A una hora de Yamayaca está la comunidad de Wawas. Mientras camina entre las pequeñas casas de caña, madera y techo de hojas de palmera en las que viven los 600 pobladores de Wawas, el apu (jefe) de la comunidad, Heriberto Tiwijan, nos relata su historia sobre lo ocurrido en la Curva del Diablo. “Yo estaba dirigiendo un grupo de 50 pobladores de mi comunidad. En total, éramos como tres mil. Nos atacaron por tierra y aire. Desde un helicóptero disparaban bombas lacrimógenas y balas. En la pista la policía avanzaba hacia nosotros disparando al cuerpo. También nos atacaban desde un cerro. Yo vi tres cuerpos quemados. Esos no están entre los diez cadáveres que hemos recuperado.”
…
Sekut Díaz, una mujer aguaruna de 36 años, también estuvo en la Curva del Diablo. Con el dolor marcado en el rostro y sacándose el temor de encima –“Tenemos mucho miedo de hablar y decir la verdad de lo que pasó porque después vienen las represalias, pero alguien debe hablar porque si nadie hace oír su voz nunca se sabrá la verdad”– denuncia que ella vio a la policía rematar a los heridos que habían quedado atrás porque nadie pudo ayudarlos a escapar. “Nos atacaron sin compasión, como si fuéramos el peor enemigo. Yo me escondí cerca de la pista y desde ahí he visto cómo la policía mataba a unos hermanos que estaban heridos; les dispararon cuando estaban en el piso. También vi cómo quemaron a otro hermano. Vi cómo ardía su cuerpo; movía los brazos y sus piernas.”

Cosa curiosa: el informe recoge testimonio de un poblador que TAMBIEN es mencionado en el informe de la Defensoría, pero en esta oportunidad señala una versión distinta, contradictoria a lo que recoge la Defensoría. Sin duda, cada vez más queda en duda el papel de la Defensoría como institución imparcial, y quedan indicios de unos hechos que deberían ser investigados y calificados debidamente a la luz de las normas vigentes antes que negados per se.

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Los pobladores cusqueños hablan de la poca seriedad de Yehude Simon, de la táctica del “paseo” porque es verdad: en noviembre de 2008 Simon había acordado la elaboración de un estudio complementario de impacto ambiental sobre Sallca Pucará. Sin embargo el concurso que definirá la empresa encargada de la elaboración de este informe recién se viene convocando por estos días.

Alan García ha vuelto a ofrecer todo su apoyo a Sallca Pucará al reunirse el 2 de julio con Manuel Jove, el financista español del proyecto¹. Jove también tiene intereses en Puno, donde pretende construir otra hidroeléctrica. Manuel Jove fue el fundador de Fadesa, empresa que fusionada en Martinsa-Fadesa generó la mayor bancarrota de España.

Sallca Pucará afectará los cauces de los ríos Irubamba, Acco y Sallca y es justamente esto lo que desagrada a la población de Canchis: el embalse anegará tierras de comunidades campesinas, además que las propias obras generan el temor de la contaminación y de la afectación a la productividad de los suelos.

A todo esto la administración de Alan García y sus plumas amigas sólo han respondido calificando de “extremistas” a los pobladores afectados.²

Sin duda, que el 17% del territorio de la región Cusco esté demarcado como denuncios mineros, que exista un historial de conflictos con Tintaya en Espinar, y con las diversas mineras que trabajaron en el territorio cusqueño sin mayor celo en sus operaciones, mantiene el interés de la población en defender los territorios que consideran constantemente en riesgo.

No es cierto que exista un “furor confrontacional” en estos reclamos, sino la exploración de una serie de problemas constantes que desde Lima no suelen verse. El simple hecho de no tener una demarcación territorial clara en las provincias y distritos de Cusco es un conflicto que el gobierno (vía la PCM) no atiende. Si a eso le sumamos los riesgos que ve el poblador, sobre recursos básicos para su subsistencia (territorio, agua) que le serán quitados de su dominio sea para proyectos como Sallca Pucará u otros, entonces podremos entender por qué nacen los reclamos y las protestas.

1. Manuel Jove es propietario de “Inveravante”, empresa socio de Engel. Inveravante y Engel son propietarios de EGECUSCO, la empresa peruana que lleva adelante el proyecto
2. Ver al respecto no sólo las declaraciones de la comitiva de Yehude Simon en Canchis, noviembre de 2008, sino los trabajos de SER en Cusco que directamente deslegitiman a los reclamantes en los fines de su protesta. Al igual que Martín Tanaka, quien califica de “dirigencias radicales” y “confrontacionales” a aquellas que encabezan las protestas contra el Ejecutivo

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Hoy se publica una caricatura que ridiculiza a Aldo Estrada y Margarita Sucari, congresistas por Puno. Se les llama “Las mascotas del Perro del Hortelano” luego de haber votado a favor del APRA para no censurar a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas.

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Peor aún, la centralización reinante en el país se demuestra una vez más. La realidad de la sierra sur del país es específica y bien conocida: los suelos de Puno no soportan una agricultura intensiva, la misma que podría requerir de tractores y cosechadores para aumentar su productividad, y así impactar positivamente en los ciudadanos de Puno.

Además, los predios en Puno son, en su mayoría, pequeñas parcelas o “topos” de posesión familiar, en los cuales la maquinaria pesada dificilmente podría desarrollar sus tareas. Comunidades campesinas y caseríos mantienen la parcelación de las tierras como una práctica común, e incluso las familias sub dividen las parcelas asignadas.

Sin embargo, Puno tiene un gran potencial ganadero. Las extensas tierras del altiplano puneño, y de varias zonas de Cusco, sostienen eficientemente ganado vacuno, ovino y por supuesto camélidos: alpacas y llamas. Ese potencial es una y otra vez desdeñado, y así las características de las especies se vienen degradando por falta de apoyo gubernamental.

Estos “obsequios” que resultan ser mayormente ineficaces para la región, han sido a pesar de todo bien difundidos y promovidos, como se observa en la imagen. Se anuncia así un acto de gobierno que supuestamente beneficiará a la población de Puno. Como ya dijimos, en vez de observar la realidad de la sierra, la centralización de esta administración insiste en una visión extraña sobre la agricultura: sólo se insiste en el modelo de desarrollo de la costa, despreciando las potencialidades locales. Por ejemplo, un proyecto de poco gasto y buen impacto, como los cobertizos para el ganado, ha sido disminuido, en pro de otros planes que, o mal focalizados o mal planificados, terminan siendo un desperdicio de los escasos recursos del Estado.

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Contra las muchas voces que hablan de vacancia presidencial, la realidad impulsa a ver a García sentado en Palacio, zombie, sin mayor rango de acción. Sus iniciativas personales de gobierno se ven limitadas hasta que realmente se tranquilice el avispero, y hasta que la gente olvide la matanza de Bagua. Y su nivel de convocatoria y concertación se ven menguados tambien: salvo Lourdes Flores y UN, nadie ha transado con el APRA.

Ciertamente en el Congreso no se podría conseguir la vacancia, no existen los votos adecuados. Y en ese sentido, aunque el APRA no lo quiera reconocer, el mero hecho que Ollanta Humala salga en plan de candidato es un seguro de vida para García Pérez: mientras sea candidato, Ollanta Humala está reconociendo la alternancia democrática, y por tanto le concede “tiempo de vida” a García Perez como presidente actuante.

Es dudoso que con la derogatoria de los decretos legislativos se acabe la racha de protestas populares, y la misma herramienta “novedosa” (las mesas de diálogo con el Ejecutivo) que García empleó para personalizar su poder, ahora es su condena. Ante cualquier hecho, será llamado el Ejecutivo a atender los reclamos, no así el nivel inmediato de gobierno.

En vez de promover la inversión privada, García Pérez lo que ha hecho es poner el tema del abuso y de la “privatización” en el escenario de temores a la inversión. Con esto, varias iniciativas de esta administración van a convertirse en nuevos focos de problemas, desde los varios proyectos energéticos hasta la aplicación de las asociaciones público privadas, pasando por ese sistema casi inicuo, el famoso “Sierra Exportadora”.

Visto así, con una mirada retrospectiva a lo que ya dijimos en anteriores oportunidades, no es que seamos quarterback de lunes: en su momento sólo señalamos cosas que eran obvias, escenarios fáciles de preveer.

Jamás había estado tan jaqueada una administración, nunca tan mal vista a los ojos internacionales y nacionales. Rara vez tan cuestionada. Y aunque existe un séquito de medios y de intelectuales (y ciertamente una suerte de blogosfera oficialista) que siguen sosteniendo a García Pérez, e incluso construyendo las bases de un fujimorismo sin Fujimori, lo real es que hay resistencias creadas que reaccionarán a cualquier nuevo paso de esta administración.

Quizá sea entonces que recien con García-zombie acabe la transición democrática. Alan García Pérez vendría a ser, mas bien, el representante soñado del post fujimorismo. La salida es, entonces, seguir construyendo el estado de derecho, preparando las elecciones generales del 2011 y siendo conscientes que García Pérez deberá, esta vez sí, ser llevado a la justicia a la par que un nuevo gobierno democrático se instaura.

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De miedo: es poco más o menos la defensa de la cruz frente al “neocomunismo anárquico” y sus amigos los ateos, los pervertidos sexuales y por supuesto las minorías étnicas.

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No es su primera relación con el gobierno, dentro de un gobierno aprista. En el primer gobierno de García ya había trabajado como Asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Además, es profesor contratado para la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en Derecho Penal.

Ahora, en Bagua, lo más seguro es que se convierta en ejecutor de la persecución, como el célebre José Antonio Belón, Procurador de Puno

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La verdad es un poco más gris

En este preciso instante no hace falta un proyecto de ley para la derogación de estos decretos, porque ya existe un proyecto en el Congreso, que ha pasado y aprobado todo el procedimiento usual para la dación de leyes, salvo la votación por el pleno.

Hablamos del proyecto 3289-2008, que busca la derogación del Decreto Legislativo 1090. Y es este el proyecto de ley que defendieron los fujimoristas y el Partido Nacionalista, justo antes de la masacre de Bagua.

Antonio Brack hace este anuncio sólo para ganar tiempo y poner cartas de buena voluntad en el diálogo que el señor Yehude Simon mantiene en la selva central, para buscar el desbloqueo de las carreteras. La presentación de este proyecto lo que hará es dilatar más el tema, pues requerirá debates de comisión, emisión y depuración de dictámenes y nuevas reuniones para consensos en el texto final de la norma.

Todo eso significa tiempo. Mientras tanto, el Ejecutivo traslada el problema al Congreso, desprestigiandolo un poco más. Por cierto, fue el partido de gobierno el que retrasó y obstaculizó el debate de este proyecto de Ley, asimismo el Presidente del Congreso (también del partido de gobierno) se resistió a incluirlo en la agenda del Pleno.

En el caso del Decreto Legislativo 1064, existen otros tantos proyectos de ley en comisión, los que deberían ser aprobados y pasados al pleno para debate. Todo esto pasa por el control político del APRA, el partido de gobierno que sistemáticamente ha evitado formar quorum para la aprobación de estos proyectos de Ley.

La solución de Yehude Simon, de ofrecer un proyecto de ley para derogar ambas normas, es notoriamente innecesaria, ridícula y busca engañar a la ciudadanía, a las etnias amazónicas sobre todo, demostrando una inexistente voluntad de diálogo.

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De quién es el Perú

Ollanta Humala hace una pregunta válida. El Estado actual limita la propiedad, pre establece el principio que el subsuelo es estatal, y de ahí la estúpida frase del estólido Yehude Simon: la selva de todos los peruanos.

No está de más el notar que el video esta bien producido, y que directamente Ollanta Humala se pone en el supuesto de ser gobierno, para unas elecciones generales que se acercan, poco a poco. Por cierto, hizo bien en no salir a quejarse por sus congresistas amonestados ilegalmente por el Congreso.

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