El grupo parlamentario espera que se escuche “la opinión de los diversos actores sociales en los temas que sean de su interés, contando además con la asesoría de especialistas expertos en las materias”, y la propuesta incluye también que el texto final sea ratificado mediante un plebiscito ciudadano.

Los legisladores impulsores del proyecto señalaron que desde la dictación de la Constitución se han presentado 579 iniciativas tendientes a modificar el texto constitucional, “hecho que es demostrativo de la existencia de una voluntad política de reformar la Carta Fundamental”.

Agregaron que en Internet circula una carta dirigida a las máximas autoridades del país, firmada por más de tres mil ciudadanos que exigen una nueva Constitución.

“El argumento decisivo para reemplazar el actual texto no está en su ilegitimidad de origen sino en su eventual incapacidad para dar cuenta de la transformación que ha experimentado Chile en los últimos 30 años”, afirman.

La iniciativa la propusieron los senadores Andrés Zaldívar, Isabel Allende, Soledad Alvear, Ximena Rincón, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Guido Girardi, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Mariano Ruiz-Esquide, Hosain Sabag, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.

El organismo afirmó que “restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas”.

Al respecto Amnistía Internacional sostiene que “es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo. Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo, es cruel, inhumano y degradante”.

Igualmente advierte que algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. “En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida”.

senado.cl- Listo para votarse en la Sala de ambas cámaras del Congreso quedó el controvertido artículo sexto del proyecto que extiende el post natal a seis meses, que anoche fue rechazado por el Senado por considerar que perjudicaba a las funcionarias públicas y en particular a las de zonas extremas que iban a ver mermadas sus remuneraciones.

No obstante, el Parlamento y el Gobierno lograron un acuerdo que fue zanjado esta mañana por la Comisión Mixta de senadores y diputados, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de votarse en Sala.

En lo fundamental, la disposición permitirá que las asignaciones de zona y las de zonas extremas que perciben las y los funcionarios del sector público, sean consideradas en el cálculo del subsidio.

El artículo aprobado señala que >”los y las funcionarias del sector público a que se refiere el inciso primero del artículo 194 del Código del Trabajo, tendrán derecho al permiso postnatal parental y al subsidio que éste origine en los mismos términos del artículo 197 bis del referido Código. A este subsidio se le aplicarán las normas correspondientes del decreto con fuerza de ley N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.
También dispone que “a este permiso no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 153 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005 del Ministerio de Salud que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763 de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N°18.469″.

Del mismo modo señala que un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, suscrito además por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, determinará la forma y el procedimiento en que la funcionaria podrá hacer uso del derecho a reincorporarse a sus funciones durante el goce de este permiso. Además, establecerá los criterios que el Servicio o Institución empleadora deberán utilizar para determinar la jornada que le corresponderá cumplir. Para ello podrá considera la escala de remuneraciones y el grado que ella detente, entre otros factores.

Sin perjuicio de lo establecido, las funcionarias continuarán percibiendo la asignación de zona y sus normas complementarias, así como las bonificaciones especiales que beneficien a las zonas extremas del país.

El pago de estas remuneraciones corresponderá al Servicio o Institución empleadora.

NOTICIA EN DESARROLLO

Humanas- Como una grave forma de violencia sexual cometida por agentes del Estado calificaron las defensoras de DDHH de Corporación Humanas las “tocaciones” y vejámenes cometidos por funcionarios policiales contra mujeres estudiantes de liceos de Providencia, en medio de una manifestación protagonizada por alumnos y apoderados en contra del edil de la comuna.

Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas, sostuvo que el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género-Corporación Humanas, ha recibido diversas denuncias de mujeres estudiantes secundarias, que han sufrido abusos policiales con un claro componente de violencia sexual, “en lo que ya se ha constituido en un patrón de conducta policial hacia las mujeres estudiantes, por su condición de género”.

“Vemos con preocupación cómo los abusos policiales que se han generado en las movilizaciones estudiantiles, en el caso de las mujeres tienen una marcada connotación sexual, constitutiva de una violación a los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales”, señaló Carolina Carrera.

Recordó que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem Do Pará), vigente en Chile desde 1998, prohíbe la violencia física, psíquica y sexual en contra de las mujeres tanto si ocurre en el espacio público como privado, en particular si es cometida o tolerada por el Estado o sus agentes. Asimismo, que Chile está obligado a garantizar, proteger y promover los derechos de niños y niñas consagrados en la Convención sobre Derechos del Niño, como el derecho a su integridad física, psíquica y sexual, entre otros.

Carolina Carrera lamentó que la violencia sexual en contra de las mujeres sea frecuentemente invisibilizada e impune, incluso cuando es cometida por el propio Estado. Recordó que durante la dictadura militar, las mujeres fueron reprimidas, negadas en sus derechos y torturadas de formas específicas, precisamente por ser mujeres, a través de la violencia sexual. “En plena democracia, las defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres no podemos permitir que se cometan abusos policiales que nos recuerden la violencia sexual sufrida por las mujeres en dictadura”, aseguró.

Por ello, formuló un llamado a detener la violencia policial con ocasión de las manifestaciones estudiantiles, especialmente la violencia sexual ejercida por agentes estatales en contra de niñas y jóvenes. Además, enfatizó que las autoridades deben investigar a cabalidad estos hechos, sancionar a los responsables y ofrecer garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Radio Universidad de Chile- “¡No a la tortura! A nadie, en ningún lugar, y en nombre de nada”, titula este informe de Derechos Humanos, donde se muestra cómo el Estado Chileno sigue ejerciendo violencia y amparando una serie de tratos inhumanos, crueles y degradantes.

El informe expone focos actuales de tortura, como son el caso bombas, que ha sido catalogado como un montaje por diversos abogados y defensores de Derechos Humanos, y la criminalización de la lucha social del pueblo mapuche, que ha afectado a una serie de menores de edad, tal como indicó Ana Cortez, de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos.

“Hostigamiento a niños algunos de ellos menores de diez años. Mientras situaciones muy cotidianas de las comunidades, como el traslado de los niños en transporte escolar hacia sus escuelas, son interceptados en medio del camino rural y a los niños los bajan, los amenazan, los interrogan. Eso es una situación cotidiana y los casos que están documentados en el informe corresponden sólo a los que han tenido consecuencia por un recurso de protección, denuncia formal por parte de alguna institución, pero es sólo la punta del iceberg”, señaló Ana Cortez.

En cerca de 80 hojas con distintos casos y su respectiva documentación, el nuevo informe demuestra cómo, en ambas instancias, se ha utilizado la Ley Antiterrorista como una verdadera arma jurídica, violando los Derechos Humanos de los acusados, los que se ven expuestos a procesos sumamente irregulares.

Pero ¿cómo permitimos hoy estos abusos? En este sentido, el sociólogo y miembro de la Comisión, Felipe Portales, se refirió a los aspectos institucionales que sustentan esta cultura, principalmente al interior de las fuerzas armadas y de orden en nuestro país.

Según el experto existirían enclaves en el interior de las leyes de los uniformados que dan sustento a la tortura, como en el código de justicia militar, donde se afirma expresamente que la obediencia al superior está por sobre la conciencia individual incluso si significa incurrir en delitos o en una violación de los Derechos Humanos.

“En la legislación chilena actual se establece que el inferior debe cumplir cualquier orden del superior, aunque tienda a ser tortura u otro delito en la medida que el superior le insista en el cumplimiento de esa orden. Además, con este sistema legal es imposible que exista una formación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Qué formación se les puede dar respecto de los Convenios Contra la Tortura si su propia legislación contraviene la Convención en aspectos tan importantes como este”, afirmó Portales.

Esto por nombrar uno de tantos códigos y estructuras insertas en la cultura militar que impiden dar un giro e integrar en la formación de los uniformados el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Y más aún cuando Chile seguiría enviando soldados a la llamada “Escuela de Las Américas”, organización de instrucción paramilitar que ha formado a diversos oficiales especializados en técnicas de tortura que participaron en distintos golpes de Estado.

“Este no es un tema del pasado. El 15 de septiembre, el gobierno chileno ha realizado un nuevo lazo con la Escuela de las Américas, que ahora tiene otro nombre, y el subsecretario de Defensa chileno, Oscar Izurieta, acaba de firmar un nuevo convenio con el encargado de la zona sur del Ejército estadounidense para seguir instruyendo oficiales chilenos en la Escuela de las Américas”, señaló Elías Padilla, profesor de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Frente a esto, la Fundación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, le envió una carta al ministerio de Defensa para que, en virtud de la Ley de Transparencia, aclare esta situación. Estos son algunos de los temas que siguen presentes en nuestra sociedad y que dejó al descubierto esta nueva publicación.

camara.cl- En un encuentro con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, el diputado Orlando Vargas (PPD) insistió en una pronta respuesta a la solicitud de indulto presidencial, que le presentara el 04 de agosto pasado, en favor de la ciudadana Gabriela Blas que se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Acha, en Arica, condenada a doce años de prisión “por abandono” de su hijo mientras realizaba labores de pastoreo en el altiplano chileno.

En la conversación con el Presidente –ocasión en que le entregó una copia de la solicitud de indulto- el parlamentario por Arica y Parinacota le recordó que, a diferencia de lo que ha ocurrido con Gabriela, en ninguno de los casos en los que niños han sufrido accidentes en sus casas, o se han extraviado de la custodia de sus padres, se ha formalizado, acusado o llevado a juicio a quienes tenían su custodia, patria potestad o guarda. Incluso, en casos en que niños han resultado muertos por olvido de las personas que tenían a su cargo su cuidado, han resultado condenas con penas de prisión, como es el caso de un párvulo abandonado por su cuidadora en un automóvil.

“No he tenido el documento en mis manos, pero no tengo duda alguna de que los equipos profesionales del Ministerio de Justicia están trabajando en el tema”, le expresó el Presidente Piñera.

A lo que agregó “la copia de la solicitud que me entrega, diputado, me permitirá realizar las consultas pertinentes y, luego, tomar la decisión en conciencia lo más pronto posible”.

Cabe señalar que la Constitución Política de la República señala en su artículo 34 N°14 como atribuciones especiales del Presidente de la República la de “Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determina la ley”, lo que, además, se encuentra regulado en la Ley N°18.050.

* Bancada se reunió con médicos y genetistas para analizar y discutir la materia.

por P. García y D. Muñoz

La Tercera- Reponer un artículo del Código Sanitario que permite la interrupción del embarazo con fines terapéuticos forma parte de la propuesta que ayer envió el presidente de la DC, Ignacio Walker, a los senadores de su partido.

La propuesta del timonel se da en momentos en que la sala de la Cámara Alta debe iniciar, dentro de las próximas semanas, la discusión de tres proyectos de ley que, en lo medular, despenalizan el aborto con fines terapéuticos y eugenésicos. Dichas iniciativas ya fueron aprobadas por la Comisión de Salud del Senado, gracias al voto del DC Mariano Ruiz-Esquide.

El texto alternativo de Walker propone reponer el artículo 119 del Código Sanitario -el cual fue derogado en 1989- y que permite la interrupción de un embarazo con fines terapéuticos.

“Se podrá interrumpir el embarazo cuando haya un riesgo demostrable para la vida de la madre”, dice la propuesta de Walker.

Para esto, el timonel propone que se requiera la opinión documentada de dos médicos y, adicionalmente, un informe de la comisión de ética del centro hospitalario. También plantea asistencia sicológica a la madre.

Así, Walker dice que no sólo es innecesario modificar el Código Penal -como lo establece la iniciativa presentada por el senador PPD Guido Girardi, ya que estipula el aborto para casos de violación-, sino que con su propuesta se evitaría utilizar la palabra “aborto” en la legislación.

En este sentido, el texto considera que una de las “ventajas” de hacer un cambio vía Código Sanitario es que “la verdadera” intención de la intervención no va en la dirección de producir la muerte del feto, sino que salvar la vida de la madre.

Hace algunos meses, Walker dijo que este tema “no es un prurito de un progresismo, sino que son temas morales que deben ser encarados”.

La propia hija mayor del parlamentario, Elisa, ha instado a legislar sobre el tema, a partir de su experiencia personal, luego de que en Escocia -país en que vivía- médicos le recomendaran la interrupción de su embarazo, a raíz de que su hijo tenía severas malformaciones. Pese a ello, decidió continuar con la gestación, perdiendo a su hijo a los siete meses de embarazo.

En la DC reconocen que el debate del aborto terapéutico ha ocasionado serias diferencias internas y, por lo mismo, han optado por no fijar criterios sobre cómo votar. En ese sentido, senadores de la tienda expresaron ayer en privado algunos reparos a la propuesta de Walker. Algunos consideraron que no iba al fondo del problema, mientras que otros apuntaron a la necesidad de que no exista orden de partido. Con todo, se espera que la mayoría de los senadores voten en contra de las iniciativas en trámite.

La bancada se reunió ayer con un grupo de médicos, que expuso los alcances de la actual legislación y sus eventuales cambios.

UPI- En el marco de la 15º sesión del Comité de Trabajadores Migratorios, en Ginebra, Suiza, Corporación Humanas expuso los principales puntos del “Informe Alternativo” al Informe Inicial presentado por el Estado de Chile, y recalcó que en Chile existe una marcada feminización de la migración.

La abogada de Corporación Humanas, Catalina Lagos, sostuvo que “es necesario impulsar reformas legislativas y políticas públicas que garanticen adecuadamente los derechos de los/las migrantes y que incluyan una perspectiva de género, acorde a los estándares internacionales aplicables”.

Catalina Lagos expresó ante el Comité de Trabajadores Migratorios que Chile se caracteriza por ser un país receptor de migrantes, principalmente de la Comunidad Andina y del MERCOSUR, en que además, la población extranjera de mujeres supera a la de hombres.

Las/os inmigrantes acceden a empleos precarios e informales, lo que determina condiciones de vida deficientes, que tienen un impacto aún mayor en las mujeres migrantes.

“La feminización de la migración deriva en una doble discriminación para las trabajadoras migrantes: por su situación de migrantes y por ser mujeres, de modo que deben  enfrentar no sólo las dificultades y obstáculos que sufren los migrantes en general en nuestro país, sino que, además, aquellas que sufren las trabajadoras en Chile en materia de acceso, condiciones laborales y permanencia en el empleo”, sostuvo la abogada.

La abogada de Humanas sostuvo ante el Comité que la situación es aún más grave en el caso de las trabajadoras migrantes que se insertan en el mercado laboral chileno como trabajadoras de casa particular, ya sea residiendo o no en la casa donde trabajan. “La legislación laboral chilena dispone una menor protección a estas trabajadoras, con un salario inferior y una jornada de trabajo mucho más extensa que el resto de los trabajadores”, aseguró en su intervención oral ante el Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU.

Por ello, en las recomendaciones del “Informe Alternativo” Corporación Humanas insta al Estado de Chile a ratificar y dar pleno cumplimiento al Convenio 189 de la OIT sobre “Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.

En materia de trata y tráfico de mujeres y niñas migrantes -dado que se ha dictado la Ley Nº 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal-, se recomienda al Estado disponer la reglamentación de la misma enfatizando en la protección de las víctimas y su no expulsión. Se debe incluir la posibilidad de regularizar su situación migratoria en razón a ser víctimas de estos delitos, sin condicionarla a la persecución penal exitosa.

Otro punto de preocupación expuesto en el “Informe Alternativo” es la falta de adecuación de la normativa interna a los estándares y obligaciones internacionales que rigen en la materia. Catalina Lagos explicó que la normativa migratoria vigente en Chile (DL Nº 1.094 de 1975 conocida como Ley de Extranjería) fue dictada durante la dictadura militar y se caracteriza por carecer de un enfoque de derechos humanos y permitir un amplio margen de discrecionalidad a los funcionarios.

Aseguró, asimismo, que es relevante recomendar al Estado de Chile que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la atención de salud sexual y reproductiva de las migrantes, particularmente de las mujeres embarazadas, con independencia de su situación migratoria.

Igualmente, la abogada de Corporación Humanas planteó que es pertinente recomendar al Estado de Chile adoptar medidas para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas migrantes, con independencia de su situación migratoria y de la de sus padres.

En cuanto al derecho a la nacionalidad de los hijos de migrantes, Humanas propone la adopción de medidas legislativas para eliminar la apatridia, en particular reconociendo la nacionalidad chilena de los y las niñas nacidas en el país, con independencia de la condición migratoria de sus padres.

Además, se recomienda al Estado cumplir su obligación de desarrollar sistemas de seguimiento de flujos migratorios que superen la simple recolección estadística realizada a partir de censos y/o otorgamiento de permisos de residencia otorgados, estableciendo información desagregada por sexo con el objetivo de contar con un diagnóstico de la situación de la población migrante en Chile que permita identificar los ámbitos críticos de vulneración de derechos.

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Informe alternativo de HUMANAS al Informe Inicial presentado por el Estado chileno
Informe Inicial
Examen del Informe presentado por el Estado de Chile
Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias

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“La medida constituye un acto de discriminación en contra de niños, niñas y jóvenes provenientes de sectores socioeconómicos bajos y medios; en la medida que, como el alcalde reconoce, el 85% de los estudiantes de Providencia vienen de comunas más pobres. Este hecho, sin duda, profundiza la segregación ya existente en nuestro sistema educacional, sumándole una discriminación de tipo territorial que no es aceptable”, manifestó.

Sobre los incidentes ocurridos en el Liceo Lastarria, Fries expresó que parece un despropósito que una autoridad municipal invoque la fuerza pública y, a su juicio, contribuya a generar situaciones de violencia en un recinto escolar, especialmente habiendo en su interior jóvenes y niños.

Agregó que “el uso de la fuerza sólo se justifica en casos de delitos flagrantes y, siempre, debe ser proporcionada”, recordando que “el propio alcalde presentó un recurso de protección buscando avalar judicialmente su actitud, recurso que no ha sido aún resuelto por la justicia”.

El documento contiene el análisis realizado por el organismo respecto del trabajo de delegaciones en el Consejo de DD.HH. entre julio de 2010 y junio de 2011, poniendo especial énfasis en cómo sus votaciones y actuaciones permitieron reforzar su rol de promoción y protección de los Derechos Humanos en el mundo.

En el caso de Chile, se destacó el impacto de su gestión en el cambio de la dinámica del consejo, tomando en consideración sus posiciones y votos frente a los distintos asuntos sometidos a consideración y decisión de la instancia.

En esa línea, se destaca el hecho de que Chile apoyó resoluciones sobre situación de derechos humanos en Sudán, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia y Siria.

Desde Nueva York, donde se encuentra presidiendo varias reuniones del Grupo de Río, el canciller Alfredo Moreno valoró el reconocimiento de Human Rights Watch hacia Chile y reiteró que el objetivo es seguir trabajando en la misma senda que hasta ahora.

“Es un reconocimiento muy importante, porque para nosotros la protección y defensa de los DD.HH. es fundamental. Es una comprobación de que lo que hemos estado haciendo en el último año está bien encaminado”, sostuvo.

Además, subrayó que la valoración de Human Rights Watch se suma al hecho de que en la reciente votación para la reelección de los miembros del Consejo, Chile obtuvo la primera mayoría.

“Eso muestra también que estamos siendo reconocidos por el resto de los países, por lo que seguiremos con nuestra defensa irrestricta a los DD.HH., buscando la mayor eficiencia en ese trabajo, independiente de los colores políticos o de las naciones en que se pueda producir algún problema”.