Antonio Esteban 2.0

El nuevo principio de prudencia financiera de las administraciones públicas

2012-02-25T09:35:00.000+01:00

Las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán realizar operaciones de endeudamiento a través de los siguientes instrumentos:

Valores negociables, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista.
Préstamos bancarios.
Líneas de crédito.
Certificados de Deuda bajo ley alemana (Schuldschein).
Otros instrumentos que autorice la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el condicionamiento de las nuevas operaciones de endeudamiento al cumplimiento de ciertas condiciones que aseguren la prudencia de las citadas operaciones y la certificación del cumplimiento de dichas condiciones financieras, una vez ejecutadas efectivamente.

Esta condicionalidad supone la necesidad de autorización por parte de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, SGTPF, de las operaciones de endeudamiento que se produzcan tras la concesión de la línea de financiación.

Para otorgar dicha autorización, la SGTPF, debe de tener en cuenta el cumplimiento del principio de prudencia financiera que se concreta como el conjunto de las condiciones establecidas en la Resolución de 23 de febrero de 2012 de la SGTPF.

La SGTPF podrá resolver no autorizar una operación de endeudamiento financiero cuando considere que los costes de dicha operación o los términos en los que ésta se plantea pueden ser demasiado gravosos y poner en peligro la solvencia futura de la entidad solicitante o la de otras Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía o de la Administración General del Estado.

Imagen: Fundesem

Análisis de las operaciones vinculadas en el nuevo Impuesto de Sociedades (I)

2012-02-21T08:18:00.000+01:00

En la próxima declaración del Impuesto de Sociedades (Modelo 200) no existirá obligación de documentación, de las operaciones vinculadas, cuando la contraprestación del conjunto de las operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada no supere 250.000 euros, salvo las operaciones específicas (artículo 18.4 e) 1º a 4º del Reglamento del IS) que en todo caso deben de documentarse.

No obstante, en el caso de personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo sea inferior a diez millones de euros, no tendrán obligación de documentación cuando el conjunto de las operaciones vinculadas (incluidas las específicas) no supere 100.000 euros. En todo caso, deben documentarse las operaciones con paraísos fiscales (Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril).

En relación con los criterios de imputación, en las operaciones que:

supongan gastos o ingresos contables, debe de atenderse al criterio de devengo contable de dichas operaciones con independencia de cuando se produzca la corriente monetaria del cobro o pago.
no supongan gasto o ingreso contable (por ejemplo adquisición de un inmueble a una persona o entidad vinculada), se atenderá a la fecha de realización de la operación con independencia de cuanto se produzca la corriente monetaria derivada de las mismas.
se extienden a lo largo de varios ejercicio, si el valor de la operación supera los límites (100.000 / 250.000 euros) y la operación sigue vigente a lo largo de varios ejercicios sólo debe declararse en la información adicional del ejercicio en que se realice la operación.

Mención especial merecen las prestaciones de servicios continuadas a lo largo del tiempo en los que, tanto para determinar si se deben declarar o no, como para determinar en qué momento deben declararse, habrá que estar al valor de la operación en cada uno de los ejercicios.

Normativa contable en España (NIIF, NOFCAC, PGC, CBE)

2012-02-19T09:40:00.001+01:00

Con la aprobación, en septiembre de 2010, de las nuevas Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC), por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), la consiguiente armonización con la regulación europea en materia de Combinaciones de Negocios y la publicación, en diciembre de 2010, de las Normas Contables de las Sociedades Cooperativas (NCSC), nos permite configurar la normativa contable en España en los términos que se detallan a continuación.

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Deterioro de créditos por la insolvencia de entidades vinculadas en situación concursal

2012-02-16T09:27:00.000+01:00

Resulta conocido que la legislación vigente del Impuesto de Sociedades (artículo 12 del TRLIS) establece que son deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en el momento del devengo del impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación.
Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
Que el deudor esté procesado por delito de alzamiento de bienes.
Que las obligaciones haya sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya solución dependa su cobro.

No obstante, no serán deducibles las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades vinculadas con el acreedor, salvo en el caso de insolvencia judicialmente declarada, ni las pérdidas basadas en estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores

Resulta, por otra parte, que la expresión insolvencia judicialmente declarada no se recoge, de forma expresa, en nuestra legislación surgiendo, por tanto la cuestión:

si la situación de concurso de acreedores es totalmente equiparable a
la insolvencia judicialmente declarada que exige el TRLIS,

para considerar como fiscalmente deducibles a las pérdidas por deterioro de los créditos, derivados de las posibles insolvencias de deudores cuando se trate de personas o entidades vinculadas.

La respuesta, en este caso, sólo puede ser negativa.

La rotunda afirmación anterior se debe a la Dirección General de Tributos, DGT, en una reciente consulta, argumentando que:

En efecto, así como la Ley concursal 22/2003 de 9 de Julio modificada, por la Ley 38/2011, de 10 de Octubre, en su artículo 2 declara que procederá la declaración de concurso en caso de insolvencia del deudor común, y añade que se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, no encontramos en nuestro ordenamiento una definición precisa de lo que podríamos considerar como “insolvencia judicialmente declarada”.

En consecuencia, añade la consulta que la mera declaración de concurso de una entidad vinculada no puede considerarse como una insolvencia judicialmente declarada, puesto que, dicha declaración tan sólo nos está poniendo de manifiesto que el deudor se encuentra en una situación de insolvencia, pero no va más allá, y todavía no se precisa si esa insolvencia tiene la consideración de provisional (antigua suspensión de pagos) o definitiva (antigua declaración de quiebra

Así, el auto del juez por el que acuerde la apertura de la fase de liquidación, sería la declaración judicial más clara de insolvencia que exige el artículo 12 del TRLIS para las personas o entidades vinculadas, ya sea en la fase inicial del concurso, ya sea como consecuencia del incumplimiento de un convenio concursal. Ya que la apertura de dicha fase, entre otras circunstancias, implica una estimación de que el deudor ni va a continuar la actividad económica, ni se va a poder atender la totalidad del pasivo del concursado. Sin perjuicio, de la posibilidad de que el deudor en su caso, pudiera afrontar determinadas deudas, puesto que de otra forma el concurso finalizaría anómalamente por falta de activo realizable.

En conclusión, hay que señalar que en el presente caso, el hecho de que la entidad vinculada se encuentre en una situación de concurso, no implica per se una insolvencia judicialmente declarada, sino que habría que ir más allá y determinar si mediante auto judicial se ha abierto la fase de liquidación, y por tanto, si se ha declarado judicialmente dicha insolvencia tal y como exige el artículo 12 del TRLIS.

Comunicación de la declaración de concurso (AEAT, TGSS)

2012-02-15T17:03:00.000+01:00

El artículo 21.4 de la Ley concursal, en la redacción dada por Ley 38/2011, impone a la administración concursal la obligación de comunicar la declaración del concurso, en los siguientes términos:

La comunicación se dirigirá por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no su condición de acreedoras. Igualmente se comunicará a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte.

Esta obligación deberá cumplirse para todos los concursos que se declaren a partir del 1 de enero de 2012 (Disposición transitoria 1ª.1 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre).

Formulario de comunicación a la Agencia Tributaria.

Formulario de comunicación a la TSGS.

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Novedades tributarias de la reforma concursal.

Modificaciones en el IVA con la reforma concursal.

Imagen: Arriaga Asociados.

Fiscalidad de las subvenciones para el empleo autónomo

2012-02-14T09:35:00.000+01:00

Las subvenciones que tienen por objeto el establecimiento o el mantenimiento del empleo autónomo, tienen en el ámbito del IRPF, la calificación de rendimientos de actividades económicas, conforme lo dispuesto en el artículo 27.1 de la LIRPF y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

No obstante, las distintas modalidades que pueden adoptar estas ayudas y sus diferentes aplicaciones dan lugar a un distinto tratamiento tributario según la calificación que proceda otorgar a las ayudas:

Si las ayudas se aplican a compensar gastos del ejercicio o la pérdida de ingresos, tendrán el tratamiento de subvenciones corrientes y, por tanto, se consideran ingresos del ejercicio.
Por el contrario, las destinadas a favorecer inversiones en inmovilizado o gastos de proyección plurianual se tratarán como subvenciones de capital, imputándose, como ingresos, en la misma medida en que se amorticen las inversiones o los gastos realizados con cargo a las mismas.

No obstante, en este segundo caso, cuando los bienes no sean susceptibles de amortización, la subvención se imputará íntegramente en el ejercicio en que se produzca la enajenación o la baja en el inventario del activo financiado con dicha subvención.

Por tanto, como expresa una reciente consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, la subvención tendrá el carácter de subvención de capital siempre que tenga como finalidad la financiación de inmovilizado o capital fijo del empresario o profesional. No obstante, si su objeto es garantizar, en el inicio o durante el ejercicio de la actividad, unos ingresos mínimos, deberá tratarse como una subvención corriente.

En cuanto a la imputación temporal de la subvención, el artículo 14.1.b) de la LIRPF remite a la Ley del Impuesto de Sociedades, LIS, señalando el artículo 19.1 que:

Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.

Por tanto, la subvención deberá imputarse en el período impositivo en que se devengue. Esta circunstancia se producirá en el período impositivo que comprenda la fecha de la resolución concesionaria definitiva de la misma, es decir, cuando se reconozca en firme la concesión de la subvención y se cuantifique la misma.

No obstante, añade la consulta referida, que si el contribuyente hubiese optado por el criterio de cobros y pagos, en los términos previstos en el artículo 7.2 del Reglamento del IRPF, que establece la opción de utilizar el criterio de cobros y pagos para imputar temporalmente los ingresos y gastos derivados de rendimientos de actividades económicas, la subvención deberá imputarse en el período impositivo en que se produzca el correspondiente cobro de la misma.

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Imagen: Gananzia.

La obligatoriedad del Informe de Gestión

2012-02-09T18:37:00.000+01:00

La obligación de la sociedad de presentar el informe de gestión surge desde que nace para la sociedad la obligación de auditar sus cuentas, bien por haber:

alcanzado durante dos años consecutivos dos de los límites señalados en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC),
solicitado la auditoría de cuentas del último ejercicio vencido los socios minoritarios, al amparo del derecho que les reconoce el artículo 265.2 de la LSC.

Así lo expresa una reciente resolución, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, DGRN, al ocuparse de un recurso interpuesto al Registro Mercantil por no practicar el depósito de las cuentas anuales por la falta del informe de gestión correspondiente.

Señala la resolución referida que el artículo 279 de la LSC que dispone, de manera taxativa, que:

los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría.

Añade la resolución de la DGRN que, obviamente, el informe de auditoría habrá de abarcar también el informe de gestión del último ejercicio económico para su verificación por el Auditor de cuentas.

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La acreditación del desembolso de los dividendos pasivos

2012-02-08T09:06:00.000+01:00

Constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha venido manteniendo sin interrupción desde el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta la vigente Ley de Sociedades de Capital, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. Al hacer efectivo dicho principio, contribuye de manera esencial la acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias que se efectúan como contravalor del capital social.

El legislador societario ha encomendado siempre de forma exclusiva el control de existencia efectiva, de la realidad de las aportaciones dinerarias al notario autorizante del correspondiente instrumento público en que se formalice la prestación de tal contravalor del capital social (escritura fundacional, de aumento de capital o de desembolso de dividendos pasivos). De manera tasada se impone que esta comprobación directa la haga el notario, ya sea a través de la certificación (que se unirá a la escritura) justificativa del depósito de las sumas dinerarias en una entidad de crédito a nombre de la sociedad, o bien, en caso de recepción por éste de aquellas sumas, mediante el depósito que haga de las mismas a nombre de aquélla, debiendo quedar la oportuna constancia documental, según el sistema seguido, en los términos previstos en el artículo 62.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Dirección General de los Registros y del Notariado se manifiesta en estos términos, en una reciente resolución, resultando muy ilustrativa la afirmación que el referido:

requisito no puede entenderse cumplimentado por la comprobación contable que ha llevado a cabo el auditor nombrado por el Registro Mercantil.

Cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital y disolución

2012-02-06T21:40:00.000+01:00

El Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, recoge en la disposición adicional quinta el cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en la sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

El Real Decreto-ley renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del citado real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, que señala que a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para:

no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias.

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Recomendaciones relativas a las informaciones financieras trimestrales

2012-02-01T20:25:00.001+01:00

Resulta conocido que el marco regulatorio vigente establece que los emisores, cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, harán público y difundirán con carácter trimestral una declaración intermedia de gestión, cuyo contenido mínimo puede ser meramente descriptivo. No obstante, esta declaración intermedia de gestión no será exigida en el caso de los emisores que publiquen un informe financiero trimestral, de conformidad con lo establecido en la NIC 34.

En este sentido, recientemente el Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, adoptó el acuerdo de publicar unas recomendaciones relativas al contenido de las declaraciones intermedias de gestión, que las entidades con acciones admitidas a negociación remiten a los mercados de valores con carácter trimestral, en los siguientes términos:

Importe neto de la cifra de negocios (modelo general), margen por intereses (modelo de entidades de crédito) y primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (modelo entidades aseguradoras).
Resultado bruto (EBITDA) o neto (EBIT) de explotación (modelo general) y márgenes similares para entidades de crédito y seguros.
Resultado antes de impuestos y Resultado del ejercicio distinguiendo, en el caso de estados consolidados, entre el atribuido a la entidad dominante y a los socios externos.
Otros componentes del resultado global y Resultado global total.
Tasas de morosidad y solvencia (entidades de crédito), otros indicadores relevantes de la actividad y las operaciones significativas, incluyendo los principales pasivos contingentes.
Estado resumido de situación financiera (balance), incluyendo al menos:

Entidades de crédito: cartera de negociación, activos financieros disponibles para la venta, inversión crediticia, pasivos financieros a coste amortizado y patrimonio neto.
Entidades de seguros: cartera de negociación, activos financieros disponibles para la venta, inversión crediticia, pasivos financieros a coste amortizado y patrimonio neto.
Resto de entidades: activos no corrientes, capital circulante, patrimonio neto y endeudamiento financiero.

Adicionalmente, la CNMV, recomienda incluir las explicaciones que sean necesarias para una adecuada comprensión de la evolución de las magnitudes financieras relevantes, así como que se tengan en cuenta las siguientes indicaciones:

Definir las medidas pro-forma que se incluyan en la información trimestral, indicando el método de cálculo empleado y una explicación o conciliación con las cifras contables.
Acompañar los datos cuantitativos de un periodo con información comparativa del periodo anterior. En el caso de magnitudes relacionadas con el estado de situación financiera resumido se recomienda incluir, como cifras comparativas, las del cierre del ejercicio anterior, mientras que para el resto de estados financieros resumidos se recomienda incluir las cifras del mismo periodo del ejercicio anterior.

Imagen: El Conta punto.com.

3 escenarios relacionales del patrimonio neto con el capital social

2012-01-06T17:13:00.000+01:00

Hemos comentado con anterioridad la peculiar relación que mantienen dos magnitudes tan relevantes en el entramado jurídico-contable de las sociedades mercantiles, como son el patrimonio neto y el capital social.

En esta entrada nos proponemos de la simple relación cuantitativa, que mostramos a continuación, inferir las opciones de gestión, para cada uno de los escenarios contemplados, en el marco de la legislación vigente.

En primer lugar, es sabido que el patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos y, de acuerdo con el Código de Comercio, a los efectos de la:

distribución de beneficios,
reducción obligatoria de capital social y
disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada,

se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio neto.

Delimitada la expresión de patrimonio neto, recogemos las 3 limitaciones en la legislación mercantil, en función de su relación con el capital social, siguientes:

Prohibición de repartir dividendos si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta.
Reducción de capital obligatoria, para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.
Disolución obligatoria cuando las pérdidas generadas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En la tabla siguiente recogemos, como avanzamos, algunas opciones de gestión societaria en relación con el desequilibrio patrimonial:

Escenario I: no existen limitaciones ni imposiciones legislativas en relación con el capital social ni con el reparto de dividendos. Recogemos en la tabla la expresión Acuerdo de los socios como el determinante de las gestiones a realizar.
Escenario II: resulta obligatoria la reducción de capital o el aumento del mismo en la cuantía que permita recuperar el equilibrio entre el patrimonio y el capital social.
Escenario III: es obligatoria la disolución de la sociedad salvo que se reduzca o aumente el capital en la medida necesaria y, además, habrá que considerar lo establecido en la Ley Concursal en torno a la obligatoriedad de la solicitud de la declaración de concurso.

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El mantenimiento (normativo) del desequilibrio patrimonial (capital social vs. patrimonio neto).

La contabilidad ‘discrecional’ y el coste del riesgo

2012-01-06T11:26:00.001+01:00

En la lectura de la prensa nos hemos encontrado un excelente artículo; ¿Sabemos gestionar un 'banco bueno'? (Marino Sánchez-Cid en Expansión) que, especialmente, el apartado dedicado al título de la entrada: La Contabilidad discrecional y el coste del riesgo, argumentando la discrecionalidad de los resultados bancarios, nos parece muy interesante y reproducimos a continuación.

La construcción de la cuenta de resultados de la banca siempre ha tenido un alto grado de discrecionalidad por parte de los gestores, justificada por un ciclo temporal del riesgo muy superior al año, y alentada por la importancia de transmitir confianza en la institución y en el sistema, pero en España ahora hemos caído en la cuenta de que los bancos y cajas nunca tienen pérdidas casi por definición. Incluso las entidades intervenidas por el Banco de España o adquiridas por el Frob a una fracción de su valor contable han estado reportando beneficios hasta cinco minutos antes.

Los motivos por los que se ha llegado a este punto incluyen desajustes en la normativa contable y entre la función de supervisión y la de auditoría, pero hay otros relacionados con una gestión financiera deficiente, una de cuyas manifestaciones es no tratar contablemente el riesgo como un coste operativo de la función de intermediación financiera.

El margen financiero debido a posiciones abiertas en el balance respecto a la estructura temporal de la curva de tipos se lleva alegremente a resultados sin considerar que la mejor estimación del coste del fondeo de una posición a largo no son los costes de la posición a corto que la financia, sino el coste forward al plazo equivalente, algo que no todos los bancos tienen bien resuelto a nivel de contabilidad analítica.

Tampoco se considera al riesgo de crédito como un ajuste al margen financiero, sino como algo extraordinario que se pone al final de la cuenta de resultados tratando de compensarlo con otros resultados extraordinarios y, si no los hay, esperando a poder llevarlos contra reservas con motivo de alguna operación de fusión. Mientras tanto, se trata de mantener contablemente la ficción del valor en libro de los créditos sin tomar decisiones que pongan de manifiesto la depreciación del valor. En general, ese tipo de manejo discrecional de la cuenta de resultados es bastante común en todos los bancos, pero mientras algunos lo han podido utilizar dentro de ciertos límites y de forma responsable, en el conjunto del sistema se ha ido totalmente fuera de control.

El resultado es que, paradójicamente, el sector financiero es donde se toman decisiones con criterios menos financieros y más contables.

Últimas novedades tributarias de aplicación en 2011 y 2012

2012-01-05T09:23:00.000+01:00

El Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes para la corrección del déficit público, ha introducido una serie de modificaciones tributarias de aplicación desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011, con incidencia en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Renta de no Residentes, IVA e Impuestos Especiales. Recogemos, a continuación, el documento de la Agencia Tributaria informando sobre las citadas novedades.

Últimas novedades tributarias (RDL 20/2011)

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2012-01-04T13:19:00.000+01:00

El hecho de que una entidad se encuentre incursa en procedimiento concursal, por haberse dictado por el Juez competente el correspondiente auto de declaración de concurso, no inhibe ni suspende las facultades de comprobación e investigación de la Administración Tributaria, en aras a la correcta determinación de los créditos públicos y que pueden culminar en la práctica de liquidaciones tributarias, ya que ni la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), ni la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), incluyen precepto alguno que impida el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria para practicar liquidaciones tributarias por el hecho de que el obligado tributario se encuentre en situación de concurso, cualquiera que sea la fase de tramitación en que se encuentre el mismo.

En este sentido hay preceptos que implícitamente contemplan esa posibilidad, como por ejemplo el artículo 92 de la LC, con la nueva redacción que introduce la Ley 38/2011, que establece que son créditos subordinados:

Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.

Por tanto, la Administración Tributaria puede practicar liquidaciones tributarias aunque se haya producido la declaración de concurso del obligado tributario y cualquiera que sea la fase de tramitación en que se encuentre el concurso. No obstante, en cuanto al alcance de la liquidación, la declaración de concurso impone ciertas restricciones respecto a uno de los componentes accesorios que suelen incluirse en la misma. Nos referimos a los intereses legales o convencionales, cuyo devengo se suspende al ser declarado el concurso, cuestión que comentaremos en próximas entradas.

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Novedades en los tipos de retención (IRPF) aplicables en 2012

2012-01-04T09:49:00.001+01:00

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ha introducido una serie de modificaciones de naturaleza tributaria de aplicación en 2012, que nos proponemos analizar en próximas entradas.

Comenzamos, el análisis de las novedades, con los tipos de retención y de ingresos a cuenta a utilizar en este año 2012, para ello hemos realizado tres bloques: rendimientos del trabajo, rendimientos actividades económicas y otras operaciones.

Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen:

durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes, y a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención a que se refieren los artículos 80.1.1.º y 82 del RIRPF, deberán realizarse sin tomar en consideración las modificaciones introducidas por el Real Decreto referido.
a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención tomando en consideración las modificaciones del Real Decreto citado, practicándose la regularización del mismo, si procede, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfaga o abone.

Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económicas serán:

El 15%, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria. No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 % sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.
Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
El 2% en el caso de rendimientos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1%.
El 2% en el caso de rendimientos procedentes de actividades forestales.
El 1% para otras actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Por otra parte, habrá que considerar que:

El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva será del 21%
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 21%.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera que sea su calificación, será del 21 %.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación, será el 24 %. El porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de esta Ley será del 21 %.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, será del 42%.

Actualización: Nota de la Agencia Tributaria

Nota Retenciones 2012
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Novedades del Calendario del Contribuyente 2012

2011-12-28T09:30:00.001+01:00

Novedades

El Impuesto sobre el Patrimonio, modelo 714, se restablece con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012.
Se suprime el modelo 197 “Relación de personas o entidades que no han comunicado su NIF al otorgar escrituras o documentos donde consten los actos o contratos relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles”.
Con carácter general desaparece la forma de presentación por vía telemática por teleproceso para declaraciones a presentar en el ejercicio 2012. Se exceptúan los modelos 185 “Declaración informativa mensual de los órganos y entidades gestores de la Seguridad Social y Mutualidades” y 186 “Suministro de información relativa a nacimientos y defunciones”.
Se posibilita la presentación por colaboradores sociales (obligatoria por Internet) para los modelos: 322 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual” y 353 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual”, para las autoliquidaciones correspondientes al primer periodo de declaración de 2012.
Se adelantará para la declaración del ejercicio 2012 a presentar en 2013, el plazo de presentación del modelo 347 “Declaración anual de operaciones con terceras personas” al mes de febrero.
Se incluyen nuevos campos y claves de operaciones en el modelo 340 “Declaración de operaciones incluidas en los libros del IVA e IGIC” que cumplimentados exoneran de la presentación del modelo 347 del ejercicio 2012 y posteriores.

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Nuevos criterios de imputación de las facturas en el modelo 347

2011-12-19T10:25:00.001+01:00

Hemos comentado en otras ocasiones, véase por ejemplo: en Gestión de impuestos y en este blog, la trimestralización de la información contenida en la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347) que conlleva la adecuada gestión de los criterios de imputación de las facturas, en principio, debe utilizarse el mismo criterio de imputación que en el modelo 340.

Por tanto, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que se deba realizar la anotación registral de la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante.

En las facturas expedidas deben estar anotadas en el momento que se realice la liquidación y pago del impuesto correspondiente a dichas operaciones.
En las facturas recibidas deben estar anotadas por el orden que se reciban y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción.

Por otra parte, consideramos interesante el documento, sobre preguntas frecuentes referentes a los modelos 340 y 347, que ha publicado la Agencia Tributaria que reproducimos a continuación.

Preguntas frecuentes de los Modelos 340 y 347 en 2012

Las subvenciones en las Cuentas Anuales (2011)

2011-12-12T08:43:00.000+01:00

Las subvenciones donaciones y legados recibidos constituyen una de las partidas contables susceptibles de representación contable en todos los estados contables que integran las cuentas anuales, atendiendo a sus distintas categorías y tipos, así como la temporalización de las mismas.

Como puede observarse en la siguiente imagen, se muestran las manifestaciones en el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

En las próximas entradas detallaremos, por una parte, las circunstancias de cada una de las manifestaciones que se representan en la imagen anterior; y, de la otra, mostraremos la incidencia de las referidas subvenciones en el resto de documentos contables integrantes de las cuentas anuales.

Capital social y absorción de pérdidas

2011-12-09T09:44:00.000+01:00

En el marco de los fondos propios de las entidades de crédito destacan, entre otros, el capital social de las sociedades anónimas, incluidas las primas de emisión desembolsadas, en la medida en que tenga menor prelación que todos los demás créditos en caso de concurso o liquidación, y excluida la parte del mismo contemplada (acciones sin derecho a voto y acciones rescatables) en la Circular 3/2008 del Banco de España; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorros, así como el fondo social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y las cuotas participativas de asociación emitidas por esta; las aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, y el fondo de dotación de las sucursales de entidades de crédito extranjeras.

La configuración de estos componentes han sido modificados, en vigor desde el 31 de diciembre de 2011, en los siguientes términos:

La entidad no podrá crear en el momento de la emisión expectativa alguna de que el instrumento de capital social contemplado en el párrafo anterior será objeto de recompra, rescate o amortización.

Se considerará menoscabada la contribución del instrumento de capital a la absorción de pérdidas del emisor cuando atribuya a sus tenedores algún tipo de privilegio en el reparto de ganancias sociales o en la liquidación y, en especial, cuando su retribución incumpla alguna de las siguientes condiciones:

Se hará con cargo a los resultados netos positivos del ejercicio o de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla;
No podrá superar el importe distribuible formado por los resultados netos positivos del ejercicio y las reservas de libre disposición;
No estará en modo alguno vinculado o ligado al importe desembolsado en el momento de la emisión;
No estará sujeto a un límite estipulado, salvo en los casos legalmente previstos para las cooperativas de crédito.

Ni el emisor ni cualquier empresa de su grupo económico podrán asegurar ni garantizar el importe desembolsado o la retribución, que tampoco podrán ser objeto de garantías, compromisos o acuerdo alguno que mejore jurídica o económicamente la prelación del potencial derecho de cobro.

En el caso de las cooperativas de crédito, el capital estará integrado por las aportaciones de los socios y asociados, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Su retribución estará condicionada a la existencia de resultados netos positivos o, previa autorización del Banco de España, de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla.
Su duración será indefinida, de forma que no puedan, en ningún caso, contabilizarse como pasivos financieros.
Su eventual reembolso quedará sujeto, al menos, a las condiciones que se deriven del número 4 del artículo séptimo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de crédito.
La aportación no tendrá privilegio alguno en su prelación en caso de concurso o liquidación, en relación con el resto de las aportaciones.

Imagen: Fondo de Garantía de Depósitos.

Publicadas las modificaciones tributarias del Modelo 347

2011-11-26T09:43:00.005+01:00

El modelo 347 de Declaración Anual de Operaciones con terceras personas del ejercicio 2011, a presentar en marzo de 2012, incorpora importantes modificaciones de contenido y de gestión con el Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre.

En relación con el contenido, los obligados tributarios deberán relacionar en la declaración anual de operaciones con terceros todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente.

La información sobre dichas operaciones se suministrará desglosada trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar.

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el IVA, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.

Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguro. A estos efectos, se atenderá al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas operaciones, en ningún caso, lo dispuesto lo siguiente:

Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura o documento sustitutivo, así como aquellas en las que no debieron consignar los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En relación con la gestión de la declaración anual de operaciones con terceros, habrá que tener en cuenta:

Las operaciones que deben incluirse en la declaración anual son las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración.
A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se debe realizar la anotación registral de la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.
En todos los casos previstos en el artículo 34.4, cuando estos tengan lugar en un año natural diferente a aquel al que corresponda la declaración anual de operaciones con terceras personas en la que debió incluirse la operación, deberán ser consignados en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas.
A estos efectos, el importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones.

Entradas relacionadas:

La nueva declaración de operaciones con terceros (Modelo 347).
Nuevo Modelo 347.
Contenido de la declaración de operaciones con terceros.
Plazo de presentación del modelo 347 (actualización 12/12/2011).

Nota informativa AEAT modelos 340 y 347

Nueva Cuenta de Resultados para Entidades sin Fines Lucrativos

2011-11-24T17:01:00.000+01:00

El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, PGC ESFC, y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, contiene importantes novedades en relación con las Cuentas Anuales.

Sin duda, la nueva cuenta de resultados es la que presenta los cambios más significativos al transitarse de un documento donde se reflejaban exclusivamente los ingresos y gastos imputados en el resultado del ejercicio, a un modelo que presenta todos los cambios producidos en el patrimonio neto, distinguiendo los siguientes conceptos:

Explicativas y muy interesantes nos resultan las observaciones del Marco Conceptual al respecto, cuando señala que en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica, y las cuentas anuales deberán incluir información relevante y fiable sobre los siguientes aspectos:

El grado de realización en el ejercicio de las actividades previstas para cumplir con los objetivos.
La naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad. En particular, se informará sobre las restricciones a las que, en su caso, estén sometidos los activos.
El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas, y medida de la capacidad de autofinanciación de la entidad, poniendo de manifiesto la variación de patrimonio neto originada en el periodo por este concepto.
La variación total del patrimonio neto de la entidad, como expresión de su viabilidad futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se le hayan encomendado. entidad.

A la vista de esta composición se infiere, como en el propio Real Decreto se afirma, que el saldo de la citada cuenta está formado por:

las aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y
por todos los ingresos y gastos del ejercicio y de los ejercicios anteriores que deban registrarse en el presente por causa de un cambio de criterio o la subsanación de un error contable.

Como resulta conocido, en el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de Contabilidad de PYMES, la citada información se muestra en el saldo del estado total de cambios en el patrimonio neto.

Por tanto, la nueva cuenta de pérdidas y ganancias presenta el resultado del periodo de forma independiente, configurándose a partir de esta presentación una magnitud aislada que permite conformar el núcleo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, o aplicar las reglas mercantiles para identificar el beneficio repartible.

A continuación recogemos un documento con la composición de la cuenta de resultados del PGC ESFL y las normas de formulación correspondientes.

Cuenta de Resultados del (nuevo) PGC de entidades sin fines lucrativos

Obligaciones (contables/administrativas) de PYMEs y Micro (empresas/entidades) en la UE

2011-11-24T08:41:00.001+01:00

Recientemente la Unión Europea (UE) ha presentado su posición en relación con la modificación la Directiva 78/660/CEE del Consejo relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las micro entidades, como puede observarse en la imagen adjunta.

La modificación consiste en la exención de determinadas obligaciones contables y administrativas para las microentidades, en los términos siguientes:

Los Estados miembros podrán establecer exenciones de algunas de las obligaciones previstas en la presente Directiva para las sociedades que, en la fecha de cierre del balance, no superen los límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes (microentidades):

total del balance: 250 000 EUR;
importe neto del volumen de negocios: 500 000 EUR;
número medio de empleados durante el ejercicio: 10.

Las micro entidades deben tener en cuenta los ingresos y gastos del ejercicio, con independencia de la fecha de recepción o pago de tales ingresos o gastos. No obstante, el cálculo de los gastos contabilizados durante el ejercicio pero relativos a un ejercicio posterior y de los ingresos percibidos antes de la fecha de cierre del balance pero imputables a un ejercicio posterior puede representar una carga importante para las micro entidades. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que eximan a las microentidades del cálculo y de la presentación de esas partidas únicamente en la medida en que tal exención se refiera a gastos que no sean ni los costes de materias primas y bienes consumibles, las correcciones de valor, los gastos de personal ni los impuestos. Puede reducirse así la carga administrativa que representa el cálculo de balances relativamente pequeños.

PYMEs y Micro (empresas y entidades) en la UE

La publicación anual de cuentas puede representar una carga importante para las microentidades. Al mismo tiempo, los Estados miembros han de garantizar que se cumplen las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que eximan a las microentidades de la obligación general de publicación a condición de que al menos una autoridad competente designada disponga de información sobre los balances, de conformidad con la normativa en vigor a nivel nacional y se trasmita la información al registro de empresas.

Documentación relacionada:

Cifra anual de negocios Vs. Volumen de operaciones

2011-11-22T12:39:00.008+01:00

La cifra anual de negocios (CAN) y el volumen de operaciones (VO) constituyen dos magnitudes de especial aplicación en el ámbito contable y tributario. Podría considerarse, en principio, que la primera (CAN) se utiliza, casi exclusivamente, en las cuentas anuales (constituye una de sus normas de elaboración); en tanto que la segunda es de especial aplicación en el Impuesto del Valor Añadido, determinante entre otras, de la calificación de gran empresa y, consecuentemente, de las liquidaciones mensuales o trimestrales.

No obstante, la CAN es la referencia elegida por el legislador en la reciente modificación de la normativa del Impuesto de Sociedades, en el marco de los ajustes económicos, en relación con el cálculo de los pagos fraccionados y la limitación de compensación de las bases imponible negativas de ejercicios anteriores.

Podemos observar, en el documento siguiente, la configuración de ambas magnitudes:

Cifra Anual de Negocios vs. Volumen de Operaciones

Resulta evidente, que ambas magnitudes difieren conceptual y cuantitativamente. Pero nos surgen algunas preguntas con respuestas que, por ahora, no tenemos suficientemente claras, como las que siguen:

¿Es la CAN la magnitud con mayor incidencia en la recaudación tributaria?
¿Hubiesen preferido las empresas el VO?
¿Existen situaciones y circunstancias peculiares o especiales que condicionen la referida incidencia?
¿Qué magnitud representa mejor la capacidad económica actual de la empresa?

Esperamos contemplar en próximas entradas con vuestra colaboración las respuestas adecuadas.

Las (tres) categorías del Capital Social Cooperativo

2011-11-21T08:22:00.000+01:00

La nueva configuración de la situación patrimonial de las sociedades cooperativas a raíz de la aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad, PGC, al incorporar los criterios previstos en las Normas internacionales de información financiera vigentes en la Unión Europea (NIIF-UE), en particular, la Norma internacional de contabilidad (NIC) n.º 32 Instrumentos financieros: Presentación y la Interpretación n.º 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares del Comité de Interpretaciones de las NIIF, en la calificación de los instrumentos financieros como fondos propios o pasivos, es uno de los pilares fundamentales en las nuevas normas contables de las cooperativas, NMCSC, publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

En las citadas normas se desarrolla el concepto de capital social cooperativo, su calificación y valoración como fondos propios, instrumento financiero compuesto o pasivo financiero, así como el tratamiento de la remuneración asociada al citado capital.

El criterio delimitador entre dichas categorías lo constituye, fundamentalmente, la obligación frente al socio de la cooperativa:

tanto de devolución del capital aportado
como de pago de una remuneración,

criterio que a su vez delimitará el tratamiento contable de la remuneración que lleva aparejada la aportación al capital social.

En sucesivas entradas detallaremos cada una de las tres categorías del capital social cooperativo, no obstante, a modo de conclusión, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

En la convergencia de los criterios contables de la sociedad cooperativa y del resto de empresas, fundamentalmente en beneficio de la propia sociedad cooperativa, las citadas peculiaridades en ningún caso pueden llevar a adoptar soluciones que sean contradictorias con el Marco Conceptual de la Contabilidad, sino a la búsqueda de una interpretación contable del régimen económico de la sociedad cooperativa consistente con el citado Marco.
Es el propio PGC el que delimita en la norma de registro y valoración (NRV) 9.ª Instrumentos financieros, en su apartado tercero, cómo se deben calificar los instrumentos financieros que emite una empresa, en los siguientes términos:

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.

Entradas relacionadas:

Los flujos (económicos-financieros) en la gestión de la empresa

2011-11-18T18:55:00.000+01:00

Considerando el beneficio como ingresos menos gastos, entendemos que, se ha de convertir en recursos generados por la empresa, lo que supone la conciliación entre la corriente real (Ingresos y Gastos) y la corriente financiera (cobros y pagos) de la misma.

No obstante, en la situación actual, ¿qué le preocupa más al empresario: cómo cobra a sus clientes y cómo paga a sus proveedores o si ha obtenido un mayor beneficio?.

Es evidente que, a largo plazo, ambas magnitudes deben coincidir, es decir, todo gasto se ha de convertir en pago y todo ingreso se convertirá en cobro.

Sin embargo, ¿qué puede suceder entretanto? ¿Y si se genera un beneficio pero éste no se refleja en términos de flujos de efectivo? la respuesta es sencilla: las necesidades de recursos financieros se ven afectadas de forma directamente proporcional al incremento del período de maduración financiero de la empresa y, como consecuencia de ello, también tendrán una influencia en los fondos generados por la empresa.

Entonces,en esta situación, ¿qué se puede hacer? En la segunda parte de esta entrada detallaremos la Gestión y el Control que hemos reflejado en la imagen anterior.

Documentación relacionada:

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