Atrabilioso

El Frankenstein de los derechos humanos

2012-01-27T00:00:00.001-05:00

Por Eduardo Mackenzie.

La excesiva politización está llevando al suicidio a ciertas ONG de derechos humanos. El caso más avanzado en ese sentido es el de la FIDH, una organización francesa que pretende imponer sus dudosos criterios sobre toda la América Latina. ¿Se ha visto alguna vez a una ONG “de derechos humanos” pidiendo la extradición de una persona refugiada en un país por razones políticas? No. Nunca. Pues eso es lo que, precisamente, está haciendo en estos momentos la FIDH. Hasta allá ha llegado la degeneración de esa ONG, gracias a la indiferencia y el silencio cómplice de quienes deberían hacer un llamado de atención contra semejante deriva.

La FIDH es la primera ONG “de derechos humanos” que se transforma, por razones ideológicas, en su contrario: en una Ong que lucha contra los derechos humanos. Pues eso es lo que hace la FIDH: en estos días le está pidiendo a dos Estados (a Panamá y a Colombia) que violen el derecho de asilo, que hagan de una persona asilada en Panamá un sujeto sin derechos. La FIDH intriga para que a una ciudadana colombiana le “revoquen el asilo territorial” que un Estado soberano (Panamá) le ha otorgado.

En efecto, una funcionaria del gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe pidió y obtuvo el asilo territorial en Panamá, en noviembre de 2010, al darse cuenta de que su juez natural, la Corte Suprema de Justicia, quería embarcarla en un proceso penal sin garantías. Sin garantías pues el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, la había declarado “culpable” desde antes del inicio de ese proceso, en un acto público. Desde ese instante ella se siente como una perseguida de la justicia y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La hostilidad contra ella del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es evidente, como lo ha subrayado la prensa.

Atacada por un “colectivo de abogados” extremista de Bogotá, enemigo frenético del gobierno del ex presidente Uribe, esa persona se ha convertido en la obsesión de la FIDH. Esta ONG ha invertido enormes sumas de dinero en viajes a Bogotá y a Panamá, pues quiere obligar al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, a revocar ese asilo. Esos dos grupos están tan exaltados que han llegado al colmo de amenazar con represalias al propio presidente Martinelli si no se doblega ante los dictados de la imperialista FIDH. Hasta el momento Martinelli ha rechazado esas abusivas presiones.

María del Pilar Hurtado fue acusada por el “colectivo de abogados” de haber ordenado la realización de interceptaciones “telefónicas ilegales” cuando dirigía el DAS. Tales cargos no han sido probados. Sin embargo, la FIDH la presenta desde ya como culpable y pretende negarle todos sus derechos, como el derecho a un proceso con garantías, o en su defecto, el asilo político en un país extranjero. Al hacer eso, la FIDH, apoya al gobierno colombiano (que durante más de veinte años la FIDH criticó, insultó y presentó como una “dictadura”) quien desarrolla en estos momentos una infame caza de brujas contra el ex presidente Álvaro Uribe, sus ministros, consejeros y otros funcionarios.

La FIDH maniobra contra María del Pilar Hurtado porque ésta investigó, como era su deber, las actividades que una senadora colombiana comunista, Piedad Córdoba, realizaba en beneficio de dos gobiernos extranjeros hostiles a Colombia y en beneficio de las FARC. Por esas actividades ilegales, y por sus vínculos probados con las FARC, Piedad Córdoba fue destituida por la Procuraduría General de la Nación. Desde hace más de un año, la Corte Suprema de Justicia debería haber abierto por eso mismo una investigación penal contra Piedad Córdoba, pero no lo ha hecho.

La deriva monstruosa de la FIDH venía preparándose desde hace rato. Todo empezó hace unos años cuando la FIDH decidió que sería una ONG no defensora de los derechos humanos sino defensora de de los defensores de derechos humanos. La diferencia entre lo uno y lo otro es inmensa. Para la primera todo ser humano debe ser protegido contra las violaciones de los derechos humanos, vengan de donde vengan. Para la segunda no, pues no toda víctima trabaja en la defensa de los derechos humanos. La FIDH, en consecuencia, prioriza y escoge los casos que pretende defender y hace, por ejemplo, las más variadas cabriolas para no condenar las atrocidades contra los derechos humanos que cometen los terroristas, como las FARC. Para la FIDH, los únicos violadores de los derechos humanos son los Estados y los gobiernos. Los crímenes de las bandas terroristas entran, para ellos, en otra categoría. Lo de ahora, sus maniobras para quitarle a una refugiada política el derecho al refugio, es una consecuencia de esa visión absurda. Es una desviación que va más allá de todo lo imaginable.

La incursión que pretenden realizar en Panamá la FIDH y el colectivo de abogados (éste está involucrado en un escándalo en Colombia por haber inventado falsas víctimas y cobrado por ello ilegalmente dineros al Estado colombiano) es la segunda. En noviembre de 2010, uno de sus agentes viajó para exigir a Panamá “que se revocara el asilo otorgado” a esa persona. Otras ONG de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han negado a colaborar en la infame aventura de la FIDH.

¿Maduros para la democracia?

2012-01-26T00:00:00.000-05:00

Por Jaime Ruiz

La cantidad de respuestas desconcertantes que se encuentra quien plantee que Colombia debería cambiar su Constitución política recuerda un lugar común de los representantes de las dictaduras militares que hace unas décadas asolaron a la mayoría de los países de Hispanoamérica: "Es que el país no está aún maduro para la democracia". Ya he explicado alguna vez que el término está tan falseado que hasta los terroristas se llaman "Polo Democrático", de modo que es difícil saber qué entienden los demás colombianos por "democracia".

Analizar esas respuestas serviría por una parte para darse cuenta de que el programa de los comunistas es muchísimo más popular de lo que se cree, y también de que en el bando contrario reina la confusión y aun el conformismo.

Para aludir al escepticismo ante la idea de convocar una Constituyente se puede empezar por el recelo del expresidente Uribe ante la manía colombiana de resolver los problemas expidiendo decretos. Ese recelo llevado al extremo conduce a graves extravíos y tiene mucho que ver con el ascenso de sus enemigos en los últimos años: por un lado se reconoce la ley escrita y a las autoridades existentes (en lugar de superar la infamia de una norma básica dictada por un jefe del tráfico de drogas aliado con una camarilla de tinterillos venales y una banda de asesinos), y por el otro se infiere que las leyes son declaraciones vacías sin relación con la realidad, como en la famosa frase de Groucho Marx: "Éstos son mis principios, si no le gustan tengo otros". "Respeto las leyes, si no me convienen las cambio", como ocurrió con la fatídica ocurrencia de la segunda reelección (que obviamente era sólo el primer paso hacia la presidencia vitalicia y un régimen hispanoamericano, tipo Somoza o Stroessner).

Resulta que hoy en día la principal función de los jueces es prevaricar y servir a los intereses de camarillas aliadas de Chávez, los terroristas y los traficantes de cocaína, y que ese poder está sustentado en la legitimidad de una norma que los uribistas no cuestionan. ¿Cómo esperan superar esa situación? Nunca lo pretendieron cuando tenían el poder ejecutivo y la relación directa con las mayorías, señal de que sus miras no iban por ese camino sino por el de entenderse con esa clase de personajes (cosa fácilmente comprobable en la conducta de los congresistas y senadores elegidos por los partidos que Uribe promovía y que hoy secundan, prácticamente sin excepción, la persecución que emprendió el gobierno criminal).

Aun entre los críticos se encuentra uno con muchísimos que aseguran que en caso de convocarse una Asamblea Constituyente ésta sería manipulada por los políticos. De hecho, el odio "genérico" a los políticos es una condena taimada de la democracia, pues no es concebible un régimen democrático sin personas dedicadas a administrar el Estado. Pero también en los demás sistemas de gobierno hay políticos, y siempre mucha más corrupción, sólo que al no haber libertades no se conoce.

Aparte del desdén por el sistema democrático esas personas manifiestan un tremendo desprecio por la ciudadanía: parece que hubiera que resignarse a que los jueces fueran camarillas de criminales porque de otro modo se correría el riesgo de dejarse engañar. Y que una norma que de forma manifiesta autoriza a matar gente para abolirla merece defensa a causa de ese riesgo virtual.

En ese grupo numerosísimo no faltan los que juran que una Constituyente es lo que necesita Santos para repartirse el poder con las FARC. Si pudiera convocarla y dictar una Constitución más afín a los intereses terroristas, ¿qué lo detendría? Y en este caso la confusión sobre el sentido de la Constitución de 1991 es aún más grave: ¡la norma que entrega el poder judicial a los terroristas resulta ser un dique de contención contra su ascenso!

Primero hay que entender que el comunismo es una concepción de la sociedad y un proyecto político muy preciso que cuenta con una compleja organización internacional. El M-19 sería una organización distinta de las FARC, pero en cuanto proyecto comunista siempre estará de parte de la otra banda. Cuando la Constitución le entrega una parte significativa del poder a esos terroristas, se debe entender que el comunismo ha conquistado una parte significativa del Estado y sólo necesita un empujoncito para hacerlo colapsar y esclavizar a la sociedad. La disposición del poder judicial colombiano desde entonces lo demuestra. La Constitución del 91 es tal vez el principal acicate de las FARC, no sólo por el ejemplo de que "el crimen paga", sino por las garantías expresas que tienen para cometerlo.

Pero si se admite esto, ¿qué es lo que impide decidirse a cambiar ese poder judicial y a nombrar tribunales que juzguen a los prevaricadores que ahora protegen la actividad terrorista? Las propias leyes vigentes bastarían para condenar a los del montaje contra Plazas o la impunidad de Teodora. Claro que cualquier proyecto que se quiera emprender ofrece dificultades, pero en este caso la mayor es esa pereza de hacer frente a una realidad monstruosa.

Y no tiene sentido suponer que una movilización cívica acompañada de propuestas de textos y de listas de candidatos a delegados vaya a ser derrotada por los políticos afines al terrorismo. Quienes así razonan obran en definitiva de tal modo que permiten que sus representantes en el legislativo sean verdaderos delincuentes. ¿Cómo es que el engendro de Pablo fue aprobado por menos del 20% de los ciudadanos que podían votar? ¿Cómo es que a pesar de la campaña de los medios y del terror continuo Uribe fue elegido en 2002?

Esa desconfianza sólo es muestra del escaso arraigo de los valores democráticos: en todas las sociedades anteriores se temía el Apocalipsis si llegaba a permitirse elegir al gobierno a los tontos y a los malvados (por no hablar de los prejuicios contra los negros o las mujeres). ¡Qué raro que las sociedades más prósperas y libres sean democráticas!

Pero, veamos, ¿a quién representan las FARC?

2012-01-25T00:00:00.003-05:00

Por Jaime Ruiz

Eso se pregunta Mauricio Vargas en su más reciente columna, y a pesar de lo problemático que resulta contestar a esa cuestión vale la pena intentarlo. O mejor dicho, contestar al planteamiento de Vargas, que puede estar induciendo falacias sin proponérselo.

La primera cuestión está en la propia definición: supongamos que se demostrara que las FARC sí representan a una parte, incluso a una parte significativa de la sociedad colombiana. ¿Sería entonces más legítimo negociar el orden político premiando sus crímenes? Bonito sería el rumbo de una sociedad semejante: cada vez que hubiera un conflicto que fuera de alguna manera justificable, uno de los sectores se dedicaría a asesinar y secuestrar inocentes y a destruir el orden legal democrático, y siendo representativos, habría que reconocerlos.

Es decir, el problema no es que las FARC no sean representantes legítimos de ningún sector, sino que amenazan al conjunto de la sociedad y por eso negociar las instituciones con ellas es directamente lesivo para todos. Exactamente como una dama que hiciera concesiones a quien intenta violarla.

Pero lo segundo es también atroz, y no obstante parece sensato y puede haber sido, como ya he dicho, concebido por su autor con la mejor intención: es el viejo lugar común de que las FARC son tan ajenas a la sociedad como cualquier otro grupo delincuencial. Esa idea es grata a la inmensa mayoría de los colombianos, sin distinguir entre uribistas y antiuribistas, pero es una mentira grave y funesta. Las FARC sí representan a un sector social significativo y son el fruto de extravíos de las clases altas y de intereses de importantes instancias de la vida colombiana.

Por ejemplo, haciendo frente a la cuestión de si hay alguien a quien las FARC representan, es obvio que representan a todos aquellos que quieren que se negocie con ellas. ¿No son esas personas una amenaza para la democracia y no alientan los crímenes cuando hacen presión para que se los reconozca como fuente de derecho? La cuestión es tan pueril como si algún abogado pretendiera que el malhechor encargado de llamar a las familias de los secuestrados para cobrar el rescate es en realidad un protector de las víctimas. Las FARC son en últimas clientelismo armado, y su trayectoria con los grandes sindicatos del país lo demuestra. Sus usufructuarios, tanto oligarcas como lagartos, sencillamente "hacen la guerra con los hijos ajenos".

El papel de todas esas personas como parte esencial del crimen se hace más patente cuando se piensa en la relación entre los asesinatos y secuestros de las FARC y las personas que los cometen. ¿Qué beneficio obtiene cada una de esas personas? Tanto si las FARC tomaran el poder como si se desmovilizaran, el futuro de cada criminal específico dependería de su inserción en la jerarquía tradicional (étnica, sexual, "etaria", regional y de instrucción). Es decir, los crímenes los cometen niños indígenas de regiones miserables pero sirven para que personajes como María Jimena Duzán sueñen con embajadas vitalicias (de momento le sirvió para ser cónsul en Barcelona, rodeada de lujos y dedicada a favorecer desde la oficina a los demás "pacifistas" instalados en Europa). Lo mismo se puede decir de los miembros de familias patricias, de los ex presidentes, de los congresistas premiados por Santos, de las ONG, de los sindicatos, de los empleados estatales en términos generales, sobre todo de los de más nivel, que por lo demás son los más resueltamente partidarios de las FARC (es decir, de la negociación, pues es la forma en que se explotan los crímenes lavándose las manos).

Si las FARC no fueran representativas de instancias poderosas de la sociedad, no existiría esa solidaridad general entre los supuestos críticos del uribismo en la prensa y sus compañeros que cabildean más abiertamente a favor de las FARC y legitiman y alientan sus crímenes. ¿O alguien recuerda algún vago reproche de algún antiuribista que escriba en la prensa o aparezca en los medios a la consideración general de "defensores de derechos humanos" que se otorga a benefactores de la humanidad como Iván Cepeda Castro o Javier Giraldo? Curioso. Para entender que todo el antiuribismo es resueltamente solidario con las FARC basta leer por ejemplo las últimas columnas del melifluo académico Eduardo Posada Carbó con un discurso claramente favorable al premio de los crímenes (1, 2).

Y cuando uno suma a los interesados en que las leyes no surjan del consenso de los ciudadanos o de sus representantes sino de la presión de las bandas de asesinos resultan claramente distinguibles dos niveles de grupos a los que representan las FARC.

En un plano ideológico está lo que en Colombia se llama "izquierda", cuya conexión con esa banda de asesinos y con las demás es evidente en todo momento. Las FARC son un nombre para las fuerzas de choque de la "izquierda" o Polo Democrático en las áreas rurales o en los barrios miserables de las ciudades. El que quiera creer otra cosa podría explicar cómo es que ese partido nunca ha pedido a la banda que desista de sus crímenes, y al contrario ha hecho toda clase de presión para que se premien. ¿O no es así? El hecho de que los colombianos disocien ambas actividades sólo es reflejo de esa condición moral que lleva a considerar crimen lo que hace un adolescente hambriento pero no lo que hace quien lo contrata, que sería exactamente el caso del PDA y las FARC. Entre las perlas de esos criminales no es menor la última amenaza del exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, ahora líder de un partido con el que coquetea el uribismo: si Santos no hace la "paz" matarán a un millón.

En un nivel sociológico es mucho más clara la relación: el socialismo a la cubana es, como la tutela, una garantía de que los grupos organizados que tradicionalmente dominan el Estado estarán a salvo de competir y de rendir cuentas. El rechazo del juego político normal en cualquier democracia agrupa a los sectores parasitarios de siempre, caracterizados por ser herederos directos de cargos públicos y también de ventajas concretas a la hora de acceder a ellos: contactos (sobre todo), rasgos físicos próximos a los de los conquistadores, títulos académicos (garantizados por las mismas rentas), etc. No es raro que el presidente de la federación de sindicatos estatales fuera Wilson Borja, corresponsal de alias Raúl Reyes, ni que la revista de los ricos sea la más obsesivamente antiuribista y tenga entre sus columnistas a un sicario ascendido a la gerencia y a una lista de personajes del mismo estilo.

¿A quién representan las FARC? A los colombianos identificados con el viejo orden de castas que por eso aborrecen la democracia y la competencia. Que esos colombianos sean también la esencia del país, el país atávico (a diferencia de las mayorías, que preferirían integrarse en sociedades en las que los señoritos serían despreciados y aun ridiculizados), es precisamente lo que determina la dificultad de acabar con las bandas terroristas: el ciudadano ordinario, que podría intercambiarse por el de clases sociales bajas de cualquier país desarrollado, es incapaz de crear medios de prensa distintos a los que heredaron los jefes del terrorismo. Y las nuevas generaciones son incapaces de resistir a la seducción que ejerce sobre ellos ese orden, el único mundo que pueden concebir, reforzado por la educación.

Hagan la prueba, díganle a cualquier colombiano de 15 años que en 2000 las guerrillas secuestraban a diez personas cada día, o de que Arias o Salazar no se robaron nada. Todos estarán seguros de que eso es mentira. La prensa y la educación están en manos de los amos de las FARC, y hay muy poca determinación para cambiar eso.

Y en definitiva, admitir que las FARC representan a ciertos sectores de la sociedad colombiana implica que esos sectores, cuya complicidad con los crímenes comunistas alcanza más de medio siglo, tienen una responsabilidad que tal vez no sea punible en términos penales, pero que sí debe determinar que se los vete como representación de la sociedad, que se los arrincone y señale, tal como ocurrió con los partidarios de Hitler que no cometieron directamente crímenes. Bueno: decir que las FARC no representan a nadie o que son meros bandidos llegados de la luna es una forma de asegurarle la impunidad a sus cómplices.

Ese combate político es la tarea de Colombia para las próximas décadas, y un improbable desenlace justo requerirá superar el statu quo impuesto en 1991 por la alianza de terroristas, tinterillos y traficantes de drogas: a fin de cuentas, ¿no dicen los del Polo Democrático que son el partido que defiende esa Constitución? Bueno, también para eso debería haber un partido que agrupe a los ciudadanos que quieran oponerse al premio del crimen. Algo que también parece remoto e imposible, pero que no por ello deja de ser necesario. Y posible.

Chantaje con secuestrados

2012-01-24T00:00:00.000-05:00

Por Jaime Castro Ramírez

La vida humana es un don de la naturaleza, y por naturaleza tiene que ser respetada como tal. Además, así lo preceptúan los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, pues allí están contenidas las normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, y proteger a las personas que no tienen que ver con las hostilidades, incluso protege a los ‘prisioneros de guerra’, aunque en Colombia, a quienes las FARC llaman prisioneros de guerra, hay que nombrarlos por su verdadero nombre: “secuestrados”.

La dignidad de las personas no puede ser atropellada, y menos en su máximo grado de inhumanidad, como ha ocurrido con los secuestrados por parte de las FARC durante tanto tiempo de ignominia a que los han sometido. No es suficiente para los terroristas haber torturado durante 14 años a unos seres humanos, sino que el cinismo les alcanza para darse publicidad con esa tragedia y han procedido a liberaciones a cuenta gotas, lo cual utilizan para hacer un show de alcance nacional e internacional en cada ocasión, por supuesto mostrando su consabida prepotencia, primero ante el gobierno que acepta estas afrentas sin ningún reparo, es decir, tal como se las plantean (en febrero de 2011, el día que liberaban unas personas, secuestraban otras en el Cauca y el presidente Santos no reaccionó), y en segundo lugar ante el pueblo colombiano. ¿Acaso será que con tales shows publicitarios encuentran eco en mentalidades que deben ser insertas en total indiferencia hacia la sensibilidad humana? Seguramente sí, ahí están los mamertos que le hacen el juego a los más bajos instintos con que las FARC violan los derechos humanos, incluidas algunas ONG.

Lo que viene para el 2012

La noticia con que inicia el 2012 es el anuncio de las FARC de otro espectáculo de liberación parcial de secuestrados. Ya están listos “Colombianas y Colombianos por la Paz… (por las FARC)” a actuar en la nueva novela, encabezados por la protagonista y relacionista pública de la causa fariana, Piedad Córdoba, y con la autorización amplia y suficiente del presidente de la república a todo lo que los secuestradores exijan para el desarrollo de esta nueva escena de burla, especialmente para las familias de los secuestrados que no van a liberar.

En esta ocasión, la liberación de estas personas va a ir ligada a la intención de querer compatibilizar con la solicitud de Santos de que expresen “señales de paz” para abrirles la puerta del diálogo y la negociación política. Esta pauta del gobierno la utilizarán las FARC entonces como argumento de presión y chantaje con el tema de la liberación de secuestrados a cuenta gotas, y de paso van logrando someter al Estado ante sus pretensiones.

Al pasar al punto siguiente de este artículo, observaremos la tendencia de las FARC a querer cobrar por ventanilla la cuenta de estas liberaciones, pues saben que en manos de Santos se les puede convertir en ventajas políticas frente al Estado.

Propuesta de las FARC al gobierno sobre “paz”

En la primera semana de Enero de 2012, simultáneamente con el anuncio de la liberación de unos secuestrados, apareció un comunicado del nuevo jefe de las FARC, alias “Timochenko”, dirigido al presidente Santos, donde le propone nada menos que “retomar la agenda del Caguán”, y aunque la primera reacción de Santos haya sido decir que se olviden de lo del Caguán, con el talante presidencial todo puede suceder, pues los colombianos ya estamos acostumbrados a observarle sus reversazos en las decisiones de gobierno.

La idea de las FARC debe ser intentar revivir aquello que deben haber añorado profundamente no haber aceptado en su momento, y que se refiere a la propuesta tan ambiciosa para ellos que les hizo Andrés Pastrana de “claudicación del Estado de derecho”. Si las FARC hubieran aceptado semejante esperpento para Colombia, planteado por el gobierno de entonces, hoy estuvieran gobernando al país, pues la no despreciable propuesta consistía en una Constituyente de 50 miembros que harían una nueva Constitución Colombiana, de los cuales 25 escaños eran para comandantes de las FARC, y los otros 25 tal vez para mamertos simpatizantes suyos, y probablemente escogidos al capricho de presiones inducidas por las mismas FARC. Es fácil imaginar la clase de Constitución que saldría de esa Constituyente y lo que fuera el país políticamente hoy. La mala decisión de los subversivos (excelente para Colombia) en no aceptar recibir el país que por las buenas les iba a ser entregado, fue el resultado de su prepotencia comunista al calcular que iban a llegar a la plaza de Bolívar con los fusiles en la mano a tomarse el poder por la vía armada, y que iban a ser aclamados por las masas populares. Aunque hay que reconocer que en manos de Pastrana el país estuvo cerca de un desenlace político fatal.

Y a propósito del Caguán y la propuesta de las FARC de retomar esa agenda, aparece el ex-presidente Pastrana haciendo gala de no tener ninguna vergüenza con la patria por su fracaso y entrega de la soberanía nacional al terrorismo a cambio de nada, y dice en los medios de comunicación que se les debe escuchar semejante exabrupto, y peor aún, propone que la negociación se haga en el exterior y en secreto, es decir, a espaldas del pueblo colombiano. Pastrana con esta actitud vende-patria parece expresar su frustración de no haber podido ser el autor de la rendición del Estado de derecho en el Caguán ante el terrorismo de las FARC.

La realidad histórica es que en el gobierno siguiente al de Pastrana, la tentativa de las FARC de llegar al poder se les convirtió en una verdadera pesadilla, pues los llevó a la derrota militar y al destierro de los territorios que habían tenido como sus madrigueras. Este fue el estado en que estaba el terrorismo cuando llegó Santos al poder. Lo que hay que observar ahora con preocupación de patria, es hasta qué punto el actual gobierno les va a conceder la oportunidad de devolverles lo que habían perdido, pues a través de este despropósito tendría el pretexto para decir que les concede también la oportunidad de diálogo y negociación. Los colombianos tenemos que estar atentos al desarrollo de estos eventos que son cruciales para la salud de nuestra vida política republicana.

AL MARGEN: En Colombia no hay presidente de la república ni canciller que exijan a Venezuela aclaración sobre el apoyo a las FARC en ese país, y a cambio prefieren la política del silencio cómplice. El nombramiento por Chávez del general Henry Rangel Silva como ministro de defensa es desafortunado para Colombia, lo mismo que para Venezuela, pues este individuo es un confeso colaborador de las FARC (¿qué significará encontrarle a estos terroristas misiles anti tanque rusos en el Cauca si se sabe de las compras masivas de armas de Venezuela a Rusia?), y respecto a Venezuela, Rangel expresó públicamente que el ejército no entregará el poder a nadie diferente a Chávez, de manera que este puede ser el anticipo del posible fraude en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012.

¡La gerencia del IDU necesitaba una especialista en opinión pública!

2012-01-23T00:00:00.001-05:00

Por Jaime Restrepo Vásquez

Dentro de la fauna que se ha apoderado de los destinos de Bogotá, por obra y gracia de las artimañas y de los votantes; llama la atención la presencia de varios entusiastas samuelistas en el gabinete distrital.

El caso de Mafe Rojas resulta esclarecedor: defensora a rabiar de Samuel Moreno, fue elegida como edilesa de Teusaquillo por el Polo Democrático. En aquellos tiempos, cuestionar a Moreno era un insulto, un despropósito que la señora Rojas respondía con las habituales arengas: que se perseguía a los que “pensaban distinto”, que era la demostración del corazoncito paramilitar que teníamos aquellos que cuestionábamos al alcalde Samuel, que nos oponíamos al progreso de la ciudad y que los señalamientos salían de los sectores retardatarios.

De golpe la señora Rojas cambió aparentemente de bando e ingresó al club de los que perseguían a los que “pensaban distinto”, pues se lanzó a la oposición contra Samuel Moreno. Seguramente motivada por su antiguo jefe, el “progrepolista” Carlos Vicente de Roux, decidió jugarse varias cartas políticas: renunció a la Junta Administradora Local de Teusaquillo, se lanzó al Concejo de Bogotá y se quemó; sonó como aspirante a la Alcaldía de Teusaquillo y finalmente terminó, sin ninguna explicación distinta a la disciplina partidista exigida en el comunismo, como gerente del IDU.

El proceso de Mafe Rojas resulta esclarecedor para entender el ardid que sirvió como excusa para que eligieran a Petro: primero había que mostrar una disidencia al interior del Polo, dejando que esa marca de la izquierda cargara con el agua sucia de la deplorable gestión de la pasada administración. Luego, como lo recomiendan los manuales del comunismo, había que profundizar la crisis de tal manera que los votantes vieran una división en la que distinguieran con precisión a los buenos y a los malos: los “buenos” eran los Progresistas y los “malos” eran los del Polo.

Después, la receta indica que hay que cimentar el maniqueísmo, criticando, cuestionando y señalando a los “malos” como responsables de la crisis, lo que deja el camino despejado para que los “buenos” coopten las maquinarias afinadas con el asistencialismo parasitario y obtengan el triunfo, ocultando que aquellos que asumen el papel de "buenos" fueron partícipes, gestores e impulsores de los desastres cometidos por los “malos”.

Sin embargo, ya una vez en el poder, los “buenos” vuelven a fundirse con los “malos”, se manifiestan admiración, respeto y se describen como aliados naturales. En Bogotá, el objetivo se cumplió: conservaron la Alcaldía de Bogotá con una marca “limpia” –los Progresistas- aunque siguen las mismas caras, premian a los que aplicaron la estrategia al pie de la letra y entregan cargos sensibles a gente sin ninguna formación ni experiencia en el área en la que van a laborar.

De Mafe Rojas se sabe que es comunicadora y que ha sido una corbata que ha saltado de puesto en puesto en el sector público, aunque también ha pasado por algunas universidades, todo por cortesía de su lealtad ideológica al comunismo. De ella se conocían sus mediocres escritos publicados en su blog y que había sido elegida para la JAL de Teusaquillo. En ese orden de ideas uno se pregunta: ¿Acaso Mafe Rojas no era edilesa de una de las localidades más afectadas por el desastre de la Fase III de Transmilenio? ¿No se dio cuenta en sus recorridos cotidianos por la Localidad de que algo andaba mal? ¿Desconocía las supuestas fechas de entrega de la troncal de la 26 siendo parte de la JAL? ¿El sentido común no encendió sus alarmas frente al retraso protuberante de las obras?

Resulta inquietante, por decir lo menos, que alguien que padeció de primera mano la crisis de la Fase III solo se hubiera percatado del desastre cuando sus jefes “buenos” –Petro y de Roux- sacaron kilometraje de las denuncias del entonces concejal Carlos Fernando Galán contra Samuel Moreno y los Nule. Antes de eso, Rojas no se manifestó abiertamente, ni percibió fallas graves en el proceso de construcción… ¿Será que con esos mismos ojos mirará las obras que emprenderá la nueva administración distrital? Pareciera que Mafe Rojas no ha supervisado ni siquiera la remodelación de un baño en su casa por lo que genera una profunda incertidumbre su liderazgo en el IDU.

Pero no importa: la honestidad de Rojas parece suficiente para dirigir el Instituto que se encarga del desarrollo urbano de la ciudad, de las obras, del mantenimiento de la malla vial y sobre todo, de los contratos más importantes y jugosos que se firman en Bogotá.

La realidad es que en la gerencia del IDU se necesitaba un títere de la cuerda “progrepolista”, que acatara las instrucciones como un perro fiel y que no tuviera capacidad ni conocimientos técnicos para cuestionar decisiones. En cualquier caso, parece que en el IDU, Petro y su banda requerían a alguien que cumpliera las órdenes sin preguntar y que fuera lo suficientemente leal como para asumir los problemas, sin correr el riesgo de las fastidiosas delaciones: las obras de Bogotá serán bien vendidas ante la ciudadanía –para eso la gerente es comunicadora, especialista en opinión pública y marketing político- pero la parte técnica, los costos y sobrecostos, los pormenores de los contratos y todas esas “pequeñeces”, serán conocidos únicamente desde la perspectiva del manejo y control de medios… ¡Brillante futuro le espera a Bogotá!

El populismo progresista conservador

2012-01-22T00:00:00.062-05:00

Por Noel Carrascal

La difícil mezcla de populismo, progresismo y conservadurismo se hizo evidente con la emergencia de la candidatura de Newt Gingrich en Estados Unidos. Un artículo reciente de la revista Forbes indica que Newt Gingrich se inspiró en las presidencias populares y exitosas de Ronald Reagan y Theodore Roosevelt para personificar esta mezcla. Gingrich busca capturar la esencia de estos dos presidentes y ha surgido en las encuestas temporalmente. Su éxito de ayer en Carolina del Sur demuestran su sabiduría política que se basa en su conocimiento detallado de la historia de los Estados Unidos y su aplicación a su campaña electoral.

El populismo es la creencia que los electorados en general tienen la sabiduría de tomar mejores decisiones que las elites. Un discurso de Theodore Roosevelt ejemplifica esto: “Creo en el derecho de la gente a regirse a sí misma. Creo que la mayoría de la gente simple de los Estados Unidos hará día a día menos errores en gobernarse a sí mismos que cualquier clase social pequeña o grupo de personas sin importar su entrenamiento en tratar de gobernarlos.” El progresismo, por otro lado, es el éxito que representa el triunfo del hombre de a pie sobre los grupos de poder económico o político de un país. Conservadurismo representa la defensa de la empresa y los mercados libres además de buscar mantener costumbres tradicionales.

La relación entre el populismo y el progresismo no es difícil de revelar. La gente generalmente no gusta de las oligarquías que excluyen personas que buscan emerger sin contactos; tampoco gustan de algunos empresarios, quienes en colaboración con las oligarquías, no dejan que alguien les monte una competencia libre a sus oligopolios (el tercer canal) o monopolios. Es común que el progresismo encuentre tierra fértil en el populismo para lograr sus propósitos; el populismo encuentra en políticos progresistas a alguien dispuesto a escucharlos y actuar de acuerdo al deseo de la gente.

¿Y donde encaja el conservadurismo en esta mezcla de beneficio mutuo? El populismo y el progresismo se han asociado a la izquierda o el liberalismo erróneamente. Es por esta asociación exclusiva por lo que políticos populistas-progresistas y conservadores pasan desapercibidos a pesar de sus sobresalientes popularidades, éxitos y logros. Cuando los conservadores cumplen populistamente con el deseo de la gente y habilitan progresistamente a las clases emergentes a tener éxitos a pesar de las condiciones políticas y económicas desfavorables impuestas por el establecimiento del poder, el resultado es prosperidad y movilidad social que contrasta con el desastre que causa el populismo 'liberal' o de izquierda.

¿Cuales son las diferencias practicas entre estas dos versiones de populismo y progresismo? Los siguientes comparaciones no parecerán algo nuevo mas resaltan el poco reconocido lado conservador de esta vertiente populista/progresista.

El progresista de izquierda promete asistencia económica directa al individuo; el progresista de derecha libera los mercados, reduce los déficits y baja el desempleo dándole al individuo la oportunidad de salir adelante por si solo.

El progresista de izquierda busca subir el porcentaje de impuestos a los más ricos; el progresismo de derecha busca una tasa de impuestos baja e igual para todos los ciudadanos.

El progresismo de izquierda busca imponer un estado social de derechos en el que los ciudadanos se sienten con derecho a la riqueza de los demás y a que el gobierno les asista; el progresismo de derecha defiende las libertades y la propiedad privada asumiendo responsabilidad personal y recurriendo al gobierno solo en caso extremos.

Ambos populismos progresistas buscan eliminar las desigualdades de manera muy diferente. Tan diferente que la definición de desigualdad discrepa para ambos lados. Los progresistas populistas de izquierda buscan más igualdad de entradas de dinero; los de derecha buscan igualdad de oportunidad para quienes sean emprendedores, libres de generar riqueza, empleo, y que contribuyan al fisco en forma de impuestos.

El progresismo populista de izquierda penaliza a los ciudadanos más exitosos mientras que el de derecha los premia. Un ejemplo de los resultados de estas dos formas de populismo progresista se nota mejor al contrastar los modelos económicos de Europa (Democracia socialista) con los de Estados Unidos (Democracia capitalista).

Otro contraste con el progresismo populista conservador se hizo evidente recientemente mientras Newt Gingrich recordaba un comentario hecho por Ronald Reagan: en Inglaterra un trabajador le diría a su hijo al ver pasar un Rolls Royce que algún día sacarán a esa persona del auto; en Estados Unidos el mismo trabajador le diría a su hijo que algún día comprará ese auto. He ahí el secreto de la popularidad de Reagan. Y quienes no entiendan el surgimiento de un personaje controversial como Newt Gingrich en las elecciones primarias republicanas no deben juzgar a los republicanos como “rednecks ignorantes” sino como personas que comúnmente ponderan cuidadosamente sus posturas. Estos republicanos buscan a un político al estilo de Reagan, que deje al sector privado generar trabajo para que progresen y defienda las libertades; que sea populista, los escuche y los ayude dándole solo oportunidades.

Ejemplos de ambos tipos de populismo progresista se han dado en Latinoameirca con gobernantes de izquierda y derecha, de corte socialista y capitalista, que acuden al clamor del pueblo para elevar sus popularidades: Chávez y Uribe. El populismo-progresista de Chávez no necesita explicación, el de Uribe fue la respuesta populista al clamor del pueblo por sacar al país del borde de un estado fallido con seguridad democrática y el progresismo de la confianza inversionista que generó oportunidades. Y es así como el populismo y el progresismo dejan de ser monopolio de la izquierda para convertirse en conceptos que pueden ser adoptados por ambos lados del espectro ideológico-político.

Continúa la infamia en el caso AIS

2012-01-21T00:00:00.001-05:00

Por @Maguioz16

¿Por qué será que no le creo?

2012-01-20T00:00:00.000-05:00

Por Jaime Restrepo Vásquez

No deja de sorprender la convicción de algunos funcionarios de que el país les cree todo lo que dicen. Lamento apartarme de esa posición en lo que respecta a Germán Vargas Lleras, pues sus afirmaciones como ministro de Gobierno me dejan una sensación de enorme sospecha.

En días pasados, Vargas Lleras aseguró que el Gobierno "no está adelantando en este momento ningún tipo de negociaciones con ninguna organización armada ilegal”. Ante semejante declaración, o aclaración mejor, de inmediato recordé la vieja frase: explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.

Empecé a buscar el motivo de las afirmaciones de Vargas Lleras y aparecieron las declaraciones del “Rey del despeje” Andrés Pastrana Arango, un misericordioso turista que en sus tiempos libres venía a visitar estas tierras entre los años 98 y 2002. En una entrevista concedida la semana pasada, el expresidente acogió con fervor el reciente pronunciamiento del máximo cabecilla de las FARC y manifestó que encuentra ahí una señal de paz. Adicionalmente Pastrana se muestra esperanzado en que se abra el camino de la paz, aunque asegura que esto depende de las FARC.

En la misma entrevista, a la pregunta de si era partidario de una negociación por fuera del país, el ex presidente aseguró que las FARC deberían contar con un sitio neutral en el que se sientan seguras y cómodas, haciendo eco taimado al “generoso” ofrecimiento del dictador venezolano de convertirse en mediador con las FARC. A Pastrana solo le faltó decir, como para confirmar, que las negociaciones deberían hacerse en Venezuela, pues a pesar de las pataletas de Chávez, ese régimen ha sido cómplice del grupo terrorista, lo que hace que las FARC se sientan seguras y cómodas en el país del rojo, rojito.

Hasta ahí, todo es coherente con la visión apaciguadora y entreguista que ha tenido Andrés Pastrana del país y sobre todo con la cobardía e ineptitud de aquel que algún día “gobernó” a Colombia.

Sin embargo, hay un segmento de la entrevista que me llamó la atención. Dice Pastrana: “Si estuviera en el lugar del presidente Santos, lo que haría sería que las primeras conversaciones fueran absolutamente secretas y solo cuando se llegara a un punto importante, de verdaderos hechos de paz, sacaría el asunto a la luz pública. Hoy existe el rumor de que esos canales ya están abiertos, y si eso es así, estaría muy bien, porque hay una amplia experiencia internacional en este sentido: israelíes y palestinos lo hicieron en Estocolmo.”

¿Cómo olvidar que uno de los más cercanos asesores de Juan Manuel Santos es Andrés Pastrana? Resulta difícil pensar que el expresidente no le ha dicho a Santos que las primeras conversaciones con las FARC deben ser secretas. Es más: el precipitado desmentido de Vargas Lleras, el cínico comunicado de ‘Timochenko’, la obsequiosa oferta mediadora de Chávez y la “descabellada” exigencia de Colombianos por “la paz” de un cese al fuego bilateral no son coincidencia. Al contrario: parecen una orquesta muy bien afinada en la que cada instrumento entra a su tiempo y sigue al pie de la letra la partitura creada para ambientar la negociación.

Por más hablantinoso que sea, Chávez no se atrevería a proponerse como mediador si no supiera que hay una disposición y unos acercamientos del Gobierno con los terroristas. Que esos “coqueteos” sean secretos –estilo Santos y Pastrana- es irrelevante, pues Chávez tiene comunicación directa con su mejor amigo y simplemente lanzó un dardo para apuntalar las negociaciones que se vienen acordando y que en su momento, serán destapadas ante el país.

Los Colombianos por la Paz, ni más faltaba, entran a respaldar el ardid, pidiendo cese al fuego para que los interlocutores –por debajo de la mesa- sientan confianza y comodidad y puedan complacerse el uno al otro. Entre tanto, Pastrana –con su inteligencia magistral- habla de más y deja al descubierto lo que se está fraguando en la Casa de Nariño.

Vargas Lleras debería saber que un secreto conocido por tantos vanidosos e interesados, termina por salir a la luz muy pronto: es que explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.

Censura de prensa en Bogotá

2012-01-19T00:00:00.004-05:00

Por Jaime Restrepo Vásquez

El ABC de los regímenes totalitarios indica que una de las primeras medidas que deben tomar es el control de los medios de comunicación. Ya sea que los compren con pauta o que los excluyan de la propaganda vendida como información, la censura es primordial para mostrar el paraíso ficticio que dicen estar construyendo.

Por esta razón, no resulta extraña la denuncia del noticiero CM& sobre la manipulación mediática que viene adelantando la Alcaldía Mayor de Bogotá. Que la nueva administración restrinja la entrada de periodistas y unifique el mensaje de la propaganda “informativa” que sale del Edificio Liévano es una práctica natural del comunismo.

Ahora los bogotanos solo verán lo que conviene a la imagen de Petro, quien evita de esta manera, tanto las preguntas incómodas como el riesgo de difundir las respuestas ramplonas que emita el funcionario con cara de intelectual.

Si Santos ha logrado mantener cautivos a los medios, tapando artimañas como la negociación con las FARC, que ya incluyó un viaje del Ministro de Defensa para concretar detalles con el gobierno brasileño; su muchacho en la Alcaldía hará lo propio, pues el fin es mantener esa apariencia de perfección paradisiaca que vive el país y que pronto se replicará en la capital.

Puede que los medios tradicionales sigan el juego, que los noticieros aliados al proyecto comunista se sumen a la autocensura y que ninguno de ellos plantee preguntas incómodas u objeciones a la gestión, pero el juego político requiere un componente de hechos comprobables, de obras y de acción eficaz que se escapan al control mediático.

Las limitaciones impuestas en la administración Petro pueden funcionar muy bien al principio, pero la ausencia de gestión y las medidas que toquen el bolsillo de los capitalinos, seguramente harán que algunos medios se salgan del corral y empiecen a cuestionar a Petro.

No se entiende tanta prevención en alguien que se cree y ha sido intocable por la justicia, más allá de pensar en la censura como una forma de conservar el capital político que considera tener. A pesar de la propaganda a su favor, Petro sabe que su votación fue escasa y que el voto contrario a sus propuestas fue ampliamente mayoritario en Bogotá.

Así las cosas, el control mediático es indispensable para Petro, pues la matemática no miente y sabe que, en términos reales, la mayoría de bogotanos no es su electorado directo, así la estrategia de dividir para vencer le haya otorgado el triunfo. De la ingenuidad de los votantes al alineamiento con las ideas del nuevo Alcalde hay una distancia muy grande que necesita maquillaje y control de “información”, en especial cuando los resultados de sus decisiones afecten a la ciudadanía.

Petro necesita, por ejemplo en el caso de la prohibición al porte de armas, que las cifras se ajusten a la brava para ocultar el incremento del número de muertos por armas de fuego ilegales, que son el 95 % de las pistolas y revólveres que existen en la ciudad y que están en manos de exconvictos y delincuentes de toda laya.

Ese control de medios también se hace efectivo mediante la designación de expertos en comunicación en cargos técnicos, pues los descalabros en infraestructura, presentes y futuros, serán vendidos, contra toda evidencia, como éxitos rotundos al mejor estilo chavista.

Tanto que se quejaban del “dictador” Uribe y ese “monstruo” nunca impidió que Noticias Uno accediera a los eventos de la Presidencia, ni movió los hilos para quitarle la licencia a la programadora financiada con dineros de oscura procedencia. Ahora, los mismos que atacaban al “monstruo”, guardan silencio frente a la censura petrista.

Los enmascarados de plata

2012-01-18T00:00:00.001-05:00

Por Jaime Ruiz

Uno de los héroes de la industria del entretenimiento más populares en Colombia cuando yo era niño era el Santo, "El Enmascarado de Plata", un luchador mexicano del que se coleccionaban cromos y se leían sus aventuras en revistas de fotos. Habrían de pasar muchos años para que yo entendiera, tras ver las escenas terribles de la lucha libre estadounidense, el Pressing Catch, que por fuerza un espectáculo de lucha es una farsa, que si se enfrentaran los luchadores con la saña que fingen, las lesiones los mantendrían fuera de actividad la mayor parte del tiempo y las muertes serían frecuentísimas.

Una farsa semejante ejecuta el actual presidente colombiano junto con su hermano mayor respecto de las bandas terroristas (que durante décadas promovió el segundo acompañado de buena parte de su medio social y que ahora a toda costa intenta legitimar la prensa controlada por la familia). Por una parte, tratando de encarnar la rabia de la ciudadanía a la que asesinan y despojan, y por la otra obteniendo réditos de ese papel según un guión que si no han acordado (y hay muchas razones para creer que sí lo han hecho) en todo caso surge del mismo consenso básico respecto al final.

Es decir, el espectáculo requiere los necesarios accesos de ira por parte del bravucón presidente y los muy reales asesinatos de las tropas de niños controladas por personas muy próximas a su hermano mayor. El objetivo de las supuestas querellas retóricas es ir haciendo tragar al público la negociación política (para eso son necesarios los crímenes) siempre considerando que resulte verosímil (de ahí que se prodiguen las exigencias de "gestos de paz" y la renuencia de las FARC a demorarlos mientras sacan cocaína y acumulan grandes botines con la extorsión consentida en las zonas fronterizas y protegidas por el régimen venezolano).

Para comprender que se trata de un guión acordado basta con prestar atención al árbitro, que no es otro que la prensa completamente sumisa al hampa gobernante, a tal punto que el siniestro ex canciller de Samper, Rodrigo Pardo, pasó a ocupar un puesto de poder en RCN, la única cadena que no obedecía del todo al libreto samperista-pastranista. Invito al lector a prestar atención a este "Análisis mundial para pensar en rutas para llegar a la paz en Colombia" que es lisa y llanamente el comienzo de una intensa campaña de propaganda de la negociación idéntica a la que precedió al Caguán. No tardó en aparecer la correspondiente columna de Eduardo Posada Carbó, ¡"Apuesta por la paz"! mostrando el optimismo de los cobramasacres que habitualmente exhiben algún comedimiento para poder ejercer su tarea con más efectividad.

De no ser por la distracción habitual de la gente y por la ausencia de una verdadera oposición, sería algo universalmente reconocido que los crímenes son acordados entre el gobierno y los jefes de la banda terrorista. La obsesión por buscar que se legitime a los criminales es casi enfermiza en la prensa de la familia presidencial, pero ¿en qué creen los lectores o por quién toman partido? Los pocos que leen esa clase de noticias son mayoritariamente partidarios de los terroristas. De otro modo habría llamado la atención la legitimación descarada del terrorismo de una señora del Think Tank "Razón Pública" (muy posiblemente un órgano emergido de las FARC, a tal punto que su creador, Hernando Gómez Buendía era firmante de la correspondencia de los "Colombianos por la Paz" con la banda), que previsiblemente apareció en la portada electrónica de El Tiempo.

Bueno, las indecentes declaraciones de Andrés Pastrana forman parte de lo mismo, y la renovación generacional (varios millones de personas han pasado a ser mayores de edad en la última década) así como la presión de la "educación" y de la misma prensa hacen que mucha gente olvide el Caguán, o pierda fuelle la determinación de impedirlo.

Ya es tedioso repetirlo: la negociación política, el premio de los crímenes terroristas, es lo que buscan los partidos de la Unidad Nacional y todos quienes siguen aferrados a esos partidos son cómplices. Puede que a la larga les convenga, pues no se ven muchas posibilidades de impedir que en 2014 salga elegido un heredero de las políticas de los Santos, estos gladiadores farsantes, pero las personas rectas no deberían dejarse engañar.

Es decir, las "críticas constructivas" de algunos forman parte de la misma bravuconada con que los Santos representan su libreto.

Timochenko le hace el corralito a Santos

2012-01-17T00:00:00.002-05:00

Por Eduardo Mackenzie

Contra lo que algunos estiman en este momento, no creo que el señor Timochenko le esté pidiendo “diálogo” al presidente Santos. Lo hizo en uno o dos mensajes, pero cambió de táctica y de tono, cuando vio que podía ir más lejos. Timochenko, en su último texto, del 9 de enero, está exigiendo cosas, antes de dialogar. El hombre es astuto. Está pidiendo, por ejemplo, que le despejen el Catatumbo, que le retiren los “miles de soldados y decenas de naves artilladas en plan de guerra” que él cree que el Estado colombiano ha ubicado allí, “en Cúcuta, Ocaña, Tibú y otras localidades”. Luego de consultar probablemente con el poder militar venezolano, el pérfido Timochenko le exige a Colombia que esa zona de frontera quede sin protección para poder él moverse sin tropiezos. En seguida, Hugo Chávez se propuso como “mediador” en cualquier intento de diálogo con las FARC. ¿Qué están preparando las FARC y Caracas en esa región?

Algo muy grave sin duda pues cuatro días después seis municipios de Norte de Santander fueron atacados por las FARC (en Tibú, Teorama, Sardinata, Hacarí, San Calixto y Convención) lo que dejó tres civiles muertos, tres civiles heridos, dos policías heridos, un tramo de oleoducto Petronorte volado y una torre eléctrica demolida.

El plan de Timochenko es completo pues pretende, además, utilizar a la población de esa región como fuerza de choque. El jefe de las FARC está tratando de instigar el odio de clase y la sospecha, los mejores ingredientes de la guerra civil, para confundir y dividir a la población de esa zona de valor estratégico. No es sino ver la caricatura que hace de los dos bandos que, según él, existen allí: por un lado, las empresas petroleras, de carbón y de palma aceitera (que él diaboliza con los epítetos de “transnacionales” y “depredadoras”), y del otro los cultivadores, colonos e indígenas que son, según el falso refrito marxista, las “víctimas” de los primeros. Si ese párrafo no es una amenaza contra las empresas y contra la población en general del Catatumbo ¿qué es?

Lo más infame: en ese mensaje, que él intitula “Sin mentiras, Santos, sin mentiras”, Timochenko intenta lavarse las manos por su matanza de rehenes del 26 de noviembre pasado en Caquetá. Las FARC no son culpables, dice el jefe terrorista, el culpable es el Gobierno. Timochenko exhibe allí el odio que siente por los periodistas que no bailan con él, al amenazar a Herbin Hoyos por su labor de apoyo a las familias de los secuestrados por la banda narco-terrorista. Esa es la tercera amenaza grave que contiene el texto del jefe de las FARC. El gobierno debe proteger a Herbin Hoyos, y a los periodistas, pues Timochenko los ha amenazado a todos.

Eso es lo que algunos columnistas, unos por ceguera y otros por desidia, llaman la “retórica menos belicosa” de Timochenko, o el “cambio de tono de Timochenko”. Una conocida periodista llega a ver al jefe terrorista como “un pulcro escritor”.

Sin duda es muy “pulcro” ese individuo, determinador del asesinato de monseñor Duarte Cancino, en marzo de 2002, entre otros crímenes, como lo acaba de anunciar el juez segundo especializado de Cali. “Pulcro” pues Timochenko afirma que la verdad no existe, pues ésta depende “de quién y con qué difusión la afirme”, que lo que dice un comunista es verdad, y lo que dice un “burgués” es mentira. A ese grado de miseria intelectual han llegado algunos mandarines de la izquierda bogotana, que no temen arrastrarse por el lodo ante las baratijas ideológicas de las FARC.

Esos mandarines están entusiasmados, pues Timochenko lanzó la propuesta de "retomar la agenda que quedó pendiendo (sic) en El Caguán". No ven que así se va conformando la nueva trampa contra Colombia. Desde el primer minuto en que el presidente Santos le diga sí al diálogo que propone Timochenko, la maquinaria internacional de las FARC se pondrá de nuevo en marcha. Los Pérez Esquivel, los mamertos norteamericanos y españoles, el chavismo latinoamericano y la extrema izquierda europea, se pondrán a aullar en coro: Santos debe paralizar las operaciones de las Fuerzas Armadas y aceptar la “solución negociada” que proponen las FARC. Santos debe hacer que la “justicia transicional”, en vía de incrustación en la Constitución, se encargue de encontrar la brecha para que nadie sea juzgado ni castigado (pues esa es la meta de esa curiosa “justicia”), y que se abra enseguida la gran fiesta bárbara: que todos esos criminales tengan permiso para entrar en actividad proselitista y propagandística en Colombia, que se relance la Unión Patriótica, y que se instale una asamblea constituyente donde la voz cantante la tengan ellos y sus asesores extranjeros. Y que Colombia calle, y sufra.

Esa agenda de desborde del Gobierno comenzará con la apertura de cualquier tipo de diálogo. Pues lo que interesa no es el diálogo, sino el rito, el gesto. Con él, las FARC podrán comprarse una amnistía de hecho. Su meta es que les retiren la clasificación de organización terrorista en Estados Unidos y en Europa, que esas potencias le retiren el apoyo a Colombia y que los gobiernos “progresistas” les permitan a las FARC abrir “oficinas de paz” en cada capital. Si lo logran vanos habrán sido los éxitos formidables de Colombia contra las FARC de los últimos diez años.

Ésa es la receta para hacerle un corralito a Santos y para enterrar definitivamente la línea de firmeza contra la inseguridad. Santos un día les pide “gestos de paz” a las FARC y otro rechaza toda idea de un nuevo Caguán. ¿Cuál es la línea verdadera? Timochenko hará “gestos de paz”, sin duda, mientras continúa la guerra, con ayuda de las Bacrim, para empujar a Santos hacia un pantano: para que converse en alguna parte, en una zona desmilitarizada, como prefiere Timochenko, o en el extranjero, como sugieren las buenas almas del Gobierno. Y, sobre todo, como pide el ex presidente Andrés Pastrana. Quien le cedió a las FARC 42.000 km² durante tres años, convirtiéndose en el responsable del mayor auge que éstas hayan tenido en toda su historia, ahora aparece como el más perspicaz negociador “de la paz”. Él le aconseja a Santos abrir un diálogo en el exterior y no se sabe qué otra cosa. Pues Santos había puesto alta la barra para conversar con las FARC: un cese al fuego unilateral, la entrega de sus armas y que liberen a todos sus secuestrados (Reuters, 10 de enero de 2012). Eso es mucho pedirle a Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien se siente apoyado por algunos para exigir todo antes de dialogar.

Mientras tanto, los colombianos, civiles y militares, siguen poniendo los muertos como acabamos de verlo en Norte de Santander. Colombia no tiene nada que negociar con las FARC, salvo su rendición incondicional definitiva.

Santos y la Corte con su Fiscal de bolsillo

2012-01-16T00:00:00.002-05:00

Por Jaime Restrepo V.

Pasó más de un año para que la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión de elegir a la Fiscal General de la Nación. Según los togados, no podían llegar a un acuerdo sobre la terna enviada por Álvaro Uribe, por lo cual, el actual presidente decidió cambiarla y nominar, entre otros, a Viviane Morales.

Muchos se sorprenden con la seguidilla de escándalos que vienen surgiendo en torno a la fiscal Morales. ¿Pero qué otro resultado se podía esperar de un proceso de elección espurio, con una terna alineada con oscuros intereses políticos? Los magistrados de la Corte Suprema, en cabeza de Jaime Arrubla, desconocieron las normas constitucionales al no elegir al fiscal de la terna enviada por Uribe. Luego, en una decisión cuestionable, el gobierno Santos cambió la terna, envió a Vargas Lleras como su emisario y en una noche oscura, finalmente la Corte eligió a Viviane Morales.

Curiosamente, en esa noche nefasta, los impedimentos que habían expuesto los magistrados, como la ausencia de especialistas en derecho penal en la terna de Uribe, desparecieron de golpe y se convirtieron en valores agregados de la nueva fiscal. Era tanto el afán de elegir a alguien de la pandilla, que designaron a Jaime Arrubla como presidente de la Corte para que encabezara la tropelía y una vez cumplida la misión, presentó renuncia y se retiró a sus cuarteles de invierno.

Además de los políticos beneficiados con esa decisión, muchos incautos que profesan el cristianismo, bailaron en una pata por la elección de la nueva fiscal. En sus tiempos aciagos, o cuando perdió el ojo, o cuando dejó a su primer esposo —pastor de una iglesia cristiana—, o cuando decidió casarse con Carlos Alonso Lucio —matrimonio celebrado por el periodista y pastor Darío Silva— , o cuando decidió separarse por segunda vez; en todas esas ocasiones, centenares de cristianos emprendieron cadenas de oración y ayunos por Viviane Morales.

Hoy en día, esos cristianos están desconcertados, buscan afanosamente una explicación para las actuaciones de la “hermana Viviane” o tratan de justificarla por las lágrimas que derramó en un video. Sin embargo, como buenos colombianos, olvidan el origen de la visibilidad de Viviane Morales en el cristianismo: una oportunista que se valió del negocio de la fe para consolidar su carrera política primero en un partido de garaje impulsado por Ernesto Samper en la famosa Operación Avispa, luego como activa defensora del presidente financiado por el Cartel de Cali y finalmente sentada en la dirección colegiada del Partido Liberal, al lado de Piedad Córdoba y otras hierbas del pantano rojo.

Ahora, con los escándalos surgidos alrededor de la fiscal, muchos deciden señalarla únicamente a ella, y dejan de lado a los autores intelectuales de la elección. ¿Por qué no se cuestiona a los electores de la señora Morales? De hecho, el largo e ilegítimo recorrido que terminó con la elección de la fiscal tiene su génesis en la exhibición arbitraria de poder por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es más: el pulso que decidieron jugarse con el entonces presidente Uribe, terminó por abrir espacios de presión para que el nuevo gobierno cediera rápidamente y eligiera una terna alineada con los intereses de la Corte y de sus mandamases.

Hasta el momento, nadie le ha preguntado a Juan Manuel Santos quién sugirió el nombre de Viviane Morales para la terna o ¿qué lo convenció de incluirla? Es que no se puede presumir la ingenuidad de Santos en el tema Morales, pues fue el actual presidente quien lideró la persecución contra el gobierno Samper y en tal posición, conocía perfectamente el nombre de las fichas que utilizaba el entonces presidente en el Congreso y en el poder judicial, máxime si se tiene en cuenta que fue una abogada “cristiana”, representante a la Cámara para más señas, la que paralizó la investigación contra los congresistas que votaron a favor de la preclusión del caso Samper.

En ese orden de ideas, Santos conocía de sobra la lúgubre trayectoria de Viviane Morales, sus saltos al vacío y sobre todo, su lealtad con Samper y con los dueños del Partido Liberal, tanto que su último trabajo antes de la Fiscalía fue como comentarista política en la mesa de trabajo de Caracol Radio, empresa en la que conservan algunas parcelas los descendientes de Alfonso López Michelsen.

¿Cuáles eran los objetivos de ese juego de poder? Lo primero que interesaba al nuevo gobierno tanto como a sus mejores amigos —Ernesto Samper y compañía— era emprender la persecución política contra el uribismo. Sin una ficha manipulable en la Fiscalía, dispuesta a pasar por encima de las normas, de la ética y del sentido común, les resultaría muy difícil contar con el ente investigador como elemento clave para la demolición de aquello que se conoce como uribismo.

Además, era necesario represar procesos clave como el del asesinato de Álvaro Gómez y dejar marchitar los expedientes contra políticos, periodistas y empresarios asociados y beneficiarios de las FARC. Así mismo, les resultaba urgente tener una Fiscalía sesgada ideológicamente —o alineada con el partido político de la Corte— para profundizar la cacería emprendida contra miembros de las Fuerzas Armadas, de tal manera que se reduzcan las operaciones y se establezcan las condiciones para que las FARC se envalentonen, tengan espacio para sus acciones terroristas, recuperen control territorial y se justifique así la negociación con los criminales "altruistas".

En la actualidad, muchos ignorantes señalan que lo de Viviane Morales es una persecución del uribismo contra el dechado de virtudes y talentos que es la actual Fiscal. ¿Olvidan acaso que tres de las primeras denunciantes del caso —María Elvira Samper, María Jimena Duzán y Cecilia Orozco— son protagonistas de primer orden en el antiuribismo?

Seguramente, los verdaderos responsables de la tragedia que significa tener una fiscal general cuestionada, no se inmutarán por sus culpas, ni serán señalados, ni les pedirán que asuman su responsabilidad política, pues el prontuario ético y moral de Viviane Morales encaja como anillo al dedo dentro de los propósitos del apostador-presidente y de sus esbirros.

Hecha la ley hecha la trampa

2012-01-15T00:00:00.001-05:00

Por Jaime Castro Ramírez

Ley de víctimas versus Ley de sostenibilidad fiscal

La condición humana es infortunadamente adicta a la tendencia de encontrar la antítesis de lo que se establece como norma de legalidad para la convivencia social, es decir, buscar la manera contraria a lo que ordena la norma, con el fin de evadir ciertos deberes de los individuos frente al Estado y la sociedad. Pero lo que parecería, por lo menos insólito e inaudito, es que sea el Estado el que entre en este terreno de ubicarse a la defensiva frente al cumplimiento de responsabilidades adquiridas con la sociedad.

Hablando de responsabilidades adquiridas, el gobierno Santos tal vez cree que los colombianos no tenemos capacidad de pensar y analizar las maromas que hace en aras de fortalecer su ego de “individualismo” a ultranza que practica y que alimenta con populismo barato, y entonces decidió jugarse una carambola a tres bandas de compleja concepción y de tortuoso recorrido, a la cual se le podría llamar la carambola del engaño:

1. Congraciarse con el partido liberal presentando (personalmente Santos) ante el Congreso de la República el proyecto del “elefante financiero” de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuya autoría es de este partido político.

2. Ofrecerle a cada víctima de la violencia en Colombia veinte millones de pesos como indemnización, y como pueden ser por lo menos cuatro millones de víctimas, significa que la cuenta en el mejor de los casos vale OCHENTA BILLONES DE PESOS; o sea que mínimo serían ocho reformas tributarias de profundo contenido, y para atender solo este caso. Sin contar lo que le valga al Estado el proceso de restitución de tierras.

3. Como el Estado no tiene posibilidad financiera de cumplir con semejante monstruo de compromiso económico, Santos se inventó entonces, como iniciativa del gobierno, tramitar ante el Congreso de la República una modificación a la Constitución a través de un Acto Legislativo que introdujo el concepto de “sostenibilidad fiscal”, el cual supedita los gastos del Estado a la disponibilidad presupuestal de recursos, lo que significa simplemente no pagar, o dicho de otra forma, al ciudadano le van a decir que tiene un derecho (creado por la ley de víctimas) pero que no hay con qué pagarle. Esto equivale a una burla estudiada, pues ¿qué significa comprometerse con algo que no puede cumplir? Y más grave aún resulta la irresponsabilidad de un gobernante al crearle ilusiones y expectativas a los ciudadanos y luego salirles con nada, pero además haciendo uso de la farsa calculada de apoyarse en una reforma a la Constitución que fue promovida para justificar el incumplimiento. Con esta reforma se ha mutilado cualquier derecho fundamental previsto en el Estado Social de Derecho que consagró la Constitución de 1991.

Parece muy apropiado el manejo que Santos le va a dar a este tema de la ley de víctimas para adjudicarle lo que dice el dicho popular en el sentido de que “Hecha la ley hecha la trampa”.

En conclusión, al presidente Santos le interesa, por un lado aparecer como el “redentor” de las víctimas diciéndoles que es una deuda histórica que el país tiene pendiente con ellos, y que es él quien les va a pagar la indemnización por los perjuicios que les ha ocasionado la violencia (suena bonito), y por el otro lado les dirá que la ley de sostenibilidad fiscal no permite pagarles porque no hay presupuesto. Este será un engaño más de los que le conocemos como característica desde el primer día de su gobierno, pues la verdad es que los colombianos lo elegimos por un modelo de gobierno que prometió cumplir, y luego salió con otra cosa diametralmente opuesta. Y saber que este show mediático de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras lo montó ante nadie menos que el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, a quien trajo invitado especialmente para la ceremonia de sanción de dicha ley. ¡Qué buena disposición para "darse pantalla"!

El caos que ocasionará

A partir del 1 de enero de 2012 las víctimas se acreditarán como tales para hacerse acreedores a la indemnización. El gobierno dice que va a hacer uso de un plazo de 10 años para pagarles, lo cual significa que aún con esta condición de pago, bastante diferido en el tiempo, cada año tendría que indemnizar a 400 mil personas, y según el valor total mencionado anteriormente, debe pagar un promedio de 8 BILLONES DE PESOS anuales, presupuesto que no existe. Para citar un ejemplo, en el presupuesto nacional del 2012 hay 800 mil millones de pesos para tal fin (10% de lo requerido), lo que indica que solo alcanza para 40 mil personas, debiendo atender a 400 mil. De este tamaño es la magnitud del desfase financiero en que en forma irresponsable se comprometió el presupuesto del Estado, y esto como consecuencia de cierto talante politiquero y arribista, donde no se distingue escrúpulo alguno con tal de figurar en la escena de la notoriedad.

Y aquí empieza el gran desorden que tendrán que afrontar las víctimas:

1. Bajo qué criterios decidirá el gobierno a quienes les pagará el primer año, y así sucesivamente en el segundo, tercero, o en diez años cuando ya muchos reclamantes ya no existirán.

2. Con qué dinero les va a pagar.

3. Se presentará un caos judicial por la cantidad abrumadora de solicitudes de indemnización, y a la vez de reclamaciones por incumplimiento en el pago.

4. Ocasionará violencia con el tema de la restitución de tierras, consecuencia que incluso ya se está viendo, aunque no ha empezado oficialmente a desarrollarse tal proceso.

5. No faltarán los inescrupulosos, que no siendo víctimas, se presentarán con su “prueba sumaria” a registrarse en la nómina de indemnizables.

6. Al cabo de los cuatro años de su mandato, Santos se irá y dejará embarcado al siguiente gobierno en semejante enredo, aunque él se limitará a decir que ahí dejó la “ley histórica” para que les paguen a las víctimas.

AL MARGEN: Los conflictos armados se solucionan, o venciendo militarmente al enemigo, o por medio de negociación política. La Seguridad Democrática liberó a Colombia del terrorismo que estuvo a punto de tomarse el poder, y lo dejó en vía de extinción; sin embargo, ahora se habla de diálogo y negociación. La única explicación de negociar con quienes estaban derrotados es el ánimo de figurar con el título de la “autoría de la paz”, y también, por qué no para aspirar al premio Nobel de Paz. Esto tendrá un precio muy alto en concesiones del Estado a los bandidos, y será entonces el precio de la vanidad personal convertida en “autoría de paz”.

Que renuncie la fiscal

2012-01-14T00:00:00.000-05:00

Por @Maguioz16

¿Quién está frenando la investigación de la CSJ sobre Piedad Córdoba?

2012-01-09T11:34:00.002-05:00

Por Eduardo Mackenzie.

Hace más de un año, en noviembre de 2010, la Procuraduría General compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia del nuevo material probatorio que tenía sobre los presuntos vínculos de la ex senadora destituida Piedad Córdoba con las FARC. No se trata únicamente de los documentos y correos electrónicos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, ni de los registros digitales que estaban en poder del “Mono Jojoy”, decomisados durante la Operación Sodoma, ni de las pruebas básicas invocadas por la Procuraduría al inhabilitar a esa ex senadora. Se trata de algo más: de intercepciones telefónicas legales realizadas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) de conversaciones entre la ex parlamentaria y miembros de la organización terrorista, especialmente con un tal alias “Manolo”, del frente 30 de las FARC. (Ver El Tiempo, 19 de noviembre de 2010).

La información producida por la DIJIN corrobora obviamente los hechos tenidos en cuenta por la Procuraduría al firmar la inhabilitación de la señora Córdoba para ejercer cargos públicos durante 18 años. Por esa razón, la Procuraduría anunció, el 19 de noviembre de 2010, que abría un nuevo proceso por Farc-política, y sobre Piedad Córdoba, esta vez basado en los datos encontrados en centenares de archivos del “Mono Jojoy”.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, también recibió documentación acerca de la contribución financiera, o donación, que Piedad Córdoba habría hecho al señor Ricardo Montenegro, ex candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014, donación perfectamente ilegal pues ésta habría sido efectuada cuando ella era senadora, violando así la disposición que prohíbe a los funcionarios públicos hacer donaciones a partidos y a candidatos.

Más grave: las autoridades tienen la prueba de que Piedad Córdoba pasó información secreta, o como dice El Tiempo, “privilegiada”, a las FARC para tratar de impedir que las fuerzas del orden pudieran rescatar al coronel Mendieta, según un mensaje del 14 de septiembre de 2008, de Iván Márquez, donde éste asegura que Piedad Córdoba, bajo el alias de “Gaitán”, les envió esa información. “Gaitán envía lo siguiente: que el Ejército está cerca del coronel Mendietta (sic), por los lados de la Clínica. Planean sacarlo a la fuerza. Conocen el sitio preciso”, escribe el jefe terrorista.

El Tiempo decía el 22 de noviembre de 2010 que el expediente que manejaba la Procuraduría en ese momento tenía “otros apartes explosivos” que comprometen a la ex senadora y que hablan, sobre todo, de un “contacto con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de los capturados en mayo pasado que han sido relacionados con actividades de la política en el occidente del país” y que hay todo un “capítulo” sobre “el aparente envío de plata desde Venezuela”. Es decir de “más de 10 500 correos y chats intervenidos” enviados y recibidos por dos asesores de Piedad Córdoba, Ricardo Montenegro y Andrés Vásquez, donde aparecen millones de dólares enviados a ese grupo desde Venezuela.

¿Por qué un año después de semejantes revelaciones de El Tiempo la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación guardan tan estricto silencio sobre esas investigaciones? ¿Quién está frenando las dos investigaciones sobre Piedad Córdoba? ¿Alguien está intrigando para que los archivos digitales del “Mono Jojoy” sean declarados ilegales, como lo fueron los de Raúl Reyes?

Ese chocante silencio contrasta con el ruido estruendoso que está haciendo el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo contra la ex jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010. Esa oficina ha llegado al colmo del delirio megalomaniaco de amenazar al mismo Presidente Ricardo Martinelli, y al establecimiento dirigente panameño, con entablarles una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “si no retiran” el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado.

En otras palabras, el tenebroso colectivo, involucrado en tres expedientes de desfalco contra el Estado colombiano por unas “falsas victimas”, está cometiendo excesos en el exterior que le costarán caro a Colombia. Esa opaca oficina, gracias al extraño silencio del presidente Juan Manuel Santos, se acaba de convertir en emisario y agentes de presiones indebidas contra Panamá. ¿No tiene Colombia un embajador allá? ¿Bogotá quiere mostrarle los dientes a Panamá? ¿En que terminará esa aventura?

Parece que en estos días los colombianos tenemos que tragar culebras enormes. Fuera de tener que soportar al cuestionado juez Garzón como asesor presidencial, ahora tenemos que aceptar que el Colectivo de abogados se convierta en el substituto de la canciller Holguín.

¿Qué puede un observador deducir de esto? ¿Se puede excluir el hecho de que el Colectivo de abogados, por razones misteriosas, que podrían pasar por Caracas, está frenando con todo lo que puede las investigaciones sobre Piedad Córdoba y la FARC-política en la Procuraduría y el la CSJ, al mismo tiempo que, en sentido contrario, trata de acaparar funciones muy delicadas del sistema diplomático colombiano para hacer regresar a Colombia, a rajatabla, la ex directora del DAS para crucificarla en un proceso stalinista sin garantías?

La histeria oficial contra María del Pilar Hurtado, la funcionaria que cumplió con su deber al indagar, entre otras cosas, sobre las obscuras andanzas internacionales de Piedad Córdoba, y la abulia judicial respecto de Piedad Córdoba, hacen parte de una misma operación: impedir el destape del escándalo de la FARC-política. Es decir, los amigos de Piedad Córdoba no quieren que ésta sea condenada penalmente por sus servicios a las FARC e intrigan para que, por el contrario, los funcionarios del pasado gobierno, que no estaban dispuestos a cerrar los ojos ante lo que estaba haciendo Piedad Córdoba, sean castigados mediante grotescos procesos estalinianos. Es lo que el ex presidente Álvaro Uribe llama, con gran precisión, un proceso de “venganzas criminales” instigadas por oficinas “que no han aclarado sus vínculos con la guerrilla y han engañado al Estado con falsas víctimas como los casos de Mapiripán, Las Pavas y las inexistentes fosas comunes de La Macarena".

Lo que está ocurriendo muestra, pues, la perniciosa influencia que está ejerciendo el Colectivo de abogados sobre el Gobierno de Santos y el fuerte deterioro que ello implica para la ejemplar conducta diplomática que Colombia mantenía hasta ahora.

¿Con esos nuevos amigos, el gobierno de Santos terminará por poner en cuestión el derecho de asilo y la Convención de Ginebra de 1951?

Y pensar que todo este derrumbe moral y diplomático existe porque la cúspide del poder aspira a erradicar de la memoria de los colombianos los inmensos avances que hizo el país gracias al gobierno de Álvaro Uribe. Pero aspirar es una cosa. Coronar es otra.

Voceros de las FARC anuncian nuevo show de liberaciones

2011-12-31T00:00:00.000-05:00

Por Maguioz16

El año que termina

2011-12-19T00:00:00.002-05:00

Por Jaime Restrepo Vásquez, Director de Atrabilioso.

Llegó la Navidad y mientras la mayoría de los ciudadanos anda a las carreras comprando regalos y engullendo las viandas tradicionales de la época, en algún lado se cocina la ganancia política de la liberación unilateral de secuestrados.

No hay una época mejor para el espectáculo mediático de las liberaciones promovidas por los "Colombianos por la Paz". Los periodistas y los “altruistas” lo saben: en este tiempo la agenda de noticias es pobre y las liberaciones se convierten en un relleno muy conveniente al que se le da toda la cobertura posible, pues además hay poco que informar.

La estrategia del final de año, en términos de visibilizar una situación, seguramente será aprovechada una vez más por los entusiastas de la negociación, quienes con la enorme difusión podrán mover a su favor la posición de la opinión colombiana, endurecida hace casi un mes por el asesinato de cuatro secuestrados.

Así las cosas, después de las liberaciones vendrán las acostumbradas presiones para sentarse a negociar con los criminales y este asunto ocupará la agenda durante los primeros días del año. A diferencia del pasado, en esta oportunidad el gobierno está no solo dispuesto sino anhelante de que el plan salga bien, de tal manera que pueda hacerse la “paz” a las buenas y no a las malas, como lo anunció en días pasados el presidente Santos.

Hace algunos años decidí suspender mi periodo de descanso para abordar el asunto de las liberaciones de secuestrados, con todo y novela de Emanuel, pero ahora, desde la perspectiva que permite el paso del tiempo, no movería un dedo para darle cobertura a la infamia de utilizar como botín político y propagandístico a un grupo de militares y policías secuestrados y torturados.

Además, como me niego a ver a Piedad Córdoba, a Iván Cepeda y a Gloria Cuartas disfrutando de la libertad que sus muchachos en el monte les niegan a otros, no seguiré ni un solo detalle del despliegue mediático de las liberaciones, pues el único lugar en el que valdría la pena hacer unas tomas de los mencionados, sería internos en una cárcel con barrotes y cercas por doquier.

¡Enhorabuena por las familias! Ojalá los liberen a todos, no solo a los uniformados sino también a los civiles secuestrados por dinero –que son muchos y de ellos casi nadie habla- y esas personas puedan recuperar sus vidas y la libertad que merecen.

Deseo, de manera ferviente, la liberación inmediata de los secuestrados pero me niego a aceptar que esa atrocidad sea premiada con la negociación de las leyes y con la posibilidad de permitir que los criminales “altruistas” incursionen en la arena política: que en 2012 se sometan a la justicia para confesar los detalles de la barbarie que han esparcido por todo el país, incluyendo la delación de sus cómplices vestidos de civil.

AL CIERRE: Como ha sido costumbre a fin de año, Atrabilioso disminuirá el ritmo de publicación hasta mediados de enero. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los lectores del blog por acompañarnos durante un año más.

También quiero expresar mi gratitud a todos los colombianos que han decidido aportar sus ideas y opiniones en este espacio como Jaime Castro Ramírez, Noel Carrascal, Eduardo Mackenzie, Jorge Monroy, Maguioz16, Diegoth y Erika Salamanca. En esta lista no puede faltar Christian Karpf, un hombre dispuesto a dar siempre lo mejor de sí.

Además, mi enorme gratitud para Jaime Ruiz, amigo entrañable y compañero de largas conversaciones, cuya entrega y entusiasmo han permitido que este blog se mantenga vigente.

Fiscalía y el encarte de la fiscal

2011-12-18T00:00:00.000-05:00

Por Jaime Castro Ramírez

Las personas de bien que asumen dignidades públicas tienen necesariamente que estar blindadas contra situaciones que puedan comprometer su prestigio ante el cumplimiento de la misión que les han encomendado las autoridades y la sociedad, pues de lo contrario, podría convertirse tal misión en el protagonismo de la indignidad; o simplemente en el escenario de las críticas públicas razonables que limitan el campo de acción del personaje para cumplir sus funciones adecuadamente como lo exige la ley.

Hay además un factor muy importante a tener en cuenta y que se llama “ética”, sin el cual resulta muy incómodo para la sociedad aceptar la gestión de un funcionario que representa los intereses comunes.

Caso de la señora fiscal general de la nación

La Fiscalía General de la Nación es un organismo muy importante dentro la estructura de la justicia colombiana, pues nada menos que le corresponde administrar toda la justicia investigativa del país, a excepción de algunos muy pocos casos de altos funcionarios que tienen fuero y los investiga la Corte Suprema de Justicia.

No se trata de objetarle a la fiscal Viviane Morales su relación con Carlos Alonso Lucio, pues se le respeta todo; incluso el hecho de que haya ido hasta la cárcel a casarse con él, pues ella tiene el derecho de hacer lo que le parezca con su vida privada. Lo que sí hay que observar y darle sentido es a lo que significa respecto a la justicia, es decir, el hecho que ella esté comprometida sentimentalmente con quien tiene un pasado muy truculento: autor de crímenes como guerrillero, asesor de terroristas paramilitares, asesor de terroristas del ELN, asesor de narcotraficantes del cartel de Cali, relación con los bandidos Nule que atracaron al Estado, estuvo preso cuando fue acusado por estafa y falsa denuncia, fue prófugo de la justicia para lo cual se escondió en Cuba, etc.

Es el hecho de la importancia del cargo de Morales lo que hace incompatible éticamente ante la sociedad su vinculación con quien tiene esa clase de hoja de vida.

La grande inquietud es la duda que genera la fiscal general de la nación en sus actuaciones como fiscal, respecto a la influencia de su marido, lo cual conduce a la pérdida de la confianza pública; pues no es el asunto de su vida privada lo que es discutible, sino la importancia de su cargo ante la sociedad colombiana y ante el poder judicial. ¿Qué garantía puede haber de que el marido de la rectora de la justicia criminal investigativa del país no interviene para hacer sesgar investigaciones en casos en los que él tiene o ha tenido relación con los procesados? Caso los Nule, caso de la investigación por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado por ser Lucio amigo del sospechoso intelectual del crimen, Ernesto Samper, casos de terroristas paramilitares y del ELN, etc.

Adicionalmente, hay que tener presente que cuando Viviane Morales se presentó como candidata a ser elegida fiscal general de la nación, su estado civil decía que era separada del señor Lucio, es decir que ante el país no tenía esa sombra de impedimento que pusiera en duda su independencia para asumir la investidura de fiscal. Sin embargo, ahora que está en ejercicio del cargo, ella aceptó públicamente haberse unido nuevamente con este personaje, y ahí es donde viene la desconfianza respecto a su independencia para actuar como fiscal en los casos mencionados, lo que le ha generado críticas en los medios de comunicación.

Como respuesta a dichas críticas, y haciendo uso de una buena dosis de cinismo, la señora fiscal decidió vestir de pastor al señor Lucio, llevar cámara de televisión y presentarlo como “predicador”. Bien se le podría llamar “falso predicador”, pues con su oscuro pasado y su habilidad de charlatán e impostor, sus prédicas serán, cuando menos, acciones profanas. ¿O será que la fiscal cree que con el traje de pastor le limpia la conciencia y lo habilita ante los colombianos como persona de bien? De ser así, estará muy equivocada, pues en este caso le aplica el proverbio que dice “el hábito no hace al monje”.

Señora fiscal general de la nación, con la pesada carga a sus espaldas por las circunstancias mencionadas, a usted no la favorece para nada aquello de que “la mujer del césar no solo tiene que ser honesta sino parecerlo”, pues no hay manera de parecerlo porque ya los colombianos no le creen.

Este caso es tan serio y delicado que al perder la señora fiscal la confianza del público, no solo daría para tener que declararse impedida en muchos casos para ejercer sus funciones, sino que incluso debería acudir al sentido de dignidad y RENUNCIAR a su cargo. El Estado y la sociedad colombiana no resisten este desafío.

AL MARGEN: La justicia colombiana definitivamente es un remedo de justicia. Los Nule que le causaron tanto daño al país y que se lo robaron a manos llenas, fueron condenados a 15 años de cárcel, lo cual tiene los siguiente descuentos: por aceptar los cargos les rebajan a 7.5 años, y como están solicitando el “principio de oportunidad” (equivale a impunidad), les rebajarán otros 3 años, y luego por “trabajo y estudio” les harán otra rebaja. En conclusión, estos bandidos estarán libres por ahí en dos años. Quién lo creyera.

Habemus fiscal, pero debe renunciar

2011-12-17T00:00:00.002-05:00

Por Maguioz16

Diez verdades de a puño sobre la educación superior

2011-12-16T00:00:00.000-05:00

Por Jaime Ruiz

Contra toda evidencia la universidad da por sentado que es necesaria tal como lo hacía la institución eclesial a la que pretende reemplazar.

Si fuera por un objetivo terrenal medible como el crecimiento económico y el bienestar, la universidad pública gratuita es contraproducente.

Respecto a la rebelión de los estudiantes chilenos se pasa por alto que el crecimiento del país también se debió al ahorro en universidades.

Cada vez que un país hispánico está cerca del desarrollo, surgen de la sociedad fuerzas atávicas que lo impiden. Ahora es el turno de Chile.

Como factor de equidad la universidad pública es una falacia monstruosa: la plata de los débiles se dedica a proveer ventajas a los fuertes.

El objetivo de las universidades del mundo hispánico no es el saber, sino la provisión de títulos que garanticen la inclusión del agraciado.

En cuanto es el Estado el proveedor de educación superior esta se vuelve un pretexto para la exacción de los grupos parasitarios de siempre.

El activismo violento y totalitario es un sino fatal de las universidades hispánicas: mientras gana el paraíso el clero disfruta beneficios.

Si un profesor renuncia ante la indigencia de sus alumnos no culpa a la escuela ni al medio sino a la tecnología. ¿Qué enseñaría ese hombre?

“Es que a eso venimos, a aprender”, replican. Como para esperar que tras más de una década en la escuela sepan leer o escribir. Es Colombia.

Carta abierta a quienes defienden la libertad

2011-12-15T00:00:00.001-05:00

Por Jorge Monroy

Estimados señores y señoras: espero que hayan notado que no dirigí esta carta a la derecha, ni al uribismo, ni a los defensores de la lógica del mercado: la dirigí a todos aquellos que consideren la libertad como el valor vinculante y estructurante de nuestra sociedad. No intentaré definir la libertad; esa es una tarea que excede los propósitos de este artículo. Sin embargo, la libertad de empresa, de pensamiento y de movilidad, enmarcada en la posibilidad de tener acceso a una propiedad privada y a un Estado que defienda el derecho a su usufructo o enajenación, son puntos básicos en los que podemos estar de acuerdo respecto de un concepto básico de libertad.

También espero que hayan notado que me referí a aquellos que buscan defender esa libertad. Con ello quiero decir que esta afronta tres grandes amenazas, que espero que no le lleguen como una sorpresa: la primera es la que se cierne sobre nuestro país tras el advenimiento del gobierno de Juan Manuel Santos; la segunda, la hecatombe que se aproxima con el gobierno de Gustavo Petro en la capital de Bogotá; y la tercera, sin duda, la progresiva cooptación de la rama judicial. Estos tres ítems juntos hacen parte de la misma estrategia de quienes quieren de manera progresiva eliminar nuestra libertad.

En el primer frente, encontramos a un gobierno que ha logrado crear un mito de sí mismo. Desde su posesión el 7 de agosto de 2010 ha venido dando muestras de que sus verdaderos intereses no son otros que los de los mismos que durante años permitieron la legitimación de la violencia con discursos ambiguos de paz; Juan Manuel Santos no es nada diferente a lo que representan Ernesto Samper, Cesar Gaviria e incluso Alfonso Lopez Michelsen: el interés de una elite que utiliza la violencia para imponer sus propias agendas en aras de rentas y poder. Pero, si bien los colombianos están pasivamente acostumbrados a este tipo de gobierno, en este momento una variable extra hace que la ecuación sea como nunca desfavorable para los intereses de los colombianos del común, esto es: el plan expansionista del chavismo.

Esto no es de ningún modo un asunto nuevo y repetirlo nuevamente bordaría con la redundancia. Señor lector, creo sin duda que ya estamos de acuerdo en que el gobierno de Santos no representa bajo ninguna circunstancia el mandato por el cual fue elegido, pero quiero llamar su atención de un punto importante: Juan Manuel Santos, al seguir una agenda lejana al mandato popular se alejó de las reglas de la democracia con un único objetivo: el aseguramiento de una situación favorable en términos de poder del chavismo (encarnado en las FARC) sobre los colombianos. Si usted no lo cree, no intentaré convencerlo, ni le narraré el hecho de que Santos cogobierna con partidos perdedores, o que recientemente ha pedido ayuda a Chavéz para dialogar con las FARC, o que utilizó a los marchantes contra las FARC para su propia agenda y el asesinato de los secuestrados para impulsar una liberación que sin duda sirve a sus propósitos. Prefiero simplemente llamar su atención de dos hechos: el primero como defensores de la libertad y demócratas: no buscamos perpetuar a nadie en el poder, me refiero, por supuesto, a que por más simpatías que sintamos hacia Álvaro Uribe, debemos entender que la democracia y la libertad por la que luchamos se basan en la alternancia de poder, y que la tarea no es luchar por instituir a una persona a perpetuidad sino generar un partido con ideales sólidos que permita encontrar en todo momento un nuevo líder que refresque el poder, basado de manera firme en los ideales que este partido le determine.

Pero señor lector, entienda algo: le guste o no, el partido de la U es el partido que llevó al poder al presidente Santos. Y le guste o no, quien tiene el presupuesto y determina los cargos es quien determina las directrices de un partido. Exigir que el partido de la U de repente se vuelva nuevamente uribista es soñador, irreal y solo sirve a los intereses del autócrata del palacio de Nariño. Por otro lado la U no es un partido fuerte que tenga como base programática la libertad, la inversión extranjera, y la generación de riqueza. Como prueba de ello, escuche a cualquiera de los altos miembros de la U referirse a cosas tan básicas como la Ley de Víctimas, el dialogo con las FARC o simplemente la gestión de Santos. Señor lector, le hago un llamado para que construyamos entre todos un nuevo grupo de base alrededor de una idea de país y no de una persona, que permita encontrar no solamente un líder mediato sino varios para un futuro cada vez mas cambiante y lleno de retos: el partido de la U, por ser el partido del jefe de Estado no nos genera esas garantías, nos guste o no.

El segundo frente de la amenaza a nuestra libertad es Gustavo Petro, quien ganó gracias a los abstencionistas, a los uribistas feroces que votaron por candidaturas inviables e incluso a algunos de quienes se suponen debían ser defensores de primera línea de Álvaro Uribe, como Fernando Londoño, quien llamó a votar por Parody. El daño está hecho y los bogotanos debemos entender lo que se cierne en el horizonte.

El escándalo desatado esta semana con el tema de la venta de las acciones de la EEB deja claro que el ex senador Petro va a ejecutar una agenda que sin ánimo de exagerar resulta apocalíptica para Bogotá.

1. Petro pretende fusionar las empresas del distrito, para que la empresa más exitosa financie los programas de las rezagadas, pero al mismo tiempo quiere evitar a toda costa que la empresa exitosa se expanda.

2. Quiere imponerles a las empresas del distrito cargas operativas inconmensurables, que sin duda impactarán en sus resultados financieros en detrimento del patrimonio de los bogotanos.

3. Busca hacer público el sistema Transmilenio, es decir, eliminar el incentivo privado. Esto sin duda resultará en el colapso total del sistema en el mediano plazo, con la terrible agonía de la reducción de la calidad progresiva hasta su completa abolición.

4. Tiene en sus manos la posibilidad de crear el Plan de Ordenamiento Territorial que regirá a Bogotá durante los próximos diez años, en el cual introducirá sus ideas como la destrucción de millones de casas en el centro para construir edificios, la expansión de la ciudad sobre la base de barrios ilegales y la contención de la expansión de la ciudad, lo cual aumentara el déficit de viviendas, y el costo de vida en general para los bogotanos.

5. Petro empezó a demostrar que lo que promete lo cumple: es importante recordar que prometió un ejército privado de noventa mil hombres para la seguridad de Bogotá. Esto sin duda aumentará radicalmente los índices de violencia e inseguridad, y sin duda será usado como una suerte de policía política al servicio de la revolución socialista que con este personaje habrá comenzado en la ciudad. Si cree que mis palabras son exageradas guarde este documento y compárelo con la realidad en cuatro años.

Sin embargo, la situación más grave es la dupla Santos y Petro, que sin duda son el eje del chavismo en la ciudad, ese mismo chavismo que ordena expropiaciones y elimina la libertad de elegir y de invertir, sataniza la inversión extranjera y arma a los civiles para defenderla. Esta situación es profundamente grave para usted y para mí, señor lector, pues afecta la libertad por la cual estamos luchando. Por eso, señor lector, y porque el eje central de una democracia es una oposición seria y responsable que imponga un límite claro a quien ostenta el poder, le pido que desapruebe a quienes hagan arreglos clientelistas bajo la figura del consenso, es decir, dejar por el interés personal, el interés colectivo. Por esta razón, y con los antecedentes arriba descritos, le pido dejar de pedir correcciones de rumbo, o cordura al gobernante, y asumir en sí mismo una posición crítica que sin duda es mucho más productiva que el consenso que algunos dentro de la ideología de la negociación nos quieren imponer como único camino válido en la democracia, mentira proveniente generalmente del terrorismo, para dejar sin límites un poder que les es favorable.

Por último, la lenta pero poderosa cooptación de los estamentos que imparten justicia en Colombia es un hecho innegable: la politización de la justicia y la judicialización de la política son sin duda alguna los ejes centrales de nuestra tragedia nacional. Los aberrantes casos como el del coronel Plazas Vega, que sin ninguna prueba sigue siendo sometido a la cárcel por una venganza criminal, o el del general Uscátegui, a quien ni siquiera después de descubrirse la bajeza del Colectivo de Abogados se le ha revisado el caso, entre otros miles que afectan a soldados y policías, cada día sometidos a una insoportable presión judicial en las manos de los mismos enemigos a quienes ellos combaten en el monte, representan una tercera amenaza a nuestra libertad: hoy son los héroes de la patria quienes son tratados como criminales a manos de un sistema judicial cooptado por los enemigos de la libertad, mañana será usado para reprimir el pensamiento opositor y para castigar a quienes se opongan a la tramoya santista, petrista o chavista.

Señor lector, le hago un llamado urgente: no hay más tiempo, cada segundo que pasa nuestra libertad es atropellada centímetro a centímetro. El llamado con esta carta abierta es para que usted comprenda que en la democracia el único superhéroe que existe es usted, el voto, la acción participativa, la opinión, la protesta, son herramientas que tienen un peso muy grande y que pueden hacer frente a los intereses del chavismo en Colombia. Por el contrario, si usted insiste en aferrarse al pasado y seguir insistiendo con una U que ya no nos pertenece, o la perpetuación de una sola persona en el poder, pierde tiempo que los enemigos de la libertad no dudarán en aprovechar. Lo invito, señor lector, a lanzar sus propuestas programáticas para que entre todos comencemos a construir un nuevo partido, alrededor de una idea de país y no alrededor de una persona, de tal manera que se garantice la continuidad y los intereses de nuestra nación.

No se engañe, señor lector, no hay más tiempo y tampoco hay lugar para negociar. Asuma su oposición crítica, y entienda que la democracia, los principios y los valores no se negocian.

Las comprometidas cortes colombianas

2011-12-14T00:00:00.000-05:00

Por Mary Anastasia O’Grady

(The Wall Street Journal)

Los combatientes estadounidenses en la guerra contra las drogas citan a Colombia como un ejemplo de victoria en la batalla contra las redes criminales del narcotráfico. Los colombianos, sin embargo, conocen el tema más a fondo.

En una carta fechada el 1.º de diciembre y dirigida a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, Enrique Gómez Hurtado, miembro del Partido Conservador y ex presidente del Senado de Colombia, y Rafael Nieto Navia, antiguo magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antiguo Magistrado del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y Ruanda, advertían que la paz relativa alcanzada en Colombia en los últimos años no es segura.

Una “gran preocupación”, escribieron Gómez y Nieto, es “el resurgimiento del narcoterrorismo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales”. Dicen además que el secuestro se está incrementando, la extorsión y los ataques a los oleoductos continúan, los pueblos y ciudades son acosados, y los niños son asesinados o reclutados a la fuerza para integrar las filas rebeldes.

Por qué los gángsters todavía tienen el espacio que necesitan para operar, puede ser explicado como el segundo fenómeno que los respetables Gómez y Nieto describen. “el deterioro del sistema judicial”. No se trata de algo accidental dicen quienes escriben:

“Nosotros advertimos sobre la infiltración de agentes del narcoterrorismo en nuestro sistema judicial así como en Organizaciones No Gubernamentales en las cuales bajo la fachada de defensores de derechos humanos, apoyan acciones para atacar las instituciones democráticas”

Estas son acusaciones muy graves y no se hacen sin ofrecer ejemplos de lo que se presenta como claros errores de la justicia. “Un caso emblemático” que mencionan es la condena contra dos oficiales del Ejército por el delito de desaparición forzada en el rescate de rehenes del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985. Los respetables Gómez y Nieto no resumen el caso en su carta, pero vale la pena revisarlo.

El infame asalto al Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero de izquierda conocido como M-19 fue una acción, en representación del Barón de las Drogas Pablo Escobar, para obligar a la Corte Suprema de Justicia a decretar la extradición como inconstitucional. Los rebeldes destruyeron el sistema de seguridad mediante el asesinato de dos vigilantes y asumieron el control del edificio. Los militares irrumpieron en las instalaciones y fueron capaces de rescatar a más de 200 personas. Los guerrilleros, no obstante, tomaron rehenes y prendieron fuego para destruir los archivos de las Cortes. Cuando el humo se disipó, todos los rebeldes estaban muertos como también lo estaban entre 40 y 50 rehenes cuyos cuerpos calcinados fueron enterrados antes de ser identificados. Once personas nunca fueron encontradas.

El Comandante de Brigada del Ejército Jesús Armando Arias, y el oficial a cargo de uno de los batallones que entraron al Palacio, el Coronel Alfonso Plazas, fueron catalogados como héroes luego de la masacre. Un Tribunal investigó el caso en 1986 y culpó de la carnicería al M-19.

La izquierda no se dio por vencida. Más adelante, dos declaraciones juramentadas por separado fueron usadas para acusar al ejército en la desaparición de las 11 personas cuyos restos no fueron encontrados. La primera declaración jurada notarizada, presentada por el ex policía Ricardo Gámez en 1989, fue desechada cuando se supo que no había estado en el edificio durante la crisis y no podría haber sido testigo. El documento fraudulento había sido llevado ante la Procuraduría por un sacerdote jesuita muy conocido por sus acusaciones contra el Ejército y sus políticas de izquierda. Ni Gámez ni el sacerdote sufrieron consecuencia alguna por sus actuaciones en este caso.

En 2007, otra declaración juramentada supuestamente firmada por el cabo Edgar Villamizar fue utilizada para poner al coronel Plazas en prisión y luego condenarlo. El general Arias fue encontrado culpable por asociación. Sin embargo, durante el proceso de apelación, Villamizar apareció en persona y declaró que él no estuvo en el edificio aquel día y los investigadores reconocieron que la firma en la declaración juramentada no era la suya. De todos modos, un Tribunal compuesto por tres jueces en Bogotá determinó el mes pasado, por dos votos contra uno, que la condena debía mantenerse.

Difícilmente se trata de un caso aislado. Cientos de uniformados colombianos han sido condenados sobre la base de testimonios poco confiables aceptados por la Corte.

En otra noticia reciente, la fiscal general de la nación, Viviane Morales, volvió a casarse con su ex marido Carlos Alonso Lucio, quien resultó ser un antiguo miembro del M-19 y ex asesor tanto del ELN como de los paramilitares. Estaba en la cárcel la primera vez que se casaron.

En otras palabras, el marido de la fiscal general ha pasado años retozando con el tipo de gente que se supone que su esposa tiene que investigar.

Uno se pregunta con asombro cómo los estadounidenses hubieran reaccionado si Mabel Walker Willebrandt, la asistente del Fiscal General de EE.UU. durante la “Prohibición” (de contrabando de licor), se hubiera casado con Al Capone… Los requerimientos para que el gobierno colombiano se manifieste al respecto, realizados a través de su Embajada en Washington, no tuvieron respuesta.

Fue la Corte Suprema de Justicia de Colombia la que eligió a Morales como fiscal general, a partir de una lista de nominados presentada por el presidente Juan Manuel Santos. Esa alta corte ha tomado otras incomprensibles decisiones, incluyendo una que establece que las pruebas tomadas de los computadores del líder de las FARC, Raúl Reyes, que fueron incautadas durante una operación de comandos en 2008, no pueden ser admitidas por la Corte.

Si el sistema judicial colombiano ha sido infiltrado por delincuentes, como lo denuncian los señores Gómez y Nieto, la nación no ha ganado ningún parte de guerra contra las drogas. Los terroristas sólo han cambiado de trinchera

La plata de los secuestros

2011-12-13T00:00:00.001-05:00

Por Jaime Ruiz

Recientemente los grandes pensadores de la prensa colombiana descubrieron algo que hace mucho tiempo señalé, que el problema no es que las FARC hayan perdido sus ideales, sino exactamente lo contrario, que los conservan. Pero es un aspecto casi secundario hoy en día, porque la principal causa de que siga habiendo FARC es la promesa de Santos de premiar sus atrocidades, en aras de un papel en la historia que podría ser más vistoso aún que el de su tío abuelo y que el de Uribe, dado que podría ir acompañado de un Nobel. La organización terrorista está derrotada, pero los aportes de Chávez y el negocio de la cocaína hacen que se le dé respiración artificial, también en aras de complacer a la copiosa masa de pensadores con sueños de justicia social que producen a un ritmo asombroso las universidades.

No faltan quienes señalan que el comunismo podría haber ganado elecciones en Colombia de no ser por la guerrilla, cosa que resulta muy difícil tanto de creer como de dudar. ¿Quién sabe? Sólo la guerrilla permitió el control de las universidades y a partir de ahí de la función pública. A punta de persuasión el PCC no habría llegado muy lejos porque para la rapiña siempre habría infinidad de rivales. Fue la eficacísima intimidación lo que permitió a personajes como Luis Eduardo Garzón controlar el sindicalismo en Barrancabermeja y así hacer hegemónica a la Central Única de Trabajadores (en la que el actual vicepresidente también tenía su papel como parte del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, la entidad que encargaba y dirigía los asesinatos y secuestros). Lo mismo ocurrió en infinidad de empresas públicas, y cualquiera que sepa algo de esos sindicatos podría confirmar la persistencia de las amenazas por parte de los representantes de la izquierda democrática a cualquiera que pudiera hacerles competencia.

Pero mucho más importante fue la adhesión de personas de los clanes de poder, que a fin de cuentas más que aliados o agentes obraron como grandes accionistas de la cruzada totalitaria, puede que incluso desde los años treinta, pasando por grandes proezas como el bogotazo o la violencia de las dos décadas siguientes. De tal modo, las organizaciones de fanáticos asesinos que recogen las vocaciones que prepara la universidad han pasado a ser sencillamente parte del statu quo, elementos necesarios cuya desaparición se impide a toda costa, como ocurrió con el ELN tras la Operación Anorí, cuando el entonces presidente López Michelsen impidió la aniquilación de la banda en aras de una negociación, según ha denunciado muchas veces el general Álvaro Valencia Tovar.

Es lo mismo que está haciendo Santos ahora con las FARC, con la complicidad de los expresidentes vivos, salvo Uribe (que por otro lado tampoco es que haga oposición): las amenaza con no premiarlas si no matan al ritmo que a él le conviene, bravuconada que sirve para informar a toda la población de que el gobierno está resuelto a "negociar". Tal como ocurrió cuando Pablo Escobar impuso a punta de carros bomba la Constitución que prohibía extraditarlo, la inmensa mayoría de los colombianos se mantienen indiferentes y sólo se oye el ruido de los interesados en que se premien los crímenes, de los pacifistas que para cualquier persona que no tenga disposición servil son obviamente quienes encargan y cobran los crímenes.

Si uno se detiene a pensar, resulta evidente que el fondo de todo es esa incuria absoluta, fruto sin duda de la tradición de oscurantismo que en Hispanoamérica dejó la Contrarreforma del siglo XVII y las prácticas inquisitoriales que la acompañaron. La posibilidad de disfrutar de la vida excluye cualquier oposición al poder o cualquier crítica. Por eso a muy poca gente la subleva que uno de los asesinos que organizaron con Pablo Escobar el asalto al Palacio de Justicia sea hoy el alcalde de la capital del país mientras que el oficial que impidió que destruyeran el régimen democrático está preso tras un montaje evidente.

Pero también por eso a nadie le importa que los miles de millones de dólares que se pagaron por varias decenas de miles de secuestros se hayan esfumado. Las guerrillas llegaron de la luna con unos ideales que perdieron para bajar de estrato y pensar sólo en delinquir, y ¿a quién se le va a ocurrir que los columnistas y líderes de ONG, que siempre han vivido rodeado de lujos sin que se pueda entender cómo los pagan, puedan haber estado prosperando gracias a su pacifismo y a su comprensión con "la insurgencia"?

En cualquier país civilizado habría muchísimas investigaciones periodísticas y judiciales para saber qué ocurrió con ese dinero. En Colombia no, en buena medida porque periodistas y jueces son dos de los principales gremios controlados por los mismos empresarios de la retención: más bien hay persecución judicial y de calumnias del Ministerio de la Verdad contra cualquiera que se interese por saber. Lo único que queda, y alguna vez habrá colombianos con el mínimo de dignidad para planteárselo, es la certeza de que muchos literatos y "científicos sociales", todos extrañamente "enamorados" de Uribe, vivieron rodeados de lujos, de fiesta en fiesta y de orgía en orgía, coleccionando ligueros y agotando botellas de whisky caro sin que se pueda saber cómo se pagaba tan agradable tren de vida.

Santos brilla mucho… ¿será oro?

2011-12-12T00:00:00.002-05:00

Por Jaime Restrepo Vásquez.

El 64 % de favorabilidad del presidente, que bajó 10 puntos desde julio de este año, parece bajo si se echa un vistazo al panorama que muestran los medios de comunicación colombianos: las exportaciones han registrado un crecimiento record de 43,2 %, el desempleo se situó en un dígito, fue abatido alias ‘Alfonso Cano’, están llegando más turistas y los empresarios afirman que Colombia pasa por un muy buen momento.

Algunos lunares en la gestión presidencial, como el incremento de las acciones terroristas, las numerosas muertes de policías y soldados, la parálisis de los procesos de licitación y la escasa inversión de los recursos de emergencia para atender los estragos de la pasada temporada de lluvias; no son temas que impacten la imagen de Santos. Tampoco es un asunto decisivo la fragilidad gubernamental que cede ante cualquier acción de fuerza.

Semejante caudal de popularidad, aunque en bajada, es el resultado de varios factores que se han conjugado para favorecer al actual presidente. Además de los medios de comunicación, cuya postura servil hace que cualquier voz disonante sea señalada de políticamente incorrecta, la clase dirigente ha cerrado filas en torno al gobierno, ya sea por la imagen ante el público o por las cuotas y feudos burocráticos pactados en la Unidad Nacional.

En teoría, la oposición a Santos está en cabeza del Polo Democrático. Sin embargo, esa colectividad se quedó aferrada a la tarea de demolición del gobierno Uribe, sin inmutarse frente a los lunares del actual mandatario: cada pronunciamiento de la izquierda “democrática” tiene en la mira a Uribe y hasta el fundamentalista senador Jorge Robledo resulta complaciente y sus críticas parecen notas al margen que contrastan con la febril actividad que desarrolló durante los dos periodos de Uribe Vélez.

En cuanto a los otros partidos, todos están en la gran carpa de la Unidad Nacional. Incluso un perdedor como Rafael Pardo Rueda no se ruboriza al afirmar que el Partido Liberal es el mayor elector en Colombia y que esa fuerza se está reflejando en las cuotas que tiene en el gobierno Santos. Mientras tanto los conservadores guardan silencio, no sea que sus fichas en el gabinete salgan en la próxima crisis ministerial.

De tal magnitud es la sumisión conservadora, que el 22 de noviembre pasado, en el programa Aló Ciudadano de la venezolana Globovisión, Andrés Pastrana salió a defender los acercamientos de Santos con Chávez, justificando la situación en el tema del mercado binacional. Bueno, realmente la entrevista fue reveladora, si se tiene en cuenta que el ex presidente afirmó que en los años 90, Luis Carlos Galán había pedido que se vieran las relaciones con Venezuela solo desde el punto de vista comercial… el problema es que Galán fue asesinado en 1989.

A esa unanimidad no ha renunciado abiertamente ni siquiera Álvaro Uribe, quien salvo algunas escaramuzas menores, guarda un silencio que parece reflejar la resignación ante el negro futuro que sus enemigos le están preparando. Santos se queja de que Uribe no le pasa al teléfono, cuando lo cierto es que el silencio del ex presidente aparenta ser un respaldo velado a la gestión de Juan Manuel Santos.

En este sentido, el apoyo privado que Uribe le viene dando a la oposición venezolana, presionando a sus líderes a reclamar a Santos sobre sus relaciones con Hugo Chávez, resulta un saludo a la bandera, pues al actual presidente apostador no le interesa jugar a favor de la oposición del vecino país, sino mantenerse alineado con el dictador.

Así las cosas, como ya ocurrió en el pasado reciente, Santos responderá al cuestionamiento con dos argumentos: que en una encuesta adelantada en Colombia, la mayoría estaba convencida de una guerra con Venezuela y que la confrontación generó una parálisis económica en la frontera. En síntesis, los reclamos y las directrices que brinda Uribe, terminarán en una nueva derrota del ex presidente.

¡En Colombia, todo es concordia! Las cosas, según se puede ver, están saliendo de maravilla y no hay motivo de queja en este paraíso santista: los que ayer señalaban a Juan Manuel Santos con cuanto calificativo se les ocurría, hoy están felices y resaltan la armonía y las buenas maneras del actual gobierno… Es tan perfecta la Colombia de Santos, tan calculadamente perfecta, que no deja de generar suspicacias.

Si es tan perfecta esta Colombia santista, ¿por qué en noviembre las protestas se expandieron a lo largo y ancho del país? En solo una semana en Bogotá, los estudiantes universitarios salieron a marchar, los alumnos del colegio Policarpa Salavarrieta se tomaron las calles y los funcionarios del IDU hicieron una pequeña huelga.

En Puerto Gaitán, las protestas se convirtieron en una situación cotidiana. La semana del 21 al 27 de noviembre, 600 habitantes del municipio protestaron por la llegada de miles de personas de otras partes del país, que han sido convocadas por las empresas petroleras para ser contratadas. Esto, hay que decirlo, no tuvo nada que ver con el paro petrolero que adelantaban los trabajadores de la USO en Barrancabermeja, Cartagena, Barranca de Upía y Puerto Gaitán.

Y el asunto no paraba ahí: en el Cesar, 1.500 trabajadores de Prodeco adelantaban una huelga, mientras que en Boyacá, el paro de los productores de cebolla se agravaba, pues como eran relativamente pocos y no obstruían las vías de Bogotá, con ellos el gobierno Santos sí fue implacable y no estába dispuesto a ceder ante el chantaje de cerrar las vías, como lo dijo el ministro de Agricultura en Tunja. Entre tanto en Cúcuta, los empleados del hospital Erasmo Meoz realizaron una larga huelga, pues les adeudaban más de tres meses de salarios ya que el gobierno nacional no había girado 11 mil millones de pesos que le debía a la institución hospitalaria… el mejor amigo del dictador dirá: ¡Para eso están los hospitales venezolanos!

En Nariño, la vía a Tumaco fue cerrada en repetidas oportunidades durante esa semana por las protestas de los palmicultores que reclamaban ayuda del gobierno para enfrentar la crisis del sector, afectado por una plaga.

Este resumen de la agitación vivida durante solo siete días, no coincide con el paraíso de Santos y sus muchachos de la unanimidad nacional.

Tampoco encaja el desastre vial en todo el territorio nacional, pues si se suma el rezago histórico de la infraestructura colombiana a la ausencia de gestión para adelantar las reparaciones de los estragos de la temporada de lluvias de noviembre de 2010 y de abril de este año, el asunto confirma que existe una parálisis en las contrataciones, al punto de que muchas licitaciones se han declarado desiertas por falta de proponentes.

Hay que reconocer los esfuerzos de maquillaje del actual gobierno, para tratar de mitigar los impactos mediáticos de las problemáticas que se presentan en todo el país: por lo pronto arrojan resultados positivos. Pero tarde o temprano los entusiastas registrados en las encuestas se darán cuenta de que todo lo que brilla no es oro y que más allá de los ingresos nacionales por la exportación de petróleo, Colombia se está desmoronando como un castillo de arena.

Plusvalía anunciada por Petro

2011-12-11T00:00:00.000-05:00

Por Jaime Castro Ramírez

El término plusvalía que quiere aplicar el alcalde Petro en Bogotá para efecto de cobrar un impuesto, se refiere a lo que se denomina plusvalía urbana, término que se usa para significar el mayor valor que adquieren los inmuebles por causas externas que corresponden al desarrollo urbano que mejoran el entorno, es decir que no interviene el esfuerzo económico de los propietarios en la aplicación de costos que puedan ser capitalizables, y por consiguiente se define como una renta diferencial urbana que debe tributar.

Esta figura se asemeja en alguna medida a la teoría del economista David Ricardo cuando planteaba la renta diferencial rural por la fertilidad del suelo.

Los dos temas difieren en que en la plusvalía urbana se trata es de diferencia de rentabilidad, y no de fertilidad. Paul Samuelson habla de una economía externa, y la define como el efecto favorable producido sobre terceros por la actuación de otra persona o empresa (en este caso el Estado).

Sin embargo, esta teoría es discutible porque puede generar confusión con la categoría de ganancia ocasional estipulada en las normas tributarias y que se tributa al fisco nacional por tal concepto. La consecuencia sería que podría configurarse una “doble tributación”, pues por un lado se pagaría el impuesto urbano o municipal de plusvalía y por el otro lado se pagaría el impuesto de ganancia ocasional aplicándole la tarifa correspondiente a la diferencia de valor que se presenta al vender el bien. Esto implicaría que el gobierno nacional y el distrital deben evaluar a quién le corresponde cobrar ese tributo, y entonces tendrían que intervenir el congreso de la república y el consejo distrital aprobando dichas normas.

Aunque se aclare el tema de la doble tributación, quedaría por verse lo que se llama “cascada de impuestos”, pues en Bogotá se paga: Impuesto predial, impuesto de industria y comercio, impuesto de vehículos, sobretasa a la gasolina, impuesto de valorización (que sería el mismo impuesto a la plusvalía), pero pareciera indicar que cobrarían los dos por separado, y esto por nombrar solo los impuestos más comunes. Pero a esta lista hay que sumarle los impuestos nacionales: impuesto de renta, impuesto al consumo IVA, impuesto de registro, impuesto de patrimonio, etc. Es casi que una asfixia tributaria, y la economía de los contribuyentes no da para tanto.

Cuantificación del impuesto

Para determinar la cuantía del valor a pagar por impuesto de plusvalía, hay que observar lo ordenado por la política fiscal, es decir que se debe tributar en base a la equidad y progresividad. Esto significa que quien tenga mayor capacidad económica tiene que tributar en mayor medida para contribuir a compensar las desigualdades sociales.

También hay que tener en cuenta que la dinámica del mercado de la tierra y sus construcciones no se rigen por la ley de oferta y demanda, ni por la competencia del mercado, luego, establecer la base sobre la cual se tributará, depende exclusivamente de la ubicación de los inmuebles dentro de los barrios que conforman las localidades del distrito.

Amanecerá y veremos cómo es el mecanismo con el que el burgomaestre Petro piensa implementar la medida del impuesto a la plusvalía en el distrito capital de Bogotá, cuál es su cobertura, y cuál el impacto social que generará tal disposición.

AL MARGEN: Las expresiones absurdas de un gobernante son ridículos públicos. Mientras el presidente de la república, a cambio de haber hecho obras para prevenir desastres del invierno, opta por “maldecir a la naturaleza” cuando dijo “esa maldita niña”; en otro escenario el alcalde Petro crea “pánico económico” en el mercado de acciones de la empresa de energía con su pronunciamiento de pretender unir las tres empresas de servicios públicos domiciliarios de Bogotá.