Andrés Felipe Succar

La extracción de Maduro y el formalismo jurídico a conveniencia en el derecho internacional.

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 07 Jan 2026 06:49:00 +0000

Las operaciones militares contra el narcoterrorismo iniciadas por los Estados Unidos a mediados de 2025 siguen en desarrollo y esta vez el teatro de operaciones se ha extendido hasta el territorio venezolano. En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares y policivas de los Estados Unidos irrumpieron en Caracas, bombardearon infraestructura militar, capturaron a Nicolás Maduro, lo extrajeron y lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales norteamericanas.

Las reacciones frente al operativo han sido abundantes y no es para menos: se trató de una operación de enorme envergadura, ciertamente impresionante, que pone en tensión al derecho internacional en un momento en el que la polarización política es global y los discursos jurídicos son munición política para cada bando en disputa. Me propongo entonces asumir sin ambigüedad ni falsas pretensiones de imparcialidad una posición en defensa de los venezolanos que invocaron y apoyan la intervención militar en su propio territorio, a fin de refutar los argumentos presentados por quienes la critican, muchas veces apelando a un purismo jurídico y respeto por las formalidades que, curiosamente, ni siquiera aplican en su propio análisis y están dispuestos a flexibilizar en otras múltiples áreas del derecho.

Las críticas a la operación militar (y por qué fallan incluso desde el formalismo).

Las críticas a la operación de captura de Maduro se pueden resumir así. Por un lado, se encuentran cargos propios del derecho internacional público y del derecho penal internacional. Dentro de estos encontramos (i) la supuesta violación a la Carta de las Naciones Unidas por la ausencia de una autorización del Consejo de Seguridad, (ii) alegatos de violación a la soberanía de Venezuela, (iii) una supuesta agresión militar, (iv) el supuesto “secuestro” de un “presidente”. Por otra parte, tenemos los cargos propios del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí encontramos acusaciones menos serias, dada la fuerza irrefutable de los hechos, de “ataques a civiles o militares”.

Frente al primer cargo de violación a la Carta de las Naciones Unidas podemos esgrimir, entre otros, los artículos 2(4), 2(7), 1, y 51, de la misma Carta, junto con el principio de legítima defensa y de relatividad de los acuerdos internacionales. Así, un primer punto que se debe resaltar es que la operación militar no se dirigió en contra del Estado de Venezuela, sino contra un grupo narcoterrorista que no es sujeto de derecho internacional público, ni está legitimado para activar por sí mismo las sesiones del Consejo de Seguridad. El artículo 2(4) de las Carta de las naciones Unidas y demás artículos concordantes se dirigen expresa y textualmente a "los Miembros de la Organización en sus relaciones internacionales", y no a las relaciones entre miembros y grupos narcoterroristas como lo es la estructura criminal de Maduro y Cabello. La operación militar, además, tampoco se realizó en contra de la integridad territorial o independencia política del estado de Venezuela (Art. 2.4) ni contra los propósitos de la Carta (Art. 1), sino para realizar dichos propósitos, y en particular para dar fin a las conductas de narcotráfico y terrorismo transnacional que el Cartel de los Soles dirige directamente contra los Estados Unidos y otros países de la región incluído Colombia.

Desde ese punto de vista, y en tanto que dicho grupo criminal afecta directamente la seguridad de los EE.UU. y la vida, salud e integridad de sus ciudadanos, el gobierno norteamericano se encuentra facultado para atender el asunto de conformidad con su derecho interno, tal y como lo hizo a partir de julio de 2025 con las declaratorias formales. También lo está para invocar el principio de legítima defensa, la existencia de un conflicto armado no internacional —declarado el 2 de octubre pasado—, y el artículo 2.7 de la Carta que señala expresamente que los Estados Parte no están obligados a someter asuntos internos a los procedimientos de las Naciones Unidas. Es en ese sentido, entonces, en que se deben entender las palabras del secretario de Estado Marco Rubio cuando dice, por ejemplo, que “La Unión Europea ciertamente no va a determinar cómo los Estados Unidos defienden su seguridad nacional”.

Más aún, pero ahora desde un punto de vista extrajurídico, es obvio que los EEUU tampoco iban a someter ese asunto de seguridad nacional al Consejo de Seguridad, en un contexto en el que es previsible que China y Rusia (que tampoco usó el mecanismo en el caso de Ucrania), utilizarían su poder de veto en contra de cualquier resolución desfavorable a Maduro. Así, quienes apelan a este mecanismo de la Carta como valor absoluto lo hacen sabiendo que ello equivale a estancar la situación de los venezolanos en la misma posición en que ha permanecido durante lustros.

Con ello se privilegia el cumplimiento de la norma por la norma, independientemente de si el resultado es perjudicial para las personas de carne y hueso que la norma busca proteger, y aún cuando en realidad dicha norma, desde el punto estrictamente formalista, NO es aplicable al uso de la fuerza contra grupos narcoterroristas, sino que únicamente regula el uso de la fuerza entre estados. Así, vemos que el formalismo jurídico en realidad no se está aplicando consistentemente a lo largo del raciocinio, sino a conveniencia: se quiebra la norma para expandir su aplicación, bajo el pretexto de que es necesario hacerla cumplir.

Revisemos ahora la alegada violación a la soberanía de Venezuela. Frente a este cargo habremos de insistir en que la operación militar no se dirigió contra el Estado sino contra un cartel que no es titular de dicha soberanía. Adicionalmente, la soberanía ya se encontraba fácticamente vulnerada tanto por el narcorégimen que robó las elecciones en 2024, como por los agentes de la dictadura cubana que tienen ocupada y sometida a la nación Venezolana, y que ha llegado al punto de conformar la escolta de Maduro (32 agentes abatidos), dirigir la inteligencia y contrainteligencia, y planear e implementar los mecanismos de tortura y violación sistemática de derechos humanos. Similar peso se le pueden dar a las intervenciones Rusa con el grupo Wagner, e Iraní con sus grupos islamistas radicales. En ese contexto, la operación militar no se trató de un acto violatorio sino tendiente a restaurar una soberanía ya afectada, que a su vez era causa de las amenazas y hostilidades que los EEUU no están en la obligación de soportar.

Un segundo argumento en materia de soberanía es que, al menos desde el surgimiento de la teoría contractualista, existe un consenso general en occidente de que la soberanía reside en los pueblos y no en el gobierno, y en este caso concreto, tanto las autoridades legítimamente elegidas que representan la continuidad del Estado, como la mayoría de los venezolanos, apoyan la intervención e incluso la invocaron por años. Así las cosas, tenemos que en el peor de los casos la soberanía de Venezuela no se habría vulnerado en concreto, sino únicamente en abstracto, y por lo tanto no habría antijuridicidad material que genere responsabilidad internacional. Por el contrario, habría circunstancias que excluyen la ilicitud, como lo es el consentimiento de Venezuela (Artículo 20 RHEII), que muy seguramente terminará de expresarse formalmente en caso de que se termine de restaurar la democracia, o tacitamente al simplemente no presentar reclamación alguna; y en caso de que no se restaure, los Estados Unidos podrían alegar estado de Necesidad (artículo 25 RHEII) y legítima defensa (Artículo 21 RHEII).

Una tercera línea de argumentación invoca el principio "ex injuria jus non oritur" : ningún derecho surge del mal, o nadie puede sacar provecho de su propio dolo. En este caso es claro que, en el evento en el que el régimen continúe en el poder y llegare a reclamar una supuesta violación a la soberanía, ello se haría con base en alegar un ilícito propio, como lo es el ejercer el control efectivo del territorio mediante la fuerza, la represión sistemática, y la captura criminal de las instituciones. Aceptar este tipo de legitimaciones en las cortes internacionales equivaldría a blindar jurídicamente a quien funda su pretensión de soberanía precisamente en la conducta ilícita que el derecho internacional busca proscribir. Tal resultado contradice este principio general de derecho y vacía de contenido material la noción misma de soberanía como institución jurídica que busca proteger a las personas honestas y no a los criminales.

Revisemos ahora las acusaciones del delito internacional de agresión. El término agresión es empleado por figuras políticas como herramienta retórica, pero sin el rigor propio de los instrumentos y la jurisprudencia internacionales. De acuerdo al Estatuto de Roma, del cual los Estados Unidos ni siquiera forman parte, el delito de agresión requiere de cinco elementos concurrentes:

1. Acto de agresión, entendido como uso de la fuerza por un Estado contra otro Estado: no está presente.

2. Que constituya violación manifiesta de la Carta de la ONU: como hemos visto, la violación no es manifiesta sino bastante debatible.

3. Por su carácter, gravedad y escala: no hay ocupación sino incursión limitada, y no hay ánimo de dominio ni de ocupación, pues las fuerzas militares ni siquiera permanecen en territorio venezolano luego de la maniobra.

4. Cometido por persona en posición de control y

5. Con conocimiento de esa violación manifiesta: Este elemento subjetivo está ausente pues, nuevamente, es muy debatible que la violación sea manifiesta, existe una asesoría jurídica compleja, argumentos de legítima defensa, seguridad nacional, entre otros que hacen muy improbable la verificación del mens rea. De esta forma, aunque fuese discutible el ius ad bellum en el campo del derecho internacional público, la conducta no genera responsabilidad en el campo del derecho penal internacional.

Pasemos ahora a los cargos menos sólidos de “secuestrar a un presidente” y de “ataques a civiles o militares”. Frente al primero, basta con decir que Maduro, al no ser reconocido internacionalmente como gobernante ni siquiera por sus mayores aliados como Petro o Lula, carece de inmunidad diplomática y puede ser capturado por cualquier autoridad. Frente a lo segundo, los hechos son contundentes: la operación militar fue verdaderamente quirúrgica, se atacaron únicamente objetivos militares lícitos, como el puerto de La Guaira, los aeropuertos de Higuerote y La Carlota, el complejo de Fuerte Tiuna y el Comando de la Montaña donde se sostenía infraestructura de comunicaciones.

No existe, pues, violación del derecho internacional. La operación no fue contra un Estado sino contra un grupo narcoterrorista, y por tanto no era necesaria la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU. Hubo una declaración formal de conflicto no internacional siguiendo prácticas como la de Colombia frente a grupos idénticos. También las autoridades legítimamente electas y la ciudadanía apoyan la medida, y por lo tanto no hay antijuridicidad concreta sino, a lo sumo, afectaciones en abstracto. Finalmente, se atacaron objetivos militares completamente lícitos con uso preciso de la fuerza.

Una discusión metajurídica, aunque positivada.

Pero quizás la discusión más interesante se encuentra por fuera de la norma positivada, y es que aún si el derecho internacional dijera lo que varios juristas respetados sugieren, como que el derecho internacional protege el valor de la soberanía hasta el absurdo de blindar jurídicamente a dictadores narcoterroristas y criminales de lesa humanidad, estaríamos ante un derecho internacional profundamente inmoral e injusto, condenado no sólo a la ineficacia sino también a la pérdida total de legitimidad. Estaríamos ante un derecho internacional que obliga al pueblo venezolano a sufrir violaciones sistemáticas y concretas en sus derechos humanos, soberanía y autodeterminación, en nombre de, vaya paradoja, la “soberanía de Venezuela”, pero entendida de una forma tan abstracta que sólo existe en el imaginario de doctrinantes perdidos en el mundo de las ideas y de políticos afines al proyecto chavista.

Ello exigiría no tanto la revisión del contenido textual de los instrumentos, sino especialmente, de una cultura jurídica posmoderna que justifica el cambio de metodologías hermenéuticas de acuerdo a la conveniencia política: antiformalistas para hablar de derechos económicos sociales y culturales, pero formalistas recalcitrantes para evaluar la extracción de gobernantes de facto; realistas juridicos para justificar sus saltos hermenéuticos, pero exégetas decimonónicos que “fallan en derecho” cuando se les cuestiona públicamente su activismo jurídico (por no hablar del judicial).

No hace falta, pues, promover mecanismos supranacionales de poder ni “constituciones de la Tierra”para resolver la ineficacia o las paradojas autoinducidas del derecho internacional. Todo lo contrario. Bastaría con rescatar los principios fundamentales del derecho internacional de la posguerra que no son más que derecho natural positivado. La noción de dignidad humana, el concepto de delito de lesa humanidad, el derecho a la rebelión frente a las tiranías, el principio de subsidiariedad, o el reconocimiento de que los derechos humanos no provienen de decisiones políticas ni de autoridades constituídas, sino de la pertenencia a nuestra especie, son todas ellas nociones prepolíticas que nos recuerdan que el derecho deben servir a las personas y no las personas al derecho, y que fueron estatuidas precisamente para superar los límites del formalismo jurídico y vencer la trampa positivista que fue incapaz de detener los horrores de la primera mitad del siglo XX; misma trampa con la que hoy los “puristas” del derecho internacional, consciente o inconscientemente, quieren atrapar a los Venezolanos.

Soberanía colombiana: otra crisis autoinducida.

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 06 Jan 2026 16:59:00 +0000

La distinción entre las dimensiones abstracta y concreta de cualquier concepto, atributo, derecho o institución jurídico-política es fundamental en el debate público. Así lo demostró brillantemente Hanna Escobar en su artículo en respuesta al fetichismo jurídico de Rodrigo Uprimny en materia de derecho internacional, con ocasión de la operación militar norteamericana que extrajo al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro.

Hoy los colombianos enfrentamos directamente un segundo escenario en el que la distinción de las facetas abstracta y concreta del concepto de “soberanía” se hace necesaria en el debate ya no solo internacional, sino nacional. Luego de la operación militar en Venezuela, la administración Trump ha mostrado su preocupación por la producción desbordada de cocaína y ha manifestado que no descarta intervenir también en territorio colombiano en caso de que la administración Petro permanezca en una actitud pasiva y aquiescente.

La reacción de la izquierda radical y biempensante fue de manual: “esta es una cuestión que debe unir a los colombianos”, “no se trata de Petro sino de la soberanía”, de allí saltaron al “si tocan al presidente nos tocan a todos”, el Espectador hizo uso de la sinécdoque al editorializar que “amenazar al presidente es agredir a Colombia”, e incluso blandieron el artículo 455 del código penal como arma y mordaza en contra de una congresista que dio la bienvenida a Trump.

Pero no. No nos tocan a todos, porque nuevamente, los que creemos que sí se trata de Petro, o que incluso no vemos con malos ojos una acción militar extranjera en contra de los grupos narcoterroristas en Colombia (lo digo de frente), no estamos hablando de la misma faceta del concepto de soberanía a la que se refieren las voces del chavismo y biempensantimo colombianos. Mientras la izquierda radical y biempensante se refiere a la soberanía abstracta, los opositores nos referimos a la soberanía concreta, que ya ha sido entregada por Gustavo Petro e Iván Cepeda a los grupos narcoterroristas, y es justamente por esa razón que los EEUU amenazan con tomar acciones que afectan la apariencia de soberanía (en abstracto) que tanto le preocupa al oficialismo.

Elaboremos: Hasta el 7 de agosto de 2022 los grupos criminales estaban relativamente controlados y no dominaban grandes porciones del territorio colombiano. La gran mayoría de estos grupos se encontraban, vaya curiosidad, en Venezuela al amparo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Luego vino la ley 2272 de 2022, mal llamada ley de “Paz total”, elaborada por Iván Cepeda y defendida por Ariel Ávila en el Congreso, la cual autorizó diálogos con grupos, bandas, estructuras y subestructuras criminales de todo tipo, con y sin “ideales políticos”, con o sin estructura de mando, en fin; otorgó el marco jurídico para suspender órdenes de captura y operaciones militares, y en general creó todos los incentivos para que dichos grupos criminales pudieran delinquir impunemente y dominar el territorios rural colombiano.

El resultado fue el previsto por quienes nos opusimos a dichas medidas: crecimiento exponencial de estas bandas criminales, salvoconductos expedidos por la fiscalía de bolsillo a favor de alias Calarcá a pesar de haber sido capturado en flagrancia, y mayor control territorial de estos grupos.

Es decir, Petro, Cepeda, Ávila y el oficialismo, entregaron la soberanía CONCRETA Y MATERIAL a las bandas criminales.

Pero como no vivimos aislados en una utopía socialista, sino que inevitablemente convivimos en el mismo planeta con otras naciones que tienen sus propios intereses, resulta que, gústenos o no, el gobierno actual de los Estados Unidos no está dispuesto a asumir la misma actitud pasiva, ni tampoco a permitir que las graves omisiones (y acciones) de Petro afecten sus intereses nacionales. La progresía puede indignarse, saltar, apelar a la diplomacia de principios, invocar descontextualizadamente las normas y principios del derecho internacional como en el caso Maduro, pero nada de ello va a cambiar la realidad de las cosas: La administración Trump está determinada a defender sus intereses y tiene el poder fáctico para hacerlo.

Es allí donde valdría la pena que el gobierno, opinadores y analistas añadan algo de teoría realista de las relaciones internacionales a sus discursos, por un lado, y por el otro, observen una vez más la diferencia entre soberanía en concreto y soberanía en abstracto.

Tanto el gobierno con su maquinaria de propaganda, como los analistas anclados en la corrección política, defienden una soberanía en abstracto, idealizada pero vaciada de contenido, pues el control real y material de los territorios no es ejercido por el estado colombiano desde que Petro asumió el poder, y es precisamente esa la razón por la cual los EEUU exigen acciones determinadas para corregir dicha situación. ¿Quieren que los EE.UU. no bombardeen campamentos criminales en nuestro territorio? Entonces la respuesta es muy sencilla: recuperen la soberanía concreta, real y material, que dejaron perder deliberadamente. ¿Es ruda la actitud del gobierno norteamericano? Sí. ¿Es políticamente incorrecta? También. ¿Le incomoda al petrochavismo, a sus beneficiarios armados y a su proyecto político? Sin duda, y ese es el punto principal. Que el chavismo binacional pretende instrumentalizar el manoseado concepto de soberanía y autodeterminación, entendido de manera abstracta y acomodada a sus intereses de facción, no solo para desproteger y atacar directamente a la ciudadanía con tal de ejercer poder ilimitado sobre toda la población, sino también para desestabilizar a la región y especialmente a los EE. UU., a quienes consideran su enemigo histórico “imperialista”. Es allí donde se cruza una línea roja frente al gobierno norteamericano y frente a quienes nos oponemos al socialismo armado y desarmado.

Curiosamente ha sido Armando Benedetti, político curtido en las artes del pragmatismo, el que salió a distensionar el ambiente con una muestra que, aunque sea meramente retórica, tiene vetas de realismo y concreción. En un comunicado a nivel de Ministerio del Interior y de Justicia, manifestó que el Estado continuará cooperando en la lucha contra las estructuras narcoterroristas. Fácil. Sencillo. Ahora sólo falta hacerlo realidad.

De manera pues que esta es otra crisis autoinducida como la de la salud, y los únicos responsables de cualquier eventual violación de nuestra soberanía abstracta y aparente serían Gustavo Petro e Iván Cepeda, que la ha violado concreta y realmente con la ley de paz total, la liberación de los cabecillas criminales, la suspensión de órdenes de captura y de extradición, y la consecuente proliferación de grupos narcoterroristas en toda la región. Háganse cargo, porque muchos no nos vamos a oponer y hasta podríamos celebrar lo que llegare a pasar.

Auto 007 de la Corte Constitucional: Del análisis sistémico a la responsabilidad individual.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Feb 2025 16:40:00 +0000

El reciente Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional marca un hito en la supervisión judicial del sistema de salud en Colombia. A pesar de mis reservas habituales sobre el activismo judicial, en este caso la Sala de Seguimiento de la Corte, una creación jurisprudencial nacida de la Sentencia T-780, se ha convertido en la única instancia institucional capaz de abordar una crisis generada por la gestión del Ministerio de Salud.

Este mecanismo de seguimiento ha demostrado su utilidad y necesidad, pero los riesgos del activismo judicial siguen vigentes. La independencia actual de la Corte es una garantía, pero en caso de captura institucional por parte del petrismo o cualquier otra facción autoritaria, estos riesgos se magnificarían. Como bien dicen los norteamericanos: “Personnel is policy”, y quienes toman las decisiones determinan su curso.

Las mentiras del Minsalud expuestas:

Uno de los puntos más relevantes del Auto 007 es la manera en que la Corte desnudó la mala fe, la constante invocación de la propia culpa y las mentiras sistemáticas del Ministerio de Salud. Se escudaron en que la información proporcionada por las EPS era de mala calidad, pero la Corte les enrostró que conocen esta situación desde 2011 y no han tomado medidas para mejorarla. La Corte también determinó que existe un déficit acumulado de 15,8 billones de pesos desde 2011, sumado a un déficit adicional de 15,5 billones producto de la pandemia.

Las contradicciones del Ministerio son flagrantes: primero afirmaron ante la Corte que el COVID-19 no aumentó la frecuencia de uso del sistema de salud, pero al mismo tiempo justificaron pagos adicionales precisamente por ese aumento. Ni siquiera saben mentir sin quedar en evidencia.

De otro lado, el Ministerio de Salud excluyó datos clave de EPS como Compensar sin justificación alguna y la Corte evidenció que la siniestralidad se ha incrementado en más del 100%. También se demostró que el Ministerio ha incluido nuevos procedimientos mediante mecanismos poco transparentes, eliminando notas técnicas y fraccionando la Unidad de Pago por Capitación (UPC), afectando así la suficiencia de la UPC para cubrir gastos en salud.

Uno de los argumentos favoritos de los defensores del gobierno, el de las reservas técnicas, también se desmoronó. La Corte concluyó que estas no fueron “robadas”, sino que su disminución responde a la falta de aumento de la UPC. Además, señaló que extender el plazo para recomponerlas no es suficiente sin un incremento de la UPC.

No hay pruebas de la supuesta corrupción de las EPS.

El Ministerio de Salud ha intentado justificar su gestión con acusaciones de corrupción en las EPS, pero la Corte desmintió que existan investigaciones concluyentes. La Contraloría no tiene casos abiertos y la Fiscalía ni siquiera ha imputado cargos. Minsalud recurrió al caso de SaludCoop, pero la Corte les reprochó que no presentaran ejemplos actuales y se apoyaran en casos viejos como el de SaludCoop.

Incluso las acusaciones sobre pagos de utilidades anticipadas a socios de EPS fueron desmontadas. La Corte reconoció que estas prácticas no son ilegales y que el Ministerio no ha demostrado su impacto negativo ni ha tomado medidas para evitarlas.

La Corte también llamó la atención al Ministerio de Salud por su falta de participación efectiva con las EPS y otros actores, tratándolos como meras formalidades. Esto se ha repetido en todas las discusiones de reforma, incluyendo los sectores laboral, pensional y minero.

Lo que queda claro es que el actuar administrativo de Minsalud es un piloto de lo que pretende con la reforma legislativa: un sistema monopólico en el aseguramiento, y un monopsonio en la compra de servicios médicos a las IPS. Esto llevaría inevitablemente al arbitrio absoluto del gobierno central, que redundaría en la quiebra de las IPS que no sean de su agrado por vía del direccionamiento contractual y de los pagos, no sin antes extraer su infraestructura y conocimiento técnico.

Más allá de las conclusiones sobre el sistema, este auto debe traducirse en responsabilidades personales concretas. Funcionarios que han causado un daño que se mide en vidas deben rendir cuentas. Aquí no hablamos solo de mala gestión de la exministra Corcho y el Ministro Jaramillo, sino de posibles delitos como prevaricato en concurso con homicidio por dolo eventual. Los funcionarios sabían que sus actos administrativos eran contrarios a la ley, y sabían que producirían muertes evitables, y sin embargo decidieron emitirlos dejando al azar la concreción de muertes completamente prevenibles de no haberse desfinanciado el sistema deliberadamente.

La Corte Constitucional ha hecho su trabajo. Ahora es el turno de la justicia, los organismos de control y la sociedad, para exigir respuestas, soluciones y condenas disciplinarias, fiscales y penales.

Cese al fuego del gobierno Petro: Deformación del DIH para violar los Derechos Humanos

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 13 Jan 2025 22:11:00 +0000

El pasado 2 de agosto de 2022 se anunció, con pompa y ceremonia, el enésimo inicio de un supuesto “cese al fuego” entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista transnacional ELN, solo para que al día siguiente el grupo criminal ratificara que seguiría secuestrando, extorsionando y afectando a la población civil.

No es nueva la actitud del ELN, pero sí lo es la de la Rama Ejecutiva, que en cabeza del actual presidente y su ministro de defensa ha manejado una extraña tesis según la cual un cese al fuego es equivalente a acabar con el imperio de la ley y la persecución del crimen en el marco de los Derechos Humanos.

Fue así como en medio del refrito mediático de este nuevo inicio de cese al fuego, que el ministro de defensa Iván Velásquez hizo una aseveración que ha pasado desapercibida para la mayoría, pero que constituye un verdadero disparate jurídico que ha atravesado a toda la política de “paz total” desde su inicio. En sus propias palabras, el ministro espera “una progresividad en el cese bilateral al fuego que llegue finalmente (…) a extenderse en la suspensión de acciones respecto de la población civil”.

La afirmación del ministro que refleja, o bien un profundo desconocimiento del gobierno en materia de DIH y Derechos Humanos, o bien una interpretación muy amañada de estos instrumentos, que a su vez es la causa primera de la actitud ventajosa del ELN y demás grupos criminales ante los imprudentes ofrecimientos de la presidencia.

Porque resulta que el orden de las cosas es justamente al revés de lo planteado por el señor Velásquez: La población civil no puede ser considerada NUNCA como un objetivo militar, y cualquier afectación debe cesar de forma inmediata y no progresiva. Por lo tanto, un cese al fuego sólo debe operar como el efecto de un armisticio y referirse exclusivamente a los combatientes que desarrollan hostilidades, pero de ninguna manera puede entenderse como un cese de toda actividad de mantenimiento del orden constitucional, que termine por dejar desprotegida a la población civil ante la delincuencia. Cualquier afectación a la población por parte de un grupo armado es un delito que debe ser perseguido y castigado en el marco de la ley ordinaria que aplica en todo momento, y en el contexto de un conflicto armado se trata de un crimen de guerra que amerita más y no menos acción del estado.

Para entender a profundidad lo anterior aclaremos algunos conceptos.

El “cese al fuego” es una institución jurídica propia del DIH, es decir, del conjunto de normas internacionales que regulan la guerra. Estas normas sólo son aplicables cuando hay, en efecto, una guerra, bien sea internacional, o no internacional, cuando dentro de un estado hay enfrentamientos con fuerzas beligerantes capaces de 1) controlar territorio y 2) mantener operaciones militares sostenidas. Cuando no hay guerra, se aplica el derecho “ordinario”, también conocido como el "marco de los derechos humanos", es decir, la Constitución y la Ley, que ordenan al Presidente y a la Fuerza Pública proteger en todo momento a los colombianos en su vida, honra y bienes.

Por ello sólo cabe hablar de cese al fuego cuando hay, valga la redundancia, fuego entre combatientes enfrentados, no cuando hay criminalidad común, ni cuando uno de los grupos armados ataca o afecta a civiles, pues en todos estos casos el Estado tiene el deber irrenunciable de proteger a la población.

Pero resulta que este gobierno, que en sus largos dos años tiene como único logro el sacar de la cárcel a los principales cabecillas criminales -para supuestamente negociar un sometimiento a la justicia con quienes ya habían sido sometidos-, abusa de la figura del cese al fuego, propia del derecho de la guerra, para maniatar a la Fuerza Pública, desmantelar el derecho ordinario aplicable en tiempos de paz, y con ello colapsar el imperio de la ley, permitir el copamiento de los grupos armados, perder el control territorial, promover la milicianización del país, y allí sí, generar las condiciones para la agudizacion de un conflicto que dos años antes difícilmente cumplía con los requisitos del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Recuérdese por ejemplo, que el ELN y las FARC 1) no controlaban territorio -ni siquiera se encontraban en territorio colombiano, sino al amparo de la dictadura venezolana-, y 2) difícilmente podían mantener operaciones militares sostenidas, por lo que acudían al terrorismo y al ataque a las fuerzas de Policía que en estricto sentido son civiles.

Por eso no es de extrañar que el ELN hiciera eco de las declaraciones del ministro y anunciara al día siguiente que las extorsiones, secuestros y demás afectaciones a la población civil continuarían, y que “ese tema se está trabajando y esperamos que se resuelva”. Así, "progresivamente", como lo espera el gobierno "progresista".

La confusión del ministro de defensa en las categorías jurídicas del DIH y la Ley en tiempos de paz puede ocurrir por ignorancia, por aquiescencia o tal vez por complacencia, pero de cualquier modo el efecto sobre la ciudadanía es el mismo: el colapso del Estado de Derecho y la desprotección de los colombianos. Ahora que sale a la luz la confesión de Nicolás Petro sobre la financiación ilícita de la campaña presidencial, y se hacen más palpables los nexos de grupos oscuros con el petrismo, incluída la dictadura venezolana, tiende uno a pensar que podría ser alguna de las últimas dos opciones.

Seguridad Hemisférica y Derechos Humanos Inc.

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 11 Jan 2025 16:30:00 +0000

El reciente robo de las elecciones Venezolanas con el acto nulo de toma de posesión realizado por el dictador Nicolás Maduro, en medio del secuestro exprés a María Corina Machado, ha potenciado el debate regional sobre el uso de la fuerza para acabar con la tiranía y ha convencido a buena parte del público sobre su necesidad.

Mientras que la extrema izquierda de Gustavo Petro propone fórmulas de “Paz Política” y otras jurídicamente inviables como una amnistía de alcance internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y Cabello, otros actores dentro y fuera de Venezuela piden la intervención de fuerzas regulares internacionales invocando el deber internacional de proteger derechos humanos.

Más recientemente se viene comentando otra posibilidad: la de contratar los servicios privados de seguridad ofrecidos por firmas como la Norteamericana Blackwater, para capturar y extraer a los usurpadores ahora que no hay duda de que han perdido la inmunidad diplomática. Esta opción no sería nueva en territorio venezolano, pues la firma Rusa Wagner lleva varios años en el país caribeño; ha sido presentada además como una opción justificada en clave libertaria y de mercado; e incluso es permitida por ambas constituciones venezolanas, la del 98 y la del 61.

Contratar mercenarios no solo tiene un sentido libertario y constitucional al interior de Venezuela, sino que además es una de las pocas opciones viables en el derecho internacional. Esto es así debido a que la doctrina internacional vigente de Ius ad Bellum o derecho a hacer la guerra, ha bloqueado y maniatado los ejércitos nacionales regulares para actuar en defensa de la democracia y los derechos humanos de un tercer país, pero no opone los mismos obstáculos para contratar servicios privados de seguridad. Veamos.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el derecho de hacer la guerra correspondía a cada estado y hacía parte del concepto de soberanía: un estado se concretaba y se distinguía, entre otros factores, por ser una institución capaz de declarar y llevar a cabo una guerra. El problema con esta tesis es que cualquier estado podía declarar la guerra a otro por cualquier motivo, y si bien Santo Tomás de Aquino fue el primero en crear una doctrina de guerra justa, lo cierto es que dicha doctrina nunca tuvo un poder vinculante entre los estados, y los conflictos internacionales pulularon por toda Europa hasta llegar al horror de las dos guerras mundiales del siglo pasado.

La vieja doctrina del derecho a la guerra cambió con el fin de la Segunda Guerra Mundial. En adelante, un estado-nación sólo podría declarar una guerra y hacer uso de la fuerza con la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, conformado por las potencias ganadoras, las cuales cada una tiene derecho de vetar cualquier iniciativa contraria a sus intereses. Este esquema ha traído cierta paz al mundo, pero ha resultado problemático en el sentido de que las principales potencias del Consejo de Seguridad tienen el peso fáctico suficiente para saltarse el mecanismo cuando así lo quieren. Estados Unidos lo hizo en su invasión a Irak y Afganistán, y Rusia hizo lo mismo frente a Ucrania.

De otro lado, la doctrina de Naciones Unidas sobe el uso de la fuerza, junto con otras figuras jurídicas internacionales como el delito de agresión -que consiste en pertrecharse, prepararse e iniciar una conflicto internacional-, han mostrado ser problemáticas en el sentido de que impiden a las naciones libres y democráticas de la periferia intervenir con sus ejércitos regulares en un tercer país para proteger a sus habitantes y sus derechos humanos. Una propuesta de intervención a favor del pueblo venezolano sería inmediatamente vetada por Rusia y por China en el Consejo de Seguridad. Y en contraste con las grandes potencias, un estado hispanoamericano difícilmente podría saltarse al Consejo de Seguridad de la ONU sin consecuencias. El delito de agresión, además, siempre será una herramienta de guerra jurídica (lawfare) disponible para los grupos de izquierda como el grupo de Puebla, que son ávidos usuarios del litigio estratégico internacional. Todo ello es agravado por el momento político de la principal potencia hemisférica, Estados Unidos, que eligió a un presidente que no gusta de las intervenciones militares en el exterior y propone una reconfiguración multipolar de la geopolítica internacional.

Así las cosas, resulta paradójico que la doctrina internacional vigente sobre el derecho a hacer la guerra le impide a los estados nación proteger directamente los derechos humanos con una intervención de sus fuerzas militares regulares, pero no impide que se haga a través de un ejército privado. Se trata de algo así como la privatización internacional no advertida de la defensa militar de los derechos humanos. La doctrina vigente deja atados de pies y manos a, por ejemplo, Argentina y Estados Unidos que tienen a varios ciudadanos suyos secuestrados por la dictadura. También deja maniatada a Colombia, que recibe ataques de grupos irregulares que se refugian en Venezuela al amparo de un narcorégimen, cuyos funcionarios incluso han amenazado con bombardear barrios residenciales en Bogotá, y por supuesto, deja maniatados a los propios Venezolanos. En suma, la doctrina de Naciones Unidas obliga a las naciones más directamente afectadas por los desafueros de Chávez, Maduro y Cabello, a abstenerse de usar la fuerza militar regular allí donde hace menos de ochenta años hubiera sido legítimo hacerlo.

Y sin embargo, la doctrina del derecho a la guerra de Naciones Unidas no impide que el presidente constitucional de Venezuela, Edmundo Gonzalez, utilice un ejército privado para recuperar su libertad. Este grupo privado, que bien podría incorporar elementos nacionales, debe observar, eso sí, las normas del DIH y Derechos Humanos durante sus operaciones, principalmente distinguiendo civiles de combatientes. Es decir, debe observar el Ius in Bellum, el derecho EN la guerra, pero nada le impide a los venezolanos contratar a grupos privados para ejercer su Ius Ad Bellum; su derecho a iniciar una operación militar legítima por la restauración de la Democracia. De hecho, desde un punto de vista pragmático, político y jurídico, parece ser el único camino.