BLOG DE DERECHO PROCESAL CIVIL

Nueva tendencia de la ECS en materia de abandono de procedimiento.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Sat, 29 Nov 2014 12:40:00 +0000

Hola a todos: después de un "breve" tiempo, retomo este blog, con una noticia muy importante.

Quienes somos entusiastas del estudio del abandono del procedimiento, sabemos que la ECS, si bien había vacilado respecto de la procedencia o no del incidente en casos de impulso procesal compartido entre juez y partes, había tendido a rechazar el abandono en dichos supuestos (Ejemplo: rol 3693‑2007).

Pues bien, me encontré con un reciente fallo de la ECS, dictado en causa rol 22.103-2014, que implica un cambio de criterio sustancial. En un estrecho 3-2, el máximo tribunal sentó la tesis de la procedencia del abandono del procedimiento ante la inactividad del demandante, incluso en etapas procesales donde el juez está facultado para (más bien obligado a) actuar de oficio. El considerando octavo del fallo es clarísimo:

"Octavo: Que resulta pertinente reiterar que la expresión “cesar en su prosecución” que utiliza el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, significa que a las partes corresponde la carga procesal de sustanciación y que ellas deben siempre promover la continuación del juicio, aunque no lo haga el juez, no obstante sus facultades para actuar de oficio".

Más allá de lo relevante de este cambio de criterio, que es uno más de los varios que ha tenido la ECS desde las nuevas conformaciones de las diversas salas (de los cuales, aquellos relacionados con materia laboral son, por lejos, los más significativos); lo que cabe preguntarse es ¿Está en crisis la función de unificación de la jurisprudencia hoy en día?

Saludos a todos y buen sábado,

Oscar.

Sobre las excepciones en la ejecución laboral.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Wed, 25 Apr 2012 02:39:00 +0000

Hola a todos: luego de varios meses sin actualizar el blog, quisiera plantear algunos breves comentarios respecto a un tema que, en la práctica, representa una importante restricción al ejercicio del derecho a defensa en el procedimiento ejecutivo en sede laboral. Por cierto, el problema que abordaré en estas líneas es una manifestación de la escasa atención que recibió la ejecución en la profunda reforma de la que fue objeto el derecho procesal del trabajo, y que sería necesario tratar en un trabajo más exhaustivo.

El asunto es el siguiente: el art. 470 del CT, en su inciso primero, señala el estrecho elenco de excepciones que puede formular el ejecutado en sede laboral (pago de la deuda, remisión, novación y transacción). El tenor de dicho precepto no distingue la clase de título ejecutivo que puede estar en la base de la pretensión sostenida por el ejecutante (sentencia v/s otros títulos ejecutivos).

Más adelante, el art. 473 del CT dispone, entre otras cosas, que la ejecución de títulos diversos de la sentencia dictada por el juez del trabajo se sujetará a un régimen especial y, en lo no previsto por éste, prevé la aplicación supletoria de los Títulos I y II del Libro III del CPC (que versa sobre la ejecución). Sin perjuicio de ello, el inciso final del mismo art. 473 hace referencia a la aplicación que debería tener lo dispuesto en el inciso primero del art. 470, cuyo contenido ya resumimos.

Estas normas de escueta formulación, suelen ser interpretadas por los tribunales de cobranza laboral y previsional (o por las unidades de cumplimiento, según sea el territorio jurisdiccional donde nos encontremos) de manera igualmente estrecha. Así, el análisis efectuado por el suscrito revela que el criterio general consiste en afirmar, que todo título ejecutivo laboral (sea sentencia o no) puede ser atacado exclusivamente a través de alguna de las 4 excepciones que menciona el inciso primero del art. 470 del CT. Esta opinión jurisprudencial se observa, en general, mediante resoluciones que declaran inadmisible, in límine, la oposición de excepciones diversas a las ya señaladas. Sin embargo, también puede ser que una excepción distinta logre pasar esta primera etapa e, incluso, pueda ser tramitada como alguna de las indicadas en el art. 470, pero terminen siendo declaradas improcedentes en la sentencia definitiva.

Por cierto, esta forma de concebir el régimen de excepciones en la ejecución laboral no resulta razonable. Basta pensar en cualquier título ejecutivo extrajudicial para concluir lo absurdo que sería no poder discutir, por ejemplo, la falsedad de un finiquito, la prescripción de la acción ejecutiva y otras. Particularmente relevantes son todas las excepciones que pueden predicarse respecto de ciertos títulos ejecutivos que no han nacido a la vida jurídica con las garantías de autenticidad propias de la sentencia. Respecto a estos, es poco sensato sostener la proscripción de una defensa dirigida precisamente a aquellos aspectos propios de títulos más débiles en cuanto a sus requisitos de configuración, si se los compara con el pronunciamiento de un juez.

Afortunadamente, encontramos algunas luces en la misma jurisprudencia, que van en este último sentido. Así, el Ministro Carlos Cerda Fernández, en su voto de minoría de sentencia de fecha 13 de septiembre de 2010, en causa rol 66-2010, enseña que: “No es hogaño discutido el que forma parte esencial de la garantía del racional procedimiento que consagra el artículo 19 N° 3° inciso quinto de la Constitución Política de la República, el derecho de defensa. No ha de extrañar, si se considera el tenor de disposiciones vinculantes del derecho internacional, tales como el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8.1 de la Convención Americana.

A partir de esos textos, es el parecer de este juez que no es posible apreciar racional un discurso legislativo que limite el legitimo ejercicio del derecho de defensa, al punto de llegar a impedir la invocación de institutos trascendentes del ordenamiento jurídico, como lo es, por ejemplo, la cosa juzgada, a la que la regla general reconoce la virtud de ser oponible en cualquier estado del pleito, incluso en la segunda instancia, de acuerdo con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

El numeral 26° del propio artículo 19 establece la garantía de las garantías al asegurar a todas las personas que no habrá preceptos legales que por reenvío de la carta fundamental regulen o complementen los derechos esenciales de la persona, que ella reconoce, que lleguen al extremo de suprimirlos; cuyo viene siendo el caso.

No pretende el disidente emitir un pronunciamiento de inconstitucionalidad del artículo 470 inciso primero del Código del Trabajo; está claro que ello no es de su competencia, lo que no quiere decir que no haya de asumir en plenitud lo que le mandan los artículos 5, 6 y 7 de la ley primera.

El inciso primero de dicho artículo 6 somete la acción de los órganos del estado a la constitución y a las normas dictadas conforme a ella. El juez ha de hacerlo asumiendo su responsabilidad ministerial. Es su deber, entonces, calificar siempre la conformidad de la ley con la supra norma, cotejo que no es de carácter puramente formal sino, además y principalmente, material.

Es por ello que el discrepante considera proponibles en el procedimiento ejecutivo de que se trata, las excepciones por el ejecutado esgrimidas y, en razón de ello, que el juzgado ha debido acogerlas a tramitación”.

A su turno, un fallo de suma importancia, pronunciado por la I. Corte de Apelaciones de La Serena con fecha 16 de septiembre de 2010, en los autos rol 19-2010, sienta un criterio también adecuado respecto a la admisibilidad de todas las excepciones contempladas en el ordenamiento procesal civil, respecto de los títulos ejecutivos laborales extrajudiciales. Para mayor claridad, me permito transcribir las partes centrales de dicho fallo, por ser autoexplicativo:

“Que de conformidad con lo previsto en el artículo 473 del Código del Trabajo, cuando el título ejecutivo laboral no sea una sentencia ejecutoriada, su ejecución se regirá por las reglas que la misma disposición señala y a falta de disposición expresa, se aplicarán las disposiciones del los títulos I y II del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, esto es, las normas relativas al juicio ejecutivo, siempre que tal aplicación no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral.

2°.- Que, a continuación, el citado artículo establece diversas normas de procedimiento relativas a la liquidación del crédito, al plazo en que ésta debe efectuarse, a la forma de practicar el requerimiento de pago al deudor y la notificación de la liquidación; y, en su inciso final, dispone que, en lo demás, se aplicarán las reglas contenidas en diversas normas laborales que se indican, entre ellas, el inciso primero del artículo 470 inciso 1° del Código del Trabajo.

3°.- Que esta última norma precitada se ubica dentro de las reglas procesales relativas a la ejecución de la sentencia ejecutoriada en materia laboral, disponiendo que respecto de dicho título ejecutivo sólo se podrá oponer, dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, vale decir, en el término de cinco días, las excepciones de pago de la deuda, remisión, novación y transacción.

4°.- Que, en consecuencia, en la especie, habiendo invocado el actor un título ejecutivo distinto a una sentencia, no resulta posible inferir que sólo resulte procedente a su respecto, la oposición fundada en alguna de la cuatro excepciones aludidas en el motivo precedente, que, como se ha dicho, sólo resultan admisibles respecto de una sentencia; por lo que no cabe sino concluir que el reenvío dispuesto en el inciso final del artículo 473, al inciso 1° del artículo 470 de nuestro Estatuto Laboral, se relaciona únicamente, con el plazo dentro del cual el demandado puede oponer excepciones en una ejecución que se funda en un título ejecutivo diverso al contemplado en el N° 1 del artículo 464 del mismo texto legal, y no a una limitación respecto de las excepciones previstas en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, cuerpo legal aplicable en la especie, según se ha consignado, conforme lo dispone expresamente el inciso 1° del mencionado artículo 473.

5°.- Que la interpretación consignada en el fundamento precedente, se desprende del sentido lógico y racional del contexto del párrafo 4° título I del libro V del Código del Trabajo, relativo al cumplimiento de la sentencia y de la ejecución de los títulos ejecutivos laborales, que contiene normas procedimentales distintas, según la naturaleza del título ejecutivo de que se trate, vale decir, sentencia ejecutoriada u otros títulos ejecutivos laborales.

6°.- Que al respecto, es útil recordar que, concordando con lo razonado, el Código de Procedimiento Civil, también contempla una tramitación diversa de los títulos ejecutivos, disponiendo en sus artículos 233 y siguientes, un procedimiento particular cuando se pretende ejecutar una sentencia, ante el mismo tribunal que la dictó y dentro del plazo de un año desde que la ejecución se hace exigible, evento en que limita las excepciones que puede oponer el demandado, a las señaladas en el artículo 234; y, un procedimiento ejecutivo distinto y general, respecto de aquellos títulos previstos en el artículo 434 del código citado (incluida la sentencia definitiva, cuando se pretende ejecutar transcurrido más de un año desde que quedó ejecutoriada, o bien, en un tribunal distinto a aquél que la dictó), caso en el cual resultan procedentes las excepciones contempladas en el artículo 464 del aludido Código de Enjuiciamiento”.

En fin, se trata de un tema cuya relevancia práctica es evidente, y que debe decantarse en el sentido de abrir el listado de excepciones del art. 464 el Código de Procedimiento Civil a los títulos ejecutivos que no gozan de las garantías que rodean a la producción de una sentencia en sede laboral. El sentido de justicia y el mismo sentido común, así lo aconsejan.

Saludos a todos,

Oscar.

Principio de publicidad y fundamentación de las resoluciones judiciales

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Mon, 26 Dec 2011 01:07:00 +0000

Estimados: junto con desearles a todos ustedes una muy Feliz Navidad, reactivo el Blog con la transcripción de una breve ponencia que tuve oportunidad de presentar en el Congreso sobre la Judicatura, organizado por el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la PUCV.

Un abrazo y espero sus comentarios.

Oscar.

Principio de publicidad y fundamentación de las resoluciones judiciales.

Quiero comenzar agradeciendo la invitación que se me ha hecho por parte de la comisión organizadora de este Congreso, en especial a Sebastián Chandía y María Soledad Pardo, a quienes, además, tuve el privilegio de tenerlos como alunos.

Cuando se me indicó el ámbito dentro del que debía enmarcarse el tema de mi exposición, de inmediato pensé en uno que, quizás por mi faceta de litigante, siempre me ha inquietado profundamente, y que dice relación con la fundamentación de las resoluciones judiciales. Siempre en mis clases, cuando me toca abordar este tema, les digo a mis alumnos que algo que nunca deben tolerar, ni aun frente al temor reverencial que puede imponer la figura del juez, es una resolución inmotivada.

Al momento de abordar la jurisdicción como uno de los grandes temas del derecho procesal, uno de los ligámenes que pueden construirse a partir del mismo, y que normalmente no es suficientemente subrayado, es el que existe entre el principio de publicidad (consagrado en el art. 9 del COT) y la fundamentación de las resoluciones judiciales.

La publicidad, como principio organizativo de la judicatura, por cierto que no tiene su génesis en nuestro ordenamiento. Por el contrario, el mismo ha sido receptor de una tradición que se extiende, al menos, desde el siglo XII, en el seno del derecho canónico, especialmente en ciertas decretales papales y comentarios de decretalistas, que comenzaron a cuestionarse acerca de la necesidad de expresar la causa de la decisión adoptada por el juez, aunque sin avanzar demasiado en ello, agotándose en una simple insinuación.

En todo caso, siguiendo a Accatino, en esta época todavía permanecía abierto un espacio para la fundamentación de la quaestio iuris. La respuesta que los juristas dieron a la pregunta por su necesidad jurídica fue, sin embargo, a contar del siglo XII y hasta el final del Antiguo Régimen, predominantemente negativa. Formada a partir de los comentarios de los canonistas a los decretos relativos al procedimiento romano-canónico reunidos por el Papa Gregorio IX bajo el título De sententia et re iudicata, la communis opinio consideraba que la motivación de las sentencias no resultaba ni generalmente obligatoria ni excluida por el ius commune, pero advertía al juez la conveniencia del silencio, atendiendo al riesgo que suponía la expresión de las causas de la decisión para la autoridad de la sentencia, que quedaba entonces expuesta a la impugnación por fundarse en causa falsa o errónea. En otros términos, la sentencia gozaba de una praesumptio iuris de validez, derivada de la auctoritas iudiciaria (Accatino Scagliotti, Daniela, La fundamentación de las sentencias: ¿un rasgo distintivo de la judicatura moderna?, en Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, v.15, n.2, Valdivia, 2003, pp. 13 – 14).

El escenario cambió importantemente con la Ilustración. La publicidad de las actuaciones judiciales se erigió como uno de los principios fundamentales de la judicatura, aunque no necesariamente vinculado con la fundamentación de las sentencias, sino con la aplicación estricta de la ley, cuya publicidad era pregonada. De esta forma, en esta época no podemos, todavía, enlazar publicidad con fundamentación en un camino totalmente llano.

La definitiva consagración de la fundamentación de las sentencias como principio organizativo de la judicatura se gestó durante la Revolución Francesa. Su utilidad como mecanismo de control jerárquico de la legalidad era indudable, además de ser expresión del ideario democrático revolucionario, ligado a su turno con la idea roussouniana de la ley como expresión de la voluntad general. En este contexto, el enlace sí se observa claramente, ya que la publicidad exigía que ella estuviera vinculada por el contenido de la ley y que su aplicación estuviera expuesta al conocimiento y control de la misma opinión pública. Se transita, entonces, desde la sentencia del súbdito a la sentencia del ciudadano (Accatino Scagliotti, Daniela, op. cit., p. 32).

Para entender la relevancia del principio de publicidad a partir de la Revolución, resulta ilustrativo un pasaje de un texto de la primera mitad del siglo XIX, cuya autoría no corresponde a un procesalista y que dice lo siguiente:

“El mayor número de los que descuidan hasta la moralidad de sus acciones, aman su reputación, y temen la opinión general y las miradas de sus conciudadanos. Si el juez está sin cesar en presencia del público, si ve los ojos de toda la nación fijos en su conducta, si con anticipación sabe que cada una de sus acciones puede citarse al tremendo e incorruptible tribunal de la opinión general, si no puede disimular sus pasos con el misterio que encubre ordinariamente todos los vicios y defectos, si debe dar cuenta por medio de sus propias acciones del modo con que desempeña sus funciones, hay que temer algunos abusos menos de su autoridad, que cuando encerrado en su despacho lanza sus decisiones como otros tantos oráculos que asombran e imperan la obediencia más de lo que pueden convencer o inducir a la sumisión “ (Macarel, Louis Antoine, Curso de Derecho Público General, París, 1835, pp. 174 – 175)).

Un poco más adelante, Andrés Bello se refirió varias veces al punto. Uno de sus más célebres pasajes, contenido en un artículo llamado Administración de Justicia, reza:

“A la verdad, si la sentencia no es otra cosa que la decisión de una contienda sostenida con razones por una y otra parte, esa decisión debe ser también racional, y no puede serlo sin tener fundamentos en qué apoyarse; si los tiene, ellos deben aparecer, así como aparecen los que las partes han aducido en el juicio, que, siendo público, nada debe tener de reservado y con toda diligencia ha de procurar alejarse de cuanto parezca misterioso. (...) Admitir sentencias no fundadas equivale en nuestro concepto a privar a los litigantes de la más preciosa garantía que pueden tener para sujetarse a las decisiones judiciales” (Bello, Andrés, Administración de justicia, en El mismo, Obras completas, tomo IX, Santiago, 1885, p. 152).

Con lo hasta ahora dicho, no cabe duda que la motivación de las sentencias judiciales es un triunfo de la legitimación democrática del Poder Judicial, luego de haber vivido períodos en los cuales dicha actividad estaba vedada para el juez; como ocurrió, sin ir más lejos, con Carlos III, quien prohibió en 1768 a los jueces y a la audiencia de Mallorca la motivación de las sentencias.

En definitiva, tratándose de uno de los ejercicios intelectualmente más exigentes y racionales que pueden existir, la jurisdicción impone la necesidad de exponer, tanto a los directamente involucrados en el proceso como también a todo justiciable, todas las razones que llevan al juez a tomar una decisión.

Entre nosotros, las resoluciones judiciales, como expresión de la voluntad del juez, deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable. A ello alude el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, especialmente en su número 4, que consagra, quizás no de la manera más pulcra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido. Por cierto, la exigencia de motivación se extiende también a las interlocutorias y a los autos, aunque solo en la medida que la naturaleza del asunto lo permita.

El avance es sustancial en el PCPC[1], ya que el proyectado art. 189, intitulado Fundamentación de las resoluciones, señala, en los mismos términos que el art. 36 del CPP, que: “Será obligación del tribunal fundamentar todas las resoluciones que dictare en conformidad a lo establecido en la ley, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite.

La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación”.

Respecto del CPP, en la tramitación del proyecto respectivo se planteó lo siguiente: “…el proyecto intenta, mediante este principio, evitar la habitual práctica de fundamentar las resoluciones judiciales sólo en términos formales, lo que produce, por una parte, un alto grado de insatisfacción en la ciudadanía al no cumplir con el efecto socializador propio de las sentencias judiciales y, por otra, impide a las partes comprender la razón de lo decidido”[2].

Esto es lo que el proceso penal ya ofrece, y lo que el proceso civil, el último eslabón en la cadena de reformas procesales (y el más importante por lo demás), promete. Ambas manifestaciones se vinculan, en último término, con el principio de publicidad, consagrado en el art. 9 del COT y 8 de la CPR.

Ahora bien, la juventud del derecho procesal como rama de estudio autónoma hizo que, antaño, la preocupación de la fundamentación fuese únicamente exigible respecto de la sentencia definitiva. No existía mayor conciencia acerca de una noción tan asentada en la doctrina actual como es la de debido proceso, ni menos de las implicancias que de los principios de dicha noción emanan, así como de su proyección en el decurso del proceso. En otros términos, y salvo elementos fundamentales como el derecho a ser oído, la configuración precisa de los procedimientos y de la fundamentación de las resoluciones dictadas antes de la sentencia, quedó al margen de la extrema atención prestada a la fundamentación de este producto final. Por tanto, escasa ha sido la reflexión en torno a la implicancia del concepto de justo y racional procedimiento en el íter procesal considerado en sí mismo.

En particular, quiero detenerme en lo que dice relación con lo que se planteó en la tramitación del proyecto del CPP. Se hizo alusión a una “habitual práctica de fundamentar las resoluciones judiciales en términos formales”. Esa frase, para todos los que tenemos alguna experiencia en litigación, nos hace bastante sentido, sobre todo al relacionarla con expresiones como “autos”, “atendido el mérito de autos, ha lugar (o no ha lugar)”, y varias más; todas ellas muy familiares y que conforman, hoy, un verdadero dialecto dentro del especial mundo que se denomina Foro.

En efecto, se trata de locuciones con las que permanentemente los litigantes convivimos, aunque con un serio problema: en muchas ocasiones disfrazan una carencia dramática de fundamentación o, simplemente, la omiten por completo. Ejemplo de lo primero es, precisamente, la expresión “Atendido el mérito de autos”, y es que vale la pena preguntarnos ¿qué es el mérito de autos? La verdad, se trata de una frase vacía o, lo que es lo mismo, de contenido insondable.

Uno no podría inquietarse ni mucho menos escandalizarse si estas expresiones se agotaran únicamente en los decretos, ya que la mecanización del entorno en que estos se generan hace innecesaria y sobreabundante cualquier fundamentación. Sin embargo, la misma experiencia muestra que la falta de motivación se extiende mucho más allá, viéndose aquejado el sistema de resoluciones de una supresión endémica de fundamentos concretos.

Por todo lo anterior, el acento de esta exposición quiero situarlo no tanto en la sentencia definitiva, que ha sido objeto de mayor atención en la doctrina. Más bien quiero centrarme en las resoluciones más expuestas a la carencia de fundamentación, y que son todas las que se dictan a lo largo del íter procesal, antes del producto final.

¿Qué factores intervienen en este verdadero problema? Una rápida reflexión arroja las siguientes hipótesis:

1- Se trata de un problema generado y permitido por el sistema de escrituración. Como contrapartida, es efectivo que la publicidad, propia de los sistemas en que prima la oralidad y la dictación de resoluciones en audiencias, intensifica los esfuerzos del tribunal por dotar de fundamento a sus resoluciones.

2- En segundo lugar, estimo que tiene un rol influyente la carencia de medios de impugnación por vía de reforma, dando paso a un serio problema, sobre todo cuando se trata de resoluciones cuya relevancia no puede equipararse a la de la sentencia definitiva o ciertas interlocutorias y que, consecuentemente, están sujetos a un régimen de recursos limitados, normalmente, a la reposición. En el panorama actual del proceso civil, los autos se encuentran, generalmente, en esta hipótesis, salvo cuando opere lo dispuesto en el art. 188 del CPC.

Por lo demás, el régimen de recursos proyectado en el PCPC es todavía más restringido. Así las cosas, mucho de lo que sucede al interior del proceso queda excluido del real escrutinio público, al menos por vía de generación de jurisprudencia, debido a la carencia de recursos o medios de impugnación.

Entonces, parece ser que la consagración de un deber de fundamentación puede dar lugar a su infracción, y la misma debería, de cara a su eficacia, tener contemplada una sanción. En efecto, está demostrado que la carencia de control es caldo de cultivo de la arbitrariedad.

3- Pero, incluso contando con un sistema recursivo, en muchas ocasiones el tribunal superior hace suyo el pensamiento del inferior, omitiendo hacerse cargo de argumentos nuevos planteados en el recurso, aunque sea con el objeto de desecharlos justificadamente.

4- Siempre en el ámbito de los vicios propios de un sistema escriturado, se encuentra la carencia de control en la actividad desplegada por el “funcionario resolutor”, irregularidad forzada por diversos factores, entre los que destaca la sobrecarga de trabajo de los tribunales; y que implica la participación en la redacción de resoluciones judiciales de personas que, normalmente, carecen de formación jurídica avanzada. Esta realidad, lamentablemente, se traduce en que gran parte del devenir del procedimiento queda entregado, en los hechos, a funcionarios diversos del juez; generando una doble degradación del sistema: por una parte, con resoluciones de escaso contenido técnico y sustantivo y, por otra, con un manifiesto atentado contra la jurisdicción, entendida como una actividad esencialmente indelegable.

Puede seguirse construyendo el diagnóstico y las causas del problema. Igualmente, también pueden destinarse esfuerzos en diseñar soluciones por vía de control superior, de pérdida de eficacia de la resolución respectiva, así como otros mecanismos. Sin embargo, lo más importante a mi juicio es la inversión que debe hacerse en formación ética y sentido de responsabilidad. Dicho en otros términos, los jueces deben tener un altísimo y permanente sentido de la trascendencia de su labor, haciendo del discurso razonado, en todas sus manifestaciones posibles, una verdadera costumbre. No debe perderse de vista que la jurisprudencia no solo la conforman las resoluciones que marcan hitos en un proceso, sino que muchas otras que terminan perdiéndose en el fragor de una batalla judicial. Así debe entenderse desde la adecuada comprensión del concepto de debido proceso.

[1] Proyecto de Código Procesal Civil ingresado al Congreso el 16 de junio de 2009, boletín nº 6567-07. Se hace presente que a la fecha de la presente entrega, no ingresaba aún el nuevo proyecto de ley, que sustituye el actual proyecto por otro nuevo.

[2] Historia de la ley 19.696, disponible en: http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-19696/HL19696.pdf (consulta, 22 de septiembre de 2011).

Sobre la motivación de las sentencias y el recurso de casación en la forma: comentario a un fallo del Tribunal Constitucional.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Thu, 08 Sep 2011 02:26:00 +0000

Hola a todos: luego de un tiempo, reactivo el Blog con una noticia que, al menos en el papel, significa un triunfo del paradigma procesal contemporáneo, según el cual es inexorable justificar - de manera explicita - la decisión que adopta un tribunal. Pero, antes de darla a conocer, debo plantear algo.

No cabe duda que la motivación de las sentencias judiciales es un triunfo de la legitimación democrática del Poder Judicial, luego de haber vivido períodos en los cuales dicha actividad estaba vedada para el juez, como sucedió en 1768, cuando Carlos III prohibió a los jueces y a la audiencia de Mallorca la motivación de las sentencias. En efecto, tratándose de uno de los ejercicios intelectualmente más exigentes y racionales que pueden existir, la jurisdicción impone la necesidad de exponer, tanto a los directamente involucrados en el proceso como también a todo justiciable, todas las razones que llevan al juez a tomar una decisión. Por cierto, es un imperativo del que solo pueden sustraerse los decretos, ya que autos, sentencias interlocutorias y, sobre todo, sentencias definitivas, deben ser desembocaduras de un razonamiento explicitado y verificable. A ello alude, en relación con el último caso, el art. 170 del Código de Procedimiento Civil, especialmente en su número 4, que consagra, quizás no de la manera más pulcra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido.

Los argumentos a favor de esta postura son evidentes, y se resumen, a mi juicio, en el respeto cabal al derecho que todos tenemos a un justo y racional procedimiento (o "debido proceso", término que parece ser más feliz que el utilizado por nuestra Constitución); pudiendo sumar otros invitados, como el derecho a la igualdad ante la ley.

No obstante, fuerza del mandato impuesto por la noción de debido proceso al juez, en cuanto debe fundamentar adecuadamente sus resoluciones, quedaría completamente desprovista de sentido si se careciera de mecanismos de control de esta actividad judicial por vía recursiva. Es por ello que, en nuestro proceso civil, existe el recurso de casación en la forma, como principal herramienta (no exclusiva en todo caso) para tal fin, especialmente en cuanto procede respecto de infracciones a lo dispuesto en el ya mencionado art. 170 del CPC, especialmente en lo relativo a la motivación de las sentencias (art. 768 nº 5).

Sin embargo, un detalle que muchas veces pasa desapercibido es que, de acuerdo al inciso 2º del art. 768 del CPC, tratándose de asuntos regidos por leyes especiales el recurso de casación en la forma está limitado en sus causales de procedencia; excluyéndose, por lo pronto, precisamente la causal relativa al incumplimiento de los requisitos de la sentencia definitiva, y en particular la ausencia de fundamentos para la parte resolutiva.

En este orden de cosas, importantes materias quedan al margen del control de este capital requisito, como ocurre, por ejemplo, en los reclamos de ilegalidad municipal, institución reglamentada en la Ley de Municipalidades. La gravedad del asunto puede ser muy alta, como puede imaginar el lector sin mucha dificultad.

Pues bien, este prolegómeno nos lleva a la noticia que les prometí: con fecha 25 de agosto de este año, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento que impugnaba el señalado inciso 2º del art. 768 del CPC. El asunto en que este requerimiento incidía era un reclamo de ilegalidad municipal contra la Municipalidad de Las Condes, por el cobro de patente municipal a una sociedad que discutía ser sujeto pasivo de ese impuesto. Siendo rechazado el reclamo por la Corte de Apelaciones de Santiago, el reclamante dedujo recurso de casación en la forma, fundándose en la causal del art. 768 nº 5 del CPC. Previendo el casi seguro rechazo del recurso, por ser improcedente la causal al tratarse de un reclamo regido por una ley especial, se acudió al TC para que declarara inaplicable el inc. segundo del art. 766, que limitaba las causales de procedencia de este recurso extraordinario.

En su sentencia, el TC, luego de constatar la inexistencia de un deber explícito de fundar las resoluciones judiciales en la CPR, de todas formas lo extrae a partir de la aplicación conjunta y sistemática de diversos preceptos constitucionales, como el art. 76 (que alude a los “fundamentos” de las resoluciones judiciales), el art. 8 (principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado y sus "fundamentos"), el art. 19 N° 3° (sentencia que debe "fundarse" en un proceso previo legalmente tramitado) y el art. 6º (prohibición de la arbitrariedad como una de las bases de la institucionalidad).

No obstante, lo más importante es que, en relación con el art. 768 inc. 2º del CPC, el TC afirmó que no se advertía claramente una finalidad intrínsecamente legítima y que, más aún, el precepto establecía una diferencia arbitraria, transgrediendo las garantías de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Estamos, en consecuencia, ante un fallo inédito y de trascendental importancia. De hecho, no sería raro ver en poco tiempo la derogación de el inc. 2º del art. 766, al menos en los términos actualmente redactados. El criterio aplicado es sumamente positivo, y va en el correcto camino de ajustar las normas procesales a un sistema democrático y al carácter esencialmente racional que tiene la jurisdicción.

Finalmente, de refilón se reafirma un principio fundamental ya mencionado anteriormente: la actividad judicial, independientemente de cómo se desarrolle, siempre requiere de mecanismos de control. Su extensión e intensidad son cuestiones de política legislativa, cuya determinación es altamente opinable. Sin embargo, la supresión del control, generalmente, lleva a la relajación del pensamiento y puede hacernos regresar, sin quererlo, al nefasto escenario que vivieron, hace más de dos siglos, los justiciables de Mallorca y de tantos otros lugares.

Saludos a todos.

Oscar.

PD: el fallo íntegro pueden verlo acá: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/descargar_expediente.php?id=36149

Justicia vecinal: una "novedad", una oportunidad y un riesgo.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Thu, 26 May 2011 04:01:00 +0000

Hola a todos:

Seguramente muchos de ustedes habrán leído o escuchado noticias vinculadas con el tema que sirve de título a este pequeño texto. Se trata de la justicia vecinal, conocida en el derecho comparado como neighborhood justice, giudice di pace, jueces de paz, etc; la cual se comienza a abrir, nuevamente, un incipiente paso en la realidad jurídica chilena, a través de un plan piloto desarrollado por el Ministerio de Justicia, que no ha hecho sino configurar un sistema a partir de la voluntaria intervención de los interesados.

Lo cierto es que la iniciativa no es nueva en nuestro país. Desde la década del 60, 9 proyectos de ley se han referido al tópico en comento, siendo uno de los más recordados el presentado el año 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, cuyo mensaje, en su inicio, despeja dudas acerca de su motivación:

"En la actual administración de justicia los sectores populares se encuentran marginados y no cuentan

con los medios adecuados para hacer valer sus legítimos derechos. Por falta de información, de medios para costear defensas, por dificultades de movilización, tiempo, etc., muchos pobladores y trabajadores no recurren a plantear dificultades y problemas que teóricamente deberían serles solucionados por la justicia.

La realidad nos muestra que la disposición Constitucional que asegura a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley no se cumple en absoluto respecto de estos sectores".

Más adelante, el proyecto regulaba un órgano jurisdiccional compuesto - mediante elección democrática de los mismos vecinos - por legos, fundamentalmente por estimar que los problemas que serían tratados no requerirían de mayores conocimientos jurídicos, sino de un sentido común de realidad, atribuible a cualquier persona común y corriente. Varios de estos conceptos han sido recogidos en iniciativas posteriores, y también en la actual.

Volviendo a las generalidades, el punto de partida para un proyecto de estas características, indudablemente, se encuentra en la garantía constitucional de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (art. 19 nº 3 CPR) y, en especial, en el aseguramiento de proveer asesoramiento y defensa jurídica a quienes no pueden procurárselos por sí mismos. En todo caso, de acuerdo al perfil actual del plan piloto, parece ser que la calificación de un conflicto como susceptible de ser conocido por un tribunal vecinal estará determinada por la cuantía del asunto y no la calidad o situación económica de los intervinientes; cuestión que parece positiva, aunque debamos asumir que, sin dicho componente socioeconómico, difícilmente un proyecto de estas características vería la luz.

Por esta misma razón, no deja de llamar la atención que se esté pensando en un sistema que no necesariamente hará desaparecer la desigualdad en el acceso de la justicia que se denuncia permanentemente. Por el contrario, se puede correr el riesgo de otorgar un servicio de asistencia jurídica de baja calidad, para resolver problemas que se susciten entre iguales, pero iguales en cuanto la falta de acceso expedito a la "real" jurisdicción.

Particularmente relevante a este respecto es la posibilidad -establecida en el plan piloto y en prácticamente todos los proyectos de ley que han existido en nuestra historia- de comparecer y defenderse sin la asesoría de un abogado. En verdad, no podemos negar que constituye un lugar común sostener, que la presencia de un letrado implica más costos que beneficios para el justiciable, sobre todo cuando se piensa en quienes no pueden sufragar la contratación de un profesional. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que el ejercicio de la jurisdicción sin interlocutores técnicamente válidos (independientemente de la cuantía o complejidad del asunto) puede terminar transformándose en un verdadero suplicio (basta recordar los primeros años de los tribunales de familia). Esto es, por cierto, solo uno de varios aspectos que deberían contemplarse en una futura justicia vecinal con carácter propiamente jurisdiccional y obligatorio para discutir asuntos de esta índole.

Como reflexión final de estas breves noticias sobre el renacer de la justicia vecinal, no debe perderse de vista que la Constitución garantiza la asesoría y defensa a quienes no puedan procurársela a sí mismos. Se trata de un deber positivo de actuación, que, en mi concepto, supondría la generación de un órgano compuesto por letrados y dedicado, exclusivamente, a prestar defensa jurídica gratuita, como ocurre actualmente con la Oficina de Defensa Laboral, por poner solo un ejemplo. No significa, a mi juicio, otorgar justicia sobre la base de suprimir requisitos técnicos de comparecencia, simplificar en extremo las ritualidades procesales y generar pronunciamientos dotados de autoridad de cosa juzgada, pero con un contenido no ceñido a la ley, sino a criterios de prudencia o equidad que, históricamente, han ocupado un lugar secundario en nuestra cultura jurídica, eminentemente legalista. En ello, pienso, la noción de debido proceso, a veces tan olvidada o mal interpretada en su sentido natural, algunas luces tendrá que mostrar, de forma que esta "novedad", que puede constituir una buena oportunidad para generar estructuras jurisdiccionales adicionales a las existentes, no signifique un riesgo del cual sea, luego, muy difícil escapar.

Saludos a todos.

Oscar.

Información complementaria:

http://politicaspublicas.uc.cl/media/proyectos/material/472_Proyecto_Pertinencia_y_Posibilidad_de_Implementar_Juzgados_Vecinales_en_Chile.pdf

http://www.institutolibertad.cl/ie_219_just_vec.pdf

http://ujv.minjusticia.gob.cl/es/inicio.html

¿Una puerta abierta hacia la arbitrariedad? Crónica sobre un recurso de queja declarado inadmisible.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 03 May 2011 04:33:00 +0000

Estimados:

ha pasado un tiempo más que considerable sin actualizar mi blog. Naturalmente, en estos meses han sucedido varias cosas, pero no he tenido el espacio para detenerme y plantearlas como corresponde.

Lo cierto es que ahora tampoco tengo todo el tiempo y lucidez que quisiera; sin embargo, tengo la necesidad de cambiar mi inercia por la más franca estupefacción. Veamos su razón de ser.

Como todos sabemos, el recurso de queja ha sido históricamente utilizado como un medio más de impugnación en contra de resoluciones judiciales que no son susceptibles de algún otro recurso, ordinario o extraordinario. Dicho esto, no me quiero extender respecto a este efugio motivo, sino que pretendo volver a la esencia de la queja como recurso, y que no es otro que detectar y reparar los efectos nocivos generados por una falta o abuso grave cometido por un tribunal en la dictación de una determinada resolución judicial.

Siempre en este orden de ideas, determinar qué tribunales pueden pronunciar resoluciones susceptibles de control por vía del recurso de queja obliga que acudir a la noción de las atribuciones conexas de la jurisdicción. Una de éstas consiste en las facultades disciplinarias, cuya fuente última es la norma del art. 82 de la CPR, que dice, en lo pertinente, que "La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación".

A partir de esta idea básica, históricamente no ha generado ninguna duda razonable sostener que las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, en relación con el recurso de queja como forma de hacerlas valer, pueden extenderse a todo órgano que ejerza jurisdicción (que no es sino una manera descriptiva de definir a un tribunal de justicia). En tal sentido, controlar que en el ejercicio de la función jurisdiccional no se cometan arbitrariedades o abusos manifiestos forma parte del núcleo de las atribuciones disciplinarias del máximo tribunal de la nación, no pudiendo concebirse la existencia de un organismo que, poseyendo jurisdicción, quede marginado de dicho posible control (salvo las excepciones indicadas en la misma CPR: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales).

Tan evidente es esta afirmación, que la misma Corte Suprema, también históricamente, ha aceptado pronunciarse acerca de recursos de queja interpuestos contra resoluciones de tribunales especiales y otros órganos que ejercen jurisdicción, como en los casos siguientes, todos citados a vía ejemplar: Tribunal especial de Alzada de Avalúos (16 de mayo de 1967, RDJ LXIV, sec. 3ª, p. 125); Tribunal especial de Marcas (13 de noviembre de 1958, RDJ, LV, sec. 1ª, p. 308; 5 de agosto de 1959, RDJ LVI, sec. 1ª, p. 256; 30 de noviembre de 1959, RDJ LVI, sec. 1ª, p. 415; 18 de julio de 1962, RDJ LIX, sec. 1ª, p. 251) y hasta el Consejo del Colegio de Arquitectos de Chile (27 de abril de 1967, RDJ LXIV, sec. 1ª, p. 90).

Hasta ahora, lo dicho carece de toda novedad y solo sirve como un exiguo recordatorio acerca del alcance amplísimo que tienen las facultades disciplinarias de la Corte Suprema. Empero, recientemente, la línea de sucesos ha sufrido un descalabro que me atrevo a calificar, prudentemente, de impactante, y que debe preocuparnos profundamente.

El caso es el siguiente: contra una sentencia dictada por el Tribunal especial de Alzada de Avalúos de Valparaíso, el contribuyente interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, denunciando la comisión de determinadas faltas o abusos en la resolución señalada. Éste último tribunal, luego de haber aprobado el examen de admisibilidad establecido en el art. 549 letra a) del COT, trajo los autos en relación.

¿Cuál fue el destino del recurso? la transcripción del mismo lo explica suficientemente.

"Santiago, veintinueve de abril de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".
Segundo: Que conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso grave, constituido por errores u omisiones manifiestos e igualmente graves.
     Tercero: Que el recurso intentado excede la competencia de esta Corte en asuntos jurisdiccionales, porque la decisión que se cuestiona fue adoptada por un tribunal especial cuyo procedimiento no consulta de manera expresa el recurso de queja, ni tampoco hay referencia el tribunal llamado a conocerlo, como ha debido hacerse atendido el ya referido carácter especial del Tribunal de Alzada de Avalúos.
En tales circunstancias, no es posible hacer aplicación de las reglas generales previstas en el Código Orgánico de Tribunales, en lo fundamental referidas a la naturaleza de la resolución y la carencia de recursos, porque a estos efectos, como consecuencia de lo ya dicho, aquéllas no son supletorias.
Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara inadmisible el recurso de queja interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 7.
   Acordada la inadmisibilidad con el voto en contra de la Ministra señora Araneda y del Abogado Integrante señor Peralta, quienes fueron de opinión de acoger el recurso de queja interpuesto por estimar que se han cometido faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia de once de enero último en los autos rol TEA N° 440-2009 del Tribunal Especial de Alzada Segunda Serie No Agrícola de Valparaíso, al haber confirmado la decisión del Servicio de Impuestos Internos de modificar la tasación fiscal del inmueble de la sociedad recurrente Inversiones Puerto Claro Limitada clasificándolo como perteneciente a la Segunda Serie, con efecto retroactivo y sin que se configuren los requisitos exigidos en el artículo 10 letra d) de la Ley N° 17.235.
   Los Ministros señor Pierry y señora Araneda y el Abogado Integrante señor Peralta, hacen presente al Servicio de Impuestos Internos, la improcedencia de cobro de intereses penales por deuda de contribuciones a la sociedad Inversiones Puerto Claro Limitada y que se hayan generado entre la fecha en que se pidió informe al fiscalizador, esto es el veintiséis de febrero del año dos mil seis y el 11 de diciembre de 2008 oportunidad en que lo evacuó, lo que constituye una demora excesiva denunciada en estrados por el abogado de la recurrente y reconocida por el apoderado del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio que además consta en los autos tenidos a la vista.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Redacción a cargo de la Ministro señora Araneda.
Rol N° 588-2011

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry., Sra. Sonia Araneda., Sr. Haroldo Brito., y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos y Sr. Ricardo Peralta. No firma la Ministra señora Araneda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, 29 de abril de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente".

¿Qué comentarios merece esta resolución? Muy brevemente, estimo que son los siguientes:

1- La ECS, de forma sorprendente, autolimita sus facultades disciplinarias, en clara contravención con el deber que le impone la misma CPR en su art. 82. Y lo hace en términos tales que, entre el considerando segundo y el tercero del fallo, no existe un eslabón lógico que los vincule.
Esta conclusión parte de una base muy sutil, pero extremadamente consistente: en efecto, el segundo considerando, correctamente, establece el objeto del recurso de queja, parafraseando lo dispuesto, a su turno, por el art. 545 del COT. Sin embargo, el considerando tercero, además de ser incorrecto en su fondo, no dice ninguna relación con el objeto del recurso de queja (descrito en la consideración anterior), por lo que mal podría ser consecuente lógico del anterior razonamiento.
Dicho de otro modo, del argumento consistente en que el recurso de queja solamente procede cuando "

en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso grave, constituido por errores u omisiones manifiestos e igualmente graves", no puede desprenderse, racionalmente, que dicho recurso no proceda cuando la resolución provenga de un tribunal especial, como es el caso.

2- La ECS resuelve declarar inadmisible el recurso de queja contra un tribunal especial, en circunstancias que anteriormente se había pronunciado positivamente respecto a la admisibilidad del recurso, aun cuando dicho control se circunscribiera a los aspectos precisamente señalados en el art. 548 del COT y no el 545, que establece las resoluciones susceptibles de recurso de queja.

3- La ECS colisiona con el criterio uniformemente sostenido por ella misma y por la amplísima mayoría de la doctrina procesal.

4- La situación es tan grave, que los votantes disidentes no solo estuvieron por la admisibilidad del recurso de queja, sino que por su acogida.

En fin, no cabe sino manifestar un honesto temor por las consecuencias que podría acarrear este germen de giro jurisprudencial, el cual espero que no sea más que un ejemplo de connotación académica.

Saludos a todos.
Oscar.

Proyecto de ley que incrementa requisitos para ser abogado integrante.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 23 Nov 2010 00:52:00 +0000

Estimados: cuando está en la discusión pública la eliminación de la institución de los abogados integrantes, ingresa un proyecto al parlamento que, en vez de suprimir la figura en comento, la hace de más difícil obtención para los interesados. Transcribo la información.
Saludos.

Promueven mayores requisitos para los abogados integrantes de los tribunales superiores

La iniciativa, ingresada por diputados de la UDI y RN, contempla entre otros puntos la prohibición de estar afiliado a un partido político. Un conjunto de nuevas exigencias para el ejercicio de los abogados integrantes de los tribunales de superiores de justicia propuso un grupo de diputados de la UDI y RN, siendo una de las consideraciones el establecimiento de la prohibición de estar afiliado a un partido político. El proyecto (boletín 7276), que fue derivado para su estudio a la Comisión de Constitución de la Cámara, fue ingresado a trámite legislativo por los diputados UDI Ernesto Silva, Javier Macaya, Giovanni Calderón, Javier Hernández, José Antonio Kast, Patricio Melero, Carlos Recondo, Arturo Squella e Ignacio Urrutia y RN Nicolás Monckeberg

La propuesta contempla específicamente introducir en el Código Orgánico de Tribunales un nuevo numeral 5° al artículo 323, por el cual se prohíbe a estos profesionales estar afiliado a un partido político. Adicionalmente, a través de un nuevo inciso 6° en el artículo 219, se establece que las ternas para abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones sólo podrán incluir abogados que cuenten con al menos doce años de ejercicio profesional o ex miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial, siempre y cuando hubiesen figurado durante los últimos cinco años en lista de méritos.

El proyecto también indica que las ternas para abogados integrantes de la Corte Suprema sólo podrán incluir abogados que tengan no menos de quince años de ejercicio profesional o que hayan pertenecido a la primera o segunda categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial y siempre que, de haber estado en la segunda categoría, hubiesen figurado durante los últimos cinco años en lista de méritos.

En ambos casos se especifica que se les aplicará las normas establecidas en el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales, las cuales prohíben a los funcionarios judiciales tener una participación política activa en las elecciones populares más allá de emitir su voto personal, así como mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial.

Finalmente, se determina que, en ningún caso, podrán figurar en las ternas aquellos profesionales que hayan sido separados de sus cargos como funcionarios judiciales.

Cabe recordar que los abogados integrantes de los tribunales colegiados (Corte Suprema y cortes de apelaciones) son llamados a formar parte de dichos tribunales cuando, por ausencia o impedimento de uno o más titulares, el respectivo tribunal o una de sus salas no reúna el número de miembros para funcionar.

Fuente: camara.cl

Decimoquinta carta sobre la reforma.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Thu, 04 Nov 2010 03:56:00 +0000

Reforma Procesal Civil

Señor Director:

El senador Víctor Pérez se ha referido en una columna del día lunes al trabajo que, por un honroso encargo del ministro de Justicia, me corresponde efectuar, junto con dos distinguidos juristas, revisando el Proyecto de Código Procesal Civil que se elaborara en el gobierno anterior, tarea en la que, por lo demás, participamos los tres actuales revisores.
El senador Pérez critica nuestra común condición de profesores de derecho, instando a que se acuda al aporte de abogados de la praxis, frente a lo cual me parece necesario expresarle que he ejercido ininterrumpidamente mi profesión de abogado litigante en tribunales por cerca de 40 años.
En relación con su temor por la regulación de la casación, junto con hacer presente que se trata de un tema no resuelto, creo indispensable no confundirlo -como pareciera acontecer en la columna que comento- con el rol que cabe a la Corte Suprema en la impartición de justicia. La eliminación de la casación en algunos códigos no corresponde al afán de marginar a esa Corte, poniendo en peligro el sistema constitucional, sino representa una reacción frente a la manifiesta falta de actualidad de la casación para resolver los problemas de los justiciables. Éste constituye el desafío del legislador nacional: armonizar algunos de los fines tradicionales del instituto casacional con la tarea esencial de la jurisdicción, incluida la Corte Suprema, de no sacrificar la justicia por el derecho.

Raúl Tavolari Oliveros
Abogado y Profesor de Derecho Procesal Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/11/03/reforma-procesal-civil-2.asp

Decimocuarta carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Mon, 01 Nov 2010 15:37:00 +0000

Prevenciones y reforma procesal civil

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, está abocado a la tarea de reformar el sistema de justicia civil, para generar un proceso judicial expedito y transparente, en que la oralidad tenga tanta aplicación como sea posible y en que las posibilidades de impugnación de lo resuelto sean suficientes, pero limitadas. Es a este efecto que, con el concurso de tres procesalistas, ha revisado el proyecto elaborado por el gobierno anterior y acaba de entregar parte del articulado a la revisión de un consejo asesor, compuesto de 14 miembros, diez de los cuales son también procesalistas.

Dejo planteadas desde ya algunas prevenciones que formarán parte del debate legislativo.
En primer lugar, si bien es cierto que la reforma implica el análisis y decisión acerca de cuestiones que son básicamente técnicas, como el modo en que habrán de realizarse los debates entre las partes y la prueba de los hechos, y la manera en que deberá estructurarse la sentencia, lo que justifica que quienes han intervenido hasta ahora sean únicamente profesores de derecho procesal, me parece evidente que esta reforma incidirá en cuestiones de índole política, desde que se abordará el papel que —en el nuevo sistema— tendrá la Corte Suprema, expresión máxima del Poder Judicial. Esto es tanto más claro si se ha planteado, en el proyecto ya mencionado, la supresión del recurso de casación, sobre la base de la supuesta suficiencia de la doble instancia, que culmina en múltiples salas de otras tantas Cortes de Apelaciones; propuesta que, claro está, conspira en contra de la igualdad ante la ley, puesto que es siempre posible que a distintos chilenos les sean aplicadas las mismas normas legales con diferentes interpretaciones.

Es ésta una cuestión que, en rigor, tiene que ver con las bases esenciales de nuestro Estado de Derecho, de manera que la participación de nuestros más destacados profesores de Derecho Constitucional se hace imprescindible.

En segundo lugar, es usual que tendenciosamente se atribuyan las dilaciones de los procesos judiciales al recurso de casación que es de competencia de la Corte Suprema, y así, por ejemplo, el informe del foro de la reforma procesal civil, publicado en la página web del Ministerio de Justicia, sostiene que si se interpone dicho recurso, el proceso civil tarda más de cinco años, lo cual, se agrega, es “insostenible en una sociedad moderna”. Con esta clase de apotegmas se induce artificiosamente a la eliminación del recurso de casación. Pero es demasiado lo que se omite. Datos estadísticos publicados por la Revista de Derecho de la Universidad del Desarrollo (Actualidad Jurídica, Nº 22, julio 2010) demuestran que, con posterioridad a las profundas y reflexivas reformas de la Ley Nº 19.374, sobre especialización de salas, rechazo inmediato por manifiesta falta de fundamento y desformalización, en los días que corren, la realidad casacional ha avanzado muchísimo, en el sendero correcto.

Desde el punto de vista temporal, el 57% de las casaciones ingresadas a la Corte Suprema terminan en un lapso promedio de 32 días (inadmisibilidad y rechazo por manifiesta falta de fundamento); en tanto que el 43% culmina en sentencia de casación, después de alegatos de abogados, en un tiempo promedio que no excede de 360 días, que se compara favorablemente con otros países, más desarrollados, en que imperan sistemas similares, sin que pueda estimarse que esto constituya un tiempo excesivo si se tiene en cuenta el bien jurídico que, en un verdadero Estado de Derecho, representa la obtención de soluciones jurídicas correctas, pronunciadas por magistrados de gran experiencia y dotados de profundos conocimientos; e iguales para todos, es decir, no discriminatorias, que es lo que sólo la casación permite lograr.

Hay que expresar, igualmente, que el razonable modo en que está operando en estos días la Corte Suprema debe considerarse especialmente. Es posible observar un claro aumento del número de asuntos que se examinan en cada audiencia, además de haberse éstas elevado, con el reciente acuerdo plenario que llevó a que las salas ven causas también los días viernes, como consecuencia de haber trasladado el trabajo administrativo a las tardes de los días lunes; y esto no ha sido en desmedro de la calidad: un atento examen de los fallos de casación demuestra el evidente empeño de los ministros por lograr una jurisprudencia de calidad, que se hace fundado cargo de sus precedentes, bien para reiterarlos, bien para modificarlos por razones que se expresan acabadamente, cuando el cambio social requiere tal alteración. Todo ello puede mejorar todavía en mayor medida si se fortalecen los equipos de letrados asesores de los ministros redactores de fallos, como ocurre en otros países.

La reforma de la justicia civil ha de hacerse, en consecuencia, con procesalistas, pero no sólo con ellos, desde que el concurso de los constitucionalistas no puede obviarse; tampoco puede labrarse sobre la base de mitos o de datos estadísticos que no tienen que ver con la realidad actual de la operatoria de la Corte Suprema; y debe acudirse, muy fundamentalmente, al aporte de abogados de la praxis.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/11/01/prevenciones-y-reforma-procesa.asp

Decimotercera carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Sat, 23 Oct 2010 12:55:00 +0000

Nota del bloguero: el debate se torna un poco repetitivo, pero cumplo con informar.

Reforma a justicia civil

Señor Director:

El profesor Juan Enrique Vargas, en carta del jueves, persiste en su propósito de descontextualizar el debate que se ha suscitado en relación con la reforma procesal civil. Para sostener su posición, describe el escenario de esta controversia como una confrontación entre liberales que desean "modernizar el Estado y la justicia chilena" y conservadores que "buscan mantener la situación actual". Así, resulta cómodo atribuirse la razón. La verdad, sin embargo, es muy distinta.

Lo que se reclama, de parte nuestra, es reconocer que la justicia civil difiere de la justicia penal y que, por lo mismo, no pueden ambas reformas fundarse en idénticos principios. Asimismo, que es esencial considerar la realidad y no dejarse obnubilar por la teoría. De aquí que para encarar esta política sea necesario, lo antes posible, descongestionar los tribunales civiles de la carga administrativa que sobrellevan, arbitrar los medios para mejorar la calidad profesional de los jueces, imponer nuevas exigencias a los abogados para el cumplimiento de su rol de colaboradores de la justicia, y eliminar toda injerencia o influencia ajena al Poder Judicial. Lo anterior es fruto de la práctica y la experiencia, no de la teoría o la especulación doctrinaria.

PABLO RODRÍGUEZ GREZ

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/23/reforma-a-justicia-civil-1.asp

Duodécima carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Fri, 22 Oct 2010 13:22:00 +0000

Reforma a justicia civil

Señor Director:

Un gran jurista uruguayo indicó, con acierto, que nuestros procesos civiles son "desesperadamente escritos", con lo que quiso poner de manifiesto los graves problemas de la escritura y los escritos. La dinámica del Código de Procedimiento Civil apunta a la generación de escritos y éstos conforman un expediente sobre el cual debe pronunciarse la sentencia. Esto, como lo prueba la práctica, formaliza el sistema y aleja al juez del proceso.

En nuestro Código lo relevante no es que el juez conozca las peticiones de las partes directamente, que oiga el contradictorio, que se empape sin intermediación de los nudos de la controversia. No. El cuidado está puesto en la forma, en el escrito. En la producción de las pruebas ocurre lo mismo: lo relevante son las actas en las que se escriben las declaraciones de los testigos, es el informe escrito del perito. No es lo importante que el juez perciba por sí mismo esas declaraciones y oiga al perito, y oiga a las partes interrogar y contrainterrogar. Fruto de este foco errado del proceso nuestro es un juez ausente, distante, que puede delegar, que debe resolver, según lo que le dice el expediente. No es un buen modelo un juez lector de expedientes. No lo es en doctrina ni lo es en la práctica. La buena doctrina propone un proceso por audiencias, que se inicia con actos escritos, por cierto, pero en el cual el juez está en relación con las partes y las pruebas.

La práctica muestra la desesperanza de los abogados y de las partes, quienes constatan el paso del tiempo sin haber visto nunca al juez, a quien conocen sólo por sus resoluciones, las que muchas veces les resultan incomprensibles. La práctica ha acuñado la dramática frase: ¡"seguro que no leyeron el escrito"!

La buena doctrina promueve a un juez visible inserto en un proceso que le permita hacer justicia en serio. Nuestra práctica más virtuosa, la surgida de la reforma procesal penal, muestra que esto es posible y que los resultados son muy buenos. Bienvenida, entonces, la reforma procesal civil.

Orlando Poblete Iturrate

Profesor de Derecho Procesal Universidad de los Andes

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/22/reforma-a-justicia-civil.asp

Undécima carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Fri, 22 Oct 2010 13:19:00 +0000

Registro de ADN criminal

Señor Director:

Se ha planteado que la reforma a la justicia civil es un cambio estructural inspirado en principios alejados de nuestras tradiciones y con poca incidencia práctica. Sin embargo, no podemos pretender que la reforma a los juicios civiles sean cambios cosméticos o ajustes "prácticos" como sólo desjudicializar materias o incorporar tecnología, sin un proceso que aborde sistemáticamente el juicio civil para darles en forma oportuna mayor certeza a los ciudadanos. El diagnóstico compartido del actual proceso civil exige que esta reforma permita lograr rapidez, transparencia y capacidad de gestión, entre otros objetivos, como lo vivimos con las otras reformas a la justicia. La reforma procesal penal, integral y gradualmente implementada, permite que hoy podamos incorporar nuevas herramientas como el Sistema de Registro de ADN Criminal. Ese es un ejemplo de cómo deberíamos comenzar.

Recién se inauguraron las dependencias más modernas de América Latina para procesar y albergar el registro de ADN criminal. Este salto en el combate al delito y el esclarecimiento judicial incorpora la más alta tecnología en el Servicio Médico Legal para que policías, fiscales y jueces tengan herramientas para identificar a los responsables de un ilícito y absolver a los inocentes. Esto no es fruto del azar, sino producto de la reforma a la justicia. Con el registro de ADN se podrá determinar la identidad de un sospechoso y cotejarlo con la muestra genética de más de 30 mil condenados e imputados, levantadas desde noviembre de 2008, cuando entró en vigencia el sistema. Para llegar a este momento, no sólo fue necesario invertir más de 5.500 millones de pesos durante los últimos cinco años, y capacitar internacionalmente a técnicos y profesionales, sino que fundamentalmente tener un sistema procesal penal que permite incorporar esta prueba dándoles garantías a las partes, y administrar los recursos con capacidad de gestión, en que se pueda priorizar y focalizar.

La reforma a la justicia constituye un cambio a la cultura jurídica, y como todo cambio debe separarse de algunas tradiciones, para lo cual todos los actores fueron capacitados mediante una instalación gradual. Se incorporaron criterios de gestión y uso de indicadores. Con esos elementos, se priorizaron recursos para abordar, por ejemplo, las causas donde el sistema no tiene fortaleza, cuales son los delitos sin imputado conocido. Eso justificó la instalación del Registro de ADN Codis, que permite, al recuperar pruebas desde la escena del crimen, perfeccionar el proceso de identificación del autor del delito.

La pregunta es si con el sistema antiguo o con cambios parciales hubiésemos podido incorporar esta herramienta: claramente no. Un proceso en que el juez administraba los recursos del tribunal, con prueba reglada, sin garantías mínimas de debido proceso, sin un órgano persecutorio especializado y profesional, tenía limitadas capacidades para innovar.

La Reforma Procesal Penal no comenzó por incorporar el Registro ADN Codis ni por construir nueva infraestructura. Tampoco la nueva Justicia Laboral empezó con el establecimiento de la Defensa Laboral Profesionalizada. Por tanto, los nuevos juicios civiles deberían partir por cambios que obedezcan a objetivos claros y específicos, como son rapidez, transparencia, eficiencia, inmediación y eficacia, que fueron los que inspiraron la reforma más sustantiva que ha vivido nuestra justicia en los últimos 100 años.

JORGE FREI TOLEDO
Ex Subsecretario de Justicia

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/21/registro-de-adn-criminal.asp

Décima carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Fri, 22 Oct 2010 13:18:00 +0000

Reforma a justicia civil II

Señor Director:

Interesante debate sobre la reforma a la justicia civil han sostenido los decanos Juan Enrique Vargas y Pablo Rodríguez, sobre varios aspectos entre "teóricos" y "prácticos".

Lo cierto es que cualquier intento por reformar un procedimiento judicial no puede olvidar que al final se trata de una política pública, en la que hay comprometidos fondos destinados a utilizarse con eficiencia y eficacia. Simplemente, que no puede diseñarse ni implementarse ningún tipo de modificación procesal sin tener claridad sobre un aspecto del que tarde o temprano debemos hacernos cargo: lo orgánico.

Efectivamente, no podemos seguir teniendo los más innovadores y precisos procedimientos sin un Poder Judicial que responda a las necesidades del siglo XXI, con jueces sin tiempos muertos por la carga administrativa, sin la difusa rendición de cuentas, sin métodos de evaluación deficientes, sin rigideces decimonónicas en su estructura, y sin otras tantas variables negativas que terminan por lesionar el prestigio de este poder del Estado.

El Ministerio de Justicia ha avanzado en la dirección correcta, ordenando las prioridades, junto con un despliegue simultáneo en varios frentes, debiendo guardar entre ellos la debida armonía y generando curvas de aprendizaje. Celebramos entonces que una pronta eliminación de los abogados integrantes pueda constituir un primer paso hacia las tan necesarias reformas descritas.

RODRIGO DELAVEAU SWETT
Director Programa Legislativo y Justicia Libertad y Desarrollo

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/21/reforma-a-justicia-civil-ii.asp

Novena carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Fri, 22 Oct 2010 13:17:00 +0000

Reforma a justicia civil I

Señor Director:

Concuerdo con el profesor Rodríguez (carta de ayer) en la importancia de abrir un debate sobre el sentido y los alcances que debiera tener una reforma a la justicia civil en Chile. No creo, eso sí, que éste deba plantearse entre teóricos y prácticos o entre conservadores y liberales. Más bien se trata de un debate entre quienes quieren modernizar el Estado y la Justicia chilena, y quienes, por el contrario, buscan mantener la situación actual quizás con algunos cambios menores, pero sin atacar de raíz sus problemas de lentitud y falta de transparencia.

Nuestro país se ha modernizado en casi todos los sentidos, se ha abierto a la economía mundial y ha aprendido de las experiencias extranjeras más avanzadas. Nos sentimos orgullosos de ello. Pero no podemos decir lo mismo de nuestra justicia civil, diseñada el siglo XIX, a partir de modelos extranjeros que ya en ese entonces habían sido superados por anticuados en sus propios países de origen. Tampoco se trata de echar mano a los principios de la justicia penal, sino traer lo mejor de las experiencias comparadas actuales, en materia de justicia civil, donde sea que se hallen.

Sólo una reforma construida sobre esos parámetros va a servir para solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, contribuyendo al desarrollo económico del país, única forma de que obtenga los apoyos políticos y financieros necesarios para prosperar.

JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS
Decano Facultad de Derecho UDP

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/21/reforma-a-justicia-civil-i.asp

Octava carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Thu, 21 Oct 2010 02:11:00 +0000

Reforma a la justicia civil

Señor Director:

No puedo menos que manifestar mi sorpresa respecto de las observaciones formuladas por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales publicadas ayer, sobre el contenido de mi artículo "Teoría y Práctica" publicado el día lunes, en relación con el proyecto de modificación del procedimiento civil. Desde luego, resulta novedoso sostener que ellas obedecen a "una estrategia de los sectores conservadores, que no desean cambios, para eludir el debate de fondo". Al parecer, el complejo liberal que afecta a un sector de nuestro país, lo lleva a sospechar de toda iniciativa que no sea la que éste propicia. Mal puede sostenerse un propósito de esta naturaleza cuando lo que se plantea es, precisamente, el sentido y alcance que debe darse a una innovación de esta envergadura. El problema que debatimos consiste en precisar cuáles deben ser los rasgos esenciales de la reforma, no si ella debe realizarse, cuestión que no presenta reparos.

Nuestra opinión parte de la base que existen diferencias sustanciales entre el procedimiento penal y el procedimiento civil, razón por la cual sería un error asimilarlos o someterlos a idénticos principios. Asimismo, creemos nosotros que la experiencia y la práctica no pueden desaprovecharse, lo cual ocurrió en la reforma procesal penal porque entonces se trataba de sustituir un sistema colapsado. Acepta el decano Vargas que el período de discusión en el procedimiento civil sea escrito, pudiendo las partes desarrollar sus pretensiones sin restricción alguna. Se reserva la oralidad y la inmediación al período de prueba y, por cierto, a la mediación, aspectos que no suscitan objeción ni entre conservadores ni liberales. La declaración de testigos, el informe de peritos y la confesión ganarían mucho si se prestaran efectivamente en presencia del juez y con intervención de las partes, siempre que aquél haya podido enterarse cabalmente del contenido del juicio antes de cada audiencia.

Mi contradictor no advierte la importancia que revisten en lo inmediato cuestiones aparentemente secundarias: hay que eliminar las tareas administrativas (no jurisdiccionales) que pesan sobre los tribunales civiles, las que, como lo hemos demostrado, esconden un subsidio injusto en favor de sectores poderosos y absorben la mayor parte de la actividad del tribunal; hay que imponer mayores exigencias a los abogados que se desempeñan en el área forense; hay que eliminar toda suerte de influencia ajenas a lo judicial,y, por sobre todo, mejorar la preparación y calidad de los jueces. Se exalta la importancia del derecho comparado -que nos ha llevado a copiar instituciones extranjeras concebidas para sociedades distintas-, pero no se lo considera a la hora de revisar la carga administrativa de los jueces, los requisitos de los abogados para desempeñarse en el área forense, ni la forma de asegurar la independencia de los tribunales.

Con todo, celebro la apertura de este debate, porque es fundamental que reformas de esta trascendencia se hagan previo debate entre "teóricos" y "prácticos".

Pablo Rodríguez Grez

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/20/reforma-a-la-justicia-civil-1.asp

Séptima carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 14:05:00 +0000

Reforma a la justicia civil: teoría más práctica

Juan Enrique Vargas Viancos
Decano Facultad de Derecho
Universidad Diego Portales

Resulta singular que Pablo Rodríguez, decano de una Facultad de Derecho, en su artículo de ayer haya reducido el debate sobre los alcances que debiera tener una reforma a la justicia civil a una discusión entre teóricos y prácticos del derecho. La posición recuerda aquellas que se sostenían al inicio de la reforma judicial en el país, cuando se vaticinaba su fracaso producto de que quienes las promovían "nunca habían pisado un tribunal". Más allá de que ello no era cierto, y de que la reforma fue un éxito, el hecho que me interesa destacar es que esta presunta diferencia entre teóricos y prácticos no es más que una estrategia de los sectores conservadores, que no desean cambios, para eludir el debate de fondo y descalificar a quienes los promueven por acudir a experiencias "ajenas a nuestra idiosincrasia" o "desatender una larga tradición". Realmente, en la escuelas de derecho chilenas todos tienen una porción de teóricos y otra de prácticos, y quienes se enfrentan a las políticas sectoriales lo hacen mezclando ambas perspectivas. Buen ejemplo es la propia situación del profesor Rodríguez, quien además de abogado práctico es también un académico.

Es mejor entonces dejar las etiquetas y ver los temas de fondo. De los diversos cambios que aparejaría una reforma a la justicia civil, creo entender que el señor Rodríguez no se opone a la introducción de políticas de desjudicialización, pues él mismo promueve liberar a los jueces de las tareas administrativas que los agobian. Tampoco me imagino que se oponga al fomento del arbitraje, a determinar los procedimientos según el tipo de conflictos, al fortalecimiento de la asistencia judicial, la informática o la mediación, que son las modificaciones que él atribuye a la reforma en actual etapa de diseño en el país. Por mi parte, concuerdo con los cambios que él más adelante promueve, en orden a asegurar la calidad de los jueces, controlar el desempeño profesional de los abogados, eliminar los abogados integrantes y crear más tribunales.

En fin, pareciera ser que la única diferencia entre "teóricos y prácticos" estaría en la incorporación de la oralidad, que implicaría, a su juicio, convertir los juicios civiles "en un remedo del procedimiento penal". Hay que aclarar que esta afirmación revela un desconocimiento del derecho comparado y de la tradición que se pretende defender. Desde el siglo XIX la tradición europea continental acogió la oralidad en materia civil, siendo ése el sistema que rige en países como Alemania, Francia o España. Para cualquier observador medianamente informado resultaría inexplicable en estos días una reforma a la justicia civil que omitiera la oralidad.

Las objeciones que se ponen a la oralidad implican no entender los alcances de la misma. El sistema de audiencias constituye el mejor mecanismo que conocemos para generar información de calidad para decidir un conflicto. No es necesario que el período de discusión, donde las partes plantean sus pretensiones, deba ser oral. Incluso puede darse el caso de que las partes quieran renunciar a tener un juicio oral y opten por un procedimiento escrito, lo que es probable suceda en los casos en que la prueba sea puramente documental o los puntos a debatir puramente jurídicos. Pero en los casos en que hay un auténtico debate fáctico, sobre todo en aquellos en que deben comparecer testigos y peritos, no hay alternativa mejor que escucharlos en una audiencia y que sean las partes las que puedan conducir su interrogatorio, bajo la supervisión de un juez necesariamente presente (inmediación) y con el control de todos quienes deseen asistir (publicidad).

Pareciera que se percibe a la oralidad en los juicios civiles como muy compleja y costosa, difícil de diseñar e implementar. De allí que se cite como ejemplo lo sucedido con la justicia de familia. Sin duda esa reforma fue defectuosa, pero no por haber incorporado un sistema por audiencias. Lo fue básicamente por descuidar los elementos organizacionales y de gestión que son imprescindibles para el éxito de un cambio de esta magnitud. De hecho, recién hoy esa justicia está siendo capaz de abordar razonablemente su carga de trabajo, en tiempos adecuados, gracias a los múltiples ajustes a nivel operativo y de cobertura que se le han debido introducir. Ningún sistema oral funciona sin una estructura adecuada para sustentarlo. Ésa es una de las principales lecciones que aprendimos con la reforma procesal penal y que, sin embargo, se olvidó al momento de emprender la de familia. Es cierto que lamentablemente se corre ese riesgo hoy con la reforma a la justicia civil, desde el momento en que comienza a discutirse un proyecto de código en forma desvinculada de las decisiones organizacionales que lo condicionan.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/19/reforma-a-la-justicia-civil-te.asp

Sexta carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 14:04:00 +0000

Teoría y práctica

Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo

Muchos de nuestros problemas se agudizan porque las soluciones que se adoptan están subordinadas a la teoría y son ajenas a la práctica. La confrontación entre "teóricos" y "prácticos" no es nueva; ésta se presenta habitualmente, en especial respecto de actividades profesionales y técnicas. La teoría, en sus niveles más elevados, tiene origen en diversos centros de estudio, principalmente lejos de nuestras fronteras, casi siempre elaborada sobre la base de realidades absolutamente ajenas a nuestra idiosincrasia, historia y desarrollo. Nadie puede poner en duda su importancia y los avances que ella permite alcanzar, pero nadie, tampoco, puede desconocer que, tratándose de las ciencias sociales, la teoría debe asumirse con prudencia y equilibrio porque ella estará siempre subordinada a la realidad imperante. De aquí la justa desconfianza que despiertan los "tecnócratas", ante el encantamiento de que son objeto y la pérdida, no pocas veces, de sentido común que, como bien se ha dicho, es "el menos común de los sentidos". Lo que advertimos, en el campo de las ciencias jurídicas, se hace cada día más patente, gracias, creo yo, a la creciente influencia del derecho anglosajón que gravita poderosamente en ciertos sectores. El atractivo que este sistema provoca generará un híbrido al mezclarse con las instituciones milenarias de nuestro derecho romano continental.

A propósito de este planteamiento, en orden a que la reforma procesal civil no debe asimilarse a los principios y los caracteres de la reforma procesal penal, porque se trata de cosas sustancialmente distintas, han surgido voces que reclaman una innovación profunda que introduzca políticas de desjudicialización, fomento del arbitraje, procedimientos según el tipo de conflictos, fortalecimiento de la asistencia judicial, ampliación de la informática, mediación, etcétera. Asimismo, se reclama la introducción de principios como la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración. En suma, un remedo del procedimiento penal en actual aplicación.

Los teóricos, a nuestro juicio, están, una vez más, equivocados, porque desatienden una larga tradición que ha ido forjando una mentalidad propia que no debe desdeñarse. Los conflictos civiles, por lo general relativos a intereses patrimoniales, envuelven, las más de las veces, una discrepancia interpretativa o un enfoque diferente acerca del funcionamiento de una institución jurídica. Se trata, entonces, de una cuestión que excede lo meramente fáctico (aspecto que predomina en materia penal), y que supone una reflexión que no se agota en una o varias audiencias en las cuales ha de predominar lo espontáneo y circunstancial. Tampoco es preponderante la presencia permanente del juez ni la publicidad en todas sus etapas. Lo que debería interesarnos es contar con jueces idóneos a la hora de decidir, con procedimientos expeditos que excluyan el abuso dilatorio, con medios de prueba acordes con el avance tecnológico y, sobre todo, con tribunales que estén en condiciones de abocarse a sus tareas sin escollos paralizantes como consecuencia de un recargo de trabajo imposible de superar.

Las "grandes reformas" al estilo del "Transantiago" o de los "tribunales de familia", en lugar de resolver el problema, lo empeorarán. Lo que se requiere es espíritu práctico, no derrochar recursos ni introducir principios que no apuntan a hacer más eficiente la política judicial. El éxito del procedimiento penal -si es que cabe esta calificación- se mide en función de la antigua justicia del crimen, y en este plano toda comparación es inútil, porque los viejos tribunales habían colapsado y subsistieron varios años en condiciones deplorables. Lo que hoy se necesita con mayor apremio es liberar a los tribunales civiles de funciones administrativas, que absorben más del 80% de su actividad (juicios ejecutivos); asegurar la calidad profesional de los jueces (preparación especial); controlar el desempeño de los abogados (imponiendo habilidades y destrezas específicas a quienes abracen la actividad forense); eliminar todo vestigio de influencias ajenas a la judicatura (como ocurre con el actual régimen de los abogados integrantes), y crear nuevos tribunales que sean capaces de atender con fluidez la creciente demanda ciudadana en este ámbito.

Otra alternativa nos llevará años de discusión, y es de presumir que terminaremos con un sistema moderno para los "teóricos" e ineficiente para los "prácticos". Es difícil enfrentarse a la moda vigente, a lo que se considera adecuado al tiempo en que se vive, porque será siempre más atractivo lo nuevo y desconocido, tanto más si ello está avalado por un bagaje teórico. Sin embargo, muchas veces Chile ha debido dar un paso atrás y a un muy alto costo. Me temo que esta vez ocurrirá lo mismo.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/18/teoria-y-practica.asp

Quinta carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 14:03:00 +0000

Reforma Procesal Civil: Una necesidad ineludible

Uno de los ejes principales de las políticas públicas impulsadas desde nuestro ministerio es fortalecer el acceso a la justicia. Crear una sociedad de oportunidades y seguridades para todos los chilenos y chilenas sin distinción, importa generar diseños legislativos e institucionales a partir de la realidad en que viven las personas y en sintonía con sus necesidades y problemas.

En este contexto es que podemos advertir que hoy la justicia civil en nuestro país se encuentra en clara disonancia con las demandas de justicia de nuestros compatriotas y con los estándares de transparencia, agilidad y eficacia que se requieren para solucionar las controversias jurídicas del Chile del Siglo XXI. Nuestro Código de Procedimiento Civil fue promulgado en el año 1903, y para responder a una problemática, una lógica, un tejido social y unas magnitudes del siglo antepasado; de ahí que el sistema procesal civil que hoy opera en Chile esté "superado".

Es que el sistema hoy imperante propicia juicios que se arrastran por años, conforme a un conjunto de ritualidades que muchas veces oscurecen más que iluminan la discusión, y todo ello para generar consiguientemente resoluciones y sentencias muchas veces de difícil comprensión. A su turno, lo hoy vigente impone al juez asumir diversas tareas administrativas que lo distraen de su esencial función de impartir justicia; y esto en un contexto en donde nuestro Código virtualmente omite una serie de principios básicos que inspiran los sistemas procesales modernos. Se explica así que se haya asentado en nuestro país, desde hace ya varios años, la necesidad de emprender una reforma global a la justicia civil, en el entendido que los "ajustes" y las modificaciones dentro de la lógica del actual sistema no harán más que dilatar una solución que no puede seguir esperando. Corresponde entonces atender esta necesidad ciudadana y, asimismo, cuidar a nuestros jueces, poniendo a su disposición reglas y herramientas que les permitan responder a las expectativas cifradas en su importante función social.

Bajo la nueva forma de tramitar los juicios civiles que buscamos consagrar, los jueces tendrán un contacto permanente y directo con el proceso, la oralidad se privilegiará tanto como sea posible, las decisiones se adoptarán con debida rapidez y las partes tendrán posibilidades suficientes pero limitadas de impugnar lo resuelto. En suma, aspiramos a una justicia ágil y transparente, y en la que se imponga, en definitiva, la majestad de los hechos más que la argucia procesal. El impulso del proceso corresponderá a las partes, pero la dirección del mismo al juez; y la buena fe será una guía permanente para efectos de decidir hasta dónde el ejercicio de los derechos -en su sentido más amplio- resulta compatible con la sana búsqueda de justicia.

Para abordar la tarea de sacar adelante esta reforma hemos optado por generar un sistema de trabajo eficiente, inclusivo y con visión de país. Eficiente, en la idea que es tarea del ministerio ser capaz de empujar un texto base que haga factible nuestra voluntad de comenzar a tramitar cuanto antes esta reforma legal. Inclusivo, en cuanto estimamos indispensable no sólo recoger y valorar los consensos contenidos en el proyecto de reforma que con igual propósito se abordara en el gobierno anterior, sino también porque creemos clave enriquecer nuestra propia idea de reforma abriendo espacio a distintos expertos para que critiquen oportunamente el trabajo que hoy estamos desarrollando. Y la visión de país la buscamos plasmar involucrando oportunamente tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial, a fin de que comiencen a compenetrarse cuanto antes respecto de este desafío que sabemos también entienden como propio.

El viernes 8 de octubre recién pasado hemos dado el primer gran paso, en una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda, oportunidad en que entregamos a un grupo de connotados académicos, y a representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, la primera parte del Código que buscamos impulsar, para sus comentarios y observaciones. Cumplidas las dos siguientes entregas, habremos dado ejecución a las etapas prefijadas para dar inicio a este gran desafío, que es comenzar a tramitar durante el primer semestre del año 2011 esta importante reforma. Sabemos que la tarea no es fácil y que como toda reforma trascendente enfrentará voces de resistencia, pero nos movemos bajo la convicción de que a este proyecto finalmente le ha llegado su tiempo.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/10/09/reforma-procesal-civil-una-nec.asp

Cuarta carta sobre la reforma procesal civil

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 14:02:00 +0000

Reforma a la justicia civil

Felipe Marín Verdugo
Juan Enrique Vargas Viancos
Profesores, Derecho UDP

Para el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social de nuestro país resulta fundamental contar con un sistema de justicia civil accesible, rápido, transparente y de calidad en sus resoluciones. Está claro que es imposible pedirle que satisfaga dichos objetivos a un sistema como el actual, diseñado para resolver los problemas de la sociedad del siglo XIX. La justicia civil, como ya antes lo han experimentado las restantes jurisdicciones, requiere de una completa y radical transformación, algo imposible de lograr con ciertos retoques menores.

La tardanza en esta transformación está teniendo consecuencias graves. La más relevante es que la justicia civil ha ido perdiendo su importancia como el lugar institucional en el que se resuelven los conflictos de nuestra sociedad. Muchas de las causas más significativas hoy son resueltas por medio de arbitrajes; es decir, son extraídas de la justicia ordinaria y llevadas a una "justicia privada" por quienes pueden pagar por ella. Otros conflictos de relevancia son derivados a tribunales especiales, como el de libre competencia, los tributarios o medioambientales, en proceso de creación, fundamentalmente por desconfianza en la capacidad actual de la justicia ordinaria. En el otro extremo, las causas pequeñas muchas veces ni siquiera llegan a la justicia por los enormes costos que esto significa en tiempo, esfuerzo y recursos para los litigantes.

Para poder iniciar un proceso de cambio exitoso es imprescindible construir un diagnóstico común sobre los problemas de la justicia civil. El dilema que la aqueja es su alejamiento de los que hoy constituyen los estándares internacionalmente reconocidos como propios de una justicia moderna. Básicamente, esos estándares están asociados a un juicio por audiencias, con eficientes sistemas de filtros e incentivos para poder manejar adecuadamente los flujos de casos. Introducir estos criterios no significa llevar elementos propios de la justicia penal a la civil, sino simplemente seguir la misma senda de países que provienen de diversas tradiciones jurídicas, como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Inglaterra, Uruguay y Perú, sólo por nombrar algunos, todos los cuales tienen procesos civiles orales o por audiencias. La oralidad en ninguna parte es algo privativo de la justicia penal.

La experiencia internacional ya asentada ha comprobado que sólo ese modelo procesal puede cumplir los objetivos que en un principio señalábamos. La posibilidad de aumentar el acceso a la justicia pasa por brindar mecanismos muy flexibles y no burocratizados para resolver los casos, muchos de los cuales pueden finalizar tras una breve audiencia ante el juez. En casos más complejos, sólo un contacto directo de los jueces y las partes permite ahorrar trámites y esperas, y así abreviar los plazos de resolución. Por otra parte, la oralidad es la única vía para asegurar transparencia y publicidad en el juzgamiento. Finalmente, es ese contacto no mediatizado entre el juez, las partes y su prueba el que asegura resoluciones de calidad. Nada de lo anterior es posible conseguir tramitando expedientes.

Por supuesto, aunque la oralidad sea el medio más idóneo para tener un proceso civil moderno, eso no significa que lo pueda lograr por sí sola. Como nuestra experiencia ya lo ha demostrado, es indispensable que un buen diseño procesal vaya acompañado de un adecuado plan de implementación que permita se haga realidad. Es precisamente en la implementación donde las reformas se juegan su efectividad, pues permiten comprobar en la práctica las ventajas del nuevo modelo.

Creemos que en Chile estamos en condiciones de tener una justicia de excelencia. No vemos razón alguna para contentarnos con cambios de tono menor y postergar una demanda que excede a la comunidad legal, pues alcanza a la ciudadanía en general

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/09/30/reforma-a-la-justicia-civil.asp

Tercera carta sobre la reforma procesal civil

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 14:02:00 +0000

Variables de la reforma de la justicia civil

Orlando Poblete Iturrate
Rector Universidad de Los Andes

La reforma procesal civil es una necesidad imperiosa que se justifica porque los chilenos deben tener acceso a una tutela judicial efectiva. La Constitución asegura a todos el ejercicio de los derechos, pero tal seguridad no se condice con las carencias existentes ni con procedimientos inadecuados que desconocen garantías básicas. La ciencia procesal muestra avances importantes y probados en instrumentos procesales para asegurar la operatividad del sistema en aras de una más acertada decisión jurisdiccional, que no están incorporados a nuestras leyes. Finalmente, la buena operación de la justicia civil y comercial incide directamente en los llamados costos de transacción y en el desarrollo del país.

¿Por qué, entonces, el Gobierno habría de contentarse con unas meras reformas menores en este ámbito? ¿Por qué habría de desaprovechar la posibilidad de definir las políticas públicas adecuadas y de impulsar un Código Procesal Civil que regule instrumentos procesales idóneos para asegurar una litigación en el marco del debido proceso y decisiones judiciales justas y oportunas? En verdad, no se ve por qué. Un buen gobierno debe acometer las tareas que la realidad demanda, y ésta es, a no dudarlo, una de ellas. Es cierto que una verdadera reforma demanda un gran trabajo y que éste debe ser bien hecho, con respaldo empírico, y que además supone costos económicos elevados, pero tales exigencias no deben ser óbices para acometerla. Es un deber configurar un proyecto de reforma completo y programar su financiamiento velando por el uso eficiente de los recursos públicos.

No es acertado simplificar los problemas de nuestra justicia civil. No consisten éstos sólo en una sobrecarga de trabajo de los jueces ni en las tareas administrativas que se les encomiendan ni en la inmensa cantidad de cobranzas que deberían perseguirse por vías no jurisdiccionales ni en la falta de tribunales ni en la remuneración que reciben los jueces ni en la ausencia de perspectivas para la vocación judicial de los jóvenes.

El verdadero problema es que tenemos una justicia civil que logra realizarse gracias al esfuerzo de jueces probos por regla general, y dedicados, que hacen lo debido, pero con instrumentos incompatibles con el dinamismo de la vida nacional. El verdadero problema es que la justicia tarda demasiado, y eso hace que muchos no lleguen a ella porque no pueden esperar. Miles de causas de menor entidad económica -arrendamientos, conflictos entre vecinos, indemnizaciones- simplemente no ingresan al sistema porque no hay armonía entre el costo de litigar y la oportunidad de la decisión. El problema es que ni nuestro Código ni nuestras leyes contemplan procedimientos simples que permitan a las personas conocer sus derechos y defenderlos directamente, y tampoco existen definiciones actuales pro acceso a la justicia que aseguren la cobertura a todos los ciudadanos, ni subsidios para los más pobres que los ayuden al ejercicio de los derechos.

La justicia civil exige, entonces, definir ciertas políticas: desjudicialización; fomento del arbitraje; establecimiento de procedimientos según tipos de conflictos; fortalecimiento de la asistencia jurídica; introducción de la gestión de casos; ampliación de la informática; mediación y aseguramiento de sus acuerdos, y, en este contexto, promulgación de un nuevo Código Procesal Civil. Éste, consagrando un proceso declarativo estructurado en audiencias y fundado en la publicidad, la oralidad, la inmediación y la concentración, y otro de carácter sumario; regulando un proceso de ejecución de resoluciones judiciales, otro ejecutivo y uno especial para cobranzas; estableciendo la libertad de pruebas; disponiendo un régimen razonable de recursos; introduciendo nuevos criterios para la legitimación, el litisconsorcio y las cautelares, y reconociendo los procesos colectivos y sus efectos, significaría un avance sustancial del sistema procesal civil.

Abogamos, en suma, porque la reforma procesal civil considere todas las políticas públicas necesarias y demande también, como lo ha hecho el ministro de Justicia, la aprobación de un nuevo Código Procesal Civil, aun cuando, como resultaría explicable, las diversas soluciones que se dispongan sean materializadas de manera gradual y progresiva.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/09/26/variables-de-la-reforma-de-la.asp

Segunda carta sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 14:01:00 +0000

Reforma procesal civil

Señor Director:

En el artículo de opinión del día de ayer, el profesor Pablo Rodríguez Grez sostiene que soluciones simples y de bajo costo de implementación no sirven para los propósitos fundacionales que busca todo gobierno, y, en este caso, ser el autor de la "reforma procesal civil".

En la línea de las ideas propuestas por el profesor Rodríguez, muchas veces he planteado a jueces y a funcionarios judiciales la urgencia de digitalizar la totalidad de los expedientes (cosidos a mano) y usar la firma electrónica para la presentación de los escritos. Las actitudes frente a dicha posibilidad, totalmente factible desde hace ya varios años y que el gobierno actual está promoviendo, incluyen el temor a perder el puesto de trabajo, y el extendido pero errado concepto al interior del Poder Judicial de que la información digital es menos segura que la del papel.

La gran reforma procesal civil, que incluya la creación de fiscalías de cobranza y la modernización de los procesos judiciales, sólo será posible a partir de la pequeña reforma, que consistirá en derribar los prejuicios que nos impiden atrevernos a ser creativos o, por último, a copiar experiencias exitosas de otros países.

Alejandro Meza Barros
Abogado

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/09/24/reforma-procesal-civil-1.asp

Cartas sobre la reforma procesal civil.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Tue, 19 Oct 2010 13:56:00 +0000

Hola a todos: en las últimas semanas se ha producido un interesante debate sobre la reforma procesal civil, en las cartas enviadas al Director de El Mercurio de Santiago. A continuación, transcribiré todas las que, hasta ahora, se han publicado, comenzando

Los links respectivos van al final de cada carta.

Saludos.

Oscar.

Reforma procesal civil

Pablo Rodríguez Grez
Decano Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo

Poca cosas parecen prestigiar más a un gobierno que introducir grandes reformas con la certidumbre de que ellas perdurarán largo tiempo y darán lustre a su gestión. Muchas veces se pierden las proporciones, como ocurrió, en lo inmediato, con el "Transantiago" y, en el pasado, guardando las distancias, con la "Promoción Popular", en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, o la "Escuela Nacional Unificada", en el gobierno de Salvador Allende. Algo parecido puede ocurrir con la reforma procesal civil en la actualidad.

Desde luego, es necesario advertir que existe una especie de obsesión por introducir en los tribunales civiles los mismos principios que rigen en la judicatura penal, no obstante que se trata de cosas diametralmente distintas. Basta, a este respecto, señalar que en materia penal se halla comprometido fundamentalmente el interés de la sociedad y en materia civil, el interés particular. Esta sola distinción bastaría para dar a cada una de ellas un tratamiento diferente.

Aun cuando parezca increíble, la justicia civil requiere de reformas menores, que apunten, esencialmente, a descongestionar los tribunales, descargando de ellos las tareas administrativas que los saturan, y mejorar la calidad de los jueces. Como lo hemos señalado varias veces, el 80% de los asuntos de que conocen estos tribunales corresponde a cobranzas judiciales (ejecución forzosa de obligaciones incumplidas), cuestión, en su inmensa mayoría, no jurisdiccional (no existe a su respecto controversia jurídica). En Chile, si un acreedor escoge mal a su deudor y éste no cumple lo convenido, el Estado sale en su defensa y le presta apoyo gratuito. Como las cobranzas judiciales provienen mayoritariamente de las grandes casas comerciales ( retail ), de las instituciones financieras (bancos) y de las empresas que explotan servicios públicos, forzoso es reconocer que el Estado entrega a estas empresas un subsidio cuantioso que debemos pagar todos los chilenos. De aquí que la primera reforma que debe encararse es poner fin a esta anomalía, crear fiscalías de cobranza en que sea el acreedor quien financie estos servicios, dejando a los jueces civiles encargados exclusivamente del ejercicio de la jurisdicción (conocer, juzgar y fallar las causas civiles que la ley pone en la órbita de su competencia). El derecho comparado demuestra que es ésta la política más eficiente y útil en la materia.

La reducción de trabajo que acarrea esta innovación permitiría al juez interiorizarse personalmente de cada proceso. De esta manera, sería posible establecer, por ejemplo, un procedimiento expedito de admisibilidad de cada demanda. Para nadie es un misterio que muchas personas inescrupulosas utilizan estos tribunales con el fin de extorsionar o presionar indebidamente, a menudo con pretensiones absurdas y abusivas. Lo anterior podría corregirse con un estudio previo que calificara la procedencia, seriedad y factibilidad del juicio. De igual modo, antes de contestarse una demanda civil e iniciarse las diversas fases del proceso, deberían las partes, en audiencia ante el tribunal, dejar constancia de los medios de prueba de que se valdrán, de los hechos no controvertidos y de las discrepancias sustanciales que sostienen. Convendría, asimismo, acotar el período de prueba -que es precisamente en donde se producen los retardos más frecuentes- y disponerse que todos los incidentes que se promuevan, salvo calificadas excepciones, se resolverán en la sentencia definitiva, o inmediatamente antes de que ésta sea dictada, sin entorpecer el curso del proceso. Concluida la tramitación, finalmente, el juez estaría obligado a promover un avenimiento, anticipando, sin que ello importara inhabilitarse, cuál es su posición sobre la controversia

Estas pocas reformas, que aliviarían el erario en lugar de sobrecargarlo, harían posible instalar un mayor número de tribunales, mejorar la remuneración de los jueces y, con ello, atraer al Poder Judicial a abogados destacados, cuya vocación, muchas veces, es opacada por sus legítimas aspiraciones económicas.

Aun cuando pueda resultar paradójico, estas reformas, por la simplicidad de su implementación y su bajo costo, no sirven a los propósitos fundacionales que busca todo gobierno, cuya máxima aspiración, con espíritu grandilocuente, consiste en dejar grabada su impronta en la historia y la memoria pública: ser el autor de la "Reforma Procesal Civil". Se trata de una legítima pretensión, sin duda, pero, a veces, demasiado onerosa para Chile.

Fuente: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/09/23/reforma-procesal-civil.asp

Argumentos de autoridad.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Fri, 20 Aug 2010 04:48:00 +0000

Siempre me ha parecido curioso que gran parte de lo que damos por

sentado, en cuanto a derecho se refiere, lo sea no tanto por lo

convincente, lógico o comprobable de la tesis sustentada; sino que por

la autoridad intelectual que detenta quien sostiene la tesis. Así, por

ejemplo, muchas veces nuestra creatividad jurídica choca violentamente

con una pared cuyas palabras iniciales son: "La jurisprudencia

uniforme sostiene que...", para continuar con una idea que destruye,

por vía de matonaje intelectual, la opción de pelear por la vereda

contraria del pensamiento.

Y ocurre que existe una delgada línea, que separa la formación lógica

de juicios jurídicos de aquellas afirmaciones que nos persuaden sólo

por su emisor. De esta forma, le damos valor a la ya mencionada

jurisprudencia, a la doctrina de los autores más clásicos o prolíficos

de cada área, etc, muchas veces sin detenernos (por laxitud mental,

apuro o presunción de sapiencia) a analizar el sustrato lógico que

alimenta el argumento, sino que conformando la sed explicativa con la

auctoritas de la fuente.

Dentro de todos los operadores jurídicos, quien menos puede caer en el

argumento de autoridad es el juez, fundamentalmente por el deber

constitucional (no expreso, sino implícito en la racionalidad que debe

caracterizar al procedimiento) de concatenar cada argumento vertido en

una sentencia, de manera tal que la conclusión no sea sino expresión

silogística de las ideas que la preceden. El análisis de la prueba de

acuerdo al parámetro de la racionalidad justificada o sana crítica es,

a este respecto, de fundamental importancia para otorgarle legitimidad

democrática de "ratio scripta" al fallo judicial.

Sin perjuicio de aquello, pienso que el deber del jurista es siempre

mirar con recelo las ideas sustentadas fundamentalmente en argumentos

de autoridad. En cierta forma, ingresamos a un callejón oscuro, donde

nos guiamos por voces dispersas, pero donde no vemos el sendero.

Invitamos a la "ciencia" jurídica a dejar de ser tal, para convertirse

en la sutil arma del litigante pendenciero: el sofisma.

Esta breve idea podrá desarrollarse con mayor lucidez en otro momento.

Buenas noches.

Oscar.

Lectura recomendada:

La jurisprudencia de los tribunales como fuente de derecho (Romero).

Reconvención de la reconvención.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Mon, 19 Jul 2010 00:26:00 +0000

Hola a todos: realmente es vergonzoso observar cómo pude pasar tanto tiempo sin escribir. Pero bueno, desempolvaré un poco mi blog en esta fría tarde dominguera.

Mi buen amigo, Juan Ignacio Trincado, hace ya muchos meses me comentó un interesante caso producido en materia procesal de familia. El asunto consistió en que una persona fue demandada de alimentos. Este demandado principal, además de contestar la demanda de alimentos demandó, reconvencionalmente, el divorcio. Sin embargo, el tribunal no dió curso a la demanda reconvencional, porque estimó que, de hacerlo, le estaría privando a la demandante principal de demandar la compensación económica. El criterio de la decisión estribó en que "no existe reconvención de la reconvención".

Apelando de esta resolución, la I. Corte de Valparaíso, en la parte pertinente, resolvió lo siguiente:

"Teniendo presente el principio de concentración de procedimientos y acciones que impera en la ley 19.968 y sus modificaciones, como tambien lo dispuesto en el art. 64 inciso segundo de la Ley de Matrimonio Civil, se revoca la resolución dictada en audiencia de catorce de mayo de dos mil nueve, en la parte que negó lugar a tramitar la acción reconvencional de divorcio, y en su lugar se declara que tanto ésta como la demanda de alimentos deben tramitarse conjuntamente y cada parte podrá exponer lo conveniente a sus derechos."

En mi opinión, la resolución de segunda instancia es un ejemplo pertinente de cómo las denominadas "reglas técnicas procesales" -que constituyen opciones a través de las cuales un sistema procedimental es estructurado (oralidad/escrituración, concentración/lato conocimiento, etc)-, al igual que los "principios procesales" (puntos de obligado tránsito para un procedimiento que se pueda llamar "justo", tales como la buena fe procesal, la bilateralidad de la audiencia, etc), tienen una relevancia que en los ordenamientos procesales contemporáneos ha excedido la esfera de su génesis, para proyectarse en el ámbito de su aplicación.

En este caso particular, la regla de la concentración ha servido para llenar un espacio no colmado por la ley, pero que es de frecuente ocurrencia en la práctica, como es la demanda reconvencional de divorcio como respuesta complementaria a una demanda inicial de alimentos mayores.

Hace más de 50 años, Carnelutti ya escrutaba los alcances de una disyuntiva que atemoriza y, en algunos casos, atormenta a los usuarios de las normas procesales; particularmente a los jueces. Asi, el maestro italiano escribía, en 1958, un breve y maciso comentario a un fallo de la Corte de casación italiana, titulado en español "¿Custodia de las formas o formalismo?". El título es decidor y no puede tener tanta actualidad como ocurre, en nuestro ordenamiento, hoy en día. En efecto, pese a que suena obvio, la práctica nos muestra que las normas procesales, interpretadas de forma finalista (de acuerdo al objetivo material para el cual están dispuestas) es una tarea pendiente en todos los operadores del foro. ¿Falta de atrevimiento? ¿legalismo no pensante? ¿carencia de soportes doctrinales para dar el paso?. Todas son opciones para explicar la situación.

Ciertamente hay materias, como la señalada anteriormente, en que la aplicación de una regla procesal, si bien no es sencilla, puede ser aplicada sin generar mayores anticuerpos. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de otras reglas técnicas o principios procesales. Un ejemplo lo constituye la aplicación del principio de la buena fe en materia procesal. Sin embargo, ello amerita un comentario en otra ocasión.

Saludos!

Oscar.

Transparencia patrimonial.

noreply@blogger.com (Oscar Silva Álvarez) — Wed, 10 Mar 2010 18:54:00 +0000

Hola: luego de mucho tiempo sin subir nada al blog, les envío el enlace a un artículo escrito por Álvaro Pérez Ragone, en coautoría con el suscrito.

Saludos!

Oscar.

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122009000200004&script=sci_arttext