El riesgo geopolítico se ha convertido en una variable central para interpretar la economía internacional. No sólo importa a diplomáticos y analistas de seguridad. También condiciona decisiones de inversión, precios energéticos, comercio, cadenas de suministro y respuestas de política económica. Medirlo ayuda a distinguir entre tensiones políticamente graves, pero económicamente contenidas, y episodios capaces de alterar el funcionamiento de la economía global.

El problema es que el riesgo geopolítico no se observa directamente. No tiene un precio único ni una estadística oficial equivalente al PIB, la inflación o los tipos de interés. Por eso se mide mediante indicadores indirectos. El más utilizado es el índice de riesgo geopolítico (GPR) de Caldara e Iacoviello, que cuantifica la frecuencia con la que la prensa de Estados Unidos (EEUU), el Reino Unido y Canadá recoge amenazas y actos geopolíticos adversos. Entre ellos se incluyen tensiones militares, amenazas de guerra, conflictos materializados, escaladas y ataques terroristas.

El GPR es un buen punto de partida porque ofrece una serie homogénea y permite diferenciar entre amenazas y actos geopolíticos. Pero su propia arquitectura lo orienta hacia la dimensión securitaria del riesgo. En la geopolítica contemporánea, sin embargo, la coerción ya no es sólo militar. También es económica, tecnológica y comercial. Sanciones, controles de exportación, aranceles o restricciones sobre cadenas de suministro pueden tener efectos geopolíticos profundos sin adoptar la forma de una guerra o de una crisis militar abierta.

De ahí la necesidad de leer el GPR junto con otros indicadores. El Global Economic Policy Uncertainty (GEPU) aproxima la incertidumbre global de política económica. El Trade Policy Uncertainty (TPU) mide la incertidumbre de política comercial. La cuestión no es sustituir el GPR, sino saber cuándo basta para captar un episodio de riesgo principalmente securitario y cuándo necesita ser complementado para identificar su dimensión económica o comercial.

Tres indicadores para tres dimensiones del riesgo

El GPR aproxima la intensidad de las amenazas y actos geopolíticos adversos. El GEPU recoge la incertidumbre global sobre política económica. El TPU aísla una dimensión más específica: la incertidumbre sobre política comercial. Sus principales características y diferencias se recogen en la Figura 1.

Figura 1. Diferencias entre GPR, GEPU y TPU

Los tres indicadores no compiten entre sí ni deben fundirse necesariamente en un único índice. Su utilidad está en que iluminan dimensiones distintas del riesgo. El GPR permite identificar cuándo domina la dimensión securitaria. El GEPU y el TPU ayudan a observar si esa tensión se traduce también en incertidumbre de política económica o comercial. La comparación relevante, por tanto, no es sólo entre niveles, sino entre patrones de activación. Para poder leer esos patrones, primero es necesario expresar las tres series en una escala común.

Una escala común: la estandarización

Las tres series no son directamente comparables, porque cada una está expresada en su propia escala. Para analizarlas conjuntamente se transforman en puntuaciones z, que indican cuánto se aleja cada observación de su media de referencia, medida en desviaciones típicas.[1]

La ventana de referencia es enero de 2015-noviembre de 2025, el periodo común para GPR, GEPU y TPU. El TPU, disponible en frecuencia diaria, se agrega a frecuencia mensual mediante la media mensual. Los valores de GPR y TPU para 2026 se expresan usando la misma media y desviación típica de la ventana común, lo que permite compararlos con el periodo anterior. El GEPU no se muestra en 2026 porque el agregado global disponible termina en noviembre de 2025.

La interpretación es sencilla: un valor cercano a cero indica un mes próximo a la media de referencia; un valor positivo elevado indica un episodio excepcionalmente intenso respecto a la norma del periodo; y un valor negativo indica una intensidad inferior a la media. Como criterio operativo, se considera que un índice se “activa” cuando supera 1,5 desviaciones típicas. Este umbral no debe interpretarse como una frontera estadística rígida, sino como una regla práctica para identificar episodios de estrés.

De los índices a una tipología de shocks

La utilidad de esta lectura conjunta está en que permite distinguir entre tres grandes tipologías de shocks, que quedan reflejadas en la Figura 2.

La primera es la geopolítica securitaria, o geopolítica “pura” en sentido operativo. Se produce cuando se activa el GPR, pero no el GEPU ni el TPU. En estos casos, el episodio aparece en los datos como una amenaza o conflicto relevante, pero sin una transmisión clara a la incertidumbre de política económica o comercial global.

La segunda es la incertidumbre económica o comercial sin señal geopolítica securitaria equivalente. Se produce cuando se activan el GEPU, el TPU o ambos, pero no el GPR. Aquí pueden darse dos situaciones distintas. En algunos casos se trata de incertidumbre económica no necesariamente geopolítica: por ejemplo, un shock sanitario, fiscal, monetario o regulatorio. En otros, puede tratarse de geoeconomía no militar: aranceles, sanciones, controles tecnológicos o restricciones comerciales con efectos estratégicos que no se presentan como crisis militar y que, por tanto, el GPR puede captar sólo parcialmente.

La tercera es el shock geoeconómico sistémico. Se produce cuando se activan simultáneamente GPR, GEPU y TPU. En ese caso, el episodio combina tensión geopolítica, incertidumbre de política económica e incertidumbre comercial. La geopolítica deja de ser solo un asunto de seguridad y empieza a transmitirse por canales económicos concretos.

Esta clasificación no pretende encerrar cada crisis en una categoría fija. Más bien ofrece una regla de lectura: la divergencia entre índices no es ruido, sino información sobre el canal dominante del shock.

Figura 2. Tipología de shocks

El resultado de esta transformación se resume en la Figura 3. Al expresar los tres índices en puntuaciones z, los picos ya no reflejan niveles brutos, sino la intensidad relativa de cada episodio respecto a la historia reciente de cada indicador. La Figura anticipa la idea central del artículo: algunos episodios están dominados por una sola dimensión, mientras que otros combinan varios canales de incertidumbre.

Episodios seleccionados para evidenciar las tipologías de shocks

Definida la tipología, el siguiente paso es aplicarla a episodios concretos. La Figura 4[2] no pretende recoger todas las crisis desde 2015, sino seleccionar tres casos que muestran patrones distintos. El COVID-19 ilustra un episodio de incertidumbre económica sin señal geopolítica securitaria equivalente. Gaza muestra el patrón contrario: un conflicto que activa el GPR, pero no el GEPU ni el TPU. La crisis de 2025 permite observar una secuencia más compleja: el anuncio de aranceles recíprocos activa primero la incertidumbre económica y comercial; después, en junio, esa incertidumbre coincide con una escalada geopolítica en Oriente Medio y se activan los tres indicadores.

Figura 4. Episodios seleccionados según el canal dominante

Conclusiones

Medir el riesgo geopolítico no consiste en encontrar un único termómetro. El GPR sigue siendo el punto de partida para captar amenazas, conflictos y escaladas, pero no agota la medición del riesgo en un mundo donde la coerción también se ejerce mediante sanciones, aranceles, controles tecnológicos y restricciones comerciales.

La lectura conjunta de GPR, GEPU y TPU permite identificar no sólo cuánto aumenta la incertidumbre, sino por qué canal lo hace. Cuando sólo se activa el GPR, domina el riesgo securitario. Cuando se activan GEPU o TPU sin GPR, la tensión se expresa por vías económicas o comerciales. Y cuando se activan los tres, la geopolítica se convierte en shock geoeconómico sistémico. La divergencia entre los índices no es ruido: es la señal que permite entender qué tipo de crisis tenemos delante y por dónde puede llegar a la economía.

[1] Formalmente, para cada índice se calcula:

donde x_i,t es el valor del índice i en el mes t, x̄_i es su media de referencia y σ_i en su desviación típica en esa misma ventana.

[2] Ormuz queda fuera de la tabla principal por una razón metodológica. El GEPU global disponible termina en noviembre de 2025, por lo que no permite evaluar 2026 con los tres indicadores.

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El pasado 15 de junio, los Estados miembros acordaron la apertura de las negociaciones del primer grupo de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea (UE). Un año y medio después de que el Consejo Europeo proporcionara el visto bueno al inicio de las conversaciones de adhesión para ambos países, se da así un paso importante en el camino hacia la integración de los candidatos.[1]

Se trata, por lo tanto, de un hito destacado en el relanzamiento que ha vivido la política de ampliación de la UE desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Después de décadas de estancamiento, la ampliación del proyecto europeo se ha vuelto a poner en el centro de las prioridades europeas con un marcado componente geopolítico. De hecho, la Agenda Estratégica 2024-2029, que establece la hoja de ruta para la legislatura europea, define la ampliación como una “inversión geoestratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad”, mientras que la carta de misión de la comisaria de Ampliación, Marta Kos, afirma que se trata de un “imperativo geoestratégico, económico y moral”.

En este contexto, se han presentado diferentes propuestas para reformar la política de ampliación, abogando por un proceso más flexible y que responda mejor a dicho enfoque geopolítico: Alemania ha sugerido la creación del estatus de “miembro asociado” para acelerar el ingreso de Ucrania; y Francia y Alemania han puesto sobre la mesa la posibilidad de una ampliación gradual para los Balcanes Occidentales.

Sin embargo, en la UE sigue habiendo recelos sobre los riesgos que entraña la incorporación de nuevos miembros. Francia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo han propuesto que los nuevos miembros no puedan votar en temas relativos al presupuesto, seguridad y política exterior, y plantean una cláusula de salvaguardia que permita a la UE tomar medidas en caso de que muestren retrocesos democráticos y en el Estado de derecho. Por su parte, la Comisión Europea planteó una ampliación a la inversa, que se asemejaría a un acceso gradual a los beneficios y derechos de un Estado miembro, permitiendo una adhesión parcial temprana y condicionando la pertenencia completa al compromiso de reforma por parte del nuevo miembro.

En cualquier caso, el camino de Ucrania y Moldavia hacia la integración continúa siendo largo. A pesar de las propuestas y declaraciones políticas en favor de un proceso de ampliación más ágil, para avanzar en las negociaciones sigue siendo indispensable que los Estados candidatos asuman y apliquen el acervo de la UE. Esto puede resultar especialmente complejo en países candidatos con instituciones democráticas débiles y situaciones políticas internas de incertidumbre e inestabilidad. Cabe recordar que Ucrania es actualmente un país en guerra, en el que las fronteras postconflicto están todavía por definir. Así, la carta de misión de la comisaria de Ampliación insiste en que la adhesión es un proceso basado en méritos. Cabe recordar que el grupo de capítulos abiertos para Ucrania y Moldavia es el relativo al Estado de derecho, derechos fundamentales y democracia. Este grupo de capítulos es el primero en abrirse y el último en cerrarse, por lo que condiciona todo el proceso negociador. La propia Marta Kos ha anunciado que la UE está trabajando en salvaguardias para asegurar que no haya retrocesos en el Estado de derecho en los nuevos Estados miembros, ni usen su poder de veto para obstaculizar la toma de decisiones.

A esto hay que añadir el componente político. La derrota de Viktor Orbán en las elecciones húngaras ha supuesto el fin del veto de Hungría al progreso en las negociaciones de adhesión de Ucrania. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha manifestado su deseo de que Ucrania forme parte de la UE en 2027; sin embargo, el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha avisado de que el proceso de ampliación a Ucrania puede durar más de una década. Además, en muchos casos, los bloqueos de Viktor Orbán han servido para que otros líderes europeos escondieran sus propios vetos. En un contexto de aumento de movimientos nacionalistas y euroescépticos, los Estados miembros pueden optar por aplazar las decisiones en un tema como la ampliación: al fin y al cabo entran en juego elementos históricos, políticos y de carácter económico que pueden ser especialmente sensibles en el debate nacional, ya sea en los referéndums que deban celebrarse para aprobar la incorporación de nuevos miembros o en próximas citas electorales nacionales.[2]

Por último, el debate sobre la ampliación suele ir de la mano del de la reforma interna de la UE, que permitiría una correcta incorporación de nuevos Estados miembros. De momento, esta cuestión se ha dejado de lado ante la falta de apetito y acuerdo entre las capitales. No obstante, si la UE ya tiene dificultades para tomar decisiones de manera rápida, una UE ampliada aumentará la dispersión interna. Junto a esto, las negociaciones para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 muestran la falta de consenso para dotar a la UE de un presupuesto ambicioso; sin embargo, los recursos actuales podrían resultar insuficientes ya que, ante la falta de más fondos comunes, los nuevos miembros absorberían los existentes en detrimento de los actuales beneficiarios.

Impacto geopolítico en la Europa postsoviética

Las disputas sobre el orden regional en la Europa postsoviética y Eurasia están en el centro de la ruptura de las relaciones entre Rusia y Occidente y han creado grandes desafíos económicos y de seguridad para los Estados atrapados en el medio: en primer lugar, Ucrania, pero también Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Los intentos de crear un orden regional, es decir, el conjunto de reglas, normas e instituciones que gobiernan la región, han fracasado, como prueba la invasión rusa de Ucrania. Desde la llegada al poder de Vladímir Putin en 2000, el objetivo estratégico de la Westpolitik rusa (la política de su frontera occidental) era bloquear la integración euroatlántica de los Estados situados entre Rusia y la UE.

Para Rusia, la ampliación de la UE hacia Ucrania y Moldavia significa una pérdida de control sobre el espacio postsoviético occidental porque representa una amenaza directa a uno de los principios centrales de su política exterior: la preservación de una zona de influencia privilegiada en las exrepúblicas soviéticas. Desde esta perspectiva, Ucrania y Moldavia no son simplemente dos Estados vecinos que eligen libremente su orientación estratégica, sino piezas centrales del espacio intermedio entre Rusia y Occidente. Por eso, la entrada de Ucrania y Moldavia en la senda de adhesión europea tiene un significado que va más allá de la ampliación normativa o económica de la UE. Supone la refutación práctica de la idea rusa de que existe una frontera geopolítica legítima entre una Europa liberal, integrada en las instituciones occidentales, y una Europa eurasiática sometida a la influencia de Moscú. La adhesión eventual de estos países implicaría que la UE deja de ser únicamente un actor regulador y comercial para convertirse, también, en un actor de orden territorial y seguridad en el vecindario oriental.

Si se produce la integración de Ucrania y Moldavia en la UE, será una clara señal del fracaso de la estrategia de Moscú de usar la guerra, los conflictos congelados, las minorías rusófonas, la presión energética, la desinformación y el apoyo a fuerzas políticas prorrusas para impedir que estos dos Estados consoliden una soberanía efectiva fuera del perímetro de influencia ruso. Sin embargo, la coerción rusa ha producido el efecto contrario al buscado. En lugar de frenar la orientación europea de Ucrania y Moldavia, la ha acelerado. La invasión rusa de 2022 transformó la ampliación de la UE en una respuesta estratégica a la guerra y convirtió la integración europea en una forma de anclaje político, económico y de seguridad. Rusia ha logrado devastar Ucrania y desestabilizar la región, pero también ha reforzado la identidad nacional ucraniana, ha acercado Moldavia a Bruselas y ha obligado a la UE a asumir que la ampliación ya no puede separarse de la seguridad europea.

Aun así, la ampliación geopolítica encuentra obstáculos importantes. En el caso moldavo, Transnistria sigue funcionando como un mecanismo de presión estructural. En el caso ucraniano, la guerra, por ahora, bloquea su integración euroatlántica y debilita su capacidad de actuar como Estado plenamente independiente.

[1] Coincidiendo en el tiempo, Montenegro cerró otros dos capítulos en su negociación, mientras se ha empezado a redactar su Tratado de Adhesión, situándolo más cerca de formar parte de la UE.

[2] En 2027 habrá procesos electorales en Francia, Italia, España y Polonia, entre otros.

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El PEMA busca combinar mayor control y seguridad con un sistema más coordinado y justo dentro de la UE.

El 12 de junio de 2026 se produce al fin la entrada en vigor, el comienzo en la aplicación, del PEMA. Como es bien sabido, fue un Pacto que tardó más de cuatro años en negociarse. Desde entonces, todos los países europeos, incluida España, han dedicado dos años a identificar sus necesidades de adaptación a la nueva normativa y a prepararse, bajo el paraguas de la Comisión Europea, para su efectiva puesta en marcha.  

El Pacto aprobado en 2024 es un conjunto de normas que pretende reformar el sistema europeo de migración y asilo para gestionar de forma más ordenada y eficaz los flujos de migración y las solicitudes de asilo, estableciendo procedimientos comunes entre los países de la UE y un reparto más equilibrado de responsabilidades. Se organiza en torno a cuatro pilares principales: (a) reforzar el control de las fronteras exteriores mediante controles y registros obligatorios de las personas que llegan; (b) agilizar los procedimientos de asilo con decisiones más rápidas; (c) crear un sistema de solidaridad entre Estados miembros para apoyar a los países que reciben más llegadas en un momento puntual; y (d) fomentar la cooperación con países de origen y tránsito para prevenir la migración irregular y facilitar los retornos. En conjunto, el PEMA busca combinar mayor control y seguridad con un sistema más coordinado y justo dentro de la UE.

El PEMA está compuesto por 10 actos legislativos (nueve reglamentos y una directiva) que configuran ese sistema común de gestión migratoria en la UE: el Reglamento (UE) 2024/1351 sobre la gestión del asilo y la migración; el Reglamento (UE) 2024/1348 de procedimientos de asilo; el Reglamento (UE) 2024/1349 de procedimiento fronterizo de retorno; el Reglamento (UE) 2024/1356 de triaje o screening; el Reglamento (UE) 2024/1358 relativo a Eurodac; el Reglamento (UE) 2024/1359 para situaciones de crisis y fuerza mayor; el Reglamento (UE) 2024/1347 de cualificación; el Reglamento (UE) 2024/1350 sobre reasentamiento y admisión humanitaria; el Reglamento que refuerza la Agencia de Asilo de la UE; y la Directiva (UE) 2024/1346 sobre condiciones de acogida. Todos ellos están destinados a esos objetivos: regular de forma integrada la entrada, tramitación de solicitudes, acogida, reparto de responsabilidades y retorno o protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Como es bien sabido, el espíritu del PEMA viene marcado por esa crisis en la recepción de solicitantes de asilo y migrantes de 2015, gestión lastrada por problemas de respuestas a esa situación, como la falta de solidaridad entre los Estados miembros o las diferencias entre los sistemas de asilo de los diferentes países y, también, por asuntos de más largo recorrido como la ineficacia de las políticas de retorno o el bloqueo generado por el Reglamento de Dublín (Reglamento (UE) 604/2013), que atribuía la responsabilidad casi exclusiva de la gestión del asilo a los Estados miembros de primera entrada. Sin embargo, aun teniendo en cuenta que el PEMA incorpora esta visión a largo plazo, y que ha sido un modelo que ha llevado mucho tiempo acordar e implementar, sigue habiendo dudas y certezas sobre su futuro, así como detractores y apoyos que conviene no perder de vista.

Certezas y dudas

Entre las certezas cabe afirmar que el nuevo modelo implica un cambio estructural real en el sistema de asilo. En este ámbito, se pasa de un modelo fragmentado a uno más armonizado, con la mayor reforma del Convenio de Dublín de 1990. Para ello, serán una pieza central las normas de solidaridad interna flexible que permitan una gestión más coordinada y sostenible con un sistema híbrido (reubicación, contribución económica y apoyo técnico).

En el ámbito de la política migratoria de la UE, si se echa la vista dos décadas atrás, la reforma que introduce el PEMA es también sustancial. Esta política va a descansar en dos ejes: las fronteras y su control, y el pilar de externalización. Claramente, el PEMA institucionaliza la centralidad del control en frontera, mediante los procedimientos de screening o triaje y el refuerzo de los procedimientos que se realizan en ese espacio fronterizo. Junto con esto, la externalización se configura como un eje estable de cooperación con terceros países que deja de ser puntual para convertirse en estructural y creciente.

En este sentido, la nueva política migratoria deja de tener un enfoque tridimensional. Se abandonan las “tradicionales” tres dimensiones de la política: control de fronteras, integración y ayuda al desarrollo hacia los países de origen, por unas nuevas dos dimensiones principales en las que, por un lado, se mantiene como eje el control de las fronteras exteriores del espacio de la UE, que se refuerza; y, por otro, la dimensión exterior se robustece y cambia el foco, ya que esas relaciones con terceros países ya no se articulan en torno a la ayuda al desarrollo, como forma indirecta de evitar la migración a Europa, sino que claramente se desvinculan de esa ayuda y se centran exclusiva y directamente en las devoluciones y el control de la migración.

Sin embargo, es una certeza también que, desde la firma in extremis del PEMA, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, la política de asilo y migración de la UE ha seguido avanzando en una línea de restricción de la inmigración y el asilo, prueba de ello es el Reglamento de retorno, que sido objeto de acuerdo entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2026, y que busca la creación de centros de internamiento/retorno/tramitación en terceros países en línea con las prioridades de la actual Comisión y la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración donde se establecieron los actuales objetivos políticos actuales. En este sentido, ahora el PEMA parece un acuerdo de mínimos y despierta dudas sobre su futuro.

Entre las dudas que están sobre la mesa en este momento en que comienza la aplicación del PEMA, algunas son más generales y otras más específicas. Las generales incluyen preguntas como ¿hasta dónde llegará este proceso de endurecimiento de las políticas de asilo y migración? Todavía hay iniciativas reglamentarias en proceso de negociación, como es el denominado Reglamento de “facilitación” que incluye una ampliación en la definición del delito de apoyo a la inmigración irregular y un aumento de las penas de prisión a los que “faciliten” esa inmigración –2023/0439 (COD)–. Con esta normativa, los Estados podrían criminalizar a las ONG, a los propios migrantes o a cualquier individuo que ayude de alguna forma a los inmigrantes irregulares. Quedará en manos de los Estados la opción de aplicar el Reglamento en su versión más amplia o bien excluir de su aplicación a las ONG y a los individuos que actúen sin ánimo de lucro.

En este grupo de incertidumbres, también están las consecuencias internas y externas del PEMA. En el ámbito interno, las ONG están especialmente atentas a las consecuencias para el respeto de los derechos humanos en el seno de la Unión, pero también puede tener efectos en el espacio Schengen. En la esfera de los derechos humanos, la pregunta es cómo se resolverá la tensión entre decisiones rápidas y garantías judiciales, especialmente en los procedimientos fronterizos.

Respecto al espacio Schengen la pregunta es si la aplicación del PEMA será suficiente para levantar los controles en las fronteras internas que lastran la libre circulación desde 2015 y que han llevado incluso a hablar de un proceso de “renacionalización” de las políticas migratorias. Esa reinstauración de controles en las fronteras internas debería desaparecer con la aplicación del Pacto, como así lo ha pedido la Comisión Europea a principios de junio de 2026 a seis Estados miembros. Pero algunos países, como Francia y Alemania, prefieren esperar a ver cómo se desarrolla esa aplica puesta en marcha.

La incertidumbre también afecta a la posición que tomarán los denominados terceros Estados a corto y a largo plazo, ¿cuál será el grado de cooperación de terceros países en el control de salidas o retornos?; ¿dicha cooperación con la UE tendrá un “precio asumible”? ¿cuál será la sostenibilidad del modelo y las dependencias que puedan crearse con estos países?

Entre las dudas más específicas en relación con el PEMA se pueden formular las siguientes preguntas: ¿funcionará realmente la flexibilidad en la solidaridad? Dicha flexibilidad puede permitir el mantenimiento del sistema ante una nueva crisis, pero también vaciar este mecanismo hasta hacerlo inoperativo para la reubicación de personas en una situación de gran afluencia de personas como en 2015. Otra duda concreta es la capacidad administrativa real de los diferentes Estados y si están preparados para aplicar procedimientos rápidos sin colapsos. También su aplicación que puede ser desigual, con divergencias nacionales pese a la armonización normativa.

Apoyos y resistencias

La aprobación y puesta en marcha del PEMA ha generado un mapa complejo de apoyos y resistencias que refleja tanto divergencias estructurales entre los Estados miembros como diferentes concepciones sobre la política migratoria y de asilo europea.

Entre los apoyos, el PEMA ha contado con un respaldo claro por parte de las instituciones europeas, especialmente la Comisión y el Consejo, que lo han presentado como un instrumento imprescindible para “recuperar el control” de la política migratoria y evitar situaciones de crisis como la de 2015. Asimismo, los Estados miembros de primera entrada, como España, Italia y Grecia, han mostrado un apoyo general al Pacto en la medida en que introduce, al menos formalmente, mecanismos de solidaridad que pueden aliviar la presión sobre sus sistemas nacionales de asilo. No obstante, este apoyo ha sido matizado y condicionado a la efectividad real de dichos mecanismos.

Desde el punto de vista político, el PEMA es ampliamente respaldado, especialmente por los partidos más a la derecha de la escala ideológica y por el Partido Popular Europeo, así como por aquellos Estados con gobiernos que promueven un enfoque más restrictivo de la política migratoria. Para estos actores, el valor del Pacto reside principalmente en el refuerzo del control de fronteras, el esperado aumento de los retornos y la consolidación de la dimensión externa “europea” de la política.

Por último, cabe destacar un apoyo de carácter técnico-administrativo, representado por las agencias europeas como Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), que ven reforzadas sus competencias y su papel en la gestión del sistema común.

Frente a estos apoyos, el PEMA también ha suscitado importantes resistencias, tanto a nivel de Estados miembros como a nivel político europeo. En el ámbito de los Estados miembros, es bien sabido que algunos países de Europa central y oriental, especialmente Hungría y Polonia, han mostrado desde el principio un rechazo frontal al mecanismo de solidaridad, al considerarlo una imposición contraria a su soberanía. Hungría, sin embargo, con la reciente salida del poder de Orbán, parece estar abandonando esa posición contraria. A ellos se suman otros Estados miembros que, sin oponerse al Pacto en su conjunto, han presionado para endurecer aún más sus disposiciones; es el caso de Austria y los Países Bajos. En el punto de mira, por sus reticencias a la aplicación del PEMA está también Eslovaquia que, junto con Austria, se abstuvo en el momento de su aprobación.

Sin embargo, el número de países que buscan medidas duras en política migratoria europea, con el argumento de tener el control sobre el fenómeno, ha ido creciendo desde la aprobación del PEMA. En este grupo están ahora Alemania, Italia, Dinamarca y Grecia. El acuerdo de estos países junto con el voto favorable en el Parlamento Europeo ha permitido acordar, sólo 11 días antes de la entrada en vigor del PEMA, el llamado Reglamento de retorno.

Estos países siguen apostando, en las instituciones europeas, por unas posiciones más duras frente a la inmigración, lo que ha hecho que países como España, que fue uno de sus impulsores durante el proceso de negociación, se esté situando en una creciente oposición a los desarrollos normativos más recientes. Ese es el caso no sólo del Reglamento de retorno, sino también del Reglamento sobre la “facilitación” de la inmigración irregular. Esta postura refleja una discrepancia entre el apoyo al marco general del PEMA y el rechazo a determinadas medidas que implican un endurecimiento significativo de la política migratoria. Su posición ejemplifica muy bien el contexto de tensión en el que se va a aplicar el PEMA.

En definitiva, estas resistencias evidencian que, pese al acuerdo alcanzado con el PEMA, persisten profundas divisiones entre los Estados miembros y divisiones políticas en torno al futuro de la política europea de migración y asilo, tanto en relación con el reparto de responsabilidades como con el grado de restricción que debe caracterizar esta política europea.

Conclusiones

La entrada en vigor del PEMA supone un punto de inflexión en la evolución de la política migratoria de la UE. El Pacto introduce, por primera vez, un marco relativamente coherente de gestión común que combina procedimientos armonizados, mecanismos de solidaridad y una mayor implicación de las agencias europeas. Sin embargo, este avance se produce en un contexto marcado por un desplazamiento claro hacia el refuerzo del control y la restricción, tanto en el ámbito interno de los Estados miembros como en la dimensión de las Instituciones Europeas.

En este sentido, el Pacto no resuelve plenamente las tensiones que han caracterizado tradicionalmente este ámbito de política pública: entre solidaridad y soberanía, entre eficacia y garantías, y entre cooperación interna y externalización. La propia diversidad de apoyos y resistencias evidencia que el consenso alcanzado es, en gran medida, frágil y condicionado.

Por ello, el verdadero alcance del PEMA no dependerá únicamente de su arquitectura normativa, sino de su aplicación práctica por parte de los Estados miembros, de la evolución del contexto político, de la efectividad real de los mecanismos de solidaridad y de la sostenibilidad de sus relaciones con terceros países. En última instancia, su aplicación permitirá comprobar si la UE ha logrado avanzar hacia una mayor integración en este ámbito o si, por el contrario, persisten dinámicas de fragmentación bajo un marco formalmente común.

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• Cada vez más, la evolución del conflicto entre Cuba y Estados Unidos (EEUU) apunta a la búsqueda de una solución bilateral, cualquiera sea su naturaleza.
• Más allá de la fuerte presión de la Administración Trump, los problemas estructurales de la economía cubana eran previos a su llegada a la Casa Blanca, no sólo en 2025 sino incluso en 2017.
• En las condiciones actuales es difícil que se produzca en Cuba una intervención militar de gran magnitud, que implique poner tropas sobre el terreno. Sin embargo, no habría que descartar acciones más puntuales.
• Cuba no es Venezuela y replicar en la isla el modelo de “transición” venezolana es complicado, si bien la Administración estadounidense, en aras de buscar la estabilidad y evitar el caos, no apuesta por un cambio de régimen en las actuales circunstancias.

Análisis

Las relaciones entre EEUU y Cuba constituyen uno de los casos más singulares y duraderos de confrontación bilateral en la política internacional contemporánea. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 ambos países mantienen una relación marcada por la desconfianza mutua y la rivalidad ideológica. Aunque en las últimas seis décadas se han producido episodios puntuales de acercamiento, ninguno ha logrado alterar de manera permanente los elementos estructurales que condicionan la relación.

El resultado ha sido una política caracterizada por ciclos recurrentes de distensión y endurecimiento, donde las decisiones adoptadas por una Administración estadounidense solían ser parcial o totalmente revertidas por la siguiente. La desesperación de Washington aumentaba tras comprobarse que ni la política del puño cerrado ni la de la mano abierta servían para cambiar el statu quo cubano ni para alterar la naturaleza del régimen castrista, una situación agravada por los distintos fracasos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en sus intentos de liquidar a Fidel Castro.

La persistencia de esta situación responde tanto a factores históricos como políticos e institucionales. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 1961 y la imposición del embargo económico en 1962, Cuba pasó a ocupar un lugar excepcional en la política exterior estadounidense. Más allá de las consideraciones estratégicas derivadas de la Guerra Fría, la isla se convirtió en un tema muy vinculado a la política interna de EEUU, dada la influencia del exilio cubano en Miami y su peso electoral en Florida y otros estados con importante presencia cubanoamericana. La dimensión interna adquirió mayor relevancia tras aprobarse la Ley Helms-Burton o Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (LIBERTAD) de 1996, que incorporó el embargo al ordenamiento jurídico estadounidense, limitó significativamente la capacidad presidencial para modificarlo unilateralmente y otorgó al Congreso un mayor margen de acción. Desde entonces, cualquier avance hacia una normalización plena ha quedado condicionado tanto por las dinámicas políticas internas de EEUU como por la evolución del sistema político cubano.

Ni siquiera el acercamiento impulsado por la Administración Obama entre 2014 y 2016 logró alterar estos fundamentos. Aunque el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas y la ampliación de los intercambios económicos y humanos supusieron el mayor avance bilateral en décadas, el empecinamiento de la dirigencia cubana en no impulsar ningún tipo de reformas mantuvo intacto el embargo, a la vez que el Congreso mantenía su capacidad de veto sobre cualquier transformación estructural de la política hacia Cuba.

La posterior reversión de buena parte de estas medidas bajo la primera Administración Trump y la limitada prioridad otorgada al tema por Joe Biden reforzaron la percepción de que la relación bilateral seguía condicionada por inercias políticas y legales difíciles de superar. En vísperas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, las relaciones entre ambos países continuaban definidas por una combinación de sanciones económicas, contactos diplomáticos limitados y una profunda falta de confianza mutua.

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos a partir de enero de 2026 alteraron este marco tradicional de análisis. Hoy estamos ante una situación totalmente diferente. Por un lado, el desplome absoluto del sistema cubano, acelerado por la caída de Nicolás Maduro, aunque anclado en cuestiones estructurales, consecuencia directa de décadas de mala administración. Por el otro, un aumento de la presión estadounidense a niveles no conocidos en el pasado. La suma de ambos factores ha llevado a muchos analistas a especular con un inminente cambio de régimen, a lo sumo antes del fin de 2026. La cuestión clave, como se verá más adelante, es precisar cuál será el factor desencadenante, si la desintegración interna ante la asfixia económica, una intervención militar extranjera o una negociación. Tampoco sería descartable una combinación de al menos dos de esos factores.

De ahí que dos de los principales objetivos de este Análisis sean: (a) determinar si es replicable en Cuba el modelo venezolano de transición impuesto por Washington en Caracas tras la operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026 y (b) analizar hasta qué punto es posible que EEUU lance algún tipo de intervención militar para acabar con el régimen castrista, como exige una parte del exilio cubano de Miami. Sin saber la profundidad del cambio, muchos analistas ven posible un desenlace más o menos rápido, incluso antes de finales de año.

Regreso de la máxima presión

La política cubana de Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, se centró inicialmente en restaurar y reforzar la estrategia de máxima presión aplicada durante su primer mandato. Entre 2017 y 2021, esa estrategia, cuyo principal objetivo era retrotraer la situación alcanzada por Barack Obama, se basó en cerrar la Embajada en La Habana, imponer restricciones a los viajes de los estadounidenses a la isla, limitar las remesas, ampliar las sanciones financieras, activar el Título III de la Ley Helms-Burton y reincorporar Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (fue incluida por primera vez en 1982 por Ronald Reagan y retirada por Obama en 2015). Tras el regreso de Trump, se revirtieron rápidamente varias de las medidas de Joe Biden, devolviendo a Cuba a la condición de Estado terrorista, restableciendo restricciones sobre empresas vinculadas al aparato militar y al Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el gran holding económico vinculado a la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que controla una parte importante de los sectores estratégicos de la economía cubana, y endureciendo las sanciones contra funcionarios del régimen. En junio de 2025 se aprobó un nuevo Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional que reforzó la aplicación del embargo, limitó las transacciones con entidades controladas por el Estado y endureció las restricciones a los viajes y actividades económicas relacionadas con la isla, aunque con ciertas y notables excepciones en beneficio de intereses estadounidenses.

Durante 2025 la política hacia La Habana siguió moviéndose, por tanto, dentro de los parámetros tradicionales de presión económica y diplomática. El primer cambio surge cuando Cuba comienza a ser percibida en Washington no sólo como una cuestión de democracia y derechos humanos, sino también como un elemento de la competencia estratégica de EEUU con Rusia y China en el hemisferio occidental. El desarrollo del Corolario Trump-Monroe en la Estrategia de Defensa Nacional de diciembre de 2025 reforzó las líneas maestras de la política trazada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. A partir de ahí, la Administración Trump empezó a ejercer una presión sin precedentes sobre el histórico aliado de Venezuela, incorporando a su política consideraciones energéticas, militares y de seguridad nacional.

Ya en 2026 y tras la captura de Maduro, el primer paso en la nueva política de presión fue la pérdida del petróleo venezolano suministrado durante años en condiciones muy favorables, acelerando drásticamente el deterioro energético. La economía cubana ya atravesaba una profunda crisis y la obsolescencia del sistema de generación eléctrico antes de la operación Resolución Absoluta era un hecho palpable. Durante 2024 y 2025 se produjeron siete apagones nacionales y en las provincias se programaban cortes de luz de 18 horas diarias.

El efecto se vio agravado por el hecho de que Washington trató de impedir que Cuba sustituyera fácilmente el suministro venezolano mediante compras a terceros países, como México y Rusia. La combinación de ambos factores provocó una grave crisis energética, multiplicó los apagones y en apenas unos meses empujó a la isla al borde del caos económico y social, haciendo también colapsar la industria turística, una fuente crucial de divisas para el régimen.

La situación interna se ha mantenido crítica desde entonces. Cuba está al borde del desplome, con un Estado absolutamente ineficiente e incapaz de garantizar los servicios públicos esenciales, no solo electricidad, sino también educación, salud o la recogida de basuras. En realidad, lo único que hoy funciona son los aparatos de seguridad e inteligencia del Estado, los únicos garantes de la paz y la estabilidad social, más allá de un nivel de protestas sociales desconocidas en el pasado como respuesta a la falta de energía. Junto a ellos también funcionan la Iglesia católica y el sector privado, aunque con una dinámica diferente de las anteriores.

Del lado estadounidense, sin embargo, se han transmitidomensajes aparentemente contradictorios sobre el futuro de la isla. Por una parte, algunos responsables gubernamentales han dejado entrever que Washington persigue activamente una transformación profunda del régimen castrista, que de ser posible debería producirse antes de finales de 2026, en línea con el deseo de parte del exilio cubano. Otros sugieren que EEUU estaría dispuesto a aceptar una transición pacífica, gradual y controlada. En ese contexto, ha surgido incluso la idea de encontrar una especie de “Delcy cubana”, una figura procedente de las entrañas del sistema y capaz de impulsar la apertura sin provocar un colapso social e institucional. El propio secretario Rubio reconoció en febrero de 2026 que Cuba necesitaba cambiar, pero que ese cambio no tenía por qué producirse “de golpe” ni “de un día para otro”.

El modelo venezolano

Aplicar en Cuba el modelo venezolano resulta bastante complicado, más allá del deseo de la Casa Blanca de mantener el orden y la estabilidad, intentando evitar un escenario de caos, totalmente contrario para sus propios intereses. Y si bien Cuba no es Venezuela, predomina en Washington la idea de no abrir las puertas a un escenario de inestabilidad. La primera gran diferencia, más allá del tamaño y de la riqueza de ambos países, es que resulta muy difícil encontrar un o una Delcy cubana, aunque al mismo tiempo es complicado encontrar una María Corina Machado dentro o fuera de la isla. La segunda, que la extracción de algún dirigente o dirigentes de renombre, como ocurrió con Maduro, sería más complicado y habría que aplicar una mayor dosis de fuerza, con las consecuencias negativas que esto podría tener. Son muchos los que claman en La Habana por una respuesta más contundente frente a EEUU, una especie de venganza, después de la muerte de los 32 operativos de sus servicios de inteligencia durante la operación Resolución Absoluta.

A esto se agrega la existencia de una importante comunidad cubanoamericana que tiene un poder político, incluso un elevado nivel de representación y de presión, del que todavía carece la comunidad venezolana, muy presente en la Florida (Doral), pero sin la potencia de los anteriores. Así como después del 3 de enero Trump pudo imponer con cierta facilidad a Delcy Rodríguez al frente del gobierno transitorio, una solución de este estilo, aunque finalmente ocurriera, generaría fuertes resistencias en Miami y podría restar un voto hasta la fecha considerado cautivo. Por último, un problema más grave que en Venezuela es la extrema debilidad de la sociedad civil y la ausencia de una oposición medianamente organizada y que no esté infiltrada por el aparato de seguridad.

A pesar de la ambigüedad de la administración, la presión económica y la amenaza militar, la Administración Trump ha mantenido contactos discretos con interlocutores cubanos con el objetivo de explorar una salida negociada, lo que indica que Washington puede desear cambios profundos sin querer asumir los costes de un colapso desordenado. El derrumbe total del castrismo podría abrir la caja de Pandora, convirtiendo a Cuba en un estado fallido, un nuevo Haití y con el agravante de su mayor proximidad a EEUU. Pero mientras se mantenga la estabilidad y el orden interno, lo que de momento está asegurado por el aparato de seguridad del régimen, más allá de la retórica y de la propaganda, Cuba no representa ninguna amenaza seria para EEUU. Si lo sería en caso de ocurrir una deriva pronunciada hacia el caos, la violencia y la extensión del narcotráfico, es decir, la “haitianización” del país, vista con bastante recelo, incluso por aquellos sectores republicanos más próximos a las posiciones cubanoamericanas.

Más que exigir un derrumbe inmediato del régimen, Washington parece por tanto más dispuesto a aceptar una combinación de apertura económica, reformas limitadas y cooperación en materia de seguridad. Para que hubiera acuerdo sería necesario que el régimen realizara diversas concesiones, comenzando por la apertura económica y las reformas necesarias para hacerla realidad. También serían necesarias garantías de seguridad en relación con la presencia china y rusa, ciertas libertades políticas, lo que no significaría necesariamente la convocatoria de elecciones libres, aunque sí la liberación de los presos políticos, especialmente de los más emblemáticos y la devolución de las propiedades confiscadas en 1959.

De nuevo, una salida negociada como escenario preferido por Trump y Rubio sería muy mal visto en Miami. Hoy por hoy, las demandas de una parte importante de la colonia cubanoamericana son inasumibles para el gobierno, que no incluye claramente en sus planes ni un cambio de régimen ni la democratización del país.

A la vista de esto, una conclusión rápida en este contexto podría ser que lo que es bueno para EEUU es malo para Miami. Para Trump un buen acuerdo supondría el mantenimiento del orden y la estabilidad en Cuba, y la apertura de su economía para las empresas estadounidenses, comenzando por el proveedor de internet Starlink (que, aunque de forma ilegal, ya está presente en la isla). Este proceso tendría lugar, incluso, a partir del reemplazo de las empresas canadienses y europeas (españolas) ya presentes en la economía local.

Sin embargo, hasta hoy La Habana no parece asumir plenamente las condiciones planteadas por EEUU. Un punto de partida que dificulta la negociación es que dentro del gobierno de Miguel Díaz Canel no hay ningún tipo de consenso sobre qué hacer y sobre el rumbo que se le debe dar al país en una situación tan crítica como la actual. En su lugar, se ha ido optando por una estrategia de concesiones limitadas, como la liberación de algunos presos políticos, la aprobación de medidas de amnistía y la promesa de facilitar determinadas inversiones de cubanoamericanos. Desde la perspectiva estadounidense, que espera ver cuanto antes cambios en Cuba, estas medidas resultan claramente insuficientes, lo que no permite responder a las peticiones de la contraparte cubana.

Al mismo tiempo, el régimen ha continuado proyectando confianza tanto al exterior como hacia sus propios seguidores. La guerra en Irán además reforzó su percepción de que el tiempo podía jugar a su favor. La Habana apostó por resistir la presión, aumentar su margen de maniobra y evitar enfrentarse a las exigencias estadounidenses. Si lograban aguantar hasta las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, el desgaste internacional de Washington y un posible rechazo de los votantes al intervencionismo exterior podrían reducir la presión. Desde esa lógica, la Administración Trump acabaría aceptando concesiones limitadas o simplemente desplazaría su atención hacia otras prioridades estratégicas.

Un paso más allá

La Casa Blanca parece hacer perdido la paciencia. Una orden ejecutiva del 1 de mayo otorgó al departamento del Tesoro y al departamento de Estado amplias facultades para imponer sanciones secundarias a empresas extranjeras que mantuvieran relaciones comerciales con entidades estatales cubanas en sectores considerados estratégicos. La medida supuso un salto cualitativo en la política estadounidense. Aunque la compleja arquitectura de sanciones –centrada en el embargo vigente desde 1962 y reforzada posteriormente por la Ley Helms-Burton– había condicionado durante décadas las relaciones económicas de terceros países con La Habana, Washington nunca había amenazado de forma tan explícita a ciertas empresas extranjeras con restringir su acceso al sistema financiero estadounidense si seguían operando en Cuba. El efecto fue casi inmediato y varias compañías internacionales comenzaron a revisar o suspender sus operaciones en la isla ante el riesgo de perder acceso a mercados, financiación o servicios bancarios vinculados a EEUU.  

Luego llegó la visita de John Ratcliffe, director de la CIA, a La Habana, apenas un día después de que el ministro de Energía cubano admitiera que la isla había agotado sus reservas de petróleo. Días después militares estadounidenses se desplazaron a la parte cubana de Guantánamo. Más allá de su contenido concreto, ambas visitas reflejaban una elevación del expediente cubano dentro de las prioridades de Washington. La cuestión había dejado de ser una preocupación limitada a Rubio o a los sectores más duros del exilio cubanoamericano. Cuba se integraba cada vez más en una estrategia más amplia de competencia geopolítica en el hemisferio occidental, convirtiéndose en un asunto de interés directo para la Casa Blanca y para el aparato de seguridad nacional estadounidense.

Las visitas de tan alto nivel entre ambos países han sido escasas incluso en los momentos de mayor acercamiento bilateral. Por eso, la presencia de Ratcliffe resultaba llamativa en medio de la presión de la Administración Trump. La iniciativa sugería que Washington seguía dispuesto a explorar una salida negociada, aunque también transmitía que el margen para alcanzarla se estaba reduciendo rápidamente. En otras palabras, la Casa Blanca quería dejar claro que sus advertencias y amenazas debían tomarse en serio.

También trasmitió que las exigencias estadounidenses iban más allá de simples reformas económicas. Además de una apertura gradual de la economía y la liberación de presos políticos, Washington reclamaba cambios significativos en el ámbito de la seguridad nacional. Para la CIA y otros sectores de la Administración, una normalización real de las relaciones pasaba por reducir drásticamente la presencia e influencia de Rusia y China, incluyendo la revisión de los acuerdos de inteligencia y vigilancia con ambos países.

El siguiente paso estadounidense tuvo una enorme carga simbólica. El 20 de mayo, los fiscales federales del Distrito Sur de Florida anunciaron una acusación formal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. La fecha y el lugar del anuncio no fueron casuales y algunas interpretaciones planteaban la posibilidad de algún movimiento de mayor envergadura. El 20 de mayo se conmemora el nacimiento de la República de Cuba (1902), mientras la rueda de prensa se celebró en la Freedom Tower de Miami, un histórico centro de acogida de refugiados cubanos.

La acusación planteó una pregunta inevitable de por qué no se actuó 30 años atrás. Aunque en su momento Washington condenó duramente el incidente y respondió aprobando la Ley LIBERTAD, una imputación formal contra uno de los principales dirigentes cubanos hubiera supuesto una escalada diplomática de gran magnitud. Tres décadas después, la Administración Trump parecía perseguir un objetivo distinto, utilizando el caso no sólo como instrumento judicial, sino también como mensaje político dirigido tanto al régimen cubano como al exilio de Florida. Además, las recientes informaciones de que La Habana había acumulado 300 drones defensivos suministrados por Rusia e Irán han reforzado el argumento de la Administración de que Cuba supone una amenaza para la seguridad nacional, aunque a la vista del poderío militar estadounidense la magnitud real de esta amenaza es bastante irrelevante.

La medida contra Castro vino acompañada de un muy bien articulado mensaje en español al pueblo cubano de Rubio, que atacaba al régimen tratando de deslegitimarlo y ofrecía a los cubanos una “nueva relación” con la Administración Trump. Una nueva relación que trataba de demostrar la buena voluntad de su gobierno a partir de ciertas medidas, entre ellas la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria (alimentos y medicinas). La única condición para entregarla era que fuesen distribuidos por una organización benéfica como la Iglesia católica y no por el gobierno. También se había cursado la autorización, a finales de marzo, para que un petrolero ruso suministrara crudo a la isla.

¿Intervención militar o presión coercitiva?

El 20 de mayo hubo también otro paso significativo. El Comando Sur (SOUTHCOM) anunció la llegada al Caribe del grupo de combate del portaaviones USS Nimitz. No era una herramienta militar aislada sino una pieza más de una campaña de coerción. Tampoco el preludio de una operación militar inmediata de gran envergadura sino una demostración de fuerza y una señal política a La Habana. Aunque un portaaviones proporciona una importante capacidad de ataque y disuasión, por sí solo no constituye la clase de fuerza necesaria para llevar a cabo la captura de dirigentes políticos o una operación de cambio de régimen. Además, el propio despliegue del USS Nimitz formaba parte desde marzo de 2026 de la misión regional Southern Seas 2026 de SOUTHCOM, dándole al movimiento una explicación operativa previa.

Gran parte de los medios navales y aéreos que el Pentágono había concentrado para la operación contra Maduro fueron reasignados al conflicto con Irán. Más importante aún, no hay indicios públicos de una acumulación de fuerzas terrestres o de operaciones especiales que normalmente precedería a una intervención directa. La presencia del USS Nimitz parece responder más a una estrategia de presión psicológica y coerción diplomática que a la preparación inmediata de una acción militar contra el régimen cubano.

Tampoco hay que olvidar que la península de Florida está a 90 millas de territorio cubano y que la base militar de Guantánamo está dentro de la isla, lo que aumenta el riesgo de que se golpee a blancos militares o civiles estadounidenses ante algún tipo de acción militar.

A pesar de todo, existen elementos que permiten contemplar la posibilidad de un desenlace rápido, impulsado por algún tipo de acción militar limitada, sea un bombardeo aéreo o una operación comando. De producirse, lo más probable es que ocurra en lo que resta de junio y julio, cuando la percepción de urgencia sigue siendo elevada. A medida que se acerquen las elecciones legislativas de noviembre, aumentará previsiblemente la aversión política en Washington a asumir riesgos militares con resultados inciertos. En ese contexto, y especialmente si el Partido Republicano obtuviera un resultado negativo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una operación de esta naturaleza –y más aún una intervención directa– resultaría políticamente más difícil de plantear a partir de 2027.

A pesar de que algún tipo de una acción militar no esté totalmente descartada, el principal problema para Washington seguiría siendo el escenario posterior a una eventual caída del régimen. Dada la resistencia de Trump de poner tropas sobre el terreno, entre otros motivos para no contradecir a la base MAGA, resultaría esencial el mantenimiento del orden en la isla, especialmente en los primeros días tras un eventual colapso interno. Tanto en el Pentágono como entre algunos senadores republicanos hay resistencia también a una operación de estabilización y pacificación que requeriría de al menos 100.000 efectivos. Algo muy distinto sería el reparto de ayuda humanitaria a gran escala, lo que implicaría algún tipo de acuerdo con el gobierno cubano.

Conclusiones

La evolución del conflicto entre Cuba y EEUU aboca cada vez más a una solución estrictamente bilateral, donde buena parte de los actores internacionales que en otro momento hubieran podido o querido tener un mayor protagonismo en la transición cubana se abstienen de intervenir. Es el caso de China y Rusia, por un lado, o de la UE, por el otro. También de América Latina que ante los planteamientos del Corolario Trump-Monroe apuesta por un perfil más bajo, incluso en el caso de los dos grandes países de la región, Brasil y México, que pese a contar con gobiernos de izquierda se han abstenido de manifestarse abiertamente contra Trump por su política cubana.

En las condiciones actuales es difícil que más allá del desplome del gobierno cubano se asista a un cambio de régimen o incluso a una operación militar estadounidense de una cierta envergadura. El temor a desplegar tropas sobre el terreno, pero también a que Cuba se suma en el caos (desorden social e inestabilidad política), llevan a la Administración Trump a apostar por una negociación con el aparato de seguridad e inteligencia cubanos. La búsqueda de una salida negociada se vería favorecida por el escaso interés de la Casa Blanca en potenciar la democracia en la isla y pensar más en la implantación de ciertas reformas y retoques que faciliten la presencia de inversiones y empresas estadounidenses en Cuba.

Si bien las relaciones entre EEUU y Cuba pueden encontrarse en uno de sus momentos más tensos en décadas, lo cierto es que la realidad económica y humana entre ambos países sigue siendo mucho más compleja de lo que sugiere el enfrentamiento político. Los vuelos directos desde EEUU continúan operando, mientras que las exportaciones estadounidenses de combustibles, alimentos y productos agrícolas se mantienen en niveles históricamente elevados gracias a las excepciones previstas dentro del propio régimen de sanciones. Al mismo tiempo, las remesas enviadas por la diáspora cubana residente en EEUU constituyen una de las principales fuentes de divisas (y de supervivencia) para un número importante de familias. Todo esto no hace más que reforzar al sector privado, que si bien aún se mantiene en niveles limitados tiene un protagonismo cada vez mayor.

Más allá de las tensiones entre ambos gobiernos, los vínculos familiares, económicos y sociales entre los cubanos de dentro y fuera del país se han intensificado durante las últimas décadas. En muchos aspectos, la reconciliación informal entre buena parte de la diáspora y la sociedad cubana ha avanzado más de lo que suelen reconocer tanto los discursos oficiales de La Habana como los de Washington y es sobre estas bases sobre la que se debería trabajar para impulsar la reconstrucción posterior del país. Sin embargo, por sí sólo esto sería insuficiente y haría falta un importante impulso financiero, especialmente para situar las diezmadas infraestructuras en niveles operacionales aceptables.

Dada la falta de consensos básicos en las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC) y entre los principales mandos militares, los líderes cubanos se resisten a negociar su futuro político y económico bajo presión extrema de EEUU, como siempre lo han hecho y esperan seguir haciéndolo, aunque el tiempo se les está acabando irremediablemente. Una situación semejante les evoca recuerdos históricos dolorosos. En 1901, los delegados que redactaron la primera constitución republicana se enfrentaron a un amargo dilema cuando Washington condicionó el fin de su ocupación militar de cuatro años tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 a la vigencia de la Enmienda Platt, que suponía la presencia de límites constitucionales a su soberanía. Con dicho precedente en mente, Fidel Castro y otros revolucionarios afirmarían más tarde que aceptar esos términos fue una traición fundamental a los ideales por los que los luchadores por la independencia habían dado su vida en el siglo XIX.

El pueblo cubano merece un futuro viable y el cambio parece cada vez más inevitable. La pregunta es si se producirá a través de un desmoronamiento caótico, una intervención extranjera violenta o una negociación. Muchos esperan una transformación paso a paso en la que La Habana siga teniendo voz y voto, pero esto es algo complicado. No hay que olvidar que dentro de EEUU hay un sector importante y con gran influencia a favor del cambio de régimen. Los cubanoamericanos llevan décadas deseando acabar con el control comunista. Cualquier cosa que no alcance ese objetivo se percibirá como insuficiente.

La entrada Estados Unidos y Cuba: una relación presa de la Historia, la inercia estratégica y las políticas internas se publicó primero en Real Instituto Elcano.

• La relación España-Alemania se ha debilitado por distintos choques en la UE, aunque la fricción responde más a la reducción de la antigua asimetría que a divergencias de fondo. El reequilibrio del papel de España genera reticencias en Berlín y otras capitales, pero los desafíos europeos exigen superar esa tensión bilateral.
• Se proponen dos vías de actuación: aterrizar los problemas comunes en propuestas conjuntas de colaboración en áreas prioritarias, como son la financiación, seguridad y defensa y la política exterior; y mejorar los lazos interpersonales entre la población española y alemana.
• En financiación conjunta, el debate debería centrarse en bienes públicos europeos para maximizar el potencial de los fondos comunes, impulsando alianzas concretas en ámbitos como las renovables.
• En seguridad y defensa, Alemania debería integrar a España en formatos informales, avanzar hacia un tratado bilateral de seguridad y explorar un proyecto naval conjunto.
• En política exterior se propone alinear percepciones de riesgo, reforzar la disuasión económica europea, coordinar enfoques sobre Israel y Palestina a través de la interlocución privilegiada de cada uno de los socios y sumar a Alemania al diálogo con el Sur Global.
• Finalmente, en cuanto a lazos interpersonales, hacen falta mayores intercambios culturales y educativos, en el ámbito audiovisual y la organización de foros con jóvenes líderes de ambos países.

Análisis

Introducción

La relación entre Alemania y España está indudablemente tensionada. El incómodo episodio ocurrido durante la visita del canciller alemán Friedrich Merz a la Casa Blanca, cuando Donald Trump reprendió a España frente a la prensa ante el silencio de Merz, puso en evidencia la falta de sintonía entre los dos países. Las razones para la asincronía son, en parte, legítimas. Se apoyan en desacuerdos con respecto a la gestión de las crisis internacionales (sobre todo el conflicto israelí-palestino y la percepción alemana de que España debe aumentar su apoyo a Ucrania) y los muchos retos que afronta la UE en una época marcada por la rivalidad entre EEUU y China. A esto se añade además la historia más reciente, que trae agrios recuerdos al imaginario español sobre la receta de austeridad impuesta e impulsada por Alemania durante la Crisis del Euro (2010-2012) y la persistente percepción de España entre una parte del público alemán como una economía fiscalmente irresponsable e indisciplinada (más de un tercio de los alemanes encuestados a finales de 2024 calificaban a España como un país derrochador). Todo ello ha enrarecido la relación entre dos países que, en sus similitudes, pueden encontrar más puntos en común que diferencias.

España y Alemania se enfrentan a desafíos similares y compartidos por el resto de la Unión. Entre ellos, destacamos tres grandes bloques: (a) las necesidades de financiación; (b) la defensa; y (c) la política exterior europea. Sin embargo, parece que su aproximación a los mismos y a las medidas que tomar es muy distinta, haciendo que surjan ampollas y obstáculos en la fluidez de la relación. Pero se trata principalmente de eso: apariencias. España y Alemania no están tan alejadas en la gran mayoría de sus planteamientos. Lo que lleva a la fricción es el requilibrio entre los países. Tras años de comportarse como un socio menor, tanto en la relación bilateral como dentro de la UE, España ha ganado confianza. Su desempeño económico y activos para despuntar en una economía descarbonizada, entre otros, han llevado al actual gobierno a convertir a España en un participante activo del discurso europeo, con propuestas y objeciones sobre las orientaciones de la UE. Es el papel más vocal de España, que busca contribuir políticamente como le corresponde al ser la cuarta economía de la Unión y líder en crecimiento de la zona euro, lo que genera reticencias. La reducción de la asimetría conlleva, por tanto, un ajuste en la relación bilateral.

Es en esta línea en la que se propone una mejora de las relaciones España-Alemania en el seno de la UE. La magnitud de los retos hace la colaboración bilateral más necesaria que nunca y requiere de la variedad de perspectivas para llegar a posturas comunes que capitalicen la riqueza de las fortalezas de la Unión. Por ello, se proponen mejoras por dos vías: en primer lugar, aterrizando los grandes problemas en propuestas concretas en áreas prioritarias y, en segundo lugar, fortaleciendo los lazos interpersonales entre ambos países.

Bienes públicos europeos y financiación conjunta

En el año 2020 la UE se enfrentó a una situación sin precedentes en sus años de existencia: la pandemia del COVID-19. Ante una crisis que paralizaba la actividad económica mundial, poniendo en riesgo millones de puestos de trabajo y unos efectos en cadena difícilmente predecibles, la UE apostó por emitir deuda común. Los fondos del programa NextGenerationEU han permitido realizar inversiones en transición ecológica, digitalización, apoyo a pymes, etc., y obligaron a algunos de sus Estados miembros más recelosos a cruzar el Rubicón de la deuda conjunta, con Alemania a la cabeza.

Seis años después, Europa no se enfrenta sólo a una crisis, sino a múltiples, aunque conjuntamente de similar envergadura. Europa ha de hacerse responsable de su propia defensa y levantar el pilar europeo de la OTAN, asegurar su suministro energético a través de la descarbonización, recuperar competitividad económica, avanzar en digitalización, reforzar su sistema de innovación, adaptarse al cambio demográfico… Todo ello mientras 12 de los 27 Estados miembros de la Unión tienen una deuda pública por encima del 60% de su PIB y 10 tienen un déficit público de más del 3%.[2] En otras palabras, el espacio fiscal es muy reducido, lo cual limita a los Estados en su capacidad de destinar recursos públicos a las transformaciones necesarias, ya sea a través de superávits o endeudándose en el mercado de manera sostenible.

Es aquí donde aparece uno de los puntos de fricción entre España y Alemania que destacamos. España aboga por una mayor financiación conjunta europea para afrontar los retos comunes. Esto se traduce en un presupuesto comunitario (Marco Financiero Plurianual, o MFP) mucho mayor y el avance hacia los eurobonos. El vicepresidente primero del gobierno de España, Carlos Cuerpo, ha sido muy vocal con respecto a la emisión de eurobonos. Desde España se ha apoyado la propuesta de Olivier Blanchard y Ángel Ubide para sustituir una parte de la deuda ya emitida de los Estados miembros por deuda común, creando así un mercado de deuda europea. Figuras como Christine Lagarde y Mario Draghi han abogado también por la creación de un “activo seguro europeo”.

Por su parte, Alemania y el resto de los países frugales se mantienen firmes en su negativa. Sus objeciones se basan, generalmente, en tres puntos. El primero es común y se refiere al riesgo moral (moral hazard en inglés), es decir, que la deuda conjunta pueda debilitar los incentivos a la disciplina fiscal a nivel nacional. El segundo es específico al contexto constitucional y político alemán: Alemania se muestra reacia a aceptar compromisos fiscales de duración indefinida sin límites claros ni un control parlamentario efectivo, sobre todo debido a una sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional alemán. Esta limitación legal, sin embargo, podría solventarse recurriendo a la recaudación de recursos propios por parte de la UE, para lo que harán falta propuestas innovadoras y originales que den un impulso renovado a esta idea. La tercera objeción a los eurobonos está relacionada con cuestiones financieras, ya que los mercados podrían considerarlos como una capa adicional de deuda en vez de como un sustituto real de la deuda nacional, lo que aumentaría la percepción de riesgo de los países más endeudados. Alemania tampoco tiene muchos incentivos financieros directos para apoyar un plan de este tipo puesto que sus costes de financiación son ya muy bajos y podrían subir en un modelo de emisión conjunta. Además, Alemania y los países frugales se oponen también a un mayor presupuesto europeo, como dejaron claro en las primeras reacciones a la propuesta de la Comisión Europea de €1,8 billones para el período 2028-2034, y a los recursos propios adicionales a recaudar por la Comisión Europea.

Ante este choque, se propone reorientar y anclar el debate en los bienes públicos europeos (EPG por sus siglas en inglés). Estos son bienes públicos, es decir, aquellos para los que la oferta del mercado es insuficiente sin intervención pública, y que deben producirse a nivel europeo, no a nivel nacional o local. Hacerlo de esa manera minimiza las externalidades de producir individualmente, permite beneficiarse de economías de escala al tiempo que se toman en cuenta y respetan las preferencias locales. Trabajar sobre la base de estos EPG para superar las limitaciones de financiación permite identificar prioridades y objetivos comunes, las capacidades necesarias para alcanzarlas y los planes asociados.

La primera propuesta del nuevo MFP de la Comisión se ha estructurado en esta línea, y es como debería continuar profundizándose. La financiación europea común debe tener un especial foco en los EPG, aprovechando al máximo el potencial de los fondos, y evitando europeizar bienes públicos nacionales.

Es a través de los EPG que se podrían estructurar alianzas más estrechas en torno a bienes públicos concretos y fomentar el intercambio de mejores prácticas en base a las fortalezas de cada país. Un claro ejemplo de sinergia se halla en las energías renovables. Pese a tener el doble de capacidad renovable instalada en 2024 y una contribución de las renovables al mix energético un punto porcentual más que el español, el precio de la electricidad en Alemania es un 47% más alto que en España. Alemania dispone de una alta demanda industrial de electricidad y menor oferta de recurso renovable, lo que lleva a la inclusión de más combustibles fósiles en el mix eléctrico y a precios más altos. A su vez, España tiene abundante energía barata, pero carece de interconexiones y almacenamiento que doten a su red de mayor potencial exportador. A Alemania le interesa la exportación de electricidad española al resto del continente, mientras que a España le interesa la inversión en baterías para equilibrar la red. Una mayor apuesta por las renovables impulsada por ambos países podría movilizar la inversión conjunta y el impulso político para avanzar en interconexiones, atascadas en Francia. Así, se trabajaría para alcanzar un bien público europeo significativo: mayor descarbonización de la economía a través de un recurso energético barato y abundante que dotaría a Europa de una mayor independencia energética de aliados impredecibles.

Seguridad y defensa

Otro escollo en la relación bilateral hispano-alemana se halla en la defensa. Esto no ha sido así siempre, ya que ambos países tienen una historia de décadas de tradición pacifista. Hace ya 15 años, tan sólo el 50% de la población alemana encuestada y el 62% de la española reportaba que el uso de la fuerza puede ser necesario para mantener el orden mundial, matizando que para hacerlo se debe obtener antes la aprobación de las Naciones Unidas (76% en Alemania y 72% en España). Además, en Alemania, su población ha apoyado de manera consistente entre 2016 y 2023 una mayor aprobación del uso de medios civiles en su política de exterior y de seguridad que de los medios militares.

La seguridad es el bien público europeo por excelencia. Hasta hace poco, su provisión recaía sobre el paraguas de seguridad de EEUU, pero la guerra de Ucrania ha hecho ver a Europa que no puede depender únicamente de la disuasión estadounidense. La retirada de apoyo financiero y militar de la Administración Trump a Ucrania, así como las amenazas del presidente con salir de la OTAN y con invadir Groenlandia, han obligado a los europeos a enfrentarse a la realidad: a partir de ahora, nuestra seguridad es sólo nuestra.

Para que así sea, Europa debe aumentar su gasto en defensa y desarrollar capacidades propias, conjuntas y coordinadas. Todo ello requiere, entre otras cosas, de fondos y tiempo. Tradicionalmente, España ha sido uno de los países de la OTAN que menos ha gastado en defensa en relación con su PIB. Aun así, su desempeño no ha sido muy diferente del alemán en términos relativos: tanto España como Alemania invertían un 1,1% en 2016, mientras que en 2025 España alcanzó el 2,1% y Alemania tan sólo 0,2 puntos porcentuales más.

En la cumbre de la Haya de junio de 2025, Donald Trump pidió a Europa un compromiso de gasto en defensa del 5% del PIB en 2035 (3,5% para defensa y 1,5% para protección de infraestructura crítica, resiliencia, base industrial…). España, por el contrario, afirmó que su compromiso no ascendería del 2,1%, lo cual consideraba suficiente para hacer frente a las capacidades establecidas y acordadas en el seno de la OTAN como objetivos. Esto colocó al gobierno español como el contrapunto a la aceptación del resto de Europa y los aliados. También causó recelos entre los países que sí habían aumentado de manera considerable su gasto en defensa, como los polacos, cuyo gasto representó el 4,5% de su PIB en 2025.

La reticencia española a aumentar el gasto en defensa tiene que ver principalmente con consideraciones de política doméstica y la racionalidad del gasto, pero no necesariamente con la falta de solidaridad. Así lo reflejaban los datos de junio del año pasado, en plena polémica por la OTAN: el 42,1% de la población española consideraba acertada la negativa al incremento del gasto en defensa al 5% del PIB (casi 12 puntos porcentuales más aquellos que no aprobaban la decisión), con los votantes de la coalición de gobierno actual mostrando esta actitud de manera más marcada. Estos datos se contraponen con la solidaridad y compromiso de España con Ucrania. Por ejemplo, en enero de 2026 el 68,4% de los encuestados y encuestadas en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas declaraba estar muy o bastante preocupado por la invasión rusa de Ucrania, al tiempo que más de un tercio apoyaba incrementar el apoyo financiero a Ucrania por parte de la UE. A su vez, en marzo de 2026 España era el cuarto país receptor de refugiados ucranianos de toda la Unión, aunque se encuentra lejos de Polonia y Alemania, quienes han acogido a casi cuatro y cinco veces más refugiados, respectivamente.

Pese a estas actitudes, hay un cierto escepticismo relativo al compromiso real español con la solidaridad más allá de las declaraciones políticas. En consecuencia, el bajo gasto español en defensa ha hecho que el país quede fuera de algunas agrupaciones clave. Un claro ejemplo de ello es el grupo E5, compuesto por Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido. Este grupo ha emergido como el principal coordinador del apoyo militar a Ucrania y la reflexión sobre rearme y el desarrollo de capacidades conjuntas europeas tras la retirada de la Casa Blanca en el apoyo a Kyev. España tampoco estuvo presente cuando los líderes europeos viajaron a Washington junto con Volodymyr Zelensky en agosto del año pasado tras la reunión de Trump y Putin en Alaska sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

En este contexto, la propuesta para la mejora de las relaciones hispano-alemanas en defensa tiene varios aspectos. En primer lugar, Alemania debería invitar a España a las reuniones de los formatos “minilaterales” informales que están emergiendo en defensa. Concretamente, debería promover un E5 ampliado que incluya a España (E5+). Al fin y al cabo, el presupuesto español dedicado a defensa es el 15º más grande del mundo en términos absolutos, justo por detrás del polaco. Por tanto, España es un actor clave para las discusiones que ocurren en su seno, particularmente sobre Ucrania. Al mismo tiempo, España debe estar preparada para participar y cumplir con lo que se espera de su inclusión en términos de contribuciones políticas, pero también de compromisos económicos y militares. Un ejemplo concreto sería el envío de baterías Patriot completas a Ucrania en vez de tan sólo misiles, como hizo España en 2024 y 2026.

En segundo lugar, Alemania y España podrían trabajar en un tratado o acuerdo de seguridad bilateral. Alemania ha concluido en los últimos meses acuerdos de este tipo con el Reino Unido, Italia y Ucrania, entre otros, que tratan de garantizar la cooperación y los “intercambios en ámbitos estratégicos de la política de seguridad”, así como el desarrollo creíble y eficiente de fuerzas y capacidades de defensa coordinadas e interoperables. Un acuerdo de este tipo profundizaría las relaciones en seguridad y defensa entre España y Alemania.

En tercer lugar, en términos incluso más concretos, se propone la cooperación entre España y Alemania para desarrollar un proyecto naval conjunto. Alemania ya se encuentra en dichos proyectos con distintos socios europeos (y no europeos) en drones, aviones de combate, sistemas de combate terrestres y helicópteros, entre otros. En el ámbito naval, la cooperación transfronteriza parece menos intensa. Esto supone una oportunidad para España y Alemania, donde la base industrial naval española podría apoyar las necesidades de, por ejemplo, vigilancia del fondo marino que tiene Alemania. Un proyecto de este tipo podría repercutir muy positivamente en la relación hispano-alemana en seguridad y defensa. En cualquier caso, el proyecto debería evitar el nacionalismo industrial en defensa para conseguir fines y objetivos compartidos. Por ello, una colaboración estrecha entre ambas partes debería ser la base y precondición de la iniciativa.

Política exterior

Finalmente, en política exterior, los últimos tres años y medio han tensionado la relación bilateral hispano-alemana por diversos motivos. En este análisis abordamos dos: (a) el posicionamiento europeo ante EEUU y China en un contexto de rivalidad geopolítica; y (b) el conflicto en Oriento Medio.

EEUU era el aliado casi indiscutible de Europa hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pese a que anteriores Administraciones ya habían señalado su cambio de enfoque estratégico hacia Asia. Aun así, la relación se mantenía. El segundo mandato de Donald Trump, marcado por una mayor beligerancia retórica y fáctica hacia Europa, ha incluido aranceles desorbitados, acusaciones de déficit democrático europeo y diagnóstico de “borrado civilizacional”, apoyo a partidos de extrema derecha en elecciones nacionales, sanciones a ex comisarios europeos y amenazas a la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca. A esto se suma la retirada de apoyo a Ucrania, la propuesta de la Junta de Paz para reemplazar a la ONU y las violaciones al derecho internacional en las operaciones de Venezuela e Irán, entre otros acontecimientos.

Ante todo ello, el consenso europeo de que la autonomía estratégica europea es necesaria ha crecido, tanto en defensa como en otros aspectos de la economía. Y esta autonomía también es con respecto de un EEUU volátil. Las percepciones de la población en España y Alemania son más o menos similares en este punto. Un reciente estudio de la alemana Bertelsmann Stiftung revela que el 76% de la población alemana y el 74% de la española consideran que es el momento de que la UE siga su propio camino con respecto de EEUU. Además, el 73% de alemanes y el 59% de españoles perciben a EEUU como un socio poco fiable. En ambos casos, los alemanes tienen percepciones más negativas que los españoles, pero esto no se refleja en las posiciones de los respectivos gobiernos.

Uno de los principales puntos de fricción entre el gobierno de Sánchez y el de Merz ha sido la oposición del español a las demandas de Trump: objetando al 5% de gasto en defensa, a la “Riviera de Gaza”, a la intervención en Venezuela e impidiendo el uso de las bases estadounidenses en España para la guerra de Irán. Alemania, por su parte, ha optado inicialmente por el “apaciguamiento”. Esta posición era compartida por otros líderes europeos y globales, especialmente durante el primer año del segundo mandato de Trump. En las últimas semanas, sin embargo, se observa un ligero viraje del canciller alemán hacia una posición más abiertamente crítica, hablando incluso de la “humillación” de EEUU por parte de Teherán.

Las distancias entre países también se observan en cómo tratar a China. Pero en este tema, las diferencias puede que sean algo más profundas, puesto que la percepción ciudadana de ambos Estados es ligeramente más dispar. El mismo estudio de la Bertelsmann Stiftung indica que el 74% de la población alemana ve de manera negativa la creciente influencia china en el mundo, mientras que sólo el 51% en España responde de la misma manera. En cuanto a si la ciudadanía piensa que su país es dependiente de China y está dispuesta a reducir esas dependencias, incluso suponiendo costes económicos, los resultados se acercan más entre sí: el 80% de la población alemana y el 72% de la española responde positivamente. Esto puede tener que ver con la experiencia muy negativa de Alemania en los últimos años con su dependencia del gas ruso barato. Tras el trauma que han supuesto en los últimos años los altísimos precios de la energía, la consecuente pérdida de competitividad de la industria alemana agravada por el denominado China Shock 2.0,[3] cambiar una dependencia por otra, especialmente en industrias en las que Alemania ostentaba el liderazgo (véase el automóvil o maquinaria), lleva al país a tener mayor cautela.

Por su parte, España destaca internacionalmente porque ha elevado su perfil en la relación con China, consiguiendo una interlocución similar a la que tenían países como Francia, Alemania e Italia. Se busca un mayor acercamiento a Pekín en tanto en cuanto esto reporte mayores inversiones en el país en sectores estratégicos para la futura competitividad de España y del continente, como en vehículos eléctricos o baterías. Madrid trata de insertarse, por tanto, en las nuevas cadenas de valor globales, capitalizando su abundante energía limpia, atrayendo inversión que cree valor local y modernice la capacidad industrial y tecnológica del país. A nivel político, una mayor relación con China se enmarca en la estrategia española de actuar como puente con el Sur Global, como se verá más adelante.

Tanto Alemania como España están de acuerdo en que la tensión entre EEUU y China va a continuar, y que los intereses de Europa siempre quedarán supeditados a los de las dos grandes superpotencias. Por ello, Europa necesita mayor independencia de manera que pueda tener capacidad de decisión sobre su propio futuro y no convertirse en una moneda de cambio o daño colateral de la competición geopolítica. Esa independencia debe ser tecnológica, energética, en sistemas de pago, en capacidad industrial, etc., pero necesita de consensos y estrategias claras y coordinadas. En consecuencia, hace falta un mayor alineamiento de los dos países europeos para reforzar la acción de la UE y su posición en el mundo.

En esta línea, se proponen dos acciones concretas que permitan alinear las percepciones de riesgo y trabajar en un consenso que tenga en cuenta todos los intereses. Por un lado, los intercambios entre los Consejos de Seguridad Nacional de ambos países. España cuenta con un órgano de este tipo desde 2013, mientras que en Alemania éste es de reciente creación (agosto de 2025). Ambos están compuestos por ministros del gobierno relevantes para la seguridad nacional y, en el caso español, otros miembros de la administración, como el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Se encargan de asesorar las decisiones del presidente del gobierno o el canciller en materia de seguridad nacional, así como de informar estrategias. En este sentido, un intercambio estructurado entre ambos Consejos permitiría acercar posiciones partiendo de un entendimiento común, de la identificación de riesgos compartidos y asimétricos, de fuentes de vulnerabilidad e intereses estratégicos. Así, las percepciones de riesgo podrían alinearse entre los dos países, llegando a un entendimiento más completo de los riesgos y oportunidades que representan actores como EEUU, China y Rusia.

Además, una segunda línea de acción consistiría en impulsar el diseño conjunto de paquetes de respuesta a la coerción externa de las grandes potencias. De esta manera, Europa construiría su propia disuasión económica. El ejercicio aplicaría en una primera fase tanto a potenciales presiones procedentes de EEUU como de China, y debería expandirse a otras jurisdicciones en el futuro. Algo similar se realizó en el verano de 2025, cuando Europa identificó la lista de productos sobre los que aplicar aranceles de represalia a los aranceles del 30% con los que amenazaba Donald Trump. Como elemento de novedad con respecto a lo ya trabajado, la estrategia de disuasión económica europea deberá tener en cuenta la colaboración con otras potencias medias (en la línea de lo propuesto por Mark Carney en Davos o por la Geostrategic Europe Taskforce). Lo que ha de buscarse es componer una disuasión más sólida que se articule entre un amplio número de países aliados con intereses comunes de mayor independencia frente a presiones.

Este ejercicio ha de repetirse con distintos actores en mente. Como vienen argumentando diferentes autores, Europa debe entender cuáles son sus fortalezas, en qué aspectos de la economía global es indispensable, y cuál es la “caja de herramientas” con la que puede responder a la coerción externa.[4] Esto requiere de un análisis conjunto de fortalezas, intereses y recursos disponibles para aliviar posibles disrupciones. En paralelo, aunque con un horizonte a medio plazo, el análisis debería extenderse a la identificación precisa de en qué áreas Europa quiere ser independiente, superando debates abstractos e indefinidos de soberanía y aterrizando en elementos concretos.

Otro punto de fricción en política exterior no tiene que ver con la rivalidad entre EEUU y China, sino con lo que ocurre en Oriente Medio. Se estima que la actividad de Israel en la región desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 ha supuesto la muerte violenta de al menos 75.200 civiles en Gaza[5] y 1.029 muertos, 2.786 heridos y más de un millón de desplazados en Líbano.[6] En esta cuestión, España también ha decidido oponerse de manera más directa a las acciones del gobierno de Netanyahu y condenarlas públicamente. Esto ha incluido el reconocimiento del Estado de Palestina, calificar como “genocidio” la acción de Israel en Gaza y promover la suspensión del Acuerdo de Asociación entre UE-Israel, aunque sin éxito, entre otras acciones. Por su parte, Alemania se encuentra en una situación complicada por el peso de la historia y ha sido mucho menos directa en su crítica. Sí que ha presionado para permitir la entrada de ayuda humanitaria por Rafah, continuado colaborando con UNRWA, paralizado la exportación de armas que pudiesen utilizarse en Gaza, y votado a favor de sanciones contra los colonos violentos en la UE.

Sin embargo, existe la oportunidad de hacer del choque de posturas una estrategia. España, que apoya la causa palestina y tiene de su lado el reconocimiento del mundo árabe, puede ejercer presión y como interlocutor por un lado; Alemania, que ostenta relaciones mucho mejores y más fluidas con Israel puede hacer lo mismo por el otro. Ambos actores pueden jugar sus cartas y papeles de “poli bueno y poli malo” en ambos lados, involucrándose más directamente para la resolución estable y duradera del conflicto. Esto daría a Europa un papel como actor en una región en la que está ausente y frente a una situación humanitaria que es flagrante y desoladora.

En último lugar, un punto en el que se podría avanzar conjuntamente es en las relaciones con el Sur Global. España ha actuado como puente entre Europa y distintas regiones del mundo con las que tiene relaciones culturales, históricas, económicas o geográficas relativamente más estrechas que el resto de Europa. Este es el caso de América Latina, el Caribe y África, pese a la animadversión que ha causado su pasado colonial en algunos momentos. Aprovechando dichas circunstancias y sus relaciones comparativamente mejores, es momento de que Madrid continúe con ese papel involucrando más directamente a los socios europeos en las relaciones con el Sur Global y no meramente representando a Europa. Por tanto, y de igual manera que se pide que Alemania aúpe a España en los foros informales de seguridad y defensa, España debería hacer lo mismo con Alemania en el Sur Global. Una buena oportunidad para llevarlo a cabo sería la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre de este año.

Lazos interpersonales

Además de todos los choques sustantivos y de postura observados, destaca una tendencia de base que dificulta la mejora de las relaciones hispano-alemanas: las sociedades de ambos países no se conocen. Una encuesta del Real Instituto Elcano de 2025 trataba de arrojar luz sobre la imagen de Alemania en España. Los españoles tienen una mejor percepción del país germano que del suyo propio, pero el 61% encuestado no había visitado nunca el país y el 85% no hablaba nada de alemán. Por su parte, en otro barómetro realizado a finales de 2024, se observaba que el 73% de los alemanes sí habían visitado España (y casi un tercio de ellos más de cuatro veces). Al mismo tiempo, si se preguntaba por lo primero que viene a la cabeza cuando piensa en España a un alemán, más del 90% de las asociaciones tenían que ver con las vacaciones, el buen clima y la comida. Esto apunta a que, más allá de los estereotipos relacionados con el turismo, las vacaciones o los hábitos de cada país no hay un entendimiento cultural y un entramado social denso.

Para solventar ese desconocimiento, hace falta cultivar los intercambios culturales y educativos entre ambos países, conectando escuelas, institutos y universidades para fortalecer la relación. También se puede trabajar en el ámbito audiovisual. España y Francia colaboran habitualmente en multitud de obras co-producidas por ambos países; Francia y Alemania, por su parte, tienen una cooperación muy institucionalizada y densa que se ejemplifica claramente en ARTE, un canal de televisión específicamente francoalemán. Hay espacio para desarrollar producciones conjuntas que permitan dar a conocer mejor cada uno de los países en mayor profundidad.

Por todo ello, se propone también la organización de un foro hispano-alemán de jóvenes líderes. Esto es común entre otras parejas de países, pero no entre España y Alemania.[7] Un programa que reúna a 15 jóvenes de cada país de manera anual, liderado y organizado por las embajadas correspondientes junto con las instituciones culturales (por ejemplo, los Institutos Cervantes y Goethe). Los participantes podrían realizar visitas culturales e institucionales, conocer a otros jóvenes líderes con los que crear una red, y así favorecer el gradual acercamiento de ambas sociedades sin incurrir un coste económico desorbitado. Se trata de una medida concreta y rápidamente ejecutable cuyos impactos a medio y largo plazo podrían ser notables.

Conclusiones

En definitiva, España y Alemania se enfrentan a retos comunes desde posturas distintas. Pero, como se ha tratado de demostrar en este análisis, el distanciamiento es menos grave de lo que parece. Hay espacio para trabajar posiciones conjuntas en el marco europeo en la financiación de bienes públicos europeos, seguridad y defensa y en diversos aspectos de política exterior. A nivel transversal y a medio-largo plazo, deben tomarse acciones para fomentar los lazos interpersonales y el contacto entre ambas culturas, de manera que se mejore el entendimiento bilateral entre las sociedades y se superen los estereotipos clásicos.

Pese a las propuestas realizadas para mejorar la cooperación bilateral, hay una salvedad importante que se debe destacar y se adelantaba en la introducción. En gran medida, la situación de tensión entre los dos países tiene más que ver con la recalibración de la relación que con posturas irreconciliables. España se ha convertido en líder del crecimiento económico de la zona euro mientras que Alemania protagoniza un lánguido desempeño económico; España tiene los recursos renovables para liderar la transición energética mientras que la industria alemana pierde competitividad.

En muchos casos, los posicionamientos de ambos países no son opuestos ni muy diferentes con respecto de hace años. Si cabe, en algunos puntos han convergido. Lo que ha cambiado es que España ahora se ha librado en parte de su complejo de inferioridad. Las cifras económicas y la ausencia de otros líderes europeos en el campo social demócrata envalentonan al actual gobierno español para abandonar su percepción de socio menor en la relación. Y eso no se ha encajado bien ni desde Alemania ni desde otras capitales. Tampoco ayuda que el eje franco-alemán, impulsor de los grandes proyectos políticos en Europa, no esté funcionando. Ese tándem lleva años gripado y el contexto internacional no da tregua como para que se reestablezca. La UE y sus Estados miembros, por tanto, deben tener la flexibilidad y apertura de miras para aceptar iniciativas e impulsos políticos, incluso cuando vienen de la periferia. Al fin y al cabo, el lema de la Unión sigue siendo “unidos en nuestra diversidad”.

[1] Este análisis se apoya en el contenido de las discusiones surgidas en el seno del seminario Germany and Spain in 2026: good relations in challenging times? en abril de 2026, organizado por la embajada de Alemania en España.

[2] Las cifras de deuda y déficit público proceden de la última actualización de datos realizada por Eurostat en el momento de redacción (22 de abril de 2026). En el caso de la deuda pública, los datos son aún provisionales y corresponden al último cuarto de 2025; el déficit público reportado es para la totalidad del 2025.

[3] Se conoce así al choque que está produciendo en la economía global la excesiva oferta de bienes verdes por parte de China, que está erosionando la competitividad de la industria de otros países.

[4] Algunos de los análisis que profundizan y detallan esta idea se han publicado por parte de Ignacio Álvarez Peralta (parte de la Geostrategic Europe Taskforce) en el Real Instituto Elcano, André Sapir, Jacob Funk Kirkegaard y Jeromin Zettelmeyer en Bruegel, y Tobias Goehrke en ECFR (sobre EEUU, y sobre China junto con Nina Schmelzer).

[5] Los datos proceden de una encuesta de población independiente publicada en la revista The Lancet Global Health. La encuesta observa los cambios de población entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

[6] Los datos proceden de un informe de la Oficina de la Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tan sólo cubren las tres primeras semanas de escalada entre Israel y Hezbolá desde el 2 de marzo de 2026.

[7] Algunos ejemplos son los encuentros de jóvenes líderes de España y EEUU, Alemania e Italia, Francia y EEUU y Alemania e Israel, entre otros.

La entrada Salvar la asimetría y la fricción: propuestas para la mejora de las relaciones España-Alemania en la UE se publicó primero en Real Instituto Elcano.

• En este análisis se presenta la nueva edición del Índice Elcano de Presencia Global. En la primera parte se analizan los principales resultados de 2025, y en la segunda parte se contrastan algunas de las ideas más extendidas sobre la globalización conocida (1990-2025).
• En 2025 el ranking sigue liderado por EEUU seguido de China que son, junto con Rusia, los países que mayores incrementos de presencia registran respecto al año anterior.
• El mundo no se está desglobalizando. A pesar de que el ritmo de crecimiento es menor, los valores agregados de presencia económica y blanda son hoy muy superiores a los registrados en 1990. No ocurre lo mismo con la dimensión militar, que experimentó un descenso a lo largo del comienzo de siglo, y vuelve a crecer en los últimos años.
• Desde el punto de vista geográfico, la globalización está altamente concentrada en tres grandes regiones –Europa, Norteamérica y Asia–, que tienen procesos avanzados de integración regional. Por el contrario, África, América Latina y Oriente Medio han registrado un crecimiento muy bajo, cuestionando el automatismo entre globalización y desarrollo y la extensión mundial de la misma.
• El diagnóstico difiere si se miran los datos en valor absoluto o en cuota sobre el total. China y EEUU son los países que más presencia han ganado, y la cuota mundial china es hoy superior a la de la entonces Unión Soviética, pero se ha producido también un reparto en posiciones medias del ranking en dos fases diferenciadas, una hasta 2010 que recoge el auge europeo, y otra desde entonces empujada por los países asiáticos.
• Pero el mundo actual es menos multipolar de lo que a menudo se sostiene. Agrupaciones como BRICS o N11 apenas han visto incrementado su peso relativo en estas décadas, incluso la brecha Norte-Sur Global –excluidos China y EEUU– estaría hoy en niveles similares a los años 90.

Análisis

Crecen las dudas sobre si nos encontramos en el inicio de un nuevo orden mundial, no sólo por la configuración de un nuevo equilibrio de poder sino también por la transformación de los parámetros básicos del paradigma dominante. Desde los años 90, la globalización fue entendida por muchos como un proceso inevitable e irreversible dentro de una narrativa optimista centrada en la apertura externa y la creciente integración como un mecanismo de estabilidad y una oportunidad de desarrollo. Un proceso aparentemente desideologizado, donde lo geográfico se difuminaba en favor de una imagen unificada del mundo. Además de una mayor interdependencia económica, se configuraban también vínculos de otra naturaleza, como los culturales, científico-tecnológicos o interpersonales, que parecían dibujar un orden internacional menos militarizado. Un mundo en transición desde la lógica bipolar de la Guerra Fría hacia una configuración más multipolar, con un número creciente de países que reclamaban voz propia en una red cada vez más densa de instituciones y organismos multilaterales.

Pero hoy, poco más de tres décadas después, el relato es otro. Ya desde la Gran Recesión conceptos como desglobalización, slowbalisation o estancamiento secular empezaron a extenderse para describir un escenario marcado por el menor dinamismo del comercio internacional y la creciente rivalidad geopolítica. La pandemia, las tensiones tecnológicas entre EEUU y China y la guerra contra Ucrania alimentaron la idea de la transformación de la globalización hasta entonces conocida. El retorno de Donald Trump a la presidencia de EEUU y, en concreto, el denominado Liberation Day, representan en cierto modo el inicio de una nueva era de globalización de creciente incertidumbre, y fragmentación geográfica y geopolítica, en la que la interdependencia externa puede constituir ahora una vulnerabilidad estratégica.

El mundo actual es sustancialmente distinto al de la década de 1990. El relato de la multipolaridad que ha predominado durante décadas, asociado al ascenso de economías emergentes y una mayor pluralidad de actores en los organismos multilaterales, ha sido reemplazado por la rivalidad geopolítica entre EEUU y China y un mundo dividido en las categorías de Norte y Sur Global. Pero, ¿hemos transitado desde la bipolaridad de la Guerra Fría a una nueva bipolaridad?, ¿nos estamos realmente desglobalizando?, ¿estamos en una nueva era de la globalización?

Para abordar estas cuestiones hacemos uso del Índice Elcano de Presencia Global, una herramienta de análisis de las relaciones internacionales que mide la proyección exterior de los países en base a una batería de indicadores agrupados en tres dimensiones: económica, militar y blanda. En la primera parte de ese análisis se presentan los resultados de 2025 y su comparación con el año anterior, y en la segunda parte se examinan cuatro narrativas ampliamente extendidas sobre la globalización y su evolución desde 1990.

1. Resultados de la nueva edición del Índice Elcano de Presencia

Los resultados de la nueva edición del Índice Elcano de Presencia Global muestran un ranking de 2025 liderado por EEUU y seguido por China, Alemania, el Reino Unido y Japón (Figura 1). Dentro de las primeras 20 posiciones existe un grupo heterogéneo de países desde el punto de vista geográfico: dos norteamericanos (EEUU y Canadá); cinco asiáticos; dos de Oriente Medio (EUA y Arabia Saudí); y 11 países europeos, cuatro de los cuales no son miembros de la UE (Reino Unido, Rusia, Turquía y Suiza).

Figura 1. Ranking 2025 del Índice Elcano de Presencia Global

La Figura 2 muestra los cambios en valor absoluto respecto al año anterior. Destaca en primer lugar que los incrementos se concentran, en este orden, en China, Rusia y EEUU, mientras que el resto de los países registran pérdidas significativas o aumentos muy leves de su presencia global. China y EEUU aumentan fundamentalmente por una mayor presencia económica y, en menor medida, también militar. Pero se produce una notable divergencia en la evolución de su presencia blanda: mientras que China continúa aumentándola, EEUU la reduce. El contexto doméstico en EEUU, los cambios registrados en políticas migratorias, en la atracción de estudiantes internacionales y en la cooperación al desarrollo, entre otras, están mermando el poder blando estadounidense. Por su parte, Rusia experimenta un aumento de su presencia global explicado casi exclusivamente por el aumento de su proyección militar, que crece en torno a un 14% respecto al año anterior, mientras reduce su presencia económica y su proyección blanda.

Entre los países que pierden presencia en 2025 destacan varios europeos y otras potencias del denominado Norte Global, como Japón y Australia. España, por su parte, se mantiene en la posición 13ª entre Italia y Australia, y es de los pocos países europeos que no ve reducido el valor de su presencia respecto al año anterior. Si bien su crecimiento es muy modesto, de tan sólo 0,5 puntos, España ha podido compensar pérdidas en algunos indicadores como Manufacturas o Cultura con ascensos en Turismo, Deportes e Información, entre otros. Este comportamiento contrasta con el de otros socios comunitarios, que muestran descensos leves, como Francia e Italia, o más pronunciados, como los Países Bajos y Alemania, lastrados principalmente por la caída de su presencia económica.

Figura 2. Variación 2024-2025 en las principales posiciones del ranking de Presencia Global

2. La globalización en perspectiva histórica: contraste de narrativas

Este apartado propone una mirada histórica de la evolución de la globalización en términos de presencia global. Para ello, se identifican cuatro narrativas ampliamente extendidas sobre la globalización desde 1990 y se contrastan con los resultados del Índice Elcano de Presencia Global.

2.1. Narrativa 1: nos estamos desglobalizando

Una de las ideas más extendidas es que, tras la euforia globalizadora de las últimas décadas, nos encontramos en un período de desglobalización. Como señalábamos en la introducción, existen sin duda argumentos para pensar en ello y no es un diagnóstico nuevo. Sin embargo, debemos diferenciar los cambios en los marcos normativos de los datos registrados. Si atendemos a la evolución agregada del Índice Elcano de Presencia Global entre 1990 y 2025 (Figura 3), no se observa un proceso de desglobalización entendido como una reducción sostenida del valor agregado mundial de los distintos indicadores considerados. De hecho, el nivel de presencia global en 2025, aunque ligeramente inferior al máximo alcanzado en 2023, continúa muy por encima de los registros de 2010 y, más aún, de los de 1990.

Figura 3. Evolución agregada del Índice Elcano de Presencia Global (1990-2025)

Sí se aprecia una tendencia más errática a partir de la Gran Recesión, así como un descenso en el agregado total del 0,5% en 2025 respecto al año anterior. Por dimensiones, la presencia económica agregada se contrae un 1,2% y la blanda lo hace en un 0,1%, mientras que la presencia militar crece un 1,5%, marcada por el incremento del número de tropas desplegadas en el exterior.

Este desigual comportamiento por dimensiones sugiere que, a pesar de que no se haya producido una reducción sustantiva de la globalización en su conjunto, sí se puede estar produciendo un cambio en su naturaleza. Si atendemos a la variación en los diferentes periodos de las tres dimensiones (Figura 4), podemos apreciar este cambio de patrón.

Figura 4. Tasa de variación por dimensiones y período

En una primera etapa, y debido al carácter predominantemente económico de la globalización, fue esta dimensión la que mostró un mayor dinamismo, interrumpido por la crisis de 2010. Desde entonces, la dimensión blanda tomó el relevo como motor principal de crecimiento de presencia global, tendencia que se vio abruptamente frenada por la pandemia. Por su parte, la dimensión militar, que había perdido peso relativo desde los años 90 como reflejo de la desmilitarización de las relaciones internacionales posterior a la Guerra Fría, ha recuperado dinamismo en los últimos años, tanto por el aumento de tropas desplegadas –en gran medida como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania– como por el incremento del equipamiento militar. De hecho, el número de tropas desplegadas hoy en el mundo se sitúa en niveles similares a los de los años 90, pero no sucede lo mismo con el equipamiento militar, a pesar del crecimiento en algunas regiones, especialmente Asia.

2.2. Narrativa 2: todas las regiones del mundo han aumentado su proyección exterior

Otra idea extendida es que la globalización ha generado el incremento generalizado de la proyección exterior de todas las regiones del mundo, implicando una desconcentración en términos geográficos frente al mundo de los 90. Para verificarlo, organizamos los resultados por regiones geográficas y atendemos a la evolución agregada de la presencia global de cada región tanto en términos de valor absoluto como de cuota, esto es, el peso de su registro sobre el total mundial.

Figura 5. Evolución del valor de presencia global por regiones

La Figura 5 muestra la evolución del valor de presencia global al agregar los países que componen cada región –que supone la desagregación geográfica de la Figura 3–. La primera evidencia es el alto grado de concentración en Europa, Asia y Norteamérica. No en vano, estas regiones no sólo concentran las economías con mayores niveles de desarrollo, sino que además han protagonizado algunos de los procesos de integración regional más intensos (UE, T-MEC y ASEAN), en los que la integración regional fue concebida, en gran medida, como un instrumento de competitividad exterior. En segundo lugar, la evolución desde 1990 es también muy desigual entre regiones. Desde entonces el aumento de presencia global de Asia-Pacífico se acerca a los 3.500 puntos, mientras que Europa y Norteamérica habrían aumentado 2.079 y 1.385 puntos, respectivamente. En cambio, los incrementos son mucho más modestos para Oriente Medio, África y América Latina.

Figura 6. Evolución de la cuota de presencia global por regiones

El desigual incremento entre regiones implica necesariamente una reconfiguración geográfica de la globalización en términos de cuota de presencia global (Figura 6). Asia prácticamente duplica su cuota entre 1990 y 2025, con una aceleración especialmente intensa a partir de 2010. De hecho, desde entonces supera a Norteamérica, que hoy registra más de 6 puntos porcentuales menos, cuando en 1990 la diferencia era de más de 10 puntos a su favor. No obstante, la caída norteamericana se registra fundamentalmente antes de 2010, manteniéndose posteriormente en niveles relativamente estables e incluso registrando incrementos puntuales. En contraste, Europa experimenta una caída sostenida e intensa precisamente desde entonces, aunque continúa siendo la región con mayor presencia global agregada. El resto de las regiones mantienen niveles significativamente inferiores. Oriente Medio registra un ligero incremento asociado principalmente a su papel energético, mientras que América Latina y África reducen su peso relativo.

Una interpretación de los resultados en términos de cuotas lleva a una interpretación en términos de juego de suma cero, mientras que los cambios en valor absoluto ofrecen otra lectura. En cualquier caso, la evolución de los resultados es muy desigual entre regiones y presenta una alta concentración en tres de ellas. Ello conecta por un lado con las tesis de que el proceso de globalización es en buena medida la agregación de tres procesos de regionalización y, por otro, con aquellas que apuntan a un impacto negativo de la misma o al menos menores beneficios en las regiones menos desarrolladas.

2.3. Narrativa 3: China gana presencia global por delante de EEUU y Europa

Otra de las ideas extendidas es que China ha aumentado su proyección exterior mientras que EEUU y buena parte de los países europeos la han perdido. Esta percepción ha ganado fuerza en el discurso político occidental, particularmente en sectores vinculados al movimiento MAGA, hasta el extremo de considerar que el actual orden económico internacional perjudica a EEUU, reflejando un cambio profundo respecto al consenso globalizador dominante en los años 90.

La Figura 7 muestra los principales incrementos y descensos en valor absoluto entre 1990 y 2025. China habría sido el país que mayor incremento de presencia global habría registrado, pero EEUU sería el segundo. A cierta distancia aparecen otras economías asiáticas, como la India, Corea del Sur y Japón, reflejando ese desplazamiento del eje de la economía mundial hacia Asia. Entre los países europeos, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos también habrían registrado aumentos, junto con Irlanda, España y Suiza, aunque más moderados que los asiáticos. También aparece Emiratos Árabes Unidos, destacando dentro de los países de su región, y Canadá, dentro del proceso de integración regional en Norteamérica. De los 150 países para los que calculamos el Índice, tan sólo 13 de ellos tendrían hoy menos presencia global que en 1990. El más significativo es Rusia, que no alcanzaría hoy en día los valores registrados por la antigua URSS.

Figura 7. Principales aumentos y descensos de presencia global 1990-2025, valor absoluto

La mayoría de los países han aumentado su presencia global, pero de manera muy desigual, siendo EEUU y China, y en menor medida otros asiáticos y europeos, los que mayores incrementos registran. Esta desigual evolución en valor absoluto modifica evidentemente las cuotas de presencia global (Figura 8), donde EEUU habría pasado del 23,8% en 1990 al 19,5% en 2025, mientras que China pasa del 2,5% al 11,6% en el mismo período. Los países europeos registran un incremento más moderado, pero además la UE muestra una pérdida sostenida de su presencia en el resto del mundo, es decir, considerando únicamente su proyección exterior descontando los vínculos intracomunitarios. Desde 2005 la UE mantenía un nivel de presencia global superior al de EEUU. Sin embargo, a partir de 2020 se observa una caída significativa, coincidiendo con el impacto del Brexit y con el impacto de la pandemia. Ello no implica que la pérdida de presencia de la UE se deba a la salida del Reino Unido, que incluso ha perdido más presencia desde entonces, sino al menor dinamismo de grandes economías como Alemania y Francia. En consecuencia, en 2025 EEUU supera por primera vez en la serie el valor de presencia global de la UE.

Figura 8. Evolución de la cuota de presencia global de EEUU, China y la UE

2.4. Narrativa 4: hemos transitado desde la bipolaridad de la Guerra Fría (EEUU-URSS) a un mundo multipolar, ahora remplazado por una nueva bipolaridad (EEUU-China)

Para contrastar esta idea haremos uso, por un lado, el Índice de Herfindahl-Hirschman sobre los 150 países del mundo, cuyo descenso indicaría una desconcentración hacia un mundo más multipolar. Por otro lado, agregamos los países que hoy están considerandos dentro del Norte y Sur Global, pero descontando a EEUU y China, con el objetivo de saber si, más allá de la dinámica de las dos grandes potencias, se está produciendo una convergencia en el resto de los países. Por último, recuperamos dos categorías ampliamente usadas para referirse a los países emergentes: BRICS y Next-11.

Lo que se aprecia (Figura 9) es una tendencia general de desconcentración de la presencia global en el mundo hasta comienzos de la década de 2010, reflejo de una mayor multipolaridad, y cierta reversión de esta tendencia desde entonces, aunque sin llegar a los niveles de los años 90. Por entonces, seis países registraban una cuota de presencia superior al 5% (EEUU, la URSS, Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón), mientras que en 2025 sólo EEUU, China y Alemania superan ese registro. Bien es cierto que la cuota de China hoy supera la que tenía la URSS en 1990 –11,6% y 8,2%–, pero se ha producido también una redistribución en diferentes tramos del ranking. En 1990 los 20 primeros países acumulaban más del 82% del agregado mundial de presencia global, y en 2025 el 78%. El resto de los 130 países para los que se calcula el Índice habrían ganado tan solo 4 puntos porcentuales de cuota mundial en 35 años.

Figura 9. Evolución del índice Herfindhal-Hirschman por dimensiones de presencia global

Esta dinámica desconcentración ha estado particularmente impulsada por la dimensión económica, coherente con un período de elevada transnacionalización productiva e industrialización de países periféricos, con el consiguiente incremento de vínculos productivos y financieros en la economía mundial. Por el contrario, la dimensión militar muestra mayores niveles de concentración, al estar dominada por un número muy reducido de potencias. Entre ambas está la dimensión blanda, que presenta una tendencia de cierta concentración desde 2000. Ello sería compatible con una creciente concentración de capacidades científico-tecnológicas en pocos países al tiempo que se pueden estar desconcentrando otros indicadores de esta dimensión, como turismo o deportes. En conjunto, los resultados sugerirían que la globalización ha dispersado la presencia global sobre todo en el plano económico, pero mucho menos en el militar y en el blando, dando lugar en todo caso a una multipolaridad asimétrica.

Desde otra perspectiva, el análisis de multipolaridad lleva a matices relevantes. La Figura 10 muestra la evolución agregada de la presencia global del Norte y del Sur Global, pero sin considerar a EEUU y China, con el objetivo de interpretar la evolución del resto de países sin la distorsión que generan las dos grandes potencias.

Figura 10. Evolución agregada del valor de presencia del Norte y Sur Global, sin considerar EEUU ni China

Los resultados muestran un crecimiento de la brecha entre ambas agrupaciones hasta 2010 y una notable reducción desde entonces, aunque interrumpida por la pandemia. Pero la diferencia entre Norte y Sur Global –excluidos China y EEUU– es hoy mayor a la que se registraba en 1990. La explicación a este resultado contraintuitivo es precisamente el comportamiento de los países europeos, con un marcado crecimiento hasta la Gran Recesión, reemplazado desde entonces por países asiáticos, pero no así por otras regiones emergentes. Según estos resultados, el mundo de 2010 era menos multipolar de lo que el relato sostenía.

Durante ese período en el mundo financiero se popularizaron una serie de etiquetas para identificar a los países emergentes, como BRICS o Next-11 –que agruparía a Bangladés, Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Turquía y Vietnam–. Si atendemos a la evolución de los resultados de estas agrupaciones (Figura 11), se aprecia un crecimiento muy tímido de su cuota de presencia global. La cuota de presencia global de los BRICS, excluida China, aumenta a partir de 2010, retrocede en los años siguientes y vuelve a expandirse con fuerza tras la pandemia. Con todo, desde 1990 el incremento acumulado apenas alcanza dos puntos porcentuales y uno en el caso de los Next-11.

Figura 11. Evolución de la cuota de presencia global de los BRICS (sin China) y de los Next-11

Conclusiones

Ante la pregunta de si nos encontramos ya en un nuevo orden mundial la primera respuesta es que probablemente todavía no, pero el mundo está claramente transitando hacia algo diferente hasta lo que ahora habíamos conocido. La globalización, como proceso histórico, es dependiente de la trayectoria del pasado y es, además, un proceso irreversible, pero en el sentido de que la alteración de consensos existentes no implica un retorno al punto inicial previo, sino que configuran un nuevo punto de partida. El ciclo histórico que comenzaba en los años 90 parece haber llegado a su fin, cambiando irremediablemente el paradigma de la globalización.

En este sentido, 2025 terminaba con un ranking de presencia global liderado por EEUU, con China todavía a una distancia considerable, y con presencia aún notable de países europeos en las primeras posiciones. Respecto al año anterior, los incrementos se concentraron, en este orden, en China, Rusia y EEUU, mientras que el resto de los países registran pérdidas significativas o aumentos muy leves. España se mantiene en la 13ª posición y, aunque con un crecimiento muy modesto, es de los pocos países europeos que no ve reducido el valor de su presencia respecto al año anterior.

Pero no parece que el mundo esté experimentando una menor globalización en términos absolutos, sino más bien un cambio tanto en la intensidad como en la naturaleza del proceso y en su configuración geográfica. Los datos apuntan, por tanto, no a una desglobalización de facto, compatible con una creciente fragmentación institucional y normativa, sino a una transformación ya perceptible desde la crisis de 2010: un menor dinamismo económico, y una globalización crecientemente impulsada primero por la dimensión blanda y, más recientemente, por la militar.

Desde el punto de vista geográfico, no todas las regiones han experimentado la misma tendencia durante estas décadas. Mientras que los países asiáticos han incrementado de manera notable su proyección exterior, ésta se ralentiza para las potencias tradicionales occidentales, particularmente los países europeos desde la Gran Recesión. Pero sigue siendo un proceso altamente concentrado en tres grandes regiones –Europa, Norteamérica y Asia–, precisamente los espacios que han desarrollado procesos más avanzados de integración regional. El resto de las regiones –África, América Latina y Oriente Medio– han registrado en cambio un crecimiento muy bajo de su presencia global, cuestionando el automatismo entre globalización y desarrollo y la extensión mundial de la misma. En cierto modo, parte de lo que se ha denominado globalización debería denominarse regionalización, como agregación de articulaciones dentro de grandes bloques.

El mayor dinamismo de Asia, y particularmente de China, ha implicado una profunda reconfiguración de la distribución geográfica de la presencia global, alterando los equilibrios relativos existentes desde el final de la Guerra Fría. Ahora bien, en valor absoluto EEUU es, tras China, el país que más ha incrementado su presencia desde los 90, lo que le ha permitido sostener una cuota alta que además ha crecido en los últimos años. Estos resultados plantean cierta inconsistencia en el discurso MAGA trumpista, dado que más que una pérdida de relevancia de EEUU, hemos asistido a la consagración de China, un país de 1.500 millones de habitantes –más del 17% mundial– que ha experimentado un notable desarrollo en este período. Esta reconfiguración geográfica no debería, por tanto, interpretarse en términos de un juego de suma cero, sino fruto de la incorporación en la economía mundial de nuevas potencias de gran tamaño.

El retroceso es más nítido en el caso europeo, tanto en la proyección exterior de la UE como la de sus Estados miembros. El crecimiento de su presencia global se interrumpió en 2010, y cae sostenidamente coincidiendo con la salida del Reino Unido. De hecho, en 2025 EEUU superó el valor de presencia global de la UE por primera vez en la serie.

A la luz de los datos de presencia global, el mundo es menos multipolar de lo que a menudo se sostiene. Agrupaciones como los BRICS o Next-11 apenas han visto incrementado su peso relativo en estas décadas, incluso la brecha Norte-Sur Global estaría hoy en niveles similares a los años 90. Sí se detecta un tránsito desde la bipolaridad de los años 90 hacia mundo más desconcentrado geográficamente, por el ascenso de la UE hasta 2010 y, posteriormente, por el fuerte crecimiento de China. Pero tampoco se produce una tendencia clara de nueva bipolaridad porque, junto con el auge chino y también la existencia de la UE, se ha producido también un reparto en posiciones medias del ranking en dos fases diferenciadas, una hasta 2010 que recoge el auge europeo, y otra desde entonces empujada por los países asiáticos. En cierto modo, en estas décadas la multipolaridad habría estado más representada en el plano normativo que respalda por resultados tangibles.

Pero más allá de los resultados, lo que ya ha cambiado es el relato sobre la globalización. La visión occidental convive hoy con otras miradas que cuestionan el consenso de las últimas décadas y sugieren que, más que al fin de la globalización, asistimos al agotamiento de una determinada forma de entender el mundo. Nadie sabe con certeza si hemos entrado ya en un nuevo orden o seguimos en ese claroscuro donde surgen los monstruos. Lo que sí parece claro es que la desaparición de un consenso abre un período de incertidumbre en el que se redefinirán las reglas, los protagonistas y, en última instancia, el devenir de la globalización.

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Abundan, por desgracia, los casos que visibilizan esa estructural carencia de los Veintisiete. Ahí está, por ejemplo, la penosa imagen que genera su falta de respuesta a las atrocidades que Israel sigue cometiendo en Gaza y más allá. Cabe recordar que, tras haber mirado para otro lado durante casi dos años en los que se multiplicaban las pruebas de que el gobierno dirigido por Benjamín Netanyahu estaba violando el derecho internacional y los derechos humanos en la Franja, finalmente, en junio del pasado año, el Servicio Europeo de Acción Exterior estableció que, efectivamente, dichas acciones se estaban cometiendo. Lo que cabía esperar a partir de esa constatación era que, en atención al artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel –que determina que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de las relaciones entre ambas partes–, los ministros de Exteriores tomaran conjuntamente alguna decisión para hacer ver a Tel Aviv que sus decisiones tenían algún coste. Sin embargo, hasta hoy, y sin que ya no puedan parapetarse en el supuesto desconocimiento de lo que allí ocurre, los Veintisiete no han sido capaces de adoptar algún acuerdo punitivo considerando alguna de las nueve propuestas que la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, les planteó en su momento.

En la misma línea, aunque aquí habría que hablar además de retroceso en clave democrática y de alejamiento de los valores y principios que dicen propugnar los Estados miembros, hay que sumar la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el pasado día 12 de junio. Desde el acuerdo político alcanzado el 20 de diciembre de 2023, en el marco de la presidencia española de la UE, se ha llegado a los nueve reglamentos y una directiva que tratan de abordar globalmente la gestión migratoria, desde los procedimientos fronterizos hasta los mecanismos de retorno, la protección internacional y la resolución de crisis en el terreno de la migración y el asilo.

A la espera de ver sus resultados, y a pesar del empeño de sus defensores en presentarlo como el resultado de un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad, tanto lo que se vislumbra en esos documentos como lo que está ocurriendo ya en el territorio de algunos Estados miembros dibuja un panorama preocupante. Preocupante, en primer lugar, porque se aleja abiertamente de los pretendidos principios y valores humanistas y garantistas que los Veintisiete reclaman como señas de identidad propias. Y preocupante, igualmente, porque su innegable enfoque policial y restrictivo, centrado principalmente en blindar las fronteras y desentenderse de lo que ocurra fuera de ellas, ya ha demostrado sobradamente su inutilidad para hacer frente a lo que algunos presentan como una invasión o “el gran reemplazo”. Más aún, incluso desde la más estricta perspectiva mercantilista, interesada en el mercado laboral y el sostenimiento del Estado de bienestar, cabe ya calificarlo de disfuncional para hacer frente al evidente envejecimiento de la población del Viejo Continente.

Por un lado, el Pacto cuestiona derechos fundamentales, permitiendo la retención de todo solicitante de asilo durante 12 semanas en la frontera, sin permitirle la entrada en territorio nacional. Por otro, elimina la asignación de cuotas de reparto entre los Estados miembros, dejando que cada uno de ellos pueda determinar si acepta la admisión de alguna cantidad de solicitantes, si prefiere contribuir financieramente al esfuerzo de otros o si se limita a prestar algún apoyo logístico a los países de llegada. Y, además de dejar siempre una puerta abierta a la suspensión de los compromisos adquiridos ante situaciones de crisis o de fuerza mayor, volviendo a restablecer controles nacionales que invaliden lo acordado en el Pacto, recoge definitivamente la idea crear centros de internamiento en terceros países. Una iniciativa en la que la Italia de Giorgia Meloni ya había tomado la delantera, jugando con el burdo truco de declarar previamente como “país seguro” a aquel al que se van a expulsar sin remedio a desesperados que tan sólo buscan una vida digna en suelo comunitario.

El tercer ejemplo reciente de la inanidad política de la Unión es lo ocurrido con la decisión germano-francesa (con España como convidado de piedra) de abandonar el proyecto para contar con un avión de combate de sexta generación. Aunque en primera instancia pueda decirse que se trata de una decisión puramente empresarial, en la que ha primado más el factor mercantil que el político, resulta imposible esconder la falta de visión geopolítica de los gobiernos implicados y de Bruselas, precisamente cuando tanto se insiste en la necesidad de una autonomía estratégica que nos haga menos dependientes de un aliado tan poco fiable como Estados Unidos.

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• El concepto de desinformación ya no es suficiente para explicar las dinámicas actuales de manipulación informativa. El nuevo término Injerencia y Manipulación de Información Extranjera (Foreign Information Manipulation and Interference, FIMI) permite analizar estrategias más amplias y coordinadas de injerencia extranjera.
• Rusia y China han desarrollado modelos diferenciados pero complementarios de intervención en el entorno informativo, combinando desinformación, control narrativo y supresión de contenidos.
• La supresión de información constituye una forma activa de intervención que no busca la difusión de contenidos ni su directa eliminación, sino que condiciona las reglas de visibilidad dentro del ecosistema informativo.
• Los hallazgos del proyecto RESONANT muestran que estas prácticas son sistemáticas y afectan especialmente a comunidades vulnerables como las diásporas, generando autocensura y limitaciones en el ejercicio de derechos fundamentales.
• El principal desafío para las democracias no es únicamente combatir la información falsa, sino garantizar la pluralidad y el acceso efectivo a la información en un entorno digital globalizado.

Análisis

El concepto más extendido de desinformación hace referencia a la masiva circulación de contenidos falsos o engañosos por el espacio digital. Sin embargo, también conviene prestar atención a los actores que la producen y sus tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) y, cada vez más, incluir en el análisis la reflexión acerca de su efecto en los ciudadanos, en las sociedades y en los sistemas políticos.

Hablar de desinformación resulta insuficiente para comprender las dinámicas actuales en el entorno online o en el también llamado, ecosistema informativo. En él se producen dinámicas de injerencia informativa, especialmente las realizadas por actores extranjeros, con batallas por las narrativas y el relato que se asemejan, por sus intenciones, estrategias y efectos, a dinámicas propias de la política exterior y la competencia geopolítica.

La aproximación a estas dinámicas desde el marco de la FIMI ha permitido reorientar y centrar el análisis hacia las capacidades que poseen los actores extranjeros para intervenir los espacios informativos y en sus patrones de comportamiento estratégicos y coordinados, que no sólo buscan difundir narrativas falsas de forma deliberada, sino también, condicionar la circulación de información y, por tanto, el propio ecosistema informativo.

En este marco estratégico de desinformación y manipulación de información, producida por Estados extranjeros con la finalidad de interferir en la opinión pública y la política de otros países, la supresión de información emerge como una dimensión fundamental y mucho más desconocida; una práctica intencional mediante la cual actores estatales controlan, limitan o eliminan de la circulación información relevante, ya sea a través de su retirada directa, una vez que ésta ha comenzado a circular, o de su previa censura para que nunca pueda ser leída. Una variedad de técnicas, tácticas y procedimientos que incluyen desde la censura directa y la manipulación algorítmica hasta la inducción de autocensura mediante presión, vigilancia o amenaza se están desplegando no sólo por actores FIMI tradicionales como Rusia o China, sino también por nuevos Estados que tratan de influir comunidades vulnerables como las diásporas.

Este desplazamiento conceptual obliga a abandonar una visión centrada exclusivamente en los contenidos para adoptar una perspectiva ecosistémica: lo relevante no es sólo qué información es falsa, sino qué información logra circular, cuál se invisibiliza y en qué condiciones. En consecuencia, la supresión de información no debe entenderse como una ausencia pasiva y voluntaria de contenidos, sino como una forma activa de intervención que altera las condiciones del debate público y plantea desafíos directos a la integridad informativa, limita marcos interpretativos y, en última instancia, condiciona la calidad del debate público y la resiliencia democrática.

La desinformación como amenaza y riesgo

La Estrategia de Seguridad Nacional de España publicada a finales de 2021, incorporó las campañas de desinformación como uno de los riesgos para la seguridad nacional. Este riesgo, lejos de reducirse, se ha ido consolidando e incluso ha ganado en importancia y protagonismo en los últimos años a nivel global. De hecho, el informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2024 sitúa el fenómeno de la desinformación en el primer puesto en el ranking de riesgos globales a corto plazo.

En España, desde 2022, el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional, más conocido como Foro Desinfo, siguiendo el mandato del Plan de Acción para la Democracia Europea, se ha configurado como un espacio permanente de colaboración público‑privada con el objetivo de analizar y hacer frente a la desinformación como una amenaza para la seguridad nacional. Este Foro reúne a representantes de la Administración, el ámbito académico, los medios, el sector tecnológico y la sociedad civil para intercambiar conocimiento, elaborar estudios y proponer iniciativas que mejoren la comprensión de estas campañas y refuercen la capacidad de anticipación, prevención y respuesta ante ellas. Sus ámbitos de reflexión incluyen por tanto muchas dimensiones y aspectos de la desinformación, por lo que actúa como órgano de reflexión y coordinación que promueve desde la sensibilización social a la lucha contra el discurso de odio, pasando por la búsqueda del desarrollo de estrategias conjuntas para combatir la manipulación informativa y las operaciones de influencia o injerencia extranjera.

De la desinformación a la FIMI: el estudio de la injerencia extranjera

El desarrollo del concepto de FIMI, especialmente por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha supuesto un avance decisivo en el estudio de la injerencia extranjera. Este servicio diplomático de la Unión Europea (UE) ha definido estas prácticas no sólo como desinformación sino como un fenómeno mucho más amplio que implica un patrón de comportamiento manipulativo, intencional y coordinado, y que va más allá de un conjunto de incidentes aislados.

Aunque el esfuerzo de identificación, análisis y respuesta claramente tiene como punto nodal originario las campañas de desinformación rusas en el contexto de la agresión a Ucrania en 2022, desde este nuevo enfoque, las injerencias dejan de entenderse únicamente como campañas de desinformación para pasar a concebirse como estrategias de intervención en el entorno informativo, que combinan múltiples TTP: desde la amplificación artificial de narrativas hasta la censura o la supresión de contenidos, todo ello con el objetivo de influir en procesos políticos, erosionar la confianza en las instituciones y polarizar a las sociedades. Este cambio implica, por lo tanto, una transformación en la unidad de análisis: del contenido individual o incidentes aislados a los patrones de comportamiento y las arquitecturas operativas que estructuran la injerencia extranjera.

Como muestran los informes del SEAE, el más reciente publicado en marzo de 2026, la FIMI funciona como un sistema organizado en capas, donde actores, infraestructuras digitales y contenidos forman una cadena operativa que permite escalar y sostener operaciones de manipulación e injerencia en el tiempo. En sus cuatro informes el SEAE ha desarrollado este concepto para subrayar que estas operaciones se desarrollan de manera cada vez más sofisticada y transversal, desplegando redes de actores, canales y plataformas que operan de forma coordinada a escala global. En este sentido, el enfoque FIMI permite captar la naturaleza híbrida, persistente y adaptativa de la injerencia contemporánea, centrando el análisis en la identificación y desactivación de las infraestructuras, dinámicas y condiciones que hacen posible la manipulación del espacio informativo en las democracias abiertas.

Según ese último informe, la arquitectura FIMI se apoya en redes extensas y opacas con más de 10.000 canales identificados en 2025, en su mayoría encubiertos, que permiten combinar visibilidad y ocultación de manera deliberada y estratégica. Los dos actores principales son, sin duda, Rusia y China que pugnan por el control del entorno informativo.

Este desarrollo conceptual se ha visto acompañado por un importante esfuerzo empírico de identificación y análisis por parte de iniciativas como EUvsDisinfo, también impulsada por el SEAE, que ha permitido documentar de forma sistemática las campañas de desinformación, particularmente aquellas vinculadas a Rusia desde 2015. A través de esta iniciativa, la UE ha podido identificar patrones recurrentes de manipulación –como la distorsión de hechos, la amplificación de narrativas polarizadoras y la explotación de crisis– que evidencian la naturaleza estratégica y sostenida de estas operaciones.

En este contexto, Rusia ha sido tradicionalmente el actor que ha desarrollado de manera más visible este tipo de campañas basadas en la difusión y amplificación de contenidos engañosos. Sin embargo, el análisis más reciente del SEAE muestra cómo China ha ido desplegando un modelo complementario, menos centrado en la desinformación clásica y más orientado a la gestión estructural del entorno informativo. Este modelo combina la proyección de narrativas favorables con el control del acceso a la información, integrando prácticas de censura, presión económica y gobernanza tecnológica.

Esta evolución evidencia un cambio de paradigma en el estudio de la FIMI: de un enfoque centrado en el contenido, buscando incidentes y nodos e información falsa, a un enfoque centrado en las condiciones de circulación de la información, es decir qué información es visible, accesible o legítima. Así, las operaciones de injerencia contemporáneas no se limitan a introducir determinados mensajes en el ecosistema informativo, sino que buscan configurarlo en su conjunto, favoreciendo ciertas narrativas y, al mismo tiempo, silenciando otras.

La supresión de información como nueva forma de injerencia extranjera

Frente a esas complejas redes de información, desarrolladas especialmente por Rusia y China, o en complemento a ellas, se ha comenzado a estudiar más recientemente el fenómeno de la supresión de información. Ésta no debe entenderse como un resultado; una ausencia pasiva de información, sino como una forma activa de intervención que altera las condiciones de posibilidad del debate público y afecta directamente a la integridad informativa de las democracias. De esta forma, la supresión de información implica acciones intencionadas, desarrolladas tanto antes como después de la difusión de contenidos, que buscan controlar, limitar o eliminar información mediante mecanismos que incluyen la censura, la autocensura y formas más indirectas de control estructural del flujo informativo.

En este contexto, la supresión de información no constituye una dimensión secundaria de fenómeno FIMI, sino que emerge como un componente estructural que permite a los actores FIMI controlar no sólo el contenido, sino también los umbrales de visibilidad dentro del ecosistema informativo. Así, más allá de enfocarse únicamente en la manipulación de narrativas, se configura como una estrategia multinivel, estatal y corporativa, que opera a través de incentivos legales, económicos y tecnológicos, así como mediante la inducción de dinámicas de autocensura que restringen de forma anticipada la circulación de información. En consonancia la supresión de información transnacional, en la terminología del SEAE, permite entender esas prácticas como mecanismos de silenciamiento, basados en la presión económica, legal, tecnológica o psicológica, orientados a inducir autocensura y eliminar contenidos que no desean que existan más allá de las fronteras del propio Estado.

Los resultados del proyecto RESONANT[1] refuerzan el conocimiento sobre esta práctica de supresión de información, como fenómeno independiente en el entorno de FIMI, al mostrar que la supresión de información no es un fenómeno marginal, sino una práctica sistemática empleada por actores estatales y no estatales en el marco de operaciones FIMI. En particular, se han identificado más de 90 casos de supresión de información relevantes para el entorno europeo, evidenciando el uso recurrente de tácticas como la represión transnacional, la presión sobre medios y periodistas, el acoso digital y la supresión algorítmica. Estas prácticas no toman la forma de campañas de desinformación “tradicionales” como las realizadas principalmente por Rusia y China, sino que son realizadas por otros Estados autocráticos que tratan de controlar la información y que afectan de manera significativa a comunidades de la diáspora y a actores mediáticos y sociales, generando efectos directos sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión, así como sobre la cohesión social y la calidad del debate democrático.

Asimismo, los hallazgos sobre los efectos de la supresión de información transnacional ponen de relieve que la eliminación de información opera a nivel macro, meso y micro, produciendo impactos acumulativos: desde la erosión de la confianza en las instituciones democráticas, hasta la fragmentación social y los efectos psicológicos asociados al miedo a represalias y a la autocensura. Este carácter multiescalar y sostenido en el tiempo confirma que la supresión de información no sólo restringe contenidos concretos, sino que transforma de manera duradera los entornos informativos y las condiciones de participación pública.

Conclusiones

En suma, el problema del ecosistema digital ya no se limita a la veracidad de los contenidos, lo cual sigue siendo importante, sino que se desplaza también hacia una política de la visibilidad: quién puede hablar, qué circula y qué queda sistemáticamente fuera del espacio público en lo que se configura como una batalla por el espacio informativo. La supresión de información limita la pluralidad en ese espacio informativo erosionando así uno de los pilares fundamentales de las democracias abiertas.

El análisis de la FIMI y, en particular, de la supresión de información permite comprender que las estrategias de injerencia contemporáneas operan en múltiples niveles y mediante combinaciones cada vez más sofisticadas de tácticas, técnicas y procedimientos. La desinformación, si bien sigue siendo una herramienta central, constituye sólo una parte visible de un conjunto más amplio de prácticas destinadas a moldear el ecosistema informativo en su conjunto.

En este contexto, la supresión de información emerge como una dimensión clave que permite a los actores no sólo distorsionar el debate público, sino limitar estructuralmente su pluralidad. A diferencia de la desinformación, que actúa sobre los contenidos disponibles, la supresión de información afecta directamente a la disponibilidad misma de la información, configurando así los marcos dentro de los cuales los ciudadanos pueden formarse una opinión.

Los resultados del proyecto RESONANT muestran, además, que estas prácticas no son episodios aislados, sino fenómenos sistemáticos con efectos acumulativos política, social e individualmente y cada vez puestos en práctica por más Estados autocráticos. La erosión de la confianza, la fragmentación social y la autocensura no son efectos colaterales, sino mecanismos centrales a través de los cuales estas estrategias logran su efecto.

Este desplazamiento analítico plantea importantes desafíos tanto para la investigación como para la acción pública. Si la desinformación puede ser identificada y, en cierta medida, contrarrestada a través de la verificación de contenidos, la supresión de información requiere herramientas más complejas que permitan detectar lo que no es visible, lo que no circula o lo que ha sido silenciado.

En definitiva, la supresión de información limita la pluralidad en el espacio informativo, erosionando así uno de los pilares fundamentales de las democracias abiertas y obligando a repensar tanto los marcos conceptuales como las estrategias de respuesta frente a las nuevas formas de injerencia extranjera.

[1] Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto RESONANT con la colaboración de todo el consorcio, coordinado por FORMIT. La autora de texto participa como investigadora principal en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) junto con sus compañeros en esta institución: Isabel Bazaga (co-IP), José Luis Postigo y Katrina Kurtelius, cuyo trabajo conjunto ha sido fundamental para el desarrollo de los resultados presentados. Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea, en virtud del acuerdo de subvención nº 101132439.

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• Colombia refleja el momento electoral de América Latina, una coyuntura marcada por la crisis de los viejos partidos, la emergencia o consolidación de la derecha radical, la decadencia del centro político y la pervivencia de una izquierda competitiva
• La izquierda, con Gustavo Petro en el poder desde 2022, no ha logrado ser la más votada como se esperaba. Los avances sociales, pese al gobierno mediocre en economía y en seguridad, explican que el oficialista Iván Cepeda recibiera más del 40% de los votos.
• La primera vuelta de las elecciones en Colombia, como el balotaje en Perú del 7 de junio, muestran la trampa electoral latinoamericana: la condena a elegir entre extremos. A la derecha Abelardo De la Espriella y Keiko Fujimori y a la izquierda Cepeda y Roberto Sánchez, mientras el centro prácticamente desaparece.
• El auge de la derecha radical y populista tiene en Colombia un nombre propio, De la Espriella, el más votado en primera vuelta gracias al voto del desencanto y al rechazo a la continuidad de la izquierda.
• La decadencia regional del centro político también se dio en Colombia. Sergio Fajardo es su figura más representativa, pero no llegó al 5%. Tampoco el uribismo, la derecha tradicional, superó el 7%.
• Los retos del futuro gobierno, gane quien gane, se centran en detener el fortalecimiento de las guerrillas y afrontar la crisis del sistema de salud y la situación económica lastrada por el alza del coste de la vida y la amenaza del déficit fiscal y la deuda externa.

Análisis

Las elecciones presidenciales colombianas refuerzan la segunda oleada iliberal latinoamericana gracias al éxito de De la Espriella, de la extrema derecha. Fue el candidato más votado, por delante del oficialista Cepeda, apoyado por Petro. De la Espriella obtuvo el 43% del voto, aunque las encuestas lo situaban cerca del 25%. Esto enlaza con lo ocurrido desde 2023 en Argentina (Javier Milei), Chile (Juan Antonio Kast), Brasil (Jair y Flavio Bolsonaro), Perú (Fujimori), Ecuador (Daniel Noboa) y El Salvador (Nayib Bukele). Es la segunda ofensiva contra la democracia de alternativas iliberales tras la de principios de siglo, cuando otras fuerzas iliberales, como el chavista “socialismo del siglo XXI”, se expandieron por la región y acabaron con la democracia, en Venezuela y Nicaragua.

El contexto político-electoral colombiano no difiere del latinoamericano, marcado por la crisis de los viejos partidos, la emergencia de la derecha radical, la decadencia del centro político y la pervivencia de una izquierda en el poder que, pese a sus problemas, sigue siendo competitiva. Como en Honduras y en Brasil en 2025, regresó la sombra de la injerencia de Donald Trump en los comicios.

El ocaso de las fuerzas históricas alude a los partidos Liberal y Conservador, más una cultura política que una agrupación organizada. Monopolizaron las luchas políticas entre 1840 y 2000 y articularon a la sociedad colombiana. Sin embargo, entraron en decadencia en la década de 1990 y acabaron como apéndices de otras fuerzas, aunque todavía perduran. Incluso, el uribismo, hegemónico entre 2002 y 2010, y 2018 y 2022, no fue capaz de unificar el voto de derecha, al menos en las elecciones presidenciales. El Pacto Histórico domina en la izquierda y el uribismo, la principal fuerza opositora en el Parlamento, no entró en el balotaje. 

El fin del liderazgo del expresidente Álvaro Uribe se debe al auge de la derecha radical, que hoy lleva un nombre propio: De la Espriella, conocido popularmente como “el tigre”. Este abogado, de polémica trayectoria como jurista, logró lo que no pudo el trumpista peruano Rafael López-Aliaga y pasó a la segunda vuelta. De la Espriella es el adalid de la mano dura, que encarnaba Uribe. Físicamente se asemeja a Bukele. Utiliza, como Milei, un lenguaje directo, a veces soez, ultranacionalista (como evidencia su saludo “firme por la patria”) y demagógico, con mensajes plagados de viejos tópicos referidos a la antipolítica (“No vine a hacer la política de siempre, lo nuestro es un cambio estructural, un cambio de orden en todo sentido”) para captar el sentimiento anti-partidos. Presume de outsider, de representante de “los nunca”, lo que recuerda a Francia Márquez, la vicepresidenta de Petro, que hace cuatro años habló de “los nadie”.

Es más radical que el outsider de 2022, el empresario Rodolfo Hernández, que compitió con Petro en el balotaje, y refleja el sentimiento contrario a los políticos de siempre, extendido y presente en el electorado colombiano y latinoamericano. Es un tecnopopulista, mezcla de líder trumpista, nacionalista (su movimiento se llama Defensores de la Patria), adalid de la mano dura y partidario de los recortes como el chileno Kast y de la motosierra mileísta (su candidato a vicepresidente, José Manuel Restrepo, defiende un duro ajuste). Su acercamiento a las iglesias evangélicas, pese a ser exateo, atrae el voto de los sectores más conservadores en temas valóricos,

Su discurso populista distingue entre “ellos”, los de siempre, y “nosotros”, los de nunca, en referencia a los que nunca nos beneficiamos del Estado, los que nunca robamos, etc. Sus intervenciones públicas no pasan de 40 minutos y son un ritual interactivo con sus seguidores. En ellas se encuentran preguntas del tipo: “¿Quieren que se bajen los impuestos? ¿Que la familia vuelva a ser el núcleo de la sociedad? ¿Reducir el Estado? ¿Defender a Dios? ¿Que los bancos presten plata al 2% o, si no, cerrarlos? Estas preguntas retóricas tienen respuestas obvias, elementales y concluyentes, y para hacerlas realidad deben votar por el líder, deben marcarle “la raya al tigre”.

La decadencia del centro político, un fenómeno regional, se observa en el declive de Sergio Fajardo, su figura más representativa durante más de una década. Después de reunir en 2018 casi el 24% de los votos, en 2022 y 2026 se ha estancado, con apenas el 4%. La ironía supuso que en esta oportunidad la uribista Paloma Valencia representara al centro tras la aparición de una fuerza mucho más a la derecha. Algo parecido ocurrió en Perú (el fujimorismo fue desplazado a posiciones más centradas por López-Aliaga), en Argentina (con el macrismo y el éxito de Milei) y en Chile (Chile Vamos y el ascenso del Partido Republicano de Kast). El uribismo no logró captar el voto de centro, ya que buena parte de su maquinaría política, y con ella un sector mayoritario de las bases uribistas, se decantó por De la Espriella. Valencia no llegó al 7% cuando las encuestas le daban más del 20%.

Petro gobierna desde 2022, pero la izquierda ha salido muy golpeada de la elección al no ser, como señalaban las encuestas y esperaba el presidente, la opción más votada. Y si bien ganó en sus bastiones tradicionales, lo hizo con cifras inferiores a las esperadas en Bogotá, Cauca y Nariño. Sin embargo, su suelo electoral es sólido: el 40% del voto pese al gobierno mediocre, tanto en lo económico como en seguridad. Ahora bien, los avances sociales explican el resultado de Cepeda. En Colombia, como en Chile y Argentina, el voto duro de la izquierda muestra su capacidad para competir y pasar a la segunda vuelta. Aunque, como en los casos anteriores, en Colombia la distancia entre el suelo y el techo sea mínima. Las iniciativas sociales han intentado “poner platita” en el bolsillo de los potenciales seguidores del Pacto Histórico, con medidas de populismo electoral, como el aumento del salario mínimo en más de un 23%, la concesión de subsidios a los sectores más vulnerables, la eliminación de peajes o la supresión de multas. Este populismo clientelar posiblemente se repetirá para el balotaje, pero su capacidad de movilizar a nuevos votantes se estima más reducida, ya que la mayoría de los potenciales beneficiados ya acudió a las urnas.

Este panorama ha sido el caldo de cultivo para el desarrollo de una campaña polarizada entre la izquierda petrista y la derecha radical, alimentada desde las redes sociales. En ese contexto, el centro pasó a ser irrelevante al no encontrar un discurso alternativo sólido (Fajardo) o no ser creíble. El mejor ejemplo de esto último lo dio Valencia, aliada con Juan Daniel Oviedo, su candidato a vicepresidente, un político antiuribista y defensor de la comunidad LGTBI+. La polarización fue alimentada por ambas partes y será aún mayor en la segunda vuelta. En la campaña pasada Cepeda calificó a sus dos rivales de derecha de “fascistas” y De la Espriella aseguró que iba a “destripar a la izquierda”. El ambiente se caldeará y complicará la gestión del nuevo gobierno. Petro y Cepeda cuestionaron el resultado electoral y De la Espriella los llamó cobardes y ladrones. Con el lema oficial chileno en mente llamó a “defender la democracia por la razón o por la fuerza”, a la vez que enviaba una señal de su determinación para gobernar de forma frontal (y con hombría). El avance ultra está impulsado desde EEUU. Trump, como en Honduras con Nasry Asfura, ha apoyado a De la Espriella.

Las nuevas dinámicas electorales en América Latina

Colombia se inserta en una de las dinámicas electorales de América Latina. En una elección muy polarizada los dos primeros sumaron casi el 85% de los votos, algo visto en otros países desde 2022. En Brasil, los dos candidatos que disputaron el balotaje ese año conquistaron el 90%, en Ecuador en 2025 más del 85% y algo menos en Costa Rica en 2026. Estos casos contrastan con aquéllos donde hubo una polarización atenuada: tres o cuatro fuerzas sumaron en torno al 80-90% (Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá y Argentina). También con los escenarios de alta fragmentación (los dos primeros no llegan al 30%): en 2026, en Perú, Fujimori tuvo un 17% y Sánchez un 12%. En Guatemala, en 2023, Sandra Torres apenas pasó el 21% y el actual presidente Bernardo Arévalo el 15%. Los casos de predominio hegemónico, donde un solo partido superó el 50% en la primera vuelta, son El Salvador, con Bukele (84%), México, con Claudia Sheinbaum (59%), y República Dominicana en 2024, con Luis Abinader (57%).

Figura 1. Elecciones presidenciales en América Latina (2022-2026), según grado de concentración del voto

• Predominio hegemónico

• Alta bipolarización

• Bipolarización atenuada

• Alta fragmentación

Salvo los casos hegemónicos, el resto presentan problemas de gobernabilidad o de incapacidad del Ejecutivo de impulsar políticas públicas en un contexto fragmentado y polarizado. En esa línea, en Colombia el proceso comenzó en marzo con las elecciones internas y las legislativas. El nuevo Parlamento quedó fragmentado, sin mayorías claras, lo que complicará la gestión del futuro gobierno. En la Cámara de Representantes hay 22 grupos, aunque sólo siete tienen un tamaño significativo y en el Senado otros 11. Las legislativas, si bien reforzaron al oficialista Pacto Histórico, que se consolidó como la fuerza más votada, le dejaron lejos de una mayoría sólida. En el Senado, con una lista liderada por la exministra de Salud Carolina Corcho logró 25 escaños, cinco más que en 2022, mientras que el uribista Centro Democrático logró 17 senadores, cuatro más que en 2022. Así, ni Cepeda ni De la Espriella tendrán apoyos suficientes para imponer sus reformas más radicales. Este último, con sólo cuatro senadores y un diputado, para gobernar deberá buscar el apoyo del uribismo y de los “de siempre”.

El legado económico y social de Petro

La campaña de la primera vuelta y también la del balotaje se han centrado en el apoyo o rechazo al legado de Petro, caracterizado por una agenda social con importantes avances en medio de la polarización incentivada por el aumento del gasto público y la actitud desafiante, a veces provocativa, del presidente, en un contexto marcado por el deterioro económico y en lo relativo a salud y seguridad.

Las reformas sociales del petrismo (principalmente salud, pensiones y trabajo) explican el alto apoyo recibido por Cepeda. También por sus medidas coyunturales como decretar en diciembre una subida del 23% del salario mínimo. Finalmente, el enfrentamiento con Trump, una relación ya encauzada, que ha aportado apoyos de la izquierda nacionalista y antiimperialista. La participación de Trump en la campaña, respaldando a De la Espriella y atacando a Cepeda, puede tener un efecto adverso más que favorable al animar al electorado nacionalista a votar en contra del dictado de Washington.

También ha sido muy polémica la tendencia de Petro a confrontar con las instituciones apelando a la movilización social y a la calle para presionar al Poder Judicial y al Parlamento ante el rechazo a ratificar ciertas medidas. Esta estrategia ha acentuado la polarización política y es un precedente para De la Espriella que, enfrentado al Congreso, podrían exhibir músculo al margen de las instituciones para “defender la democracia con la ley o la fuerza”.

Petro no solucionó los problemas económicos estructurales ni alcanzó la “paz total” con los grupos armados, una de sus grandes promesas que ha sido retomada por Cepeda. Su gobierno deja una deuda que crece a un ritmo sin precedentes, llega al 55% del PIB y aumentó en cerca de 400 billones de pesos, lo que no ocurrió ni siquiera en la pandemia. Al mismo tiempo, el déficit fiscal no se reduce. Cerró 2025 en el 6,4% del PIB. En poco más de tres años el gobierno emitió deuda por valor de 27.115 millones de dólares frente a los 15.857 millones de Uribe y los 19.051 millones de Juan Manuel Santos en dos mandatos cada uno y los 15.183 millones de Iván Duque, en uno solo, incluyendo la pandemia. Esto aboca al nuevo gobierno a medidas de recorte y ajuste del gasto público. La Contraloría señala que el servicio de la deuda alcanzó los 105 billones de pesos en 2025, equivalente al 23% del gasto público, cinco puntos porcentuales más que el 18% de 2021. Esa tendencia presiona las finanzas estatales y reduce el margen fiscal para la inversión.  

Otro reto del futuro gobierno es el sistema sanitario. Las cifras de la Superintendencia de Salud dan cuenta de que, de 2024 a 2025, las peticiones, quejas y reclamos por la atención de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) aumentaron más de un 27%. Los pacientes se quejan de la escasez de medicamentos y de las insuficientes citas médicas disponibles, sobre todo con especialistas. Petro ha culpado a la corrupción de los privados que manejan recursos públicos e intentó reformar el sistema con una ley que el Congreso bloqueó.

Al comienzo de su gobierno Petro logró armar una amplia alianza parlamentaria que incluía a varios partidos del centro y de la derecha. Con semejantes apoyos podía haber aprobado buena parte de las reformas presentadas, como salud, pensiones, educación, laboral, impositiva y otras. Y aunque éstas no hubieran tenido ni la radicalidad ni la profundidad deseadas, debido al natural proceso de negociación, sí se hubieran aprobado y le hubieran permitido pasar a la historia como el gran transformador de la Colombia moderna. Pero sus prisas y su intransigencia lo llevaron a romper la alianza y a un desarrollo mucho más errático e incierto de la mayor parte de sus transformaciones.

El legado de Petro en paz y seguridad

La aspiración de Petro era alcanzar la “paz total”, negociando simultáneamente con todos los grupos armados. Ese sueño no sólo no se ha cumplido, sino también condujo a un progresivo deterioro de las condiciones de seguridad. Además, después de más de tres décadas, un precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue asesinado.

En el marco de la política de “paz total”, iniciada por Petro, se establecieron mesas de negociación y cese del fuego con varios grupos armados, entre ellos el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con pocos avances. Éstas sirvieron para que los grupos insurgentes experimentaran un doble proceso de fortalecimiento (cualitativo y cuantitativo) y de fragmentación. La Fundación Ideas para la Paz señala que los grupos ilegales superan ya los 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, con un crecimiento del 23,5% en sólo un año.

El fenómeno es también cualitativo por la capacidad de penetración territorial y control social en regiones como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca y la frontera con Venezuela, con funciones de gobernanza criminal. Estos grupos mejoraron su capacidad tecnológica, como el acceso a drones. El EMC ha incorporado nuevos mecanismos, lo que le permite desafiar los esquemas tradicionales de seguridad. Esto ocurre en paralelo a la fragmentación progresiva de los grupos criminales: surgimiento del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), provocando disputas territoriales en varios departamentos.

Camino de la segunda vuelta

El 21 de junio Colombia enfrenta una segunda vuelta aún más polarizada que la primera. El futuro gobierno carecerá de mayoría en las dos cámaras y ante posibles bloqueos legislativos la pugna institucional puede ser un fácil recurso. Esta dinámica, ensayada por Petro, es una tentación para liderazgos autoritarios como el de De la Espriella.

Si bien las segundas vueltas son una nueva elección, De la Espriella tiene mayores opciones de crecer atrayendo la mayor parte del voto uribista (6,7%), una parte pequeña del de Fajardo (4,7%) y el de Raúl Santiago Botero (0,8%). Valencia ha anunciado a título personal su respaldo a De la Espriella para evitar ocho años seguidos de un gobierno de izquierda: “No podemos permitir la continuidad de un gobierno inútil y corrupto ni la instalación del neocomunismo”. Mientras Cepeda sólo puede crecer con el voto centrista de Fajardo, Claudia López (0,95%) y el de Mauricio Lizcano y Roy Barreras.

La clave podría estar en la movilización de una parte del 42% que no votó. En 2022, Petro logró que casi dos millones de personas que no participaron en la primera vuelta lo hicieran en el balotaje que le dio la victoria. Dado el alto abstencionismo y que en la primera vuelta hubo más participación de lo habitual se antoja muy difícil que se dé un nuevo salto participativo. Esto porque Petro anunció que se volcará por Cepeda en la nueva campaña. El efecto Trump podría incitar a algunos a abandonar el retraimiento.

Se perfila una segunda vuelta como la de Brasil en 2022 entre dos opciones incompatibles, con el rival convertido en un enemigo existencial, algo especialmente evidente en seguridad y economía. Cepeda habla de “seguridad humana” y prioriza la apuesta petrista por el Acuerdo de Paz y la negociación con actores armados como mecanismo para reducir la violencia. De la Espriella representa el discurso más duro, bukelista, frente al crimen organizado. Su propuesta se centra en el fortalecimiento coercitivo del Estado mediante operaciones militares, bombardeos selectivos, reactivación de la fumigación aérea y una ofensiva frontal contra el narcotráfico. También propone construir 10 mega cárceles para criminales de alto impacto, planes de choque para recuperar territorio y estrategias específicas contra la extorsión.

En economía, De la Espriella plantea crear un ecosistema pro empresa y reactivar la exploración petrolera para crecer hasta un 7% anual; mientras el representante del Pacto Histórico promete ampliar la función del Estado “para atacar la desigualdad” apoyando a la microempresa, la producción nacional y la economía popular.

Estas elecciones tienen además un componente geopolítico, más evidente tras el apoyo de Trump a De la Espriella. Su triunfo alinearía a Colombia con la estrategia de la Casa Blanca y su Escudo de las Américas. Colombia volvería a ser, como en tiempos de Uribe y en los años 60-70, el aliado regional más cercano a Washington. Lo contrario ocurriría de ganar Cepeda. Y aunque Trump es lo suficientemente flexible como para pasar en semanas de amenazar con atacar Colombia a reconciliarse con Petro, la victoria de Cepeda sería la de alguien con vínculos históricos con las FARC y a quien el presidente estadounidense ha calificado de marxista.

Conclusiones

El resultado electoral colombiano ha generado diversos análisis que subrayan que América Latina enfrenta una amenaza autoritaria, encarnada por De la Espriella, los Bolsonaro, Fujimori, Kast, Milei y Bukele. Más allá de las pulsiones iliberales y autoritarias de estos liderazgos, algunos más que otros, las amenazas a la institucionalidad democrática no son ninguna novedad regional. Lo nuevo es que ahora proceden de la derecha radical y están alentadas desde Washington, pero el hecho en sí no es nuevo.

El siglo XXI ha conocido ataques en sucesivas oleadas contra las democracias latinoamericanas. Unas democracias que no sólo están “fatigadas” (como sostiene Manuel Alcántara) sino también acosadas por movimientos, partidos y liderazgos que rechazan la institucionalidad democrática y proponen modelos personalistas y cesaristas al margen de los equilibrios de poderes y de las instituciones. Dichas fuerzas captan el desencanto ciudadano con un discurso demagógico, antistablishment (anti “casta” política y antipartidos), que potencia la conexión directa entre el dirigente carismático (caudillo) y la población.

Este estilo de liderazgo y propuestas autoritarias no son una novedad, salvo por el recurso a las redes sociales y el apoyo de la Casa Blanca. Fue utilizado de forma exitosa por la primera oleada antidemocrática e iliberal a comienzos de siglo. El “socialismo del siglo XXI”/chavismo, de 1999 a 2015, desembocó en la instauración de gobiernos abiertamente dictatoriales (Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y Nicaragua con el matrimonio Ortega-Murillo) y en regímenes iliberales como Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Rafael Correa.

El mesianismo personalista, iliberal y populista de Chávez no difería del empleado por los nuevos líderes de la derecha radical latinoamericana. Donde el comandante afirmaba “con Chávez, el pueblo manda” o “Chávez no es Hugo Chávez, Chávez es el pueblo”, De la Espriella asegura que representa a los nadie: “Así como existieron los nadie, con nosotros existen los nunca. Nunca hemos robado, nunca hemos dejado de trabajar y nunca hemos pedido regalado”. Donde Chávez encarnaba un nacionalismo de ultraizquierda (“¡Patria, socialismo o muerte! Venceremos”), De la Espriella encabeza a los “Defensores de la Patria”. El lenguaje directo de Chávez (“Váyanse al carajo yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno”) es mucho más marcado y zafio en “el tigre”, que califica a sus adversarios de “cobardes” o presume de genitales.

Colombia es el último ejemplo de cómo las democracias fatigadas son el caldo de cultivo que alimenta al desafío iliberal. Esto no es novedoso, sí lo es que el ataque viene de la ultraderecha cuando hace un cuarto de siglo procedía de la izquierda radical, capaz de convertir una democracia, como la venezolana, de más de medio siglo de vida, aunque disfuncional desde los años 80, en una dictadura.

Todo apunta a que la resiliencia de las democracias será nuevamente puesta a prueba como ocurrió a comienzos de siglo. Y lo será por debilidades propias, por su incapacidad para resolver los problemas que más afectan a la ciudadanía: inseguridad, alto coste de la vida y frustración de expectativas y mejoras sociales. Chávez en su día y De la Espriella hoy conectan mejor con una población que desea respuestas inmediatas a problemas urgentes y que cree en la efectividad de esas simples y comprensibles soluciones que en realidad requieren de soluciones de conjunto. El centro, a la izquierda y a la derecha, se encuentra ante un dilema en el que se juega el futuro de las democracias: desaparecer y ser engullidos por el radicalismo o ser capaz de rearticular su mensaje y ser electoralmente competitivo. Por ahora, la derecha extrema necesita al centro para gobernar porque carece de mayoría parlamentaria.

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Cuando el humo blanco apareció sobre la Capilla Sixtina el 8 de mayo de 2025, pocos imaginaron que el nuevo pontífice sería estadounidense. Al día siguiente de la elección, los principales periódicos italianos utilizaron la misma expresión: “Il Papa Americano”, reflejando tanto la emoción como el desconcierto que producía la ruptura de una de las convenciones más arraigadas de la política vaticana. Durante décadas, la sola posibilidad de un Papa nacido en Estados Unidos (EEUU) había sido considerada poco menos que impensable.

La razón no era la ausencia de candidatos cualificados, sino precisamente lo contrario. EEUU ya ejercía una influencia extraordinaria como principal potencia militar, económica, tecnológica y cultural del planeta, por lo que la idea de un Papa estadounidense parecía tan improbable como la de un estadounidense al frente de las Naciones Unidas. Algunos advertían de que un pontífice nacido en la superpotencia enviaría un mensaje inquietante al resto del planeta; otros, que el Vaticano valoraba demasiado su independencia diplomática como para aceptar a alguien originario de una potencia hegemónica; incluso dentro de la propia Iglesia estadounidense existía la convicción de que un pontífice norteamericano tendría más dificultades para criticar a su propio país con la libertad necesaria.

A estas razones geopolíticas se sumaban factores culturales. EEUU es una sociedad marcada por una cultura relativamente informal, dinámica y pragmática, muy distinta de la tradición ritual, jerárquica y ceremonial del Vaticano. Además, aunque el catolicismo se ha normalizado plenamente en la vida pública estadounidense, sigue siendo una confesión minoritaria en un país de raíces protestantes. Cabe recordar que sólo dos presidentes estadounidenses han sido católicos, John F. Kennedy y Joe Biden (cuando Kennedy se presentó a las elecciones de 1960, tuvo que convencer a muchos votantes de que, por ser católico, no recibiría órdenes del Papa).

Por eso la elección de Robert Prevost como León XIV constituyó una de las mayores sorpresas de la historia reciente del catolicismo. Sin embargo, Prevost reunía características poco habituales. Aunque nacido en Chicago, había pasado dos décadas en Perú y desarrollado gran parte de su trayectoria pastoral en América Latina, poseyendo además la nacionalidad peruana. Esa experiencia hizo que muchos cardenales lo percibieran como una figura menos identificada con la Iglesia católica estadounidense.

El Papa Francisco, además, había favorecido su ascenso. Su nombramiento al frente del Dicasterio para los Obispos (encargado de la selección de los mismos) le permitió conocer de cerca la Curia romana, establecer relaciones con numerosos cardenales y comprender las dinámicas internas del Vaticano. A ello se sumaba el prestigio adquirido como prior general de los agustinos. Todo ello reforzó su perfil como un candidato de consenso.

Algunos observadores han sugerido también que las circunstancias internacionales facilitaron una decisión que habría resultado mucho más difícil décadas atrás. EEUU sigue siendo la principal potencia mundial, pero ya no disfruta del predominio incontestable de la década de los 90. La creciente competencia con China y la percepción de un relativo declive estadounidense pudieron reducir parte de las reticencias históricas que durante años bloquearon la posibilidad de un Papa nacido en EEUU.

Más que un simple relevo en la Santa Sede, la elección de León XIV supuso, por tanto, el final de una excepción histórica. Por primera vez, el origen nacional del pontífice dejó de ser un obstáculo decisivo frente a los desafíos globales que afrontaba la Iglesia.

Un nuevo actor en la política estadounidense

La elección de León XIV llegó además en un momento particularmente complejo para EEUU. El país atraviesa una intensa polarización política, una creciente presencia de la religión en el debate público y una discusión abierta sobre su papel en el mundo. En ese contexto, la figura del nuevo pontífice ha adquirido una relevancia que trasciende claramente el ámbito religioso.

Sus críticas a la intervención militar estadounidense contra Irán y sus posiciones sobre la inmigración lo han situado inevitablemente en el centro del debate político norteamericano. No ha sido el primer Papa en criticar la Administración Trump, pero la diferencia está en que, cuando el Papa Francisco cuestionaba una decisión de Washington, muchos podían interpretarlo como la opinión de un líder extranjero. Cuando lo hace León XIV, resulta más difícil descalificarlo de esa manera. Sus palabras no se perciben como las de alguien que observa EEUU desde fuera, sino como las de una figura que entiende sus debates, sus contradicciones y sus tensiones internas. Precisamente por ello, sus palabras tienen más capacidad para influir en una conversación nacional marcada por la polarización y la creciente búsqueda de referentes morales. Y mientras el presidente Donald Trump ha intentado presentar algunos desacuerdos como enfrentamientos personales o ideológicos, el pontífice ha evitado entrar en esa dinámica. Sus declaraciones han permanecido en un plano moral y ético, lo que le ha permitido conservar la simpatía de numerosos católicos conservadores que respaldaron a Trump en las urnas en las elecciones del 2024.

El pontificado de León XIV coincide además con una creciente influencia del catolicismo dentro de las élites políticas conservadoras estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, es católico, así como dos tercios del Tribunal Supremo, mientras que JD Vance es un católico converso.

El vicepresidente, convertido al catolicismo en 2019 y cuya trayectoria narra en su próximo libro, representa una tendencia cada vez más extendida entre jóvenes intelectuales y dirigentes conservadores que han encontrado en la Iglesia una respuesta a lo que consideran la crisis moral, cultural y social de Occidente. A diferencia de las tradicionales comunidades católicas de origen irlandés, italiano o latinoamericano, muchas de estas conversiones proceden de personas criadas en entornos protestantes o incluso alejadas de la religión, especialmente entre jóvenes intelectuales atraídos por la tradición, la liturgia y la estabilidad doctrinal de una institución con dos milenios de Historia.

León XVI introduce una voz cristiana que en parte compite con esta interpretación religiosa dominante en algunos sectores del conservadurismo estadounidense. Aunque comparten referencias doctrinales y coinciden en cuestiones como la defensa de la vida o la importancia de la familia, mantienen diferencias significativas en asuntos como la inmigración, la pena de muerte, los refugiados y el papel internacional de EEUU. De algún modo, la relación entre Vance y León XIV refleja uno de los grandes debates que atraviesan actualmente al catolicismo estadounidense sobre cómo conciliar la defensa de la identidad nacional y las comunidades locales con la vocación universal que la Iglesia reclama para sí misma.

La importancia de esta cuestión trasciende de nuevo el ámbito estrictamente religioso. Con alrededor de 60 millones de fieles, los católicos representan alrededor de una quinta parte de la población estadounidense y constituyen uno de los grupos electorales más disputados del país. No votan de forma abrumadoramente homogénea y su comportamiento electoral ha reflejado muchas de las divisiones sociales, culturales y étnicas, convirtiéndolos en un valioso termómetro de la evolución política del país. En las elecciones presidenciales de 2024, aproximadamente el 55% de los católicos votó por Donald Trump frente al 43% que respaldó a Kamala Harris. Sin embargo, bajo esa aparente mayoría republicana se esconden diferencias profundas. Mientras que los católicos blancos apoyaron de forma abrumadora a Trump, los católicos hispanos mantuvieron una posición mucho más dividida.

De cara a las elecciones de medio mandato de 2026, ambos partidos son conscientes de que el voto católico volverá a ser uno de los principales campos de batalla electorales. Precisamente por ello, León XIV introduce un elemento nuevo en esta ecuación. Por primera vez, millones de católicos estadounidenses escuchan a un Papa que comparte su idioma, conoce sus referencias culturales y comprende de primera mano los debates políticos y sociales del país. Aunque resulta improbable que el pontífice influya directamente en el comportamiento electoral de los fieles, sí puede contribuir a reorientar algunas conversaciones públicas, especialmente en cuestiones donde la doctrina social de la Iglesia desafía tanto a republicanos como a demócratas

El significado de una elección histórica

Más de un año después de la elección de León XIV, muchas de las preocupaciones que durante décadas acompañaron la idea de un Papa estadounidense parecen haberse demostrado infundadas. León XIV no se ha convertido en un portavoz de los intereses de Washington y tampoco ha encontrado resistencia significativa entre los católicos de otras regiones del mundo. Al contrario, ha sido recibido con calidez tanto en Europa como en África y América Latina.

También hay otras implicaciones internacionales que apenas comienzan a vislumbrarse. En primer lugar, León XIV se ha convertido, de forma inevitable, en uno de los principales activos de poder blando asociados a EEUU en un momento en que el atractivo internacional del país atraviesa dificultades. La elección de un pontífice nacido en Chicago no restaura por sí sola ese prestigio, pero sí introduce la interesante paradoja de que una de las figuras morales más influyentes del planeta procede precisamente del país cuyo liderazgo internacional es objeto de un intenso debate.

Además, León XIV encarna una combinación poco habitual de identidades. Es estadounidense por nacimiento, pero también profundamente latinoamericano por formación y experiencia pastoral. Su trayectoria le permite comprender simultáneamente las dos comunidades católicas más numerosas e influyentes del continente americano. En un momento en que las relaciones entre EEUU y América Latina están marcadas por cuestiones como la migración, la desigualdad y la seguridad, esa capacidad para moverse entre ambos mundos podría convertirlo en una figura singularmente bien situada para tender puentes donde la política encuentra crecientes dificultades.

Existe además una tercera dimensión que podría resultar todavía más relevante a largo plazo. León XIV ha mostrado desde el inicio de su pontificado un interés particular por las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. No es casual que haya elegido el nombre de León, evocando a León XIII, el pontífice que intentó responder a los desafíos sociales planteados por la Revolución Industrial. Si León XIII trató de ofrecer una respuesta moral a la transformación económica de finales del siglo XIX, León XIV parece dispuesto a intervenir en el gran debate tecnológico del siglo XXI.

Su reciente encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a los retos antropológicos, sociales y éticos derivados de la inteligencia artificial, constituye hasta ahora la expresión más clara de esa ambición. En ella advierte de los riesgos que plantea la concentración del poder tecnológico, tanto en manos de países como de empresas, los efectos de la automatización sobre el trabajo, el uso militar de la inteligencia artificial y el riesgo de que la eficiencia tecnológica termine sustituyendo al juicio moral humano. Su mensaje central es que la tecnología debe estar al servicio de la persona y del bien común, y no al revés.

Resulta significativo que el primer Papa estadounidense proceda precisamente del país que lidera la revolución digital, alberga las principales empresas tecnológicas del mundo y concentra buena parte de la innovación en inteligencia artificial.

Todo ello apunta a una realidad más profunda. Por primera vez, el Vaticano cuenta con un pontífice que comprende de manera intuitiva el funcionamiento de Washington, Wall Street, Silicon Valley y los grandes medios de comunicación estadounidenses. En una época en la que muchos de los principales desafíos globales –desde la inteligencia artificial y el poder de las plataformas digitales hasta la polarización política y la transformación del trabajo– tienen su origen y su epicentro en EEUU, esa familiaridad puede acabar siendo tan importante como su propia nacionalidad.

Quizá por eso la pregunta más interesante no sea qué significa que el Papa sea estadounidense. La verdadera cuestión es qué pretende hacer con esa posición inédita. Porque, a diferencia de sus predecesores, León XIV comprende profundamente la sociedad más poderosa del planeta, pero parece decidido a recordar constantemente que la Iglesia pertenece a algo mucho más amplio que EEUU.

Y quizá ahí resida la principal novedad de este pontificado. Por primera vez, Washington no sólo tiene que escuchar al Papa. Tiene que escuchar a uno de los suyos.

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El propio brote ofrece la mejor síntesis: ha sido una prueba de la capacidad internacional para responder a las crisis, y la coordinación funcionó porque se habían ido poniendo en marcha las herramientas de la preparación.

42 días que no son una cifra arbitraria, sino el periodo máximo de incubación del hantavirus Andes, el virus que ha causado tres muertes y 13 contagios. Ese largo periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde que una persona se expone al virus hasta que puede presentar síntomas, ha añadido complejidad a un brote ya de por sí difícil de manejar. El episodio del MV Hondius es pequeño en cifras, pero condensa con nitidez el reto que define la salud pública de nuestra época: una movilidad en aumento y una creciente aparición de enfermedades zoonóticas como ésta. Y dado que la tendencia de la movilidad global no muestra signos de frenarse, la diferencia entre una crisis sanitaria contenida y una descontrolada no la marca la rapidez de la reacción, importante de por sí, sino la solidez de la preparación construida de antemano.

De Ushuaia al mundo: la movilidad como amplificador

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril de 2026 con 147 personas a bordo de 23 nacionalidades y siguió un itinerario por escalas remotas del Atlántico Sur: la Antártida, Georgia del Sur, Tristán de Acuña, Santa Helena, Ascensión. Cuando el brote se hizo evidente, algunos pasajeros ya se habían dispersado: una treintena desembarcó en Santa Helena rumbo a una decena de países y el rastreo de contactos terminó alcanzando a más de 600 personas en 32 países y territorios, no sólo entre el pasaje del barco, sino también entre viajeros de los vuelos vinculados a casos confirmados: en España, dos de esos contactos fueron seguidos en Alicante y Barcelona. Un solo barco, un solo virus y un mapa de exposición repartido por tres continentes. Varios de los casos confirmados no desarrollaron síntomas hasta después de haber abandonado el barco, ya en Suiza, Francia o España: una muestra del largo periodo de incubación de la enfermedad.

No se trata de una anomalía, sino de la lógica de un mundo hipermóvil. La movilidad internacional crece a un ritmo sostenido del 4-5% anual y se ha convertido en el principal amplificador de las enfermedades emergentes, la mayoría de origen zoonótico. El factor determinante para que un patógeno local se vuelva global no es la migración lenta, sino la intensidad y la velocidad de los flujos de viajeros. Y un crucero de expedición como éste es el escenario que mejor condensa ese riesgo: excursiones en entornos ecológicamente diversos, escalas en múltiples jurisdicciones, espacios interiores compartidos y un periodo de incubación tan largo que oculta dónde y cuándo se produjo el contagio.

El virus Andes añade un motivo de inquietud: es el único hantavirus para el que se ha documentado la transmisión entre personas.

Esa singularidad ha condicionado la respuesta al brote, exigiendo algunas medidas más estrictas. La transmisión interhumana requiere un contacto estrecho y prolongado y las cadenas descritas son cortas. El mayor episodio conocido, el brote de Epuyén (Argentina, 2018-2019), con 34 casos y 11 fallecidos, mostró que el contagio entre personas se dispara cuando coinciden una alta carga viral y actividades de gran densidad social, como una fiesta de cumpleaños o un velatorio, sin que hagan falta mutaciones que aumenten la contagiosidad. En el brote del MV Hondius, el número reproductivo efectivo descendió por debajo de uno una vez aplicadas las medidas de aislamiento; el potencial pandémico es, por tanto, limitado. En este sentido conviene destacar que el virus Andes, aunque desconocido para la mayoría, no es un patógeno nuevo como lo fue el SARS-CoV-2, sino uno del que tenemos mucha información: la inquietud inicial y la comparación con el COVID-19, aunque comprensibles, no son del todo acertadas. Un reciente análisis comparativo en Eurosurveillance lo expone con claridad: a diferencia del coronavirus, el Andes se transmite sobre todo desde un reservorio animal, su incubación se mide en semanas y no en días, su daño es vascular más que respiratorio, y no se ha identificado ninguna mutación que, como la D614G del SARS-CoV-2, marque una adaptación al ser humano. Una cosa es un patógeno conocido como el Andes y otra muy distinta una “Enfermedad X”, el nombre con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) designa un patógeno hipotético, todavía no identificado, capaz de provocar una futura epidemia. Tratar ambos escenarios como si fueran lo mismo es una equivocación que conviene evitar.

Una respuesta preparada: lecciones aprendidas

España no recibió el buque por azar ni por imposición. Una vez constatado que Cabo Verde, primer puerto al que el barco intentó aproximarse, no disponía de las capacidades necesarias para realizar de forma autónoma todas las evaluaciones epidemiológicas, ambientales y de salud pública que exigía la crisis, la OMS solicitó formalmente la colaboración española en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. España identificó Tenerife como el puerto más cercano con capacidad sanitaria adecuada y gestionó allí el desembarco y la repatriación coordinada de pasajeros y tripulación. El Reglamento no es una imposición externa, sino un tratado ratificado por España y otros 195 Estados que consagra un principio básico: una emergencia sanitaria en cualquier lugar es una responsabilidad compartida. La respuesta funcionó. Pero lo relevante, desde la perspectiva de la salud global, no es que funcionara, sino “por qué” funcionó: porque la preparación ya estaba puesta y en varios niveles a la vez.

En el plano nacional, España afrontó la crisis con una arquitectura que no existía una década atrás. La red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), nacida de las lecciones del caso de Ébola de 2014, permitió trasladar a los casos y contactos a unidades especializadas y activar los protocolos clínicos sin demora. El diagnóstico se centralizó en el Centro Nacional de Microbiología, que confirmó el virus mediante PCR y secuenciación.

En el plano europeo, la notificación llegó a través del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de la Unión Europea (UE) y activó al Comité de Seguridad Sanitaria, que emitió un dictamen común sobre la gestión del brote el 11 de mayo. A bordo, epidemiólogos de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) trabajaron desde el 5 de mayo para reducir el riesgo de contagio y preparar un desembarco seguro. El Laboratorio Europeo de Referencia para patógenos emergentes, zoonóticos y transmitidos por roedores respaldó a los laboratorios nacionales; y, a petición de España, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión coordinó y cofinanció los vuelos de evacuación, con la participación de Francia, los Países Bajos, Grecia e Irlanda y el aeropuerto de Tenerife Sur como centro de operaciones, llegando a presituar en la isla un avión medicalizado de la reserva rescEU. Por encima de todo, la coordinación y el liderazgo de la OMS articularon la respuesta internacional. Esta arquitectura multilateral y multiagencia es un buen ejemplo del trabajo en equipo que exige una crisis internacional como esta.

Coordinación, comunicación y cuarentenas dispares

Reconocer lo que funcionó no obliga a silenciar lo que se tensó. Las discrepancias entre el Gobierno central y algunas autoridades autonómicas sobre el atraque del buque y sus riesgos no llegaron a frenar la operación, pero se trasladaron al debate público y enturbiaron la percepción de una respuesta guiada por criterios técnicos. La evaluación de preparación que el ECDC realizó sobre España en 2024 ya advirtió de la necesidad de reforzar la coordinación entre los niveles nacional y autonómico y de completar un plan nacional de preparación y respuesta. Aquí es donde reside el reto de articular una respuesta conjunta. La recién creada Agencia Estatal de Salud Pública debería ayudar a engranar esa coordinación, sin merma de las competencias autonómicas.

Otra fragmentación, esta vez internacional, se hizo visible en la gestión de la cuarentena. La OMS y el ECDC habían formulado sus recomendaciones contemplando varias opciones y cada país las resolvió a su manera, pese a tratarse de viajeros con un riesgo equivalente. Unos optaron por la cuarentena domiciliaria; otros, por el ingreso hospitalario durante 15 días. España, más conservadora, aisló a sus contactos en el hospital, tanto a los evacuados del buque como a los identificados en vuelos relacionados, en centros capaces de escalar a una UATAN si se confirmaba la infección. Las dos últimas semanas se completaban en el domicilio. Que pasajeros con idéntica exposición reciban respuestas distintas según su pasaporte es, en sí mismo, una asignatura pendiente de la gobernanza sanitaria global. Y aunque los profesionales sanitarios puedan entender estas diferencias, para el público general y para los propios afectados resultan más difíciles de comprender. Habrá que valorar, además, el impacto emocional que toda esta situación haya podido tener sobre ellos.

A todo ello se sumó una amplia cobertura mediática que generó una alarma inicial considerable, alimentada por mensajes contradictorios y por la comparación casi automática con la pandemia del COVID-19. Gestionar la narrativa pública de forma transparente, técnica y serena sin alimentar comparaciones desproporcionadas, es una parte esencial de la preparación y la respuesta ante cualquier enfermedad emergente.

La oportunidad: investigar lo raro y preparar los tratamientos y vacunas

Las enfermedades raras como el síndrome cardiopulmonar por hantavirus comparten un problema estructural: precisamente por infrecuentes, se investigan poco, y por investigarse poco, nos sorprenden más de lo que deberían. Si hoy sabemos tanto del virus Andes es gracias a años de trabajo epidemiológico en Argentina y Chile, desde el primer brote de transmisión interpersonal descrito en El Bolsón en 1996 hasta el ya mencionado de Epuyén en 2018-2019. Cada brote de un patógeno raro es una ventana de aprendizaje que no deberíamos desaprovechar. Por eso se han activado redes de clínicos y científicos para caracterizar este brote y generar conocimiento sobre la enfermedad, y ya empiezan a publicarse las primeras experiencias de tratamiento: el primer caso español, ya dado de alta, ha sido descrito como el primer paciente con síndrome cardiopulmonar por virus Andes tratado con una combinación de favipiravir, ribavirina, icatibant y baricitinib. Aportaciones así nutren una base de evidencia clínica escasísima.

El terreno terapéutico ilustra lo que ocurre con estas enfermedades infecciosas emergentes de pocos casos. No existe vacuna ni un antiviral de eficacia demostrada, de modo que la base de la respuesta terapéutica son los cuidados de soporte intensivos, a los que se suman terapias en desarrollo o fármacos reutilizados de otras indicaciones con indicios de posible eficacia. Y el propio brote sugiere que la rapidez puede pesar tanto como el arsenal disponible: las tres muertes se produjeron entre los primeros casos, en torno al momento en que el brote empezó a reconocerse, y desde entonces, con detección precoz, aislamiento y cuidados intensivos, no se han registrado más fallecimientos, aunque parte de esa mejora refleje también la detección de casos más leves. La acción terapéutica temprana podría ser, por tanto, una de las claves. La oportunidad consiste, además, en dejar de empezar de cero en cada emergencia. Cabe destacar que los hantavirus ya figuraban en la evaluación de priorización de amenazas sanitarias de la UE de 2025 y que la Comisión venía financiando el desarrollo de contramedidas médicas (vacunas y terapias candidatas) frente a esta amenaza antes de que el MV Hondius zarpara. Ése es el modelo que conviene extender: protocolos de ensayo clínico “precocinados”, listos para activarse en cuanto aparece un agrupamiento de casos, de modo que cada brote genere evidencia. Para patógenos con escaso atractivo comercial, ese esfuerzo exige incentivos públicos y alianzas público-privadas, además de una vigilancia integrada con enfoque One Health, cada vez más necesaria a medida que el cambio climático estrecha el contacto entre humanos y animales reservorio.

Todo ello ocurre, además, en un momento crítico para la financiación de la salud global: los recortes en la cooperación sanitaria internacional debilitan los sistemas de vigilancia y los laboratorios que detectan los brotes antes de que lleguen a un crucero y el primer Acuerdo sobre Pandemias, adoptado en 2025, sigue sin cerrar la pieza que permitiría su entrada en vigor. Europa tiene aquí la oportunidad, y la responsabilidad, de defender el multilateralismo sanitario; y España, que ha demostrado capacidad de respuesta y cuenta con su Estrategia Española de Salud Global 2025-2030 y un asiento en el Consejo Ejecutivo de la OMS, está bien situada para liderar esa agenda.

Conclusiones

El propio brote ofrece la mejor síntesis: ha sido una prueba de la capacidad internacional para responder a las crisis, y la coordinación funcionó porque se habían ido poniendo en marcha las herramientas de la preparación. Queda camino por recorrer, sobre todo para armonizar las actuaciones entre países y regiones, y conviene seguir trabajando en esa dirección.

Al dar por superada la crisis, la ministra de Sanidad subrayó que no será la última y que el Gobierno ya trabaja en la siguiente. Es la actitud correcta. La movilidad seguirá creciendo y con ella el flujo silencioso de patógenos que viajan ocultos en personas aparentemente sanas. El próximo no tiene por qué ser un patógeno conocido, como el virus Andes, ni de potencial epidémico tan limitado. Por eso la preparación no debería entenderse como el coste de la crisis excepcional, sino como el precio de la normalidad de un mundo interconectado. Hace siglo y medio, Louis Pasteur, padre de la microbiología moderna, dejó dicho que “el azar solo favorece a las mentes preparadas” (Le hasard ne favorise que les esprits préparés). La ventana para esa preparación es el presente, antes de la próxima crisis.

Y la próxima no es una hipótesis. Mientras se cierra el episodio del MV Hondius, la República Democrática del Congo afronta el mayor brote de enfermedad por virus de Bundibugyo, una especie del virus del Ébola, registrado hasta la fecha y declarado por la OMS emergencia de salud pública de importancia internacional. Aunque su riesgo parece, por ahora, regional, obliga a no bajar la guardia. También aquí la preparación empieza a notarse: pese a que todavía no existen productos autorizados contra este virus, la OMS ya ha priorizado varias vacunas y terapias prometedoras para evaluarlas en ensayos clínicos. Y no hay que olvidar la solidaridad: la respuesta a estas amenazas exige acompañar a los países que las afrontan en primera línea y con menos recursos.

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• La Copa del Mundo 2026, el mayor espectáculo en vivo global de la actualidad, supone el lanzamiento definitivo del fútbol como deporte de masas en Estados Unidos (EEUU), un territorio ansiado por la industria deportiva global durante décadas.
• El Mundial es hoy, ante todo, un negocio audiovisual, con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) generando más ingresos por los derechos de transmisión televisiva que por ningún otro concepto: 2.540 millones de dólares en el mundial de Rusia, 2.960 en el de Qatar y 3.925 previstos para todo el año 2026, mayoritariamente atribuibles al Mundial.
• La reputación pública de la FIFA arrastra el mismo deterioro que la de otras grandes organizaciones deportivas internacionales, con un largo historial de corrupción y una contradicción permanente entre el discurso ético y las decisiones que toma.
• Aunque organizado conjuntamente por EEUU, México y Canadá, el torneo presenta un claro predominio estadounidense en sedes, ingresos y visibilidad. Además, coincide con la revisión del Tratado entre México, EEUU y Canadá (T-MEC) y con un deterioro de las relaciones entre los tres socios norteamericanos, convirtiendo el Mundial en una plataforma de poder blando que contrasta con las crecientes tensiones comerciales y políticas de la región.
• Los principales debates en torno al torneo (restricciones migratorias, seguridad interior, conflictos diplomáticos, sostenibilidad ambiental y patrocinio de actores cuestionados) muestran cómo el Mundial se ha convertido en un escaparate involuntario de las tensiones que recorren el orden internacional contemporáneo.

Análisis

Y pasaron cuatro años, que para algunos han sido sólo un ínterin, un interregno –o más propiamente un regno– entre Qatar y EEUU, entre Messi cubierto por un bisth negro y el momento en el que ese mismo trofeo llegará al estadio Azteca de Ciudad de México y elegirá al nuevo rey. El “toda la semana esperando el sábado” de partido que escribía Fontanarrosa es, en muchos países, la espera eterna de los cuatro años entre Mundial y Mundial, la interminable espera que termina el 11 de junio con el México-Sudáfrica, que convertirá al Azteca en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo de fútbol (1970, 1986 y 2026).

El mundo no es ya el del año 1970, ni el del Mundial que México tuvo que acoger sustituyendo a Colombia en 1986, pese a vivir la crisis económica y el terremoto de 1985 que mató a más de 5.000 personas. Esta Copa del Mundo es, en esencia, el lanzamiento definitivo del fútbol como deporte de masas en EEUU, el ansiado territorio de la industria deportiva global durante décadas en el que ni las migraciones europeas ni los grandes fichajes como Pelé en los años 70 habían conseguido, hasta ahora, desconectar a los estadounidenses del béisbol, su football y el baloncesto.

El estadio es la pantalla

Un primer cambio fundamental en esta Copa del Mundo son los hábitos de consumo audiovisual, porque este es un espectáculo diseñado para la televisión –los espectadores presenciales son parte del propio espectáculo– y la propia FIFA genera más ingresos por los derechos de transmisión televisiva que por ningún otro concepto: 2.540 millones de dólares en el mundial Rusia, 2.960 en el de Qatar y 3.925 previstos para todo el año 2026, mayoritariamente atribuibles al Mundial. En los ciclos cuatrienales en los que FIFA calcula su actividad económica, los derechos televisivos suponen el 50% de los ingresos totales, que se disparan en los años de competición. La FIFA alcanzó una cifra récord de ingresos en el ciclo 2019-2022 de 7.568 millones de dólares (un 18% más que el cuatrienio anterior), de los que 3.425 fueron por derechos televisivos, en los que Europa y Asia-Norte de África sumaron 1.000 millones cada uno y 3.000 millones correspondieron sólo al mundial de Qatar de 2022. Para el próximo cuatrienio, 2027-2030, la FIFA prevé alcanzar los 6.000 millones en derechos de televisión.

Las audiencias son apabullantes: los datos hechos públicos por FIFA hablan de un reach de 2.870 millones de espectadores –cuatro de cada 10 seres humanos en el planeta– que consumieron al menos 20 minutos de fútbol del mundial de Qatar. En China, ese dato fue de 510 millones en televisión lineal y 513 en streaming; la India fue cuantitativamente el segundo mercado con mayor engagement total, 745 millones de personas, seguida de Brasil (192 millones), EEUU (187), Indonesia (186), Japón (101) y México (101). La final Francia-Argentina consiguió la audiencia histórica de 1.420 millones de espectadores en todo el mundo. En España, las nueve emisiones más vistas del año 2022 fueron partidos del mundial de Qatar. La décima fue Eurovisión.

Los derechos de transmisión para el próximo mundial 2026 fueron adquiridos por Bell Media para Canadá, Fox Sports y Telemundo (NBCUniversal) para EEUU y la alianza de los dos gigantes Televisa-Azteca para México. Lo más interesante: en China, el operador estatal CMG ha conseguido tensar la negociación hasta hace pocos días y ha conseguido finalmente los derechos de transmisión –según los medios oficiales chinos– por sólo 60 millones de dólares (sorprendente, teniendo en cuenta el enorme impacto esperable una vez más en el país); en la India, la negociación está cerrándose, aún, en estos días. En España, los derechos fueron adquiridos en 2025 por RTVE, que revendió los derechos de transmisión de pago a Mediapro; dado que Mediapro no dispone hoy de plataforma en el mercado español, la señal estará disponible en DAZN y a través de cuatro canales de la plataforma Movistar+.

En marzo de 2026, en EEUU el consumo de contenido audiovisual a través de plataformas de streaming llegó al 47,6%, igualando a la suma del cable, el satélite y la televisión aérea. Las plataformas, sin embargo, no han llegado a tiempo para este mundial. YouTube no ofrecerá partidos (salvo en las señales de los canales que los transmiten y están disponibles en YoutubeTV), pero será la Plataforma Preferida de Fans; Netflix se conformará con ofrecer un videojuego diseñado por Delphi en su plataforma Games; sí lo harán las plataformas de los dueños de los derechos: Disney –la propietaria de Fox– usará para ello su plataforma de streaming deportivo Fubo y NBCUniversal su servicio a la carta Peacock, en ambos casos sólo para EEUU.

Pasión, beneficios y política

Si todas estas apabullantes cifras tienen importancia es porque el fútbol se ha convertido en el mayor espectáculo en vivo global de nuestros días, en el escaparate más importante de marketing de las marcas de alcance global, en la máquina de sportswashing más eficiente –el uso del deporte para lavar la imagen de regímenes y empresas cuestionados–, y la FIFA en el gestor de este inmenso recurso en el que convergen clubes con facturaciones equiparables a cualquier gran empresa transnacional, competiciones nacionales –como LaLiga, que con 5.400 millones de euros en ingresos tiene la talla de Endesa o Naturgy– que mueven enormes presupuestos, 209 federaciones nacionales de fútbol y seis confederaciones regionales. La industria global del fútbol, según Deloitte, facturó el año pasado cerca de 40.000 millones de euros sólo en las grandes ligas y las competiciones internacionales, aproximadamente la misma cifra de ingresos anuales de una compañía como Coca Cola. No deja de resultar paradójico que esa maquinaria la gestione una organización, la FIFA, que tiene el estatus jurídico de organización sin ánimo de lucro dentro de la jurisdicción suiza mientras administra estos recursos centrales; algunos autores llaman a esta combinación “las tres pes”: pasión, beneficios (profit, en inglés) y política.

Y en torno a ellos, miles de deportistas y técnicos profesionales, agentes, gestores de derechos, despachos legales, fondos inversores y, sobre todo, millones de aficionados que llenan estadios, pagan costosos abonos para seguir las transmisiones en vivo de los partidos y dan sentido al espectáculo global del fútbol masculino y, cada vez más, femenino. Aunque no es el momento de entrar en ese asunto, la transición del fútbol de clubes de entidades locales al modelo de multipropiedad (MCO, en el que el capital de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar es clave) y las consecuencias en la desintermediación en la gestión de derechos, plantillas de jugadores o infraestructuras es el signo de los tiempos de la integración del espectáculo futbolístico en el mercado del capital global, que pronto tendrá que enfrentarse a las tensiones que se producirán cuando clubes de los mismos propietarios se disputen los mismos trofeos. Pero este escenario no es el del fútbol de selecciones, beatificado aún por la lógica del sacrificio –técnicos y jugadores cobran sensiblemente menos por jugar en los equipos nacionales que en sus clubes– y de la defensa de la imagen de los estados nación en un terreno de juego en el que parecen no importar la renta per cápita o las capacidades militares. Y la FIFA es el administrador de ese terreno de juego.

Figura 3. FIFA: ingresos y gastos, 2015-2025 (miles de dólares)

Un administrador de poder suave con problemas de reputación

La reputación pública de la FIFA arrastra el mismo deterioro que la de otras grandes organizaciones deportivas internacionales: un largo historial de corrupción y una contradicción permanente entre el discurso ético y las decisiones que toma. El “FIFA Gate” –el escándalo destapado en mayo de 2015 por el Departamento de Justicia estadounidense, que imputó a decenas de altos directivos por más de 150 millones de dólares en sobornos, fraude y lavado de dinero– sigue pesando sobre la institución, que parece ignorar los derechos humanos cuando adjudica las preciadísimas sedes de sus acontecimientos, como ya hizo en 2018 con Rusia, en 2022 con Qatar y volverá a hacer en 2034 con Arabia Saudí. Aquel escándalo le costó el puesto al entonces presidente Sepp Blatter –cuya cúpula directiva, escribía en 2016 Andrew Jennings, “tiene todos los elementos de un sindicato del crimen organizado” –, pero el cambio de personas no se ha traducido en un cambio de prácticas. Su sucesor, Gianni Infantino, acumula críticas tras la creación y entrega del sorprendente Premio FIFA de la Paz a Donald Trump en 2025: un galardón cuyo comité de selección –presidido por el empresario y expresidente de la federación de fútbol de Myanmar Zaw Zaw, estrechamente ligado a la dictadura militar y a la represión de la minoría rohinyá– nunca hizo públicos ni el procedimiento ni los criterios. Infantino remató la decisión –adoptada en plena indignación de Trump por no haber recibido el Nobel de la Paz meses antes– declarando que “objetivamente, lo merece”. 

El contraste más nítido de esa incoherencia se ve en el tratamiento dispar de los conflictos en curso. Rusia sigue suspendida de toda competición internacional desde febrero de 2022 a raíz de la invasión de Ucrania —una decisión que la FIFA justificó entonces apelando a la paz y a los derechos humanos, y que Infantino defiende revertir—. La federación israelí, en cambio, ha disputado con normalidad la fase de clasificación europea, pese a las objeciones de varias asociaciones nacionales —entre ellas la noruega y la irlandesa— y a los informes de relatores especiales de Naciones Unidas acerca de las violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. La cúpula de Zúrich ha respondido derivando el asunto a comisiones internas que llevan meses sin pronunciarse, una técnica dilatoria que la propia FIFA ha utilizado en el pasado para esquivar decisiones incómodas. El resultado es una geometría variable de los principios éticos que la organización dice defender, que parecen adaptarse al peso geopolítico del país señalado.

2026: el mayor espectáculo del mundo

El Mundial que está a punto de comenzar trae transformaciones de calado en el propio formato del torneo. La más visible es la ampliación a 48 selecciones, que eleva el total a 104 partidos frente a los 64 habituales. Para situar la magnitud, la Liga española disputa 380 partidos y la UEFA Champions League, 188, pero ambas competiciones se reparten en más de nueve meses, mientras que el Mundial concentrará todo en 39 días. Las 16 sedes –11 en EEUU, tres en México y dos en Canadá– acogerán a las selecciones de una cuarta parte de los países del planeta y, aunque dos gigantes demográficos como la India y China hayan quedado fuera, es difícil imaginar que la atención global mire hacia otra parte durante esas seis semanas.  

Conviene recordar, además, que la Copa del Mundo no la disputan Estados, sino federaciones: como en otros deportes, el fútbol reúne banderas que no figuran en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Frente a los 193 países miembros de la ONU, el Comité Olímpico Internacional integra 206 comités nacionales y la FIFA, 211 federaciones, incluidas Taiwán, Palestina, Kosovo y Puerto Rico. En ocasiones el terreno de juego enfrenta a países sin vínculos diplomáticos formales, aunque en este Mundial todos los rivales de la primera fase se reconocen mutuamente. Sí hay, en cambio, participantes que no tienen relación con los anfitriones: Costa de Marfil es el mejor ejemplo, porque no mantiene hoy vínculos diplomáticos con ninguno de los tres países norteamericanos que organizan el torneo.

Esa expansión a 48 selecciones convive con un reparto marcadamente asimétrico entre los tres anfitriones. De los 104 partidos, 78 se jugarán en EEUU –incluidas todas las eliminatorias desde cuartos de final y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey–, mientras que México y Canadá albergarán 13 encuentros cada uno, ninguno más allá de octavos de final. La FIFA proyecta ingresos de 13.000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026 –un 72% más que en el cuatrienio anterior y 2.000 millones por encima del presupuesto inicial aprobado en 2023–, que se generarán en su mayor parte en territorio estadounidense por venta de entradas, paquetes especiales para empresas y derechos audiovisuales para el mercado norteamericano. De esa bolsa, el Consejo de la FIFA aprobó elevar un 15% los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes, hasta 871 millones de dólares: la subvención de preparación sube de 1,5 a 2,5 millones por equipo, el premio por clasificarse pasa de 9 a 10 millones y se añaden más de 16 millones en contribuciones para delegaciones y entradas. El gobierno mexicano, que ha respaldado la remodelación del Estadio Azteca –financiada por el consorcio privado Grupo Televisa-Banorte– y ha invertido en adecuar los recintos de Guadalajara y Monterrey, observa con preocupación que ni siquiera la inauguración en suelo mexicano logra compensar el desequilibrio: el reparto, decidido por la FIFA, refuerza la lectura de que el torneo es, en lo económico y en lo simbólico, principalmente estadounidense.

Esa coreografía de tres anfitriones se acordó en 2017 y fue elegida en 2018 en un contexto muy distinto del actual: en esas mismas fechas, los tres países sustituían el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (1994-2020) por el T-MEC/CUSMA/USMCA, con cada país anteponiendo sus propias siglas), firmado en noviembre de 2018 por Donald Trump, Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto al margen de la cumbre del G20 de Buenos Aires. No han pasado aún 10 años y las relaciones en la región son inequívocamente otras.

El torneo coincide ahora con la revisión programada del T-MEC, convocada para finales de mayo al cumplirse los primeros seis años de vigencia del tratado. De ese examen dependerá que el acuerdo se prorrogue hasta 16 años adicionales –con horizonte en 2042 y una nueva revisión en 2032– o que entre en un régimen más corto, de un mínimo de 10 años (hasta 2036), sometido a revisiones anuales.

El Mundial llega, por tanto, como una plataforma excepcional para proyectar poder blando, pero lo hace en un momento en que la cooperación trilateral choca de frente con una agenda que subordina la estabilidad regional a la competencia geoeconómica –con una balanza persistentemente deficitaria de EEUU respecto a sus dos vecinos– y a los intereses políticos internos de Washington. Para México, el frente bilateral se ha deteriorado de forma notable por los aranceles que la administración estadounidense ha impuesto a su mayor socio comercial, y a esa presión se suman las fricciones inminentes en torno a las reformas de soberanía energética impulsadas por el gobierno mexicano, que pueden convertirse en moneda de cambio durante la renegociación del tratado.

Canadá, el tercer vértice de esa alianza deportiva, vive un deterioro paralelo. Los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio y, más recientemente, el sector automotor, han tensado una relación bilateral que durante décadas se dio por descontada y las provocaciones reiteradas de Trump sobre la conveniencia de que Canadá se convirtiera en el “estado 51” en el marco de la llamada “Donroe Doctrine” se han recibido en Ottawa como una afrenta. El primer ministro Mark Carney ha respondido con medidas espejo, una significativa visita a China en enero y un giro discursivo inhabitual en la diplomacia bilateral, mientras los gobiernos provinciales de Ontario y Columbia Británica –que albergan los partidos de Toronto y Vancouver– han tenido que negociar por separado garantías logísticas con Washington. El resultado es paradójico: los tres anfitriones se presentan ante el mundo como socios mientras renegocian, casi en paralelo a la inauguración, la continuidad misma de su integración económica.

Si en el Mundial de Qatar la denuncia internacional se concentró sobre los trabajadores que levantaron los estadios, en el de 2026 los focos se reparten entre varios frentes simultáneos.

El primero es la propia geografía del torneo. Entre las sedes más alejadas median 4.000 km –los que separan Ciudad de México de Vancouver, o Santa Clara de Foxborough– y a esa distancia se suman bruscos contrastes térmicos y de altitud: los jugadores irán encadenando esfuerzos extremos en condiciones ambientales muy distintas con apenas unos días de margen entre partido y partido. El calendario de la selección de Uzbekistán ilustra ese desgaste hasta el extremo: debutarán a 2.200 m sobre el nivel del mar en Ciudad de México, donde la presión de oxígeno es notablemente menor, y sólo cinco días después estarán en Houston, al nivel del mar, jugando bajo un calor tropical y una humedad asfixiante.

Esa logística continental tiene un coste ambiental sin precedentes: la mayor huella de carbono de todos los mundiales disputados hasta el momento, nueve millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, casi el doble de los 5,25 millones que generó el Mundial de Qatar –que ya había superado los 4,7 millones de las ediciones precedentes– y un 92 % por encima del promedio histórico de los mundiales celebrados entre 2010 y 2022. Cifras difíciles de leer al margen del patrocinio global que la FIFA firmó en 2024 con la petrolera estatal saudí Aramco –la mayor emisora individual de gases de efecto invernadero del mundo–, rubricado apenas seis meses antes de que se confirmara la elección de Arabia Saudí como sede del mundial de 2034.

A diferencia de Qatar 2022, donde la construcción de siete estadios desde cero concentró las denuncias por explotación laboral, el Mundial de 2026 se disputará en recintos existentes y, en su mayoría, gestionados por franquicias privadas de la National Football League (NFL, la organizadora del fútbol americano, no del que allí denominan soccer): SoFi Stadium en Inglewood, MetLife en Nueva Jersey, AT&T Stadium en Arlington (que no podrá usar el nombre de su patrocinador por exigencias de la FIFA), Mercedes-Benz Stadium en Atlanta y Hard Rock Stadium en Miami, entre otros. El modelo evita la huella laboral de Qatar, pero desplaza el centro de gravedad económico del torneo hacia un puñado de propietarios privados –algunos de los hombres más ricos de EEUU– y sus patrocinadores comerciales. Los estadios se reconfiguran a medida durante el torneo para satisfacer las exigencias de la FIFA: ampliación del césped natural sobre las superficies sintéticas, ajuste de aforos y zonas de hospitalidad, reserva exclusiva de espacios publicitarios. La consecuencia es un Mundial sin grandes obras públicas, pero también sin retorno material duradero para las ciudades anfitrionas, cuyos contribuyentes aportan seguridad, transporte y servicios sin apenas participar de los ingresos del evento.

El segundo asunto clave son las restricciones –que llegan hasta el veto migratorio– que EEUU impone a los ciudadanos de 50 países, entre ellos cuatro cuyas federaciones de fútbol masculino compiten por la Copa del Mundo de 2026: Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal. En abril ya se prohibió la entrada a Canadá a uno de los dirigentes de la federación iraní de fútbol por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada organización terrorista por el gobierno canadiense.

La gravedad de la situación ha llevado al Congreso a debatir una iniciativa, bautizada como Save the World Cup Act (Ley para salvar la Copa del Mundo), que establece que “no podrán utilizarse fondos federales asignados al Departamento de Seguridad Nacional ni al Departamento de Justicia, salvo en circunstancias urgentes, para llevar a cabo actividades de control migratorio civil al amparo de la legislación migratoria […] en un radio de una milla en torno a cualquier partido del Mundial de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de 2026 o de cualquier FIFA Fan Festival”; es decir, una norma que impediría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operar durante los actos del torneo. El precedente más delicado se produjo hace un año, durante la final del Mundial de Clubes disputada precisamente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey –que ahora será sede de la final–, cuando un aficionado fue detenido por la policía y entregado al ICE, que lo retuvo tres meses antes de deportarlo.

A esa presión sobre los aficionados se suma el uso interno que la Administración Trump ha dado al propio torneo. La Casa Blanca creó en 2025 la White House Task Force on the FIFA World Cup, presidida por el propio Trump, con la misión declarada de coordinar seguridad, infraestructuras y movilidad entre agencias federales, estatales y locales; el organismo opera al margen del Comité Organizador y ha asumido competencias que en ediciones anteriores recaían en autoridades civiles. El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante 2025 –decisión que se justificó como respuesta a las protestas contra las redadas migratorias– ha sentado el precedente para una presencia militarizada en otras ciudades sede como San Francisco, Seattle y Boston. Diversas organizaciones civiles han advertido de que el Mundial está siendo utilizado como pretexto para normalizar un dispositivo de seguridad interior cuyo alcance excede con mucho los 39 días del torneo y cuyos efectos sobre las comunidades migrantes, en particular las de origen mexicano y centroamericano, podrían persistir bastante después del pitido final. Y todo ello con una selección estadounidense –el U.S. Soccer Men’s National Team (USSMNT)– llena de figuras latinas de la liga local y con el argentino Mauricio Pochettino como entrenador.

Figura 5. Vetos migratorios impuestos por EEUU

El caso extremo será el de Irán, integrado en el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, que jugará sus partidos de primera fase en Inglewood (Los Ángeles, CA) y Seattle (WA) –aunque tendrá su base en México– no sólo con la guerra de fondo, sino con el recuerdo de las cinco jugadoras de la selección femenina que tuvieron que asilarse en Australia hace unos meses tras negarse a cantar el himno nacional en señal de protesta contra su gobierno. A ello se suma que Seattle decidió convertir uno de los partidos que alberga en “el partido del Orgullo”, aprovechando la coincidencia con el Día del Orgullo LGTBI (28 de junio). El sorteo del calendario hizo que ese encuentro sea el Egipto-Irán del 26 de junio, dos países que persiguen la homosexualidad y cuyas federaciones ya han protestado ante la FIFA.

Conclusiones

A pocos días del pitido inicial, la Copa del Mundo de 2026 se perfila como un escaparate involuntario de las tensiones que recorren el orden internacional contemporáneo: la fragilidad de la cooperación trilateral norteamericana, la captura del deporte global por intereses corporativos y autocráticos, la emergencia climática que ningún patrocinio logra disimular y la deriva securitaria de las políticas migratorias. Que los 104 partidos puedan disputarse pese a todo ello no será una victoria del fútbol sobre la política, sino la confirmación de que el deporte de masas se ha convertido en una de sus arenas más elocuentes. 40 años después de los goles de Maradona, el Estadio Azteca volverá a vivir un Mundial. El mundo que lo rodea, sin embargo, ya no es el mismo.

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Esta estrategia destaca por su marcado carácter trumpista e ideológico y parece orientada a reforzar las prioridades geopolíticas de la Administración Trump, especialmente su apuesta por recentrar la política exterior y de seguridad en el continente americano.

En ella, Donald Trump establece tres grandes prioridades. En primer lugar, la neutralización de los cárteles de drogas. En segundo lugar, la identificación y destrucción de los cinco principales grupos terroristas islamistas con intención y capacidad de llevar a cabo operaciones exteriores contra EEUU: al-Qaeda y, más concretamente, al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, por sus siglas en inglés), Estado Islámico y, en particular, la provincia de Jorasán de Estado Islámico (ISIS-K, por sus siglas en inglés) y los Hermanos Musulmanes. Por último, la tercera prioridad es la identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos de extrema izquierda, descritos como “antiamericanos, radicalmente pro-transgénero y anarquistas”.

Si analizamos más detalladamente las tres prioridades, incluir a los cárteles de la droga como principal amenaza terrorista tiene dos implicaciones. La primera es la consolidación de una línea iniciada por Trump en su primer mandato, cuando designó varias organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), una medida controvertida que ha derivado en el uso de la fuerza militar contra embarcaciones venezolanas en aguas internacionales y otras acciones cuestionadas por el derecho internacional al emplear fuerza letal fuera de un conflicto armado y sin autorización del Congreso. La segunda es la priorización del “hemisferio” americano frente a otros escenarios de seguridad, ya presente en la Estrategia de Seguridad Nacional (2025) y la Estrategia de Defensa Nacional (2026), y que incorpora además un claro componente ideológico vinculado al America First.

Esta equiparación entre cárteles y grupos terroristas plantea un problema conceptual y estratégico, ya que mientras el terrorismo persigue fines políticos o ideológicos, los cárteles responden principalmente a incentivos económicos. La priorización responde además a la visión de Sebastian Gorka, principal impulsor de la estrategia, quien sostiene que los cárteles han causado indirectamente más muertes en EEUU por drogas que las bajas militares acumuladas desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta decisión responde más a una reinterpretación política de la amenaza, alineada con la perspectiva America First, que a una evolución objetiva del panorama terrorista internacional, al desplazar el foco contraterrorista hacia América Latina –donde no existen organizaciones con capacidad real para proyectar ataques estratégicos contra EEUU– y trasladar herramientas propias del contraterrorismo al ámbito del crimen organizado.

La segunda prioridad es combatir a los grupos islamistas con capacidad para realizar operaciones exteriores contra EEUU, probablemente el elemento más coherente de la estrategia. La amenaza yihadista sigue procediendo principalmente de las dos grandes matrices, al-Qaeda y Estado Islámico, que, pese a su debilidad actual por crisis de liderazgo y fracasos operativos, mantienen su aspiración global de atacar al “enemigo lejano”. Este contexto ha impulsado estrategias más descentralizadas a través de sus filiales y provincias regionales en África, Oriente Medio y Asia, desde donde buscan mantener influencia local y proyección internacional. En este sentido, destacan –como menciona la estrategia– ISIS-K y AQAP por su capacidad operativa exterior, aunque también mantienen relevancia regional Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) en África Occidental, Estado Islámico en la Provincia del Sahel (ISSP) y al-Shabaab en Somalia, pese a no representar el mismo nivel de amenaza directa para EEUU.

Por otro lado, la estrategia subraya la amenaza de los Hermanos Musulmanes y la reciente designación como FTO de algunas de sus ramas en Egipto, Jordania y el Líbano. Se trata de un movimiento islamista fundado en 1928 que promueve la islamización gradual de la sociedad mediante la acción social, religiosa y política, pero que no constituye una organización homogénea ni principalmente violenta, sino una red transnacional con ramas muy diversas, muchas de ellas integradas en procesos políticos legales. Esta distinción resulta relevante ya que dentro del salafismo –una corriente fundamentalista del islam suní que aboga por el retorno a las prácticas originales del islam temprano– coexisten distintas estrategias para transformar la sociedad: mientras algunas legitiman el uso de la violencia, como los grupos yihadistas, otras recurren al proselitismo, la acción social y la participación política. Por este motivo, la extensión de la etiqueta de FTO a los Hermanos Musulmanes tendrá probablemente un efecto limitado en términos contraterroristas y responde más bien a alineamientos políticos con países como Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que utilizan con frecuencia el discurso antiterrorista para encuadrar a la oposición islamista. Aun así, el auge del islamismo radical también genera preocupación en Europa, como refleja el informe francés del año pasado, que alertaba sobre la expansión “sutil pero subversiva” de la ideología de los Hermanos Musulmanes a nivel local y sus posibles efectos sobre la cohesión social, el secularismo y las instituciones democráticas.  

Por otro lado, la estrategia se centra casi exclusivamente en la amenaza exterior y presta escasa atención a la amenaza interna o homegrown, pese a que actores solitarios radicalizados e inspirados por al-Qaeda o Estado Islámico continúan representando un riesgo significativo dentro de EEUU. Un ejemplo paradigmático fue el ataque contra la discoteca Pulse de Orlando en 2016, en el que murieron 49 personas y cuyo autor había jurado lealtad a Estado Islámico. Otro ejemplo fue el ataque contra la Estación Aeronaval de Pensacola (Florida) en 2019, en el que un oficial saudí mató a tres personas y que fue posteriormente reivindicado por AQAP. Esta omisión resulta especialmente relevante en un contexto marcado por el debilitamiento de las políticas de prevención de la radicalización, incluida la eliminación de programas del Departamento de Seguridad Nacional y el desmantelamiento de estructuras dedicadas a prevenir la radicalización violenta.

Por último, la tercera prioridad refleja un claro giro ideológico al situar como amenaza prioritaria a grupos políticos violentos de izquierda, anarquistas y “radicalmente pro-transgénero”, a los que la Administración Trump acusa de promover violencia política contra cristianos y conservadores. La estrategia sostiene que los servicios de inteligencia habrían sido instrumentalizados políticamente en administraciones anteriores y plantea emplear todas las herramientas disponibles para identificar y desarticular redes como Antifa, designada como FTO en septiembre. Sin embargo, esta decisión genera dudas, ya que Antifa carece de estructura definida, jerarquía o membresía formal y ha sido descrita por el exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Christopher Wray, más como una ideología que como una organización formal.

Sebastian Gorka subraya además que el objetivo no se limita a organizaciones concretas, sino también a ideologías consideradas contrarias a los valores estadounidenses. Esta narrativa cobró aún más fuerza tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre, utilizado por sectores de la Administración para reclamar una respuesta más amplia frente a la violencia de izquierda. Y, aunque el propio Gorka afirmó que la estrategia también incluiría grupos violentos de extrema derecha, resulta llamativa la ausencia de referencias a este fenómeno, pese a haber sido una de las formas más letales de terrorismo en EEUU durante la última década. Atentados como los de Pittsburgh (2018), El Paso (2019) y Buffalo (2022), así como la actividad de grupos como Atomwaffen Division y The Base, ilustran esta amenaza. Según el Center for Strategic and International Studies (CSIS), en la última década la extrema derecha ha sido responsable de 152 ataques y 112 muertes, frente a 35 ataques y 13 víctimas de la extrema izquierda y 82 muertes por yihadismo. La estrategia minimiza así este fenómeno mientras sobredimensiona la violencia de extrema izquierda, con implicaciones tanto para la asignación de recursos como para la percepción de qué víctimas merecen mayor atención. También destaca la ausencia de referencias al “aceleracionismo”, especialmente relevante tras el ataque del 18 de mayo contra una mezquita en San Diego, donde se hallaron referencias a Brenton Tarrant –autor de la masacre de Christchurch de 2019–, simbología neonazi, mensajes racistas y antislámicos y elementos asociados al aceleracionismo.  

Así, más que responder a una evaluación objetiva de la amenaza terrorista, esta estrategia destaca por su marcado carácter trumpista e ideológico y parece orientada a reforzar las prioridades geopolíticas de la Administración Trump, especialmente su apuesta por recentrar la política exterior y de seguridad en el continente americano. El resultado es una deficiente priorización de amenazas y una escasa articulación entre riesgos, objetivos y medios.

Además, la expansión del marco antiterrorista resulta preocupante porque puede desviar recursos de amenazas como Estado Islámico y al-Qaeda, mientras que el uso extendido de la categoría FTO corre el riesgo de diluir su significado al incluir redes puramente criminales, movimientos ideológicos y grupos de otra naturaleza. De hecho, la estrategia no aclara ni cómo se financiará esta ampliación del esfuerzo ni cuáles serán sus límites prácticos, una ambigüedad que podría utilizarse para justificar medidas excepcionales que afecten a derechos políticos y civiles, como la vigilancia digital, las deportaciones o un uso ampliado de la fuerza militar.

Para Europa, esta lectura resulta especialmente problemática, ya que sugiere una visión cada vez más unilateral, ideologizada y poco predecible de la política de seguridad estadounidense, con implicaciones directas para la cooperación transatlántica en materia antiterrorista. No obstante, pese a las divergencias políticas y discursivas, la cooperación operativa entre EEUU y Europa en inteligencia y lucha antiterrorista sigue siendo fundamental y continúa ofreciendo resultados sólidos, por lo que mantener y reforzar estos mecanismos de coordinación seguirá siendo esencial. Al mismo tiempo, Europa deberá continuar fortaleciendo sus propias capacidades frente a un entorno cada vez más complejo, en el que el terrorismo yihadista continúa siendo la principal amenaza, pero donde también ganan relevancia otras formas de extremismo violento, incluida la extrema derecha e izquierda.

[1] La autora agradece a Carola García-Calvo su orientación en la elaboración de este análisis y sus comentarios, que han contribuido a enriquecer y mejorar el texto. 

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• La crisis inflacionaria de 2022 redefinió la estabilidad de precios en Europa, dejando claro que a la hora de analizar la inflación no todo es monetario, expectativas o tipos de interés. Este análisis muestra, mediante el uso del Índice de Dependencia Comercial (IDC) del Real Instituto Elcano, que la inflación contemporánea puedes a veces considerarse como un “impuesto a la dependencia”: una estructura de suministros concentrada y geopolíticamente rígida no sólo puede encarecer la vida ante shocks en los precios de los productos en origen, sino que fractura la convergencia de bienestar en la Unión Europea (UE).
• Los hallazgos principales se estructuran en tres ejes. Primero, se confirma una correlación directa entre el IDC y el impacto en el Índice de Precios de Consumo (IPC) general. Durante el shock del gas, España y otros países operaron como “islas de resiliencia” gracias a su baja exposición directa a Rusia, lo que le permitió amortiguar el golpe que desestabilizó a las economías del centro y este de Europa.
• Segundo, más allá de la dependencia física, se construye un sencillo Índice Sintético de Sensibilidad que se comporta como un multiplicador del castigo. El análisis revela que, ante choques idénticos, la respuesta de precios varía según la eficiencia del mix nacional y la rigidez de sus estructuras industriales, permitiendo identificar una “frontera de resiliencia” entre los Estados miembros.
• Tercero, la seguridad estratégica no es estática. Mientras que el riesgo del gas se gestionó con éxito, el diagnóstico actual tras el inicio el conflicto en el golfo Pérsico revela que el escenario presente puede ser muy diferente frente una potencial vulnerabilidad crítica ante el petróleo. Debido a una menor penetración de la movilidad eléctrica y a la centralidad del crudo en el transporte nacional, España se enfrenta un riesgo de transmisión de inflación “difusa” (capilar a toda la cadena alimentaria y logística) significativamente más difícil de blindar que el shock energético anterior.
• En conclusión, la autonomía estratégica real exige no sólo diversificar proveedores, sino reducir la sensibilidad estructural de la economía. La estabilidad del bienestar ciudadano depende hoy de la capacidad de acelerar la electrificación para desacoplar el coste de la movilidad de la volatilidad geopolítica del crudo.

Análisis

La Inflación como vulnerabilidad estratégica

La inflación es un fenómeno complejo, derivado de múltiples interacciones en las economías avanzadas. El anclaje de las expectativas, las señales y acciones de la política monetaria, así como el papel estabilizador de la política fiscal, son pilares fundamentales para entender la dinámica de precios. Sin embargo, la experiencia de los últimos años obliga a reconocer que la estabilidad interna es también un fenómeno dependiente de la vulnerabilidad estratégica de cada nación respecto a sus insumos críticos.

La estructura de dependencias externas actúa como un filtro que puede amplificar o mitigar las crisis de precios. Cuando una economía avanzada delega su seguridad energética en cadenas de suministro concentradas o geopolíticamente inestables, se introduce un factor de riesgo que escapa al control tradicional de los bancos centrales y condiciona sus políticas al margen del contexto interno que es sobre el que deben trabajar las decisiones de las instituciones monetarias. En este sentido, los recientes episodios de inflación contemporánea –el de 2022 y el que potencialmente se puede experimentar en los siguientes meses– deben entenderse como un proceso mediado por la autonomía: la criticidad de los suministros no sólo encarece la cesta básica de forma asimétrica, sino que erosiona la eficacia de las políticas fiscales y monetarias. Esta vulnerabilidad se traduce en un “impuesto a la dependencia” que fractura el bienestar social, castigando con mayor persistencia a los ciudadanos de aquellas naciones que no han logrado consolidar su soberanía en insumos clave.

El Índice de Dependencia Comercial

Para cuantificar esta relación, se emplea el IDC, desarrollado a partir de la metodología del Real Instituto Elcano. A diferencia de las métricas simples de importación, el IDC combina tres dimensiones críticas:

• Concentración del suministro: indica qué tan dependiente es el país de un único proveedor geográfico.
• Importancia del insumo: el peso del petróleo o gas en la estructura industrial y de consumo nacional.
• Riesgo específico del proveedor: la estabilidad y alineamiento estratégico del exportador.

Este enfoque permite distinguir entre “dependencia cruda” y “vulnerabilidad real”. Por ejemplo, una dependencia alta de un proveedor aliado y diversificado genera menos riesgo de inflación importada que una dependencia moderada pero altamente concentrada en un suministrador hostil. El IDC actúa, por tanto, como un radar preventivo para la autonomía estratégica.

Anatomía del shock de 2022: el factor gas

Para entender cómo la dependencia se convierte en carestía, se debe observar la velocidad y profundidad con la que un cambio de precios en origen recorre todo el tejido industrial. En el análisis del choque de 2022, la evidencia sugiere que la inflación no fue un estallido uniforme, sino una mancha de aceite que se expandió siguiendo las líneas de suministro de gas ruso.

Figura 1. Correlación entre el IDC y la inflación en tres niveles: electricidad/gas, energía total e inflación general

Como se observa en el primer gráfico de la Figura 1 (izquierda), correspondiente a la electricidad y el gas, existe una significativa correlación: los países con mayor IDC experimentaron incrementos de precios drásticos, sin apenas excepciones. A medida que la observación se desplaza hacia la derecha, hacia la inflación general, se percibe cómo esa vulnerabilidad energética original se diluye ligeramente al mezclarse con otros componentes, aunque el patrón de dependencia persiste.

Es notable que, para facilitar el análisis comparativo, se han utilizado escalas independientes: mientras que en el sector energético primario los aumentos pueden triplicar la media, su traslación a la inflación general es de una magnitud menor, aunque sigue siendo el motor determinante de la variabilidad entre estados. España se situó consistentemente en la parte baja de estas tendencias, lo que demuestra que su configuración energética actuó en aquellos años como un amortiguador estructural frente al shock global.

El Índice de sensibilidad: ¿por qué algunos sufren más que otros?

Una de las preguntas más relevantes del análisis es por qué países que presentan niveles de dependencia similares acaban sufriendo inflaciones tan distintas. Para resolverlo, se ha construido un Índice Sintético de Sensibilidad, que actúa como un “multiplicador del castigo” energético. Este índice no mide cuánta energía se importa, sino con qué agresividad esa dependencia se traslada al IPC general.

El índice se construye en tres pasos empíricos:

• Benchmark de Alta Resiliencia. Se identifica el grupo de países con menor dependencia estructural (el 20% inferior del IDC). Su inflación media (aproximadamente 12,2% en el periodo de crisis) se establece como el benchmark de resiliencia. Este valor no representa una inflación “inevitable”, sino el incremento de precios logrado por las economías que mejor sortearon el shock gracias a su mayor autonomía energética o a la configuración de su mix nacional.
• Exceso sobre el benchmark. Para cada país, se calcula la desviación respecto a este umbral de referencia (exceso = inflación real – benchmark), aislando así el sobrecoste inflacionario vinculado a una gestión menos resiliente del shock.
• Factor multiplicador (sensibilidad). El índice final resulta de dividir ese exceso entre el nivel de dependencia estructural (IDC). Representa el “dolor importado”: cuántos puntos de inflación adicional sufre una economía por cada punto de dependencia física respecto al benchmark de los países líderes en resiliencia.

Al situar a cada país en este mapa de dispersión, se observa con claridad la existencia de una “frontera de resiliencia” (Figura 2). Los Estados situados en la parte superior del gráfico son aquellos que “sobrerreaccionan” al shock: su estructura productiva o su mix energético es tan ineficiente que cada unidad de energía encarecida multiplica el impacto en el bienestar ciudadano. Por el contrario, los países en el cuadrante inferior, independientemente de su dependencia absoluta, han logrado mecanismos de amortiguación que filtran el impacto exterior antes de que llegue al consumidor final. La autonomía estratégica, por tanto, tiene dos palancas: reducir la dependencia (eje X) o reducir la sensibilidad estructural (eje Y).

La brecha del bienestar: trayectorias divergentes en Europa

El efecto final en el bolsillo del ciudadano se visualiza mejor cuando se observa el exceso de inflación acumulada. El concepto aquí no es cuánto sube la vida cada mes, sino cuánto terreno se pierde respecto a una base de países estables.

La trayectoria de la inflación desde enero de 2022, comparada con el benchmark de resiliencia, muestra una progresiva apertura de abanico y una preocupante rigidez en la brecha (Figura 3). Se percibe que, una vez abierta, esta disparidad muestra una gran persistencia. Las naciones con mayor IDC no solo alcanzaron picos de precios más altos, sino que su inflación es incapaz de normalizarse al mismo ritmo que en las economías autónomas. Esto revela que la dependencia genera una histéresis en el bienestar: el impacto del shock externo se prolonga mucho tiempo después de que la crisis haya desaparecido de los titulares, es decir, no existe una reversión en tasas una vez el shock inicial desaparece, consolidando una pérdida de poder adquisitivo estructural.

Lecciones y prospectiva: la transición del riesgo al petróleo

Sin embargo, la seguridad económica no es una foto fija; es una estructura dinámica de riesgos. Si el análisis de 2022 demuestra que el IDC es un predictor fiable de la inflación importada, la lección estratégica debe aplicarse al escenario presente. Mientras que en la crisis del gas en España operó como una “isla de resiliencia” gracias a su baja exposición directa a Rusia, el diagnóstico a través del IDC revela una exposición al crudo más profunda y capilar que la que se registró ante el gas natural.

Al contrastar las estructuras de dependencia, la metodología evidencia que un shock de petróleo es, por naturaleza, “difuso”: a diferencia del gas, que golpea principalmente la generación eléctrica y la industria pesada, el crudo permea en cada kilómetro de transporte y en cada eslabón de la cadena alimentaria.

La evidencia técnica advierte de que el “escudo estratégico” del pasado no funcionaría del mismo modo ante una crisis centrada en el crudo. Aunque el IDC de España en el sector de extracción es moderado en comparación con potencias industriales como Alemania (0,18 frente a 0,42), su vulnerabilidad es de carácter estratégico y reside en la rigidez de su demanda interna. A diferencia de otros países europeos, España cuenta con una menor penetración de la movilidad eléctrica, lo que convierte al transporte en un canal de transmisión de inflación más directo y difícil de desacoplar. El éxito relativo en la crisis del gas de 2022 no debe ocultar esta exposición: la dependencia estructural del petróleo para la movilidad sitúa a la economía española en una posición de vulnerabilidad que sólo la electrificación del transporte puede mitigar de forma duradera.

A pesar de que aún es pronto para evaluar la potencial asimetría en el golpe dependiendo de la dependencia de cada país respecto a los proveedores del golfo Pérsico, a partir de los datos de inflación de marzo de 2026 permiten mostrar una dispersión contenida que aún no permite una evaluación concluyente del impacto estructural del shock (Figura 4). Es evidente que la aplicación de diversas políticas públicas de mitigación –subvenciones directas y topes de precios– está “contaminando” la señal de precios, enmascarando la sensibilidad real de las economías más expuestas al golfo Pérsico.

Si la incertidumbre en el estrecho de Ormuz persiste, será fundamental monitorizar la evolución temporal de la brecha entre el Índice de Precios de Consumo Armonizado (HICP) de energía y el índice general. De momento, la resiliencia observada responde, en gran medida, a una arquitectura regulatoria de contención. Sólo el análisis de series de datos a más largo plazo permitirá determinar si esta estabilidad es sostenible o si estamos ante un embolsamiento de presiones inflacionarias que terminarán drenando la capacidad fiscal de los Estados miembros.

Figura 4. Efecto del shock energético, marzo 2026

Conclusiones

La autonomía estratégica no consiste meramente en diversificar una lista de proveedores; es la capacidad de blindar la paz social mediante la estabilidad de precios. La verdadera soberanía energética reside en desacoplar la generación de riqueza del consumo de insumos geopolíticamente volátiles.

Sin esta autonomía, la política nacional queda subordinada a decisiones externas, convirtiendo la inflación en un factor de erosión del contrato social. Como se ha demostrado, el bienestar no se garantiza sólo con política fiscal o monetaria, sino garantizando una infraestructura energética que no actúe como un caballo de Troya para la inestabilidad de precios.

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• La inmigración europea es la más antigua en España y representa ahora una cuarta parte del total de inmigrantes (unas 2.400.000 personas).
• El número de inmigrantes europeos en España duplica al de emigrantes españoles en otros países europeos.
• Es una inmigración muy heterogénea: aproximadamente la mitad procede de países de renta per cápita más alta que la española. Un tercio de éstos es descendiente de antiguos emigrantes españoles.
• La inmigración europea procedente de países ricos ya no es sobre todo una “migración de jubilados” como lo era en el siglo XX. Se trata en su mayoría de una población activa, con un alto nivel educativo, que ocupa posiciones superiores en el empleo y recibe de media salarios mayores que los de los españoles.
• La inmigración rumana y búlgara está disminuyendo: casi una tercera parte ha regresado a sus países de origen en los últimos 15 años.
• Las tasas de actividad y de ocupación de los inmigrantes europeos son semejantes a las de los autóctonos, con una ligera diferencia a la baja debida a la menor actividad femenina.
• En conjunto los inmigrantes europeos ocupan el 6,3% de los puestos de trabajo existentes en España, pero su presencia es muy superior en el sector inmobiliario (16%), un rasgo relacionado con su concentración geográfica en las zonas más turísticas del territorio español.

Análisis

Este análisis es el quinto y último de la serie que el Real Instituto Elcano ha publicado sobre la integración laboral de los inmigrantes en España. En el primero, titulado “Inmigración y mercado de trabajo en España”, se analizaba el conjunto de la población inmigrante y de sus características más relevantes desde la perspectiva de su relación con el mercado de trabajo, mientras que en los tres siguientes se profundizaba en los colectivos latinoamericano, africano y asiático, respectivamente. El presente análisis se centra en los inmigrantes procedentes de Europa, tanto de países comunitarios como extracomunitarios.

La inmigración procedente de países europeos de alta renta per cápita es una de las más antiguas en España, aunque durante décadas se la ha excluido de los análisis sobre inmigración, al considerarla como una forma de movilidad no laboral, relacionada con la jubilación y la estancia de personas no activas, jubiladas o no, residiendo básicamente en las costas e islas españolas. Esta imagen, que podía corresponder grosso modo a la realidad en los años 70, 80 o primeros 90, ha pasado a ser crecientemente falsa, no sólo por la importante aportación de la inmigración de personas en edad laboral procedentes de países de Europa del Este sino por el cambio en el perfil de los inmigrantes procedentes de países “ricos”, como británicos, alemanes, franceses e italianos. Esta forma de inmigración se ha convertido crecientemente en laboral, aunque no esté motivada por la diferencia entre el nivel de riqueza en su país de origen y en España sino por otras causas muy variadas.

Desde el Real Instituto Elcano ya se llamó la atención en 2008 sobre el desinterés injustificado hacia esta forma de migración y sobre lo erróneo del tópico que la calificaba globalmente como una migración “de descanso” o “residencial”. El peso de los “mayores” es más alto en este grupo que en el de cualquier otro grupo de inmigrantes, pero a la vez su grueso es ya el formado por la migración económica.

Como en los anteriores análisis de esta serie, las principales fuentes utilizadas son el Padrón Continuo de Población, la Estadística Continua de Población y la Encuesta de Población Activa (microdatos de la EPA del 4º Trimestre de 2024), todos ellos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de dichos datos este análisis comienza exponiendo las características básicas de la inmigración europea en España, para a continuación mostrar información relevante acerca de su integración en el mercado de trabajo.

Un primer análisis ha permitido identificar cuatro subgrupos claramente diferenciados:

• El de los europeos comunitarios de países de menor renta per cápita que la española (Rumanía, Bulgaria, Portugal, Polonia…).
• El de los europeos comunitarios de países “ricos” (alemanes, italianos, franceses… incluyendo aquí también a los británicos).
• El de europeos no comunitarios de países con menor renta per cápita que la española (Ucrania, Rusia, Georgia, Turquía…).
• El de los descendientes de anteriores emigrantes españoles, nacidos en países de la UE.

El contexto: tamaño, evolución, composición y características de la inmigración europea en España

Conviene señalar que la definición de migrante internacional utilizada en los análisis de esta serie es la adoptada por la División de Población las Naciones Unidas, esto es, toda persona que vive en un país diferente a ese en el que nació, independientemente de su estatus legal en el país de residencia. De tal manera, según los datos consolidados más actuales ofrecidos por la Estadística Continua de Población (INE), el número total de inmigrantes europeos en España a 1 de enero de 2025 es de 2.417.433 personas (Figura 1), lo que supone el 26% del total de inmigrantes.

Tras un rápido crecimiento en los primeros años de este siglo, alimentado especialmente por rumanos y búlgaros, la crisis financiera de 2008 ralentizó la llegada de inmigrantes europeos para posteriormente reducir ligeramente su presencia y volver a aumentarla a partir de 2018, en una nueva ola de crecimiento, esta vez impulsada por ucranianos y rusos. En conjunto, su número se ha triplicado a lo largo del siglo, pero el aumento mucho mayor de inmigrantes de otros orígenes (especialmente desde Latinoamérica) ha hecho descender su peso en el conjunto, que llegó a ser del 39% en 2008. En cualquier caso, los inmigrantes que proceden de países ricos de la UE son los más propensos al subregistro (muchos no se inscriben ni en el Registro de Extranjeros ni en el Padrón) por lo que su número real puede ser considerablemente mayor que el recogido en las estadísticas. Este subregistro afectaría básicamente a los no integrados en el mercado de trabajo español. La extensión de los “nómadas digitales” a partir de la pandemia –personas que trabajan en España para sus empresas en cualquier otro país, o como freelance– es un fenómeno mal conocido y poco medido, que probablemente escapa a los registros administrativos.

La inmigración rumana es la de mayor tamaño en el conjunto de la europea, con 521.000 residentes, seguida a distancia por la comunidad británica (281.584), la francesa (219.791) y la ucraniana (209.592). En el Anexo 1 se incluyen los datos para todos los países europeos de origen identificados en el Censo Anual de Población de 2025.

El volumen de la inmigración de rumanos y búlgaros está descendiendo de forma continuada en los últimos 14 años. La comunidad rumana llegó a contar con 750.000 personas (2012), pero la mejoría de las perspectivas en Rumanía, y el estancamiento de su posición en España, junto con la carestía de la vivienda, ha causado la vuelta del 30% de ellos. Lo mismo está ocurriendo con la inmigración búlgara, que ha descendido de 145.000 a 102.000 en el mismo período (30%). Este retorno de los dos principales grupos de inmigrantes procedentes de países de la UE de menor renta per cápita que la española es una señal sobre los límites estrechos de las oportunidades que España ofrece a este tipo de inmigración.

A diferencia de los grupos migratorios analizados en los anteriores análisis de esta serie, la inmigración europea es muy heterogénea en cuanto a la renta media de sus lugares de origen, una diferencia que afecta a todos los demás componentes relevantes. Por otra parte, su estructura de edad tiene una concentración relativamente baja en el grupo dominante entre las demás comunidades de inmigrantes, el de 20 a 44 años, dado el peso de los inmigrantes jubilados entre los provenientes de países europeos de alta renta (alrededor del 33% del total de ese grupo).

En cuanto al género, el conjunto de la inmigración europea refleja un ligero predominio femenino del 52% similar al de la población autóctona, si bien en dos de los principales países de origen, Ucrania y Rusia, se produce un desequilibrio reseñable, con un 59% y 61% respectivamente de mujeres. Esta feminización ha sido un rasgo habitual de la inmigración rusa y ucraniana hacia España, pero se ha acentuado a raíz de la invasión de Ucrania en 2022, que ha facilitado la salida de mujeres y niños ucranianos (la ley marcial ucraniana impide la salida del país de hombres de entre 18 y 60 años) acogidos bajo el paraguas de la Directiva de Protección Temporal de la UE.

En cuanto a su distribución territorial, el peso de los inmigrantes europeos sobre el total de la población supera el 10% en las provincias de Alicante y Málaga (Figura 4), destino preferente de jubilados británicos y alemanes, así como epicentro de las diásporas ucraniana y rusa. En otras cinco provincias costeras (Almería, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Castellón y Gerona) los inmigrantes europeos suponen más del 7% del total. En estas zonas se combina su elevado atractivo para jubilados y trabajadores de Europa Occidental, con una fuerte oferta de empleo en el sector agroalimentario y/o de servicios que ocupan trabajadores de Europa Oriental. Por el contrario, a diferencia de lo observado en latinoamericanos y asiáticos, su presencia relativa en las provincias de Madrid y Barcelona es inferior a la que tienen en el conjunto de España.

En términos absolutos (es decir, no relativos a la población total de cada provincia) Madrid, Alicante y Barcelona son las de mayor número de residentes europeos. En Madrid el grupo mayor es el formado por los rumanos: un tercio del total de los inmigrantes rumanos en España vive en Madrid (111.000). En Barcelona son los italianos los que ocupan el primer lugar (35.000). En algunas zonas costeras o de las islas la estabilización en territorios específicos de inmigrantes europeos de países de alta renta per cápita ha creado nichos ocupacionales propios, con puestos de trabajo dedicados a prestar servicios de todo tipo a esas comunidades de británicos, alemanes, etc., desde la restauración a los servicios de mantenimiento, jardinería, servicios inmobiliarios, educativos, legales, de ocio…

La integración de los inmigrantes europeos en el mercado laboral español

A partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa, se identifican aquí los principales rasgos que definen el modo e intensidad de la integración de los inmigrantes europeos en el mercado de trabajo español. Los datos se refieren a los individuos de entre 25 y 59 años, con el propósito de excluir a los jóvenes aún en formación, así como a los adultos ya retirados del mercado laboral, y poder constituir así un conjunto comparable al de los autóctonos (definidos como nacidos en España con ambos progenitores también nacidos en España), entre los cuales la actividad laboral es muy baja fuera de ese intervalo de edades.

Los datos de la inmigración europea se comparan también con los de los procedentes del resto del mundo,[1] y se desagregan en cuatro subgrupos cuya suma alcanza el 96% del total de la población europea residente en España. Se han utilizado tres criterios para esta clasificación: la pertenencia o no del país de origen a la UE; el nivel de renta per cápita del país; y la relación familiar con emigrantes españoles.

Esta clasificación nos permite considerar de modo separado a los hijos de los antiguos emigrantes españoles, nacidos en otros países europeos, pero después “retornados” a España. Por otra parte, la procedencia o no de la UE es un factor clave en el proceso migratorio ya que condiciona la libertad de movimientos y, por tanto, el marco en que los potenciales migrantes toman sus decisiones. Y, por último, el nivel de renta del país de origen, un factor que motiva un tipo u otro de migración, tanto por su volumen como por sus características de edad, formación y orientación hacia sectores productivos específicos. Este último criterio permite diferenciar a los inmigrantes procedentes de los países “ricos” de la UE (Francia, Alemania, Italia…) de los originarios de Rumanía, Bulgaria y otros países comunitarios de menor renta per cápita que la española.

Los datos basados en el Padrón Municipal no recogen el origen de los padres, de modo que no es posible con esta fuente identificar a los hijos de emigrantes españoles que ahora viven en España. La EPA sí permite esa diferenciación, que aquí se realiza para el total de la población inmigrante europea de entre 25 a 59 años:

• Inmigrantes procedentes de países comunitarios de renta per cápita inferior a la española (“Comunitarios PBR”, Países de Baja Renta), un grupo formado básicamente por rumanos y búlgaros, con aportaciones menores de portugueses, polacos, húngaros… Es el mayor grupo, con 739.000 personas de 25 a 59 años.
• Inmigrantes procedentes de países comunitarios de renta per cápita superior a la española, con ambos progenitores nacidos en el extranjero (en adelante “Comunitarios PAR”, Países de Alta Renta). En este grupo se incluye también a los británicos dado que su país pertenecía a la UE cuando gran parte de ellos migró a España y los acuerdos firmados después del Brexit entre España y el Reino Unido conceden a estos inmigrantes un estatus privilegiado frente a otros inmigrantes no-UE. Son un total de 306.000 individuos de 25 a 59 años.
• Inmigrantes procedentes de países no-UE de baja renta per cápita (“Extracomunitarios PBR”, en su mayor parte ucranianos y rusos en la actualidad): 279.000 personas de 25 a 59 años.
• Inmigrantes procedentes de países comunitarios de renta per cápita superior a la española, con al menos un progenitor nacido en España (en adelante “Comunitarios PAR de origen español”): 147.000 personas de 25 a 59 años.

En el Anexo 2 se pueden consultar los detalles de estas categorías. Esta clasificación deja fuera a un 4% del total de los inmigrantes europeos en España, procedentes de países de alta renta per cápita no integrados en la UE como Suiza, Noruega, Andorra y Liechtenstein. Por su pequeño tamaño en el Padrón y en la muestra de la EPA, se les ha excluido del análisis.

Un primer factor que condiciona la integración laboral de los inmigrantes es su nivel educativo, ámbito en el que los inmigrantes europeos de entre 25 y 59 años reflejan en su conjunto una mejor posición que cualquier otro de los principales colectivos presentes en España, sean foráneos o autóctonos (Figura 5). Sin embargo, las diferencias entre los subgrupos europeos son muy notables: el porcentaje de comunitarios PAR con estudios superiores es 10 puntos más alto que el de sus homólogos con algún progenitor español (a su vez idéntico al porcentaje de los autóctonos), y prácticamente triplica al de los comunitarios PBR. Asimismo, resulta destacable el alto nivel educativo de los extracomunitarios PBR, especialmente en el caso de los rusos. En todos los grupos existe una brecha formativa a favor de las mujeres, aún mayor en el caso de las mujeres inmigrantes europeas extracomunitarias: un 52% de ellas tiene formación superior frente a un 38% de los hombres.

En cuanto a tasas de actividad y de ocupación,[2] los datos correspondientes al conjunto de inmigrantes europeos de entre 25 y 59 años arrojan cifras algo menores a las observadas en los autóctonos (Figura 6). Es muy destacable aquí la alta actividad de los europeos comunitarios provenientes de países ricos: los franceses, italianos, británicos, alemanes, belgas… que residen en España y tienen entre 25 y 59 años, son tan “migrantes económicos” como los latinoamericanos de esa misma franja de edad. Como se ha señalado, una peculiaridad de este grupo sigue siendo el alto porcentaje de personas que ha superado esa franja de edad (33%) y que, por tanto, puede considerarse ajeno en su mayoría al mercado de trabajo.

En contraste con sus altos resultados educativos, resulta llamativa la baja inserción en el mercado laboral de los inmigrantes extracomunitarios PBR (rusos y ucranianos en su mayoría). En este grupo se produce a la vez una baja participación de las mujeres en el mercado laboral (baja actividad) y una alta feminización del conjunto: el 60% de esta población es femenina. Entre las mujeres rusas, la tasa de actividad es de sólo el 65%, probablemente porque muchas de ellas son personas de altos ingresos que no necesitan un trabajo o bien porque se dedican a actividades que la EPA no detecta. Por su parte, muchas de las mujeres ucranianas residentes en España son refugiadas que llegaron a partir de la invasión rusa en 2022, a menudo con hijos pequeños a su cargo y en general sin conocimiento del idioma local, lo que ha dificultado su entrada en el mercado de trabajo.

La tasa de paro de los inmigrantes europeos procedente de países ricos es menor que la de los autóctonos. Sin embargo, la de los comunitarios procedentes de países de baja renta per cápita es alta, idéntica a la de los extracomunitarios (Figura 8). Esto indica que disponer de un pasaporte de la UE no supone una ventaja en el mercado de trabajo español. De hecho, esta ciudadanía europea sólo se convierte en un requisito para la entrada en la función pública (el acceso al sector público está abierto a cualquier nacionalidad en su modalidad de contrato laboral).

La distribución de los sectores de actividad en los que se ocupa el conjunto de los inmigrantes europeos presenta un patrón diferenciado según orígenes. Los inmigrantes descendientes de antiguos emigrantes españoles son, como era de esperar, los más semejantes al conjunto de los autóctonos en cuanto a su distribución por sectores económicos, con una presencia algo mayor en la industria manufacturera. Prácticamente todos ellos tienen la nacionalidad española y su ocupación en la función pública es semejante a la de los autóctonos.

Por su parte, entre los procedentes de países de alta renta per cápita (sin origen familiar español) destaca la dedicación al sector hostelero (relacionada con su concentración en las costas) y a las actividades profesionales, científicas y técnicas. En el primer caso, su porcentaje triplica al correspondiente a los autóctonos y en el segundo lo duplica. También es algo mayor que la de los autóctonos la dedicación a la educación (en el sector privado), con un 10%. Sin embargo, pese a que la posesión de nacionalidad europea los abre las puertas a la función pública, su presencia ahí es muy baja: no llega al 1% el porcentaje de ocupados de este grupo empleado en la Administración Pública. El idioma y el contenido de la educación recibida en sus países de origen son probablemente los principales escollos que alejan a estos inmigrantes del acceso a la función pública española.

Entre los que proceden de países de menor renta per cápita que la española, sean o no comunitarios, destaca la presencia en la construcción, la hostelería y el servicio doméstico, en los tres casos con porcentajes muy superiores a los de los autóctonos. Sin embargo, sólo los comunitarios (rumanos, búlgaros…) tienen una alta presencia en la agricultura y en el transporte.

Aunque la inmigración europea supone en su conjunto un 6,3% del total de ocupados en España, en tres sectores su cuota laboral supera el 10%: el hostelero, el doméstico y el inmobiliario (Figura 10). La presencia europea es especialmente alta en este último caso: ocupan el 16% del empleo en el sector inmobiliario, y ahí los no comunitarios (básicamente rusos en este caso) tienen un peso semejante al de los europeos procedentes de países ricos.

En el extremo opuesto, el sector donde los trabajadores europeos tienen una menor cuota es el de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, sostenida casi exclusivamente por inmigrantes con algún progenitor español, sobre todo nacidos en Francia o Suiza.

En lo referente a su situación profesional en España, la distribución conjunta de los trabajadores europeos de entre 25 y 59 años es la más parecido a la de los autóctonos, con importantes diferencias internas (Figura 11).

Los descendientes de españoles se emplean en el sector público (como contratados o como funcionarios) en la misma proporción que el conjunto de los autóctonos: uno de cada cinco, el 20%, está en ese sector. Excluyendo a estos descendientes de españoles, todos los demás inmigrantes europeos, especialmente los procedentes de países ricos, son autónomos o empresarios con más frecuencia que los autóctonos. En concreto, tres de cada 10 inmigrantes europeos de países alta renta son autónomos o empresarios, frente al 1,3 en el caso de los autóctonos. También entre rusos y ucranianos el empleo como autónomos o empresarios es alto (2,2 de cada 10).

La presencia de inmigrantes europeos en el conjunto de ocupaciones de “cuello blanco” es similar a la de los autóctonos (Figura 12), con grandes diferencias internas. Así, entre los comunitarios PAR el 51% se emplea en las tres categorías ocupacionales más altas, 9 puntos porcentuales por encima de los autóctonos (42%), mientras que ese porcentaje cae al 17% en el caso de los comunitarios PBR, muy por debajo de los autóctonos. Un 10% de los comunitarios PAR son directores y gerentes, un porcentaje que duplica el de los autóctonos.

Por su parte, la naturaleza dual de los extracomunitarios PBR se mantiene en este apartado debido a las diferencias en la posición de los inmigrantes rusos y los ucranianos, los dos grandes orígenes en este grupo. Entre los rusos abundan los empleos de mayor nivel mientras que entre los ucranianos son muy frecuentes los situados en ocupaciones elementales. Los datos medios para el conjunto ocultan estas diferencias.

Respecto a los ingresos salariales, la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)[3] incluye datos relativos a los nacionales de los 27 países miembros de la UE, así como de británicos y ucranianos. Los datos clasifican a los individuos por su nacionalidad y no por su país de nacimiento ni por el de sus padres, por lo que no puede replicarse en este caso el mismo tipo de análisis que se ha hecho a partir de la EPA.

Los datos muestran que los ingresos salariales de los inmigrantes europeos son claramente superiores a los de los españoles en el caso de los franceses, alemanes, suecos, neerlandeses, belgas e irlandeses, ligeramente superiores en el caso de italianos, portugueses, húngaros, británicos y polacos, e inferiores en el caso de los lituanos, rumanos, búlgaros y ucranianos (la TGSS no ofrece datos sobre los rusos).

Llama la atención el caso de los polacos, portugueses y húngaros, con rentas per cápita menores que la española en sus países de origen, pero salarios más altos a los españoles aquí, lo que indica que el tipo de inmigración que se recibe en España desde esos países es específicamente de alta cualificación. El caso contrario se produce respecto a Lituania, con una renta per cápita ahora ya superior a la española, pero con una inmigración que obtiene en España salarios más bajos.

En todas las nacionalidades se observa la brecha salarial favorable a los hombres, aunque con diferencias significativas: mientras que la base de cotización de las lituanas es un 10% inferior a la de sus compatriotas masculinos, en el caso de las ucranianas dicha diferencia es del 24%, lo que confirma las dificultades laborales, ya comentadas, que sufren muchas mujeres de este país llegadas a España tras la invasión rusa.

Como en los análisis anteriores, se ha estudiado la tasa de abandono escolar de los jóvenes de entre 16 y 20 años de este grupo de inmigrantes. En conjunto se muestra una tasa de abandono escolar del 23%, un porcentaje intermedio más cercano al de los jóvenes autóctonos (15%) que al de los procedentes de Latinoamérica y África (34% y 35%, respectivamente), a la vez que presenta como particularidad una tasa de abandono femenina mayor que la masculina (Figura 14). Y aunque la muestra de la EPA de europeos en esta franja de edad es demasiado pequeña para concretar diferencias significativas entre los cuatro subgrupos analizados aquí, aparecen indicios de un mayor abandono escolar entre los jóvenes comunitarios PBR.

Conclusiones

España se ha convertido en un importante polo de atracción de inmigración procedente de otros Estados europeos, ya sean o no países miembros de la UE. En un espacio europeo sin fronteras que facilita la movilidad de todo tipo, España ofrece condiciones de vida atractivas y nichos laborales específicos que han atraído a unos dos millones y medio de personas, el 26% del total de inmigrantes que residen en España. En comparación, los emigrantes españoles que residen en otros países europeos son menos de la mitad, aproximadamente 1.164.000 personas. Esta cifra probablemente infravalora el número real de emigrantes españoles en Europa, pero lo mismo puede decirse respecto a los inmigrantes europeos en España.

Se trata de una comunidad mucho más heterogénea que cualquiera de las otras que se han examinado en esa serie de análisis: desde los jubilados situados en las costas e islas, hasta los refugiados ucranianos, los (en muchas ocasiones) ricos rusos, los ejecutivos y empresarios británicos, alemanes…, los trabajadores rumanos o búlgaros de menor cualificación, o los descendientes de antiguos emigrantes españoles. Las diferencias no son sólo notables según orígenes sino también dentro de cada grupo: entre los británicos, por ejemplo, hay muchas personas ocupando puestos directivos o empresariales, pero también jubilados con pensiones modestas, profesores de inglés con bajos ingresos o jardineros trabajando en urbanizaciones habitadas sólo por británicos. Son notorios los rusos con grandes fortunas que invierten en el sector inmobiliario de las costas, pero también son muchos los inmigrantes rusos ocupando posiciones laborales de todo tipo. Entre los inmigrantes ucranianos la situación de los más antiguos es muy diferente a la de las mujeres refugiadas llegadas desde 2022.

Esta variedad de perfiles y circunstancias hace muy difícil caracterizar esta inmigración en su conjunto. Aquí hemos querido llamar la atención sobre estas diferencias internas y recalcar que la inmigración procedente de países ricos es en su mayor parte laboral y ya no básicamente una migración “de jubilados”. Por otra parte, hay que destacar el retorno muy importante de la inmigración rumana y búlgara, de un 30% en ambos casos, lo que supone una llamada de atención sobre los factores que limitan la voluntad de permanencia en suelo español: el confinamiento en ciertos nichos laborales, el estancamiento en bajos salarios y la creciente carestía de la vivienda.

[1] Como en los anteriores análisis de esta serie, en este análisis la agrupación “latinoamericanos” incluye a todos aquellos inmigrantes procedentes de este área geográfica cuyos países de origen están identificados en la EPA (a excepción de Puerto Rico), siguiéndose el mismo criterio respecto a los “africanos” y los “asiáticos” (a excepción de Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Israel y Taiwan). En todos los casos la población analizada se circunscribe a la franja de edad de entre 25 y 59 años.

[2] La tasa de actividad se define como el porcentaje de la población del grupo de edad de referencia (en este caso de entre 25 y 59 años de edad) que está ocupada o en búsqueda de empleo, mientras que la tasa de ocupación se define como el porcentaje de la población del grupo de edad de referencia (en este caso de entre 25 y 59 años de edad) que está ocupada. La tasa de paro se calcula sobre el total de población activa en esas edades (no sobre el total de población en esas edades).

[3] La Encuesta de Población Activa no incluye preguntas sobre ingresos salariales, por lo que se recurre a la estadística de bases medias de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde los individuos aparecen clasificados por nacionalidad y no por país de nacimiento. La base máxima en 2025 es de €4.909 mensuales y, por tanto, no se incluyen los salarios superiores a esa cifra.

Anexo 1. Inmigrantes europeos residentes en España a 1 de enero de 2025 por país de nacimiento

Figura 15. Número de inmigrantes europeos residentes en España por país de nacimiento, 1/I/2025

Anexo 2. Agrupación de los inmigrantes europeos de entre 25 y 59 años a partir de los microdatos de la EPA

Los cuatro grupos identificados se componen de esta forma:

• Inmigrantes “UE PBR” (Países de Baja Renta): 739.000 personas de 25 a 59 años nacidas en países comunitarios de renta per cápita inferior a la española, con ambos progenitores nacidos en el extranjero. Suponen el 50% del total de inmigrantes europeos en este grupo de edad. Este grupo está compuesto por personas nacidas en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania. Algunos de estos países han superado recientemente la renta per cápita española (como Lituania o Eslovenia) pero han estado por debajo en el grueso del período en que se ha producido su salida migratoria hacia España (desde 1990 hasta ahora).

• Inmigrantes “UE PAR” (Países de Alta Renta): 306.000 personas de 25 a 59 años, nacidas en países comunitarios o ex comunitarios de renta per cápita superior a la española, con ambos progenitores nacidos en el extranjero. Suponen un 21% del total de inmigrantes europeos de estas edades. Este grupo está compuesto por personas nacidas en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.

• Inmigrantes “No UE PBR”: 279.282 individuos de 25 a 59 años nacidos en países extracomunitarios del este de Europa, de renta per cápita inferior a la española, con ambos progenitores nacidos en el extranjero. Forman el 19% del total de este grupo de edad. Este grupo está compuesto por personas nacidas en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Moldavia, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania.

• Inmigrantes “UE PAR de origen español”: 146.533 individuos de 25 a 59 años nacidos en países comunitarios o ex comunitarios, de renta per cápita superior a la española, con al menos un progenitor nacido en España. Suponen un 10% del total de los inmigrantes europeos de este grupo de edad. Los países de origen de este grupo son los mismos que los del grupo “UE PAR”.

Esta clasificación deja fuera a los inmigrantes procedentes de países ricos europeos no miembros de la UE (Suiza, Lichtenstein, Andorra, Noruega…) que suponen en conjunto un 4% del total de inmigrantes europeos en España de entre 25 y 59 años de edad.

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