Alvaro Segrith Sepúlveda

MORA Y CONGESTIÓN JUDICIAL: Un mal sin dolientes.

2014-09-27T21:35:00.003-05:00

“Si se tratara de ofrecer una justicia pronta y oportuna, los funcionarios y empleados de la rama judicial, trabajaran los sábados como en tiempos pasados”

Para nadie es un secreto, que unos de los factores que inciden en la mora judicial, es el volumen de procesos que se tramitan en los diferentes despachos judiciales del País, en donde, pocos funcionarios (de 4 a 6 por juzgado), cargan en sus hombros con la responsabilidad de evacuar entre 1.500 a 2.000 expedientes.

Para el público en general, la mora judicial es entendida como el retardo, que en algunos casos, incurre un despacho para iniciar, surtir o finiquitar una etapa procesal o actuación judicial, sometiendo a los ciudadanos a dilaciones injustificadas para la resolución de sus pretensiones.

De acuerdo a los datos suministrados por el Consejo Superior de la Judicatura, en Colombia existen 2,6 millones de procesos pendientes de trámites en las diferentes jurisdicciones, ocupando el lugar 177 entre 183 en el Sub-indicador de celeridad[1], lo que sitúa a la justicia colombiana como la séptima más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe[2].

Ante la problemática anterior, cabe preguntarse ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura para solucionarlo?, y frente a los funcionarios y empleados de la rama judicial ¿Cuál es el aporte que estos hacen para mitigar dicha mora?. Los primeros, presentan proyectos de reforma al sistema judicial. Que estos sirvan o no, es otro debate que debe suscitarse en su oportunidad.

En cuanto a los segundos, sí, me refiero a los funcionarios y empleados de la rama judicial. Dolorosamente debemos llamar las cosas por su nombre, pero es hora que desde ya dejen el ocio a un lado y desistan en usar la mora y a congestión judicial como una excusa para crear despachos que sólo funcionan por tres (3) meses. Término que se ha venido prorrogando saecula saeculorum.

Ahora, la gran mayoría de los trabajadores del sector privado, laboran ocho (8) horas diarias, seis (6) días a la semana, más específicamente, de lunes a sábado hasta las 6:00 PM, teniendo como único día de descanso, las 24 horas del Domingo.

Si lo pretendido es ofrecer una justicia celera y oportuna, los funcionarios judiciales y empleados de la rama judicial, deberían laborar incluso hasta el día sábado, tal y como lo hacían antiguamente. Cierto es que ello, no elimina la mora y la congestión de un todo, pero es un aporte digno a la sociedad colombiana que en estos tiempos necesita.

Cierto es, que el nombramiento de un profesional como Juez o Magistrado, además del deseo de servir a la comunidad y garantizar la vigencia de un orden justo, lleva consigo el deseo personal de lograr una estabilidad económica; pero como estoy seguro que es ese deseo de servicio lo que invade a dicho funcionario, es hora de dejar a un lado tanto paro y aportar a la sociedad colombiana el día sábado, que pocos “ungidos” en este país pueden disfrutar.

[1] Según Informe Doing Business 2012 del Banco Mundial. 183 Estados consultados.

[2] Según informe ibídem

POLITICA Y POLITIQUERIA

2014-07-15T21:35:00.000-05:00

CUANDO LAS POLITICAS DE ESTADO SE TRANSFORMAN EN POLITIQUERIA

La política podemos definirla en sentido amplio, como todo lo relacionado con el Estado, es decir, aquello referente a la forma en que un determinado Estado está organizado, los fines del mismo Estado, la forma de ejercer el poder público y la forma de llegar a ese poder.

Pero siendo un poco más específico, se define política como una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional[1], la Política se la denomina de dos formas posibles: como un conjunto de actividades desarrolladas por un grupo y que permiten crear, planificar y ejercer el poder sobre otro; y como una actividad cuya razón de ser es alcanzar un fin preciso: el bien común, es decir, todo debe llevarse a cabo con el objetivo común de alcanzar la paz a través de métodos que no incluyan la violencia.

A partir de estos criterios y definiciones, el Estado diseña políticas encaminadas a cumplir efectivamente con los fines esenciales, estas podemos encontrar políticas de naturaleza tributaria, económicas, sociales, criminal, de seguridad social, etc.

Independientemente de la naturaleza o el carácter de la política pública que se adopte, el Estado, a través de sus autoridades (Administrativas, Civiles, Judiciales), están llamados a cumplir las disposiciones normativas que las regulen, pues, si bien el referente normativo está compuesto por la Constitución y Por la Ley, tanto el gobierno nacional como regional o local, deben conducir su actuar administrativo en cumplir los postulados legales, con la participación de la sociedad civil y del sector privado, según sea el caso.

Adoptada una determinada política, lo primordial que se debe implementar es su socialización y sensibilización, pues deben integrar a todos los actores y estamentos, para que de manera coordinada se dé cumplimiento a la normatividad pertinente y se logren los objetivos trazados.

Por otra parte, el público en general entiende la política, no como un conjunto de acciones encaminadas a cumplir fines del Estado, sino como una corriente ideológica que plantea alternativas de gobierno, formas diferentes de organizar el Estado, de adoptar políticas económicas, en fin. Para el común de la población, política es asociado a la forma de gobernar, al partido o movimiento que durante un periodo ejerce la primera magistratura, y es allí donde nace la POLITIQUERIA.

En el siglo XIX y XX, y durante un periodo denominado el “medio siglo”, Colombia vivió un periodo de violencia, que a partir de año 1948, se dividió la historia en dos, iniciando con la Hegemonía Conservadora y finalizando con el FRENTE NACIONAL. Grandes líderes políticos de la época, se hicieron ricos y hacendados, valiéndose de su posición en la sociedad y de su capacidad de influir con el dinero en las altas esferas de la política colombiana.

Muchos de los hacendados se convirtieron en grandes “elegidos por voto popular”, durante los gobiernos de la Hegemonía Conservadora, periodo dentro del cual el Partido Liberal, no participó en elecciones presidenciales. Y se convirtieron en grandes políticos, porque amarraban a los peones de la finca a la pata de sus caballos y los obligaban a votar. Así nació en GAMONALISMO, después el CLIENTELISMO y después el PARAMILITARISMO.

La forma anteriormente descrita de llegar y ejercer el poder, desembocó en su época en una guerra civil y que tuvo su mayor furor con el asesinato del líder y caudillo Jorge Eliecer Gaitán (9 de abril de 1948), pero dicho periodo violento tuvo su solución con el FRENTE NACIONAL, que todos conocemos, y que en realidad no era otra cosas que darle muerte a la democracia, porque fue la forma de repartirse el poder entre Liberales y Conservadores durante 16 años, sin permitir que personas o grupos distintos a ellos, llegaran al poder. Fue así que a Gustavo Rojas Pinilla (quien pertenecía a la ANAPO), jamás se le permitió llegar al poder por voto popular, sino que en una jugada burda, salió elegido MISAEL PASTRANA BORRERO.

Lo positivo de esa forma de política, fue que se dio muerte a la democracia para acabar una guerra, se hizo un pacto para dar fin a un conflicto en el que no parecía haber salida, pues, las diferencias ideológicas eran protuberantes, e irreconciliables, que hoy 60 años después, los logran reunir en una llamada UNIDAD NACIONAL.

Entonces pues, podemos definir la POLITIQUERÍA como un conjunto de actos amañados por una persona o grupo de persona (partido o movimiento político), en caminados a atraer los votos del pueblo, en caminados a coartar su libertad de decisión política. Estos actos amañados pueden ser desde la compra vulgar de votos como el otorgamiento de beneficios, favores, cargos y puestos públicos a cambio de esos votos.

Pero si nos quedamos hasta allí, nos quedamos en pañales. Así como la política evoluciona, la politiquería también evoluciona, y en la actualidad se usan políticas públicas para obtener los preciados votos. Vemos el caso de los fichos del SISBEN que en determinado municipio entrega la Primera Dama. Vemos que en las propagandas políticas, cada partido saca pecho de los proyectos de Ley que ha impulsado en el Congreso. Y ahora vemos que la Bandera de la PAZ es el gran gancho para atraer esos votos de los pobres inocentes ciudadanos, olvidando que si en algún momento fueron elegidos, era para cumplir tal u otra obligación.

Hubo una enorme partida del presupuesto público colombiano, construido sobre el ahorro común de los contribuyentes de este país, que está siendo destinada desde hace años exclusivamente a comprarle los votos a los pobre de Colombia. A quitarles su libertad de decisión política, a quitarles su ciudadanía y dignidad, para convirtiéndolos en miserables, limosneros, y volviéndolos objetos de la manipulación política. Eso se llama FAMILIAS EN ACCIÓN.

La política pública de Familias en Acción, no está bajando la deserción escolar para lo cual fue creada, la cual consistía en darle el dinero a la madre cabeza de familia, para que no saque a sus hijos del colegio, para que estos no tengan que trabajar, sino que se dediquen a estudiar.

Son 3 millones de beneficiarios de ese programa, son 3 millones de electores pobres, que el gobierno de turno a cuenta del erario público tiene en su poder, le domina la voluntad política, le quita su ciudadanía y dignidad y están listos para ser llevados a las urnas, tal y como lo hacían los grandes hacendados con sus peones de fincas en tiempos atrás.

Son políticas públicas en los que el ciudadano desconoce que son producto del ahorro común de los colombianos y lo peor es que le agradecen al elegido, creen que es producto de la bondad del elegido. Lo más bochornoso es que los grupos o movimientos políticos toman esos logros para hacer propaganda política, convirtiendo esto en un acto politiquero.

[1] Sentencia C- 646/2001; C- 351/13

ALCALDÍAS MUNICIPALES ASFIXIAN A EMPRESARIOS

2014-07-13T13:04:00.001-05:00

La Ley 232 de 1995, constituye el marco normativo establecido por el legislador para la regulación del funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público y tuvo como propósito armonizar el interés general de la sociedad y los consumidores, con el fomento de la libre iniciativa de los particulares.

Por su parte, el gobierno nacional expidió el Decreto 1879 de 2008, reglamentando la Ley 232 de 1995 y el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, en lo relacionado al cumplimiento de requisitos que deben cumplir los propietarios de establecimientos de comercio al momento de su apertura y operación.

Veamos:

“Artículo 1°. Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de comercio para su apertura y operación. Las autoridades distritales y municipales al momento de realizar visitas de control, solo podrán exigir a los propietarios de establecimientos de comercio, los siguientes documentos:

a) Matrícula mercantil vigente expedida por la Cámara de Comercio respectiva;

b) Comprobante de pago expedido por la autoridad legalmente competente, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias, solamente cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor;

c) Registro Nacional de Turismo, tratándose de prestadores de servicios turísticos a que se refiere el artículo 13 de la Ley 1101 de 2006.

…”.

“Artículo 2°. Requisitos de cumplimiento exigibles a los establecimientos de comercio para su operación. Una vez abierto al público y durante su operación, el propietario del establecimiento de comercio –además de los requisitos señalados en el artículo anterior deberá cumplir con:

a) Las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia;

b) Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, referentes a uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación.

Parágrafo. De acuerdo con lo señalado en el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo no podrá exigirse conceptos, certificados o constancias distintos a los expresamente enumerados en la Ley 232 de 1995.

Por lo anterior ningún propietario de establecimiento podrá ser requerido o sancionado por las autoridades de control y vigilancia de la actividad comercial, o por la Policía Nacional si, cumpliendo con las condiciones definidas por la ley, no exhibe documentos distintos a los previstos en el artículo 1° del presente decreto. En consecuencia, se prohíbe exigir la tenencia y/o renovación de licencias de funcionamiento, permisos, patentes, conceptos, certificaciones, como medio de prueba de cumplimiento de las obligaciones previstas por el Legislador”. (Subrayado y Negrilla para destacar)

De la lectura de las normas transcritas, podemos argüir que el gobierno nacional, dispuso que las autoridades (administrativas y de policía) únicamente podrán exigir a los propietarios de establecimientos comerciales, tres (3) documentos a saber:

(i) El certificado de matrícula mercantil, si es persona natural o certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;

(ii) Comprobante de pago de derechos de autor, que para el caso que nos ocupa, el expedido por la sociedad SAYCO – ACINPRO, o la entidad que para tal efecto haya designado la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Interior; y

(iii) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, que de conformidad con el Decreto 019 de 2012, es expedido por la Cámara de Comercio con jurisdicción en donde se encuentre el establecimiento.

En el mismo sentido, el artículo 2° del decreto ibídem dispone que el comerciante debe, cumplir con las condiciones sanitarias, de uso del suelo, intensidad auditiva, horarios, ubicación y destinación, pero prohíbe la exigencia de certificaciones, conceptos o constancias que para tal efecto muchas autoridades administrativas han diseñado, transgrediendo la disposición legal.

Lo anterior, no es óbice para que el comerciante incumpla con las normas urbanísticas y sanitarias que rigen la materia, pues, es obligación de las autoridades verificar el cumplimiento de dichos requisitos y sancionar a quienes infrinjan dichas disposiciones, en aras de preservar el orden público y de salvaguardar la salubridad pública.

En cumplimiento de la normatividad transcrita, la Alcaldía Municipal de Montería, profirió el Decreto 0228 de 2013, que en su artículo DECIMO TERCERO, dispone:

“ARTICULO DECIMO TERCERO: VIGILANCIA Y CONTROL DE EMPRESAS: Las dependencias de la administración Municipal deberán prever estándares de criterios de inspección de obligatorio cumplimiento para la generación de visitas de vigilancia y control.

El empresario estará en la obligación de asegurar el cumplimiento de las condiciones normativas establecidas, al momento de las visitas de vigilancia y control posteriores a la apertura de empresa, oficiosas o por quejas interpuestas por la administración municipal.

El empresario de manera voluntaria podrá solicitar la expedición del concepto físico, caso en el cual deberá solicitarlo por escrito ante las diferentes dependencias de la administración Municipal.

PARAGRAFO: La Administración Municipal, las autoridades de control y vigilancia de la actividad comercial y de la policía nacional no podrán sancionar a los empresarios por el hecho de no tener el documento físico, concepto o certificado de cumplimiento de los requisitos legales, toda vez que bastara que el funcionario este realizando las visitas de vigilancia y control, inspeccione y verifique que la empresa cumple con los requisitos en materia de seguridad, sanidad, uso de suelo y demás concordantes con la ley 232 de 1995.” (Subrayado para destacar)

Tenemos entonces, que la Secretaría de Planeación no podrá expedir certificados de uso del suelo, ni la Secretaria de Salud podrá extender el certificado de condiciones sanitarias, así como a la Secretaría de Gobierno le está prohibido exigir a los comerciantes, dichos documentos o constancias, en ejercicio de las potestades de vigilancia y control de las actividades mercantiles ejercidas en el Municipio de Montería.

Es claro, que la normatividad consagra la facultad que tiene el empresario para solicitar conceptos a las dependencias de la Alcaldía Municipal, pero éstas no podrán cobrar suma alguna por la expedición de los mismos, tal y como lo señala el artículo 3° del Decreto 1879 de 2008.

Veamos:

“Artículo 3°. Medios informativos. Las autoridades distritales y municipales deberán habilitar los canales institucionales y virtuales, para que emprendedores y comerciantes puedan acceder a las normas y realizar las consultas que consideren necesarias, sobre las regulaciones y los requerimientos a tener en cuenta al momento de iniciar la actividad comercial o durante su operación.

Las personas interesadas podrán solicitar, si lo desean, a las autoridades respectivas, la expedición de conceptos sobre la materia, los cuales no deberán tener ningún costo”. (Subrayado para destacar).

En la actualidad, muchas dependencias de las Alcaldías Municipales, para la apertura de un establecimiento comercial o para declarar y pagar tributos como el Impuesto de Industria y Comercio, exigen requisitos no previstos por la Ley 232 de 2995 ni por el Decreto 1879 de 2008, tales como: (i) Certificado expedido por el cuerpo de bomberos; (ii) Acta Sanitaria o certificado de condiciones sanitarias; (iii) Certificado de Uso del Suelo, etc.

Reiteramos que los anteriores documentos, conceptos o certificaciones no tienen sustento legal alguno. Por lo tanto, no se le puede exigir al propietario del establecimiento de comercio la exhibición o tenencia de dichos documentos o similares, para la matricula en el Registro de Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, salvo los establecidos en el artículo 1° del Decreto 1879 de 2008.

Por último, tenemos que a la fecha han iniciado más de 2.000 procedimientos sancionatorios, enviando a cada comerciantes requerimientos en los que se afirma: “Que usted como propietario del establecimiento comercial denominado XXXXXXXXXX, no presenta la documentación, tales como Certificado de Uso del Suelo, Certificado de seguridad expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos, entre otros, …”, consideramos que es irregular e infundado dicho prejuzgamiento, pues, el artículo 4 de la ley 232 de 1995, señala que sólo se iniciará el procedimiento sancionatorio, previa visita de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha normatividad.

No entendemos, cómo las Secretarías de Gobierno llegan a tales conclusiones, sin haber realizado previamente la visita de control que ordena tanto la Ley 232 de 1995 como el Decreto 1879 de 2008 y el Decreto Municipal 0228 de 2013 (para el caso de Montería), por ello consideramos que se está abusando de las facultades otorgadas por la legislación y se cercena el derecho al debido proceso a más de 5.000 empresarios del Departamento de Córdoba.

Carta de Carlos Pizarro a su padre desde La Picota

2013-04-26T23:30:00.001-05:00

Enero 19 de 1980

Querido Padre:

Sé, a ciencia cierta, que esta carta es casi un epílogo al diálogo que un día, ya remoto, comenzamos. Hasta ahora nuestras conversaciones no han trascendido la intimidad familiar. Pero, esta carta, será pública. Debe ser así, porque mis torturadores, carceleros y jueces, pretendiendo herirte y humillarme, han trasgredido todos los límites del respeto. Debe ser así, porque aquellos que debieron aprender el respeto a la ley, a la dignidad humana y a su propia misión libertadora, han querido que mi nombre y mis ideas se liguen a tu nombre. Y debe ser así, porque en mí, desde el día de mi captura, han pretendido escarmentar los principios y criterios, que han guiado cada uno de mis actos, criterios aprendidos de tu boca sabia y de tu vida ejemplar.

Es pues, el momento de hablar en voz alta. Es, necesario aceptar el desafío. Reinicio, pues, el dialogo. Hay quienes pretenden hacer ver en nosotros, miembros activos del M19, elementos extraños a nuestro país, a las ideas de sus gentes, a las tradiciones y esperanzas de sus hombres y mujeres. Pero aquellos que difaman olvidan, o temen reconocer, que desde nuestro primer hecho político hemos rescatado nuestra historia patria. Que apasionadamente prolongamos nuestras raíces culturales y humanas a las más antiguas tradiciones de nuestro pueblo. Como tú, y la inmensa mayoría de los colombianos, provenimos de familias liberales y conservadoras. Quienes tuvimos el privilegio de la educación, hemos sido formados, desde los primeros años escolares, en escuelas y colegios regentados por sacerdotes y religiosas o por el Estado mismo. Desde la más temprana edad aprendimos de boca de nuestros padres y maestros el respeto a las instituciones políticas del país, a sus servidores públicos y a las Fuerzas Armadas. Como colombianos y como latinoamericanos aprendimos a honrar con nuestras palabras y nuestros actos a los gestores de nuestra nacionalidad y a sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad.

Durante toda nuestra infancia y nuestra juventud aceptamos como hechos indiscutibles que, nuestros partidos tradicionales, sus jefes políticos y el Estado que ellos manejaban, procuraban la prosperidad nacional. Durante años aceptamos que los ideales cristianos de servicio, amor y justicia señalaban el quehacer de servidores públicos, industriales y banqueros,… Durante gran parte de nuestras vidas confiamos nuestra honra, nuestros bienes, nuestra seguridad personal y la de la Patria a las manos de las fuerzas armadas. Durante una época excesivamente larga acatamos ingenuamente los poderes públicos y creímos en sus palabras. Más aún, colaboramos activamente en sus propuestas políticas, sociales y económicas.

Pero ese país que reconocíamos como nuestro se fue desdibujando. Ante nuestros ojos sorprendidos apareció una nación adolorida. Esa patria que tú y nuestros antepasados quisieron para nosotros no fue el país que recibimos. Durante los últimos años, la rectitud, la honorabilidad y la justicia se han visto, como nunca antes, desterradas. Sobre los dineros del estado cayeron aves de rapiña y hoy dilapidan la riqueza nacional. Una clase política, oportunista y perezosa, comenzó a traficar con las leyes, con la justicia y con los puestos públicos. Hoy, para vergüenza nacional, se cambia una reforma constitucional por un incremento en las dietas parlamentarias. La democracia, la heredad de todos los colombianos, se cambia por el usufructo del poder ejecutivo. Tantos votos se cambian por tantos puestos públicos. Hoy, aquellas Fuerzas a las que dedicaste con, con la mayor honestidad, los años más productivos de tu vida; aquellas Fuerzas Armadas con las que colaboraste inculcando el respeto a las instituciones democráticas; aquellas Fuerzas Armadas destinadas, desde la gesta libertadora, a ser garantes de los derechos humanos, la dignidad nacional y protectoras del ciudadano inerme; aquellas Fuerzas Armadas que tu ayudaste a forjar paulatinamente, fueron cambiando su función social y traicionando su mandato constitucional. Hoy, el país ya no se inclina reverente y agradecido ante los hombres de uniforme. Se espanta a su paso.

A nosotros, que observamos tu ascenso en la Armada hasta la más alta investidura dentro de la jerarquía militar, Comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas y Vicealmirante de la Marina de Guerra, en base a la calidad profesional, la ética militar y la rectitud de tu carácter, nos indigna ver instalarse en las Fuerzas Armadas, como costumbre y requisito de ascenso, la entrega de la soberanía y la tortura. Hoy, la soberanía de los poderosos es el lenguaje de los altos mandos, y con gestos y palabras irrespetan a la patria. Si intimidad a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de Estado y presidentes, ¿Qué puede esperar el ciudadano de la calle? Hoy se habla de desenfado de aplastar con el paso de unas armas, las cuales no les pertenecen, toda protesta social. Huelgas, invasiones de tierras, manifestaciones públicas de descontento, son clarines de guerra para un ejército cansado de custodiar nuestras fronteras y nuestra soberanía; para una Marina alejada de los mares y que entrega nuestras doscientas millas de mar territorial y una Fuerza Aérea indiferente al cielo patrio, fácil al soborno y activa en la tortura. Hoy es hecho repetida y condenable la invocación al golpe de estado, el desprecio al débil y al humilde. Nuestra patria ha ido cambiando y con ella todos hemos sido transformados. Hoy, tu hijo se rebela contra la injusticia social porque nos enseñaste el culto a la igualdad y a combatir la miseria. Hoy, tu hijo se rebela contra la lacerante realidad de una libertad asesinada porque no nos enseñaste el idioma de la cobardía. Porque como demócrata y patriota, nos inculcaste el odio a muerte a los tiranos. Hoy, tu hijo, se rebela contra la actual dependencia y servidumbre nacional porque no nos indicaste el camino del oprobio y si nos señalaste el futuro de grandeza que aguarda a nuestra patria. Hoy, tu hijo, se rebela contra la creciente concentración de la riqueza nacional, contra la acumulación de los poderes del Estado en el ejecutivo y contra toda forma de monopolio en la actividad social porque no tiene la contextura ideológica para soportar ninguna dictadura, ninguna oligarquía, ningún privilegio de casta o de fortuna.

En fin, hoy te expreso, no sin orgullo, que me enaltece ser preso político y combatiente del M-19, porque el M-19 es una fuerza política nueva que ha dado pruebas suficientes al país de su justicia política y de su audacia operativa. Porque el M-19 es una fuerza auténticamente unitaria, cuya política expresa las más queridas ambiciones de los colombianos. Porque el M-19 ha mantenido las puertas abiertas al dialogo y a la acción a todos los sectores políticos y sociales siempre y cuando, estos sectores, estén interesados en el bienestar nacional y en la conquista de la democracia. Porque el M-19 ante la traición de un sector de la Fuerzas Armadas, está dispuesto a trabajar hombro a hombro, arma con arma, con todos los militares demócratas quienes, leales a la Patria y a su pueblo, se niegan a suplir con la tortura y el vil garrotéelas secuelas de la mala administración gubernamental, el clientelismo político, la aberrante concentración de la riqueza, las ambiciones políticas y económicas de una minoría de apátridas privilegiados. Porque el M-19 está dispuesto, y lo ha demostrado, a ser parte del torrente nacional que cree posible derrotar a la minoría oligárquica civil y militar que rompe los mas antiguos valores nacionales y acapara la riqueza. Por último, porque el M-19 cree posible y necesario construir un orden social con democracia económica, social y política y no está dispuesto a disminuir la intensidad de lucha. El M-19 cree en la victoria, trabaja por ella y la construye. Tu bien sabes que no he eludido, ni eludiré, mis responsabilidades en múltiples hechos y que he suscrito manifiestos públicos que el país de sobra conoce. No he inclinado la cabeza ante interrogadores y torturadores mi vida pública y privada está y estará frente al país y sus gentes. No tememos, mis compañeros y yo, al juicio que hoy nos siguen, montado para condenar nuestra dignidad de patriotas y nuestro indoblegable amor al pueblo. No nos espantan las condenas porque jamás hemos abandonado la convicción de que la Patria lo merece todo, la vida, la comodidad personal, la libertad individual.

Además, el único veredicto válido es el que dicta la historia. A él nos acogemos. Y sabemos que nuestros sacrificios bien habrán valido la pena. Siempre y cuando existan, como existen, demócratas honestos en los partidos tradicionales y en las nuevas fuerzas políticas. Siempre y cuando en el clero recupere el sentido evangelizador y humanista de su misión histórica t retorne, como hoy retorna, al humilde, al pobre, al desprotegido, para recuperar derechos conculcados y un porvenir liberador. Siempre y cuando en las Fuerzas Armadas, en todos los rangos y jerarquías, haya quien mantenga encendido el fuego de la nacionalidad y el respeto a la ley y nuevos hombres se opongan, con inteligencia, energía y organización, a quienes pretenden despeñar al país por los abismos de la dictadura, el terror, la dependencia nacional y el oprobio ciudadano. Siempre y cuando, los campesinos, los desempleados, las clases medias, los intelectuales, los obreros e industriales nacionalistas, entiendan que es el país el que está en juego y que son su prosperidad y felicidad lo que se nos hurta, el provenir de Colombia lo que se arriesga. Por esto, haciendo eco a tus palabras, que hoy son las nuestras, clamamos por la unidad de todos los patriotas en torno a un gran propósito nacional, que en el actual estado del país no puede ser otro que la conquista de una auténtica democracia en todos los órdenes de la actividad social. Alcanzar una sociedad donde los derechos no solo enuncien sino, que además, se realicen, es la única forma de ser libres como individuos y grandes como nación. Para terminar, tú bien sabes que siempre he actuado de acuerdo a los dictámenes de mi conciencia. Tu ejemplo me enseño que todo hombre vale por sus propias condiciones humanas, por su inteligencia, por su honestidad, por la rectitud de su carácter y que no debe recibir prebendas o usufructuar beneficios que tú hayas merecido pero que yo no haya ganado. He reconocido y agradecido tu culto a la libertad ajena, lo cual me ha permitido construir mi vida madurando en la lucha cotidiana, aprendiendo de éxitos y errores.

Siempre he querido que mi vida sea juzgada por la opinión pública nacional por mis propios méritos e independientemente de la tuya. No eludo, eso sí, las responsabilidades que llevar tu sangre implica. Reconozco con orgullo que las sólidas bases morales que iluminan mi vida son obra de tus manos. Jamás renunciaré a ver en ti mi más importante gestor. Rendiré culto perenne a tu honradez de hombre público y tu inmaculada vida privada. Mantendré la mas firme convicción de tu vida no requiere de defensores improvisados, aunque uno de ellos sea tu hijo. Mantengo la certeza que desde tu lecho de enfermos posas tu mirada inteligente sobre mis pasos actuales. Sé que continuaras implacable frente a mis yerros y continuaras confiando en mi carácter. No es tare a tu lado en la hora de tu muerte, pero nunca he estado lejano. Recibe mi mensaje eterno de agradecimiento y amor.

Tu Hijo, Carlos

NUEVAMENTE ACOGEN NUESTRAS SUGERENCIAS: CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA, EXCLUYE A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2013-04-11T10:33:00.003-05:00

La administración Municipal de Montería, representada por el Dr. Carlos Eduardo Correa Scaff, presentó ante el Concejo Municipal, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se adopta un nuevo Estatuto de Rentas.

En sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto del honorable Concejo Municipal, realizado el día 7 de diciembre de 2012, sustentamos nuestra posición respecto de la ilegalidad del parágrafo 3° del artículo 39 del proyecto de acuerdo que disponía lo siguiente:

Artículo 39, SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

…

“Parágrafo 3º. Los profesionales independientes son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y su impuesto será igual a las sumas que se le retengan por tal concepto.”

En su momento, manifestamos que el texto tal y como está redactado, grava así mismo con el impuesto ICA a las personas que prestan servicios inherentes a profesiones liberales, tales como Médicos, Odontólogos, Abogados, Contadores, etc., cuyas actividades a la luz del art. 23 del Código de Comercio, son consideradas NO MERCANTILES.

El honorable Concejo Municipal de Montería, no atendió la solicitud de realizada por nosotros en el sentido de excluir a los profesionales independientes como sujetos pasivos del Impuesto y aprobó el acuerdo en los términos presentados por el ejecutivo municipal.

Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado, expresó lo siguiente:

“A pesar de que ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que debe entenderse por “profesiones liberales”, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, confrontando los conceptos de “profesión” y de “arte liberal” y de acuerdo con la concepción tradicional que se ha tenido de aquel concepto, puede afirmarse que son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico.

De tal manera que para la Sala el objeto de la sociedad demandante, relacionado con las actividades propias de las ciencias contables y la asesoría empresarial, se ubica perfectamente dentro del concepto de “prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”.

La referencia que hace el ordinal 14 del artículo 20 del Código de Comercio a “las demás (empresas) destinadas a la prestación de servicios”, no debe entenderse, como lo hace la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de comprender absolutamente todas las empresas destinadas a la prestación de servicios, sino que deben lógicamente entenderse excluidos aquellos servicios que por otras normas son expresamente exceptuados de la naturaleza mercantil, como es el caso precisamente de “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales”, de acuerdo con el ordinal 5º del artículo 23 del Código de Comercio, salvo lógicamente, que el servicio inherente a la profesión liberal esté, a su vez, tipificado en otra de las actividades o empresas que el artículo 2º del Código de Comercio califica expresamente de mercantiles.

Para la Sala tampoco es cierto, como lo sostiene la superintendencia en la motivación de los actos acusados, que el carácter no mercantil de “la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales” dependa de la forma de dicha prestación, de tal manera que si se presta a través de una empresa, como organización económica, o por medio de una sociedad, ello implique que adquiere el carácter comercial, ya que la norma excepcional contenida en el ordinal 5º del artículo 23 del Código de Comercio no hace ninguna distinción al respecto y, según un principio generalmente aceptado, si la ley no hace distinción, no le es permitido hacerla al intérprete”[1].

En esta oportunidad, el Concejo Municipal de Montería a iniciativa del Alcalde, decidió suprimir el parágrafo 3° del Artículo 39 del Acuerdo No. 053 de 2012 (Estatuto de Rentas) y excluir expresamente el ejercicio de profesiones liberales como una actividad NO SUJETA al Impuesto de Industria y Comercio.

Con beneplácito recibimos la decisión del Concejo Municipal, no sólo porque con ello, el Estatuto de Rentas se ajusta a la legalidad y respeta los principios constitucionales tributarios, sino porque evita que más de 1.000 profesionales acudan ante la justicia contenciosa administrativa, solicitando la nulidad de los actos administrativos que determinen los tributos y sanciones ilegalmente impuestos, congestionando consigo, los pobres seis (6) juzgados que tiene el Departamento de Córdoba.

[1] C.E., Sec. Primera, Sent. mayo 16/91, Exp. 1323. M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez

EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y JUSTICIA TRIBUTARIA

2013-04-10T00:19:00.001-05:00

El artículo 363 de la Constitución reconoce los principios de equidad, eficiencia y progresividad de las leyes tributarias, al tiempo que expresamente prohíbe su aplicación retroactiva^{^[1]}. Concordante con ello, el artículo 338 dispone que las normas en las cuales se regulen contribuciones donde la base gravable sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, “no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

En general, se dice que una ley es retroactiva cuando tiene efectos o alcance hacia el pasado, modificando las consecuencias previstas en un régimen jurídico anterior: “En términos muy amplios se entiende que una ley es retroactiva cuando proyecta sus efectos sobre el pasado o –con mayor rigor técnico- cuando modifica los efectos jurídicos de hechos o situaciones ocurridos en el pasado. Es decir, cuando les otorga efectos jurídicos que son distintos de los que les otorgaba a esos hechos o situaciones del pasado la ley vigente en el momento en que ellos ocurrieron o se configuraron”^{^[2]}.

En cuanto al principio de irretroactividad tributaria, se han elaborado importantes y diversas teorías para explicar cuándo una norma es retroactiva (teoría de los derechos adquiridos, de los hechos cumplidos, de las situaciones individuales subjetivas, de las situaciones legales u objetivas, de las situaciones jurídicas consolidadas, de la fase dinámica o estática de las situaciones jurídicas, entre otras). Todas ellas pretenden ofrecer a los contribuyentes y a la sociedad en general cotas mínimas de seguridad jurídica en torno a los efectos fiscales de los hechos, actos o situaciones económicas.

Representa una excepción constitucional a la facultad que por regla general tiene el Congreso de fijar los efectos temporales de las leyes. La doctrina ha explicado que con base en él se impide alterar las consecuencias fiscales de un hecho ocurrido antes de la entrada en vigencia de una nueva ley, “modificando los aspectos objetivo, subjetivos, cualitativos o temporales del hecho imponible”^{^[3]}.

Aplicando los conceptos generales de retroactividad de las leyes al ámbito tributario, se entiende que una norma tiene efectos retroactivos cuando crea un gravamen, lo suprime o modifica alguno de los elementos del hecho generador y busca “incidir sobre hechos o situaciones ya ocurridos o configurados con anterioridad al momento en que la ley entra en vigencia”^{^[4]}. Otra hipótesis se presenta cuando la ley modifica cualquiera de los demás elementos que delimitan la obligación tributaria, “y pretende incidir sobre hechos o situaciones configurados antes de la fecha de su entrada en vigor”^{^[5]}.

El principio de la irretroactividad tributaria ha sido objeto de amplio análisis en la jurisprudencia de Corte Constitucional en defensa del contribuyente^{^[6]}, ante “la necesidad de evitar que un estado fiscalista abuse de su derecho de imponer tributos y pretenda dar a las normas que los plasman efectos hacia el pasado”^{^[7]}. Es un valioso instrumento para hacer frente a la repentina creación de cargas fiscales contrarias a la seguridad jurídica, “de manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que regula, con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de la norma y por los eventuales realizadores de los hechos generadores del gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación tributaria y, aún los beneficiarios del gravamen, puedan ser tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del principio de legalidad, a partir del cual se amparan los hechos causados y consolidados bajo el imperio de una norma jurídica”^{^[8]}.

En breves líneas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la irretroactividad fiscal consiste en “la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, salvo que se prescriba un efecto más perfecto tanto para el sujeto de derecho, como para el bien común”^{^[9]}. En otras palabras, significa que “la ley que impone un impuesto no puede aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su vigencia”^{^[10]}.

Es importante precisar que el principio de la irretroactividad no busca petrificar el ordenamiento jurídico ni mucho menos impedir al Congreso hacer los ajustes que considere oportunos como consecuencia del dinamismo de las instituciones sociales y la necesaria adaptación a nuevas realidades económicas^{^[11]}. Lo que sí reclama, en concordancia con los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, es que “una vez que el legislador ha establecido unas condiciones bajo las cuales los contribuyentes realizan una inversión, hacen una operación, se acogen a unos beneficios, etc., éstas no pueden ser modificadas posteriormente en detrimento de sus intereses, porque la conducta del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma vigente al momento de realizarse el acto correspondiente y de acuerdo con las exigencias por ella previstas”^{^[12]}.

En la misma dirección, la Corte ha sido enfática en advertir que “los efectos producidos por la ley tributaria en el pasado debe respetarlos la ley nueva, es decir, que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley derogatoria”^{^[13]}.

Como en numerosos ordenamientos la irretroactividad no ha sido consagrada a nivel constitucional sino en la legislación ordinaria, algunos tribunales han optado por vincularlo con otros principios de orden superior. Tal es el caso italiano, donde la Corte Constitucional lo relaciona con el principio de capacidad contributiva real de los ciudadanos^{^[14]}, el Tribunal Constitucional alemán, donde se asocia la protección de la confianza y la seguridad jurídica, o el caso argentino donde la Corte Suprema lo ha ligado al respeto de los derechos adquiridos y la buena fe. También se ha invocado su inconstitucionalidad con fundamento en principios como el de legalidad, la cláusula de Estado de Derecho y la forma republicana de Gobierno^{^[15]}.

Siguiendo estos parámetros, esta Corte ha explicado que la limitación de los efectos temporales de las normas tributarias también guarda relación con principios como los de equidad y justicia tributaria. De acuerdo con la jurisprudencia, la irretroactividad pretende ofrecer al contribuyente la posibilidad de que “programe su gasto y ordene los medios que le permitan asumir su costo”, en lo cual “no hay nada de extravagante ni censurable, y por el contrario, (…) responde a finalidades que se adecuan al principio de equidad y al de una justicia tributaria claramente cifrada sobre la realidad social”^{^[16]}.

^{^[1]} Artículo 363. “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.

^{^[2]} José Luis Shaw, “La aplicación de la norma tributaria en el tiempo, la retroactividad y la ultractividad. En: El Tributo y su aplicación. Perspectiva para el siglo XXI. César García Novoa y Catalina Hoyos Jiménez (Coordinadores). Madrid, Marcial Pons, 2008, p.880.

^{^[3]} Lucy Cruz de Quiñones, “Aspectos tributarios de la nueva Constitución”. En: Revista de Derecho Público No. 2. Bogotá, Universidad de los Andes, 1992. Ver también Alfredo Lewin Figueroa, “Principios constitucionales del derecho tributario. Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Bogotá, Universidad de los Andes e Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2002, p.132 y ss.

^{^[4]} “Sería el caso, por ejemplo, de una ley sancionada en 2008 que gravara con un impuesto al patrimonio a las personas físicas por el patrimonio neto que hubieren tenido al 31 de diciembre de 2006. O de una ley sancionada en 2008 que modificara el aspecto espacial del hecho generador de un impuesto a las rentas preexistente, disponiendo, por ejemplo, que estarán gravadas, a partir de los hechos generadores configurados el 31 de diciembre de 2006, las rentas de fuente extranjera y no sólo las de fuente nacional como antes. Sería también el caso de una ley que entrara en vigor, por ejemplo, el 31 de julio de 2008 y modificara cualquier aspecto del hecho generador de un impuesto a las ventas alcanzando a todas las operaciones de venta realizadas desde el 1 de mayo de 2006”. José Luis Shaw, “La aplicación de la norma tributaria en el tiempo, la retroactividad y la ultractividad. En: El Tributo y su aplicación. Perspectiva para el siglo XXI. César García Novoa y Catalina Hoyos Jiménez (Coordinadores). Madrid, Marcial Pons, 2008, p.883.

^{^[5]} “Sería el caso, por ejemplo, de una ley que rigiera a partir del 24 de setiembre de 2007 y aumentara la alícuota del Impuesto al Valor Agregado alcanzando a las operaciones de enajenación realizadas desde el 1 de setiembre de ese mismo año”. Ídem, p.883.

^{^[6]} Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-149 de 1993, C-549 de 1993, C-138 de 1996, C-393 de 1996, C-185 de 1997, C-006 de 1998, C-782 de 1999, C-604 de 2000, C-796 de 2000, C-926 de 2000, C-711 de 2001, C-643 de 2002, C-876 de 2002, C-1067 de 2002, C-231 de 2003, C-485 de 2003, C-625 de 2003, C-243 de 2005, C-1171 de 2005, C-076 de 2007, C-809 de 2007, C-430 de 2009 y C-243 de 2001, entre otras.

^{^[7]} Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 1997.

^{^[8]} Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2009.

^{^[9]} Corte Constitucional, Sentencia C-549 de 1993, C-231 de 2003, C-625 de 2003.

^{^[10]} Corte Constitucional, Sentencia C-604 de 2000, C-643 de 2002.

^{^[11]} Corte Constitucional, Sentencias C-591 de 1996 y C-809 de 2007, entre otras.

^{^[12]} Corte Constitucional, Sentencias C-604 de 2000 y C-809 de 2007, entre otras.

^{^[13]} Corte Constitucional, Sentencias C-393 de 1996, C-604 de 2000

^{^[14]} Sentencias 44/66, 77/67, 103/67, entre otras. Cfr., Regina Gaya Sicilia, “El principio de irretroactividad de las leyes en la jurisprudencia constitucional”. Madrid, Montecorvo, 1987, cap. IV.

^{^[15]} Cfr., José Osvaldo Casás, “La retroactividad de las leyes tributarias en la Argentina”. En: “Estudios en homenaje al profesor Pérez de Ayala”. Madrid, Dykinson, 2007, p.983-1015.

^{^[16]} Corte Constitucional, Sentencias C-006 de 1998 y C-430 de 2009.

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA, ACOGE NUESTRAS SUGERENCIAS Y CORRIGE ERRORES EN LA ADOPCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

2013-04-05T09:59:00.000-05:00

El proyecto de Estatuto de Rentas (hoy Acuerdo Municipal No. 053 de 2012), regulaba el límite del incremento del impuesto predial unificado, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 26. LÍMITES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA PREDIOS PRODUCTO DE ACTUALIZACIONES CATASTRALES. En la liquidación (factura) anual del impuesto predial, sobre los inmuebles que sean objeto del proceso masivo de actualización catastral, el valor del impuesto para el año en que entre en aplicación el nuevo avalúo, se liquidará de la siguiente manera: …”

“Parágrafo 3. Lo previsto en el presente Artículo aplicará hasta el periodo gravable en el cual el impuesto sea igual al monto que se obtendría de acuerdo a la liquidación ordinaria del tributo con base en el avalúo catastral vigente. Este descuento sólo procede para los pagos que se realicen dentro del vencimiento del plazo para pagar. En ningún caso procederá el descuento cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, tampoco podrán acogerse de estos descuentos predios que se incorporan por primera vez al catastro o predios que figuraban como lotes y en la actualidad se encuentran construidos”.

La Cámara de Comercio de Montería, presentó ante el Concejo Municipal de Montería, en sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto, realizado el día siete (7) de diciembre de 2012 un concepto jurídico- tributario sobre este articulado y su parágrafo. El siguiente fue nuestro pronunciamiento:

“Con lo anterior honorables concejales, haciendo una interpretación completa del artículo, el llamado DESCUENTO, está sujeto a que los contribuyentes paguen dentro de las fechas establecidas por el Alcalde Municipal. Ahora cable la pregunta, QUÉ PASA SI EL CONTRIBUYENTE NO CANCELA EN DICHO PLAZO? Será que no se le respetará el límite del impuesto en los porcentajes establecidos en este proyecto? Será que el contribuyente no tendrá derecho a que se aplique el límite del impuesto establecido en el artículo 6° de la Ley 44 de 1990? Si esto es aprobado así honorables concejales, Dios permita que cuando un contribuyente solicite la aplicación del límite del impuesto porque este se le quintuplicó en relación con el año anterior, la administración no le responda: “EL LIMITE DEL IMPUESTO, SÓLO APLICABA SI PAGABA HASTA MARZO Y QUE EL ACUERDO SE PRESUME LEGAL, SI NO ESTA CONFORME, PUEDE DEMANDARLO”.

Seriamos muy atrevidos en presumir mala fe por parte de lo que presentaron el estatuto de rentas, pero sí debemos revisar detenidamente cada elemento estructural del tributo, con el fin de no afectar los intereses de los Monterianos que depositaron en ustedes honorables concejales un Voto a conciencia y en especial, un Voto de Confianza.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Montería les sugiere a los honorables concejales y al ejecutivo mismo, cambiar el texto del artículo en los siguientes términos:

Así mismo, solicitamos respetuosamente que sea eliminado del parágrafo 3° de dicho artículo, la expresión: “Este descuento sólo procede para los pagos que se realicen dentro del vencimiento del plazo para pagar.”. De esta manera, consideramos que se da aplicación al principio de legalidad tributaria”.

RESPETADOS SEÑORES, les informo que el Honorable Concejo Municipal de Montería, acogió nuestras sugerencias, a pesar de ser en forma tardía, se expidió el Acuerdo No. 003 de fecha 4 de febrero de 2013, eliminando la expresión anterior.

Una vez más respetados señores, nos dan la razón y demostramos que nuestra posición ante el Concejo Municipal fue acertada, defendiendo con esto, los intereses generales de los comerciantes de Municipio de Montería.

Por otra parte, la administración municipal de Montería sigue engañando a los monterianos estableciendo en el artículo 26 del Acuerdo 053 de 2012, el “limite del Impuesto Predial” como un “descuento”.

La Cámara de Comercio de Montería, respetuosamente le sugirió al ejecutivo llamar las cosas por su nombre. El artículo 6 de la Ley 44 de 1990, establece “límites al impuesto predial” con ocasión a una actualización catastral. De ninguna manera el legislador estableció “DESCUENTOS”.

Cuando en el municipio se desarrollan procesos de actualización catastral y a consecuencia de ello, los avalúos son incrementados, el legislador estableció límites a la liquidación del impuesto predial, el cual no puede superar el doble de lo liquidado inmediatamente en el año anterior, con el fin de no afectar la capacidad económica del contribuyente.

Para muchos no es relevante tal irregularidad, pero lo cierto es que: El límite de impuesto predial, es una obligación que debe establecer el Municipio de Montería, mientas que los “Descuentos”, son potestativos.

Por lo anterior, al adoptar el límite del tributo como un DESCUENTO, la ciudadanía cree que ello es producto de la BONDAD del elegido, de su gran corazón, desconociendo que es su obligación constitucional y legal aplicar el Principio de Justicia Tributaria.

El artículo 683 del Estatuto Tributario contempla el espíritu de justicia, que no es otra cosa que el Estado no pretenda, que un contribuyente pague por impuesto más de aquello que la ley ha definido y establecido que debe pagar.

La constitución política (art. 95, numeral 9), establece que es deber de todo ciudadano contribuir con los gastos, el funcionamiento y las inversiones del estado, dentro de un concepto de justicia y equidad.

Desafortunadamente son muchos los funcionarios de la Administración de impuestos QUE NO HAN LEÍDO ni el artículo 683 del Estatuto tributario ni el artículo 95, numeral 9 de la constitución nacional, Y PARECE QUE NI LA SANTA BIBLIA NI EL CORÁN.

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MONTERIA: DESNATURALIZADO

2013-02-09T00:46:00.004-05:00

Montería, 7 de Diciembre de 2012

Señores:

CARLOS EDUARDO CORREA

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA

E.S.D.

Referencia: Concepto

Asunto: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO: ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES

Respetado señor, Presidente y demás honorables concejales.

Reciban afectuosos saludos de parte de la Cámara de Comercio de Montería, agradeciendo la oportunidad brindada para intervenir en la socialización del proyecto de acuerdo por medio del cual se pretende adoptar el nuevo Estatuto de Rentas en el Municipio de Montería.

Con el debido respeto, para la Cámara de Comercio de Montería, el proyecto que se somete a consideración del honorable concejo municipal, presenta las siguientes particularidades que, en unos aspectos, atenta contra la legalidad de los tributos; y el otros, son inconvenientes o afectan su aplicación al momento ejercer las facultades de Determinación, Liquidación y Cobro. Estas son:

a) VOLUNTARIEDAD EN EL PAGO DE ICA EN FORMA BIMESTRAL

Los parágrafos 1°, 2° y 3° del artículo 40 del proyecto establecen:

“ARTÍCULO 40. CAUSACION Y PERIODO GRAVABLE. El Impuesto de Industria y Comercio se causa con una periodicidad anual. Comenzará a causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del gravamen.

El período gravable por el cual se causa la obligación tributaria del Impuesto de Industria y Comercio es igual al año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se debe presentar la declaración. Puede existir un período inferior en los casos de iniciación o terminación de actividades.

Parágrafo 1º. A los contribuyentes que presenten voluntariamente la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros y sobretasa Bomberil, de manera bimestral y paguen la totalidad del impuesto dentro de de los plazos establecidos por la Administración Municipal, se les otorgará a manera de estímulo un descuento igual al tres por ciento (3%).

Parágrafo 2º. Quienes se acojan a la bimestralidad optativa señalada en el parágrafo anterior, no deberán presentar la declaración anual del impuesto de industria y comercio y complementarios, y estarán obligados a cumplir con la presentación de la declaración del impuesto durante los seis (6) bimestres del año, so pena de ser sancionados conforme con las reglas previstas en este estatuto por cada uno de los bimestres en los cuales no se cumpla con la obligación escogida de forma libre.

Parágrafo 3º. Quienes se acojan a la bimestralidad optativa, deberán manifestar esta decisión en forma escrita a la Secretaría de Hacienda Municipal o dependencia que haga sus veces, dentro del primer bimestre del correspondiente año fiscal, el incumplimiento de esta norma anula, cualquier declaración que sea presentada dentro de estos plazos, y los pagos consignados en las mismas, se entenderán como un pago anticipado”.

Respecto la Declaración y Pago en forma bimestral del Impuesto de Industria y Comercio, llamado Pago Voluntario. La Cámara de Comercio de Montería, sienta su posición en los siguientes términos:

El Artículo 196 del Decreto 1333 de 1986, que reza:

ARTÍCULO 196º.- El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda Nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: devoluciones -ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones-, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios. (Negrita y rayita son mías)

El Impuesto de Industria y Comercio, como todo tributo tiene una ESTRUCTURA, las cuales se definen como SUJETO ACTIVO, UN SUJETO PASIVO, UNA BASE GRAVABLE, UN HECHO GENERADOR Y UNA TARIFA. Para este caso, haber establecido unos incentivos o descuentos tributarios transitorios, es ilegal.

Noten Honorables Concejales que se habla de “A los contribuyentes que presenten voluntariamente la declaración privada del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros y sobretasa Bomberil, de manera bimestral” El Municipio pretende inventar esta figura de incentivos, que no es más que atraer unos pagos del impuesto sobre la base gravable del año 2012 y 2013, es decir, la administración municipal pretende en la vigencia 2013, recaudar el pago del impuesto ICA por ingresos obtenidos en el año anterior (2012) y el pago voluntario sobre ingresos obtenidos en el mismo 2013, afectando la periodicidad del tributo.

La BASE GARAVABLE de este tributo es “EL PROMEDIO DE INGRESOS BRUTOS DEL AÑO ANTERIOR” ASI LO SEÑALA EL ARTICULO 33 DE LA LEY 14 DE 1983 y haber fijado las declaraciones y pagos voluntarios en forma bimestral, viola la Ley, dado que un Municipio no puede variar la estructura del tributo.

Aplicando la sana lógica honorables concejales, tenemos que la naturaleza de un IMPUESTO, es su obligatoriedad, es decir, el carácter impositivo del estado y la obligación que tiene el contribuyente de pagarlo, sin lugar a recibir contraprestación directa; pero si se establece un pago VOLUNTARIO, ya desaparece dicha obligatoriedad, desnaturalizándose la figura de IMPUESTO y convirtiéndose en una DONACIÓN.

Queda claro que el impuesto de Industria y Comercio es un tributo de periodo Anual. Cuando la Ley toma como BASE GRAVABLE para la liquidación del tributo, el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior, tenemos que pensar de inmediato, que éste es un impuesto de PERIODO VENCIDO que se tiene que liquidar y pagar en el año siguiente al de su causación, que es el mismo de la realización del HECHO GENERADOR, dado que la Base Gravable está constituida por la realización de unos ingresos dentro de un periodo de tiempo determinado (año anterior), por lo tanto la BASE GRAVABLE, no se consolida hasta cuando no haya transcurrido dicho periodo.

No puede el Concejo Municipal de Montería, violando el Artículo 33 de la Ley 14 de 1983, establecer mecanismos de PAGOS VOLUNTARIOS, desnaturalizando la calidad de un impuesto y convirtiendo dichos recaudos como si fuesen unas donaciones. Insistimos en que un tributo es impositivo y su forma de liquidación la señala la Ley y no un acuerdo que establece un pago voluntario.

Para el caso de Sincelejo en el año 2008, con ponencia del HM: Horacio Coral Caicedo, sala de decisión uno en auto de fecha Marzo 13 de 2008, decretó la SUSPENSION PROVISIONAL de las expresiones BIMESTRALES, contenidas en el Estatuto de Rentas de Sincelejo, acuerdo 023 de 2005, manifestando:

“De manera que, tal como lo presenta el actor, a primera vista se aprecia una contradicción entre la ley que estatuye que el impuesto de Industria y Comercio se causa por anualidades y el acto administrativo que establece su causación por bimestres, con lo que el concejo municipal de Sincelejo, en ejercicio de la facultad

Impositiva que deriva de la Ley, DESATENDIÓ EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Para la sala, con las disposiciones del acuerdo municipal se dio una FLAGRANTE MODIFICACION AL PERIODO GRAVABLE por el cual se debe tributar, o lo que es lo mismo el PERIODO DE CAUSACION DEL IMPUESTO, señalando que este es bimestral, cuando la ley indica que es anual” (Negrita y Mayúsculas son mías)

En cuanto tiene que ver con el Municipio de Corozal, sucre, con ponencia del HM: Jorge Iván Duque Gutiérrez, en auto de fecha 4 de diciembre de 2008, decretó la SUPENSION PROVISIONAL del Acuerdo No 016 de 2006. Por las mismas razones acaecidas en el Municipio de Sincelejo.

MONTERIA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: EL ESTATUTO GRAVA ILEGALMENTE A PROFESIONALES INDEPENDIENTES

2013-02-09T00:44:00.001-05:00

Montería, 7 de Diciembre de 2012

Señores:

CARLOS EDUARDO CORREA

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA

E.S.D.

Referencia: Concepto

Asunto: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO: ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES

Respetado señor, Presidente y demás honorables concejales.

Con el debido respeto, para la Cámara de Comercio de Montería, el proyecto que se somete a consideración del honorable concejo municipal, presenta las siguientes particularidades que, en unos aspectos, atenta contra la legalidad de los tributos; y el otros, son inconvenientes o afectan su aplicación al momento ejercer las facultades de Determinación, Liquidación y Cobro. Estas son:

1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Respetuosamente honorables Concejales, respecto del Impuesto de Industria y Comercio (en adelante ICA) consideramos violatorios de la ley, los siguientes artículos del proyecto:

a) PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO CONTRIBUYENTES DEL ICA:

El parágrafo 3° del artículo 39, establece:

“Parágrafo 3º. Los profesionales independientes son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y su impuesto será igual a las sumas que se le retengan por tal concepto.”

Consideramos que el texto tal y como está redactado, grava así mismo con el impuesto ICA a las personas que prestan servicios inherentes a profesiones liberales, tales como médicos, odontólogos, abogados, contadores, etc., cuyas actividades a la luz del art. 23 del Código de Comercio, son consideradas NO MERCANTILES.

Veamos lo que al respecto dice el Honorable Consejo de Estado:

[1] C.E., Sec. Primera, Sent. mayo 16/91, Exp. 1323. M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez

ESTATUTO DE RENTAS DE MONTERIA: SOBRETASA AMBIENTAL- INCOMPATIBILIDAD EN SU APLICACION

2013-02-09T00:40:00.000-05:00

Montería, 7 de Diciembre de 2012

Señores:

CARLOS EDUARDO CORREA

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA

E.S.D.

Referencia: Concepto

Asunto: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO: ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES

Respetado señor, Presidente y demás honorables concejales.

a) SOBRETASA AMBIENTAL:

El artículo 32 del proyecto presentado, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 32. SOBRETASA CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL. La sobretasa con destino a la Corporación Autónoma Regional, de que trata el Artículo 1 del Decreto 1339 de 1994, en desarrollo del Artículo 44 de la Ley 99 de 1993, será del quince por ciento (15 ‰) del valor del recaudo del impuesto predial.”

Por su parte, la ley 99 de 1993, en su artículo 44 regula la sobretasa ambiental en los siguientes términos:

“Artículo 44º.- Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Modificado el art. 110, Ley 1151 de 2007,Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011. Establécese, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal”.

Como se observa, el legislador creó dos opciones para los municipios: (i) Pueden decidir que estos recursos correspondan a un valor entre el 15% y el 29:5 del recaudo del Impuesto Predial Unificado, evento en cual NO SE TRATA DE UNA SOBRETASA sino más bien de una afectación especial de los recursos que obtiene el entre territorial por concepto de IPU; (ii) o pueden establecer una sobretasa sobre los avalúos catastrales, con una tarifa adicional a la del IPU que entre el 1.5 y el 2.5 por mil.

En el caso que nos ocupa, como quiera que el ejecutivo propone asumir del impuesto predial el 15% del recaudo y transferirlo a la CORPORACION AUTÓNOMA DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE – CVS, NO EXISTE OBLIGATORIEDAD DE PAGAR SOBRETASA AMBIENTAL ALGUNA por parte de los contribuyentes del IPU.

Por lo anterior, solicitamos que sean eliminadas las expresiones: sobretasa ambiental del artículo 27 del proyecto, pues, sí se aprueba tal y como esta propuesto, podría entenderse que en la liquidación del IPU (factura) le incluirían la llamada sobretasa, siendo ésta no debe liquidarse sino asumirse por el municipio, como ya se explicó.

ESTA SOLICITUD FUE ACOGIDA POR LOS HONORABLES CONCEJALES, EN REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE PRESUPUESTO, EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2012, SIENDO LAS 10:00AM.

MUNICIPIO DE MONTERIA: IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO- VULNERA LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES

2013-02-09T00:34:00.001-05:00

Montería, 7 de Diciembre de 2012

Señores:

CARLOS EDUARDO CORREA

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERIA

E.S.D.

Referencia: Concepto

Asunto: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO: ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALES

Respetado señor, Presidente y demás honorables concejales.

1. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO:

a) El artículo 13 del proyecto, reglamenta el Hecho Generador del Impuesto Predial Unificado (en adelante IPU), en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 13. HECHO GENERADOR. El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en el Municipio de Montería se genera por la existencia del predio”.

Consideramos respetuosamente, que no se determina con certeza el hecho generador del tributo, como elemento factico cuya realización da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Este articulado, sólo se define el IPU, pero no se delimita.

Este mismo hecho generador fue establecido así por el Distrito Capital de Bogotá[1], por el Municipio de Medellín[2] y en el Distrito de Cartagena[3].

Lo que llama la atención, no solo es el haber definido el concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y establecerlo como hecho generador, sino la establecer como hecho gravable “la existencia del predio”, lo cual es entendido como un aspecto material del tributo, lo que conlleva a preguntarse Cuándo inicia la existencia de un predio, pues según el articulado, este es el supuesto que dará lugar al nacimiento de la obligación tributaria sustancial, dejando de lado la relación jurídica del sujeto (propietario, poseedor) con el inmueble.

Establecer el hecho generador del IPU como es propuesto por el ejecutivo, incurriríamos en una ambigüedad, afectando el principio de certeza tributaria, pues, en la relación jurídico tributaria es personal u obligacional, de manera que lo que se grava es la relación establecida entre el sujeto (persona natural o jurídica) y el bien inmueble, siendo ellas para el caso en particular, la posesión o la propiedad del predio.

Por lo anterior, ratificamos que la obligación que nace de la realización del hecho generador del IPU es personal, esto es, recae sobre un sujeto que por la naturaleza del tributo y la manifestación de la capacidad económica que busca gravar, se encuentra en una particular relación con un predio, normalmente, una relación que supone un goce o aprovechamiento del inmueble.

En este orden de ideas, la ambigüedad en el concepto existencia del predio reside precisamente en NO DETERMINAR la relación gravada, que bien podría ser la propiedad o la posesión.

b) LIMITES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL:

El artículo 26 del proyecto establece:

“ARTÍCULO 26. AJUSTE AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA PREDIOS PRODUCTO DE ACTUALIZACIONES CATASTRALES. En la liquidación (factura) anual del impuesto predial, sobre los inmuebles que sean objeto del proceso masivo de actualización catastral, los contribuyentes podrán acceder a un descuento en el valor del impuesto, en virtud del cual se liquidará de la siguiente manera: …”

La Cámara de Comercio de Montería, respetuosamente le sugiere al ejecutivo llamar las cosas por su nombre. El artículo 6 de la Ley 44 de 1990, establece “límites al impuesto predial” con ocasión a una actualización catastral. De ninguna manera el legislador estableció “DESCUENTOS”.

La Cámara de Comercio de Montería, hace un llamado de atención a los honorables concejales que dicho articulado establece: “los contribuyentes podrán acceder a un descuento en el valor del impuesto”. La expresión “podrán” hace referencia a que el “descuento” propuesto es facultativo o sujeto a una condición, cuando el artículo 6 de la ley 44 de 1990, lo que consagra es un derecho a favor del contribuyente. Un límite a la liquidación del impuesto, el cual puede ser desbordado y quintuplicado por la administración si no se adopta como debe ser.

Si analizamos el parágrafo 3° del mismo articulado, se establece:

Con lo anterior honorables concejales, haciendo una interpretación completa del artículo, el llamado DESCUENTO, está sujeto a que los contribuyentes paguen dentro de las fechas establecidas por el Alcalde Municipal. Ahora cable la pregunta, QUÉ PASA SI EL CONTRIBUYENTE NO CANCELA EN DICHO PLAZO? Será que no se le respetará el límite del impuesto en los porcentajes establecidos en este proyecto? Será que no tendrá derecho a que se aplique el límite del impuesto establecido en la Ley? Si esto es aprobado así honorables concejales, Dios permita que cuando un contribuyente solicite la aplicación del límite del impuesto porque este se le quintuplicó en relación con el año anterior, la administración no le responda: “EL ACUERDO SE PRESUME LEGAL, SI NO ESTA CONFORME, PUEDE DEMANDARLO”.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Montería les sugiere a los honorables concejales y al ejecutivo mismo, cambiar el texto del artículo en los siguientes términos:

Ahora es importante resaltar, que el ejecutivo propone que dichos límites sean proporcionales al avalúo catastral vigente al año anterior y su incremento es porcentualmente considerable.

Complacido estamos el hecho de haber incluido en el la solicitud hecha por esta entidad, en la cual se agregó un inciso al art. 27 así:

En el periodo gravable en el cual el impuesto sea igual al monto que se obtendría de acuerdo a la liquidación ordinaria del tributo con base en el avalúo catastral vigente, el descuento por pronto pago será del 25% para los pagos que se realicen dentro del vencimiento del plazo fijado por la Alcaldía Municipal”

Esta proposición fue incluida en la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Tributos, realizada el día 7 de diciembre de 2012, a las 8:00am.

[1] Decreto 352 de 2002, por medio del cual se compilan y actualizan las normas sustantivas del Impuesto.

[2] Artículo 11 del Acuerdo 57 de 2003, Estatuto Tributario de Medellín.

[3] Artículo 5 del Acuerdo 30 de 2001, Estatuto Tributario de Cartagena.

BILLINGTON - CERROMATOSO CONTRA COLOMBIA: PERDERIAMOS?

2012-08-20T14:34:00.003-05:00

Según los contratos 866 y 1727 de 1963 y 1971, el 30 de septiembre de 2012 debe ser un día de fiesta en Colombia. Porque desde esa fecha, y por 30 ó muchos años más, el país va a quedarse con otros 204 mil millones de pesos al año por el níquel del departamento de Córdoba, además de los impuestos y regalías que paga Cerro Matoso S.A., de propiedad de BHP Billiton. El cálculo de esos nuevos e importantes ingresos para el país, o incluso más, sale de que revierten a la Nación la mina y los equipos con los que la trasnacional se ganó esa suma en 2011.

Pero esa fecha también puede convertirse en día aciago para Colombia, si el presidente Santos, a través del ministro de Minas, insiste en someterse a Billiton –que también explota nuestro carbón en El Cerrejón–, la cual pretende que se apliquen, no los contratos citados, sino el 051 de 1996, cuya ilegalidad y carácter leonino son tan manifiestos que motivaron un duro control de advertencia de la Contraloría General de la República y el rechazo de no pocos analistas y el de todos los congresistas que opinamos al respecto en el debate en la Comisión Quinta del Senado (http://bit.ly/No5kWk).

Por el contrato 051, los bienes de Billiton en Cerro Matoso sí pasan al poder de la nación colombiana al finalizar septiembre, pero en ese mismo instante el gobierno tiene que arrendárselos a la trasnacional, que seguirá explotándolos hasta 2029 o 2044, porque la maniobra también prorrogó el 866 y el 1727, a pesar de prohibirlo el Código de Minas de esos días. Como si fuera poco, el 051 estableció que los activos que revertirán –1.4 billones de pesos– hay que alquilárselos a Billiton por el 1.25 por ciento ¡anual! de las utilidades de la empresa ¡luego de impuestos! (http://bit.ly/PszBnI), porcentaje que sobre 204 mil millones de pesos de utilidades equivale al ínfimo 0.18 por ciento del valor de los activos. En plata, por un arriendo de 2.500 millones de pesos al año, la Nación le entregaría a la trasnacional bienes que dan ganancias por 204 mil millones anuales. El negocito equivale a alquilar por 213 mil pesos mensuales un apartamento que cuesta 1.400 millones. Si esto no es una defraudación del patrimonio público, ¿qué es?

El 051 fue un acto doloso calculado para ocultar y justificar las prórrogas ilegales de los contratos 866 y 1727 y apropiarse por migajas de un gran negocio. Porque estos dos contratos responden por el 96 por ciento de las reservas de níquel y el 100 por ciento de la producción, mientras que el área del 051, tras 16 años, ni siquiera se explota, lo que muestra que su única función ha sido la de servirle a Cerro Matoso Billiton para modificar ilegalmente los contratos donde está el negocio de verdad. Que la trasnacional se justifique diciendo que esto es fruto de la privatización, porque Colombia era dueña del 48 por ciento de Cerro Matoso, solo confirma algo sabido: la historia de las privatizaciones es la de los timos contra el patrimonio nacional. BHP Billiton tuvo billones de razones para armar las cosas así. ¿Y los funcionarios colombianos que le ayudaron? Caben dos posibilidades: bobería o corrupción. Pero se sabe que los bobos no llegan a los altos niveles del Estado.

Es obvio que el interés de Colombia terminará mal si el gobierno no empieza por aplazar la decisión para después del 30 de septiembre, para actuar sin presiones, y por declarar la caducidad del 051, de manera que el control de este buen negocio pase de las manos de Cerro Matoso S.A. a las del Estado. Luego de estas decisiones, que se busque la opción más conveniente para explotar la mina y producir ferroníquel, que a mi juicio es hacerlo con una empresa de la Nación que se apropie del ciento por ciento de las utilidades que hoy enriquecen a Billiton, la minera más grande del mundo.

La dificultad para concretar esta propuesta reside en que el presidente Santos decidió dar como legal el 051 y, como si fuera gran cosa, suplicarle a Cerro Matoso S.A. que le pase al gobierno unos pesos más allá de lo que dice ese contrato ilegal y leonino, espejitos de origen colonial que no impiden la defraudación pero sí se usarán para absolver a una administración que carece del valor civil necesario para defender el interés nacional. Es por ello que tiene un ministro de Minas como Mauricio Cárdenas, quien, según siete medios nacionales y extranjeros, les dijo a trescientos ejecutivos de trasnacionales mineras que les había nombrado un viceministro cuyo “trabajo es mantenerles feliz, asegurarles que todos sus problemas sean resueltos” (http://bit.ly/PqtrEp). Y les está cumpliendo.

DEBATE PUBLICO COLOMBIA VS CERROMATOSO

2012-08-14T23:03:00.001-05:00

LOS MAESTROS Y SU PRECARIO RÉGIMEN DE SALUD

2012-07-28T08:57:00.001-05:00

Se han agitado los vientos de la indignación ante la situación calamitosa de la salud. Y no es para menos, dado que se trata de la vida y la salud de la inmensa mayoría de los colombianos. Estamos asistiendo al colapso final del sistema de salud por cuenta de la intermediación financiera de las EPS, determinada por la ley 100.

La solución impulsada por el Gobierno Santos es, aunque parezca inconcebible, aumentar el poder abusivo de las EPS –por la vía de concentrarlas en monopolios más gigantescos- y entregarles un billón doscientos mil millones de pesos. El remedio peor que la enfermedad. Apuesta el Gobierno a que en la desesperación a que ha llevado a ciencia y paciencia a los colombianos, estos asientan a la barbaridad de sus maniobras.

Dicha catástrofe, provocada por el Gobierno Nacional, afecta al pueblo y a sus maestros, activos y pensionados, con sus familias –casi un millón de personas-, pese a que estén cubiertos por un régimen especial. Esa situación se viene presentando desde hace tiempo en la mayoría de los pequeños y medianos municipios colombianos donde los hospitales fueron degradados a puestos de salud, cuando no cerrados, sin personal médico suficiente, donde las droguerías son unos cuantos medicamentos esparcidos en unos estantes y las ambulancias, chatarra amontonada en los patios. Allá, decenas de miles de educadores, que trabajan en las más difíciles condiciones, conocen por amarga experiencia las consecuencias de la política contra la salud de los colombianos que agencian los gobiernos neo liberales.

Pero la catástrofe ha hecho metástasis, las camas hospitalarias en todo el país se han reducido drásticamente, alcanzar atención de medicina especializada se ha convertido en una hazaña, para una cirugía hay que ponerse en listas de espera interminables, en resumen, todos los insumos de la salud desaparecen en esta crisis de espanto y la muerte por ley 100 se ha convertido en una cotidiana compañera. ¿Puede haber una adecuada atención en el régimen especial del magisterio con la red de salud colapsada? La respuesta obvia es no.

Pero a ello se le agregan las propias dificultades del régimen especial. El gobierno busca reducirlo a un calco del régimen general, que no cubre la salud sino simplemente asegura hasta cierto punto. Por ello impuso la Unidad Per Cápita del régimen contributivo (UPC) más un 48,32%, bajo el supuesto de un estudio técnico que afirmaba que con esos recursos se cubría la salud del magisterio y sus beneficiarios.

Como quiera que en la realidad –constatada por el magisterio colombiano- no se viene prestando el servicio en las condiciones adecuadas, FECODE contrató un estudio de altísimo nivel con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Veamos algunas de los aspectos que estudió y las conclusiones a que llegó.

El Gobierno definió que el promedio de consultas de medicina general sería de 3,1; de especializadas de 1,6 y de odontología 1,3, sin tener en cuenta que “esos valores resultan inferiores a los que registran los regímenes de aseguramiento en salud cerrados… magisterio, los trabajadores petroleros u otros con regímenes específicos”(1). Con esa decisión “técnica” nos limitaron el acceso a la salud. Ahora bien, los resultados en la práctica fueron peores. En el año 2009 el promedio de consultas generales fue de 2,37 y en el 2010 de 2,48. (2). Naturalmente que a menos consultas, menos gasto por parte de las entidades contratistas.

“En síntesis, para el cálculo de la UPCM, la consultoría estimó dos consultas médicas más por afiliado y aproximadamente una consulta odontológica más por cada afiliado en promedio y significó en suma costear millones de consultas adicionales para los más de 900.000 afiliados, pero no estimó ni costeó los servicios, medicamentos y procedimientos ordenados por el médico y el odontólogo en dichas consultas adicionales”. Ese error lo estima el CID de la U. Nal. en 17,14% de la UPC. Y es claro al señalar que, “de una frecuencia de 3,1 consultas año, (es decir, solo una atención y media en promedio por afiliado año) en 2008, se bajó a una frecuencia de 2,37 en 2009, es decir a una sola atención por afiliado año y algunos proveedores presentan incluso una frecuencia inferior. Como no resulta lógico en este tipo de servicios una disminución de la demanda, la reducción de frecuencias significa probablemente que algunos proveedores restringieron la oferta (creando dificultades para el acceso y la utilización) para equilibrar ingresos y gastos, teniendo en cuenta los mayores costos encontrados en los servicios de apoyo, con lo que se deteriora el servicio de salud del magisterio”. (3)

Más claro no canta un gallo: el Gobierno estableció promedios de citas bajos, no presupuestó todas las fórmulas médicas, exámenes y procedimientos que necesariamente se generan con una cita, con lo que se dejó sin financiación adecuada el servicio. Y las empresas resolvieron el problema económico restringiendo el acceso a los servicios. El estudio revela la insólita paradoja de que al mismo tiempo que aumentan los afiliados se prevé un crecimiento equivalente a cero en la contratación de servicios médicos.

“Calcular simplemente si los recursos fueron suficientes frente a los gastos, para determinar si la UPCM (unidad per cápita del magisterio) en conjunto fue suficiente, acaba premiando y estimulando a los contratistas que brinden menos servicios, que presentarían suficiencia, y castigando y desestimulando a los que presten mayor número de servicios, los que lógicamente presentarían mayor insuficiencia” (4). Ese es, en resumen, el modelo de salud del Gobierno de Santos para el magisterio colombiano.

Ante lo cual se requiere modificar la mezquina financiación que, para este año, es de 800 mil millones pesos cuando lo que cotizamos los maestros para salud, más lo que debe aportar el Estado como empleador nuestro, asciende a un billón quinientos mil millones de pesos. Se necesita control a las empresas contratistas, que no lo hay, por medio de auditorías especializadas, se precisa que los maestros hagamos de la red de veedores una organización que de manera permanente controle los desafueros de las empresas. Así lo ha planteado FECODE. Para que ello sea posible se requiere una lucha denodada del magisterio colombiano que, bueno es decirlo, demostró en el paro del 30 de mayo garra y deseos de batallar.

Notas:

1 Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones Para el Desarrollo, CID, Evaluación de los estudios técnicos para la contratación del servicio de salud del magisterio y propuesta metodológica que permita determinar el valor del modelo de salud del magisterio, p. 8.

2 Ibid. 1, p. 9.

3 Ibid. 1, p. 13.

4 Ibid. 1, p. 19.

ARTICULO DE Francisco Torres, secretario de prensa de ASEDAR, Arauca, julio 21 de 2012.

CERRO MATOSO VS COLOMBIA: EL ESTADO PERDERÍA 9 MILLONES DE DOLARES SEMESTRALES SI PRORROGA CONTRATO

2012-07-28T08:40:00.001-05:00

La renovación del contrato de CERRO MATOSO hasta el año 2029, como señaló recién el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, desconoce los llamados de atención de la Contraloría General de la Nación y las conclusiones de varias consultorías contratadas entre el 2008 y 2010 por Ingeominas, en el sentido de que su prorroga es altamente inconveniente para los intereses de la Nación.

El anuncio fue hecho durante un evento organizado por la Presidencia de la República, “Vuelta a Colombia”, el 24 de julio de 2012 en la ciudad de Cartagena, según el cual BHP Billinton, propietaria de la firma CERRO MATOSO S.A., tiene asegurada su permanencia para la explotación de la mina hasta el 2029, gracias a un acuerdo suscrito en 1996, e incluso la operación podría ir hasta el 2044.

CERRO MATOSO S.A., (CMSA), suscribió en 1996 el contrato 051-96M con el entonces ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, el cual contiene cláusulas que benefician exclusivamente los intereses de dicha compañía.

Varias cláusulas van más allá de lo que las normas mineras permiten, pero en particular dos de ellas son altamente inconvenientes para el país y lesivas para el fisco nacional, pues amarraron al Estado y lo dejaron sin ninguna posibilidad de disponer libremente de sus recursos naturales no renovables y a obtener mejores beneficios en nuevas alternativas de desarrollo minero.

Se trata de la cláusula que ordena que al vencimiento de los contratos 0866 de 1963 y 1727 de 1971, sus áreas pasaban automáticamente al nuevo contrato de aporte minero 051 suscrito en 1996, modificando las condiciones en que originalmente fueron suscritos.

El periodo original de los contratos 0866 y 1727 es de 30 años y vence el 30 de septiembre de 2012. No es exacto señalar que CMSA tiene derechos hasta el 2026, pues ni la normatividad vigente a la fecha de la firma de los contratos lo permite y la empresa misma, conocedora de esta circunstancia, solicitó el 10 de diciembre de 2007 a Ingeominas formalizar una nueva prórroga. Luego la compañía sí está esperando que la autoridad minera prorrogue estos contratos.

La otra clausula establece que los bienes que revierten a la Nación el 30 de septiembre de 2012, serán arrendados inmediatamente a CMSA a una tasa equivalente al 1,25% sobre la ganancia neta semestral, después de impuestos, obtenida por esta compañía. Se trata de un porcentaje mínimo, amarrado a la incertidumbre de las ganancias de la compañía y al riesgo moral de unos estados financieros que el gobierno no puede verificar, y que equivale apenas al 0,83% de las ganancias netas antes de impuestos.

En otras palabras, hace 16 años se tomaron las decisiones más importantes del contrato que ahora el ministro Cárdenas dice va hasta el 2026, sin que medie ningún estudio sobre la conveniencia técnica y económica de contratar nuevamente con el mismo concesionario.

Llama la atención que el Ministro, desconociendo conceptos y estudios contratados por Ingeominas, haga este tipo de pronunciamientos, aferrándose a la letra de un contrato lesivo que satisface en cada clausula el interés particular de CMSA y que no refleja el interés general de la Nación, más allá de tener unos ingresos por regalías e impuestos.

Un análisis interno de Ingeominas, consignado en el acta 04 de la Junta Directiva del 28 de marzo de 2008, señala que el Estado no está en la obligación de conceder la prórroga del contrato minero, pues si bien CMSA puede solicitarla, la autoridad minera debe estudiar la viabilidad y conveniencia de la misma.

Agrega que “dado que el contrato 866 prevé la reversión gratuita de todos los bienes en el año 2012 y su entrega en comodato a CERRO MATOSO S.A., por un canon estipulado contractualmente, con la prorroga se estarían vulnerando expectativas económicas del Estado a partir de ese año por un valor aproximado a los nueve millones de dólares semestrales, por lo cual no resulta conveniente conceder la prorroga solicitada”.

Varias consultorías contratadas por Ingeominas entre el 2008 y 2010, entre ellas una con el actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, expresan la inconveniencia para el país de prorrogar las concesiones con CERRO MATOSO S.A.

Analizadas las consecuencias de la prórroga, el Procurador advierte que el “concedente debe ponderar las circunstancias técnicas y económicas en que se daría la prorroga evitando cualquier efecto económico negativo para el estado”.

El estudio de Luis Jorge Ferro Casas concluye que “no es conveniente para la Nación proceder a una prorroga inmediata de la concesión con los términos vigentes”, y hace un llamado para redefinir el canon de arrendamiento de los bienes revertidos a la Nación, pues una tasa de 1,25% apenas cubre las expectativas de inflación.

También la consultoría contratada con Carlos Antonio Espinosa Pérez concluye que las modificaciones hechas a los contratos 866 y 1727 de CMSA son altamente inconvenientes para el Estado ya que las mismas entran en contravía con la normatividad existente y aplicable. En el mismo sentido y en diversas oportunidades, la Contraloría General de la Nación ha llamado la atención sobre el grave daño que se causaría a la Nación la prórroga de este contrato en las condiciones establecidas en 1996.

La organización Colombia Punto Medio convoca a la autoridad minera para que presente públicamente los análisis y estudios que soportan la prorroga a los contratos de concesión 866 de 1963 y 1727 de 1971, y a que abra al país una discusión que hasta ahora se ha adelantado a puerta cerrada.

Igualmente, invita a estudiar otras alternativas para el uso y aprovechamiento de la única mina de níquel del país, lo que la hace estratégica para el desarrollo de la industria nacional y el manejo soberano de los RNNR

Dado que no es obligación del Estado renovar el contrato con BHP Billinton / CMSA, existen otras posibilidades, como operarla mediante un contrato de operación con terceros, sacarla a licitación pública para maximizar los ingresos de la Nación e incluso renegociar el contrato lesivo con el actual concesionario, mejorando radicalmente las condiciones económicas para el país.

LOS 20 AÑOS DE LA CONSTITUYENTE

2011-02-06T21:04:00.001-05:00

EL FRENTE NACIONAL FUE CREADO para ponerle fin a la violencia bipartidista. En este sentido, alcanzó su objetivo.

No obstante, la pragmática salida no logró convocar la realidad política nacional. Con el tiempo, diversos sectores se comenzaron a organizar en una oposición que reclamaba por haber sido excluida. Esta agitación se agravó con los movimientos internacionales de izquierda, que en el país, como en otros de América Latina, se expresaron en movimientos guerrilleros. La violencia, bajo nuevas formas, se recrudeció y sólo se supo complicar con la aparición del narcotráfico, fenómeno que permeó tanto a la sociedad como al Estado. Para entonces el Frente Nacional ya se había acabado, pero el poder seguía en manos de los dos partidos tradicionales, que no encontraron la forma de detener, con una institucionalidad amañada y deteriorada, la sangrienta y aterradora escalada de la violencia. Aunque la idea de un nuevo contrato social surgió del movimiento estudiantil, la sociedad se unió y con la Séptima Papeleta se formó la primera Constituyente.

Hace 20 años, el organismo encargado de reorientar los principios fundamentales del país inició deliberaciones. En sus sillas, se vieron miembros del recién desmovilizado M-19, minorías religiosas, étnicas, sindicalistas, mujeres, esto es, nuevas fuerzas sociales, que fueron capaces de eliminar el antiguo principio unificador —una lengua, una raza y una religión— y reemplazarlo por el pluralismo. La Constituyente supo profundizar el sentido de la democracia, la fundó en la tolerancia e incluyó la defensa de la diversidad política, social, cultural, religiosa, de género y sexual. A los nuevos principios se les concedieron nuevas herramientas: se aumentó la participación ciudadana mediante el plebiscito, el referendo, la revocatoria al mandato y se facilitaron los mecanismos para la creación de nuevos partidos. Además del espacio para la diversidad, la Constituyente creó derechos de toda índole para guiar el desarrollo del país hacia un verdadero Estado social de derecho.

La amplitud de la Constituyente en materia de libertades políticas ha representado, sin duda, importantes avances dos décadas después. Las cosas, sin embargo, no parecen ser las mismas para sus pretensiones sociales. A pesar del aumento en el gasto —que duplicó el déficit fiscal— y la implementación de múltiples programas sociales —cada vez más focalizados— el país no sólo ha sido incapaz de garantizar los nuevos derechos, sino que las condiciones más básicas de mejoría social parecen estar estancadas, si no empeorando. Según un estudio de Eduardo Lora, la desigualdad sigue estable desde hace décadas, y la pobreza no ha descendido sustancialmente después del 91. El desempleo pasó de 10,6% en 1990 a 13% en esta década, mientras Latinoamérica está en un promedio de 8,7%. La informalidad hizo lo mismo: pasó de 54% a más del 60%, mientras el promedio de la región es de 35%. Aunque los avances en cobertura de salud después del 91 son notables, los avances en la cobertura en educación son mediocres y los de calidad son peores. Los servicios públicos han mejorado, pero la tenencia de vivienda disminuyó: antes del 91, 59,3% familias tenían casa propia, hoy cerca del 57%, y en la región, el 68%.

Al estancamiento social, por fortuna, no lo ha seguido un incremento de la violencia. Aunque muchos oscurezcan este logro con el final de los 90, época de auge de las guerrillas, expansión del paramilitarismo y del narcotráfico, lo cierto es que la tasa de homicidios en 1991 era de 70 por 10 mil habitantes, en 1999 descendió a 60 y hoy oscila alrededor de los 40. Al igual que la libertad, el orden del país ha mejorado gracias a la Constituyente. ¿Por qué, si hemos mejorado en lo demás, estamos estancados en lo social? Colombia, dos décadas después, es un Estado de derecho, a secas y no estaría de más preguntarse si acaso no puede ser la misma Carta la culpable de que esto sea así. (editorial El espectador).

LAS CAR: -AUTONOMIA - FUNCIONES= SON DE PAPEL

2011-01-27T11:34:00.001-05:00

Conocido el decreto de intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se confirma que el gobierno sí se aprovechó del desastre invernal para tomárselas.

La reforma destituye a dos de los actuales directores de las CAR, que serán reemplazados por los que indique el Presidente de la República y desde el 2012 nombrará al resto. Además, el gobierno también se quedó con la mayoría en los Consejos Directivos de las corporaciones. Así, Juan Manuel Santos definirá a su antojo la política ambiental de las CAR, cosa que es ilegal porque les viola la autonomía que les confiere la Constitución, y se queda también con la capacidad para determinar la contratación y la nómina.

En el decreto el gobierno desnuda su manipulación. Porque primero dice que el desastre invernal era imprevisible, con lo que se absuelve por su negligencia y justifica la emergencia económica, pero luego le echa la culpa del desastre a las CAR.

las CAR como aparato de bolsillo de UN GOBIERNO no podrán defender los intereses medioambientales de las regiones, como ha sucedido en Tolima frente al proyecto de gran minería de la AngloGold Ashanti.

Lo que quiere este gobierno, que también lo intentó Uribe, se desnuda por el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, en el empalme de los dos gobiernos. Ese decreto les quitó a las CAR la función de otorgar licencias, concesiones y permisos a los proyectos de gran minería e hidrocarburos en la etapa de exploración, para entregarle esta potestad al Ministerio de Ambiente.

se reitera que, excusándose en la tragedia de millones de colombianos, el gobierno impone una especie de dictadura constitucional, pasa por encima del Congreso y profundiza las políticas sociales y económicas neoliberales que ya venían del gobierno del mesías anterior.

gracias.

ALVARO SEGRITH

REFORMA A LAS CAR: UNA POLITICA NEOLIBERAL CON PROPOSITOS OCULTOS

2011-01-25T12:34:00.000-05:00

Chivos expiatorios para ocultar las culpas de los gobiernos nacionales, entre ellos el de Santos, que no hizo nada para evitar el desastre del Canal del Dique. Fiesta en la gran minería. Atentado contra el medio ambiente. Brutal y descarada violación de la Constitución. No hay medida retardataria que no se justifique con un falso alegato moralista y contra la politiquería.

El gobierno anunció que esta tarde, haciendo uso de la Emergencia Económica, expedirá el decreto de reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Por el texto que se conoce se trata de aprovecharse de la tragedia de millones de compatriotas –cuyos problemas deben ser atendidos por el gobierno sin manipulaciones y con seriedad, cosa que no viene sucediendo– para hacer una reforma neoliberal, es decir, apoyada en falacias, en contra del medio ambiente, en beneficio de la gran minería y violando la Constitución.

1. Constituye una falsedad adjudicarles la responsabilidad principal del desastre invernal a las CAR. Solo por ignorancia o por viveza puede afirmarse eso. Porque las normas no les dan poderes suficientes para intervenir con suficiencia en todos los asuntos ambientales del país y porque su presupuesto –de apenas 800 mil millones de pesos para treinta CAR– es a todas luces insuficiente. Es obvio que el presidente Juan Manuel Santos quiere usar a las CAR como chivo expiatorio para ocultar la enorme responsabilidad que en el desastre les cabe a su gobierno y al de Álvaro Uribe, y a los anteriores. Un ejemplo de su culpa: desde mayo del 2009, los habitantes de la zona del Canal del Dique, en el Atlántico, le advirtieron al Ministerio de Vías que el dique amenazaba con fallar y los gobiernos no hicieron absolutamente nada por impedirlo.

2. El verdadero y principal propósito del presidente Santos es arrebatarles la autonomía que la Constitución les confiere a las CAR frente al gobierno nacional, de manera que el jefe del Estado pueda manejarlas a su antojo. En las nuevas CAR, el director será escogido por el ministro de Ambiente y en los consejos directivos tendrán mayoría los nombrados a dedo por el gobierno. Con esto, el gobierno nacional reemplazará a todos los directores por incondicionales suyos y definirá cada nombramiento y contrato, luego de barrer con los cinco mil funcionarios actuales. Así logrará darles el pase a todos los proyectos de gran minería que hoy se encuentran severamente cuestionados por las CAR, como ocurre con el de la Anglo Gold Ashanti, en el Tolima, que amenaza las aguas del departamento. Otra razón más para entender por qué el jefe del Cerrejón, León Teicher, hablando en nombre de toda la gran minería, considera que con Santos “se nos volvió a aparecer la virgen”.

3. Esta determinación del presidente Juan Manuel Santos es antidemocrática e inconstitucional de varias maneras. Porque la Emergencia no sirve para justificar legalmente medidas como esta, que constituyen una especie de dictadura constitucional calculada para romper con la separación de los poderes. Porque este uso abusivo de la Emergencia apunta a arrebatarle al Congreso el derecho constitucional de reformar las CAR, a partir del debate político democrático. Y porque es por completo violatorio de la Carta arrebatarles la autonomía a las CAR y someterlas al control del poder Ejecutivo, pues dicha autonomía es de rango constitucional. Sobre esto último, la Corte Constitucional dijo:

“El mandato de coordinación entre las distintas autoridades ambientales no puede traducirse en una subordinación orgánica de las CAR a las autoridades nacionales, que anule el contenido de autonomía de las CAR. Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales que desconozcan el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades, ya que ese manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido de la autonomía” (Sentencia C-462 de 2008).

Como siempre en Colombia, no hay medida retardataria que no se presente en nombre de la lucha contra la politiquería, cuando los primeros politiqueros son los que así proceden para ocultar que su politiquería está puesta al servicio de intereses que no son los nacionales. Que lo que haya que mejorarles a las CAR –donde sin duda hay problemas–, se mejore, pero sin astucias ni manipulaciones demagógicas, respetando la Constitución y no para destruirles sus aspectos positivos.

LAS FALACIAS TRIBUTARIAS DE JUAN MANUEL SANTOS

2010-12-05T17:00:00.000-05:00

El señor JUAN MANUEL SANTOS, durante su campaña presidencial manifestó que NO aumentaría las TARIFAS del Impuesto de Rentas, por que afectaría el bolsillo de los colombianos y especialmente la INVERSIÓN EXTRANJERA. Pero que aún así, aumentaría los ingresos del Estado.

Lo que el vulgo- pueblo- no sabe es que el sistema tarifario están sólo uno de los elementos de la estructura de un tributo, pues, bien el puede mantener las tarifas, pero también puede modificar los demás elementos de dicha estructura, tales como: sujetos pasivos o incluir otros hechos generadores e incluso modificar las bases gravables, obteniendo mayor cantidad de contribuyentes y por ende mayores ingresos para dicho Estado.

Pues respetados miembros, este señor (JUAN MANUEL), ha presentado al "honorable" Congreso de la República de Colombia, una reforma tributaria, DISMINUYENDO LA BASE GRAVABLE, para estar obligados a declarar y pagar el Impuesto de Renta; así mismo, para estar sujeto a que se nos practique retención en la fuente por los ingresos obtenidos.

Para mayor ilustración un ejemplo, actualmente una persona común y corriente (empleada), devenga como salario más de 2.800.000 aproximadamente y sobre dicho pago le aplican una tafifa- de acuerdo a los procedimientos tributarios No.1 o 2) como RETEFUENTE (Retención en la fuente al Impuesto de Renta). Pero el señor JUAN MANUEL, puede presentar el proyecto de ley, diciendo que la base de dicha retención ya no es 2.800.000, sino 1.500.000. DE ESTA MANERA AUMENTA LA CANTIDAD DE OBLIGADOS (SUJETOS PASIVOS DE LA RETENCIÓN) Y POR ENDE AUMENTAN LOS INGRESOS.

Lo curioso respetados señores, es que A QUIENES AFECTA LA REFORMA? SERÁ A LAS TRASNACIONALES? SERÁ A BAVARIA S.A? SERÁ A ARDILA LULE?, señores no nos digamos mentira, AFECTA AL PUEBLO y mas aún a los 9.000.000. de colombianos que votaron por ese señor. Después no se quejen.

Esperemos que el "honorable" Congreso actúe como RAMA DEL PODER PÚBLICO, en forma independiente y autónoma, más NO como una dependencia del gobierno.

ADENDA: El presidente del senado, ARMANDO BENEDETTI, saca mucho pecho diciendo que las leyes que esta aprobando el Congreso, es gracia a la mayoría URIBO-SANTISTA, espero que cuando revienten estas BOMBAS DE TIEMPO, así como Agro Ingreso Seguro, Finagro y otros, no sea el primero en Esconderse ni evadir su responsabilidad política.

De ustedes.

Alvaro Segrith Sepúlveda Salgado

EUTANASIA ¿ES LEGAL O NO?

2010-06-01T13:19:00.000-05:00

La palabra eutanasia deriva de las raíces griegas eu, bueno, y thanatos, muerte, lo cual hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona, a petición suya, con el fin de minimizar su sufrimiento.

La eutanasia es un tema muy polémico si se analiza desde diferentes puntos de vista, esto es: médico, filosófico, político, ético, moral, religioso, económico, etcétera, por lo cual el enfoque puede ser muy variado, dependiendo de la perspectiva que se maneje.

Por ejemplo, un médico que está relacionado con los diferentes tipos de enfermedades, principalmente terminales, sabe el curso que llevará equis padecimiento, y el grado de sufrimiento o dolor que le espera al paciente antes de llegar al desenlace final. Esto es difícil de percibir por el resto de la gente, y sólo el médico tiene esta visión y puede orientarse por optar por ayudar al bien morir, en lugar de un sufrimiento largo y prolongado.

En cambio, el religioso, por ejemplo un católico, se opondrá rotundamente debido a sus principios, que fueron recalcados “Dios da la vida y es el único que puede quitarla”, “el dolor humano es una oportunidad divina para aprender a purificarse” (1)[i], lo que elimina cualquier posibilidad de eutanasia dentro de esta ideología.

Desde el punto de vista político, la situación es todavía más difícil y contradictoria, puesto que ahí intervienen varios factores en la toma de decisiones, entre los cuales están las leyes vigentes, y se tiene que ajustar a éstas, debido a que las penalizaciones están muy claras y definidas.

Ahora, si nos enfocamos desde el punto de vista ético y moral, nos encontramos que las sociedades tienen costumbres, creencias y principios muy variados, que dependen de su historia, nivel cultural, etcétera.

En algunas sociedades el suicidio es un acto legal, y ha sido así por mucho tiempo, y ellos argumentan que se les debe dar esta capacidad de elección a las personas, para decidir cuándo terminar su propia vida. Además, existen algunos grupos de personas discapacitadas que tienen miedo de que la eutanasia sea el primer paso hacia la inclinación de terminar, sin su voluntad, con sus vidas.

Mucha gente argumenta que el dolor experimentado por los enfermos terminales puede controlarse a niveles tolerables, mediante el tratamiento adecuado. Sin embargo, diez millones de individuos en América del Norte no tienen acceso a la salud pública adecuada, y tal control del dolor no está disponible para todos los enfermos. Las reducciones previstas al financiamiento de salud aumentan la posibilidad de sufrimiento de enfermos terminales, y hará la asistencia más importante.

Verdaderamente es un tema muy apasionante, y aún se le pueden dar más enfoques. Sin embargo, a final de cuentas dependerá del paciente, y de sus familiares cuando él no se encuentre en posibilidades de decidir.

En Colombia desde la constitución de 1991 se ha dicho en su preámbulo que es un estado social de derecho considerando así que en él siempre deben primar los derechos y garantías de los seres humanos aplicables en todo tiempo y lugar así como se encuentra escrito, aprobado y firmado en la declaración de los derechos humanos reconociendo en este la dignidad intrínseca y la igualdad inalienable de todos miembros de la familia humana, aún no llegamos a un acuerdo general, todavía existe discusión cada vez que se toma el tema, y nuestras leyes no apoyan la eutanasia y, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerlo sufrir, aunque él lo pidiera expresamente, ni el paciente, ni los médicos ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona, no es lícito negar a un paciente la prestación de cuidados vitales con los cuales seguramente moriría, aunque sufra de un mal incurable, pero existe actualmente un proyecto el 05 de 2007 por la cual se quiere reglamentar la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio y se dictan otras disposiciones.

[i] Santo Tomas De Aquino

CLONACIONES DE SENTENCIAS: COSTUMBRE DE LOS JUECES EN CÓRDOBA.

2010-05-08T14:57:00.000-05:00

La función judicial en Colombia, tiene como objeto, la aplicación de los mandatos constitucionales y legales a las controversias dirimidas ante los jueces de la república, con fundamento en los principios de moralidad, economía, eficacia, celeridad, entre otros consagrados en nuestra carta política.

El deber de los funcionarios judiciales en motivar sus providencias, es una garantía para las partes de la litis, dado que se respetan los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, cumpliendo de ésta manera con los postulados de los arts. 2° y 230 C.N., en lo referente a la justicia y la independencia de los jueces.

Así las cosas, la exigencia de motivación tiene como función de máxima importancia, no sólo fundamentar o justificar las decisiones de los jueces, sino también demostrar que tales funcionarios tienen el genuino propósito de proscribir la arbitrariedad.

Es lamentable que la actividad judicial en Córdoba sea tan pobre, no existe independencia ni autonomía de los jueces al momento de fallar, pues, la pereza de fundamentar una providencia salta a simple vista.

Por ejemplo: en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, el juez delega la proyección de sus providencias en judicantes, escribientes y demás colaboradores que no hacen una valoración integral de las pruebas del proceso, haciendo que las razones de la decisión carezcan de credibilidad, sean absurdas.

Otro ejemplo es sobre un caso ocurrido en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería, en donde al momento de decidir sobre la admisión de una acción de tutela, el actor solicita que se vincula al Ministerio Público para que emita concepto sobre el proceso y éste despacho considera remitir el proceso al Tribunal Superior, porque no es competente para conocer acciones contra la procuraduría, argumento fuera de contexto y totalmente errado, pues, nunca se tuteló a dicho organismo de control, sólo se solicitó su vinculación para lo de su competencia. Aún no nos explicamos cómo el juez llegó a tal conclusión, si dentro del expediente no existió prueba o escrito alguno donde se le atribuyera responsabilidad a dicho ente de control.

Lo anterior demuestra, que ese auto admisorio fue proyectado por un funcionario inexperto, que carece de conocimientos para asumir dicha función y peor aún, no fue revisado por el Juez. Es triste que ello ocurra, pues, si cometen tales errores, con la sola admisión de una tutela, Qué ocurrirá en aquellos casos en que éste Juez penal deba condenar a una persona?. “Dios nos libre de este funcionario”.

Pero es grave y atenta contra los postulados del art. 230 C.N., en lo que se refiere a la independencia de los jueces al proferir sus fallos, el hecho que se realicen clonaciones de sentencias, como ocurre en los juzgados civiles y mucho más en los juzgados administrativos.

Nos dedicamos a revisar la parte considerativa de algunas sentencias que profieren los jueces administrativos en los distintos procesos y nos damos cuenta que el texto es igual a los fallos del tribunal administrativo. No le cambian ni una sola coma, realizan lo que el común llama: copia y pega. Esto deja entrever una pobreza de dichos jueces en argumentar sus providencias. No hacen el más mínimo esfuerzo para exponer razones de derecho o de hechos al momento de administrar justicia. Es más, se les preguntó del por qué de dicha situación y tiene la vergüenza de decir: es que si el Consejo de Estado dice “A” es “A” y no podemos discutir.

Pero es más aberrante, cuando dicen que “prefiero que digan por qué negué y no por qué concedí”, es decir que no tienen seguridad para proferir sus fallos. Tienen el temor de que se les critique al tomar determinada decisión y más cuando el proceso es de una cuantía exorbitante. Y rematan diciendo: “que decida el tribunal. Este chicharrón no lo decido yo”. La conclusión es que tienen la tesis de decir que es más fácil negar una pretensión que concederla.

De lo anterior, cabe preguntarse: Dónde queda la correcta administración de justicia que tanto les enseñan a los jueces en seminarios, cursos y conferencias?. ES MENTIRA. El problema de ello se lo debemos al tráfico de influencias al momento de elegir jueces y demás funcionarios de la rama judicial. No nos explicamos cómo jueces que siempre han sido laboralistas, civilistas, etc. son nombrados como jueces en otras especialidades y estos cuando conocen de procesos, no saben cómo decidir ni mucho menos fundamentar sus decisiones. Ello es producto de la dedocracia que se da en la rama judicial.

Pero a todas estas, QUÉ ESTÁ HACIENDO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. Será que los “concursos” son eficaces y ante todo transparentes, porque no nos explicamos cómo los funcionarios judiciales en provisionalidad, conocen los listados de elegibles o resultados de exámenes antes de que sean oficialmente publicados.

Por elegirse a dedo funcionarios que no son capaces ni competentes es que la motivación de las decisiones judiciales, son pobres, tristes y sobre todo incongruentes. Esa dedocracia o el tráfico de influencias que se da al momento de elegir funcionarios, es que se ha engordado el ENORME EJERCITO DE JUECES Y FUNCIONARIOS MEDIOCRES DE ESTE PAIS. Personas que no les importa conceder o negar una pretensión, que no hacen el más mínimo esfuerzo en estudiar un expediente y decidir en derecho, porque para ellos lo más importante es que la Rama Judicial PAGUE PUNTUAL y para el Consejo de la Judicatura, lo más importante es que CUMPLAN CON LA BENDITA ESTADISTICA.

Si se quiere eficiencia y celeridad en los procesos, el Consejo de la Judicatura debe capacitar más a los funcionarios, Crear más despachos judiciales de distintas especialidades, dejar la vagabundería de asignarles los despachos a los magistrados del tribunal, que se los pelean y reparten para elegir a sus amigos.

Si el Consejo de la Judicatura, cumple cabal y seriamente con sus funciones dejaría de ser la Jurisdicción de Papel que todos sabemos, incluyendo a los mismos jueces que son los que más recalcan ésta afirmación.

POR FIN: LEY QUE PROHIBE ENTREGAR LOS IMPUESTOS A PARTICULARES

2010-05-04T13:22:00.000-05:00

Con la nueva ley, que pasa a sanción presidencial, los municipios, departamentos y distritos recuperan su soberanía tributaria, destacó el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda recordó que la administración tributaria es una función indelegable del Estado y debe ser ejercida por funcionarios públicos.

Las sesiones plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobaron en forma simultánea, el informe de conciliación del proyecto de ley que prohíbe a los entes territoriales entregar en concesión el recaudo de impuestos.

La iniciativa pasa ahora a sanción del Presidente de la República, informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La entidad señaló que con esta ley, “los entes territoriales, municipios departamentos y distritos, podrán rescatar el respeto por los contribuyentes, pues ya no estará en manos de sociedades particulares, ya que la administración tributaria es una función indelegable del Estado y debe ser ejercida por funcionarios públicos”.

De acuerdo con el artículo 1° del texto conciliado: “No se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados”.

Agrega que la recepción de las declaraciones, así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias, podrán hacerse a través de entidades autorizadas en los términos establecidos por el Estatuto Tributario.

Con respecto a la naturaleza de la información tributaria, el Artículo 583 del Estatuto Tributario señala que la información de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, es reservada.

En referencia a los contratos que a la fecha están vigentes, la ley señala que las entidades territoriales deberán revisarlos de manera detallada, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales correspondientes para darlos por terminados, prevaleciendo el interés general y la vigilancia del ordenamiento jurídico.

La Ley aprobada les señala a los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, revisar de oficio los contratos que hayan sido suscritos por las entidades territoriales.

POR ELLO, RESPETADOS LECTORES, LOS CONTRATISTAS DE COVEÑAS- SUCRE, DE FUNDACIÓN - MAGDALENA, CIENAGA - MAGDALENA, ENTRE OTROS, deben estar tembaldo. Pues, ya no podrán atropellar a los pobres contribuyentes de estos municipios.

ESTATUTO DE RENTAS ALEJADO DE LA REALIDAD- PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA

2010-04-29T21:15:00.000-05:00

No dejamos de asombrarnos algunos profesionales que nos hemos inclinado por el estudio del Derecho Tributario, de situaciones que se dan en algunos Municipios y que a la postre, más que alcanzar un verdadero fortalecimiento, Fiscal terminan perjudicando a miles de contribuyentes,

Hemos recibido un modelo del nuevo Estatuto de Rentas del Municipio de Pueblo Nuevo que empezó a regir este año y con estupor y asombro observamos, como esta norma fue adoptada para que este pequeño Municipio de 300 comerciantes, la desarrolle y aplique en su totalidad dentro de 200 años. Haber revisado que dentro de sus actividades industriales se encuentren la fabricación de naves espaciales, fabricación de vehículos automotores, construcción y reparación de Buques y otras perlas mas, no deja de asombrarnos y preguntarnos ¿Qué paso aquí?. Pero lo más aberrante es que se incluyó en dichas actividades la “producción de carne de Ballena faenada en tierra o a bordo de barcos”, hasta ahora nos enteramos de que Pueblo Nuevo (Córdova) puede producir carne de ballena en sus costas, de todos modos algunos Concejales dirán que es toda una ambición futurista.

Todo lo anterior conlleva a lo mismo de siempre, un Alcalde que presenta el proyecto y un Concejo que lo aprueba, pero debo reconocerle el valor civil a un Concejal al decir que a ellos, ese proyecto de 465 hojas y 569 Artículos, se lo radicaron tres días antes y sin al menos hojearlo, así lo aprobaron, hoy es norma legal y de obligatorio cumplimiento, ¿donde fabricaran las naves espaciales?, me imagino que el Alcalde viajará al país del norte y buscará ayuda de la NASA y ¿donde producirán la carne de ballena?, será cuando el Municipio se traslade a cualquier costa del Mundo. Que irresponsabilidad la de un Alcalde de presentar un proyecto tan complejo y alejado de la realidad y que irresponsabilidad la de un Concejo con el Pueblo que los eligió, de aprobar a ciegas la norma que le marca el norte fiscal a cualquier Municipio, pero esta norma llamada Estatuto de Rentas, debe socializarse, estudiarse a fondo con mucha antelación, adaptarla a la realidad objetiva de cada Municipio y lo mas importante, respetar los principios rectores del sistema Tributario: Equidad y Justicia. A todos los comerciantes les “clavaron” el 10 por mil en Industria y Comercio y se empiezan a generar inconformismos, quejas y se vislumbra una fuerte resistencia de muchos contribuyentes para tributarle a su Municipio. Para el predial se adoptó el sistema de Autoliquidación, que si bien es legal, su proceso es complejísimo y solo algunas capitales del país lo han establecido.

Ya estamos frente a un Acuerdo, no frente a un proyecto y aun tiene la posibilidad el Concejo Municipal de remitir esta norma a la Gobernación para el control Constitucional y deberá ser este ente, quien la remita al Tribunal contencioso para que se pretenda la anulación de algunos tributos que carecen de marco legal, y les quedará a los Honorables Concejales la experiencia para que en una nueva oportunidad estudien y aprueben el Estatuto de Rentas para Pueblo Nuevo (Córdoba) y no para Houston (Texas) o Taiji (Japón).