Cadaunadas

Una de curaduría digital

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Mon, 20 Feb 2012 03:31:00 +0000

En el cuerpo Artes y Letras de El Mercurio de ayer domingo 19 de febrero, Patricio Contreras publicó un reportaje sobre curaduría digital y las estrategias que en este ámbito están desarrollando instituciones culturales como la Biblioteca Pública de Nueva York, el Museo del Prado, el GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral) y la Biblioteca Nacional de Chile a través del portal Memoria Chilena. Fui parte de las personas que entrevistó Patricio, por lo que les comparto el texto completo del reportaje que subí a Slideshare, ya que El Mercurio requiere tener cuenta para poder acceder al sitio (si les interesa verlo en el diario, este es el enlace, aunque también pueden leerlo directamente en el blog de Patricio). Interesante que temas como este, que son reflejo de las nuevas lógicas colectivas de colaboración que han surgido con Internet y los medios sociales, tengan espacio en los medios tradicionales.

Municipales 2012: ¿la hora de las candidaturas abiertas?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 10 Feb 2012 01:25:00 +0000

Una de las principales lecciones que las movilizaciones sociales de 2011 dejaron es la de una ciudadanía que no quiere seguir siendo un actor pasivo en la política nacional. Ante la incapacidad del sistema político de canalizar y representar las demandas, las personas salieron a la calle para defender sus puntos de vista, demostrando una y otra vez que la manera cómo las grandes decisiones que afectan el interés colectivo se han tomado en las últimas décadas requiere un cambio urgente.

Parte sustancial de este cambio es lento, ya que implica modificar la arquitectura institucional de nuestra democracia (una nueva Constitución o cambiar el binominal, por ejemplo). Pero hay también otros cambios más inmediatos, que no requieren leyes o una redefinición en las reglas formales del juego: basta la voluntad de los actores involucrados. Entre estas modificaciones se encuentra la manera en que las candidaturas a cargos de elección popular gestionan su relación con el electorado. En ello, la tecnología puede colaborar de manera activa, contribuyendo con una mayor integración de la ciudadanía y, de paso, revertiendo la permanente caída en la credibilidad y confianza de la clase política.

En octubre de este año, las elecciones para escoger a las nuevas autoridades en los municipios de Chile tendrán lugar en un escenario sensiblemente distinto al ocurrido en las presidenciales 2009. Para efectos de mi análisis, relevaré tres elementos novedosos. En primer lugar, debutará la inscripción automática y el voto voluntario, rejuveneciendo y entregando dinamismo a nuestro padrón electoral a través de los más de 4.5 millones de nuevos potenciales votantes. En segundo lugar, tendrán lugar las elecciones en un país que ha superado ya largamente el 50% de penetración de Internet. Uno de cada dos electores está conectado a la red, aumentando la tasa cuánto más joven es el grupo etario. Y, en tercer lugar, la inmensa mayoría de quienes son usuarios de Internet, participan en una o varias redes sociales en línea, llegando en el caso de Facebook a ser aproximadamente el 90% de las personas que en Chile acceden a Internet.

Dadas las cifras anteriores, se puede afirmar que como nunca antes, las elecciones municipales 2012 deberán convocar a un electorado significativamente joven, conectado a Internet y que usa de manera intensiva los medios sociales para múltiples dimensiones de su vida cotidiana. Es esperable, entonces, que encuentre ahí la manera de motivarse para votar, para tomar la decisión sobre la candidatura por la cual optarán y, eventualmente, colaborar activamente con ella para que resulte vencedora en las urnas.

Esta realidad impone a quienes serán candidatos/as una nueva forma de hacer las cosas, por lo menos en relación a esa importante fracción del electorado. Si las viejas prácticas (procesos escasamente participativos para tomar las decisiones, poca transparencia, etc.) están en la base del descrédito de la actividad política, ahora las candidaturas tienen la oportunidad de plantearse como espacios abiertos a la creatividad, compromiso y colaboración de sus potenciales votantes. Obliga a reconocer, como punto de partida, que la base de sustentación de las candidaturas va más allá del militante tradicional de un partido político y que, por lo tanto, entregar atribuciones significa delegar poder en personas que valoran su independencia.

Sin duda alguna, todas las candidaturas (en especial las de alcalde/sas) usarán los medios sociales en Internet. Proliferarán los sitios web que permitirán comentarios y las cuentas en Facebook y Twitter. Veremos muchos videos en YouTube y más de alguna etiqueta se moverá entres los Trending Topics asociada a temas de interés local. Conviene tener presente, no obstante, que usar las redes no implica saber aprovechar su real potencial. Abundan los casos de representantes y autoridades que las “entienden” a la antigua usanza: canales unidireccionales de comunicación, al servicio de procesos que informan verticalmente decisiones tomadas por un grupo reducido de personas. El hábito no hace al monje y el html no hace candidaturas abiertas.

¿Cómo se puede aprovechar la tecnología para articular candidaturas abiertas? Hay a lo menos tres ámbitos en los cuales un uso inteligente de los medios sociales puede contribuir: conversación, participación y transparencia.

Conversación. Las decisiones de los electores siempre han tenido lugar en “espacios conversacionales” y en ellas influyen, entre otros factores, la edad, el género, el nivel socio-económico, la raza, los medios de comunicación o el grupo social de referencia (familia, amistades, los compañeros de militancia, etc.). El voto se configura en esa conversación y expresa a través de esa opción (la raya en la papeleta) las expectativas sobre el futuro que el votante tiene. Hasta ahora, esa conversación ocurría en “la fragmentación de la desconexión” y era rescatada estadísticamente por las encuestas y estudios de opinión, que transmiten las grandes tendencias sacrificando, casi siempre, las dimensiones más particulares. Pero hoy, de manera creciente, esa conversación ocurre en “la continuidad de la conexión”, con ciudadanos/as emitiendo juicios de valor político sobre personas y propuestas en tiempo real. De la capacidad de las candidaturas, y en especial de los/as candidatos/as en forma personal, de incorporarse a esa conversación y saber escuchar y hacer suyos los intereses particulares de sus potenciales electores, dependen parte de sus opciones de triunfo.

Participación. ¿Cómo se construirán los programas y propuestas de las candidaturas en las municipales 2012? ¿Tendrán cabida mecanismos innovadores para identificar los intereses y demandas locales de la ciudadanía? Y una vez identificadas, ¿podrá esta última participar en el diseño de la soluciones? Abundarán, no cabe duda, los programas que serán presentados como paquetes cerrados y en muchas comunas los electores quizá no tengan más opción que escoger entre distintas (y previsibles) opciones cerradas. Sin embargo, los medios sociales en Internet permiten, a través de herramientas participativas, generar procesos abiertos para la construcción de propuestas ciudadanas que sean parte central del programa que una candidatura presente ante los electores. En el co-diseño programático, entendido como un llamado concreto a la acción y la entrega de poder a quienes respondan a ese llamado, está una de las claves para generar una mayor sintonía entre la clase política y la ciudadanía, así como una renovación de la confianza en la actividad política.

Transparencia. Internet y los medios sociales han impuesto a la actividad pública nuevos estándares de transparencia. El escrutinio ciudadano sobre las autoridades y representantes es parte de la nueva forma de hacer política. Ante este escenario, las candidaturas pueden optar entre los mínimos de transparencia a los cuales están obligadas por ley o, por el contrario, ir un paso más allá y de manera voluntaria exponer elementos que puedan ser valorados por el electorado que pretende convencer y convocar a las urnas. A la hora de votar, ¿a qué elector no le gustaría saber con detalle las fuentes de financiamiento, los intereses de los/as candidatos/as, la letra chica de las alianzas electorales y otros antecedentes que pueden influir en la realización de los compromisos de resultar electa su opción? Si esa información es conocida a través de la propia candidatura y no por un acto de control ciudadano (una filtración al modo de Wikileaks, por ejemplo), la primera gana en credibilidad.

¿Serán las elecciones 2012 la hora de las candidaturas abiertas? La ciudadanía ha demostrado querer ser parte del juego. La tecnología lo permite. Solo falta la voluntad de quienes quieran dirigir por los próximos cuatro años los municipios de Chile.

Contra la #CensuraTwitter

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 27 Jan 2012 20:07:00 +0000

Twitter anunció ayer que para poder mantener su expansión internacional, implementarán una política de filtrado de contenidos en algunos países. La razón que entrega es que no todos los países entienden lo mismo por libertad de expresión. Cierto. Nada nuevo. De hecho, hasta parece una declaración bien ingenua la de Twitter. Welcome to the real world!

La reacción de muchos que usamos Twitter cotidianamente ha sido de rechazo y para mañana sábado 28 de enero se ha organizado en forma espontánea una manifestación mundial ad hoc: 24 horas sin enviar un solo tuiteo. El hashtag en castellano es #CensuraTwitter y en inglés está corriendo #TwitterBlackout.

Yo me sumé y aunque algunos desconfíen, ni un solo mensaje saldrá desde mi cuenta mañana. Es una manera de decirle a la empresa que creó y administra el servicio gratuito de microblogging que uso, que no estoy de acuerdo.

En otros posteos lo he dicho: aunque es común comparar Internet con una plaza pública, la imagen más ajustada es la de parques privados con acceso público. Esta imagen se ajusta incluso mejor para las plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, Google+, blogs, etc.), ya que en todos esos casos (a diferencia de parte de la infraestructura base y la gobernanza de Internet) son servicios que proveen empresas privadas, todas con legítimos fines de lucro. Pero lo que nos confunde es el carácter gratuito de buena parte de lo que nos ofrecen, a tal punto que hemos llegado a considerar que son servicios públicos y que sobre ellos tenemos los derechos y deberes que como ciudadanos ejercemos en nuestra relación con los estados.

Pero más allá de esa confusión, conviene tener presente que en la medida que sobre esas plataformas quienes las usan persiguen, entre otros, fines de interés público, sus decisiones empresariales no están (ni pueden pretender estar) exentas del control ciudadano ni de la regulación estatal. Es parte de la reconfiguración de las relaciones de poder que las tecnologías de información y comunicación están permitiendo. Quizá para Twitter nosotros seamos consumidores, pero al conectarnos y compartir mensajes en su plataforma, lo hacemos muchas veces como ciudadanos. Por ello, debiera resultar evidente para cualquier empresa que provea servicios de medios sociales que el principal activo de sus balances no es un stock de cosas, sino personas, que así como pueden un día hacer aumentar el valor de la empresa, están siempre a un paso de hacer que ese valor se esfume. Es decir, que ese activo se pasó al servicio de la competencia. Reinterpretando la economía de la crisis: si queremos, los usuarios podemos convertirnos en un activo tóxico.

Los ciudadanos debemos exigirles a nuestros estados una defensa sin ambigüedades del estándar democrático. Y ese estándar incluye en su base la libertad de expresión. Pero en el mundo en red, ese estándar también debemos exigírselo a las empresas de la red, a esas que bajo las lógicas de la Sociedad de la Información, hacen de nosotros y nuestros contenidos, la fuente de su prosperidad. Twitter debe cumplir las leyes que rigen en todos los países donde opera o espera funcionar. Eso está fuera de toda duda, pero si para aumentar su penetración mundial cierra los ojos a las restricciones de libertad de expresión que en muchos casos existen, en lo personal no me gusta. Si lo aceptamos, estaríamos dando por perdida la batalla que entre libertad y control está teniendo lugar por estos días en las redes.

Y también debemos exigirnos, entre nosotros los ciudadanos, cumplir ese estándar democrático. Si tú te consideras un demócrata, ¿comprarías un periódico que dependiendo el país donde se edite cambia los contenidos para no ofender a las autoridades? Creo que no. Entonces, ¿por qué a Twitter, que no es un medio de comunicación pero que es usado como tal por los ciudadanos, se lo podemos permitir?

Claro: una huelga de tuiteos, que de eso se trata el 28 de enero de 2012, puede no tener repercusión. Hay quienes incluso puedan pensar que al poder le guste la idea: siempre es mejor tenernos desconectados que vociferando en las redes. Pero en un mundo que cambia, donde las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre empresas y consumidores, y entre los ciudadanos entre sí, ya no son las mismas que antes de Internet, hay que innovar en los medios. Y una huelga en Twitter apunta directamente al activo, el único activo, de la empresa: nosotros y nuestros mensajes. Porque, en última instancia y aunque parezca contradictorio, manifestarme a favor de la libertad de expresión aquí y en la quebrada del ají me parece una buena, muy buena razón, para dejar de expresarme durante 24 horas en Twitter.

* Columna publicada originalmente en elquintopoder.cl. Recomiendo leer el análisis de Claudio Ruiz, que tiene otra mirada sobre este tema.

Megaupload y Anonymous: ¿Justicia 2.0?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Sun, 22 Jan 2012 04:40:00 +0000

A estas alturas debiera estar relativamente claro que lo que está ocurriendo en los últimos días en Internet no tiene que ver solo con el choque entre posturas divergentes sobre cómo abordar la relación entre derechos de autor – propiedad intelectual y el acceso de las personas a contenidos en línea. En realidad, es mucho más que eso. Tiene que ver con el ejercicio de nuestras libertades civiles en Internet, a tal punto amenazadas con iniciativas como SOPA, PIPA y otras leyes similares en el mundo, que hay quien incluso ha alertado que estamos frente a la primera gran batalla de una de las guerras cruciales de este siglo. Cuando el lenguaje bélico empieza a aparecer en boca de todos, es porque las pistolas están cargadas. Conviene, entonces, dedicar unos breves minutos a reflexionar sobre una de las fronteras de este conflicto, para no perdernos en fragor del combate.

Ayer, apenas un día después de la protesta mundial contra SOPA (Stop Online Piracy Act), un proyecto de ley que se discute en el Congreso de Estados Unidos que criminaliza la lógica fundacional de Internet (compartir libremente información) asumiendo que todos somos infractores de derechos de autor, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del FBI, logró bajar Megaupload, una de las plataformas más populares para compartir archivos en la red. Al momento de escribir esta líneas, recibo la noticia que SOPA y PIPA parecen haber sido derrotadas.

Las impresionantes cifras de Megaupload, responsable del 4% del tráfico mundial en Internet, hacían previsible la airada reacción de sus usuarios, muchos de los cuales efectivamente usaban la plataforma para compartir o guardar contenidos de los que eran propietarios o que estaban libres de derechos. Pero también es cierto que Megaupload estaba lleno de contenido que vulneraba la propiedad intelectual (más allá de que consideremos que el marco legal que hoy impera en casi todo el mundo atenta contra el libre acceso al conocimiento) y con el cual quienes administraban la plataforma hacían negocios y lucraban.

En respuesta a la bajada de Megaupload y la detención de sus principales directivos, Anonymous, esa red que se ha auto investido como defensora de la libertad en Internet, montó y ejecutó el que ya es considerado el mayor ataque informático en la historia, con más de 27 mil computadores y 10 mil personas involucradas. Resultados: múltiples sitios del gobierno de Estados Unidos y otros países fueron “tumbados”, así como los de las principales empresas discográficas (una de ellas fue la que hizo la denuncia que permitió al FBI actuar).

Una de las fronteras que expone este episodio es la que podríamos denominar la “justicia 2.0” (¡disculpen el cliché!). ¿Cómo y quién hace justicia en los entornos digitales, considerando las comprobadas y reiteradas dificultades de legislaciones diseñadas para mundos analógicos al ser aplicadas en entornos digitales? La pregunta no es trivial, ya que la justicia (o por lo menos la sensación que tengamos de que ella existe o no) está en la base de la legitimidad social, en general, y de la legitimidad de la democracia, en particular. ¿Es legítima la respuesta de Anonymous ante la actuación del FBI, considerando que el FBI con su actuar vulneró derechos de todas aquellas personas que usaban Megaupload para subir y compartir de manera legal contenidos? ¿Quiénes entregaron a Anonymous el poder para, en defensa de nuestras libertades, decidir atacar tal o cual sitio?

En las redes sociales, la respuesta de muchos, si no la mayoría, ha sido de apoyo ante la acción de Anonymous, sin embargo, su proceder responde a la misma lógica que usó el FBI y que esgrimen las empresas multinacionales ante los estados para promover leyes como SOPA: los sitios o prácticas de Internet que no me gustan o me molestan, las ataco hasta anularlas. Así expresé anoche en un mensaje en Twitter, y las respuestas que recibí dan cuenta de los argumentos de quienes defienden a Anonymous: autodefensa ciudadana ante la agresión de los estados; diferencias éticas entre unos y otros; causas justas frente a causas injustas; la inexistencia de otras alternativas para expresar el rechazo, etc.

Es un lugar común la buena pero falaz idea de que Internet ha aplanado la cancha. Ese adagio se repite sin cesar, dando a entender que hoy estamos en un mundo de relaciones horizontales, desconociendo las lógicas de exclusión que el mundo conectado reproduce o genera. Como Wikileaks y su creador han sido sistemáticamente enfrentados por el poder, concluyendo con el cierre del sitio por su práctica imposibilidad de operar, es el mejor reflejo de que la cancha no solo no se ha aplanado, sino que están surgiendo nuevas formas en que los estados silencian a la ciudadanía.

Sin embargo, seguimos contando con Internet como herramienta para el empoderamiento de las personas frente al poder político o económico, dadas las lógicas del desarrollo tecnológico, que siempre van uno o varios pasos por delante de las legislaciones y medidas que buscan moderar o controlar sus efectos sociales. Existe, por tanto, una gran área en Internet (quizá la más significativa) en la cual las personas construyen y/o validan legitimidades no desde las normas escritas, sino desde sus prácticas cotidianas, su conciencia cívica y su propia percepción de lo que es justo e injusto. ¿Estamos preparados para ese ejercicio de ciudadanía los dos mil millones de personas con acceso a Internet en el mundo?

Hace unos meses, varios sitios chilenos que promueven el derecho a la libre expresión y el derecho a la comunicación (entre ellos Sitio Cero), fueron atacados por un hacker aparentemente vinculado a sectores de ultraderecha. ¿Qué diferencia ese ataque del realizado por Anonymous? Poco tiempo antes, a raíz de la quema de un bus del Transantiago, encapuchados que participaron en ese acto se escondieron en una de los campus de la Universidad de Chile, y al ser detectados por un profesor, fueron enfrentados y denunciados por este. No tardó mucho para que la foto y datos de ese profesor, comenzaran a circular en los mensajes de Twitter y los muros de Facebook. ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Es legítimo, incluso en el caso de que ese profesor fuera culpable de algo, que los usuarios de las redes vulneren el debido proceso y procedan a su linchamiento digital?

En esta nueva justicia que está emergiendo desde las redes, voluble por que se legitima en base a la opinión pública y no sobre las normas del debido proceso, los ciudadanos debemos desarrollar conciencia sobre cuáles son los estándares mínimos que practicamos entre nosotros (antes y después de nuestra relación con el estado) al construir nuestra convivencia en línea. Hoy podemos aplaudir a Anonymous por haber hecho algo con lo que simpatizamos (¿quién no simpatiza con atacar al FBI, que pese a Hollywood, sabemos que no son siempre “los chicos buenos de la película”?). El problema es que, quizá en el futuro, Anonymous se nos vuelva en contra, porque en última instancia, la justicia 2.0 no responde ante nadie, solo ante ella misma.

(*) Entrada originalmente publicada en elquintopoder.cl

Fantasmas en el barrio de mis hijos

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 13 Jan 2012 04:34:00 +0000

Mientras desde el Ministerio de Educación tratan de encontrar el mejor eufemismo para maquillar uno de los períodos más sombríos de nuestra historia, gracias al enorme trabajo de ArchivosChile, “Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte”, logro saber que en el barrio donde están creciendo mis hijos fueron hallados los cuerpos de cuatro ciudadanos ejecutados.

Tres han sido reconocidos como víctimas de la violencia organizada por la dictadura. Uno forma parte de un grupo de 150 potenciales nuevas víctimas de la represión, personas que, si bien no aparecen en las listas de ejecutados oficialmente reconocidas por el Estado de Chile, las condiciones en que fueron encontrados los cadáveres y su posterior “tratamiento” por “la burocracia de la muerte” que operó en los meses finales de 1973, llevan al equipo de ArchivosChile a presumir su condición de víctimas.

Sus nombres. Eduardo Elías Cerda Angel; Francisco Rafael González Morales; y Roberto Gutiérrez González, los tres parte de las víctimas listadas por el Informe Rettig. La cuarta persona, no reconocida hasta ahora como ejecutado político: Abel Miguel Gonzalo Orellana Pallares.

Hablar de “régimen militar” o de “régimen militar antidemocrático” esconde (o pretende esconder) la brutalidad, la frialdad, la premeditación del terror con el que se amedrentó, se torturó, se mató en Chile entre 1973 y 1990, pero en especial en esos primeros momentos de la dictadura. Cito:

Fue el periodo de la razzia, de la “limpieza” social y política, como se confirma en la alta concentración de víctimas de violaciones a los derechos humanos en ese periodo consignada en el Informe Rettig. Dejar cuerpos torturados, destruidos por ráfagas de metralleta e incluso mutilados a plena vista de la población pareció ser una táctica de la política de terror y de dominación psicológica impuesta por el nuevo régimen.

Siempre hemos sabido (aunque a veces lo olvidemos) que mientras no se haga justicia con los delitos de lesa humanidad cometidos en esos años, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestro país estarán llenos de fantasmas. Hoy, gracias a un mapa en Internet, conozco a los que están cerca de la plaza donde mis hijos aprendieron a montar en bicicleta, a unas cuadras de donde compro las empanadas para los almuerzos dominicales, a minutos caminando de la feria donde los sábados adquiero las verduras y frutas.

Cuando hace unos años decidimos con mi esposa comprar el departamento donde vivimos, quisimos hacer de estas calles parte esencial de nuestra historia familiar, de nuestra cotidianidad. Hoy esas calles se nos aparecen de otra forma, a través de los nombres de cuatro ciudadanos ejecutados por sus ideas. Ante el riesgo de que su historia, que es la nuestra, la de todos nosotros, sea reinterpretada, nos ocuparemos de que nuestros hijos sepan que en su barrio Chile tiene una deuda pendiente con la justicia.

¿Por qué SOPA es mala para la libertad?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Thu, 12 Jan 2012 15:34:00 +0000

Cory Doctorow publicó hace un par de días una tremenda reflexión sobre porqué SOPA (Stop Online Piracy Act), legislación que está siendo discutida en el Congreso de los Estados Unidos, es mala para la libertad. Bajo la apariencia de una ley destinada a proteger la propiedad intelectual, se esconde una manera de "entender" Internet que desconoce uno de sus pilares fundacionales: el libre flujo de información. SOPA, como sugiere Doctorow, avanza porque los actores políticos no saben y no se dan el tiempo de saber el mundo que se viene (que en realidad ya está aquí).

Hoy Claudio Ruiz compartió en su blog una traducción realizada por Martín Mois, de la que extraigo esta cita. ¡No diga después que no fue advertido!

Como un miembro de la generación Walkman, hice las paces con el hecho de que necesitaré un audífono para sordos antes de morir. Pero no será sólo un audífono, será realmente una computadora. Así que cuando me suba a un auto –un computador al cual introduzco mi cuerpo- usando un audífono –un computador que introduzco en mi cuerpo- quiero tener la certeza de que estas tecnologías no fueron diseñadas para ocultarme secretos, o para impedir que pueda terminar procesos en ellas contrarios a mis intereses.

El año pasado, el Distrito Escolar de Lower Meriom, en un afluente suburbio de clase media de Filadelfia, tuvo muchísimos problemas. Fue descubierto distribuyéndole a sus estudiantes, laptops infectados con rootkits que permitían vigilancia encubierta remota a través de la cámara de la computadora y su conexión de redes. Los estudiantes fueron fotografiados miles de veces, en casa y en el colegio, despiertos y dormidos, vestidos y desnudos. Mientras tanto, la más reciente generación de tecnología de interceptación lícita puede operar de forma encubierta en cámaras, micrófonos, transceptores GPS en PCs, tabletas y dispositivos móviles.

Aún no perdemos, pero primeramente debemos ganar la guerra del copyright si deseamos mantener a Internet y al PC libres y abiertos. En el futuro la libertad nos exigirá tener la capacidad de vigilar nuestros aparatos y establecer políticas significativas para ellos; poder examinar y terminar los procesos del software que corran; y mantenerlos como honestos sirvientes de nuestra voluntad, no como traidores y espías empleados por criminales, matones y controladores.

Portal Memoria Chilena: Un ejemplo de curaduría digital

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Wed, 11 Jan 2012 15:41:00 +0000

Hace un par de meses, Fernando Purcell, Subdirector del Instituto de Historia de la Universidad Católica y co-editor de la Revista de Historia Iberoamericana, me invitó a realizar una reseña sobre el portal Memoria Chilena, la que acaba de ser publicada. Pueden consultar la fuente original acá, pero comparto el texto íntegro aquí también. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Fernando la invitación y a Roberto Aguirre y Daniela Schütte, de la Biblioteca Nacional de Chile, el haberme facilitado información sobre el portal.

En el mundo pre digital, con el acceso a información sujeto a un conjunto de barreras físicas, la información era un bien que tendía a la escasez. Si la información que requeríamos no estaba a nuestro alcance, ya fuera en una biblioteca, en un archivo o en una librería cercana, o en el kiosco de la esquina en formato de periódico o revista, su ausencia aumentaba su valor. Y nuestra frustración. ¿Quién no recuerda haber encontrado en alguna nota a pie de página o en una bibliografía las referencias de un artículo o un libro que nos resultaría fundamental para nuestro trabajo pero al cual no teníamos posibilidad de acceder? Quizá esa era la mayor (y más dura) expresión del valor de la información en el mundo académico.

Sin embargo, en Internet la información pierde su valor. Potencialmente, todo contenido tiene una expresión digital, la que bajo diferentes formatos y tipos de licenciamiento, elimina las barreras de acceso, por lo menos aquellas que en el mundo analógico eran infranqueables. La permanente innovación en las tecnologías de información y comunicación, traducida entre otras cosas, en un drástico abaratamiento de los medios de producción, reproducción, edición, almacenamiento y distribución de contenidos digitales o contenidos analógicos digitalizados, ha provocado un fenómeno inédito en la historia. Hacia 2006, se calculaba que la información contenida en formatos digitales era tres millones de veces superior a la existente en todos los libros escritos por la Humanidad, proyectándose para el 2010 que esa cifra hubiera alcanzado los 18 millones de veces. En apenas unas décadas, el mundo de la información ha pasado de las lógicas de las escasez a las lógicas de la abundancia.

De la mano de esta explosión, han surgido o recobrado vigencia, las preguntas sobre la calidad de la información y la confianza en las personas o instituciones que la generan o comparten. La abundancia tiene su patología, la “infoxicación”, ese riesgo siempre presente de hacer clic en la fuente equivocada o en el contenido tergiversado, impactando en nuestra capacidad de interpretar la realidad, o que nos paralice ante la imposibilidad de saber identificar con cierto nivel de certeza cuál es el hipervínculo que nos permita enhebrar nuestra comprensión. El futuro de la información es de alta complejidad y en él se avizoran tres posibles escenarios, que bien resumen Antoni Gutiérrez-Rubí y Juan Freire: un futuro caótico, donde la crisis de las autoridades tradicionales y la sobreabundancia de información no encuentran solución; un futuro con nuevas formas control, en el que unas pocas instituciones filtren los contenidos y pongan fronteras (tecnológicas, legales o económicas) al acceso a la información; o un futuro donde la abundancia de información sea de manera colectiva, con la participación abierta de instituciones y personas, “ordenada”, valorada y seleccionada.

En el tercer escenario, que David Weinberger ha denominado “el poder del desorden digital”, las instituciones que tradicionalmente han sido fuentes de información confiable tienen la obligación de estar presentes. La reputación digital no paga tributo –necesariamente- a la reputación histórica, como bien aprendió la Enciclopedia Britannica, que en apenas una década presenció como Wikipedia, una enciclopedia virtual construida en múltiples lenguas simultáneamente por miles de voluntarios en todo el mundo, se posicionó como una de las principales fuentes de información en Internet. La curaduría de contenidos digitales es una de las claves del futuro de la información.

En este contexto, Memoria Chilena, el portal de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile cuya misión es ser la Biblioteca Nacional Digital bajo el slogan “el portal de la cultura de Chile”, es un magnífico ejemplo de cómo una institución que se encuentra inscrita en la historia del país como fuente de información fidedigna y de calidad, aprovecha la tecnología para rediseñar la forma en que cumple con sus objetivos, contribuyendo a la puesta en valor de contenidos a partir de la experiencia y conocimiento de sus equipos de trabajo.

El portal, que cumplió este año 10 años de existencia, parte de una serie de premisas. La primera: la memoria de un país no es un relato único, sino que es su diversidad de culturas e identidades las que construyen una mirada cabal de su pasado. La segunda: preservar y dar acceso digitalmente a esa memoria es un ejercicio de democratización del conocimiento. Y la tercera, a través del conocimiento de su memoria, las personas y las sociedades pueden valorarla, cumpliendo así Memoria Chilena un valor educacional fundamental.

Sus cifras son claras. Con 700 sitios temáticos disponibles, más de 2.800 libros descargables (la mayor parte del dominio público chileno, pero también con libros cedidos por sus vigentes titulares de derechos), cerca de 75 mil documentos y casi 900 mil páginas digitalizadas, Memoria Chilena es hoy la más grande base de datos sobre las culturas de Chile disponibles en Internet, algo que durante este año ya ha sido corroborado por más de 1.5 millones de visitantes. Es un sitio cuya riqueza principal radica en la profundidad y múltiples rutas de navegación, pudiendo acceder a sus contenidos a través de cinco grandes áreas temáticas (Historia, Literatura, Artes, Música y Ciencias Sociales) o desde algunas de sus secciones especiales, entre las cuales se encuentran joyas de gran valor como Crítica Literaria (que da acceso a más de 50 mil archivos pertenecientes a la sección Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional), las salas virtuales (entre ellas, la dedicada a poner en valor el legado de Gabriela Mistral en base al archivo personal donado hace pocos años al Estado de Chile por la heredera de Doris Dana, su asistente personal y confidente) y un conjunto de sitios e iniciativas asociadas que permiten personalizar y segmentar la experiencia del visitante con los contenidos consultados.

Es Memoria Chilena un ejercicio permanente de curaduría de contenidos. Ante la imposibilidad de poder poner todo el acervo patrimonial de la Biblioteca Nacional en la Web, personal altamente especializado procede a definir qué contenidos son los más relevantes, tomando en consideración su carácter noticioso (asociado a ciertas coyunturas), su valor histórico o su potencial de consulta por parte de investigadores, estudiantes o público en general. En este proceso se renueva, implícitamente, el valor social de la Biblioteca Nacional como institución que garantiza a sus usuarios que todos aquellos contenidos que comparte son de alta calidad y pertinencia. Tal como fundamentó el jurado que le entregó el año 2010 el Stockholm Challenge Award en la categoría cultura (popularmente conocido como el “Nóbel de Internet”), “by interweaving individual discourses into a symbolic common-ground, Memoria Chilena acts as a dynamic ad integrative gateway to national cultural heritage, thus encouraging its preservation and study”. A través de la curaduría, Memoria Chilena construye ese terreno común que nos permite a todos reconocernos en nuestra historia y nuestras identidades.

Es en ese ejercicio de construcción en el cual el portal presenta algunas de sus más relevantes oportunidades de crecimiento y renovación. Más allá de revisar su usabilidad y diseño visual (que se mantiene casi inalterado tras una década), Memoria Chilena debiera avanzar hacia la constitución de una comunidad integrada por las personas que usan el portal y los equipos a cargo de la elaboración de los contenidos.

La memoria histórica es, entre otras cosas, un ejercicio colectivo de selección y valoración. Hoy se pueden diseñar e implementar con cierta facilidad procesos colectivos de curaduría digital usando herramientas propias de los medios sociales. Si bien tiene presencia en Facebook, Twitter y You Tube, estos canales operan –a grandes rasgos- como espacios de difusión de Memoria Chilena hacia sus usuarios, y no tanto como articuladores de un ecosistema conversacional que entregue “poder editorial” a sus usuarios y éstos ayuden a definir qué contenidos son digitalizados y destacados por el portal. Superar esta limitación, así como revisar y anular las restricciones para el pleno uso de todos aquellos contenidos que forman parte del dominio público chileno y que Memoria Chilena lleva a Internet (un proceder que no ha estado exento de críticas), son dos formas sencillas en las cuales podría proyectar aún más su labor, consolidando su rol como referente en la Web chilena y reescribiendo colaborativamente y pluralizando su slogan como “el portal de las culturas de Chile”.

Una reflexión sobre el IVA del libro en Chile

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Tue, 03 Jan 2012 03:52:00 +0000

En el debate sobre las posibles estrategias para aumentar los niveles de lectura en Chile, una afirmación se ha mantenido de manera sostenida en el tiempo: los libros son caros y es necesario eliminar o reducir el IVA que pagan para fomentar que más personas accedan a ellos. Es una afirmación, que más allá de poder compartirla en su primera parte, nunca he encontrado datos contundentes (ni quienes la enarbolan los citan) para concluir que la segunda parte sea cierta.

Revisemos los datos disponibles. En el estudio “Chile y los libros 2010”, de Fundación La Fuente / Adimark GFK, entre aquellos que se declaraban “no lectores” (45,7% de la muestra), el precio de los libros era la cuarta razón para no leer (13,2%), siendo razones más importantes para no leer la falta de tiempo (37,3%), falta de gusto por la lectura (16,7%) y falta de interés/motivación (13,3%). Estas respuestas eran espontáneas. En el mismo estudio, al ser consultadas las personas si los libros no tuvieran IVA comprarían más libros, el 53,7% dijo que sí, la cifra más baja desde que la Fundación La Fuente realiza sus estudios y que además es muy cercana al 47,2% que según el estudio califica como lectores.

Por otra parte, en el reporte “Libros y lectura” difundido en mayo de 2011 por la Sección de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes (CNCA) en base a la información de la Segunda Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (realizada el 2009), al identificar las razones para no leer la falta de tiempo (33,4%), la falta de interés (26,3%) y la falta de costumbre (21,8%) concentran la mayor cantidad de respuestas. En cuarto lugar aparece la falta de dinero, con solo el 5,8% de las respuestas.

En el estudio más reciente sobre lectura en Chile, elaborado por el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile por encargo del CNCA, el 81% de los encuestados dijeron no ser lectores (11%) o lectores ocasionales (70%). Las principales razones para no leer o no leer con frecuencia fueron: no tener tiempo (28%), preferir realizar otras actividades recreativas (20%), no tener gusto por la lectura (19%), y “me da flojera” (10%). En quinto lugar, y con apenas el 7% de las respuestas, aparece la opción “Me parecen caros los libros y revistas”.

Tres estudios distintos, independientes entre sí, con metodologías distintas, apuntan de manera sistemática a la falta de tiempo como la principal causa que impide a los chilenos y chilenas leer más. Y tras esa razón, la falta de interés, costumbre o gusto, o preferir realizar otras actividades que compiten por el tiempo que destinamos al ocio.

Cabe entonces preguntarse cuál sería el real impacto de una eliminación o reducción del IVA al libro en Chile, en especial si la medida se diseña para fomentar la lectura.

Datos interesantes arrojará el estudio del impacto del IVA en la industria editorial local que licitó el CNCA y está realizando el Observatorio de Políticas Culturales, si bien haber circunscrito el estudio al libro editado en Chile acota en exceso el análisis, toda vez que el libro importado (que suele concentrar buena parte de los títulos más vendidos) es de un precio sensiblemente superior. Todos quienes hemos tenido la oportunidad de adquirir libros en el exterior (Argentina, España o México, por poner unos ejemplos), solemos llegar a una misma conclusión basada en la observación directa: aun restando el 19% del precio al libro importado, el precio de este es superior en Chile frente a cualquiera de los otros países por el mismo ejemplar.

De los estudios antes mencionados se puede concluir, además, algo que no es ninguna novedad: cuanto mayor el nivel socioeconómico y mayor capital cultural de las personas, mayor es el número de libros que leen y compran. Que esto solo venga a ratificar una obviedad, no debe sesgar nuestra respuesta ante la pregunta sobre quiénes serían los principales beneficiarios de una eventual reducción o eliminación del IVA. Todo indica que serían los actuales lectores, es decir, sería un beneficio tributario aprovechado -principalmente- de manera directa por las personas de mayores ingresos del país.

Un argumento que suele ser usado por quienes defienden un IVA diferenciado para los libros es que una reducción en su precio de venta, generaría un efecto virtuoso sobre el mercado de los lectores, ingresando a éste personas que antes por barreras económicas no podían hacerlo. Sin duda, ello podría ocurrir, pero las cifras antes mencionadas sugieren sería un número relativamente marginal respecto de quienes hoy ya compran libros.

En el país se instaló con fuerza el 2011 el debate sobre la necesidad de llevar adelante una reforma tributaria que permita al Estado financiar los desafíos en educación, salud, previsión y otros ámbitos que el país requiere enfrentar. Como planteó Claudio Agostini, el ejercicio pasa no solo por aumentar los ingresos a través del alza de las tasas impositivas, sino por revisar un conjunto de exenciones, franquicias y mecanismos vigentes y legales que hacen que el Estado recaude menos de lo que le correspondería a las actuales tasas. Un IVA diferenciado para el libro, pareciera ir en sentido contrario a lo que el país demanda.

Si Chile requiere aumentar sus niveles de lectura, más que centrarnos en una discusión por momentos talibana sobre el IVA, convendría debatir sobre la políticas públicas que debiera impulsar el Estado para hacerse cargo del poco tiempo que tenemos para leer o –cuando tenemos tiempo- el escaso interés que nos genera leer. Políticas que podrían, por cierto, ser financiadas con el IVA recaudado por la venta de libros en el país. No manejo información respecto de cuánto recauda el Estado por este concepto, pero mi hipótesis es que es superior a lo que invierte en las bibliotecas públicas, escolares y el Fondo del Libro para desarrollar la lectura en Chile.

Finalmente, de eso se trata: de saber distinguir que una cosa es fomentar la industria del libro en el país y otra es fomentar la lectura.

Y el 2010 se hizo la luz

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 02 Dec 2011 19:19:00 +0000

O así puede desprenderse del documento "Gobierno Electrónico y Abierto: Diagnóstico y Propuestas", de los investigadores de Libertad y Desarrollo, Álvaro Bellolio y Jomaris Rossell, en cuya página 43 se plantea lo siguiente:

Curioso, cuando menos, toda vez que la oferta de alfabetización digital de las bibliotecas públicas chilenas a través del programa BiblioRedes comenzó el 2002, habiendo capacitado a más de 550 mil personas a la fecha, y su plataforma de e-learning está operativa y ofreciendo cursos en forma permanente desde el año 2009.

Felicito a Libertad y Desarrollo por sumarse al debate público sobre el desarrollo digital de Chile, algo que los think tanks chilenos dedicados a políticas públicas no han hecho y podrían imitar. Solo pediría mayor rigurosidad en la construcción de los diagnósticos. Quizás de esa manera concluyan que las soluciones ya están implementadas.

Actualización. A los pocos minutos de publicar esta entrada, Álvaro Bellolio respondió por Twitter a un comentario que le hice. Comparto la imagen del intercambio. Gracias Álvaro por la corrección.

Vint Cerf, Internet y derechos civiles: una conversación sobre democracia

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Thu, 24 Nov 2011 01:42:00 +0000

Vint Cerf, considerado uno de los padres de Internet por ser uno de los inventores del conjunto de protocolos TCP-IP, base de la comunicación por Internet, estuvo en Chile. Si entendemos el surgimiento de Internet como un proceso colectivo de invención, bien podríamos decir que Cerf es uno de los “Gutenberg” de la red.

Ayer participó en una charla en la Universidad de Chile, oportunidad en la cual abordó algunos temas centrales para el desarrollo de una mirada nacional sobre políticas públicas en el ámbito digital. Entre ellos, el ejercicio y respeto de nuestros derechos civiles en Internet.

Este tema, que suele estar ausente o poco relevado de los debates locales sobre Internet y la necesidad de impulsar su penetración en el país, es fundamental para decidir qué tipo de sociedad y democracia queremos construir. Cerf planteó que así como existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya aprobación se remonta a 1948, un mundo en el que no existía Internet, es necesario pensar que correlato tienen en las redes esos principios.

La respuesta sencilla es que, independiente de la calidad y naturaleza de los espacios (presenciales o virtuales), esos derechos deben ser respetados y su vigencia no cambia. Sin embargo, poner en tensión esta primera aproximación, implica reconocer que en los ambientes digitales, hay ciertos escenarios que en el mundo presencial no ocurren y que, por lo tanto, se requiere una revisión de las definiciones de los derechos humanos para ver cuán necesaria es su actualización y adaptación a los nuevos contextos, así como reconocer lo que algunas organizaciones a nivel mundial han denominado los derechos humanos emergentes.

Toda simplificación implica caricaturizar la realidad, perdiendo la riqueza de los matices. Pero en este caso bien podríamos afirmar que nos estamos moviendo de un mundo de limitaciones, de fronteras físicas, donde los estados están llamados a respetar y hacer respetar los derechos civiles de todas las personas, hacia un mundo que no reconoce territorios, en el que por debajo de los tratados de libre comercio y de integración que los antiguos estados firman para asumir el desafío, fluyen otras lógicas de más difícil aprehensión: la de las personas para entrar en contacto, organizarse, colaborar y cooperar más allá de lo que sus respectivas autoridades sugieren, facilitan o intentan impedir. Es el mundo hiperconectado, del cual aún la mayoría de la población mundial está ausente, pero que ya comunica a varios miles de millones de personas.

Elemento clave de esta interconexión son las plataformas que la facilitan. Facebook, Twitter, You Tube, los servicios gratuitos de correo web, chat o telefonía sobre Internet, son algunos ejemplos. Sobre ellos y a partir de ellos, ejercemos –entre otras cosas- nuestros derechos y deberes ciudadanos. Suelen referirse a la Web como la nueva plaza pública. No estoy seguro cuán clara sea esa metáfora, porque todas las plataformas que mencioné son, en última instancia, espacios que tienen propietarios y cuya misión fundamental (más allá de los slogans que puedan acuñar y saber vender) no busca defender nuestros derechos. Buscan hacer sustentables sus modelos de negocio. Si ocurre la feliz coincidencia que apoyen nuestras libertades es porque en algún momento éstas entraron a formar parte del polinomio que hace rentable su lógica de servicio.

La propuesta de Cerf, la de analizar y construir una declaración universal de los derechos humanos en entornos digitales no es, entonces, una tarea menor y sin relevancia. Es una obligación democrática que todo Estado que se diga respetar las libertades ciudadanas debe enfrentar. Y no es algo que podamos dejar para nuestros hijos y nietos. Hoy sus derechos y deberes ya se juegan, en parte, en estos nuevos escenarios en los que las buenas voluntades expresadas en la declaración de 1948 pueden estar quedándose cortas.

¿Cómo estamos en Chile? En los últimos años hemos empezado a abordar el desafío. La nueva ley de Propiedad Intelectual y la ley de Neutralidad en la Red (la primera de su tipo en el mundo) así lo demuestran, pero no son suficientes. Más cuando algunos derechos básicos aún siguen, en el mundo analógico, frágilmente sustentados en legislaciones que no frenan prácticas que los ponen en peligro permanente para grupos específicos de la población o, incluso, amplios sectores de ésta.

La conversación sobre Internet en Chile (y en cualquier parte del mundo) no es un tema de tecnología. Es una conversación de democracia. O así al menos lo sugirió uno de sus padres.

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

** Foto: Internet Society / Licencia CC:BY-NC-SA

Clics y urnas

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 18 Nov 2011 19:19:00 +0000

Finalmente, vivimos en América Latina y el ciberactivismo requiere de conexión (y vamos por el 30%); exige saber escritural y linkear para poder hacer sentido en la red (y somos orales más que escriturales); pide creer en la democracia y la norma colectiva (y somos una cultura donde el yo-familia se impone sobre el colectivo-sociedad); es para una cultura política otra (y nos regimos por intereses y saberes religiosos, familiares y clientelares). Por ahora, seguirán ganando las elecciones los que invoquen a Dios, amen la familia, tengan base clientelar, crean en la patria y ganen el gesto televisivo. El límite más importante al ciberactivismo está en que nuestra cultura política no está hecha de los valores de internet; estamos en otra creencia.

A comienzos del siglo xx, político era quien escribía y publicaba en la prensa (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia la mitad del siglo xx, político era quien tenía oratoria sublime y retórica emocional (y todavía lo sigue siendo hoy); hacia los 80 del siglo pasado, político era quien jugaba a la apariencia y ganaba en la seducción televisiva (y todavía lo sigue siendo hoy); a comienzos del siglo xxi, político es quien sea entretenedor y siga las ideas de las encuestas (y es nuestro momento); hacia los años 20 del siglo xxi, político será quien domine las redes sociales pero interviniendo en la prensa (porque allí seguirá estando la opinión ilustrada), usando la radio (porque allí seguirá estando lo popular), haciendo el gesto televisivo (porque la masa seguirá pasando por ahí), alegrando a tiempo completo (porque la sociedad quiere ser entretenida).

Un par de citas de la certera reflexión de Omar Rincón sobre porqué Antanas Mockus ganó en Internet pero perdió en las urnas en las últimas elecciones presidenciales en Colombia, un efectivo antídoto ante tanto evangelizador de la política 2.0 que empieza a abundar. Varias cadaunadas he dedicado al tema y conforme más conozco las lógicas de los medios sociales, más desconfío que por sí solos sean capaces de provocar cambios de fondo en la distribución del poder.

¡A otro perro con ese clic!

Gobierno electrónico y participación ciudadana

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Thu, 10 Nov 2011 02:00:00 +0000

A fines de octubre, empezó a circular en las redes el “Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014”. Un documento fundamental, porque permite entender cuál es la apuesta del gobierno y ajustar las expectativas en este ámbito. Esto es algo que quienes estamos interesados en las políticas públicas de desarrollo digital de Chile estábamos esperando desde que se hiciera público que este componente fue traspasado de la Estrategia Digital del Ministerio de Economía al Programa de Modernización del Estado del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

Desde la década de los noventa, el Estado de Chile inició su camino en la integración masiva de tecnología para modernizar su gestión y, sobre todo, facilitar la relación con la ciudadanía. No es el objetivo de esta entrada hacer un recuento histórico, pero baste mencionar que desarrollos como el del Servicio de Impuestos Internos, el portal de compras públicas y el portal ChileClic, son solo la punta de un iceberg que permitió al país ponerse a la vanguardia regional y mundial en gobierno electrónico. Su definitiva instalación como política pública se tradujo hace años en la implementación de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, destinado a que de manera gradual todas las reparticiones públicas se fueran sumando a una forma de hacer las cosas que obliga a repensar servicios, diseñar nuevos procesos y desarrollar capacidades humanas y materiales para optimizar la interacción entre las personas y el Estado a través de Internet.

El Plan que ahora presenta el gobierno (y que pueden revisar en detalle al final de esta entrada) viene a dar un nuevo impulso a partir de una propuesta que, en lo sustancial, está bien orientada sobre tres ejes: gobierno centrado en el ciudadano; gobierno abierto; y gobierno eficiente. En cada eje, el documento enuncia un conjunto de iniciativas que cubren las distintas dimensiones que “a estas alturas del partido” se espera de una política pública de gobierno electrónico. No por ello deben dejar de destacarse algunas decisiones estratégicas que permiten abrir líneas en las que el Estado de Chile había avanzado poco o no habían sido aún abordadas. En lo particular, destaco la integración del concepto de gobierno abierto y una apuesta transversal por explorar en un doble sentido la relación entre el plan y la participación ciudadana.

Respecto del gobierno abierto, junto con reconocer la capacidad creativa de las personas para aportar a la solución de problemas de interés público, se asume que en un país en el que ya más de la mitad de las personas tienen acceso a Internet, a través de esta conexión los ciudadanos demandan mayor transparencia de los órganos estatales y mayores de canales de participación. La mirada más tradicional del gobierno electrónico concibe al ciudadano como un sujeto pasivo, que se beneficia de la “modernización de la relación” a través de la simplificación y más expedito acceso a los servicios del Estado. El gobierno abierto es, por el contrario, reconocer que el ciudadano es un actor protagónico en la construcción de las soluciones y la búsqueda de respuestas. En este sentido, destaco dos proyectos ya en marcha, si bien en etapas aún muy iniciales: el Portal de Datos Públicos del Gobierno de Chile, que liberará información administrativa desarrollada por los servicios públicos para que pueda ser reprocesada e interpretada por organizaciones y personas directamente; y el sitio Ideas para la Modernización del Estado, espacio que aspira a constituirse en una especie de incubadora de proyectos orientados a modernizar el aparato público a partir de propuestas ciudadanas. Hay en estos espacios oportunidades concretas para que la ciudadanía desarrolle procesos de apropiación de la labor del Estado.

La otra dimensión del Plan que destaco es la incorporación de la participación ciudadana de forma transversal en un doble sentido. No solo en el eje de gobierno abierto, su espacio natural dentro de este diseño (reconociendo, entre otras cosas, la oportunidad que presenta la Ley 20.500 y cómo puede la tecnología apoyar su implementación), sino en cómo se abren los espacios para que las personas se involucren en el desarrollo del Plan. Un ejemplo es la liberación de la versión alpha del Portal de Servicios del Estado, destinado a reemplazar ChileClic, y que está abierto a recibir retroalimentación de la ciudadanía, incorporando a los usuarios del portal en el codiseño final del espacio. Al igual que en el caso de gobierno abierto, de una adecuada difusión de estas oportunidades depende que la invitación se convierta en una efectiva herramienta de mejoramiento del quehacer del Estado.

El "Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014" hay que leerlo, entonces, como una hoja de ruta que despeja muchas incógnitas y comparte una mirada. Que en esa mirada la idea de participación ciudadana sea tan central es un gran acierto. Sin embargo, que esta manifiesta voluntad de abrir los espacios de creación y acceso al Estado se materialice, depende -a mi juicio- de dos factores que en el documento no son abordados.

En primer lugar, y dado el horizonte temporal que se plantea (2011-2014), llama la atención la ausencia de una cartera de proyectos definidos, con plazos de ejecución delimitados, responsables claros y volúmenes de inversión contemplados. Se mencionan, a lo largo del documento, proyectos en curso o ideas que se espera desarrollar, pero no está claro en qué punto se encuentra cada una de ellas, algo relevante, toda vez que buena parte de lo que se pretende hacer depende de las siempre complejas coordinaciones intersectoriales del Estado. Quedan poco más de dos años de gobierno y el plan es ambicioso. ¿Podrá realizarse todo lo que en él se plantea?

Y en segundo lugar, este Plan no explicita cómo el gobierno electrónico se relaciona con los otros componentes de la antes denominada Estrategia Digital. A modo de ejemplo, por mi experiencia de casi una década en el programa BiblioRedes, soy de los que cree que en países como Chile, que aún tiene niveles de exclusión digital relevantes que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, la promesa implícita en el gobierno electrónico (un Estado que logra mediante la tecnología construir mayor equidad a través del acceso a sus servicios y beneficios) puede ser inalcanzable para muchos. En especial para aquellos que aún carecen de las competencias digitales e informacionales para hacer un uso estratégico del gobierno electrónico para mejorar su calidad de vida; o para aquellos que su “acceso” a Internet aún se traduce en un turno en un computador en espacios como las bibliotecas públicas, los telecentros o los cibercafés.

Toda política pública debe explicitar cómo y cuándo la población beneficiada podrá acceder a ella, participar y recibir sus beneficios. En el caso del gobierno electrónico, los beneficiarios somos todos, por lo que en su diseño debe tener resuelto el acceso universal de la población, evitando perpetuar o fomentar nuevas lógicas de exclusión. Hasta el momento, en base a la información pública, no está claro si los dos factores que planteé están debidamente contemplados en el despliegue del Plan.

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

Plan estratégico de gobierno electrónico 2011 2014 Gobierno de Chile

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¿Por qué se cerró la Estrategia Digital del Gobierno de Chile?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Sun, 06 Nov 2011 23:33:00 +0000

Hace justo un mes, cuando se hizo público el proyecto de ley de presupuesto presentado por el gobierno ante el Congreso, publiqué una entrada sobre el fin del Programa 070106 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”), que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital. Me parecía una señal que debía relevarse, más en el plano simbólico que en el de los recursos reales que dejarán de dedicarse al tema. Nunca fue un programa que manejara grandes presupuestos y parte de sus fondos ya habían sido traspasados este año al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para reformular y potenciar el desarrollo de gobierno electrónico (que sí se mantendrá el 2012). Pero era un programa orientado a definir la mirada estratégica del Estado en el ámbito, coordinando a todos los actores (públicos y privados) y diseñando planes en todos los frentes del desarrollo digital del país (uno de los cuales es el gobierno electrónico, pero no el único).

Dicen que la curiosidad mató al gato, por lo que, haciendo uso de la Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, envié una consulta al Ministerio de Economía, solicitando recibir en formato digital “todos los informes y resoluciones que fundamentaron la cancelación del programa 070106”. El miércoles pasado me llegó el mail con la respuesta, un oficio firmado por el subsecretario (s) de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Eduardo Escalona, y que pueden revisar en detalle al pie de esta entrada.

Les hago el resumen. El Programa Multifase de Fortalecimiento de la Estrategia Digital en Chile tuvo en su origen financiamiento a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un presupuesto total de US$ 18.9 millones, de los cuales US$ 12.8 fueron un aporte del BID y el resto aporte del Estado de Chile. Indica la respuesta del Subsecretario que este programa concluyó en enero de 2011 y que el gobierno tomó la decisión de traspasar el componente de gobierno electrónico a la Segpres. Como antecedente adicional, se indica que se destinarán recursos el 2012 ($ 450 millones) en el presupuesto de la Subsecretaría para apoyar “las políticas de la Estrategia Digital en Chile”, aunque no se informa en que se invertirán esos fondos. Por último, se anexa copia del oficio que formaliza ante el Ministerio de Hacienda el traspaso del componente de gobierno electrónico y la ficha de definiciones estratégicas 2012-2014 de éste.

Por lo tanto, de la respuesta se desprende que el único fundamento en la decisión de cerrar el programa fue que se terminó el financiamiento del BID. Si el programa a cargo de coordinar como se define, ejecuta y sostiene el proceso que define las políticas públicas que permitan a Chile insertarse en la Sociedad de la Información se cierra por esa razón, estamos mal, muy mal. Y los estamos por dos razones, principalmente.

La primera. El crédito del BID –como bien indica el nombre formal- era “multifase”, siguiendo una lógica del Banco que permite acceder a nuevos financiamiento previa evaluación de las etapas anteriores. Lo que se cerró en enero fue su primera fase, pero desde hacía varios años se habían iniciado ya las conversaciones para entrar en la fase dos, con nuevos recursos del Banco. Estas gestiones estaban bien encaminadas, sobre la base de la buena evaluación que el BID tenía de lo realizado en la primera fase.

Y la segunda razón, sin duda la más compleja, es que el gobierno cuyo presidente prometió en su campaña liderar la revolución digital de Chile, le quitó toda la prioridad política a la estrategia digital. De hecho, no deja de ser un triste guiño que la respuesta ante la consulta haya llegado de un ministerio que estaba destinado a convertirse en el Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo, pero que ahora se limita a informar –en lo central- que la mayor parte de los recursos han sido traspasados a otro ministerio. Por lo demás, si la “revolución digital” dependía de un crédito del BID que el Estado de Chile decidió no llevar a una nueva fase, más bien recuerda en su espíritu a la acotada reforma agraria impulsada por el gobierno de Jorge Alessandri, que por su escaso impacto en la redistribución de la riqueza en el campo chileno fue conocida como “la reforma del macetero”.

Mientras esto ocurre, la clase política nacional, los medios de comunicación, la ciudadanía en general y la empresa privada, siguen enfrascados en resolver problemas sin duda más urgentes, pero sin hacerse la pregunta sobre cómo puede la tecnología contribuir a encontrar las respuestas para las preguntas que definen el país que queremos para el siglo XXI. La estrategia digital no es un tema de hardware, software y conectividad, es una manera de enfocar lo que vamos a entender por democracia, ciudadanía y desarrollo equitativo, inclusivo y sustentable en un mundo hiperconectado.

* Entrada publicada originalmente en elquintopoder.cl

Respuesta Ministerio de Economía sobre cierre Estrategia Digital

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¿Requiere Chile una ley de bibliotecas públicas?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Sat, 29 Oct 2011 02:13:00 +0000

El miércoles 2 de noviembre participaré en una mesa redonda sobre bibliotecas públicas en el marco de la XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología, organizada por el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Conversaremos sobre la pregunta que titula esta entrada y como parte de la preparación de mi intervención he publicado la encuesta "sui generis" que está debajo. No pretende ser una encuesta científica ni que la muestra de personas que la respondan sea representativa. Más bien, sus resultados pretendo usarlos para lanzar algunas reflexiones a partir de algunas frases tipo que en mis años trabajando en bibliotecas públicas escuché. Invito a responderla y, si quieren, compartirla en las redes. ¡Gracias ;-)!
<p>Your browser doesn't support iFrames :( Vote for this poll &amp;lt;a href="http://twtpoll.com/1n7ur8" title="here" target="_blank"&amp;gt;here&amp;lt;/a&amp;gt;.</p>

Sobre parlamentarios con iPad y marasmos digitales

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Wed, 19 Oct 2011 00:21:00 +0000

Imagen: rahego / Licencia CC

Y claro, nuestra clase política está tan desprestigiada, que cualquier cosa puede avivar las llamas de la siempre prendida indignación ciudadana. Hace unas horas, la causa fue la noticia sobre la adquisición de iPads para los diputados. En Twitter pronto saltaron las dudas sobre su real utilidad en manos de los honorables; los epítetos sobre el gasto de recursos públicos, que mejor serían ocupados pagando no sé cuántas carreras universitarias a estudiantes de escasos recursos; las bromas sobre los posibles usos que los parlamentarios harían de estos dispositivos. Todo un caudal de discusión pública (¿?), interesante como una expresión más de un fenómeno (el descrédito de la política, un invento de la dictadura que goza de excelente salud tras veintiún años de avances “en la medida de lo posible”) pero que, nuevamente, releva lo desaparecido que está de la agenda nacional el debate sobre la dimensión digital de nuestro desarrollo.

Chile está por estos días enfrentando las preguntas claves sobre el país que queremos. Hace ya tres décadas, las respuestas impuestas marcaron una línea de desarrollo que hoy está fuertemente cuestionada, porque las mejores tasas de crecimiento económico de toda nuestra historia no se han traducido en un país con mayores niveles de equidad e integración social. Todo lo contrario. Se habla de reforma tributaria, de fin al sistema binominal, de una nueva constitución, de cómo logramos que la ciudadanía tenga acceso permanente a espacios de participación y de deliberación vinculante para los procesos de toma de decisión en las grandes líneas del pacto social.

Pareciera, sin embargo, que esa discusión estuviera ocurriendo en un mundo analógico. Los diversos actores que copan las principales tribunas en el debate ignoran (quiero creer que por desconocimiento) el aporte profundo que los procesos sociales de apropiación de la tecnología pueden significar a la construcción de un país más abierto y diverso.

En este contexto, lo más fácil es disparar contra el gobierno y acusarlo de haber restado toda prioridad al desarrollo digital del país. Pero sería un ejercicio incompleto e injusto. Las posturas de otros actores (en realidad, la ausencia de ellas) son necesarias para completar la escena.

En el parlamento no existe lo que podríamos etiquetar como “bancada digital”, que levante la prioridad política del tema. En la actual discusión presupuestaria, ningún representante ha puesto en la mesa la conveniencia o no de los recursos destinados al área. Por extensión, la clase política extra parlamentaria, con unas pocas excepciones, no hace suya esta bandera. Por su parte, en los medios de comunicación, la tecnología suele estar reducida a reseñas de dispositivos y notas superficiales sobre redes sociales y los contenidos que en ellas circulan. Abundan los infomerciales y escasean los análisis e investigaciones en profundidad. Las empresas del sector, entre iniciativas de responsabilidad social y reclamos por políticas públicas erráticas que no generan incentivos para el desarrollo del mercado, esconden su paupérrimo aporte a la inversión nacional en I+D. La academia, en su conjunto, ensimismada en un modelo de gestión que la obliga a buscar la autosustentabilidad, mantiene una peligrosa distancia de la discusión pública en este tema. Y en la denominada sociedad civil organizada la incorporación de tecnología para el logro de sus objetivos suele estar imbuida de un entusiasmo voluntarista que le sería intolerable en otras dimensiones de su quehacer.

Es cierto. El párrafo anterior es lapidario, ve el vaso medio vacío y no hace justicia a aquellos que desde hace tiempo y desde sus espacios bregan por posicionar un concepto clave que hoy bien resumió Claudio Gutiérrez: “la tecnología es un asunto social, no (solamente) técnico. Que tecnología no son objetos, sino sobre todo procesos sociales, sujetos (muchos sujetos) creando”

¿Qué podemos hacer quienes nos desempeñamos en el ámbito para cambiar esta situación? Esa era la pregunta que buscaba provocar una conversación en la que participé la semana pasada. Mi propuesta es sencilla, pero requiere de compromiso y de una clara voluntad por participar en la discusión pública (lo que implica tomar posiciones, algo "más complejo" que compartir mensajes de 140 caracteres):

Aunar miradas, evitando simplificaciones, sobre cómo y cuánto aporta o puede aportar el desarrollo digital de Chile en la construcción del país que queremos. La jerga técnica debe ser traducida a ejemplos concretos que permitan a cualquier persona comprender por qué este es un tema crucial en su calidad de vida y la de sus hijos, y por qué debe importarle participar en las definiciones.
Usar intensivamente y de manera intencional nuestras tribunas, abriéndolas a audiencias y sectores de la ciudadanía hoy ajenas a esta conversación. Hay que sacar esta discusión del reducido y poco visible nicho en que se mueve actualmente.
Exigir a nuestros representantes (o los candidatos que busquen nuestro voto) se pronuncien, dando a conocer su visión y propuestas digitales. Ejerzamos nuestra ciudadanía, fiscalicemos a nuestras autoridades y hagámoslo, de paso, a través de medios en línea hoy disponibles.

Vuelvo a la anécdota del día. Lo importante no es que los parlamentarios vayan a tener iPads a partir de ahora. De hecho, creo que es una decisión acertada. Lo fundamental es si, a través de ellos, su desempeño mejora y, entre otras cosas, logran identificar que al ritmo que vamos nos estamos quedando rezagados. Ojalá los reciban antes de que termine la discusión sobre el presupuesto 2012. En una de esas, la inexperiencia usando la pantalla touch los lleva por equivocación a las partidas correctas y convocan una conferencia de prensa para exigir mayor prioridad al área. A estas alturas, incluso un saludo a la bandera es un gesto inconmensurable para salir del marasmo que afecta a nuestro desarrollo digital.

Actualización 21 de octubre. El previsible final de la anécdota: la Cámara de Diputados decidió no adquirir los dispositivos. Un verdadero triunfo (?) de las redes sociales. Me pregunto que ocurrirá el día que la ciudadanía objete a los parlamentarios sus compras de lápices y papel.

Entrevista en CNN Chile

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Sat, 15 Oct 2011 01:37:00 +0000

Comparto la entrevista que en la noche del miércoles Christian Pino me hiciera en CNN Chile. elquintopoder.cl, medios sociales, participación ciudadana y democracia fueron los temas, entre otros, sobre los que conversamos.

Internet en Chile: marginaciones en un país que envejece

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Tue, 11 Oct 2011 03:58:00 +0000

Internet está generando sus propias exclusiones. Bajo el slogan del potencial democratizador que la Red tiene para aquellas sociedades que avanzan en la masificación del acceso a ella, se esconden diversas formas de segregación. Estos procesos de exclusión son paradójicos, porque se dan en contextos en los cuales aumentan los porcentajes de penetración de Internet y la adopción de usos cotidianos de tecnología se extiende incluso hacia los grupos más desfavorecidos.

En The Deepening Divide, Jan van Dijk analizó estos procesos en países con altas tasas de penetración. Así, comparando las cifras de Holanda y Estados Unidos hacia mediados de la década pasada, países que en aquellos momentos tenían ya a la inmensa mayoría de sus habitantes conectados a Internet, llegó a la conclusión que aquellos grupos que más tempranamente adoptaban las innovaciones tecnológicas, obtenían mayor provecho de éstas y aumentaban su distancia en diversos indicadores de calidad de vida respecto de aquellos grupos que las adoptaban más tardíamente. Es decir, aumentaban las tasas de usuarios, pero también aumentaban las brechas entre quienes estaban conectados.

En Chile, el número de usuarios de Internet crece. Si bien seguimos estando entre los países con mayor penetración en América Latina, comienzan a aparecer algunas señales que indican que estaríamos llegando a cierta meseta, mientras otros países de la región están creciendo a tasas más altas (aunque aún con menores niveles de penetración).

¿Cuáles son las razones principales que hoy impiden a una persona no ser usuaria de Internet en Chile? Frente a quienes apuntan que es el acceso de infraestructura (computadores y conectividad), la versión 2011 del estudio WIP-Chile, elaborado por la Universidad Católica y centrado en una muestra de habitantes del Gran Santiago, mostró que la principal razón esgrimida por los no-usuarios es no saber usar Internet y confundirse con la tecnología (35%), seguida por la falta de interés y no encontrarle utilidad (22%). Al revisar la tendencia, se comprueba que entre 2006 y 2010, la falta de conocimiento o la dificultad para usar la tecnología casi se ha doblado, pasando del 20 al 35% (mientras en las otras respuestas, salvo la falta de tiempo, los porcentajes han caído o se han mantenido estables).

El mismo estudio estableció además que en el grupo entre 35 y 44 años se cruzan las dos líneas: por debajo de esa edad, son más los usuarios que los no usuarios, y por encima abundan más los no usuarios. El 71% de las personas entre 45 y 54 años se declararon no usuarios de Internet, mientras en el grupo entre 55 y 64 la cifra llegó a un 81%.

Estas cifras podríamos entenderlas como normales, expresión lógica del desencuentro generacional entre aquellos que nacieron o alcanzaron a educarse en un mundo de computadores personales e Internet, y aquellos que no. Si fuéramos un país con una pirámide poblacional de base muy amplia, podríamos incluso afirmar que es cosa de tiempo hasta que desaparezcan estas brechas. Sin embargo, Chile es un país de envejecimiento avanzado y de mantenerse las tendencias actuales, en el año 2025 por cada 100 adultos mayores existirán 100 menores de 15 años. En otras palabras, es posible proyectar que muchas de las personas que hoy no son usuarias de Internet en Chile sigan viviendo por un largo tiempo y, salvo que se realizan acciones en ese sentido, seguirán encontrando las mismas barreras de acceso que hoy tienen para dar el salto.

El acceso a tecnología (a Internet, en particular) está reconfigurando nuestras sociedades. La vieja lógica del control de los medios de producción como fuente de la riqueza y de ubicación en la escala social se mantiene. Pero en la actualidad estamos ante una transición respecto de cuáles son los medios de producción que generan poder. Si en la sociedad industrial eran los medios de producción de bienes, hoy cada vez más son los medios tecnológicos de producción de información los que generan riqueza. Quienes tienen acceso, se apropian de ellos y les dan usos estratégicos, logran mejorar su participación en la sociedad (según el modelo de van Dijk).

Ante este escenario, cabe preguntar en qué se encuentran los programas de alfabetización digital en el país. Durante la década pasada, un amplio abanico de iniciativas públicas y privadas pusieron su foco en el desarrollo sostenido de programas de competencias digitales básicas en aquellos grupos etarios o socioeconómicos que no eran cubiertos por el sistema educacional. Más de un millón de personas pasaron por estos programas, implementados principalmente a través de las escuelas abiertas a la comunidad, las bibliotecas públicas y las redes de telecentros comunitarios. Pero a partir de cierto momento, de la mano de la despriorización de las políticas públicas ligadas al desarrollo digital, la alfabetización digital cayó en el olvido. Implícitamente se asumió que las brechas se cerrarían solas o por la inercia de las iniciativas que lograron sostenerse en el tiempo.

Las cifras antes mencionadas debieran, a lo menos, hacer revisar estas presunciones. Si nuestra sociedad envejece y la calidad de vida de los adultos mayores va adquiriendo, como debiera ocurrir, cada vez más importancia en las políticas públicas, una dimensión sustancial de esas nuevas prioridades pasa por cómo hacemos que ese grupo etario desarrolle procesos de apropiación de la tecnología y usos estratégicos de ésta.

Sin duda, ello implica pensar una estrategia más compleja, que parta de la alfabetización digital, pero incorpore otras alfabetizaciones (informacionales, mediales, etc). No se trata de fomentar el cliché de “los abuelitos que pueden mandarle un correo a sus nietos” (aunque esa motivación no es menor en muchas personas). Se trata de adultos mayores ejerciendo su ciudadanía en plenitud, participando activamente en la construcción de la opinión pública a través de los medios sociales; que logren maximizar su relación con el Estado en línea, ejerciendo sus derechos y deberes a través de plataformas en línea; que puedan encontrar en Internet una fuente de trabajo, de desarrollo personal y de formación de comunidades con personas con intereses y necesidades similares.

Internet, los medios sociales, parecen un reducto de los jóvenes y de unos pocos inmigrantes digitales. Pero en Chile, un país que envejece, romper esa imagen debiera ser un objetivo de política pública. De no ocurrir, hoy estamos dando forma a los grandes grupos de marginados de las próximas décadas.

El plebiscito que no fue

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Sat, 08 Oct 2011 02:17:00 +0000

Creo en el plebiscito como mecanismo a través del cual las sociedades democráticas pueden someter al parecer de la ciudadanía soberana ciertas decisiones vinculadas a las grandes reglas del pacto social. Creo, también, en el potencial que el actual desarrollo de las tecnologías tiene para fortalecer y facilitar la participación ciudadana. Estas fueron las dos razones fundamentales que me llevaron a expresar mi opinión en línea a través del sitio www.votociudadano.cl en el marco del Plebiscito Nacional por la Educación del 6 y 7 de octubre.

Este Plebiscito es un acto simbólico y carece de cualquier carácter vinculante. Busca, como se indica en el blog de la iniciativa, “alcanzar una alta cifra de votantes a lo largo del país para demostrar al gobierno y a los parlamentarios el apoyo que las demandas del movimiento por la educación generan y el interés de la gente por ser consultada”. Que un sector de la ciudadanía se haya autoconvocado es reflejo de lo horadada que está la legitimidad de nuestro sistema político formal. Por eso, ver a miles de chilenos ejerciendo un acto de plena ciudadanía, en el contexto de los ya cinco largos meses de movilizaciones sociales por la educación, es razón para alegrarse, pero al escribir estas líneas me mueve una cierta decepción. Articular esta iniciativa no debe haber sido sencillo y las organizaciones que están detrás de ella deben por ello recibir reconocimiento. Pero desde el derecho que me da el haberme sentido convocado y haber votado, comparto una reflexión sobre la pobre estrategia digital puesta en práctica.

A lo largo del día he recibido comentarios que en algunas mesas no se habría solicitado el carnet para votar (pese a que está indicado en el Reglamento de Votaciones), confiando en que la persona al firmar en el registro no entregaría datos falsos ni estaría vulnerando lo indicado en el punto III.c. Por otro lado, entiendo que en ninguna mesa de las habilitadas a lo largo del país, se habría contrastado el RUN de la persona contra una base de datos en línea que se fuera alimentando en tiempo real con los RUN de aquellos que hubieran votado conforme fuera avanzando esta primera jornada. Nuevamente, se confió a las personas no vulnerar el compromiso solemne de no votar más de una vez (siguiendo lo indicado en el punto III.d del Reglamento).

Revisando los procedimientos de conteo de votos, no encontré ninguna instancia en que se cruzaran los registros de las distintas mesas, por lo que no hay forma de confirmar si una persona votó presencialmente más de una vez. Aunque hubiera existido, al realizarse en forma posterior al sufragio, no es posible anular ese voto en particular ya que la papeleta estaría mezclada con las del resto de los sufragios de esa mesa. Si se deseara eliminar ese duplicado, habría que eliminar completamente los sufragios de una de las dos mesas.

Así, el mecanismo presencial carece de validez para representar la opinión de la ciudadanía. No tiene tampoco valor como encuesta, ya que no se sometió al rigor metodológico que estas tienen y el sesgo de la muestra es más que evidente (no creo que quienes rechazan las demandas estudiantiles se hayan sentido invitados a votar). Y si el objetivo declarado era reunir a miles de personas como expresión del vigor del movimiento, la cantidad podrá ser puesta en entredicho fácilmente por no existir mecanismos de cotejo de registros de votantes entre las distintas mesas. ¿Qué valor comunicacional tendrá una cifra construida de esa manera?

Por otro lado, respecto del sufragio vía Internet, posible desde el 6 de octubre, durante buena parte del día de ayer y de hoy, el sitio ha estado inaccesible. En www.votociudadano.cl (aclaro que desde elquintopoder.cl hemos difundido el llamado a votar en esa plataforma) ha informado que están analizando las razones de la falla, siendo por el momento las dos explicaciones más plausibles un colapso por un número de votantes mayor del esperado, o algún ataque informático (denegación de servicio, por ejemplo). Sea cual sea la causa, ambos escenarios eran probables dada la masiva adhesión ciudadana al movimiento por la educación y, por otro lado, las furibundas reacciones en contra que en las redes ha desatado.

En el caso de la plataforma en línea, efectivamente es imposible votar dos veces (yo lo intenté), pero el problema de fondo es otro. Hace unos meses, la ciudadanía reaccionó indignada cuando se supo del monitoreo de las redes sociales por parte del Gobierno. Entre los argumentos que se utilizaron en aquel momento, uno de los principales fue que la legislación chilena impide la construcción de bases de datos de opiniones políticas, en las que se pueda ligar una opinión a una persona determinada. Sin embargo, eso está ocurriendo ahora, sin que nadie se pregunte por el uso que las organizaciones convocantes harán de esa información. ¿Qué tipo de análisis harán con las opciones que saben que yo marqué en cada una de las cuatro preguntas?

Hace unos días atrás escribí sobre la ausencia de estrategia digital en el Estado. La sociedad civil organizada refleja en este caso (por lo menos los grupos que convocaron el Plebiscito) que tampoco tiene una noción clara de cómo usar y aprovechar para sus propios fines las herramientas digitales. Y no es un problema de tecnología ni de costos. Las primeras están, los segundos son mucho menores de lo que se presumen y estoy seguro hubieran podido financiarse. Lo extraño es que el movimiento estudiantil -al igual que otras causas ciudadanas- ha sabido usar estratégicamente Internet y las redes sociales para sus fines, y en sus filas abundan futuros ingenieros que podrían haber resuelto de manera rápida el desafío operativo.

¿Cuál es el simbolismo que se espera lograr? ¿Serán más los votantes que las personas convocadas a las marchas más masivas, que llegaron a reunir en un solo día 500 mil personas en todo el país? ¿Será la aprobación de las posturas del movimiento superior a esas encuestas que le entregan 80% de respaldo ciudadano? Y si es así, ¿que validez tendrá ese porcentaje?

Si me invitan a un partido de fútbol, espero encontrarme con algunas cosas: once jugadores por lado, una pelota, dos arcos, un árbitro, una duración del partido conocida y una cancha con ciertas demarcaciones. Podrán faltar los jueces de línea, la cancha podrá ser de pasto o de tierra, el ancho y el largo de ésta podrá variar e incluso los arcos podrán no tener malla. Pero seguirá siendo un partido de fútbol. Pero si al llegar me encuentro que vamos a jugar en la playa y que seremos seis contra seis hasta que nos cansemos, eso no será un partido de fútbol. Podré divertirme mucho, pero sería más apropiado hablar de una pichanga. Mi impresión es que el simbolismo debía, en este caso, haber ido de la mano de la rigurosidad. Y eso no se logró, porque cualquier balance final estará sujeto a una afirmación indesmentible: el Plebiscito no fue un plebiscito porque no cumplió con reglas básicas, en especial dos, garantizar "una persona un voto" y el secreto total del sufragio. Los grupos organizadores tenían a la mano la solución técnica que hubiera entregado esa seguridad, pero no optaron por ella, revelando que la incomprensión del mundo hacia el cual nos movemos atraviesa transversalmente ciertos grupos de nuestra sociedad.

En 1988, en plena dictadura y con tecnologías mucho más rudimentarias que las actuales, un grupo de personas se organizó para llevar un recuento paralelo de las votaciones del Plebiscito. En el corazón del centro de cómputos del comando del No, se alcanzaron cifras muy cercanas a las que finalmente fueron las oficiales. Permitieron anticipar la derrota de Pinochet y constatar que el régimen estaba escondiendo las cifras. Fue también un ejercicio de ciudadanía auto organizada, que supo hacer del uso de las herramientas de la época una ventaja para alcanzar su objetivo, como bien narra Eduardo Díaz.

Como votante en el Plebiscito Nacional por la Educación, me hubiera gustado ser parte de una hazaña similar estos días. No ocurrió y quizá (espero equivocarme) se haya “rayado la pintura” a la posibilidad de que algún día contemos en Chile con el plebiscito como herramienta en una democracia más plena.

¿Quién está entrando al callejón sin salida?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 07 Oct 2011 17:43:00 +0000

Cuando el Estado, que tiene el monopolio legal de la violencia, fuerza a los movimientos sociales a entrar a callejones sin salida, uno se pregunta quien es realmente el que se encuentra atrapado en su propia lógica.

Comparto una cita del claro editorial publicado hoy por El Mostrador:

Solo así se explica que hoy exista una mesa de diálogo a la que todos llegan con las pistolas cargadas. El gobierno enviando leyes penales al Congreso, los estudiantes movilizados horas antes de conversar, en marchas públicas.

Sin embargo, la lección es que si esta misma generación vuelve a ser derrotada y se va frustrada para su casa, será una victoria pírrica, tanto para el gobierno como para el Estado de Chile. Esa generación no tendrá ningún motivo de adhesión por las instituciones del Estado y dentro de 5 o 10 años se va a aplicar a demoler todo vestigio de lo que le moleste o no esté de acuerdo, sin consultar con nadie, por fuera de la política y sin mayor contemplación por los procedimientos legales. La victoria de hoy del gobierno puede ser la derrota estratégica del Estado mañana si prevalece el mensaje que, aparentemente de manera inconciente impulsa el gobierno: junten rabia.

En Chile ha habido un esfuerzo grande en el pasado, de todos los sectores, por dotar al sistema político de mecanismos de diálogo, que desactiven los automatismos de violencia que antaño lo llevaron a verdaderas tragedias sociales. Que llevaron no solo al Golpe de Estado de 1973, y sus enormes secuelas de violencia inducida por agentes estatales, sino también a la primacía de las concepciones de que solo la lucha y la calle da lo que las leyes niegan en vastos ambientes juveniles. Porque el desafecto democrático nunca es unilateral sino también el resultado de una mala educación cívica práctica.

Ana Tijoux, en este tema en apoyo al movimiento estudiantil, pone la banda sonora que estamos escuchando en este callejón.

Chile: un país sin Estrategia Digital

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Wed, 05 Oct 2011 00:35:00 +0000

* Esta entrada fue publicada originalmente en elquintopoder.cl

Como todos los años, la presentación del proyecto de ley de Presupuesto por parte del gobierno ha empezado a generar análisis y contraanálisis desde distintos sectores. Todos con el adjetivo a flor de labios, ora para destacar sus bondades, sugiriendo que Chile será otro país tras el fin de su ejecución en diciembre de 2012, ora para relevar las inconsistencias entre las promesas presidenciales y los recursos que para cumplirlas se disponen.

Ni tanto ni tan calvo. Los presupuestos del Estado se deben analizar en el marco de tendencias. Un año no cambiará nada. Las políticas públicas, aquellas que generan transformaciones de largo plazo, son ejercicios plurianuales y que dejan instaladas, tras el esfuerzo inicial, líneas de financiamiento sostenidas y sostenibles en el tiempo. El presupuesto fiscal es la expresión financiera de las voluntades políticas de un gobierno. Quienes trabajan en el Estado lo saben: aparecer, aunque sea en una línea del proyecto de ley, es garantía de respaldo y proyección. No aparecer es casi sinónimo no existir en un mundo dominado por un lenguaje de glosas, partidas, títulos y subtítulos.

La propuesta presentada por el gobierno al Congreso trajo, para quienes creemos en la necesidad de fortalecer la dimensión digital del desarrollo nacional, una muy mala noticia: el país se quedó sin Estrategia Digital. Sí, el Programa 070106 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (“Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile”) y que entregaba recursos a la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia Digital, fue eliminado.

En el medio hace meses se sabía de la dificultades que estaba enfrentando la Estrategia Digital al interior del Gobierno, que entre otras cosas provocaron la renuncia de Alfredo Barriga, el primer y quizá último Secretario Ejecutivo de la Estrategia durante este gobierno, quien no contó con las herramientas para revertir lo que él mismo denominó, al hacer un balance público (sin ninguna autocrítica, por cierto) a su gestión, “la cruda realidad del Agenda Digital en Chile”. Meses antes, el gobierno decidió potenciar la línea de gobierno electrónico, trasladando equipos y fondos al programa de Modernización del Estado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aunque tal como grafica el presupuesto solicitado para el 2012 ello no implica invertir más recursos. Lo que en aquel momento fue un rumor, ahora se confirma: tras dejar a la deriva los otros componentes del programa, el 31 de diciembre serán cerrados o transferidos a otras reparticiones. Nada de esto está claro, porque no ha habido comunicación pública, salvo lo ocurrido con gobierno electrónico.

El cierre del programa de la Estrategia Digital marca un hito. El Estado de Chile inició durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle un proceso masivo de incorporación de tecnologías, con especial atención en la puesta en línea de trámites públicos para facilitar la interacción con el ciudadano. Durante el gobierno de Lagos, este esfuerzo centrado en la gestión propia del Estado, dio paso a una ambiciosa Agenda Digital. Esta cubría diversos ámbitos, entre otros, la masificación del acceso de las personas a computadores e Internet y su desarrollo de competencias digitales, incentivos para el fortalecimiento de la industria de tecnologías de información y comunicación en el país, y la profundización del e-government. Se nombró, además, al primer CIO (Chief Information Officer) que tuvo el Estado, el entonces subsecretario de Economía, Alvaro Díaz, pero quedó pendiente el desafío de institucionalizar la labor, sostenida en buena medida por la firme voluntad presidencial en este ámbito. Precisamente, es durante el gobierno de Michelle Bachelet que se avanza en esa dirección, a través de la consolidación del programa de la Estrategia Digital, que lanzó el plan 2007-2012.

Fruto de este largo ciclo que cubre tres gobiernos son, entre otras iniciativas destacadas a nivel mundial, la declaración y pago de impuestos en línea que lideró el SII; el portal Mercado Público (originalmente, Chilecompras); el portal Chile Clic; los programa Enlaces (iniciado durante el gobierno de Aylwin) y BiblioRedes; los subsidios que la Subtel entregó a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que permitieron llegar con conectividad a las zonas más remotas del país; y la instalación gradual de un PMG (Programa de Mejoramiento de la Gestión) de Gobierno Electrónico, cuyo objetivo final es que todos los trámites y procesos internos del Estado que puedan estar en línea, lo estén.

No obstante, como en su momento destacara Alejandro Barros, uno de los cuatro secretarios ejecutivos de la Estrategia Digital durante el gobierno de Bachelet, “los temas TIC no son tema” y en el país el Estado sigue siendo el principal poder comprador de tecnología. El menor peso político hacia fines de la década pasada, terminó por restar prioridad al desarrollo digital en las políticas públicas.

En este contexto, las promesas de campaña de Sebastián Piñera, enunciadas en la cena anual de la ACTI (la asociación gremial del sector) el 2009, llamaron la atención y dieron pie para pensar que en este gobierno el desarrollo digital sería una prioridad presidencial.Incluso, convencido el candidato de dar un salto sustancial, apostó por crear una nueva institucionalidad, convirtiendo el Ministerio de Economía en un Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo. Cuando aún no se cumplen dos años de la gestión, no solo eso no ha ocurrido, sino que se decide poner fin a la institucionalidad heredada sin crear una alternativa, en momentos que nuestra ubicación en los rankings internacionales en la materia empieza a caer y la necesidad de un mayor impulso es evidente. Repasar las otras promesas es un ejercicio amargo, al constatar que muchas de ellas no avanzaron más allá de la diapositiva del PowerPoint (partiendo por la gran apuesta, el subsidio a la demanda de computadores y conexiones domiciliarias en Internet, que aseguraría que cada familia de Chile tendría acceso permanente y de calidad en sus propias casas al término de su gobierno).

Hace un tiempo, con un grupo de amigos escribimos una carta en la que afirmamos que “el futuro de Chile será digital o no será”. Hoy, cuando las diversas desigualdades que nos desafían a repensarnos como país dominan la agenda, parece un despropósito no hacer de la transición hacia la sociedad de la información una oportunidad de construir un país más equitativo. Se podrá argumentar que desde distintos frentes (salud, educación, gobierno electrónico, apoyo al emprendimiento, etc.) el gobierno seguirá impulsando el desarrollo digital, pero el desmantelamiento de la institucionalidad vigente impedirá la adecuada constitución de una visión país en el ámbito, algo que la propia industria está criticando. Un error que podemos pagar caro porque es, literalmente, dejar a Chile sin Estrategia Digital en tiempos de bits.

Hey Chile! We don't need no education

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Fri, 30 Sep 2011 02:18:00 +0000

Una de las características de las movilizaciones estudiantiles de este 2011 que más han llamado la atención ha sido su creatividad. Sostener más de cinco meses de marchas, tomas y tensas negociaciones con las autoridades, y pese a ello seguir teniendo elevados índices de respaldo ciudadano –tal como demuestran una tras otra diversas encuestas- no solo tiene que ver con la claridad con la cual los estudiantes han logrado instalar en la discusión pública el corazón de sus demandas. También está relacionado con cómo en ese ejercicio comunicacional han logrado adaptar y usar íconos y mensajes de muy diversa matriz cultural pero alto reconocimiento público. Muchas de estas expresiones posteriormente han sido difundidas en forma masiva en los medios sociales, contribuyendo, por un lado, a un loop permanente de alimentación de la identidad del movimiento y, por otro lado, a dar cuerpo a la memoria digital de este episodio histórico que aún está en construcción.

Hoy, en la 36ª marcha por las calles del centro de Santiago, una marcha que terminó abruptamente, fue el turno de los estudiantes de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, quienes exhibieron una recreación de los martillos que se hicieran famosos a raíz de unas animaciones que aparecen en la película basada en el disco The Wall de la banda británica Pink Floyd. Un disco considerado entre las más importantes de la historia del rock y que -entre otros mensajes- hace una crítica a la educación como proceso homogeneizante. Un ícono de la música mundial al servicio de la causa estudiantil chilena.

En elquintopoder.cl, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, decidimos asistir a la marcha, para poder transmitir desde dentro de la manifestación lo que se estaba viviendo. Cristián Rodríguez, iPhone en mano, hizo un streaming y capturó algunas fotografías. Una de ellas, la de los martillos, que encabeza esta entrada, fue publicada por Marcela Infante, nuestra community manager, en nuestro Tumblr y de alguna manera que no hemos logrado aún detectar, ese post fue visto por quien administra la cuenta @rogerwaters en Twitter. Aún no sabemos (aunque estamos en ello) si esa cuenta es oficial y si la maneja el vocalista, bajista y uno de los líderes históricos de Pink Floyd (en su sitio web solo se referencia la página del músico en Facebook). Pero quizá dé lo mismo, porque a estas alturas el mensaje que desde esa cuenta se compartió con los estudiantes chilenos ha sido reenviado cientos de veces, sino miles, en las redes, como si fuera el propio Roger Waters quien dijera: “Hey Chile! We don’t need no education”.

Los estudiantes de Artes Visuales de la U. de Chile hicieron el trabajo duro; elquintopoder.cl puso las redes; y @rogerwaters el rock ;-)

Les dejo el video de la canción en la que se escucha la frase original que hoy @rogerwaters “reinterpretó”, pero en el que apenas hay una sombra de un martillo.

Twitter no nos representa

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Sun, 25 Sep 2011 19:32:00 +0000

Los medios sociales son ya un espacio más en el cual se construye la opinión pública. Es aún difícil precisar el peso que tienen en este proceso y si representan un solo gran segmento de la esfera pública o si, por el contrario, representan la manera en que diversas y separadas esferas públicas tienden a conectarse y –desde esa conexión- facilitar que quienes en ellos participen activamente contribuyan al moldeamiento de la opinión pública.

Por sobre las interrogantes, asumiendo que la influencia de los medios sociales sobre la agenda pública va en aumento, urge reflexionar sobre su representatividad, en tanto uno de los lugares comunes que existe sobre ellos (e Internet en general) es su potencial para democratizar los debates sobre temas de interés público.

Los medios sociales –solemos afirmar- permiten que más personas participen en los debates, que un análisis más plural de los temas aflore y que nuevos temas sean visibilizados. Normalmente, este hilo de argumentación no toma en consideración o no lo hace en profundidad, el hecho que las plataformas sobre las cuales ocurren estas discusiones de interés público, son privadas, y que por lo tanto es necesario que las sociedades se doten a sí mismas de normas y regulaciones que garanticen que los fines públicos que a través de ellas se busque alcanzar, no sean intervenidos de manera opaca por intereses privados (los de las compañías dueñas de las plataformas o las de terceros actores interesados en influir que la opinión se oriente en determinada dirección).

En el caso de Twitter, los Temas del Momento (Trending Topic) son la manera en que preferentemente se visualizan las discusiones entre sus usuarios que influyen en la opinión pública. Que Twitter Inc. haya decidido desde hace un tiempo avanzar hacia la segmentación de los Temas del Momento, personalizándolos por países y ciudades, grafica una estrategia corporativa destinada a relevar una de sus más importantes funcionalidades como servicio, precisamente la que tiene mayor influencia en el comportamiento de la mayor parte de sus usuarios.

Cada vez es más frecuente leer o ver notas en los medios de comunicación de masas cuyo punto de partida es una etiqueta que logró escalar entre las más usadas en Twitter, asumiendo la prensa en forma explícita que si llegó a ese punto fue porque era representativa de lo que estaba ocurriendo en el mundo o en el país y que por lo tanto era necesario relevarla aún más a través de una decisión editorial.

Al mismo tiempo, como ocurrió en el caso de Wikileaks, también son cada día más normales las acusaciones sobre intervenciones artificiales de los Temas del Momento, acusaciones que siempre encuentran por respuesta que cierta parte del algoritmo de Twitter destaca o esconde por alguna justificada razón la etiqueta (¡cómo si la sola mención de la existencia del algoritmo santificara una matemática y objetiva expresión de la realidad!).

La base de los Temas del Momento son los propios tweets que los usuarios generan. Sobre la dificultad de realizar a partir de ellos afirmaciones con altos grado de representatividad, hace poco danah boyd y Kate Crawford realizaron un interesante resumen en un paper centrado en el análisis de grandes conjuntos de información (Big Data) y cuya lectura recomiendo. Cito (la traducción es mía):

Primero, Twitter no representa a “toda la gente”, aunque muchos periodistas e investigadores se refieran a “gente” y “usuarios de Twitter” como sinónimos. Ni tampoco es la población usando Twitter representativa de la población mundial. Tampoco podemos asumir que cuentas y usuarios sean equivalentes. Algunas personas nunca crean una cuenta y acceden a Twitter solo vía Web. Algunas cuentas son “bots” que producen contenido en forma automática sin la participación de una persona. Más aún, la misma noción de cuenta activa es problemática. Mientras algunos usuarios publican contenido frecuentemente en Twitter, otros participan solo “escuchando”. Twitter Inc. ha revelado que el 40% de los usuarios activos solo se conectan para escuchar. Los significados de “usuario”, “participación” y “activo” deben ser examinados críticamente.

Debido a las incertidumbres sobre lo que representa una cuenta y a qué se parece el compromiso, hacer muestreos de las cuentas de Twitter y hacer afirmaciones sobre la gente y los usuarios es pararse en terrenos inestables. Twitter Inc. puede hacer afirmaciones sobre todas las cuentas y todos los tweets o sobre una muestra al azar en tanto tiene acceso a la base de datos central. Incluso así, no le resulta fácil tomar en cuenta a mirones, personas que tienen múltiples cuentas o grupos de personas que acceden con una sola cuenta. Adicionalmente, la base de datos central es propensa a cortes, y tweets se pierden o borran con frecuencia.

Twitter Inc. hace accesible al público solo una fracción de su material a través de APIs. Esa “manguera contra incendios” (N.T.: “firehose” en el original) teóricamente contiene todos los tweets públicos publicados y explícitamente excluye cualquier tweet que el usuario haya decidido publicar en forma privada o “protegida”. Sin embargo, tweets públicos también se pierden en la “manguera”. Aunque un grupo importante de compañías y start-ups tienen acceso a la “manguera”, muy pocos investigadores tienen este nivel de acceso. La mayor parte tiene acceso a una “manguera de jardín” (N.T.: “gardenhose” en el original) (aproximadamente el 10% de los tweets públicos), un “spritzer” o vaso alto (aproximadamente el 1% de los tweets públicos) o han usado cuentas de usuarios “blanqueadas” que les dan acceso a APIs para obtener diferentes grupos de contenidos del flujo público. No está claro que tweets son incluidos en estos flujos o muestreos distintos de datos. Podría ser que la API obtenga una muestra al azar de tweets, o que obtenga los primeros miles de tweets por hora, o que solo obtenga tweets de un segmento particular de la red. Dada esta incertidumbre, es difícil para los investigadores realizar afirmaciones sobre la calidad de los datos que están analizando. ¿Son los datos representativos de todos los datos? No, porque excluye los tweets de las cuentas protegidas. ¿Son los datos representativos de todos los tweets públicos? Quizás, pero no necesariamente.

El jueves 22 de septiembre, con ocasión de la última marcha por la educación realizada en Chile, la etiqueta #yomarchoel22 no logró escalar a los Temas del Momento en Chile, pese a que algunas aplicaciones de terceros usando la información de Twitter, sí indicaron en sus propios rankings el masivo uso de la etiqueta. Irremediablemente, las sospechas de alteración manual del algoritmo surgieron. No faltaron quienes, aprovechando su ausencia de los Temas del Momento, buscaron disminuir la relevancia de la marcha. Quizá, a la luz de las palabras de boyd y Crawford, lo más sensato sea pensar que los Temas del Momento siempre tendrán una muy restringida representatividad. O que su valor para medir el estado de la opinión pública sea el mismo que leer los editoriales de un medio de comunicación tradicional. Vale decir, una interpretación legítima pero sesgada de la realidad.

Mi apuesta: más allá de las restricciones impuestas por las reglas propias de cada medio social y que limitan su potencial democratizador, reconocer que la ciudadanía está desarrollando prácticas de uso y expectativas sociales sobre ellos que merecen repensar cómo fines públicos se logran/dependen de plataformas privados.

Monitoreo de medios sociales: ¿cuál es el estándar democrático?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Tue, 23 Aug 2011 16:01:00 +0000

Hasta hace unos años, el espacio en el cual se formaba la opinión pública sobre política era un territorio de acceso restringido. La ciudadanía interesada en participar en forma activa en su construcción (incluyendo los militantes de los partidos), enfrentaba una seria escasez de espacios. Salvo que se detentara alguna posición de poder o autoridad, acceder a tribunas con resonancia estaba vedado para la inmensa mayoría de nosotros. Las secciones de cartas al director de la prensa escrita eran de los pocos espacios abiertos. Una apertura filtrada, por decirlo de alguna manera, por un editor que decidía que opinión era relevante y cuál no. El potencial ámbito de influencia de “los de a pie” estaba limitado al entorno cotidiano (familia, amistades, relaciones laborales, etc.), en el que a través de la conversación informal podíamos influir en la formación de la “opinión de la base social”. Con todo, la “agenda” de este entorno estaba muy mediatizada por la “otra agenda”, la de quienes podían hacerse escuchar desde los medios de comunicación de masas.

En alto grado, esta situación no ha variado, pero desde el surgimiento de los medios sociales en Internet, los procesos de formación de la opinión pública han empezado a ser más permeables a las voces de aquellos actores que desde tribunas propias autogestionadas han logrado constituirse en referentes de opinión política, ya sea por formación, experiencia, por ejercer liderazgos en sectores antes invisibles o invisibilizados por el poder, o por una combinación de estos factores. El "negocio" de la influencia, previamente controlado en forma vertical, está tendiendo hacia la fragmentación, multiplicándose en las redes las fuentes de información y miradas para un mismo tema. Recae cada vez más en el ciudadano la responsabilidad de buscar, filtrar e interpretar la información, para formarse un juicio propio y desde él participar en la conversación pública.

Está aún por verse si los medios sociales contribuyen a la construcción de sociedades más abiertas y plurales, pero lo que ya parece evidente es que han cambiado los términos de la relación entre los ciudadanos y el poder, en especial el político y –más particularmente aún- el Estado. Las barreras para ser escuchado y participar se han reducido significativamente, pero con ello también han surgido interrogantes sobre la nueva relación que se da entre el Estado y el ciudadano a través de estos medios sociales.

En una reciente columna analizando una reacción del gobierno británico ante los disturbios en Londres, Evgeny Morozov planteaba una pregunta especialmente interesante: ¿cuál es el estándar que consideramos aceptable en las sociedades democráticas respecto del monitoreo de los estados sobre lo que en las redes decimos y hacemos? Morozov llega a esta interrogante al reflexionar sobre un anuncio de David Cameron, quien sugirió la posibilidad de bloquear o intervenir las redes con el fin de cortar la comunicación entre los manifestantes que las utilizan para coordinarse. La respuesta que las democracias den a esta pregunta reviste una importancia que trasciende sus fronteras, ya que si la decisión es avanzar hacia una mayor intervención de estos espacios, se abre la puerta para que gobiernos autoritarios o dictatoriales legitimen prácticas que ya realizan y que vulneran los derechos ciudadanos, concluye Morozov. De paso, se materializaría lo que en otra columna Rebeca MacKinnon describió como la mayor amenaza para la democracia en la era de Internet: los abusos de poder potenciales a través de las redes sociales.

El gobierno chileno anunció hace poco el término del monitoreo de redes que había iniciado unos meses antes. Este seguimiento de la opinión pública en las redes sobre ciertos temas y sobre la valoración del Presidente y su gabinete, que en principio me parece algo sensato, generó una polémica que llevó a la presentación de consultas ante el Tribunal Constitucional y la Contraloría, con el fin de determinar su legalidad. Más allá de los problemas de la estrategia comunicacional usada por el gobierno para defender la medida (¿la hubo o solo se reaccionó ante una situación que no estaba planificada?), así como el hecho que efectivamente el contrato contenía cláusulas que vulneraban la Ley de Protección de Datos Personales, me llamó la atención que se abordara muy tangencialmente la que es a mi juicio la principal interrogante: ¿son los medios sociales un espacio donde se construye y moldea la opinión pública sobre los temas de interés nacional?

Mi respuesta afirma el potencial intrínseco de los medios sociales para construir una esfera pública más plural, y en tal sentido, colaborar en la profundización de la democracia. No ignoro la necesaria existencia de un conjunto de recursos (principalmente acceso a tecnología), competencias (digitales, informacionales, cívicas) y derechos (partiendo por la libre expresión) para que ese potencial se pueda materializar. Sin embargo, en la discusión generada por la medida del gobierno, no faltaron quienes negaron ese potencial.

Entre otros argumentos, se indicó que el gobierno podía lograr la misma información a través de encuestas o con análisis de prensa, desconociendo la naturaleza desintermediada y la rapidez de reacción de los medios sociales, dos ventajas que al combinarse permiten entenderlos como un termómetro en tiempo real de las tendencias de opinión, función que ni las encuestas ni la prensa logran cumplir.

Por otro lado, mayoritariamente se afirmó que el Estado no podía monitorear a quienes compartían opiniones de interés político en la Red, ya que esa es información personal que nuestra legislación impide sea sistematizada y analizada en bases de datos. Sin duda, el marco legal actual así lo indica, pero cabe preguntarse si ese marco se adapta adecuadamente a las lógicas de construcción de opinión en los medios sociales.

Una de las motivaciones básicas de quienes compartimos en los medios sociales nuestros juicios de interés político es ser escuchados, no solo por otros ciudadanos, sino por aquellos que participan en los procesos de toma de decisión. En última instancia, ese ha sido siempre el sentido de emitir juicios de valor político: influir. Pero, además, a diferencia de lo que ocurre en la plaza pública –que suele ser el símil con el que se compara a los medios sociales- hay un acto deliberado, más o menos consciente, de emitir esos juicios con publicidad. Queremos que quienes nos lean sepan que los juicios los emitimos nosotros, y no otras personas. No solo eso: esperamos que esas otras personas los encuentren acertados y los compartan en sus propias redes, idealmente atribuyéndonos la autoría. Reclamar porque el Estado empieza a escucharnos y –eventualmente- considerar nuestras opiniones en los procesos de toma de decisión, va en sentido opuesto.

¿Limitar el seguimiento que el Estado realiza de juicios políticos en los medios sociales no es una forma de anular su potencial democratizador en la construcción de la opinión pública? ¿No será necesario revisar nuestra noción de privacidad, entendiendo que para influir en la opinión pública debemos exponernos más? Pareciera que en la base del reclamo hay un sustrato contradictorio: escúchenme, presten atención a lo que digo, pero no me sigan, no me monitoreen. Un sustrato con algo de irresponsabilidad: quiero emitir juicios de la manera más libre, sin asumir ninguna responsabilidad por su contenido.

Retomando a Morozov, ¿cuál sería entonces el estándar que nuestra democracia en Chile considera válido en el seguimiento de las opiniones políticas en los medios sociales? Su respuesta bien vale una discusión sin prejuicios porque, entre otras cosas, está en juego la capacidad que los medios sociales tienen para romper con la falta de pluralismo que la concentración de la propiedad ha provocado en nuestros medios masivos de comunicación. Algo que critican, por cierto, muchos de los que quieren anular esa función de los medios sociales.

¡Envidiosos del mundo, uníos!

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Thu, 23 Jun 2011 13:47:00 +0000

Dos citas de la columna "La igualdad y la envidia" de Axel Kaiser, publicada en el Diario Financiero el viernes pasado. Provecho.

"En el Chile actual, la envidia ha dado lugar a un debate completamente distorsionado cuyas consecuencias serán fatales para nuestra prosperidad. Se dice que tenemos un problema de desigualdad escandalosa y que la solución es más intervención del Estado a través de impuestos y políticas redistributivas".

"Esto es lo que plantean los redistribuidores en Chile, quienes, azuzando la envidia entre las masas para ganar popularidad, dedican sus energías a ver cómo hacer para que algunos no tengan mucho más que otros en lugar de ocuparse por mejorar la situación de todos. Lamentable".

Redes sociales: ¿La ciudadanía dialoga y el gobierno escucha?

noreply@blogger.com (Enzo Abbagliati Boïls) — Wed, 22 Jun 2011 13:00:00 +0000

Comparto una columna que me invitaron a escribir para el diario La Tercera y que fue publicada en su edición impresa de hoy con el título "Redes sociales: la ciudadanía dialoga". Creo que es oportunidad muy interesante para abrir un debate serio y fundamentado sobre la relación que existe en Chile entre medios sociales, ciudadanía y política.

Ocho millones de cuentas Facebook y aproximadamente un millón en Twitter nos ubican como uno de los países de América Latina con mayor arraigo de la Web social. Usamos estos medios de expresión para –independiente de nuestra ubicación en la sociedad- participar, entre otras cosas, en la formación de la opinión pública sobre lo que ocurre en Chile. Los medios sociales contribuyen –potencialmente- al fortalecimiento de nuestra democracia: nos permiten a todos participar de una conversación que solía estar limitada a quienes detentan poder.

En el Chile de 2011, que el gobierno tome la decisión de monitorear la conversación ciudadana en estas plataformas es algo sensato. Es su responsabilidad escucharla y hacerlo en todos aquellos espacios en los cuales se manifiesta masivamente. Conocer sus demandas actuales y sus expectativas sobre el futuro, están en la base de las políticas públicas y la conducción exitosa del país. Ignorar las redes sociales y seguir usando encuestas o análisis de prensa, como se ha sugerido en el artificial debate provocado por esta medida, es no entender uno de los principales cambios que está ocurriendo: la desintermediación en la relación de las personas con el poder.

Se terminó la política de masas, en la que los partidos políticos y liderazgos construidos en torno a la disciplina vertical, decidían por millones y rendían cuentas de manera parcial en las urnas con cierta periodicidad, sin que los electores tuviéramos más opción que marcar o no una preferencia en la papeleta. Ahora todos esperamos que el Presidente o un político de oposición nos respondan a la interpelación que le hacemos por Twitter. Buscamos que a cada hora rindan cuenta de sus actos, especialmente de las promesas no cumplidas y de los errores cometidos. Porque a través de las redes, muchos de nosotros dialogamos directamente con el poder (o tenemos la ilusión de hacerlo).

Que el gobierno decida mirar esa conversación es un reconocimiento explícito al valor político de las redes y la opinión ciudadana que en ellas habita. El gobierno ya no podrá hacerse el sordo. Eso es una ganancia absoluta para la calidad de nuestro régimen democrático.

Quienes critican la medida argumentan que su derecho a la privacidad se ve vulnerando, ignorando la naturaleza pública de la mayoría de las acciones que realizamos en estas plataformas y desconociendo que éstas (propiedad de empresas privadas) tienen condiciones de servicio (que aceptamos casi siempre sin leer al abrir una cuenta) que nos restan derechos sobre los contenidos que en ellas publicamos. Cosas que en el mundo presencial nos parecerían ilógicas e incluso peligrosas, las hacemos sin ningún tipo de filtro en las redes.

Erróneamente, se compara Internet con lugares públicos. La comparación debiera ser con espacios privados de acceso y uso público. Buena parte de la infraestructura sobre la que se sustenta y la inmensa mayoría de las aplicaciones y programas que usamos todos los días son privadas, aunque no paguemos por ellas. Dada la legítima preocupación ciudadana sobre lo que el gobierno hará con la información, pudiera ser esta una oportunidad para abrir una debate en Chile sobre cómo salvaguardamos nuestro derecho a usar estos espacios privados para fines públicos. Entre ellos, ser protagonistas de la profundización de nuestra democracia desde nuestro irrenunciable derecho a la libre expresión.