Durante los últimos meses hemos asistido a una avalancha de reclamaciones por parte de accionistas minoritarios de BANKIA S.A. por la Operación Pública de Suscripción en la que salió a bolsa en julio de 2011.
Poniéndonos en antecedentes, el 25 de mayo de 2012 tras la dimisión de Rodrigo Rato, se publicaron las verdaderas cuentas anuales auditadas de la entidad, mostrando pérdidas por valor de más de 2.979 millones de euros. Hasta ese momento, tanto BANKIA como la matriz del grupo: BFA (Banco Financiero y de Ahorros) habían aportado resultados positivos en cada uno de los estados financieros presentados a la CNMV.
Dos informes periciales redactados por personal de Banco de España, concluyeron recientemente que las cuentas de la entidad en 2011 no reflejaban la imagen fiel de los estados financieros y dictaminaron que hubo falsedad en la elaboración de las cuentas.
A partir de este momento, las pretensiones de los afectados encuentran base en dos posibles acciones:
- Responsabilidad por la información contenida en el folleto informativo que se elaboró y presento ante la CNMV. La base legal viene recogida en el art. 28 de la Ley del Mercado de Valores.
- Alegar vicio o error en el consentimiento insuperable - dado que los folletos informativos mostraban la falsa apariencia de solvencia de la entidad- en el momento de la suscripción de las acciones. Artículos 1.265 y ss. del Código Civil.
¡OJO CON EL PLAZO!
La acción de responsabilidad finaliza a los 3 años desde que fue notorio que la información contenida en el folleto era falsa, por lo que nuestra fecha límite para presentar demanda por esta vía sería el 25 de mayo de 2015.
La acción de nulidad, tal y como expresa el art. 1.301 del Código Civil, prescribe a los 4 años. En el supuesto que nos ocupa, debemos entender que el plazo empezó a correr desde el momento en el que el cliente adquirió las acciones, es decir, en julio de 2015.
Sea cual sea la opción elegida, que dependerá de las circunstancias en cada caso, es importante darse prisa. Y sobre todo olvidarse de demandas colectivas, pues han demostrado ser una pérdida de tiempo desestimándose en su mayoría en sede judicial.
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