Antonio Esteban 2.0

3 escenarios relacionales del patrimonio neto con el capital social

2012-01-06T17:13:00.000+01:00

Hemos comentado con anterioridad la peculiar relación que mantienen dos magnitudes tan relevantes en el entramado jurídico-contable de las sociedades mercantiles, como son el patrimonio neto y el capital social.

En esta entrada nos proponemos de la simple relación cuantitativa, que mostramos a continuación, inferir las opciones de gestión, para cada uno de los escenarios contemplados, en el marco de la legislación vigente.

En primer lugar, es sabido que el patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos y, de acuerdo con el Código de Comercio, a los efectos de la:

distribución de beneficios,
reducción obligatoria de capital social y
disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada,

se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio neto.

Delimitada la expresión de patrimonio neto, recogemos las 3 limitaciones en la legislación mercantil, en función de su relación con el capital social, siguientes:

Prohibición de repartir dividendos si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta.
Reducción de capital obligatoria, para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.
Disolución obligatoria cuando las pérdidas generadas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En la tabla siguiente recogemos, como avanzamos, algunas opciones de gestión societaria en relación con el desequilibrio patrimonial:

Escenario I: no existen limitaciones ni imposiciones legislativas en relación con el capital social ni con el reparto de dividendos. Recogemos en la tabla la expresión Acuerdo de los socios como el determinante de las gestiones a realizar.
Escenario II: resulta obligatoria la reducción de capital o el aumento del mismo en la cuantía que permita recuperar el equilibrio entre el patrimonio y el capital social.
Escenario III: es obligatoria la disolución de la sociedad salvo que se reduzca o aumente el capital en la medida necesaria y, además, habrá que considerar lo establecido en la Ley Concursal en torno a la obligatoriedad de la solicitud de la declaración de concurso.

Entradas relacionadas:

El mantenimiento (normativo) del desequilibrio patrimonial (capital social vs. patrimonio neto).

La contabilidad ‘discrecional’ y el coste del riesgo

2012-01-06T11:26:00.001+01:00

En la lectura de la prensa nos hemos encontrado un excelente artículo; ¿Sabemos gestionar un 'banco bueno'? (Marino Sánchez-Cid en Expansión) que, especialmente, el apartado dedicado al título de la entrada: La Contabilidad discrecional y el coste del riesgo, argumentando la discrecionalidad de los resultados bancarios, nos parece muy interesante y reproducimos a continuación.

La construcción de la cuenta de resultados de la banca siempre ha tenido un alto grado de discrecionalidad por parte de los gestores, justificada por un ciclo temporal del riesgo muy superior al año, y alentada por la importancia de transmitir confianza en la institución y en el sistema, pero en España ahora hemos caído en la cuenta de que los bancos y cajas nunca tienen pérdidas casi por definición. Incluso las entidades intervenidas por el Banco de España o adquiridas por el Frob a una fracción de su valor contable han estado reportando beneficios hasta cinco minutos antes.

Los motivos por los que se ha llegado a este punto incluyen desajustes en la normativa contable y entre la función de supervisión y la de auditoría, pero hay otros relacionados con una gestión financiera deficiente, una de cuyas manifestaciones es no tratar contablemente el riesgo como un coste operativo de la función de intermediación financiera.

El margen financiero debido a posiciones abiertas en el balance respecto a la estructura temporal de la curva de tipos se lleva alegremente a resultados sin considerar que la mejor estimación del coste del fondeo de una posición a largo no son los costes de la posición a corto que la financia, sino el coste forward al plazo equivalente, algo que no todos los bancos tienen bien resuelto a nivel de contabilidad analítica.

Tampoco se considera al riesgo de crédito como un ajuste al margen financiero, sino como algo extraordinario que se pone al final de la cuenta de resultados tratando de compensarlo con otros resultados extraordinarios y, si no los hay, esperando a poder llevarlos contra reservas con motivo de alguna operación de fusión. Mientras tanto, se trata de mantener contablemente la ficción del valor en libro de los créditos sin tomar decisiones que pongan de manifiesto la depreciación del valor. En general, ese tipo de manejo discrecional de la cuenta de resultados es bastante común en todos los bancos, pero mientras algunos lo han podido utilizar dentro de ciertos límites y de forma responsable, en el conjunto del sistema se ha ido totalmente fuera de control.

El resultado es que, paradójicamente, el sector financiero es donde se toman decisiones con criterios menos financieros y más contables.

Últimas novedades tributarias de aplicación en 2011 y 2012

2012-01-05T09:23:00.000+01:00

El Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes para la corrección del déficit público, ha introducido una serie de modificaciones tributarias de aplicación desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2011, con incidencia en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Renta de no Residentes, IVA e Impuestos Especiales. Recogemos, a continuación, el documento de la Agencia Tributaria informando sobre las citadas novedades.

Últimas novedades tributarias (RDL 20/2011)

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Inspecciones tributarias de empresas en concurso

2012-01-04T13:19:00.000+01:00

El hecho de que una entidad se encuentre incursa en procedimiento concursal, por haberse dictado por el Juez competente el correspondiente auto de declaración de concurso, no inhibe ni suspende las facultades de comprobación e investigación de la Administración Tributaria, en aras a la correcta determinación de los créditos públicos y que pueden culminar en la práctica de liquidaciones tributarias, ya que ni la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante, LC), ni la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT), incluyen precepto alguno que impida el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria para practicar liquidaciones tributarias por el hecho de que el obligado tributario se encuentre en situación de concurso, cualquiera que sea la fase de tramitación en que se encuentre el mismo.

En este sentido hay preceptos que implícitamente contemplan esa posibilidad, como por ejemplo el artículo 92 de la LC, con la nueva redacción que introduce la Ley 38/2011, que establece que son créditos subordinados:

Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.

Por tanto, la Administración Tributaria puede practicar liquidaciones tributarias aunque se haya producido la declaración de concurso del obligado tributario y cualquiera que sea la fase de tramitación en que se encuentre el concurso. No obstante, en cuanto al alcance de la liquidación, la declaración de concurso impone ciertas restricciones respecto a uno de los componentes accesorios que suelen incluirse en la misma. Nos referimos a los intereses legales o convencionales, cuyo devengo se suspende al ser declarado el concurso, cuestión que comentaremos en próximas entradas.

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Novedades en los tipos de retención (IRPF) aplicables en 2012

2012-01-04T09:49:00.001+01:00

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, ha introducido una serie de modificaciones de naturaleza tributaria de aplicación en 2012, que nos proponemos analizar en próximas entradas.

Comenzamos, el análisis de las novedades, con los tipos de retención y de ingresos a cuenta a utilizar en este año 2012, para ello hemos realizado tres bloques: rendimientos del trabajo, rendimientos actividades económicas y otras operaciones.

Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se satisfagan o abonen:

durante el mes de enero de 2012, correspondientes a dicho mes, y a los que resulte de aplicación el procedimiento general de retención a que se refieren los artículos 80.1.1.º y 82 del RIRPF, deberán realizarse sin tomar en consideración las modificaciones introducidas por el Real Decreto referido.
a partir del 1 de febrero de 2012, siempre que no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el tipo de retención tomando en consideración las modificaciones del Real Decreto citado, practicándose la regularización del mismo, si procede, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los primeros rendimientos del trabajo que se satisfaga o abone.

Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades económicas serán:

El 15%, en el caso de los rendimientos de actividades profesionales establecidos en vía reglamentaria. No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 % sobre los rendimientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentariamente.
Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
El 2% en el caso de rendimientos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1%.
El 2% en el caso de rendimientos procedentes de actividades forestales.
El 1% para otras actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Por otra parte, habrá que considerar que:

El porcentaje de pagos a cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva será del 21%
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será del 21%.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera que sea su calificación, será del 21 %.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen, cualquiera que sea su calificación, será el 24 %. El porcentaje de ingreso a cuenta en el supuesto previsto en el artículo 92.8 de esta Ley será del 21 %.
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces, y demás miembros de otros órganos representativos, será del 42%.

Actualización: Nota de la Agencia Tributaria

Nota Retenciones 2012
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Retenciones IRPF 2012 (programa de ayuda de la Agencia Tributaria).

Novedades del Calendario del Contribuyente 2012

2011-12-28T09:30:00.001+01:00

Novedades

El Impuesto sobre el Patrimonio, modelo 714, se restablece con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012.
Se suprime el modelo 197 “Relación de personas o entidades que no han comunicado su NIF al otorgar escrituras o documentos donde consten los actos o contratos relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles”.
Con carácter general desaparece la forma de presentación por vía telemática por teleproceso para declaraciones a presentar en el ejercicio 2012. Se exceptúan los modelos 185 “Declaración informativa mensual de los órganos y entidades gestores de la Seguridad Social y Mutualidades” y 186 “Suministro de información relativa a nacimientos y defunciones”.
Se posibilita la presentación por colaboradores sociales (obligatoria por Internet) para los modelos: 322 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual” y 353 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual”, para las autoliquidaciones correspondientes al primer periodo de declaración de 2012.
Se adelantará para la declaración del ejercicio 2012 a presentar en 2013, el plazo de presentación del modelo 347 “Declaración anual de operaciones con terceras personas” al mes de febrero.
Se incluyen nuevos campos y claves de operaciones en el modelo 340 “Declaración de operaciones incluidas en los libros del IVA e IGIC” que cumplimentados exoneran de la presentación del modelo 347 del ejercicio 2012 y posteriores.

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Nuevos criterios de imputación de las facturas en el modelo 347

2011-12-19T10:25:00.001+01:00

Hemos comentado en otras ocasiones, véase por ejemplo: en Gestión de impuestos y en este blog, la trimestralización de la información contenida en la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347) que conlleva la adecuada gestión de los criterios de imputación de las facturas, en principio, debe utilizarse el mismo criterio de imputación que en el modelo 340.

Por tanto, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que se deba realizar la anotación registral de la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante.

En las facturas expedidas deben estar anotadas en el momento que se realice la liquidación y pago del impuesto correspondiente a dichas operaciones.
En las facturas recibidas deben estar anotadas por el orden que se reciban y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción.

Por otra parte, consideramos interesante el documento, sobre preguntas frecuentes referentes a los modelos 340 y 347, que ha publicado la Agencia Tributaria que reproducimos a continuación.

Preguntas frecuentes de los Modelos 340 y 347 en 2012

Las subvenciones en las Cuentas Anuales (2011)

2011-12-12T08:43:00.000+01:00

Las subvenciones donaciones y legados recibidos constituyen una de las partidas contables susceptibles de representación contable en todos los estados contables que integran las cuentas anuales, atendiendo a sus distintas categorías y tipos, así como la temporalización de las mismas.

Como puede observarse en la siguiente imagen, se muestran las manifestaciones en el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

En las próximas entradas detallaremos, por una parte, las circunstancias de cada una de las manifestaciones que se representan en la imagen anterior; y, de la otra, mostraremos la incidencia de las referidas subvenciones en el resto de documentos contables integrantes de las cuentas anuales.

Capital social y absorción de pérdidas

2011-12-09T09:44:00.000+01:00

En el marco de los fondos propios de las entidades de crédito destacan, entre otros, el capital social de las sociedades anónimas, incluidas las primas de emisión desembolsadas, en la medida en que tenga menor prelación que todos los demás créditos en caso de concurso o liquidación, y excluida la parte del mismo contemplada (acciones sin derecho a voto y acciones rescatables) en la Circular 3/2008 del Banco de España; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorros, así como el fondo social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y las cuotas participativas de asociación emitidas por esta; las aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, y el fondo de dotación de las sucursales de entidades de crédito extranjeras.

La configuración de estos componentes han sido modificados, en vigor desde el 31 de diciembre de 2011, en los siguientes términos:

La entidad no podrá crear en el momento de la emisión expectativa alguna de que el instrumento de capital social contemplado en el párrafo anterior será objeto de recompra, rescate o amortización.

Se considerará menoscabada la contribución del instrumento de capital a la absorción de pérdidas del emisor cuando atribuya a sus tenedores algún tipo de privilegio en el reparto de ganancias sociales o en la liquidación y, en especial, cuando su retribución incumpla alguna de las siguientes condiciones:

Se hará con cargo a los resultados netos positivos del ejercicio o de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla;
No podrá superar el importe distribuible formado por los resultados netos positivos del ejercicio y las reservas de libre disposición;
No estará en modo alguno vinculado o ligado al importe desembolsado en el momento de la emisión;
No estará sujeto a un límite estipulado, salvo en los casos legalmente previstos para las cooperativas de crédito.

Ni el emisor ni cualquier empresa de su grupo económico podrán asegurar ni garantizar el importe desembolsado o la retribución, que tampoco podrán ser objeto de garantías, compromisos o acuerdo alguno que mejore jurídica o económicamente la prelación del potencial derecho de cobro.

En el caso de las cooperativas de crédito, el capital estará integrado por las aportaciones de los socios y asociados, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

Su retribución estará condicionada a la existencia de resultados netos positivos o, previa autorización del Banco de España, de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla.
Su duración será indefinida, de forma que no puedan, en ningún caso, contabilizarse como pasivos financieros.
Su eventual reembolso quedará sujeto, al menos, a las condiciones que se deriven del número 4 del artículo séptimo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de crédito.
La aportación no tendrá privilegio alguno en su prelación en caso de concurso o liquidación, en relación con el resto de las aportaciones.

Imagen: Fondo de Garantía de Depósitos.

Publicadas las modificaciones tributarias del Modelo 347

2011-11-26T09:43:00.005+01:00

El modelo 347 de Declaración Anual de Operaciones con terceras personas del ejercicio 2011, a presentar en marzo de 2012, incorpora importantes modificaciones de contenido y de gestión con el Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre.

En relación con el contenido, los obligados tributarios deberán relacionar en la declaración anual de operaciones con terceros todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente.

La información sobre dichas operaciones se suministrará desglosada trimestralmente. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán la consideración de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirán las operaciones típicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar.

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el IVA, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.

Las entidades aseguradoras incluirán en su declaración anual las operaciones de seguro. A estos efectos, se atenderá al importe de las primas o contraprestaciones percibidas y a las indemnizaciones o prestaciones satisfechas y no será de aplicación a estas operaciones, en ningún caso, lo dispuesto lo siguiente:

Aquellas que hayan supuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que los obligados tributarios no debieron expedir y entregar factura o documento sustitutivo, así como aquellas en las que no debieron consignar los datos de identificación del destinatario o no debieron firmar el recibo emitido por el adquirente en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En relación con la gestión de la declaración anual de operaciones con terceros, habrá que tener en cuenta:

Las operaciones que deben incluirse en la declaración anual son las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración.
A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas en el período en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, se debe realizar la anotación registral de la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.
En todos los casos previstos en el artículo 34.4, cuando estos tengan lugar en un año natural diferente a aquel al que corresponda la declaración anual de operaciones con terceras personas en la que debió incluirse la operación, deberán ser consignados en la declaración del año natural en que se hayan producido dichas circunstancias modificativas.
A estos efectos, el importe total de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad se declarará teniendo en cuenta dichas modificaciones.

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La nueva declaración de operaciones con terceros (Modelo 347).
Nuevo Modelo 347.
Contenido de la declaración de operaciones con terceros.
Plazo de presentación del modelo 347 (actualización 12/12/2011).

Nota informativa AEAT modelos 340 y 347

Nueva Cuenta de Resultados para Entidades sin Fines Lucrativos

2011-11-24T17:01:00.000+01:00

El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, PGC ESFC, y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, contiene importantes novedades en relación con las Cuentas Anuales.

Sin duda, la nueva cuenta de resultados es la que presenta los cambios más significativos al transitarse de un documento donde se reflejaban exclusivamente los ingresos y gastos imputados en el resultado del ejercicio, a un modelo que presenta todos los cambios producidos en el patrimonio neto, distinguiendo los siguientes conceptos:

Explicativas y muy interesantes nos resultan las observaciones del Marco Conceptual al respecto, cuando señala que en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica, y las cuentas anuales deberán incluir información relevante y fiable sobre los siguientes aspectos:

El grado de realización en el ejercicio de las actividades previstas para cumplir con los objetivos.
La naturaleza de los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad. En particular, se informará sobre las restricciones a las que, en su caso, estén sometidos los activos.
El excedente del ejercicio como fruto de las actividades realizadas, y medida de la capacidad de autofinanciación de la entidad, poniendo de manifiesto la variación de patrimonio neto originada en el periodo por este concepto.
La variación total del patrimonio neto de la entidad, como expresión de su viabilidad futura y de la capacidad para cumplir con los fines de interés general que se le hayan encomendado. entidad.

A la vista de esta composición se infiere, como en el propio Real Decreto se afirma, que el saldo de la citada cuenta está formado por:

las aportaciones y disminuciones de la dotación fundacional o fondo social, y
por todos los ingresos y gastos del ejercicio y de los ejercicios anteriores que deban registrarse en el presente por causa de un cambio de criterio o la subsanación de un error contable.

Como resulta conocido, en el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de Contabilidad de PYMES, la citada información se muestra en el saldo del estado total de cambios en el patrimonio neto.

Por tanto, la nueva cuenta de pérdidas y ganancias presenta el resultado del periodo de forma independiente, configurándose a partir de esta presentación una magnitud aislada que permite conformar el núcleo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, o aplicar las reglas mercantiles para identificar el beneficio repartible.

A continuación recogemos un documento con la composición de la cuenta de resultados del PGC ESFL y las normas de formulación correspondientes.

Cuenta de Resultados del (nuevo) PGC de entidades sin fines lucrativos

Obligaciones (contables/administrativas) de PYMEs y Micro (empresas/entidades) en la UE

2011-11-24T08:41:00.001+01:00

Recientemente la Unión Europea (UE) ha presentado su posición en relación con la modificación la Directiva 78/660/CEE del Consejo relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las micro entidades, como puede observarse en la imagen adjunta.

La modificación consiste en la exención de determinadas obligaciones contables y administrativas para las microentidades, en los términos siguientes:

Los Estados miembros podrán establecer exenciones de algunas de las obligaciones previstas en la presente Directiva para las sociedades que, en la fecha de cierre del balance, no superen los límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes (microentidades):

total del balance: 250 000 EUR;
importe neto del volumen de negocios: 500 000 EUR;
número medio de empleados durante el ejercicio: 10.

Las micro entidades deben tener en cuenta los ingresos y gastos del ejercicio, con independencia de la fecha de recepción o pago de tales ingresos o gastos. No obstante, el cálculo de los gastos contabilizados durante el ejercicio pero relativos a un ejercicio posterior y de los ingresos percibidos antes de la fecha de cierre del balance pero imputables a un ejercicio posterior puede representar una carga importante para las micro entidades. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que eximan a las microentidades del cálculo y de la presentación de esas partidas únicamente en la medida en que tal exención se refiera a gastos que no sean ni los costes de materias primas y bienes consumibles, las correcciones de valor, los gastos de personal ni los impuestos. Puede reducirse así la carga administrativa que representa el cálculo de balances relativamente pequeños.

PYMEs y Micro (empresas y entidades) en la UE

La publicación anual de cuentas puede representar una carga importante para las microentidades. Al mismo tiempo, los Estados miembros han de garantizar que se cumplen las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Por consiguiente, debe permitirse a los Estados miembros que eximan a las microentidades de la obligación general de publicación a condición de que al menos una autoridad competente designada disponga de información sobre los balances, de conformidad con la normativa en vigor a nivel nacional y se trasmita la información al registro de empresas.

Documentación relacionada:

Cifra anual de negocios Vs. Volumen de operaciones

2011-11-22T12:39:00.008+01:00

La cifra anual de negocios (CAN) y el volumen de operaciones (VO) constituyen dos magnitudes de especial aplicación en el ámbito contable y tributario. Podría considerarse, en principio, que la primera (CAN) se utiliza, casi exclusivamente, en las cuentas anuales (constituye una de sus normas de elaboración); en tanto que la segunda es de especial aplicación en el Impuesto del Valor Añadido, determinante entre otras, de la calificación de gran empresa y, consecuentemente, de las liquidaciones mensuales o trimestrales.

No obstante, la CAN es la referencia elegida por el legislador en la reciente modificación de la normativa del Impuesto de Sociedades, en el marco de los ajustes económicos, en relación con el cálculo de los pagos fraccionados y la limitación de compensación de las bases imponible negativas de ejercicios anteriores.

Podemos observar, en el documento siguiente, la configuración de ambas magnitudes:

Cifra Anual de Negocios vs. Volumen de Operaciones

Resulta evidente, que ambas magnitudes difieren conceptual y cuantitativamente. Pero nos surgen algunas preguntas con respuestas que, por ahora, no tenemos suficientemente claras, como las que siguen:

¿Es la CAN la magnitud con mayor incidencia en la recaudación tributaria?
¿Hubiesen preferido las empresas el VO?
¿Existen situaciones y circunstancias peculiares o especiales que condicionen la referida incidencia?
¿Qué magnitud representa mejor la capacidad económica actual de la empresa?

Esperamos contemplar en próximas entradas con vuestra colaboración las respuestas adecuadas.

Las (tres) categorías del Capital Social Cooperativo

2011-11-21T08:22:00.000+01:00

La nueva configuración de la situación patrimonial de las sociedades cooperativas a raíz de la aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad, PGC, al incorporar los criterios previstos en las Normas internacionales de información financiera vigentes en la Unión Europea (NIIF-UE), en particular, la Norma internacional de contabilidad (NIC) n.º 32 Instrumentos financieros: Presentación y la Interpretación n.º 2 Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares del Comité de Interpretaciones de las NIIF, en la calificación de los instrumentos financieros como fondos propios o pasivos, es uno de los pilares fundamentales en las nuevas normas contables de las cooperativas, NMCSC, publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

En las citadas normas se desarrolla el concepto de capital social cooperativo, su calificación y valoración como fondos propios, instrumento financiero compuesto o pasivo financiero, así como el tratamiento de la remuneración asociada al citado capital.

El criterio delimitador entre dichas categorías lo constituye, fundamentalmente, la obligación frente al socio de la cooperativa:

tanto de devolución del capital aportado
como de pago de una remuneración,

criterio que a su vez delimitará el tratamiento contable de la remuneración que lleva aparejada la aportación al capital social.

En sucesivas entradas detallaremos cada una de las tres categorías del capital social cooperativo, no obstante, a modo de conclusión, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

En la convergencia de los criterios contables de la sociedad cooperativa y del resto de empresas, fundamentalmente en beneficio de la propia sociedad cooperativa, las citadas peculiaridades en ningún caso pueden llevar a adoptar soluciones que sean contradictorias con el Marco Conceptual de la Contabilidad, sino a la búsqueda de una interpretación contable del régimen económico de la sociedad cooperativa consistente con el citado Marco.
Es el propio PGC el que delimita en la norma de registro y valoración (NRV) 9.ª Instrumentos financieros, en su apartado tercero, cómo se deben calificar los instrumentos financieros que emite una empresa, en los siguientes términos:

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.

Entradas relacionadas:

Los flujos (económicos-financieros) en la gestión de la empresa

2011-11-18T18:55:00.000+01:00

Considerando el beneficio como ingresos menos gastos, entendemos que, se ha de convertir en recursos generados por la empresa, lo que supone la conciliación entre la corriente real (Ingresos y Gastos) y la corriente financiera (cobros y pagos) de la misma.

No obstante, en la situación actual, ¿qué le preocupa más al empresario: cómo cobra a sus clientes y cómo paga a sus proveedores o si ha obtenido un mayor beneficio?.

Es evidente que, a largo plazo, ambas magnitudes deben coincidir, es decir, todo gasto se ha de convertir en pago y todo ingreso se convertirá en cobro.

Sin embargo, ¿qué puede suceder entretanto? ¿Y si se genera un beneficio pero éste no se refleja en términos de flujos de efectivo? la respuesta es sencilla: las necesidades de recursos financieros se ven afectadas de forma directamente proporcional al incremento del período de maduración financiero de la empresa y, como consecuencia de ello, también tendrán una influencia en los fondos generados por la empresa.

Entonces,en esta situación, ¿qué se puede hacer? En la segunda parte de esta entrada detallaremos la Gestión y el Control que hemos reflejado en la imagen anterior.

Documentación relacionada:

Facturas rectificativas (IVA): créditos concursales vs créditos contra la masa

2011-11-16T18:59:00.002+01:00

La cuestión de las facturas rectificativas, a consecuencia de los concursos de acreedores, aparecen reguladas en la Ley del IVA (en lo sucesivo LIVA).

Es sabido que cuando el adquirente de bienes o servicios es declarado en concurso, empresa concursada en lo sucesivo, los proveedores, o acreedores en su caso, no habrán cobrado el precio sino que tampoco, habitualmente, habrán recibido el IVA de la factura, que sin embargo soportaron e ingresaron.

En estas condiciones para solucionar este problema, la LIVA permite el mecanismo compensatorio de modificar la base imponible, mediante la factura rectificativa, que se traduce en la anulación de ese IVA repercutido. Pero para evitar que quien resulte perjudicada sea la Hacienda Pública, la misma LIVA permite que nazca a su favor un crédito por el montante de dichas cuotas compensadas, anuladas o devueltas.

El problema surge al calificar los créditos referidos a favor de la Administración Tributaria, es decir, los resultantes de la modificación de la base imponible del IVA por los acreedores del concursado mediante facturas rectificativas, emitidas con posterioridad al auto de declaración del concurso.

Este es el objeto de la entrada y su título: Facturas rectificativas: créditos concursales o créditos contra la masa.

Por otra parte, también es conocido que la Ley Concursal vigente, en lo sucesivo LC, y su reforma en vigor a partir del enero de 2012, artículo 84, describe los créditos concursales señalando que:

son los créditos contra el deudor común que conforme a esta Ley no tengan la consideración de créditos contra la masa.

A continuación la LC enumera los créditos contra la masa y, a efectos del objeto de esta entrada, viene a significar que serán:

créditos contra la masa los devengados con posterioridad a la declaración del concurso, y se calificarán como
créditos concursales los devengados con anterioridad a la declaración del concurso.

La Administración Tributaria reclama con insistencia, en los concursos de acreedores, la calificación de crédito contra la masa, atendiendo al artículo 80. Cinco. 4.ª LIVA, que alude al nacimiento del crédito a favor de la misma en el momento de la rectificación, pues, al ser posterior al concurso, determinaría que fuera contra la masa y no concursal.

Por su parte, la doctrina defiende la postura contraria, esto es, la consideración de los créditos que surgen por la modificación de la base imponible, mediante las facturas rectificativas, como créditos concursales; en este sentido, nos fijamos en la Sentencia del Tribunal Supremo (701/2011 de 3 de octubre) además por ser la más reciente, que conocemos, por el carácter didáctico de su exposición.

Viene a señalar a modo de conclusión que:

El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Estos artículos establecen que el nacimiento de la obligación tributaria principal tiene lugar en el momento del devengo, en el que se entiende realizado del hecho imponible (presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo), aunque la ley de cada tributo pueda establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar o parte de la misma en un momento distinto del devengo del tributo.
Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el artículo 84.2.10.º LC que afirma que son créditos contra la masa los que resulten de obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso.
El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito. El artículo 75 LIVA regula el devengo del impuesto ateniéndose al momento de la entrega del bien, de la prestación del servicio, de la recepción de la obra, de la realización de las operaciones gravadas o de la expedición y transporte, según los casos.

La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del concursado.

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Imagen (original): Arriaga Asociados.

La masa activa en la nueva Ley Concursal (I)

2011-11-11T18:59:00.000+01:00

Resulta conocido que una de las funciones de la administración concursal es la elaboración del Inventario de la masa activa (IMA), con el siguiente contenido:

La relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor a la fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe.
En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y el avalúo de los bienes y derechos privativos del deudor concursado, así como las de los bienes y derechos gananciales o comunes, con expresa indicación de su carácter.

Esta descripción de la masa activa coincidente en la Ley Concursal de 2003 y en la reforma de la misma, que llamaremos en lo sucesivo LC 2011, nos permite identificar, en principio, la masa activa concursal con el activo que utiliza en la contabilidad empresarial (Balance) en el marco del Plan General de Contabilidad (PGC 2007). Es decir, estamos planteando la bondad de la siguiente imagen:

Conviene recordar que de cada uno de los bienes y derechos relacionados en el inventario se expresará:

su naturaleza,
características,
lugar en que se encuentre y, en su caso,
datos de identificación registral.
se indicarán también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación.

En el análisis de la masa activa de la nueva Ley Concursal que nos hemos planteado analizaremos su contenido, valoración y horizonte temporal.

En esta primera entrada, después de identificar la masa activa con el activo del balance, empezamos a observar y comparar la parte no corriente de la masa activa con el activo no corriente que mostramos a continuación:

En principio, todas los bloques que representa en la imagen anterior al activo no corriente (subgrupos del cuadro de cuentas del PGC 2007, se identifican con los bienes y derechos (con las correspondientes correcciones de valor) a contemplar en el inventario de la masa activa del concurso.

No obstante, la LC 2011 ha introducido el siguiente párrafo (artículo 82.5):

Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que este tenga derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo, debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario financiero concursado.

Es evidente, por tanto, que en estas circunstancias no es posible generalizar ni identificar, en relación con su contenido, la parte no corriente o fija de la masa activa de la LC 2011 con el activo no corriente del PGC 2007.

A modo de conclusión, además de la diferencia en su contenido contemplada y de las diferencias valorativas que se pondrán de manifiesto en la siguiente entrada, nos gustaría que comentaran otras diferencias entre la masa activa y el activo no corriente, tanto en la vigente LC como en la LC 2011.

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Conciliación fiscal de los gastos de ampliación de capital

2011-11-10T08:52:00.001+01:00

Resulta conocido que los gastos de emisión que surgen en una ampliación de capital se contabilizan directamente en el patrimonio neto como menores reservas, de acuerdo con la Norma de Registro y Valoración, NRV, nº 9 que establece:

En el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registrará en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún caso podrán ser reconocidos como activos financieros de la empresa ni se registrará resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, tales como honorarios de letrados, notarios, y registradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación, se registrarán directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

La cuestión que nos ocupa en esta entrada, consecuencia de una reciente consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), es la ubicación adecuada de estos gastos en la conciliación fiscal recogida en la memoria.

La NRV 13ª Impuestos sobre beneficios, apartado 4, del P.G.C., dispone que tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido se inscribirán:

en la cuenta de pérdidas y ganancias,
salvo cuando se relacionen con una transacción o suceso que se hubiese reconocido directamente en una partida del patrimonio neto, en cuyo caso se reconocerán con cargo o abono a dicha partida.

En el cuadro de conciliación de la memoria, los gastos de emisión se mostrarán en la columna Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto, en la fila de Saldo de ingresos y gastos del ejercicio, por el importe neto del efecto impositivo, como puede observarse en la imagen siguiente:

Adicionalmente, si la calificación contable y fiscal del gasto coincide, porque se computan en la base imponible del impuesto, no surgirá diferencia alguna entre el resultado contable que podríamos denominar ampliado y la base imponible del Impuesto sobre sociedades, a la que se llegará por la suma aritmética del resultado ampliado y el efecto impositivo que debe lucir en la fila correspondiente al Impuesto sobre sociedades.

Añade la consulta del ICAC referida, a modo de conclusión, que la conciliación del saldo de los ingresos y gastos del ejercicio, compuesto por los imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias y los imputados directamente al patrimonio neto, con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, se obtendrá ajustando el resultado ampliado con:

las correcciones derivadas del impuesto sobre sociedades,
las diferencias permanentes y temporarias y
la compensación de bases imponibles negativas,

Debiendo calificarse a estos efectos el gasto contabilizado en las reservas, desde una perspectiva estrictamente contable, como un menor resultado contable, neto del efecto impositivo, y no como una diferencia permanente.

Deber de información sobre aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales

2011-11-09T07:35:00.002+01:00

Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 28 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

La Disposición transitoria primera de dicha Resolución incorpora el régimen transitorio sobre el plazo legal de pago por remisión a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en función de la naturaleza de la entrega de bienes o de la prestación de servicios que reciba la entidad.

En cuanto a la información a suministrar en las cuentas anuales, la Norma tercera de la Resolución establece:

la obligación de incluir una nota en la memoria, en la que se indique el total de pagos realizados en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento,
el plazo medio ponderado excedido de pagos (este dato solo en el caso de que la empresa elabore el modelo normal de memoria), y
el importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece el régimen de cumplimento gradual que se ha fijado para el primer ejercicio de aplicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, del que solo se solicita información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago, al objeto de facilitar la aplicación de los nuevos requerimientos.

Es decir, utilizando los cuadros que se incorporan en la norma tercera de la Resolución, incorporando información solo en la línea de Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasen el plazo máximo legal correspondiente al ejercicio actual (N).

Resulta interesante en este sentido un ejemplo, que reproducimos a continuación, del Presidente del ICAC (José Antonio Gonzalo Angulo).

Fuente: José A. Gonzalo Angulo

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Novedades tributarias en la reforma concursal

2011-11-04T10:28:00.004+01:00

La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal (BOE de 11 de octubre de 2011), contiene las siguientes novedades en el ámbito fiscal:

Modifica el artículo 77 de la Ley General Tributaria, LGT, (correspondiente al derecho de prelación) con el objeto de recoger la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo sobre la polémica existente en torno a la aplicación preferente de la normativa concursal o tributaria en el procedimiento concursal (y, en concreto, cuando el procedimiento concursal termina mediante convenio). Se establece que en materia de clasificación de créditos a efectos de un concurso la regulación de la LGT se encuentra subordinada a la Ley Concursal.
Modifica igualmente el artículo 164 de la LGT (relativo a la concurrencia de procedimientos) para coordinar la actuación de la Administración tributaria en caso de procedimiento concursal.
Modifica la Ley del IVA, se introduce una letra e) al artículo 84.1.2.º, con el objetivo de establecer que el IVA derivado de las entregas de bienes inmuebles efectuadas como consecuencia de un procedimiento concursal, sea liquidado por su adquirente (mediante el mecanismo de inversión del sujeto pasivo).

Las modificaciones indicadas entran en vigor el 1 de enero de 2012.

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Nuevo Reglamento de la Auditoría de Cuentas

2011-10-28T18:55:00.003+02:00

El Consejo de Ministros, de 28 de octubre, ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas, con lo que se culmina el proceso de adaptación a la normativa comunitaria iniciado con la Ley de 30 de junio de 2010.

Este proceso ha permitido incrementar la claridad del bloque normativo de la auditoría de cuentas, reforzando la función de interés público que cumple el auditor de cuentas.

Las modificaciones que contiene el Reglamento tienen por finalidad completar aquellos aspectos de la ley que requieren un necesario desarrollo reglamentario e introducir mejoras técnicas, de supervisión o con el objetivo de cubrir lagunas o evitar ambigüedades.

Novedades

Así, entre sus principales novedades, en opinión de la referencia del Consejo de Ministros, cabe destacar las siguientes:

Se precisan los distintos requisitos que deben reunirse para obtener la autorización necesaria para ejercer la actividad de auditoría, procurando una mayor calidad formativa en quien va a ser auditor y facilitando su seguimiento por parte del supervisor público.
Respecto al ejercicio de la actividad, y con la finalidad de garantizar una actualización permanente de los conocimientos de los auditores, se precisan la forma y condiciones en que debe cumplimentarse la obligación legal de formación continuada, con lo que se cumple con la normativa comunitaria.
Se clarifica el conjunto de actuaciones que deben seguir los auditores de cuentas en la observancia del deber de independencia y en la delimitación de las causas que generan incompatibilidad.
Se concreta el contenido del informe anual de transparencia que deben emitir quienes auditan entidades de interés público.
Se da cumplimiento al mandato legal de definir entidades de interés público por razón de su especial actividad o tamaño, a cuyos auditores el texto refundido de la Ley de Auditoria de Cuentas impone un conjunto de obligaciones o controles más estrictos por la mayor trascendencia económica de los informes que emiten. Además, se incorpora a entidades que están bajo la supervisión del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la necesidad de proteger al cliente o inversor y por estar autorizadas para captar fondos del público o para realizar determinadas actividades de comercialización e inversión. Se incluyen, igualmente, instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones a partir de un determinado número de partícipes. Junto a éstas se incluyen aquellas entidades que superen los doscientos millones de euros de activo o mil empleados.
Finalmente, el Reglamento contribuye a fortalecer el sistema de supervisión pública atribuido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Se precisan la finalidad y extensión de las actuaciones de control que éste puede realizar, y se disponen los plazos previstos en la normativa comunitaria para las evaluaciones de control de calidad de los auditores: cada tres años para quienes auditan entidades de interés público y cada seis años para el resto de auditores. Igualmente, se introducen normas especiales en el régimen de infracciones y sanciones y se regula la información que debe remitirse al ICAC, lo que contribuye al buen funcionamiento de las labores de supervisión pública.

Imagen: Meng Consultores.

Actualización (4/11): Publicación en el BOE Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

Regularización voluntaria de cuotas (IVA) repercutidas

2011-10-24T08:52:00.001+02:00

La llamada regularización voluntaria o, según la terminología del artículo 27 de la LGT recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo ha dado lugar a posiciones y decisiones divergentes en las distintas Salas de lo Contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, en su aplicación al IVA y en relación a si era o no exigible una declaración explícita y concreta de la regularización que se pretendía de cuotas tributarias que no fueron ingresadas en los plazos legalmente establecidos.

Convienes recordar, en este sentido, que el ingreso extemporáneo de la deuda tributaria es una conducta constitutiva de infracción tributaria grave, pues el artículo 79.a) LGT describe la conducta típica como el ingreso fuera de plazo, salvo en aquellos supuestos en que sin requerimiento previo de la Administración el sujeto pasivo haya procedido a la regularización de su situación tributaria conforme al artículo 61.3 LGT, que contempla los casos en que los ingresos extemporáneos se efectúan acompañados de declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones presentados fuera de plazo, en las que lógicamente se exterioriza ante la Administración Tributaria la procedencia de las cuotas que se ingresan fuera de plazo.

En caso contrario, si se efectúa el ingreso extemporáneo sin identificarlo, confundido o camuflado con otras cuotas correspondientes a un período posterior, existe una ocultación o enmascaramiento, en opnión de la LGT, de ese ingreso extemporáneo, que entre otras cosas busca evitar el pago del recargo por extemporaneidad, por lo que tal conducta no se ajusta a la regularización contemplada en el artículo 61.3 LGT y constituye la conducta típica que describe como infracción grave el artículo 79 letra a) LGT.

Los criterios de las distintos tribunales de aplicación podían agruparse en los siguientes términos:

Para aplicar el recargo en lugar de la sanción, la declaración de regularización o la autoliquidación extemporánea debía ser expresa identificando de manera concreta el período impositivo al que se refería. Esto es, era preciso exteriorizar ante la Administración Tributaria la voluntad del sujeto pasivo de regularizar su situación, declarando o ingresando, o bien simplemente declarando, la existencia de cuotas tributarias que no fueron ingresadas en los plazos legalmente previstos, pero siempre mediante una autoliquidación expresa, a través de la cual la Hacienda Pública pudiera conocer exactamente a qué hechos imponibles se refería y las cuotas que podría corresponderles.

Información que afecta directa o indirectamente a operaciones vinculadas

2011-10-20T19:28:00.002+02:00

La legislación vigente en relación con las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y, especialmente, las relativas al grupo de sociedades al que pertenezca el obligado tributario, establece la necesidad de incluir la información correspondiente a determinados aspectos (tales como las entidades, naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas, las funciones ejercidas y los riesgos asumidos por las entidades del grupo, la titularidad de patentes y marcas, etc.) en la medida en que dicha información afecte, directa o indirectamente a las operaciones realizadas por el obligado tributario; la referida documentación relativa al grupo comprende la siguiente:

Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier cambio relevante en la misma.
Identificación de las distintas entidades que, formando parte del grupo, realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.
Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas entre las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.
Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las distintas entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, incluyendo los cambios respecto del período impositivo o de liquidación anterior.
Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, así como el importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización.
Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método o métodos de fijación de los precios adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio de libre competencia.
Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades del grupo, en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.
Relación de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos celebrados o en curso relativos a las entidades del grupo en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario.

El marco de la colaboración de la Agencia Tributaria con grandes contribuyentes, Foro de Grandes Empresas, genera diferentes grupos de trabajo, publicando el grupo de precios de transferencia el documento de conclusiones que se relaciona al final de la entrada.

Nos preocupa, en este post, la interpretación del término indirectamente en relación con las obligaciones de documentación; se concluye en el grupo referido que se debería tener en cuenta, el principio de materialidad o de importancia relativa, en virtud del cual habrán de ser consideradas todas aquellas circunstancias que condicionan o puedan servir de referencia en la configuración de los términos económicos de la transacción a realizar con una entidad vinculada.

Por tanto, continúa las conclusiones del grupo, podría interpretarse que un dato indirectamente afecta a una determinada operación vinculada cuando la información que contiene dicho dato, siempre en base a principios de proporcionalidad y razonabilidad, sea relevante para valorar la transacción conforme al principio de libre competencia, y sin cuyo conocimiento no sea posible determinar adecuadamente el valor normal de mercado, ya sea por la interrelación o similitud que puede existir entre dos o más operaciones, como por ejemplo en operaciones continuas o triangulares, o por cualquier otro factor que ponga de manifiesto la trascendencia del dato indirecto en la valoración de la operación principal.

Imagen: Tus operaciones vinculadas.

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Contabilidad en la UE: funciones mercantiles y fiscales

2011-10-06T13:27:00.000+02:00

Aunque en no todos los países de la Unión Europea (UE) se parte de la contabilidad mercantil para el cálculo de la base imponible, el análisis de las normas de contabilidad aplicables es esencial, ya que la armonización contable no es más que una exigencia de los principios de libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales recogidos en el Tratado.

La aplicación de una contabilidad armonizada debe cumplir dos características:

Primero, un resultado legal, que está dirigido a cumplir una finalidad mercantil, que es el reparto de beneficios, y otra tributaria, como instrumento para el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades;
y segundo, mediante los ajustes pertinentes, un resultado financiero, el cual debe cumplir una función de información orientada a los mercados de capitales.

Al respecto, leyendo un artículo de María Jesús García-Torres Fernández (Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada), me han interesado las observaciones que reproduzco a continuación:

El Caso Futura constituye una jurisprudencia de referencia en materia de obligaciones contables desde el punto de vista fiscal. Por una parte reconoce que como consecuencia de la ausencia de armonización de la imposición directa, cada Estado miembro establece sus propias normas para determinar tanto los beneficios, rendimientos, gastos, deducciones y exenciones, como los importes correspondientes a los mismos que han de tenerse en cuenta para el cálculo de las bases liquidables o de las pérdidas que puedan ser objeto de compensación.

Asimismo, aunque la armonización contable es un hecho, aun cuando las cuentas de una sociedad, elaboradas con arreglo a normas comunes, distinguiesen las actividades de sus diferentes sucursales, las cantidades que eventualmente se indiquen en las referidas cuentas para cada una de ellas no tienen por qué ser adecuadas para el cálculo de la base imponible que les corresponda según el país donde se encuentren situados.

Por consiguiente, nada garantiza que las cuentas de una sociedad elaboradas conforme a las normas comunes de coordinación o las cuentas elaboradas con el fin de determinar la base imponible en el Estado miembro de su domicilio social proporcionen las indicaciones pertinentes relativas al importe de las bases liquidables y de las pérdidas para que puedan ser compensadas en otro Estado miembro en el que la sociedad ha establecido una sucursal. En este caso, será el Derecho interno el que deberá dictar a los no residentes la obligación de llevar una contabilidad concreta relativa a sus actividades en dicho país. De no ser así, se entenderá que las autoridades de dicho Estado han renunciado a la posibilidad de exigir una contabilidad según normas internas, y no podrán exigirla con posterioridad, como requisito para la deducibilidad de un determinado gasto o bien la compensación de pérdidas, alegando razones de prueba.

En consecuencia, salvo que se establezcan de forma expresa y con anterioridad, siempre y cuando dicho sujeto pasivo haya demostrado, de manera clara y precisa, el importe de que se trate, no es indispensable que los medios de prueba a través de los cuales el sujeto pasivo no residente esté autorizado utilizar sean los previstos taxativamente por la legislación interna, admitiéndose la contabilidad conforme a las normas del país de residencia de la sede central.

Los dividendos y la separación del accionista

2011-10-06T09:10:00.000+02:00

Recientemente ha entrado en vigor la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que introduce entre las causas de separación del socio la falta de distribución de dividendos en las circunstancias que, a continuación, se desarrollan.

La modificación se ha llevado a cabo mediante la introducción, en la LSC, del artículo 348 bis que señala:

A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles.
El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas.

Es evidente que, con frecuencia, se produce la situación de los socios minoritarios que ven ignorado su derecho a participar en los beneficios, vía dividendos, al adoptar las mayorías que normalmente, además, gobiernan la sociedad, el acuerdo de destinar los citados beneficios a reservas.

En este sentido, el derecho a las ganancias sociales que es un derecho esencial de los accionistas que consagra la normativa societaria vigente no puede ser tan sólo un principio abstracto que deja pendiente su concreción en el llamado derecho al dividendo a que la junta soberana lo decida. Evidentemente, es a la junta general a quien corresponde dicha decisión pero no hay duda de que dicha decisión debe estar motivada.

No puede, sin más, la junta general decidir la asignación del beneficio a reservas voluntarias -total o parcialmente- si tal asignación no está justificada por una necesaria capitalización por razón de inversiones en activos fijos, por motivos de expansión o crecimiento, o por razones análogas. En la medida que tales razones no existan el derecho a las ganancias debe concretarse en el derecho al dividendo que no es más que el reconocimiento efectivo a la participación de los socios en el beneficio social. Lo contrario podría conducir a una situación de abuso de derecho, con daño evidente a los intereses de la minoría (Juli de Miquel Berenguer). En este sentido, en lo fundamental nos parece acertada la modificación aunque con algunas imprecisiones que, probablemente, sean en el futuro una fuente de discrepancias y divergencias.

Por supuesto que somos conscientes, por otra parte, que determinadas sociedades de capital no distribuyen los beneficios de la empresa mediante dividendos, sino que reparten el citado beneficio de manera reservada, gracias a los fuertes vínculos que existen entre sus socios. Lo hacen mediante una gran variedad de mecanismos contractuales como la contratación profesional de los partícipes, las compraventas a precios especiales, el uso de los activos sociales o los préstamos sin interés o en condiciones muy favorables a los miembros de la sociedad. Estos mecanismos se cobijan habitualmente bajo el paraguas de dividendos encubiertos. No obstante no serán estos los socios que vayan a pedir la separación de la sociedad.

Por otra parte, consideramos de interés precisar los dos aspectos que introduce la modificación analizada:

beneficios propios de la explotación del objeto social, y
legalmente repartibles.

Cuestiones que trataremos, en la próxima entrada, de detallar con la mayor precisión posible.

Imagen: De Finanzas.