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El Banco de España ha destituido al completo al consejo de administración del Banco Gallego y ha nombrado como administrador de la entidad al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El FROB, ya a los mandos, ha nombrado como representante de sus intereses a José Manuel Oliver, manteniendo José Luis Losada el cargo de director general del banco.

El FROB, a través de una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, señala que el Banco Gallego “sigue operando con total normalidad” y que la decisión del Banco de España permitirá facilitar el plan de venta de la entidad al Banco Sabadell.

Las negociaciones para la venta del Banco Gallego implican un aumento del capital de la entidad de unos 245 millones de euros, así como la transmisión posterior de todo el paquete accionarial al nuevo dueño.

Tras esta ampliación del capital, será el Banco Sabadell quien tendrá que afrontar cualquier perdida que genere el Banco Gallego, lo que se traduce en un déficit actual de 200 millones de euros, así como el coste de reorganizar la oferta comercial del Banco Gallego, consistente actualmente en 183 oficinas y más de 700 trabajadores en plantilla.

Para lograr que el Banco Sabadell aceptara quedarse con la entidad gallega, el FROB aportó 80 millones de euros al Banco Gallego para cubrir perdidas y eliminó todos sus activos del ladrillo pasándoselos al Sareb, además de inyectar los 245 millones de euros ya citados que equilibrarían las perdidas de los activos tóxicos que aun mantiene el Banco Gallego.

Mientras que el martes pasado, la subasta de letras a corto plazo subió el mínimo histórico de interés de 0,12% al 0,33%; la jornada de hoy no ha sido mucho mejor: bonos con cupón del 3,30% y vencimiento en julio de 2016; bonos con cupón del 4,5% y vencimiento en enero de 2018; y obligaciones con cupón del 5,90% y vencimiento en julio de 2016.

Ni que decir tiene que todo esto se relaciona con el pinchazo de la economía china, el colapso de la Bolsa de Tokio y el consiguiente repliegue en los estímulos monetarios de la Fed. Y, por supuesto, la prima de riesgo se ha disparado nada más iniciar la Bolsa la jornada.

Las rentabilidades han aumentado como sigue: en los 1.580 millones de euros adjudicados a tres años sube del 2,24% al 2,44%;  en los 1.345 millones captados en bonos a cinco años el interés pasa del 2,789% a más del 3%; por último, en los bonos a 13 años la rentabilidad media sube del 4,33% al 4,54%.

El importe total adjudicado este jueves es de 4.077 millones de euros, un poco más de los 4.000 millones previstos. El martes pasado se adjudicaron 7.000 millones en emisión sindicada y 4.000 millones en letras.

Imagen: 20minutos

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Patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo, que se firmará mañana, para que los convenios colectivos que están siendo negociados en estos momentos no decaigan el 8 de julio, fecha que suponía el año máximo de prorroga de los convenios una vez caducada su aplicación temporal, lo que se viene conociendo como la “ultraactividad“.

El acuerdo alcanzado recoge que si las partes negociadoras no consiguen ponerse de acuerdo, o si una de ellas considera que no hay posibilidad de seguir negociando, será necesario acudir a una mediación obligatoria o un arbitraje voluntario, que en este último caso se traducirá en un laudo de obligado cumplimiento.

La prorroga de un año de los convenios caducados, que podía ser utilizada por las partes para dilatar las negociaciones y dar por finiquitado el mismo, podía suponer que los trabajadores perdieran las condiciones pactadas en esos acuerdos, ya que la empresa podría recurrir a un convenio de ámbito superior o incluso al Estatuto de los Trabajadores, circunstancias ambas que perjudicaban los avances obtenidos en una convenio de nivel inferior.

La mayor dificultad en este asunto es obtener un censo definitivo de los convenios que aún están por revisar y a cuantos trabajadores afectan, un dato que desconocen tanto los sindicatos como la patronal y para lo que han pedido ayuda al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la hora de elaborar un listado lo más fiable posible.

Y es que hay casos muy variopintos entre los convenios que no han sido firmados todavía. Hay desde convenios en los que ambas partes decidieron que quedaban denunciados al vencer su duración y que por no ajustarse al cien por cien a la normativa no están en los registros oficiales, a convenios de empresa que han tenido que cerrar por la crisis u otros que después de su denuncia, en plenas negociaciones se optó por olvidar su renovación y usar otro convenio de ámbito superior más ventajoso para las partes.

No, en la sesión de hoy de los líderes europeos el objetivo es ‘charlar’ –ya que no tomarán decisiones concluyentes- para ‘redoblar los esfuerzos’ para combatir el fraude fiscal y evitar que grandes multinacionales aprovechen las diferencias de los Estados miembros para la evasión de impuestos.

Y es que, según indica José Manuel Durao Barros a través de los datos mostrados por Bruselas, presidente de la Comisión, la UE pierde por este motivo anualmente cerca de un billón de euros. Si analizamos esta cifra y la comparamos con los gastos de la UE vemos que equivale al doble del déficit de todos los Estados miembros en 2012; el gasto sanitario en 2008; seis veces el presupuesto anual o la inversión necesaria en la infraestructura energética hasta 2020.

“Es una enorme cantidad de dinero como para simplemente dejarla escapar a través de la red”, comentó Barroso en el discurso del pleno de la Eurocámara. “Nuestras actuaciones a nivel nacional, europeo e internacional deben acelerarse y coordinarse mejor”, “En un momento de restricciones presupuestarias y recortes de gasto, combatir el fraude y la evasión fiscal es más que una cuestión de justicia fiscal”.

El otro tema de la agenda corresponde al aumento de precios tanto en gas como electricidad, ya que daña la competitividad de la industria europea frente a la norteamericana o la china. Aunque tampoco se tomarán medidas concretas en este apartado.

Imagen: 20minutos

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El Parlamento Europeo aprobó ayer un informe sobre sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en un entorno recesivo, realizado por Ria Oomen Ruijten, eurodiputada conservadora de Holanda.

La Eurocámara apuesta así por un modelo combinado de pensiones que se base en una prestación pública de carácter universal, mejorada por pensiones complementarias que se establezcan en los distintos convenios colectivos y a lo que se sumen los planes de pensiones que hayan contratado los trabajadores durante su vida laboral.

Los europarlamentarios quisieron resaltar la importancia de que el % de la pensión que corresponda a la prestación pública debe permitir a los jubilados tener una calidad de vida adecuada, así como que los planes de pensiones individuales deberían ser utilizados por trabajadores con peores sueldos, autónomos o los que no hayan cotizado lo suficiente para tener derecho a una pensión de jubilación, dejando los planes privados para los trabajadores con mejores remuneraciones y empleos.

El informe deja claro que los actuales sistemas de pensiones en Europa son vulnerables, por el “envejecimiento de la población y la actual crisis económica“, a lo que se suma la entrada tardía de los jóvenes en el mercado laboral y el alto nivel de desempleo, lo que está reduciendo el número total de trabajadores en activo que puedan costear los sistemas públicos de pensiones.

Los datos son claros: en 2008 por cada pensionista había cuatro trabajadores y en 2050 esa cifra se habrá reducido a dos, por lo que desde el Parlamento Europeo, además de lamentar los recortes que se están aprobando en muchos países por la crisis económica, se pretende aumentar las cotizaciones sociales para que las huchas de las pensiones sigan aumentando, apostar por el empleo estable y de calidad y luchar contra la economía sumergida.

Por otra parte, España volverá a ser noticia por la subasta del Tesoro Público, que vuelve hoy a los mercados con la intención de captar 7.500 millones en emisiones, tal y como consta en la web del organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

Concretando, se espera que el Tesoro venda entre 2.500 y 3.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses este martes, mientras que el jueves 21, intentará colocar hasta 4.000 millones en bonos con cupón 3,30% y vencimiento a 30 de julio de 2016, bonos con cupón 4,50% y vida hasta el 31 de enero de 2018 y obligaciones con cupón 5,90% y vencimiento a 30 de julio de 2026.

Pero volvamos a centrarnos en el tema de la visita de la troika. Será Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, quien presida la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local y, al finalizarse ésta, se realizarán las correspondientes declaraciones a los medios de comunicación.

Veremos con qué nos encontramos ahora que sirva como ‘excusa’ para seguir con la política de recortes y austeridad que tan ahogados nos tiene ya.

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Uno de los asuntos estrella que estudiará el Consejo Europeo del mes de junio, en su reunión del próximo miércoles, será la evasión fiscal que sufre la Unión Europea hacia paraísos fiscales, un asunto de tal trascendencia que Van Rompuy, presidente del Consejo ha comentado que “he decidido incluir la evasión de impuestos en la agenda de la cumbre y aprovechar el impulso político para abordar este problema crucial”.

La Comisión Europea ha estimado en 864.000 millones de euros el fraude fiscal de 2011, una cifra que representa el 20% del Producto Interior Bruto de toda la Unión, por lo que para Diego López Garrido, ex-secretario de Estado para la Unión Europea, “hay que poner coto a los paraísos fiscales adoptando una posición enérgica y dura”.

La fuga de capitales se da, fundamentalmente, en las multinacionales que envían parte de sus beneficios a países con una fiscalidad más atractiva que la que legalmente les corresponde. Un informe del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea señaló hace tiempo que “el volumen de dinero que mueven estas jurisdicciones offshore no cesa de crecer y supone una amenaza para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”, opinión que comparte los Estados Unidos, quien ya modificó su legislación para impedir, al menos en parte, que bancos extranjeros puedan recibir dinero que tenga origen estadounidense.

El Consejo Europeo estudiará propuestas tales como firmar acuerdos de carácter bilateral con Suiza o compartir información fiscal, además de con el país helvético, con Mónaco, Andorra, San Marino y Liechtenstein, así como crear un autoridad tributaria de ámbito comunitario, redefinir que es un “paraíso fiscal”, eliminar los billetes de 500 euros o crear un Número de Identificación Fiscal aplicable en todo el territorio de la Unión.

En este acto, ADICAE ha denunciado que, tras año y medio de corralito, la salida a bolsa de Liberbank ha llevado a los “accionistas forzosos” a tener pérdidas de más del 60% en todos los casos.

Alejando San Millán, portavoz de ADICAE, reclama una “solución política” para los afectados por las participantes preferentes y subordinadas de Liberbank, “solución política que podría venir de la mano de un proceso de arbitraje universal”.

No debemos olvidar que por mucho que hayan subido las acciones de Liberbank, hasta los 50 céntimos de euro, frente a los 40 céntimos fijados por la entidad como precio de salida, aún están muy alejadas del valor asignado por el FROB, de 1,11 euros/acción.

ADICAE se encuentra a la espera de la resolución del recurso presentado contra el FROB por imponer un canje con pérdidas añadidas para los afectados que, como es de esperar, no aceptaron la oferta “voluntaria” propuesta por Liberbank. Además, la asociación ya interpuso en su momento una demanda contra Caja Cantabria y se encuentra preparando acciones judiciales colectivas contra Caja Extremadura, Caja Castilla La Mancha y Cajastur.

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Peter Vanden Houte, economista jefe del ING, ha señalado que los mercados han dejado claro a los dirigentes europeos su rechazo a la austeridad extrema llevada a cabo y ha recomendado al Gobierno de nuestro país que busque alternativas que contribuyan al crecimiento económico y la creación de empleo.

Vanden Houte piensa que algunos ejecutivos nacionales de la Unión Europea continúan obsesionados por recortar gastos sin darse cuenta que de una mayor austeridad solo puede derivarse más recesión y estancamiento económico, y afirma que “cuando algunos gobiernos han preguntado si hay que seguir aplicando medidas de austeridad adicionales cuando ya están en recesión, los mercados han respondido que no, que ya han hecho un buen trabajo, pero que ahora es el momento de consolidar las finanzas públicas“.

El experto holandés cree llegado el momento de acometer en España reformas de carácter estructural que hagan más atractiva nuestra economía, ya que sin esos cambios, no se alcanzará la estabilidad presupuestaria en nuestro país.

La mejora de la imagen de España en los mercados financieros y la consiguiente relajación de la prima de riesgo tienen, para Vanden Houte, una explicación clara por las circunstancias internacionales que han tenido lugar en las últimas semanas, teniendo como nota positiva la estabilidad política italiana y como aspecto negativo rescate de la economía chipriota, al comentar que “el acuerdo de Gobierno en Italia ha causado un mayor efecto positivo en España, en comparación con las repercusiones negativas que implicó la crisis de Chipre. Los mercados celebraron la formación de un Gobierno italiano al fin, lo que se ha unido a que, afortunadamente, la gente se haya olvidado de forma aparente de la crisis de Chipre“.

Pero centrémonos en los números que es lo que realmente nos importa. Los nuevos importes conllevan que los precios medios de la gasolina de 95 octanos sean de 1,405 euros el litro mientras que el gasóleo sube a los 1,324 euros. Estos datos registran aumentos del 0,64% y del 1,53%, respectivamente, con los datos previos a la subida.

Si comparamos con los precios medios de la Unión Europea comprobamos que España se mantiene por debajo, puesto que estos se sitúan en 1,558,25 euros la gasolina y en 1,415,56 el diésel. Ahora bien, en lo que a la eurozona respecta, las medias son de 1,589,11 euros el del primer combustible y a 1,398,45 euros el del segundo.

Con estos importes, en España cuesta llenar un depósito de 50 litros de gasolina 70,25 euros y, en caso de ser gasóleo, el precio es de 66,20 euros.

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