Operación Astapa

¿Han visto ustedes a alguien de la Junta, esposado y vilipendiado por los ERES?

2016-03-07T20:51:00.002+01:00

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El colectivo 176 y +, compuesto por gran parte de los "enchufados" que Valadez denunciaba en Astapa, llegó a apoyar la candidatura de Valadez en las pasadas Municipales.

2016-03-06T21:09:00.004+01:00

Este colectivo de trabajadores municipales, que fueron despedidos por el PP, tras su llegada a la alcaldía en 2011, después del escándalo que destapó Valadez de enchufismo en sus denuncias, han venido, paradójicamente, siendo utilizados por las ramas socialistas afines a Valadez, denunciante de la operación, como ariete contra el, actual alcalde popular. Habiendo sido estas mismas plataformas "culturales" socialistas, las mismas que, a bombo y platillo, defendieron las denuncias que destaparon Astapa.
Curiosamente, Valadez, tras tomar la alcaldía al asalto propiciado por las detenciones de, sus hasta entonces, compañeros de partido y de gobierno, no despidió a ninguno, después de haber levantado el escándalo de enchufismo en sus denuncias.

https://estepona176ymas.wordpress.com/2014/12/01/psoe-exige-al-alcalde-de-estepona-la-readmision-inmediata-de-los-176-afectados-por-el-ere-del-ayuntamiento/
El mismo David Valadez que denunció el excesivo número de empleados municipales, anunciaba un año después de su toma de la alcaldía, la creación de 1000 nuevos empleos con fondos públicos en la localidad.

La amiga de Valadez, echándole una manita a la plataforma "cultural" Rosas Rojas.

Un pasaje más de los palmeros de esta farsa.

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El 3 de abril, se cumplen tres años de la muerte del abogado Juan Simón, sin que la Justicia admitiese un careo frente a los denunciantes de Astapa, que había solicitado el 27 de abril de 2010, una vez se abrió el sumario del caso.

2016-03-05T23:33:00.001+01:00

Se querrelló contra los denunciantes por denuncia falsa y falso testimonio en causa penal.
La Justicia no accedió a su solicitud de un careo frente a los denunciantes, una vez se abrieron los tomos relativos a su detención y supo de los presuntos delitos cometidos que se le imputaban a raíz de las denuncias que el calificaba de falsas. Tres años después apareció muerto bajo su domicilio. Da la impresión de que la intención de los diferentes jueces (la lista es ya de cinco), que han desfilado por este caso, ha sido, invariablemente, no aportar al mismo elementos de investigación que pusieran en entredicho tanto lo manifestado por los denunciantes, como las "investigaciones" llevadas a cabo por Policía y Justicia.

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Este año se cumple el décimo de la denuncia que dio lugar a la gran farsa político-judicial de "La Operación Astapa"

2016-02-27T22:58:00.001+01:00

El 16 de noviembre de este año, hace la friolera de dos lustros, los denunciantes, de la operación judicial que puso en jaque a todo un pueblo, presentaron la denuncia que dio pie a esta gran farsa.

Según Rita Barberá, la carga de la prueba de culpabilidad recae en quien denuncia, no en el denunciado. Excepto en el caso Astapa, por lo visto, donde la propia Policía y Justicia se convirtieron desde el principio en juez y parte. Y, por lo visto, los únicos que quedan ya por interrogar, antes de interrogar a los imputados (que aún no han declarado en diez años), son los ladrillos de los convenios urbanísticos, a ver si ellos saben algo.
El próximo 17 de Junio se cumplirán ocho años del inicio de las detenciones, mientras aún están, dicen, los investigadores a las espera de 30 informes sobre convenios urbanísticos y otros 7 de otro tipo, cuando "en teoría" dichos informes fueron los principales "hechos" en los que se sustentaban las denuncias, las posteriores escuchas e intervención secreta de las cuentas de los imputados, así como las detenciones. ¡Ver para creer!

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La jueza Conejo investigó como ilegal en Astapa lo que ahora considera legal con Valadez.

2012-02-12T14:13:00.000+01:00

Convenios urbanísticos. En ambos casos se utilizó dinero de los convenios urbanísticos para realizar pagos corrientes.

CSIF/Estepona.

Para cualquier ciudadano de Estepona medianamente informado, resultaba cuando menos paradójico que fuese Valadez quien denunciase los convenios urbanísticos que firmaba el Ayuntamiento, cuando él, como portavoz del grupo municipal socialista en el municipio, durante el periodo 2003-2007, no solo los aprobaba sino que incluso los defendía con vehemencia en los plenos municipales.

Pero más sorprendente fue aún que, cuando accedió a la alcaldía, no solo no anuló estos convenios que había denunciado, ni devolvió el dinero a los empresarios que los habían firmado, sino que además utilizó ese dinero para pagar gastos corrientes, cuando sabía que eso lo prohibía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Y todo ello, cuando para más INRI, tomó la decisión de paralizar el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona (PGOU), lo que impedía seguir adelante con los trámites de esos convenios.

Por esta cuestión, Valadez fue denunciado hace alrededor de un año, ante los juzgados de nuestro municipio, tanto por el sindicato CSIF como por el Partido Popular de Estepona.

Pues bien, hace unos días el Juzgado nº 5 de Estepona, al frente del cual está casualmente la jueza Isabel Conejo, una de las primeras instructoras del caso Astapa, archivó provisionalmente esta denuncia, que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga, por el Partido Popular de Estepona. También el CSIF, al que todavía no se le ha comunicado ese archivo provisional, ha anunciado que hay un 99% de posibilidades de que también recurra ese auto.

Pero lo que llama poderosamente la atención, es que la jueza Conejo, que ha llevado este caso y que también instruyó la primera parte del caso Astapa, tenía que conocer, por tener la obligación de habérselos leído, que hasta cuatro informes policiales de la UDEF-BLA, que forman parte del sumario de Astapa, decían que no se podían utilizar los fondos provenientes de los convenios urbanísticos para pagar gastos corrientes porque ello sería ilegal, ya que contravenía el articulo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el articulo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así se recoge en los informes de la policía UDEF-BLA del 17 de julio del 2007, del 8 de octubre del 2007, del 5 de noviembre del 2007 y en el macro informe del 3 de junio del 2008, que fue el que propuso, entre otras actuaciones, la intervención del Ayuntamiento de Estepona. En este último informe, que se encuentra en el Tomo VII del sumario, folio nº 2858, dice el autor del informe policial textualmente lo siguiente:

“Pero, ¿por qué estos pagos son definidos como irregularidades?:

El articulo 75 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, es clara en su redacción de los destinos únicos y exclusivos a los que se puede destinar los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, diferenciando entre los terrenos y construcciones que integren los patrimonios público del suelo, y de otra parte los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos del suelo. Estos últimos que se corresponderían con los ingresos monetarios procedentes de convenios urbanísticos, por esta prescripción legal se destinarán a:

Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

La conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.

La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada

Afirmación que se ve reforzada por el ya conocido El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en su art 5° da una limitación de Destino:" Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.”.

También consta en el sumario de Astapa, Tomo XIV, pagina 321 del PDF, que uno de los fiscales que llevaba el caso, delante de la propia jueza Conejo, preguntó a un empresario que había firmado un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Estepona, que además que era abogado, si desconocía lo que decía la LOUA a este respecto, ya que su dinero se había destinado a pagar nominas. El fiscal le espetó al empresario cuando fue citado a declarar:

¿Usted no conoce como abogado que la ley andaluza del suelo en la época de celebración de este convenio establecía un destino específico para el dinero proveniente de los convenios?

Al parecer ambos desconocían, fiscal y jueza, -este hecho es muy grave en quienes tenían la responsabilidad de comprobar si existían o no irregularidades en el Ayuntamiento- es que ese dinero que se destinó a pagar nominas, en primer lugar, provenía de un convenio urbanístico de planeamiento. Y en segundo lugar, que la Ley que impedía la utilización del dinero de los convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente, fue la Ley 13/2005 Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, que entró en vigor a finales del mes de diciembre del 2005, fecha posterior a la firma de ese convenio.

A sensu contrario, Valadez sí utilizó el dinero de esos convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente mucho después de que entrase en vigor esa Ley.

Sin embargo, ahora, la jueza Isabel Conejo mantiene una tesis contraria a lo que decía la policía en sus informes y manifiesta en su auto que la utilización de ese dinero para pagar gastos corrientes no es ilegal. Parece evidente que o la justicia no es igual para todos y utiliza distintas varas de medir o en su momento se actuó sin el rigor investigatorio exigible y predominó el todo vale.

Inquisición Astapa (II). Cronología y contexto de un despecho político. El antes, el durante y el después.

2011-06-25T13:03:00.002+02:00

Cronología y contexto de un despecho político.

Contexto político de la Operación Astapa

Antes, durante y después.

Esta operación político-judicial se desencadena el 17 de junio de 2008 tras haber permanecido año y medio en secreto, motivado por la proximidad de tres citas electorales en un año y en prevención del consiguiente perjuicio que pudiera haberle acarreado al partido del Gobierno (PSOE) tanto en Estepona como en Andalucía y en España, en caso de haberse iniciado con anterioridad. Previamente a la presentación de las denuncias el 16 de noviembre de 2006 en Madrid, hubo un “antes” y tras el inicio de la instrucción un “durante” y, posteriormente hasta hoy, un “después”.
El “antes” de la Operación Astapa se encuadra en un contexto de rivalidad política desde un año antes en el que premeditada y secretamente se acaban planificando las denuncias por parte de dos concejales socialistas despechados del Ayuntamiento de Estepona: David Valadez López y Cristina Rodríguez Alarcón.

El “durante” se prolongará desde la interposición de las denuncias, con el desarrollo de las “no investigaciones” coincidiendo con las campañas electorales de las municipales, andaluzas y nacionales (que tenían lugar en el periodo de un año y de la que se vieron beneficiados los denunciantes), hasta el inicio de las detenciones. En esta incertidumbre nuevamente (y ya van cuatro) se han vuelto a producir las últimas elecciones municipales. Esto es, con un Ayuntamiento sobre el que su “intervención de facto” aún persiste bajo “secreto sumarial” y con la sombra de la sospecha merodeando sobre muchos de los candidatos en listas y no sólo, por cierto, de imputados para quienes conocen el sumario.

El “después”, por su parte, se desarrolla desde el bautizo “público” de esta “operación secreta” propiamente dicha con las detenciones incluídas, en 2008, hasta la fecha, verano de 2011, cuando aún no se ha levantado totalmente el secreto sumarial y después de tres años con la alcaldía tomada judicialmente por un alcalde no electo, con la connivencia “judicial”, un mes después del inicio de las detenciones: el 17 de julio de 2008. En una insólita actuación judicial que supuso de hecho un golpe de Estado electoral. Comprobaremos como esta operación, independientemente de cuál sea la deliberación de los jueces, ha sido sólo una estratagema, un “caballo de Troya” utilizado por los denunciantes no sólo para conseguir la alcaldía sino también para hacerse con el control de la ejecutiva local del PSOE esteponero. Esa es la principal trama de la Operación Astapa, precisamente la que menos han “olido” los sabuesos investigadores. ¿O sí la habían olido pero el guión era otro?

De lo acontecido en este “después”, en el que aún permanecemos, adquieren relieve ciertas informaciones que en su día pasaron inadvertidas y que darían a esta operación otra finalidad menos confesable, además de las deseadas por los denunciantes: la consecución de condiciones más ventajosas para ciertos propietarios de unos terrenos susceptibles de urbanizar o especular, pero sobre los que pesan la construcción de un centro universitario; la consabida Universidad de Estepona. Precisamente este empresario, sólo hay que tirar de hemeroteca, que no fue detenido ni imputado tal como él mismo afirmaría tajantemente a la prensa durante los días de las detenciones, sí especuló desde el principio con estos terrenos. Compró gran parte de los mismos a los bancos y posteriormente vendió parte de ellos al parecer, para poder imcumplir los acuerdos adoptados con Barrientos respecto al proyecto universitario esteponero.

“El antes” de la Operación Astapa se encuadra en la lucha política por el control del PSOE local de Estepona iniciada por los denunciantes contra Antonio Barrientos, influídos por una facción del partido que ostentó desde 1980 hasta 1995 la dirección de la asamblea local.

La llegada de Jesús Gil Marín a la alcaldía de Estepona en 1995 supuso un revés para las fuerzas tradicionales de Gobierno en el Ayuntamiento esteponero, entre las cuales destacaba el PSOE. Gil Marín ganó la alcaldía con una aplastante mayoría absoluta jamás conocida hasta entonces en Estepona sólo superada ahora (16 años después) en las elecciones de 2011 por el Partido Popular.

A raíz de aquel triunfo gilista se hizo patente la necesidad de renovar los órganos de poder socialistas esteponeros, tras casi quince años de recorrido sin haber experimentado previamente ningún proceso de renovación en todos esos años. Era hora modernizar el partido socialista esteponero y así las ejecutivas malagueña y regional optaron, tras aquella estrepitosa derrota, por elegir una nueva ejecutiva que estaría dirigida por Antonio Caba Tena, prestigioso abogado esteponero, quien hasta entonces había permanecido entre bambalinas dentro del partido pero alejado de la estela pública. Se hacía necesario liberarse del “corsé ideológico” para abrir el partido a un mayor número de sectores sociales.

Para la cita electoral de 1999 Caba dio un soplo de aire fresco a la ejecutiva local enfocado a combatir en las urnas al GIL. Organizó las Juventudes Socialistas (tarea que quedó pendiente en la campaña de 1995) siendo elegido David Valadez (afiliado tras su mayoría de edad en 1995) como presidente. Este sería el primer peldaño subido por Valadez en su camino para hacerse con el partido y tratar de devolver el poder a la antigua ejecutiva que, como el tiempo ha demostrado y como el autor de estas líneas ya predijo hace tres años, sería presidida por él.

El resultado de los comicios de 1999 posibilitó un pacto cuatripartito entre los partidos tradicionales esteponeros impidiendo gobernar de nuevo al GIL, que había obtenido el mayor número de votos quedando sólo a un concejal de la mayoría absoluta. De esta guisa es elegido alcalde el socialista Antonio Caba. Se daba la circunstancia de que en aquelllos comicios Caba presentaba en el número 6 de su lista a Antonio Barrientos, médico de profesión quien hasta entonces había permanecido totalmente ajeno a la política. Le avalaba el hecho de conocer, por su profesión de médico oficial en el Gabinete Geriátrico de la localidad y de la Residencia Virgen del Carmen, a un gran número de personas a las que atendía diariamente, con el consiguiente posible rédito electoral que estas circunstancias pudieran reportarle al partido. Además su familia era muy conocida entre la clase media esteponera.

A tenor de aquel resultado el PSOE se hace con las riendas del Ayuntamiento apoyado por PP, I.U y Partido Andalucista. Valadez, quien estaba terminando o había recién terminado la carrera de periodismo y aún no se había bautizado en la política municipal, es contratado a dedo, sin ningún tipo de oposición pública ni experiencia, como director adjunto de la Radio y Televisión de Estepona. Llamará la atención en sus denuncias posteriores de la “Operación Astapa” el énfasis que pone en el hecho de que se contratasen en tales circunstancias (sin concurso ni oposición tal y como ocurrió con él) a personas en el Ayuntamiento esteponero. Este dato, por supuesto, no aparece en el sumario.

Pero el mandato de Caba duraría escasamente seis meses al verse truncado por circunstancias ajenas a la política. Se vio obligado a dimitir por una sentencia en su contra de la Audiencia Nacional, a causa de ciertos delitos imputados en el ámbito privado relacionados con su profesión de abogado y consultor legal. Así, tras su renuncia, es nombrado alcalde Antonio Barrientos, número 6 de la lista, suscitando la polémica entre los miembros de la antigua ejecutiva al no llevar los dos años de rigor afiliado -tal camo establecen los estatutos socialistas para figurar en cabeza de la dirección del partido o para ser nombrado candidato a la alcaldía-.

Aquel nombramiento de Barrientos pesaría sobre él como una losa durante años, pues la conspiración para desacreditarlo ya no cesaría hasta desembocar en la operación que nos ocupa. Entre los argumentos esgrimidos en su contra por parte de una facción socialista de la que hablaremos más adelante, además de los ya mencionados, destacaba el hecho de su poca vinculación con el socialismo local y sus orígenes de familia acomodada.

No obstante, cuando aún no se habían cumplido siete meses en su nuevo cargo, el Partido Popular, presidido por Rosa Díaz (quien después será socia del Gobierno de Valadez), rompiendo el pacto cuatripartito y con el apoyo de siete de los once concejales obtenidos por el GIL, presenta una Moción de Censura contra Barrientos viéndose obligado éste también a dejar la alcaldía. Curiosamente Rosa Díaz (que años después sería socia de gobierno tanto de Barrientos como de Valadez) despide como director adjunto de RTV Estepona al querulante esteponero, pero éste la denuncia exigiendo una indemnización que finalmente se fijará en unos 12.000 euros por sólo siete meses hábiles de trabajo efectivo. Hecho este que tampoco trasciende en los informes policiales abiertos a algunos imputados por similares situaciones.

Tras un paréntesis obligado provocado por la Moción de Censura, en las elecciones de 2003 Barrientos aparece como cabeza de lista del PSOE, mientras que Valadez recibía su bautizo político público en estos comicios y ostentaba el número seis de la lista presentada por quien, tres años después, sería su “rival interno” y objeto de sus denuncias en su camino hacia la presidencia del partido.

Valadez consiguió un puesto de concejal en el pacto que este partido firma con el PES e IU. De este acuerdo de Gobierno el principal favorecido fue el PSOE y por tanto David Valadez. El pacto permitió un gobierno en mayoría con un Concejal de I.U, cuatro del PES y seis del PSOE (PP había obtenido 7 pero quedó en la oposición). Un año y medio después, en 2005, abandona el pacto IU y se une al mismo el PA que había obtenido tres concejales; quedando la mayoría fijada en 13 del total de los 21 concejales que componían el Consistorio.

El abandono de I.U, presionado desde la Asamblea del partido en Málaga, se debió a las presiones que la facción de Los Verdes, dirigida por el activista y agitador Gerardo Galán, ejerció sobre la misma a raíz de una denuncia que éstos habían presentado en el Tribunal de Cuentas contra Crespo (ahora Nº1 del PES y Tte de Alcalde) y otros concejales del GIL por supuestos desfases económicos en la contabilidad de las empresas municipales regentadas por este último grupo durante la legislatura 95-99. Los Verdes habían denunciado en abril de 2005 un desfase de 24 millones de euros “sin justificar”, en aquella legislatura, por parte de las empresas municipales creadas por el partido de Gil Marín. Sin embargo, sucesivamente, dicha cantidad fue rebajándose, por parte de los órganos judiciales gracias a la documentación aportada por los ex-ediles denunciados, a los dos millones de euros, posteriormente a algo más de un millón de euros y finalmente sus responsabilidades fueron establecidas en 900.000 euros, según algunas fuentes y 600.000 según otras. Una cantidad muy inferior a la cifra que barajaron Los Verdes en su denuncia.

Fue a partir de esa fecha, alentado por la facción antigua del PSOE y la facción de Los Verdes de IU, cuando Valadez decide poner en cuestión la gestión de Barrientos, o en todo caso, aprovechando la tesitura, establecer su estrategia de acoso y derribo contra su compañero alcalde. Para ello tendría una perfecta aliada: su propia esposa que desde los medios que controlaba (EFE, Cadena Ser y Europa Press en manos de una compañera) podía permitirse magnificar cualquier información que pudiera, por insignificante que fuera, manchar la imagen y por consiguiente la carrera y el presitigio de Barrientos en “su” PSOE (el de su marido). Para ésta, que ya sería su guerra política interna particular, pondría en marcha toda una infantería de la que sólo él disponía por lazos familiares y amistosos: la prensa y medios de comunicación afines a él por su profesión y el de su esposa.

Los argumentos estarían servidos gracias a las sucesivas denuncias que en el ámbito de la oposición política interponían los grupos, no integrados en el Equipo de Gobierno, sobre determinados convenios a aprobar y que, sin embargo a raíz de las polémicas surgidas no llegaron a aprobarse, así como las constantes filtraciones interesadas que los medios publicaban sobre posibles conexiones entre el Ayuntamiento de Estepona y la Operación Malaya.

La muncición estaba servida y asuntos que finalmente no llegaron ni siquiera a aprobarse sirvieron incluso para ser incluídos en el sumario Astapa. Previamente al inicio de la “operación”, dicha estrategia había conseguido extender el rumor de una rampante corrupción que inundaba todas las áreas del Ayuntamiento de Estepona, creando el caldo de cultivo necesario para la aceptación de la población que, en tal estado de manipulación mediática, parecía estar especialmente “sensibilizada” para esperarse “lo peor”.

La interposición de aquella denuncia en el Tribunal de Cuentas contra los ahora socios de Gobierno del PSOE a mediados de 2005, provocó la dimisión de Marta Solís (PES) de su cargo como consejera de las empresas municipales, debido a las responsabilidades económicas que ello reportaba al tener que hacer frente con su patrimonio a cualquier desfase económico que pudieran presentar las mismas. Posteriormente abandonaría también su cargo de concejal.

Por su parte Valadez anunció también su dimisión como consejero de las citadas empresas provocando la primera crisis en el Gobierno Municipal. Era mediados de 2005. Amonestado por Barrientos al poner en riesgo el pacto de Gobierno, desiste finalmente de llevar a cabo su propósito. No obstante su estrategia contra Barrientos y contra el pueblo de Estepona, como iremos analizando, no había hecho más que comenzar. Aquí podríamos establecer el principio de “el antes” de la Operación Astapa.

A esta desavenencia le siguieron otras que pusieron en riesgo el pacto de Gobierno que, bueno es recordarlo, Barrientos se veía obligado a mantener debido a los caracteres convulsos e indeseados entre la población de pactos anteriores y la necesidad de dar credibilidad y estabilidad a su Gobierno. A raíz del carácter díscolo del denunciante y de su compañera, Barrientos tenía previsto no incluirlos en un puesto destacado en las elecciones de 2007; dato que el edil querulante conocía.

Así las cosas, en octubre de 2006 los acontecimientos llegaron a su punto álgido. Previamente y de forma simultánea arreciaba toda una campaña orquestada internacionalmente contra el urbanismo en España haciendo responsables a las administraciones públicas y, especialmente, municipales. Al tiempo que en Europa, un artista subvencionado expone a nuestro país, en un monumento instalado en la sede de la U.E en Bruselas, totalmente cubierto de hormigón. Además comisarios europeos desplazados a España informan negativamente sobre la construcción en España. Al igual que Greenpeace protesta, etc, etc.

Presionada por la opinión publicada, la Junta de Andalucía, responsable del urbanismo en la región, anuncia la redacción del Plan de Ordenación Territorial (POT), aprobado en diciembre de 2006, que acabó impugnado por el propio Ayuntamiento de Estepona y otros muchos de Andalucía. Meses antes el PSOE hizo público un supuesto decálogo sobre urbanismo. Un “paripé” de contenido abstracto, a cumplir por los ediles o cargos electos del partido.

Continuando con su línea de oposición dentro del Equipo de Gobierno del que formaban parte y escenificando sus protestas con la puesta en escena de las críticas a dos polémicos convenios urbanísticos, en octubre de 2006, Valadez y Cristina se ausentan de un pleno aludiendo al citado “decálogo” y arremetiendo de buenas a primeras contra la financiación del PES, su socio de gobierno. Tengan en cuenta este dato porque en el sumario las más claras alusiones a la presunta financiación de partidos en sus denuncias se refieren al PSOE más que al PES, sin embargo aquel día (en el cual ya estaba preparando las denuncias) omite referirse a su partido por lo que su intención de no perjudicarlo y manchar a los demás en la precampaña es claro. De facto aquellas declaraciones de Valadez ponen de manifiesto una más de tantas mentiras, que el tiempo revelaría sobre la personalidad del querellante, al pueblo de Estepona.

Los asuntos en polémica no son aprobados y nuevamente corre peligro el pacto al protestar el PES y exigir al PSOE acciones contra Valadez por haber insinuado públicamente que Crespo financiaba a su partido ilegalmente.

Estas divergencias en vísperas de la confección de las listas, sin duda influyó definitivamente en Barrientos para relegarle a un puesto que, finalmente, será el verdadero móvil de sus denuncias. Barrientos acabó cesando a Valadez como portavoz del Grupo Municipal del partido. Curiosamente dos semanas después tanto Valadez como Cristina, presentan bajo el más absoluto de los secretos sus denuncias en la Comisaría Central de Madrid. Este último dato llama la atención, pues efectivamente de estas denuncias presentadas por Valadez nada se públicó en la prensa. Lo cual es extraño siendo él mismo periodista al igual que su propia esposa. Por lo que es fácil suponer que, tanto la presentación en Madrid de las denuncias, como la no publicación en la prensa de las mismas formaban parte de un plan previamente establecido que hace pensar en la posibilidad de que, aunque se decretara el secreto cuatro meses después, de hecho ya estaba establecido desde el principio.

A finales de 2006 comienza la precampaña electoral de las elecciones municipales de Mayo de 2007. De forma prematura en Estepona, debido a las desavenencias entre los partidos de Gobierno (PSOE-PES-PA), especialmente entre los dos primeros, azuzadas por medios locales afines a Valadez que éste manejó a su antojo con objeto de sembrar las dudas en la opinión pública y “meter cizaña” entre ellos, e instigada artificialmente desde otros medios afines nacionales gracias a la participación de su propia esposa como redactora en varios de ellos que iremos poniendo en evidencia, los distintos grupos políticos ultimaban sus candidaturas y el orden de lista de sus candidatos. Valadez desde un año antes dedicaba sus esfuerzos a eliminar a través de “sus” medios a Antonio Barrientos con el fin de desprestigiarlo entre los afiliados en su beneficio político. El ahora ex-alcalde nombrado (no electo) anhelaba ir en cabeza de lista, alentado por Rosas Rojas (huérfana de liderazgo desde 1995) e I.U, muy ligada por medio de CCOO en el Ayuntamiento a esta facción socialista.

Es fácil suponer que, tal y como se rumoreó en el pueblo, con el objeto de paralizar el nombramiento de su compañero alcalde como cabeza de lista en 2007, Valadez informó al PSOE andaluz sobre presuntas irregularidades de Barrientos durante su mandato. La regional andaluza del PSOE rehusa los argumentos de Valadez y mantiene su confianza en Barrientos. Así el día 16 de noviembre de 2006, un mes antes de la aprobación de la lista del PSOE propuesta por Barrientos, con la intención de desautorizarlo ante la ejecutiva regional encargada de aprobarlas definitivamente, interpone una denuncia contra su compañero y todos los que lo apoyan desde el equipo de gobierno y contra algunos técnicos, para dar solidez a la misma. De hecho de la redacción de la propia denuncia y de las siguientes se extrae claramente que las intenciones de los denunciantes no se limitaban a eliminar a Barrientos sino a toda la cúpula del partido en Estepona. Además de intentar borrar, como de hecho ha conseguido según el resultado de las elecciones de mayo, la competencia política del PES.

Con la denuncia en marcha, un mes después (21 de diciembre de 2006), se produce la asamblea del partido socialista de Estepona, con 190 socios que acuden a la reunión, casi la totalidad de los afiliados, se aprueba la lista presentada por Barrientos con el 52% de los presentes. Valadez y Cristina se habían negado a ir en la misma debido a que el alcalde los había situado en los números 8 y 9 respectivamente. Se nombra cabeza de lista a Antonio Barrientos González. El triunfo de Barrientos fue por mayoría del 52% de los votos favorables, frente al 48% negativos de los miembros de la asamblea (seguramente miembros de Rosas Rojas). Se trató pues de una elección totalmente democrática y por mayoría como exigen los estatutos del partido. Sin embargo el tratamiento de la prensa, siempre a fin a Valadez por lazos familiares y amistosos, calificó aquella elección en estos términos:

Barrientos impone su lista por escaso margen

Diario Sur. Sábado 23 diciembre de 2006

M.PERIÁÑEZ/YEDALAMO/
La lista electoral ha sacado a la luz las discrepancias existentes en el seno del PSOE en Estepona. La asamblea local eligió sólo por un 52,6% de los votos la propuesta presentada por la ejecutiva local para los próximos comicios. La lista encabezada por el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos recibió el apoyo de 100 de los 190 asistentes. El 47,3% de los militantes rechazó la propuesta, que tendrá que ser refrendada por la ejecutiva regional. El primer edil se mostró satisfecho por el resultado y justificó la falta de consenso. «Había gente que tenía aspiraciones de ir en la lista y creían que debían ir en un puesto más importante, otros rechazaban la presencia de algunas personas y algunos pensaban que no era el candidato idóneo», enumeró el regidor. RechazoEl orden de los candidatos se vio alterado cuando los actuales concejales de la corporación David Valadez y Cristina Rodríguez rechazaron el ofrecimiento para formar parte de la lista electoral. Estaban propuestos en los puestos ocho y nueve, respectivamente. Quienes sí la integran son en el número tres, el vocal de Urbanismo de la gestora de Marbella, Rafael Duarte, y el ex senador Francisco Zamorano, (número cinco), entre otros. Respecto al primero, Barrientos dijo que su elección se debe a su perfil técnico. «Será un buen interlocutor con la Junta de Andalucía y puede ayudar mucho a la elaboración del PGOU», agregó el alcalde.

(Diario Sur Sección Estepona-marbella 23 diciembre 2006).
Así se hacía eco de aquella elección la web de IU íntimamente ligada por “ideología” a los miembros de Rosas Rojas:

GRAVE DIVISIÓN EN EL PSOE
Lunes 25 de diciembre de 2006
I.U.
Antonio Barrientos sacó adelante su propuesta de candidatura para las próximas elecciones locales “por los pelos”. 52% de los votos a favor por 48% de votos en contra fue el ajustado resultado que obtuvo en una Asamblea marcada por la grave división y el enfrentamiento. El hasta hace poco portavoz municipal, David Valadez, y la concejal Cristina Alarcón no irán por ahora en la candidatura, al renunciar a formar parte de una lista electoral donde Barrientos los situaba en el octavo y noveno puesto, lugares donde probablemente no salieran elegidos.El rechazo del 48% de la militancia del PSOE local contra Antonio Barrientos pone de manifiesto la falta de liderazgo del actual alcalde en el seno de su partido, y su incapacidad para generar ilusión y confianza. Y como no, la oposición de casi la mitad de sus compañeros de partido a la política que viene desarrollando dentro y fuera del Ayuntamiento.
Varios días después Izquierda Unida insistía en la descalifación hacia tal elección que no contó entre sus miembros con su aliado “ideológico” David Valadez:

EL PSOE AL BORDE LA RUPTURA
Viernes 29 de diciembre de 2006
Página Oficial de IU
Estepona.
Antonio Barrientos sacó adelante su propuesta de candidatura para las próximas elecciones locales “por los pelos”. 52% de los votos a favor por 48% de votos en contra fue el ajustado resultado que obtuvo en una Asamblea marcada por la grave división y el enfrentamiento. El hasta hace poco portavoz municipal, David Valadez, y la concejal Cristina Alarcón no irán por ahora en la candidatura, al renunciar a formar parte de una lista electoral donde Barrientos los situaba en el octavo y noveno puesto, lugares donde probablemente no salieran elegidos. El rechazo del 48% de la militancia del PSOE local contra Antonio Barrientos pone de manifiesto la falta de liderazgo del actual alcalde en el seno de su partido, y su incapacidad para generar ilusión y confianza. Y como no, la oposición de casi la mitad de sus compañeros de partido a la política que viene desarrollando dentro y fuera del Ayuntamiento.

También el Periódico de Estepona, desaparecido tras la imputación de su director en esta operación policial, fue objeto de la intoxicación mediática que caracterizó a la vida política esteponera desde años antes del inicio de la operación, incluso desde antes de la interposición de las denuncias tal como estamos analizando. Así informó sobre dicha elección este extinto periódico preso del ambiente anti Barrientos que ciertos medios se encargaron de difundir conocedores de lo que Valadez ya llevaba a cabo desde un mes antes:

La lista deja al descubierto la división interna existente en el PSOE de Estepona
El Periódico de Estepona. Viernes 22 de diciembre de 2006.
La propuesta presentada por la ejecutiva socialista local recibió cien votos a favor, ochenta y siete en contra y tres abstenciones.

Por A. García.
No pintan bastos para los socialistas esteponeros de cara a las próximas elecciones municipales, sobre todo a tenor del resultado de la asamblea celebrada el jueves y en la que se puso de manifiesto la división existente en el seno de la agrupación local de esta formación política.El resultado de la votación habla por sí solo. De los ciento noventa afiliados que se dieron cita en la agrupación, cien apoyaron la candidatura presentada por el comité, ochenta y siete votaron en contra de la misma y tres afiliados decidieron abstenerse. Con guarísmos y traducidos a porcentajes, la candidatura salió adelante con el cincuenta y dos con sesenta y tres por ciento de los votos, mientras que el cuarenta y siete con treinta y siete por ciento es tanto resultante de los votos en contra y las abstenciones registradas en la votación.

Otro dato importante a tener en consideración de la asamblea es que David Valadez, actual concejal de Bienestar Social y Personal, y Cristina Rodríguez desestimaron el ofrecimiento que a ambos se les hizo para integrarse dentro de la lista en los puestos ocho y nueve, respectivamente. Por otro lado, en el encuentro de los socialistas esteponeros también quedó desvelada la novedad que al alcalde tenía. La inclusión en la lista como número tres del responsable de Urbanismo en la gestora de Marbella, Rafael Antonio Duarte.Poco debateLa asamblea se caracterizó por el poco debate, sólo se sucedieron, según pudo saber este periódico, las intervenciones del alcalde de la ciudad, Antonio Barrientos, que vino a decir que la lista que se presentaba era la de consenso e integradora, y la de David Valadez, quién manifestó públicamente su desacuerdo con la lista y desvelando que al no estar conforme desestimaba totalmente la opción que se le había ofrecido.Momentos antes de la asamblea, este periódico pudo conocer que la propuesta que se barajaba presentaba a Barrientos en el número uno, Asución López, en el dos, en el tres Rafael Antonio Duarte, en el cuatro a Mariví López, cinco para Francisco Zamorano, seis para Miguel Escarcena, siete para Marisa Rodríguez, ocho para David Valadez, nueve para Cristina Rodríguez y diez para José Antonio Galdeano, Sergio López era el número once y María Miralles, el doce.Tras la celebración de la asamblea, la lista, según la información recogida por este periódico, podría quedar conformada en sus diez primeros puestos por Antonio Barrientos, Asunción López, Rafael Antonio Duarte, Mariví López, Francisco Zamorano, Miguel Escarcena, Marisa Rodríguez, María Miralles, Sergio López y José Antonio Galdeano.Pese a que la asamblea el jueves dió su conformidad a esta propuesta, ahora queda un siguiente paso que es el de remitir la lista al comité de listas de la formación política para que éste órgano dé el visto bueno, confirme a todos los componentes de la misma y de esa manera se haga oficial.Este periódico pudo saber a través de algunos asistentes a la asamblea que el sentir de muchos militantes ha sido el de sorpresa por algunos de los nombres incluidos.

La campaña contra Barrientos se intensificaría a partir de ahora. Desde el diario el País, cuya redactora de la zona Juana Viudez ha firmado muchos artículos manipulados sobre las diferentes aperturas sumariales y amiga de Valadez y su esposa, también periodista (de la SER); así como desde todos los medios provinciales y locales, la campaña ya no tendría fin hasta acabar con su ingreso en prisión, a pesar de que los resultados de Barrientos en las elecciones fueron los mejores en toda la historia del PSOE esteponero. Logró casi la mayoría abosoluta con 11 concejales de los 12 necesarios.

Así, en un claro ejemplo de manipulación mediática, el diario mencionado publicaba el día 12 de enero de 2007 lo siguiente en sus habituales términos pendencieros incluyendo a Barrientos en una lista de alcaldes imputados, cuando aún sobre él no recaía ningún tipo de imputación. Curiosamente esta información aparece en el diario El País dos semanas antes de la cita de Valadez y Cristina con el fiscal para la ratificación de la denuncia que se produjo el 29 de enero de 2007:

Regidores con ladrillo fácil
El País. Viernes, 12 de enero de 2007
REPORTAJE
Conferencia del PSOE sobre el urbanismo.
Regidores con ladrillo fácil

Varios alcaldes socialistas andaluces están imputados por delitos contra la ordenación del territorio. Varios alcaldes socialistas andaluces promueven planes urbanísticos poco acordes con las directrices de su partido.
-Huelva. El alcalde de El Granado (618 habitantes), Juan Manuel Burga, tiene paralizado el proyecto de construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido.
-En Ayamonte (18.638 habitantes), el alcalde, Rafael González, permitió la construcción de unas 250 viviendas en un terreno protegido. Un juzgado de Ayamonte ha abierto diligencias. La obra se encuentra al 30%.
-En Bollullos Par del Condado (13.500 habitantes), gobernado por Carlos Sánchez, Izquierda Unida ha pedido que se investigue la construcción del nuevo recinto ferial en terreno rústico.
- Málaga. Los alcaldes de Mijas (61.147 habitantes), Agustín Moreno, y Estepona (58.600 habitantes), Antonio Barrientos, han impugnado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol occidental.-
-Granada. En Armilla (19.667 habitantes), un juzgado investiga presuntas irregularidades en las obras del Centro Comercial Parque Nevada, promovidas por el empresario Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya. El alcalde, José Antonio Morales, no repetirá como candidato.

En Freila (1.090 habitantes), el alcalde, Abelardo Vico, está procesado por permitir cien casas ilegales, cinco de ellas en paraje protegido. En Láchar (2.819 habitantes), La Fiscalía del TSJA ha abierto diligencias contra el alcalde Francisco Javier Montiel por conceder a una empresa de su propiedad una licencia para construir una almazara en suelo rústico.
- Sevilla. El alcalde de Guillena (9.318 habitantes), Justo Padilla, está en los tribunales por permitir la construcción de unas naves en zona verde.
- Cádiz. En Grazalema (2.243 habitantes), fue detenido el ex arquitecto municipal Juan Prieto por haber supuestamente cobrado comisiones ilegales a cambio de licencias. La oposición y los ecologistas piden responsabilidades a la alcaldesa, María José Lara.
-En Tarifa (17.478 habitantes), su alcalde y candidato, Miguel Manella, tiene abiertas diligencias previas en el juzgado por delitos de prevaricación y ordenación del territorio por una operación en el entorno del castillo de Santa Catalina tras una denuncia del PP.
-En Jimena (9.893 habitantes)el regidor, Ildefonso Gómez, tiene abiertas diligencias por irregularidades en la finca la Bordilla. No repetirá como candidato.

El alcalde de Medina-Sidonia (11.166 habitantes), Francisco Carrera, ha presentado un plan general que excede claramente los límites legales.
- Jaén. El fiscal pide para el alcalde de Torre Del Campo (14.076 habitantes) dos años de inhabilitación por amparar la construcción ilegal de viviendas en una zona protegida.

El alcalde de Baños de la Encina (2.715 habitantes), Miguel Campillo, ha sido imputado por presuntos delitos urbanísticos, tras la denuncia de un particular por la "proliferación" de construcciones ilegales.
Observen que supuestamente se trata de una conferencia sobre urbanismo, sobre la que no se cita nada de nada y se limita a exponer una lista de alcaldes imputados en la que incluyen a Barrientos que aún no tenía nada pendiente con la Justicia. Para esa fecha, sobre Barrientos no existía ninguna sentencia ni siquiera acusación en los tribunales que fuese pública (Astapa estaba bajo secreto), sin embargo ya aparece en una lista de “imputados” con un objeto totalmente diferente al que se refiere la “imputación” y es que había impugnado (como tenía todo el derecho y otros muchos lo habían hecho) el POT de la Junta, redactado “con urgencia” sin ningún tipo de análisis previo por imposición europea por las razones expuestas anteriormente.

La presión mediática orquestada y la de la propia dirección del PSOE andaluz, conocedora de lo que tramaba Valadez, calaron en el primer edil esteponero quien, finalmente, decidió reunir a la ejecutiva local para el 20 de enero de 2007 y elegir una nueva candidatura para debatir y “consensuar” la inclusión en la lista de Valadez y Cristina. Éstos ya previamente dos meses antes le habían denunciado en Madrid y aunque era un secreto de facto, éste aún no estaba decretado judicialmente. Así lo recogió la prensa provincial:

El PSOE suspende la ejecutiva local en la que se iba a consensuar la lista electoral
Diario Sur. (Málaga)
Surdigital. Sección Estepona-Marbella
Sábado, 20 de enero de 2007.

El PSOE suspende la ejecutiva local en la que se iba a consensuar la lista electoral.
La decisión se adopta por motivos de enfermedad de un familiar del alcalde Barrientos pretende integrar a los ediles David Valadez y Cristina Rodríguez.
MERCEDES PERIÁÑEZ YEDALAMO/ESTEPONA

La lista del PSOE se resiste a salir a la luz. La ejecutiva local convocada ayer para votar la nueva propuesta presentada por el secretario general y alcalde del municipio, Antonio Barrientos, tuvo que ser suspendida por motivos de enfermedad de un familiar directo del regidor. Poco tiempo antes de que el encuentro diese comienzo, Barrientos comunicó la noticia a los representantes de la ejecutiva. Aún no se ha fijado una nueva fecha para celebrar el encuentro. El contenido del encuentro no era cuestión baladí. Barrientos sometía al visto bueno de la ejecutiva la nueva propuesta diseñada para lograr un mayor consenso en su candidatura para las elecciones municipales del próximo mayo.Cambios El primer edil ha mantenido durante las últimas semanas negociaciones con los militantes para afrontar con mayor unidad los próximos comicios municipales. Barrientos ya desgranó algunas de las novedades fruto de estas conversaciones. En este sentido, mostró su disposición a integrar a los dos actuales concejales del equipo de gobierno David Valadez y Cristina Rodríguez. «Personalmente, me encantaría que estuvieran los dos; son compañeros y sería deseable que se incorporaran a esta lista. Aquí no hay veto para nadie», dijo Barrientos. Ambos rechazaron en la asamblea local donde se votó la primera lista el ofrecimiento para formar parte de ella en los puestos ocho y nueve, respectivamente. Asimismo, integrará la candidatura que encabeza Barrientos el presidente de un colectivo social fuertemente vinculado con el municipio.ResultadoCon estos cambios, el alcalde quiere conseguir dar un vuelco a los resultados obtenidos en la votación que se realizó el pasado 21 de diciembre. La asamblea local del PSOE eligió sólo por un 52,6% de los votos la lista encabezada por Barrientos, que recibió el apoyo de 100 de los 190 asistentes. Forman parte de esta candidatura el vocal de Urbanismo de la gestora de Marbella, Rafael Duarte, y el ex senador Francisco Zamorano, en los números tres y cinco.La nueva propuesta que salga de Estepona tendrá que ser aprobada por la ejecutiva regional y federal del PSOE. Por tanto, su contenido podrá sufrir variaciones.

En realidad, Barrientos no se vio presionado para incluir a Valadez y Cristina en las listas. La regional del partido no se había negado a darla por buena. Fue el propio Barrientos sin presión de ningún tipo quien anunció a la ejecutiva regional que no hiciera pública la lista de Estepona hasta entonces aprobada.

Así lo recogía la prensa el día 11 de enero de 2007:
El comité provincial del PSOE aprueba por unanimidad 70 candidaturas, excepto la de Estepona y Ronda
El Periódico de Estepona. Jueves 11 de enero 2007
El comité provincial del PSOE aprueba por unanimidad 70 candidaturas, excepto la de Estepona y Ronda
Por : Agencias

El Comité Provincial del PSOE reunido ayer en sesión extraordinaria ha aprobado por unanimidad 70 listas electorales completas de otros tantos municipios de la provincia para las próximas elecciones municipales.

Tras recibir el visto bueno de la Comisión provincial de listas el martes y de la Ejecutiva Provincial Socialista la tarde de ayer, las candidaturas han sido ratificadas por el Comité. Una vez superado este trámite las candidaturas de más de 50.000 habitantes pasará por la Ejecutiva Federal, aquellas correspondientes a municipios entre 20.000 y 50.000 lo harán por la Ejecutiva Regional y las de municipios de menos de 20.000 habitantes serán ratificadas por la dirección provincial socialista.De las 70 candidaturas aprobadas, cinco corresponden a municipios de más de 50.000 habitantes: Málaga, donde la candidata es Marisa Bustinduy; Vélez-Málaga, cuya lista encabeza el actual alcalde Antonio Souvirón; Mijas, donde el candidato es el también alcalde Agustín Moreno; Torremolinos, con Juan Ortuño de candidato y Fuengirola, donde encabeza la lista Moisés Sánchez. En esta aprobación no aparecen las correspondientes a Estepona y Ronda.También han sido aprobadas las candidaturas de otros cuatro municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes: Alhaurín el Grande (Cristobal Bonilla), Antequera (Ricardo Millán), Benalmádena (Javier Carnero) y Rincón de la Victoria (José Jesús Domínguez Palma).El resto de las candidaturas aprobadas pertenecen a municipios menores de 20.000 habitantes.El secretario de organización del PSOE, Francisco Fernández España, ha destacado el apoyo que han recibido las candidaturas en sus respectivas agrupaciones y en los diferentes órganos del partido por los que hasta el momento han pasado. El dirigente socialista ha asegurado que se trata de listas "ganadoras y elaboradas con consenso", según una nota del PSOE.

Barrientos accedió a incluir a Valadez y Cristina, pero éste nunca le perdonaría su elección para suceder a Antonio Caba tras su dimisión en la legislatura 1999-2003. Se daba la circunstancia de que Barrientos era considerado un intruso para los miembros de una de las facciones del partido con más “abolengo socialista” en la localidad, que ya hemos mencionado de soslayo anteriormente, muy minoritaria e irrelevante pero que se hizo escuchar escudada en la presión mediática que se ejercía sobre el Equipo de Gobierno.

Plataforma Cultural Rosas Rojas

Presión mediática que ellos se encargaron de alimentar pero cuya gestación fue muy anterior y fruto de lo que ellos consideraron un despecho. Se trata de la “Plataforma Cultural” Rosas Rojas conformada por los miembros salientes y afines a la anterior ejecutiva local del partido dirigida por Miguel Castro y sus correspondientes adláteres. La mayoría de ellos personal municipal que han realizado su vida laboral a la sombra del Ayuntamiento, como liberaros sindicales o dentro del mismo.

Se trata de una rama socialista esteponera discrepante con la dirección regional por la destitución de sus miembros con la disolución de la ejecutiva local a raíz de las elecciones de 1995. Aunque muy beligerante con la nueva dirección esteponera mantuvo lazos de “buenas relaciones” con la provincial malagueña, por lo que nunca llegó a abandonar el partido.

A raíz de la nueva dirección surgida durante los cuatro años de Gobierno GIL e impuesta por la ejecutiva provincial malagueña y regional, el perjudicado tras el batacazo electoral de 1995, fue el anterior candidato, y alcalde hasta la llegada de este último grupo político en las elecciones de 1995, Miguel Castro, así como sus correligionarios, quienes se vieron privados de sus privilegios, como diría Valadez, adquiridos desde tiempos de la Transición con los consecutivos mandatos electorales, todos muy homogéneos e invariables de unas legislaturas a otras. Casi todas presididas por el PSOE.

La nueva dirección del PSOE local pasaría a manos de Antonio Caba Tena quien durante los primeros compases del caso Astapa también estuvo en el punto de mira judicial de esta operación en la cual es citado en los primero tomos a modo “de inventario”. De hecho los primeros informes policiales en esta operación lo citan repetidas veces como contacto de los principales imputados, por motivos tan peregrinos como porque tenía la oficina en el mismo edificio que algunos de ellos. Algo irrelevante puesto que se trata de un edificio de oficinas, pero “pruebas inequívocas” para los investigadores porque así lo contempla Valadez en sus denuncias no por otra cosa. Precisamente Antonio Caba desaparece del sumario Astapa una vez que el Tribunal Supremo le absolvió de todos sus cargos en abril o mayo de 2007.

En la última legislatura del PSOE en la alcaldía, anterior al GIL, uno de los concejales y primer teniente de alcalde era José Flores Simón, detenido y encarcelado con esta “operación”, quien, curiosamente, fue bien acogido en la nueva dirección local del partido dirigida por Caba.

En aquel mandato del GIL donde Castro fue enviado a la oposición, éste ni siquiera ejerció su labor de Concejal tras la mayoría absoluta de este grupo que irrumpía con fuerza en Estepona. Se rumoreó en el pueblo que, tras su abrumadora derrota, se estableció en Málaga para estudiar derecho. No sabemos si cobrando su sueldo de concejal (aunque suponemos que no puesto que el GIL eliminó las remuneraciones a la oposición) cargo que, en la práctica, no ejerció, puesto que abandonó la localidad estableciéndose en Málaga. Tal vez “recolocado” allí como suele ser habitual entre “los salientes” del PSOE “que lo necesiten” por “incidencias” electorales.

Ya desde la época de Miguel Castro, (un pintor de “brocha gorda” nacido en Ronda, que personalizaba a la perfección, por su oficio, la estrategia electoral del PSOE de aquellos tiempos de principios de los 80s), quienes nos considerábamos apolíticos en Estepona percibíamos a una cierta clase de privilegiados que habían ido medrando por su filiación al PSOE desde los primeros años de la democracia. Uno de estos medradores sin escrúpulos (aunque tardío por su edad) se revelaría como David Valadez. David Valadez nació en plena Transición. No había conocido dictadura, aunque quién lo diría 30 años después.

Estos privilegiados eran objeto de todo tipo de beneficios a la hora de acceder a un puesto de trabajo municipal, entre otras prebendas; como el acercamiento a inversores y contactos empresariales con intereses en Estepona, etc. Durante aquellos años de hegemonía socialista se consagraría el enchufismo municipal en Estepona. La contratación a dedo de Valadez (el mismo que denuncia enchufismo en Astapa), como director adjunto de la Radio y Televisión local en 2000, es un claro ejemplo de ello. Además, la permisividad hacia aquellos socios, por parte del PSOE municipal, conocedor de que su despreocupación se traducía en votos, daría como resultado el fenómeno conocido como “los campitos”, que se ha desbordado en los últimos años.

De aquellos militantes que se sumaban a las filas socialistas por aquellos años, llamaba especialmente la atenció el hecho de que personas que jamás se hubiera imaginado, por su descendencia familiar, llegaron a pertenecer a los órganos de dirección del PSOE local. Tal es el caso del propio Antonio Caba Tena (Toni Caba), Juan Mena Lirios y el propio Antonio Barrientos muy posteriormente (1999), entre otros.

Disuelta la ejecutiva anterior, presidida por Castro y, por tanto, viéndose éste apartado de los órganos de dirección locales, sus correligionarios deciden formar una especie de plataforma de descontentos frente a la decisión provincial o regional y se aglutinan a la izquierda del PSOE local en la mencionada rama socialista, manteniendo su vinculación con el partido, bajo las siglas de Plataforma Cultural Rosas Rojas. Una especie de “lobby” socialista local, infiltrado en los órganos laborales del Ayuntamiento donde principalmente ejercen sus presiones. Esta facción influía tanto en CCOO (en mútuo ejercicio) como en gran parte de IU por la cercanía y filiación a dicho sindicato de gran parte de sus miembros. Rosa Rojas se ha constituído de facto como base de presión y denuncia en los órganos provinciales del partido y en la prensa afín a Valades contra la dirección surgida tras su disolución. Valadez se ha convertido en su brazo armado e infiltrado en la misma administración local que sus miembros, a regañadientes, tuvieron que abandonar tras 15 años de “hegemonía” municipal.

A pesar de su nomenclatura, su objeto social real nada tiene que ver con la Cultura, de hecho ningún evento cultural ha surgido del seno de esta plataforma desde su fundación hasta la fecha. A no ser que se refiera a la del “amiguismo partidista” que tanto practicaron durante casi dos décadas. El verdadero objetivo de esta plataforma, o al menos así lo ha puesto de manifiesto el tiempo, ha consistido en hacer presión para desacreditar a los diferentes gobiernos locales socialistas surgidos tras la disolución de la ejecutiva a la que ellos representan, con el objetivo de conseguir nuevamente el poder local, para lo que no dudan en utilizar a su “nuevo líder” y otrora “candidato” David Valadez. Así lo hicieron público el pasado agosto de 2010 al conocerse su elección como cabeza de lista por parte del PSOE andaluz. Publicada en la Web Estepona.es el 7 de agosto de 2010:

La Plataforma Socio-Cultural de Estepona P.S.C.E* Rosas Rojas satisfecha por la elección de David Valadez como candidato a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales

Escrito por Plataforma Socio-Cultural de Estepona P.S.C.E Rosas Rojas

"Rosas Rojas" , integrada por exmilitantes socialistas, estima que se ha dado un claro respaldo a los valores de la ética y honestidad en la política que representa David Valadez al ser nombrado como candidato a la Alcaldía de Estepona para la próximas elecciones municipales.

Esta Asociación Progresista considera que David Valadez está realizando una buena gestión a pesar de las dificultades debido a la situación del Pleno Municipal, cuya mayoría depende de imputados por presuntos delitos derivados de corrupción y concejales del Partido Popular, quienes utilizan la actual crisis económica como arma electoral para hacer política partidista sin "arrimar el hombro" ni plantear ninguna propuesta para la Ciudad de Estepona.

Valoramos de manera positiva la honradez y la capacidad de gestión de David Valadez que está poniendo las bases del futuro de nuestra ciudad , con una apuesta por la inversión pública en las mejoras de infraestructuras , con el apoyo del resto de las Administraciones Públicas , donde en tan solo dos años de gobierno se han invertido setenta y cinco millones de euros a lo que se añade una gestión de control y austeridad en el gasto público que esta dando resultados positivos para mejorar la situación del Ayuntamiento de Estepona que deberá repercutir entre otras, en una bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para esta Plataforma , la dura campaña que sufre Valadez (por cumplir con su obligación y deber al denunciar la corrupción y anteponer los intereses generales de los ciudadanos frente a los particulares de unos pocos), no engañará a los ciudadanos.

*. P.S.C.E (Plataforma Socio-Cultural Rosas Rojas).

¿Será casual que esta “plataforma” cultural cada vez que apoya a alguien pierde por mayoría absoluta?. Al igual que ahora (con el PSOE de Valadez a su imagen y semejanza tras disolver a la anterior dirección de Barrientos), en cuyas municipales el PP ha obtenido 17 concejales (una mayoría abosoluta aplastante); en épocas del PSOE de Miguel Castro contra el GIL obtuvieron similar resultado: mayoría absoluta del GIL, aunque no tan abultada como en el reciente caso del PP.

En cualquier caso esa “asamblea” que ahora nombra a Valadez tiene un menor consenso aún que la que tanto criticaron a la elaborada en primera instancia por Barrientos que fue aprobada con el 52% de los presentes. Esta elección, que se llevó a cabo sin la asistencia de más de la mitad de los socios del partido expulsados por Valadez sin saber aún por qué, era la surgida afín a él con una representación de apenas 50 miembros, una vez había eliminado a un gran número de socios del partido y una vez él mismo disolvió la asamblea local anterior; cuyos miembros, desde entonces, forman parte de otra nueva facción en su contra del PSOE esteponero y que se conoce como Asociación Progresista de Estepona.

Él no es que no quiera ni deje de querer “consenso”, es que simplemente elimina a la competencia. Guardando las distancias, sus métodos y su propia concepción de la política son de un marcado carácter “estalinista”, como por otro lado se ha puesto de manifiesto en los tres años de su gobierno tras el golpe de estado judicial en el Ayuntamiento de Estepona. Lógicamente, al contrario que Stalin, Valadez, no faltaba más, no tiene que asesinar a sus rivales políticos: simplemente los elimina o neutraliza utilizando la Justicia y la manipulación mediática para ello.

Recapitulemos. Uno de estos gobiernos socialistas es el que resulta de las elecciones del 99, tras el paréntesis en el activismo del partido de esta “plataforma socio-cultural” en el ámbito municipal, impuesto por el Gobierno con mayoría absoluta del GIL durante los cuatro años previos. En aquel caso un pacto entre los cuatro partidos con representación: PP, PSOE, PA e IU dio el Gobierno a los socialistas. El siguiente es el último conformado en 2003 por el nuevo PSOE liderado por Barrientos con PES e IU. Barrientos, quien había sufrido una Moción de Censura en su primer mandato tras la dimisión de Antonio Caba, se cubría así las espaldas en este nuevo periplo de gobierno. El PP, responsable de la Moción de Censura contra Barrientos, y que había conseguido un concejal más que el PSOE se mantuvo en la oposición. Al igual que en las siguientes de 2007 donde el PSOE con 11concejales electos, a falta de uno, estuvo a punto de conseguir la mayoría absoluta.

La campaña electoral de estas últimas elecciones estuvieron marcadas por la supuesta investigación “bajo cuerda” de la UDEF a raíz de las denuncias de Valadez y Cristina en noviembre de 2006. ¿Es esto legal, legítimo o deseable en un Estado de Derecho? ¿Es permisible el hecho de que los ciudadanos se vean privados de conocer la verdad sobre alguien que está siendo investigado al tiempo que ostenta la cabeza de candidatura en un importante grupo político? ¿No se llama esto votar engañados? ¿Y que los mismos denunciantes vayan formando parte de la misma lista donde va su compañero denunciado por ellos? ¿Es esto moralmente aceptable, sabiendo que todo se trató (como así lo dirá el tiempo) de una vendetta política y una lucha ambiciosa por el control de un partido político?

Celebradas dichas elecciones locales de 1999, la unión de todos los grupos municipales contra el GIL, impide que éste acceda nuevamente a la alcaldía a pesar de haber sido el partido más votado. Una coalición de Gobierno formada por PSOE, PP, IU y PA nombra alcalde a Antonio Caba Tena pero, imputado en una operación internacional de tráfico de drogas y blanqueo de dinero en el ejercicio de su profesión de abogado y consultor legal, dimite. Finalmente quedó absuelto de todos los cargos. Le releva Antonio Barrientos lo que levanta las protestas entre los miembros de Rosas Rojas al no llevar en el partido el tiempo requerido, según los estatutos, para poder ser nombrado alcalde. Éste sería el germen de la enemistad política y personal de esta facción socialista esteponera contra Barrientos. Además Barrientos era el número 6 por lo que la decisión de los órganos provinciales perjudicó a cuatro miembros anteriores a él en orden de lista para sustituir a Caba.

Antonio Barrientos permaneció en la alcaldía siete meses cuando, en la segunda mitad del año 2000, una moción de censura del PP y siete tránsfugas del GIL, convierte a Rosa Díaz en la primera edil hasta 2003. Curiosamente este dato de la vinculación de Rosa Díaz, calificada de Dª. en todas sus apariciones en el caso Astapa por referencias no por imputación, con el GIL se omite en el sumario sobre esta edil aunque se repite mucho en el caso de las imputaciones a otros ediles que tuvieron o no relación con el GIL como es el caso del PES.

Rosa Díaz, quien gobernó con siete tránsfugas del GIL tras la moción contra Barrientos, formó hasta junio del corriente parte del gobierno de Valadez, al igual que lo fue en 2007 con el propio Barrientos, hecho que no se cuestiona mientras se ataca al PES desde la prensa y durante todo el sumario, por la relación de sus concejales con el Gobierno de Jesús Gil Marín, y ninguno de ellos es Manuel Reina precisamente. Habrá que suponer que estas disquisiciones “mediático-judiciales” carecen de relevancia en el caso, mientras en España uno sea libre de militar en cualquier partido legal.

Así, enmarcado en la nueva dirección socialista pero de acuerdo con los postulados de esta facción o, en todo caso, influenciado por ella, un nuevo miembro llamado David Valadez López, quien a la llegada del GIL aún era menor de edad, aparece en escena. Éste, quien siendo presidente de las Juventudes del partido y afiliado desde 1996, tras su mayoría de edad, había sido elegido concejal en 2003, encargado del área de “Bienestar Social”, hace suyas las reivindicaciones (iniciadas tras la primera alcaldía de Barrientos) de la plataforma “cultural” socialista, haciéndose su velado abanderado público e iniciando en 2006 una guerra interna contra su compañero de partido y alcalde electo, además de contra los órganos locales de dirección del mismo.

Valadez, una vez en la escena pública como concejal desde 2003, depués de haber sido contratado a dedo como adjunto al director de Radio Televisión Estepona e indemnizado con casi 12.000 euros por apenas seis meses de trabajo (estos datos no los incluye en sus denuncias y posiblemente hubiera sido la única verdad contenida en las mismas), a modo de inventario de la gestión de Barrientos, a través de políticas populistas y de subvenciones desde su delegación de “Bienestar Social” tomó relevancia utilizando su cargo para llevar a cabo sus aspiraciones; que se pusieron de manifiesto al final de la legislatura con una rivalidad irreconciable hacia Barrientos.

Valadez aspiraba a más y ahora apoyado por Rosas Rojas, IU, Los Verdes y la prensa afín, quería convertirse en el líder de la organización local y nº1 a las elecciones municipales de 2007 (lo cual finalmente no consiguió aquel año pero sí en 2011) para acabar con el “intrusismo” de “su alcalde”, ahora imputado en dudosas circunstancias. No obstante a pesar de no haber cumplido sus deseos ante la regional, de hecho en 2008 por la puerta de atrás de la democracia, consiguió la alcaldía. Previamente y a raíz de su cargo en las Juventudes Socialistas, recordemos, había ostentado un puesto de trabajo a dedo en Radio Estepona. Lo cual no tendría mayor revelancia si no fuera porque eso mismo él lo denuncia (el enchufismo) respecto a otras personas y compañeros de partido. Prueba ésta más que fehaciente del interés personal y político que movieron sus denuncias, causas muy alejadas del interés público al que apela, como el tiempo transcurrido ha puesto en evidencia. Valadez siempre ha hecho un hábil uso, para profanos, del lenguaje orwelliano y de la doble vara de medir.

En este “antes” del que estamos hablando, taimadamente se establecieron los métodos y medios que se utilizarían para dar mayor difusión y “credibilidad” a la campaña mediática contra Barrientos. Así, curiosamente en octubre de 2006 aparece un blog llamado esteponareal.blogspot.com que servirá como arma mediática arrojadiza contra Barrientos y los que lse apoyaban en su Gobierno Municipal. Un simple vistazo a cualquiera de sus páginas da fe del sectarismo del que hace gala el citado blog. De hecho “el antes” fue el periodo donde se fraguó una astuta maniobra encubierta, al amparo de los acontecimientos paralelos respecto al urbanismo en España, como medio para alcanzar un interés político y personal por parte de los conspiradores: David Valadez López y Cristina Rodríguez Alarcón.

Inquisición Astapa (I) Introducción.

2011-06-24T19:32:00.002+02:00

“La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infínitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la «realidad» del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.”

José Ortega y Gasset, “La rebelión de las masas”, Prologo para franceses, IV

24 de Junio de 2011

INTRODUCCIÓN

El análisis de los acontecimientos surgidos a raíz de la Operación Astapa merece un gran ejercicio de síntesis que esperamos poder llevar a buen término mientras se resuelve el "irresoluble" secreto sumarial .

El 17 de junio de 2008 un “tsumani” judicial arrasó Estepona. El municipio se despertó sumido en una desproporcionada operación con boato policial (llevada a cabo desde el amanecer), contra decenas de personas; concejales del PSOE y del PES, empresarios esteponeros y funcionarios municipales. Los ojos homopláticos de los ciudadanos que se agolpaban en los alrededores, no daban crédito a lo que veían.

Desde primeras horas de la mañana decenas de personas fueron registradas (por un gran número de efectivos policiales a la más pura usanza antiterrorista), ellas y sus domicilios, esposadas y paseadas ante los medios de comunicación que, en gran número, previamente fueron avisados y dieron buena nota de las detenciones durante semanas en los principales informativos de televisión y periódicos de todo el país.

Personas totalmente inocentes, algunos de ellos ancianos, fueron vejados en sus propios domicilios por aquellos que debían velar por el cumplimiento de la Ley. Asimismo fueron registradas oficinas municipales y privadas, domicilios, dependencias municipales, etc. El calificativo de “operación antiterrrorista” no es en absoluto exagerado para quienes vivieron de cerca, alertados y alentados por los medios de comunicación o in situ, los registros y detenciones que se llevaban a cabo.

Decenas de policías armados, algunos con metralleta y pasamontañas de lana cubriéndose la cara en pleno verano, fueron acompañando uno a uno de los detenidos hasta las dependencias judiciales o directamente a los calabozos a personas que hasta ese día gozaban de todo el respeto entre los ciudadanos quienes, a gran parte de los detenidos, acababan de avalar con su voto sólo un año antes. Pero no se trataba de una operación antiterrorista, sino de una “operación anti-corrupción municipal” a la cual se la denominó erróneamente, tal y como la propia policía reconoció días después, “Operación Astapa” sobre la cual, decían, los diferentes medios de comunicación que se estaba instruyendo bajo secreto. Un secreto judicial, por cierto, que, aunque fue decretado el 29 de marzo de 2007, de hecho se encontraba bajo secreto desde el primer día (16 de noviembre de 2006) en virtud de un pacto no escrito, sólo faltaba más, entre los denunciantes y el Ministerio del Interior como demostraremos en estas páginas. Sólo la comisión de un delito flagrante muy grave hubiera justificado tan desproporcionada forma de actuación policial, lo cual como el propio sumario recoge, no se produjo en el momento de la intervención policial a pesar de la insistencia que ponía en ello la prensa.

Los primeros días, tras desencadenarse la operación, acabaron con la detención de casi 30 personas y el encarcelamiento de cinco de ellas. Tres ediles, uno de ellos el propio alcalde socialista Antonio Barrientos, dos del PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina; así como dos cargos de confianza del Ayuntamiento: José Flores (Jefe de Area de Alcaldía y antiguo concejal socialista) y Javier Witmeur (Técnico en Urbanismo). Paradógicamente este último, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza de 60.000 euros, a la salida de prisión retornó a su puesto en el Ayuntamiento ahora bajo las “órdenes” de Valadez. Esta no es más que una de tantas incongruencias que incluiremos en “el después”.

En días posteriores las detenciones se prodigaron y la “operación” acabó con un total de más de 60 detenidos o imputados. A fecha de hoy, verano de 2011, son ya 94 los imputados, tras una nueva “remesa” de 21 que, curiosamente, a pesar de estar aún esa parte bajo secreto sumarial, el propio Juzgado o fuentes del mismo han hecho público a la prensa recientemente (mediados de junio de 2011). Ahora, eso sí, sin dar nombres en virtud del supuesto secreto sumarial. A ver cómo se entiende tal incongruencia; porque si el caso aún permanece bajo secreto ¿a qué viene hacer público entonces la imputación de 21 personas más mientras, por el contrario, esa parte del sumario permanece secreto? ¿Tal vez para justificar la injustificable prorrogación del secreto que lleva cuatro años prorrogándose?

En el caso de la detención del ex-edil del PES, Manuel Reina, su reclusión en los calabozos de las dependencias judiciales de Benalmádena se prolongó durante cuatro días en los que permaneció totalmente incomunicado y sin saber, al igual que todos los imputados hoy, de qué se le acusaba. Tras cuatro días en los calabozos fue trasladado ante la juez con una imagen ante los medios que ya pueden imaginarse: desaliñado, sin afeitar, nadie lo hubiera diferenciado de la imagen habitual de algún delincuente de bajos vuelos. Como veremos no es extraño suponer que tales fueran las intenciones de los “investigadores” de este caso.

La “operación”, según se divulgó desde los medios, se hallaba bajo secreto de sumario, aunque su nombre ya se había hecho público desde su irrupción pública el 17 de junio. Éstos hablaban de una trama de corrupción política que habría denunciado un concejal socialista, David Valadez, contra el propio equipo de gobierno del cual él formaba parte, por cierto, por presuntas infravaloraciones de terrenos, contratación irregular de afiliados al partido, tratos de favor y financiación irregular de partidos, etc. Los delitos desde el principio sin ninguna investigación previa fueron tipicados como cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida a funcionarios, etc.

Posteriormente se supo que en la denuncia participó también la concejal socialista y miembro del equipo de gobierno Cristina Rodríguez Alarcón, asesorados por el edil comunista Eduardo Alarcón de IU quien, después, formó parte del gobierno de Valadez. Eduardo Alarcón es conocido en Estepona por presidir su despacho una foto del Ché Guevara.

Como veremos, independientemente de los derroteros que posteriormente siguiera o pueda seguir el caso, en principio ninguna de las acusaciones de los denunciantes en sus primeras “visitas” a Madrid eran ciertas y el móvil de las mismas tuvo por objeto sembrar dudas y manchar la imagen del alcalde y de todos los compañeros que pudieran hacerle sombra en su camino hacia el control del partido local; para lo cual no dudó en salpicar a todo un equipo de gobierno del cual él mismo formaba parte. Barrientos además era “su contrincante” político en la lucha por el control del partido en Estepona que Valadez se había propuesto conquistar.

El tiempo demostraría que todos los argumentos de los denunciantes, al menos los más sustanciales de las denuncias eran falsos, tergiversados, sacados de contexto y/o manipulados, con una única intención: provocar la caída de Antonio Barrientos para ganar la dirección del partido. Tras su caída a raíz de su detención e ingreso en prisión, se hizo Valadez con la alcaldía conculcando la voluntad popular expresada en las urnas un año antes, y con el control del partido socialista en Estepona, al paso que marcaban ciertas decisiones judiciales. Para lo cual fue apoyado tanto por la Policía, dirigida por Rubalcaba desde el Ministerio del Interior y por la propia Justicia representada en la fiscalía también dirigida desde el propio Ministerio del Interior.

Además, de la operación orquestada por Valadez para conseguir la alcaldía a costa de sumir al pueblo en la deshonra y la mayor ruina jamás conocida en la localidad a través de la instrumentalización de la Justicia, el PSOE obtuvo otros réditos de la orquestación que se montó para que no le estallara en las manos esta operación, justo antes de tres periodos electorales. De ahí su “investigación bajo secreto” paralelamente a la campaña electoral que acabó dando casi la mayoría absoluta a la lista propuesta por Barrientos.

El detonante de toda aquella supuesta operación contra la corrupción urbanística, el tiempo parece confirmarlo, podría radicar también en el interés de un empresario turístico, quien habría podido dar alguna prebenda millonaria al PSOE andaluz a cambio de presuntos favores urbanísticos respecto a sus terrenos, objetos de un convenio relacionado a su vez con la tan anunciada Universidad de Estepona. Desavenencias con Barrientos, que se negó a aprobar tal convenio si no se recogían las claúsulas para llevar a cabo de una manera veraz el citado proyecto muy ansiado por los esteponeros desde hacía 20 años, podrían estar pues en el origen de todo este esperpento judicial en el que se ha convertido este caso político-judicial. Como veremos esta apreciación irá adquiriendo sentido con el devenir posterior de los acontecimientos tras tres años de aperturas parciales del sumario y de filtraciones más o menos interesadas e “interesantes”.

Desde aquel fatídico día de la “Inquisición judicial” en Estepona (no es en absoluto exagerado denominarlo así) 17 de junio de 2008, para los intereses y la imagen pública del pueblo, el caso permaneció bajo secreto sumarial hasta julio de 2009 con la apertura de los primeros 6 tomos de un total de más de 30 y varios tomos de documentales y testificales. Hasta la fecha (tres años después del inicio de las detenciones y a cerca de cinco años de las primeras denuncias), aún no se ha abierto el sumario en su totalidad después de cuatro o cinco aperturas parciales; por lo que desde que se abren diligencias y se decreta el secreto sumarial por parte de la Juez del Juzgado de Instrucción Nº1 de Estepona (que recibió el caso desde Madrid), Susana García Ruiz, hasta la actualidad, han transcurrido más de cuatro años de secreto de unas actuaciones que, en virtud de los datos revelados por las sucesivas aperturas sumariales, dejan mucho que desear y suponen el mayor escándalo por parte de las administraciones implicadas en su instrucción, que jamás se haya conocido en España.

La utilización política de la Justicia por parte del Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la Fiscalía para salvaguardar los intereses del PSOE ante la proximidad de tres comicios electorales en el transcurso de un año, queda de manifiesto con el análisis de dichas revelaciones sumariales. Así como dejan medianamente claro tanto las falsedades, juicios de valor y apreciaciones subjetivas jamás investigadas (sospechosamente) por la Policía, contenidas en las denuncias de los ediles esteponeros que dieron pie a esta “operación”, como el bochornoso papel de la propia Justicia en el caso de este pueblo, el menos urbanizado de la Costa del Sol Occidental y en el cual parece “haberse inventado” la corrupción urbanística.

Las denuncias que dieron pié a todo este magistral “escándalo” orquestado y dirigido, jamás habían sido investigadas previamente. De haber sido así las apreciaciones de los denunciantes fácilmente se habrían revelado como mínimo inexactas. Sin embargo éstas, sospechosamente, fueron dadas por buenas desde el principio. El ¿por qué? es lo que intentaremos averiguar con el desglose de lo que hasta hoy conocemos del sumario. En cualquier caso el sumario desprende a raudales “familiaridad” y falta de imparcialidad entre Policía y denunciantes, dando por hecho desde el principio la culpabilidad de los denunciados. Y esto tal vez sea conveniente tomarlo como “aviso a navegantes” y recordar el dicho de “cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Vivimos en un estado policial fruto de la generación Logse (la LOE es aún peor pero a esta le queda unos cuantos años para acceder a las instituciones) que trabaja al “dictado” pero no conoció dictadura. ¡Qué peligro! Las conjeturas de alguien pueden acabar con el teléfono e email intervenidos, cuentas corrientes embargadas en secreto, etc., sin previa investigación.

Algo ya sí les puedo avanzar: el caso Astapa es un caso que podríamos denominar de “corrupción inversa”, donde la verdadera corrupción voluntaria o “involuntariamente”, a la espera de lo que la Justicia determine al final en un juicio justo, radica a día de hoy más en quienes lo instruyeron desde los ámbitos políticos, fiscales, policiales y judiciales y no en quienes, a resultas de tal manipulación, fueron después objeto de investigación en secreto de sus cuentas bancarias, teléfonos, emails, etc., puesto que el fin no justifica cualquier medio. Incluso aunque puedan resultar culpables, acusados, imputados o declarados culpables en un juicio que, en todo caso, antes de celebrarse habrán debido de resolverse el enorme número de recursos y denuncias, por parte de las defensas de los acusados, que se interpondrán tanto hacia los propios denunciantes como hacia la propia instrucción de la operación. Por lo que creemos que éste no se celebrará hasta alrededor del año 2014, teniendo en cuenta que aún a día de hoy permanece el secreto y, al parecer, la nueva imputación a 21 personas lo justificará durante seis meses más, según algunas informaciones aparecidas a pesar de, supuestamente, permanecer esa parte bajo secreto.

Esto en caso de no ser anuladas gran parte de las investigaciones por la propia irregularidad que supone el uso de SITEL, software informático para la detección de comunicaciones privadas cuyo uso está en entredicho puesto que no lo regula una Ley Orgánica como es de rigor según la Constitución, y por otra serie de errores, vicios o defectos de los que adolecen las investigaciones desde el principio.

La Operación Astapa se ha desarrollado y, de hecho, sigue deserrollándose en tres fases: “el antes” (campaña orquestada de insuación mediática desde un año antes de la denuncia en Madrid), “el durante” (desde la denuncia hasta las primeras detenciones y la primera apertura sumarial un año después) y “el después” (desde la primera apertura parcial hasta hoy). En esta última fase seguimos inmersos tres años después con el consiguiente deterioro tanto de la imagen de Estepona como de la de los propios imputados quienes aún, después de cinco años de instrucción en su contra, siguen viendo vulnerado sistemáticamente su derecho a la defensa judicial efectiva que debiera garantizársele a cualquier persona durante todo el proceso.

Sin embargo la jueza antes y ahora el juez, por lo visto entienden que dicha defensa judicial efectiva, recogida en la Constitución y reglamentada en la propia Ley, se refiere únicamente al momento del juicio y no a todo el proceso de instrucción, a pesar de prolongarse éste por espacio de cinco años y el honor de estas personas esté “a los pies de los caballos” desde entonces y a merced del entendimiento de un juez que antepone el conocimiento de “la verdad material” que ha tenido ya cinco años para conocer a la salvaguarda de los más fundamentales derechos ciudadanos recogidos en la Constitución.

Es “la generación Logse en el poder”. Y los de la la LOE que viene les va a la saga porque ya incluye EpC que, de la manera que está concebida, es la mayor atrocidad que se puede cometer contra la formación escolar de una persona. Una verdadera aberración.

En fin, esta es la historia de una despechada venganza política. Es la historia de una intromisión, que el tiempo ha revelado ilegítima, de la administración de Justicia en una administración local.

Esta es la historia de una instrumentalización de la Justicia para la obtención de objetivos políticos y/o personales. Es la historia de una insólita e inédita intervención judicial de facto de un ayuntamiento prolongada durante cinco años, saltándose los cauces establecidos. Es la historia de la vulneración de la voluntad popular por “exigencias” de un guión político-judicial. Es la historia de una gran ofensa a la imagen de un pueblo. Es una historia de intrigas político-empresariales.

Esta es la historia de una nueva y moderna Inquisición amparada en la Justicia. Es la historia de intereses partidistas antepuestos al interés general. Es la historia del secuestro y vulneración de los resultados electorales. La historia de una omisión que tuvo por objeto no perjudicar a un partido en cuatro citas electorales, contando la última de mayo de 2011.

En definitiva, mientras no sepamos qué es exactamente o lo que quedará finalmente, esta es la historia de lo que, hasta el momento, la Operación Astapa parece.

Estepona, verano de 2011

Una Operación inquisitorial (XXXIII). La farsa continúa 4.

2010-12-04T13:16:00.001+01:00

Como dirían los sabuesos de la UDEF, sobre todo si sale de la boca de Valadez, muchos "indicios" apuntan a que la farsa continúa tras los últimos acontecimientos conocidos y temerosas aperturas parciales del falso y manipulado sumario Astapa...

Continuará

Una Operación inquisitorial (XXXII). La farsa continúa 3.

2010-07-27T22:44:00.002+02:00

ATC

Otro de los datos que llama la atención de Astapa se refiere a la denuncia que se vierte sobre un presunto cobro de 300.000 euros por parte del Partido Popular de Estepona. Aunque este dato se desconocía cuando fueron imputados los detenidos en la operación, algunos por mucho menos, se hace patente cuando es revelado parte del sumario un año después.

A pesar de ello el fiscal no solicita las escuchas a este partido, ni el juez, por tanto, las ordena. Sin embargo sí solicita las escuchas a otros imputados por implicaciones menos gravosas. Cabe preguntarse por qué.

Puestos a pensar mal como el ínclito Valadez, los motivos nos los puede dar el tiempo transcurrido desde entonces y algunos acontecimientos sucedidos tras la toma de la alcaldía essteponera.

Sabemos que Valadez fue "coronado" alcalde el día 17 de julio de 2008, efemérides del Golpe de Estado en Melilla de 1936. Este dato, aunque ahora carezca de relevancia, no es baladí teniendo en cuenta que su comportamiento en la alcaldía se ha destacado por su autoritarismo.

Pues bien, Valadez a su llegada a la alcaldía algo daba por seguro: que todos los concejales imputados dimitirían de sus cargos. Pero le salió el tiro por la culata. Exceptuando a Barrientos y Duarte, el resto siguió manteniendo su acta y decidieron no irse puesto que se consideran inocentes y víctimas de un montaje; como, por otro lado, el tiempo está demostrando.

Lógicamente a su llegada a la alcaldía necesetaría apoyos para gobernar. Si todos los partidos estaban manchados como subrayaba en sus denuncias, el acuerdo para un hipotético gobierno municipal iba a ser muy difícil, por no decir imposible. ¿Tuvo, pues, algo que ver en esto la decisión de la fiscalía para no imputar a miembros del PP y así justificar un pacto posterior con Valadez a pesar de que, según consta en sus denuncias, este partido había recibido 300.000 euros de un promotor? El ahora alcalde lo primero que hizo al llegar a la alcaldía el 17 de julio, efemérides del Golpe de Estado (¡qué casualidad!), fue solicitar un acuerdo de gobierno (por la gobernabilidad que él mismo había dejado huérfana) con el PP. ¿No les parece sospechoso, o cuando menos curioso?

Valadez no estaba por formar gobierno con los sustitutos de los ediles del PSOE que siendo imputados él daba por seguro que abandonarían su acta. La prueba está en que, como el tiempo ha demostrado, él quería hacerse con todo el poder del partido en Estepona además, disolviéndolo, no sólo con la alcaldía, como así ha ocurrido; creando, con los auspicios de Málaga, una gestora de la cual ha sido impuesto como presidente. Al igual que la alcadía, este cargo tampoco ha sido electo, sino impuesto.

A tenor de estos datos es fácil deducir que la propia fiscalía y jueza premeditaron la no imputación del PP, creyendo que así favorecerían un pacto de gobierno con Valadez, quien, gracias al acompañamiento mediático manipulado ofrecería la imagen de que es el salvador de un pueblo arruinado por la corrupción. Queda claro que Valadez conocía este extremo de antemano pues durante los meses posteriores las imputaciones aumentaron y nadie, excepto él por lo visto, sabía dónde iba a saltar la liebre. De haber imaginado que el PP podría salir imputado ¿cómo iba a ofrecerle la posibilidad de un pacto? Valadez sabía, por tanto, que el PP quedaría limpio para poder pactar con él. Pero también le salió el tiro por la culata porque este partido se negó y exigió, con razón, la disolución del Ayuntamiento y la convocatoria de nuevas elecciones. Valadez, en la línea de cinismo que lo caracteriza, criticó, y lo ha vuelto a hacer dos años después, que el PP no quisiera entonces colaborar en el gobierno municipal por el "bien del pueblo". ¿Ya se había olvidado de que el señaló con el dedo de la corrupción al PP? ¿Ya no importaba para pactar con él, una vez conseguida la alcaldía, que, según él, el PP estuviera corrupto?. Su cinismo roza lo enfermizo puesto que él sabía que el pueblo de Estepona no conocería este extremo hasta la apertura de los primeros tomos del sumario. A tenor de la gran documentación que la Policía tendría que analizar conocía que tendrían que transcurrir muchos meses, por no decir años, como así es lo que ha ocurrido. Un sumario que, como veremos, está viciado o pervertido, esto es: corrupto, según el significado de esta palabra contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Si él no hubiese conocido de antemano (uso de información privilegiada), que el PP no iba a salir imputado, jamás le habría ocurrido ofrecerle un pacto de gobierno. Por lo que se puede vislumbrar también que quien denunció la "corrupción" usó métodos corruptos para denunciarla.

Estaba claro que lo planificado fue que Valadez gobernara con el PP. Pero ¿con qué objeto?. ¿Qué premisas tendría el pacto? ¿Tal vez aprobar proyectos cuyo desarrollo Barrientos se había negado a aprobar en pleno de ahí que hubiera que "eliminarlo"? De ser así, aquí entraría en juego un empresario que con sus contactos a todos los niveles, para muchos, es el verdadero promotor y co-adjutor de las denuncias: José Hidalgo, el empresario turístico, dueño de Globalia, Air Europa, entre otras empresas del sector turístico, y propietario de los terrenos de la herencia Nadal Guerrero, donde estaba prevista la construcción de la futura universidad tan ansiada por los esteponeros.

Una Operación inquisitorial (XXXII). La farsa continúa 2.

2010-06-07T22:18:00.007+02:00

Continuemos con este relato crítico-lógico sobre este fantástico, por lo de irreal, sumario de la Operación Astapa. Lo que no es de recibo es que la Policía dé crédito a esto que a continuación relatamos; lo que nos hace confirmar que existía un plan urdido para imputar a Reina. El ex-Concejal de Hacienda, Manuel Reina, sobre el cual se han vertido una serie de mentiras, casi igual que los demás imputados, todas desmentidas, aunque se pasó seis meses en la cárcel, por decisiones arbitrarias y equivocadas.. Entre ellas la de que realizó un convenio, por parte del Ayuntamiento ante notario, cuando la otra parte era su padre. Se puede decir que la camapaña contra Reina, para así dividir el peso de la responsabilidad de su denuncia, por parte de Valadez raya lo psicológico. Se trata de una verdadera persecución rayana en una verdadera patología psicológica
La Policía siguió al pie de la letra otra nueva manipulación de los denunciantes. Según recoge el Tomo XXV (PDF) en su página 35. La Policía, en un informe, señala lo siguiente siguiendo las meras informaciones de los "denunciantes":

"Según información facilitada por los denunciantes, el Secretario de la
Corporación José Gustavo RUBIO LUNA apuntaba a que el Alcalde Antonio
BARRIENTOS GONZÁLEZ ha podido incurrir en una responsabilidad penal,
por haber estado firmando durante estos últimos cuatro años cheques a
nombre de Jaime RICO DONOSO, para eludir el embargo de las cuentas
bancarias de éste. Es decir, si el Ayuntamiento hubiese abonado el dinero que
le corresponde a la concesionaria por los cauces legales, por transferencias
bancarias, estas cantidades hubiesen sido retenidas por la Seguridad Social y
por la Agencia Tributaria. Es importante reseñar que el encargado de pasar a la
firma del Alcalde los cheques fue el antiguo Concejal de Economía y Hacienda
Manuel REINA CONTRERAS, que a su vez era el gestor de las cuentas de
Jaime RICO DONOSO".

Según las fuentes que hemos consultado no es cierto que Barrientos hubiese firmado cheques a nombre de Jaime Rico Donoso, lo que hubiese sido irregular, sino a nombre de RIMASA. Se trata de una diferencia clave.

En segundo lugar Manuel Reina no era el encargado de pasarle dichas facturas al alcalde; sino que como Concejal de Hacienda, pasaba todas las facturas al alcalde de ésta o de cualquier empresa o particular.

   Y tercero, contra lo que aquí se afirma de que esta empresa evitó un embargo por este procedimiento no es cierto tampoco; pues, según estas fuentes, la empresa tuvo que hacer frente no a uno sino a varios embargos. Por otro lado ser gestor (el mismo sumario señala que Reina en 1995 ya trabajaba de economista) o contable de una empresa, desde su propia gestoría, o particular, no significa ser el dueño de sus dineros ni, mucho menos ejercer funciones de director comercial o ejecutivo de la empresa.
   Claro, así estaba la investigación en diciembre de 2008, en bragas. Porque, como todo se sabía por "declaración de los denunciantes" pero los denunciantes no aportaban documentación ninguna que avalara sus juicios de valor y conjeturas y aquí no se investigaba nada, como reflejan los interrogatorios y los documentos aportados por los imputados, desmintiendo todos las "acusaciones" (no las hay, sólo existen descripciones genéricas del o de los delitos), vertidas o imaginadas contra ellos.
      Así, seis meses después, con numerosa documentación exculpatoria de los imputados, se comenzó a hacer lo que tuvo que hacerse al principio: estudios sobre el patrimonio, como se recoge en las primeras páginas del último tomo abierto el XXV, por parte del fiscal. Y nos damos cuenta que tal reconocimiento es una prueba fehaciente de que no se hizo al principio, antes de autorizar Conejo las escuchas. Contraviniendo lo que el Tribunal Supremo en varias sentencias ha dejado sentado para llevar a cabo escuchas judiciales.
    Porque al final se descubre que con un poquito que hubiesen investigado habrían descubierto que tales presunciones no se correspondían con la realidad y, curiosamente y de forma muy especial, sobre todo en el caso de Reina.
   En condiciones normales tales presunciones no hubiesen sido aceptadas sin el correspondiente soporte documental, no unas meras copias de convenios al alcance de cualquiera. Por cierto que después de leer este alucinante sumario no se quejará Valadez, no dirá que no se las merece la chorrada de denuncias que a buen seguro le van a llover.
Llama la atención de estos tomos abiertos la falta de cronología en los mismos. Así en el tomo XX, en las páginas últimas se indica que a continuación se va a pasar a tomar declaración a las testigos que, según Escribano, el representante de El Mirador de la Cala, podian dar fe de sus palabras sobre que se encontró con Reina (capítulo comentado anteriormente y que bien pudiera referirse a quien la Policía cree que es su padre: un gran empresario inmobiliario del mismo nombre y apellido). Sin embargo, curiosamente estas declaraciones no aparecen en el siguiente tomo, XXI, ni tampoco en el XXIII.
     Tampoco aparece en el sumario, al menos hasta el tomo XXIII, el auto, según el cual, la jueza Isabel Conejo fue relevada de la causa y del Juzgado Nº 1. Así, del último auto de Conejo de día 22 de diciembre, se pasa al siguiente auto de 30 de diciembre, que viene firmado por otra jueza: Doña Virtudes Molina Palma. (página 745. Tomo XXI) (PDF). No al menos en la cronología que correspondería al desarrollo del sumario. Por lo que cada apertura parcial del sumario supone un nuevo motivo de indefensión para los imputados, ya que se ven en la imposibilidad de saber, si quiera, si lo que dice un tomo ahora, te lo va a desmentir el siguiente sobre el que se decrete su apertura.
   Reina todavía no ha dicho ni pío. Los que ingresaron en la cárcel han recibido un "Shock post-traumático" del cual aún se están recuperando si es que pueden. Había un dicho popular que decía: El que ríe último ríe mejor. Uy, recuerdo que Valadez era aficionado a los dichos populares y me he acordado de un artículo suyo donde aleccionaba al lector sobre ello.

Continuará...

Una Operación inquisitorial (XXXI). La farsa continúa.

2010-05-27T12:30:00.014+02:00

    En un ejercicio de cinismo de Régimen (el régimen socialista en el que vivimos en España y especialmente en Andalucía desde hace más de 30 años), el juez Jesús Torres, criado y educado en ese régimen semidictatorial, (la única diferencia con una dictadura es que en éste los dictadores los elige "el pueblo" con la excepción de Valadez, alcalde impuesto por obra y gracia de la "Justicia"), dice que las investigaciones van por buen camino y que por eso no se puede abrir todavía incluso dos tomos que supuestamente estarían abiertos...después de tres años de secreto sumarial. La apertura de nuevos tomos ponen de manifiesto la falta de ética con la que se llevó a cabo la operación y los errores judiciales, policiales y fiscales que la caracterizaron... y siguen caracterizándola.
   A lo mejor resulta que ni el propio Juez sabe todavía nada del caso (visto que 150 cajas de documentos esperan en el olvido en un pueblo de Madrid a que se investiguen), sin que hasta el día 19, al menos, tres años después, aún se hubieran abierto. O tal vez al hombre le ha tocado limpiar y no dejar rastro, lo cual es imposible ahí están las hemerotecas, de la mala diligencia con la que se ha llevado el caso desde el principio.
   De nuevo una nueva falsa imputación, en este caso, según un testigo, contra Manuel Reina, sobre unos pisos que no tiene ni nunca tuvo y la falta de comprobación del patrimonio por parte de la Policía, como hubiera sido de rigor, si esta inquisitorial "investigación" no hubiese estado dirigida por directrices políticas. Reina, según hemos podido saber, ni siquiera conoce a ese señor y si no se ha puesto en contacto con él para pedirle explicaciones sobre esas falsas imputaciones es porque, derivado de la indefensión de la que está siendo objeto, no vaya a pensar el susodicho testigo cuyo nombre citamos más abajo, que le está amenazando. Si bien ahora se explica el ex-edil de Hacienda el por qué de una pregunta a un testigo, por parte de la Policía y Conejo, sobre si éste tenía un apartamento en "El ´Mirador de La Cala"; propiedad que jamás tuvo y hubiera bastado con comprobarlo, pero claro hubiera hecho saltar la liebre en plenas elecciones y, claro, no, eso no, perjudicar la "Justicia" al PSOE en campaña electoral, ¡nunca!. En cualquier caso no es por nada, pero como esteponero, no es fácil sentir atracción por una vivienda lindante y con vistas al cementerio.
   En cualquier caso, tenemos una imputación falsa, que ni siquiera tiene nada que ver con lo que "supuestamente se investigaba" que era las denuncias de Valadez. ¿Estuvo "instruido este "testigo" para incriminar a Reina? ¿Tiene alguna relación ese "testigo" empresario de la construcción, algo que ver con el PSOE regional? ¿Por qué no denunció en su día las supuestas "presiones" de Reina, quien por cierto no era el encargado de Urbanismo?. Todo se sabrá.
Por cierto que la empresa encargada de digitalizar los tomos de Astapa es Fujitsu, supongo que la contratación de la misma para tan "ingente" tarea se habrá llevado a cabo cumpliendo todos los requisitos legales. No está el horno para bollos. Por lo pronto sabemos que tal digitalización está costando muy cara y, lo que es peor, será para nada; como los más de 200.000 euros que ha costado las peticiones a los registros de la propiedad, tras las detenciones de los "imputados". Lo pongo entre comillas porque ni la Justicia sabe aún, ni tiene pruebas convincentes, de qué imputarlos o meejor dicho de qué acusarlos. Se ha empezado la casa por el tejado. Porque en esta inquisitorial operación se ha imputado sin existir unos hechos ciertos de qué acusar, algo inaudito en una democracia o Estado de Derecho. Ya lo dijo Guerra en 1985: "Montesquieu ha muerto".
Cómo es posible imputar algo sin existir una acusación fundada. Me explico: Yo puedo acusar del robo de mi bici a alguién si tengo pruebas para ello. No basta la sospecha, ni siquiera los indicios, si no están seriamente fundados, y no sólo en juicios de valor. En base a esas pruebas yo podré acusar a alguien de ser el autor del robo de mi bicicleta y en base a las mismas; si son lo sufientemente convicentes, el juez/a emitirá una imputación imponiendo una serie de delitos en base a esas pruebas que avalan mis acusaciones. Nunca antes. La imputación será más o menos grave dependiendo de las pruebas aportadas. Por el contrario en el caso Astapa se ha imputado a 68 personas, sin existir una acusación basada en lo concreto. Sin poder decir, sino de manera genérica, de qué se les acusa, mencionando para ello, únicamente el enunciado del artículo en cuestión del código penal relativo a los delitos imputados; pero sin poder asociarlos a ninguna acusación mínimamente probada y, lo que es más evidente en este caso por su ausencia a lo largo de las dilegencias previas, investigada. Esto mejor que yo ya lo han explicado, entre otros, los propios abogados de Barrientos.

Se habla en este penúltimo lote de sumario (tal como suena), repetitivo, cansino y vácuo hasta la saciedad y estupefacción de que quien lo lee, que el testigo citado arriba, de nombre Juan Carlos Escribano, mantuvo en dos comparecencias entre septiembre y octubre de 2009 en Comisaría y Juzgados respectivamente, sendas declaraciones testificales. En ellas llega a afirmar que Reina le amenazó con que la Junta de Andalucía no le compraría aquellos locales para la Seguridad Social si él no quería; como si Reina tuviera la influencia necesaria en el PSOE de Andalucía para interceder en una decisión parlamentaria administrativa de este calado. Además lo acusó, al igual que a la esposa de Barrientos, de presionarle para conseguir una rebaja del 50% en uno o todos los apartamentos de la promoción (compuesta por 96). En fin Reina anuncia una querella, porque, entre otras cosas ni siquiera "le pone cara" a Escribano.
    Por su parte Barrientos también está estudiando la interposición de una querella contra este promotor y lo acusa de estar actuando por "venganza" debido a que no accedió a concederle la licencia de primera ocupación por diversas irregularidades denunciadas por los propietarios, y avalado por varios informes instando a subsanar la falta de aparcamientos. Además también era obligado el pago de los aprovechamientos que. según algunas fuentes la empresa tendría que haber hecho efectivo previo a la concesión de la licencia de primera ocupación. Las declaraciones de Barrientos las certifica también un técnico de Urbanismo: Antonio Caravaca Navarro quien, según su declaración, no cree que nadie presionara para retrasar la concesión de dicha licencia, si bien desconoce si esa posibilidad pudo darse. Curiosamente otro técnico emite un informe favorable, tras la declaración de este testigo promotor, y un mes después tiene la licencia concedida, siendo ya alcalde Valadez.
Pero lo de estos tomos son ya el descojone, perdonen la expresión. Tan surrealista es el tema que vamos a ver si la risa y la estupefacción me dejan escribir. Y ya faltan sólo ocho o diez para que termine todo. A ver si en éstos que faltan está la justificación de la operación "antiterrorista" porque lo que es en los 26 tomos abiertos hasta el momento, pocas razones vemos. Y no nos explicamos cómo en una operación policial que no hay nada de nada, pueda haberse montado la que se ha montado con tantos detenidos e imputados, por la ambición de llegar a la alcaldía de Valadez y, posiblemente también, de un empresario que tendremos que citar a lo largo de estos capítulos.

Pretendía continuar anlizando los tomos anteriores a esta nueva apertura ya que no estaba en mis planes que se produjera mientras escribía este capítulo, pero ya puestos concluyamos este capítulo con otra surrealista situación que se ha dado tras la apertura de éstos tomos.

La prensa en grandilocuentes titulares publicaba, tras la nueva apertura sumarial de los tomos 21 al 26 exceptuando el 22 y 24, además de cuatro tomos de "testificales", que se había hallado 16.000 euros en una caja de seguridad de la mujer de un concejal. Según la noticia en sólo una de las tres cajas que disponía la señora de Crespo se ha encontrado algo relevante: 16.000 euros. Las otras dos estaban vacías. Por este hallazgo la Policía presume que se puede imputar "blanqueo de capitales". Tal como lo leen. Además la Policía subraya en su "análisis" que las cajas fueron abiertas por última vez en 2005, coincidiendo con las firmas de la mayoría de contratos urbanísticos.

Sin embargo, he aquí lo rocambolesco, según la citada esposa del ex-Concejal de Servicios José Ignacio Crespo, las cajas eran de su madre donde ingresaba el dinero de las rentas (la prensa lo confunde con "las ventas") de ésta, quien tenía cinco viviendas en alquiler, además de la venta de alguna propiedad. Y el hecho de que no se hayan abierto desde 2005 se debe a que fue en esa fecha cuando su madre falleció; motivo por el que desde entonces no se habían vuelto a abrir dichas cajas, en contra del dirigido juicio de valor de la Policía acusándala de blanqueo al suponer que tal dinero viene de un pago irregular.
Pero con esta lógica la Policía cae en su misma trampa pues está reconociendo sin quererlo que Crespo, si recibió alguna comisión tuvo que ser antes de 2005, cuando en Astapa se están investigando supuestamente convenios y actuaciones de todo tipo también de 2006 y 2007.

30 millones de euros y proyectos urbanísticos denegados podrían estar tras la Operación Astapa

2010-04-25T19:15:00.001+02:00

25/04/10
ATC
    Son ya muchos los rumores y cuando el río suena, agua lleva. Según éstos, cada vez más extendidos en Estepona, un empresario con intereses inmobiliarios en este pueblo, tras adquirir una serie de terrenos pagó , presuntamente a la Junta de Andalucía, o en cualquier caso a un alto cargo del PSOE andaluz, la cantidad de 30 millones de euros para que este organismo diera su visto bueno favorable a uno o varios convenios que habrían de firmarse entre el Ayuntamiento esteponero y este empresario para urbanizar dichos terrenos.
    Por lo visto, siempre según la rumorología local, la adquisición de los mismos debería recoger una inversión para la realización de un proyecto de gran envergadura y de futuro para Estepona, que el pueblo lleva esperando desde hace 20 años. El desinterés de este empresario a llevar a cabo la contraprestación necesaria para ejecutarlo, provocó la negativa de Barrientos a firmar dichos convenios generando la enemistad hacia el ex-primer edil por parte del empresario en cuestión. Lo que derivó, presuntamente, en la Operación Astapa.
     Siguiendo con esta rumorología, un representante de éste gran empresario en Sevilla, que no aparece en el sumario Astapa, acompañó a Valadez y Cristina Rodríguez a las dependencias de la Comisaría Central de Madrid haciendo posible, gracias a sus contactos, que estas dependencias se hicieran cargo del caso, que de otra forma habría sido instado a que se presentase en los juzgados de Estepona o en la Fiscalía de Málaga por cercanía y jurisdicción.
     Pero hay más. Por lo visto el juez Baltasar Garzón celebró el Año Nuevo de 2007 junto a este empresario, dos ministros socialistas y varios empresarios más, dando las campanadas con una cuchara y una sartén en un hotel caribeño de Punta Cana, propiedad de dicho magnate del ocio con intereses en Estepona. Mientras se confirman o no tales extremos y se averigua si se trató de una conspiración político-empresarial: adivina, adivinanza...

Una Operación inquisitorial (XXIX)

2010-04-14T23:08:00.002+02:00

   Desde el inicio la investigación ya viene dirigida. En la página 15 del Tomo I del sumario, queda constancia, medianamente clara, de ello. En esta página (formato PDF del sumario) se recoge que los denunciantes hacen entrega de: "18 folios en los que se realiza una "exposición de hechos que han venido ocurriendo" en el entorno del Ayuntamiento de Estepona". Como ven, la propia Policía desde el principio da por sentado la veracidad de las denuncias. La Policía no la condiciona a los criterios de los interesados denunciantes, no señala que "según los denunciantes", sino que cree a pies juntillas en la comisión de los hechos que se denuncian. Por cierto que los hechos son de un enrevesamiento, a todas luces, intencionado que ni los propios investigadores seguramente, después de tres años, saben qué es lo que exactamente se denuncia. Máxime teniendo en cuenta que el recorrido de dos años de Valadez en la alcaldía, se caracteriza por hacer las mismas cosas que denunció y por un talante dictatorial y antidemocrático. La Policía debe tener ahora "la... echa un lío", como diría aquel.
    A continuación se consigna una: "Grabación de conversación que según los comparecientes (ahora sí) se corresponde con la voz de Rafael Roselló (promotor) en declaración que realiza a periodistas". Aquí la intencionalidad tergiversadora queda de lo más patente y maliciosa que nadie pueda imaginar, desde luego la Policía no podía conocer las malas intenciones que este dato escondía. Rafael Roselló, escritor, que, según los denunciantes es promotor aunque en ningún convenio de los denunciados figura su nombre, es el autor del vídeo con cámara oculta, hecho público en medios de comunicación nacionales, según el cual Manuel Barea, uno de los testigos de Valadez ofrecía prebendas a este escritor, que se hacía pasar por promotor, en caso de que financiara su partido para las próximas elecciones a celebrar en mayo de 2007. Omiten los ínclitos denunciantes que esos "periodistas" no son otros que Manuel Barea, promotor del partido Foro Ciudadadano, que concurría a las citadas elecciones y buscaba financiación, así como algún otro componente del partido. Barea, ya hemos hablado de él en otros capítulos, está actualmente bajo fianza de más de 800.000 euros de fianza por una serie de delitos de calumnias continuadas, etc.
   Esa grabación es, a no ser que estemos equivocados, la que en abril de 2006 fue emitida, en video, en Antena 3 en el espacio: "7 días, 7 noches"; en la cual aparecen dos empresarios, siendo él uno de ellos, que trataban de convencer a un inversor para financiar a un nuevo partido político. Tras la emisión de aquellas imágenes que dejaba por los suelos al Equipo de Gobierno, el propio David Valadez formó parte de la Junta de Portavoces, como portavoz socialista, que decidió denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción su contenido.
   En ésta, además, se descalificaba a las mujeres y quedaba patente las intenciones de Barea y su socio de crear un partido político (que Valadez califica en la denuncia de Astapa como algo así como una asociación de vecinos tal como expusimos en capítulos anteriores), para tomar el poder y vaciar las arcas públicas. Para ello decían disponer de medios de comunicación y afiliados, según aparece en el semanario Estepona Información de fecha 27 de febrero al 6 de marzo. Nº 507 Año VIII.
     A raíz de aquella emisión otros medios tanto locales y provinciales, como nacionales, se hicieron eco de la noticia. Recordemos que por aquellas fechas coleaban el caso Ballena Blanca y Malaya, entre otros, y la población de la Costa estaba especialmente sensibilizada con los casos de presunta corrupción. Pues bien el periódico y ejemplar antes citado, subraya que, según fuentes cercanas a algunos de los imputados, ese video habría sido utilizado en la denuncia con un objetivo diferente: hacer creer a los investigadores, que era a los ahora imputados a quienes se refería la grabación. Tratando de aparecer los implicados en dicha grabación como los verdaderos denunciantes de la presunta trama de corrupción. Todo un arte. Recuerden que ya hemos comentado la afición por el libro del Arte de la Guerra oriental de Valadez, se leyó, mejor dicho aprendió, expresamente para preparar su denuncia. No olvidemos que, contra Barrientos, era una verdadera guerra la que tenía entablada para conseguir cotas de poder dentro del partido. Un ejemplo más, como venimos argumentando, de que la única trama que hubo en Astapa es la que orquestó u orquestaron Valadez y Cristina. Bonnie & Clide.
Desde luego hoy por hoy, si hay constancia de algún robo en el Ayuntamiento de Estepona, metafóricamente hablando, es el robo de la alcaldía a la voluntad del pueblo esteponero, libremente manifestada, aunque engañado por el actual alcalde, eso sí. No podía permitirse que el hacer pública sus denuncias, como se merecía el pueblo, le "chafara" su puesto en el Equipo de Gobierno" resultante de las elecciones.
    Para mayor descaro, Foro Ciudadano, a través de su Presidente Rodolfo López Jaén, solicitaron personarse como acusación particular, solicitud que denegó el Instructor.

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    Otro caso que debió causar estupor a los investigadores, una vez iniciada la operación, es el caso de Iluminaciones Rivas. Esta empresa aparece denunciada también una vez abierto el sumario parcialmente, por haber sido adjudicataria del alumbrado navideño sin cumplir los requisitos necesarios (en otros capítulos entraremos en más detalles). Pero en noviembre de 2008, nadie conocía que estaba denunciaba y que formaba parte de una "trama". Lógicamente lo que contamos a continuación pasó inadvertido para el común de los mortales debido al secreto del sumario, pero daremos una rápida pasada por otro episodio que desmonta una de las denuncias de Valadez. Este caso que señalamos no deja de producir estupefacción. A pesar de que Valadez conocía que esta empresa estaba siendo objeto de investigación por sus denuncias, no tuvo reparos en contratarla en esa fecha, de forma directa, con la excusa de que había quedado desierto el concurso el día tres de dicho mes, sabiendo que nadie conocía el contenido exacto de sus denuncias. O sea que a una empresa denunciada por Valadez por prácticas presuntamente irregulares, éste llega a la alcaldía y la premia. Como ven a lo largo de estos escritos, desde que llegó Valadez a la alcaldía, todas las empresas que denuncia son objeto de concesiones y trabajos para el Ayuntamiento. ¿No les parece extraño?
     Concretamente, esta empresa, con Valadez en la alcaldía es la receptora de la adjudicación de los trabajos del alumbrado eléctrico navideño de 2008 cuando Valadez lleva cuatro meses en la alcaldía y cuatro compañeros están en la cárcel desde hace cinco. Según denunció Juan Manuel Rodríguez, en el Periódico de Estepona nº 166 (14 al 20 de noviembre 2008), esta adjudicación se llevó a cabo a sólo varios días de haber quedado desierto el citado concurso. La excusa dada por primer Concejal de Hacienda del "Gobierno" Valadez, Antonio Sánchez, se basó "en la necesidad de que la iluminación "esté funcionando el ocho de diciembre y que los trabajos se paralizarán hasta el próximo lunes, estando prevista la firma del contrato para el viernes". Esto es: la empresa estuvo trabajando desde antes de firmarse el contrato, y ante la denuncia del miembro del PES, las obras son paralizadas. Sánchez justificó esta irregularidad argumentando que "a diferencia de los que se ha hecho anteriormente, este año, al menos, se han tramitado los oportunos procedimientos administrativos para la adjudicación de los trabajos". O sea que se le da un baño de legalidad y ya está. Si el concurso fue desierto ¿acaso pidieron presupuesto a otras empresas antes de adjudicarla a Iluminaciones Rivas? ¿por qué esta empresa y no otra es la elegida por el Ayuntamiento? ¿No sabían el teléfono de otra, creo que en Estepona hay al menos cinco empresas que podrían haberlo realizado? Aunque en muchos casos, no sólo en este, no acuden a los concursos municipales por la dificultad posterior de cobrar por sus servicios. Pero en caso de que sólo existiera esa, única razón que podría dar visos de legalidad a la adjudicación, ¿qué motivos había entonces para denunciarla en los dosieres de Astapa por eso mismo dos años antes?. Posiblemente ninguno. Por ahora es otra de tantas denuncias de Valadez que no tienen sentido. Por lo que sabemos hasta ahora, se trataba de enredar y no dejar pasar ni una, para engrosar su expediente, aunque él mismo conociera que tal era el uso y la norma de todas las corporaciones municipales, incluso de la que ahora él preside, sin que se escondiera ninguna actuación irregular. ¿Sabía Valadez que la investigación no iría tan lejos como para dejarle en evidencia?. O es un loco temerario o seguramente sí lo sabía, y por eso se atrevió. La Policía no llegaría a tanto, aunque esta apreciación es un poco atrevida por mi parte, al menos eso es lo que parece. Veremos qué nos depara en este sentido la apertura de los próximos tomos del sumario. Por el momento no existe novedad, tras la denuncia de Valadez contra esta empresa, por ahora no conocemos que alguien se haya hecho rico ni haya robado nada. Por otro lado estaría bueno que, sabiendo que sí se ha producido este enriquecimiento, volviera él a contratarla. Mucho me temo, pues, que esta denuncia quedará en nada, pero con su función cumplida: "marear la perdiz" y enredar. Además si alguien pudiera denunciarlo por calumnias o por lo que sea, hubiera sido la misma empresa a la que ahora le otorga trabajo. No será en pago de su silencio. Esta práctica ya la hemos conocido en Valadez cuando era Concejal de Personal, pagando unos sueldos a una trabajadora que tenía trabajando sin contrato, para que no acudiera a los Tribunales.
Porque claro, si la denuncia ante la Policía, o incluso ante Valadez si me apuran, la hubiese realizado una empresa perjudicada por la adjudicación que Valadez denuncia en Astapa, ésta tendría sentido de la lógica y razón de engrosar un sumario. Sin embargo no este el caso, la denuncia la pone Valadez en su nombre no en el nombre de un tercero perjudicado, por lo que se deduce que no hubo perjuicios a terceros; igual que no los hubo por la contratación que éste realiza igualmente, de forma irregular, a esa misma empresa. Por lo que tenemos nuevos datos que vienen a desvirtuar otra de las denuncias que desencadenaron la operación inquisitorial Astapa. Seguramente los investigadores ni siquiera se percataron y estos datos les ha pasado inadvertidos, tal y como Valadez calculó. En caso contrario, supongo que Valadez habría ido, inmediatamente después de adjudicar dicha contratación, a declarar como imputado a raíz de la denuncia del PES. Se imaginan el escándalo y los titulares: ¡Valadez a declarar por una adjudicación irregular!, y el papel de policías y jueces y fiscales, por dar crédito a las denuncias del "testigo protegido" y que ahora éste acabe imputado, después de haber enviado a cinco personas a la cárcel y detenido a varias decenas de personas por sus "ideales" socialistas y el seguidismo de las autoridades. ¿Tiene patente de corso? ¿Acaso no está haciendo, delante de las narices de los investigadores, lo mismo que denuncia a otros, dos años antes, por prácticas irregulares?. Ejemplos de éstos ya hemos mencionado algunos pero existen a docenas conforme han ido pasando los meses y los años, tras el inicio de la operación, y se han ido conociendo los datos del sumario. Muchos de ellos intentaremos descifrarlos aquí.

Una Operación inquisitorial (XXVIII)

2010-04-09T13:32:00.006+02:00

    Se da una circunstancia muy especial que podría hacer que alguien acabe imputado por omisión, caso de ser ciertas las irregularidades, en algunos de los convenios, que se citan en las denuncias. Como veremos, algunos convenios denunciados, o en cualquier caso sus informes, ni siquiera habían llegado a firmarse, lo que nos hace suponer que si eran ilegales y la fiscalía ya tenía conocimiento de ello, de haberse firmado con posterioridad a la presentación de las denuncias, habría incurrido en un delito por omisión ya que este órgano judicial es una autoridad pública que debió haberlo impedido.
    Por ejemplo en la página 19 del Tomo I, se consignan:

   " ...Informe de fecha 14 de marzo de 2005 sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y la entidad VEMOSUR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento firmado por el jefe del servicio jurídico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ..."

"...Informe sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y las entidades URBANIZADORA XXI SL, PROMOSALDE SL y PROCONSOL ESTEPONA SL para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento firmado por el jefe del servicio jurídico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ en fecha 19 de abríl de 2005..."

   A pesar de que estos informes se realizaron en 2005, cuando son denunciados un año después se señala "a convenir" lo que parece dar a entender que áun no se habían suscrito o conveniados, bien los informes citados o bien los convenios a lo que se refieren los mismos cuando son denunciados. Sin descartar, aunque me extraña, que se trate de una confusión semántica. Ya que cuando los convenios han sido firmados, se consigna en las demandas el día en que tuvo lugar la aprobación plenaria.
     He aquí otro ejemplo que aparece en la página 21 del citado tomo I:

   "...Informe sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento y Germán MACÍAS SÁNCHEZ para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento, firmado por el asesor jurídico municipal Silvia CASTRO REY en fecha 6 de septiembre de 2005..."

O en la página 23:

   "...Informe sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y la entidad INVERSORA INMOBILIARIA ERIDANO SL para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento firmado en fecha 28 de junio de 2005 por el jefe del servicio juridico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ..."

   "...Informe sobre el convenio a suscribir entre el ayuntamiento y la entidad TORE VELERIN & CO S.A. para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento, firmado por el jefe del Servicio Juridico de Urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ..."

   En esa misma página llama además la atención la presentación de un convenio sin fecha ni firma además de su correspondiente "informe a suscribir":

    "...11.- Convenio Urbanístico sin fecha y sin firma entre el alcalde de Estepona y Rafael de los Reyes ROMÁN MEDINA en representación de la entidad LÁBARO GRUPO INMOBILIARIO S.A, Antonio BA\ZÁN RAMOS en representación de la entidad ESTESUR SL y Vicente DELGADO ALGAS en representación de GOMOLATE S.A. Informe sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y los propietarios y adjudicatarios de aprovechamientos del sector SUP-E5 CORTIJO CASAREÑO, firmado por el jefe del servicio juridico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ en fecha 14 de marzo de 2005..."

Página 25:

   "...Informe sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y la entidad PARQUE ROSALES S.L. para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento, firmado por el jefe del servicio juridico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ en fecha 11 de agosto de 2005..."

   "...Informe sobre el convenio a suscribir entre el ayirntamiento de Estepona y las propietarias de la unidad de ejecución UPP-E6B BEL AIR II firmado por el jefe del servicio juridico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ en fecha 12 de agosto de 2005..."

Página 29:

     "...Informe sobre el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y la entidad CRESAN GESTIONES S.L. para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento firmado por el asesor jurídico de urbanismo en fecha 23 de junio de 2004..."

     "...Informe sobre el convenio a suscríbir entre el Ayuntamiento de Estepona y la sociedad GRUPO PRA S.A. para la sustitución económica de la cesión de aprovechamiento firmado en fecha 11 de febrero de 2004 por el asesor jurídico de urbanismo Andrés A. FLORES GÓMEZ..."

Página 37:

      "...Informe de fecha 19 de enero de 2005 sobre convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Estepona y la entidad ESTESUR, firmado por el jefe del servicio jurídico de urbanismo Andrés A. Flores Gómez..."
O este otro en la misma página:

   "...Juego de 99 hojas recogidas con un clip y folio doblado manuscrito con el título "Nº 14 CHAMARTIN" conteniendo Convenio, sin fecha y sin firmar entre el Ayuntamiento de Estepona y CHAMARTIN MONTERROSO SL..."

Y así hasta un exhaustivo número de informes que sería reiterativo y cansino exponerlos todos. No obstante consideramos que estos ejemplos hablan por sí mismo respecto a lo dicho al principio. Supongo que si estos informes, y los demás que omitimos, a suscribir, o sea pendientes de suscribir, se suscribieron después de tener constancia la fiscalía, alguien tendrá que responder de ello. Eso suponiendo que fuesen ilegales o irregulares tal como se pretende en las denuncias; porque todos estos técnicos y otros que no citamos aquí, pero igualmente objetos de las denuncias de Valadez continúan desempeñando sus cargos e, incluso, recibiendo productividades de dusosa legalidad según denuncias del CSIF.
La compañera de denuncias de Valadez es abogada, así es que supongo que lo que a continuación nos desvela el sumario se habrá hecho con las de la ley:

     "...Juego de 3 hojas recogidas con un clip y folio doblado manuscrito con el título "N" 8 ARTURO M. CEBRIÁN" conteniendo copia de contratos de trabajo de Arturo Manuel CEBRIÁN GARCÍA con el Ayuntamiento de Estepona entre el 10 de agosto de 2004 y el 9 de febrero de 2005 y otro entre el 1 de abril de 2005 y Fin de Obra o Servicio, de fechas 10 de agosto de 2004 y 1 de abril de 2005 respectivamente y cláusula adicional de contrato de trabajo de fecha 1 de abril de 2005 con objeto de coordinar y dirigir distintos desarrollos urbanísticos..."
Página 31. I Tomo.

    Sin entrar en los medios usados para conseguirlos, se ofrece como pureba de cargo las copias de los contratos de trabajo de una persona, en una clara violación de la intimidad o de su privacidad. Si el contrato era legal o no, lo lógico es haberlo solicitado por registro de entrada o simplemente haciendo gala de su condición de Concejal pero dejando constancia escrita de ello, haberlo denunciado con conocimiento del denunciante, por parte de la autoridad judicial, para que pueda defenderse. Pero, para más despropósito las denuncias contra él se refieren a decisiones tomadas en el ámbito de sus funciones, no respecto a la legalidad de su contratación. ¿Quiere desprenderse de las denuncias que realizó mal su trabajo porque su contratación fue irregular? Si fuese así dicha circunstancia justificaría la no correcta ejecución de su trabajo, lo que restaría intencionalidad a las decisiones que tomara. Asi es que no se explica que se vulneren los derechos de una persona, denunciando sus contratos, para justificar una actuación irregular. Lo lógico sería denunciar su contratación, incluso desde antes de tener noticia de sus malas prácticas. Por lo que esta documentación es irrevelante para el sumario si lo que se intenta es condenar sus actos presuntamente irregulares. Este es un ejemplo claro del seguidismo de las autoridades judiciales hacia los interesados criterios de Valadez.
     Por cierto que Arturo M. Cebrían es el que, en un principio, se asociaba con el "hombre de Roca" (incluso desde la radio donde trabaja la señora de Valadez), en el Ayuntamiento de Estepona. Sin embargo se le impuso tras su declaración una de las fianza más bajas; creo recordar que 30.000 euros. Posteriormente se identificó al "hombre de Roca" en el Ayuntamiento de Estepona con Pedro López; para al final recaer tal "distinción" en José Ignacio Crespo, dependiendo de las filtraciones del sumario "secreto" que iban apareciendo, sobre todo en la prensa Bilderberg (PRISA) afín a Valadez.

Una Operación inquisitorial (XXVII)

2010-04-04T20:39:00.003+02:00

   A todo esto, mientras que la Policía sigue solicitando la prórroga de las escuchas basadas en el artículo 579 del Código Penal, el Tribunal Constitucional había dictado en 2003 un auto demoledor contra ese artículo. Sentencia que jamás recogió la jueza Conejo en los fundamentos de sus autos. Recogía otras sentencias muy anteriores. La información decía así:

    “El Constitucional considera que el artículo 579 “no es por si mismo norma de cobertura adecuada”, y advierte para casos similares en el futuro”.
“PIDE A LAS CORTES UNA NUEVA LEGISLACIÓN

El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a dos condenados por el llamado “caso Ollero”, por el pago de comisiones ilegales en Andalucía. El Alto Tribunal admite que hubo irregularidades en la investigación y, además, pide a las Cortes que vuelvan a legislar sobre las escuchas telefónicas, porque dice que las leyes actuales son insuficientes.
Noticia publicada el 29-10-2003

L D (Agencias) El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de amparo interpuesto por dos de los condenados en el llamado “caso Ollero”, sobre el pago de comisiones a políticos y funcionarios de la Junta de Andalucía.

El caso se remonta a 1999, cuando la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al ex director de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero, y a su hermano, Jorge Ollero, por los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, respectivamente. En la sentencia también fueron condenados Jesús Roa y Luis Nogueira, ex presidente y director financiero de la constructora Ocisa, por falsificación de documento mercantil y por un delito de cohecho. La sentencia fue ratificada por el Supremo en 2001, pero ambas sentencias ahora son anuladas y el Constitucional devuelve el caso a la Audiencia sevillana para que repita el juicio.

Roa y Nogueira, que fueron quienes recurrieron ante el Tribunal Constitucional, alegaron que, durante la investigación de los hechos que acabaron en sus respectivas condenas, se vulneraron sus derechos a la tutela judicial efectiva y al secreto de las comunicaciones por las “repetidas intervenciones de varias líneas telefónicas realizadas con autorización judicial”, al amparo del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que autoriza a los jueces a ordenar la intervención telefónica de un procesado.

Sentencia demoledora del Constitucional

En su sentencia, que cuenta con dos votos particulares, el pleno del Constitucional dice que el artículo 579 de la LECrim “no satisface los requisitos necesarios exigidos por el artículo 18.3 de la Constitución para la protección del derecho al secreto de las comunicaciones”. En concreto, destaca que la norma regula de forma insuficiente el plazo máximo de duración de las escuchas, ya que no existe un límite a las prórrogas que puede acordar el juez para mantenerlas. La sentencia también dice que el artículo 579 no delimita la naturaleza y la gravedad de los hechos sobre los que se pueden autorizar escuchas y añade que tampoco se regula cómo se controlan sus resultados, las condiciones de la grabación y custodia, y su utilización y borrado.

Por todo ello, el Constitucional considera que el artículo 579 “no es por si mismo norma de cobertura adecuada, atendiendo a las garantías de certeza y seguridad jurídica, para la restricción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas”. El Alto Tribunal concluye, además, que en el caso de las escuchas telefónicas contra Roa y Nogueira, ninguno de los dos eran los titulares o usuarios habituales de las líneas telefónicas intervenidas, por lo que se afectó al derecho al secreto de las comunicaciones de terceros, inicialmente ajenos al proceso penal.

En la sentencia, el Constitucional también urge a las Cortes a que legislen adecuadamente las intervenciones telefónicas en España, ya que el artículo 579 que las regula actualmente “adolece de vaguedad e indeterminación”. En opinión del TC, la situación actual “debe acabar cuanto antes, siendo función de la tarea legislativa de las Cortes ponerle término en el plazo más breve posible” y “reparando sus deficiencias a través de una norma expresa y cierta”. No obstante, el Alto Tribunal no presenta una cuestión de inconstitucionalidad contra el citado artículo, ya que “no resolvería adecuadamente la situación” y podría provocar un vacío legal para las escuchas que actualmente estén en curso por orden judicial…”

   En el párrafo final lo que viene a decir es que aunque no es inconstitucional, roza la inconstitucionalidad, hay que delimitarlo, ponerle coto, puesto que con el artículo en la mano, hoy un juez no tiene límites para establecer la duración de las escuchas sólo con que las renueve cada mes y eso sí es inconstitucional. Pero es que además con la implantación de SITEL a partir de 2004, con la llegada del PSOE, de nuevo, las dudas sobre la legalidad del sistema van mucho más allá. Se hace necesaria una Ley Orgánica que regule el uso de ese software, cosa que no existe, y por lo que el PP decidió no utilizarlo a pesar de ser el que lo adquirió. Recientemente en Alemania el sistema homólogo del español SITEL ha sido retirado. Lo mismo que tendrá que ocurrir en España, si no habláramos de un país marxista, que es en lo que se está convirtiendo España, después de casi 30 años de gobierno socialista. Asímismo el TC, solicitaba una nueva legislación que aún no se ha llevado a cabo. Advierte el TC que esta situación “debe acabar cuanto antes, siendo función de la tarea legislativa de las Cortes ponerle término en el plazo más breve posible” y “reparando sus deficiencias a través de una norma expresa y cierta”. El hecho de que el PSOE no haya legislado y reparado esta irregular situación, en palablas del TC, después de siete años es porque está siendo utilizado como un instrumento para eleminar a la competencia política.
   Que en la Operación Astapa no se respetó el secreto de sumario no cabe duda. Un simple vistazo a las informaciones que iban a pareciendo y cuyas primeras fuentes eran la esposa de Valadez y su subordinada, (desde sus corresponsalías en EFE y Europa Press respectivamente) así como algún que otro funcionario que debería de ser investigado, no dejan lugar a dudas. Este es un ejemplo y nos va a servir para saber de forma explícita y clara que la jueza metió a gente en la cárcel sin fundamento, en base a otra información aparecida recientemente, que analizaremos después:
La Opinión de Málaga
"Buscan el dinero que los imputados de ´Astapa´ tienen fuera del país
JOSÉ A. SAU / N. ANDRADE. MÁLAGA (Sábado 6 de septiembre de 2008)La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, afirmó en uno de sus autos más recientes que quedan en la causas "diligencias muy importantes" que realizar, pruebas que irían encaminadas a saber qué patrimonio tiene cada uno de los imputados y qué parte del mismo proviene de la comisión de actividades delictivas. Incluso, la Audiencia Provincial obligó a la instructora a revocar los embargos de todas esas propiedades hasta cuando ésta pudiera acotar claramente el dinero obtenido ilícitamente.
Una de esas diligencias de suma importancia para el caso y que precisamente va encaminada a asegurar el éxito de la investigación es la búsqueda del dinero que algunos de los imputados tendrían en el extranjero, incluso en paraísos fiscales. "Eso es lo que están haciendo, están buscando el líquido existente en el extranjero", informaron fuentes cercanas a la investigación.
Este paso procesal no es nuevo en este tipo de investigaciones, ya que en ´Malaya´, ´Ballena Blanca´ o ´Hidalgo´ los investigadores de la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Costa del Sol (Udyco) localizaron numerosas cuentas de los imputados en esas causas existentes en el extranjero. En muchos casos, esas cuentas y sociedades mercantiles estaban radicadas en paraísos fiscales al uso cuya opaca legislación permite ocultar mejor los réditos financieros de una actividad delictiva.
El paso posterior al soborno -cohecho- suele ser la introducción del dinero en el circuito legal; por ello, si la instructora logra localizar dinero en el extranjero de los imputados por ´Astapa´ habrá dado un paso más que importante para cumplir el objetivo que le impuso la Audiencia Provincial: antes de embargar, asegúrese de qué parte de los bienes intervenidos proviene del delito.
"Si encuentran el dinero de los imputados -siempre que exista-, la juez podrá concretar las imputaciones por blanqueo y cohecho", indican las fuentes. Para ello, Isabel Conejo ha librado diversas comisiones rogatorias a varios países".

El titular de la noticia no deja lugar a dudas de que se trata de un ejercicio de manipulación, puesto que ,como ven, nada se podía asegurar hasta ahora, en contra del enunciado. Pero es que, además, la operación estaba bajo secreto de sumario; por tanto cabe preguntarse de dónde salieron tales filtraciones. Se dice que "Si encuentran el dinero de los imputados -siempre que exista-, la juez podrá concretar las imputaciones por blanqueo y cohecho", indican las fuentes. Para ello, Isabel Conejo ha librado diversas comisiones rogatorias a varios países". No obstante ya la jueza aseguraba en sus autos de prisión, que tendrán que ser anulados, los delitos que en este párrafo aún no ha podido concretar, sin embargo ya había metido a gente en la cárcel; por lo que se deduce y así lo confirma la apertura parcial del sumario, que antes de autorizar las llamadas no se había llevado a cabo una investigación del patrimonio de los imputados. Y aquí viene la guasa porque este mismo periodista recogía en un artículo publicado el 25 de marzo de 2010, la absolución de dos policías de la UDYCO, por parte del Tribunal Supremo, y la anulación de las escuchas basado entre otros argumentos en que el juez ni si quiera llevó a cabo una investigación previa del patrimonio de los policías. Así dice esta información:
"El Supremo absuelve a dos ex jefes de la Udyco tras anular las escuchas.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Valentín Bahut y Alfredo Marijuán son los ex jefes de la Udyco de la Costa del Sol que, entre otras, impulsaron la investigación del ´caso Malaya´. Son dos prestigiosos policías que en su trayectoria profesional han cosechado numerosas felicitaciones oficiales y se han granjeado el respeto de sus compañeros. Sin embargo, la Audiencia Provincial los condenó a dieciocho meses de cárcel –a cada uno–, a dos multas de 4.500 euros y a once años de inhabilitación por revelación de secretos y encubrimiento.
Según declaró probado el tribunal de instancia, ambos dieron en 2006 informaciones de interés a un narcotraficante italiano al que, además, ayudaron a escapar a Marruecos cuando el país transalpino pidió su detención.
Sin embargo, la Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha tumbado esa sentencia y absuelve tanto a Marijuán como a Bahut, expresándose además en términos muy duros sobre el juez que instruyó la investigación.

Nulidad. El principal argumento del Alto Tribunal para casar el fallo de la Audiencia es que se vulneró el derecho constitucional de ambos mandos policiales al secreto de las comunicaciones telefónicas.
Para grabar las conversaciones privadas de alguien, es necesario que el auto judicial que avale la medida exprese indicios de que se está cometiendo un delito. No valen las sospechas o las conjeturas. Y esto último, según el Supremo, es lo que expuso la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en el oficio.
En los autos deben expresarse "los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave; los números a intervenir y el tiempo de duración", entre otras circunstancias. Y, claro está, "los indicios son algo más que simples sospechas".
El auto del juez de instrucción carece "de cualquier razonamiento sobre caso enjuiciado". Por ello, el Alto Tribunal analiza el oficio policial que dio lugar a la investigación, donde se daba cuenta de las relaciones que ambos mantenían con el narcotraficante.
En un principio, Asuntos Internos dijo que ambos exigían dinero a dueños de prostíbulos a cambio de protección; asimismo, esos locales formarían parte de dos organizaciones de tráfico de estupefacientes y se dedicaban a lavar el dinero de la droga.
Para llegar a tales conclusiones, la unidad afirmó que los ya absueltos mandos policiales jugaron al pádel con un francés y una mujer rubia de unos 35 años; que uno de ellos entró en un restaurante italiano vinculado a esas mafias y que, a los 45 minutos, lo abandonó.
"Tales elementos no son lógicamente suficientes para enervar el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de los recurrentes, sean éstos policías o delincuentes comunes, pues la ley no hace distinciones al respecto", dice la Sala II.

Sin argumentos. Lo que reprocha el Supremo al instructor es que no analizara o pusiera en duda el oficio policial. "No llega a profundizar, en modo alguno, sobre las razones o datos" expuestos en la denuncia.
"No sólo son insuficientes (inexistentes, deberíamos decir) los indicios que se ponen de manifiesto ante el juez instructor, sino que ni siquiera se realizó previamente una investigación patrimonial de tales sospechosos, de todo punto necesaria en las pesquisas por corrupción, ni se comprobó de forma alguna la verosimilitud de la confidencia por medios que hayan sido puestos de manifiesto en el oficio policial, y tan es así, que los hechos que finalmente se les imputan nada tienen que ver –ni remotamente– con lo aducido en un primer momento para justificar tan ilegales escuchas", relata la Sala.
El juez instructor ni siquiera hizo "una mínima comprobación indiciaria". Por tanto, el material probatorio ha quedado "infectado de nulidad", lo que, de facto, supone la absolución de los dos mandos policiales.
Eso sí, el Supremo asegura que esta absolución es formal y en absoluto "confirma –ni reprocha– la regularidad de la conducta profesional de estos recurrentes". Simplemente, las pruebas que tuvo en cuenta la sala juzgadora han de declararse nulas".

Pues bien, esto es una radiografía de lo que ha ocurrido con Astapa, además del espectáculo mediático que carecterizó a esta insulsa y tendenciosa operación. Por cierto que la jueza que aquí se cita, Isabel Conejo, fue apartada de este sumario en diciembre de 2008 por parte del CGPJ y la investigación quedó en suspenso hasta junio de 2009, cuando fue nombrado nuevo juez para la causa; a pesar de que, al parecer, ella insistió en continuar en el caso, hasta que se produjera el relevo meses después.

Una Operación inquisitorial (XXVI)

2010-04-04T19:16:00.000+02:00

Si retrocedemos al Tomo VII, se repite “extrañamente” este error, tal vez para provocar el efecto favorable que la investigación requiere. Es lo que se llama forzar los datos de la investigación:

"En comunicación entre José FLORES SIMÓN y Santiago Félix NALDA CONDADO, quien participa en diferentes sociedades como ALFAMAR BUSINESS SL (CIF. 892746858), dedicada al asesoramiento inmobiliario, hablan de lo que podría ser un pago, por parte de una persona relacionada con Santiago, en concepto de "campaña de publicidad institucionat', según José FLORES, y que iría destinado a dos entidades: "FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS" y "MULTIMEDIA MIEMBROS ASOCIADOS SL" (CIF B11413077). Hay que señalar que la primera podría estar presidida por el Alcalde de Estepona Antonio BARRIENTOS y la segunda (cuyo objeto social es: comunicación, publicidad, espectáculos, contrataciones artísticas, organización de eventos, explotación de campeonatos deportivos, constitución de medios de comunicación, edición de revistas, libros y publicaciones) participada por Daniel DELGADO LORENZO y Antonio GARCÍA GONZÁLEZ, Director del Periódico de Estepona”.

Tomo VII. Páginas 265-267

Desde luego, si algnos pierden la cabeza por amor, nuestro personaje la perdió por la política y el egocentrismo. ¿Cuál es la razón por la que “Hay que señalar que la primera podría estar presidida por el Alcalde de Estepona Antonio BARRIENTOS", cuando dos páginas más abajo la Policía reconoce, por las declaraciones denunciantes, que?:

“Respecto a la FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS, es importante reseñar que, según distintas informaciones aportadas por los Denunciantes, la "FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA" es una fundación muy arraigada en Estepona, cuyo actual presidente es Francisco Antonio NAVARRO HOYOS, propietario de la empresa local PUBLILUNA, que sin duda ha tenido y tiene un trato más que preferente con el Ayuntamiento desde la época del GIL. En el mes de noviembre de 2007 el Ayuntamiento estaba negociando la adjudicación del pliego decondiciones para la instalación de vallas y postes publicitarios, ya que la cesión finalizaba. Este servicio actualmente recae en PUBLILUNA. En Estepona todos asumen que la Fundación se utiliza para blanquear dinero de PUBLILUNA.”
Tomo VII. Página 269

Esta claro que no se trata de un error. Pero ¿por qué aparece siempre de soslayo la afirmación de que Barrientos pudiera ser el Presidente de la Fundación 24 Horas, para afirmar, más abajo, que ese cargo lo ostenta el dueño de PUBLILUNA?. Es un dato puesto interesadamente, pues de sobra sabe, sobre todo Valadez, que el presidente no es Barrientos. En cuanto a si la Fundación blanquea dinero o no, ¿quiénes son esos “todos” que lo asumen?. ¿En qué se basa la Policía para incluir tal apreciación en un informe ¿policial?, en base a que “todos” asumen algo? ¿Quiénes son esos "todos" y qué de relevante son sus opiniones en una operación policial?

Por otro lado, aparece más abajo en este informe que estamos analizando: 1er Tomo Informe policial de 3 de junio de 2008, un dato bastante interesante y que cobra especial relevancia un año después de las detenciones. Lean esto y ahora hablamos:

"Según los datos proporcionados por la AEAT, referentes a 2007, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTEPONA SL declara una venta-ingreso de CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLIS SL B29382173. por importe de 6.000€. Esta ultima empresa está presidida por Bonifacio SOLIS URBANEJA, al igual que ALFAMAR BUSINESS S.L B92746858, de la cual Santiago Félix NALDA
CONDADO es Consejero."

Bonifacio Solís (por cierto, sigue siendo receptor de obras con Valadez ya en la alcaldía), es receptor de gran parte de las obras que se están llevando a cabo en Estepona a cuenta del Plan E, diseñado por el Gobierno como medida parche anti-crisis, también presidiría Alfamar Business. ¿No es curioso?.

La siguiente imputación va en la misma línea. La animadversión contra este empresario y sus empresas son ya patentes. Da la impresión de que, para Valadez, en Estepona sólo tienen cabida su periódico del partido, la emisora SER (donde trabaja su mujer y la televisión local que él controla). Cuyas directrices siguen al pie de la letra el resto de aprendices de periodistas, recién licenciados y becarios, relacionados con su mujer y que representan a otros medios igualmente manipuladores de la opinión pública esteponera y de los cuales ya hablaremos.

Aún así, lo de Valadez se entiende por intereses políticos, no así la actuación policial que debería haber estado presidida por un poco más de rigor y decoro, pues de sus actuaciones han salido perjudicados no sólo quienes hubiesen sido los autores de los presuntos delitos, sino el pueblo entero. El cual, por el silencio poli-judicial fue engañado en tres elecciones. Veamos que nos depara la siguiente parrafada que vamos a analizar:

“ESTIVAL TELEVISIÓN SL (B92323245). Sociedad domiciliada en URBANIZACIÓN BAHÍA AZUL, CARRETERA DE CÁDIZ KM. 15 de Estepona, y cuyo objeto es la gestión directa o indirecta, explotación, transmisión, emisión o distribución del servicio publico de televisión con arreglo a los términos establecidos en la legislación vigente, en especial la gestión indirecta del ser. Como Apoderado en dicha sociedad se encuentra Ángel Florez González Pérez. (Empresario esteponero y persona muy relacionada con el Ayuntamiento, el cual ha mantenido múltiples contactos con alguno de los investigados en las presentes, tal es el caso de Antonio Barrientos, Manuel Reina). Compañía Promotora declara y le imputan compras por un importe de 37.816,00 euros.”

Tomo VIII. Página 69.

Vamos a ver. Estival Televisión era la única televisión independiente existente en Estepona hasta poco antes de la operación Astapa. Eso es lo que le molestaba al "demócrata" de Valadez. A raíz del decreto de concesión de emisoras de televisión local, que la Junta aprobó hace ahora un año a sus medios afines, esta emisora recibió una orden administrativa obligándola al cierre de sus emisiones. Creo que la Junta le impuso 600.000 euros de multa, que han sido recurridos. ¿Qué tiene relación con el Ayuntamiento?, bien, ¿eso es ilegal?. Que Valle Romano le ha pagado 37.816 euros, ¿eso es ilegal, teniendo en cuenta que Valle Romano se ha publicitado tanto en esta TV como en los medios escritos que también posee el aludido Angel González?. Por cierto que Angel González fue uno de los últimos imputados en declarar y quedó libre y sin cargos.

¡Vaya tela de instrucción! A continuación vierte una serie de presunciones más, avaladas en meros análisis subjetivos. Sin embargo no dice nada respecto al origen presuntamente ilegal de dicho pago por parte de Valle Romano:

“El anteriormente mencionado Ángel Florez es Administrador Solidario de Inmobiliaria Veracruz 96 SL y de Instaladora Veracruz SL. Esta sociedad era propietaria de las fincas con numero de registro 36913, 40216, 40220,40222, 40224, 40226, 40228, 40860, 40862, 40864, 40866, 40868, 40900, 40902, 40904 y 47,659, las cuales fueron adquiridas por Vértice del Sur SL, posteriormente por Compañía para el Comercio de las Indias Occidentales SL y finalmente adquiridas por Compañía Promotora y del Comercio del estrecho SL.”

Y ya está. Por esto, este señor y la empresa que le pagó son unos “delincuentes”. Tiene propiedades, conoce a otros empresarios, está relacionado con el Ayuntamiento, etc. Y así toda una relación de compras, ventas y otras actividades comerciales, efectuadas por unas u otras empresas, algunas de Estepona, como Excavaciones Torrecillas que, según la Policía, conformarían una trama, pero sin explicar con datos y documentos en qué se basan. Sin explicar, para avalar sus sospechas el concepto de tales servicios. Es más, si usted o yo, en el ejercicio de mi profesión, hubiese realizado alguna labor para Valle Romano, también aparecería en esa relación; aunque sólo le hubiese instalado el riego de un jardín en un domicilio privado. Y esto es así, puesto que la Policía en ningún caso explica el concepto de dichos pagos, compras, ventas o servicios profesionales. La verdad es que este sumario no se sostiene, además de ser vergonzoso. Me recuerda a los tiempos de la II República donde ser empresario significaba poco menos que no tener derecho a vivir.

Menos mal que no tuve el honor, o la desgracia, de realizar algún trabajo para la empresa, pues de lo contrario formaría parte de una trama de alguien, que ni siquiera estaría obligado a conocer. Pues los trabajos más comunes en este tipo de empresas, se contratan con personal generalmente empleado y cuyos propietarios, a lo mejor, ni residen aquí. Como es el caso.

La de personas relacionadas y/o empresas que han comprado o que han pagado, etc., servicios de Valle Romano es interminable. Máxime cuando la Policía, en muchos casos, los va mencionando en relación a otros servicios anteriores, donde, asimismo, van saliendo otras entidades o personas que, con anterioridad incluso al periodo que se investiga, tuvieron algún tipo de relación, no sólo con la empresa que se investiga sino con las otras que, en muchos casos, están fuera del marco de la investigación, lo cual lo transforma todo en un auténtico galimatías.

Algo me gustaría comentarles en este punto. En estas páginas del sumario aparecen también muchos mencionados sin relacionárseles con el Partido Socialista, sino como empresarios. Sin embargo algunos de ellos, incluso fueron concejales con Miguel Castro, como los que se nos ocurren cuando vemos los apellidos Mena Lirios, o incluso el mismo imputado también José Flores Simón quien, aunque era el Jefe de Área de Alcaldía cuando estalló la operación anti-terrorista Astapa, fue Concejal de Cultura por este partido en 1995 antes de tomar el GIL el gobierno municipal, y el responsable de aquellas contrataciones a dedo, ya mencionadas en páginas anteriores, del personal de la emisora municipal. Por entonces, el único clan socialista en vigor, en Estepona, era el castrista de Miguel Castro.

Como decíamos en aquellas páginas, las contrataciones a dedo, que los benjamines de la prensa valadesca asociaban al PES, rompiendo el secreto del sumario, se iniciaron en Estepona durante los gobiernos de IU y PSOE, desde 15 años antes de que el GIL llegara a gobernar en Estepona. Pero además, con un agravante. Puesto que el GIL creó las empresas municipales y así no contrataba directamente como funcionarios al personal, sino destinados en empresas municipales que no vulneraban ninguna legalidad, aunque moralmente fueran sancionables. En el caso del PSOE, durante los 80 y mediados de los 90, pasaban a ingresar directamente en la nómina de funcionarios, lo cual sí era ilegal. Aunque nadie denunciaba esperando tener él la misma suerte, visto los escasos medios que había de trabajo en Estepona. Valadez y sus acólitos mediáticos, por entonces, todavía andaban jugando al trompo, si es que habían nacido. Con Miguel Castro en la alcaldía de Estepona se llegó a contratar a futbolistas del Estepona como Policías Municipales, para pagarles un sueldo permanente y no dejaran el equipo. Algunos de ellos todavía ejercen. ¿No sabía esto Valadez? Si no lo sabía, que no lo creo puesto que tiene mucha relación con Rosas Rojas, yo se lo digo.

Esto viene a cuento, porque uno de los asuntos que dieron pie al inicio de la operación anti-terrorista Astapa, era la contratación, sin previo concurso, en las empresas municipales. Esto no es un delito, pues los contratados para las empresas no son funcionarios, pero ya que somos “iguales” ante la Ley, lo mismo debería haberse imputado también al denunciante Valadez. Varios de los denunciados por éste y otros varios asuntos, que seguramente serán igual de burdos (ya los estudiaremos), son tanto el señor Manuel Reina como Juan Carlos Gurrea.

Pues bien, el propio David Valadez llevó a cabo contrataciones irregulares, según un documento rubricado con su propia firma que hoy, gracias a Dios, conocen todos los ciudadanos de Estepona. El documento, en cuestión, data del 1 de julio de 2004 y, ¡qué curioso!, ha pasado por alto la Policía. Dice así (omitiremos los apellidos para no incurrir en una vulneración de la Ley de Protección de Datos, algo que ni la Policía ni él mismo han respetado en sus imputaciones a lo largo del sumario):

“Estimado Sr. Gurrea:

Tras la conversación telefónica mantenida con el consejero delegado de las empresas municipales, Manuel Reina, le informo que tenga a bien proceder a la mayor brevedad posible a adoptar las siguientes decisiones.

Por un lado, y teniendo en cuenta que en la delegación de Bienestar Social se ha producido o se producirán distintas bajas, que a continuación paso a describirle, solicito la incorporación de las siguientes personas: Francisco__________________, Estefanía_____________ y María Isabel____________

Tres de los técnicos reponsables del Servicio Comunitario que integran esta delegación no prestan o no prestarán su servicio.___________________________ ha pasado a ser liberado sindical,__________________________________ está de baja por depresión y una asistenta social (Mari Carmen) se trasladará a la delegación de la Mujer.

Teniendo en cuenta la saturación de trabajo que se viene prestando y ante la necesidad de atender las quejas de los profesionales que integran esta delegación se hace necesario la incorporación y traslado de estas personas. Todo ello en aras a una mejor calidad del servicio que hemos de prestar a la ciudadanía.

Por tanto lo que se propone, y ha sido hablado con Manuel Reina, es que María Isabel____________ pase a desempeñar las funciones de asistenta social en Bienestar Social. Francisco_______________se incorpore para desempeñar las funciones que esta viene prestando y que Estefanía_____________pase a integrar las funciones de psicóloga en esta misma delegación.

Los teléfonos de contactos de estas personas son:

________________

Del mismo modo le informo que, atendiendo a las peticiones del director de Seguridad Ciudadana, Francisco Nieto, y tras hablarlo con el Sr. Reina, se hace imprescindible la incorporación de la trabajadora adscrita a la delegación de Seguridad Ciudadana,______________________________a las sociedades municipales durante solo dos meses. Tiempo éste en el que no está trabajando en el Ayuntamiento.

Le ruego que para cualquier asunto se ponga en contacto conmigo. Un abrazo.

(Firma de Valadez)

David Valadez López.”

Cuatro o cinco puestos de trabajo de los que él imputa su comisión a sus compañeros, de una “tirá”, en un mismo documento. ¿Quién da más?. Por si esto fuera poco, la cosa no queda aquí, aún hay más y lo que saldrá. Valadez llegó a tener a una trabajadora en su delegación sin contrato.

Según publicó el diario El Mundo el pasado martes 9 de junio de 2009, Valadez negoció con una trabajadora sin contrato, para “zanjar” la demanda judicial que iba a recaerle. Según la información del diario, el Ayuntamiento se vio obligado a indemnizarla por valor de más de 10.000 euros, para pagar los atrasos a la Seguridad Social y los tres meses y medio de sueldo. Curiosamente, ¡qué despiste policial!, ésto ocurría mientras se llevaba a cabo la investigación recién iniciada, entre abril de 2007 y julio del mismo año. Recordemos que cinco meses antes había denunciado, por contratar a dedo, a sus propios compañeros. ¿No es extraño?. Al más puro estilo Miguel Castro, aunque ciertamente este caso no se había dado nunca antes en Estepona. Ni nada parecido.

Así decía la información, cuyos autores son M. García y J. Sánchez, en la página 3 de la sección Málaga del citado diario:

“El alcalde de Estepona, David Valadez, del PSOE, negoció “un acuerdo para zanjar cualquier reclamación judicial” con una trabajadora que mantuvo durante varios meses sin contrato laboral y sin estar dada de alta en la Seguridad Social, según un escrito que obra en poder de este periódico. El acuerdo firmado por la trabajadora, que prestó su servicios desde el 19 de Abril de 2007 hasta 26 de julio de ese mismo año sin contrato, recoge una indemnización de más de 10.269,05 euros.
De hecho la trabajadora percibió 7.472,35 euros en concepto de los atrasos por los sueldo de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2007 que desarrolló sin contrato y sin cobrar y se ingresó en las arcas de la Seguridad Social las cantidades correspondientes a la cotización social durante este periodo.
Imperativo legal

Claro está que Valadez adopta esta decisión tras un informe jurídico del técnico de Recursos Humanos, José Rodríguez Márquez, en el que le recuerda el imperativo legal de registrar cualquier vinculación con un trabajador en la oficina pública correspondiente de la Seguridad Social y tras la misiva que le envió el entonces delegado de Personal, Francisco Zamorano, después de ser apercibido por la central sindical de CCOO de que estaba cometiendo una ilegalidad y que de no remediarlo acudirían a los tribunales.
El técnico de Recursos Humanos le señala a Valadez que la falta cometida es de “carácter grave por lo que parece evidente que la mejor solución es llegar a un acuerdo con la reclamante para que renuncie a iniciar cualquier procedimiento judicial.”

Tal y como publicó EL MUNDO de Málaga en la edición del pasado día 8, el actual alcalde de Estepona reconoció por escrito, en un documento municipal fechado el día 8 de agosto de 2007, durante el periodo que formaba parte del equipo de gobierno del ex-alcalde Antonio Barrientos (quien dimitió tras su encarcelamiento en la operación Astapa), que había tenido en su delegación una trabajadora sin contrato por problemas presupuestarios.

Valadez en su calidad, entonces, de concejal de Bienestar Social, en un documento que obra en poder de este periódico, reconoce que “por diversos motivos de índole presupuestaria una trabajadora ha estado prestando servicios en el Ayuntamiento sin el correspondiente contrato de trabajo ni alta de la Seguridad Social”

David Valadez va mas allá y reconoce que ha solucionado esta ilegalidad con la entrada en vigor del presupuesto de 2007 y la trabajadora ya tiene contrato desde el 27 de julio.

El entonces concejal de Bienestar Social y Personal y actual alcalde señala que “se ha llegado a un acuerdo en fecha 8 de agosto para abonar las cantidades que la trabajadora no ha percibido, por lo que se zanjaría cualquier reclamación judicial. Asímismo, en el propio documento se acuerda cotizar por la misma en el mismo periodo.”

Recuerden las fechas de esta información: 9 de junio de 2009, aún no se había abierto el secreto parcial del sumario que se abriría un mes después, lo cual le benefició pues nadie sabía tal día el contenido exacto de sus denuncias de noviembre de 2006, donde le imputaba contrataciones a dedo por parte de sus compañeros.

El diario no podía ahondar en la información porque, hasta entonces, sólo eran rumores las denuncias que en este sentido había interpuesto él contra sus compañeros, motivos por los que un año antes se inició la operación “anti-terrorista”. ¿Se puede tener menos vergüenza, sabiendo que él, desde meses antes, (noviembre 2006), por motivos aún menores, como explicaremos, había denunciado a sus compañeros?. Es más, de sus propias palabras se deduce que la trabajadora siguió trabajando, pues él mismo afirma que la trabajadora ya tiene contrato. Sin embargo, la Policía le debió hacer un favor pues, una vez abierto el sumario, él no aparece imputado habiendo sido autor de peores delitos que los que denunció, como se desprende de esta información. Será porque, claro, en Madrid no se vende la edición de Málaga del diario El Mundo. Ahora me explico que siendo periodista trabaje de político. ¿Cuál es su credibilidad?

El día 13 de abril, el secretario judicial ordena incluir este informe del día 9 a las diligencias que se siguen en su juzgado por las denuncias de Valadez. El 24 la Policía remite un nuevo informe en concepto de:

“Asunto:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA
MINISTERIO DEL INTERIOR CUERPO N A C I O N A L D E P O L I C Í A - C O M I S A R Í A G E N E R A L D E P O L I C Í A J U D I C I A L
U N I D A D C E N T R A L D E D E L I N C U E N C I A E C O N Ó M I C A Y F I S C A L

BRIGADA DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL S E C C I Ó N D E B L A N Q U E O D E D I N E R O
Registro de Salida número 35.532/07 UCDEF-BLA D.P. 1030/07 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona.
24 de abril de 2007
Remitiendo trascripciones e Informe y solicitando prórrogas de intervenciones.
Destinatario: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona.
Mirar página 507.”

Una Operación inquisitorial (XXV)

2010-04-01T19:43:00.001+02:00

Pero pasemos un momento al tomo VIII, donde se habla de la mercantil Valle Romano y de sus empresas asociadas. Nos aportará otro dato interesante a tener en cuenta, que vuelve a avalar nuestras sospechas de que la Policía no tenía en su totalidad, en la documentación aportada por los denunciantes, la información sobre los convenios denunciados y que, por tanto, las imputaciones hechas desde la primera denuncia están fuera de lugar en una Justicia libre, imparcial e independiente. La fecha de este informe es la misma que la se refleja en el tomo IX, 3 de junio de 2008:

“RELACIÓN DE CONVENIOS FIRMADOS POR LAS SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL HOLDING DE VALLE ROMANO. E HISTORIAL DE LAS FINCAS QUE COMPONEN LA URBANIZACIÓN CON DICHO NOMBRE .

Si bien el desarrollo y la reconstrucción de los convenios que distintas sociedades han firmado en los últimos años con el Ayuntamiento de Estepona, aparece como apartado independiente en el presente informe, en este epígrafe se hace necesario relacionar y explicar de manera sucinta los convenios que obran en nuestro poder y que han sido suscritos por algunas de las sociedades que conforman el Holding Valle Romano. No obstante, de algunos de los posibles convenios, por ahora solo se ha podido tener acceso parcial a ellos, en algunos casos simplemente al edicto de publicación, al instrumento de planeamiento o a escuetos informes técnicos al respecto.

     Es necesario señalar que la información de esta índole existente en la actualidad y todo aquello relacionado con la misma, será ampliada como resultado de investigaciones y actuaciones futuras.”
     Recordemos que para esta fecha, los teléfonos ya llevaban un año pinchados y las cuentas estaban intervenidas en secreto. Decisiones que se habían tomado desde el 29 de marzo de 2007, porque, según decían los investigadores, la documentación aportada era ingente y avalaba la toma de tan drásticas medidas, por los supuestos delitos cometidos. Los cuales, como refiere este párrafo del sumario, no estaban ni siquiera investigados previamente, ni la información aportada era completa. Esto significa, para cualquier investigador, que la información estaba, pues, sesgada. La Policía, por tanto, movida por intereses políticos, como iremos revelando aquí, no quiso o no pudo investigar tales extremos antes de dar por cometidos los delitos. La presunción de inocencia se la pasó la Policía por el arco del triunfo como puso de manifiesto el trato degradante que caracterizó el comportamiento policial. Se dice que a una anciana de 80 años no se le permitió ni vestirse cuando los policías iniciaron el registro de su casa y fue tratada de forma vejatoria. Por cierto que sería Valadez, ya en posesión de la alcaldía inauguró el campo de golf de esta urbanización.

    Señalar que medidas como estas, en España, se pusieron en marcha sólo una vez y fue para descubrir, allá por finales de los 80s, el entramado financiero de ETA, organización que lleva a sus espaldas casi 1.000 asesinatos. Es decir para investigar a una organización terrorista. De ahí que califiquemos esta operación como “anti-terrorista”, con el siguiente sentido figurado que la lógica indica.

      He ahí el poder de convicción en quienes no le conocen, que caracteriza a la locuacidad expresiva de Valadez. Seguramente éste insistió ante la Policía en la certeza de la comisión de los delitos que demostraría con los papeles que iría depositando en sucesivas entregas. Cosa que, como el tiempo demostró a pesar de que las hizo, no ocurrió por los argumentos expuestos en esta serie de entradas. De hecho, el inicio de la operación y el registro de domicilios y dependencias municipales tuvo su origen en la necesidad de obtener dicha documentación, ya que tanto la jueza como la propia Policía estaban metidos en un atolladero. Lo que hubieran evitado con la petición de entrega de documentación al inicio de la operación, pues eran documentos públicos. Sin perjuicio, además, de haber llevado a cabo las consiguientes imputaciones a los investigados. ¿Por qué no actuó como la lógica hubiera dictado? Porque estábamos en época electoral. Es decir, por defender el interés político del PSOE. Se antepusieron intereses de un partido y se vulneraron derechos individuales supuestamente garantizados en la Constitución.

    Pero hay más. Teniendo en cuenta que este escrito es del 3 de junio de 2008 y que la operación “anti-terrorista”, con pasamontañas y metralletas, se inició el 17 de junio de 2008, cobra especial significación los últimos renglones de este párrafo cuando afirma categóricamente que:

“...Es necesario señalar que la información de esta índole existente en la actualidad y todo aquello relacionado con la misma, será ampliada como resultado de investigaciones y actuaciones futuras.”

     Pero, ¿que pasaría si esas “futuras investigaciones” indicaran que tales presunciones de delito no existían, después de tener el teléfono pinchado por casi un año y las cuentas bancarias intervenidas? ¿Quién y cómo se les iba a resarcir a los investigados del daño contra su imagen, honor y privacidad? Pues bien, como las decisiones judiciales, en este caso, están también caracterizadas por la precipitación, la siguiente medida fue la toma del Ayuntamiento y la consiguiente toma de la alcaldía por David Valadez, también surgen ciertas dudas respecto a los pasos judiciales iniciados desde entonces.

     Partiendo de la base de que no disponían de toda la información a esa fecha, lo más curioso es que se atreven a reconstruir, en los citados tomos VIII y IX, cada uno de esos convenios, a pesar de reconocer dicha eventualidad. ¿No es extraño? Donde, nuevamente, en base a conjeturas que no pueden contrastar, por las razones explicadas (les falta más documentación sobre los mismos), se permiten establecer relaciones e intereses, a diestro y siniestro, entre empresas y personas partiendo de informaciones no contrastadas. Como el caso mencionado en anteriores entradas, de Manuel Reina Contreras errónea o falsamente reconocido como hijo de Manuel Reina Ruiz.

    En el análisis de lo expuesto en este tómo VIII, las apreciaciones y conjeturas están a flor a piel, ¿cómo no?, al ser toda la operación, no sólo el nombre, un error, hablando suavemente.

    Antes de nada decir que, al parecer, el primer convenio investigado es el referido al de Arroyo en Medio. Un servidor, como esteponero, conoce muy bien la situación en la que se encontraban tales terrenos porque, hasta 1990, disponía de un par de yeguas que pastaban por allí. Hasta esa fecha dichos terrenos tenían la calificación de rústicos agrícolas aunque bien es cierto que gracias a las políticas de la Unión Europea, desde un punto de vista agrícola eran ya inviables. Los limones y naranjas de Estepona se subvencionaban por este organismo para, a continuación, ser depositados en el vertedero para su incineración. Lo cierto es que ya desde principios de los 80 allí no existía actividad agrícola en absoluto, con la única excepción de ser pasto de un par de rebaños de ovejas (que se asentaban en precario en la finca Santa María), que pastaban por allí y donde varios esteponeros disponían de algunas gallinas y caballos estabulados en un par de casas antiguas que se encontraban en ruinas por el prolongado desuso desde finales de los años 60.

     Por aquel entonces, la única urbanización cuyo límite oeste colindaba con el Arroyo de enmedio en su parte este, era la Urbanización Valle Romano. Al otro lado del arroyo, hacia Casares se extendían las grandes extensiones objetos de este convenio. Decir que Arroyo en Medio, de ahí su nombre, se encuentra entre el Río Guadalobón y Arroyo Vaquero. Precisamente en este último lugar se encuentra la Urbanización Arroyo Vaquero, construida mucho después que Valle Romano y la Urbanización Estepona Golf.

      Pues bien lo más detestable de estos convenios (y esto no es culpa de los constructores, sino de las administraciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de los órganos de control de urbanismo que ésta se atribuye), es que la urbanización de esa zona ha arrasado con muchas huertas, sobre todo de limones ya abandonadas, que han sido literalmente enterradas por miles de toneladas de tierra, para efectuar los trabajos de urbanización. En otros casos los árboles fueron arrasados y mezclados con las ingentes cantidades de tierra, procedente de los desmontes que se efectuaron para acondicionar las calles de la urbanización y los lugares destinados a viviendas.

     En otros casos se arrasaron árboles centenarios como algarrobos o acebuches (variedad silvestre del olivo), que fueron literalmente enterrados o arrasados por dichos trabajos. Además, se encontraba en aquellos lugares una fuente, en un venero de agua, cuya construcción podía tratar de la época árabe o incluso de los romanos. Dichas aguas eran de una calidad excelente. Al tiempo de iniciarse los trabajos, aún se observaban las tejas utilizadas por nuestros antepasados para encauzar el agua.

    Así mismo, por aquellos parajes discurría un camino, junto al arroyo que, según vecinos de las fincas al otro lado del mismo, era público y que, a determinada altura, lo atravesaba discurriendo por varias fincas de la orilla este, en dirección a la conocida como la carretera de Valle Romano. Este camino ha desaparecido entre las diferentes carreteras y calles de acceso a las obras efectuadas por dichos convenios. De hecho en una visita realizada a la zona, ni siquiera existe ya y donde antaño atravesaba el arroyo se encuentra cortado con tierra y piedras impidiendo el paso.

     Al igual que otros muchos que transcurrían por aquellas tierras, y que desaparecieron a mediados de los 90, debido a la construcción de la autopista. que fue, en realidad, la encargada de dar la puntilla a una zona de gran belleza natural y gran potencial agrícola; aunque llevase décadas en desuso de esta actividad, en gran medida debido a las normativas agrícolas puestas en marcha por la Unión Europea, que prefiere comprar este tipo de productos a Marruecos o Israel, por poner un ejemplo. De hecho, hoy la gran mayoría de la fruta que comemos viene de otros continentes y países, ante las protestas de los agricultores españoles, que en cantidad de cientos de miles se han visto abocados a abandonar sus explotaciones, desde la entrada de España en el supuesto mercado común europeo que, como acabo de explicar, no es tal.

     Por tanto, fueran urbanizables o no (segun la familia de Barrientos son urbanizbles desde el plan de 1994 en contra de lo que afirma la Policía), a la hora de firmar los citados convenios, lo cierto es que aquellos terrenos no albergaban ya actividad agrícola alguna y habían quedado copados o comprendidos entre la autopista, al norte; la urbanización Valle Romano al este (con la ampliación que sobre la misma se pretendía desde la década de los 80 con un campo de golf ya proyectado, concretamente siendo alcalde Manuel Sánchez Bracho); y por el oeste con la urbanización Arroyo Vaquero que quedaba aislada en el interior, a poniente de este último arroyo.

    En estas condiciones era de esperar que algún día fuera toda aquella zona, aislada entre autopista y dos urbanizaciones, urbanizada como de hecho ocurrió a partir de 2004. Sin perjuicio de que nos mantenemos en los reproches que acabamos de exponer, respecto a cómo se han llevado a cabo los trabajos de urbanización, los cuales, por cierto no son objeto de esta investigación.

    Este convenio se aplica a dos fincas. Pues bien, al margen de divagaciones policiales, derivadas del interés que pudo existir en la compra de estos terrenos de Arroyo En Medio, la Policía considera
cuando menos "peculiar”, siendo ésta la principal imputación que sobre este convenio se vierte, el hecho de que la compra de los mismos la efectúa la mercantil Yerecial S.L, y sin embargo en el registro del Catastro constan a nombre de la Urbanización Valle Romano “hecho cuanto menos peculiar, ya que la mencionada urbanización, en la actualidad, carece de personalidad jurídica propia.”. Exacto eso es peculiar, pero ¿lo han investigado? ¿Podría constar así en el registro porque, como digo, ya estaba proyectada desde hace casi 30 años una ampliación de la urbanización y, a lo mejor, estaban incluidos en la misma estos terrenos sin que aún se haya modificado tal extremo? Tengamos en cuenta que ha pasado año y medio del inicio de la operación. ¿Qué se ha investigado entonces?. Nada, sólo se ha expiado por teléfono y se ha intentando desvelar y relacionar el contenido de las escuchas; sin solicitar ningún papel, no vaya a ser que el pueblo se entere y perjudique electoralmente al partido del Gobierno de lo que queda de España.

    Como hemos apuntado, dicha urbanización existía ya desde hace varias décadas con proyecto para su ampliación, incluido un Campo de Golf. De hecho la propia Policía afirma en este tomo VIII, que Yerecial forma parte del holding Valle Romano en la página 23 del mismo. Por otro lado que Valle Romano patrocinó eventos del Ayuntamiento era público y notorio. Se deduce también que su intención no estaba fuera de la legalidad pues así lo repitieron durante años en cuñas publicitarias en radios nacionales y en los carteles de los propios eventos que patrocinaban; pero de ahí a montar una operación “anti-terrorista" para probar alguna ilegalidad en ello, debiera haber habido un abismo.

    Antes de entrar en el análisis de los convenios de Valle Romano, veamos qué se le imputa a esta empresa. Se le imputan pagos a personas físicas y jurídicas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona, según el tomo VIII en su página 67. Lógicamente, dedicaremos más tiempo en el análisis a los temas de los cuales un servidor tiene mayor conocimiento. Sin perjuicio de que intentaremos, a través de diversas fuentes, desgranar también cualquier asunto de interés que surgiera y que por su naturaleza haya que consultarlos. Como es costumbre, la propia Policía nos advierte nuevamente de que no dispone de todos los elementos de evaluación:

"Es necesario recordar, antes de proceder a relacionar las pagos realizados, que las mercantiles Compañía Promotora, Yerecial y Aedificat 2002 están domiciliadas en el País Vasco. Por esta razón y dada la autonomía recaudatoria y la opacidad informativa de la Agencia Tributaria Vasca, los datos de los que disponemos se hayan incompletos, pudiendo sólo disponer de la información que otras sociedades le imputan, ya que no se ha podido recabar información procedente de la Agencia Tributaria Vasca.”
   ¡Empezamos bien! Ahora veamos qué imputaciones, sin todos los datos objetivos para valorarlos, se les consigna a Valle Romano. Advertirle que hay varios casos que son de risa y demuestran por sí mismos que los encargados de la investigación no sabían ni donde estaba Estepona. Es un decir. Pero la intencionalidad de sus apreciaciones que no hicieron más que seguir al pie de la letra lo dictado por Valadez, queda ahí:

“CLUB DE TENIS ESTEPONA, (G29214590) club deportivo, con domicilio en Estepona, en la urbanización Forest Hill, a través de este club, la fundación 24 horas deportiva de Estepona, de la que es Presidente Antonio Barrientos González, con domicilio en la Calle Donantes de Sangre s/n de Estepona ha organizado diversos torneos de tenis. Compañía Promotora declara y le imputan compras por un importe de 36.000,00 euros.”

Tomo VIII. Página 69
Extrañas y confusas apreciaciones sobre la Fundación 24 Horas Deportivas.

   Veíamos en el párrafo anterior, con cierta intencionalidad, una nueva imputación a Barrientos por el hecho de que era Presidente de la Fundación 24 horas que, como tantos otros datos de este   sumario, no es tal o aparece manipulado por no calificar de terjiversado.

    A la Policía, que investiga desde Madrid, este detalle se le puede perdonar; sin embargo Valadez, sí lo sabía y seguramente lo omitió, dejando en evidencia la labor policial. He aquí el perjuicio que el interés personal, como parte protegida, ha podido ocasionar a personas y entidades. La Policía, por lo visto, no podía consultarlo por no levantar la liebre y poner en riesgo el interés electoral del partido socialista. Sin embargo, eso hubiera bastado. Tratándose de las 24 horas deportivas, que se celebran cada año, y que estaban patrocinadas por Valle Romano, en grandes carteles, es lógico pensar que esta empresa pagara al Club de Tenis, por el alquiler de las pistas donde se celebrarían los campeonatos de este deporte en esta actividad decana en el pueblo, y que se celebra en desde los años 70. Así de fácil. Como ven, el problema no es que Barrientos se quedara con los 36.000 euros; el problema radica en que Valle Romano pagó al Club de Tenis dicha factura, de la fundación deportiva, cuyos actos los estaba financiando. Para mearse. He aquí la prueba de la manipulación en otra página de este tomo y haciendo relación a los mismos hechos de gastos y compras:

"FUNDACIÓN 24 HORAS DEPORTIVAS DE ESTEPONA (G92675867). Con domicilio social en la Cl Donantes de Sangre S/N, de Estepona. Forman parte del comité de honor de dicha Fundación entre otros, Antonio Barrientos González, Miguel Escarcena Gómez (concejal delegado de deportes), Luis Fernando Linares Torres, y como Presidente de la misma, Francisco Antonio Navarro de Hoyos, quien a través de Navarro Publicidad y Publi Luna SL, realizó trabajos de propaganda en las elecciones municipales del año 2007, para el PSOE y el PES. Compañía Promotora declara compras por un importe de 18.000 euros, pero no le imputan nada. Una vez mas, se observa, de forma clara y evidente de que entre los miembros del holding Valle Romano, el Ayuntamiento de Estepona y empresarios locales, se habrían establecido unas relaciones de colaboración casi de manera permanente, llegando a formar parte del comité de honor de una Fundación afincada en Estepona, y cuyo objeto, es la celebración de eventos deportivos en la zona, y que en muchos de los casos, se han realizado, con el patrocinio de Valle Romano Golf and Resort.”
   ¿Quién es el Presidente entonces? ¿En qué quedamos: es Antonio Barrientos o es Francisco Antonio Navarro de Hoyos? El contenido de este párrafo corrobora que, dentro de la investigación, existe un mentiroso compulsivo, dedicado a enredarlo todo y a arrimar el ascua a su sardina personal y que está manipulando los datos maniqueamente. Así como unos policías que no se enteran que se la están metiendo “doblá”, parafraseando a la ex-ministra Magdalena Alvarez. Como ven, ya Antonio Barrientos no es el presidente, sino un cargo honorífico de la misma Fundación de la cual nunca fue tal presidente. Cargo que, aunque se omite, deriva de ostentar la alcaldía. A pesar de que para dar solidez a la imputación, así se le considera en el párrafo anterior a este. Porque el presidente tanto antes como ahora no es otro que   Francisco Antonio Navarro de Hoyos, quien, a su vez es el dueño de Publiluna. Y la imputación sobre que si hizo propaganda para el PES, que no es ningún delito, es porque supuestamente vivimos en un país libre, aunque haya algún fascista que otro en la alcaldía de un pueblo, por la gracia de la fiscalía y la Justicia. Este sumario parece un juicio sumarísimo de las purgas de Stalin. Y La verdad es que la propia investigación parece estar dirigida por diferentes intereses bastardos. A todas luces nos encontramos ante una persecución ilegal, o al menos inconstitucionall en toda regla.

Una Operación inquisitorial (XXIV). "Hijo" del inversor, por obra y gracia de Valadez.

2010-04-01T19:17:00.000+02:00

Una máxima del sentido común dice que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. ¿Qué pensaría usted si por el hecho de llamarse como otra persona le metieran en la cárcel?. Pues bien, a tenor de lo que revelan los datos conocidos del sumario, levantados hasta ahora, y que se prolongan hasta finales de junio de 2008 (dos semanas después de la operación “antiterrorista”), ese parece ser el mayor delito que haya cometido Manuel Reina: llamarse igual que otra persona y asociarlo por tanto familiarmente a ésta. Ya habíamos apuntado algo a este respecto en los anteriores capítulos. Veamos pues a qué me refiero.

   Algo que tenía muy seguro la Policía, era que Manuel Reina participó en un convenio representando a su propia familia, al tiempo que firmaba dicho convenio, por parte del Ayuntamiento junto a otros ediles. Hasta este dato, Reina posiblemente hubiera tenido una fianza menor incluso que Zamorano, sobre el cual pesan muchos más indicios de delito que contra el citado Reina, aunque en la mayoría de los casos, igual de infundados y basados en la ilegalidad de las escuchas. Desde luego no hubiera tenido razones la jueza para meterlo en la cárcel, en su erróneo auto de prisión contra él, confundida por una falsa información que la Policía, de forma frívola, daba toda credibilidad desde el mismo día de la denuncia casi dos años antes.

      Les recuerdo que, aunque el encabezado del titular de estos escritos se refiere al tomo I, no es hasta el tomo IX, donde la Policía analiza los convenios denunciados en noviembre de 2006, y que aparecen referenciados en el citado primer tomo. Por tanto, este dato que explicamos a continuación sale del análisis de los convenios que la Policía realiza en el tomo IX. Al cual dedicábamos gran parte del capítulo anterior.

     Volviendo a lo de Manuel Reina. Ya dijimos que el hecho de que no apareciera en el sumario su verdadera profesión de Licenciado en Economía y Ciencias empresariales, sino la de empresario y concejal; así como la falsa imputación de familiaridad paternal con un firmante de un convenio investigado, sería el motivo de una serie de errores en cadena que imputarían falsamente a Reina. Ahora podemos afirmar también, que éstos fueron los que realmente llevaron a la cárcel a este concejal. Esperemos que los demás datos a otros imputados estén más contrastados que éste, de lo contrario el ridículo policial y la comicidad del sumario va a superar a las películas de Groucho Marx. Pero no crean, todo lo que conocemos del sumario “está cortado por el mismo patrón”.

     Con todos mis respetos, pero según esta lumbrera de sumario político policial, en su tomo IX página 283, en el informe que venimos comentando y que data del 3 de junio de 2008 (a falta de 14 para el inicio de la operación “anti-terrorista”), Manuel Reina Contreras "es hijo" del firmante del convenio de Camino de Cortes:

“CONVENIO URBANÍSTICO DE "CAMINO DE CORTES (SUNP-E2V' .-
El presente Convenio guarda una estrecha relación con el ex Concejal de
Hacienda Manuel REINA CONTRERAS, ya que una de las mercantiles firmantes del
Convenio, ALMACENES REUNIDOS SA, tiene entre sus órganos sociales al padre de
Manuel, Manuel REINA RUIZ, y a sus hermanastros Roberto REINA FERRI y
Manuel REINA FERRI.”

    Dice esta parrafada, y no se será porque no habían tenido tiempo para investigar, puesto que hacía casi dos años de la denuncia, que Manuel Reina Contreras es hijo de Manuel Reina Ruiz, quien pertenece a los órganos sociales de la empresa firmante del convenio. Nada más lejos de la verdad, y no se trata de una mera errata. De todos los datos que hasta ahora se han hecho público del sumario, este seria el hecho más grave imputable a Manuel Reina (el concejal). Sin embargo estos datos no son ciertos. Su padre efectivamente se llama Manuel Reina (omitiremos el segundo apellido puesto que su padre real no aparece en el sumario y no queremos que nos denuncien por la Ley de Protección de datos), pero no es el que se refiere en este párrafo, su padre biológico no está imputado en nada. De hecho sólo lo ha visto varias veces en la vida y la última vez fue hace muchos años.En cuanto a su profesión, hoy jubilado, fue la de maquinista de obras públicas.

    Esta no es más que otra prueba de la precipitación policial a la hora de tener en cuenta el contenido de las denuncias de los concejales informantes. Ni que decir tiene que, por tanto, esos tampoco son sus hermanastros, los cuales se citan en otros pasajes del sumario como propietarios de coches de “alta gama”, ¡no faltaría más!. Esta familia tiene muchísimo dinero. Ya hemos comentado que quienes les han conocido hablan de que son millonarios. En el sumario aparece que una de sus empresas se constituyó en 1977. Lo cual indica que no es un desaprensivo temporal de la especulación urbanística.

     Más abajo el informe nuevamente cita a Manuel Reina. Así, en la página 293 del mismo, tomo IX, se dice nuevamente, para dejar bien claro que no es un error tipográfico sino una consideración asumida por la Policía, lo siguiente:

      "ALMACENES REUNIDOS SA, tiene como órganos sociales entre otros «a Manuel
REINA RUIZ, Manuel REINA FERRI y Roberto REINA FERRI. El primero es el
padre y los otros dos hermanastros de Manuel REINA CONTRERAS, edil
perteneciente al PES que ha ostentado los cargos de Concejal de Hacienda y
Economía y Consejero delegado de todas las empresas municipales, hasta las
elecciones de 2007.”

¡Menunda metedura de pata!
    Ya hemos dicho que es falso también que esos fueran sus hermanastros, puesto que tal no era su padre. Pero da la impresión que esta serie de conexiones sólo se les permite a los consejeros y familiares de la Junta de Andalucía (ver en Internet La telaraña Andaluza o La Tela de Araña Andaluza o la manipulación de la Ley que hace Chaves para dar una subvención de 10 millones de euros a una empresa donde es apoderada su hija, publicada en el diario El Mundo de 27 de mayo de 2009). Lógicamente un error les lleva a los investigadores a otro. Así en esa misma página se dice:

"Reconstrucción de la operación.-
En el desarrollo del estudio del presente informe se irán reflejando una serie de
anomalías, las cuales, si resultan significables de por sí, toman mayor importancia si
se tiene en cuenta que el padre de Manuel REINA es uno de los protagonistas del
presente Convenio.”

     Repetimos que éste inversor no es padre de Mauel Reina. Y he ahí el error garrafal definitivo, puesto que entre los firmantes por parte del Ayuntamiento se encuentra él, además de Antonio Barrientos y otros, y su propio falso “padre”, por parte de la empresa. Pues bien, este error policial es el que ha justificado el ingreso en prisión de este Concejal, paseado junto a los demás por todos los medios de comunicación, esposado, después de cuatro días en el calabazo antes de declarar "nada, por cierto" más allá de su identidad, ante la jueza:

1. PERSONAS QUE INTERVIENEN
• Personas jurídicas:
- CORSAN-CORVIAM SA (A82807744)
- ALMACENES REUNIDOS SA (A46109823)
• Personas del Ayuntamiento:
Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ (Alcalde)
-José Manuel DUARTE DOMÍNGUEZ (Vicesecretario)
- Andrés A. FLORES GÓMEZ (Jefe Servicio Jurídico Urbanismo)
- Ignacio de la HOZ PÉREZ PLA (Arquitecto municipal)
- Manuel REINA CONTRERAS (Ex Concejal de Hacienda)
- José FLORES SIMÓN (Jefe del Gabinete de Alcaldía)
• Personas de las Mercantiles:
- José SENDARRUBIAS REDONDO (00383260B)
- Néstor MONTOYA VILLAROYA (17803948Q)
- Rafael PASCUAL ALBERO (21521561R)
- Manuel REINA RUIZ (75584315J)
Ángel SANZ IZQUIERDO (50032902J)

    Tan segura estaba la Policía de que Manuel Reina Ruiz era el padre de Manuel Reina Contreras que ni siquiera se lo preguntaron en el interrogatorio; lo tenían asumido como un dato cierto e incuestionable. Si se lo hubieran preguntado en el interrogatorio y posteriormente averiguado o verificado, a través de los múltiples canales de los que dispone la Policía, no habría habido razón para su ingreso en prisión. Tal vez, si acaso, para una leve fianza, como Zamorano, cuyas implicaciones son superiores a tenor de lo que nos dice lo que hasta ahora sabemos del sumario.
    ¿Dónde está aquella Policía que la primera pregunta que te hacía al interrogarte era preguntarte si tú eras hijo de fulano y de mengana? Aquella Policía que antes de interrogarte ya sabía quiénes eran tus padres (los verdaderos). ¡Cómo han cambiado los tiempos con tanta Constitución y tantos paniaguados del régimen incluidos jueces y fiscales!

     Dada la convicción de la Policía respecto al lazo familiar del empresario con el concejal, como no hay tres sin cuatro, a partir de esa confusión viene otro error apreciativo de manual. La siguiente alusión a Manuel Reina, el concejal, nos la proporciona la página 301 del citado informe y tomo, cuando en base a lo que ya mantiene la Policía como cierto, ésta sostiene que al ser el empresario el padre del concejal, éste ha podido tener información priviligiada y un interés familiar en la compra de los terrenos del convenio. No se lo pierdan, miren qué perla sabiendo lo que ahora sabemos:

“Pero más curiosa resulta ésta adhesión, si tenemos en cuenta que las citadas
fincas fueron adquiridas el 04 de febrero de 2005, cinco meses antes de la firma del
Convenio, a Mariana JIMÉNEZ ARAGÓN, y si tenemos en cuenta que uno de los
Apoderados Mancomunados es Manuel REINA RUIZ, el padre de Manuel REINA
CONTRERAS, en esos momentos Concejal de Hacienda, pudiéndonos preguntar si
dicha mercantil tuvo algún tipo de información privilegiada que le impulsara a comprar
terrenos en dicho sector a sabiendas de su revalorización.”

   Dicen los lumbreras: “...pudiéndonos preguntar si dicha mercantil tuvo algún tipo de información privilegiada que le impulsara a comprar terrenos en dicho sector a sabiendas de su revalorización.”. Y ahora digo yo, que no soy Policía, ¿Por qué no le preguntaron primero a Reina si este señor era su padre? ¿No hubiera sido mejor? Vamos de patón tras patón. De hecho, la última alusión a Reina en este convenio, no se refiere al mismo convenio en sí, sino a una mera conversación y posterior inclusión policial en la investigación de este convenio, que versa sobre un asunto concerniente a su trabajo como Concejal de Hacienda, pero que la Policía lo incluye en el mismo o lo relaciona sin venir a cuento, sólo por la respuesta que le da el interlocutor. De hecho la misma Policía admite que no sabe con quién habla:

      “Por último destacar la conversación que mantiene Manuel REINA
CONTRERAS con Simón, del que se desconocen más datos de filiación, que pudiera
ser un jefe de gestión de urbanismo, en la que Manuel le indica que "para acabar el
mes necesita unas previsiones de ingreso de 350.000€, que haya algún Convenio por
esa cantidad, o algún pico pendiente por aprobar" contestándole Simón que "no queda
nada, lo último que quedaba es lo de Corsan Corvian y ya está".

     ¡Claro!, como Corsan Corvian han actuado con una empresa del falso “padre” de Reina en este convenio, pues ya tenemos otra sospecha infundada y apoyada en datos erróneos para meterle en la cárcel. Por eso fue Reina a la cárcel, por cuatro o cinco errores derivados de creer las palabras de los denunciantes, sin antes contrastarlas. Por no cuestionar lo que cualquiera venga a contar sobre otros. Lo que dice mucho sobre la experiencia policial de los investigadores. Por lo visto recién salidos de la Academia.

    Hemos explicado cómo la verdadera profesión de Manuel Reina (PES), de economista, se omite, y asegurábamos que escondía cierta intencionalidad. Pues bien, nos basábamos en la ficha que la Policía hace en relación a los cargos que se le imputan. Dice así:

PROFESIÓN:
~ Empresario.
~ Ex Concejal de Economía y Hacienda (por el PES) y Consejero Delegado de
todas las sociedades municipales, Incluida la de Urbanismo.
~ Concejal en la oposición.” Tomo IX. Página 2225

   Por cierto, el hecho de ser Consejero Delegado de todas las sociedades municipales es un requisito estatutario de las mismas, que obliga a ostentar dicho cargo al Concejal de Hacienda. Como vemos, también en esto se observa cierta intencionalidad en esta otra omisión que se produce en el sentido que acabo de explicar. Sin embargo, en el caso de Francisco Zamorano Vázquez, también economista, no se produce esta omisión respecto a su profesión. ¿No es extraño? Más extraño es que también es empresario y dicha definición no aparece:

“PROFESIÓN:
- Concejal de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Estepona.
~ Director Económico para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) en la Empresa de Planeamiento EMPLADUS y Corredor Inmobiliario.
- Jefe de Servicio del Hospital Clínico de Málaga.
~ Economista.” Tomo IX. Página 2397.

Curiosamente, contra Zamorano, del PSOE (Gobierno de la Nación), se impuso una fianza de 50.000 euros. A pesar de que sus imputaciones en el sumario, como tendremos ocasión de analizar, evidencian mayores delitos que Manuel Reina, así como una participación, por su parte o por parte de sus ramas familiares, en casi todas las actuaciones que se denuncian en este precipitado sumario. Mientras que a Reina le aparecen algunas conexiones difusas con empresas que se cuentan con los dedos de una mano, a lo largo del mismo, agravado con erróneas conclusiones, y lo ingresan en la cárcel. A Zamorano, por el contrario, que aparece salpicado por prácticamente todas las empresas o entidades que van apareciendo en la "investigación", se le impone una de las fianzas más bajas y no es ingresado en prisión. ¿Por qué? Se imaginan el escándalo que hubiese provocado ver a un ex-senador socialista exposado e ingresado en prisión. ¿Qué creen?. Las autoridades están en todo.

    Ahora, para revelaciones ésta. Resulta que también existen lazos familiares entre Reina y Zamorano. Podrían ser hermanos o primos. Esto sí que no lo sabían los esteponeros. Fíjense si está en todo la Policía, que hasta la propia madre de Zamorano Vázquez es la misma que la de Manuel Reina y nadie en Estepona lo había descubierto antes. ¿Ahora resulta que van a ser hermanastros, a lo mejor? Parece ser que la madre de Fº Zamorano Vázquez es “María Contreras”, según el sumario. Aunque no sabía yo que en España, llamándote Zamorano Vázquez (Vázquez por parte de madre) ella se llame Contreras de primer apellido. Miren:

“ZAMORANO VÁZQUEZ. Francisco José.-

“RELACIONES FAMILIARES:
・Padre: Francisco ZAMORANO
   Madre: María CONTRERAS”.
Tomo IX. Pagina 2399

   Y digo yo, por qué se llama Zamorano Vázquez en vez de Zamorano Contreras como, según la Policía, debería llamarse. Toda una revelación que seguramente ni ellos mismos conocían (menos mal que la Policía está en todo). Exactamente la madre de Zamorano, a expensas de conocer el segundo apellido, es la misma que la de Manuel Reina Contreras. Observen al final del siguiente párrafo literal del sumario:

“REINA CONTRERAS Manuel.-

RELACIONES FAMILIARES:
Padre: Manuel REINA RUIZ (75584315J)
~ Según el Registro de la Propiedad le figuran titularidades en los Registros
de Gandía 1 y 4, en Ontinyent, en Marbella 2 y en Benalmádena 2.
~ Según la Oficina Virtual del Catastro (29/05/2008) es titular de las siguientes
propiedades: 15 Bienes Inmuebles urbanos y 4 rústicos, ninguno en Estepona.
~ Según el Registro Mercantil: es Órgano social de 19 mercantiles registradas
en las provincias de Alicante, Valencia, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria
y Sevilla. Destaca ALMACENES REUNIDOS SA (A46109823) pues firma el
convenio Camino de Cortes en Estepona.
~ En Málaga participa como Administrador Mancomunado de SAN PEDRO
2002 PROMOTORA DE EDIFICIOS SL (B92222223), fecha de constitución
26.02.2001, calle Pirandello, 6 Portal 3 Planta 6-3 Corona, Málaga: la creación,
modificación, enajenación, en totalidad o partes y explotación de cualquier forma
de polígonos urbanos, industriales o residentes y edificaciones de todas
calleases en los mismos o fuera de ellos, sean o no de protección oficial para su
arrendamiento o venta. Administrador Mancomunado José ÁVILA ROJAS (más
de 60 mercantiles, algunas de ellas en Málaga, Malaya). Le figuran 8 bienes
inmuebles urbanos en Marbella.
~ Carece de Vehículos a su nombre.
Madre: Maria CONTRERAS”
Tomo IX. Página 2227

    Como verán la Policía establece aquí otra referencia diferencial, basada en datos erróneos, para marcar distancias entre Zamorano (PSOE Gobierno Nación, ¡Cuidadoooorrr!) y Manuel Reina (PES, “partido que hay que eliminar y que no tiene derecho a existir”).

    Como ven, al padre de Zamorano no se le hace ninguna filiación, dando a entender que no tiene nada que ver con los datos que se investigan o que falleció. Por lo visto tampoco debía tener propiedades. Destacando, sin embargo, una relación de empresas y propiedades en las que participa quien la Policía cree que es el padre de Manuel Reina que, como hemos explicado más arriba, no es tal. Y no damos más información sobre este detalle por motivos legales. Puesto que su padre biológico no aparece en el sumario, no seremos nosotros quienes lo pongamos en la palestra pública.

    Tampoco se extrañen tanto, en otro apartado que ya llegaremos, se nos revela a los estupefactos esteponeros que la mujer de Antonio Bazán Ramos es la misma que la de su hermano Lorenzo Bazán Ramos.

Ya les digo que si no hubiera sido por la saña con que se inició esta operación para la toma de la alcaldía de Estepona, hoy el sumario resultaría meramente anecdótico y cómico. Pero ha habido gente a las que se les ha privado de libertad y lo peor es que tanto la jueza como el fiscal, como veremos, tenían elementos de valor para haberlos puesto en libertad a la semana de haber ingresado, no a los seis meses.

Estos datos sobre Reina, aún están pendientes de rectificación por parte de los "investigadores". Al tiempo de actualizar esta entrada en 2016, sólo los que han sido puestos en la palestra de medios de comunicación nacionales expuestos por los imputados en entrevistas posteriores o informaciones aparecidas, han sido rectificados por la Policía. Uno referido a la recalifación de terrenos del ex-alcalde Antonio Barrientos, otro referido a un funcionario municipal al que se le acusaba de millonario y hacer negocios con el ayuntamiento y otro referido a la imputación de la ex-edil de Cultura por unos dineros encontrados en su sede que, finalmente, el juzgado hubo de devolver al ayuntamiento, al estar plenamente justificados, lo cual negó en principio el ínclito de Valadez. Al menos son los tres, que recordamos en estos momentos.

Una Operación inquisitorial (XXIII)

2010-04-01T02:13:00.004+02:00

Al fin y al cabo le pagamos nosotros, los contribuyentes. Aunque de ahí a que la Justicia emana del pueblo va un trecho. De hecho, hay jueces que no deberían de salir de los juzgados de familia, si acaso, que a lo mejor tampoco. Los asuntos relacionados con derechos constitucionales son demasiado delicados como para dejarlo en manos de ciertas edades e ideologías. Emane del pueblo o no, no habrá Justicia en España hasta el día que se puedan decir estas cosas en un juicio sin caer en el desacato.

Recapitulemos. Es importante en este punto fijarnos en las fechas, por lo que a continuación analizaremos. El día 29 de enero de 2007, Valadez y Cristina se ratifican ante el fiscal de Málaga. Raudo y veloz, el día 30 del mismo mes (un día después), el fiscal solicita medidas de actuación a la Dirección General de la Policía en Madrid. El día 27 de marzo, en plena campaña electoral (lo cual me hace imaginar el miedo en Interior a que se filtrara alguna información como, de hecho, casi ocurrió, aunque quedó en un mero confuso conato), la policía responde al fiscal de Málaga con dos medidas estrellas para iniciar la investigación. Habían transcurrido dos meses desde la petición del fiscal de que le aconsejaran. Por medio fechas navideñas y Reyes Magos.

     Un día después, el día 28 (página 101), el fiscal interpone “denuncia ante el Juzgado Decano de dicha localidad, mediante escrito adjunto”. El escrito adjunto no es más que una interpretación afín a las denuncias de Valadez, contenida en el informe policial. No obstante, aún las actuaciones no se han declarado secretas a día 28 de marzo de 2007. Precisamente una de las peticiones del fiscal en el informe de esta fecha, era declarar secretas las actuaciones. Página 103:

“1°.- Que se solicite Apertura de Diligencias Previas en un Juzgado competente para la instrucción de estos delitos, decretando en su caso el correspondiente "Secreto de las actuaciones"”   Otra petición de la Policía en el informe de 27 de marzo, era que las escuchas fueran autorizadas con retroactividad al día 1 de Marzo de 2007, lo cual es de dudosa legalidad pues, recordemos, en esa fecha las diligencias aún ni siquiera han sido declaradas secretas. He aquí lo que dice el informe policial:

“Que facilite a esta Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, listados de las llamadas efectuadas y recibidas desde el 01.03.07 y mientras dure la intervención, y el de los mensajes de texto SMS entrantes y salientes mientras dure su observación, que los listados sean facilitados quincenalmente, así como los titulares de los números marcados que pertenezcan a dicha compañía, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos, incluidos los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo y las fechas de alta y actividad delcitado teléfono. Y que los mencionados listados sean facilitados en
SOPORTE INFORMÁTICO (formato WORD, EXCELL, etc)”

    ¿Por qué pide la Policía los datos de todo el mundo que llame a ese teléfono, incluido sus cuentas corrientes, cuando sólo se solicita la intervención de los teléfonos de los sospechosos? ¿Eso es legal? Pero el fiscal va más lejos aún y solicita las escuchas con retroactividad al 1de enero de 2007:

“Estos medios son :
a) La INTERCEPTACIÓN, ESCUCHA y GRABACIÓN de teléfonos y la OBTENCIÓN de datos sobre el tráfico de llamadas de los mismos, así como de los mensajes de texto entrantes y salientes desde el día 1 de enero de 2.007 y mientras dure la intervención de los teléfonos que se señalan en la propuesta de actuación elaborada al efecto por la Unidad de la Policía Judicial antes referida, librándose a tal efecto los mandamientos oportunos a las compañías operadoras COMPAÑÍA TELEFÓNICA MOVILES( MOVISTAR) y FRANCE TELECOM (ORANGE).”

   Digo yo que, ya puestos, ¿por qué no solicitaron las llamadas desde mediados de 2003 cuando tomó posesión el equipo de gobierno investigado?. No obstante la jueza accedió a la petición de la Policía   y no a la del fiscal, permitiendo las escuchas desde el 1 de marzo de 2007:

“Sobre los teléfonos reseñados se facilitará igualmente el listado de llamadas entrantes, salientes y datos asociados, listados de las llamadas efectuadas y recibidas desde el 01.03.07 y mientras dure la intervención, y el de los mensajes de texto SMS entrantes y salientes mientras dure su observación, que los listados sean facilitados quincenalmente, así como los titulares de los números marcados que pertenezcan a dicha compañía, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos, incluidos los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo y las fechas de alta y actividad del citado teléfono. Y que los mencionados listados sean facilitados en SOPORTE INFORMÁTICO (formato WORD, EXCELL, etc), que será llevado a cabo por funcionarios de UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL, Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, Sección de Blanqueo de Dinero, que llevarán a efecto durante UN MES; a cuyo término el cuerpo policial solicitante deberá dar cuenta del resultado de la referida intervención.”

    Esta resolución fue adoptada por la jueza de forma precipitada, sin reflexionar sobre lo que el fiscal le enviaba, (28 de marzo de 2007), sólo un día después de recibir su petición, esto es el día 29 de marzo de 2007. Desde luego, en un país que no fuese una república bananera, algo a lo que cada vez se parece más España, esta decisión sería, además de cuestionada, eliminada del sumario, e invalidaría muchas de las actuaciones, si no todas. ¿Preguntó la jueza, para avalar la veracidad de las palabras de los denunciantes, si existían esos informes que infravaloraban el suelo, en palabras de Valadez y Rodríguez? ¿Analizó los documentos, antes de decretar el secreto del sumario? Difícilmente pudo hacerlo, debido a la gran cantidad de papeles entregados por los denunciantes, en menos de 24 horas. Pero ¿y la Policía?. ¿investigó la profusa documentación entregada por Valadez, antes de darla por válida y redactar el informe que dirige al Fiscal el día 27 de marzo de 2007, solicitando medidas contra los denunciados? Como revelan los 13 tomos abiertos del sumario, en absoluto.

    Para renovar las autorizaciones telefónicas, la jueza en el quinto punto de su auto refiere lo siguiente en la página 759 del primer tomo:

“QUINTO.-El plazo máximo que autoriza el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mantener la intervención del teléfono, tras un primer acuerdo y sin perjuicio de su prórroga, es de un mes. Se estima adecuado no agotarlo y tras el seguimiento de lo que se vaya detectando en dichas conversaciones, decidir la permanencia o no de la medida por el tiempo que se entienda procedente para el buen fin de la investigación.”
    Sobre este artículo del informe, que autoriza la prórroga de la intervención de las comunicaciones, el TC sentenció, a raíz del caso Ollero, sobre unas escuchas a un delegado de la Junta de Andalucía en 2003, que debía ser modificado pues en el mismo no se le pone límite a las escuchas, (de ahí que la jueza diga: “...por el tiempo que se entienda procedente”) advirtiendo al legislador que dicho artículo roza la ilegalidad. De hecho, en Alemania, que se no caracteriza por su progresía, precisamente, una intervención telefónica que supere los dos meses, supondría todo un escándalo social y sería inadmisible sino es en un caso delitos terroristas inminentes.

    Aunque avancemos varios tomos, es necesario tener en cuenta este dato, que avala nuestra opinión respecto a que los hechos fueron imputados antes de ser investigados y sin pruebas; ni siquiera con indicios. Una irrefutable prueba de que los informes presentados por los denunciantes, sobre los convenios, estaban sesgados y, por tanto, no debieron ser tomados en cuenta por la Policía tan frívolamente, para solicitar las escuchas, nos la aporta, precisamente, la propia Policía en un informe que aparece en el tomo VII, página 35 (PDF), donde ésta afirma:

“Hay que tener en cuenta que para realizar este estudio de cada uno de los Convenios no se ha tenido una información completa, ya que en muchos casos existen firmas de Convenios, adendas a Convenios, Informes de técnicos, etc . , que no se han podido conseguir, y se encuentran archivados en el Consistorio.”

La datación de este informe es confusa. Este informe, 52.272 de la UDEF-BLA, según la carpeta que lo contiene, es de fecha Madrid, a 3 de junio de 2008 (página 3 del tomo VII). Sin embargo ese mismo informe número 52.272 UDEF-BLA aparece en la página 5 dirigido al juzgado de instrucción nº1 de Estepona, con fecha de un año antes: 3 de junio de 2007. Pero el hecho de que pueda tratarse de un error, tal vez sin relevancia, no resta credibilidad a nuestra afirmación; pues en definitiva, lo que nos viene a decir la declaración contenida en este párrafo es que, como mínimo, desde la fecha de la primera denuncia (noviembre 2006), hasta el 3 de junio de 2007, siete meses después, no se tenían las pruebas que pudieran avalar los delitos que desde el día de la primera comparecencia se imputaron a los investigados, y que se materializaron en el auto de 29 de marzo de ese año, donde se aprobaban las escuchas.

    Esto demuestra que dicho auto, redactado en menos de 24 horas después de recibir la petición de la fiscalía, debería ser nulo de pleno derecho. Otra cosa es que como afirman Daniel Estulin, David Icke y otros muchos investigadores, en el mundo se está implantando “a la chita callando” el fascismo. Que vamos hacia una dictadura fascista socialista. Al fin y al al cabo Hitler era socialista, igual que Stalin. Esta operación parece ser un claro ejemplo de ello.

    Esto que ya de por sí, haciendo válidas estas fechas, es escandaloso, porque nos viene a confesar que no tienen todos los datos sobre los convenios, a pesar de haber dado por válida la información de los denunciantes, aún nos sorprenderá más cuando comprobamos que, en realidad, se trata de un informe del 3 de junio de 2008, tal como se consigna en la carpeta. Por tanto, no sólo habían transcurrido siete meses, sino que lo que nos viene a decir es que a más de un año de tener intervenidos los teléfonos, cuya fecha, recordemos, data de 29 de marzo de 2007, aún no tenían pruebas de que los convenios, por los que se organizó todo el cotarro fueran ilegales. Lo cual demuestra la ineficacia de las medidas que, tan prematuramente, se adoptaron por parte de la jueza. Pedidas por la Policía (Ministerio de Interior PSOE), y por el Ministerio Fiscal, que está al servicio del pueblo, o sea del Estado; esto es Gobierno, esto es PSOE. Los motivos: no podían hacer saltar la liebre en período electoral; la operación estaba más segura "secreta" y "salga el sol por Antequera"

   Hubiese bastado para la comprobación de los delitos que se denunciaban, los cuales se remontaban hasta 2006, solicitar al Ayuntamiento toda la documentación referente a los convenios. No se habrían podido evadir pruebas puesto que los delitos ya se habían cometido presuntamente. Y toda esa documentación, que era pública, haberla cotejado después con los gastos, ingresos, etc., de los imputados o de los ingresos o salidas desde el Ayuntamiento. Así de fácil. Es comprensible que la población española no tenga confianza en la Justicia, como año tras año afirman las encuestas. Nuevamente, la razón estribaba en que dicha petición a las autoridades municipales, para investigar las denuncias, hubiese perjudicado electoralmente al partido. Por tanto intereses políticos interferían en la investigación.

    Esto es un hecho desde la primera denuncia. Si no ¿quién dio instrucciones a Valadez para que su denuncia, en noviembre de 2006, a pesar de no estar considerada secreta aún, no saliera en los medios de comunicación? Interés periodístico tenía mucho. Él es periodista, su mujer es periodista. Denuncias de otros concejales salían en la prensa. ¿Por qué no la suya?. Porque su denuncia estaba declarada secreta antes de que la jueza lo decretara. La razón. De nuevo electoral. El secreto le beneficiaba a él como miembro y candidato del partido socialista. Valadez, por tanto ocultó la verdad a su pueblo para defender los intereses de su partido. Sabía que su elección corría peligro si publicaba lo que había hecho. Y, por tanto todo hubiera sido en vano con relación a los intereses políticos que movían su denuncia.

    No sé si me explico, pero tal actitud no tiene otra explicación: Valadez antepuso sus intereses personales y los de su partido al interés general. De hecho no le importó aparecer en la cartelería electoral, sonriente, junto a compañeros que él había denunciado en los tribunales. Permitió y él sabía que sería así, que el pueblo votara por casi mayoría electoral a su partido para luego enseñar los colmillos contra ellos. Eso sí, salvaguardados ya su propio interés de acceder a la alcaldía y no haber perjudicado electoralmente al PSOE. Una prueba fehaciente, según su propia terminología, de   dudosa moralidad, orquestada desde niveles más altos.

     Al fin y al cabo su interés no radicaba en lo más beneficioso para el pueblo; que hubiera sido dar a conocer a los esteponeros el perjuicio que su partido le ocasionaba actuando contra el interés general; quería beneficiarse él infringiendo el menor daño posible a su partido. Para ello tenía que guardar silencio en época electoral. Lo que se tradujo en un engaño, hasta entonces inédito, a los esteponeros y puso tanto su interés como el de su partido, por delante del interés general. Una práctica masónica de las cuales el socialismo español tiene mucha experiencia a lo largo de sus más de cien años de de todo menos de honradez.
   Garantizarse primero el éxito en las elecciones le beneficiaba a él, aunque haya llevado a Estepona a la situación en que se encuentra. También beneficiaba al partido, que se aseguraba así el éxito electoral que las encuestas le auguraba. El fín justificaba los medios. Y en cuanto a la Policía (figurativamente) aplicó la máxima de La Pasionaria cuando dijo, respecto a sus compañeros del POUM en la Guerra Civil: “es preferible matar a cien inocentes antes que un culpable salga vivo”, más o menos literalmente.

    Basamos nuestra afirmación sobre el desfase, mencionado más arriba, de las fechas determinando que se trata de un informe de fecha 3 de junio de 2008 puesto que en el mismo en su página 37 (tomo VII), se consigna la relación de una serie de informes que son posteriores al 3 de junio de 2007:

“Los Informes y Oficios remitidos hasta el momento a ese Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estepona, utilizados para la elaboración del presente Informe, son los siguientes:
Informe 27.300 UDEF-BLA-G2, de fecha 27.03.07
Informe 30.476 UDEF-BLA-G2, de fecha 09.04.07
Oficio 30.477 UDEF-BLA-G2, de fecha 09.04.07
Informe 35.531 UDEF-BLA-G2, de fecha 24.04.07
Informe 43.394 UDEF-BLA-G2, de fecha 22.05.07
Informe 53.416 UDEF-BLA-G2, de fecha 20.06.07
Informe 62.213 UDEF-BLA-G2, de fecha 17.07.07
Informe 69.420 UDEF-BLA-G2, de fecha 10.08.07
Informe 76.936 UDEF-BLA-G2, de fecha 11.09.07
Oficio 77.097 UDEF-BLA-G2, de fecha 11.09.07
Oficio 79.755 UDEF-BLA-G2, de fecha 20.09.07
Informe 84.932 UDEF-BLA-G2, de fecha 08.10.07
Informe 93.682 UDEF-BLA-G2, de fecha 05.11.07
Informe 102.677 UDEF-BLA-G2, de fecha 03.12.07
Informe 382 UDEF-BLA, de fecha 02.01.08
Informe 11.260 UDEF-BLA, de fecha 06.02.08

     El informe número 52.272 UDEF-BLA, no aparece puesto que se trata del corriente o sea de éste que estamos analizando que, en contra de la fecha que aparece en la referencia enviada al juzgado, es de fecha de un año posterior:

“INFORME
N/Ref^:
S/Ref«:
Fecha:
Asunto:
Informe número 52.272 UDEF-BLA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 1 DE ESTEPONA Diligencias Previas 1030/2007 3 de junio de 2007 Sobre las presuntas actividades de cohectio, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y otras, llevadas a cabo en el entorno del Ayuntamiento de Estepona.”
    Valga este inciso, pues de todo lo escrito en esos capítulos, como ya advertíamos, posteriores datos avalarían, con hechos, la opinión que desde el principio mantenemos de que nada estaba probado ni investigado desde el principio. De hecho, este informe es en realidad, como acabamos de probar, de día 3 de junio de 2008. Casualidades de la vida, se emite dos semanas antes del inicio de las detenciones, que podrían incluso declararse ilegales por lo que a continuación explicaremos.

   Lo que nos hace pensar, que una de las razones de los registros fue la obtención de documentación relacionada con los convenios que, por otro lado, son públicos y oficiales. Desde entonces hasta las detenciones, 14 días después, pudieron ocurrir dos cosas para que éstas se decretaran:
Primero, que en esos catorce días hayan obtenido las pruebas que no habían obtenido en más de un año de investigación y escuchas.
Segundo, que los investigadores, en base al punto primero, tuviesen constancia de la comisión de uno o varios delitos flagrantes en esos momentos, que tuviesen la obligación de evitar, en cuyo caso sí hubiese quedado acreditada la adopción de las escuchas. El tiempo nos dirá que tampoco estas prerrogativas se cumplieron.

    Si esto hubiese sido así (y así es como parece haber sido), la detención y actuaciones contra los imputados y, muy especialmente, el ingreso en prisión de cinco de los detenidos sería ilegal. La propia jueza justifica en su primer auto de 29 de marzo, la necesidad de adoptar dicha medida ante la imposibilidad de lograr pruebas de estos “graves delitos” si no es sin la adopción de esta drástica medida. ¿Qué se había conseguido más de un año después con las escuchas?. Nada.

      Puesto que, un año después, la propia Policía nos indica que la información entregada en las denuncias es insuficiente para investigar los convenios, ¿cuál ha sido, pues, el objeto de recurrir a las escuchas?. Estaba claro que un elemento de prueba inmaterial, como es una voz grabada, nunca podrían aportar un documento material en papel, donde con sus firmas y sellos se pudiese identificar la comisión de un delito. Otra cosa sería que a un asesino se le grabase para intentar obtener la comisión de un crimen cometido o con intención de cometerse. Sin embargo, no hablamos de asesinos ni de terroristas. Ni siquiera de una trama económica organizada. Pero no avancemos acontecimientos.

     No obstante, podríamos encontrarnos que el inicio mediático de la operación, orquestada por Valadez, y el bochornoso espectáculo adjunto con el desfile de detenidos y el infame tratamiento de Estepona en la prensa, estuvo razonado en la necesidad de encontrar toda esa documentación que, lógicamente, no podían aportar las escuchas. Lo cual sería muy grave, puesto que esto mismo se pudo hacer antes de poner en marcha las mismas. ¿Cómo no?, el hecho de que no se adoptara el registro antes, radicaba en que era una época electoral, esto es, por motivos meramente políticos, no por garantizar la eficacia policial.

     Es más, me atrevo a afirmar que si, durante las escuchas, se hubiesen cometido más delitos y no se acudió a impedirlo para así engordar el expediente y las imputaciones contra los investigados, nos encontraríamos cara a cara con una más de tantas irregularidades contenidas en las diligencias de este caso.

     Pero no, no crean que aquí se acaban las sorpresas. A pesar de reconocer en este informe número 52.272 UDEF-BLA, como exponemos más arriba, que no han podido investigar en su totalidad los convenios, se atreven a afirmar, en la página 49 (tomo VII) de este mismo informe, que:

“Sin embargo los Convenios Urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Estepona, en gran parte de los casos son el resultado de valoraciones de aprovechamientos y plusvalías por debajo del valor del mercado, lo que genera una pérdida de ingresos considerable para las arcas municipales.”
Comparen. Cómo puede explicarse lo que sigue, si nisiquiera en el momento de actualizar esta entrada a 2016, séis años despues de su primeta publicación en 2010, aún está esperando la Policía 30 informes que aclaren si hubo infravaloración o no:

“Hay que tener en cuenta que para realizar este estudio de cada uno de los Convenios no se ha tenido una información completa, ya que en muchos casos existen firmas de Convenios, adendas a Convenios, Informes de técnicos, e t c . , que no se han podido conseguir, y se encuentran archivados en el Consistorio.” (página 35 (PDF)
   ¿Cómo un Policía puede afirmar que existe un delito en un hecho sobre el cual, como la misma Policía reconoce, no ha tenido acceso a toda la información completa? ¿Por qué, entonces, se tomó en consideración esta documentación sin constrastarla desde el día de la denuncia en 16 de noviembre de 2006, un año y medio antes? Alguien tendrá que responder a esto; pero por el momento busquemos la respuesta, si es que la hay, sin que nadie se ruborice, en el sumario.
    Lo que ya podemos avanzar es algo que también se deduce del contenido del I tomo del sumario. La decisión de las escuchas no es otra cosa que una conclusión tomada a priori por la parte poli-judicial, sin mayor recato ni ningún tipo de aval objetivo (aclaramos que pudo influir la escasa trayectoria tanto vital como profesional de la que parecen hacer gala los encartados), recordemos que llevamos más de 20 años de Gobierno socialista en España y son muchos los nacidos bajo el régimen. Y este dato, por mucho que lo parezca, no es baladí.

    A lo que íbamos. Antes de nada lean esto, contenido en la página 51 (Tomo VII), recogido en el informe que nos ocupa ( 52.272 UDEF-BLA) de 3 de junio de 2008:

“En el Ayuntamiento de Estepona la gran mayoría del dinero que se entrega a colectivos como Cruz Roja, Alcohólicos Rehabilitados, Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, Asociación de Alzheimer entidades deportivas, eventos culturales, gastos ordinarios, etc.. se realiza con cheques al portador, en la mayoría de las ocasiones emitidos por las empresas constructoras con las que el Ayuntamiento firma Convenios, y otras veces el dinero se entrega en metálico, siempre sin que tenga el correspondiente respaldo presupuestario y sin contar con la fiscalización oportuna, es decir un dinero que no controla nadie.
De esta forma es fundado plantearse la cuestión de si los empresarios de Estepona son como "hermanitas de la caridad", o más bien están entregando dinero a cambio de algo.”

     Esta denuncia de Valadez, que el informe recoge y hace suya, es la muestra fehaciente de su catadura moral. Un panfleto local publicado en octubre de este año 2009, mostraba a un sonriente David Valadez y a Antonio Barrientos, haciendo entrega de cheques a diferentes colectivos sociales de Estepona, entre ellos a varios de los denunciados por él en noviembre de 2007. Cheques de 6.000; 18.000 euros, etc. En esa misma publicación se ve a los dos ediles visitando diferentes obras en la ciudad. De hecho la cordialidad fue la tónica durante los tres primeros años de mandato, entre Barrientos y Valadez. No fue hasta un año antes de las elecciones, cuando empiezan las quinielas en los partidos sobre sus candidatos, cuando el desmarque y la enemistad de Valadez hacia Barrientos se puso a flor de piel. Pero de lo que no le puede caber duda es de que si él es hoy alcalde, es gracias a la gestión que llevó a cabo Antonio Barrientos durante, precisamente, los años que él denuncia. De hecho era impensable que el PSOE lograra 11 concejales.

     En este punto avanzaremos también que una de las razones de su desavenencia con Barrientos radicaba en su filiación. Rosas Rojas, y por ende David Valadez, nunca vio con buen agrado que Barrientos, con menos de dos años afiliado, fuese propuesto para la alcaldía tras la dimisión de Antonio Caba, en contra de lo que los estatutos establecen, que es un mínimo de dos años en el partido para optar al número uno de la lista y de la jefatura local del partido, cargo este último que, por tradición, en Estepona va ligado al primero.

   Valadez tenía una antigüedad de cuatro años más respecto a Antonio Barrientos, por aquellos primeros años de esta década, y aquella decisión de la ejecutiva malagueña, aceptando a Barrientos, hizo mella en él. Que conste que no pretendo con estos comentarios exculpar a Barrientos ni a ninguno de los imputados. Sólo estoy analizando los hechos contenidos en el sumario y comparándolos con la evolución posterior de los mismos, así como haciendo un poco de retroactividad sobre los hechos. Y más que nada lo hago en un intento de lavar la imagen de mi pueblo, de unos hechos lastimosos y demostrar que se podría haber hecho sin infringirle tanto daño como se le ha infringido, con esta insensata operación político-judicial. Desde la premisa de que quien tendría que lavar su imagen, a tenor de lo que hasta ahora conocemos, es la propia Justicia. Porque Estepona tiene derecho a conocer la manipulación que se ha ejercido con y contra ella, por el único y exclusivo motivo de la ambición política de dos personas y la connivencia de otros niveles para salvaguardar sus intereses políticos.

     Fíjense en el sin sentido del siguiente párrafo contenido en la página 51 del tomo VII, una vez que se lo explique a continuación:

“En relación con el dinero en efectivo que pudiera estar manejando alguno de las personas investigadas, en la Comparecencia inicial se menciona la existencia de cajas de seguridad en distintas entidades bancarias relacionado con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento de Estepona, aludiendo que el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Villén, abrió diligencias de investigación penal sobre la presunta existencia de estas cajas do seguridad, incluso que se citó a declarar en calidad de testigo a un concejal del equipo de gobierno el 20 de enero de 2005, según recogía el escrito de Fiscalía, al que tuvo acceso la agenciaEFE.”
     Primero, recordarle al lector que la “Agencia EFE” es su propia mujer, Mª Angeles Cervantes, al igual que es redactora de la Cadena SER y es muy amiga de la corresponsal en la costa del diario El País y de la corresponsal de Europa Press, compañera en la redacción de la Cadena Ser Costa del Sol. Claro que su mujer tuvo acceso al escrito de la fiscalía, se lo dio él, presuntamente. No obstante ¿qué pasó de aquel caso de la Fiscalía? ¿Qué relevancia tenía para la Policía, el hecho de que la declaración de un testigo salga en la agencia EFE, cuando ellos pueden tener noticia incluso del contenido de la declaración desde fuentes internas, si lo solicitan? ¿Qué fundamento para basar una denuncia es ése? Ninguno.

    Respecto a las cuentas bancarias del Ayuntamiento, que los medios de Valadez alertaban que se encontraban en bancarrota cuando llegó el ínclito tomó la alcaldía, descubrimos que, a fecha 16 de junio de 2008, un día antes de la operación “antiterrorista”, existían en el Ayuntamiento de Estepona no tres cajas B, como denunció Valadez, sino trece cuentas bancarias con un total de más de 32 millones de euros, según un documento oficial del propio tesorero municipal. Desconocemos si este dinero procede en su totalidad de convenios. No obstante, además, según hizo público la prensa de Valadez, encarnada en su mujer y sus amigos, en el Ayuntamiento en octubre de 2009 existían 22 millones de euros.

     Este dato es curioso, puesto que durante la operación toma de Estepona se empeñaron en publicar, día a día, la precaria situación en la que el Gobierno de Barrientos había dejado las arcas municipales. Puesto que el mismo Valadez ha admitido que en el último año, los ingresos por urbanismo han sido muy escasos, se trataría de la herencia de la legislatura de Barrientos. Dinero procedente de los convenios y que no podía usarse para pagar nóminas. Pero la vida da muchas vueltas. Las nóminas del mes de octubre del corriente año 2009 (siendo alcalde Valadez) fueron pagadas con estos fondos.

     Pero, ¿cómo está segura la Policía del hecho de que el Ayuntamiento tenía las arcas vacías? No se rían aunque ya les advierto que es de lo más peregrino (como todas las actuaciones que rodean la actuación de Valadez), en base a estos datos que recoge el informe policial de 6 de febrero de 2008 que parecen, porque lo son, salidos de su boca. Tomo VI. Página 951:

“Situación económica del Ayuntamiento.
La situación financiera del Ayuntamiento sigue siendo pésima, como se ha reflejado en todos los informes anteriores, con innumerables deudas sin saldar entre las que cabe destacar la que mantiene con la mercantil TRIGEMER SA (CIF A81302846) cuyo importe asciende a aproximadamente 9 millones de euros, los cuales se pagarían en varios plazos para así asegurar que las obras que la referida mercantil tiene sin finalizar se concluyan, siendo, por conversación mantenida en fecha 26.12.07 a las 12.18 entre Antonio BARRIENTOS y Miguel NAVARRO GARCÍA (Concejal de Infraestructuras) un primer pago de aproximadamente 900.000 euros. Al parecer, las cantidades adeudadas se van a saldar con un préstamo a largo plazo que Francisco ZAMORANO (Concejal de Hacienda) solicitó por una cantidad de 20 millones de euros, extremo del que ya se dio cuenta en informes anteriores, si bien hasta el momento no se tiene constancia de que dicho préstamo se haya concedido. Por lo que de no haberse concedido el mismo, el dinero podría haber salido de diferentes empresas, practica habitual utilizada por Antonio BARRIENTOS para el pago de deudas y patrocinios.” (Conversación mantenida el día 26.12.07 a las 12:18)”
     Díganme lumbreras de las artes investigativas: ¿qué ayuntamiento no tiene deudas?. Por cierto ¿y las generadas por su delegación, al aceptar competencias propias de la Junta de Andalucía?. La policía, para no variar, llega a esa conclusión en base a una escucha que en nada viene a hablar de ninguna mala situación del Ayuntamiento, es simplemente una mera especulación no avalada por ningún cotejamiento de las cuentas municipales. Obsérvese el término “pésima” muy usado por Valadez en sus permanentes apariciones públicas. Si el hecho de solicitar un crédito de 20 millones era delictivo, cuánto no lo hubiera sido la aprobación del crédito de 36 millones que éste quería aprobar hace apenas unos meses y que sí que hubiera supuesto una verdadera venta de Estepona a los bancos. Además, quiso hacer cómplice de su “iniciativa” a la oposición que acabó impidiendo tal barbaridad. Los medios afines no perdonaron la actitud de la oposición y vertieron toda su artillería contra los concejales que se opusieron, al igual que los barones del PSOE andaluz.

     Anda que ésta tiene mucho despercio. Miren al lumbreras Valadez, metido a informador de una Policía autómata que le sigue al pie de su letra. Miren cómo descubren los lumbreras un posible delito por parte de Antonio Barrientos en su calidad de alcalde, en la página 953 del VI tomo:

“Antonio BARRIENTOS y los empresarios.
En este sentido debemos destacar la conversación mantenida entre Antonio BARRIENTOS y Pedro Luis COBIELLA SUAREZ, con Dni 41.814.025-W, quien anteriormente ostentaba el cargo de presidente en la mercantil HOSPITEN HOLDING S.L, con NIF B-38591483, dedicada a la asistencia médica y que en la actualidad es consejero de la misma. En la mencionada conversación Pedro Luis, le manifiesta a Antonio "OYE ACTIVA UN POCO LO DEL PERMISO DE LA AMPLIACIÓN QUE NOS HACE FALTA" haciendo referencia con ello al permiso necesario para la ampliación del hospital privado que HOSPITEN tiene en la localidad de Estepona, siendo clara la intención de este de agilizar los tramites para el permiso a lo que Antonio no pone ningún tipo de objeción.
{Conversación mantenida el día 01.01.08 a las 17:51).”

¿Qué hay de delictivo, como se pretende en esta peregrina revelación, que un empresario que necesite una reforma solicite al alcalde la agilización de los trámites?. Eso debería de ser un derecho reconocido a todo el mundo, la posibilidad de hablar con los alcaldes de los pueblos y ciudades por parte de todos los ciudadanos. Todo el mundo sabe que la burocracia es muy lenta en España y ante una necesidad perentoria, pues en ello va la continuidad de una actividad que, además, da puestos de trabajo, es normal que se solicite la terminación de los trámites a un alcalde, sobre el cual recae en última instancia tal eventualidad y aprobación. Vean que en este párrafo no se analiza si se han llevado a cabo actuaciones irregulares para la agilización de los trámites, simplemente se reprocha algo que es normal en cualquier ayuntamiento, la posibilidad de que los ciudadanos expresen sus necesidades al alcalde. Sólo faltaría eso, que la alcaldía fuese una dependencia estanco, alejada de las necesidades de la población y encerrada en una burbuja. Además ¿qué hacen ahí los datos de un señor y de su empresa porque se interesa por un trámite legal pendiente con el ayuntamiento? ¿Hay lugar a que esa subjetiva apreciación salga en un sumario, en base a un informe que debería ser serio y dotado de todas las garantías legales y procesales en sus diligencias?. Dice: “...siendo clara la intención de este de agilizar los tramites para el permiso a lo que Antonio no pone ningún tipo de objeción.”.

¿Y qué? ¡Fantoche!

    Repito, qué objección va a poner. ¿Qué intención es clara y por qué?. Explíquenselo al pueblo de Estepona. A todo aquel esteponero, que seguro son miles, que alguna vez se ha visto en la misma obligación. ¿Quién es Valadez o la Policía para presumir que de ahí se desprende un delito?. ¿Estamos locos o qué?.
    Es el problema de los criados y educados en el régimen (en los casi 30 años de “democracia” socialista y no han vivido antes de la Transición) que, como no controlen, se les va la olla. Con tanta “libertad” que creen que pueden hacer lo que les de la gana, incluso plantear denuncias manipuladas o usar a la Policía para conseguir sus objetivos personalesy espúreos. Y cuando ostentan cargos públicos aparece alguno haciendo gala de un autoritarismo que ya lo quisiera Franco para él. Y lo peor de todo es que en su casa no lo saben. Y se esfuerzan en aparentar talante democrático. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por cierto que ya veremos, cómo muchas de las declaraciones de supuestos testigos que Valadez cita, incluido Molina, se desmienten cuando prestan declaración, tal como analizaremos en el tomo de esta última remesa XVI:

“Por ultimo recordar el altísimo nivel de vida que mantiene Antonio BARRIENTOS disponiendo en su casa, por conversaciones mantenidas, de cuantas comodidades podamos imaginar, utilizando colonias de marcas como Loewe y ropa de marcas reconocidas así como frecuentando restaurantes de igualmente reconocido prestigio.”

   ¡Pero bueno!. ¿Por eso fue linchado en público como si fuera un terrorista al igual que los demás detenidos, especialmente los que entraron en prisión? ¿Es de recibo incluir tal afirmación en un sumario?. Un servidor mismo usa Loewe "Esence" de vez en cuando y estoy en paro. Vaya si ha pagado caro Barrientos usar Loewe. ¡Por favor!.

    Ya les he hablado del carácter fascista de esta operación. Es como si viviésemos en la Rusia comunista de las checas o en la España republicana o roja postgolpista. Por cierto, que si alguien ha podido llevar un alto nivel de vida en Estepona desde que nació ese es Antonio Barrientos. Pues su familia ha sido propietaria de grandes propiedades, tanto en Estepona como en otros pueblos, como es San Martín del Tesorillo, al menos tuvo su familia. Digo yo, ¿se le va investigar también el dinero con el que su familia le costeó los estudios universitarios en la Universidad de Granada hace casi 30 años o más?. Ya creo haber repetido por activa y por pasiva que la edad le traiciona a Valadez.

Una Operación inquisitorial (XXII)

2010-03-29T15:23:00.001+02:00

Estas “distintas manifestaciones” no aparecen en el sumario fechadas ni descritas. Respecto a ellas sólo podemos intuirlas por las propias declaraciones policiales en sus informes. Esta afirmación podría estar revelándonos una ilegalidad, puesto que desde el día 29 de Marzo de 2007 las actuaciones fueron declaradas secretas para todas las partes excepto para el fiscal. ¿Tuvo acceso Valadez a la investigación a pesar de estar declaradas secretas? ¿Se convirtió Valadez en un informante o colaborador policial?. Curiosamente por aquellas fechas se filtraron muchas informaciones sobre lo que se conoció una vez iniciada la operación el día 17 de junio de 2008. Estas informaciones eran sustraídas de un sumario secreto y, curiosamente, su mujer es periodista y está relacionada con los compañeros de los diferentes medios, incluso con al redactora de El País.

   Esto sería inadmisible porque él es parte interesada. El tiempo nos demostrará que, de esto no cabe duda. De hecho hoy la composición del ayuntamiento no es la que salió de las urnas, no es la que eligieron los ciudadanos no es, por tanto, democrática y Valadez está desempeñando una función meramente judicial a la búsqueda de datos que facilitar a la Policía, como demostraremos a lo largo de estas páginas, en su calidad de testigo “protegido”, cuya figura legal, lo digo de paso, no existe, para facilitar información. ¿Por qué?. Porque la Policía es consciente que no tienen nada y algo tienen que sacar para que el ridículo de sus actuaciones no quede en evidencia, como el mismo sumario nos demostrará, al menos en los primeros XIX tomos abiertos.

     Así, en ese sentido, en un intento de engordar las inconsistentes acusaciones que se ejercitan contra algunos de los imputados, tal es el caso de Javier Witmeur, pues los informes que rebaten sus valoraciones no existen al menos en los primeros trece tomos que es donde deberían aparecer, la Policía incluye un nuevo “importantísimo” dato en el sumario. Aportado posteriormente por los chivatos de la Operación Toma de Estepona (O.   Valadez). Según la página 163 (siempre formato PDF) se insiste en que el intento de contratación de forma directa de Witmeur, el día 14 de febrero es tomado en consideración por la Policía en su informe. A esa reunión asistió el propio Valadez como concejal de Bienestar social. Como se omite en la denuncia, que por la fecha es tres meses posterior a la denuncia primera, podríamos pensar que dicha contratación se produjo. ¿Con su firma?. No lo sabemos pero, en cualquier caso, el hecho de haber ganado las elecciones el PSOE en marzo de 2007, hubiera hecho posible la continuidad de Witmeur, si hubiese sido deseo de Barrientos; pues los cargos de confianza deben su periodo al tiempo que siga gobernando quien lo contrató. Pero lo mejor de todo es que en sólo cinco minutos de investigación se comprueba que no se llevó a cabo su contratación directa, al menos en los días que citan los denunciantes en sus posteriores entregas de “información”.

   Pero lo más gracioso, le guste a la Policía o no, contratar así al personal lo hizo posible una ley de 1985 con un Gobierno de PSOE, tanto en la Nación como en la región andaluza. Una ley hecha a medida del PSOE, que desde entonces, por ser ya legal, utilizan todos los partidos para la contratación directa de sus afiliados en cargos de responsabilidad, saltándose todos los trámites que supuestamente establece lo que aún queda de la Constitución Española. Así fue como Monstesinos, por no ir más lejos, contrató a su propia hija sin ningún rubor, con un salario de casi 3.000 euros al mes.

     Por cuya razón, el reproche lo merecen el Gobierno de la Nación de la época (PSOE) y la administración andaluza (PSOE), no un gobierno municipal. Generalmente se aplica este tipo de contrato legal, por más que le pese a Valadez (quien por cierto ya lleva en sus espaldas varias denuncias en los medios por contratación de personal afín, en la misma forma que denunció a otros en noviembre de 2006), a personal de alta dirección como es el caso de Witmeur. Pero es que además, de hecho, según los diferentes foros de información esteponeros, el propio Valadez fue contratado por su partido en Radio Estepona allá por el año 2.000, sin ningún tipo de oposición.

   Informaciones aparecidas en 2.006 hablaban de más de 5.000 cargos de confianza contratados en las mismas condiciones que Witmeur, pero en la Junta de Andalucía. Por no hablar de que actualmente, ya que hablamos de denuncias judiciales, si no recuerdo mal, dos de cada cuatro jueces son contratados de forma directa sin ningún tipo de oposición y otro alto porcentaje son contratados en base al examen de su currículum y méritos por los encargados de llevar a cabo el nombramiento. Esto es, que sólo la mitad de los jueces en España han pasado a ejercer su función para el estado, por oposiciones públicas. Si esto es así será porque la ley lo permite, lo mismo que lo permite en la función pública administrativa o política.

    En dicho apartado se hace explícita mención a que no se podían pagar las nóminas con el dinero de urbanismo, en respuesta a uno de los aludidos que hizo referencia a este asunto. El cual, por cierto le ha venido a “estallar en la cara” este año; pues precisamente el señor Valadez no ha tenido más remedio que echar mano de esos fondos para hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento en este mes de octubre de 2009, pagar con fondos de urbanismo. Cuyas arcas dejó Barrientos con 32 millones de euros, a pesar del alarmismo de los medios afines de Valadez publicando que las arcas estaban vacías. ¿Será esta información incluida en el sumario Astapa?. Así denunciaba Valadez un presunto delito que él mismo ahora habría cometido con el pago de las nóminas de octubre de 2009 :

“Por otra parte la
normativa urbanística de Andalucía impide que el dinero procedente de urbanismo
se destine al pago de nóminas.”

     Este uso de los fondos de urbanismo para pagar nóminas por parte de Valadez, que ha sido informado negativamente por el Tesorero Municipal Señor Félix Domínguez Pimienta, en estos meses últimos de 2009, le ha supuesto a este funcionario, cuyos dictámenes sin embargo fueron expuestos por Valadez para avalar y darle credibilidad a sus denuncias, ser apartado de su cargo e invitado a tomarse unas vacaciones (tal como lo leen), por parte del señor Valadez. Félix Domínguez advirtió al actual alcalde que tendría que dar cuenta a la Fiscalía por el uso de esos fondos para el pago de nóminas.   Valadez, ni corto ni perezoso le ha, literalmente, expulsado de su puesto de trabajo y ha puesto a dos policías a las puertas para impedirle el acceso a sus dependencias laborales. He aquí una referencia al citado funcionario, utilizada por Valadez para dar consistencia a sus denuncias, contenida en la página 199 del primer tomo del sumario:

“En conversación mantenida con uno de los denunciantes, el Tesorero
Municipal Félix DOMÍNGUEZ PIMIENTA confirmó lo anteriormente mencionado y
aseguró "que esta es la práctica habitual", y que estaría dispuesto a mantener
alguna reunión con el Fiscal Anticorrupción para denunciar todo lo que está
ocurriendo en la localidad, y que tiene información de otros Convenios
Urbanísticos en los que se han generado plusvalías millonarias a beneficio de
determinados individuos de manera totalmente ilegal (pelotazos urbanísticos)?

    En este punto conviene, aunque nos desviemos un poco, recordar otro caso que ha saltado a la luz pública en los últimos días, y que imputa a Valadez en dos presuntos delitos: Prevaricación urbanística y Omisión del deber de perseguir delitos, por parte del Tribunal Superior de Justicia dae Andalucía, a través del Juzgado Nº 4 de Estepona. Como verán este asunto nos devolverá al hilo de este tomo del sumario que estamos analizando.

     En el informe policial de 27 de marzo, en su página 129 aparece un nombre:

“Ángel Rodríguez, representante de la multinacional ORPEA, ha comunicado a
los denunciantes que ha sido objeto de peticiones de dinero desde el
Ayuntamiento de Estepona por temas de contenido urbanístico. Extremo éste
que también conoció D. José Luciano Sánchez, técnico en la Delegación de
Bienestar Social”

   Curiosamente el nombre de Luciano Sánchez aparece en las denuncias judiciales que han imputado dichos delitos a Valadez. Luciano Sánchez, suponemos que el mismo que en 2007 era técnico en la Delegación de Bienestar Social y que aparece con el nombre compuesto de José Luciano, ahora es Jefe de Gabinete de Alcaldía de David Valadez. Conviene preguntarnos: ¿Y a éste quién y cómo lo contrató como técnico de la Delegación de Bienestar Social que él presidía?. Y si fue ascendido a Jefe de su gabinete, ¿estaríamos ante un trato de favor de esos que Valadez denuncia en la documentación entregada a la Policía?.

    Luciano Sánchez se habría construido y escriturado, presuntamente, falseando documentos, una vivienda en un terreno rústico. Al parecer la primera denuncia por este caso la recibió la Fiscalía de Marbella en diciembre de 2008, que dio parte al Serprona. Por lo visto el asunto llegó al TSJA que lo trasladó al Juzgado de instrucción Nº4 de Estepona.

     Aunque la información saltó en un diario digital el pasado jueves día 10 de diciembre, al parecer Valadez aún, a día 14, no había recibido oficialmente la imputación. Pero parece ser evidente que esta está confirmada según el Diario Sur de fecha viernes 11 de diciembre de 2009. Posiblemente la notificación le haya sido enviada por correo. Por su parte Valadez se ha defendido argumentando que él tenía abierto un expediente contra esa construcción. Sin embargo algunas fuentes mantienen que abrió dicho expediente una vez tuvo conocimiento de que había sido denunciado el tema ante la fiscalía, al hacerlo público la prensa. Finalmente su impuación la recibió en enero de 2010.

    No obstante los documentos que avalarían la defensa de Valadez se encuentran sin foliar y sin sellar (Estepona Información, Año VIII, nº 449). Ni siquiera fueron presentados a Pleno. Además el cargo de confianza de Valadez no fue objeto de ningún expediente laboral y, de hecho, a día de hoy 14 de diciembre de 2009 continúa en su cargo. Es de suponer que si tienes que abrir un expediente urbanístico a un miembro de confianza, ésta ha desaparecido.

    Pero es que, además, Valadez cita a Ángel Rodríguez como representante de ORPEA, como benefactor, pues en la continuación del párrafo citado se indica que éste habría donado material geriátrico y realizado obras para su delegación. Valadez reconoce que su delegación ha recibido donaciones de este señor, sin embargo la Policía no le imputa los delitos que, por la misma, razón imputa sus compañeros en la Corporación municipal.

   Otro dato peregrino que la Policía hace suyo en el informe y que muestra a las claras el carácter político de su denuncia lo evodencia el siguiente párrafo contenido en la página 235. I Tomo. Dice así:

“El domingo 25 de febrero un colectivo de personas con discapacidad psíquica de
Estepona (APRONA) celebró una corrida de toros benéfica para recaudar fondos
para el colectivo. Pese a que no se contaba con dinero en el Ayuntamiento para
contribuir económicamente adquiriendo entradas, según el Interventor Municipal, el
Alcalde Antonio BARRIENTOS GONZÁLEZ entregó 12.000 euros para adquirir
entradas.”

    Ese dinero fue para gastos de su Delegación o debió serlo porque el tema de APRONA está relacionado con Bienestar Social. La única razón que se me ocurre de arremeter contra un asunto tan leve y benéfico de su denuncia es que él no tuviera el protagonismo en dicho asunto. En cualquier caso se debería haber investigado, y esto le hubiera dado la verdadera relevancia que no tiene la tergiversada revelación en los términos que se han planteado. Si este dinero finalmente fue a parar a APRONA o no, para comprobar el buen uso del dinero. ¿Se hizo?. No. La Policía siguió al pie de la letra el paso que marcaba   Valadez y claro no podía investigar nada para no levantar sospechas sobre una investigación a un alcalde socialista en plena pre-campaña. En febrero no hay un Dios que vaya a los toros en una Estepona vacía de turistas. Qué más da hacer un gesto hacia una asociación que necesita toda la ayuda que pueda prestársele.

     Otro esperpéntico dato nos lo aporta la página 265. La Policía trata de relacionar familiarmente a Manuel Reina Contreras (Concejal) con un inversor del mismo nombre que posee empresas y muchas propiedades, quienes le conocen dicen que es un millonario. La Policía, en un lapsus claro de ineficacia, por no usar el calificativo más adecuado, como se viene repitiendo de forma sospechosa en todo el sumario, califica al segundo como padre del concejal. Cuando el verdadero padre del concejal es un obrero que vive en Sevilla y que sólo ha visto en dos o tres ocasiones a lo largo de su vida; porque se separó de su madre teniendo él un año, siendo criado por su abuela por parte de madre quien falleció (su madre) a los 41 años de una larga enfermedad. Así dice esta joya de investigación policial:

“El día 8 de agosto de 2005 la sociedad VICENZA PROYECTOS SUR S.L., con
domicilio social en la calle Real número 75 de Estepona, vendió unos inmuebles a la
sociedad DIANIUM S.L. por importe de 2.793.296 euros. En este Acto ante Notario
estuvieron presentes Manuel REINA CONTRERAS y Manuel REINA RUIZ (padre del
anterior). Manuel REINA RUIZ es Apoderado Mancomunado y Apoderado Solidario de
la mercantil DIANIUM S.L.”

    Ni siquiera ese dato ha investigado la Policía. Claro que el grave error vendrá dado, supongo, porque como hemos comentado, Manuel Reina (Concejal) es economista (Licenciado en ciencias económicas y empresariales para ser más exactos) pero este dato no aparece, y es desconocido, curiosamente, en los diferentes informes policiales y en la denuncia original. ¿No les parece extraño?. La única relación que le une al hombre de igual nombre y apellido es la profesional y acudió ante el notario en representación de la empresa mencionada a petición del apoderado que se encontraba en Italia en esos momentos y se lo pidió a través de un poder.

El desconocimiento u omisión de este dato, además de la animadversión hacia éste de Valadez, hará que los ¿investigadores? caigan en errores de bulto una y otra vez con respecto a las imputaciones contra Reina. Manuel Reina Ruiz, no es el padre de Manuel Reina Contreras, ni tampoco los hijos del primero, aludidos en otros pasajes del sumario, son hermanos de Reina Contreras; de hecho Reina sólo tiene una hermana por parte de padre con la cual apenas se ha relacionado a lo largo de su vida. Ésto, que por si sólo debería ser motivo para anular algunas imputaciones contra Reina, debería ser eliminado del sumario, pero seguramente un juez al servicio de quien le paga, no verá lugar a ello. O sí.

Una Operación inquisitorial (XXI). Coches de "alta gama" a BMW de segunda mano sin cierre centralizado, comprado en 2001.

2010-03-29T14:57:00.002+02:00

No. No hablamos de una república bananera. Esto, aunque parezca una broma, es real y ha ocurrido en España en el siglo XXI. Curiosamente, ha sido él mismo quien ha firmado, a principios de 2009, un convenio urbanístico con la famila Real Saudí y, que se sepa, ninguno de sus miembros aparece imputado, a pesar de que la Policía, como ella misma afirma haya investigado: “...todos estos extremos...”.

    Los denunciantes, en un apartado de título: “Incrementos patrimoniales no justificados en cargos públicos”, se refieren así "al alto nivel de vida ” del que disfruta Francisco Zamorano, omitiéndose también datos importantes interesadamene, que, de ser mencionados, habrían restado consistencia a las acusaciones de Valadez:

“f) incrementos patrimoniales no justificados en cargos públicos.
Destacan los denunciantes el altísimo nivel de vida que presentan ciertos
Concejales y cargos del Ayuntamiento de Estepona. Es el caso de
FRANCISCO JOSÉ ZAMORANO VÁZQUEZ , quien desde que entró a formar
parte de la Corporación Municipal, en el año 1.999, ha pasado de vivir con su
madre, a tener en propiedad dos pisos áticos de 200 m2 cada uno en el centro
de Estepona, ser dueño de un vehículo de alta gama- u Audio A 6-, regalar a
su esposa un coche- marca mini último modelo- y tener participación en
distintos negocios y sociedades.”

    Es extraño que Valadez, presidente de la Juventudes Socialistas, desconociera que Zamorano se inició en la política con el PSOE y estuvo en varias corporaciones anteriores a la citada en este fragmento. De hecho antes de que Valadez ingresara en dicho partido, a los 18 años en 1996, Zamorano ya había sido o era en ese momento senador nacional, donde permaneció por toda una legislatura de cuatro años. ¿No les parece sospechosas estas omisiones? Por cierto que lo de “coche alta gama” es una obsesión de este muchacho. ¿Dónde están en el sumario los Rolls Royce? ¡contra!. Eso es un coche de alta gama. Como veremos en otros pasajes del sumario, la mayoría de los coches que se les reconoce como alta gama a los imputados son, si acaso gama media o media-alta. Volvemos a lo mismo: apreciaciones con una base subjetiva. Lo que para unos puede ser un coche alta gama, cuyo uso por cierto parece estar prohibido según este sumario, para otros puede ser un utilitario o viceversa. Para mí los únicos coches alta gama son los Mercedes a partir del 600 S, los Rolls Royce, Masseratti, Ferrari, Lamborgini, etc., y de esos aparecen muy pocos en este sumario por no decir ninguno. Para otros, sin embargo, un Mercedes 150 o 300 de segunda mano, adquirido por 1500 euros y acostumbrado a conducir una furgoneta Renault C-15, podrá ser alta gama, incluso lujo, depende de los vehículos que haya conocido en su vida; pero repito son apreciaciones subjetivas.

    Recuerden que también denominan de alta gama al BMW de Reina que es comprado de segunda mano en 2001, dos años antes de que entrara en política y que no tiene ni cierre centralizado con mando a distancia.

   Ya hemos dicho que no hay dos sin tres. En este fragmento la malintencionalidad de los denunciantes y la ingenuidad de los investigadores clama al cielo. Se refiere a Pedro López Fernández, hijo de una familia acomodada y propietaria desde que uno tiene uso de razón en Estepona. Éste fue detenido y puesto en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Uno de los párrafos para incriminarle dice así del informe, extraído de la denuncia, que sirvió para imputarle, dice así:

“Pedro LÓPEZ FERNÁNDEZ, como Director de del Área de Urbanismo, ha sido
Gerente de la sociedad EMPRESA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
URBANÍSTICO DE ESTEPONA SL (EMPLADUS). Dicha empresa adeudaba a
septiembre de 2005 la cantidad de 5.240.000 euros que había recibido en tres
pagos a cuenta para hacer frente a pagos por redacción y ejecución de proyectos.
Estos pagos deberían compensarse con el cobro por el Ayuntamiento de Estepona
de las cuotas de urbanización que la empresa se compromete a remitir al
Ayuntamiento, en base a la cláusula segunda del convenio marco, de fecha 29 de
marzo de 2004, firmado entre el Consistorio y la empresa, sin que hasta
septiembre del 2005 se hubiera puesto al cobro ninguna cuota, por lo que el
Ayuntamiento no ha podido compensar la deuda que sigue viva en su totalidad.”

    Recuerden que la denuncia se interpuso en noviembre de 2006. En este párrafo se recoge que no se había cobrado ninguna cuota “...hasta septiembre de 2005...”. Ante este dato manipulado, la Policía lejos de investigar y comprobar si se había puesto o no alguna cuota al cobro desde entonces hasta 2006, puesto que había transcurrido un año y dos meses, da por buenas, sin más, sus tergiversadas declaraciones. Lo más inaudito es que este informe es de fecha 27 de marzo de 2007, esto es, cuatro meses después de las denuncias y, como en todos los demás puntos, ni siquiera se comprobó, ni se intentó a lo largo de ese tiempo transcurrido. Interesaba que el pueblo de Estepona votara antes.

     Debe ser que en Estepona sólo se pueden tener utilitarios. En la página 229 de este tomo (informe policial) se hace patente de nuevo la obsesión por los coches “alta gama”por parte de los investigadores o como se llamen. También le cayó este San Martín a Pedro López:

“Es importante señalar que según las bases de datos de la Dirección General de
la Policía Pedro LÓPEZ FERNÁNDEZ no es titular de ningún vehículo, y sin embargo
su ex mujer, cuñados, padre y hermano, así como parte de las empresas vinculadas a
ellos son titulares de vehículos de alta gama.”

    Ahora bien, lo de “importante señalar” ¿a qué viene?. Supongo que quiere decir que es importante para la investigación. Pero ¿en qué grado es importante entonces el hecho de no tener vehículos a su nombre? ¿Está prohibido o es sospechoso de algo el hecho de no tenerlos?. ¿Es un motivo para iniciar una investigación, el hecho de que “sospechosamente” no tenga coches?. En derecho común no es ningún delito. Sólo lo es o lo será cuando la normativa europea nos enseñe los dientes de lobo que tiene escondidos y haga añicos el principio de que mientras algo no esté prohibido expresamente, es legal; frente al nuevo derecho europeo que dirá que si algo no está regulado, practicarlo es ilegal.

    En una palabra, se tiende a entender, por los cuerpos policiales, que se han convertido en brazos armados de corporaciones del Gobierno y que han dejado de ser policías a la antigua usanza ciudadana, para convertirse en oficiales de policía, al servicio del consorcio o corporación gubernamental, no del ciudadano, que somos culpables mientras no demostremos que somos inocentes; rompiendo con ese principio del derecho común de que somos inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario; pero con pruebas no con conjeturas.

   Analizando los desmanes legales cometidos en este sumario, pues no se puede denominar investigación, tenemos que volver a hablar de CODELSA. Este otro fragmento pone más a las claras aún los presuntos intereses de CODELSA, en la que, recordemos, Valadez "confía" cuando le interesa, con Zamorano. Extrañamente, como hemos visto en la primera parte de este escrito, el informe sobre la supuesta infravaloración de suelo, por parte de CODELSA fue calificado de ”informe de una empresa independiente". Sin embargo ahora, en la misma denuncia:

"Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ ha estado vendiendo muchísimos
aprovechamientos urbanísticos municipales a la sociedad CODELSA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES (CIF A29044310) que posee su cuñado
Vicente DELGADO ALGAS^ con otros socios. Los dos socios mayoritarios son
Vicente y su hermano Félix DELGADO ALGAS."

    La misma Policía reconocería un año y medio después (3 de junio de 2008) que no había tenido acceso a dicho informe. ¿Cómo pudo entonces tener en cuenta y dar por válido la Policía el supuesto informe en el que Valadez sustentó o basó su denuncia, cuando en otra parte de sus escritos le imputa presuntos delitos urbanísticos a la misma empresa que redactó tales “independientes informes”.

     Yendo a otro asunto también algo, digamos extraño. En la página 145 del informe policial citado se recoge:

    “ Además de lo anterior, con posterioridad los denunciantes han realizado
distintas manifestaciones de interés a los investigadores que son complemento a la
denuncia inicial.”

      Estas “distintas manifestaciones” no aparecen en el sumario fechadas ni descritas. Respecto a ellas sólo podemos intuirlas por las propias declaraciones policiales en sus informes. Esta afirmación podría estar revelándonos una ilegalidad, puesto que desde el día 29 de Marzo de 2007 las actuaciones fueron declaradas secretas para todas las partes excepto para el fiscal. ¿Tuvo acceso Valadez a la investigación, a pesar de estar declaradas secretas? ¿Se convirtió Valadez en un informante o colaborador policial? Curiosamente, por aquellas fechas, se filtraron muchas informaciones sobre lo que se conoció una vez iniciada la operación, el día 17 de junio de 2008. Estas informaciones eran sustraídas de un sumario secreto y, curiosamente, su mujer es periodista y está relacionada con los compañeros de los diferentes medios, incluso con la redactora de El País.

Una Operación inquisitorial (XX). Valadez adquirió una vivienda a una empresa denunciada que aparece en sus denuncias.

2010-03-29T13:23:00.002+02:00

Pero hay más datos, que deberían haber puesto sobre aviso a los policías o "investigadores", sobre la posible manipulación o inconsistencia de los datos aportados por Valadez, respecto a la independencia de los informes. En esa misma página del tomo, también citado, aparece José Antonio Molina López como administrador de esta inmobiliaria:

“PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS:
Administradores:
- Juan José FERNANDEZ VÁZQUEZ (24693796F)
- Andrés MARTIN CABA (08914453K)
- Félix DELGADO ALGAS (17167649N)
- José Antonio MOLINA LÓPEZ (24792657Z)
- Vicente DELGADO ALGAS (24829420T)
Administradora hasta el 2003, Bárbara GALÁN CHACÓN (25635562S).”

     Si, como confirman los propios datos aportados por la Policía, CODELSA y el redactor de los supuestos informes de "infravaloración" del suelo, José Antonio Molina López, tenían intereses urbanísticos en Estepona y por tanto no era una valoración “independiente”; ¿por qué son tenidos en cuenta como datos objetivos en la denuncia? Pues por que no había otros. Estos eran los únicos que había, si es que los había en los términos que se nos ha hecho creer. Valadez echó mano de ellos para dar soporte a su denuncia. La Policía no tenía por qué saber los tejemanejes de Valadez, pero debió haberse cerciorado antes, cosa que, como estamos explicando no hizo en ningún momento.

     Por si quedara alguna duda sobre la “independencia” y credibilidad que la Policía y Valadez dan a José Antonio Molina López, éste además participa en la empresa con un 9%, según se refleja en la misma página del citado tomo:

" Participada por:
- PEDEJARRO SL (B29824059) con el 7,00%
- M Pilar DELGADO ALGAS (74796956J) con el 19,00%
- JOSE MOLINA E HIJOS SA (A29395225) con el 9,00%
- José Antonio MOLINA LÓPEZ (24792657Z) con el 9,00%..."

    Incluso se deduce que sus propios hijos, según el apellido que aparece reflejado en la línea anterior: JOSE MOLINA E HIJOS, pueden tener otra participación del 9%, caso de que se trate del mismo Molina López.

    En cualquier caso, ¿cómo podemos calificar de “independiente” y otorgarle toda la “confianza” y credibilidad a un supuesto informe, redactado por una empresa que tiene intereses urbanísticos en Estepona y que firma convenios con el Ayuntamiento, respecto a otra empresa o convenio que también tiene intereses en Estepona? He aquí la posible respuesta. David   Valadez, tenía relación con la Inmobiliaria Corales Dos de Estepona, había adquirido una vivienda a esta inmobiliaria el 9 de octubre de 2007 en este mismo convenio investigado. Es decir Valadez, un año después de interponer una denuncia sustentada en un informe “independiente” de esta empresa, adquirió un inmueble a la misma. Así aparece en el sumario en la página 101 del tomo IX:

“OTROS DATOS DE INTERÉS
El 09.10.2007 David VALADEZ LÓPEZ adquirió un inmueble por un importe de
137.090.86€ a INMOBILIARIA CORALES DOS DE ESTEPONA SL.”

   También José Ignacio Crespo aparece en esta lista como adquiriente de una vivienda a esta misma inmobiliaria, pero por un valor inferior en 30.000 euros con respecto al precio de la vivienda de   Valadez. Contra estos datos, cuando se hicieron públicos hace algunos meses, Valadez arremetió con su característica locuacidad en sus medios e intentó desmentirlos para demostrar su desvinculación con la empresa, argumentando que dicha vivienda la adquirió en su época de noviazgo con su actual y única mujer la, también periodista (ésta en ejercicio) Mª Ángeles Cervantes. Sin embargo las fechas no coinciden puesto que para entonces (adquisición de la vivienda), ya llevaba varios años casado. ¿Curioso no?. ¿Cómo le pasaron desapercibidos estos datos a la Policía?. No le pasaron desapercibidos, simplemente tenían que seguir usándolo para que les facilitara la información que le fuera requerida.

    Pero lo más sangrante es que Valadez era el único de las personas relacionadas con el Ayuntamiento que compraron viviendas en esta promoción que , a fecha de este informe de 3 de junio de 2008, ocho meses después, aún no tenía referencia catastral, esto es aún no lo había inscrito en el registro de la propiedad. Así se explica en la página 111 del tomo IX:

"Trabajadores del AYUNTAMIENTO
- Simón RAMÍREZ ALONSO posee la finca con número registral
6834102UF0363S0008IP sita en Ar El Carmen 8 (P) Bl:1 Es:1 PI:O0 Pt:05 y
la finca con número registral 6834102UF0363S0045PS sita en Ar El
Carmen 8 (P) 81:1 Es:3 Pl:01 Pt:A
- David VALADEZ LÓPEZ: el 09.10.2007 adquirió un inmueble sin poder
determinarse a día de la fecha el número de referencia catastral.
- Francisco Alberto GONZÁLEZ MENA posee la finca con número registral
6834104UF0363S0006QI sita en Ar El Carmen 3 (P) Es:1 Pl:00 Pt:12.”

     Fíjense el detalle; el hecho de tener referencia catastral le permite a la Policía publicar la calle, el número, etc, de los que han comprado un piso en esta promoción. Lo que no ocurre con Valadez, pues es el único de estos tres citados aquí, y de los quince que adquirieron viviendas, que aún no la había registrado en el momento de redactar este informe policial de dos semanas antes del inicio de la operación “antiterrorista”.

   Valadez era, o se convierte así, presuntamente, no tanto Concejal sino informador policial. Esto es, chivato de la Policía. Generalmente conocidos como arrepentidos que se ponen al servicio de la Policía, para la obtención de pruebas enfocadas a la averiguación de delitos, a cambio de alguna contra-prestación, como puede ser el perdonarle a él o no imputarle para beneficiarle durante el juicio.

     Pero por lo visto esta no su vivienda habitual. Curiosamente, todas las viviendas adquiridas en esa promoción investigada están sitas en la Avda El Carmen. Pues bien, según los domicilios aportados por los denunciantes, David VALADEZ LÓPEZ, con Documento Nacional de Identidad número 77.451.290-D, tiene su domicilio en la calle San Juan número 24, 2" planta de Estepona (Málaga). Por tanto esta no sería la vivienda que había adquirido en 2007. Así, pues, Valadez o tiene dos viviendas como mínimo, o vive en un domicilio alquilado o propiedad de otros; familiares, etc. En cualquier caso, ¿por qué no registró su vivienda comprada a una empresa investigada, pero cuyos informes él los calificada de toda confianza e independientes? Tal vez porque pensó que así nadie le podría vincular o sería más difícil hacerlo, a dicha empresa. Cosa que, efectivamente, de no haber mediado una investigación policial sobre la misma, hubiese sido imposible, al no constar nota simple en el registro. La otra razón puede radicar en ahorrarse él el IBI y demás impuestos.

      En otro orden de cosas, algo que no se cuestiona en estos tomos, sobre el que se ha abierto parte del sumario, es el papel que en todo esto han tenido las entidades financieras. Algo que analizaremos también en próximas entregas. Avanzarles que, “lógicamente” ningún directivo bancario ha sido imputado. ¿Pero había razones para lo contrario?. ¡Quien dijo que con la Iglesia, con los bancos hemos topado!”.

   Así las cosas, la Policía emite otro informe el día 9 de abril de 2007 “Sobre las presuntas actividades de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero llevadas a cabo en el entorno del Ayuntamiento de Estepona”. En otra página de este informe los delitos los da por hecho:

“En virtud de lo cornunicado en el Informe mencionado anteriormente, para
continuar la investigación, recoger pruebas sobre las actividades de cohecho,
malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y otros delitos asociados,
identificar a sus autores y determinar la participación de cada uno de ellos en las
mismas.” (Página 411. Tomo I)

     La Policía, sin más pruebas que las falsas o manipuladas o sesgadas, aportadas por Valadez, da por hecho en este informe la confirmación de los delitos. Pero, al igual que con los anteriores, nada se había investigado. De hecho, como se apunta en párrafos anteriores, a fecha de 3 de junio de 2008, casi dos años después de la denuncia, la Policía no los tenía en su poder, a pesar de confirmar en su primer informe de fecha 27 de marzo de 2007, la existencia de los mismos. Un sinsentido más puesto de manifiesto en el transcurso de la investigación que, por otro lado, está centrada en escuchas más aptas de un programa del corazón que de una verdadera y seria investigación policial.

   La Introducción de la página 419 de este informe la encabeza nuevamente alusiones a Manuel Reina. En un intento de relacionarlo con la operación Gruta, por el hecho de que los propietarios del Club Oasis estaban inmersos en esta operación de tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Y puesto que, supuestamente, dieron un dinero al PES para publicidad en un periódico local, supuestamente en pago de la licencia de apertura de su establecimiento situado en El Padrón, los policías llegan a inmiscuirlo en la operación por tráfico y blanqueo:

“En la denominada "OPERACIÓN GRUTA", desarrollada por esta Sección de
Blanqueo de Dinero en el Juzgado Central de Instrucción número CINCO, en el
marco de Diligencias Previas 200/2005, por presuntos delitos contra la Salud Pública
y Blanqueo de Capitales, se ha tenido conocimiento de presuntos delitos de cohecho.
Estos delitos de cohecho son consecuencia del pago de comisiones efectuado por
unas personas (imputadas como responsables de presuntos delitos de tráfico de
estupefacientes y/o de blanqueo de capitales en las citadas Diligencias Previas) a
otras personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona (Manuel REINA
CONTRERAS, Arturo Manuel CEBRIÁN GARCÍA y Ana María CRESPO DE
LUCAS), con el fin de que se concediera la licencia de apertura del establecimiento
"OASIS CLUB PLAZA" en la localidad de Estepona.”

     Más adelante haremos una observación sobre este dato. Otra esperpéntica revelación aportada por los denunciantes, al que dio crédito, sin más, la Policía, se refiere a las elucubraciones contenidas en el informe policial y cuya reseña aparece en la página 131 de este tomo I. Por esta regla de tres, de imputar hechos inconexos porque aparezcan en sumarios diferentes depende de cómo convenga, igualmente delictivo pudiera ser el famoso convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Valadez, a mediados de este año 2009, y la familia Real Saudí. Digo esto porque en el último libro de Daniel Estulin: “Los señores de la sombras”, aparece citado un miembro de esta familia en un caso de tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Así lo recoge el citado autor: Daniel Estulin: Los señores de las sombras, Editorial Planeta 2007. Páginas 294-295:

    "En 1999, la agencia contra la droga estadounidense (DEA) desarticuló una enorme conspiración que involucraba a un príncipe saudí en el tráfico de cocaína desde Colombia...." "En junio de 1999 fueron confiscados en París 808 kilos de cocaína..."

   "A través de un fax interceptado, la oficina regional de la DEA en Bogotá supo de la cocaína incautada y pudo vincular la operación con los saudíes. La investigación de la DEA estaba enfocada sobre todo en el príncipe Nayif al Saud, alias El Príncipe... "A la caza de contratos internacionales de tráfico de estupefacientes, Nayif viajaba en su propio Boeing 727 y se valía de su estatus diplomático para evitar las revisiones de aduana."   "Nayif también se habría reunido con miembros de los cárteles de la droga en Marbella..."

     La reunión a la que alude Estulin tuvo lugar en el Palacio que la Familia Real saudí tiene en Marbella. Por cierto, puestos a divagar, podemos implicar también al Rey de España quien, durante una de las visitas últimas realizadas por el nuevo monarca saudí, tras la muerte del Rey Fa, a su Palacio de Marbella, mantuvo allí con éste una visita de cortesía.

   Por cierto que respecto a la familia saudí, existe una referencia, sobre una posible operación irregular, como no, infundada también, a raíz de lo que hemos explicado, puesto que el convenio con los saudíes lo ha firmado el propio Valadez siendo ya él la máxima autoridad local. Página 61 tomo VI:

"Respecto a estas llamadas es de resaltar que Ignacio BAYON es socio único
de la empresa INVERSIONES CLAUDIETA AZUL SL, cuyo objeto social es realizar
inversiones en derechos de aprovechamiento y urbanísticos, por lo que estas llamadas
pudieran desembocar en algún tipo de actividad ilícita, por las claras intenciones de
éste en formar parte de este proyecto y por la forma de negociar que tienen los
inversores saudíes, los cuales de todos es sabido el potencial económico que poseen,
por lo cual todos estos extremos serán investigados.
(Conversaciones mantenidas los días 13.12.07 a las 11:49 y 19.12.07 a las
20:03)."

¿Será investigado, pues, el convenio firmado por Valadez con la familia saudí?

Una Operación inquisitorial (XIX)

2010-03-29T13:14:00.002+02:00

Ya hemos apuntado algo sobre la presión mediática, ejercida en Estepona, por parte de la señora de Valadez y sus compinches de profesión y medios, durante los meses previos y posteriores a la Operación Astapa. Especialmente hasta su investidura. Veremos incluso como sus informaciones, a través del vehículo de EFE y Europa Press, se reflejaba tal cual en diferentes periódicos sin cambiarse ni una coma. Analizaremos también dónde y cómo se produce la manipulación o desinformación informativa, valga la redundancia.

   Como estamos viendo, el principal objetivo de Valadez, con sus denuncias, escondía la consecución de la alcaldía, la toma de Estepona a toda costa. Lo que su ejecutiva regional no le había permitido: ser el nº1 por la lista del PSOE en 2007, lo conseguiría a través de un atajo. El fin justificaría sus maquiavélicos medios. Para ello no escatimó recursos, incluso la utilización de la Policía y la Justicia para conseguir su objetivo con denuncias falsas o manipuladas, como estamos analizando en estos capítulos. La propia Policía ha sido víctima del atajo político de Valadez en pro de su interés político y personal, labrándole el terreno.

    La mala fe de Valadez va muy lejos y el deseo de imputar, sin pruebas, frívolamente, tanto de los propios denunciantes, como de la Policía o de la jueza Conejo y del propio fiscal ¿anticorrupción?, Juan Carlos López Caballero, es lo más preocupante para quienes creían confiar en la Justicia. En el caso de los estamentos policiales y judiciales, su actuación roza el esperpento; poniendo en entredicho tanto su imparcialidad como su profesionalidad; algo que, como el valor al soldado, a ellos debería suponérseles. La Policía sigue el dictado de Valadez a pies juntillas, indiferente ante el hecho de que éste tenía intereses personales ocultos en su denuncia, relacionados con la política. Pero esta circunstancia no generó ninguna sospecha, increíblemente, entre los investigadores.

    En muchos casos las informaciones de los denunciantes están sacadas de contexto y carecen de relevancia. Añadiendo datos igualmente inconexos pero que engrosan el expediente y la confusión intencionadamente implícita en las mismas. La colaboración de la Policía con Valadez se pone de manifiesto en este primer tomo del sumario (donde se toman las principales actuaciones), una vez que ni las referencias a los medios de comunicación, cuyas informaciones son entregadas a la policía entre la documentación, ni los presuntos informes “externos”, como los de CODELSA avalando las denuncias, aparecen en este sumario. Al menos en estos tomos donde deberían constar. De hecho hasta el día 3 de junio, como mínimo, la Policía los desconocía.

    He aquí la prueba. Según el INFORME N'' 52.272 UDEF-BLA RECONSTRUCCIÓN DE CONVENIOS TOMO 3/3 de fecha 3 de junio de 2008. La propia Policía carece de dichos informes que, recordemos, dieron pie a la toma de las graves y drásticas medidas poli-judiciales, incluidas las intervenciones telefónicas. Así, según el citado informe, en sus páginas 84 y 85, la Policía reconoce que aquellas presunciones sobre las infravaloraciones del suelo por informes “independientes” de CODELSA (imputada), puestas de manifiesto por   Valadez en su denuncia, en realidad no existen, al menos hasta la fecha mencionada:

“Como ya se indicaba, este Convenio es otro de los ejemplos de las valoraciones inadecuadas efectuadas por Javier WITMEUR, según la valoración a precios de mercado efectuada por el Arquitecto Técnico José Antonio MOLINA LÓPEZ, de la entidad CODELSA, si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones, no pudiéndose determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó, aunque la lógica derivada del estudio de otros Convenios así lo indicaría.”
     ¿Cómo puede afirmar la Policía que la valoración era inadecuada, no presuntamente inadecuada, basándose en otro informe que dice no disponer de él? ¿Entonces cómo ha llegado a disponer que las valoraciones eran inadecuadas?, ¿por la prensa?. Sólo faltaría eso: que la prensa marcara el paso de las investigaciones policiales en España. ¡Cómo hay tantos buenos profesionales y no están politizados!. Ni siquiera hoy, 6 de marzo de 2016, cuando actualizo esta previa información, se sabe si las valoraciones eran o no inadecuadas, pues aún está a la espera la Policía de 30 informes sobre dichos convenios.

     Recordemos que se trata del convenio Mundo, el cual, ni siquiera llegó a firmarse, como indica la propia Policía en la página 77 del mismo tomo, ante la negativa de Valadez y Cristina a poner su rúbrica en una adenda, de este convenio, posterior a la primera firma del mismo que, en aquella ocasión sí fue rubricado por uno de los ediles denunciantes: David Valadez. Pero las divagaciones van aún más lejos. A Witmeur se le intenta desacreditar, por parte de los denunciantes en sus denuncias, debido al hecho de que se trata de un ingeniero técnico, no arquitecto. Curiosamente tal es la cualificación de José Antonio Molina López, quien, además, trabaja para CODELSA, imputada en esta operación y que tiene intereses urbanísticos en Estepona, según los propios informes policiales, cuyas citas iremos exponiendo.

    Sin embargo, estos informes, que según los denunciantes hablaban de infravaloración del suelo, deberían de constar en este tomo I, pues contiene la denuncia donde se hace referencia a los mismos y los diferentes pasos poli-judiciales que se adoptaron a raíz de ello. Sólo aparecen descritos, de forma parcial y según la interpretación que sobre ellos quiera hacer, de forma subjetiva, la Policía para adaptarlos a su interpretación de los hechos. ¿Dónde están estos “informes externos” si dice no disponer de ellos. ¿Al menos de uno, por ahora? ¿Por qué no aparecen en el sumario los originales? Porque no existían en la denuncia original, era sólo la palabra de los denunciantes. Sin embargo el propio Valadez indica en su denuncia la entrega de dichos documentos:

“Adjuntamos también a esta documentación distintas valoraciones realizadas por técnicos extemos al Ayuntamiento y de nuestra absoluta confianza que han sido los encargados de realizar varios informes en los que se demuestra fehacientemente cómo la tasación realizada por el Consistorio es, siempre, muy inferior a la del mercado.
VER VALORACIÓN EXTERNA CONVENIOS”

    Los informes de CODELSA, son ahora de ¡absoluta confianza para Valadez, y su palabra va a misa!. Pero, ¿dónde están?. ¿Por qué la Policía dice, como acabamos de exponer: “si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones” refiriéndose a uno de dichos informes?. ¿Me lo pueden explicar? ¿Podríamos estar ante un motivo más de nulidad de aquel informe policial de 27 de marzo de 2007, en el cual se solicitaban las medidas contra los imputados y con el que tanto Fiscalía como jueza Conejo, avalaron la adopción de tales medidas? Si la Policía reconoce, casi dos años después que no han tenido acceso a dichas valoraciones “independientes” señaladas por Valadez en su denuncia, ¿acaso mintió   Valadez?. Repito, esa “valoración externa de convenios” no ha aparecido en los XIII tomos del sumario, la propia Policía lo reconoce, y debería formar parte del mismo. Un servidor, la verdad no lo entiende.

   Más delictivo sería aún que descubriésemos que los informes supuestamente realizados por CODELSA, empresa en la cual Valadez, según este párrafo ahora confía, ni siquiera existan o estuviesen movidos por motivos e intereses de CODELSA en dichas construcciones, que se emprenderían a raíz de los citados convenios, y en la cual ella pudiera estar interesada, en un intento de abortarlos por intereses propios. Estos son los datos del sumario. Aunque a lo mejor es que uno no los entiende bien, o alguien ha querido redactarlos de manera que no se entiendan.

      Supongamos que dichos informes existen y que los ha redactado quién dice la Policía que los ha redactado. Lo cierto es, por otro lado, que la Policía misma admite que no puede asegurarlo:

“Como ya se indicaba, éste Convenio es otro de los ejemplos de las valoraciones inadecuadas efectuadas por Javier WITMEUR, según la valoración a precios de mercado efectuada por el Arquitecto Técnico José Antonio MOLINA López, de la entidad CODELSA, si bien, en ésta Brigada no se dispone del pertinente informe de valoraciones, no pudiéndose determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó, aunque la lógica derivada del estudio de otros Convenios así lo indicaría.” Tomo IX. Página 83-84.
     Lo que ya hemos hablado. Califica las valaraciones de Witmeur de inadecuadas, según la valoración de José Antonio Molina Lópéz, al tiempo que admite que no dispone del “pertinente informe de valoraciones, no pudiendo determinar si efectivamente fue dicho arquitecto el que las efectuó”. ¿Entonces en qué quedamos?

     Pues bien José Antonio Molina López, que no es arquitecto sino arquitecto técnico, recuerden este dato, como presumíamos anteriormente no es que trabajara para una empresa que pudiera tener intereses urbanísticos, es que forma parte de la administración de una como mínimo, en concreto, que participó en otro convenio que también sería investigado, el convenio de El Carmen:

24 UNIDAD DE EJECUCIÓN DE "EL CARMEN" (UEN-R38).-
En el siguiente apartado se procede a analizar las operaciones urbanísticas
que han tenido lugar, posiblemente después de la firma de un Convenio, del que se
desconocen los datos, en la Unidad de Ejecución UEN-R38 El Carmen, cuya principal
protagonista es una mercantil administrada por los hermanos DELGADO ALGAS,
cuñados de Francisco José ZAMORANO VÁZQUEZ.
Consultado el Catastro, las fincas incluidas en el Convenio El Carmen
pertenecerían a:
INMOBILIARIA CORALES DOS DE
ESTEPONA SL
INMOBILIARIA CORALES DOS DE
ESTEPONA SL Y PARTICULARES
AYUNTAMIENTO
LIDL SUPERMERCADOS SA
24.1 Información de la AEAT v del Registro Mercantil.-
. INMOBILIARIA CORALES DOS DE ESTEPONA SL ÍB92207984)
- Fecha de constitución 04/01/2001
- Capital social 546.000,00€.
- Calle Real, número 89, Entresuelo, Estepona, Málaga.
- Compra, venta, promoción y explotación de toda clase de bienes inmuebles por
cualquier forma admitida en derecho.
- Presidente: Vicente DELGADO ALGAS; Consejeros: Andrés MARTIN CABA,
Juan José FERNANDEZ VÁZQUEZ, Vicente DELGADO ALGAS, Félix DELGADO
ALGAS y José Antonio MOLINA LÓPEZ; Consejero delegado solidario: José
Antonio MOLINA LÓPEZ. Tomo IX. Página 95

    Como vemos el nombre de José Antonio Molina López aparece en dos ocasiones: una como consejero delegado y otra como consejero delegado solidario de Inmobiliaria Corales Dos de Estepona, una de las empresas que participaban en el convenio. ¿Tenían sus facultades mermadas quienes avalaron sus denuncias a tenor de unos “informes independientes”, realizados por un señor, Molina López y/o CODELSA, los cuales, como hemos analizado más arriba, al señor Valadez les merecía toda su confianza? Pero es que, además, el señor José Antonio Molina López, es arquitecto técnico, al igual que el señor Witmeur, a quien Valadez cuestiona sus informes por no tener la cualificación total de licenciado en arquitectura, esto es, arquitecto a secas. ¿Estos datos no levantaban sospechas sobre las incongruencias que la investigación iba destapando respecto a los datos aportados por los denunciantes desde principio?

Una Operación inquisitorial (XVIII)

2010-03-29T12:59:00.001+02:00

¿Por qué la Policía no indagó este extremo, al igual que lo que se pone en boca del notario? Otra vez; porque de haberlo hecho, hubiera levantado la liebre contra miembros del PSOE, en plena campaña electoral. Por eso se decidió no verificar tales declaraciones y esperar a que el caso fuese secreto. Una vez secreto, la inacción policial se fundamentaría en dicho secreto sumarial y así no se comprometían los intereses electorales del PSOE, a cuyo cargo estaba el Ministerio del Interior que, por definición, sabe de todas (y sobre todo de las que más puedan afectar a su partido), las operaciones policiales en marcha. La designación de un fiscal afín, como es el caso del Fiscal Anticorrupción por oficio del Fiscal General del Estado garantiza tal confidencialidad y previene tales eventualidades.

       En el caso del notario mencionado, le ponen en su boca, además en la denuncia en la página 75, que miembros del PSOE “se están llevando dinero con cajas fuertes en Marbella”. Pero ¿se investiga este extremo?. Tampoco.

      La Policía, sin más, da crédito a este esperpento, sobre el cual no existían pruebas grabadas o escritas, que avalasen la credibilidad de la denuncia en este sentido, o al menos no se citan en los tomos abiertos hasta el momento. Teniendo en cuenta que en ellos se relatan las actuaciones llevadas a cabo hasta el día 18 de junio, un día después de estallar la operación “anti-terrorista” Astapa, posiblemente no haya una investigación previa que avale tales afirmaciones ni esté recogido en ningún documento o grabación que confirmen tales sospechas. La Policía hace suyas las imputaciones de Valadez en el informe remitido a la Fiscalía de Málaga, por petición de ésta.

       Por lo que su falta de perspicacia quedó patente en estos y otros casos, como el que revelamos a continuación, donde el propio Valadez admite y da por bueno que un empresario haga donaciones, siempre que sea a su delegación, ¡claro!. En su denuncia expone estas prácticas, supuestamente realizadas por otros. La Policía no toma medidas contra él a pesar de que parece dejar implícito que un empresario donó bienes a su delegación (material geriátrico) e hizo obras para la misma, como explicamos a continuación.

       Este párrafo, contenido en la introducción de la denuncia, es bastante elocuente y habla por sí mismo del doble lenguaje de Valadez y de sus diferentes varas de medir, según le convenga. Así dice el párrafo citado contemplado en la página 75 (I Tomo) y así le toma el pelo a la despistada Policía:

“El imputado en la Operación Malaya, Angel Rodríguez, en representación de la multinacional farmacéutica ORPEA nos exigió (a David Valadez y al Técnico de la Delegación de Bienestar Social José Luciano Sánchez) que se puso en contacto conmigo en mi calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista para pedirme mi mediación con la Junta de Andalucía porque le estaban pidiendo dinero desde el Ayuntamiento para poder desarrollar un convenio urbanístico cuya licencia estaba, según aseguraba, en perfectas condiciones desde hace años. Fueron varias las reuniones mantenida con él y en más de una ocasión se lo trasladé al propio alcalde sin que mi mediación resultase fiuctífera, Prueba de que su empresa quería colaborar con el Ayumtamiento de Estepona es que donó material geriátrico para una Residencia de la localidad y estaba dispuesto a sufragar distintas obras de infraestructuras de carácter social. Siempre me aseguró que no estaba dispuesto a tener que pagar en Estepona como lo había hecho en Marbella y mucho menos cuando había un alcalde socialista.”

     Prueba de que para Valadez vale todo es el uso interesado, a falta de más contundentes argumentos, (incluso el de un imputado en la Operación Malaya), para sustentar sus manipuladas denuncias. ¿Está justificando que un imputado en la Operación Malaya, realice obras y donaciones para su delegación en la misma denuncia que recrimina a sus compañeros la misma actitud? ¿O, por el contrario, estaba denunciándolo por haber realizado dichas obras para su delegación? ¿No es una contradicción? ¿No es este un motivo para imputar a Valadez, pues él mismo reconoce que un imputado en Málaya donó material para su delegación y ve con buenos ojos que realice obras para la misma; mientras que denuncia a sus compañeros por estas mismas razones, respecto de otras empresas? ¿No supo ver la Policía lo incongruente de estas revelaciones? Por otro lado, queda de manifiesto el conocimiento de la Junta de todo lo que, según   Valadez, ocurría en el Ayuntamiento y sin embargo permitió la candidatura de Barrientos en el puesto Nº 1 de la lista. No estarían tan fundadas pues, estas denuncias, para el PSOE andaluz.

     Otras de las denuncias de Valadez, y que la propia Policía recoge en su informe, es la referida a la empresa Bonifacio Solís, aparecida en la página 309 del tomo I en formato PDF. Para ello, Valadez se basa en declaraciones del concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, y afirma lo siguiente contra esta empresa. Primero acusa, después esconde la mano:

"Juan Manuel RODRÍGUEZ (miembro del Partido de Estepona PES y ex gilista) el día 7 de diciembre de 2006 manifestó en presencia de varias personas, que el empresario local Bonifacio SOLIS había tenido que pagar al Segundo Teniente Alcalde, Rafael MONTESINOS RUBIO (portavoz del Partido Andalucista) la cantidad de 20 millones de pesetas para poder construir. Es de destacar que en estos momentos Bonifacio SOLIS es el encargado de la ejecución de distintos proyectos de infraestructuras, competencia casualmente de la Delegación que Rafael MONTESINOS RUBIO ostenta. Cabe resaltar, por ejemplo, la construcción de aparcamientos subterráneos gracias a una concesión municipal.”
    Juan Manuel Rodríquez, efectivamente, es “ex-gilista” pero, ¡qué casualidad!, no está imputado. Sin embargo esta empresa hoy, con Valadez en la alcaldía, sigue siendo una de las principales receptoras de las obras que se llevan a cabo, a través de diferentes planes municipales y estatales, entre ellos el conocido como Plan E. De hecho el viernes 18 de diciembre de 2009, según se ha hecho público, esta empresa, en una UTE junto a la empresa Construcciones Diego Soto, ha sido la adjudicataria para la construcción de un colegio en Estepona, cuyo presupuesto asciende a tres   millones de euros de la Junta de Andalucía. ¿No es curioso?. ¿No es curioso tampoco que Rafael Montesinos, no fuera imputado hasta un día después de dar su apoyo a Valadez para la alcaldía?

       Hoy esta empresa que, según la denuncia de Valadez, pagó al líder del Partido Andalucista 20 millones para trabajar en Estepona, además de otros 100.000 euros según aparece en otro tomo que analizaremos, realiza trabajos, además, para la delegación de Agripina, curiosamente del PA que, supuestamente fue el partido que obligó al empresario a donar ese dinero. ¿Podría existir un pacto de silencio entre la propia alcaldía, quienes la sustentan, y la Justicia para posibilitar o mantener el Gobierno de Valadez en el Ayuntamiento?. ¿Y entre el fiscal y la Junta de Andalucía o con el mismo Gobierno de la Nación?. Todo parece indicar que sí.

       Curiosamente, una imputación a miembros de la Junta de Andalucía, contenida en la página 439 del primer tomo del sumario, a resultas del seguimiento telefónico de la operación Gruta, nunca fue investigada por el peregrino razonamiento de que no daban más datos:

    “En este mismo sentido,' José Luis CABÁS ÁLVAREZ ha tenido que realizar gestiones similares en la Junta de Andalucía, dónde, al parecer, también le han solicitado una importante cantidad de dinero (aunque por palabras del propio José Luis CABÁS ÁLVAREZ, existe una contradicción sobre el montante exacto). Así, José Luis CABÁS ÁLVAREZ én conversación con Pedro FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ le comenta los requisitos y reformas que les exige la Junta de Andalucía y refiriéndose a un Inspector (sin ofrecer más datos) dice: "coste: un millón ahora y un millón a la licencia y que pasa todo el informe él y toda la licencia él. Esto es la puta. Además en la puta cara, además me sacó a tomar un café y sin cortarse ni perezoso"15”

   “Refiriéndose a esté mismo incidente, José Luis CABÁS ÁLVAREZ habla con David CHULIÁN, ex gerente del club, "OTRO LÍO CON LA JUNTA: CINCO MILLONES MÁS". David CHULIÁN le pregunta si ese dinero es en concepto de impuestos, a lo que José Luis CABÁS ÁLVAREZ contesta tajante con un "no. en cuestión de comisiones pa ellos (...). ésto solo pasa en tu tierra" "que para arreglarnos con los papeles que cinco kilos".16 Minutos después, José Luis CABÁS ÁLVAREZ aprovecha una conversación con su arquitecto José Juan (sin más datos) para referirse a la Junta de Andalucía "también quieren dinero", "que con cinco kilos se arreglan"

      El “montante exacto” radicaba en que la Junta, presuntamente, pidió dos millones y éste a su socio le informa sobre cinco. Pero ya iremos viendo otras implicaciones de la Junta que, tanto el fiscal como la jueza intentan evadir. Ya lo dijo Santiago Torres, instructor del caso Malaya, más o menos textualmente que: “a ciertos niveles se imposibilita por todos los medios la investigación”. Uno o varios convenios denunciados lo firmó el propio José María Ruiz Povedano, Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.

     Este informe estaría basado en las conexiones aparecidas a través de las escuchas telefónicas, con motivo de la operación Gruta y la operación Malaya. En otros casos, en las declaraciones de varios imputados recogidas en el tomo XIII, se habla, por parte de uno de los propietarios del local Oasis, de 18.000 euros que le exigió un técnico de la Junta de Andalucía bajo la amenaza de que le enviaría una inspección cada semana. Ni fiscal ni jueza insistieron en sus preguntas al detenido sobre las imputaciones que hacía a un miembro de la administración pública andaluza. ¿No es curioso?. De hecho hoy, en Marzo de 2010 dos años después de iniciarse la operación nadie de la Junta está imputado.

Así las cosas, imagínense cómo no estará redactado el auto de 29 de Marzo por el cual la Jueza, Susana García Ruiz, accede a la petición policial de intervenir las cuentas y los teléfonos de los imputados. Escuchas que a pesar de su ilegalidad, como explicaremos, no aclaran, por sí mismas, ningún delito ni justifican las precipitadas y desproporcionadas medidas adoptadas el día 17 de Junio de 2008. Descontando que, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, también las supuestas investigaciones, son objeto y tienen su origen en la tergiversación de las denuncians y en interpretaciones erróneas posteriores de los "investigadores".

Una Operación inquisitorial (XVII)

2010-03-29T12:54:00.000+02:00

Recapitulando:
Tenemos que, basado en declaraciones de alguien que tiene intereses personales en la política esteponera (ya hablaremos de la sincronía entre este asunto y su promoción en el PSOE), se adoptan medidas que vulneran uno de los principales derechos reconocidos en la Constitución; derecho a la privacidad de las comunicaciones, con un sistema, SITEL, cuya legalidad y el artículo que permite las escuchas es más que dudosa en último caso, según apreciaciones del propio Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2003, donde insta al Gobierno a modificar, en el Código Penal, el artículo que las autoriza al no consignarse en el mismo un límite de tiempo sobre las mismas, cuyo límite se deja a la consideración del juez. Cosa que el Gobierno aún no ha hecho y ya han pasado siete años.

El auto de la jueza de 29 de marzo de 2007, accediendo a la petición del Fiscal, sin estudiar el expediente; por lo que parece actuar al dictado de alguien y no con la autonomía que se le supone a la Justicia, no tiene desperdicio tampoco. No se hace ninguna mención en el mismo, como es de rigor a estas alturas, a las consecuencias en las que podrían incurrir los denunciantes, caso de demostrarse la malintencionalidad o temerosidad de sus denuncias. Tampoco son advertidos por la Policía, en su primera denuncia de las responsabilidades que pudieran caer sobre ellos, caso de ser falsas las denuncias que imputan. Al menos no aparece en el sumario. Esto da pie a pensar que, de demostrarse la falsedad de la denuncia de Valadez, como se demostrará puesto que el defecto viene desde el principio, los responsables deberían ser los propios estamentos fiscal, policial y judicial. Además de los propios denunciante y denuncianta (parafraseando el diccionario personal de la lengua de la ministra Bibiana Aido, que casualmente es la Ministra de Igualdad).

Se percibe cierto tono paternal hacia los denunciantes, será a causa de la rareza del caso, por parte de todos los actores: Policía, Fiscalía y jueza, y otros altos estamentos que irán insinuándose. El auto se adopta sólo un día después de la petición de la Fiscalía (por lo que parece que está previamente pactado con alguien en instancias superiores que salvaguarda el interés electoral del que lo ha puesto ahí), teniendo en cuenta únicamente las declaraciones de los denunciantes, sin que se haya adoptado ninguna medida previa ni estudiado en profundidad el expediente, lo cual contrasta con las medidas tan severamente graves que adopta. Comienza así:

“A U T O
En ESTEPONA a veintinueve de marzo de dos mil siete.

HECHOS

ÚNICO.- Con fecha 28 de marzo de 2007, se ha presentado escrito de denuncia de la FISCALÍA de MALAGA unido a un extenso informe policial y que siguiendo las normas de reparto ha recaído sobre este juzgado y habiéndose incoado Diligencias Previas 1030/2007...”

El “extenso informe policial” no es otro que el que ya hemos aludido, que lo único que recoge es la ratificación y transcripción, de forma subjetiva, de lo expuesto por los denunciantes, sin que exista ningún informe sobre investigación previa de los hechos denunciados. Ese auto volverá la jueza a citar “el extenso informe policial” de manera nuevamente torticera:

“SEGUNDO.- De acuerdo con los hechos denunciados por la Fiscalía de Málaga apoyado por un extenso informe policial, en el Ayuntamiento de Estepona se han detectado presuntamente diversos episodios de actuaciones administrativas irregulares que pueden tener significación jurídico penal...”

La fiscalía no denuncia ningún hecho, no tiene pruebas de nada de lo que denuncia. Es más, la Policía incluso lo admite en sus conclusiones, sólo documentación subjetivada entregada por los denunciantes; al igual que el informe de la Policía, desprovisto de ninguna investigación previa. No se quiere o “no se puede” investigar lo que se denuncia y da por hecho las palabras, en muchos casos tergiversadoras, de los denunciantes. Durante cuatro meses la denuncia ha dado vueltas y al final acaba en manos de un juzgado, que lo único que tiene es lo mismo que cuatro meses antes. Y así, tan ricamente, sin más, ordena intervenir los teléfonos y las cuentas bancarias en secreto.

En algunos casos, los datos policiales sorprenden más por lo que omiten que por lo que puedan tener de significativos. En otros casos rozan lo diabólico, por las consecuencias que sus irreflexivas elucubraciones han provocado en cientos de familias inocentes de Estepona, a causa del capricho de un político peligrosamente ambicioso y despechado.

Por ejemplo, en la ficha de detención de Manuel Reina, en el apartado de PROFESIÓN se omite su verdadera profesión de ECONOMISTA y se sustituye por la de “empresario”. Además, para recochineo y dar la impresión de que es un advenedizo de la política, se matiza, sobre su PROFESIÓN, la de Concejal de Hacienda y en la actualidad concejal en la oposición. Esta omisión acarreará una cadena de “errores” policiales, los cuales iremos destapando uno a uno. La animadversión de Valadez, incrementada por el anuncio de denuncia de Crespo contra él, se ceba también con Manuel Reina y se contagia a la Policía.

¿Desde cuando un cargo electo y temporal es una profesión? Un cargo electo, en democracia, es eso, un cargo electoral y por tanto tiene fecha de caducidad. Es temporal, sólo el ciudadano decide sobre su permanencia. Aunque bien es cierto que socialistas como Valadez (que es recién licenciado en periodismo cuando llega a concejal, pero no ejerce por eso mismo, para qué; ya es político), o como Chaves, Zarrías, etc., han hecho de la política su profesión. En la cúpula del PSOE regional la gran mayoría de sus miembros. Esa es la única profesión que han ejercido desde hace 30 años. (Consúltese La Teleraña Andaluza en Internet).

A Reina se le imputan coches de alta gama, cuando en realidad conduce un BMW de segunda mano comprado en 2001, o sea, tres años antes de meterse en política, fruto de su trabajo como economista. Su empresa que no es más que una consultoría, la dirige desde años antes de su irrupción en el ámbito público. En cuanto al nivel de vida no es ni más ni menos que el mismo el que llevaba antes.

Este dato, que ya de por sí es malicioso, por la omisión intencionada que se produce en él, no es nada comparado con la descripción que se hace, en el mismo documento, sobre sus hijos. Que son tres y todos menores de edad. En el apartado de HIJOS, citan el nombre de los dos varones con nombres y apellidos a pesar de sus minorías de edad que no superan los nueve años (7 y 9), y respecto al otro, que es una hija, más joven aún dicen: "y otro cuyos datos se desconocen”. ¿No habíamos quedado que estaban investigando, ¿qué investigaron entonces? Nada.

¿Obedece esta alusión a un intento de dar a entender que esa hija ni siquiera está registrada o es ilegal?. Aunque sea legal o preceptiva la inclusión de estos datos, ¿qué relevancia puede tener nombrar a dos niños menores de edad en un sumario policial que ya es público, a los que nada se les imputa?. Si uno fuera mal pensado calificaría estos datos policiales de indecentes. ¿Acaso desconoce la Policía la Ley de Protección de Menores?.

Lo de Manuel Reina es saña. En la página 73 del tomo primero (siempre en formato PDF) se le cita como receptor de 150 millones según unas supuestas declaraciones de un notario de Estepona. Ya apuntábamos algo en páginas anteriores. El texto dice así:

“ Otros asuntos:
. El Notario de Estepona, don José María García Urbano nos ha asegurado que hay un concejal del equipo de gobiemo que ha cobrado, en concepto de comisión, 150 millones de pesetas y que de hecho esa comisión se reflejaba en la propia venta de la escritura (nosotros creemos que ese concejal es Manuel Reina Contreras, concejal de Hacienda y del Partido Estepona).”

Pues bien, según hemos podido conocer, el citado notario no le ha asegurado nada a los denunciante y se encuentra a la espera de la apertura del secreto sumarial para interponer las correspondientes denuncias o querellas contra éstos. Éste niega ser el autor de dichas palabras que Valadez y Cristina le ponen en su boca. Este asunto traerá cola, porque además los datos aportados para avalarlo son totalmente, como describiremos aquí. Puesto que esta operación imputa a Reina al relacionársele familiar e íntimamente con un gran empresario con quien es igualmente falso que tenga algún lazo familiar.

En otra ocasión, es un farmacéutico, cuyo nombre y ubicación se omite e incluso diría yo se falsea, quien, supuestamente, realiza acusaciones sin fundamento contra Reina. Sin embargo, ese supuesto testigo tercero no es consultado previamente por la Policía, al igual que el notario citado con nombre y apellidos. Por su parte Reina, niega tales declaraciones y dice desconocer a ningún farmacéutico en cuestión. Ni siquiera existe una supuesta farmacia donde los denunciantes la sitúan.

La perla dice así:

“Hace aproximadamente dos años, un farmacéutico de Estepona. nos comentaba que su suegra, que tiene una parcela de 500 metros en la barriada de Cancelada (Estepona), había sido sobornada y se le exigía que a cambio de que esa unidad se pudiese desarrollar tenía que entregar una cantidad económica en un maletín en el hotel Kempiski a los concejales del PES, Manuel Reina y José Ignacio Crespo.”

Tomo I. Página 75.

En los trece tomos del sumario tampoco aparece investigado este extremo. La declaración de Cristina Rodríguez aporta algo más de luz sobre dicho farmacéutico.Añade solamente que está ubicado cerca de la Residencia Virgen del Carmen y que tiene una propiedad en Cancelada (donde ella, qué casualidad, presuntamente se construyó parte de su vivienda ilegalmente según rumores que corren por foros esteponeros. Dice así:

“Que la referencia a un farmacéutico de Estepona, solo sabe que se trata de una farmacia situada al lado de la Residencia Virgen del Carmen y que el dinero que tenía que pagar estaba relacionado con una parcela de su propiedad en la Barriada de la Cancelada.”

No se afirma, por parte de la denunciante, que pagara, sino “que el dinero que tenía que pagar”. Meros rumores convertidos en pruebas contra alguien. Amén de este desliz policial, que sumamos a tantos otros que iremos relatando, lo curioso es que ésta respuesta debió aprobarla el fiscal, desconocedor de Estepona; pues de lo contrario no la hubiera dado por válida. Ya que al lado de la Residencia Virgen del Carmen (si se refiere a la residencia de ancianos del mismo nombre) no existe ninguna farmacia. La más cercana no está precisamente al lado, sino cinco o diez manzanas más abajo (a una distancia de unos 300 metros). Una en la Avenida Juan Carlos I (junto a los juzgados) y la otra, algo aún más lejos, junto al Barrio San Isidro. El único comercio parecido muy cerca de la Residencia Virgen del Carmen, es una parafarmacia, donde no se vende medicina, sino productos alternativos para la alimentación y la salud, creado recientemente y cuya propiedad corresponde a una mujer, según el cartel que se encuentra a la entrada del negocio, no a un farmacéutico.