como tampoco se establecen medidas preventivas para el sector privado (inciso 10)

· Exclusión del “conviviente” entre los sujetos cuyos bienes deben estar incluidos en la declaración jurada, agravado en el caso de SRC donde tampoco se legisla sobre “conyugue” ni sobre “personas a cargo”. Esta carencia normativa disminuye la eficacia de este sistema de control (inciso 4 del art III de la CICC)

· Limitación del período en que rige la obligación de presentación DDJJ, esto reduce la eficiencia del mecanismo (inciso 4 del art. III de la CICC)

· La ausencia de normas que obliguen a la publicidad de declaraciones juradas de bienes, aquí se desalienta y obstaculiza el actuar de la sociedad civil en la detección de casos de corrupción (inciso 11 art III. De la CICC)

· Falta de aplicación de la norma que obliga a la publicidad de las Declaraciones Juradas de Ingresos en el municipio de SRC, de esta forma se obstaculiza el cumplimiento efectivo de la norma (inciso 2 del art III de la CICC)

· Inexistencia de un órgano municipal especifico que reciba denuncias por hechos de corrupción, esto reduce las opciones para que la ciudadanía colabore en la detección de conductas ilícitas (inciso 11 del art III de la CICC)

· Omisión de normas que impulsen la investigación y revisión de estas declaraciones, esta carencia disminuye la probabilidad de descubrir casos de corrupción a través de este mecanismo (incisos 4 y 9 del art III de la CICC)

· Falta de normativa que ampare a un posible denunciante de irregularidades en las declaraciones, esto desalienta la conducta honesta y favorece la impunidad del corrupto (inciso 8 del art III de la CICC)

En el primer caso; el de Villa General Belgrano, nos encontramos con una ordenanza que al cierre de esta investigación tiene once (11) años y que al no ser modificada o derogada por una ordenanza más actualizada y completa el tiempo juega en su contra. La falta de claridad en la norma hace pensar en una ordenanza sancionada con poco estudio previo y sin debate profundo.

El dato de su antigüedad no es menor si entendemos que por aquellos años el elemento tecnológico de internet todavía era incipiente en los gobiernos municipales del interior de la Provincia de Córdoba y hoy es una herramienta fundamental aliada a la trasparencia que no contempla la ordenanza en VGB.

Teniendo en cuenta que la duración del mandato electoral en este municipio es de 4 (cuatro) años, podemos inferir que desde el año 2000 han pasado tres gobiernos que no han tenido voluntad política de avanzar en una ordenanza mas completa y transparente sobre la temática. Que la falta de transparencia trascienda más de una gestión es una muestra evidente que impera una “cultura política” entre los dirigentes poco afecta buscar mecanismos para combatir la corrupción y que no es un mera cuestión coyuntural.

Queda un vacio en la investigación al no recibir contestación por parte de la encargada de receptar las DDJJ del Departamento Ejecutivo, la Contadora Mara Bertaina a quien se le solicitó por escrito dos veces entrevista (ver anexo “solicitud de entrevista”) quien podría haber puesto algunos claros en el trabajo que quedan sin resolver. La negativa tácita es una falta grave en el manejo de la información pública que supera a esta investigación.

El caso de Santa Rosa de Calamuchita es más grave en este punto, y desde aquí debe empezarse sus conclusiones. La resistencia a contestar los pedidos de entrevista por parte del Intendente Municipal y de la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante (ver anexo “solicitud de entrevista”) son solo la parte formal de la obstinación a brindar información pública sobre la temática, las llamadas telefónicas y el apersonamiento en la municipalidad ha sido incesante y en vano. La negativa responde a un verticalismo que se deja trascender off the record donde si no hay autorización de un superior ningún funcionario puede responder, al menos en este punto de investigación la información pública es manejada de manera discrecional y del mismo modo que en el caso de VGB requiere una investigación que trasciende este trabajo.

Por otro lado es en el municipio de SRC donde encontramos la aproximación mas sobresaliente a las recomendaciones de la CICC cuando se legisla sobre Declaraciones de Ingresos en forma pública, todo un avance en materia de transparencia, que sin embargo cae en la ya conocida “letra muerta” de nuestras normas ya que no se pudo verificar la exposición de éstas en ningún ámbito físico ni digital del municipio.

El código de ética, la normativa precisa y clara sobre DDJJ es entonces un avance jurídico que no se plasma efectivamente en la realidad en SRC.

Sin dudas este trabajo de investigación puede tomarse como modelo para la retroalimentación del sistema jurídico local de ambas instituciones estudiadas, pero debe ser analizado también como modo de realimentación de la cultura política de esta microrregión de la Provincia de Córdoba, como se ha visto la sola elaboración de una ordenanza no asegura mas transparencia, son nuevos paradigmas de cultura política los que deben afianzarse para asegurar una administración menos discrecional y así entrelazar un vínculo de confianza con el ciudadano.

Además de todas las recomendaciones que se infieren del análisis expuesto sería importante que estos dos municipios tomasen en próximas modificaciones sobre DDJJ exigencias mas rigurosas para el sistema político en su totalidad, esto es exigir no solo a los funcionarios públicos su presentación sino también a aquellos postulantes a cargos públicos, así la figura del “candidato” quedaría mejor controlada ya que los actos de corrupción pueden ser realizados antes de la asunción de los mandatos, en complemento con una adecuada ordenanza sobre financiamiento de los partidos políticos se tendría un marco más integral para la prevención de la corrupción y daría correspondencia al inciso 4 del art. III de la CICC que prevé este mecanismo.

Por último se recomienda que los municipios estudiados consulten la asistencia técnica de la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA) que mediante la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia impulsa un plan de difusión, instalación de políticas y mecanismo para la prevención y control de la corrupción y transferencia de capacidades en los niveles municipales, dando cumplimiento a las disposiciones enunciadas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

BIBLIOGRAFÍA

-Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública –IIFAP- (2007): Diagnóstico sobre la aplicación de la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción, Municipalidad de Córdoba.

- Luis Moreno Ocampo (1993): En defensa propia, como salir de la corrupción .Editorial Sudamericana 1993. Buenos Aires.

- Peter Eigen (2003): Las redes de la corrupción, la sociedad civil contra los abuso del poder. Grupo Editorial Planeta, 2004. Buenos Aires.

- Gómez Nicolás, Oficina Anticorrupción de la Nación Argentina (2007): Serie de estrategias para la transparencia, “Declaraciones Juradas de Funcionarios Públicas, una herramienta para el control y prevención de la corrupción”. 2da Edición

Leyes, ordenanzas y otras normas:

-Código Penal Argentino.

-Constitución de la Provincia de Córdoba.

-Ley N° 8102 “Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de Córdoba”.

-Ordenanza Municipal N° 1152/00 Municipalidad de Villa Gral. Belgrano.

-Ordenanza Municipal N° 1378708 Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.

-Normas de ética para funcionarios y empleados de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.

[1] Art, 268 (2)- Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.
(Nota: texto según ley Nº 25.188)

[2] Constitución de la Provincia de Cba, Artículo 181.- Toda población con asentamiento estable de más de dos mil habitantes, se considera Municipio. Aquéllas a las que la ley reconozca el carácter de ciudades, pueden dictar sus Cartas Orgánicas.

[3] Art. 268 (3).- Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

(Nota: texto según ley Nº 25.188)

[4] Art, 268 (2)- Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.

Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

(Nota: texto según ley Nº 25.188)

[5] Art. 268 (3).- Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

(Nota: texto según ley Nº 25.188)

UN LLAMADO DE EMERGENCIA

2012-02-07T18:19:00.000-08:00

Por Alejandro Montbrun

Gustavo Medina asumió sin proyecto en salud y debió llamar de emergencia al Dr. Isaak.

Para los tenemos entre 20 y 30 años la designación del Dr. Isaak como director del dispensario es un gesto simpático que pone en escena a ese médico que de niños nos atendía con cariño, dedicación y responsabilidad. Por supuesto que esta aventura política del pediatra más famoso del pueblo ha motivado en algunos sectores politizados distintos comentarios, dado que se incorpora al municipio luego de presentarse como técnico encargado de salud del Partido Nuevo y hoy pasa a las filas de la gestión de Unión por Cba.

Aunque es valedero especular sobre la estrategia política que culmina con el arribo de Jorge Abel Isaak al municipio de Villa General Belgrano, este plano del análisis forma parte más del “folclore de los dimes y diretes” que de la sustancia propia del gobierno que se conforma de programas y proyectos concretos.

La gestión que se viene en salud comprenderá los siguientes ejes generales: dirección médica del área (a cargo del propio Dr. Isaak ); traslado de guardias al sector privado mediante convenios; concurso administrativo para el ingreso al dispensario; atención primaria de la salud y prevención de enfermedades tomando en forma integral al ciudadano desde la concepción hasta la ancianidad, prevención de accidentes domésticos y especialmente en espacios públicos ligándolo a la obra pública.

Estos puntos deberán legitimarse en los próximos años con los usuarios de la salud municipal. Pero lo que se intenta plantear en la nota es lo siguiente: si se toma el plan de un partido adversario y a su encargado, ¿cuál era el plan a poner en marcha el 10 de diciembre?

El proyecto en salud de Unión por Córdoba nunca quedó claro en la campaña electoral, el intendente electo tuvo seis meses para mejorarlo, delinearlo o armarlo si es que no tenía proyecto firme, pero apenas arribado al gobierno prefirió tomar como tema central en VGB la altura de los yuyos y el arreglo de las calles, según expresó en su discurso de asunción. Y recién a dos meses de estar en funciones se toman directivas en esta área tan sensible para la vida misma de los habitantes del pueblo.

Cada gobierno debe dejarnos una enseñanza para no repetir errores, el político debe ser audaz pero no irresponsable, tener un programa en el ámbito de salud es un requisito mínimo antes de asumir un gobierno, de lo contrario la política se convierte solamente en la lucha por conquistar el poder y luego jugar a improvisar.

El juego de las elecciones en VGB

2011-12-23T12:43:00.000-08:00

Por Alejandro Montbrun

Hace más de una década nuestro Club Social y Deportivo jugaba la final de la “B” para ascender contra el Atlético Almafuerte. La gran campaña que lo llevó a disputar el ascenso a nuestro equipo de fútbol era fruto de la “extranjerización” del plantel: la dirección había traído una decena de “players” de Córdoba para lograr el campeonato.

Con todo, sin embargo, los números de las instancias finales apretaron la situación del equipo belgranense: 1 a 1 en VGB y en el partido de vuelta nos golearon 4 a 1 con lo cual la Villa perdió el ansiado ascenso.

La máquina de hacer goles y jugar lindo quedó deshilachada aquella tarde dominguera en Almafuerte.

Las suspicacias se deslizaron minutos después de terminado el encuentro, ¿cómo era posible tal baja en el rendimiento de un equipo que había descollando durante todo el año? La popu sentenció: “se vendieron” y el saber del tablón encontró una evidencia esclarecedora en el siguiente campeonato cuando los cuatro mejores jugadores de nuestro equipo aparecieron jugando en el Atlético Almafuerte.

Hace siete meses nuestro pueblo se encontró frente a un proceso electoral municipal y las propuestas de cada partido político eran televisadas por el canal local, “El sauce”, de la cooperativa de Luz y Fuerza. A modo de análisis, la política a veces puede verse como un partido de fútbol, donde encontramos equipos, árbitros y público. Tendríamos entonces: los equipos que serían los partidos políticos, jugadores, que fueron los candidatos a los distintos cargos (yo fui candidato a vocal del tribunal de cuentas por el Partido Nuevo), un árbitro; el canal local, y un público, que en este caso sería, los votantes.

Al iniciarse el programa “Panorama Electoral” (partido) consulté ante el Gerente de la cooperativa si él iba a ser el encargado del programa, digamos en términos futboleros: yo andaba preguntando quien iba a ser el árbitro y en ese momento Don Jorge Firley me dijo que todo lo organizaba Jimena Apecechea , y por lo tanto, debía hablar con ella.

“Panorama…” cual lugar donde se jugó el partido, resultó un buen aporte a la democracia de esta localidad ya que permitió a cada candidato mostrar sus propuestas en un medio de comunicación público.

Pero volvamos a mirar la política como un juego. Podríamos decir que hubo un equipo ganador comandado por el Sr. Gustavo Medina, otro equipo que estuvo a tiro del empate pero terminó perdiendo (de la mano de Fabián Hoss) y otros dos que quedaron lejos en la tabla de posiciones y que pelearon mas por el descenso que por el campeonato como es el caso del Partido Nuevo de Teo Romero y el Frente Grande de Humberto Vera.

El público eligió este podio con su voto.Pero, ¿y el árbitro?.

Terminado el campeonato el árbitro dejó de serlo y pasó a jugar para uno de los equipos, esto se confirmó el día 9 de diciembre con la presentación pública de la nueva Directora de Prensa de la municipalidad de Villa General Belgrano, la Sra. Apecechea.

El panorama se manchó, la puerta giratoria hizo magia y siete meses después quien se suponía garantizaba imparcialidad en el debate pasó sin más prurito a las filas del equipo ganador.

A nadie se le ocurre pedirle un gesto de ética deportiva a un jugador de la liga de Río Tercero de futbol, pero cuando hablamos de la función pública y el manejo de los medios de comunicación, la cuestión es más complicada y las exigencias debieran ser mayores.

Cuando empecé la nota me acordé de aquella anécdota futbolera donde los jugadores que supuestamente defendían la camiseta belgranense con el mérito de su potencial, misteriosamente pierden y luego aparecen jugando para el otro equipo. Sin embargo aquí la cosa es más grave porque no fueron los jugadores, sino el árbitro el que rompió los códigos, las reglas del juego limpio, pero, como diría Julio Grondona (el “Padrino” del gran juego del fútbol), aquí también “todo pasa”.

EL AUTO DEL INTENDENTE

2011-10-29T12:34:00.000-07:00

Por Alejandro Montbrun

Ya no rodarán más sus llantas por el pavimento bacheado de Villa General Belgrano ni hará huella en alguna calle de nuestros barrios. Así es amigos, nos abandonó un símbolo: el Chevrolet Vectra, el auto del intendente.

Desde su adquisición fue emblema de uso caprichoso a la medida de quien ocupaba en aquellos momentos el ejecutivo. En plena fiesta menemista el auto parecía ser un bien privado más del jefe comunal viciado de las peores mañas peronistas. Los ´90 tenían fiesta y entre los jóvenes secretarios integrantes del municipio belgranense había ganas de vivirla.Y como las fiestas suelen ser de noche apenas salió la luna partió el funcionario, rumbo a Santa Rosa de Calamuchita, con máquina prestada, hacia un encuentro “protocolar” con las candidatas a reina de la cerveza de aquel 1998.

Mala suerte tuvo este ceniciento que debía volver con el carruaje entero a la mañana siguiente: la torrencial lluvia acompañada de los aromas de la noche embriagaron sus sentidos y el auto tocó con fuerza un badén. Seguramente hubo mucho ruido, salto y volantazo, pero el fierro siguió adelante. Impresionada quedó una bella candidata al trono cervecero que hacía las veces de copiloto mientas adulaba a la joven promesa del volante y del turismo en Córdoba. La larga noche llegó a su fin, las heridas, grandes. El golpe no fue un rasguño sino una herida casi mortal: “Rotura de cárter. Fundido” - sentenció el mecánico.

Aquel secretario peronista apodado “alfajor de pollo” porque según sus colegas no existía, hizo honor a su apodo y efectivamente pareció no existir. Al menos por un buen tiempo. Y por supuesto jamás tomó responsabilidad personal sobre el asunto. De esta forma, el Vectra, “el auto del intendente” marchó hacia una sanación larga para nunca más volver a ser lo que fue.

Sin embargo, los fierros se arreglan y éste se puso en marcha nuevamente. El auto pistoneaba por todos lados, de todos modos poco importaba, el vehículo pronto sería radical con la renovación del gobierno en el año 99.

Pero el calvario del pobre rodado, ya bastante averiado, recién comenzaba, como chiche de niños malos fue el símbolo de las rencillas entre el intendente saliente y su sucesor.

Exhibido como elemento maltratado durante la gestión peronista el coche fue posado en la plaza principal del pueblo para que los ciudadanos vieran el descalabro que habían hecho con él y con los demás integrantes del parque automotor.

Costó ponerlo en marcha: alguna mano traviesa que infantilmente no quiso ver a un radical manejando el auto escondió las llaves y para darle arranque fue necesario la ayuda de algún cerrajero hábil en estas cuestiones.

Pasado el bochinche de la transición traumática, de poder pensar seguramente el Vectra habría creído que le esperaban días de poca carga, sin sobresaltos, con pequeños viajes locales, pero no fue así. Quienes venían a señalar con el dedo el destrato y el mal uso de los bienes públicos agravaron la situación: de un pequeño viajecito de promoción a Santa Fe a un tortazo inolvidable que casi termina en tragedia para el enviado municipal a la provincia del río Paraná.

Mucho silencio, arreglo rápido y “acá no ha pasado nada”, sigue andando y andando pasó de manos: de secretario radical leguleyo a secretario radical experto en finanzas pero no en automotores. Y como en un abrir y cerrar de ojos debe haberle pasado por enfrente todo su vida al pobre coche cuando un choque lo dejó para siempre sin rodamiento cerca del Dique de los Molinos.

Pero el automóvil no pudo descansar en paz, aún muerto era un arma política muy poderosa ya que el gobierno radical en aquella transición del 99´ lo había mostrado como prueba de la barbarie. Y ocho años después no podía ser visto destruido por los mismos que supuestamente vinieron cuidarlo. Así el famoso Chevrolet Vectra gls 2.0 8v de dirección hidráulica y de cinco velocidades pasó al oscurantismo, escondido en el galpón municipal bajo siete llaves. Se tenía que pasar la campaña electoral de 2007 sin ninguna imagen, foto o testimonio que pudiese ser usado por la oposición como un arma mortífera en las elecciones.

Triunfo radical nuevamente y los miedos pasan: ya se puede exhibir al muerto y los correligionarios lo ubicaron en la sala de reanimación de un noble restaurador que a fuerza de chapa y pintura intentaría devolverle la vida. Pero los dineros no llegan y el noble restaurador no trabaja gratis. A pesar de ello como buen hombre que es, le da cobijo a ese pobre auto en sus dominios.

El tiempo transcurre y nadie retira lo que ya viene a tomar forma de chatarra. El viento, la lluvia, el sol, en fin… las inclemencias del tiempo hacen deteriorar segundo a segundo la máquina que pasado varios meses tuvo que dormir afuera porque ya no cabía más bajo el techo del noble restaurador.

Como teniendo clemencia de este auto, en el año 2009 el honorable concejo deliberante autorizó la venta mediante ordenanza N° 1534, considerando que: “es un vehículo importado que se encuentra en desuso desde hace 4 años y que por la antigüedad del mismo se encuentra amortizado”.

La venta fue solo una ilusión: nadie quiso al destartalado sobre La base de cuatro mil pesos. Abandonado a su triste suerte permaneció hasta un sábado lluvioso del reciente de septiembre de 2011, cuando unos extraños lo buscaron y partió rumbo a Rosario a descansar del maltrato de nuestros dirigentes.

Nota del diario KalamuchitaK

2011-10-09T08:52:00.000-07:00

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzqC4dUJ5d9WZjVmYWY0ODQtZmVhMS00NDRiLTljMzEtNTVhZTU3Yjk4MDJm&hl=es

2011-08-15T15:27:00.000-07:00

Sin primavera –verano 2010 en el Valle

2010-12-09T10:18:00.000-08:00

Desde hace unos meses han empezado las especulaciones políticas con miras a las elecciones para renovar intendentes y jefes comunales en el Departamento Calamuchita. En más de un bar de la zona los parroquianos especulan sobre posibles adelantamientos en las elecciones en tal o cual localidad. Pero estos son solo rumores que para nada condicen con el plano jurídico. Las cosas han cambiado luego de la reforma política en Córdoba.
Por Alejandro Montbrun

Que Yacanto elegirá intendente en diciembre próximo, que Santa Rosa lo hará en marzo y Villa General Belgrano en abril son todas teorías sin sustento a partir de la modificación, por parte de la Unicameral de la Provincia de Córdoba, en la ley orgánica de municipios N°8102. Los plazos para llamar a elecciones, en adelante, son los siguientes: “180 días como máximo y hasta 30 días de mínimo antes de vencer el mandato”, así reza la nueva ley N° 9838 publicada mediante decreto N°1385 el 27 de septiembre de 2010.
El nuevo “paraguas” de días en que los intendentes y jefes comunales pueden llamar a elecciones viene a ser parte del polémico articulado que vienen trabajando los legisladores cordobeses (en especial los oficialistas) desde el año 2008 en la llamada Reforma Política.
Para conocer mas detalles sobre la implementación de este nuevo régimen en el llamado a elecciones municipales este medio consultó a tres especialistas con pertenecías políticas diferentes.
El legislador Juan Brügge del Bloque Unión por Córdoba es abogado constitucionalista y se reconoce como un apasionado en las cuestiones electorales, al respecto de la modificación en la ley 8102 opina con sobrados fundamentos: “recientemente al modificarse una parte de la Reforma Política, se vio oportuno extender el plazo para llamar a elecciones y llevarlo a 180 días como máximo y 30 como mínimo de finalizado el mandato”. Interrogado sobre la aplicación efectiva de esta modificación y si necesitaría algún tipo de reglamentación provincial Brügge lo niega rotundamente: “la ley no necesita reglamentación, cada municipio y comuna tienen la autonomía para darse una propia ordenanza electoral”.
Ante la misma pregunta, el prestigioso constitucionalista Antonio María Hernández (y quien, además, fuese candidato a vicepresidente de la Nación por Unión Cívica Radical en 1995) responde de la misma manera: “la ley está vigente y no necesita reglamentación. En consecuencia, debería aplicarse para las próximas elecciones”. Aunque agrega: “todo ello, más allá de las objeciones constitucionales que la norma podría tener, ya que afecta la autonomía municipal consagrada constitucionalmente”.
El comentario está en sintonía con las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos para la Reforma Política y que el mismo Hernández integró. Entre ellas, se aconsejó fijar las fechas electorales por vía de una reforma constitucional y no por simple ley como en este caso.
Sin embargo esta última referencia no tendría incidencia en el llamado a elecciones ya que es improbable que alguna autoridad calamuchitana haga una objeción constitucional al respecto.
Por último, se pidió opinión a uno de los encargados de asuntos electorales en el Frente Cívico, Oscar Marazza, quien en cercanías del bunker juecista de la capital cordobesa ratifica mediante su testimonio lo expuesto por los anteriores especialistas: “la elección es entre 30 y 180 días de la finalización del mandato”.
Marazza, interesado en cada detalle de la próxima elección, sugiere hacer un seguimiento pueblo por pueblo para analizar cuando serán las votaciones municipales: “Lo primero que hay que ver es cuando termina el mandato del intendente, hay que sacar el cálculo de ahí para atrás”. La referencia numérica es acertada para la investigación, pero en el caso del Departamento Calamuchita no hay municipios ni comunas que hayan visto alterado su orden institucional por lo tanto la culminación de los mandatos expira sin excepciones el 10 de diciembre de 2011.
Así las cosas nuestro calendario electoral será entre el 10 de junio y el 10 de noviembre de 2011. El nuevo régimen garantiza que las autoridades electas puedan asumir sin grandes transiciones, de todas formas, queda un buen margen de acción para el juego político con la posibilidad que tienen los gobernantes de nuestra región de adherirse a una convocatoria nacional, provincial o simplemente convocar en tiempos diferentes.
Los últimos destellos del otoño de 2011 nos darán alguna elección y el resto transcurrirá entre el invierno y la primavera.