El país viene debatiendo nuevamente el tema del régimen pensional público, azuzado por el descalabro fiscal que éste ha ocasionado en Europa. Desde los debates relacionados con la Ley 100 de 1993 es bien sabido que la evolución demográfica causa la necesidad de estar continuamente ajustando la edad de pensión, la llamada tasa de reemplazo (= Beneficios/Aportes) y evaluando la incidencia de la elevada informalidad laboral sobre el fisco.

A pesar de los ajustes de la Ley 797 y 860 de 2003, el régimen público continúa arrojando faltantes pensionales, especialmente por los mayores tiempos de disfrute de la pensión (elevándose ahora de los 20 hacia los 25 años al extenderse la expectativa de vida de los colombianos). De no realizarse toda una serie de urgentes ajustes, el Valor Presente Neto (VPN) del pasivo pensional público se estaría elevando pronto hacia el 140% del PIB.

Además de los temas regulatorios, están los desafíos administrativos del régimen público. Cabe recordar que, en 2007 se logró crear Colpensiones, tras escindir el componente pensional del de la salud, antes concentrado en uno de los peores focos de corrupción y desidia administrativa del país: el ISS. Colpensiones está en el proceso de recibir la historia actuarial de unos 6 millones de afiliados, 2 millones de cotizantes y 1 millón de pensionados. Además, debe asumir la responsabilidad de: i) girar $1.2 billones/mes a dichos pensionados; ii)  estudiar y aprobar el reconocimiento pensional de unos 120.000 casos/año; y iii) manejar 340.000-500.000 solicitudes de información semestralmente.

Ya es de conocimiento público que Colpensiones la “tendrá difícil” por cuenta de serios problemas estructurales, incluyendo: i) su rudimentario sistema de información; ii) los elevados riesgos operacionales; y iii) los serios problemas administrativos que conlleva, por lo general toda entidad pública, donde la preocupación por incrementar la productividad constituye la excepción y no la regla. A pesar de que hoy se cuenta con una dirección idónea y experimentada, podrá más la histórica gavilla política que los deseos del “buen gobierno”.

Por lo que sabemos, Colpensiones deberá administrar 60 bases de datos que parecen “no hablarse bien” entre ellas; son 13 millones de expedientes; 1.2 millones se encuentran en trámite; 900.000 pensiones aguardan su “dictamen”; y muchas personas llevan entre 2 y 5 años esperando una solución. Por ello, sólo en el año 2010, hubo unos 200.000 derechos de petición y 96.000 tutelas para intentar agilizar dichos trámites. Actualmente existen cerca de 84.000 procesos judiciales-pensionales, donde el “enemigo” parece estar entronizado en el antiguo-ISS, existiendo 16.000 investigaciones internas por faltas disciplinarias.

La procuraduría tiene a su cargo 7.000 investigaciones internas/año, ¿Cuánto tiempo le tomará revisar este maremagnum? Parecería que corriera en Colombia el año 1992 en materia de desidia administrativapensional y no el año 2012, ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 20 años? ¿Por qué insistimos en un régimen público que no funciona en lo administrativo y que abre, día a día, un boquete fiscal?

Anif ha venido proponiendo de tiempo atrás soluciones de fondo, tecnocráticas (no populistas), que implican: i) cierre del régimen público para nuevos cotizantes; ii) reducción de las tasas de reemplazo de niveles del 65%-80% al 45%-50%, eliminando los subsidios remanentes; e iii) incremento de la edad de pensión de 60/62 a 62/65 (Mujeres/Hombres).

El director de la ANH, Orlando Cabrales, dijo que 10 bloques se encuentran costa afuera y los restantes en territorio continental, en áreas montañosas y selváticas que incluyen las cuencas de los valles medio y superior del Magdalena, la Cordillera Oriental, el Catatumbo, el Caguán y el Putumayo.

“Estamos ofreciendo 109 (bloques) y esperamos adjudicar la mayoría, nunca se ha logrado adjudicar el cien por ciento, pero esperamos estar en un porcentaje bastante importante”, declaró el funcionario a periodistas.

Colombia, el cuarto productor latinoamericano de crudo después de Venezuela, México y Brasil, vive un auge en inversión extranjera hacia los sectores petroleros y de minería por unas mejores condiciones de seguridad que se lograron desde el 2002 por una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista.

La ofensiva, apoyada por Estados Unidos, permitió recuperar para las actividades de exploración y explotación zonas que antes controlaban los grupos armados ilegales, que se replegaron hacia apartadas zonas montañosas y selváticas.

La inversión extranjera directa que recibió Colombia en el 2011 ascendió a 14.800 millones de dólares desde 2.100 millones de dólares en el 2002.

Sólo este año Colombia espera inversiones por 1.300 millones de dólares en actividades de exploración de crudo, afirmó Cabrales al revelar que el país tiene un factor de éxito de un 50 por ciento en actividades de búsqueda de hidrocarburos.

“Todo esto lo que nos ayuda es a mantener los niveles de producción, sino estamos incentivando la exploración, es difícil mantener los niveles de producción que estamos logrando”, sostuvo Cabrales.

Colombia, que cuenta con alrededor de 2.000 millones de barriles de petróleo en reservas, reportó en el 2011 una producción de 914.000 barriles por día y espera elevarla a un millón de barriles diarios en los próximos meses.

“Lo que buscamos ahora es que Colombia mantenga un nivel de producción superior al millón de barriles, pero de manera sostenible durante décadas”, dijo por su parte el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas.

Cabrales reveló que los bloques ofrecidos fueron clasificados en tres niveles para dar la oportunidad a empresas pequeñas, medianas y grandes de participar en el proceso de adjudicación de una forma transparente.

Una de las novedades de la subasta es la inclusión de dos bloques en el Océano Pacífico, que inicialmente no estaban contemplados en el plan.

El complejo acuerdo alcanzado en negociaciones durante la noche compra tiempo para estabilizar al bloque monetario de 17 países y fortalecer sus cortafuegos financieros, pero deja profundas dudas respecto a la capacidad de Grecia de recuperarse y evitar caer en cesación de pagos en el largo plazo.

Tras 13 horas de negociaciones, los ministros acordaron medidas para bajar la deuda de Grecia a cerca de un 120,5 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2020, levemente por encima de la meta inicial de 120 por ciento.

“Hemos alcanzado un acuerdo amplio sobre el nuevo programa de Grecia y sobre la participación del sector privado que llevará a una significativa reducción de la deuda de Grecia (…) para asegurar el futuro de Grecia en la zona euro”, dijo Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo de ministros de Finanzas, en una conferencia de prensa.

Grecia estará bajo vigilancia permanente por parte de una mayor presencia europea en terreno y tendrá que depositar fondos en una cuenta especial para garantizar los pagos de su deuda.

Aunque el acuerdo fue considerado como un paso adelante para Grecia, expertos advirtieron que el país necesitará de más ayuda si quiere reducir su deuda al nivel estipulado en el rescate.

Al acordar que el Banco Central Europeo distribuirá sus ganancias por las compras de bonos y que los tenedores de bonos privados aceptarán más pérdidas, los ministros encontraron los caminos para reducir la deuda griega a un punto que debería asegurar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional.

Los rendimientos de bonos italianos y españoles cayeron en medio del alivio entre los inversores de que se evitó una amenaza al resto de la zona euro, aunque las expectativas de un acuerdo ya habían sido mayormente incluidas en los precios en los mercados bursátiles y cambiarios.

“Es un resultado importante que retira los riesgos inmediatos de contagio”, dijo el primer ministro italiano, Mario Monti, en una rueda de prensa.

“Se evitó un escenario de pesadilla”, dijo el ministro de Finanzas de Grecia, Evangelos Venizelos, en Atenas. “Es quizás el (acuerdo) más importante en la historia de Grecia de la posguerra”, agregó.

Aunque el acuerdo da tiempo para que la zona euro establezca nuevas medidas contra la crisis en los próximos meses, significa que Grecia no registrará crecimiento económico en años.

Las medidas de austeridad griegas son profundamente impopulares entre su población y mantienen bajo presión a sus políticos, que se enfrentarán en elecciones en abril.

Nuevas protestas en las calles podrían poner a prueba el compromiso de los políticos para recortar salarios, pensiones y empleos. Los dos mayores sindicatos de trabajadores de Grecia llamaron a una protesta en Atenas para el miércoles.

Un sondeo realizado justo antes del acuerdo alcanzado en Bruselas mostró que el respaldo a los dos partidos griegos que apoyaron el paquete de rescate cayó a un mínimo histórico, mientras que los partidos de izquierda y contrarios al rescate elevaron su porcentaje de preferencias.

El líder conservador griego Antonis Samaras, uno de los favoritos para convertirse en el próximo primer ministro, dijo que las metas de reducción de deuda del paquete de rescate sólo pueden cumplirse a través del crecimiento económico.

“Sin el rebote y crecimiento de la economía (…) ni siquiera pueden cumplirse las metas fiscales inmediatas, ni tampoco puede volverse sostenible la deuda en el largo plazo”, declaró durante una visita a Chipre.

Ahora, los Parlamentos en tres países que han sido muy críticos del segundo rescate a Grecia -Alemania, Holanda y Finlandia- deben aprobar el paquete.

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, quien provocó malestar al sugerir que Grecia era un “pozo sin fondo”, afirmó que confiaba en que el acuerdo sería aprobado por los parlamentarios.

Dudas persistentes

Algunos economistas afirman que aún existen dudas respecto a si Grecia puede pagar incluso una deuda reducida, lo que sugiere que el acuerdo podría sólo retrasar en unos meses una moratoria más profunda.

El ministro de Finanzas sueco, Anders Borg, comentó: “Lo que se hizo es un significativo paso hacia delante. Por supuesto, los griegos continúan sumidos en su tragedia; este es un nuevo acto en un largo drama”.

“No creo que debamos considerar que están libres de cualquier problema, pero creo que hemos reducido el problema griego a sólo un problema griego. Esto ya no es una amenaza a la recuperación en toda Europa y es otro paso hacia delante”, añadió.

“Las medidas de austeridad que (Grecia) tendrá que implementar y una mayor monitorización por parte de la troika en medio del descontento del público harán las cosas más difíciles y profundizarán su recesión. Existe un riesgo de una salida de la zona euro más tarde este año”, comentó Jennifer McKeown, economista para Europa en Capital Economics.

Una vuelta al crecimiento económico en Grecia tomaría hasta una década, una posibilidad que hizo que miles de personas salieran a las calles de Atenas a protestar el domingo. Los recortes profundizarán una recesión que ya va en su quinto año, afectando los ingresos del Gobierno.

Un informe preparado por expertos de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional afirmó que Grecia necesitará de alivio adicional para recortar su deuda hacia la meta oficial, dado el empeoramiento de su economía.

Si Atenas no aplica reformas económicas ni ahorros para hacer más competitiva a su economía, su deuda podría alcanzar un 160 por ciento al 2020, sostuvo el informe.

“Teniendo en cuenta los riesgos, el programa griego por lo tanto puede seguir siendo propenso a los accidentes, con interrogantes acerca de la sustentabilidad”, dijo el reporte confidencial de nueve páginas, poniendo de relieve que los problemas de Grecia están lejos de terminar.

El acuerdo permitirá que Atenas lance un canje de bonos con inversores privados para ayudar a reducir y reestructurar sus enorme deuda.

Cerca de 100.000 millones de euros en deuda serán amortizados, con los bancos y aseguradoras canjeando los bonos que tienen por unos de más largo plazo que pagarán un cupón más bajo.

Se espera que los tenedores privados de deuda griega tengan pérdidas de un 53,5 por ciento o más sobre el valor nominal de sus bonos. Anteriormente se esperaba que asumieran una amortización nominal de un 50 por ciento, lo que equivale a una pérdida cercana al 70 por ciento sobre el valor presente neto de los bonos.

Un comunicado del Eurogrupo afirmó que el BCE entregará las ganancias que obtuvo a través de la compra de bonos griegos en los últimos dos años a los bancos centrales nacionales de la zona euro, para que a su vez sus gobiernos giren esos fondos a Atenas “para mejorar más la sustentabilidad de la deuda pública de Grecia”.

El BCE ha gastado unos 38.000 millones de euros en deuda del Gobierno griego que ahora tiene un valor de alrededor de 50.000 millones de euros.

El canje de bonos con acreedores privados sería lanzado el 8 de marzo y se completaría tres días más tarde, dijo Atenas el sábado. Eso significa que se reestructurarían 14.500 millones de euros en repagos de bonos con vencimiento al 20 de marzo, lo que permitiría que Grecia evite caer en moratoria.

El dividendo se divide en dos: uno “ordinario” por $263 por acción y uno “extraordinario” por $37 por acción. Este dividendo extraordinario obedece a los resultados récord obtenidos por Ecopetrol, jalonados por altos precios del crudo y un gran crecimiento en la producción.

De los $15,4 billones de utilidades netas obtenidas en 2011, la propuesta es distribuir como “ordinario” el 70%, que equivale a $10,8 billones.

Para el pago del extraordinario, se tomará un 9,8% de la utilidad neta de 2011, que equivale a $1,5 billones.

En total, Ecopetrol propone distribuir $12,3 billones entre “ordinario” y “extraordinario”.

Se destaca que además de las utilidades netas, la empresa tiene $4 billones adicionales disponibles por concepto de reservas de años anteriores.

El dividendo ordinario se pagaría en 3 cuotas en los meses de abril, agosto y diciembre. El extraordinario se pagaría en los doce meses siguientes a la asamblea de accionistas.

La Nación, como accionista mayoritario de Ecopetrol, dueña del 88,5% de las acciones,  recibiría $10,9 billones, al sumar los dos tipos de dividendo.

Los accionistas minoritarios, es decir alrededor de 521 mil, recibirían $1,4 billones.

Si una persona tiene un paquete de 1.000 acciones recibirá este año por concepto de dividendos $300.000.

La estrategia consiste en ofrecer créditos condonables a todos los colombianos interesados en cursar programas académicos que tengan énfasis en desarrollo de software y aplicaciones. El Ministerio TIC destinó un fondo de 36 mil millones de pesos, que serán operados por el ICETEX, para ofrecer dichos créditos.

“Ya no hay excusa para no estudiar y capacitarse, nunca antes el gobierno y en especial el Ministerio TIC, habían ofrecido tantos beneficios, incentivos y subsidios para estudiar”, señaló la Viceministra María Carolina Hoyos Turbay en el marco del lanzamiento de Campus Party Colombia.
Las personas que quieran ser beneficias con esta estrategia, deberán dirigirse al ICETEX con copia de su documento de identidad, un recibo de servicio público de su domicilio, la carta de aceptación de la universidad o instituto técnico al cual van a ingresar y una copia del pensum del programa académico respectivo.
A partir del primero de abril se empezarán a recibir las solicitudes para los estudiantes que quieran iniciar clases a mediados de este año en cualquier programa de educación técnica, tecnóloga, profesional y magister en universidades, institutos técnicos y tecnológicos acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional.
“Todas las regiones puedan acceder a estos créditos, nuestro objetivo es aumentar el número de personas formadas en desarrollo de aplicaciones y software, para mejorar la competitividad de la industria, lo cual significa mayor y mejor empleo para los colombianos”, expresó el Ministro TIC.

¿En que consiste el crédito condonable?

Es un crédito que le permite al estudiante cubrir el costo de la matrícula, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

1. El estudiante debe terminar la totalidad del programa académico.
2. El estudiante debe hacer aportes a la estrategia Gobierno en línea a través de: trabajo en el desarrollo de esta estrategia en una entidad territorial y/o desarrollando aplicaciones, soluciones Web o software que faciliten la relación entre el Estado y los ciudadanos.
3. El costo de los créditos académicos (materias) no aprobadas, no será condonable y deberá ser asumido por el estudiante.

Proview Technology (Shenzhen) alega que posee la marca comercial de iPad en China y un tribunal de Shenzhen falló a su favor el pasado diciembre. Proview ha lanzado desde entonces una estrategia múltiple para conseguir sacar de las tiendas el iPad de Apple, con éxito variado.

El iPad de Apple tiene una enorme ventaja frente a tabletas rivales en China con una cuota de mercado del 76 por ciento. Pero no sólo es la porción del mercado en China lo que importa a Apple, ya que el país tiene también una importante base de producción para el iPad y otros productos.

De hecho, Proview Technology (Shenzhen) ya ha pedido a la aduana china que paralice los envíos del iPad en y fuera de China, aunque las autoridades han indicado que es un tipo de prohibición que sería difícil de imponer.

Anteriores resoluciones judiciales se han referido a tiendas específicas en ciudades más pequeñas, pero una orden en Shanghái, de imponerse, mermaría uno de los mayores mercados de Apple en China, donde se encuentran tres de sus cinco grandes tiendas en ese país.

Proview confía en que el tribunal de distrito falle a su favor e imponga una medida cautelar para paralizar la venta de iPads en Shanghái, dijo el martes el abogado de Proview, Roger Xie, a Asian Business Legal, una publicación de Thomson Reuters.

Los abogados dijeron que no se prevé que el juicio se celebre hasta dentro de unos meses y que Apple tendría en cualquier caso la opción de apelar en caso de perder.

Apple disputa la propiedad de la marca por parte de Proview, alegando que compró la marca comercial a Proview en el 2009. La firma ha apelado la sentencia Shenzhen ante un tribunal superior, que ha fijado una audiencia para el 29 de febrero en la provincia china de Guangdong, en el sur del país.

El pacto fue firmado casi cinco años atrás pero enfrentó fuerte resistencia de algunos sectores industriales y agrícolas en ambos países. El acuerdo podría enfrentar más vallas en Corea del Sur, donde el partido opositor ha dicho que intentará derogarlo.

El ministro surcoreano de Comercio, Park Tae-ho, dijo a periodistas que la implementación del acuerdo ayudará a los exportadores de su país que han perdido ventas en Europa debido a la crisis de deuda que afecta a ese continente, la cual ha perjudicado a los consumidores y la demanda empresarial.

“En un momento como este, el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad positiva para que nuestras exportaciones a Estados Unidos, que es el mercado desarrollado más grande del mundo, crezcan significativamente”, acotó.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Ron Kirk, en un comunicado emitido en Washington, dijo que el pacto ayudará a crear decenas de miles de empleos en las industrias exportadoras.

“La entrada en vigor de este acuerdo abrirá la economía surcoreana de un billón de dólares para los trabajadores, las empresas, agricultores y ganaderos estadounidenses, y a la vez fortalecerá nuestra sociedad económica con un aliado clave en Asia-Pacífico”, dijo Kirk.

En tanto, el congresista republicano Dave Camp, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, instó al Gobierno del presidente Barack Obama a traer a efecto “lo antes posible” otros dos pactos comerciales con Colombia y Panamá.

El Congreso aprobó los tres acuerdos en octubre.

El Gobierno de Obama ha dicho que está trabajando para implementar lo antes posible los dos acuerdos con los países de América Latina, pero no ha dado una fecha precisa para aquello.

“Los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas”, dice el artículo 13 de la Ley del Plan (orientación de recursos del SGP a resguardos indígenas). Según la sentencia (C-

077 de 2012), este artículo es constitucional, pues los resguardos a los que se refiere la norma no tienen la naturaleza jurídica de entidades territoriales.

Sobre el artículo 14 de la  Ley, la Corte consideró que la modificación del porcentaje de la participación del propósito general para deporte, recreación y cultura del SGP no afecta la autonomía territorial.

En relación con el artículo 20, sobre el monitoreo, seguimiento y control del SGP para agua potable y saneamiento básico, la Corte encontró que es consecuente con los objetivos de las Bases del Plan de Desarrollo para alcanzar crecimiento económico  y la dinamización de sectores, dentro de los cuales se incluye la locomotora de la vivienda.

La Corte determinó que el artículo 22, sobre inversiones de las CAR en agua potable y saneamiento básico, es constitucional. La autorización para que realicen aportes a municipios y a empresas de servicios públicos que en ellos operen, para obras de infraestructura del sector agua potable y saneamiento básico, se encadena con la realización de objetivos como aprovechar el nivel de urbanización.

Además, agrega que para lograr el cumplimiento de los requisitos ambientales y la sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, el Plan prevé su vinculación en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Otra de las disposiciones que se ajusta a la Constitución es el artículo 23 de la Ley del Plan, que incrementó la tarifa mínima del impuesto predial.

En cuanto a inversiones nuevas en contratos de estabilidad jurídica, artículo 49, la Corte encontró que la modificación hecha a la ley “tiene conexidad con el eje temático de los soportes transversales de la prosperidad democrática‟, en el tema de “relevancia internacional”, que incluye, entre otros, la inserción en la economía global y la incorporación de nuevas tecnologías al aparato productivo.

Finalmente, la Corte estableció que el artículo 175 de la Ley, sobre financiamiento al  patrimonio cultural,  es un mecanismo idóneo para su promoción y se ubica dentro del eje de „igualdad de oportunidades para la prosperidad social‟ del Plan Nacional de Desarrollo.

Igualmente, el ente de control advirtió que la práctica de exenciones tributarias a productos de la industria de licores, ocasiona un presunto detrimento en el nivel territorial con respecto al pago de impuestos al consumo de licor, y adicionalmente en las rentas a nivel nacional que son cedidas para el sector salud, como el caso del Impuesto al Valor Agregado IVA.

En el caso anterior, “se impacta negativamente la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, ya que no se permite el recaudo de los tributos e impuestos correspondientes (impuesto al consumo de licores e impuesto al valor agregado IVA) y se genera una gestión antieconómica”.

La decisión se sustentó en el hecho que se ofrecieron 3 localidades y al llevarse a cabo el concierto fusionaron dos localidades en una sola (la localidad “Platino” y la localidad “VIP”), a pesar de que las boletas “Platino” tuvieron un costo superior. La SIC en primera instancia sancionó mediante la Resolución No. 26411 del 23 de mayo de 2011 a las dos empresas, pero al resolver el recurso de apelación encontró que la sociedad Coltikets no tuvo conocimiento previo del cambio de localidades que iba a realizar la sociedad Seis Grupo, razón por la cual se revocó la sanción contra la primera de ellas.

Las dos empresas deberán disponer en los próximos 15 días hábiles, todo lo necesario para hacer el reintegro a los beneficiados con esta decisión, de la forma más expedita y ágil posible, sin mayor requerimiento que la presentación de la boleta Platino.