Iniciado y ya en rodaje el gobierno de Sebastian Piñera, uno de los temas en torno a los cuales el nuevo gobierno legitimará que se trata de un gobierno de centro-derecha, es el tema de los derechos humanos. No en una concepción restringida, sino que en una perspectiva que refiere tanto al tratamiento y políticas de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, como con aquellas violaciones a los derechos de los/as ciudadanos/as en democracia.

Evaluarán el desempeño, por cierto, los y las ciudadanos/as, pero por si esto fuera poco también lo hará la comunidad internacional, ante la cual Chile se ha comprometido en la plena vigencia de los derechos humanos. En efecto, en 2013 Chile deberá enfrentar al Consejo de Derechos Humanos para señalarle cómo y si es que ha avanzado en aquellos aspectos que, de acuerdo a los miembros de dicho Consejo, eran de preocupación. En dicha oportunidad, 51 delegaciones intervinieron para evaluar al Estado de Chile y de dicho diálogo interactivo surgieron 71 recomendaciones para superar los obstáculos y limitaciones que aún tiene Chile en estas materias.

¿Cuáles son las materias que reprobamos? No se han ratificado tratados internacionales indispensables; la institucionalidad en materia de derechos humanos requiere de la existencia del Defensor del Pueblo; las violaciones de derechos humanos del pasado requieren la derogación de la ley de amnistía; la competencia que tienen los tribunales militares resulta incompatible con un Estado de Derecho; la discriminación hacia los pueblos indígenas, las minorías sexuales, inmigrantes, por nombrar a algunos grupos vulnerables, exigen medidas legales y administrativas con urgencia, como sería la aprobación de una buena ley contra la discriminación.

En el caso de las mujeres, Chile requiere también de la voluntad política de sus autoridades para avanzar. La escasa participación política de las mujeres en los espacios de poder político, la discriminación salarial y la existencia de la sociedad conyugal como régimen de regulación del patrimonio entre los cónyuges con explícita discriminación hacia las mujeres que se casan bajo este sistema, y la falta de ratificación del Protocolo de la CEDAW, confirman que no es en vano que estamos dentro de los países de la región con mas problemas y obstáculos en lo que refiere a las relaciones de género.

Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos sabemos que para avanzar en este ámbito se requiere de voluntad política –cuestión que se verá- y que las medidas que se impulsen mas allá de nombrarse como parte de una agenda en esta materia, respondan a los estándares internacionales que, por cierto, se le aplican a todos los Estados por igual. El Estado chileno, además, cuenta con las recomendaciones que le hiciera el Consejo de Derechos Humanos, que para estos efectos constituyen una buena orientación para nuestros gobernantes. Sin embargo, además de una voluntad política que se materialice en leyes, políticas y planes, se requiere para un seguimiento constante y alerta respecto de los pasos que se dan, cuestión que recae en todos los actores involucrados en una determinada problemática de derechos humanos.

Para ello, hemos propuesto al gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas y su implementación en Chile, que permita, por una parte, progresar al Estado en el cumplimiento de las mismas y, por otra, sirvan de base para el próximo informe del Examen Periódico Universal (EPU) de Chile, dentro de cuatro años. El trabajo colaborativo es una permanente recomendación formulada desde los órganos de Naciones Unidas y esto sólo puede ser posible si se genera una instancia de trabajo entre el Estado y la sociedad civil para identificar los principales desafíos que surgen de las recomendaciones y así cumplir con los compromisos adquiridos.

Quedamos a la espera del eco que tenga esta propuesta.

De este modo, el país empieza a ponerse al día con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, después de diez años desde la puesta en marcha del Estatuto de Roma y tras haber ostentado el bochornoso sitial de único país sudamericano que permanecía ajeno al tribunal.

Han transcurrido diez años desde aquella Conferencia de Roma en que la comunidad internacional expresó su claro compromiso con los derechos humanos y la paz mundial, condenando los crímenes más graves contra la humanidad y estableciendo el principal mecanismo para combatir la impunidad de los mismos.

En este décimo aniversario, los chilenos y las chilenas podemos congratularnos de haber dado un paso más hacia la plena vigencia de los instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las personas y sus colectivos.

Se trata de un avance civilizatorio que dota a la humanidad de un tribunal permanente e independiente, competente para juzgar a los individuos -no a los estados- responsables de los crímenes más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Ello, siempre y cuando los estados no puedan o no tengan voluntad de impartir justicia, porque su jurisdicción es complementaria a la jurisdicción preferente de los estados.

Como su competencia no es retroactiva, sólo podrá investigar hechos ocurridos con posterioridad a su establecimiento, en julio de 2002.

El Estatuto de Roma, además, representa un notable avance en materia de justicia de género, porque se reconoce la gravedad de la violencia sexual y su carácter sistemático en tiempos de conflicto.

Se tipifican como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra y como componentes del genocidio diversas formas de violencia sexual: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable.

Complementando la criminalización de la violencia sexual se incorporan normas especiales de procedimiento y prueba en relación con estos crímenes y se contempla tanto la protección como la participación de las víctimas y de los testigos.

Además, el Estatuto de Roma es el primer tratado internacional de alcance general que incorpora un concepto de género y el principio de no discriminación sobre la base del género.

Se incorporan criterios de representación equilibrada entre los hombres y las mujeres en la designación de las autoridades como del personal de la Corte; y se establece la necesidad de integrar las diversas dependencias de la Corte con especialistas en violencia sexual, violencia de género y violencia contra niños y niñas, entre los principales avances.

El trascendental avance verificado en el Congreso Nacional se produce a sólo días de la comparecencia de Chile ante el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, en el marco del proceso periódico universal que realiza este organismo para monitorear el cumplimiento de los derechos fundamentales en cada país miembro.

Como resultado del examen rendido por Chile, el Consejo formuló 71 recomendaciones para que el país se ponga a la altura de las exigencias del orden jurídico universal.

Muchas de estas “sugerencias” fueron aceptadas por nuestras autoridades, a excepción de aquélla que pide a nuestro Estado revisar su legislación sobre el aborto.

De mantenerse esta posición, Chile se convertirá en uno de los miembros de la CPI que firma con la mano este tratado y borra con el codo sus preceptos.

Chile se presenta al EPU con deficiencias en materia de ratificación de tratados en derechos humanos, ausencia de institucionalidad en derechos humanos, insuficiencias en relación a recursos jurisdiccionales para la protección de dichos derechos, y con pocos avances en materia de no discriminación. En efecto, mujeres, pueblos originarios e indígenas y las diversidades sexuales, son algunos de los temas en torno a los que Chile será examinado y respecto de los cuales aún hay muy poco para exhibir, considerando que se trata de un Estado que se presenta internacionalmente con una imágen de promotor del multilateralismo y los derechos humanos en dicho marco.

El gobierno pretende llegar con la tarea cumplida o al menos avanzada. Por primera vez pareciera que asumirá que existen deficiencias, y esperamos no vuelva a escudarse en la falta de mayorías parlamentarias para avanzar en la superación de los déficits en derechos humanos. Y es que en el ámbito internacional es el Estado el responsable y no el gobierno. Chile responde por su demora en legislar, por ejemplo, en torno a la derogación de la sociedad conyugal, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y la ratificación de tratados como el Estatuto de Roma o el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW). El Estado es responsable también de los fallos y resoluciones judiciales que violan derechos humanos, como lo fuera el de Karen Atala, la jueza que perdió la tuición de sus hijas por su orientación sexual.

El Consejo de Derechos Humanos es una instancia nueva dentro de Naciones Unidas y mas específicamente dentro del sistema de protección de derechos humanos. En cada una de sus sesiones, los Estados preguntan al examinado sobre su conducta en esta materia. Se juega aquí el sistema de prestigios en el que opera el derecho internacional de los derechos humanos. Chile no podría tan suelto de cuerpo interpelar a otros Estados si no exhibe algunos indicios de su voluntad política de avanzar en la superación de sus déficits en estas materias. Los Estados en general, y Chile en particular, relevan el peso del Consejo de Derechos Humanos enviando delegaciones de alto nivel a este proceso de rendición de cuentas internacional.

Pero no sólo el Estado, las organizaciones no gubernamentales también cumplen un rol. Junto con hacer llegar su visión de los avances y déficits en materia de derechos humanos, participan como observadores activos del proceso. Es decir, no tenemos derecho a voz, pero podemos incidir en las preguntas que hacen los Estados, en este caso, a Chile. El resultado de esta dinámica será un conjunto de recomendaciones que el Estado de Chile asumirá y cuya concreción será analizada en el próximo Examen Periódico

En el intertanto, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que participamos de este proceso contaremos con un conjunto de compromisos que serán monitoreados en su cumplimiento.

Esperamos que esta primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos marque una nueva dinámica interna para avanzar en temas en los que aún falta mucho diálogo y participación de las organizaciones que tenemos la experiencia y formación. Chile ha sido privilegiado por su liderazgo ético en la región con su elección para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estemos a la altura.

El día internacional del trabajo nos pilló relativamente ‘confesados’ por la reciente aprobación de la Ley de subsidio a la contratación de jóvenes, para mitigar los inquietantes índices de desempleo. Sin embargo, no está de más recordar que la medida nació inexplicablemente cercenada, al no incluir a las mujeres en el grupo beneficiario, como se había anunciado originalmente.

El cambio de última hora se amortiguó con el anuncio de la propia Presidenta Bachelet, quien al promulgar la ley aseguró que la inclusión de las mujeres como grupo específico sería inminente. Sin embargo, los ministros de Hacienda, Andrés Velasco, y de Trabajo, Claudia Serrano, han relativizado esa promesa, asegurando que no alcanzaría a ser desarrollada en la actual administración.

Las cifras insisten en demostrar la necesaria focalización de las políticas de empleo en las mujeres. En primer lugar, porque el desempleo muestra una incidencia mayor en el  segmento femenino, con una tasa de desocupación que se situó en el 10,9%  durante el primer trimestre de este año; esto es, medio punto porcentual por encima del grupo etáreo beneficiado con el subsidio, cuyo desempleo alcanzó el 10,4%.

Es cierto que entre los jóvenes subsidiados también hay mujeres, pero nadie discute a estas alturas que el empleo informal abunda mucho más entre ellas y, por lo tanto, aunque sean jóvenes, las trabajadoras no se beneficiarán del subsidio.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó en su último informe aumentar la eficacia de los subsidios laborales para grupos definidos de trabajadores, en particular de las mujeres. Claro, los estándares internacionales más avanzados saben bien del progresivo aumento de las mujeres jefas de hogar, que en Chile corresponden a un tercio de las familias.

Pese a todo, no se trata de aguarles la fiesta a las trabajadoras en su día mundial y es justo anotar entre los haberes del Gobierno la puesta en marcha del bono por hijo nacido vivo, que nutrirá las castigadas cuentas de capitalización previsional de las madres chilenas. Tampoco podemos soslayar los avances del proyecto de ley que pretende reducir la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras, ni la proliferación de salas cuna que han colaborado indiscutiblemente a la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo.

El impacto de estas medidas trasciende al ámbito monetario y revela que la igualdad entre hombres y mujeres se ha convertido en componente obligado de las políticas sociales. La jerarquía que ha ido ganando la justicia de género en distintos ámbitos de las políticas públicas revela un amplio consenso nacional en torno a la necesidad de superar el conjunto de brechas presentes en la cotidianeidad de las mujeres.  No usemos la crisis económica para detener esta senda de desarrollo.

Como resultado de una larga trayectoria académica y de trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos, y en un contexto de reconocimiento del trabajo que históricamente han realizado las organizaciones de la sociedad civil, la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet ha nominado a Lorena Fries candidata al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Las organizaciones de mujeres nos sentimos orgullosas por la nominación de esta abogada feminista al Comité de la CEDAW. Durante mas de 10 años ha demostrado su capacidad y apertura para trabajar con diferentes actores, en los distintos países de la región, superando cualquier frontera y poniendo siempre énfasis en lograr mayor justicia social y mas respeto a los derechos humanos.

Lorena Fries ha contribuido a establecer puentes entre el mundo académico y el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. Ha promovido la autonomía de las organizaciones de derechos humanos frente a los Estados, a la vez que ha enfatizado la necesidad de una diálogo permanente entre la comunidad internacional, los Estados y el movimiento de derechos humanos.

Fundadora de Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista que promueve la justicia de género y los derechos humanos, ha fortalecido, junto a otras organizaciones de la región, un enfoque regional que da cuenta de avances y desafíos comunes, así como de las particularidades que asume la discriminación de género en los diferentes contextos políticos, sociales, económicos y culturales.

Somos testigos de su capacidad pedagógica tanto en las aulas universitarias de Chile, Ecuador y Bolivia como en los talleres que junto a otras compañeras ha realizado en materia de justicia de género, en particular en torno a los avances en esta materia en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional de cuya ratificación ha sido una ferviente defensora en América Latina. El conocimiento de los instrumentos internacionales que hoy tienen juezas, fiscalas y defensoras de la región ha contribuido a ponerlas en la agenda internacional ampliando sus horizontes profesionales hacia espacios internacionales y nacionales tradicionalmente ocupados por varones.

Lorena representa una de las voces del recambio generacional en los movimientos feministas y de mujeres, las que además apuntan a la inclusión de nuevas problemáticas -correspondientes a la evolución de nuestras sociedades- en el marco de los derechos humanos como son los desafíos ambientales, y el respeto y garantía de los derechos de las diversidades sexuales y étnicas los pueblos originarios.

Por ello, llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a apoyar la candidatura de Lorena Fries al Comité de la CEDAW.

Coordinadora Política de la Mujer, Bolivia

Centro de Estudios de la Mujer, Chile

Comunidad Mujer, Chile

Red chilena de Violencia Sexual y Doméstica, Chile

Centro de Desarrollo de la Mujer, (CEDEM-Chile)

Equipo de Estudios Latinoamericanos (ELA-Argentina)

Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH)

Fundación Pro Acceso, Chile

Foro Ciudadano, Chile

Instituo de la Mujer de Concepción, Chile

Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Perú

Corporación Humanas, Ecuador, Colombia, Chile

Fundación Ideas, Chile

Movimiento Manuela Ramos, Perú

Campaña Global2Local, IWRAW, Bolivia

Observatorio Ciudadano, Chile

Women´s Link Worldwide, Estado Unidos de América

Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, Chile

PROSAM, Chile

Centro de Estudios y Planificación Social –CEPLAES, Ecuador

Foro de la Mujer Ecuatoriana

Movimiento de Mujeres del Oro – Provincia de El Oro, Ecuador

Fundación Quimera – Machala

Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ –Ecuador

Archivo Martínez- Meriguet

Asociación de Mujeres “Nela Martínez” – Quito

Proyecto Trans Género -Quito

Coordinadora Regional “Mujeres Del Sur”.- Cuenca Ecuador

Corporación Humanas –Ecuador, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.

CEDHU Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador

ALDHU Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Ecuador

Fundación de Mujeres “Luna Creciente”, Ecuador

Fundaciòn Casa Matilde, Ecuador

Women`s Initiative for Gender Justice, La Haya, Holanda

Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina

Mujeres en Igualdad, Argentina

El aborto está penalizado en todas sus formas en Chile, uno de los pocos países en América del Sur. No obstante, y lamentablemente, las mujeres abortan en Chile en cifras que aún no podemos determinar, puesto que se trata de un ilícito subregistrado. Mas aún, en un número de casos cuya manifestación puntual se ve  en los medios de prensa, mujeres violadas, mujeres con riesgo de muerte o mujeres cuyo feto es inviable, se enfrentan a verdaderos via crucis personales y familiares para acatar la ley chilena.

No tocar el tema, no debatirlo, sólo contribuye a invisibilizar la situación de muchas mujeres, parejas y/o familias, lo que habla mal de nuestra democracia, que en este caso vulneraría la deliberación plural e informada. Este y otros temas de la llamada ‘agenda valórica’ requieren una reflexión seria y profunda, para que la sociedad brinde una respuesta que, por cierto, va mas allá de decir sí o no al aborto.

 Quizás el primer punto sea definir qué tipo de sociedad queremos. Una en la que hay autonomía de decisión de los individuos (incluidas las mujeres) y por tanto de respeto a las convicciones morales sobre las que de manera diversa cada uno construye sus planes de vida.  O una sociedad en que no se acepta más que un orden moral del cual el Estado es su brazo armado.

Un segundo elemento que me parece pertinente al debate, y previo a cualquier pronunciamiento, emana de la pregunta ¿hasta dónde debe respetarse el derecho de las minorías a favor o en contra de algún tipo de regulación del aborto? Y en este caso, ¿cómo saber si estamos ante una minoría? De acuerdo a las encuestas este es un tema que impacta directamente a las personas, en particular a las mujeres. ¿Sabemos qué piensan ellas? ¿Y qué pasa con los estudios científicos y las distintas corrientes que en torno a este tema hay en la comunidad científica? ¿Alguien ha hecho un estudio sobre cómo abortan las mujeres (acompañadas de sus parejas o no) de clase alta y cuánto les cuesta? ¿Sabemos acaso el tipo de prácticas abortivas clandestinas a las que se someten las mujeres de escasos recursos por un embarazo no deseado? ¿Facilita la práctica médica el que no existan protocolos de atención para estos casos?

La maternidad es un derecho que se basa en la autonomía de las personas. Es más, la normativa internacional da cuenta de ello al establecer como margen de elecciòn el número de hijos, su intervalo y por cierto, en un mundo de vertiginosos avances científicos,la forma en que queremos tenerlos. La imposición de la maternidad, sea producto de una violación o incesto, o a costa de la propia vida o salud, es un atentado a los derechos humanos. Asimismo, es una violación a los derechos humanos el que se las obligue a no tener más de un hijo/a, como sucede en China.

En su momento habrá que definirse, pero en el intertanto, saquémonos ese rasgo de oscurantismo que unos imponen y muchos aceptan, e informémonos y debatamos sin estigmatizaciones. Me parece sano lo que hace el candidato E. Frei Ruiz-Tagle, habla de su voluntad de contactarse con un mundo tan diverso como es el de los y las ciudadanos/as.

 Por Lorena Fries

Directora

Corporación Humanas

Por Lorena Fries

Directora

Corporación Humanas

El nombramiento de Carolina Tohá como Ministra vocera del gobierno de la Pdta. Bachelet ha sido avalado por moros y cristianos, cuyas valoraciones obedecen a distintas razones, entre ellas, la de quienes miramos la política como un escenario sexuado, del cual generalmente somos excluidas como mujeres.

El fin del travestismo en la vocería de un gobierno dirigido por una mujer, contribuye sin duda a dar coherencia a lo que ha sido una impronta instalada por la presidencia; un gobierno con voz de mujer y con equilibrio entre hombres y mujeres en el gabinete. Mas aún, con la inclusión de Carolina Tohá en el gabinete político, se desdibuja la idea de que las mujeres ministras están destinadas a la gestión sectorial. Y es que mientras lo social es desvalorizado y alude a lo femenino, lo político es fundamentalmente un espacio masculino, incluso en el gabinete. Hasta ahora

No es fácil para ninguna mujer entrar a las lides de la política. Eso Carolina Tohá lo sabe. Se trata de espacios simbólicos y reales construidos por y para los hombres y en los que la irrupción de una mujer desencadena una serie de resistencias, lamentablemente hasta inconscientes. Sin embargo, el costo es menor que el impacto. Y es que su inclusión en el gabinete y en su comité político, abre nuevas posibilidades de ser para las mujeres en política. Podemos estar en todas partes, aunque claro, sólo en la medida que exista la voluntad política y los mecanismos de decisión que lo permitan.

Carolina Tohá es una mujer política, fue dirigenta estudiantil, es militante ha, pertenecido a la directiva del Partido Por la Democracia, ha desempeñado tareas de gobierno y ha pasado el cedazo ciudadano, al ser elegida Diputada por Santiago. Como ella hay muchas , sin embargo, cuando se inició el gobierno de Michelle Bachelet la queja de los varones de la política era que no habían mujeres calificadas. Ese discurso ya no resiste. Las hay y de sobra, entre otras razones, porque, las mujeres de acuerdo al CENSO del 2002 estamos educacionalmente más preparadas que los hombres y somos la mitad de la base en todos los partidos.

Es importante que en el último año de gobierno de la Presidenta, se renueve ante la opinión pública su compromiso por darle status en la política a las mujeres. Obliga a pensar qué van a hacer nuestros candidatos con esta papa caliente. Ni Frei ni Piñera parecen haberlo pensado, y si lo hicieron, no parecen estarle dando mucho peso, como lo demuestran las fotos de sus respectivos equipos de campaña casi en totalidad pobladas por varones, a no ser, claro, por la señora, la hermana o la hija. ¡Hay que ponerse a buscar señores candidatos!, de lo contrario, bien vale repetir lo que gritaban las mujeres para el 8 de Marzo en el Caupolican: “Presidenta Bachelet la queremos otra vez”

En efecto, la maternidad sigue siendo un problema complejo para la forma de organización del trabajo fuera del hogar. Sigue estándo regido por la división sexual del trabajo, un modo a estas alturas anticuado para la realidad y las necesidades chilenas. Y es que el embarazo y la maternidad siguen determinando el lugar de la mujer en la casa, al menos por un tiempo, puestro que los hombres no se embarazan y tampoco pueden dar de mamar.

Sabemos que las prácticas discriminatorias hacia las mujeres en el ámbito laboral existen a pesar de las leyes que intentan impedirlas. Las encuestas realizadas por Corporación Humanas señalan que mas de un 90% de las mujeres se siente discriminada en el ámbito laboral y sobre un 80% opina que esto se debe a que la sociedad en su conjunto valoriza menos el trabajo que realizan las mujeres, tanto dentro como fuera de sus hogares. Desvalorización que arranca del rol que cumplen en el ámbito privado -a cargo mayoritariamente de las taréas domésticas, de cuidado y crianza de niños/as, abuelos/as y enfermos/as- y que se proyecta al ambito laboral fuera del hogar.

Ejemplos de la desigualdad que afecta a las mujeres abundan, como el desigual acceso al mercado laboral, la brecha salarial y la doble jornada, como se denomina a las en promedio 7,9 horas que dedican diariamente las mujeres al trabajo doméstico, que se suman a las 8 horas de la jornada laboral remunerada.

El cuestionamiento a realidad no sólo ha sido levantado por las mujeres sino también por un contingente cada vez mayor de hombres –sobretodo adultos jóvenes- que entienden que es un deber que también les corresponde asumir. La lactancia es un tema de opciones y posibilidades de los padres. No todas pueden dar de mamar, no todas quieren dar de mamar, y los sucedáneos de la lecha materna están a la altura hoy en día de los estándares de nutrición saludable.

¿Por qué no abrirse a nuevas formas de vivir las maternidades y paternidades, contribuyendo así a democratizar las tareas y los costos que históricamente han absorvido las mujeres? ¿Por qué no pensar en un postnatal de 6 meses que permita al padre o madre trabajadores hacerse cargo de la lactancia? ¿Por qué no legislar sobre esta función sin darle una asignación de género?

El viejo modelo de familia nuclear basado en un hombre proveedor y una mujer a cargo de la reproducción biológica y social coexiste con una gran diversidad de modos de organización familiar, los roles tradicionales se han desdibujado producto de procesos de empoderamiento de las mujeres, pero también producto de un mundo globalizado que las requiere en el mercado laboral. Las mujeres hoy tenemos un itinerario de vida distinto al de nuestras abuelas, las reglas del juego tienen que cambiar ¿o es que como una vez mas y frente a crisis económicas lo mejor es que nos manden de vuelta a la casa?       

El tema de los liderazgos políticos y su eficacia ha sido uno de los aspectos siempre en el tapete cuando se trata de evaluar la gestión de la Presidenta Bachelet. Tanto algunos de sus partidarios como de sus opositores, opinólogos y encuestas se han referido a ella como una mujer que no tiene la autoridad y seguridad de mando, que muchos extrañan del ex Presidente Lagos y del cual José Miguel Insulza es heredero. Lo que hemos presenciado en los últimos meses sin embargo, parece desdecir esta concepción tan recia del liderazgo y que nos hablaba de hombres que no titubean en asumir el rol histórico que el país requiere.

Mientras la máxima autoridad femenina del país, ha dado una y otra prueba de generosidad política para asumir los costos de desaguisados ajenos, ha actuado con arrojo y mirada de futuro frente a la crisis económica internacional que empieza a afectar a Chile, el cálculo electoral y el temor a perder hizo declinar sus candidaturas a dos de los principales referentes de la Concertación, Ricardo Lagos y José Miguel Insulza. En efecto, tanto las dudas de Lagos como las de Insulza, complicaron el panorama político de la contienda presidencial, dando cuenta de un vacío de liderazgo al momento de asumir el riesgo de una competencia como la que tendremos a finales del 2009. El abanderado de la Alianza por Chile, Sebastián Piñera, tampoco escapa a esta conducta aversa al fracaso, manteniendo el indecoroso control de su riqueza, por si acaso vuelve a perder en su intento de llegar a La Moneda.

Sólo Eduardo Frei ha mostrado convicción en este tiempo, aunque no tiene mucho que perder en su aventura de desafiar las encuestas que le son adversas. Por lo demás, no puede soslayarse el gesto de responsabilidad política de Soledad Alvear, quien sin siquiera recibir las gracias, sacrificó su posibilidad de competir por la Presidencia, en aras del bien superior de la Concertación y de su propio partido, al que le solicitó el apoyo para el candidato implícito de la DC.

Y es que el doble parámetro con que se evalúan los liderazgos de hombres y mujeres hace parte de la política chilena y contribuye a negarles a las mujeres su lugar en el ámbito público político. Hasta ahora, no sabemos de ministras ni de dirigentas políticas que se resistan a asumir sus responsabilidades renunciando a puesto de poder. De lo que sí tenemos vastas pruebas es de la capacidad de innumerables mujeres dispuestas a postergar proyectos personales y enfrentarse a la discriminación de sus pares masculinos, para doblegar una desequilibrada representación política y económica, que apenas les concede el 18% de los municipios, el 12% de escaños parlamentarios, el 14% de la Corte Suprema, o el 4% de los directorios de las sociedades anónimas.

Según la última encuesta nacional de mujeres que anualmente realiza la Corporación Humanas, el 63% de las chilenas volvería a votar por una mujer para Presidenta. Entre las causas de este aprecio a las autoridades femeninas, detectamos un alto reconocimiento de las medidas sociales adoptadas por el actual Gobierno, tales como el cuidado infantil y el combate a la violencia intrafamiliar. Y quién sabe si además influye en esta valoración ciudadana el hecho de saber que ellas están dispuestas a perder con tal de jugársela por sus proyectos. No es por nada, pero la Presidenta, el liderazgo político femenino más visible y expuesto ante el país, goza de un auténtico aprecio y reconocimiento por parte de la ciudadanía. ¿Será que la clase política es capaz de superar el doble estándar y reconocer que existen múltiples formas de ejercer liderazgo (femenino y masculino) y que si de déficits se trata, este está en el lado de nuestros líderes masculinos?

La discriminación hacia las mujeres en materia de participación política no se vive sólo en relación al acceso al poder, sino también a la mantención en el cargo o en el espacio de autoridad. Es lo que vienen diciendo los estudios en esta materia hace ya una buena década y ha quedado graficado como si no hubiera pasado el tiempo en los sucesos de estas últimas semanas.

Desde un análisis que introduce la sospecha sobre todo lo que ocurre en el espacio político, un ámbito de la norma masculina por excelencia, la renuncia de dos mujeres a sus puestos o espacios de poder no puede ser examinada solo desde el punto de vista de una eventual mala gestión o pérdida electoral. Los hechos que dieron lugar a sus respectivas salidas ciertamente existieron, e implican responsabilidad política, pero no bastan para entender el tratamiento diferenciado que estas dos mujeres recibieron en relación a sus pares varones.

Veamos el caso de la ex ministra de Salud, Soledad Barría, cercana a la Presidenta, con una buena evaluación de parte de la ciudadanía y en particular de las mujeres, por su lucha por la Píldora de Anticoncepción de Emergencia. Una vez que emerge la denuncia de contagios de VIH sin notificar, el presidente de su partido, Camilo Escalona, da libertad de acción a la bancada socialista para votar en contra de la ministra frente a una eventual acusación constitucional. El Partido Socialista la deja caer y no hace nada, ni siquiera guardar silencio, frente a la exigencia política de su salida por parte de los partidos de la Alianza y de la Concertación.

Es difícil soslayar la comparación de este episodio con el desempeño que ha tenido el Ministro de Transporte, René Cortazar, en relación al Transantiago, sobre el cual pende también una eventual acusación constitucional. En este caso, sin embargo, la respuesta política de los partidos de la Concertación ha sido la de reunir el instrumental jurídico necesario para una buena defensa, más aún, cuando el Tribunal Constitucional le señalara que el préstamo solicitado al BID para el financiamiento del sistema de transporte público no se ajustaba a la Constitución y leyes chilenas. La oposición ha sido, en este caso, más cauta, incluso en el lenguaje. En ambos casos la supuesta mala gestión tiene su origen en la administración anterior, en ambos casos se trata de temas tremendamente sensibles para la ciudadanía, pero sólo Barría presenta su renuncia.

En relación a la salida de la presidenta del PDC, Soledad Alvear, es justo señalar que la apuesta que hizo falló. Esperaba remontar como candidata presidencial, con un resultado electoral que al menos contuviera el declive de su partido. Su sector la deja caer no sólo respecto de la presidencia del partido, sino de paso, desde su candidatura presidencial.

El resultado electoral es un factor importante de evaluación y sanción de la gestión política de la dirección de un partido, pero ha pasado lo mismo respecto del Presidente del PPD Pepe Auth? Más allá de su cálculo respecto al rendimiento de las dos listas, el resultado para el PPD fue negativo y por debajo del rango que con margen de error había augurado Auth. Y ahí está, sin novedad en el frente.

En resumen las mujeres una vez que acceden al poder parecen no contar con las redes formales e informales que da el ser activamente parte de un partido político, y que constituyen un fiero soporte a la hora de mantenerse en un cargo. La mayoría de las mujeres que hacen parte del gabinete, han llegado allí gracias a la elección de la Presidenta y a un alto perfil profesional. Por el contrario, la mayoría de los hombres que componen el gabinete tienen un peso fuerte en las direcciones de sus partidos o responden a liderazgos reconocidos al interior de los mismos. Esto pareciera hacer una diferencia a la hora de evaluar quién sigue y quién se va.