Mientras que con su propuesta Trump deja claro lo que entiende por “paz mediante la fuerza” y Macron no parece reparar en que su orden contraviene directamente el Tratado de No Proliferación, el caso alemán revive un debate en el que entremezclan fantasmas del pasado con visiones equivocadas sobre las necesidades militares de la Unión Europea (UE). En términos históricos, la OTAN respondía en su origen a la idea de tener “a Estados Unidos dentro, a la Unión Soviética fuera y a Alemania debajo”, por el temor a un nuevo rearme germánico que pudiera asustar a sus vecinos. Por su parte, la UE se imaginó como una vía para encajar a Berlín en un proyecto que desactivara definitivamente su potencial desestabilizador, haciéndole entender que la mejor manera de garantizar su seguridad era apostando por una Europa políticamente integrada. El motor franco-alemán era el núcleo fundamental de dicho proyecto (hoy ya no es suficiente, pero sigue siendo necesario), con un reparto de papeles que informalmente otorgaba a París el liderazgo político y a Bonn (hoy Berlín) el económico.

El camino que Alemania ha emprendido suscita, inevitablemente, la aprensión de muchos de sus vecinos, marcados por una historia violenta derivada de aquel demonizado Lebensraum (espacio vital), acuñado ya a finales del siglo XIX por el geógrafo y etnógrafo alemán Friedrich Ratzel y reconvertido en clave expansionista por los nazis. Del mismo modo, queda por ver cómo reacciona Francia ante la perspectiva de que Alemania no sólo se consolide, aun a pesar de su crisis actual, como la primera potencia económica de los Veintisiete, sino que, además, se atreva a liderar política y militarmente la Unión. Y no basta para neutralizar esa intranquilidad con su énfasis en que la apuesta se plantea, sobre todo, pensando en Rusia como amenaza principal, haciéndose eco de informes de inteligencia que apuntan incluso a un conflicto directo a gran escala en el horizonte de apenas tres años. Tampoco calma la inquietud la insistencia en que el esfuerzo sólo busca contar con el mejor ejército “convencional” del continente, dado que eso no supone una renuncia expresa a dotarse algún día de armas nucleares, ante el temor a que el paraguas nuclear estadounidense deje de ser creíble o que la colaboración en este terreno con Francia no termine de fructificar.

En todo caso, el problema más serio que plantea el plan impulsado por la coalición gubernamental liderada por Merz es, una vez más, que se trata de un programa estrictamente nacional. Al igual que ocurre con el Plan Rearme 2030 (ahora renombrado Preparación 2030) de la UE, aprobado en marzo del pasado año y en el que el grueso del esfuerzo recae en los Estados miembros, Berlín vuelve a mostrar su escaso entusiasmo por impulsar la Europa de la Defensa, planificando en común y mutualizando la carga que haya que asumir. Como si no estuviera suficientemente claro que ninguno de los Veintisiete tiene posibilidad alguna de neutralizar individualmente las amenazas que les afectan y como si la OTAN no estuviera dando preocupantes señales de disfuncionalidad, la opción alemana (y la de tantos otros miembros de la UE) resulta inadecuada y, de hecho, cuestiona el propio proyecto para que la UE sea algún día un actor con voz propia en el escenario internacional, contando con sus propios medios para defender sus propios intereses.

Seguir pensando y actuando a escala nacional, calculando simplemente cómo salir del paso ante un Estados Unidos declaradamente antieuropeísta y tratando de preservar un sector industrial de defensa a escala nacional no sólo no desemboca en una UE más fuerte, sino que lleva directamente a la irrelevancia. Y Alemania, que debería marcar y liderar la dirección a seguir, no parece desgraciadamente dispuesta a asumir la tarea.

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La estrategia de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz mediante minas navales, baterías de misiles costeros y enjambres de drones ha colocado la economía global en una situación de extrema vulnerabilidad. El encarecimiento de la energía es su manifestación más inmediata. En este contexto, la decisión de Estados Unidos (EEUU) de suspender temporalmente ciertas sanciones para permitir exportaciones energéticas rusas ha generado un beneficio inesperado para Moscú. La crisis en Irán amenaza con revertir parcialmente los esfuerzos occidentales por limitar la capacidad rusa de financiar su guerra, al impulsar los precios del petróleo y el gas y aumentar la dependencia de sus exportaciones. Se trata, en efecto, del mayor desafío al régimen de sanciones desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania.

Este efecto energético ha sido ampliamente analizado. Sin embargo, se ha prestado mucha menos atención a una dimensión igualmente crítica: el riesgo de una crisis aguda en los mercados de fertilizantes y alimentos. En este ámbito, Rusia no sólo está bien situada para obtener beneficios económicos, sino también para reforzar su influencia geopolítica. Su ambición de convertirse en un proveedor indispensable de seguridad alimentaria para el sur global, o lo que el Kremlin denomina la “mayoría mundial”, encuentra en esta coyuntura una oportunidad estratégica.

Este objetivo no es nuevo. En 2022, Rusia impulsó la Iniciativa del Grano del Mar Negro junto con las Naciones Unidas, Turquía y Ucrania. El acuerdo permitió la exportación segura de millones de toneladas de grano ucraniano desde puertos como Odesa, mediante corredores marítimos protegidos y mecanismos de inspección internacional, al tiempo que facilitaba las exportaciones agrícolas rusas. Aunque el acuerdo funcionó durante casi un año, Rusia se retiró en 2023 alegando incumplimientos, evidenciando su voluntad de instrumentalizar estos mecanismos como herramientas de presión política.

Incluso antes de la escalada en Irán, el sistema alimentario global ya estaba sometido a una presión estructural significativa. En los últimos cinco años, la inseguridad alimentaria aguda se ha triplicado y cerca de 400 millones de personas se enfrentan al hambre severa, según el Programa Mundial de Alimentos. Países como Sudán, Somalia y Afganistán se encontraban ya al borde de la hambruna.

La guerra en Irán afecta de forma directa al mercado de fertilizantes, con implicaciones profundas para la producción agrícola global. Aproximadamente la mitad del comercio mundial de urea, principal fertilizante nitrogenado, transita por el estrecho de Ormuz. A su vez, la producción de amoníaco, esencial para estos fertilizantes, depende del gas natural, lo que explica el peso de los países del Golfo en este mercado. En conjunto, cerca de un tercio del comercio marítimo global de fertilizantes atraviesa esta ruta estratégica. Desde finales de febrero, este corredor ha quedado prácticamente paralizado. El tráfico marítimo ha caído más de un 90%, según datos de Lloyd’s List Intelligence. Como consecuencia, los precios de la urea se han disparado cerca de un 40%, alcanzando su nivel más alto desde 2023.

Durante la crisis alimentaria de 2022, provocada por la guerra en Ucrania, las sanciones y la interrupción de las exportaciones por el mar Negro, los precios de los alimentos alcanzaron máximos históricos. En el escenario actual, Rusia y Bielorrusia emergen nuevamente como proveedores clave. Ambos países concentran una parte sustancial de la oferta global de fertilizantes y, a diferencia de los productores del Golfo, no se ven afectados por las disrupciones en Ormuz.

Rusia, junto con Bielorrusia, concentra aproximadamente el 40% de las exportaciones globales de potasa, el 23% de amoníaco y entre el 14% y el 16% de urea. Su capacidad productiva, el acceso a gas barato, las infraestructuras subvencionadas y unas rutas logísticas diversificadas le otorgan una ventaja competitiva estructural que se mantiene intacta.

El hecho de que los fertilizantes y los productos agrícolas rusos hayan quedado en gran medida al margen del régimen de sanciones, debido a su carácter estratégico para la seguridad alimentaria global, permite a Rusia mantener, e incluso ampliar, su cuota de mercado tras 2022, como se puede percibir en la Figura 1. A diferencia de otros exportadores, especializados en segmentos concretos, Rusia es el único actor con presencia transversal en los principales tipos de fertilizantes. El mercado global no está diversificado, sino segmentado, y Moscú domina precisamente los segmentos críticos.

Figura 1. Exportaciones mundiales de fertilizantes por país y producto, 2014-2025 (millones de toneladas aprox.)

En este contexto, los importadores que pierden acceso a los suministros del Golfo están recurriendo a Rusia como alternativa. Países como Nigeria y Ghana ya están incrementando sus pedidos, anticipando una disrupción prolongada. Esta reacción refleja una lógica de mercado clara, pero también refuerza una dependencia estructural con implicaciones políticas.

La inflación alimentaria en los próximos años parece prácticamente inevitable y su efecto será desigual. Mientras que en Occidente se traducirá en un aumento del coste de vida, en regiones vulnerables como el Sahel y el sur de Asia puede desencadenar crisis humanitarias de gran escala. En este escenario, Rusia se encuentra en una posición que refuerza sus intereses estratégicos a largo plazo: una indispensabilidad estructural en la cadena alimentaria global que combina beneficios económicos sostenidos con un significativo capital político. Al aprovechar las disrupciones en el suministro de fertilizantes y alimentos, Moscú refuerza su capacidad para proyectar influencia más allá de su entorno inmediato, especialmente en el sur global. Esta dinámica no sólo debilita la eficacia del régimen de sanciones, sino que revela una limitación fundamental de las estrategias occidentales: la dificultad de aislar a una potencia que controla nodos críticos de interdependencia global.

Más que una simple ganancia económica, lo que está en juego es la conversión de Rusia en un proveedor sistémico indispensable. En un mundo marcado por crisis superpuestas, esa capacidad de suministrar recursos esenciales puede resultar más decisiva que el poder militar o energético por sí solos. La guerra en Oriente Medio, lejos de aislar a Rusia, podría estar contribuyendo a reforzar su centralidad en el orden global emergente y así encajar en las ambiciones estratégicas del Kremlin de convertirse en el líder de un mundo multipolar venidero.

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• La inmigración de origen asiático es minoritaria en España, lo que supone una gran diferencia con otros países europeos en los que esta migración es una de las más numerosas. La población de origen chino supone un tercio del total de los inmigrantes asiáticos en España, seguida por la pakistaní.
• Por su nivel formativo, la inmigración asiática se encuentra en un lugar intermedio entre la latinoamericana y la africana, con una gran diferencia a favor de las mujeres.
• La tasa de actividad de varones y mujeres inmigrantes chinos es muy alta, a diferencia de lo que ocurre con las mujeres de origen indio y, especialmente, pakistaní y bangladesí, que en su inmensa mayoría (75%) no están ocupadas ni en búsqueda de empleo. La tasa de paro del conjunto es muy baja, ya sea por la inactividad de las mujeres del subcontinente indio o por la alta ocupación de la inmigración china.
• Se produce una fuerte concentración de los inmigrantes asiáticos en el sector del comercio y la hostelería, muy superior a la de los demás grupos de inmigrantes o de los autóctonos.
• Casi la mitad de los inmigrantes asiáticos ocupados son autónomos o empresarios, un rasgo muy peculiar de este grupo. Este hecho y su concentración sectorial reflejan un notable aislamiento laboral de la comunidad asiática y muy especialmente de la china.
• Aunque un 15% de estos inmigrantes ha accedido a la nacionalidad española, su presencia en el sector público es prácticamente nula.
• La tasa de abandono escolar de los jóvenes de entre 16 y 20 años procedentes de Asia es alta, del 23%, pero sustancialmente menor que la de los jóvenes inmigrantes latinoamericanos y africanos (34% y 35% respectivamente)

Análisis

Este ARI es el cuarto de la serie que el Real Instituto Elcano está publicando sobre la integración laboral de los inmigrantes en España. En el primero, titulado “Inmigración y mercado de trabajo en España”, se analizaba el conjunto de la población inmigrante y de sus características más relevantes desde la perspectiva de su relación con el mercado de trabajo, mientras que en los dos siguientes se profundizaba en los colectivos latinoamericano y africano respectivamente. El presente análisis se centra en los inmigrantes procedentes de Asia, un grupo en el que domina la población de origen chino.

Análogamente al resto de ARI de esta serie, las principales fuentes utilizadas son el Padrón Continuo de Población, la Estadística Continua de Población y la Encuesta de Población Activa (microdatos de la EPA del 4º Trimestre de 2024), todos ellos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de dichos datos este análisis muestra en primer lugar las características básicas de la inmigración asiática en España, para posteriormente presentar datos relativos a su integración en el mercado de trabajo, tanto en su conjunto como para los dos subgrupos cuyo tamaño muestral en la EPA permite analizarlos separadamente y obtener resultados estadísticamente significativos: la inmigración china y la que procede del Indostán o subcontinente indio.[1]

El contexto: tamaño, evolución, composición y características de la inmigración asiática en España

En línea con lo ya apuntado en anteriores ARI de esta serie, conviene recordar la definición de migrante internacional que usa la División de Población las Naciones Unidas: toda persona que vive en un país diferente al que nació, independientemente de cuál sea su estatus legal en el país de residencia. Así, definidos como “nacidos en el extranjero”, y según los datos consolidados más actuales ofrecidos por la Estadística Continua de Población (INE), el número total de inmigrantes asiáticos en España a 1 de enero de 2025 es de 616.222 personas (Figura 1), lo que supone el 1% del total de residentes en nuestro país y el 7% de la población inmigrante. Su presencia ha ido en aumento desde finales del siglo XX, cuando a las tradicionales pero reducidas comunidades filipina e india se les fue sumando una creciente inmigración china. Desde mediados de la década de 1990 la inmigración china es la principal diáspora asiática presente en España.

En la actualidad, con datos referidos al 1 de enero de 2025, la inmigración china supone el 34% del total de la inmigración asiática (209.320 personas) (Figura 2), seguida por la pakistaní (135.696) y la india (73.951). Estos dos últimos grupos han experimentado un gran crecimiento en los últimos 10 años, duplicando su tamaño. Entre el resto de población de origen asiático, la única comunidad que supera los 30.000 miembros es la procedente de Filipinas (60.756).

Prácticamente toda la inmigración de origen asiático en España procede de países de baja renta per cápita, porque la presencia de originarios de territorios ricos, como Japón, Corea del Sur, Israel y Taiwan es anecdótica. Y como toda la inmigración procedente de países de menor renta per cápita que la española, su estructura de edad muestra la concentración en los grupos de mayor actividad laboral, entre los 25 y los 49 años, en la que se encuentran más de la mitad de los individuos (55%) (Figura 3).  

Como en el caso de la inmigración africana, pero en menor medida, se produce un predominio masculino en el conjunto de la inmigración asiática (55%), pero con amplias diferencias entre los principales países de origen: mientras que en la inmigración procedente de Bangladés, Pakistán y la India el porcentaje de hombres alcanza cifras similares a las observadas entre los inmigrantes africanos (74%, 71% y 63% respectivamente), en la inmigración llegada desde Filipinas y China el predominio es femenino (65% y 54%).

La mayor concentración de inmigrantes de origen asiático en España se encuentra en Cataluña (Figura 4), y más concretamente en la provincia de Barcelona, donde se registra una presencia significativa de personas procedentes de los principales países de origen. Madrid es la segunda provincia con mayor presencia de inmigrantes asiáticos, pero en este caso debida básicamente a los inmigrantes chinos y filipinos, con escasa participación de indios y pakistaníes. Como ocurre con el conjunto de la inmigración, en amplias zonas del oeste peninsular la presencia de inmigrantes de origen asiático es casi marginal.

La integración de los inmigrantes asiáticos en el mercado laboral español

A partir de los microdatos de la EPA (4º trimestre de 2024), se identifican aquí los principales rasgos que definen el modo e intensidad de la integración de los inmigrantes asiáticos en el mercado de trabajo español. Los datos se refieren a los individuos de entre 25 y 59 años, con el propósito de excluir a los jóvenes aún en formación y a los adultos ya retirados del mercado laboral y poder constituir así un conjunto comparable al de los autóctonos (definidos como nacidos en España con ambos progenitores también nacidos en España), entre los cuales la actividad laboral es muy baja fuera de ese intervalo de edades. Los datos se comparan también con los de los inmigrantes procedentes de otros países de renta per cápita menor que la española[2] e igualmente se desagregan internamente para comparar entre sí a los dos subgrupos asiáticos cuya muestra en la EPA es lo suficientemente grande como para obtener una comparación estadísticamente significativa y cuya suma alcanza el 82% del total: chinos e indostanos (la suma de indios, pakistaníes y bangladesíes).

Un primer factor del que depende la integración laboral es el nivel educativo, ámbito en el que los inmigrantes asiáticos de entre 25 y 59 años se sitúan en un punto intermedio entre latinoamericanos y africanos (Figura 5). Aunque un 2% de los inmigrantes asiáticos son analfabetos, en el extremo opuesto un 26% posee un título de educación superior.  Los datos del nivel educativo de la población procedente del Indostán reflejan en su conjunto un nivel mayor que la de procedencia china. Internamente, a pesar del reducido tamaño de las submuestras de indios, pakistaníes y bangladesíes, se observan diferencias significativas a favor de los indios.

Tanto entre los inmigrantes chinos como entre los procedentes de India, Pakistán y Bangladés, existe una brecha formativa favorable a las mujeres (Figura 6): el porcentaje de mujeres con un título universitarios es muy superior al de los hombres.

Respecto a las tasas de actividad y de ocupación,[3] los datos correspondientes al conjunto de inmigrantes asiáticos de entre 25 y 59 años arrojan cifras más altas que las observadas en el caso de los inmigrantes africanos, pero más bajas que las correspondientes a latinoamericanos. Sin embargo, estas cifras totales ocultan una gran diferencia interna entre los dos subgrupos asiáticos, ya que mientras los inmigrantes chinos presentan una tasa de actividad idéntica a la de la población autóctona y una tasa de ocupación superior (Figura 7), los datos correspondientes son mucho menores en el caso de los inmigrantes procedentes del Indostán.

La baja tasa de actividad del conjunto de los inmigrantes indostanos se debe a la muy baja participación en el mercado de trabajo de las mujeres de este grupo (Figura 8), de apenas un 25%. A pesar de su mayor formación, la diferencia con la tasa de actividad masculina alcanza los 67 puntos porcentuales, una diferencia mucho mayor que la encontrada en cualquier otro grupo de inmigrantes en España. Por contraposición, el 89% de las mujeres inmigrantes chinas en España trabaja o busca empleo de forma activa, porcentaje superior al de sus pares masculinos y al de las mujeres autóctonas.

La alta tasa de ocupación de los inmigrantes chinos (hombres o mujeres) junto a la escasa actividad de las mujeres indostanas explican que la tasa de paro para el conjunto de los trabajadores asiáticos sea baja, del 5% (Figura 9), porcentaje inferior al de la población autóctona y equivalente al pleno empleo técnico. 

La ocupación de los inmigrantes asiáticos de entre 25 y 59 años presenta una concentración extrema en torno a dos sectores, el comercio (en su inmensa mayoría al por menor, tanto de alimentación como no especializado) y la hostelería. Ambos sectores concentran tres cuartas partes (74%) de los trabajadores de este origen (Figura 10), casi el cuádruple que en el caso de los autóctonos. Esta concentración ocupacional es aún más elevada en el caso de los inmigrantes chinos (el 83% se ocupa en el comercio y la hostelería). Al margen de estos dos sectores, y de una pequeña participación en la industria manufacturera, inmigrantes chinos e indostanos se diferencian por la mayor presencia de los primeros en las actividades profesionales y científicas y de los segundos en los sectores agrícola y de la construcción.

La inmigración asiática apenas supone en su conjunto un 1,3% del total de ocupados en España, pero su peso es muy superior en el comercio y en la hostelería (Figura 11). Debido a la concentración de las inmigrantes filipinas en las tareas del hogar, éste es otro sector en el que la participación laboral de la inmigración de origen asiático supera ese 1,3% del conjunto de los ocupados en España. La EPA no detecta inmigrantes chinos ocupados en el servicio doméstico.

En cuanto a su situación profesional, el perfil de la comunidad asiática es, con diferencia, el más singular de todos los analizados. Por un lado, hasta un 47% trabaja por cuenta propia (Figura 12), ya sea como autónomo o como empresario con asalariados –lo que supone más del triple que los autóctonos y más del cuádruple que los inmigrantes latinoamericanos y africanos–. Estas cifras son aún más altas para el colectivo chino, pues en su caso el número de trabajadores por cuenta propia casi duplica el de aquéllos que lo hacen por cuenta ajena. A su vez, es muy probable que gran parte de los ocupados por cuenta ajena estén empleados por empresarios de su mismo origen, aunque esto, que sugiere la evidencia anecdótica, no se puede confirmar con las bases de datos existentes. Tal escenario, al que se suma una prácticamente nula presencia en el sector público, refleja un notable aislamiento laboral de la comunidad asiática y, muy especialmente, de la china.  

Más de dos tercios de los trabajadores asiáticos residentes en nuestro país (68,5%) ocupan puestos en “servicios de restauración, personales, protección y vendedores” (Figura 13), mientras que los empleados en “ocupaciones elementales” se limitan al 9%, cifra muy inferior a la de los otros dos grandes grupos de inmigrantes procedentes de regiones con menor renta per cápita que la española, América Latina y África.

Los inmigrantes asiáticos coinciden con latinoamericanos y africanos en su baja presencia en el conjunto de ocupaciones de “cuello blanco”. En el caso de los asiáticos, estas ocupaciones están “copadas” por los procedentes de China, la India y Filipinas, sin presencia detectable en la EPA de los demás orígenes. Como ocurre en el caso de los inmigrantes africanos, los asiáticos están también completamente ausentes de las Fuerzas Armadas, que exigen la nacionalidad española para la incorporación a sus filas. Sólo un 15% del conjunto de los inmigrantes de origen asiático en España (en el grupo de edad de 25 a 59 años) tiene la nacionalidad española. En el caso excepcional de los inmigrantes filipinos, el porcentaje (para todas las edades) es mucho mayor, del 33%, porque los nacidos en Filipinas se benefician de la misma excepción que los latinoamericanos, andorranos, portugueses, ecuatoguineanos y sefardíes a la norma que exige con carácter general una estancia legal de 10 años previa a la solicitud de ciudadanía. Sin embargo, tampoco en este caso el fácil acceso a la nacionalidad se traduce en presencia en la Administración Pública española ni en las Fuerzas Armadas.

Respecto a los ingresos salariales de los inmigrantes asiáticos, la única fuente disponible, la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)[4] sólo incluye datos relativos a personas de nacionalidad china, los cuales reflejan dos aspectos llamativos. Por un lado, la base media de los cotizantes chinos en septiembre de 2025 se limitó a 1.538 euros, cifra inferior tanto a la de los nacionales de los seis países latinoamericanos incluidos en la estadística de la TGSS, como a la de los marroquíes, a pesar de la nula presencia china en “ocupaciones elementales”, las que generalmente reciben salarios más bajos. Por otra parte, la brecha de género favorable a los hombres es de tan sólo 20 euros (Figura 14), claramente la más reducida de todas las nacionalidades identificadas, incluida la española. Probablemente, el motivo detrás de ambas peculiaridades sea el muy elevado peso en el conjunto de los ocupados chinos de los empresarios y los autónomos, quienes, a diferencia de los asalariados, tienen cierta flexibilidad para reducir su base de cotización declarada. Por tanto, en este caso una menor base de cotización no implicaría necesariamente un menor ingreso real.      

Por último, los datos educativos de los inmigrantes asiáticos de la generación 1.5 (aquellos llegados a España como niños o adolescentes) permiten prever una progresiva mejora de la integración y diversificación laboral de esta comunidad. La tasa de abandono escolar de los jóvenes de entre 16 y 20 años procedentes de Asia es del 23%, en una posición intermedia entre el 15% de los autóctonos y los 34% y 35% respectivamente de latinoamericanos y africanos (Figura 15).  Por otra parte, a diferencia del resto de grupos, no se aprecia brecha de género en dicho abandono. La muestra de la EPA de jóvenes en esta franja de edad desagregada por origen (chino o indostano) es demasiado pequeña para obtener resultados significativos. En este caso, la evidencia anecdótica española parece indicar un menor abandono escolar y, en general, un mayor éxito educativo de los inmigrantes chinos de generación 1.5 o de segunda generación –en comparación con la media del resto de asiáticos, latinoamericanos y africanos–, pero la muestra de la EPA es demasiado pequeña para confirmar esto.

Conclusiones

La inmigración de origen asiático constituye en España una parte muy pequeña del total, el 7%, en claro contraste con la realidad migratoria de países del centro y norte de Europa en los que este tipo de inmigración es la mayoritaria entre la no europea (Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, etc.). España no ha tenido un pasado colonial relevante en Asia (excepto en el caso de Filipinas), mientras que esa herencia colonial explica en buena parte la llegada de grandes números de inmigrantes asiáticos al Reino Unido y a los Países Bajos desde mediados del siglo pasado. España tampoco atrae inmigración desde Turquía, origen de buena parte de la inmigración en el centro de Europa occidental. Cuando esa migración turca hacia Europa comenzó a desarrollarse, en los años 60, coincidió con la salida de migrantes desde España, es decir, en una fase en la que nuestro país no atraía, sino que expulsaba población a través de la emigración. Por último, el asilo ha sido una fuente minoritaria de la llegada de inmigración en España, a diferencia de lo ocurrido en países del norte y centro de Europa, que han acogido un asilo nutrido básicamente por población asiática. Cuando el asilo en España ha empezado a alcanzar cifras relevantes, los peticionarios de origen asiático han sido una pequeña minoría en comparación con los latinoamericanos.

El nivel educativo del conjunto de los inmigrantes de origen asiático en España es intermedio entre el latinoamericano y el africano, con una gran diversidad interna y una mayor formación femenina. La tasa de actividad es muy alta en el caso de los varones y también en el de las mujeres chinas, pero muy baja en el caso de las mujeres procedentes del subcontinente indio, pese a su relativamente alto nivel formativo.

La concentración sectorial de esta inmigración en el comercio y en la restauración es muy pronunciada, sectores en los que gran parte de los inmigrantes de origen asiático se ocupan como empresarios o autónomos. Esta posición en el mercado laboral –la del autoempleo– es otra de las grandes peculiaridades de la inmigración de origen asiático. Puede decirse que esta población inmigrante ha creado su propio “nicho” laboral, lo que se traduce también en su muy pequeña presencia en otros sectores que emplean típicamente a inmigrantes, como la construcción y la agricultura (en la que se emplean inmigrantes pakistaníes, pero no chinos) o el servicio doméstico (en el que la presencia asiática se restringe a la filipina). La inmigración asiática está también prácticamente ausente del empleo público.  

Con una tasa de abandono escolar relativamente baja (en comparación con la de los inmigrantes latinoamericanos y africanos), la integración laboral futura de los ahora jóvenes inmigrantes asiáticos probablemente avance hacia una mayor diversificación sectorial. En cualquier caso, dado el pequeño tamaño en la EPA de las muestras de los subgrupos (chinos, pakistaníes, indios…) la información sobre este aspecto es poco concluyente.

[1] Si bien el subcontinente indio o Indostán está integrado geográficamente por la India, Pakistán, Bangladés, Nepal, Bután, Sri Lanka y Maldivas, la muestra a la que denominamos “Indostanos” está compuesta únicamente por indios, pakistaníes y bangladesíes, dada la ausencia de inmigrantes de los demás países en la muestra de la EPA.

[2] En este análisis la agrupación “Asiáticos” incluye a todos aquellos inmigrantes procedentes de este continente cuyos países o territorios de origen están identificados en la EPA, a excepción de Japón, Corea del Sur, Taiwan, Arabia Saudí e Israel, quienes apenas suponen el 4% de la muestra asiática en la franja de edad de entre 25 y 59 años. Para una información más detallada de las características de estas agrupaciones ver el ARI “Inmigración y mercado de trabajo en España”.

[3] La tasa de actividad se define como el porcentaje de la población del grupo de edad de referencia (en este caso de entre 25 y 59 años) que está ocupada o en búsqueda de empleo, mientras que la tasa de ocupación se define como el porcentaje de la población del grupo de edad de referencia (en este caso de entre 25 y 59 años) que está ocupada. La tasa de paro se calcula sobre el total de población activa en esas edades (no sobre el total de población en esas edades).

[4] La EPA no incluye preguntas sobre ingresos salariales, por lo que se recurre a la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde los individuos aparecen clasificados por nacionalidad y no por país de nacimiento. La base máxima en 2025 es de 4.909 euros mensuales.

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El conflicto no es sólo entre empresas, sino que refleja una pugna más profunda sobre liderazgo, estrategia y el equilibrio de poder entre Francia y Alemania.

Si el FCAS fracasara, no provocaría un colapso inmediato de la seguridad europea. Pero sí confirmaría algo más incómodo: Europa sigue teniendo dificultades para reconciliar la integración industrial con la política de poder. El conflicto no es sólo entre empresas, sino que refleja una pugna más profunda sobre liderazgo, estrategia y el equilibrio de poder entre Francia y Alemania.

En primer lugar, existe una fricción industrial evidente. Dassault ha construido, durante décadas, un nicho de excelencia en aviones de combate basado en la eficiencia tecnológica, la integración de sistemas y el éxito exportador. El control sobre la arquitectura del sistema no es una cuestión simbólica, sino la base de su ventaja competitiva. Airbus, por su parte, encarna una lógica industrial multinacional, en la que Alemania y España aspiran a un reparto más equilibrado del liderazgo y la carga de trabajo. Resolver quién lidera el programa resulta, por tanto, extremadamente complejo.

En segundo lugar, hay una dimensión política. Francia y Alemania ya no parten de la misma posición de poder. El rearme alemán otorga a Berlín mayor margen de maniobra y menos incentivos para aceptar un papel subordinado en un programa emblemático. El hecho de que Berlín haya vinculado explícitamente el desenlace del FCAS a decisiones presupuestarias inminentes refuerza la presión política sobre el calendario y limita el margen para prolongar indefinidamente las negociaciones. El “contrato” franco-alemán en materia industrial de defensa está siendo renegociado en tiempo real.

Pero la fractura más profunda es de carácter estratégico. Francia es una potencia “híbrida”, a la vez marítima y continental, con una cultura estratégica extrovertida que concibe el uso de la fuerza como instrumento de influencia internacional. Es además una potencia nuclear y prioriza la autonomía estratégica. Alemania, en cambio, es una potencia eminentemente continental, centrada en la defensa territorial y el flanco oriental, con una concepción más defensiva y reactiva del uso de la fuerza, y con una fuerte orientación atlántica. Estas diferencias no son meramente conceptuales: se traducen en requisitos militares e industriales distintos. De ahí que la opción de desarrollar dos plataformas diferenciadas dentro del propio FCAS haya dejado de ser una hipótesis marginal para convertirse en una posible vía de salida al bloqueo.  

Al mismo tiempo, las presiones estructurales para cooperar siguen siendo muy fuertes. El coste creciente de las tecnologías militares avanzadas y la competencia global –especialmente con Estados Unidos– hacen que ningún país europeo pueda sostener por sí solo capacidades completas en este ámbito. Sin embargo, cuando se pasa del discurso político al diseño concreto de los programas, emergen los conflictos distributivos: quién lidera, quién captura el valor añadido y qué prioridades estratégicas se imponen.

En el fondo, el FCAS pone de manifiesto un problema más amplio: en Europa, la integración industrial en defensa está intentando adelantarse a la integración estratégica. En condiciones normales, la industria de defensa debería seguir a la política de defensa. Sin embargo, en el contexto europeo, esta última sigue estando en gran medida anclada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El riesgo es, por tanto, poner el carro industrial delante de los bueyes estratégicos.

En caso de colapso, el efecto sería sobre todo político y a largo plazo. Europa no quedaría indefensa, pero sí vería debilitada su credibilidad como actor capaz de desarrollar grandes programas industriales en defensa. Además, aumentaría la fragmentación y, previsiblemente, la dependencia de soluciones no europeas en algunos ámbitos.

En definitiva, el FCAS es un proyecto emblemático, pero no indispensable. Su posible fracaso no supondría un vacío inmediato de seguridad, pero sí un serio revés para la ambición europea de combinar autonomía estratégica, escala industrial y cohesión política. Y, sobre todo, pondría de relieve que, incluso bajo fuertes presiones para cooperar, el futuro de la industria de defensa europea sigue estando condicionado por cuestiones no resueltas de poder, liderazgo y estrategia.

La entrada El FCAS y los límites de la integración industrial en defensa en Europa se publicó primero en Real Instituto Elcano.

• En el tablero del siglo XXI, la ciberdefensa no puede ser sólo un escudo. Sin la capacidad de proyectar fuerza en el ciberespacio, sin una espada, los Estados tienden a la irrelevancia en un mundo en el que el código es el nuevo acero.
• La fabricación de esa espada no puede encomendarse a terceros, pues significa delegar la última línea de defensa. Desarrollar una industria especializada en capacidades ofensivas para el ciberespacio no es solo una urgencia de seguridad nacional, es la única opción posible para garantizar debidamente la disuasión y la supervivencia frente a las nuevas amenazas.
• Solo a través del compromiso firme de todos los actores implicados será posible transformar este complejo desafío en una ventaja estratégica sostenible.

Análisis

Introducción

El ciberespacio se ha convertido en un ámbito más de las operaciones militares, junto a tierra, mar, aire y espacio. En él existen intereses que hay que proteger del adversario, así como objetivos enemigos que pueden ser atacados. Además, un cúmulo de circunstancias da lugar a que en el ciberespacio exista una permanente actividad hostil, con independencia de lo que ocurra en el “mundo real”, y un ecosistema de actores muy heterogéneo en cuanto a capacidades y motivaciones.

Este contexto obliga a los Estados a proveerse de capacidades para operar en el ciberespacio, al igual que lo hacen en los otros dominios, integradas y formando parte esencial del entramado que constituye su defensa nacional.

Lo convulso del entorno geopolítico y la pérdida de confianza en las alianzas tradicionales recomiendan alcanzar el mayor grado posible de autonomía en la obtención de capacidades militares. Y ello obliga a la potenciación de las industrias nacionales de defensa (incluyendo las de ciberdefensa), sector cada vez más tecnificado y complejo.

Este artículo analiza la necesidad actual para un Estado como España de disponer de una capacidad ciberofensiva potente y soberana, así como los condicionantes y dificultades que ello entraña.

Las operaciones militares en el ciberespacio

Desde el origen de los tiempos, el ser humano ha combatido en los ámbitos y con las armas que la tecnología disponible se lo ha permitido. Primero, en los espacios terrestres y marítimos, hasta la aparición sucesiva, ya alcanzado el siglo XX, del dominio aéreo, del espacial y, finalmente, del ciberespacial.

El ciberespacio ofrece al atacante múltiples ventajas (negación plausible, asimetría, accesibilidad, opacidad, agilidad, etc.), motivo por el cual está siendo profusamente empleado por todo tipo de actores para una amplia variedad de fines. Por otra parte, la creciente conectividad, digitalización y automatización amplía enormemente las posibilidades de actuar contra un adversario. Y si en un principio los objetivos se limitaban a las redes y sistemas de información y telecomunicaciones, la convergencia de las tecnologías de la información (IT) y las tecnologías operacionales (OT) ensancha enormemente el abanico de objetivos potenciales, hasta tal punto que raro es el activo que no puede ser afectado por medio de alguna técnica de ciberataque. Adicionalmente, es muy probable que el agresor no limite su acción contra objetivos militares, sino que la amplíe a todo el abanico de posibilidades, incluyendo infraestructuras críticas y servicios esenciales, que se encuentran mayoritariamente en el ámbito privada, como es el caso de los cables submarinos.[1]

La publicación doctrinal conjunta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) AJP-3.2 define las operaciones en el ciberespacio (ciberoperaciones) como aquellas acciones en o a través del ciberespacio destinadas a preservar la libertad de acción amiga o a crear efectos para lograr los objetivos del mando. Esta misma publicación establece los principios rectores de operaciones conjuntas de la OTAN en el ciberespacio, en las que se integrarían las ciberoperaciones ofensivas.

Esta publicación ha sido adoptada por España como norma doctrinal mediante la publicación doctrinal conjunta PDC-3.20, si bien presenta, mediante el procedimiento de “páginas verdes”, algunos matices diferenciales. Entre ellos, algunos relativos a la taxonomía de las operaciones en el ciberespacio. Así, mientras la doctrina OTAN contempla tan sólo dos tipos (defensivas y ofensivas), en la española se incorporan dos categorías adicionales: una denominada de Infraestructura CIS (CISIO) y otra que engloba las operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en y a través del ciberespacio (CISRO), tal y como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Tipos de operaciones en el ciberespacio según la doctrina española (PDC-3.20)

A diferencia del resto de ámbitos operativos, la doctrina operacional en el ciberespacio está construida más sobre supuestos que sobre experiencia y lecciones aprendidas. Esto se explica por esa opacidad antes mencionada, así como por la “juventud” de este nuevo ámbito.

No son muchas las operaciones que han trascendido al conocimiento público. De todas ellas, la más notable ha sido Stuxnet (2010), en la que los atacantes emplearon un sofisticado código específicamente diseñado para comprometer y controlar los controladores lógicos programables (PLC) utilizados para regular las centrifugadoras de la planta iraní de Natanz.

Más allá de su complejidad técnica, Stuxnet supuso un salto cualitativo en las operaciones en el ciberespacio, al evidenciar que el código informático podía causar un efecto físico tangible. Una operación y un ciberarmamento con un nivel de sofisticación no conocido hasta entonces, que trascendieron más allá de los círculos especializados en seguridad y defensa.

Han transcurrido más de 15 años desde que Stuxnet se hizo público y desde entonces muchos Estados se han dotado con capacidades militares para operar en el ciberespacio. En España, en el año 2013, se creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), que evolucionó en 2020 a Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), ampliando su misión y cometidos.

Ciberarmas

El desarrollo de operaciones militares en el ciberespacio requiere un armamento específico, requisito indispensable para que un entorno sea considerado ámbito operacional.

No existe una definición universal de “ciberarma” que pueda aplicarse a cualquier contexto. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU) evita emplear este término y lo sustituye por “capacidad en el ciberespacio”, refiriéndose a cualquier instrumento –material o digital– capaz de producir efectos físicos o funcionales sobre sistemas de información, redes e infraestructuras críticas. Estos efectos incluyen la manipulación o denegación de acceso a datos, así como la interrupción de servicios esenciales. Por su parte, en la doctrina OTAN y española, el enfoque es similar: se evita definir estrictamente “ciberarma” y se prioriza la noción de ciberoperación, entendida como acción en o a través del ciberespacio destinada a generar efectos militares. De ello se infiere que una ciberarma equivaldría al conjunto de capacidades técnicas –código, vectores de ataque, infraestructura de mando y control– necesarias para ejecutar operaciones que degraden, manipulen o destruyan sistemas adversarios.

El Manual de Tallin 2.0 desarrollado por expertos en derecho internacional y ciberoperaciones para trasladar el derecho internacional humanitario (DIH) al ciberespacio, sí que define las ciberarmas: “cualquier medio o método de guerra diseñado o adaptado para causar muerte, lesiones o daños”.[2] Esto implica que, para considerarse arma, un malware debe generar efectos comparables a los de un ataque cinético tradicional. Basándonos en esta definición, bastante discutida, un malware diseñado para recopilar información o inteligencia sin causar daños físicos o funcionales no sería un arma desde esa perspectiva, sino un medio para la obtención de inteligencia, por lo que no estaría sujeto a los principios del DIH, pero sí a las reglas de neutralidad y no injerencia.

Para este trabajo optamos por una aproximación pragmática y consideraremos “ciberarmas” tanto las que posibilitan acciones de sabotaje como de espionaje en o a través del ciberespacio, en tanto su naturaleza es similar con relación a lo que más nos interesa examinar: la necesidad de su posesión, la dificultad de su obtención y la complejidad de su empleo.

Pese al secretismo oficial, diversos episodios han puesto de manifiesto la existencia de ciberarsenales estatales. Entre 2016 y 2017, el grupo The Shadow Brokers filtró herramientas de la National Security Agency (NSA). Entre ellas, el exploit EternalBlue, posteriormente empleado en ataques de efecto global como WannaCry y NotPetya.[3]

Por otra parte, hay que tener muy en cuenta algo también exclusivo del ciberespacio: la existencia de actores no estatales con importantes capacidades ofensivas. Esto ya lo reflejaba muy bien en 2021 la reportera del New York Times Nicole Perlroth, en su bestseller Así es como me dicen que acabará el mundo,[4] en el que analiza cómo las ciberarmas han pasado de manejarse en círculos reducidos y ligados a la defensa nacional a venderse y comprarse en un mercado negro al que también tienen acceso mercenarios, terroristas y grupos delincuenciales.

Y también hay que considerar las tecnologías duales, entendidas como aquellas que pueden ser utilizadas tanto para fines militares como civiles y comerciales (por ejemplo, herramientas para test de penetración o hacking ético), pero cuya condición o no de arma dependerá de la intencionalidad con la que se use en cada caso (un martillo no se vende en una armería, pero puede emplearse como arma). En cualquier caso, esa dualidad deberá tenerse en cuenta para ciertos aspectos; por ejemplo, para controlar o limitar su exportación.

¿Por y para qué necesitamos ciberarmas?

Hoy en día, las operaciones militares dependen completamente del ciberespacio. La conducción de las operaciones o la obtención de inteligencia dependen en buena parte de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las redes y sistemas en las que se sustentan. Por todo ello, es fácilmente entendible que cualquier incidente en el ciberespacio puede tener un efecto sensible en cualquiera de los otros ámbitos: por ejemplo, la degradación de un sistema de defensa aérea o la inutilización de un sistema de mando y control mediante la inserción de un malware.

Por otra parte, los sistemas de armas y combate se han convertido en conglomerados de hardware y software que generan e intercambian información y datos de forma continua y que contienen infinidad de elementos que pueden ser ciberatacados, por lo que, para un cazabombardero o una fragata contar con un sistema de ciberdefensa puede llegar a ser vital, ya que un malware puede constituir una amenaza tan seria (y seguramente más probable) que un misil o un torpedo.

Todo ello nos lleva a afirmar que la dependencia creciente del ciberespacio hace impensable alcanzar la libertad de acción en cualquier ámbito operativo sin poseerla previamente en el ciberespacio. Pero en cualquier ámbito operativo, también en el ciberespacio, solamente es posible asegurar la superioridad mediante la posesión (y empleo) de capacidades ofensivas, puesto que no puede existir superioridad en un ámbito sin tener la capacidad de hacer daño al adversario.

Pero hay más. La capacidad de disuasión es uno de los elementos más importantes para la seguridad y la defensa. La carencia de capacidades ofensivas en el ciberespacio obligaría a hacer descansar todo el poder de la disuasión en la negación, buscando que el atacante desista en sus intenciones haciéndole ver sus escasas posibilidades de éxito, postura de dudosa efectividad contra actores persistentes y altamente cualificados y motivados. Vendría a ser como si en un combate de boxeo sin límite de asaltos uno de los contendientes tratara de defenderse atrincherándose en un rincón del ring, renunciando a golpear a su rival.

Por último, está el asunto de la soberanía estratégica. La resistencia de los Estados a compartir con sus aliados información sobre sus capacidades y el secretismo que sigue rodeando a todo lo relacionado con cibercapacidades ofensivas está dificultando algo ya hace décadas superado en el resto de los ámbitos operativos: la construcción de capacidades ofensivas combinadas. Por tal motivo, en la Cumbre de Bruselas de 2018, la OTAN acuerda la creación del Cyber Operations Centre (CyOP) y se establece un marco para que los aliados “proporcionen capacidades cibernéticas a la OTAN para su uso en misiones y operaciones”, denominado posteriormente Sovereign Cyber Effects Provided Voluntarily by Allies (SCEPVA).

SCEPVA permite a las naciones aliadas que poseen capacidades ofensivas en el ciberespacio ponerlas voluntariamente a disposición de la Alianza para su uso en operaciones o misiones conjuntas de la OTAN. El objetivo es integrar las cibercapacidades avanzadas de sus miembros con fines de defensa colectiva, sin forzar a la renuncia a la soberanía de esas capacidades. De esta forma, se consigue que los comandantes de la OTAN tengan más opciones de respuesta para crear efectos en el dominio ciberespacial cuando sea necesario, coordinando y sincronizando estas herramientas soberanas para alcanzar objetivos militares a través del CyOP.

La ciberarma perfecta

¿Qué características y requisitos funcionales y operativos debería reunir la “ciberarma perfecta”?

Obviamente, estarán condicionadas por el objetivo, la intencionalidad (efectos perseguidos) y las circunstancias de la operación en la que se vaya a emplear (en el marco de un conflicto armado, en respuesta a una agresión o ataque inminente, en situación de crisis, en tiempo de paz). No obstante, hay una serie de aspectos que, por regla general, habrá que tener en cuenta en su diseño. 

Por ejemplo, la capacidad de ocultación y de evasión, que facilitará el alcanzar el objetivo sin ser detectado, la persistencia en el sistema objetivo el tiempo necesario para cumplir la misión, así como la desaparición rápida y sin dejar rastro en caso de necesidad. Algunas formas de conseguir este objetivo:

• Uso de exploits de día cero (Zero-Day exploits): la utilización de códigos que empleen vulnerabilidades desconocidas facilita evadir la detección por parte de los sistemas de defensa y alcanzar un acceso profundo, privilegiado y persistente.
• Detección nula (Zero detection): busca hacerla indetectable por cualquier técnica conocida y durante todo su ciclo de vida.
• Resiliencia y persistencia: permite que el código sobreviva a reinicios del sistema, parches y actualizaciones de seguridad, e incluso a la reinstalación del sistema operativo.
• Ausencia de firma: en caso de detección, impide o dificulta que el adversario obtenga indicadores de compromiso (IOC) de bajo nivel (IP, hashes, nombres de dominio, etc.) o conductuales (TTP) que posibiliten la reducción de su futura eficacia.
• Operación sin archivos (Fileless): residiendo y operando primariamente en la memoria RAM o utilizando herramientas legítimas del sistema se dificulta la detección y la obtención de inteligencia técnica.

Otra característica que puede ser necesaria para ataques dirigidos a objetivos muy específicos (ataques quirúrgicos) es la capacidad de discriminación de objetivos (precisión), reduciendo al máximo los efectos colaterales no deseados, como daños a infraestructuras civiles o efectos perjudiciales sobre actores neutrales o aliados. Ello puede conseguirse a través de:

• Orientación precisa (Targeted): la ciberarma y su empleo han de estar diseñados para impactar en un solo objetivo específico, con coordenadas binarias o lógicas exactas. Fuera de ese entorno objetivo, debería ser imposible su actuación.
• Mecanismo de “Kill Switch”: se basa en incluir un “interruptor de autodestrucción” que permita la neutralización remota y eliminación de trazas en caso de ser descubierta, de estar actuando de forma indeseada o por cualquier otra circunstancia.
• Lógica de daño específico: implica precisar y limitar la función dañina sobre el sistema objetivo, evitando daños colaterales innecesarios y, al mismo tiempo, reduciendo la posibilidad de detección (por ejemplo, sabotear únicamente un elemento específico en una planta industrial).

Escalabilidad y flexibilidad pueden ser requisitos fundamentales en determinadas misiones. Para conseguir estos objetivos, existen diferentes técnicas que pueden ser empleadas de forma singular o combinada:

• Capacidad de propagación autónoma: supone dotar al malware de la capacidad de autorreplicarse y propagarse a otros sistemas dentro del mismo entorno, de forma sigilosa, controlable y sin intervención humana adicional, una vez lograda la intrusión inicial.
• Modularidad: implica un diseño modular que permita actualizar, modificar o cambiar la carga útil (payload) sin alterar el mecanismo de infección e intrusión, lo que facilita su empleo en diferentes sistemas o con diferentes finalidades (espionaje, borrado, modificación, etc.).
• Interoperabilidad de protocolos: consiste en dotar al malware de la capacidad de comunicarse y moverse lateralmente a través de diferentes sistemas operativos, entornos de red y protocolos IT, OT e IoT.

La atribución nula (negación plausible) puede ser una característica irrenunciable si la acción se enmarca fuera de un conflicto armado, por ejemplo, en la denominada Fase 0 (fase previa a las hostilidades) o enmarcada en una campaña de guerra híbrida. Algunas aproximaciones para lograr esta característica son las siguientes:

• Bandera falsa (false flag): se fundamenta en la inclusión de tácticas y técnicas, artefactos, fragmentos de código, marcas de tiempo, idioma, etc. comúnmente asociados a un actor concreto, de manera que, en caso de detección y análisis forense del código, apunten convincentemente a un adversario distinto al verdadero atacante.
• Infraestructura de mando y control (C2) desechable: implica el uso de una red C2 compleja, distribuida, cambiante y efímera, que no permita el rastreo hacia su origen/propietario. Ello puede conseguirse mediante el uso combinado de técnicas muy diversas, como el empleo de servidores adquiridos con criptomonedas, máquinas virtuales, redes TOR o diodos, entre otras.
• Complejidad en la ingeniería inversa:se basa en el empleo de técnicas de codificación complejas que desincentiven o imposibiliten la ingeniería inversa del malware, como la ofuscación de código, el anti debugging, o el anti VM (virtual machine).

Por último, y en función del objetivo y efectos perseguidos, hay que establecer el nivel de efecto y letalidad de la carga útil:

• Daño físico: si la finalidad es el sabotaje de una infraestructura crítica (por ejemplo, una red eléctrica o un sistema de control industrial), la ciberarma ha de ser capaz de traducir acciones en el plano lógico (por ejemplo, alteraciones del código de los elementos víctima) en efectos en el plano físico e, idealmente, sin dejar evidencia de la intrusión.
• Velocidad o tiempo de ejecución:permite el control del cuándo y cómo: rapidez de ejecución de la acción, instante o bajo qué circunstancias debe iniciarse, etc.

Stuxnet se acerca a este ideal al cumplir varias de estas características: utilizó múltiples 0-days, se dirigió a un sistema OT/SCADA muy específico y prácticamente aislado, causó un daño físico importante y todo ello con un grado de sigilo sin precedentes. Desde entonces, se han producido numerosos avances tanto en las tecnologías como en las técnicas de ataque, por lo que lo que en su día se consideró el “ciberarma perfecta” ha sido ampliamente superada.

Uso de las ciberarmas

Aunque existen variantes más simples, en términos generales un ciberataque dirigido sigue un proceso denominado kill chain (Figura 2) cuyas fases son:

Figura 2. Fases de la Cyber kill chain

• Reconocimiento: en la que el atacante recopila información del objetivo con la que planificará el ataque.
• Armamento: preparación de la ciberarma que mejor se adapte al objetivo y a las vulnerabilidades explotables identificadas en la fase anterior, normalmente constituida por exploit y payload (carga útil) en un paquete entregable.
• Entrega: el atacante transmite el arma al objetivo a través de algún medio (una memoria USB, un código QR, un sitio web comprometido, un correo de phishing…).
• Explotación: el atacante gana acceso al objetivo mediante la ejecución de código malicioso, explotando alguna vulnerabilidad del sistema objetivo.
• Instalación: el atacante instala un malware (por ejemplo, una puerta trasera), creará puntos de persistencia e instalará herramientas de acceso remoto, con el fin de establecer un punto de apoyo duradero y resistente en el objetivo.
• Mando y Control (Command and Control, C2):el atacante establece un canal de comunicación bidireccional y sigiloso con el sistema comprometido, obteniendo su control operativo remoto.
• Acciones sobre el objetivo: actividades típicas de esta fase son los movimientos laterales, elevación de privilegios y recopilación de datos, que posibilitarán la ejecución de las acciones clave en función del objetivo final perseguido. Si es ciberespionaje, identificar y empaquetar información sensible y transferirla fuera de la red. Si es sabotaje, destruir sistemas o interrumpir el servicio (ej. ransomware o wiper).

La traducción de la kill chain al ámbito de las operaciones militares requiere ampliar el proceso con numerosos pasos adicionales; por ejemplo, los encaminados a garantizar el respeto al DIH. De esta forma, el desglose de fases y subfases de una ciberoperación ofensiva podría ser algo parecido a lo que refleja la Figura 3.

Figura 3. Fases de una ciberoperación ofensiva militar

En cualquier caso, esto muestra que, además de la ciberarma (exploit + payload), va a ser necesario contar con una infraestructura adicional que apoye en cada fase y garantice aspectos como la seguridad operacional (OPSEC). Y, como se señaló anteriormente, en muchos casos será necesario que esa infraestructura sea indetectable, desechable y cambiante para dificultar la detección, trazabilidad y atribución de las acciones.

Cómo obtener ciberarmas

A diferencia de los ámbitos tradicionales, en los que una amplia mayoría de unidades pueden usarse con fines tanto defensivos como ofensivos (tropas, carros de combate, buques de guerra, aviones de combate), en el ciberespacio, el poder ofensivo y defensivo dependen de capacidades (infraestructuras, herramientas, especialistas) absolutamente diferentes e independientes entre sí. Por lo general, en el ciberespacio lo que se usa para defenderse tiene nulo valor ofensivo; y viceversa.

Esto obliga a adoptar estrategias diferentes para dotarse de los medios necesarios para las operaciones defensivas y las ofensivas. Por otra parte, los medios defensivos poco o nada se diferencian de los que se emplean en la protección de activos en infinidad de ámbitos, por lo que son, fundamentalmente, los mismos que se emplean de forma profusa en el ámbito de la ciberseguridad y, por tanto, ampliamente conocidos y sobre los que existe una amplia industria.

Por el contrario, los medios ofensivos, salvo aquellas herramientas de uso dual (por ejemplo, las empleadas para pentesting), son muy difíciles de obtener. Por lo tanto, es preciso abordar su obtención de forma diferente.

En los orígenes de muchas de las unidades militares especializadas en el combate en el ciberespacio (caso, por ejemplo, del actual MCCE), existió una fuerte tendencia a autodotarse de herramientas ciberofensivas. Esto, que resultaría absolutamente impensable en el resto de los ámbitos operativos, era algo a lo que prácticamente obligaba la suma del absoluto secretismo que rodeaba todo lo relacionado con estas capacidades, la ausencia de un mercado formal y la nula experiencia en la obtención y uso de “armamento” para las ciberoperaciones. Esto colocaba a los recién creados “comandos ciberespaciales” en una situación similar a la de los guerreros de la Prehistoria, fabricando las hachas de sílex con las que habían de combatir.

Con el paso de los años, las cosas han ido yendo a su sitio y hoy estas unidades tienden a nutrirse de herramientas que les proporciona la industria de ciberdefensa, de forma similar a como se hace en el ámbito terrestre, naval o aeroespacial. No obstante, persisten algunas peculiaridades que hacen que los procedimientos habituales de obtención de armamento y material sean de mal encaje para obtener sistemas de armas para el ciberespacio, lo que obliga a un tratamiento diferenciado. Por otra parte, el apartado dedicado a la “ciberarma perfecta” nos demuestra que su diseño requiere una combinación muy específica y altamente sensible de recursos humanos, técnicos, financieros y legales, nada fácil de obtener.

De todos ellos, el recurso humano es el más crítico y habrá de contemplar perfiles muy diversos e hiperespecializados (habitualmente, exclusivos y muy caros), que generalmente deberán estar en posesión de sus correspondientes habilitaciones de seguridad (HPS). Entre ellos, analistas de vulnerabilidades, ingenieros de exploiting, desarrolladores de código dañino y especialistas en operaciones ofensivas, entre otros.

El que la organización cuente a su vez con expertos en operaciones defensivas y en inteligencia de ciberamenazas supondrá un alto valor añadido, al poder evaluar su efectividad e incorporar técnicas y tácticas desarrolladas por otros actores.

En cuanto a los recursos tecnológicos y de infraestructura, que deberán ser altamente seguros y estar debidamente aislados y certificados (HSEM, HSES, ZAR), será preciso contar con:

• Laboratorios: entornos de prueba de exploits y malware completamente aislados para garantizar que las vulnerabilidades y las herramientas desarrolladas no puedan ser accedidas por personal ajeno al proyecto.
• Hardware y plataformas de pruebas: amplio inventario de hardware y software objetivo (sistemas operativos, firmware, dispositivos IoT, redes OT/ICS) para replicar entornos y realizar pruebas de viabilidad y compatibilidad. Esta infraestructura es esencial para garantizar la funcionalidad y no detección en los entornos reales.
• Catálogo interno de capacidades: repositorio interno y protegido para almacenar, catalogar y gestionar las vulnerabilidades 0-day disponibles y los exploits asociados.

Como se ha explicado anteriormente, esa industria debe ser capaz de proveer sistemas de armas completos. Es decir, no únicamente las “ciberarmas”, sino también las infraestructuras tecnológicas sin las cuales sería imposible su empleo: plataformas y repositorios anonimizados, VPN, proxies, VPS, etc., puesto que carecer de ellas vendría a ser lo mismo que contar con los misiles sin disponer de los medios para su lanzamiento al objetivo. Y, también muy importante, proveer al ámbito militar de la formación necesaria para su empleo, que puede ser complicado.

Por tanto, ser fabricante de ciberarmas implica acometer un gran esfuerzo (económico, organizativo, de reclutamiento) para adquirir los recursos necesarios, asumir el riesgo de una importante inversión asociada a un retorno muy incierto y aceptar un alto grado de secretismo en los desarrollos, una clientela muy reducida y muy probables limitaciones a la comercialización internacional.

En contrapartida, el potencial cliente (que, en el fondo, no es otro que el Estado) ha de entender que al adquirir esos escasos y raros productos no solamente paga por ellos, sino también por el sostenimiento vital de una industria cuya única razón de existir es la de producir esos recursos imprescindibles para la defensa nacional y cuya única posibilidad de supervivencia es la rentabilidad económica. Y que ha de contemplar, incluso, el apoyar y favorecer la venta de esos productos a Estados aliados, con las debidas garantías.

Conclusiones

El ciberespacio se ha consolidado como el quinto dominio militar, resultando indispensable para cualquier operación moderna. La dependencia crítica de los sistemas de mando, control, comunicaciones e inteligencia, sumada a la creciente digitalización de las plataformas, convierte la accesibilidad y seguridad de este ámbito en la piedra angular de la defensa actual.

Por otra parte, la superioridad operativa es inalcanzable sin capacidades ofensivas. En este dominio transversal, la libertad de acción global depende de la hegemonía previa en la red. Asimismo, disponer de medios de respuesta propios es vital no sólo para neutralizar amenazas, sino para vertebrar una disuasión creíble basada en la represalia.

La evolución del contexto geopolítico recomienda cada vez más contar con una autonomía estratégica, para la cual es imprescindible contar con una sólida industria de defensa nacional.

En definitiva, contar con una “ciberespada” nacional no es sólo una necesidad técnica, sino un imperativo estratégico que refuerza la ventaja competitiva y la capacidad negociadora del Estado ante terceros en el escenario internacional.

El problema es que no existe un mercado de capacidades ciberofensivas similar al que encontramos en otros ámbitos operativos. A ello hay que sumar que la obtención de estas capacidades requiere disponer de personal, infraestructuras y medios muy especializados, escasos y complejos de obtener, y que esa industria debe ser capaz de proveer sistemas de armas completos.

En consecuencia, esa industria de ciberdefensa que se especialice en este subsector “ofensivo”, que podríamos calificar de nicho, tiene que estar dispuesta a aceptar unas reglas del juego muy particulares: una fuerte inversión y esfuerzo para dotarse de los recursos necesarios, asumir el riesgo de un retorno muy incierto, un altísimo grado de secretismo en los desarrollos, anonimización de infraestructuras y productos, clientela muy reducida y más que probables limitaciones a la comercialización internacional.

Reglas que, por supuesto, también ha de aceptar el cliente, que deberá favorecer la continuidad del negocio (e, incluso, apoyar la exportación) y que deben verse reflejadas en el precio de unos bienes y servicios que son muy difíciles de obtener y mantener.

[1] Douglas R. Burnett, Robert Beckman y Tara M. Davenport (2014), “Submarine Cables: the Handbook of Law and Policy”, Martinus Nijhoff Publishers.

[2] Michael N. Schmitt (coord.) (2017), Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare, Cambridge University Press, Cambridge.

[3] Antonio Villalón Huerta (2025), Cyber GRU. Russian military intelligence in cyberspace, Naullibres, Valencia.

[4] Nicole Perlroth (2021), This is how they tell me the world ends, Bloomsbury Publishing USA.

La entrada No basta con el escudo, necesitamos la espada: la obtención de capacidades ofensivas para el ciberespacio se publicó primero en Real Instituto Elcano.

El Índice Elcano de Presencia Global confirma el ascenso sostenido de China en el sistema internacional durante las últimas décadas. Este avance se ha articulado principalmente a través de la dimensión económica, que constituye el núcleo de su proyección exterior, aunque en la última década también se aprecia un crecimiento significativo de su presencia militar. El patrón resultante refleja una estrategia de expansión integral, con una base económica robusta y un componente de seguridad cada vez más visible.

La distribución geográfica de esta proyección revela dos rasgos centrales. En primer lugar, la prioridad concedida a su vecindad inmediata, especialmente en Asia-Pacífico, donde China ha consolidado su posición como actor dominante. En segundo lugar, una estrategia de reducción de riesgos que apuesta por la diversificación de socios y mercados, con el objetivo de mitigar vulnerabilidades derivadas de tensiones con las principales potencias occidentales.

En este contexto, China ha reducido su exposición relativa a Estados Unidos (EEUU), la Unión Europea (UE) y Japón, al tiempo que ha intensificado sus vínculos con el denominado sur global. No obstante, esta reorientación no es homogénea. Su presencia se encuentra firmemente asentada en Asia-Pacífico, seguida de América Latina, mientras que en África y Oriente Medio la evolución ha sido más moderada y desigual.

De cara al futuro, el escenario es incierto. El año 2024 marca el primer ejercicio en el que se observa una reducción de la presencia global china, tanto en términos absolutos como relativos. Este cambio podría señalar un punto de inflexión en la trayectoria expansiva de China o, alternativamente, una corrección coyuntural en un proceso de largo recorrido.

Este documento plantea cuestiones relevantes acerca de la trayectoria internacional de China, así como del carácter global o regional de dicha potencia. Se espera que sirva para proporcionar datos y evidencia robusta sobre la evolución de la globalización y la multipolaridad.

Introducción

Bien es sabido que el proceso de globalización de las últimas décadas no podría entenderse sin el auge de Asia, particularmente de China, y el progresivo desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia el Pacífico. Un ascenso apoyado en una estrategia de desarrollo orientada a la exportación y en un rápido avance tecnológico que, mediante un papel activo del Estado, ha transformado profundamente su estructura productiva. Desde las estrategias iniciales de atracción de procesos de deslocalización industrial en los eslabones de menos valor añadido, China ha ido consolidando sus capacidades productivas mediante un proceso de aprendizaje y desarrollo tecnológico y una política industrial activa que le ha permitido ascender hacia actividades de mayor valor añadido, e incluso alcanzar el liderazgo en tecnologías más avanzadas, desafiando la tradicional primacía de EEUU, la UE y Japón.

El modelo político y económico chino se extiende a la concepción que tiene China sobre el orden internacional, marcadamente Estado-céntrica y postwestfaliana. En ella, la soberanía y el control político ocupan un lugar central, frente al paradigma neoliberal de mayor primacía de los mercados y de los actores privados, y en consecuencia un papel estatal más difuso (Esteban, 2025). El superávit comercial de China le otorgó una creciente capacidad de financiación exterior, en parte orientada al mercado de deuda estadounidense, fortaleciendo así una interdependencia comercial y financiera entre ambos que era entendida, hasta fechas recientes, como un mecanismo de seguridad internacional. Pero a medida que se intensificaba esa interdependencia y China ascendía posiciones en las cadenas de producción más tecnológicas, la lógica predominantemente cooperativa ha evolucionado hacia una rivalidad directa con EEUU, con implicaciones para la UE, y al desarrollo de estrategias de autonomía estratégica (Esteban et al., 2025).

La globalización actual está por tanto caracterizada por una creciente fragmentación y rivalidad geoestratégica (Gracia y González, 2025). Frente a la idea de un espacio global homogéneo, se configura una articulación de la economía mundial en torno a distintos espacios de integración regional, que por otro lado ya fueron los focos centrípetos de la globalización hasta ahora conocida, y una gobernanza ampliada a sus respectivas áreas de influencia.

La brecha entre la proyección real de los países y las narrativas interesadas sobre su expansión e influencia es una de las claves para entender el nuevo orden internacional. Por ello esta publicación analiza la evolución de China en el Índice Elcano de Presencia Global aportando datos desagregados geográficamente, con el objetivo de conocer con precisión de qué modo se articula con las distintas regiones del mundo y cómo se alinean estos resultados con sus prioridades declaradas en su estrategia de política exterior. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse hasta qué punto China es realmente una potencia global, si ha incrementado su proyección de forma homogénea en todas las regiones o si dicha proyección adopta patrones similares en todas ellas. Una publicación que se suma a ejercicios previos dedicados a EEUU (Olivié y Gracia, 2024) y a la UE (Olivié y Gracia, 2020), completando así un análisis geográfico del modo en que se han articulado geográficamente los principales protagonistas del procesos de globalización de las últimas décadas.

Imagen: Vista de una zona portuaria en Kowloon, Hong Kong, China. Foto: Chunyip Wong / Getty Images.

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Sin embargo, pese a haber ganado el galardón más prestigioso en su categoría, muchos en Rusia critican abiertamente la película y no se trata únicamente de partidarios de la guerra o del régimen de Putin.

El documental cuenta la historia del educador escolar Talankin y su escuela en Karabash, una pequeña ciudad industrial de unos 10.000 habitantes en la región de Cheliábinsk, en los Urales. Talankin, de 35 años, era un profesor muy respetado en su localidad. En 2018 ganó el concurso regional “Líder del siglo XXI”, sus alumnos obtuvieron un premio en un festival local por una película rodada bajo su dirección y en 2021, durante la pandemia del COVID-19, el alcalde elogió un modelo virtual de Karabash que sus estudiantes habían creado en Minecraft. Tras la invasión rusa de Ucrania, a Talankin se le asignó filmar clases de propaganda en las que se enseñaba a los niños los argumentos del Kremlin sobre los supuestos fines nobles de la guerra y la injusticia de Occidente hacia Rusia. Los fragmentos de esas clases de propaganda, llamadas en Rusia “Conversaciones sobre cosas importantes”, constituyen el eje central de la película. En una escena, una profesora, leyendo un guion propagandístico, tiene dificultades para pronunciar las palabras “desnazificación” y “desmilitarización”, los argumentos oficiales con los que el Kremlin justifica la agresión contra Ucrania. En otra escena, un profesor de Historia explica a los niños que, en un futuro cercano, Francia y el Reino Unido sufrirán un colapso económico porque su población ya pasa hambre debido a las sanciones contra Rusia. Otra secuencia del documental muestra a mercenarios del ya desaparecido Grupo Wagner aconsejando y enseñando a los niños cómo lanzar granadas.

Lo que Talankin muestra en una escuela de una ciudad de provincia es lo mismo que ocurre en miles de centros en toda Rusia. Antes de la invasión de Ucrania, el Kremlin articulaba su propaganda y la educación patriótica a través de la memoria vinculada a la Segunda Guerra Mundial, alrededor de las actividades del Regimiento inmortal: una performance, una procesión gigantesca que se celebra en las principales ciudades dentro y fuera de Rusia cada 9 de mayo –el Día de la Victoria– desde 2012. Tras la invasión de Ucrania en 2022, el Estado adoptó la propaganda masiva en la educación, que es un elemento más para divulgar la guerra en Ucrania como el mito fundacional de la nueva identidad rusa. Desde 2012, las clases con veteranos de guerra ya eran habituales, así como la difusión de justificaciones aprobadas por el Kremlin de la anexión de Crimea y la toma de territorios ucranianos, desde 2014. Al ver la película, resulta fácil imaginar cómo esas mismas “Conversaciones sobre cosas importantes” se repiten a diario en toda Rusia, desde Moscú hasta Vladivostok.  

Sin embargo, pese a haber ganado el galardón más prestigioso en su categoría, muchos en Rusia critican abiertamente la película y no se trata únicamente de partidarios de la guerra o del régimen de Putin. Se repiten varias objeciones: que el documental está producido “para exportación”, orientado a audiencias extranjeras y jurados de festivales, pero sobre todo por el hecho de que su éxito ha cerrado la puerta a un análisis más profundo de lo que ocurre en las escuelas rusas. En Rusia, todo el mundo conoce la existencia de propaganda en las instituciones educativas (es una costumbre de la época comunista) y, para muchos, la película no aporta nada nuevo ni profundiza más allá de lo ya ampliamente documentado. Los críticos también señalan cierta artificialidad, especialmente en los monólogos de Talankin. Además, el documental presenta a niños pasando por detectores de metales como símbolo de una dictadura militar, cuando en realidad es un procedimiento estándar en las escuelas rusas antes de los exámenes finales y no tiene relación con la guerra.

La filmación de menores sin consentimiento parental es otro punto polémico que las autoridades rusas han utilizado oficialmente. Desde el punto de vista ético, todos los participantes deberían dar su consentimiento documentado y los menores no pueden ser filmados sin autorización de sus padres o tutores. Este es precisamente el argumento que ha empleado el Consejo Presidencial de Derechos Humanos, que ha presentado una queja ante los organizadores de los Óscar por una supuesta vulneración de los derechos de los niños. Por otro lado, Talankin no filmaba en secreto. Niños y padres sabían que estaban siendo grabados tanto para el Ministerio regional de Educación como para sus propios proyectos: “Es curioso que durante todos estos años venía, nos grababa y decía que saldríamos en la BBC. Nos reíamos de él como si fuera un idiota. Y ahora va a los Óscar. No creo que él mismo se lo creyera”, dijo un antiguo alumno de Talankin antes de la ceremonia.

El filme ha sido recibido con entusiasmo en Occidente, donde se ha interpretado como una ventana directa al funcionamiento del aparato propagandístico ruso. Sin embargo, muchos observadores rusos, incluso sectores críticos con el régimen, han cuestionado su valor analítico. La película no revela nada sustancialmente nuevo: la presencia de propaganda en las escuelas es ampliamente conocida y está documentada desde hace años. Desde esta perspectiva, el documental no descubre una realidad oculta, sino que la presenta en un formato accesible para públicos internacionales. La divergencia entre los críticos occidentales y los críticos del régimen de Putin refleja una de las objeciones más relevantes al documental: la acusación de que la película está concebida “para exportación”. Es decir, que selecciona y organiza el material con el objetivo de resultar comprensible y emocionalmente eficaz para audiencias que buscan confirmar una determinada imagen de Rusia. Bajo esta lógica, la obra no sería simplemente un testimonio, sino una construcción narrativa que simplifica un fenómeno complejo.

Algunas observaciones concretas refuerzan esta idea. El verificador Ilya Ber ha señalado inexactitudes factuales, como la supuesta calificación de Karabash por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “la ciudad más sucia del mundo”, una afirmación sin respaldo documental. La figura de Talankin también se sitúa en el centro de esta ambigüedad. El documental lo presenta como un individuo en riesgo que logra sacar material sensible del país, mientras que algunos críticos cuestionan la magnitud de ese peligro, señalando que trabajaba en un entorno donde sus opiniones eran conocidas y que la difusión posterior de la película no ha sido completamente bloqueada en Rusia. Esta tensión no es menor, ya que afecta a la credibilidad del relato y a la interpretación de la obra como acto de resistencia.

En última instancia, la controversia en torno a Mr. Nobody Against Putin revela menos sobre el contenido del documental que sobre las condiciones de su recepción. Para el público occidental, funciona como una revelación; para muchos rusos, como una simplificación y como algo que todo el mundo conoce y sobrelleva en Rusia.

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• La creación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) y la salida de Malí, Burkina Faso y Níger de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en enero de 2025 han generado una fractura institucional sin precedentes en África Occidental, con dos marcos regionales paralelos con serias dificultades para cooperar. Para preservar la integración continental y la lucha antiterrorista conjunta, la Unión Africana (UA) debería encontrar un encaje a la AES en su arquitectura institucional, siendo la opción más pragmática su reconocimiento como nueva comunidad económica regional.
• La escisión de la AES ha reconfigurado las alianzas en la región en tres grupos diferenciados: vecinos afines (Togo, Chad y Guinea-Conakri), equidistantes (Senegal y Ghana) y enfrentados (Benín, Costa de Marfil y Nigeria). El factor determinante de cada postura no es económico ni securitario, sino ideológico: la afinidad con el modelo autoritario y el discurso neosoberanista de las juntas militares sahelianas.
• La sucesión de golpes de Estado y la creación de la AES llevaron a la Unión Europea (UE) y a España a replegar su dispositivo de seguridad en el Sahel y a reducir su ayuda al desarrollo, aunque con matices: mientras que los cambios inconstitucionales de gobierno acentuaron la tendencia descendente de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) europea, España ha recuperado sus niveles de ayuda, mostrando un compromiso más sostenido con la región. El principal reto al que se enfrentan ambos actores es sobrellevar la tensión entre su vocación normativa –la defensa de la democracia y el Estado de derecho– y la necesidad pragmática de mantener abiertos los canales de cooperación con las juntas militares sahelianas.  

Análisis

A pesar de casi una década de presencia militar internacional, la violencia yihadista continúa intensificándose y expandiéndose en el Sahel central. La misma población maliense que en 2012 había recibido entre aplausos a las tropas francesas de la operación Serval, terminó manifestándose contra lo que percibía como una presencia neocolonial. Acusaciones similares de injerencia alimentaban la frustración de amplios segmentos de la población también en Burkina Faso y Níger, conduciendo al rechazo en toda la región de la presencia militar francesa, y, por extensión, europea y de las Naciones Unidas. A la inseguridad creciente se sumaban persistentes déficits de gobernanza y desarrollo económico, que en conjunto acentuaron la desafección ciudadana hacia sus gobiernos democráticamente elegidos.

En Malí, este descontento se tradujo en importantes oleadas de protestas entre 2019 y 2020 contra el expresidente Ibrahim Boubacar Keita, incapaz de afrontar las múltiples crisis que asolaban el país: el deterioro económico general, la insurgencia yihadista en el norte y la violencia intercomunitaria en el centro. Aprovechando este contexto, el coronel Assimi Goïta consolidó en el poder un gobierno puramente militar con sucesivos golpes de Estado en 2020 y 2021. En Burkina Faso y Níger, aunque no se produjeron movimientos de protesta comparables, se instrumentalizaron agravios similares por parte de juntas militares, que protagonizaron golpes de enorme popularidad en 2022 y 2023, respectivamente. En los tres casos, las juntas militares se presentaron como “cirujanos de hierro”, salvadoras de la patria, garantes de la paz, la prosperidad y la dignidad frente a injerencias neocoloniales.

Estos cambios inconstitucionales de gobierno dinamitaron el statu quo regional, llevando finalmente a la salida efectiva en enero de 2025 de los tres países de la CEDEAO en favor de su propia organización regional: la AES. Tras el primer aniversario de esta escisión, el presente análisis aborda las consecuencias de esta ruptura en tres planos principales:[1] la fragmentación institucional, tanto regional como continental; la reconfiguración de las relaciones entre países vecinos, diferenciando entre afines, equidistantes y enfrentados; y, finalmente, las implicaciones para España y la UE, cerrando con una reflexión sobre los retos y posibles líneas de acción.

Fragmentación institucional y amenaza al proyecto de integración africana

El nacimiento de una organización regional al margen de la arquitectura institucional supranacional africana es una anomalía disruptiva.[2] La AES no solamente surge fuera del paraguas de la UA, sino en oposición explícita a la CEDEAO, una de sus ocho comunidades económicas regionales. Este impasse es insólito, tanto por su origen marcado por el choque entre organizaciones, como por sus importantes implicaciones en las ambiciones africanas de integración continental.

Los sucesivos golpes de Estado provocaron una confrontación inmediata con la CEDEAO, que respondió suspendiendo de forma automática a los países implicados de todos sus órganos de decisión para forzar la vuelta al orden constitucional. La aproximación inicial con Malí –y después, también con Burkina Faso–[3] fue de palo y zanahoria: combinó sanciones económicas, financieras y diplomáticas, incluido el cierre de fronteras, con la promesa de flexibilizarlas a medida que las juntas militares se comprometieran con un calendario electoral y avanzaran hacia la restitución del poder civil. Sin embargo, la estrategia resultó ineficaz. No sólo las juntas militares no cedieron a la presión –las elecciones se pospusieron sistemáticamente y nunca se celebraron–, sino que las medidas dañaron la ya maltrecha reputación de la CEDEAO. Por una parte, generaron un amplio descontento social, al ser la población la principal afectada por las sanciones; por otra, reforzaron la percepción de que el bloque regional es un títere de Francia y de Occidente.

Cuando se produjo el cambio inconstitucional de gobierno en Níger en 2023, la reacción de la CEDEAO fue considerablemente más dura: a diferencia de Malí, las sanciones también afectaron a bienes de primera necesidad como alimentos, electricidad y petróleo, y el bloque regional incluso amenazó con una intervención militar para restaurar el orden constitucional. La respuesta no se hizo esperar: las tres juntas militares firmaron la Carta de Liptako-Gourma, un acuerdo de defensa mutua que dio origen a la AES. Aunque la intervención nunca llegó a materializarse, la relación entre las juntas militares y la CEDEAO se deterioró sin remedio: en enero de 2024, Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron su retirada coordinada de la organización regional en el plazo de un año.

Como consecuencia, la CEDEAO dio un giro radical a su estrategia. Pasó de una postura intransigente a otra conciliadora, con el fin de hacer cambiar de opinión a las juntas militares y evitar su salida, que dinamitaría la arquitectura institucional regional y continental. El nuevo talante apaciguador, ejemplificado por el levantamiento de todas las sanciones, fue en vano: el proceso de integración de la AES –y, en paralelo, de aislamiento con respecto a la mayoría de sus vecinos– avanzaba rápida e irreversiblemente, impulsado por un elevado grado de voluntad política.   

Desde marzo de 2024, la AES cuenta con una fuerza conjunta de lucha antiterrorista –las denominadas Fuerzas Unificadas– y ha ido ampliando progresivamente sus competencias más allá del ámbito de la defensa. En julio de ese mismo año se constituyó la Confederación de Estados del Sahel, una organización regional que impulsa la cooperación en múltiples dimensiones: comercial y económica, con la creación del Banco Confederal para la Inversión y el Desarrollo de la AES; cultural, mediante la promoción de una identidad común, con una bandera, himno y medios de comunicación confederales; y política, a través del uso de un pasaporte compartido y del anuncio, en septiembre de 2025, de la futura creación un Parlamento confederal.

A pesar de los reiterados llamamientos de la CEDEAO a la unidad, e incluso de la oferta de ampliar seis meses el periodo de reflexión previo a la salida efectiva del bloque regional, en enero de 2025 se formalizó la retirada de Malí, Burkina Faso y Níger. Conscientes de la necesidad de pactar las condiciones del “divorcio” y de establecer un marco de coexistencia, la AES y la CEDEAO iniciaron en Bamako los primeros contactos formales en mayo del mismo año. Pese a las tensiones, las conversaciones reflejaron un consenso básico: priorizar el interés superior de la ciudadanía, trabajando para reactivar la coordinación de esfuerzos frente al terrorismo y preservando los logros de la integración regional, como la libre circulación de personas y bienes. Sin embargo, la interlocución tuvo poco recorrido, ya que el estancamiento del diálogo llevó a la AES a expresar su decepción pocos meses después. Se ha abierto así una nueva etapa de la arquitectura institucional africana, marcada por la coexistencia de dos marcos paralelos ya consolidados –la CEDEAO y la AES–, que siguen afrontando serias dificultades para cooperar.

En el ámbito continental, la existencia de una organización surgida unilateralmente representa un serio obstáculo para el proyecto integrador de la UA. Como la CEDEAO, ésta no tiene otra opción que aceptar que la AES es una realidad con vocación de permanencia y buscar una coexistencia lo más constructiva posible. La fragmentación actual agrava los retos securitarios y socioeconómicos que asolan África Occidental, por lo que encontrar un encaje en la arquitectura institucional continental –y reanudar la cooperación que ello permitiría– se ha convertido en una necesidad impostergable.

Tradicionalmente, el papel de la UA en la gestión de la crisis securitaria del Sahel ha sido secundario, tanto por el principio de subsidiariedad –que otorga preeminencia a las organizaciones regionales– como por limitaciones financieras y operativas. En 2013, lanzó la Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo liderazgo africano (AFISMA) y la Misión de la Unión Africana para el Sahel (MISAHEL), pero su protagonismo fue marginal: el control de la primera fue rápidamente transferido a las Naciones Unidas, dando lugar a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), y la segunda carece de representante desde septiembre de 2023. Por otra parte, la UA no activó sus principales instrumentos –el Sistema de Alerta Temprana, el Panel de Sabios y la Fuerza Africana de Reserva– a pesar de su compromiso de desplegar 3.000 efectivos en 2020. En los últimos años, además, el Consejo de Paz y Seguridad (CPS) ha reducido el número de sesiones dedicadas al Sahel, reflejando un progresivo desinterés. Por todo ello, la relevancia y visibilidad de la UA en la región ha sido tradicionalmente limitada.

Desde sus respectivos golpes de Estado, Malí, Burkina Faso y Níger permanecen suspendidos de los órganos de la UA. Aunque el CPS adoptó una posición más conciliadora, la Comisión de la UA expresó su firme respaldo a las decisiones de la CEDEAO, incluida la amenaza de intervención militar en Níger. En paralelo, la interlocución con los miembros de la AES quedó reducida a su mínima expresión, limitada prácticamente a canales como los diálogos regulares organizados desde finales de 2023 por el CPS con los países suspendidos, que facilitan el contacto informal entre las autoridades de la AES y otros embajadores africanos. Así, la gestión de la ola de cambios inconstitucionales de gobierno en el Sahel, percibida como pasiva, subordinada a la postura de la CEDEAO e hipócrita (por la ausencia de sanciones tras el sucedido en Chad), ha deteriorado aún más la imagen de la UA, ya considerada una organización ineficaz y desconectada de la realidad.

No obstante, la UA todavía puede desempeñar un papel constructivo en la revigorización de la cooperación regional y la consolidación de la nueva configuración institucional africana. A diferencia de la CEDEAO, ha evitado cualquier confrontación pública con las juntas militares y se ha abstenido de imponer sanciones a los tres países. En julio de 2025 –medio año después de la retirada formal de Malí, Burkina Faso y Níger de la CEDEAO–, el presidente de Burundi y exmilitar, Évariste Ndayishimiye, fue nombrado enviado especial de la UA para el Sahel, con el mandato de reactivar el diálogo y generar un clima de confianza. Aunque el nombramiento haya sido tardío y controvertido, va en la buena dirección. Ahora, dado que el retorno de estos países a la CEDEAO ya no es un escenario realista, la UA debe ser proactiva para encajar la AES en su propia arquitectura institucional y, así, asegurar la continuidad del proyecto de integración continental.

Entre las posibles vías para ello, este análisis propone el reconocimiento de la AES como la novena comunidad económica regional de la UA –adquiriendo la misma categoría que la CEDEAO–, por considerarla la opción más pragmática. No es una fórmula original: la Confederación de Estados Sahelo-Saharianos fue reconocida como una comunidad económica regional dos años después de que el expresidente libio, Muamar el Ghadafi, la crease al margen de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 1998. La principal virtud de integrar la nueva organización en el paraguas continental es que protege la unidad africana y favorece la muy necesaria cooperación regional, canalizando la agenda de los actores implicados –en el caso de la AES, de las juntas militares– dentro de las instituciones existentes.

Por supuesto, esta vía no está exenta de problemas. El principal es la legitimación de los cambios inconstitucionales de gobierno: sin mecanismos nuevos de disuasión, dar la bienvenida a la AES a la arquitectura institucional africana como una comunidad económica regional de pleno derecho podría interpretarse como una claudicación de los estándares democráticos de la UA, enviando un mensaje peligroso a otros militares con aspiraciones de poder. La normalización de las relaciones entre la AES y la UA, por mucho que pudiera mejorar la reputación de esta última en el Sahel, tendría un coste elevado: la erosión de su vocación normativa. Aun así, la urgencia de restablecer la cooperación regional frente a amenazas comunes, unida a la escasa eficacia de la estrategia de aislamiento y castigo a las juntas militares, obliga a replantear los mecanismos actuales de la UA para hacer cumplir la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza.

La segunda desventaja radica en el riesgo de redundancia institucional. La proliferación de organismos suele generar solapamientos de competencias y mayor burocracia, reduciendo la eficacia de la acción colectiva. En África Occidental, que ya tiene una considerable densidad institucional, esto resulta especialmente problemático: la cooperación efectiva entre vecinos es absolutamente indispensable, dadas las ambiciones de los grupos yihadistas sahelianos de expandirse hacia las costas del golfo de Guinea. Con todo, una mayor complejidad institucional –como la que supondría reconocer a la AES como nueva comunidad económica regional– resulta menos perjudicial que la ausencia de interlocución y coordinación que impera actualmente. La llegada al poder de las juntas militares al Sahel central desarticuló los principales foros regionales sobre paz y seguridad: Malí abandonó el G5 Sahel en 2022 y Burkina Faso y Níger lo hicieron en 2023; la Iniciativa de Accra permanece paralizada desde su última reunión en 2021; y el Proceso de Nuakchott, aunque formalmente activo, ya no cuenta con la participación efectiva de los miembros de la AES.

Por una cuestión de responsabilidad, la AES, la CEDEAO y la UA deben poner fin a esta crisis institucional y restablecer la cooperación efectiva. Y para ello, la integración de la AES –con sus juntas militares antidemocráticas a la cabeza– en el paraguas institucional continental es el mal menor, y también una oportunidad para reevaluar y optimizar los mecanismos colectivos existentes, aun cuando ello implique revisar equilibrios de poder y superar inercias institucionales profundamente arraigadas.

Reconfiguración de las relaciones entre vecinos

Además de trastocar la arquitectura institucional africana, la creación de la AES por parte de Malí, Níger y Burkina Faso, y su salida de la CEDEAO han dado lugar a un nuevo mapa de alianzas en África Occidental.  Aunque su escisión condujo inicialmente al aislamiento del nuevo bloque, el paso del tiempo y la necesidad de revitalizar la cooperación favorecieron una creciente bilateralización de las relaciones con sus vecinos. A diferencia de la AES, que actúa de manera cohesionada hacia el exterior, los países de su entorno inmediato muestran posturas diversas frente a la nueva Alianza.

Para comprender dicha diversidad de posicionamientos, esta sección adopta un enfoque de política comparada, basado en la codificación binaria de variables de convergencia entre la AES y sus vecinos —los miembros colindantes de la CEDEAO y Chad, con estatus de observador en la organización regional—. Dicha afinidad se analiza en tres dimensiones, cada una operacionalizada a través de indicadores dicotómicos. La afinidad discursiva recoge la presencia o ausencia de retórica confrontacional entre gobiernos, de apoyo explícito temprano a las juntas militares sahelianas tras los cambios inconstitucionales de gobierno y de sugerencias de adhesión a la AES. La afinidad político-ideológica considera la naturaleza –militar o civil, democrática o autocrática– del régimen, así como la convergencia con el discurso neosoberanista de las juntas militares sahelianas. Por último, la última dimensión aborda los comportamientos observables de los Estados: la existencia o ausencia de un enviado especial para la AES, de cooperación en materia de seguridad –incluyendo los ejercicios militares conjuntos– y de episodios de choque diplomático.  

Estos indicadores dicotómicos se complementan con otro gradual: el grado de intensidad de la interlocución de alto nivel –medido a través de la frecuencia de contactos a nivel ministerial o superior–, a partir de una base de datos construida mediante la revisión sistemática de agencias de prensa y medios locales e internacionales entre 2015 y 2025.[4] Dado que los indicadores convergen de forma consistente en los casos estudiados, su lectura conjunta permite conformar inductivamente tres categorías –vecinos afines, equidistantes y enfrentados– que reflejan la nueva geografía política del África Occidental tras la irrupción de la AES.

Vecinos afines

La primera categoría agrupa a Chad, Guinea Conakry y Togo, que comparten una serie de rasgos definitorios. Los tres han prestado un apoyo continuado y sin fisuras a las juntas militares sahelianas y comparten con ellas una afinidad ideológica: Chad y Guinea son regímenes militares, y Togo, pese a su fachada parlamentaria, presenta serios déficits democráticos. Además, han participado en ejercicios militares conjuntos con la AES y han flirteado —con distintos grados de seriedad— con la posibilidad de adherirse a la Alianza. Esta convergencia se traduce en una estrecha y sostenida cooperación política y en materia de seguridad.

Togo

Togo es el aliado más útil y constante de la AES en el seno de la CEDEAO. La cercanía es tal que, en 2025, su ministro de Asuntos Exteriores llegó a plantear públicamente la posibilidad de integrarse en la Alianza. Desde los primeros golpes de Estado en el Sahel central, Lomé ha brindado un apoyo sostenido a las juntas militares por dos motivos principales: económicos y políticos. En el plano comercial, la salida de Malí, Burkina Faso y Níger de la CEDEAO eliminó la competencia portuaria regional, consolidando al puerto de Lomé como su principal acceso al mar y convirtiendo a Togo en un socio estratégico. En el político, su papel influyente como mediador entre la CEDEAO y la AES permite a Togo reducir el escrutinio sobre su propio contexto interno, dado que su índice de calidad democrática se encuentra entre los más bajos de la región.

A diferencia de la mayoría de sus vecinos, Togo ha mantenido la cooperación en materia de seguridad con la AES. En 2025, el país participó en ejercicios conjuntos con Malí, Burkina Faso, Níger y Chad, reforzando los lazos militares con sus socios sahelianos. Los vínculos diplomáticos también son estrechos: ese mismo año, Lomé recibió a una delegación conjunta de la AES, como parte de una dinámica de visitas regulares con los tres países. Togo es, de hecho, el país no miembro de la Alianza que más delegaciones malienses y nigerinas ha acogido. Esta sintonía con la AES lo ha llevado a desempeñar un papel activo como mediador en la crisis regional.

Chad

Al igual que Togo, Chad mantiene una relación de creciente proximidad con la AES, aunque apoyada más en afinidades ideológicas que económicas. En primer lugar, el régimen chadiano presenta similitudes estructurales con los de sus vecinos sahelianos, al estar encabezado por un militar que accedió al poder por vía castrense y no electoral. Djamena también mostró afinidad ideológica con los planteamientos neosoberanistas de la AES cuando puso fin a su cooperación militar con Francia en noviembre de 2024, aunque en este caso sin romper completamente los lazos estratégicos. Así, desde la llegada al poder de Mahamat Idriss Déby, Chad ha intensificado los contactos con Burkina Faso y, sobre todo, con el vecino Níger. No sorprende, por tanto, que el portavoz del gobierno describiera públicamente en 2025 a la Alianza como una “bella experiencia” que Chad “debería considerar seriamente”.

La complicidad política se traduce en una agenda de cooperación cada vez más densa. En julio de 2024 se reactivó la construcción de un gaseoducto transnacional con Níger y abordaron proyectos conjuntos como la Dorsal Transahariana de fibra óptica, la rehabilitación de la Ruta Transahariana y una futura planta de carbón en Salkadamna. En materia de seguridad, al igual que Togo, Chad forma parte del selecto grupo de países con los que la AES realiza ejercicios militares conjuntos.  En el plano diplomático, existe una fuerte voluntad de acercamiento, con la invitación al presidente chadiano a la presentación del Consejo Consultivo para la Refundación de Níger, un nuevo órgano encargado de reformar el marco institucional del país. Chad es hoy el país ajeno a la AES con mayor volumen de intercambios de alto nivel tanto con Níger como con Burkina Faso, consolidándose como su interlocutor más activo en la región.

Guinea Conakri

Guinea logra mantener un difícil equilibrio. Por una parte, constituye un apoyo infalible a los gobiernos de la AES: Mahamady Doumbouya, líder de la junta militar guineana, llegó al poder en 2021 de forma similar a sus homólogos sahelianos y eligió Bamako como destino de su primer viaje oficial al extranjero en un gesto cargado de simbolismo. Asimismo, el puerto de Conakri fue clave para sostener la economía maliense durante las sanciones de la CEDEAO y sigue siendo relevante para las importaciones malienses y nigerinas. Además, cuando Abdourrahamane Tiani tomó el poder en Níger en 2023, Guinea fue uno de los primeros países a reconocer sin ambigüedades a la nueva junta: denunció las sanciones de la CEDEAO, precisando que no las aplicaría y rechazó la amenaza de la intervención militar. Así, aunque su peso económico y su influencia regional sean modestos, la afinidad política y la coincidencia de modelo de gobierno sitúan a Guinea como un fiel aliado de la AES.

Por otra parte, Conakri ha optado por una estrategia de pragmatismo y prudencia. En lugar de integrar la AES, que hubiera resultado la opción más natural, ha preferido permanecer en la CEDEAO, el marco de cooperación regional más amplio. Tras varios años de sanciones, Guinea ha buscado evitar el aislamiento, logrando su reintegración en la Organisation internationale de la Francophonie y en los órganos de decisión de la CEDEAO. Además, reivindica una posición de no alineamiento con potencias exteriores como Francia y Rusia. La búsqueda de neutralidad en todos los planos le ha llevado a una posición conciliadora, alentando el diálogo entre la CEDEAO y la AES.

Vecinos equidistantes

Los miembros de esta categoría, Senegal y Ghana, presentan un grado de afinidad moderado con sus vecinos de la AES, a la vez que mantienen pleno compromiso con la CEDEAO. Aunque en un primer momento respaldaron las presiones de la región para restaurar el orden constitucional en Malí, Burkina Faso y Níger, el paso del tiempo y la necesidad de mantener viva la cooperación llevaron a Senegal y Ghana a adoptar una postura más pragmática. Hoy, tres rasgos los caracterizan: comparten con las juntas sahelianas referencias panafricanistas y un discurso crítico con las injerencias externas, aunque sin cuestionar la validez de la CEDEAO; han nombrado un enviado especial para la AES; y han ejercido activamente como mediadores entre ambos bloques regionales. Este equilibrio entre principios y realismo los sitúa en una posición singular: interlocutores válidos para la AES sin haber comprometido su lugar en la CEDEAO.

Senegal

En Senegal, la victoria electoral del dúo Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2023 favoreció el acercamiento de Dakar a los gobiernos del Sahel central. El Ejecutivo hace malabarismos discursivos, combinando una retórica panafricanista postcolonial con la preservación de las “alianzas históricas” de Senegal con Francia y la UE. Esta doble narrativa sitúa el país en una posición adecuada para mediar en la crisis regional: de hecho, fue a propuesta suya que la CEDEAO concedió seis meses adicionales de prórroga antes de la salida formal de la AES y, junto con Togo, ha desempeñado un papel activo de intermediario.

Pese a la hostilidad entre la CEDEAO, algunos de sus miembros y la AES, Senegal ha impulsado un acercamiento bilateral con esta última. Desde febrero de 2025, ha participado en patrullas conjuntas de lucha antiterrorista en la región maliense de Kayes, fronteriza con Senegal. Además, busca reactivar la conexión ferroviaria Dakar-Bamako y modernizar las infraestructuras de transporte y comercio bilateral. Su proactividad en el plano diplomático, con cuatro viajes oficiales a la AES, también da fe de la estrategia de mano tendida del gobierno senegalés. De este modo, Senegal ha logrado consolidar un diálogo sostenido y constructivo con sus vecinos sahelianos.

Ghana

Tras los primeros golpes de Estado en Malí y Burkina Faso, Ghana mantuvo una postura firme en defensa del retorno al orden constitucional, aunque sin alinearse con el ala más dura de la CEDEAO. A diferencia de otros miembros del bloque, evitó romper por completo los lazos con las juntas militares sancionadas: ya en 2023, la Autoridad Nacional del Petróleo ghanesa promovía iniciativas para fomentar el comercio y la inversión con Malí. El punto de inflexión llegó con la elección de John Dramani Mahama en 2024, de corte panafricanista, que imprimió un tono más realista a la política exterior ghanesa y reactivó los contactos con los gobiernos de la AES. Le mueve la afinidad ideológica y, sobre todo, consideraciones pragmáticas: la necesidad de cooperación en materia de seguridad y el interés de reforzar su competitividad frente al puerto de Lomé para aprovisionar a los miembros de la AES.

El acercamiento de Ghana fue bien recibido: los presidentes de Malí y Burkina Faso, Assimi Goïta e Ibrahim Traoré, asistieron a su ceremonia de investidura en Accra, donde el líder burkinés fue incluso aclamado por las masas. En junio de 2025, Mahama fue el único presidente de la CEDEAO invitado a la presentación del Consejo Consultivo para la Refundación de Níger. En el plano económico, Ghana busca intensificar los intercambios bilaterales: delegaciones de alto nivel han visitado Bamako y Uagadugú con diversos proyectos, desde la gestión de residuos a la apertura del puerto de Accra, que el presidente puso a disposición de la AES.

Vecinos enfrentados

Frente a los vecinos afines o equidistantes, Costa de Marfil, Benín y Nigeria mantienen con la AES una relación marcada por la confrontación, con una retórica hostil sostenida, choques diplomáticos recurrentes y ausencia de enviados especiales o canales de diálogo estables. Tras los golpes de Estado en el Sahel, los tres países constituyeron el ala más intransigente de la CEDEAO, partidarios de una estrategia de máxima presión para forzar el retorno al orden constitucional. De hecho, fueron los principales impulsores de la amenaza de intervención militar en Níger, que precipitó la creación de la AES. En los casos de Benín y Costa de Marfil, la rivalidad adquiere además un componente ideológico: las juntas militares los acusan de ser aliados de Francia en supuestos intentos de desestabilizar el Sahel. Las recientes declaraciones del presidente nigerino, que señaló sin pruebas a los presidentes Talon, Ouattara y Macron como “patrocinadores” del atentado terrorista en el aeropuerto en Niamey en enero de 2026, evidencian la profunda desconfianza y la distancia política que los separan de la AES.

Benín

Benín cerró filas con la CEDEAO tras los golpes de Estado en Malí y en Burkina Faso sin que ese alineamiento derivara en choques bilaterales. En cambio, la crisis regional provocada por el golpe en Níger sí llevó inmediatamente a tensiones abiertas entre los dos países. Éstas se articularon en torno a dos cuestiones principales: la interrupción del corredor comercial entre Niamey y el puerto de Cotonú –entonces, la principal salida al mar de Níger y una fuente de ingresos clave para Benín– y el oleoducto que conecta yacimientos nigerinos con el puerto beninés de Sèmè Kpodji. La interdependencia económica pasó de ser un factor de integración a convertirse en un instrumento de presión política.

El conflicto bilateral se desencadenó con la aplicación de las sanciones de la CEDEAO, que condujo al cierre del corredor comercial. Aunque éstas fueron levantadas en febrero de 2024, Níger mantuvo la frontera cerrada alegando razones de seguridad, con un efecto económico severo para Benín. En respuesta, Cotonou recurrió al oleoducto como palanca de negociación: en mayo de ese año, bloqueó las operaciones y condicionó el tránsito del crudo a la reapertura de la frontera. La mediación de la empresa china responsable de la infraestructura permitió restablecer el flujo de petróleo –aunque no la circulación de personas y bienes–, lo que abrió una breve fase de distensión marcada por la reapertura de embajadas. Sin embargo, la desescalada fue efímera, con expulsiones diplomáticas cruzadas en 2025. Y aunque las relaciones siempre han sido tensas con la junta nigerina, el golpe de Estado fallido en Benín de diciembre de ese año, que Cotonou vincula a Níger, las llevó a su punto más bajo. El resultado es una relación dominada por una hostilidad y desconfianza crecientes, sin visos de disiparse.

Costa de Marfil

Costa de Marfil mantiene relaciones tensas con los gobiernos de la AES, que la perciben como un aliado incondicional de Francia y de la UE. La crisis de los 49 soldados marfileños de la MINUSMA –detenidos en Bamako en 2022 y liberados tras meses de negociaciones gracias a la mediación de Togo y otros países vecinos– dejó una huella duradera en la relación con Malí. A pesar de la resolución de la crisis, la hostilidad persiste, como ilustra el desaire a la invitación del presidente Alassane Ouattara para que Assimi Goïta realizara una visita oficial a Abiyán en 2023.

Las relaciones con Burkina Faso también se caracterizan por la desconfianza y la confrontación: Uagadugú acusa a Costa de Marfil de servir de refugio a terroristas e insurgentes, mientras que ésta denuncia incursiones de milicias armadas por el gobierno burkinés –los llamados Voluntarios para la Defensa de la Patria, alineados con Ibrahim Traoré y su narrativa hostil hacia Abiyán–. Como resultado, la cooperación en materia de seguridad se encuentra paralizada en las altas esferas políticas y militares, aunque en las zonas fronterizas subsista una interlocución limitada entre autoridades locales, salvaguardada por vínculos étnicos, comerciales y familiares. El gobierno marfileño dice tender la mano a sus vecinos del norte, conscientes de que la estabilidad regional lo exige. Sin embargo, mientras el presidente Ouattara continúe al frente del gobierno, la reconciliación duradera con Uagadugú parece un horizonte lejano.

Nigeria

Aunque el grado de confrontación con las juntas militares sahelianas sea menor que en los casos de Benín y Costa de Marfil, Nigeria también es percibida por la AES como un vecino hostil. Desde los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso, el país se alineó con la respuesta de la CEDEAO, defendiendo la aplicación de sanciones y un retorno rápido al orden constitucional. Esta postura se endureció tras el golpe de Estado en Níger en julio de 2023: Nigeria, con su presidente Bola Tinubu ejerciendo la presidencia rotatoria de la CEDEAO, dio un impulso considerable a la amenaza de la intervención militar que estuvo en el origen de la creación de la AES. Aunque la opción militar se descartó, Nigeria mantuvo su acercamiento a los “vecinos enfrentados” y socios occidentales. Ejemplo de ello es su participación, junto a Francia, en la respuesta al mencionado golpe de Estado fallido en Benín en diciembre de 2025, percibida por la AES como una confirmación de alineamiento estratégico hostil.

Al mismo tiempo, Abuja ha tratado de contener los costes de la ruptura regional. Tras el levantamiento de las sanciones en 2024, delegaciones oficiales nigerianas visitaron Niamey en 2024 y 2025 para reactivar la cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad transfronteriza. A pesar de ello, la desconfianza persiste: el aterrizaje de emergencia en diciembre de 2025 de un avión militar nigeriano en Burkina Faso, considerado una violación de la soberanía burkinesa, ilustra la volatilidad de la relación entre Nigeria y los países de la AES.

Implicaciones para España y la UE

En este contexto de reconfiguración del orden regional en África Occidental, la creación de la AES y la retirada de Malí, Burkina Faso y Níger de la CEDEAO también han tenido repercusiones directas para la UE y para España. Fiel a su vocación de potencia normativa, la reacción europea a los golpes de Estado en el Sahel central estuvo marcada inicialmente por la condena y el distanciamiento de las juntas militares. Aun así, la UE fue acusada de aplicar dobles estándares: por percibirse una aplicación selectiva de sus principios democráticos –como evidencia su silencio ante el cambio inconstitucional de gobierno en Chad– y la priorización de intereses estratégicos, ilustrada por las contradicciones entre su llamamiento a frenar inversiones africanas en gas y su renovado interés por asegurarse suministros en el contexto de la guerra en Ucrania. Ello erosionó la confianza en la relación birregional. Los vínculos reforzados entre los miembros de la AES y Rusia, y especialmente la llegada los paramilitares vinculados al Kremlin, el Grupo Wagner (hoy Africa Corps), terminaron de precipitar el divorcio con Francia, que en un primer momento arrastró al conjunto de la UE.

Desde comienzos de la década de 2010, la UE había considerado el Sahel –y, en particular, Malí– una región prioritaria para su acción exterior. Así, fue articulando una respuesta progresivamente más estructurada frente a desafíos de seguridad y gobernanza, con sucesivos planes estratégicos para la región en 2011 y 2015. Tras el golpe en Malí, la UE redefinió su implicación en el Sahel para evitar una retirada total, consciente tanto de la importancia estratégica de la región como de la creciente implicación de actores externos, especialmente Rusia. La Estrategia Integrada de la UE para el Sahel (2021), orientada a preservar la presencia y capacidad de influencia europeas en un contexto cada vez más adverso, responde a esa lógica. En la misma línea se inscribe también la visita de la representante especial de la UE para el Sahel, Emmanuela Del Re, a Burkina Faso en 2022, destinada a reafirmar la voluntad europea de mantener el compromiso con la región pese al distanciamiento político.

La posterior rearticulación de las relaciones con las juntas militares se desarrolló en un contexto de profunda falta de convergencia entre los Estados miembros de la UE. Mientras algunos, como Francia y varios países del norte y este de Europa, defendieron un mayor desenganche, otros –entre ellos Italia, Alemania, España y Bélgica– apostaron por una aproximación más pragmática, basada en el diálogo y el reenganche gradual, lo cual constituye un activo estratégico para la UE. Sin embargo, esta fragmentación interna, acentuada por la presencia de actores externos que operan sin condicionalidades políticas –como China, Rusia, Turquía, la India y los países del Golfo– ha erosionado la coherencia y el atractivo de la acción exterior europea en el Sahel.

En el caso de España, el Sahel constituye una región prioritaria por razones de vecindad e interconexión, por lo que su implicación ha aumentado progresiva pero sostenidamente desde comienzos de la década de 2010. Ello se ha reflejado en los planes directores de la cooperación española, en las estrategias de seguridad nacional –que reconocen la importancia del nexo seguridad-desarrollo– y en la participación de España en la Alianza por el Sahel. Tras los golpes de Estado y el repliegue de las misiones militares europeas, el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027 reafirma el compromiso español con la región. A ello se suma la creación en 2023 de un  grupo de trabajo bilateral con Estados Unidos sobre el Sahel, destinado a coordinar enfoques y mantener la implicación española en un contexto de retirada europea.

La sección que sigue analiza cómo la creación de la AES y la salida de la CEDEAO de Malí, Níger y Burkina Faso han afectado a su relación con la UE y de España. En concreto, aborda la evolución de la cooperación en materia de seguridad y de los flujos de AOD, así como los retos que afronta la reconfiguración del compromiso europeo y español con el Sahel.

Cooperación en materia de seguridad

En respuesta a la amenaza yihadista que, desde el norte de Malí, se extendió por el Sahel, la UE desplegó un amplio dispositivo de misiones civiles y militares bajo la Política Común de Seguridad y Defensa. Las de tipo militar –EUTM Malí y EUMPM Níger– se centraban en la formación y asesoramiento de las Fuerzas Armadas, mientras que las civiles –EUCAP Sahel Malí y EUCAP Sahel Níger– buscaban reforzar las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como al apoyo a la reforma del sector de la seguridad y el Estado de derecho.

Los golpes de Estado en Malí, Níger y Burkina Faso, y el consiguiente deterioro de las relaciones con sus respectivas juntas militares, provocaron un repliegue sustancial del dispositivo europeo. En 2022, cerró la operación francesa Barkhane y, dos años después, también EUMPM Níger, EUCAP Sahel Níger y EUTM Malí –pese a que su contingente aumentó de unos 580 efectivos en 2019 a más de 900 en 2021 tras el primer golpe en Malí–. La UE mantiene, no obstante, una presencia securitaria limitada a través de EUCAP Sahel Malí. Su carácter civil y no operativo ha permitido adaptar la misión al nuevo contexto político y prorrogar su mandato hasta enero de 2027. Así, tras una primera fase de refuerzo puntual para responder a la inseguridad creciente, las tensiones políticas con las juntas militares hicieron que el compromiso europeo se reconfigurase hacia la implicación limitada y discreta actual.

En paralelo, el compromiso español en el Sahel, inicialmente centrado en la gestión de los flujos migratorios, fue trasladando el foco a la dimensión de paz y seguridad. A partir de 2012, España asumió un rol crecientemente importante en los esfuerzos multilaterales en la región, con una participación sostenida de las Fuerzas Armadas en EUTM Malí —donde España llegó a ser el principal contribuyente y asumió el liderazgo en cuatro ocasiones—. También apoyó a Francia en las operaciones Serval y Barkhane, y contribuyó en misiones como EUCAP Sahel Malí y Níger, complementándolas por proyectos de seguridad interior financiados con fondos europeos.

Tras los cambios inconstitucionales de gobierno, España, al igual que la UE, aumentó inicialmente su despliegue militar dentro de EUTM Malí de forma significativa, pasando de 200 efectivos en 2019 a 540 en 2021. No obstante, posteriormente y en línea con la evolución de la estrategia europea, España redujo progresivamente su presencia operativa directa en el Sahel, optado por una presencia modesta y discreta basada en instrumentos civiles.

Flujos de ayuda oficial al desarrollo

Otra dimensión clave de la implicación europea y española en el Sahel es la AOD. En la década a partir de 2010, Malí, Níger y Burkina Faso registraron, a pesar de algunos altibajos, un balance al alza de la AOD. A partir de 2021, sin embargo, esa tendencia empezó a revertirse, dando paso a un descenso que se volvió más pronunciado en los años siguientes. Burkina Faso pasó de recibir 248 millones de euros en 2020 a menos de 100 en 2024; en Malí, la ayuda cayó de 167 millones en 2019 a 116 en 2024; y en Níger, de 256 millones en 2020 a apenas 56 en 2024.

En conjunto, desde 2020 se observa un descenso en los desembolsos de AOD de la UE hacia los países del Sahel, que se hizo especialmente pronunciado tras los golpes de Estado. Esta evolución responde, por un lado, a dinámicas internas de la UE: en 2021 se aglutinaron los instrumentos de financiación de la ayuda al desarrollo bajo el NDICI-Global Europe, dotando a la acción exterior de mayor flexibilidad para reasignar recursos en función de prioridades políticas emergentes como la invasión rusa de Ucrania, que absorbió buena parte de la atención –y los fondos– de la UE. Por otro lado, influyen factores ligados a los propios socios sahelianos. Las juntas militares de la AES, abiertamente críticas con la ayuda europea por considerarla una forma de injerencia, se oponen a los marcos tradicionales de cooperación al desarrollo. Un ejemplo ilustrativo fue el rechazo a la ayuda humanitaria de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger, tras las graves inundaciones en 2024, alegando que fue anunciada y aplicada sin comunicación ni aprobación oficial, comprometiendo la soberanía nacional nigerina.

En el caso de España, la AOD hacia el Sahel mostró una tendencia más irregular que la europea, pero con una pauta general de descenso durante la década de 2010. La caída fue especialmente marcada en Burkina Faso que, además, de manera sostenida recibe menos fondos que Malí y Níger. A partir de 2019, y en el contexto de la ola de golpes de Estado entre 2020 y 2023, la AOD española siguió trayectorias diferenciadas según el país. En Burkina Faso y Malí se registró una contracción inicial –en el caso burkinés, de 5,3 millones en 2019 a 2,5 millones en 2022 y en el maliense, de 23 millones a 17,6 millones en el mismo periodo– seguida de una recuperación parcial que en 2024 devolvió los niveles de ayuda a cifras similares a las de 2019. Níger, en cambio, experimentó un aumento progresivo hasta alcanzar 18,5 millones en 2023, antes de sufrir una caída en 2024 hasta unos 15,6 millones tras el golpe de Estado. En conjunto, la AOD española combina ajustes coyunturales con una voluntad de mantener su compromiso con los países del Sahel central, a pesar del contexto político adverso.

Perspectivas

La UE y España se enfrentan a múltiples desafíos a la hora de rearticular su relación con la AES y sus juntas militares. El primero es sobrellevar la contradicción entre su vocación normativa –basada en la defensa de la democracia y el Estado de derecho– y la necesidad pragmática de mantener canales de cooperación abiertos, sin incurrir en dobles estándares ni imponer condiciones de manera unilateral, de modo que se preserve la coherencia de su política exterior y la confianza en la relación birregional Este reto se agrava ante la voluntad explícita de los gobiernos de la AES de alejarse de la órbita europea y francesa, diversificando sus alianzas hacia actores como Rusia, China, Turquía, la India y los países del Golfo. Para evitar el aislamiento, la UE y España podrían explorar fórmulas de colaboración selectiva con algunos de estos socios emergentes, en ámbitos donde los intereses sean complementarios y no generen fricciones estratégicas. Turquía, que se centra en infraestructura, sanidad, educación, agricultura y apoyo militar, y los países del Golfo, que priorizan la seguridad y estabilidad, además de realizar inversiones económicas en desarrollo, empleo juvenil y telecomunicaciones, son interlocutores válidos para articular esa cooperación.

El segundo desafío es la fragmentación interna de la UE. Persisten diferencias tanto en el grado de implicación –los países del sur de Europa consideran a África una prioridad estratégica, mientras que los del este y norte concentran su atención en Rusia, especialmente desde la agresión a Ucrania en 2022–, como en los focos temáticos, que abarcan desde migración y seguridad hasta desarrollo humano. Esta falta de convergencia dificulta una acción europea coherente y ha favorecido la bilateralización de las relaciones, con Estados miembros desarrollando sus propias estrategias hacia África sin una coordinación efectiva entre ellos. Ejemplo de ello son España e Italia, que pese a tener algunos objetivos comunes, no colaboran en la aplicación de sus respectivos planes estratégicos para África. Con todo, esta diversidad de estrategias nacionales puede ser un activo, al diversificar la interlocución europea en África más allá de Francia, siempre que se eviten dinámicas de competencia entre Estados miembros por erigirse como el principal puente con la UE. Para mitigar el riesgo de solapamientos y lagunas en sus esfuerzos, la UE podría considerar el impulso de fórmulas de cooperación reforzada entre los Estados miembros con un interés particular en África Occidental y el Sahel.  

Por último, aunque las juntas militares sahelianas instrumentalicen el panafricanismo y el antiimperialismo para reforzar su legitimidad interna, la popularidad de ese relato entre amplios sectores de su población revela la existencia de agravios acumulados. La UE y España no deberían desoír ese llamamiento a corregir la naturaleza asimétrica del partenariado euroafricano. En el plano discursivo, la “horizontalidad” y el “beneficio mutuo” ya son centrales en la retórica europea hacia África, como reflejan la Cumbre UA-UE de Bruselas en 2022, la Estrategia España-África 2025-2028 y el Plan Mattei italiano –todos ellos presentados como el inicio de una nueva etapa de cooperación entre iguales–. La dificultad reside en transformar la igualdad nominal en una cooperación efectivamente horizontal , entendida ésta como una situación en la que el actor con más influencia colabora sin imponer su voluntad a un actor con menor poder de negociación.

Conclusiones

La creación de la AES por parte de Malí, Níger y Burkina Faso, así como su salida de la CEDEAO en 2025, dinamitaron el statu quo en África Occidental. En primer lugar, supusieron la coexistencia de dos marcos institucionales paralelos –la AES, por un lado, y la CEDEAO con la UA, por otro– con graves consecuencias para el proyecto de integración continental. Dado que la cooperación entre vecinos es indispensable, especialmente en materia de lucha antiterrorista, resulta urgente encontrar un encaje a la AES en la arquitectura institucional continental, quizás como una nueva comunidad económica regional reconocida por la UA.  

En segundo lugar, la escisión de la AES alteró el mapa de alianzas en la región, dando lugar a tres grupos de países colindantes en función de su postura hacia la Alianza: vecinos afines –Togo, Chad y Guinea Conakri–, equidistantes –Senegal y Ghana– y enfrentados –Benín, Costa de Marfil y Nigeria–. El análisis muestra que el grado de acercamiento responde principalmente a la afinidad ideológica y al tipo de régimen, más que a factores económicos y de seguridad. Los vecinos afines, comparten modelos autoritarios o baja calidad democrática; los equidistantes, con gobiernos democráticos de corte panafricanista, optan por una cooperación pragmática; mientras que los enfrentados carecen de esa afinidad ideológica y son percibidos por la AES como aliados de Francia, lo que mantiene viva la hostilidad pese a la necesidad imperiosa de cooperación en materia de lucha antiterrorista.

Por último, la sucesión de golpes de Estado y creación de la AES también tuvieron consecuencias para la implicación europea y española en el Sahel. La UE redujo su despliegue en materia de seguridad, manteniendo únicamente una presencia limitada –la misión EUCAP Sahel Malí– para preservar su capacidad de interlocución e influencia. España, que había desempeñado un papel destacado en la presencia europea en la región, se alineó con este repliegue progresivo. En el ámbito del desarrollo, la AOD de la UE hacia los países de la AES ya mostraba una tendencia descendente que se acentuó tras los golpes; en el caso de España, aunque se observó un descenso inicial similar, la ayuda comenzó después a recuperarse, reflejando un enfoque más flexible y una voluntad de mantener el compromiso con la región. En la reconfiguración de sus relaciones con el Sahel, la UE y España deberán equilibrar su vocación normativa con la necesidad de mantener abiertos los canales de cooperación con las juntas militares, reforzar la coordinación interna europea y transformar su discurso de partenariado igualitario en una relación realmente equilibrada y sostenible.

[1] Las autoras desean expresar su agradecimiento a Iliana Olivié y María Santillán O’Shea por sus comentarios y sugerencias, extremadamente útiles y enriquecedores, en el marco del proceso de peer review de este análisis.

[2] El único precedente es anterior a la creación de la UA. La Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos en 1998, nació al margen de la OUA, pero fue reconocida posteriormente como una de las ocho comunidades económicas regionales.

[3] Las sanciones fueron menos severas contra Burkina Faso, incluso tras el segundo golpe de Estado en septiembre de 2022, porque la junta militar rápidamente prometió convocar elecciones en julio de 2024.

[4] Las palabras clave utilizadas en el motor de búsqueda fueron: “visite officielle” or “visite d’État” or “déplacement officiel” or “mission officielle” or “délégation de haut niveau” or “official visit” or “state visit” or “working visit” or “high-level visit” or “high-level delegation” or “official trip”.

La entrada Un año después: ¿qué ha cambiado con la escisión de la Alianza de Estados del Sahel de la CEDEAO? se publicó primero en Real Instituto Elcano.

• El ataque de Israel a las infraestructuras energéticas de Irán ha puesto en riesgo la seguridad económica y energética de los países árabes del Golfo y aumentado su distanciamiento de Israel e Irán.
• Los ataques a los activos energéticos de la región suponen una escalada hacia los escenarios más extremos (colapso sistémico) en términos de impacto global en el suministro y los precios energéticos.
• La capacidad iraní de interrumpir el tráfico y la producción de energía se ha convertido en su principal palanca para asegurar la resiliencia del régimen. Y los mercados energéticos seguirán rehenes de esa palanca mientras no se encuentre una solución diplomática.

Análisis

El desplazamiento de dos grupos de combate de Estados Unidos (EEUU) al Golfo presagiaba tiempos difíciles para la seguridad regional y la energía global. En nuestra evaluación, publicada dos días antes del comienzo de los ataques, describíamos tres escenarios posibles: bloqueo, acciones militares intermitentes y escalada militar descontrolada. Cinco días después, nuestro siguiente análisis ratificó que los contendientes habían apostado por el tercer escenario, el de una escalada militar que colocaba los mercados energéticos al borde de una disrupción mayor.  

Argumentábamos que los contendientes se encontraban al borde –sin traspasarlo– de un conflicto energético porque a pesar de haberse registrado ataques sobre algunas infraestructuras energéticas de la región, ninguna de ellas era suficientemente grave hasta entonces como para causar una disrupción severa de impacto global prolongado. Algunos de los ataques se dirigieron contra instalaciones militares próximas a puertos, refinerías y depósitos, sin afectar directamente a las instalaciones energéticas. Cuando lo hicieron, no redujeron gravemente la capacidad de producción, aunque plantas como la instalación de gas natural licuado (GNL) catarí de Ras Laffan tuvieron que interrumpir cautelarmente las operaciones tras un primer ataque.  En el mismo sentido, y a pesar de las amenazas iraníes de usar la fuerza contra el tráfico por el estrecho de Ormuz, sus operaciones militares contra buques en tránsito mantuvieron un bajo perfil (entre 17 y 23 incidentes hasta la fecha[1]). La amenaza bastó para reducir el tráfico al mínimo sin que Irán empleara su capacidad militar para cerrarlo completamente.

Estos argumentos avalaban una cierta contención de los contendientes para no extender deliberadamente el conflicto a las infraestructuras energéticas de las que depende la prosperidad y la seguridad económica de todos los países del Golfo. La contención sobre el límite coincidía con el patrón seguido durante confrontaciones previas en octubre de 2024 y junio de 2025, en las que los ataques y las represalias mantuvieron al margen los objetivos energéticos, sin que éstos figuraran entre las prioridades de la designación de blancos. Además, la contención facilitaba la rápida normalización de los mercados de la energía una vez finalizado el enfrentamiento armado y puesta en marcha la desescalada. La resistencia de los mercados a subidas drásticas durante los primeros días del conflicto parecía compartir la argumentación sostenida, pero las expectativas de contención se vinieron al traste cuando el 18 de marzo la aviación israelí llevó a cabo un ataque a gran escala contra las instalaciones asociadas al campo de gas iraní de South Pars y el centro de procesamiento de Asaluyeh e Irán adoptó inmediatamente represalias contra activos energéticos clave de sus vecinos árabes.

1. Inseguridad energética

Tanto las instalaciones asociadas a South Pars como el centro de procesamiento de Asaluyeh son fundamentales para el sistema energético iraní, que basa la mayor parte de su actividad industrial y la generación eléctrica en el gas extraído de South Pars, así como para alimentar sus exportaciones a Irak y Turquía, que tuvieron que detenerse. Las represalias iraníes se extendieron a refinerías como las de Ras Tanura en Arabia Saudí, reabierta pocos días después, así como las de Mina Abdulla en Kuwait y la de Sitra en Baréin, que tuvieron que parar sus operaciones e invocar causa de fuerza mayor. Irán también atacó el centro de procesamiento de gas de Habshan de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que tardó varios días en volver a operar, afectando también a su planta de GNL. Terminales portuarias de exportación como las de Fuyaira, también en EAU, donde desemboca el oleoducto emiratí que evita Ormuz, y un depósito de combustible en el puerto omaní de Duqm. 

El ataque más grave se produjo contra el complejo gasista catarí de Ras Laffan, que ya había sido atacado al comienzo de la guerra registrando daños menores. Tras el ataque israelí a las instalaciones gasistas iraníes del 18 de marzo, Irán volvió a atacar Ras Laffan, una infraestructura clave que concentra la actividad de licuefacción y exportación de GNL de Qatar, el segundo mayor exportador de GNL del mundo junto con Australia, con cerca del 20% de las exportaciones globales de GNL, sólo por detrás de EEUU. La propietaria del complejo, QatarEnergy, reconoció daños mayores en dos trenes de GNL participados por empresas estadounidenses que representan el 17% de la capacidad catarí y cuya reparación podría llevar entre tres y cinco años.

Se subía así un peldaño más de la escalada energética con una afectación seria y duradera de una infraestructura clave para Qatar y para los mercados globales de GNL. El efecto en los mercados es especialmente grave en la medida en que éstos contaban con nuevos desarrollos de GNL en Qatar para aumentar la oferta de gas y relajar los mercados. Como resultado de la escalada, Qatar no sólo ha paralizado la expansión prevista de sus capacidades, sino que ha visto reducida su capacidad actual y ha tenido que apelar a causa de fuerza mayor para no poder atender sus compromisos contractuales. La caída de la producción energética se contagia a otras cadenas de producción industrial, alimentaria y de servicios como el transporte que dependen del suministro energético y se ven arrastradas por el “colapso sistémico”.[2]

Respecto a Ormuz, las limitaciones de la navegación han seguido afectando gravemente a las exportaciones de petróleo y GNL. Hasta hace pocos días sólo se habían mantenido las exportaciones iraníes de crudo y algunos productos derivados, a las que se añadieron las ventas de petróleo iraní ya almacenado en petroleros tras levantar de manera sorpresiva el 20 de marzo EEUU las sanciones para aliviar la subida de precios del petróleo. Los últimos días se han producido exportaciones limitadas por Ormuz hacia la India desde EAU, y hacia Pakistán, mientras Irak estaría negociando con Irán el paso seguro de sus petroleros. Esta situación de control iraní sobre el tránsito por Ormuz, que le permite exigir pagos por tránsito seguro a los buques de bandera afines es una amenaza de primer orden para los exportadores árabes del Golfo. De mantenerse, sus economías quedarían supeditadas a las condiciones impuestas por Irán, que tendría el control de unas economías muy dependientes de las exportaciones de hidrocarburos. Pero sería también una amenaza de primera magnitud para la economía mundial, en la medida en que ésta quedaría igualmente condicionada a la capacidad iraní para chantajear a la comunidad internacional con un control del tránsito en función de sus intereses y de la postura adoptada por los diferentes países de destino.

Figura 1. Infraestructuras energéticas del Golfo afectadas por la guerra

2. Inseguridad regional

Los analistas y argumentos sobre la contención parece que han sobrevalorado la racionalidad económica de algunos de los actores ante el conflicto. Mientras EEUU y los países del Golfo se han mantenido dentro de la contención, los decisores políticos y militares de Israel e Irán se han desmarcado de la misma.

Irán no ha cambiado de régimen, pero sí de regidores y éstos han llegado a la conclusión de que la estrategia de la contención debilita a Irán y fortalece a sus rivales, por lo que han optado por causar todo el daño posible durante el tiempo que sea necesario. Irán comprobó en septiembre de 2019, cuando atacó el campo de Khurais y la refinería de Abqaiq, que el sistema de defensa integral aéreo y contra misiles (IAMD) de Arabia Saudí no estaba preparado para detener un ataque con drones y misiles de crucero y que unos pocos daños físicos afectaban severamente el mercado global de la energía (la mitad de la producción de petróleo saudí y el 5% de la producción global). Ahora, en lugar de calcular cuidadosamente los objetivos de su respuesta, ha optado por dañar indiscriminadamente todos los objetivos económicos, civiles y militares a su alcance. Aeropuertos, zonas residenciales, centros de datos y de comunicaciones, y desalinizadoras figuran entre sus objetivos, además de denegar el tránsito a los buques de sus rivales y atacar las infraestructuras energéticas de la región.

Por su parte, Israel ya atacó en junio de 2025 algunas instalaciones asociadas al campo de South Pars y la refinería de Fajr Jam, y no ha dudado en saltarse la contención para aumentar el daño que la escalada pueda causar a Irán. El ataque al campo iraní de South Pars dañó el sector energético iraní pero también abrió la escalada ya descrita contra todas las instalaciones energéticas del Golfo. El interés estratégico israelí no es mantener la estabilidad de los mercados energéticos, sino el de causar a Irán el mayor daño posible, aunque ello también dañe los intereses económicos de EEUU y los países árabes del Golfo.

Tampoco interesa a Israel favorecer la desescalada. Desea infligir cuanto daño sea posible a Irán en todos los ámbitos antes de que EEUU decida poner fin a los ataques. Tanto antes como después, al gobierno israelí no le interesa un alto el fuego o negociaciones que proporcionen tiempo a Irán para recuperar su poder militar y sus programas de misiles, y hará todo lo posible por perturbarlas. Antes del enfrentamiento ya temía que las conversaciones entre EEUU e Irán en Omán para reconducir el programa nuclear iraní evitaran un enfrentamiento armado como el actual.

Los intereses israelíes se fundan en el apoyo popular a sus acciones militares (el 78,5% de la población encuestada apoya los ataques sobre Irán y el 60% está muy satisfecho con los resultados) y en el limitado daño que padece. Sus infraestructuras energéticas se mantienen relativamente a salvo de los ataques iraníes, salvo el ataque iraní a la refinería de Haifa, que ha seguido operando tras sufrir daños reducidos. Además, Israel ha adoptado algunas medidas preventivas de protección en sus campos de gas offshore que aconsejaron parar la producción y han afectado sobre todo a las exportaciones a Egipto y Jordania, pero no al suministro nacional. El sistema de defensa aéreo ha conseguido –hasta ahora– proteger esas infraestructuras y al conjunto de la población de los ataques iraníes (345 misiles y 500 drones), con pocas víctimas (17 fallecidos y 4.190 heridos) (Figura 2). Sin embargo, las sirenas no paran de anunciar nuevos ataques y la utilización de cabezas explosivas de racimo en los misiles iraníes pone a prueba la capacidad de las defensas para interceptarlos antes de que dispersen su contenido.[3]

Figura 2. Bajas israelíes durante la operación León Rugiente

Por su parte, los países árabes del Golfo desean evitar una guerra prolongada. Se encuentran atrapados entre la agresividad militar que exhiben Irán e Israel en la región y las dudas sobre las garantías de disuasión que sus aliados les pueden proporcionar desde fuera. Pese a los daños recibidos en sus infraestructuras civiles y energéticas, los países árabes del Golfo se han mantenido al margen de la escalada conscientes de su vulnerabilidad. Su neutralidad no les ha servido para evitar que los ataques de Irán incluyeran objetivos civiles y económicos nacionales, además de los previsibles ataques sobre las bases occidentales en la zona. Por el contrario, los daños a la economía comienzan a erosionar su capacidad de transformar su modelo económico y, como daño colateral, sus inversiones en terceros países. Habían solicitado previamente a EEUU que no atacara Irán sin negociar y advertido de que un cambio de régimen podría aumentar la inseguridad regional.

También albergan dudas sobre la capacidad estadounidense para sostener el sistema IAMD regional, debido a la creciente necesidad de interceptores (caros y de lenta producción) para hacer frente a las combinaciones de misiles y drones (baratos y rápidos de producir) que utiliza Irán siguiendo las lecciones aprendidas por Rusia en Ucrania. Hasta ahora, y a pesar del daño recibido, se han limitado a defenderse y a permitir que los defiendan sus aliados, sin realizar contrataques contra Irán, al menos mientras su capacidad de sufrimiento aguante la escalada iraní. Son conscientes de que no están en condiciones de asumir su defensa ni de influir sobre EEUU o Israel para finalizar una guerra que ellos no han buscado.

Finalmente, EEUU, o su presidente, no pueden finalizar la guerra sin resolver la disrupción del estrecho de Ormuz. Reducir la capacidad militar iraní para perturbar el tráfico, a lo que se están dedicando en los últimos días, puede llevar aún más tiempo y no hay garantías de que se suprima totalmente. Establecer un sistema de escoltas necesitaría todavía más tiempo y no parece posible sin un alto el fuego previo. Además, las fuerzas terrestres que se desplazan a la zona, en torno a 7.000 soldados, no son suficientes para conseguir efectos significativos en la seguridad marítima regional. Si Irán mantiene el bloqueo, EEUU puede optar por seguir la senda israelí para incluir en su targeting infraestructuras civiles para poner a prueba la capacidad de sufrimiento iraní.

Finalmente, y en relación con las expectativas de negociación en curso, sería una buena noticia para los mercados que EEUU e Irán retomen la senda negociadora que se cerró tras los ataques. Mientras se negocian los programas nuclear y de misiles, el tráfico se podría reanudar, de forma discreta, en beneficio de todos y salvando la cara frente a las opiniones domésticas. Sin embargo, y según lo visto en anteriores procesos negociadores, Irán podría seguir perturbando el tráfico por Ormuz cada vez que se estancaran las negociaciones, reanudar los ataques sobre las infraestructuras si Israel o EEUU emplean la fuerza o, lo que produce mayor preocupación, que alguno de sus grupos proxies pueda reemplazar a Irán en el chantaje energético.

Conclusiones
Al descontrol de la escalada puede coadyuvar la prisa de EEUU por salir airoso de su aventura militar. Si su superioridad militar en todos los dominios: espacial, aéreo, terrestre, marítimo y ciberespacial no basta para mantener abierta la navegación en el estrecho de Ormuz, podría tratar de forzar la resiliencia iraní atacando objetivos energéticos y económicos además de militares para forzar la reapertura. La amenaza de un apagón del sistema eléctrico si Irán no reabre en el estrecho en 48 horas es un preludio de lo que podría venir. También podrían retomarse las negociaciones, para lo cual se amplió cinco días el ultimátum.

Irán sólo puede progresar en su escalada atacando instalaciones energéticas en la zona, como lo hizo tras el ataque israelí sobre South Pars. La mera amenaza de usar la fuerza contra los buques de bandera “enemiga” basta para reducir al límite la navegación y, si es necesario, puede liberar alguna mina o atacar algún buque en la zona para respaldar su amenaza. Su postura agresiva es útil durante el enfrentamiento armado, pero los líderes iraníes saben que su principal problema es el de recuperar la economía iraní tras la guerra, cuando la población deje de envolverse con la bandera ante la agresión combinada de EEUU e Israel y puedan reanudarse las protestas. En el plano energético, prosigue la escalada hacia los escenarios más adversos en términos de afectación del suministro y subidas de precios: más ofensivas y más graves, y mayor duración de la disrupción en los mercados. Por un lado, los ataques contra activos energéticos siguen subiendo en intensidad. A pesar de que no se han reproducido las acometidas directas en los últimos días, el ataque contra las instalaciones cataríes de Ras Laffan supone un punto de inflexión en la medida en que por primera vez se ven afectadas infraestructuras clave para los mercados globales, en este caso de gas, y además de forma duradera: años, no meses de disrupción. Esto se suma a la inseguridad del estrecho de Ormuz y la amenaza iraní de prolongar su control permitiendo el tránsito de manera selectiva en función de la nacionalidad y destino de los petroleros y, eventualmente, metaneros.

[1] La cifra se ha elaborado mediante IA con base en los datos de Kpler, Lloyd’s List Intelligence y UKMTO. Incluye todo tipo de buques y ataques sobre un tránsito total de 110 buques y unos 800 en espera. Chan Ho-Him y Sheikh Saaliq (2026), “About 90 ships cross the Stratit of Hormuz”, Associated Press, 18/III/2026. 

[2] Lazaro Gamin, Blacki Migliozzi y River Akira (2026), “The Choking of Hormuz”, The New York Times, 25/III/2026.

[3] Bar Peleg y Yair Foldes (2026), “Israel Failed to Intercept an Iranian Cluster Missile”, Haaretz, 19/III/2026; Steven Scheer (2026), “Iranian cluster missiles pose extra challenge for Israel’s air defences”, Reuters 18/III/2026.

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Consciente de su propia inferioridad en términos convencionales, el régimen parece decidido a utilizar todos los medios a su alcance no sólo para mantener el control del país, sino también para elevar el coste hasta un nivel insoportable a quien pueda volver a atacar Irán en el futuro.

Benjamín Netanyahu es el que menos dudas plantea. Su objetivo inicial era el derribo de un régimen que llevaba en su punto de mira desde hace décadas, en un intento por culminar su plan de redibujar el mapa de la región, dejando a Israel como potencia dominante, rodeada de vecinos sometidos por la fuerza. En las semanas transcurridas desde el arranque de la agresión, el primer ministro israelí ya ha tenido tiempo de comprobar que la eliminación de los principales dirigentes y altos mandos iraníes no ha provocado el ansiado colapso. De ahí que ahora su principal esfuerzo vaya dirigido a destruir todo lo que pueda de sus arsenales militares y su capacidad industrial, tanto en el ámbito energético como en el de la fabricación de material de defensa. Y, como una derivada igualmente intencionada, eso también incluye promover el caos interno, alimentando a todo tipo de milicias (como las kurdas y las baluchíes) descontentas con el régimen. Por eso de Tel Aviv sólo cabe esperar más y más ataques hasta dejar a Irán estructuralmente debilitado por décadas y convertido en un Estado fallido. De paso, la prolongación de la guerra le sirve a Netanyahu para seguir eludiendo la acción de la justicia en su contra y para mejorar sus expectativas electorales ante los comicios previstos para octubre.

Donald Trump es, por el contrario, quien más dificultades tiene para explicar qué hace metido en una guerra en la que no están en juego los intereses de su país. Una vez que ha comprobado que por muy duros que hayan sido los golpes propinados desde el 28 de febrero el régimen iraní no ha colapsado, ahora no logra definir una estrategia que le sirva para salirse del conflicto sin arruinar aún más su figura. Por el camino, ha enrabietado a su propio movimiento MAGA –sirva la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo como ejemplo–, está poniendo en serio peligro su propia presidencia provocando una subida de precios de los combustibles que puede depararle una derrota en las elecciones del próximo noviembre y hasta ha mostrado su incapacidad para marcarle el rumbo a Israel –como se deduce del ataque israelí a las instalaciones gasísticas iraníes de South Pars–. Como resultado directo de sus errores de valoración, y a pesar de la abrumadora superioridad militar, EEUU acentúa su debilidad y su aislamiento internacional –incluso en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) –, dilapidando gran parte del soft power que había acumulado desde hace décadas.

Por su parte, el régimen iraní, forzado a entrar en un conflicto que no podía desear, se encuentra metido en una guerra existencial. Eso determina, por sí solo, una inquebrantable voluntad no únicamente para resistir la embestida, sino para intentar restablecer la disuasión de sus enemigos al máximo nivel posible. Consciente de su propia inferioridad en términos convencionales, el régimen parece decidido a utilizar todos los medios a su alcance no sólo para mantener el control del país, sino también para elevar el coste hasta un nivel insoportable a quien pueda volver a atacar Irán en el futuro. Eso explica su estrategia de represalias tanto contra territorio israelí y contra las bases estadounidenses en la región, como los golpes contra las instalaciones energéticas de sus vecinos árabes.

Al margen de la situación personal del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, Irán camina hacia una dictadura militar, con los Pasdarán convertidos en el actor político, económico y militar más poderoso del país. Eso implica una mayor radicalización del régimen, empeñado tanto en castigar a quienes le han mostrado su enemistad (interna y externa) como en intensificar la búsqueda de un arma nuclear, por entender que únicamente de ese modo logrará disuadir a sus enemigos.

No busca vencer en un conflicto convencional directo porque su propia debilidad le obliga a adoptar una postura defensiva; pero dispone de medios suficientes para provocar un clima de temor generalizado ante el que sus enemigos no tienen respuesta eficaz. Y todavía le quedan bazas por activar, como la entrada en acción de Ansar Allah, desde Yemen, para crear muchos problemas al tráfico marítimo por Bab el Mandeb y, peor aún, el minado del estrecho de Ormuz.

En definitiva, Irán no puede ganar la guerra, pero puede provocar una crisis económica mundial. EEUU no tiene el control de la situación, de manera que, aunque Trump decida salirse (proclamando una falsa victoria) eso no significa el final del conflicto. E Israel, tras cruzar tantas líneas rojas sin coste alguno –tanto en Gaza, como en Cisjordania, Siria y el Líbano–, no va a parar hasta llegar al límite de sus fuerzas… y aún le quedan muchas.

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EU Inc. es la propuesta de derecho societario más ambiciosa que ha presentado la Comisión Europea en décadas.

Para quién está pensado

La forma societaria EU Inc. está disponible para cualquier empresa con sede en la Unión, incluidas las ya existentes que decidan adoptarla. En ese sentido, el marco societario es de acceso general. No obstante, algunas ventajas, como los procedimientos simplificados de insolvencia, están reservadas a las empresas que cumplan una definición concreta de “empresa innovadora”. Dichas definiciones no están plenamente codificadas en el Reglamento, sino en una Recomendación de la Comisión. La Comisión articula esas categorías sobre la base de criterios objetivos relacionados con la intensidad de inversión en actividades de innovación, la edad, el tamaño y el crecimiento de la empresa o de manera subjetiva, en función de la intensidad innovadora de la empresa.

Qué hace EU Inc.: tres frentes

Derecho societario: este es el núcleo de la propuesta. EU Inc. introduce una forma jurídica única con reglas comunes de constitución, gobernanza interna y estructura de capital. Desaparece el requisito de capital mínimo (puede ser de cero euros), se limitan los gastos notariales de constitución a 100 euros, se establece un periodo máximo de registro de 48 horas, se permite la emisión de distintas clases de acciones con derechos económicos o de voto diferenciados, se simplifican las transferencias de participaciones y se elimina la obligación de recurrir a intermediarios en determinadas operaciones. En materia de incentivos al talento, se introduce un marco societario común para los planes de stock options: reglas homogéneas de emisión y administración aplicables en toda la Unión, lo que reduce las fricciones jurídicas para empresas con equipos distribuidos en varios Estados miembros.

Fiscalidad (parcial): la propuesta no crea un régimen tributario europeo, pero introduce una concesión fiscal concreta en materia de stock options: armoniza el momento en que se aplica el impuesto sobre esos títulos, de forma que la tributación se produzca en el momento de la venta y no antes. La Comisión anima además a los Estados miembros a tratar esa renta como plusvalía y no como renta del trabajo, lo que subraya, paradójicamente, que ni siquiera ese tratamiento está armonizado de forma vinculante. Por lo demás, las empresas EU Inc. seguirán tributando conforme a la legislación del Estado miembro en que desarrollen su actividad.

Procedimientos de insolvencia (parcial): la propuesta introduce normas procesales para simplificar la liquidación, como un criterio único de apertura del procedimiento (la incapacidad de pagar deudas a su vencimiento), formularios estandarizados, comunicación íntegramente digital con las autoridades y representación legal opcional.

La novedad política decisiva: reglamento y artículo 114 TFUE

Más allá del contenido, hay dos elementos formales de primera importancia. La Comisión ha optado por presentar la propuesta como Reglamento, directamente aplicable en todos los Estados miembros, sin necesidad de transposición nacional, lo que responde a las demandas del ecosistema emprendedor, que advertía que una Directiva recrearía exactamente la fragmentación que se pretende eliminar. Y, sobre todo, la propuesta se ancla en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que permite aprobarla por mayoría cualificada en el Consejo, sin necesidad de unanimidad. Cualquier Estado miembro reticente deja de tener poder de veto. Este cambio de reglas de juego es tan importante como el contenido de la norma.

El precedente: por qué importa recordar los fracasos anteriores

EU Inc. no es el primer intento de crear una forma societaria europea. La Societas Europaea existe desde 2004, pero nunca llegó a despegar como alternativa real para las empresas innovadoras: requería un capital mínimo de 120.000 euros y, en la práctica, su gestión seguía dependiendo de los sistemas nacionales. La propuesta de Sociedad Privada Europea fracasó en 2014. En ambos casos, la exigencia de unanimidad en el Consejo fue determinante: bastó la resistencia de unos pocos Estados para diluir o bloquear la iniciativa. EU Inc. elimina ese obstáculo. Pero la historia invita a la cautela.

Los límites estructurales

Definición de empresa innovadora: las definiciones de startup y scaleup innovadoras no están plenamente codificadas en el Reglamento, apoyándose en instrumentos externos de naturaleza voluntaria. De este modo, al no estar incorporada la definición en el Reglamento, la divergencia entre Estados miembros en su aplicación no es un riesgo, es casi una certeza.

Fiscalidad: la fijación del momento de tributación de las stock options no cambia el cuadro general. Las asimetrías fiscales entre jurisdicciones europeas siguen plenamente vigentes y seguirán condicionando las decisiones de localización y operativa de las empresas.

Derecho laboral: la propuesta no toca las legislaciones laborales nacionales. Es una decisión pragmática, en la medida en que el derecho laboral es competencia de los Estados miembros, las tradiciones jurídicas son profundamente distintas entre sí y la sensibilidad política de sindicatos y patronales hace que cualquier intento de armonización en este ámbito habría bloqueado la propuesta antes de nacer. Una empresa constituida como EU Inc. en un Estado miembro con legislación laboral flexible puede operar en otro con mayor protección sindical o cogestión obligatoria, sin que la propuesta aclare de forma satisfactoria cómo se articulan esas tensiones. La ausencia de armonización laboral es el precio político de sacar adelante la propuesta. Pero es un precio que lleva a una propuesta menos ambiciosa.

Registro e insolvencia: la propuesta se apoya en el sistema Business Registers Interconnection System (BRIS), que interconecta los registros nacionales, pero no los sustituye. La uniformidad del régimen sigue dependiendo, por tanto, de la calidad e interpretación de 27 registros nacionales con estándares dispares. Si un registrador en Varsovia aplica criterios distintos a uno en Madrid, la seguridad jurídica prometida se fractura en el punto de entrada.

Es en materia de insolvencia donde quizá reside el límite más relevante para la promesa de un “ciclo de vida completo” armonizado. Las normas procesales introducidas son mejoras reales, pero no crean un procedimiento europeo autónomo ni armonizan el derecho concursal sustantivo. La Comunicación que acompaña a la propuesta de EU Inc. menciona que la propuesta complementa la Directiva de armonización de insolvencia, que aproxima parcialmente el derecho sustantivo concursal entre Estados miembros. Esa armonización parcial preexistente es un contexto favorable, pero no elimina el problema de fondo: los procedimientos de insolvencia de EU Inc. seguirán siendo nacionales, tramitados ante autoridades judiciales o administrativas de cada Estado miembro y regidos por el derecho concursal de ese país. Una EU Inc. domiciliada en Madrid que entre en dificultades se liquidará conforme a la Ley Concursal española; una con sede en Ámsterdam, conforme al derecho neerlandés.

La promesa de uniformidad se quiebra, por ende, tanto al nacer la empresa como al cerrarla. Y con ella la comparación con Delaware que tan frecuentemente se invoca: Delaware no sólo ofrece un buen derecho societario, sino también un registro único, predecible y eficiente, y procedimientos concursales homogéneos. EU Inc. no resuelve ninguno de los dos.

El problema del acceso a la financiación

Una de las expectativas que rodea a EU Inc. es que mejorará el acceso a la financiación de las startups europeas. La armonización de las estructuras de capital y de la documentación societaria reduce los costes legales para los fondos de venture capital que invierten en múltiples jurisdicciones y facilita la estandarización contractual. Hay una mejora marginal en el entorno de captación. Pero el problema de financiación europeo no es contractual: es de oferta de capital. Europa carece de la masa de capital paciente que alimenta el ecosistema de venture capital estadounidense. Ninguna forma societaria puede sustituir esa base de capital. Delaware no generó el capital del ecosistema americano: simplemente ofreció el mejor marco para atraerlo y estructurarlo. El capital ya existía. En Europa faltan las dos cosas, y EU Inc. sólo aborda una, y de forma incompleta.

Conclusiones

EU Inc. es la propuesta de derecho societario más ambiciosa que ha presentado la Comisión Europea en décadas. El diagnóstico es correcto, el instrumento elegido (un Reglamento aprobable por mayoría cualificada) es el adecuado y algunas de las medidas concretas responden a demandas reales del ecosistema emprendedor.

Pero la propuesta arrastra limitaciones que no son menores. Deja fuera la armonización fiscal en sentido amplio y el derecho laboral (este último por pragmatismo político comprensible, pero con consecuencias reales para los trabajadores de las empresas que adopten el régimen). No crea un procedimiento europeo de insolvencia sino una capa de normas procesales sobre 27 sistemas concursales nacionales. Y define el acceso a sus ventajas más específicas mediante criterios de innovación recogidos en una mera Recomendación no vinculante, lo que convierte la fragmentación en su aplicación práctica no en un riesgo sino en un resultado casi predecible.

A ello se añade el riesgo histórico de dilución en la negociación: la propuesta inicia ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, con el horizonte de un acuerdo político a finales de 2026. Como advierte la comunidad tecnológica, poner la etiqueta “EU Inc.” sobre 27 sistemas nacionales fragmentados no sería progreso: sería un ejercicio de marca. El diagnóstico es correcto. Ahora falta lo más difícil: que el resultado legislativo esté a la altura de la ambición del anuncio.

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• Aunque existe un consenso en torno a la necesidad de intensificar la relación estratégica UE-India y elevarla a nuevas cotas, existen cuestiones contrapuestas que se deben abordar para que la asociación evolucione.
• La rivalidad actual a nivel mundial entre Estados Unidos (EEUU) y China está obligando a Bruselas y Nueva Delhi a buscar socios con los que reducir su dependencia de esas dos grandes superpotencias, al tiempo que intentan reequilibrar las respectivas relaciones bilaterales con Washington y Pekín.
• La Unión Europea (UE) tendrá un papel crucial a la hora de promover y capitanear una reforma de la gobernanza mundial para mejorar su credibilidad en el sur global. Por lo tanto, hace falta que las palabras se traduzcan en hechos, y no sólo con la India, sino también con otros socios de Asia, para impulsar redes comerciales de cooperación y mejorar las infraestructuras destinadas a garantizar la seguridad y el carácter de las rutas comerciales.

Análisis

Introducción

En esta segunda contribución de jóvenes académicos, exploramos la relación bilateral entre la UE y la India en un contexto mundial en transición. Para la UE, la fragmentación del orden liberal internacional y la invasión rusa de Ucrania representan puntos de inflexión fundamentales que la obligan a replantearse su papel internacional. Por su parte, la India está dando prioridad a su autonomía estratégica para proteger sus intereses, fomentar el desarrollo y consolidarse como interlocutor global.

La intensificación de la competencia entre EEUU y China como grandes potencias está generando un entorno de menos cooperación, más fragmentación y mayor propensión a los conflictos, marcado por el resurgimiento del nacionalismo y una dinámica de suma cero que hacen mella en los intereses de las potencias intermedias. EEUU ya no actúa de garante de la democracia, el Estado de derecho, el libre comercio y el multilateralismo institucionalizado, puesto que tanto la UE como la India lo perciben cada vez más como un interlocutor impredecible y poco fiable. La instrumentalización de la interdependencia económica y de la innovación tecnológica erosiona aún más la confianza y hace que las relaciones internacionales sean de índole más transaccional. 

Ese es el contexto en el que la UE y la India tratan de defender el multilateralismo, la apertura económica y la cooperación. La UE es una potencia económica con un mercado único atractivo, mientras que la India, país en el que vive una sexta parte de la humanidad, está a punto de convertirse en la tercera economía del planeta, con un sólido crecimiento continuo y un mercado inmenso. Ambos interlocutores están dispuestos a defender los elementos que sostienen los principios de su éxito, con especial atención a la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro.

Las contribuciones siguientes examinan aspectos críticos de la asociación, desde los escollos en materia de seguridad y las infraestructuras relacionadas con el comercio como vías para atenuar la dinámica competitiva entre las grandes potencias, hasta las implicaciones a largo plazo de la cooperación UE-India para la gobernanza y las normas en países europeos en el contexto mundial, así como el reto de reformar la gobernanza mundial para que incluya en mayor medida a los países del sur global. Con ese fin, la UE tendría que adoptar un protagonismo mundial proactivo e interactuar con la India y otros socios en pie de igualdad para promover un orden internacional más equitativo.

Cuatro retos para las relaciones UE-India

La relación entre la UE y la India presenta un largo recorrido y se sustenta sobre una amplia gama de factores. Últimamente, el interés de la India por esta relación ha ido en aumento porque su deseo de adquirir un mayor protagonismo en el comercio mundial la insta a estrechar lazos con la UE. Ese empeño se llevaría (también) a la práctica a través del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, que partiría de los puertos indios y llegaría a uno o más puertos europeos. Sin embargo, existen varios obstáculos –también recientes– que podrían obstaculizar la relación UE-India; esas son las cuestiones que examinaremos en el presente análisis.  

El Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa tiene como objetivo desarrollar las relaciones comerciales entre la UE y la India, por lo que el primer pilar del presente informe versará sobre el comercio. La UE y la India llevan ya tiempo tratando de negociar y firmar el llamado Acuerdo Amplio de Comercio e Inversión (BTIA), pero las discrepancias en torno al acceso al mercado, las normas comerciales y las cuestiones reguladoras han complicado el proceso. Además, en 2025, el Parlamento Europeo llamó la atención sobre varios acontecimientos que podrían hacer mella en las relaciones de la UE con la India. En primer lugar, el fortalecimiento de la relación entre la India y EEUU, con la negociación en curso de un tratado comercial bilateral entre ambos (adopción prevista para finales de 2025), ha generado aún más frustración por el estancamiento del BTIA entre la UE y la India. Asimismo, es posible que la intención manifiesta de que el destino final del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa sea EEUU –pese a la complejidad logística que entrañaría– incremente la tensión entre la UE y sus contrapartes. En segundo lugar, las relaciones entre la India y Rusia, más estrechas de lo que sería deseable, también han suscitado inquietud y debate en la UE, puesto que cabe esperar una intensificación de las relaciones comerciales entre ambos países. Además, a la UE también le preocupa la postura de la India sobre la invasión rusa de Ucrania. El país asiático ha venido absteniéndose de votar en contra de la agresión rusa en las Naciones Unidas, lo que, de algún modo, confirma el incremento de la colaboración entre ambas naciones. No obstante, las dudas del Parlamento Europeo ya mencionadas podrían haber quedado obsoletas, puesto que EEUU impuso aranceles del 50% a varios productos indios a finales de agosto de 2025 y vinculó la decisión a la compra de petróleo ruso por parte de la India. Los analistas señalaron que “es evidente que, a diferencia de presidentes anteriores, el presidente Trump no valora a la India como socio para contrarrestar a China”. Esta situación también genera incertidumbre en torno a las relaciones UE-India. 

El segundo escollo son los puntos de vista discrepantes sobre el funcionamiento debido del mundo multipolar. A este respecto, la India parece decantarse por una postura más revisionista, alegando que las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales deben someterse a un proceso de reforma y democratización para que la India –y posiblemente otros interlocutores también– cuente con un mayor protagonismo. En cambio, la UE promueve un orden mundial basado en normas dentro de los marcos que ya existen, evitando abrir un debate que generaría tensiones tanto fuera como dentro de la Unión.[1]

El tercer punto de contención en potencia del que se suele hablar en la UE es el nivel de protección de los derechos humanos en la India y, por extensión, el funcionamiento de su sistema democrático. Situaciones como la de Manipur o las políticas contra musulmanes, cristianos y otras minorías, así como algunas de las restricciones impuestas a derechos como la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas, han provocado rencillas entre ambos interlocutores.

En la actualidad, la India está tratando de entablar relaciones comerciales con todos los interlocutores posibles y uno de sus objetivos principales es convertirse en una economía desarrollada de aquí a 2047. En este contexto, la India ha comprendido que la UE es uno de los mayores socios comerciales del mundo, ya que importa una gran cantidad de mercancías. Por lo tanto, la India está interesada en entrar en los mercados europeos para hacerse como mínimo con una cuota razonable de sus importaciones (sobre todo, frente a China) y está estudiando las posibles oportunidades en ese sentido. Esa circunstancia plantea un cuarto escollo relacionado con la política climática de la India, ya que resulta incompatible con los objetivos del Acuerdo de París. Aunque el país asiático está utilizando en gran medida las energías renovables, los estudios independientes (Climate Action Tracker) ponen de manifiesto que los esfuerzos dedicados a su objetivo expreso de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2070 son a todas luces insuficientes debido al uso extensivo de centrales de carbón para satisfacer sus ingentes necesidades energéticas.

Mientras la UE se enfrenta a un número creciente de dificultades (debido a que varios aspectos fundamentales de sus características identitarias están pasando a un segundo plano en el panorama internacional), la India pretende tener un mayor protagonismo a nivel mundial. Recurriendo a la multipolaridad que permite el sistema actual, la India está buscando interlocutores dispuestos a colaborar, y la UE deberá tomar algunas decisiones difíciles si desea sacar provecho de una nueva cooperación (económica/comercial). La India irá ganando más cuota del comercio mundial y la UE seguirá siendo uno de los mayores importadores de bienes del planeta, por lo que es posible que las necesidades de la Unión vuelvan a poner en entredicho la coherencia entre lo que predica y lo que hace de verdad. Por ejemplo, la UE aceptará bienes fabricados en la India a pesar de los resultados del país asiático en ámbitos como el cambio climático o los derechos humanos. Por lo tanto, pese a que, por lo menos de momento, parece haber sentimientos encontrados en la burbuja de la UE hacia la India, las interconexiones son cada vez más abstractas actualmente, lo que abre la puerta a colaboraciones flexibles que respondan a intereses a la carta.

La interacción de la UE con la India y el triángulo Bruselas-Washington-Pekín

El 17 de septiembre de 2025, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) publicó su Comunicación conjunta sobre una nueva Agenda Estratégica UE-India. El documento, redactado tras la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Nueva Delhi en febrero de 2025, marca el camino a seguir en las relaciones entre ambas partes tras la conclusión de la anterior Hoja de ruta para 2025, puesta en marcha en 2020. Esta comunicación conjunta esboza un marco de cinco pilares para “elevar la asociación estratégica a un nivel superior”, más allá de las negociaciones actuales en torno a acuerdos bilaterales sobre libre comercio, protección de inversiones e indicaciones geográficas que dieron comienzo en 2022, con finales de 2025 como plazo para llevarlas a buen puerto. Los cinco pilares son “prosperidad y sostenibilidad”, “tecnología e innovación”, “seguridad y defensa”, “conectividad y cuestiones mundiales” y un área transversal llamada “facilitadores en todos los pilares”.

Las negociaciones actuales en torno a un nuevo marco para las relaciones UE-India están inexorablemente ligadas a la creciente complicación del propio entorno geopolítico y la posición geoeconómica de la Unión tras el regreso al poder de Donald Trump en EEUU. La guerra comercial desatada por la Casa Blanca el 2 de abril dio lugar en última instancia a un “mal acuerdo” que ha motivado críticas a la UE por su enfoque cauto en las negociaciones con Washington, si bien algunas estimaciones de las repercusiones para el PIB de la Unión apuntan a un -0,13% más que manejable.

De hecho, no es el impacto económico de la guerra comercial en sí, sino el efecto acumulado del enfoque hostil de la Administración Trump hacia la UE lo que ha dado pie a lo que se percibe como el “ocaso” de las relaciones transatlánticas, así como a una nueva ronda de debates acerca del significado, la dirección y la viabilidad de la “autonomía estratégica” de la Unión. A raíz del deterioro de los lazos con EEUU, ha habido llamamientos para restablecer las relaciones con China con el fin de reequilibrar las relaciones transatlánticas. No obstante, esas opiniones chocan con la persistencia de los factores de seguridad nacionales y del régimen que siguen determinando las políticas industriales de China y sus implicaciones negativas para Europa. También entran en conflicto con los cálculos geopolíticos más amplios de Pekín que motivan su neutralidad benevolente hacia Rusia en el marco de su guerra de agresión contra Ucrania.

En este contexto, hay margen de sobra para una fuerte convergencia geoeconómica entre la UE y la India. Ambas partes deben replantearse sus relaciones con Estados Unidos con Trump al mando y continuar preocupándose por las dependencias estructurales con China y sus implicaciones para la seguridad, además de mantener su interés en mejorar la conectividad –‍se incluye aquí la propuesta del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa–, aunque las relaciones de Nueva Delhi con Rusia sigan siendo un problema para Europa. 

Cabe destacar que este momento de transición en las relaciones UE-India brinda por su parte una oportunidad a los interlocutores –de dentro y fuera de las instituciones de la UE– que abogan por vincular el avance de las negociaciones del tratado bilateral de libre comercio y los acuerdos subsiguientes a un cambio concreto en las tendencias internas que han lastrado la política india en el último decenio. Estas tendencias son de sobra conocidas: el debilitamiento del Estado de derecho, el auge del autoritarismo digital en el país y de la represión transnacional en el extranjero, así como las políticas polémicas que avivan las divisiones etnorreligiosas en zonas como Manipur o como Jammu y Cachemira. En cualquier caso, lo que se echa en falta es voluntad política de Bruselas para tomar esa decisión. Dicho con claridad, al estar atrapada en un triángulo geopolítico con EEUU y China, y sentir la presión del imperialismo ruso a las puertas, habría que descartar cualquier quimera sobre la capacidad de la UE de modificar en lo fundamental el comportamiento del gobierno indio y del partido en el poder, el Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP).

Ahora bien, ¿existe alguna forma de que la UE evite disociar por completo “lo político” y “lo económico” en su relación con la India? Una agenda minimalista podría centrarse en vincular las negociaciones en curso a alguna garantía de que Nueva Delhi se abstendrá de ejercer cualquier tipo de represión transnacional contra las distintas diásporas dentro de los Estados miembros de la UE. Es importante porque, si bien la represión transnacional se ha centrado hasta el momento en los países de habla inglesa, el aumento de los flujos migratorios desde la India hacia Europa abre la puerta a que este tema cobre una mayor relevancia en los próximos años. A un nivel más general, Bruselas podría exigir garantías de que Nueva Delhi también se abstendría de intervenir en el  entorno informativo de la UE, en especial en lo que atañe a lo que la Unión define como instrumentos de manipulación de información e injerencia por parte de agentes extranjeros (FIMI), una conceptualización de las amenazas en el ámbito de la información que ha sustituido a la noción más extendida de “desinformación”. Como objetivo más ambicioso, Bruselas podría tratar de utilizar las negociaciones para reprimir parcialmente algunos de los elementos más abiertamente antioccidentales de su comunicación política en torno a la guerra en Ucrania, habida cuenta de los escollos persistentes con los que se encuentra la UE para que cale en el sur global su mensaje sobre esta cuestión.

Afrontar la multipolaridad: la asociación UE-India y la reforma de la gobernanza mundial

La UE se enfrenta a una doble prueba de fuego para su credibilidad y eficacia: la necesidad apremiante de reformar el sistema de gobernanza multilateral y, al mismo tiempo, la imperiosa obligación de restaurar su legitimidad a ojos del sur global. Lo crucial es abordar con decisión esa legitimidad para que las iniciativas destinadas a revitalizar la gobernanza mundial lleguen a buen puerto. Pese a que la estrategia de la UE de 2021 para reforzar el multilateralismo expuso una visión pragmática, algo que se echó en falta fue un compromiso con el sur global. Desde entonces, se ha producido una toma de conciencia en la UE acerca de la necesidad de recuperar la confianza de sus socios en el sur global.

El fortalecimiento de los lazos con la India brinda a la UE una oportunidad concreta de demostrar su compromiso y su capacidad más allá de aspiraciones retóricas y promover un orden mundial más inclusivo. Los funcionarios de la UE han constatado que la relación de la UE con la India alberga el potencial de convertirse en “una de las asociaciones determinantes de este siglo” que podría ayudar a Europa a “salvar el multilateralismo”. No obstante, en Bruselas se está gestando una valoración más mesurada y realista. La UE reconoce abiertamente que existen “ámbitos de desacuerdo manifiesto” con la India, pero la Nueva Agenda Estrátegica UE-India hace hincapié en que, pese a no contar con una sintonía total, sigue habiendo margen de sobra para implantar una cooperación constructiva y mutuamente beneficiosa.

En el mismo sentido, para la India, la cooperación con Europa encaja en el marco de su estrategia de multialineación, contribuye a reducir el riesgo de su política exterior y aporta flexibilidad para dar respuesta a las presiones geopolíticas. Por ese motivo, al compartir el interés en que la asociación se muestre más activa en torno a los asuntos mundiales y en contar con un marco institucional más sólido que la sostenga, la cooperación UE-India sirve de plataforma oportuna para que la convergencia en materia de seguridad, conectividad y la reforma institucional de las Naciones Unidas den resultados que transciendan la esfera bilateral.

Ambas partes han manifestado su interés en proyectos de cooperación trilaterales en el Indo-Pacífico. La estrategia de la UE para la región del Indo-Pacífico reconoce su importancia para la gobernanza de los dominios marítimo y digital. La posible formalización de la asociación UE-India en materia de seguridad y defensa podría ayudar a consolidar iniciativas bilaterales y trasladarlas a un escenario más amplio. La seguridad marítima destaca como prioridad compartida, ya que el océano Índico sigue siendo un área de interés estratégico para ambas partes. La UE ha adoptado varias medidas destinadas a reforzar su participación en marcos regionales y aún tiene margen para avanzar más, mientras que el papel de la India es fundamental como sede del Centro de Fusión de Información y por su condición de socio prioritario del proyecto “Mejora de la cooperación en materia de seguridad en Asia y con Asia” (ESIWA) y su sucesor ESIWA+. Este último constituye una base sólida para intensificar los esfuerzos conjuntos, ya que se orienta de manera explícita a promover los debates sobre gobernanza mundial y ya ha servido de plataforma para la cooperación trilateral con otros países de la región como Australia o Japón.

Más allá del ámbito marítimo, la UE y la India también están ampliando su cooperación en áreas emergentes de gobernanza que resultan fundamentales para el proyecto ESIWA+. Mantienen una conversación fluida en materia de ciberseguridad y se han comprometido a iniciar otro diálogo sobre seguridad espacial. Ambos actores cuentan una presencia cada vez mayor en los debates mundiales sobre la gobernanza de estos ámbitos y comparten intereses en cuanto a capacitación y cooperación en foros multilaterales. Aunque sus opiniones no concuerden en todo momento, la interacción en estas áreas puede servir para reforzar sus prioridades estratégicas y su cosmovisión.

La Nueva Agenda Estratégica UE-India también se apoya en que la asociación en materia de conectividad y el Consejo de Comercio y Tecnología sirven de marcos complementarios para hacer avanzar las prioridades digitales y de desarrollo de ambas partes. En el Consejo de Comercio y Tecnología, los dos interlocutores trabajan para lograr la interoperabilidad de sus respectivas infraestructuras digitales públicas y desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de los países en desarrollo. La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental ​(ASEAN), con la que la UE mantiene una cooperación duradera en materia de conectividad, ha instado a la India a respaldar su Plan Maestro de Conectividad ASEAN. Estas iniciativas concuerdan con la aspiración de la UE de intensificar su asociación de desarrollo con la India en terceros países. 

Más allá del ámbito regional, tanto la UE como la India comparten su interés por las reformas multilaterales y coinciden en sus llamamientos para mejorar la eficiencia, la transparencia y la coherencia de las Naciones Unidas. Se incluye aquí el apoyo a la revitalización de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la reforma de su Consejo de Seguridad, en particular mediante la mejora del acceso a la información sobre las deliberaciones del Consejo y el aumento de la presencia de las regiones más infrarrepresentadas, sobre todo África. Ambos interlocutores comparten la opinión de que hay que reforzar las iniciativas de la ONU en el ámbito de la paz y el desarrollo, en especial dotando de mejores recursos y otorgando una función más estratégica a los coordinadores residentes, junto al fortalecimiento de la supervisión y rendición de cuentas en las operaciones financieras de la ONU.

Asimismo, ambos interlocutores consideran que la Comisión de Consolidación de la Paz debería contar con los recursos adecuados para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de la ONU. Este entendimiento común puede facilitar el objetivo de la UE de aumentar su compromiso con la Comisión de Consolidación de la Paz, en la que la India ha mantenido una presencia coherente e influyente. Ambos participaron activamente en el Examen de la arquitectura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz en 2025 y podrían desempeñar una función más coordinada en el marco del examen de 2026 del Consejo Económico y Social (ECOSOC), proceso que la UE contempla como una oportunidad clave para la reforma y órgano del que la India será miembro durante este periodo.

En resumen, la UE considera que el multilateralismo eficaz depende de tres tareas paralelas: reforzar lo que funciona, reformar lo que no funciona y extender la gobernanza mundial a nuevos ámbitos. Si bien es importante no exagerar el grado de convergencia ni la medida en la que pueda derivar en una colaboración significativa, lo cierto es que existe potencial de cooperación con la India en las tres dimensiones.

Conclusiones

Las dificultades compartidas han dado un nuevo impulso a la asociación estratégica UE-India después de sus lentos primeros pasos en 2004. Los intereses económicos y de seguridad cada vez se encuentran más entrelazados, por lo que ambos interlocutores tendrán que enfrentarse en algún momento a las divergencias normativas persistentes en el ámbito de la gobernanza mundial, ya sea en lo que respecta a las reformas de las instituciones internacionales, los marcos reguladores o las implicaciones de sus respectivas relaciones con Rusia, EEUU y China. Si no se abordan las cuestiones persistentes que se destacan en estos dos análisis, se corre el riesgo de perpetuar el bajo rendimiento de la relación bilateral.

Para la UE, garantizar la alineación con la India requerirá de un compromiso auténtico con la reforma del orden internacional. Para atemperar las expectativas sobre su papel como socio, lo esencial es comprender que Nueva Delhi no respaldará un sistema que rechace la igualdad de poder o representación. Lo mismo cabe decir de las terceras partes y de los llamamientos destinados a renovar el modo de interactuar a nivel mundial, dejando atrás el enfoque (ya obsoleto) de bloques o de alianzas y optando por coaliciones flexibles de los países que así lo deseen en torno a prioridades compartidas.

[1] Según una declaración del embajador de la UE ante las Naciones Unidas, varios hechos han quedado patentes a raíz de las guerras en curso en el hemisferio occidental: la UE apoya que se lleve a cabo “una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que sea más efectivo […]”, así como dar voz a “las regiones infrarrepresentadas, en especial África”. Sin embargo, según el sitio web del SEAE, la UE sigue respaldando un sistema multipolar basado en el derecho internacional y la protección de los derechos humanos; dentro de ese marco, apoya la Iniciativa ONU80 del secretario general de las Naciones Unidas, un planteamiento integral para llevar a cabo reformas de amplio calado en la Organización en las próximas décadas.

La entrada Relaciones UE-India II: la dimensión global de las negociaciones bilaterales se publicó primero en Real Instituto Elcano.

Pekín asume que la rivalidad con EEUU será larga y estructural, y responde a ella con una estrategia coherente, ambiciosa y respaldada por capacidades estatales e industriales difíciles de igualar.

En general, el documento sigue siendo una continuación del plan anterior y, a grandes rasgos, refleja dos grandes ideas, seis prioridades estratégicas y cuatro métodos para conseguirlas. La primera gran idea es que la competencia sistémica con EEUU durará décadas y se decidirá en la carrera tecnológica. La segunda es que China está preparada para afrontar este reto. Pese a las recientes embestidas de EEUU, el plan presenta un mensaje relativamente optimista, fundamentado en que las fortalezas de China (su capacidad de inversión, desarrollo tecnológico, capacidad industrial, estabilidad política, capacidad de coordinación política y la cantidad y calidad de sus recursos humanos) le permitirán, a pesar de sus debilidades (estancamiento de la demanda interna, involución de precios, endeudamiento y declive demográfico), seguir avanzando en su proceso de desarrollo.

Parece evidente que Pekín se siente reforzada en su estrategia de los últimos cinco años y no piensa que haya que cambiar de rumbo. Más bien lo contrario. Las prioridades siguen siendo las mismas y se podrían resumir en: (1) conseguir una mayor seguridad integral (tanto económica como estratégica); (2) lograr un crecimiento económico de alta calidad; (3) perseguir una mayor autosuficiencia tecnológica; (4) fortalecer el mercado interno; (5) continuar con la transición ecológica; y (6) aumentar la influencia internacional del país. Y para ello, los métodos también siguen siendo los mismos: nacionalismo tecnológico, planificación estatal, modernización industrial y apertura internacional selectiva.

Todos estos elementos, que pueden sonar abstractos, se aterrizan en políticas concretas. Hay metas cuantitativas específicas: se sigue apostando por un crecimiento del PIB en torno al 5%; doblar la renta per cápita de aquí a 10 años para estar al nivel de un país desarrollado medio; elevar un 7% anual la inversión en I+D+i; que las patentes de alto valor añadido pasen de 16 a 22 por cada 10.000 habitantes; que la economía digital represente el 12,50% del BIP; que las renovales supongan el 25% del mix energético; y que la esperanza de vida llegue a los 80 años. Pero también hay fórmulas bastante bien definidas de cómo lograr muchos de los objetivos propuestos.

El plan, por ejemplo, divide la modernización económica en tres grandes bloques. Por un lado, estarían los sectores tradicionales, como el acero o el cemento, y la industria petroquímica, electrónica e incluso textil, que generan una gran cantidad de empleo y necesitan mantenerse competitivos frente a otros países emergentes con mano de obra más barata, lo cual implica una mayor digitalización, automatización y robotización. Después están los sectores de mayor valor añadido en los que China ya es altamente competitiva, pero quiere serlo todavía más. Aquí estarían, por ejemplo, los minerales críticos, la energía solar y eólica, las baterías para vehículos eléctricos, los propios vehículos eléctricos, la fabricación avanzada, la maquinaria industrial de precisión y los drones comerciales. Y, finalmente, están los sectores y las tecnologías del futuro como la inteligencia artificial avanzada, la tecnología y computación cuántica, la biotecnología y bioingeniería, los materiales avanzados, la robótica humanoide y la tecnología espacial.

Hay dos elementos que destacan además en esta división sectorial. Por un lado, China tiene perfectamente identificados los sectores dónde todavía tiene una alta dependencia de Occidente y, por lo tanto, los países avanzados los podrían usar como elementos de presión (chokepoints) en un potencial conflicto. Estos son los semiconductores avanzados, los equipos de fabricación de chips, los chips específicos para la inteligencia artificial, el software industrial y de automatización del diseño electrónico, los motores aeronáuticos, la instrumentación científica avanzada, los materiales de alta tecnología y muchos dispositivos médicos avanzados. En todos ellos China va a buscar una mayor autosuficiencia en los próximos cinco años. Y, por otro, la aplicación y difusión de la inteligencia artificial es una estrategia nacional e integral que abarca todos los sectores, desde la agricultura inteligente, la industria, los servicios, el transporte, la educación, la sanidad, los cuidados y el envejecimiento, el consumo y el comercio hasta la administración pública. Se mencionan concretamente los hogares inteligentes, la movilidad inteligente, las comunidades inteligentes y los servicios públicos digitales.

Otro objetivo importante, pero menos prioritario, es potenciar el mercado interno reduciendo trabas y estimulando el consumo doméstico, que sigue sin tener brío desde la pandemia. Quizás, a diferencia del plan anterior, en esta ocasión se hace más hincapié en medidas de demanda como por ejemplo aumentar el salario mínimo, mejorar las oportunidades de empleo, ayudar a las pymes, estabilizar el mercado inmobiliario y expandir la red de guarderías de 0 a 3 años.

En cualquier caso, se sigue insistiendo en la lógica de la Ley de Say, según la cual la oferta crea su propia demanda. Por eso, la apuesta continúa centrada en los productos de alta calidad, la mejora de las infraestructuras y el desarrollo de nuevos servicios en ámbitos como el deporte, la cultura y el entretenimiento. Por tanto, quienes esperan un aumento del consumo volverán a verse decepcionados. Sigue prevaleciendo la idea de que el consumo no puede ser una estrategia de crecimiento en sí misma, sino sólo la consecuencia última de un desarrollo sostenible, de una renta per cápita más elevada y de una mayor capacidad adquisitiva. En otras palabras, los esfuerzos seguirán concentrándose en reforzar la capacidad industrial y tecnológica y en aumentar la productividad. Hasta que el gobierno chino no establezca metas cuantitativas concretas en relación con el consumo y ponga a las provincias a competir entre ellas, como se hace ahora en la industria y la tecnología, para lograr o superar esas metas, el consumo interno no será la máxima prioridad para Pekín.

Desde la perspectiva de las empresas españolas, conviene subrayar que el gobierno chino reconoce la necesidad de contar tanto con las empresas privadas nacionales como con las extranjeras para alcanzar sus objetivos. Esto implica que seguirá fomentándose la inversión extranjera en distintos sectores. En particular, se mencionan la industria y las manufacturas avanzadas, la alta tecnología y los servicios modernos. Además, se plantea reducir la lista de sectores vetados a la inversión extranjera, así como aliviar las trabas jurídicas y burocráticas, una reivindicación recurrente de muchas empresas europeas. También se prevé la apertura de sectores hasta ahora considerados estratégicos, como las telecomunicaciones, la sanidad y la biotecnología.

Por otro lado, el plan fija objetivos claros en materia de aumento de las energías no fósiles, reducción de emisiones y electrificación de la industria. Esto abre oportunidades en ámbitos como las energías renovables, la gestión de redes eléctricas, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético. Otro campo relevante es el de los servicios urbanos y la movilidad inteligente, con oportunidades en el transporte inteligente, la logística digital y la movilidad conectada. Lo mismo ocurre con la ingeniería urbana, la gestión de infraestructuras y la planificación urbana. El plan también impulsa la agricultura inteligente y la seguridad alimentaria, lo que puede generar oportunidades en tecnología agrícola, gestión del agua, procesamiento de alimentos y genética agrícola. Por último, se refuerzan los servicios vinculados a la cultura, el deporte, el entretenimiento y el turismo, sectores en los que muchas empresas españolas ocupan posiciones destacadas a escala internacional.

En conclusión, el 15º Plan Quinquenal confirma que China no sólo mantiene el rumbo, sino que acelera su apuesta por un modelo de desarrollo basado en la seguridad económica, la autosuficiencia tecnológica, la modernización industrial y una apertura exterior cuidadosamente controlada. Pekín asume que la rivalidad con EEUU será larga y estructural, y responde a ella con una estrategia coherente, ambiciosa y respaldada por capacidades estatales e industriales difíciles de igualar. Para Europa, y también para España, el mensaje es claro: China seguirá siendo al mismo tiempo un competidor muy fuerte, un socio económico indispensable y un mercado de oportunidades en sectores clave. Entender esta lógica, sin simplificaciones ni inercias ideológicas, será esencial para diseñar políticas realistas para poder competir y relacionarse con un país que, pese a las dificultades, sigue pisando el acelerador.

La entrada China sigue pisando el acelerador: breve análisis del 15º Plan Quinquenal se publicó primero en Real Instituto Elcano.

• La relación bilateral entre la (Unión Europea) UE y la India requerirá de un enfoque pragmático basado en las convergencias estratégicas, al tiempo que se mitigan las tensiones derivadas de las divergencias normativas.
• A fin de que la asociación estratégica UE-India vaya evolucionando, Bruselas debe reconocer el enfoque indio en materia de asociaciones y adaptarse mediante la adopción de un marco diplomático modular, pragmático y resiliente.
• No obstante, a medio y largo plazo, deberán plantearse en el marco de esta asociación las discrepancias existentes en cuanto a normas y valores, puesto que, a pesar de presentarse en todas las declaraciones oficiales como elementos compartidos, siguen siendo motivo de fricción.
• Estas divergencias proceden de diferencias fundamentales en la cosmovisión de las partes que, como no podía ser de otro modo, reflejan sus distintas interpretaciones del panorama mundial contemporáneo.

Análisis

Introducción

En julio de 2025, se convocó una reunión de académicos europeos noveles para que manifestasen su opinión sobre la relación entre la UE y la India. A partir de esta iniciativa, surgieron dos análisis que reflejan perspectivas distintas sobre el desarrollo de esta asociación. De cara al futuro, a medida que vayan intensificándose las relaciones bilaterales UE-India, Europa deberá contar cada vez más con especialistas en cuestiones relacionadas con la India, mientras que el país asiático tendrá que adquirir sus propios conocimientos especializados para fomentar el entendimiento mutuo.

Esta iniciativa encaja a la perfección con el Proyecto Generación Europa del Real Instituto Elcano, cuyo objetivo consiste en dar voz a la juventud europea en un momento decisivo. Con ese fin, se seleccionaron estudiosos procedentes del sur de Europa, donde el ámbito académico de los estudios indios está menos desarrollado que en el Reino Unido, Francia y Alemania. Es esencial sentar las bases de futuros debates y estudios avanzados sobre la India para profundizar en el entendimiento e integrar las perspectivas diferenciadas del sur de Europa.

La mayoría de los análisis sobre las relaciones entre la UE y la India efectuados hasta el momento se centran en las dimensiones económica y técnica, pero los aspectos normativos parecen más complicados de abordar. Estas divergencias constituyen uno de los principales focos de tensión entre ambos socios. Aunque existe un consenso generalizado sobre la necesidad de estrechar lazos, se antoja igual de importante encarar las dificultades que generan los desencuentros y desajustes normativos a raíz de las distintas cosmovisiones presentes en la mesa de negociaciones.

Las siguientes contribuciones examinarán estas asperezas y formularán recomendaciones al respecto. Un punto de convergencia fundamental entre la UE y la India estriba en la firme convicción de que, ante el clima actual de tensión a nivel mundial, ambas partes deberán liderar los esfuerzos destinados a fomentar el diálogo y la cooperación diplomática. En ambos casos, coinciden en que no se debe emplear como arma la economía mundial y en que ni Estados Unidos (EEUU) ni China deberían dictar las normas del orden internacional.

La interacción con Bharat: influencia de la política interior en la política exterior india e implicaciones para la UE

La política exterior de la India se ha vuelto más asertiva en su viraje hacia los intereses nacionales bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi, lo que deja entrever profundas transformaciones internas como el liderazgo centralizado, el relato nacionalista hindú y la contracción del espacio democrático. Estos cambios afectan sobre todo de un modo considerable a la relación entre la India y sus socios exteriores, entre ellos la UE. Bruselas debe afrontar al mismo tiempo las oportunidades de estrechar lazos y las dificultades derivadas de la reticencia de la India hacia los marcos normativos externos. Por lo tanto, el cometido que tiene por delante la UE consiste en forjar una estrategia pragmática y selectiva de acercamiento que concilie sus ambiciones estratégicas con su identidad normativa. Estas son las cuestiones que se deben tener en cuenta:

• Los factores internos son importantes: la contundente postura internacional de la India es un reflejo de tendencias políticas internas como el liderazgo centralizado, el nacionalismo y la reformulación del marco identitario como civilización.
• Divergencia normativa: la India se muestra cada vez más reacia a aceptar dictados externos sobre democracia y derechos, lo que complica la interacción con el marco de valores en el que se basa la política exterior de la UE.
• Peso estratégico: a pesar de las divergencias, la India sigue siendo indispensable para los objetivos de la UE en materia de comercio, gobernanza digital, seguridad y estabilidad multipolar.
• Selección de políticas para la UE: la condicionalidad entraña el riesgo de provocar alienación, mientras que una interacción meramente transaccional podría hacer mella en la identidad de la UE; la opción más viable parece ser un planteamiento selectivo en función de los intereses.

Clima político interno y política exterior

En la política exterior de la India influye sobremanera la dinámica política interna. Desde la llegada al poder de Narendra Modi en 2014, la India ha asumido una postura más enérgica y autónoma, apelando a un resurgimiento nacional y recurriendo a una política de identidad inspirada en el concepto de hindutva. Aunque es posible que esta circunstancia no haya alterado de manera drástica las líneas fundamentales de la política exterior india, algunas implicaciones son obvias: mayor querencia por la multialineación, resistencia a las críticas externas y un rechazo más contundente de las normas universalistas. Estos cambios de cara al exterior se sustentan en tendencias internas más profundas como el cuestionamiento del Estado de derecho, la contracción del espacio cívico, el incremento de la concentración de mercado y el replanteamiento de la identidad nacional a través del prisma conceptual del hindutva. La invocación más recurrente a Bharat, una concepción civilizacional de la nación, es el símbolo de esta redefinición desde la que se presenta la India como la expresión política de una civilización antigua y se refuerza la proyección de su carácter singular de cara al extranjero.

Por lo tanto, aunque se puedan mantener las tradiciones estratégicas de la política exterior india, su manifestación ha evolucionado: la no alineación ha dado paso a la multialineación, mientras que desde Nueva Delhi se insiste cada vez más en que su auge se produzca conforme a sus propias condiciones. En la Conferencia de Bandung de 1955,el universalismo no era motivo de controversia en la India, sino más bien un punto de referencia común. El rechazo actual a las reivindicaciones universalistas rompe con esa postura y marca un cambio de rumbo. En ese sentido, la India se presenta como un Estado-civilización que promueve un orden multipolar que prima la soberanía y opone resistencia a las pretensiones occidentales de imponer normas universales. Este cambio ha acercado la India a una visión del mundo más particularista que agudiza la desconfianza en las normas liberales y consolida la preferencia por la multipolaridad, por lo que el país se ha vuelto más asertivo en su rechazo a las críticas desde el exterior.

La paradoja UE-India

Para la UE, la India es tanto un socio estratégico como un quebradero de cabeza normativo. Los lazos bilaterales se han estrechado de manera considerable en los últimos años. Desde 2018, la UE ha invertido en reforzar esos vínculos con la India en ámbitos importantes como el comercio, la gobernanza digital, la transición verde y la seguridad. Aun así, la India se opone cada vez más a la imposición de marcos normativos externos. Tal y como señaló el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, en Bruselas en el verano de 2025, “la idea de que una parte del mundo fije las normas para el resto es algo a lo que nos oponemos”. Ahí queda patente el deseo de la India de ser artífice de las normas y no una mera receptora, lo que conlleva implicaciones para la acción exterior de la UE, sobre todo por el anclaje normativo de Bruselas en los derechos humanos, el pluralismo y la gobernanza democrática.

La reciente Comunicación conjunta sobre una nueva Agenda Estratégica UE-India de 2025 hace hincapié en esta dualidad. Se extiende la cooperación a cinco pilares: (a) prosperidad y sostenibilidad; (b) tecnología e innovación; (c) seguridad y defensa; (d) conectividad y cuestiones de alcance mundial; y (e) factores habilitantes como competencias y entendimiento mutuo. La amplitud de esta agenda refleja la apuesta estratégica de la UE por la India como socio indispensable, pero su éxito dependerá del modo en el que se aborden algunas de las divergencias en las que Nueva Delhi insiste cada vez más. Dentro de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Parlamento Europeo son los interlocutores más sensibles a una deriva normativa al propugnar constantemente los principios democráticos y los derechos humanos en el marco de las relaciones exteriores. Su postura contrasta con el planteamiento más pragmático de la Comisión y el Consejo, lo que genera tensiones internas en torno al acercamiento de Bruselas a la India. Por otra parte, la concepción india de un orden de base civilizacional, la inclinación primordial por la soberanía y la desconfianza hacia las normas universalistas no hacen sino acentuar las divergencias con el enfoque basado en valores de la UE, incluso a pesar del aumento de la interdependencia.

En un contexto de incertidumbre mundial en el que destaca la imposición de aranceles por parte de la Administración Trump, se antoja necesario llevar a cabo un ligero reajuste de las relaciones India-UE. La interacción debe basarse en objetivos claros y en el respeto mutuo. La excesiva rigidez a la hora de imponer la condicionalidad normativa conllevaría el riesgo de distanciar a una India cada vez más segura de sí misma. Al mismo tiempo, un enfoque meramente transaccional podría restar fuerza a la identidad estratégica de la UE.

Implicaciones para la UE en materia de políticas

La India no se está alineando al cien por cien con Occidente, pero tampoco se está desvinculando. Lo que hace es trazar su propia senda, buscando el equilibrio entre las aspiraciones multipolares y los imperativos internos. Para la UE, se vislumbran cuatro trayectorias posibles: (a) convergencia estratégica: los intereses compartidos prevalecen sobre las divergencias, lo que permite intensificar la cooperación; (b) divergencia normativa: el retroceso democrático en la India añade tensión a las relaciones y socava la confianza; (c) deriva transaccional: la cooperación pasa a ser pragmática pero superficial, con escasa solidez; y (d) renovación democrática (menos probable): las reformas internas de la India reabren un espacio para la convergencia con los valores de la UE y restauran en cierta medida la armonización normativa.

La India está trazando un rumbo propio, moldeado por sus aspiraciones globales y sus perspectivas de multipolaridad.Este derrotero, cada vez más articulado a través del prisma de Bharat, refleja el marco civilizacional y la proyección de base ideológica del auge de la India tanto a nivel nacional como de cara al extranjero. Por su parte, la UE debería centrarse en ámbitos de interés común e interactuar con la India tal y como es: un socio complejo, más asertivo y, aun así, indispensable que gestiona su proyección ascendente según sus propios términos. La alternativa sería apostar por una asociación basada en una ilusión irreal y no en una estrategia.

Entre el espejismo y el interés: replanteamiento de la interacción estratégica de la UE con la India

La UE ve a la India como un posible socio estratégico fundamental. Sin embargo, el incremento de las tensiones a nivel mundial –desde la guerra en Ucrania a la inestabilidad en Oriente Medio y los efectos persistentes de la era Trump– está obligando a replantearse esta asociación desde un punto de vista crítico. Además, el panorama interno de la India y su ambigüedad deliberada en política exterior plantea serias inquietudes a la UE. Esta ambigüedad debería entenderse como un elemento estructural del comportamiento estratégico de la India, no como una desviación táctica o temporal. En este sentido, la UE debería reconsiderar la idea de la afinidad democrática o de la asociación perfectamente simétrica y reconocer a cambio las diferencias estructurales en cuanto a lógica institucional y albedrío estratégico entre la UE y la India. Hay que contar con una estrategia más pragmática que se centre en la cooperación sectorial en ámbitos de interés común –por ejemplo, la seguridad marítima o la gobernanza digital–, principalmente a través de relaciones bilaterales de los Estados miembros dentro de un marco común europeo.

Ambigüedad estratégica india: equilibrio evasivo

La estrategia de la India del equilibrio evasivo revela con claridad la tensión existente entre sus maniobras estratégicas prácticas y el modo de presentarlas. Mientras la India va acumulando capacidades y compite con otras potencias, disipa con cautela los temores de países como China al asegurarles que no tiene intención de plantear dificultades en materia de seguridad. Esta ambigüedad ponderada le sirve para actuar como una potencia flexible y evitar alianzas formales en favor de asociaciones adaptables que le aporten más libertad de movimiento y sustenten una identidad estratégica basada en el movimiento de países no alineados y en su compromiso continuo con la autonomía del país. Esa circunstancia indica que la India podría estar posicionándose de manera deliberada como contrapeso de China, posiblemente con una estrategia real de seducción geopolítica destinada a dejarse querer por todas las potencias importantes.

Relaciones UE-India: el factor civilizacional y las divergencias ideológicas con Europa

En sus relaciones con la India, la UE debe tener en cuenta la identidad civilizacional del país y la percepción que tienen sus élites de las naciones occidentales como paradigmas en declive –a nivel ético, cultural y estratégico– que no merecen ser replicados. Esta postura, vinculada a la ideología del hindutva, alimenta el punto de vista de la India sobre un orden liberal sin legitimidad representado por la UE. En la práctica, el contraste es muy marcado: la UE es lenta, colectiva y normativa. En cambio, la India es ágil, ambigua y muy selectiva. Intentar armonizar los ideales de la India con los de la UE sería un esfuerzo baladí y podría dar pie a situaciones estratégicas embarazosas.

Aun así, la India está manifiestamente interesada en acercarse al mercado europeo y en contar con acceso a tecnologías avanzadas de doble uso. Para Nueva Delhi, la UE es útil: no como aliado estratégico, sino como socio práctico que puede proporcionar beneficios tangibles. La Comunicación conjunta sobre una nueva Agenda Estratégica UE-India de septiembre de 2025, pese a renovar los mecanismos de cooperación sectorial, asume implícitamente una simetría más amplia –o sólo por lo que respecta a capacidades, sino también en cuanto a lógica institucional y perspectivas estratégicas–, al tiempo que minimiza las divergencias civilizacionales y normativas, por lo que reafirma la necesidad de centrarse en una interacción flexible, modular y sectorial.

Vulnerabilidades y limitaciones internas de la India como socio estratégico

La India se enfrenta a muchos escollos internos, como son las divisiones políticas, la desigualdad, el desarrollo tecnológico limitado y la dependencia energética, que merman su potencial de expansión. Estas limitaciones transcienden el ámbito económico y político, y reflejan una reconfiguración más profunda de la arquitectura democrática del país. En este sentido, uno de los riesgos de un acercamiento excesivo por parte de la UE sería partir de una percepción errónea de convergencia e intentar imponer un modelo incompatible desde el punto de vista ideológico, habida cuenta de las tendencias autoritarias y los tintes nacionalistas antiliberales de la India. Más que una potencia clásica, la India es un interlocutor sistémico fundamental que, pese a que quizás no llegue a ser dominante en los próximos años, no cabe duda de que tendrá importancia estratégica.

Recomendaciones estratégicas para la UE

• Aceptar la ambigüedad estructural de la India como socio; dejar atrás la fantasía de la simetría perfecta o la convergencia ideológica profunda. Cuestionar la lógica binaria de “aliado frente a adversario”: la India no tiene cabida en esa dicotomía.
• Reformular la interacción política: asumir el multilateralismo selectivo de la India como permanente y ponderar los objetivos y las ansiedades del país asiático al determinar los intereses estratégicos europeos.
• Optar por una diplomacia modular, pragmática y sólida: fomentar los acuerdos sectoriales con líneas éticas claras y aprovechar la diversidad europea como un activo táctico. Permitir relaciones diferenciadas entre sus Estados miembros y la India dentro de un marco común coordinado y gestionar las divergencias internas en la UE para mantener la cohesión.
• Reconocer la existencia de una competencia real con la India en otros territorios como África y América Latina, donde la UE debería ejercer de facilitador y no de interlocutor paternalista, es decir, aceptar la complejidad en vez de imponer la armonización.
• Europa tiene que aprender a danzar al son de la India sin insistir en bailar un vals rígido: la flexibilidad es la ventaja estratégica definitiva.

Diplomacia parlamentaria en las relaciones UE-India: ¿posible enfoque conjunto para ahondar en el diálogo político y la cooperación estratégica?

Las relaciones entre la UE y la India recibieron un espaldarazo con la aparición de la Nueva Agenda Estratégica UE-India aprobada por el Consejo de Asuntos Exteriores el 20 de octubre de 2025. Este documento estratégico intensifica la relación en ámbitos de interés común, con especial prioridad para la cooperación económica y en materia de seguridad en un contexto geopolítico incierto. En un momento en el que las cadenas de suministro comerciales y energéticas se utilizan cada vez más como bazas de política internacional, tanto la UE como la India se ven conminados a diversificar sus relaciones y a encontrar puntos en común en una asociación estratégica que lleva estancada prácticamente desde su creación en 2004. De cara a este empeño, resulta fundamental invertir a largo plazo en el diálogo político. El presente análisis hace hincapié en la diplomacia parlamentaria como canal para sustentar la interacción política entre la UE y la India y superar las diferencias normativas que se esconden tras el ambicioso marco de cooperación.

Diplomacia parlamentaria en las relaciones UE-India

Aunque suele pasarse por alto, se reconoce desde hace tiempo que la diplomacia parlamentaria es una dimensión importante de las relaciones entre la UE y la India. Desde 2004, los documentos clave sobre política han identificado de manera sistemática los intercambios interparlamentarios como un ámbito importante de cooperación y un componente esencial de la arquitectura institucional que sustenta la asociación estratégica. No obstante, cabe destacar que la nueva agenda quita bastante prioridad a este aspecto. Ahora que la UE y la India pretenden dejar atrás el estancamiento de su relación a través de una asociación ambiciosa que requiere mantener una comunicación diplomática constante, quitar énfasis al compromiso mutuo con la diplomacia parlamentaria en el marco común supone un cambio considerable en la senda de cooperación mutua establecida en 2004.

Entre las distintas plataformas que fomentan el diálogo UE-India, la diplomacia parlamentaria nunca evolucionó hasta adoptar la forma de un mecanismo estructurado, a pesar de su relevancia en el enfoque de ambas partes para la acción exterior. El Parlamento Europeo creó la Delegación para las relaciones con la India en 2007. En cambio, este paso para formalizar las relaciones parlamentarias UE-India nunca suscitó el mismo entusiasmo en la otra parte. El Parlamento indio puso en marcha un órgano equivalente, el Grupo parlamentario por la amistad India-UE, pero sólo de manera intermitente, en 2008 y en el periodo 2014-2019. En consecuencia, los intercambios interparlamentarios entre la UE y la India siguen adoleciendo de falta de estructura y simetría, y se dan sobre todo a través de reuniones interparliamentarias y visitas diplomáticas ad hoc de los comités permanentes del PE relevantes para las iniciativas bilaterales en curso.

Con ese telón de fondo, la decisión de restar prioridad a las relaciones parlamentarias entre la UE y la India en la nueva agenda, unida al uso de un discurso más descafeinado en materia de valores, apunta a dos aspectos principales. En primer lugar, pone de manifiesto un enfoque pragmático hacia cuestiones económicas y de seguridad de carácter urgente. En segundo lugar, transmite el mensaje de que la profundización en el diálogo político puede verse ahora como una barrera para que la asociación estratégica avance.

Contexto estratégico y normativo de una asociación renovada UE-India

La nueva agenda UE-India esboza un plan ambicioso y proyecta a ambas partes como “socios que se benefician mutuamente” en cinco ámbitos de cooperación estratégica: comercio, tecnología, seguridad, conectividad y marcos de interacción estructurada. Años de relaciones bilaterales, principalmente en el sector económico y en defensa, sirven de base para la convergencia en torno a las ventajas compartidas. No obstante, el fortalecimiento de la asociación UE-India conlleva también encontrar canales constructivos para hacer frente a las divergencias normativas persistentes en torno a normas y cuestiones de gobernanza mundial que, junto a otros factores políticos y estructurales, han evitado hasta el momento que Bruselas y Nueva Delhi fuesen socios sólidos.

Dejar de abordar este distanciamiento normativo en cuestiones como crecimiento sostenible, transición energética, protección de datos, derechos humanos y reformas de la gobernanza mundial conlleva el riesgo de complicar las negociaciones UE-India en todos los sectores estratégicos. Además, la transformación en curso del planteamiento de la política interna y el enfoque de política exterior de la India con un gobierno como el que dirige el partido Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP) choca de plano con el compromiso de la UE relativo a las asociaciones basadas en los valores fundacionales de la Unión, como son la democracia, el Estado de derecho, el pluralismo y los derechos humanos. El modo en el que decidan afrontar estas diferencias la UE y la India constituye un aspecto fundamental de su acercamiento actual que merece una ponderación matizada.

El equilibrio entre la cooperación pragmática y el diálogo político

La India, inmersa en numerosas asociaciones pragmáticas más impulsadas por el interés nacional que por tomas de posición basadas en valores, se ha erigido como un interlocutor global más asertivo y un socio más complicado para la UE. Estos cambios se producen en un contexto internacional más fragmentado en el que la pérdida de importancia del multilateralismo y del derecho internacional en la política mundial, unida al hundimiento percibido del orden liberal, resta relevancia a la diplomacia basada en valores.

La nueva estrategia UE-India es un reflejo de estas complejas relaciones (geo)políticas. Por otra parte, el reajuste de la dimensión normativa de su acción exterior frente a la India puede ayudar a la UE a negociar objetivos a corto plazo como ultimar en 2025 un tratado de libre comercio (TLC) hasta ahora estancado. No obstante, el anclaje de la asociación UE-India en el compromiso compartido de abordar los ámbitos divergentes sigue siendo crucial para garantizar su viabilidad a largo plazo. Se trata de un escollo complejo que exigirá replantearse los mecanismos diplomáticos disponibles que puedan facilitar el diálogo político continuo. Una diplomacia parlamentaria que incluya una diversidad de funciones, interlocutores y niveles puede servir de complemento para los intercambios UE-India impulsados desde la esfera ejecutiva en torno a cuestiones específicas (por ejemplo, comercio, seguridad o clima) y sentar las bases de los esfuerzos a largo plazo destinados a aumentar el entendimiento de las posiciones de las partes, en particular en torno a temas controvertidos y delicados (por ejemplo, derechos humanos, libertades democráticas o asuntos internos).

La cooperación parlamentaria entre la UE y la India no se basa en acuerdos institucionales vinculantes, por lo que depende sobre todo de la voluntad política. La dinámica contextual y estructural influye en la función que puede desempeñar la diplomacia parlamentaria en una asociación renovada entre ambas partes. Cabe destacar que iniciativas parlamentarias como las intervenciones del PE sobre acontecimientos que afectan a los derechos humanos y las libertades democráticas en la India han provocado fricciones en las relaciones UE-India en el pasado. Además, el auge de la preponderancia ejecutiva y el debilitamiento de la resistencia legislativa han hecho que la diplomacia parlamentaria de la India pase a ser una herramienta estratégica en manos del Gobierno para respaldar su política exterior y controlar las percepciones internacionales, lo que podría dejar muy poco margen para las iniciativas independientes. En ese contexto, sigue siendo complejo transformar la diplomacia parlamentaria entre la UE y la India, un canal infrautilizado en la actualidad, en una plataforma de diálogo más dinámica. Ahora bien, dejar de hacer hincapié en su función dentro de una agenda estratégica que proyecta una base normativa compartida no hace sino consolidar las limitaciones existentes, en vez de superarlas.

La nueva agenda estratégica UE-India representa un cambio pragmático hacia una asociación centrada en cuestiones específicas y moldeada por el panorama geopolítico actual. Su viabilidad no depende únicamente de los intereses convergentes, sino también, de un modo crucial, de la conciliación de las diferencias normativas. Pese a haberse utilizado hasta ahora en escasas ocasiones, la diplomacia parlamentaria es un canal disponible que podría servir de complemento a la diplomacia ejecutiva a la hora de convertir las afinidades en resultados tangibles. La reducción de su papel en la nueva agenda estratégica debilita la arquitectura institucional de la asociación en un contexto de realidades políticas complejas. En el plano simbólico, apunta a una interacción más cauta que restringe el diálogo político a los canales ejecutivos. En el plano práctico, conlleva el riesgo de seguir reduciendo la diplomacia parlamentaria a una práctica ad hoc sin ningún tipo de estructura. De hecho, podría hacer mella en la capacidad de abordar las diferencias que surjan, lo que podría dar lugar a retrocesos diplomáticos y limitar las oportunidades de generar confianza política a largo plazo.

Conclusiones ¿Alguna solución?

Estas contribuciones aportan valiosas perspectivas sobre el modo en el que los enfoques normativos divergentes podrían dar forma a la trayectoria a largo plazo de la relación entre la UE y la India. Surge una pregunta fundamental: ¿podría evolucionar esta asociación hacia una mayor armonización ideológica? En un escenario mundial que cambia con rapidez, y a medida que la cooperación siga incrementándose en varios ámbitos, lo más probable es que las fricciones persistan. No obstante, las autoras hacen hincapié en los aspectos sobre los que no existen dudas: la India y la UE saldrían beneficiadas de una interacción más cercana y el momento de actuar es justo ahora.

El 26 de enero, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Parlamento, António Costa, asistieron al Día de la República en Nueva Delhi como invitados de honor, momento en el que se firmó el TLC bilateral. En su anterior visita de febrero a la capital india, cuando viajó junto al Colegio de Comisarios al completo, von der Leyen comentó lo siguiente: “Europa y la India son socios afines, unidos por la convicción de que la democracia es lo mejor para la ciudadanía”.

Sin embargo, aunque la relación se sustente en la convergencia estratégica de intereses, podrían surgir contratiempos derivados de las diferentes cosmovisiones. Términos como “afinidad”, “multilateralismo” y “autonomía estratégica” son ambiguos y se prestan a interpretación. Aunque se ponga el énfasis en los intereses compartidos en el (des)orden mundial actual, estos matices dejan entrever las divergencias subyacentes.

Los textos no se limitan a destacar los escollos principales desde la perspectiva de la UE, sino que también proponen distintas maneras de abordarlos. Estos jóvenes académicos han señalado que los valores políticos fundamentales permean el diálogo estratégico entre ambos socios. La dimensión normativa no debería dejarse de lado en la asociación UE-India. Además, esta relación obliga a Bruselas a afrontar sus propios desafíos internos, los cuales son un reflejo de los aquí examinados. Los movimientos antiliberales están ganando poder de influencia en el seno de las instituciones de la UE y en los Estados miembros, por lo que se suman a una tendencia mundial que constituye un peligro para la democracia y sus principios liberales básicos. La polarización, la desinformación y la radicalización encarnan una amenaza para las libertades políticas, el Estado de derecho y la separación de poderes.

Lo que resultará especialmente interesante será observar la evolución de esta asociación en un momento en el que ambos interlocutores pretenden definir su papel como actores globales frente a un panorama internacional cada vez más adverso.

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El análisis de estas cifras y la situación provocada por las diversas contiendas bélicas comenzadas o agudizadas desde final de febrero de 2026, especialmente en torno a Irán, llega a una región con una dinámica subyacente de desplazamientos forzados.

En este momento confluyen no sólo la actual escalada bélica en la región, que incluye el ataque de Israel y Estados Unidos (EEUU) a Irán (y la respuesta de este último), el ataque de Israel al Líbano, la persistencia de la situación de conflicto y aislamiento en Gaza, sino también, si nos referimos al Gran Oriente Medio que incluye parte del sureste asiático, la declaración de guerra de Pakistán a Afganistán y los ataques fronterizos entre ambos. Todo ello se produce en un momento en que los sistemas regionales de acogida humanitaria están profundamente tensionados. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Oriente Medio alberga alrededor de 25 millones de personas desplazadas y retornadas, muchas de ellas en situaciones prolongadas de desplazamiento o que han vivido desplazamientos sucesivos.

A esta presión que podríamos denominar cuasiestructural se suma una nueva ola de movimientos poblacionales motivados por esos conflictos bélicos. A la semana del ataque a Irán, ACNUR estimaba que más de 316.000 personas han sido desplazadas por la escalada del conflicto en distintas partes de la región, mientras se registran también movimientos de retorno y desplazamientos transfronterizos. Y a los 10 días se están dando cifras de unos 885.000 desplazamientos internos en Afganistán, Pakistán, Irán y el Líbano desde final de febrero.

En este contexto, países como Turquía, el Líbano y Jordania, que desde hace más de una década atienden a millones de refugiados procedentes de conflictos regionales, se encuentran especialmente presionados por la necesidad de acoger a nuevos desplazados y refugiados. Estos Estados de renta media han absorbido durante años el grueso de los desplazamientos generados por guerras en la región, incluyendo la llegada de refugiados sirios a Turquía y Jordania, y la presencia histórica de refugiados palestinos en Jordania y el Líbano. Pero es que Irán acogía ya a 1,65 millones de refugiados en una situación económica muy deteriorada. Aunque según el informe de tendencias globales de ACNUR, el aumento sostenido del desplazamiento forzado es general en el mundo, ya que de 2023 a 2024 creció un 6%, es decir, se incrementó en más de siete millones el número de personas desplazadas, países de la región de Oriente Medio como Turquía, el Líbano y Jordania podrían estar pronto en una situación límite tras años de conflictos y los consiguientes desplazamientos. En el Líbano, ACNUR habla de desplazamientos internos a gran escala provocados por los ataques recientes de Israel, con más de 676.000 personas desplazadas internamente.

Figura 1. Principales poblaciones refugiadas en países de acogida de Oriente Medio, 2025

Por su parte, en el eje Afganistán-Pakistán, países de renta baja y media-baja, respectivamente, también se están produciendo desplazamientos de población significativos. Desde 2025 se han registrado más de tres millones de retornos de afganos, principalmente desde Irán y Pakistán, muchos retornos forzados, mientras que en Afganistán se han producido nuevos desplazamientos internos (unos 115.000) que añaden presión a un sistema humanitario ya sobrecargado con unos 3,2 millones de desplazados internos. A ellos se suman pequeños, pero significativos, desplazamientos en Pakistán, dónde el 63% de los 2.600 desplazados son niños. También, encontramos cruces del Líbano hacia Siria, país de renta baja, donde ACNUR atiende ya a más de 110.000 personas, y, como se ha indicado, afganos que vuelven desde Irán.

El análisis de estas cifras y la situación provocada por las diversas contiendas bélicas comenzadas o agudizadas desde final de febrero de 2026, especialmente en torno a Irán, llega a una región con una dinámica subyacente de desplazamientos forzados. Oriente Medio ha sufrido importantes conflictos en las últimas décadas con situaciones de prolongadas movilidades forzadas que tienen ya muy tensionados los sistemas regionales de acogida. Basta comparar los datos de la región (Figura 1) con los de los cinco países europeos, todos de ellos de renta alta, que acogen más refugiados y solicitantes de asilo (Figura 2). Jordania acoge más refugiados y desplazados que Alemania, pero cualquier otro país europeo acoge menos personas refugiadas y desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos, violaciones de derechos humanos, que los países de Oriente Medio, a pesar de la diferencia en su nivel de desarrollo, rentas y capacidades.

Figura 2. Cinco países de Europa con mayores poblaciones refugiadas acogidas, 2025

El riesgo en Oriente Medio no es únicamente que se produzcan nuevos desplazamientos, sino que estos ocurren en una región donde muchos países de acogida podrían estar acercándose a ese posible umbral de fatiga de acogida, tras más de una década absorbiendo la mayor parte de los desplazamientos generados por los conflictos regionales. Si esta tendencia continúa, Oriente Medio podría enfrentarse no sólo a una nueva y grave crisis humanitaria, sino también a crecientes tensiones sociales y políticas en los países que hasta ahora han sostenido el sistema regional de protección.

Esta situación también podría tener implicaciones para Europa, y otras regiones, ya que, históricamente, las personas que se ven forzadas a dejar sus hogares y desplazarse en Oriente Medio tienden a permanecer inicialmente dentro de la región, pero una duración prolongada de las agresiones bélicas actuales puede transformarse en movimientos secundarios cuando los sistemas de acogida de los países se saturan o sufren nuevas desestabilizaciones y conflictos.

[1] La autora agradece los comentarios a una versión inicial de María Solanas e Iliana Olivie. Sin duda, han ayudado a mejorar sustancialmente el texto.

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