Con fecha de 15 de enero, hoy día 4 de febrero se ha publicado el Real Decreto 42/2010, por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida

Hay que felicitar el aumento de presencia de las instituciones sociales en la presentación de miembros para la Comisión. Todavía se da un peso importante a los cargos políticos, pero a diferencia de lo que ocurre en la Comisión de Bioética de España donde priman las decisiones políticas, en este caso aparecen también:

c) Una persona experta en Bioética designada por el Comité de Bioética de España.

d) Una persona designada por la Organización Nacional de Trasplantes.

e) Cinco representantes designados por las siguientes sociedades científicas de ámbito estatal, relacionadas con la fertilidad humana, la obstetricia y ginecología, y las técnicas de reproducción humana asistida: Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), Sociedad Española de Fertilidad (SEF), Sociedad Española de Andrología (ASESA), Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) y Asociación Española de Genética Humana (AEGH). Cada una designará un representante.

f) Tres representantes designados, uno por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, otro por el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, y otro por el Consejo General de la Abogacía.

g) Un representante designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Pero lo anterior no significa que deba faltar claridad a la hora de pensar sobre los diversos asuntos.

Uno de los que están en el candelero estos días se refiere a la coherencia entre ser cristiano y votar favorablemente la Ley del Aborto en el Parlamento.

Resumiento el debate es:

1. Abortar un concebido ¿es malo sólo para los cristianos o para toda la sociedad?
2. El aborto es un derecho, en algunas circunstancias, o es un mal menor, o se debe, siempre que se pueda, evitar porque es un mal absoluto.
3. Votar favorablemente algo éticamente malo, es  participar de la consecución de ese mal. Pero si lo que se vota es menos malo que lo que ya existe, entonces favorecer la ley sería bueno por ser un mal menor, siempre que se manifieste la actitud de rechazo respecto al mal.
4. La Ley que se ha votado ¿favorece la impunidad del aborto, o la restringe? Los cristianos que  han votado a favor, ¿han manifestado claramente su oposición al aborto?

Puede documentarse en:

• Manifiesto del Grupo Cristianos Socialistas (PSOE) sobre el aborto
• Enseñanza de la Iglesia Católica (nn. 2270-2275)
• La Conferencia Episcopal española ante el aborto, y ante algunas declaraciones
• D. José Bono: Aborto: ni derecho ni obligación
• Cristianos Socialistas: nigan que la nueva ley recoja el aborto como derecho
• Ya que muchos citan Evangelium vitae: Aclaraciones sobre la aplicación de Evangelium vitae 73

San Agustín tiene demasiado razón: “Dicen lo que opinan, no lo que saben” (De civ, XII, 10)

Un amigo me pidió mi opinión acerca del Manifiesto sobre el aborto de Cristianos Socialistas. Su interés estaba reforzado por el esfuerzo que le ha costado a esta corriente hacer público el Manifiesto.

Como puede no ser fácil de encontrar lo copio a continuación:

El aborto, a la búsqueda de un terreno común

El núcleo de la reforma sobre el aborto propuesta por el Gobierno es políticamente razonable: una ley de plazos (catorce semanas) combinada con doble indicación. De esta forma se ofrece un marco legal más honesto con la realidad y acorde con la legislación europea mayoritaria, como bien fundamenta el dictamen del Consejo de Estado.

Es más restrictiva con los abusos, ya que el supuesto del conflicto psíquico de la actual despenalización carece de limitación temporal y ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestación muy avanzados. Además la reforma refuerza la seguridad jurídica de la mujer y del profesional.

Es preciso plantear la cuestión con serenidad. No se puede descalificar una regulación legal del aborto por considerarlo un asesinato. Es una visión moralizadora que se desentiende tanto de las consecuencias de la prohibición como de los deberes de la ley y el legislador ante una decisión compleja y conflictiva. Tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ético, social y jurídico sobre la interrupción del embarazo por considerar que se trata de un asunto privado que concierne sólo a la mujer.

Entre uno y otro extremo es preciso sostener la necesidad de garantizar una maternidad libremente querida y responsable, por un lado, y, por otro, la protección respecto del feto. La decisión de abortar entraña graves conflictos personales y públicos que no pueden negarse invocando sólo los derechos de la mujer o sólo la protección del bien jurídico del nasciturus (STC 53/1985). La ley debe ser capaz de armonizar y encauzar razonablemente una y otra perspectiva. Es posible buscarun terreno común.

En primer lugar, el Estado tiene deberes éticos y jurídicos para con el feto por encontrarse en estado de máxima precariedad, debilidad y necesidad. Es de humanidad su cuidado y tutela. Es propio de la tradición socialista y humanista proteger al más débil, por lo que debemos reconocer y defender el bien jurídico constitucionalmente protegido del nasciturus.

Podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida titular de derechos. Con todo, la formación de la vida humana es un proceso y consiguientemente hay un estatuto ético del feto que exige, conforme avanza el proceso de gestación, una protección por parte del Estado cada vez más exigente, lo que también se refleja en el régimen sancionador.

En segundo lugar, el Estado también tiene deberes éticos y jurídicos para con la mujer. Sobre la mujer recaen en primer término las dificultades sociales, económicas, psicológicas, éticas, y, en su caso, penales. La mujer no puede reducirse a receptáculo del feto. Es sujeto libre y responsable,cuya libertad y salud deben estar protegidas por la ley. La decisión de abortar ha de contemplarse como una cuestión de conciencia, y como tal debe ser tratada y respetada. En el marco que le otorga la ley, las catorce semanas, debe ser la mujer embarazada la que toma la decisión.

En cualquier caso, la vida en gestación es una realidad distinta de la mujer gestante. No es ni unórgano propio ni una extremidad de ella. La decisión de la mujer, a la que la ley otorga unos derechos de prestación en determinadas  condiciones, no puede negar que en el nasciturus estamos hablando en todo caso más de un “alguien” que de un “algo”.

Por ello, por cuanto se trata de un ser humano en formación, no puede haber un derecho al aborto.

No hay sólo maternidad, sino también paternidad. Por ello, también corresponsabilidad. La prevención justificada en casos contra la manipulación o la coacción sobre la mujer en su decisión de interrumpir el embarazo no puede anular la necesidad de una información adecuada, apoyo familiar y social en términos de acompañamiento. Es consecuente con los deberes de patria potestad y con la obligación que la Constitución establece de “prestar asistencia de todo orden a los hijos”, al menos, durante su minoría de edad (39.3 CE).

Otra cuestión no menos importante: es necesario regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, de modo que quede garantizado el respeto a su conciencia ética personal sin que por otro lado menoscabe las garantías de la prestación de la IVE por la red pública en todas las comunidades autónomas.

Para nosotros, como cristianos socialistas, la función legisladora y la gestión política deben estarinspiradas por la ética y la búsqueda del bien común. Sin embargo, creemos que hacer realidad los principios éticos en una sociedad plural no supone necesariamente identificar código moral y código penal. Esto es especialmente claro en el caso del aborto.

Es necesario desarrollar, ante la pluralidad de causas que llevan al aborto, políticas de investigación y prevención que orienten actitudes hacia una sexualidad responsable. La prevención debe hacer frente a la banalización creciente de la sexualidad. También son necesarias políticas educativas,  que deben hablar de la sexualidad como placer, pero también como vínculo afectivo y comunicación; como respeto a la alteridad y dignidad de la otra persona y como control de laspropias pulsiones. Con la misma gravedad, consideramos que debe avanzarse en el desarrollo de una real protección social a la maternidad.

En definitiva, la cifra de 112.000 abortos en sólo un año (2007) es un elocuente signo de fracaso colectivo. Todavía estamos a tiempo de aprovechar esta reforma como una oportunidad para emprender con decisión el impulso a políticas públicas para la reducción de los embarazos no queridos que conducen al aborto.

El manifiesto lo firman, en nombre del grupo Cristianos Socialistas del PSOE, Pilar de la Vega catedrática de Historia; Jordi López Camps, doctor en Biología y María José Pereda , doctora en Medicina y máster en Bioética.

Mi opinión:

1. Un primer punto a favor, es que hace un intento de buscar un terreno común (aunque me gustaría saber entre quiénes)
2. Es parcial en sus referencias legales respecto a instituciones jurídicas españolas que han elaborado un informe: Consejo General Poder Judicial, Consejo Fiscal
3. Tiene la valentía de hablar de los derechos del nasciturus.
4. No estoy de acuerdo con que podemos convenir en que la dignidad inherente del feto no sea la misma que la de la persona nacida titular de derechos. No lo estoy porque la dignidad humana se tiene o no se tiene: no creo que haya grados.
5. La penalización de un hecho puede ser mayor o menor, según las circunstancias, pero eso no cambia el motivo de penalización: se castiga más matar a un padre que a un desconocido. Esto no quita que ambos sean un homicidio ni que tengan la misma dignidad.
6. Falta coherencia cuando afirma que el aborto es una cuestión de conciencia personal, y que en el párrafo siguiente diga que no puede haber un derecho al aborto. Si cada uno tiene derecho a decidir, sin ninguna responsabilidad ante la sociedad, es porque se tiene derecho a abortar, al menos las 14 primeras semanas
7. Son importantes las referencias que hace a los derechos de paternidad, y a la regulación de la objeción de conciencia. También su petición de una educación sexual más humana
8. Me parece confusa la argumentación entre código moral, bien común, legislación y aborto. Me parece que nadie duda de que se debe proteger más a la persona más débil. ¿Es esto obligar al propio código moral, o es el primer principio de ética pública?

Legalmente hay normativa en España que permite respetar la voluntad de rechazar la alimentación y, de momento, así lo ha interpretado la autoridad judicial en este caso.

El problema que se plantea desde el punto de vista ético y deontológico admite algunas consideraciones.

1. La Deontología Médica obliga a respetar las decisiones libres de una persona competente y, por lo tanto, un médico no puede forzar a alimentarse a una persona capaz. Sin embargo, debe informarle sobre los riesgos que para su salud entraña su decisión. Así mismo, deberá valorar hasta qué punto se trata de una decisión libre, sin manipulaciones ni coacciones.

2. Si el médico recibiera la orden judicial de alimentar a la persona en contra de su voluntad, la orden del juez se debería cumplir, salvo que el médico optara por plantear la objeción de conciencia, en cuyo caso recibirá el amparo de la Corporación Colegial.

3. La Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la atención a personas en huelga de hambre analiza con detalle estas situaciones y prioriza el respeto a la voluntad del huelguista, pero señalando que esto no significa abandonarle médicamente. Se subraya la importancia de dialogar privadamente con el paciente para clarificar los matices de su posición, pues sobre todo en conflictos políticos, el respeto a la negativa a tomar alimento se puede conciliar con una hidratación, lo cual concede un margen de tiempo que siempre facilita una salida negociada.

4. Conviene aclarar que no se trata de una persona en régimen penitenciario, ni de un caso de eutanasia, ni de una tentativa de suicidio. La huelga de hambre como medio de protesta pacífica es una situación diferente.

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Madrid, 14 diciembre 2009

Me gustaría conocer la normativa de la que habla el punto 1. Si se  refiere a la ley 41/2002 (ver), esta no incluye la situación de la que se habla.

De acuerdo con  lo que se dice en el número 4: no es eutanasia.

No tengo tan claro que no sea suicidio. Por supuesto no directamente, pero si porque la voluntad es de morir si no le hacen caso. No agrede directamente su vida, pero no utiliza los cuidados normales para mantenerla: se deja morir.

Me parecen un poco paternalistas los argumentos de  dialogar privadamente con el paciente para clarificar los matices de su posición. ¿Por que tiene que hacerlo el médico? Es un poco escasa la oferta de hidratación para que dure más.

Se ha insistido mucho en el argumento del régimen penitenciario. Me parece poco consistente. ¿Debe cuidarse más la vida de una persona que está en la cárcel que la de una que va por la calle? O es simplemente porque todos recordamos el caso reciente de un etarra al que se impidió que la llevase a término.

Al final que sea el juez el que decida. Suena a poner un ladrillo más en la judicialización de la profesión médica.

Por último echo de menos una defensa mayor de la necesidad de evitar que una persona muera. Los médicos quizá no poseen la capacidad jurídica para actuar pero su actitud es muy importante para toda la sociedad.

Siguiendo ese razonamiento, habría que desentenderse de cualquier persona que manifestase su deseo de morir por “razones personales” que no quiera compartir.

Las declaraciones en referencia a lo que éticamente -no políticamente-, habría que hacer discrepan respecto a auxiliarle para que no muera de hambre, aunque ella lo rechace, o respetar su decisión y dejarla morir.

Las asociaciones de jueces no son unánimes en la acción que se debe tomar: “mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) rechazaron que un juez pueda ordenar la alimentación forzosa de Haidar, la Asociación Francisco de Vitoria (AFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) defendieron la potestad de un magistrado para decretar que la activista saharaui sea alimentada si su vida corre peligro” (original).

Muy interesante me parece la opinión vertida hoy por el catedrático Andrés de la Oliva Santos, defendiendo que se auxilie a Aminatou para salvar su vida ya que jurídicamente no se le puede aplicar la “ley de Autonomía del paciente” , y tampoco se trata de un caso de respeto a la objeción de conciencia ni de respeto a la libertad religiosa (artículo)

Marcos Gómez Sancho, presidente de la comisión deontológica de la OMC, defiende que hay que respetar su decisión y dejarla que siga la huelga de hambre.

Mientras tanto César Nombela pide que se le auxilie para que no muera, aunque ella rechace ese auxilio.

Me parece que puede haberse producido un fenómeno de deslumbramiento ante el término autonomía, que puede haber llevado a confundir el sentido que tiene en la ley de Autonomía (ley 41/2002), con su sentido ético. No estamos ante un paciente que rechaza terapias, sino ante una persona que ha elegido el camino del suicidio si no se satisfacen sus revindicaciones.

Es difícil pensar que si nos encontramos a un amigo nuestro gravemente intoxicado por unas pastillas, y a su lado un cartel donde nos dice “quiero morir”, lo dejemos tal como está, y esperemos a que se muera.

Sus más recientes intervenciones son:

sobre la vacuna de la gripe A

sobre la vacuna anterior y  sobre la vacuna del papiloma:

Junto a los datos científicos interesantes que aporta sobre las vacunas, en la entrevista que le hacen en TV3, también habla del aborto, de la píldora del día después y del sacerdocio en la iglesia católica.

A este último tema no voy a hacer referencia. Pero cuando habla del aborto, se olvida del dato científico, y explica que puesto que Dios ha puesto al hijo en una relación más estrecha con la madre que la que tiene cualquier ser humano, la madre puede decidir sobre la “vida que Dios ha puesto en sus manos”.

Lo cual no deja de ser curioso porque cuando parece que va a concluir que la madre tiene una especial responsabilidad sobre la vida de su hijo, termina diciendo todo lo contrario.

Sobre la píldora del día después, narra su experiencia hospitalaria, y se muestra favorable a repartirla.

http://bit.ly/wT6qY

Para ver los resultados, aunque de forma excesivamente resumidad: aquí

También conviene tener en cuenta el cliente de la encuesta: l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD)