A Toda Costa (Andalucía)

La jueza Conejo investigó como ilegal en Astapa lo que ahora considera legal con Valadez.

2012-02-12T14:22:00.000+01:00

Convenios urbanísticos. En ambos casos se utilizó dinero de los convenios urbanísticos para realizar pagos corrientes.

CSIF/Estepona.
Para cualquier ciudadano de Estepona medianamente informado, resultaba cuando menos paradójico que fuese Valadez quien denunciase los convenios urbanísticos que firmaba el Ayuntamiento, cuando él, como portavoz del grupo municipal socialista en el municipio, durante el periodo 2003-2007, no solo los aprobaba sino que incluso los defendía con vehemencia en los plenos municipales.
     Pero más sorprendente fue aún que, cuando accedió a la alcaldía, no solo no anuló estos convenios que había denunciado, ni devolvió el dinero a los empresarios que los habían firmado, sino que además utilizó ese dinero para pagar gastos corrientes, cuando sabía que eso lo prohibía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Y todo ello, cuando para más INRI, tomó la decisión de paralizar el Plan General de Ordenación Urbana de Estepona (PGOU), lo que impedía seguir adelante con los trámites de esos convenios.
      Por esta cuestión, Valadez fue denunciado hace alrededor de un año, ante los juzgados de nuestro municipio, tanto por el sindicato CSIF como por el Partido Popular de Estepona.
      Pues bien, hace unos días el Juzgado nº 5 de Estepona, al frente del cual está casualmente la jueza Isabel Conejo, una de las primeras instructoras del caso Astapa, archivó provisionalmente esta denuncia, que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga, por el Partido Popular de Estepona. También el CSIF, al que todavía no se le ha comunicado ese archivo provisional, ha anunciado que hay un 99% de posibilidades de que también recurra ese auto.

Pero lo que llama poderosamente la atención, es que la jueza Conejo, que ha llevado este caso y que también instruyó la primera parte del caso Astapa, tenía que conocer, por tener la obligación de habérselos leído, que hasta cuatro informes policiales de la UDEF-BLA, que forman parte del sumario de Astapa, decían que no se podían utilizar los fondos provenientes de los convenios urbanísticos para pagar gastos corrientes porque ello sería ilegal, ya que contravenía el articulo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el articulo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así se recoge en los informes de la policía UDEF-BLA del 17 de julio del 2007, del 8 de octubre del 2007, del 5 de noviembre del 2007 y en el macro informe del 3 de junio del 2008, que fue el que propuso, entre otras actuaciones, la intervención del Ayuntamiento de Estepona. En este último informe, que se encuentra en el Tomo VII del sumario, folio nº 2858, dice el autor del informe policial textualmente lo siguiente:

“Pero, ¿por qué estos pagos son definidos como irregularidades?:

El articulo 75 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, es clara en su redacción de los destinos únicos y exclusivos a los que se puede destinar los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, diferenciando entre los terrenos y construcciones que integren los patrimonios público del suelo, y de otra parte los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos del suelo. Estos últimos que se corresponderían con los ingresos monetarios procedentes de convenios urbanísticos, por esta prescripción legal se destinarán a:

Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La conservación, mejora, ampliación, urbanización y en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.
La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada

Afirmación que se ve reforzada por el ya conocido El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que en su art 5° da una limitación de Destino:" Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes.”.

También consta en el sumario de Astapa, Tomo XIV, pagina 321 del PDF, que uno de los fiscales que llevaba el caso, delante de la propia jueza Conejo, preguntó a un empresario que había firmado un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Estepona, que además que era abogado, si desconocía lo que decía la LOUA a este respecto, ya que su dinero se había destinado a pagar nominas. El fiscal le espetó al empresario cuando fue citado a declarar:

¿Usted no conoce como abogado que la ley andaluza del suelo en la época de celebración de este convenio establecía un destino específico para el dinero proveniente de los convenios?

Al parecer ambos desconocían, fiscal y jueza, -este hecho es muy grave en quienes tenían la responsabilidad de comprobar si existían o no irregularidades en el Ayuntamiento- es que ese dinero que se destinó a pagar nominas, en primer lugar, provenía de un convenio urbanístico de planeamiento. Y en segundo lugar, que la Ley que impedía la utilización del dinero de los convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente, fue la Ley 13/2005 Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, que entró en vigor a finales del mes de diciembre del 2005, fecha posterior a la firma de ese convenio.

A sensu contrario, Valadez sí utilizó el dinero de esos convenios urbanísticos de planeamiento para gasto corriente mucho después de que entrase en vigor esa Ley.

Sin embargo, ahora, la jueza Isabel Conejo mantiene una tesis contraria a lo que decía la policía en sus informes y manifiesta en su auto que la utilización de ese dinero para pagar gastos corrientes no es ilegal. Parece evidente que o la justicia no es igual para todos y utiliza distintas varas de medir o en su momento se actuó sin el rigor investigatorio exigible y predominó el todo vale.

La juez Alaya sigue acorralando a la Junta: investiga el patrimonio de un exconsejero

2011-05-11T09:41:00.000+02:00

Escándalo de los ere

Mercedes Alaya ha exigido informes sobre Fernández, el exconsejero que figuraba como empleado en una empresa desde el día de su nacimiento.
Un cliente de Iván Chaves lo tuvo a sueldo por 6.000 euros al mes

2011-05-10

LIBERTAD DIGITAL

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ha ordenado a la Policía que investigue el patrimonio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex altos cargos de la Junta imputados, así como otras ayudas sociolaborales a 24 empresas.

En un auto notificado este martes a las partes, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, encarga a la Policía Judicial un informe patrimonial sobre Antonio Fernández, sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sobre el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE.

La Policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe "centrar" sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.

La juez Mercede Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no solo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.

Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre de 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.

Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en la empresas.

Respecto a Francisco Javier Guerrero, dice la juez que autorizó el pago por la Junta de las primas derivadas de los ERE, "a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado", en un proceso en el que prescindió "total y absolutamente del procedimiento administrativo".

Por razones de amistad, parentesco o por militancia en el PSOE, Guerrero llegó a incluir como beneficiarios de un ERE a nueve "falsos trabajadores".

Junto a la investigación patrimonial de los imputados, la juez pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.

Además, deberá investigar las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.

Igualmente la juez pide a la Policía Judicial que elabore un listado de los falsos trabajadores, hasta ahora confirmados, que continúen cobrando las prestaciones y con cargo a qué compañías.

Alaya notifica el auto a las 14 personas hasta ahora personadas en la causa como imputadas y añade otras 14 cuya inclusión en otros tantos ERE se ha ido conociendo en las últimas semanas.

No obstante, precisa que "criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia" obligan a aplazar la declaración de estas personas como imputadas hasta que "se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados y sus vertientes".

Griñán dio 9,5 millones sin concurso público a un grupo que fichó a Iván Chaves

2011-05-01T15:13:00.000+02:00

CONTRATO A DEDO

Manuel Chaves presentó a su hijo Iván al presidente de la compañía, que lo contrató para unos servicios de consultoría.
¿Se reunió Zarrías con las cajas para lograr comisiones para Iván Chaves?

2011-05-01

LIBERTAD DIGITAL

La Junta de Andalucía alquiló directamente el edificio Bogaris, gastándose casi diez millones de euros sin concurso público. En diciembre de 2.008, Bogaris contrató a Iván Chaves para la ‘presentación a inversores’ de un informe sobre el aceite de oliva.

El 16 de diciembre de 2.008, Manuel Chaves asistió a la fiesta por el vigésimo aniversario de Bogaris, y en ésta presentó a su hijo Iván al presidente de la compañía, Rodrigo Charlo. Bogaris lo contrató para unos servicios de consultoría por los que Iván Chaves Iborra facturó 6.075 euros mensuales más IVA. La Junta de Andalucía alquiló, mediante contratación directa, el recién terminado edificio Bogaris a razón de 2,38 millones de euros durante 4 años. En total, 9,5 millones según informa El Mundo. El acuerdo lo tomó José Antonio Griñán, que por entonces era consejero de Economía y Hacienda.

El arrendamiento del edificio Bogaris como sede de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sorprendió en su momento, debido a que la Junta de Andalucía iba a construir un edificio administrativo de seis plantas en una de las mejores zonas de Sevilla. De hecho, la Consejería de Economía y Hacienda había contratado la redacción del proyecto por más de tres millones de euros.

El edificio estaba recién terminado cuando la Junta de Andalucía lo alquiló. En enero de 2.009, se hizo oficial el arrendamiento de la sede del edificio Bogaris, mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El fin era trasladar las dependencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, entonces situadas en la sevillana zona de la Enramadilla.

Curiosamente, en abril de 2.010 –aproximadamente, un año después de ocupar el edificio Bogaris-, la Junta anunció que los servicios centrales de Obras Públicas retornarían a su anterior emplazamiento.

A su vez, la Consejería de Obras Públicas asegura que está utilizando la totalidad del edificio Bogaris, por el que sigue pagando 2,38 millones de euros anuales de alquiler.

La presión electoral y la corrupción agravan el bloqueo del Gobierno de Griñán

2011-04-27T16:07:00.000+02:00

LOS SECTORES ECONÓMICOS DAN EL AÑO POR PERDIDO

España | @Antonio Castro. Sevilla.- 27/04/2011

Quienes esperaban que el Gobierno de Griñán consiguiera desbrozar la maleza de la corrupción para imprimir tensión a la acción de Gobierno -especialmente, los sectores económicos de Andalucía, que tienen importantes cuentas pendientes- se han quedado atónitos al ver el programa de actuaciones del presidente que, sin tratarse de unas elecciones autonómicas, participará en más de 50 actos por la geografía de la comunidad, mientras despliega a todo su Gobierno en apoyo de los candidatos socialistas a las alcaldías.

“Si consideramos que después de las elecciones municipales llega el verano y en otoño empieza la precampaña de las autonómicas y generales, si no se adelantan, aquí ya está todo vendido: la legislatura ha terminado”. Es decir, según se asegura en círculos económicos influyentes, Andalucía estará un año con el Gobierno congelado a pesar del cálido verano que se espera, sin perspectivas de superar la crisis, más grave aún en esta comunidad, y con el índice de paro disparándose por encima del millón de afectados.

El Gobierno andaluz se deja al margen la situación económica para desesperación de quienes exigen medidas urgentes contra la crisis. En el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, sólo se habla de elecciones municipales. Y no es extraño. El futuro de Griñán depende de ellas, y sobre todo de alcaldías como la de Sevilla y Jaén, mantenidas hoy por el PSOE con el apoyo de IU. De hecho, estas dos provincias serán las únicas que reciban la visita de Rodríguez Zapatero, una prueba de que en el PSOE-A aún creen que el presidente tiene algo que aportar, aunque sea en el capítulo de agradecimientos a quien se va, que suele ser un sentimiento muy socorrido.

Un presidente bajo presión

Tanta es la urgencia electoral que le ha entrado a Griñán, urgencia que paraliza la acción de gobierno, que esta semana Canal Sur ha tenido que anunciar que suspendía una entrevista con el presidente, ante la advertencia de Javier Arenas, que estaba dispuesto a denunciar el caso en la Junta Electoral. La manera acelerada con que Griñán se conduce tiene mucho que ver con la presión que le ha impuesto José Blanco, vicesecretario general del PSOE, que ha encontrado en Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE-A, el ariete para empujar al presidente lejos de la depresión que le ha provocado el caso de los EREs.

En el PSOE-A han recibido un claro mensaje de Ferraz, donde están por primar los resultados electorales frente a la gestión pública: la única manera de evitar que el partido estalle en Andalucía después de las municipales y se multiplique el conflicto entre los dos sectores enfrentados es salvar los muebles, es decir, mantener las alcaldías de Sevilla, Jaén y evitar que el PP traspase la línea roja ocupando la mayoría de las ciudades de más de 100.000 habitantes y algunas diputaciones, entre ellas las de Málaga.

En cualquier caso, nada de esto sirve de consuelo a los sectores económicos de Andalucía, que en casos como el de la construcción anuncian ya paros empresariales en algunas provincias, con jornadas de cierres de empresas, para denunciar los recortes en las inversiones públicas y los pagos aún pendientes por la Junta.

El hijo de Chaves el comisionista

2011-04-27T15:57:00.000+02:00

Ver entregas anteriores de 'Iván Chaves, el comisionista":
Iván Chaves trabaja para el ex asesor fiscal de Juan Guerra
Iván Chaves ofreció a sus clientes contratos con cuatro consejerías y dos ministerios
Chaves promocionó a una empresa que pagó 28.000 euros a su hijo por presentar un informe
El hijo de Chaves intermedió para empresas ante la Junta siendo su padre presidente

“Comprábamos publicidad al hijo de Chaves sólo para hacerle un favor. No la necesitábamos”

2011-04-27T15:53:00.002+02:00

UN EMPLEADO DE CAJASOL EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TRAMA DE IVÁN CHAVES

El copresidente de Banca Cívica y antiguo presidente de Cajasol, Antonio Pulido (Efe).

Elconfidencial.com

“Cajasol no necesitaba gastarse 200.000 euros al año en los periódicos de Publicaciones del Sur, pero después de una reunión o llamada de Iván Chaves al presidente o al director de comunicación de la caja, se daban las órdenes de compra. En ocasiones se terminaba el año y ni siquiera habíamos consumido todas las páginas compradas”. Éste es el testimonio de un empleado de Cajasol -hoy dentro de Banca Cívica tras la fusión de las cajas- que ha pedido el anonimato y que relata a El Confidencial cómo obtenía las comisiones el hijo del entonces presidente de la Junta, que sólo en 2007 contabilizó una veintena de reuniones para vender publicidad de PdS a consejerías, empresas públicas y cajas andaluzas.

Iván Chaves se reunía con Antonio Pulido, entonces presidente de Cajasol y ahora de Banca Cívica, y con el director de comunicación, Javier Blanco. En esas citas se acordaba una cifra de facturación del Grupo Publicaciones del Sur, que edita decenas de periódicos, principalmente gratuitos bajo la cabecera Viva, como Viva Linares o Viva Chiclana, en distintas poblaciones andaluzas. Según la misma fuente, “el impacto publicitario estaba más que cubierto con otros periódicos mucho más representativos, pero comprándole publicidad a PdS le hacían un favor, una gracia, al hijo del presidente de la Junta", que cobraba una comisión de hasta el 50% en la facturación.

En noviembre de 2008 la facturación anual de PdS a Cajasol no era lo suficientemente abultada en función a los compromisos conseguidos por Iván Chaves, por lo que se dio la orden de gastar en un solo mes, diciembre, 54.810 euros en dobles páginas a color, en tres cabeceras, durante siete días. “Esa cantidad no tiene sentido, es carísimo para unos periódicos de ese nivel. Se trataba de contratar 200.000 euros anuales al cliente de Iván Chaves, cuando con 50.000 sería más que suficiente. Cualquier medio líder que vea esta cifra de consumo y a ese precio la doble página de uno de esos periódicos se echa las manos a la cabeza. Es evidente que había algo raro, aunque en Cajasol todo el mundo sabe cómo funcionaba Iván Chaves”, declaran desde la entidad financiera.

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El control de la Junta sobre las cajas andaluzas

Cuando Iván el comisionista quería facturar más, hacía lo que denominaban “el caminito”: llamaba al presidente de Cajasol, Antonio Pulido, que no le quedaba más remedio que recibir al hijo del entonces presidente de la Junta. Luego se reunía con Javier Blanco, director de comunicación, y se daba la orden de comprar más publicidad. “Aunque no hiciera falta, había que comprar”, sostienen las fuentes consultadas, las mismas que intuyen que a Pulido no le hacían gracia los negocios de Iván Chaves, pero terminaba cediendo, “ya que el poder de la Junta en las cajas andaluzas es enorme”.

Las fuentes consultadas aseguran que este sistema se calcaba con las consejerías y las empresas públicas reflejadas en la contabilidad de Iván Chaves: reunión con el consejero y orden de compra. Todo ello con Manuel Chaves como presidente autonómico.

En Cajasol, hoy Banca Cívica, ha causado extrañeza la reacción de Manuel Chaves tras la publicación del escándalo de su hijo en El Confidencial: “Lo de Iván Chaves lo sabía todo Sevilla. Él es discreto, pero todos lo veíamos. Además, su socio, Javier Olaegui, se ha pavoneado continuamente de las comisiones que conseguían”.

Antonio Pulido no ha contestado a El Confidencial, mientras que Javier Blanco, que eludió varias llamadas de este medio, terminó negándolo todo visiblemente nervioso y exigió que no se le citara.

La Fundación Fondo Formación, un coladero nepotista para el PSOE andaluz y sus directivos

2011-04-25T20:33:00.000+02:00

Adscrita a la consejería de empleo
Faffe es uno de los entes más importantes de los centenares que tiene la administración paralela de la Junta de Andalucía.

2011-04-25

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Durante años llevamos publicando en LD algunos de sus flecos y enchufes. Es una Fundación en la que han tenido mano directa la oligarquía del socialismo gaditano muy especialmente. Nadie la ha controlado durante años y ahora empiezan a descubrirse sus interioridades más impúdicas, como es el caso de los directivos que colocan a sus familias a mansalva.

Publica El Mundo que sus dos máximos responsables "la han convertido en una agencia de colocación" de sus familiares, con altos sueldos y bajos Fernando Villén, director general de Faffe, y su número dos, Joaquín Morales, director de Organización y Sistemas, tienen, al menos, seis parientes directos colocados en la estructura de la fundación, algunos en puestos directivos intermedios y han sido colocados al margen de los procedimientos exigidos a la Administración.

Manuel Villén Nogués es sobrino del máximo responsable de Faffe y fue contratado en 2009 por la fundación que dirige su tío con un contrato por obra y servicio con cargo a un expediente que sigue vigente.

A pesar de que la Fundación tiene como objetivo prioritario «propiciar el crecimiento sostenible de la economía andaluza y la mejora de la empleabilidad y cualificación del capital humano», Villén tiene en nómina a su hermano, Manuel, desempeña el cargo de director de Actividad de la entidad, que equivale al tercer puesto de máxima responsabilidad dentro de la Faffe.

La esposa de Fernando Villén. Concepción Ben Fernández empezó a trabajar en Faffe como técnico en una de las oficinas de la fundación en Cádiz, aunque logró al poco tiempo el traslado a los servicios centrales de Sevilla, donde mantiene su despacho actualmente.

Su cuñada, María del Rosario Ben Fernández, otra colocada, tiene la tarea de controlar la 'sucursal' de la fundación en Huelva, donde es gerente provincial de Faffe. Su perfil académico es el de licenciada en Ciencias del Mar, que no tiene nada que ver con el Empleo.

Joaquín Morales, el número dos de la Faffe y amigo de Villén desde los inicios de la entidad-, tiene colocada a su propia hermana, Araceli Morales, que desempeña el mismo puesto que la cuñada de Villén, gerente provincial, esta vez en Málaga. Además, un cuñado de Morales trabaja asimismo en las oficinas que la fundación tiene en Córdoba.

Los chanchullos de los ERE tambièn se facturaban a la FAFFE

José Albarracín Muñoz, hermano de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia Vida, fue contratado por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el 26 de julio de 2010 a instancias de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo. Su contratación se produjo a las pocas semanas del nombramiento del actual consejero, Manuel Recio, y de la llegada del equipo de este último a la Junta de Andalucía. Vitalia Vida es, junto a Uniter, una de las dos empresas de mediación que están siendo investigadas por la juez Alaya por su participación en la elaboración de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, de los que se habrían derivado numerosas prejubilaciones falsas con cargo al erario público No obstante, la mayor parte de las irregularidades se ha encontrado en Vitalia.

José Albarracín realizaba "labores de apoyo técnico" en la delegación provincial de Empleo de Almería; en concreto, en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), con un contrato por tiempo determinado. Pero el pasado 14 de marzo, con el escándalo en la cresta de la ola, la Faffe le comunicó, a petición expresa de la citada Dirección General, la finalización de la relación laboral. El pasado 13 de abril, José Albarracín presentó, no obstante, demanda de conciliación en el propio CMAC, solicitando la nulidad del despido o, subsidiariamente, la improcedencia del mismo. La cita en la que las dos partes se verán las caras está fijada para el próximo día 29, en la sede del CMAC de Almería.

Antonio Albarracín, el hermano del contratado por Empleo, prestó declaración como testigo ante la juez Alaya el pasado mes de enero como consecuencia de la actuación de un comercial de esta empresa en Sevilla, Francisco González. Según un atestado de la Policía Judicial para la juez instructora, González y el intermediario Juan Lanzas incluyeron en el ERE del restaurante sevillano Río Grande a Carmen Fontela, vecina del primero, para que cobrase una prejubilación Sin embargo, nunca cobró, porque el comercial de Vitalia le sacaba 600 euros diarios de su cuenta corriente a través de un cajero. La cantidad se la repartía con Juan Lanzas. Francisco González y Juan Lanzas fueron detenidos y están imputados, no así el director comercial de la empresa, que sólo declaró en calidad de testigo. Fontela, ajena al caso, nunca trabajó en Río Grande.

El misterio de los enchufes del hijo de Chaves y los campos de golf

2011-04-10T20:26:00.000+02:00

CONSIGUIÓ CONTRATOS EN FIESTAS

El vicepresidente presentó a su hijo Iván a un promotor en una fiesta... que acabó contratándole para luego salir beneficiado de las políticas de la Junta.

La Junta otorgó contratos a socios del hijo de Chaves
Alarma en el PSOE por los negocios del hijo de Chaves

2011-04-09

LIBERTAD DIGITAL

Continúa la polémica en torno a las "misteriosas" relaciones laborales del hijo de Chaves, que tiene alarmado al PSOE. La última, la desvela El Mundo este sábado, que cuenta cómo se produjo la contratación por de Iván Chaves por parte de la multinacional Bogaris. El popio Rodrigo Charlo, presidente de la empresa, confirma que el expresidente de la Junta de Andalucía acudió a la fiesta de celebración del aniversario de Bogaris, donde se encargó de dar a conocer a su hijo. "Después del acto, donde se dijeron unas palabras, hubo unas copas y en esas copas está con su padre y me lo presentó, igual que presentó a quien estuviera por allí" declara Charlo a El Mundo.

Lo curioso es que, tras esa presentación, Iván Chaves fue contratado por esa empresa de promoción inmobiliaria, para buscar inversores. Por ese trabajo, la empresa del hijo del vicepresidente tercero facturó 24.300 euros en cuatro meses.

Además del más que posible "enchufe" de su hijo, se añade otra variable más a la ecuación: Bogaris promueve dos campos de golf en Cádiz, que fueron beneficiados, misteriosamente, por los cambios legislativos que llevó a cabo Manuel Chaves al frente de la Junta andaluza.

Estos proyectos de campos de golf de "interés turístico" de Bogaris están previstos para la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera, y en Barbate. Rodrigo Charlo confiesa a El Mundo que desconoce si han contratado a Iván Chaves para ayudarle a promocionar esos campos de Golf: "Lo único que sé es que he visto esa factura y que sé perfectamente de qué es. Punto" trata de zanjar.

Pero no deja de llamar la atención que la política del Gobierno andaluz diera un giro de 180 grados respecto a los campos de golf, precisamente después de ese verano en que Iván Chaves y los socios de este comenzaron a negociar su primer contrato de representación con el empresario Andrés Rodríguez Tapia, impulsor del proyecto Paraíso Golf en Jaén.

De hecho, se observan ciertos movimientos extraños dentro de la propia Junta, en el que sus portavoces se contradijeron seguidamente: la consejera de Obras Públicas anunció que habían descartado aprobar el decreto de los campos de golf, y ese mismo día Gaspar Zarrías y Chaves la contradijeron asegurando que el decreto se aprobaría, dejándolo en manos del Consejo de Gobierno. Y existe otro dato curioso: hasta 2006, Manuel Chaves recomendaba a sus alcaldes socialistas andaluces leer los informes de Greenpeace contra los campos de golf.

Finalmente, el decreto se aprobó justo antes de las elecciones de 2008. En el mes de noviembre se rebajaron los requisitos a los promotores de campos de golf de "interés turístico", retocando exprofeso la Ley de Ordenación del Territorio a través de una enmienda en un decreto ley.

Decisiones que, tomadas por Manuel Chaves, beneficiaron de manera clara y directa a las expectativas de negocio de Iván Chaves en Jaén, y de Bogaris en Cádiz. Los sindicatos y ecologistas se quejaron de este cambio de tendencia respecto a los campos de golf, pero Chaves desoyó sus argumentos, que antaño tanto recomendaba atender.

Mercedes Alaya: la juez con club de fans que tiene en jaque a la Junta

2011-04-10T20:17:00.000+02:00

INVESTIGA LOS ERE FRAUDULENTOS

Seria, concienzuda, puntillosa y reservada. Así es la magistrada que ha puesto en jaque a la Junta de Andalucía.

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Alaya, el azote de la Junta

Fotos: Mercedes Alaya, el azote de la Junta
Griñán saca las uñas en 'El País'
Querella contra 26 personas por los ERE
La Junta entrega por fin en sobres lacrados
Alaya aprieta las tuercas a la Junta

2011-04-10

LIBERTAD DIGITAL

Hace algunos meses, el nombre de Mercedes Alaya no resultaba apenas mediático. Llevaba desde 1998 al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, pero su trayectoria no le había hecho saltar a los grandes titulares más que en contadas ocasiones.

Hasta que los ERE fraudulentos de la Junta han ido convirtiéndola en una figura cada vez más mediática. Alaya tiene sobre la mesa esta investigación, y ya se ha hecho con más de 150.000 folios en referencia a las prejubilaciones irregulares; pero también está encargada de dilucidar el corrupto entramado del caso Mercasevilla.

Pero el caso que verdaderamente la "catapultó" a la fama fue la gestión del Real Betis. Su investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera le hizo ganarse la consideración de muchos béticos, que vieron con buenos ojos el auto que supuso el fin de la Presidencia de Lopera.

Mercedes Alaya está casada y tiene dos hijos. Tiene 40 años y lleva más de 23 ejerciendo la judicatura, pasando por varios destinos. Nada más ingresar en la carrera en 1988, estuvo en un juzgado de instrucción en Carmona, donde permaneció un año. Después pasó a Fuengirola otros dos años, para acabar haciéndose cargo del juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla, hasta 1998. Y en adelante hasta la actualidad, se ocupa del juzgado de instrucción número 6 de la capital hispalense.

De sus dos décadas de ejercicio profesional sus compañeros destacan, por encima de todo, su profesionalidad y rigor. Poco dada a confraternizar con otros magistrados, se mantiene distante en los encuentros sociales de los Juzgados, idéntica tendencia que exhibe con la prensa. Pasa rauda y veloz cada mañana frente a la puerta de los juzgados, cargada con una pesada trolley en la que porta folios y folios de documentación sobre los casos que investiga.

Sus compañeros aseguran que apenas para a comer, y que suele almorzar en el despacho un sándwich, y prolongar su trabajo más horas de las que debería. Al finalizar la jornada, coge un taxi y regresa a casa. De ahí en adelante poco se sabe de ella.

Dura, puntillosa y muy reservada. Alaya no se ha dejado intimidar por las continuas presiones de quienes investiga, y no tiene problema en lanzar ultimátums –como el que le planteó a la Junta la semana pasada- si considera que no le están proporcionando la información que requiere. Han intentado recusarla, quizás con intereses oscuros, pero nunca ha salido adelante.

Llama la atención que de esta magistrada hermética, de la que tan poco se sabe, cuente ya con un club de fans. Creado en la página de Facebook, suma ya casi 1.600 personas que alaban su labor, y también su aspecto.

Torrijos, el comunista de la mariscada, imputado en el caso Mercasevilla

2011-04-07T23:03:00.000+02:00

Teniente de alcalde de sevilla
El líder y candidato de IU en Sevilla, actual teniente de alcalde, ha sido imputado en el escándalo de Marcasevilla.

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Mariscadas, EREs y malas caras

Fotos: Los rostros de los escándalos que esconde el PSOE
Torrijos volvió a mentir: la mariscada la pagó Mercasevilla
¿Quién es la X de la factura de la mariscada de Torrijos?
El concejal de la mariscada: "Ya veremos cuándo respondo"

2011-04-07

Libertad Digital

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha resuelto la imputación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, candidato de IU-CA a la Alcaldía y exvicepresidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, en las diligencias incoadas en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos del mercado central de abastos.

Los derechos de superficie de los terrenos fueron adjudicados a 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial del grupo constructor Sando, pese a que concurría una oferta superior por parte del grupo Noga y la juez atisba una "responsabilidad y activa participación" de Rodrigo Torrijos en la lonja e "indiciariamente y de modo especial" en el citado concurso.

En un nuevo auto rubricado el pasado 4 de abril y recogido por Europa Press, la juez Alaya profundiza en la investigación incoada en cuanto al concurso mediante el que 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' se alzó con los derechos de superficie de los suelos del mercado central de abastos de Sevilla, pese a que al procedimiento promovido para enajenar estos terrenos concurría una oferta superior del grupo Noga. Se trata, en concreto, de una de las líneas de investigación promovidas por la juez Mercedes Alaya en torno a la gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y sometida a estas indagaciones desde que, a comienzos de 2009, fuese descubierto un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a manos de Fernando Mellet y Daniel Ponce, por aquel entonces director general y director adjunto del mercado central de abastos.

En estas diligencias, la juez ya sumaba otras 15 imputaciones anteriores a la de Rodrigo Torrijos, figurando entre los imputados el exgerente de Urbanismo, Manuel Marchena, el vigente gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán, el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados en esta línea de investigación la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.

De regreso a este nuevo auto, la juez ha admitido en la causa, "como parte perjudicada", a la asociación de mayoristas de fruta y hortalizas del mercado central de abastos de Sevilla, accionista minoritario de la sociedad mixta gestora de la lonja al poseer el 0,168 por ciento del capital social. El gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, a través del despacho de abogados 'Salas & Donaire', promovía su personación en la causa formulando además denuncia contra el primer teniente de alcalde del Consistorio hispalense y ex vicepresidente de la compañía, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), por un posible delito societario. Y es que de los hechos investigados, según los mayoristas de fruta, se deducía un "perjuicio económico" para Mercasevilla, que cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y que ha saldado 2010 con 381.560 euros de pérdidas.

Precisamente sobre el papel de Antonio Rodrigo Torrijos en Mercasevilla, Mercedes Alaya entiende que, "del resultado de las pruebas practicadas, se deduce su responsabilidad y activa participación en los asuntos de la referida unidad alimentaria e, indiciariamente y de modo especial, en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos de la misma a 'Sanma', por lo que merced a tales pruebas y la denuncia del gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, resuelve "instruir" al primer teniente de alcalde el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "como imputado", pidiéndole así que designe a un abogado y a un procurador. Antonio Rodrigo Torrijos, como se recordará, fue miembro tanto del consejo de administración del mercado central de abastos, como se su comisión ejecutiva.

Dado el caso y "habida cuenta de su condición de imputado", la juez señala que "no ha lugar" a la petición del PA, también personado en las diligencias, para que Rodrigo Torrijos fuese llamado a declarar como testigo. Igualmente, y tras haber declarado también como imputado el pasado 16 de marzo gerente de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Miguel Ángel Millán, la juez reclama "nuevamente" a su departamento "copia íntegra y compulsada" de los expedientes relativos a la urbanización de la parcela UA-AE-4 del mercado central de abastos y de la licencia de primera ocupación concedida a 'Sanma' sobre los edificios levantados en tales suelos.

Finalmente, la juez reclama a la Policía Judicial que informe "sobre el departamento o servicio de la Gerencia de Urbanismo encargado de revisar la finalización de las obras de urbanización con carácter previo al otorgamiento de la licencia de primera ocupación", interesándose además por las personas responsables de tales labores en las fechas sujetas a investigación. De hecho, solicita la juez en concreto que la Policía Judicial averigüe "si el técnico que inspeccionó dichas obras fue Alfredo Delmo Suárez".

La Junta entrega por fin en sobres lacrados las 480 actas a la juez de los ERE

2011-04-07T22:59:00.000+02:00

GUARDADAS EN UN ARMARIO ACORAZADO

Tras varios ultimátum, Griñán ha acatado la petición de la juez Alaya. Se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal.
El primer teniente de alcalde de Sevilla, imputado
CCOO frenó con amenazas una investigación sobre los ERE

2011-04-07

Libertad Digital

Personal de la Junta de Andalucía ha depositado sobre las 14.15 horas de este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, en 11 sobres lacrados, que había solicitado la magistrada encargada del caso, Mercedes Alaya, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Las actas se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente. El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha dicho a Efe que las 480 actas se conservarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales".

Dicho lugar y los detalles de la custodia no han sido desvelados por las mismas razones de seguridad y responden a la petición hecha esta mañana por Guillermo Muñoz, coordinador del área de justicia de la delegación del Gobierno de la Junta a la juez de instrucción 6.

La Junta benefició a la firma Abengoa tras contratar a Paula Chaves

2011-04-07T13:55:00.000+02:00

171 MILLONES EN PROYECTOS

La familia Benjumea logró 171 millones en adjudicaciones, y 3,7 en ayudas, tras contratar a la hija de Chaves como apoderada de Abengoa.
Griñán: "Chaves es una persona honorable"
La Junta otorgó contratos a socios del hijo de Chaves
La familia Chaves o la vía socialista al capitalismo

2011-04-07

LIBERTAD DIGITAL

La familia Chaves y sus negocios en Andalucía siguen dando que hablar. Tras los negocios de Iván que alertan al PSOE, la pequeña de la familia, Paula, vuelve a dar que hablar. Primero fueron los 10 millones que la Junta dio a Matsa con la hija del ex presidente andaluz como apoderada. Y ahora es la empresa Abengoa, que recibió multitud de contratos del Ejecutivo autonómico una vez que contrató a la pequeña de la saga para ese mismo puesto.

Según informa El Mundo este jueves, una recién licenciada Paula estuvo vinculada a Abengoa, cuyas filiales recibieron numerosas adjudicaciones y subvenciones por parte de la Junta.

La hija de Manuel Chaves llegó a acumular apoderamientos en cuatro sociedades anónimas dependientes de Abengoa. En las tres primeras estuvo hasta junio de 2009 y en la última hasta julio de 2007. Hay que tener en cuenta que muchas de las gestiones realizadas por esta apoderada darían sus frutos meses después de que abandonara las empresas de Benjumea.

En este sentido, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge que desde 2006 a 2010 la Junta dio adjudicaciones a Abengoa por un valor de más de 171 millones de euros. En muchos de los casos los contratos se sacaron a concurso mediante procedimiento negociado. También se produjo una lluvia de subvenciones a la empresa apoderada por Paula. Hasta 3,7 millones en ayudas a través de la Junta o de empresas públicas dependientes del Ejecutivo andaluz.

La juez de los ERE da tres días a la Junta para que envíe las actas

2011-04-05T17:31:00.000+02:00

ULTIMÁTUM TRAS LA REITERADA DESOBEDIENCIA
La juez Mercedes Ayala ha dado un plazo de tres días a la Junta para que le envíe las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001.
UGT y CCOO cobraron el 1% de los ERE
La jueza vuelve a exigir las actas de los ERE
La Fiscalía Anticorrupción intervendrá en el caso ERE

2011-04-05

LIBERTAD DIGITAL

La juez que investiga las presuntas irregularidades en los ERE, Mercedes Alaya, ha pedido a la Junta de Andalucía, como medida cautelar, que en el plazo de tres días le envíe "copia compulsada o testimonio" de las actas de los Consejos de Gobierno desde el año 2001.

En el auto, con fecha de ayer y notificado hoy a las partes, la juez Alaya, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que instruye esta causa, advierte a la Junta de que, en el caso de no cumplir este requerimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar recogido en el artículo 468 del Código Penal. En este auto, la juez advierte al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia en el caso de no cumplir estas medidas cautelares.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha informado hoy en rueda de prensa de este nuevo auto de la juez y ha dicho que, "una vez más, la juez ha tendido que dar un ultimátum de 72 horas a la Junta" lo que demuestra que el Gobierno autonómico "está obstruyendo a la Justicia".

Este nuevo auto se produce una vez que el Gobierno andaluz ratificara ayer ante la juez su negativa a entregarle todas las actas desde 2001 de los Consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas, y se ofreciera a enviarle "toda la información relevante" para la causa.

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha asegurado que la Junta "no tiene ningún tipo de reparo inicial" a atender la medida cautelar planteada por la juez. En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que esta nueva fórmula que plantea la magistrada de entregar las actas de los Consejos de Gobierno en un sobre precintado no plantea "ningún tipo de reparo inicial" a la Junta porque "salvaguarda la confidencialidad" de estos documentos hasta que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, en relación con la competencia de la juez "para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", ya que el Ejecutivo andaluz "carece de jurisdicción" para ello.

Aunque ha negado en todo momento tener "ánimo de polemizar" con la juez Mercedes Alaya, la titular de la Presidencia sí ha expresado por primera vez un "juicio crítico" con el "tratamiento" que recibe la Junta en los autos de la magistrada a pesar de que es "parte acusadora" y "colabora al máximo" en la investigación.

"En la guerra Griñán-Chaves habrá muertos"

2011-04-05T12:23:00.000+02:00

Explica la dimisión de Pizarro

El colaborador en Andalucía de Libertad Digital explica la dimisión de Pizarro como consejero de la Junta de Andalucía.

Audio: Pedro de Tena explica la dimisión de Pizarro
Crisis sin precedentes en el PSOE andaluz tras la dimisión de Pizarro
La saga de los Pizarro
CAPÍTULO III: El otro Pizarro, el Pepiño Blanco de Chaves

2011-04-05

esRadio

Este lunes saltaba la noticia de la dimisión del consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro. El colaborador de Libertad Digital en la comunidad autónoma andaluza, Pedro de Tena, explica que es fruto de la guerra entre Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Pedro de Tena ha asegurado en Es la Mañana de Federico que "es una tragedia griega que hay que encuadrar en la guerra nacional en la que habrá muertos". Tena ha recordado que "Griñán es el candidato de Zapatero que presionó a Chaves para que dejara la Junta por los escándalos de su hija".

Sin embargo, Manuel Chaves "intenta controlar el partido andaluz desde Madrid y aquí empieza el drama". El antecedente más claro de la dimisión de Pizarro lo encontramos "cuando Griñán, nada más asumir el cargo de secretario general, se carga al vicesecretario general que no es otro que Luis Pizaro". El motivo es que "no se puede ser presidente de la Junta sin controlar el partido internamente".

Según Pedro de Tena el segundo, y más reciente, antecedente es "la candidatura de las municipales en Jerez". En la localidad "hay una alcaldesa griñanista, Pilar Sánchez, que se enfrenta al aparato de Cádiz, pizarrista". Todo termina con "la eliminación de todo rastro de pizarrismo por parte de la alcaldesa y con la destitución de Grabriel Almagro por parte de Griñán". Algo que "hace que Pizarro salte".

Al mismo tiempo, Pedro de Tena ha subrayado que debajo de todo subyace los casos de corrupción de los ERE. "Pizarro ha controlado desde la consejería de empleo todo lo que es el fondo formación, todo lo que generaba empleo para los afines".

Por último, Tena ha remarcado la diferencia entre Pizarro y Zarrías, "Pizarro es fiel al imperio mientras que Zarrías es Tigelino, la crueldad personificada pero no es del Imperio".

Un divorcio y un extraño robo, tras las sospechas sobre el hijo de Chaves

2011-04-05T12:19:00.000+02:00

Comisionista en empresas públicas

Tras la implicación de la hija de Chaves en el caso Matsa, ahora es su hijo mayor el que está bajo sospecha. El PSOE está preocupado.

Los negocios del hijo de Manuel Chaves provocan la alarma en el PSOE

2011-04-05

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Tras una tensa separación familiar de su hasta ahora esposa, Rocío Cabet del Castillo, y tras un extraño robo en las dependencias de su empresa - durante muchos meses su propio domicilio -, el hijo mayor de Manuel Chaves, Iván Chaves Iborra, afronta la acusación de ser comisionista de empresas e instituciones públicas, acusación que parece fundada en sus propios papeles desaparecidos de su oficina que ha intentado hacer aparecer como robo. El caso se parece al que en su día protagonizó Juan Guerra con su esposa, Ángeles López Rubio, que entregó papeles comprometedores a la oposición política para que se iniciara la operación antiGuerra que fue conocida como el caso Guerra y que terminó con la dimisión del entonces vicepresidente, Alfonso Guerra, en 1991.

La acusación podría tener fundamento en los propios papeles desaparecidos del joven Chaves que denunció su extravío intentando aparentar que habían sido objeto de robo, aunque las desaveniencias familiares podrían estar asimismo tras este extraño suceso, ya que la oficina de Iván Chaves estuvo durante meses en el propio domicilio. En algunos de ellos, el propio Iván Chaves podría referirse a él mismo como comisionista de las administraciones públicas.

Libertad Digital, en su Tela de Araña del Decretazo numero 109, informó también hace días de las relaciones de Iván Chaves con el padre de uno de sus socios. Y decíamos: "También estuvo en Extenda, la empresa 'internacional' de la Junta donde trabajaba Rocío Cabet del Castillo, la ex esposa de Iván Chaves Iborra, don Julio Moreno Ventas, que fue alto cargo y que en la actualidad es consejero de Turismo nombrado por el PSOE en la Embajada de España en Argentina. Este Julio Moreno Ventas es el padre de Julio Javier Moreno Valseca . Según algunas fuentes, la relación entre Iván y Julio Javier sería empresarial".

En el caso del hijo de Manuel Chaves, cuenta esta madrugada El Mundo, que "sus movimientos empezaron a llamar la atención al hacerse cargo de la comercialización del alquiler de los locales del proyecto Metropol-Parasol, un ambicioso proyecto urbanístico del Ayuntamiento de Sevilla, presidido por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Se calcula que ese negocio mueve medio millón de euros al año, de los que Iván Chaves se lleva una comisión como intermediario."

La empresa es la sociedad limitada Cexmark Soluciones, constituida ante notario el 29 de diciembre de 2006. El hijo de Chaves se hizo con 30 de las 31 participaciones de la compañía (96,8 por ciento), mientras que la última se la quedó una cuñada, según consta en el Registro Mercantil. Varias vallas publicitarias con los anagramas de Sacyr y del Ayuntamiento de Sevilla invitan desde hace meses a alquilar los locales llamando a un número de teléfono. Es el que corresponde a Javier Olaegui de la Infiesta, socio del hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía en Núcleo de Inversiones y Negocios SL, la otra firma en la que aparece actualmente Iván Chaves y que se dedica a la "compraventa y/o arrendamiento de inmuebles".

El PP ya ha hecho públicas sus sospechas de que Iván Chaves pudiera estar recibiendo un trato de favor. "Podría ser una coincidencia, pero cuando las coincidencias se repiten, dejan de ser coincidencias y son cuestiones planificadas", ha advertido Beltrán Pérez, concejal popular sevillano.

Por si fuera poco, el arquitecto Felipe Palomino, sobrino de Felipe González, fue el encargado de realizar el proyecto de musealización de los restos arqueológicos hallados en el solar de la Encarnación y la dirección de las obras. Por ambos contratos, obtuvo unos 210.000 euros adjudicados directamente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha sabido Libertad Digital, el grueso de la información sobre este caso la tiene el periodista Melchor Miralles que la hará pública mañana en "El Confidencial" aunque esta madrugada a las 1:16 aún no había sido subida a la página.

Hace dos años que Libertad Digital alertó del caso Iván y del casao Paula Chaves

Libertad Digital publicó el 11 de enero de 2009 que la vía socialista al capitalismo empezaba por los hijos de Manuel Chaves. Y decíamos que en Andalucía, la originalidad del socialismo andaluz era haberse constituido en vía de acceso al capitalismo, eso sí, penetrado, y a ser posible dirigido, por militantes socialistas, no sólo científicos sociales de la ingeniería social socialista sino asimismo expertos en los recovecos del mercado "bien gobernado" del capitalismo. Ele el arte. Para ejemplo y primeros de la fila, hoy, los hijos de Manuel Chaves.

Los hijos de Chaves

Iván y Paula Chaves Iborra son los hijos del presidente andaluz, Manuel Chaves, un veterano socialista, derivado del clan de la tortilla y su foto correspondiente. Pero lejos de comprender como su padre las verdades abstractas del materialismo histórico y de romperse la cabeza para seleccionar entre todas ellas las vías adecuadas para el socialismo, han elegido la buena nueva de muchos militantes, parientes y amigos del socialismo sureño: la vía socialista al capitalismo. Y nada mejor para ello que coger el atajo de las sociedades anónimas o limitadas, corazón jurídico del sistema, como formación básica y camino seguro hacia el objetivo.

Empecemos porIván Chaves Iborra. Según el registro mercantil, aparece como administrador en tres sociedades mercantiles llamadas:

Exiden Participaciones S.L. CIF B91586958

Cexmark Soluciones S.L. CIF B91605501

Núcleo de Inversiones y Negocios S.L. CIF B91764068

La primera de ellas, Exiden Participaciones SL, se dedica al ignominioso arte de "la adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación, bien por cuenta propia o ajena, así como la realización de toda clase de inversiones en bienes inmuebles y derechos reales constituido sobre los mismos, y así como en valores mobiliarios, títulos, valores y activos financieros de cualquier clase, esto último, siempre por cuenta propia con respecto a la vigente legislación sobre mercado de valores." O sea, lo peor del capitalismo, las inmobiliarias, y lo peor del capitalismo bursátil, lo mobiliario.

La segunda, Cexmark Soluciones SL, se dedica a "la realización, gestión y prestación de servicios de asesoramiento y asistencia en los ámbitos técnicos y del sector de la construcción e inmobiliario en general, financieros, fiscales, laborales, empresariales, contables de estimación y valoración de activos y empresas". Más de lo mismo.

La tercera, Núcleo de Inversiones y Negocios SL, abiertamente a la cosa impura del tráfico de los inmuebles y otros menesteres menores: "La compraventa y/o el arrendamiento de inmuebles; labores de asesoramiento y consultoría de empresas, así como la prestación de servicios de agencia comercial".

Paula Chaves Iborrasalió bien colocada de partida porque, en un pispás, pasó a formar parte de uno de los grupos industriales y económicos más fuertes del capitalismo tradicional andaluz y nacional: el imperio de los Benjumea, esto es, Abengoa y empresas asociadas y diversas. De hecho participa en las siguientes sociedades:

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTE SA A78107349

TELVENT HOUSING SA A82232448

REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS

TRAFICO INGENIERIA SA A33088758

REGISTRO MERCANTIL DE HUELVA

MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA A81336877

Las primeras, todas ellas, incluso Tráfico Ingeniería, SA, pertenecen al universo empresarial comandado por los hermanos de Abengoa.

De todas ellas, la más interesante es la cuarta, Minas de Aguas Teñidas, SA, a la que se ha incorporado hace bien poco tiempo y en la que nos tememos, decíamos en 2009, habrá sorpresas futuras. Ya saben cómo luego Manuel Chaves, como presidente de la Junta, concedió unos incentivos director a la empresa por importe de 10 millones de euros.

UGT y CCOO cobraron el 1% de cada uno de los ERE fraudulentos de la Junta

2011-04-04T12:55:00.001+02:00

HASTA 7 MILLONES CADA UNO

Estos sindicatos no actuaron pese a las denuncias de los fraudes. En total cobraron entre el 0,5 y el 1% del coste total de las prejubilaciones.

2011-04-04

LIBERTAD DIGITAL

La juez Mercedes Alaya asegura que entre 2001 y 2011 la Junta de Andalucía destinó unos 700 millones de euros a pagar prejubilaciones. Y los sindicatos se habrían llevado entre 3,5 y 7 millones de euros tanto CCOO como UGT por los ERE del Gobierno andaluz.

Según ha podido saber Libertad Digital, en el ERE de Bolidén había un apunte contable de 10000 euros para cada una de las centrales, UGT y CCOO.

Según informa El Mundo, estas cantidades destinadas a los sindicatos se justifican como honorarios por asesoramiento y se producían mediante acuerdos verbales entre CCOO y UGT con la Consejería de Empleo, que incluía las comisiones en los gastos de gestión de los ERE.

En este sentido, estos dos sindicatos recibían el dinero a través de empresas participadas por ellos mismos, que emitían facturas para tramitar los ERE. Así, la Junta pagaba en torno al 1 por ciento a un mediador por realizar los cálculos necesarios y buscar la mejor oferta entre las aseguradoras. Pero en la práctica, los sindicatos "cobran por facilitar a los brokers los datos de los trabajadores."

De este modo, los mediadores no realizaban los pagos directamente a CCOO y UGT sino a sus propias agencias de corretaje de seguros. "Esto se ha hecho así desde tiempo inmemorial, ya existía en los años 90", afirma un colaborador de la Junta.

Según varias fuentes, si no hubiera habido comisiones para los sindicatos no se hubieran cerrado los ERE. Pero sólo UGT y CCOO cobraron por ello bajo el argumento de que "los otros sindicatos se niegan a firmar los ERE. Si CGT y USO no quieren firmar, pues no son necesarios". Precisamente fue USO la que destapó el presunto fraude en el ERE de la Base de Morón.

La juez ve «sorprendente» que Merca no haya rebajado plantilla tras dos ERE

2011-04-03T23:26:00.000+02:00

Sevilla
El ex gerente, Fernando Mellet, pide amparo al Constitucional para recusar a Alaya

A. g. / sevilla

Día 02/04/2011 - 21.25h

gogo lobato

El exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las prejubilaciones fraudulentas detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha desestimado una petición de la Fiscalía para que dos peritos del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social «auxilien» a esta instancia en el análisis de la documentación. Entre otros argumentos, la juez esgrime que le resulta «cuanto menos sorprendente» que la Inspección de Trabajo «no hiciera la menor reseña o reparo» al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, pues el procedimiento respondía a las mismas «causas» que el ERE de 2003, tras el cual fue contratado «prácticamente el mismo número de trabajadores» prejubilados. Como es sabido, Alaya, ha imputado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados José Antonio R. M. y Antonio Garrido Santoyo, en el marco de la línea de investigación promovida para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo impulsados en 2003 y 2007 desde esta lonja pública participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Por otra parte, el ex gerente del mercado, Fernando Mellet, ha elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla que rechazó la recusación planteada contra la juez Mercedes Alaya, por el trabajo de su marido como auditor de las cuentas de la sociedad mixta, ya que la Audiencia entendía que la recusación planteada «carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso por la causa consistente en tener interés directo o indirecto, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva». En este sentido, el letrado de Fernando Mellet revela que ha presentado este recurso de amparo —de más de 100 folios de extensión— pues entiende que existen motivos suficientes para la recusación, que inicialmente fue planteada por la defensa de la representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo.

La lista del decretazo 15: el cuento de nunca acabar

2011-04-03T23:19:00.000+02:00

León Felipe, viejo poeta español, sabía todos los cuentos y sabía que la inocencia del hombre se ahoga con cuentos.

2011-04-03

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Uno de ellos fue el cuento de la honradez, es decir, el cuento de no aprovecharse de las mieles del poder, el cuento de permanecer íntegros y desinteresados en el manejo del dinero público, en el respeto de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos para acceder a puestos administrativos y empleos públicos. Ya sabemos un cuento más. Sigamos con nuestra lista.

José María Domenech Mata es un alto funcionario de la consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que ha conocido y conoce todos los caminos y todos los atajos. No sabemos si ama al PSOE, pero sí sabemos que ama a su familia. El camino del nepotismo no sólo se ciñe a la oligarquía del PSOE andaluz sino que habita asimismo entre algunos altos funcionarios heredados.

Domenech, además, es administrador del Centro Docente María Sociedad Anónima, A41059403, a cuyo desarrollo, a partir de una guardería y del centro Celemín, la Junta nunca opuso reparo alguno. Domenech fue asimismo administrador de Celemín SA.

Don Manuel Barrios en su serie "Oposiciones con trampas" ya denunció con pelos, señales y valor, los procedimientos de la Junta de Andalucía en las oposiciones ordinarias. En 1998, desveló que cinco grupos de opositores habían denunciado las pruebas por irregularidad manifiesta. Y decía Barrios que "la cúpula de Gobernación ha convocado pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición «libre», para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Código D 1000. Magnífica iniciativa, si no fuera porque en tal convocatoria se detecta una ilegalidad que puede ser recurrida, ante el Tribunal Constitucional o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de manera fulminante. El punto 1,4 de las bases dice que «para acceder a la fase de oposición será necesario obtener en dicha fase de concurso una puntuación mínima de 4». Esto es anticonstitucional y socava los cimientos de la función pública, ya que los puntos han de sumarse siempre al final de la oposición si los aspirantes han aprobado, nunca antes ni poniendo una barrera para colocar a los amigos del poder.

Sólo por esto, ya merecería investigar el memorial de oposiciones de la Junta andaluza.

Pero es que además, los miembros del tribunal hablaban por sí mismos. Presidenta, Julia Serrano Checa, antigua interina del Grupo A, ex secretaria general técnica de la Consejería de Gobernación y entonces secretaria del Instituto Andaluz de Administración Pública cuyo director era Juan Luque Alfonso, "de quien me dicen que pertenece al Grupo A «gracias a unas oposiciones organizadas por su amigo Antonio Torres, alcalde del Ayuntamiento de Lebrija". Serrano Checa fue imputada en el Juzgado de Instrucción n. 17, que investigaba el «caso Impiasa» e Imprenta Mora (tragaperras de Écija), del caso Juan Guerra, por adjudicaciones irregulares y gastos electorales fraudulentos. Su amigo el viceconsejero la mandó un año entero a su casa, para que estudiase. "Por supuesto, añade Barrios, en las oposiciones del año 94, con su amigo Juan Luque custodiando la caja fuerte que guarda los exámenes, la señora Serrano aprobó las del Grupo A..."

Presidente suplente de este tribunal era Francisco Sanabria Estévez, jefe del Servicio de Legislación en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Gobernación, puesto de trabajo conseguido a dedo, sin concurso de méritos.

Pero, y es lo que nos interesa, miembro de aquel tribunal era José María Domenech Mata, "antiguo letrado de AiSS (funcionario, por la cara, del Sindicato Vertical del Movimiento: oposiciones con los libros encima de la mesa). Jefe del Servicio de Formación Ocupacional en la Consejería de Trabajo, tuvo que marcharse «deprisa y corriendo», hace cuatro o cinco años, al descubrirse presuntas irregularidades en los pagos de subvenciones a las empresas que organizan los cursos. Luego fue "adjunto al director general de Política Interior con nivel 30, secretario de la Comisión del Juego y Apuestas de Andalucía, involucrado en la escandalosa adjudicación del Casino de Sevilla, por tener que informar las diferentes propuestas. Todos los puestos que ha ocupado en la Junta de Andalucía han sido gracias al dedo del poder, con magníficas retribuciones, jamás sometido a concurso de méritos y, por tanto, muy agradecido al mencionado dedo".

Y terminaba Barrios con una pregunta: "¿Acaso es posible pensar en la profesionalidad e independencia de unos estómagos agradecidos a la Consejería de Gobernación?

Pues viene esto a cuento porque José María Domenech Gómez, hijo del ya mencionado Domenech Mata, trabaja en el GREA, Grupo de Rescate y Emergencias de Andalucía, al menos desde 2007. Pero no figuraba en las listas de especialistas admitidos para las pruebas, que obran en nuestro poder. ¿Y cómo entra uno en el GREA sin estar en la lista de los que iban a hacer la oposición? A lo mejor iba en la lista de Jefes.

Y además, ha sido representante de sus compañeros por CC.OO.

Y ahora añadamos algunos nombres más a la lista:

Según la documentación de ABC, Egmasa contrató el 5 de marzo de 1998 al ex alcalde de la localidad granadina de Cúllar, Angel Martínez Lara, para realizar tareas comerciales, preferentemente ante las corporaciones locales. Este contrato de seis meses fue prorrogado seis más desde el 5 de septiembre al 4 de marzo del año siguiente. En concreto, su trabajo era el de efectuar «gestiones de mediación y venta de los productos, servicios y actividades en general de la empresa». Igualmente, la empresa «facilitará a Angel Martínez Lara los nombres de los clientes a los que, en la zona objeto de este contrato, el trabajador habrá de prestar sus servicios». Las zonas geográficas del contrato eran las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén.

No tiene que ver con nuestra lista pero es gracioso. Al llegar a su nuevo destino en la Delegación de Jaén de la Consejería de Empleo la nueva delegada, Irene Sabalete Ortega, nombrada hace unos meses con el mérito de ser hija del Alcalde de Torre del Campo (PSOE), Blas Sabalete Ruiz, tomó conciencia de que necesitaba un asesor, alguien que le organizara su agenda, alguien que fuera "su mano derecha". Y fichó para tal cargo al encargado de mantenimiento. Si, si, el que enciende y apaga las luces, el que cambia las bombillas, el que pone la calefacción por las mañanas, etc. ataviado con su bata azul. Alejandro Rodríguez Hornos se llama y trabaja en la planta 5ª de la Delegación de Trabajo, en la C/Esteban Ramirez de Jaén.

Tal vez Sabalete y Hornos se conocían anteriormente. Tal vez en la Utedlt Loma Occidental (Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico). Indicios hay en Facebook.

Pero Hornos tenía experiencia porque aparece como asesor en los convenios colectivos de la construcción en los que participaba la Delegación.

Hay quien cree que es cuñado o sobrino de Gaspar Zarrías Arévalo, pero tal coincidencia resulta increíble. "El arquitecto", le llaman.

Por cierto que Blas Sabalete fue imputado por la Fiscalía en 2010 por no ordenar el inicio de expedientes sancionadores contra infractores de irregularidades urbanísticas. El Delegado del Gobierno y Vicesecretario Provincial del PSOE en Jaén llegaron incluso a decir que lo apoyarían si quería ser de nuevo candidato.

La semana que viene seguiremos.

Ya son tres las Consejerías implicadas en los ERE y el fondo de reptiles

2011-03-30T00:17:00.000+02:00

LOS ERE 'MUERTOS' PODRÍAN SER MÁS DE 100

Hace ya meses que lo determinó Libertad Digital . Decíamos entonces que en realidad eran cinco consejeros, por lo menos, los implicados.

Pedro de Tena / Antonio Barreda

"El primero de todos ellos y presuntamente inventor del sistema del "fondo de reptiles" es José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo del gabinete de Manuel Chaves entre 2001 y 2004. Cómplice tuvo que ser de su método el entonces director general del IFA, Antonio Fernández, que fue nombrado consejero de Empleo en 2004 con cese en 2010. El tercero de ellos, Manuel Recio porque el sistema ha seguido funcionando sin que él lo hubiera denunciado. Pero además, hay un cuarto consejero implicado, Francisco Vallejo Serrano, responsable directo de la Agencia IDEA cuando esta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009, sustituyéndole Martín Soler, responsable del PSOE de Almería, que siguió con el sistema." Esto es cinco y por pura deducción lógica-política. Además de ellos, tienen que estar implicados un número por determinar de directores generales y directivos de las empresas beneficiadas irregularmente.

Poco a poco se va desbrozando la realidad del caso y apareciendo responsables. El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos cuenta ABC. Vallejo recibió también un escrito del interventor general de Hacienda con acuse de recibo de Correos en el que le decía que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta.

Por tanto, como mínimo tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán— y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también sabía del fondo de reptiles.

Y era lógico políticamente. Por una parte, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que dependía la responsabilidad de 647 millones no podía desconocer la existencia de ese fondo. La Consejería de Empleo, que lo administraba, tampoco. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una de cuyas agencias se utilizaba para la transferencia del dinero, tampoco.

La novedad es que aparece otra vez un documento de Intervención General de la Junta. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE.

El documento lleva fecha del 22 de julio de 2005, con años de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Ya se sabe que poco antes de este escrito, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Ese es el informe del que la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dice ahora que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán, para salvarlo de futuras catástrofes políticas.

O sea, que el fondo de reptiles como sistema de tramitación de ayudas en lugar del procedimiento legal de subvenciones excepcionales fue cuestionado por Intervención general en 2005, 2006 y 2007. Naturalmente, esto implica que el sistema ha sido aplicado a todos los ERE producidos desde, al menos 2002. Pero el consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, no quiere investigar los ERE «muertos» o ya vencidos, que superarían el centenar y sobre los que la jueza Mercedes Alaya ha ampliado las pesquisas.

El convenio urbanistico "universitario" de Valadez, plagado de irregularidades. Estaba bajo secreto de sumario.

2011-03-27T14:01:00.000+02:00

El convenio de Valadez tiene más edificabilidad y menos plusvalías para la ciudad. Son las sombras del acuerdo. Hidalgo prometió a Barrientos 24 millones de euros para la construcción del campus; 400.000 euros para la Residencia de Ancianos y 3´3 millones de euros para los colonos. Nada de esto se cotempla en el nuevo convenio de Valadez. Ha sido promovido estando bajo secreto de sumario.

ATC

Barrientos con Valadez y Rodríguez, los denunciantes de Astapa

    El semanario Estepona Información ha tenido acceso al documento manuscrito por Juan José Hidalgo Acera, presidente del grupo Globalia, en el que, en un primer esbozo de lo que sería el convenio que suscribió con el Ayuntamiento de Estepona siendo alcalde Antonio Barrientos, pone de manifiesto notables ventajas con respecto al que Valadez pretende llevar nuevamente a pleno el próximo martes.
   En el mismo se muestra bien a las claras el compromiso del empresario en la construcción de los edificios que albergarían la supuesta Universidad de Estepona, para lo cual ofreció la donación de 24 millones de euros. En el documento manuscrito, que aparece en la portada de este semanario en su última edición correspondiente a hoy sábado 26 de marzo de 2011, detalla la edificación de los suelos de la Herencia Nadal y pone de manifiesto otra serie de compromisos, afirmando con rotundidad que "me comprometo a realizar la Universidad en los terrenos de Guadalobón..."
    Según señala el citado semanario, el convenio, de gran calado para la ciudad, se desgranó en una cena en un lujoso restaurante de Marbella que previamente eligió el empresario del grupo Globalia. Allí estuvieron presentes, junto con el alcalde e Hidalgo, otros dos concejales y se analizaron todos los detalles que llevaba aparejado el convenio. Según refleja el documento, Hidalgo se comprometió a la entrega de una cantidad de 3´3 millones de euros para los colonos de los terrenos en concepto de indemnización, así como 400.000 euros a la Residencia de Ancianos para su sostenimiento. Los terrenos de Gadalobón norte pasarían a propiedad municipal y se estipuló la donación de 24 millones de euros para infraestructuras del proyecto universitario.

Nota manuscrita de José Hidalgo donde se compromete a "realizar la Universidad"

El convenio finalmente se materializó en los Convenios Docente y Urbanístico (Planteamiento y Gestión) y fue ratificado por ambas partes: Ayuntamiento y propietarios de los suelos, que estaban a cargo de Inmobiliaria Acinipo, Urbanizadora XXI y Proyectos Guadalobón S.L, en Abril de 2008, dos mese antes del inicio de la planificada "operación" Astapa. Sin embargo, según informaciones que en su día hizo públicas el citado semanario y que obran en poder de este portal, precisamente sería la venta de parte de los terrenos de Globalia a Urbanizadora XXI, también propiedad de Hidalgo, lo que posibilitó que aquel convenio no se llevase a cabo al entrar en liza un "nuevo" propietario de los terrenos.
Se da la circunstancia de que el tras inicio de la citada operación político-judicial de Astapa el 17 de junio de 2008, con el inicio de los registros y detenciones, seis días después la prensa se hacía eco de la posible imputación o declaración de este empresario ante la jueza Conejo, al igual que las varias decenas de detenidos que hasta ese día habían desfilado por el Juzgado. Sin embargo tres días después de esta revelación mediática (el caso estaba bajo secreto de sumario) ese mismo medio publicaba unas declaraciones del empresario asegurando rotundamente que a "él no lo había citado la Policía y que ni había declarado ni le iban a llamar a declarar". Casualmente cuatro años después, efectivamente, aún no ha sido citado a declarar. No obstante en otras declaraciones se ratificaba en ese sentido y añadía que el convenio con Barrientos le ha supuesto unas pérdidas de 30 millones de euros.

    Pero entonces en este punto surge una duda: ¿Cómo pudo perder 30 millones en dicho convenio si ya no estaba en vigor, porque además del hecho de que entrara otra empresa de su propiedad que lo invalidara, los convenios de Barrientos fueron paralizados tras la aparición de la operación policial? Por otro lado, ¿acaso sigue en vigor el convenio de Barrientos y es lo que Valadez trata de evitar con la aprobación de un convenio que revoque "legalmente" al otro? Éste debería ser trabajo de la oposición averiguar. Mientras tanto lo que tiene el pueblo de Estepona delante con Valadez, que denunció a las empresas de Hidalgo en Astapa, es un convenio que parece estar pensado para desvincularse del compromiso adquirido con el pueblo de Estepona a través del, por entonces, alcalde Antonio Barrientos de invertir los 24 millones, a los que si le sumamos los 3´3 millones que se comprometió con los colonos y los 400.000 euros para la Residencia de Ancianos nos da la cantidad que Hidalgo dice haber perdido con el convenio del 2008.
   Sin embargo también se rumoreó en su día que el empresario podría referirse no a los 30 millones de euros que debería ofrecer al pueblo de Estepona sino que esta cantidad podría ser la que le exigió presuntamente la Junta de Andalucía o, en todo caso, un alto cargo del PSOE andaluz, para llevar a cabo el convenio. Se da la paradójica circunstancia que cuando Valadez en diciembre de 2008 retomó el asunto de la universidad, anunciando que, aunque se firmó en febrero de 2008 (si falla el vículo pulse aquí y busque casi al final de esta página de archivos blogger), "no se especificaron las titulaciones que se implantarían en la ciudad, si bien parece seguro que habrá una escuela de Turismo y cursos de postgrado avanzados como Gestión deportiva y cultural." Pero una circunstancia, como decía, llama la atención. Aquí, según sabemos hoy se entrecruzan ciertos intereses sospechosamente. Esta información apareció en toda la prensa provincial sin embargo incluso la fuente original de la que se hace eco este blog afín a Valadez, ha desaparecido de la web; pero fue publicada a mediados de diciembre de 2008, sólo séis meses después de su autonombramiento (no fue elegido en primera votación y fue impuesto por orden de lista), y en ella se señala que: "Ayer mismo, miembros del equipo de gobierno municipal se reunieron con la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, para retomar el proyecto, que según explicó el alcalde, David Valadez, "es prioritario para la dinamización del municipio"..."
   ¿Cuál fue el objeto de la "aparición" en escena de la rectora de la UMA, para hablar de un proyecto, que hoy sabemos que nada se acordaba ni sobre la construcción de la universidad, ni sobre las materias que habrían de estudiarse, como hoy sabemos?
    Pero aún hay más. Será casualidad que también aparezca en escena "...el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo. Valadez apuntó ayer que en breve se retomarán las conversaciones con los estamentos oportunos dentro del Gobierno autonómico "para poder convertir este proyecto en una realidad lo antes posible". O sea el consejero de un área que en nada interviene en lo que a la articulación de la "Universidad" se refiere, puesto que nada de lo que corresponda a su área se expone ni se analiza en el actual convenio de Valadez. Por si eso fuese poco, Francisco Vallejo fue el cargo socialista de la Junta quien, según Gil y Gil, presuntamente recibió el cheque de 200 millones de pesetas que se le exigió desde el PSOE andaluz para llevar a cabo la construcción de la urbanización Los Cipreses del Mar en Marbella.
Lo que sí parece cierto, en cualquier caso, es que Hidalgo obtuvo beneficios con la parte de suelo que vendió, recién comprado a la Iglesia, de la futura universidad de Estepona y los invirtió en República Dominicana, según se lee en esta página web...: "...asegura reivindicando la hucha de toda la vida. Así, vendió una parte de los terrenos que tiene en Estepona (Málaga) y el dinero lo reinvirtió en Santo Domingo para construir tres nuevos hoteles y participar, con un 25% del capital, en la creación de Air Dominicana..."

Otro dato a tener en cuenta y que desmiente unas declaraciones de Valadez realizadas a Estepona Información según las cuales el dosbloqueo del convenio universitario, que él presentaba, recubierto del mayor oscurantismo, a pleno el 25 de febrero de 2011, ha sido "arduo", es el hecho de que también miente ya que (y esto es algo que todos están pasando por alto o ni siquiera se les ha pasado por la cabeza pensarlo), comenzó a "desbloquearlo" en diciembre de 2008 como ya hemos señalado y se daban dos circunstancias que nos tienen que llevar a algunas reflexiones:

1) En ese mes de diciembre la jueza Isabel Conejo es sustituida sin que se nombre un juez sustituto y se anuncia el suspenso de las investigaciones de Astapa por un año. El Consejo General del Poder Judicial no tuvo en cuenta sus alegaciones en contra de esta medida.

2) Lo que es más sospechoso aún: en esa fecha el sumario, al igual que ahora cuatro años después, estaba en pleno secreto de sus actuaciones. David Valadez, según supimos con la 1ª apertura sumarial de verano de 2009, había denunciado o dejado caer la duda sobre las empresas de Globalia ¿cómo se explica que, sin previo aviso de la Justicia, un expediente que "supuestamente" estaba siendo investigado dentro de una operación judicial bajo secreto sumarial fuese abierto por parte de Valadez para concluirlo estando siendo investigado bajo secreto?

Continuará

El PP fija por ahora a un exconsejero de Empleo como el responsable penal máximo de los ERE

2011-03-20T12:11:00.000+01:00

Se querella contra seis altos cargos y veinte personas entre beneficiarios e intermediarios de la trama fraudulenta

Mercedes Benítez / Sevilla

20/03/2011

La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija, de momento, la responsabilidad penal sobre la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según anunció ayer la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellas personas que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente José Antonio Griñán, en la denuncia presentada ayer el máximo responsable es el propio Fernández.

La denuncia se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Así aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También el intermediario Juan Lanzas, comercial del Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, al parecer beneficiarios de ERE en empresas en las que nunca trabajaron.

Todos podrían ser responsables de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos.

Esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en la investigación». Una investigación que, según el PP, debe partir del origen que sitúan en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que «se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía». El citado convenio fue firmado en julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, y su duración expiraba en diciembre de 2003 aunque el IFA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.

Dice la querella que para financiar este sistema los presupuestos de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas con la denominación de transferencia de financiación de explotación al IFA dentro del programa 31L u otros equivalentes y que el valor total de los fondos transferidos de 2000 a 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.

Según el PP, se detectaron diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y el dinero librado por los entes que gestionaron las ayudas, la inexistencia de informes jurídicos, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de militantes socialistas y ayuntamientos del PSOE. El PP pide la declaración del ex interventor, Manuel Gómez Marín, el interventor delegado de Control Financiero, Ignacio García y el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo.

El líder de la patronal andaluza, socio de una empresa del fraude masivo

2011-03-17T16:13:00.000+01:00

LA COMPAÑÍA TRABAJA PARA HACIENDA

La empresa, Qualytel Teleservices, forma parte de la trama investigada por fraude en las ayudas al empleo de la UE repartidas por la Junta.

Nuevo escándalo en Andalucía: fraude masivo con las ayudas de la UE

2011-03-07

Pedro de Tena / Antonio Barreda

En el fraude masivo de alrededor de 1.600 empresas que presuntamente se han beneficiado de los fondos europeos intermediados por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores que eran despedidos nada más cobrada la ayuda, se encuentra una empresa peculiar, Qualytel TeleServices, SA, administradora única de Qualytel Andalucía, SA. Señalada este domingo por ABC, de su consejo de administración han formado parte hasta diciembre de 2007 el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Santiago Herrero León, y altos cargos del organismo, cosa que no ha salido a la luz. Igualmente ha sido administrador de esta empresa Antonio Falcón Romero, socialista y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente ex director general de Política Interior del Gobierno andaluz y ex comisionado para la Droga.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Según dice el propio diario de Vocento, "el escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades".

De ser esto cierto, está claro que las personas de la cúpula implicada de la CEA tienen responsabilidades por cuanto que ya en 2006, el digital Por Andalucía Libre publicó que "hay destacados empresarios de la cúpula dirigente de la CEA que son administradores y/o accionistas de una de las empresas ligadas a Qualytel SA, en concreto, a Qualytel Andalucía SA, cuyo administrador único es Qualytel Teleservices,SA. La empresa se llama COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA y en ella participan Santiago Herrero, José Luis Haurie, Antonio Carrillo Alcalá y Miguel Santaella Rodríguez (que sepamos no lo hacen en nombre de la CEA sino a título personal).

Hasta ahora, sólo habíamos descubierto en Qualytel Interservices, SA, empresa dedicada al telemárketing y adjudicataria del servicio Salud Responde de la Consejería de Salud, la presencia de Antonio Falcón Romero, ex comisionado de la Droga y militante del PSOE, socio a su vez de Pablo Recio y Luis Cordero, ambos vinculados al PSOE. Pues la cosa es más compleja y demuestra que la tela de araña afecta a muchos y de muy variada manera. También pruebanlos intereses comunes que ligan a dirigentes empresariales con la Junta de Andalucía y el Partido Socialista.

Entre los accionistas de Qualytel Andalucía SA se encontraban a finales de 2006 y estuvieron hasta finales de 2007:

a)Tomás Muriana Gajete, Consejero Delegado y Fundador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

b)Vicente Olivenza Castellano, Representante de AEMT(Asociación Española de Márketing Telefónico) y administrador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

c)María José Romero Ganuza

d) COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA (que es la sección donde participan los gerifaltes de la CEA)

e)Antonio Falcón Romero, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, administrador de Qualytel Teleservices, SA, adjudicataria del servicio Salud Responde.

Es en la empresa COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA donde aparecen como administradores algunos de los más importantes dirigentes de la CEA. Dedicada a servicios y/o asesoramiento de comunicación, imagen, difusión, etc. de empresas en cuanto a comunicación integral y otras; encuentros, reuniones, asambleas, etc.; y servicio jurídico, contable, fiscal, laboral a empresas, sus administradores son:

Miguel Santaella Rodríguez: vicepresidente de la CEA en 2006 y presidente de la Asempal, Asociación Empresarial de la Provincia de Almería.

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

José Luis Haurie Vigne: miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la CEA en 2006. Y es vocal de la Comisión de control de Caja Córdoba

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Santiago Herrero León: presidente de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Antonio Carrillo Alcalá: secretario general de la CEA

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 16/02/2002
Duración: 16/02/2007
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 20/06/2002
Fecha de la escritura: 07/06/2002
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2002/2643

Cuenta ABC que la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los ERE, que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.

Qualytel cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores y factura al año 1,16 millones de euros ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en 2006, con presencia de la cúpula de la CEA, escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.

Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016). De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel, Qualytel Andalucía, SA, gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

En Qualytel, como fue denunciado por "Por Andalucía Libre" en dos informes, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora. El asunto concluyó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.

El PP ya denunció a la firma en 2006 por chanchullos. Hicieron público un documento anónimo en el que se recogía un convenio de colaboración entre la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y el presidente de Caja San Fernando, Luis Pascual Navarrete, en relación con la cesión parcial y temporal, mediante precio, al Ayuntamiento del inmueble que ocupaba la Facultad de Derecho para la instalación de la empresa de telecomunicaciones Qualytel. Se autorizaba el uso del edificio a "otros usos compatibles con las actividades propias del sector de las telecomunicaciones". El pleno en le que se aprobó el cambio de uso del edificio nunca existió.

Griñán intenta eludir el 'fondo de reptiles' cargando la culpa al ex director de Empleo que lo denunció

2011-03-17T16:10:00.000+01:00

Conocía su existencia y no lo eliminó

El PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán.

2011-03-08

Pedro de Tena / Antonio Barreda

Lo que está muy claro es que el Servicio de Intervención de la Junta de Andalucía qué dependía en 2005 del consejero de Economía, José Antonio Griñán, conocía la existencia del "fondo de reptiles" denunciado por el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. No sólo lo conocía, sino que envió tres informes sucesivos denunciando su ilegalidad. ¿Por qué Griñán no eliminó aquel procedimiento irregular en su momento y ha consentido que las cosas llegaran a dónde han llegado? Griñán descarga su responsabilidad en la voluntad rebelde del director general denunciante, pero eso, en una estructura jerárquica, resulta a todas luces imposible.

Por ello, el PP va a exigir tanto en el Parlamento como por vía judicial responsabilidades concretas, sobre todo a José Antonio Griñán, de quien Javier Arenas asegura ya que "a lo mejor Griñán no puede continuar ni un segundo como presidente", ya que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009.

El Gobierno andaluz mantiene que la decisión de desoír al órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la Administración andaluza fue una decisión "técnico-política" del ex director general de Trabajo. Sin embargo, la instrucción 1/2005 de 18 de mayo de la Intervención General consultada por La Razón detalla en su protocolo que los titulares de Hacienda –Consejería de la que depende– y Empleo –al que afecta el informe– deben conocer sus trabajos cuando afectan a organismos sometidos al control financiero permanente, como era este caso. O Griñán conocía los reparos que la Intervención puso a cómo se gestionaban esos fondos, o la propia Intervención incumplió sus directrices, algo improbable.

No era descontrol lo que había porque las partidas aparecían en los Presupuestos. Entre 2001 y 2009 la suma de todas ellas ascendió a 647 millones de euros. Pero la Intervención andaluza tenían que "examinar una muestra representativa de los expedientes de gasto del periodo" o "que las subvenciones concedidas en el periodo lo son a beneficiarios que reúnen los requisitos previstos". Y ya en 2005, la Intervención General dependiente de Griñán señaló que el procedimiento seguido no era el correcto y lo reiteró en 2006 y 2007. Tres informes sucesivos, tres años con Griñán de Consejero. Y por si fuera poco añadía que el centro de trabajo, esto es, la Dirección General de Empleo, debía rectificar e implantar las recomendaciones de Intervención. Pero no se hizo.

¿Culpa y responsabilidad de Griñán que no ordenó taxativamente el fin del "fondo de reptiles" o culpa y responsabilidad de Guerrero que hizo caso omiso a la Intervención?

Francisco Javier Guerrero admitió que la tramitación para esas ayudas era un tema "absolutamente no regulado" y que tuvieron "debates con ocho borradores de decreto y 10 borradores de Órdenes". Griñán dijo en el Parlamento que la Intervención "no detectó irregularidad alguna en los pagos". De ser así –salvo que los informes digan lo contrario–, el caso pudo llegar al Consejo de Gobierno.

Lo que no es de recibo es que, siendo la Consejería de Griñán consciente de los hechos, estos hayan seguido produciéndose seis años después de la denuncia.

El socialista que 'trabajó' desde la cuna: de botones a millonario

2011-03-17T16:08:00.000+01:00

EL EX CONSEJERO DE EMPLEO DE LA JUNTA

De botones pasando por concejal en Jerez, consejero de Agricultura y de Empleo hasta llegar a millonario prejubilado.

'Público' descubre a la suegra del escándalo de los ERE

2011-03-06

Libertad Digital

Quién le iba a decir a Antonio Fernández cuando trabajaba para las bodegas González Byass de botones con 14 años, que acabaría siendo un prejubilado millonario gracias a ellas.

Es el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 cuya fecha de antigüedad en la bodega jerezana coincidía con la de su nacimiento, el 15 de julio de 1956. Algo que él achaca a un "error humano".

Cuando todavía estaba al frente de Empleo fue el momento en que entró en el último expediente de regulación de la bodega, de los que 400.000 eran para él.

Tal y como recuerda La Razón, su carrera política comenzó en 1983 y siempre al lado de Manuel Chaves, primero en la Diputación de Cádiz y después en las consejerías de Agricultura y Empleo. Fue este último cargo el que hizo que su nombre se barajara para suceder a Celestino Corbacho.

Sin embargo, su carrera política comenzó a truncarse tras negarse a destituir al delegado de empelo de Sevilla, Antonio Rivas, después de ser imputado por el caso de Mercasevilla. Griñán lo cesaba fulminantemente.

Tras ocho meses abandonaba definitivamente la política, no así el carné de partido. Y este paso lo dio cuando se aseguró la presidencia del Consejo Regulador del Vino.

La dirección del PP da por hecho la caída de Griñán y ve candidata a Aguilar

2011-03-16T17:15:00.000+01:00

La estrategia popular en andalucía

Génova da por amortizado a Griñán: "No será candidato". Y apunta a un sustituto: Rosa Aguilar. Asegura que las corruptelas irán a más.

El informe oficial clave contra Chaves y Griñán

2011-03-16

Pablo Montesinos

José Antonio Griñán no será candidato del PSOE a las elecciones andaluzas, que se celebrarán -si no hay adelanto- en marzo de 2012. Con esta hipótesis trabajan las direcciones del PP a nivel nacional y autonómico, que añaden que "si no se va él" le acabarán echando desde Ferráz a fin de amortiguar la fuga de votos.

Varios factores influirán en la caída del actual presidente de la Junta Andalucía, en opinión del Partido Popular. Sin embargo, el más importante es que Griñán está "enfangado hasta el fondo" en el caso del fraude masivo en Andalucía, que incluye financiación ilegal de los socialistas.

El informe clave contra Griñán

La clave está en el informe que la Intervención General de la Junta envió a la Consejería de Empleo, cuando ésta era dirigida por Griñán. De dicho documento -y hay otros tantos que aún no han visto la luz- se desprende que desde el año 2005 "sabía lo que estaba pasando -en relación a los ERE-, no lo impidió y encima lo ocultó", según Esteban González Pons.

"Se estaba utilizando dinero de los parados para concesiones ilegales, y él estaba al corriente de todo", destacó el vicesecretario de Comunicación popular, en declaraciones a Libertad Digital. Un extremo, el del fondo de reptiles, al que unir otros escándalos de peso que, anuncian en el PP, empezarán a salir en los próximos días.

"Esto no ha hecho nada más que empezar. La consejería era un polvorín", aseguran las fuentes consultadas, que incluyen en ese combo de corruptelas la presunta financiación ilegal, que encerraría el pago de actos de partido a cambio de "favores".

Rosa Aguilar, sustituta

Por todo ello, la cúpula del PP da por amortizado a Griñán, y augura que "en breve" -seguramente tras el 22-M-, Ferráz iniciará la maquinaria para elegir un nuevo cabeza de cartel a las elecciones andaluzas. También tiene opinión sobre el posible sucesor: creen que Rosa Aguilar, actual ministra de Medio Ambiente, tiene todas las papeletas.

Un escenario con el que trabaja ya el líder de los populares andaluces, Javier Arenas. Tanto es así, informan fuentes del aparato, que desde el PP estudian rediseñar la estrategia electoral para ajustarla al nuevo cabeza de cartel. Sea quien sea, eso sí, en Génova sentencian: "El cambio en Andalucía será un hecho en 2012", algo que desde hace meses auguran las encuestas.

El papel de Chaves y Zarrías

Tan grave es el escándalo andaluz, aseguran desde las más altas instancias del PP, que aseguran que los cadáveres políticos no se quedarán en Andalucía. "También caerá Manuel Chaves", apunta un miembro de la cúpula, que pone el acento en que "nadie se cree que no estuviera al tanto de todo".

En rueda de prensa, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, incluía un nombre más, el del secretario de Estado Gaspar Zarrías. Y es que, arguyó, el Ejecutivo central también está "contaminado".

"Está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones", concluyó la número tres del PP. Este miércoles, la sesión de control al Gobierno se ha vuelto a convertir en un polvorín -descalificaciones incluidas- a propósito de los ERE.

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