Fuente: Notitarde

Fecha: 19 Junio 2009

……..”En otro orden, Parra aseguró que ejercerá “de forma justa y equilibrada” la facultad que le otorgó esta semana el ministro de obras públicas y viviendas, Diosdado Cabello, para regular los alquileres de inmuebles en el municipio, la cual solicitó en diciembre pasado, en virtud a los abusos de un número importante de arrendadores. Resaltó que sólo dos alcaldías del país recibieron competencia, la de Girardot, del estado Aragua; y la de Valencia, para tomar decisiones en los conflictos entre arrendadores y arrendatarios con respecto a la fijación de cánones de alquiler de inmuebles.

Comentó que hay mucha especulación con los alquileres, siendo esto un tema sensible, un problema social. Muchos arrendadores -agregó- pretenden desalojar a familias completas que tienen años viviendo en sus propiedades, mientras que otros quieren subir de forma abusadora los arrendamientos en inmuebles que no lo valen.

Denuncias como éstas solamente eran recibidas por la Alcaldía, a través de la Dirección de Inquilinato, que está bajo la responsabilidad de Solanger Castillo; pero ahora, “podremos tomar decisiones”, dijo, al tiempo que resaltó “los arrendatarios ahora tienen quien los defienda”.

Por otra parte, el alcalde destacó la puesta en marcha, desde este mismo jueves, de la Oficina Municipal del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, con un equipo entrenado para tramitar denuncias y defender a los consumidores. En compañía de Carlos Guía, coordinador regional del Indepabis, aseguró que con esta oficina se duplica la capacidad del instituto en el Estado Carabobo, en el margen de la nueva legislación.”

]]> http://camincar.net/2009/06/controlara-alquileres-en-el-municipio/feed/ http://camincar.net/2009/06/controlara-alquileres-en-el-municipio/ http://feedproxy.google.com/~r/Camincar/~3/gIpv3NKv53w/ http://camincar.net/2009/06/sin-ipc-y-con-inflacion-es-la-hora-de-vender-se-acabo-el-cuento/#comments Thu, 18 Jun 2009 18:44:27 +0000 Camincar http://camincar.net/?p=713 La medida que suspende el cobro del I.P.C. o de cualquier otro mecanismo de ajuste por inflación o corrección monetaria, disparó las alarmas en el Sector Construcción e Inmobiliario. La Resolución afecta no solo a los constructores, sino también a todos aquellos grupos familiares para quienes se les hará más difícil el sueño de una vivienda propia, en virtud de que la inflación (2.5 % en los materiales de construcción en el mes de Mayo) no desaparece con la resolución ministerial, solamente se traslada la inflación anual al precio de venta, porque ninguna empresa está en capacidad de absorber los costos de construcción, los costos laborales, los costos tributarios. La inflación entrará a formar parte de la estructura de costos. La resolución “Afecta a 380.000 obreros de la construcción que temen quedarse desempleados, por la imposibilidad de algunas constructoras para continuar en el negocio”, según estimaciones de Wlmer Nolasco, vocero del Sindicato Único de la Construcción. La Resolución se anticipa a esta posibilidad al establecer en el artículo 5º que en caso de incumplimiento en la entrega del inmueble al comprador por la no culminación de la obra, “El Ministerio podrá intervenir para lo cual tiene las más amplias potestades, investigativas, correctivas y sancionatorias”. La Resolución establece la restitución al comprador de todo lo cobrado por concepto del I.P.C., después de la fecha convenida por las partes para la culminación de la obra y la protocolización del documento de venta. Es válido recalcar que la restitución del I.P.C. al comprador, solo será por los meses que transcurrieron después de la fecha tope de culminación de la obra o protocolización. Esto quiere decir que si la vivienda fue prometida para Enero 2009, pero el promotor no cumplió y siguió cobrando el I.P.C. hasta junio que fue cuando entrego la obra, se le devolverá al comprador el equivalente a los cinco meses transcurridos desde la fecha de su incumplimiento.

Si el contrato de opción de compra fue firmado antes del 10 de noviembre de 2008, (cuando entró en vigencia la Resolución No. 98 que regulo el uso de IPC en la preventa), y se estipuló una fecha de culminación de la obra que aún no se ha vencido, el promotor puede cobrar el I.P.C. hasta el 10 de Junio de 2009, porque a partir de esta fecha la resolución lo prohíbe. Por supuesto, no hay derecho a reintegro del I.P.C. por que la fecha establecida para la culminación de la obra no está vencida y el promotor no ha incumplido. También se establece en la Resolución que si la opción de compra no tiene fecha de terminación de la obra o protocolización, el promotor tenía un plazo de 5 días continuos que venció el lunes 15 de Junio de 2009, para fijar plazo de culminación de la obra. Otras de las obligaciones a cargos de los Promotores es que en toda publicidad de vivienda y en todos los contratos de opción de compra, debe indicarse expresamente la fecha cierta de culminación de obra. Pero esta película aún no termina. En declaraciones de la Diputada Laura Valls para “El Mundo Económico” el 21/06/09 expreso que “…Seguirán trabajando en la Ley de Pre-venta, pues el I.P.C. es solo una arista de un problema mayor, como la terminación unilateral de los contratos de pre-venta, las ofertas engañosas o las diferencias de precios entre inmuebles”. Ante esta serie de regulaciones, es de suponer una disminución en la oferta de proyectos inmobiliarios, lo cual elevaría el precio de los inmuebles de segunda, razón por la cual el Ministro del Poder Popular Para las Obras Publicas y Viviendas, declaró para “Ultimas Noticias” el martes 16 de Junio de 2009 “que la dirección de inquilinato está preparando el estudio y la resolución, según la cual establecerá eliminar la discriminación por zonas urbanas que existe actualmente para fijar el precio por metro cuadrado de construcción.” La otra Resolución que prepara la Dirección de Inquilinato es “Comprar la tierra donde está construido edificios con más de 20 a 30 años, pues ya los apartamentos están depreciados para entregárselos a los inquilinos y hacerlos propietarios”. La Red Metropolitana de Inquilinos celebró el anuncio, mientras que la “Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos” (APIUR), planteó que antes de continuar con las expropiaciones, el Ministro debería pagar a los 241 edificios afectados por el ex-alcalde Juan Barreto entre los años 2006 y 2008. Se impone aceptar la Resolución; se impone aprender a trabajar en mercados difíciles. Se impone el uso planificado de la imaginación y la innovación. La creatividad es la capacidad de generar nuevas relaciones en viejos conceptos; ello requiere un esfuerzo mental para cambiar el presente y continuar. “Cada uno debe darle forma a su futuro…. Si no, alguien lo hará por nosotros”

Aníbal Gómez A.

Corredor Inmobiliario certificado Nº 114

Director de Mercadeo Incaval, C.A.

Asesores Inmobiliarios

mercadeo@incaval.com.ve

Presidente de la Cámara, Rafael Trejo:

Fuente: Notitarde

Fecha: 18 Junio 2009

Valencia, junio 17 (Marlene Castellanos).- El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Rafael Trejo, dijo que en el país no se están regulando los cánones de arrendamiento ya que desde el años 2004 los montos de las viviendas en alquiler están congelados.

Estas aseveraciones las hizo al ser consultado sobre la Gaceta oficial 39.200 que fue publicada el 15 de junio, en la cual le da competencia al alcalde de Valencia Edgardo Parra, de tomar decisiones sobre esta materia.

El empresario señaló que hasta que no revise el documento no fijará una posición al respecto, porque en la resolución 110 que fue anunciada el 10 de junio por el Ministro de Obras Públicas, no establecía lo mismo que apareció posteriormente en la Gaceta. No obstante, el empresario comentó que en los actuales momentos, es muy difícil que se dé una regulación en esta materia.

Trejo señaló que el precio de una vivienda en alquiler lo decide muchos aspectos, entre ellos el valor de la tierra, el costo de construcción y los acabados del inmueble. “Este tipo de resoluciones no son buenas y antes de tomarlas debe llamarse a un consenso entre las partes porque se están tomando decisiones unilaterales”.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria anunció que los abogados de la agrupación revisarán el documento y fijarán una posición al respecto.

Sin embargo, agregó que estas decisiones para nada ayudan a solucionar el déficit habitacional que existe en el país. “En Venezuela casi no hay viviendas en alquiler y creemos que debe dejarse de echar más leña al fuego”.

El empresario insistió en la necesidad que se genere una mesa de diálogo entre las partes.

Fuente: El Carabobeno

Fecha:  17 Junio 2009

Caracas, junio 16 (REDACTA).- El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda delegó en el alcalde Edgardo Parra, funciones particulares en materia de administración inquilinaria en Valencia.

La resolución, con rango, valor y fuerza de ley, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.200 del 15 de junio que circuló este martes, le confiere al alcalde la potestad de aplicar políticas dictadas por el Ejecutivo, en lo que respecta a arrendamientos inmobiliarios, así como la firma de actos administrativos inquilinarios que se tramiten ante esa instancia municipal.

Deberá velar por la aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de arrendamientos inmobiliarios, y fijar los cánones de arrendamiento a los inmuebles sujetos a regulación de conformidad con los lineamientos que dicten las leyes en esa materia.

Es de su absoluta competencia, según especifica la Gaceta, imponer multas a los contraventores del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, cuyos recursos deberán ingresar al respectivo Tesoro Municipal.

De todos los actos y documentos que firme el alcalde Edgardo Parra en ejercicio de su delegación, deberá rendir cuenta al Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. Con la disposición, deberá indicar la firma, fecha, número de la resolución y Gaceta Oficial en la que haya sido publicada.

Medida es legal

Héctor Hernández Manzano, abogado experto en materia municipal, aclaró que el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, es el órgano del Gobierno que tiene la facultad de regir toda la materia inquilinaria en el país, y por ende tiene la plena potestad de delegar sus funciones en el alcalde o Concejo Municipal que desee. El jurista certificó como legal la resolución con rango y fuerza de Ley, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.200 del 15 de junio, donde se le confiere al alcalde Edgardo Parra funciones particulares en materia de administración inquilinaria en el municipio.

Hernández Manzano manifestó que ahora Parra tendrá más trabajo, pues deberá dedicarse a toda la materia inquilinaria en la jurisdicción. “Incluso él tiene la facultad para congelar el aumento de alquiler, si así lo quiere”. (LGG / EQV)

Fuente El Carabobeno

Fecha: 17 Junio 2009

Daniela Martucci

Valencia, junio 16 (REDACTA). - El pedazo de tierra sobre el cual se construye una vivienda es lo que establecerá el precio al cual puede ser vendida. Este valor puede incrementarse o devaluarse dependiendo del crecimiento urbanístico y comercial de la zona, así como el mantenimiento que se le haya brindado a la casa o apartamento usado. Tratar de regular el costo del metro cuadrado acabará con el mercado inmobiliario y alejará nuevas inversiones.

En la Dirección de Inquilinato, instancia adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) se estudia una resolución que fije un precio unitario para el metro cuadrado, sin importar dónde se encuentre el inmueble. El anuncio fue hecho por Diosdado Cabello, quien manifestó la intención de acabar con la discriminación por zonas y dar mayor posibilidad a personas de adquirir una vivienda a bajo costo.

Esta medida pretendió aplicarla el ex ministro Luis Figueroa en 2007, pero luego de conversaciones con distintos consorcios inmobiliarios y la cámara que los agrupa, desistió de la idea. “Es prácticamente imposible regular el metro cuadrado”, aseguró Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. “Los costos de construcción son iguales en cualquier lugar, pero el valor del terreno no puede ser el mismo”, precisó.

La aplicación de esta normativa beneficiará a quien se encuentre entre los diez millones de venezolanos que no tienen techo propio donde vivir, pero se verán afectados más adelante cuando tengan que vender al mismo precio que compraron cinco años atrás. “La gente no aceptará la pérdida”, mantuvo Trejo.

Trejo explicó que si la inflación en el país se mantuviese en cero, los valores de las viviendas se conservarían iguales y la persona que adquirió su inmueble hace 20 años recuperaría la inversión sin tener que vender a un alto precio. “Los incrementos en los materiales de construcción y la poca capacidad de ahorro de los venezolanos, hace que una nueva vivienda valga hasta 10 veces más de lo que costó”.

Las consecuencias de regular el metro cuadrado, según pronostica Trejo, serán la escasez de viviendas, porque nadie querrá vender para perder, y el fin del negocio inmobiliario por el poco interés que mostrarán los nuevos inversionistas.

Valorización del inmueble

La metodología que se utiliza para determinar el valor de una vivienda se fija por cuánto debe invertirse para reponer el valor inicial del inmueble menos la depreciación por edad. “Un inmueble mejor mantenido que otro puede ganar hasta 10% más de su valor”, indicó Arturo Facchin, director del grupo Con Valor, principal referencia en el estado para asignar precio a una vivienda antes de ser vendida.

Los portales web administrados por esta empresa proporcionan al público tasadores inmobiliarios en los cuales se ingresan referencias como zona residencial, estado de conservación, accesibilidad al sector y edad del inmueble para fijar un precio sugerido. Son estos elementos los que deben determinar el precio del metro cuadrado de una vivienda.

Zonas deseables

Otro factor influyente en la estimación del costo de un metro, es el deseo de las personas de habitar esa zona. Los urbanismos más buscadas, y por ende, los más costosos en Valencia son Guataparo Country Club, El Viñedo, la Trigaleña, Prebo y El Parral, según valoraciones de Tuavaluo.com para mayo de 2009. Los precios por metro cuadrado de apartamentos en estos mismos sectores, varían entre los Bs.F. 9.881 y Bs.F 6.032.

Fecha: 15 Junio 2009

Guillermo García N. (*)
Luego de la decisión del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.197, del 10 de junio, en la que elimina el cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC) en los contratos de preventa de inmuebles, los constructores y personas interesadas en adquirir un inmueble se enfrentan a una gran incertidumbre. Los constructores, que utilizaban la preventa como una fórmula para financiar el inicio de obras, reduciendo el nivel de apalancamiento financiero, y los compradores, de un esquema que les permitía comprar dando pagos fraccionados de la inicial bajo un cronograma de pagos periódicos. Para los constructores, la indexación de los precios a través del IPC los protegía de la elevación de los costos de materiales en el tiempo de fabricación. Ahora, con la eliminación del IPC en las preventas, ¿qué mecanismos o esquemas se pudiesen implementar para que el movimiento de construcción no se reduzca y los interesados en adquirir viviendas puedan hacerlo? Sin duda, en estos momentos el tema del acceso a una vivienda se ha convertido en uno de atención y de urgencia tanto para el Gobierno como para los ciudadanos. En la búsqueda de soluciones a este tan importante problema, me permito presentar al Gobierno Nacional un esquema financiero novedoso para el financiamiento y subsidio por parte del Estado, el cual permita la construcción masiva de viviendas. Este esquema financiero, el cual he venido trabajando y divulgando desde hace algún tiempo, se denomina el Bono Vivienda-Promotor.

“Bono Vivienda-Promotor. ¿Cómo está estructurado

y cuál es el objetivo?

El esquema del ‘Bono Vivienda-Promotor’ está basado en la emisión y otorgamiento de un bono de Deuda Pública Nacional (DPN), el cual su única finalidad es aplicarlo como cuota inicial para la adquisición de una vivienda principal. En consecuencia, el ‘Bono’ tiene como único objetivo servir como subsidio de la cuota inicial para la adquisición de su vivienda y la porción adeudada restante está atada al otorgamiento de un crédito de Ley de Política Habitacional, lo que garantiza a la persona la compra de su vivienda y al constructor la certeza de que la unidad ha ser construida ya la tiene vendida. El Bono Vivienda-Promotor funciona como un mecanismo de subsidio directo al comprador. El esquema está concebido para que pueda desarrollarse un ‘ciclo virtuoso creciente’, ya que estos Bonos, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, serán inscritos y negociados en la Bolsa de Valores de Caracas para darles liquidez. ¿Cómo funciona? Los Bonos son otorgados a todas aquellas personas con ingresos demostrados hasta Bs.F. 4.000 mensuales, y éstas lo ceden al constructor o promotor de las viviendas. Los constructores tienen la alternativa de ir a negociarlos en la Bolsa o mantenerlos y así gozar de los intereses que rinden estos títulos. Como los Bonos tendrán unas características atractivas de rendimiento, las instituciones financieras y compañías de seguros serán los grandes compradores de estos Bonos. Los constructores también podrían cederlos a la banca como colateral para obtener créditos. Para garantizar el valor del Bono se crea un mecanismo de estabilización que preserva, para cualquiera sea el tenedor del Bono, que dichos títulos no tendrán una pérdida de capital. Con la implementación de este esquema tal y como lo concibo, se podrían estar construyendo 200.000 unidades habitacionales anuales, generando cientos de miles de empleos, crecimiento económico muy importante y sostenido, y una mejora de la calidad de vida y productividad de la masa laboral. Por otro lado, permitiría al Estado acometer, con la participación total del sector privado, un programa masivo de construcción sin tener que disponer de elevados requerimientos financieros de corto plazo y de garantizar recursos de largo plazo, que es una de las mayores trabas que tienen los sectores construcción y bancario.

A nivel de ingeniería financiera, este esquema es totalmente factible de implementar, lo que hace falta aquí es la voluntad política de llevarlo adelante y de buscar la colaboración decidida del sector privado, para que sirva de aliado en la consecución y alcance de los mejores objetivos que proporcionen oportunidad y bienestar a la gran mayoría de los venezolanos que hoy no poseen vivienda.

Si realmente el Gobierno quiere construir viviendas y reducir de una manera firme y sostenida el déficit habitacional en el país, es imperativa la participación del sector privado de la construcción, el cual posee la experticia y recursos; de lo contrario, las metas de construcción anuales seguirán disminuyendo, el déficit continuará creciendo y el problema que hoy tiene un inmenso grupo de venezolanos no será resuelto. Ministro Cabello, se necesitan soluciones innovadoras e incentivos al sector construcción privado, para que se comience a darle una verdadera solución al problema. El Bono Vivienda-Promotor es una de ellas”.

finanzasaldia@gmail.com

(*) Asesor de inversión

Saco de cemento es vendido entre 19 y 20 bolívares fuertes
Fuente: El Carabobeno

Fecha: 14 Junio 2009

Francisco A. Briceño J.

Valencia, junio 13 (REDACTA).- A pesar del incremento de 2,5% en algunos materiales para la construcción durante el mes de mayo, en Carabobo los niveles de producción se mantienen similares a los del último trimestre del año 2008. Arnaldo Romero, presidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo, confirmó que la mayoría de las obras ejecutadas en la actualidad fueron iniciadas el año pasado, y las nuevas contrataciones para el sector público o privado han ido descendiendo.

El recorte presupuestario decretado por el presidente Chávez o simplemente la situación económica por la que atraviesan los venezolanos, han impedido el avance en la construcción de obras públicas y privadas.

El problema no es actual. Sólo entre junio de 2006 y junio de 2007, la inflación anualizada estuvo en 19,4% por encima del índice de precios de la construcción, repuntando como principales productos la arcilla en 21,9%; madera para encofrados en 13,1%; sistema hidroneumático en 5,6%; ascensores en 3,5%. Sin embargo entre 2008 y 2009, la arcilla registró un ajuste de 51,8%, los productos de concreto de 42,9%, madera en 29%, materiales de plomería en 22,3% y los vidrios 21,8%.

Entre abril de 2008 y abril de 2009 el costo de estos insumos a nivel de productor se elevó en 17,3% y entre el mes pasado y junio el aumento fue de 2,5%, según lo refleja el Banco Central de Venezuela.

Combustibles y lubricantes se ubicaron en primer lugar de incremento con un 51,3% seguidos de los agregados para concreto en 47,1% y los asfálticos con 45,5%.

La más reciente regulación de precios del Ejecutivo Nacional en esta materia estableció, por ejemplo, el costo del saco de cemento gris tipo 1 en 9,98 bolívares fuertes. En ferreterías de Valencia se constató que está siendo vendido entre 19 y 20 bolívares fuertes.

El alza de estos precios que siguen ubicados por encima de los regulados también se evidencia en las cabillas cuyo precio está en 16 bolívares fuertes, los tubos para aguas servidas en 15,50 bolívares; arena lavada en 4,70 y el bloque de arcilla en 3. El metro cúbico de piedra supera los 230 bolívares fuertes, el zinc oscila entre los 40 y 50 bolívares y una puerta de hierro puede llegar a costar hasta 560.

Estos costos no han detenido a quienes más allá de construir, buscan remodelar sus viviendas, y es que, aunque no lucen abarrotadas, las tiendas proveedoras de estos materiales siempre cuentan con clientela interesada en sus productos y que, por economía, prefieren buscarlos a las puertas del establecimiento y no pagar fletes que eleven aun más el costo total.

Una empleada de una de las tiendas comentó que no han reportado aumento de precios en las últimas semanas y la demanda se mantiene similar. La diferencia entre el lugar donde trabaja y el resto de las tiendas lo marcan apenas algunos céntimos de bolívar fuerte que prefieren ser gastados o guardados por los usuarios de acuerdo a su comodidad.

Las fallas en la distribución de piedras y arena hacia estas tiendas fue uno de los indicadores para el alza de los precios y aunque la normalidad ha vuelto, los precios siguen elevados. Ahora sólo resta esperar que culminen las obras que se están ejecutando y verificar la factibilidad del inicio de nuevas construcciones urbanísticas, que a pesar de los costos, continúan teniendo una mayor demanda.

Constructoras podrían paralizar obras

Fuente: Notitarde

Fecha: 13 Junio 2009

Valencia, junio 12 (Angélica Vásquez).- Más de 300 mil trabajadores de la construcción en todo el país podrían verse afectados ante la eliminación del cobro del Indice de Precio al Consumidor (IPC), así lo informó Wilmer Nolasco, presidente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción, durante una entrevista al diario El Nacional.

Nolasco coincidió con los señalamientos del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, al considerar que el decreto emitido por el Ejecutivo nacional puede ocasionar la paralización de la construcción de viviendas y crear más desempleo en el sector.

Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Carabobo, Rafael Trejo, aseguró que un gran número de personas contratadas de manera directa e indirecta podrían quedar sin trabajo.

Trejo manifestó que esta medida podría generar un frenazo en la producción habitacional. “Existen muchas dudas de que las 145 mil viviendas permizadas, según el Banco Central de Venezuela, puedan ser terminadas, lo que afectaría el mercado”.

El representante del sector inmobiliario, aseguró que esta situación puede ocasionar que de ahora en adelante las constructoras y promotores de viviendas jueguen el método de la adivinanza, para calcular cual será el porcentaje inflacionario en los próximos 18 o 24 meses, para sumárselo al precio final.

“Esto podría resultar riesgoso, ya que estaría afectando al consumidor, quien tendrá que pagar un precio más alto de lo que debería o que la constructora no pueda terminar el desarrollo habitacional, debido a que se equivocó en el costo de la edificación”.

En tal sentido, exhortó al Gobierno Nacional, empresas privadas y a las bancas a sentarse en una mesa de trabajo para explicar las cosas buenas y malas para no tomar decisiones unilaterales que al final resultarán perjudicando a los más necesitados.

“Le tomamos la palabra al ministro de Obras Públicas y Viviendas, Diosdado Cabello, para reunirse con las cámaras tanto Inmobiliaria como de la Construcción para buscar soluciones definitivas”.

Para el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Fernando Azpúrua, resaltó que ante la eliminación del Indice de Precio al Consumidor la mayor preocupación del sector es que las obras continúen.

“Nuestra principal inquietud es que esas viviendas se concluyan y no se pierdan puestos de trabajo”, expresó.

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Fuente: Notitarde

Fecha:  12 Junio 2009

El Ministro Diosdado Cabello anuncia “mano dura” a constructores

Caracas, junio 11 (Agencias. Versión: Elizabeth Ostos).- El Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, recordó a las empresas privadas de construcción que el dinero obtenido por el cobro de Indice de Precios al Consumidor (IPC), por parte de productores y vendedores de viviendas, deberá ser entregado a los compradores “en 10 días continuos y de forma efectiva”.

Cabello informó, desde La Guaira, que el Gobierno revocó la resolución 98, que permitía el cobro del IPC en la obtención de viviendas. “Esto generó una usura intolerable”, expresó el titular del MOP.

Recordó que los 10 días para reintegrar el pago por este concepto comienzan a correr ayer jueves, con la publicación de la Resolución 110, de la Gaceta Oficial publicada el 11 de junio, que elimina “el cobro ilegal del IPC”,

Sin carnet político

La medida afectará a quienes continuaron cobrando por este concepto luego de la resolución aprobada en noviembre pasado por el Ministerio de Vivienda, mientras que las empresas que cobraban el IPC antes de la fecha deberán esperar la decisión del TSJ en la materia.

“Queda totalmente prohibido el cobro del IPC y de otra forma de tasas impositivas”, destacó Cabello. Dijo que el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de revocar la resolución 98, “que creemos fue tergiversada por los productores de viviendas, y se comenzó a colocar un precio adicional a la vivienda”.

Se prohibe entonces el cobro de cuotas, alícuota, porcentajes o sumas de dinero basados en el IPC, o ajustes por inflación, y la medida se aplica en todo el mercado inmobiliario dedicado a la vivienda y hábitat.

Señaló el ministro que con esta medida serán beneficiadas más de 25 mil familias, y actualmente se cuentan 1.600 denuncias.

“No le vamos a pedir carnet político a nadie, todos los venezolanos se beneficiarán con esta medida. Estas acciones echan por tierra la matriz mediática que trata de asegurar que el Gobierno ataca a la clase media y a la propiedad privada”, dijo Cabello.

Fuente: Notitarde

Fecha: 12 Junio 2009

Caracas, junio 11 (Unión Radio).- El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, indicó que con la eliminación del IPC a las viviendas a partir de ayer jueves, se ajustarán a las nuevas resoluciones “porque nuestro objetivo es hacer casas, no hacer políticas”.

Informó que se ajustarán a las nuevas resoluciones gubernamentales, pero harán las acotaciones del caso, aunque no se les escuchó en las instancias oficiales.

“Efectivamente lo que va a suceder ante esta incertidumbre de lo que está pasando, es que todo el mundo se paraliza a entender que significa y cual es el alcance de la totalidad del decreto en cuestión”, aseguró en entrevista a Unión Radio.

Martini indicó que reunir una cantidad de dinero “equis” para la compra de una vivienda no es fácil en el país, por lo que destacó que si no existiera la forma de pre-venta, en el cual la gente va pagando la inicial en cuotas, pues a su juicio, no podría existir un mecanismo en la que compensen, de alguna manera, los costos de construir a futuro, “va a ser muy difícil que el venezolano pueda adquirir una vivienda”.

“Lo que significa que un mecanismo que existió hasta hoy, que era ajustar por inflación bajo los índices que el mismo BCV es el que los da y sobre el saldo deudor, era éste; bajo que premisa puedo poner yo un precio, cómo calculo yo la inflación a futuro, porque nadie en cualquier parte del mundo va a producir a pérdida”, enfatizó el representante gremial.

Fuente: Notitarde

Fecha:  11 junio 2009

Caracas, junio 10 (Especial).- El Ministro de Obras Pública y Vivienda, Diosdado Cabello, anunció que fue eliminado el cobro del IPC a las viviendas y además, informó que el estado tomará control de los espacios de los puertos nacionales de almacenadoras.

“Todo aquel que cobre IPC se le acaba esa teta hoy porque sale en Gaceta. Se termina eso y me da potestad para intervenir cualquier urbanismo que incurra en ese hecho. Vamos a asumir los puertos. Que sigan atacando pero tenemos moral para verlos en los ojos”, dijo el titular de Viviendas y Obras Públicas. En declaraciones previas,que la reedición de Coordinadora Democrática busca desestabilizar al país.

Advirtió a la oposición que no intente ningún tipo de desestabilización ni acción alguna que viole la Ley, “porque el pueblo de Caracas les va a dar una respuesta contundente y firme”.

El pronunciamiento lo realizó con intención de alertar a los venezolanos ante el planteamiento que la oposición tiene de reeditar una Coordinadora Democrática, para llamar a guarimbas, a desórdenes, a desestabilización y a paros.

En tal sentido hizo un llamado a las organizaciones populares y a los grupos que trabajan en las distintas comunidades, “a que estemos alerta porque el enemigo está tratando de buscar nuevas vías (…) las mismas intenciones pero con más rabia”. Asimismo expresó el titular de Viviendas y Obras Públicas que el terrorismo mediático “es un problema de salud mental” y que en la “revolución está la contraparte; nosotros nos sentimos identificados con el amor, la paz, la unión la solidaridad no solo internamente sino a nivel latinoamericano; por eso seguimos avanzando y el partido se convierte en un frente para luchar contra el terrorismo mediático”. En cuanto al intento de la oposición de deslegitimar las jornadas de inscripción del PSUV, el ministro Diosdado Cabello les comunicó que el proceso se ha llevado sin ningún tipo de problemas, incluso se extendió el plazo hasta este fin de semana y que se han habilitado mil 300 máquinas en todo el país.

]]> http://camincar.net/2009/06/el-buen-negociador/feed/ http://camincar.net/2009/06/el-buen-negociador/ http://feedproxy.google.com/~r/Camincar/~3/Bs0K2y7MPLI/ http://camincar.net/2009/06/se-atrasa-entrega-de-recursos-del-fondo-de-ahorro-de-vivienda/#comments Wed, 10 Jun 2009 17:01:38 +0000 Camincar http://camincar.net/?p=672 Fuente: El Universal
Fecha: 05-06-2009
Constructoras no han presentado proyectos por dudas ante cobro del INPC
Las instituciones financieras están recibiendo con retrasos los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio que es el mecanismo previsto para los créditos por la Ley de Vivienda.

El Fondo de Ahorro recibe los aportes que realizan trabajadores y patrones y es administrado por el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat.

Según fuentes financieras desde hace dos meses la entrega de los recursos no se realiza con regularidad y los bancos tienen que atender los créditos con sus recursos propios. Explican que posteriormente el Banavih compensa.

Esta semana el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, manifestó que establecería sanciones a los bancos por el incumplimiento de la gaveta hipotecaria, pero de acuerdo con el decreto que rige la cartera obligatoria la medición se tiene que efectuar al cierre del año.

La gaveta equivale a 10% de la cartera total y los recursos se distribuyen en 60% para préstamos a largo plazo (compra de viviendas ) y 40% para créditos a corto plazo (proyectos de construcción).

Del 60% a largo plazo los bancos tienen que distribuir los fondos a tres estratos de ingresos, fuentes financieras aseguran que la mayor cantidad de préstamos se han otorgado a las familias con ingresos hasta 16.560 bolívares fuertes, la porción de la gaveta que no se ha terminado de ejecutar es la que corresponde a los grupos que ganan 23.000 bolívares.

En cuanto al 40% para construcción, las fuentes aseguran que desde hace un mes no se presentan proyectos ante las dudas por el cobro del INPC.

Mayela Armas H.

Para sostener el crecimiento económico y mantener el nivel de empleo

Con esta medida, el Directorio del BCV da continuidad a su política de estímulo a los sectores productivos

El Directorio del Banco Central de Venezuela, en el marco de la estrategia de evaluación permanente de la política económica, decidió reducir, por segunda vez en el año, la tasa de interés máxima para las operaciones activas, incluidas las tarjetas de crédito, que cobran las instituciones financieras, con el fin de sostener el crecimiento económico, mantener el nivel de empleo y promover una mayor intermediación crediticia hacia la actividad productiva.

Asimismo, redujo las tasas de sus instrumentos de política monetaria, así como las tasas de interés pasivas.

Estas medidas entrarán en vigencia el 5 de junio y se especifican a continuación:

1. Se establece en 20% la tasa de interés para las operaciones de inyección del Banco Central de Venezuela a 7 días, 21% la tasa de interés correspondiente al plazo de 14 días, y en 22% la tasa de interés correspondiente al plazo de 28 días.

2. Se establece en 29,5% la tasa de interés a cobrar por el Banco Central de Venezuela en sus operaciones de asistencia crediticia a través de las figuras del descuento, redescuento, anticipo y reporto.

3. Se establece en 24% la tasa máxima anual que podrán cobrar los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras para las operaciones activas.

4. Se establece en 29% la tasa máxima anual que podrán cobrar los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras para las operaciones relacionadas con el financiamiento a través de las tarjetas de crédito, y en 15% la tasa mínima.

5. Se establece en 12,5% la tasa de interés mínima anual que deberán pagar los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras por las captaciones mediante cuentas de ahorro y cuentas de activo líquidos, y en 14,5% las captaciones obtenidas a través de depósitos a plazo y participaciones.

El Banco Central de Venezuela, en línea con la estrategia de coordinación de política económica con el Ejecutivo Nacional, continuará realizando un seguimiento de los indicadores macroeconómicos y financieros disponibles, a fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas

Fecha:  04 Junio 2009

Quienes habiten las casas socialistas no pueden disponer de éstas

Dije en la primera parte de este tema (edición 86 el semanario inmobiliario) que necesitábamos gerentes (lideres) con espíritu de águilas capaces de redefinir mercados y productos. Pregúntese en que mercado está usted? Si usted es un promotor o corredor inmobiliario y contesta que está en el negocio bienes de raíces, usted está mal enfocado, por que el negocio inmobiliario esta en crisis y además fue el principio de la crisis mundial. Pero si usted suma, alta inflación, más una profunda disminución de la actividad industrial, control cambiario y un mercado bursátil agonizante, al unir todas esta piezas encontrará que el negocio de bienes raíces es un estupendo negocio de inversión, protección y rentabilidad de capital, por que la propiedad es lo único que puede convertirse en CAPITAL. Este es el argumento que tienen los promotores de Miami, New York, Costa Rica, Panamá Y Colombia: Que nos inundan con sus promociones diciéndonos que los bienes raíces son una inversión. Lo que ellos no pueden decir es que la inversión en sus países sea rentable, pueden decir que es segura, pero no rentable. Un inmueble en cualquiera de los países mencionados valdrá dentro de uno o dos años, casi lo mismo que hoy. No sucede lo mismo en Venezuela. Las razones no caben en este pequeño espacio; pero es la visión que debemos tener y transmitir: la mejor inversión son los ladrillos o sea los inmuebles.

Al decir, redefinir mercados y productos: Quiero decir que si aun no ha comenzado su proyecto, redefina su producto adaptándolo a la nueva situación económica y crediticia. sea diferente. Si su producto va a ser igual al de sus competidores ¿por qué alguien va a querer comprarle? en igualdad de porquería uno compra la porquería mas barata. Redefinir mercados y productos puede ser tomar una buena ubicación y envolverla en un modelo de negociación que involucre diseño, tecnología y servicio, por ejemplo un centro gastronómico, exclusivamente gastronómico: redefinir formas de organizarse: es agregar canales de distribución y promoción o agrandando los canales que tengo de distribución y promoción. Es tener presencia en otros de puntos de venta: centros comerciales, empresas, parques, ciudades vecinas. Agrandar e incrementar el número de vendedores, esto significa crear nuevas formas de retribución, nuevas formas de supervisón: numero de llamadas X número de visitas, numero de cierres, monto de operación promedio. Por que se hace imprescindible saber qué hace mi gente y saber qué debería hacer para llegar a la meta. La estadística es determinante.

Si hablamos de venta secundaria, se hace categórico ser selectivo con el portafolio de productos. Hay que analizar cada producto que se recibe desde el punto de vista de ubicación, edad, estado de conservación y precio. El precio no lo fija ni el propietario, ni el corredor inmobiliario, lo fija el mercado. Los referenciales marcan tendencia. No puede pretenderse igualar precio X m² nuevos con m² viejos. Si su cliente no lo entiende así, no se embasure con inmuebles que no van a salir pero el gasto publicitario y el esfuerzo lo va a ser el corredor Inmobiliario.

REDEFINIR FORMAS DE VENDER Y FINANCIAR La regulación de la pre-venta inmobiliaria esta señalando el camino de precios fijos e incremento sobre inventarios. Volver al esquema de asociaciones civiles o precios ajustados a la unidad tributaria Por que no copiarse de un esquema “IKEA” llevado a la construcción: Vendo la parcela urbanizada, entrego el proyecto permisazo, por un costo adicional, brindo asesoria o presupuesto la construcción a todo costo.

WESTERN UNION, podría ser un excelente banco financiador. Los inmigrantes constituyen una importante reserva de clientes que los promotores inmobiliarios están dejando pasar por alto. Según una investigación, los expatriados remitieron a sus familias en el 2007 us $350.000 millones. Son clientes invisibles que poseen un buen potencial. Promotores con visión, con agallas y valor podrían ir a tocar este nicho de mercado. La fuente de ideas es infinita, hay muchas más que no caben en este espacio, no realizado un juicio de valor sobre ninguna de ellas. Lo que importa resaltar es que como el águila, usted debe tomar la decisión mas significativa de la vida: o se deja morir y pronto será “LA CENA” de la competencia o se renueva redefiniendo mercados y productos, formas de organizarse, formas de vender y retribuir, formas de crecer creando valor ya lo dijo ANDRES FRYDMAN en el seminario de HARVARO: el resultado es la resultante lo que uno y su gente hace.

Aníbal Gómez Agudelo

Corredor inmobiliario N°114

Director de Mercadeo Incaval, C.A

Asesores Inmobiliarios

mercadeo@incaval.com.ve

Fuente: Notitarde

Fecha: 02 Junio 2009

Caracas, junio 1 (Marlene Monsalve).- José Manuel González, presidente de Fedecámaras, precisó este lunes que la Ley de Propiedad Social, la cual será discutida por el Parlamento, “le dará la potestad al Ejecutivo Nacional para que pueda tomar con discrecionalidad todas las empresas que considere para el Estado”.

González reiteró que, de aprobarse la ley, “dicho instrumento atenta contra la democracia venezolana y profundizará la afectación de la propiedad privada”.

Aseguró que el sector privado está profundamente comprometido con el país, pero se encuentra sumamente afectado debido a tantas regulaciones establecidas por el Gobierno. “El sector privado está siendo bien afectado por el Ejecutivo Nacional, por tantos controles, tantas regulaciones y vemos cómo la escasez de divisas está afectando considerablemente a todas estas empresas”, afirmó el dirigente.

Señaló que la escasez de divisas afecta directamente a las empresas. “En la medida en que se regulen más las ganancias, se continuará afectando el sector privado y seguramente si en este instante no hay inversiones y las que se están haciendo son para el mantenimiento de las empresas abiertas, probablemente se verá muy cuesta arriba el mantenimiento de esas mismas empresas”. Por otra parte, advirtió que con tantas regulaciones a las ganancias de los empresarios, se estará afectando aun más el sector . “Seguramente ahora no hay inversiones, y si hay, son para el mantenimiento de las empresas; probablemente se vea cuesta arriba el mantenimiento de las mismas”, finalizó.

Fuente: El Carabobeno

fecha:  01 Junio 2009

Autor:  Guillermo Garcia

La debacle de Stanford International Bank sorprendió a sus clientes, la gran mayoría venezolanos. Se estima que alrededor de 2 mil venezolanos están afectados por la caída de la institución y se calcula que los montos solo de los venezolanos podrían ubicarse entre un mil dos cientos millones y dos mil millones de dólares.

En fecha 17 de febrero, la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) demando y abrió juicio al Señor R. Allen Stanford, dos asociados y tres de sus compañías filiales, por el presunto delito de defraudación a inversionistas a través de la venta de CD´s (Certificados de Depósitos) emitidos por la sede de Antigua Stanford International Bank Ltda. El juez de Distrito de Dallas, Texas, David Godbey ordeno la congelación de las cuentas corporativas del Stanford Group y las cuentas personales en espera del resultado del juicio de la SEC, por lo que nombro al Abogado Ralph Janvey como Síndico (Receiver) en custodia de los activos y bienes de l Grupo Stanford. El caso se ha complicado por la ramificación de los activos y clientes localizados en diferentes partes del mundo, y las diferentes legislaciones de los países donde se encuentran los activos y el análisis tan meticuloso de cuentas, registros, data y archivos tanto de Stanford Group como de los clientes. También el tipo de inversiones y el lugar y compañías que hacían la custodia de estos títulos. Por ello, hasta la fecha se han liberado por orden del Juez Godbey y autorizadas por el Síndico Janvey, 28.000 cuentas por un monto cercano a los 4.600,00 millones de dólares, que estaban en cuentas de corretaje bursátil custodiadas por Pershing LLC and JP Morgan Clearing Corp. compañías norteamericanas, en nombre de clientes de  Stanford. Estas cuentas no estaban ligadas a las operaciones de CD´s de Antigua.  A través de Antigua se emitieron $8 mil millones de dólares en certificados de depósitos, en los que se presume se orquesto un fraude tipo pirámide (Ponzi scheme) y es donde la mayoría de los venezolanos colocaron sus inversiones.

El efecto Stanford en Venezuela. El impacto y afectación económica que sufren los clientes venezolanos como resultado de estas colocaciones que creían seguras, los está llevando a pensar que ya no es seguro tener dólares en un futuro y que es preferible mantener los bolívares. Esta percepción, aunque lógica  después de esta terrible experiencia, no obstante es errada. Las inversiones en dólares o moneda dura seguirán siendo la mejor inversión en los actuales momentos en Venezuela, y si usted quiere protegerse y planificar su retiro futuro y de bienestar a su familia, debe entonces seguir una planificación estratégica en dólares. El gran problema de todos los clientes venezolanos y de los muchos valencianos que tenían cuentas en Stanford,  es que se dejaron llevar de ofrecimientos y rentabilidades deslumbrantes sin buscar la información adecuada y la asesoría profesional que les permitiera  decidir el tipo de inversión y el riesgo que usted estaba dispuesto a asumir. No tomaron en consideración lo siguiente: La institución donde están confiando sus inversiones en dólares, lugar donde está ubicada, leyes que la regulan, personal con la calificación y autorización para actuar como representante financiero registrado (mercado norteamericano, serie 7, por ejemplo o registrado como corredor especialista en la National Association of Security Dealers (NASD). También debemos de tomar en cuenta, que organismos regulan y supervisan la institución; por ejemplo en los Estados Unidos, la Comisión Nacional de Valores (SEC), regula y supervisa el mercado de valores y sus agentes; así como el NASD. Contrariamente, instituciones Off- shore y en paraísos fiscales (Antigua, Isla Caimán) tienen muy poca o ninguna regulación e inspección, lo que implica un mayor nivel de riesgo. Otro punto importante, es que instituciones OFF-Shore y paraísos fiscales no proveen  de protección de depósitos o de inversiones como el “Federal Insurance Corporation” (FDIC) o el “Securities Investor Protection Corporation” (SIPC), lo que hace a estos inversionistas asumir un mayor nivel de riesgo y estar desprotegidos en el caso de producirse una situación de colapso de esas instituciones como el Stanford International. Por consiguiente, instituciones norteamericanas que si otorgan estas protecciones,  dan una mayor garantía de seguridad, y un mayor grado de confiabilidad y fiscalización por lo que el nivel de riesgo asumido por el inversionista es menor.

La inversión en dólares seguirá siendo atractiva, lo que usted debe hacer es buscar las instituciones financieras sólidas que existen y los asesores verdaderamente calificados para ello, que le permitan que usted pueda retomar e iniciar la  conformación de su patrimonio en dólares y tratar de recuperar buena parte de lo colocado en Stanford. Mi apoyo a todos los clientes de Stanford en Valencia.

finanzasaldia@gmail.com

Fecha: 27 Mayo 2009

Caracas, mayo 26 (Jesús Castro) El Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sutic) solicitó este martes que la AN mantenga el cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero con modificaciones en su cobro, a la venta de las viviendas.

Wilmer Nolasco, presidente de Sutic, indicó en rueda de prensa, que los trabajadores de la construcción proponen que el IPC a cobrar se base sobre el índice del sector, el cual está cerca de 3 puntos porcentuales menor al IPC nacional.

Otras opción presentada por el sindicato se refirió a la aplicación del índice al monto adeudado y no sobre el total del inmueble.

Así mismo, Nolasco señaló que otra posible solución se refiere a que el Indepabis regule, vigile y controle los precios de los inmuebles, mediante una resolución.

Ofrece 20 mil “soluciones” para 2009

Fuente: Notitarde

Fecha:  27 Mayo 2009

Caracas, mayo 26 (Santiago Martínez).- El viceministro de Vivienda, José Vicente Rodríguez, exhortó al sector privado de la construcción moderar el cobro del índice de precios al consumidor (IPC) sobre el costo de las viviendas, durante el proceso de edificación de las soluciones habitacionales. “Yo cobro un anticipo porque me van a incrementar los precios; como cobro el anticipo, aumento los precios. Eso es especulación, esa bendita expresión de la oferta y la demanda que encarece todo sin ninguna medida”, enfatizó.

Asimismo el Viceministro indicó que durante 2009 entregarán 20 mil viviendas e invertirán un total de 2,6 millardos de bolívares fuertes en un nuevo plan para obras en vivienda. Explicó que se está considerando en todo el territorio nacional unas 660 hectáreas para la construcción de más de 11 mil viviendas que se incorporarían a las 35 mil unidades que ya están en ejecución en todo el país.

Indicó que se efectuará una inversión especial por BsF. 400 millones en los estados ligados a proyectos estructurantes de desarrollo, “como en la base aeroespacial de Guárico, donde se desarrollarán unas 150 viviendas rurales; en Lara se tomarán unas torres de 25 pisos para constituir edificaciones habitacionales, y en las comunidades agricultoras de Aragua, se construirán unas 300 unidades”. Se estima que el tiempo de ejecución de estas nuevas obras sea de seis u ocho meses. Igualmente se prestará apoyo al Plan Café, “programa que abarca los estados Trujillo, Cojedes, Barinas y Lara para el desarrollo de viviendas rurales, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, para lo cual ya se aprobaron 90 millones de bolívares”.

Destacó la campaña de inspección que están desarrollando en todo el país para evaluar las obras que se están ejecutando, así como los niveles de avance que registran los organismos ejecutores para garantizar la culminación de la obra. “Pedimos a todas las empresas que se vayan a incorporar y piensen hacer la oferta de viviendas, que deben cumplir no solamente con los requisitos correspondientes, sino con la ética y el compromiso de la ejecución. Es un gran esfuerzo el que está haciendo el Estado en estos momentos y vamos a estar pendientes de que se lleve a feliz término”.

Fuente: El Universal
Feacha: 25 Mayo 2009
Mayela Armas H.
Los recursos del Fonden fueron los que se utilizaron para terminar las viviendas en el primer trimestre de este año (Paulo Pérez Zambrano/Archivo)
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* Inversión de Pdvsa en el área cayó 79%

El presidente Hugo Chávez cuando realizó el anunció de las medidas “anticrisis” manifestó que se establecerían prioridades en las inversiones y por ello se mantendrían las asignaciones al sector vivienda para la terminación de soluciones habitacionales pendientes y abrir nuevos frentes de construcción. Pero el ritmo de fabricación de casas aún sigue siendo lento.

Según datos de los entes públicos encargados de la realización de viviendas y del sector construcción, en el primer trimestre se efectuaron 17.000 viviendas, de esa cantidad 10.500 fueron privadas y 6.500 fueron las unidades del sector público.

El mensaje anual del primer mandatario entregado a la Asamblea Nacional reveló que el pasado año los entes oficiales efectuaron 23.000 soluciones habitacionales, quedando para este ejercicio la terminación de 51.504 casas. En el trimestre se culminaron 13% de esas soluciones pendientes, de manera que los próximos meses se tienen que completar 45.000 unidades.

El ex ministro de Vivienda, Farruco Sesto, en enero manifestó que entre los programas viejos y nuevos este año se harían 107.000 unidades, pero en marzo se registraron cambios en la estructura del despacho, y el ahora ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, no ha señalado si se mantienen esos objetivos, sólo ha dicho que contempla ejecutar el programa de vivienda semilla.

Por Fonden Los entes oficiales tienen pendientes la terminación de las viviendas correspondientes a los planes de los ejercicios 2001 y 2002 así como el programa especial anunciado en 2007.

Las soluciones habitacionales que se realizaron en 2008 así como lo que va de 2009 corresponden a esos planes pasados. Para la terminación de esas 6.500 viviendas en el primer trimestre se utilizaron los recursos del Fondo de Desarrollo Nacional.

En este ejercicio se programaron vía presupuesto 1,1 millardos de dólares, pero en marzo se fusionaron los despachos de Infraestructura y Vivienda, lo que implicó un cambio en la asignación y por lo tanto los planes oficiales de soluciones habitacionales están más dependientes de otras vías de financiamiento.

Fuentes oficiales explican que la decisión del Ejecutivo es utilizar los recursos del Fonden, los cuales se habían comprometido para esos programas habitacionales de ejercicios pasados.

De los depósitos que el Fonden ha recibido en cinco años, 2,9 millardos de dólares fueron asignados al área de vivienda, de ese monto entre 2006 y 2008 se desembolsaron 1,78 millardos de dólares. Lo que implica que para este período se erogarían 1,15 millardos de dólares.

Más aporte privado Los resultados del comportamiento de la construcción en el primer trimestre reflejaron que la realización de viviendas por parte del sector privado fue la que tuvo más incidencia en la actividad. Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV), señalan que la ejecución de obras residenciales registró una variación de 8,2%.

Las constructoras en los primeros tres meses del año terminaron varios de los desarrollos que se habían iniciado en los años 2007 y 2008 y según fuentes oficiales se espera que ese ritmo de culminación de unidades se mantenga en este trimestre.

Representantes del sector privado explican que las amenazas a la propiedad aceleraron la terminación de los desarrollos habitacionales, sin embargo, expresan que la incertidumbre en torno al cobro del índice nacional de precios al consumidor y las acciones que se puedan ejercer, afectará la realización de nuevos proyectos.

En proceso de construcción se encuentran 140.000 viviendas tanto públicas como privadas. Estos son desarrollos que ya tienen los permisos y los servicios listos. Las unidades sin iniciar, es decir que están proyecto, ascienden a 150.000.

EL UNIVERSAL

Fuente: Notitarde
Fecha: 25 Mayo 2009
Valencia, mayo 24 (Marlene Castellanos).- El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Rafael Trejo, rechazó de manera contundente las medidas que viene aplicando el Indepabis contra las empresas de este ramo.

Señaló que el mencionado organismo está solicitando recaudos que no son exigidos por las normativas vigentes. “Parece que los funcionarios de dicho organismo están buscando cualquier motivo para cerrar a las compañías”.

Aseveró que en el país hace falta el consenso de todos para construir las viviendas que permitan solventar ese gran déficit que existe en la nación. “Con trabas, cercos y amenazas no se podrá responder a los ciudadanos que necesitan una vivienda digna”.

No obstante, aclaró que si hay alguna compañía que haya incurrido en alguna irregularidad debe ser sancionada, pero que el Indepabis no puede meter en el mismo saco a todas las empresas del sector.

Trejo pidió a los funcionarios del ente fiscalizador que se reúnan con los propietarios de las compañías para buscar una salida que beneficie tanto al comprador como al empresariado. “Nosotros no queremos que el organismo nos vea como los enemigos, sino como aliados, porque somos generadores de empleo en el país”.

Dijo que atacar a la industria de la construcción e inmobiliaria, es atacar a la familia venezolana, pues el sector otorga por encima de 450 mil empleos directos”.

Indepabis continuarálas inspecciones

El coordinador del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis), Carlos Guía, señaló que el ente continuará investigando a las empresas inmobiliarias y de la construcción que tienen varias denuncias en su contra.

Aseveró que visitarán alrededor de 23 compañías y que ya fueron sancionadas tres: Amazonía, Boca de Río e inmobiliaria Irma.

Manifestó que han aplicado como medida preventiva algunos cierres, porque ciertas empresas vendieron a varias personas un mismo inmueble y otros porque no cumplen con la Gaceta emitida por el instinto Ministerio de Vivienda y Hábitat que pidió al sector establecer la fecha de culminación de las obras.

Guía anunció que en un lapso de dos semanas el Indepabis tomará medidas concretas a favor de la gente.

APIUR 19 de Mayo de 2009
La resolución No.045 del 26 de Febrero de 2.008, dictada por el Gobierno Nacional, a través del ex Ministro de Interior y Justicia Rodríguez Chacín, estableció la remuneración de los Registradores y Notarios, así como de los funcionarios adscritos a las diferentes Oficinas de Registros y Notarías Públicas, la cual dejo de ser un porcentaje de las tasas cobradas por el trámite de los documentos, para pasar a otorgarles sueldos fijos de monto menor. La resolución también establece que “Los ingresos producto de las tasas que perciban los Registros y Notarías, serán depositados en las Entidades Bancarias señaladas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, correspondiéndole a dicho Ministerio su administración y distribución”, lo cual eliminó el carácter de servicio autónomo que tenían los Registros y Notarias, haciendo depender a estos del Ministerio para el pago de nominas y gastos operativos.
El malestar creado por esta medida se refleja en los argumentos de un grupo de trabajadores que introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ya que a su juicio tal resolución logró “disminuir en más de un ochenta por ciento (80%) la remuneración mensual de los accionantes y por ende de su núcleo familiar, viola las garantías fundamentales establecidas en los artículos 82, 83, 87 y 91 de la Constitución”…”Tal resolución afecta directamente, nuestros derechos consagrados en los artículos anteriormente expuestos, tomando en cuenta que la misma podría tomarse como un despido indirecto, ya que desmejora nuestra calidad de vida y la de nuestro entorno familiar, ya que la mayoría de los empleados que estamos directamente afectados con la Resolución tenemos compromisos adquiridos, tales como créditos hipotecarios, créditos de vehículos, manutención de hijos y familiares, compromisos que hemos adquirido en función de los ingresos que tenemos. Cabe destacar que en las convenciones de trabajo, se busca la mejora de los derechos adquiridos los cuales nunca son en detrimento de los mismos, por lo tanto denunciamos la inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución, solicitando que los honorables Magistrados restituyan nuestros derechos infringidos”.
Esta situación laboral y de disminución de ingresos a Registradores, Notarios y empleados ha generado una “operación morrocoy” sobre todo en los Registros Principales, Registros Públicos (Inmobiliarios) y en los Registros Mercantiles, ya que las oficinas que atendían hasta 500 personas diarias, ahora solo atiende entre 20 y 50 personas por día, acarreando una situación grave para los usuarios de estas oficinas públicas, ya que al no tener ingresos según el volumen trabajado, tal como ha sido en las últimas décadas, los funcionarios acogieron el método de solo atender pocas personas al día, señalaron en un comunicado de prensa Raimundo Orta Poleo y Roberto Orta Martínez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR).
Actualmente en la mayoría de los Registros de Caracas, se forman largas colas desde la madrugada para poder obtener el tan ansiado ticket y ser atendido una sola vez por día. Recordemos que anteriormente el usuario podía calcular en la mañana un documento, pagar las tasas y volver al registro a introducir el documento. Actualmente el procedimiento para introducir el documento toma días, porque las personas debe calcular la tasa un día, introducir el documento otro día, etc. Esto ha creando también un mercado entre mensajeros y gestores que actualmente venden su lugar en la cola a los desesperados usuarios.
Lo que si no disminuyó el Gobierno Nacional, son las altas tasas de registros, las cuales deben pagar los usuarios, pero ahora recibiendo un servicio muy inferior al que recibían anteriormente. Existe también una disminución en el número de empleados en algunas de estas oficinas registrales y notariales, las cuales ahora dependen hasta para el menor pago de nómina u operativo, del cheque que llega del Ministerio.
Si entran a juzgar la pertinencia o no de la disminución en los ingresos de los funcionarios, vemos como de nuevo la centralización trae consecuencias nocivas para el ciudadano. Es urgente que la Dirección de Registros y Notarias del Ministerio, tome cartas en el asunto.

Fuente: Notitarde
Fecha: 21 Mayo 2009
Valencia, mayo 20 (José Luis Cedeño).- La directiva del Colegio de Abogados del estado Carabobo rechazó públicamente las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) y las que están por aprobarse, pues consideran que buscan como único objetivo acabar con la propiedad privada en el país.

José Pérez Ibarra, secretario de la junta directiva de dicho ente, explicó que la recién aprobada Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos, así como las que están por aprobarse como la Ley de Asentamientos Urbanos, la Ley de Propiedad Social y la Ley Inmobiliaria, tienen como punto en común atacar la propiedad privada dejando a criterio del funcionario de turno, cuáles son los bienes por aprobarse y cuáles son dejados a sus legítimos dueños.

Considera a la AN, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y otros entes del Estado ajenos a la legalidad, y expresó que cerca de 12 mil agremiados de ese colegio en Carabobo, rechazan esas leyes, y lucharán por evitar que se materialicen, aunque aclaró que es una postura netamente institucional y no política.

Ley de Consejos Comunales copia los comité de defensa cubanos

En el caso de los Consejos Comunales, se desvinculan a estos de los organismos regionales y municipales, centralizándolos y van a ser prácticamente los vigilantes, los controladores de la vida de los ciudadanos en sus comunidades, lo cual es totalmente grave, pues pareciera que se está copiando el modelo cubano, y sus comités de defensa de la revolución

- Eso no puede pasar desapercibido porque se está desnaturalizando el concepto de los consejos comunales.

Designada comisión de juristas para estudiar leyes de la AN

La directiva del Colegio de Abogados informó que la primera acción que ejercen en rechazo contra las leyes de la AN, fue la de designar una comisión de destacados juristas para hacer un seguimiento de la situación del Estado de derecho en Venezuela, para luego ir a los organismos internacionales, pues no creen en las instancias nacionales. Entre los juristas que ya han aceptado participar en dicha comisión, se encuentran el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex rector de la Universidad de Carabobo, Dr. Aníbal Rueda, así como, Dr. León Jurado Machado y el Dr. Juan Balsa.

Fuente: Notitarde
Fecha: 21 Mayo 2009
Valencia, mayo 20 (Belkys Estedia de C.).- Representantes de la Asamblea Nacional encabezados por la diputada por Carabobo, Laura Valls, inspeccionarán el próximo lunes 25, los diversos desarrollos habitacionales de San Diego, que han sido denunciados por incursionar en presuntos fraudes inmobiliarios.

La delegación también estará conformada por técnicos especialistas en desarrollos urbanos, asesores de la Comisión de Servicios Públicos, quienes llevan adelante las investigaciones en el ámbito nacional sobre diversos casos de denuncias inmobiliarias.

La ingeniera Livia Gil, directora de Ordenación Urbanística e Infraestructura de la Alcaldía de San Diego, señaló que “la comisión viene a verificar la situación de algunos urbanismos, cuya construcción se efectúa sin los permisos correspondientes, lo que ha acarreado situaciones irregulares que perjudican a los compradores, que elevaron las denuncias ante la Asamblea Nacional y la Alcaldía de San Diego”.

Agregó que la asambleísta Laura Valls, acompañada de técnicos de la Alcaldía de San Diego, revisarán, in situ, los desarrollos no autorizados y constatarán las presuntas irregularidades denunciadas por las familias afectadas.

La parlamentaria Laura Valls informará a los carabobeños sobre los adelantos de la Ley de Preventa Inmobiliaria, que somete a discusión la Asamblea Nacional desde el pasado mes de marzo.

Caracas, mayo 19 (Marlene Monsalve).- Jorge Botti, presidente de la Comisión de Economía de Fedecámaras, ante el tema de la propiedad privada señaló: “los venezolanos nos encontramos frente a una situación de riesgo; tanto los empresarios como cualquier emprendedor tienen que comprender que las intenciones del Gobierno están claras, ya están dispuestas en instrumentos legales, como por ejemplo el Plan Socialista de la Nación de 2007 y 2013″.
Aseguró que el Presidente en su discurso ha dejado bien claras sus intenciones sobre la propiedad privada, “empezando por las de la tierra”. Señaló que lo que se busca con lo que a su juicio es un “experimento histórico” es llevar el país a un estado socialista científico, en el cual la sociedad es la mala de la película y la única forma de solventar los problemas es el socialismo. Dijo que lo trágico del asunto es que algunas encuestadoras que realizan análisis sobre la posición política del venezolano dicen que 87% de la gente entiende y respalda la propiedad privada, 90% rechaza el modelo comunista y sólo 40% piensa que son amenazas. Expresó que de acuerdo al estamento legal o lo dispuesto en las leyes, como la del Indepabis es que “ya la propiedad en Venezuela es una concesión de Estado, el que nosotros seamos dueños de nuestras cosas es una especie de concesión graciosa que nos da el Gobierno”. Por su parte, Víctor Maldonado, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que en el país seguimos tratando de entender por qué el Gobierno sigue atentando contra los derechos de propiedad. Explicó: “esto no tiene una utilidad económica, social. Hemos anticipado que en este tipo de conducta en la cual el Estado interviene el sistema de mercado y elimina la confianza suficiente para que se reproduzca la inversión, lo único que trae consigo es la ruina social, la cual nos tocará a todos”. Advirtió que esto se traduce en escasez, pérdida de empleo y ciudades peligrosas. Por último, ratificó que la Constitución es el marco de referencia de derechos y deberes de los ciudadanos y que si el Estado la abandonó, “entonces pasaremos a proceder contra un gobierno de facto sin esperar el diálogo social”.

Johanna Alvarez Alvarez
Valencia, mayo 19 (REDACTA).- Las irregularidades en el suministro de agua siempre han sido un “dolor de cabeza” para los habitantes de El Rincón, aunque la situación se ha agravado con la explotación inmobiliaria de la zona en los últimos cuatro años.

La mayoría de los vecinos de esta urbanización ubicada en el municipio Naguanagua, ha vivido en El Rincón desde que nacieron, por lo que se conocen cada uno de los ventajas y desventajas de residir en esta localidad. No dudan en decir desde cuándo han comenzado los problemas.

El contralor del consejo comunal del sector, Wilmer Rodríguez, contó que los inconvenientes por el agua tienen más de diez años. Cuando algunas empresas de construcción comenzaron a fabricar conjuntos residenciales, acordaron con los vecinos financiar el reemplazo de la tubería que fue instalada en 1958, según aseguró Rodríguez. Los hombres de la comunidad fueron los que abrieron las zanjas y colocaron los tubos e “Hidrocentro sólo envió ayudantes técnicos, que nos aconsejaban dónde poner las tuercas”. Las principales constructoras en la zona son Grupo Fernández, Coyserca, Urapal e Iñaki.

El Rincón se caracterizaba por estar rodeado de vegetación, con un clima fresco y darle a sus habitantes una hermosa vista de Naguanagua y Valencia, pero después de la fabricación de edificios, se han deforestado las montañas, talando árboles.

Ana Ramírez, vocera del consejo comunal, denunció que las construcciones que se han hecho no cuentan con los servicios públicos propios, por lo cual quieren incorporarse a las tuberías actuales. Recalcó que las casi 400 familias que viven en esta zona no permitirán que se siga construyendo en El Rincón porque esto incrementaría la problemática del agua.

Ante la negativa de que los vecinos permitieran una toma de agua del conjunto Tierra de Gracia, del Grupo CJA, representantes de Hidrocentro se presentaron con funcionarios de la Guardia Nacional, quienes “cuando nos escucharon y conocieron nuestra situación se fueron y a la final, no pudieron hacer la toma”.

Al acceder a esta urbanización de Naguanagua lo primero que se observa es el mal estado en el que se encuentran las calles. El contralor del consejo comunal indicó que la alcaldía había prometido asfaltar la avenida principal la semana pasada. “Hasta los momentos, no se ha ejecutado el trabajo”.

Omar Espaillat C.
Caracas, mayo 19 (REDACTA).- La Comisión Mixta creada por la Asamblea Nacional, resolverá lo atinente a las 800 familias que adquirieron vivienda en preventa, y son objeto del cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de acuerdo a la información suministrada por el diputado Darío Vivas, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Recordó que la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), interpuso recurso de nulidad contra el uso del IPC por parte de promotores y constructores de viviendas, como una forma de protegerse de la inflación. Una vez se dé la decisión de la Sala Constitucional, que ya admitió el recurso, la Comisión procederá al diseño de un cronograma junto con los ministerio de Comercio, de Obras Públicas y Vivienda, con la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, dirigido a tomar acciones y acabar con el cobro ilegal del IPC.

-Le vamos a servir de apoyo a las familias que han acudido para adherirse al recurso de nulidad interpuesto, que hasta el momento son unas 800 a escala nacional, aunque se tiene información de que el número pudiera ser de 22 mil o más, de acuerdo al catálogo que maneja la Fevacu, pero las no contabilizadas sobrepasan las 100 mil, indicó.

Dijo que la Comisión Mixta espera de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la declaratoria de ilegalidad del cobro impugnado, luego la retroactividad, para elaborar una ley destinada a fijar las normas de indemnización de las familias afectadas y finalmente el recálculo de la deuda, para que lo cancelado de más sea reconocido como pago de capital.

Fiscalización a cementeras

El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) inició las inspecciones a comercializadoras de cemento, debido a que su presidente y ministro de Comercio, Eduardo Samán, asegurara que la solución al problema habitacional comienza en este sector, siendo en los canales de distribución y comercialización donde ocurre una gran distorsión, dado que el cemento de fábrica sale a 8,35 bolívares fuertes el saco y llega a la población a 19 y 25 bolívares fuertes.

La ingeniera Rosalinda Bruzual, coordinadora académica del Curso de Formación Profesional de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), destaca la importancia de contar con gente formada, que ha adquirido experiencia y obtiene un certificado avalado por el gremio. “Esto brinda mayor seriedad y transparencia al negocio. Se garantiza un mercado más eficiente y profesional”, asegura.

Explica que actualmente la CIV imparte el Curso de Formación Profesional, el cual tiene una duración de 155 horas académicas y se realiza a lo largo de tres meses. “Tenemos tres cursos al año y en cada uno certificamos un promedio de 25 personas. Se exige la presentación de exámenes, trabajos y la asistencia es obligatoria”. La Cámara comenzó a dictar estos cursos hace 15 años y, desde entonces, ha certificado a unos mil corredores o asesores inmobiliarios.

Adicionalmente, los interesados del sector pueden mantenerse al día a través de talleres que organiza la CIV. “Realizamos uno al mes y la idea es dar a conocer nuevas herramientas y brindar apoyo con temas específicos de la actualidad inmobiliaria”, dice Bruzual.

La cámara también aboga por formar expertos a nivel regional y la coordinadora académica del Curso de Formación Profesional opina que hay que replicar la experiencia de la capital en el interior, pero de forma descentralizada. “En las regiones hay gente muy preparada y podría encargarse de capacitar a nuevos expertos”.

Convenio en marcha La CIV está por implementar un convenio ¬firmado hace un par de años- con la Universidad Simón Bolívar (USB) que permitiría a corredores y asesores contar con un aval universitario que se sumaría al certificado que otorga la cámara, según informa Bruzual.

Indica que se trata de un diplomado con las mismas características del curso que imparte actualmente la cámara y que podría participar cualquier interesado, así como de una especialización en gerencia inmobiliaria, cuya duración sería dos años y estaría dirigida a profesionales.

De acuerdo a estadísticas que maneja la CIV, se estima que 55% de los corredores inmobiliarios son profesionales universitarios de diversas áreas (con mayor predominio de ingenieros y arquitectos), 15% son técnicos superiores universitarios y 30% bachilleres.

Desde la universidad, quien ha estado al frente del desarrollo de este convenio es el profesor Tomás Cervilla, jefe del departamento de Arquitectura y Artes Plásticas.

“Esperamos que este año se ponga en marcha, pues apenas estamos afinando algunos detalles”, comenta Bruzual, quien dice que para trabajar en el sector inmobiliario no se requiere ningún perfil en particular, pero sí es importante tener preparación adecuada.

CAPACITACIÓN COMPLETA

El curso que actualmente dicta la CIV imparte un total de 16 materias divididas en cuatro módulos: 1.- Materias introductorias -Introducción y presentación del programa -Planificación urbana -Elementos constructivos -Economía 2.- Herramientas de cálculo -Matemática financiera -Estadística -Estimación de valores -Financiamiento 3.- Marco legal -Aspectos jurídicos -Arrendamiento -Régimen de propiedad horizontal y administración de condominios -Ética profesional 4.- Gerencia y venta -La venta inmobiliaria -La venta emocional, el negocio turístico y el tiempo compartido -Marketing -Gerencia de empresas de corretaje inmobilairio *Ejercicio profesional -Sistema de negocios a través de la red inmobiliaria –Certificación.

El cobro del IPC por parte de los constructores a las edificaciones que realizan, ha generado en los últimos tiempos una gran polémica y controversia entre los sectores involucrados: compradores y constructores; el cual ahora se ha extendido a miembros de la Asamblea Nacional y organismos públicos defensores de los derechos de los consumidores. Para entender el problema debemos conocer los términos y aspectos del problema. ¿Qué es el Indice de Precios al Consumidor? Es un indicador estadístico que realiza y registra el Banco Central de Venezuela (BCV) y que tiene como objetivo medir el cambio promedio en un período determinado, en los precios a nivel del consumidor de una lista de bienes y servicios representativos del consumo familiar, con respecto al nivel de precios vigente para el año escogido como base. Este índice o IPC es conocido por los ciudadanos como el “Indice de Inflación”. El año base seleccionado para efectuar las comparaciones fue el año 1997.

En economías con altos niveles de inflación, la elevación continua de los precios afecta a todos, no sólo a los consumidores, sino al resto de la sociedad, incluyendo a los agentes económicos. En el caso de la construcción, los constructores se ven afectados tremendamente por los continuos incrementos de los precios de los insumos y materiales requeridos en la construcción: cabillas, cemento, arena, piedra, bloques de arcilla, etc. Igualmente, los ajustes de los salarios de los trabajadores de la construcción de acuerdo a sus contrataciones colectivas.

Los incentivos promulgados a través de la Ley del Deudor Hipotecario y el establecimiento de las tasas de interés bajas (subsidiadas) y de gaveta obligatoria para el otorgamiento por parte de la banca, estimuló con fuerza la construcción de viviendas desde el año 2004 hasta el año 2008, por parte del sector privado. Esa mayor demanda por parte de los ciudadanos para la obtención de viviendas, generó un mayor movimiento de construcción para lo que no se estaba preparado, lo que presionó sobre los precios de los insumos utilizados por los constructores. Para poder protegerse de la escalada de los precios o inflación, los constructores o promotores acordaron incorporar dentro del esquema de venta de los inmuebles el factor de inflación (IPC), para de alguna manera protegerse indexando la elevación de los costos hasta finalizada la obra, la cual en promedio, dependiendo del proyecto, puede estar en unos dos años. El cobro de este IPC ha tenido repercusión sobre algunos compradores que se han visto afectados por retrasos en la entrega fijada de los inmuebles por parte de algunos pocos constructores y por ende en los costos finales del inmueble.

¡El Problema ahora! La controversia está centrada en que los compradores que se han visto afectados, exigen ante los organismos de defensa al consumidor, Indepabis, y AN, la eliminación del IPC en la venta de los inmuebles. La eliminación del IPC no será la solución al problema de construcción de nuevas unidades, por el contrario, tenderá a reducir la oferta (nueva construcción) lo que producirá un efecto opuesto a lo que se buscaba que era favorecer al futuro comprador del inmueble.

Ni calvo ni con dos pelucas. No estamos de acuerdo con la eliminación total del cobro del IPC. Creo que los constructores y promotores estarían de acuerdo en establecer una fórmula de cálculo de IPC y reglas de juego claras para todos, que permitan continuar construyendo con una rentabilidad aceptable. Entre las propuestas planteadas por algunos diputados de la AN están: El pago del IPC tiene que ser sobre un monto determinado del valor del inmueble y no sobre su monto total. El pago sobre el saldo deudor podría ser una alternativa. Algunos miembros de la comisión intergubernamental plantean para que este pago se haga en base al 30% del costo del inmueble. Formula única de cálculo para todos los proyectos, en los que el comprador sabe de antemano su posible costo final. Establecimiento de márgenes de ajuste de precios por parte de las empresas del Estado que fabrican y venden insumos para la construcción: cabillas, cemento, arena, lo que garantice precios más estables a los constructores en el tiempo de ejecución de la obra. Establecimiento de distintos cronogramas de entrega dependiendo del tamaño de la obra. Esto debe venir acompañado de suministro seguro y constante, ya que uno de los problemas de retardos en la culminación de obras es la escasez de los insumos. Agilidad en la permisología para inicio total de los proyectos. Fiscalizar la publicidad de los proyectos, en orden de reducir los posibles casos de oferta de potenciales obras, las cuales no han cumplido con los trámites y autorizaciones gubernamentales correspondientes ni la compra de la parcela donde será construido el inmueble.

Si el Estado y la AN quieren de verdad reducir el déficit habitacional y poder construir 200.000 viviendas por año, debe evaluar muy bien lo inconveniente de la eliminación total del IPC. La vivienda más cara es la que no se construye.

Actualmente ante el Indepabis han sido interpuestas más de 430 denuncias en contra de empresas constructoras de viviendas que operan en el Distrito Capital, que han sido denunciadas por cooperar poco con el Gobierno.

“Le pedimos a la presidenta del TSJ que diga si el Presidente está por encima de la Constitución”, dijo González en rueda de prensa donde la cúpula empresarial rechazó la toma por parte del estado de las contratistas petroleras, así como también la expropiación de tierras.

Aseveró que en Venezuela hay tierras públicas y privadas “y mientras la Constitución esté vigente, en Venezuela habrá tierras privadas”. Les dijo a los venezolanos que no solamente se afectan las grandes fincas o terrenos urbanos, “pretende el Presidente de la República decir que todas las tierras no son sino exclusivamente de la nación. La propiedad privada está consagrada en el artículo 115 de la Constitución y mientras esté vigente hay tierras privadas”.

“No juegue con candela”

González hizo un llamado al presidente Chávez para que reflexione sobre las últimas medidas tomadas por su gobierno porque “no todo el mundo va a tomar con tranquilidad que le quiten sus bienes. øAdónde pretende llegar el Presidente con todo esto?”.

“Reflexione y entienda”

“Nuestro llamado al Ejecutivo a que reflexione y entienda. Presidente, es usted el que está jugando con candela con todos los venezolanos”.

“Queremos decirle, Presidente, que abandone el miedo a convocar y escuchar a quienes piensan distinto que usted. Venezuela sale adelante con el esfuerzo de todos”.

Advirtió que “alguien va a reventar y no todo el mundo está dispuesto a permitir que le quiten lo suyo y que lo arruinen”.

“Si en algún área quedaba algo de inversión en el país como es la energética se empeña el Gobierno en seguir ahuyentando la inversión. La precariedad jurídica y la falta de seguridad jurídica son sumamente graves”.

De igual forma, dijo que la expropiación de diez mil hectáreas en Barinas lo que pretende es tener cada vez más dependencia de las importaciones.

Finalmente aseveró que en Venezuela hay tierras públicas y privadas, mientras esté vigente la Constitución.

Artículo 115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Ley de Propiedad Social reedita la propuesta de reforma a la Constitución

De acuerdo con el borrador, el Estado reconocerá el carácter privado de alguna posesión siempre y cuando esté siendo utilizada
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* Lo vigente y lo propuesto

Los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional (AN) manejan un nuevo borrador para el proyecto de Ley de Propiedad Social. En el documento se establece que la propiedad privada será reconocida sobre bienes de uso, consumo, goce y disposición y medios de producción legítimamente adquiridos.

De promulgarse el texto legal será necesario que toda persona, natural o jurídica, demuestre la utilización del bien, mueble o inmueble, que posee. De lo contrario, éste podrá pasar a manos del Estado, según explica José Vicente Haro, abogado experto en materia constitucional.

El artículo 5 del anteproyecto de ley, donde se prevé la coexistencia de los diversos esquemas de propiedad en la sociedad venezolana, reedita la propuesta presidencial de reforma a la Constitución Nacional que fue sometida a referendo en 2007 y terminó siendo rechazada.

Aunque la redacción del ar- tículo incluido en el borrador fue invertida, e igualmente están previstos los atributos de la propiedad en este nuevo planteamiento, el objetivo es el mismo, pues se condiciona el reconocimiento de la propiedad privada a su utilización.

A su mínima expresión Haro es enfático en el diagnóstico que hace a la propuesta: “Se restringe el concepto de propiedad privada a su mínima expresión. La Constitución vigente garantiza el derecho a poseer bienes sin ningún límite de cantidad o cualidad. De aprobarse la ley, la propiedad privada se reconocerá a través de una opinión del Estado siempre y cuando los bienes estén siendo usados”.

Haro explica que la frase “reconocida sobre” es lo que genera el condicionamiento, al tiempo que advierte que los términos “legítimamente adquiridos” también supeditan el derecho a poseer un bien y a que éste sea reconocido, pues las personas deberán demostrar que lo han tenido por el lapso que el Ejecutivo considere necesario.

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, hablar con ejemplos es más sencillo: “Si tienes un apartamento en Boca de Uchire y eventualmente decides venderlo, tendrás que demostrar que su uso era continuo, ininterrumpido. Además, tendrás que probar que lo posees desde el tiempo que el Estado considere necesario”.

Haro refiere que para aplicar las disposiciones previstas en este documento legal, el Ejecutivo contaría con el Instituto Nacional de Tierras (INTI), los registros subalternos y las notarías. Éstos serían los órganos que notificarían a los representantes del Estado la condición de los bienes para que sea reconocida la propiedad privada.

De carácter inconstitucional El abogado advierte que de llegar a ser promulgado el proyecto que están evaluando en la Comisión del Parlamento, se estaría creando una ley inconstitucional, pues lo previsto en el documento legal sería contrario a lo que está vigente en la Carta Magna.

Haro explica en este sentido que el procedimiento a seguir sería impugnar el documento legal promulgado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin querer ser pesimista, el abogado prevé que será poco lo que se podrá hacer -aunque insiste en que se trata de una ley inconstitucional- debido a la no separación de los poderes que, considera, existe en el país.

El uso privado en lo colectivo El mismo borrador mantiene la existencia de la propiedad colectiva, la cual está prevista con una naturaleza de propiedad privada.

En este caso, el especialista indica que la naturaleza privada del bien está vinculada a su uso. Es decir, la persona que esté gozando del uso de un apartamento -por ejemplo- enmarcado en una propiedad colectiva, podrá disfrutarlo de forma privada; sin embargo, no podrá disponer de éste. “No podrá venderlo ni hipotecarlo”.

Este tipo de propiedad tendrá cabida en el esquema de los consejos comunales, de acuerdo con lo señalado por el especialista.

Ramón Rosales
Caracas, mayo 13 (REDACTA).- El empresariado organizado instó al Tribunal Supremo de Justicia a que se pronuncie con relación a que si el presidente Hugo Chávez está o no por encima de la Constitución Nacional, porque mientras esté vigente la Carta Magna de 1999 en Venezuela habrá tierras privadas.

En rueda de prensa, para referirse a las últimas críticas del Presidente de la República sobre la legitimidad de la propiedad privada, el presidente de Fedecámaras, José Manuel González, habló en primer término en torno a la expropiación de los bienes de 39 contratistas petroleras con actividades de servicios en el lago de Maracaibo.

Recalcó que a estas empresas las toman por asalto, afectando considerablemente a sus propietarios. No se trata de grandes compañías, sino de pequeñas y medianas empresas que han sido sorprendidas por esta “medida anticonstitucional”. Aseguró que muchas de éstas son de quienes en una época fueron obreros o técnicos de la industria petrolera, y que invirtieron sus ahorros, pero hoy ven que el esfuerzo de su trabajo es tirado por la borda. “El gobierno se empeña en seguir ahuyentando la poca inversión que nos quedaba, como es el área energética”, expresó.

“Estas acciones demuestran que la precariedad jurídica en el país es sumamente grave”.

“Una de las cosas más peligrosas que ha dicho el Presidente de la República es que la tierra no es privada, pero queremos decirle a todos los venezolanos que en Venezuela hay tierras públicas y privadas, y mientras el artículo 115 de la Constitución de 1999 esté vigente, aquí habrá tierras privadas”.

González recordó que cuando el referendo para la reforma, se observó en una fotografía que la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, “le decía que no a ese proyecto de reforma en el que estaba contemplada la modificación del artículo 115 de la Constitución que consagra la propiedad privada”.

Por esta razón, instó a la magistrada a que diga “si es que el Presidente de la República está por encima de la Constitución, o que ésta es el verdadero pacto social por el cual tenemos que regirnos absolutamente todos los venezolanos”.

Con relación al anunció sobre la toma para los próximos días de 10 mil hectáreas en el Estado Barinas, consideró que el Ejecutivo Nacional disminuye cada vez más la producción nacional para tener mayor dependencia de las importaciones, por el gran negocio que éstas significan con dólares a 2,15 bolívares.

El presidente de Fedecámaras reveló que para este año, con la toma de fincas, la zafra 2008/2009 será de 9 por ciento menos de caña de azúcar que en la zafra 2007/2008; es decir, 720 millones de kilos que se dejarán de producir.

Se preguntó si con la situación planteada se pretende llevar a los venezolanos a un enfrentamiento, “porque no todo mundo tomará con tranquilidad que le quiten sus bienes, o lo único que tienen para ganarse la vida y darle sustento a la familia”.

“En ninguna parte (de la Constitución) aparece la palabra socialismo y mucho menos la palabra comunismo; de manera que nuestro llamado al Ejecutivo Nacional para que reflexione, porque, Presidente, es usted el que está jugando con candela con todos los venezolanos”.

El líder empresarial exhortó al primer mandatario nacional para que “abandone el miedo a convocar y escuchar a quienes piensan distinto que usted; Venezuela sólo sale adelante con el esfuerzo de todos; Venezuela tiene un sector privado resteado y dispuesto a luchar por el país, a defender lo que tiene amparado en la Constitución”.

Los pequeños negocios también corren peligro con las leyes que afectan la propiedad privada.
Moisés G. Hernández

Valencia, mayo 13 (REDACTA).- La propiedad privada es sagrada. En eso coinciden todos los ciudadanos encuestados sobre el tema, pero, cuando se les pregunta si conocen las leyes que se “cocinan” en la Asamblea Nacional y que golpean este derecho sin hacer distinciones, ocurre otra coincidencia: casi nadie tiene idea de lo que allí está pasando.

“Existe mucha apatía entre los vecinos. Yo creo que lamentablemente se está dejando que los demás hagan, porque de repente la gente piensa que igual él (Hugo Chávez, presidente de la República) va a tener la razón. Es mentira que ahora el pueblo tiene el poder. Si tú opinas diferente a ellos (los afectos al Gobierno), tú no tienes poder, a ti no te dan la oportunidad de decir lo que sientes ni se toma en cuenta tu opinión, aunque sea buena. Eso es lo que está pasando”, refiere Maritza de Figuera, representante vecinal del sector 6 sur de la urbanización Ricardo Urriera, la más grande de la parroquia Miguel Peña, en Valencia.

“A mí me pasa como a la mayoría de los venezolanos, porque a través de la prensa es que uno se entera medianamente. Esto nos tiene muy preocupados, porque no sé qué irá a pasar con nosotros, los pequeños comerciantes”, dice Pedro Chacón, propietario desde hace 25 años de una pequeña bodega en el mismo sector.

En cualquier momento, la AN sancionará dos textos legales: la Ley de Propiedad Social, que privilegia ese tipo de posesión sobre la propiedad privada, y la reforma de la Ley Especial para la Regularización Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, aprobada en primera discusión el 2 de abril de este año. Ambas reproducen el texto que modificaba la Constitución Nacional y que rechazaron los electores en el referendo del 2 de diciembre de 2007, en el cual se instituían nuevos modelos de producción (con visión socialista) y se relegaba la propiedad privada a un segundo plano.

El anteproyecto de Ley de Propiedad Social gira en torno a la “economía socialista”, sistema en el que debe prevalecer “el interés por la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la colectividad antes que la reproducción de capital”, mientras que con la Ley de Asentamientos Urbanos Populares se refuerzan las competencias de los Comités de Tierras Urbanas (CTU) ya definidas en la ley vigente desde 2006, entre las cuales están registrar las viviendas de la comunidad y estimular la creación de ciudades comunales.

“Esas leyes se están haciendo de espaldas al pueblo”, asevera Omar Martínez, un vecino del lugar.

“Lo que es de uno, es de uno”

Los entrevistados están convencidos de que tener algo propio es un derecho, y más si eso se logra con mucho esfuerzo. Los hijos casi siempre constituyen la razón para trabajar en esos proyectos de vida. “Mis padres fueron personas muy trabajadoras, luchadoras, dejaron varias casas y mis hermanos y yo las heredamos. Los venezolanos estamos acostumbrados a tener nuestras cosas, a disfrutar lo que tenemos, sea un vehículo o una casa. Si estas leyes se aprueban nos veríamos muy perjudicados”, expresó Chacón, quien al hablar sobre su pequeño negocio confiesa que para él “ha significado todo, parte de mi vida, una lucha de 16 a 18 horas diarias de trabajo durante los 365 días del año”.

“Para mí, la propiedad privada es algo que he obtenido y me pertenece, porque me costó mi sudor y mi dinero”, responde Rosa Elena Oviedo.

“Es una herencia que uno les deja a sus hijos. Uno no debe permitir que eso pase a las manos del Gobierno”, añade Gladys Agüero.

En el artículo 10 de la Ley de Asentamientos Urbanos Populares, que, como su nombre lo indica, afecta a los barrios y urbanizaciones de clases sociales bajas, se señala que “toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar, el de su familia, declarándolo como vivienda principal ante los órganos del poder popular: Comité de Tierras Urbanas o Consejo Comunal; en consecuencia, contra él no podrán acordarse ni ejecutarse medidas preventivas o ejecutivas de carácter judicial atendiendo principalmente a los mandatos establecidos en la presente ley especial”.

Para Martínez, la inscripción de su propiedad ante un CTU -definido en el proyecto de ley como una “organización comunal, social y política”- es “un absurdo”, porque “se supone que yo ya la registré (ante un Registro Principal), entonces no tengo por qué registrarla en otro lado”.

“Creo que se le está dando demasiado poder a la gente de los consejos comunales”, asegura la señora Figuera.

La AN aprobó en primera discusión el pasado martes la reforma a la Ley de Consejos Comunales. Representantes de partidos de oposición y ONG que promueven los valores democráticos consideran que ésta es una vía para fortalecer a esas organizaciones y comenzar a construir las comunas socialistas.

“Yo no registraría mi vivienda principal ante esos comités. Se quedaría como está. Yo veré a quién se lo quiero dejar cuando muera. Lo que es de uno, es de uno”, espeta Oviedo.

“No quieren pelear”

El dirigente vecinal del sector 6 sur de Ricardo Urriera, Engelbert Rubio, trata de explicar el motivo de la apatía de la gente frente a los cambios que introduce el Gobierno: “La gente no participa porque no lo ve como una prioridad, pero también por la división que ha generado la gente del Gobierno en las comunidades. Entonces nadie se involucra en el trabajo social, porque una tendencia pelea con la otra y la gente dice que no quiere pelear”.Rubio, quien la semana pasada se unió al Comité para la Defensa de la Propiedad en el estado Carabobo, iniciativa creada por las ONG Liderazgo y Visión y el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, adelanta que en los próximos días comenzará el adiestramiento a las comunidades sobre los riesgos que representan estos proyectos de ley. “Mucha gente piensa que lo que tú tienes lo lograste con esfuerzo y trabajo, por eso va a negar estas leyes, como ocurrió con la reforma”.

Valencia, mayo 13 (Angélica Vásquez).- Integrantes del Comité de Defensa de la Propiedad Privada en Carabobo, sostendrán hoy la primera reunión para coordinar la agenda de actividades que emprenderán en la entidad.

Dicha actividad se estará desarrollando desde las 4:00 p.m. en la sede de la asociación civil “Liderazgo y Visión”, ubicada en la avenida Monseñor Adams, urbanización El Viñedo edificio Banco Venezolano de Crédito.

Motivo por el cual, la asociación hace una invitación a todas las fuerzas vivas del estado, organizaciones, gremios y sectores que participaron en la conformación del comité, para que asistan a la actividad.

Como se recordará el Comité de Defensa de la Propiedad Privada quedó constituido el pasado 5 de mayo, durante el evento “Por un País de Propietarios”, convocado por la Organización No Gubernamental (ONG) “Cedice Libertad” y la asociación civil “Liderazgo y Visión”, con la finalidad de informar a la población sobre los atrasos que traerá para el país la aplicación de normativas como la Ley de Propiedad Social, propuesta por la Asamblea Nacional (AN)

Fuente: Notitarde
Fecha: 11 Mayo 2009
Valencia, mayo 10 (Marlene Piña Acosta).- Importantes proyectos de obras que tienen que ver con vialidad urbana, serán sometidos a consideración este lunes, durante una plenaria del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, previsto para las 3:00 de la tarde, en Capitolio.
Los proyectos están dirigidos a los municipios Valencia, San Diego y Naguanagua, para ser financiados con recursos del Fides y Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Laee) y se examinaron durante una reunión de trabajo, realizada el pasado jueves en Capitolio, con la participación de miembros del Ejecutivo Regional, alcaldes y representantes del Consejo Legislativo y de entes del Gobierno Nacional, surgiendo acuerdos sobre el cambio de metas en algunas de las obras.
Para el municipio Valencia fueron incluidas obras viales, consideradas como prioritarias y contempladas dentro del Plan Vial de Carabobo, entre ellas, un proyecto para mejorar la transitabilidad de la redoma de Guaparo y la ampliación del Paseo Cabriales. Otro proyecto tiene que ver con la adecuación del callejón Mañongo que va desde la avenida Salvador Feo La Cruz hasta Las Clavellinas. También un proyecto en el puente de Mañonguito que permitirá que los conductores que transitan por la avenida Bolívar se incorporen a la autopista, sin necesidad de llegar a la redoma de Guaparo. Entre los proyectos se encuentra, además, la ampliación de la avenida Sesquicentenaria, según adelantó el alcalde de Valencia, Edgardo Parra.
Explicó que se trata de un conjunto de importantes obras por un monto de 11 millones de bolívares fuertes, además de que en el plan de inversión hay otros proyectos que mejorarán la transitabilidad de la Gran Valencia.
Entre los proyectos para San Diego está la obra de la Colectora 3, que conectará a la avenida Julio Centeno con la Autopista Regional del Centro, aunque los trabajos están adelantados por la Alcaldía de San Diego, de acuerdo a lo informado por “Enzo” Scarano.
Otros recursos que serán aprobados están dirigidos a la rampa de incorporación del Distribuidor Bárbula, pero se trata de presupuesto para continuar la obra, porque le han sido aprobados recursos por el Consejo Estadal del anterior Gobierno Regional, según el alcalde de San Diego.

Fuente: Notitarde
Fecha: 11 Mayo 2009
Valencia, mayo 10 (Marlene Castellanos).- El presidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo, Arnaldo Romero, indicó que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), debería conciliar con los representantes de las compañías que aparecen en la lista entregada por la diputada Laura Valls, antes de aplicar cualquier sanción.
Romero comentó que algunos empresarios han sostenido reuniones con los compradores de los inmuebles. “Ellos han mostrado su disposición de resolver cada caso de forma particular”
No obstante aclaró que el gremio no se opone a la medida y sabe que las personas que cometieron algún delito asumirán sus responsabilidades, pero que debe tomarse en cuenta la trayectoria que tienen las mismas.
El representante del sector construcción comentó que la parlamentaria le informó durante una marcha que llegó a la cámara, que algunos casos se habían resuelto, pero no le informó cuáles son y tampoco le ha dicho los nombres de las compañías que aparecen en la lista para que él pueda determinar los afiliados.
“Debemos tener cuidado con estas acciones, pues la idea es que no se ponga una dificultad más en el camino para que las empresas puedan continuar produciendo y entregando los inmuebles”.
Romero recordó que algunos de los retrasos que se han presentado en determinadas obras, son productos de causas externas, entre ellos: la tardanza que se presenta en la entrega de los permisos, la escasez de los materiales, dificultades crediticias con los bancos y el estudio de impacto ambiental.
“Nosotros desde el primero momento manifestamos que queríamos ser parte de la solución de este problema para que los compradores puedan tener sus viviendas”.
Aseveró que la Cámara ha sido celosa y le ha pedido a sus afiliados que cumplan porque las ventas se hacen en base a la confianza.
“Estamos en constante contacto con la Cámara Nacional de la Construcción debido a los hechos que se han venido presentando en los últimos días, entre ellos la Ley de Preventa, la demanda que fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la eliminación del Indice Nacional de Precio al Consumidor. Todo esto elementos le esta haciendo mucho daño a la construcción de viviendas en el país”, agregó.
Asimismo manifestó que el sector se mantiene en constantes reuniones para evaluar la forma en que pueden resolver todos los problemas que se han presentado hasta el momento.
Cabe recordar que el pasado viernes 8 de mayo se realizó en la sede de la 41 Brigada Blindada, una reunión entre el coordinador de Indepabis en Carabobo, Carlos Guía y la diputada de la Asamblea Nacional, Laura Valls.
En este encuentro la legisladora hizo entrega al funcionario las denuncias en contra de 39 compañías de la entidad que han incumplido con los compradores de viviendas.
En esa oportunidad la asambleísta Laura Valls, anunció que esta semana los fiscales de Indepabis iniciarán un operativo donde cerrarán y sancionarán a estas empresas del área de la construcción e inmobiliaria.
Cabe destacar que en dicha reunión estuvieron presentes las familias afectadas que compraron su vivienda en las preventas efectuada por las diferentes compañías de la entidad.

Carlos Guía, coordinador regional del Instituto de Defensa de las Personas en el acceso a Bienes y Servicios hizo el anuncio en la Brigada Blindada de Valencia, antes de que la diputada Laura Valls le entregara alrededor de 500 expedientes de personas afectadas por ilícitos cometidos por al menos 37 empresas, entre constructoras e inmobiliarias en el estado Carabobo.

Estos casos están adelantados por la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, que integra la legisladora carabobeña, en virtud de la gran cantidad de denuncias de familias afectadas en el ramo inmobiliario. El 80% de los casos son del municipio San Diego, que en los últimos años ha mostrado mayor desarrollo habitacional.

Guía recordó que con la reforma de la Ley del Indepabis a este organismo se le dan ciertas atribuciones, como la posibilidad de prohibir la enajenación y el gravamen de bienes, que significa no se pueden hacer transacciones sobre esos inmuebles en notarías y registros públicos, hasta que la situación sea aclarada o resuelta por el Indepabis.

En virtud del incumplimiento de la Gaceta Oficial del Ministerio del Hábitat del 10 de noviembre de 2008, se inició el proceso administrativo a la empresa Inverplan en la Sala de Sustanciación, donde tendrá la oportunidad de ejercer sus alegatos. Guía aseguró que a partir del lunes comenzarán las visitas al resto de las empresas.

Las sanciones son entre 100 unidades tributarias y mil por cada una de las personas afectadas y esto se hará también con otras empresas con la participación del Indepabis y la AN.Los ilícitos más frecuentes son: retrasos en la entrega del inmueble, lesionando los intereses de las personas; cambio en los proyectos, cobranza por gastos de comisión, protocolización y bancarios que están prohibidos por la Ley, cuando se trata de vivienda principal y el cobro lineal del Indice Nacional de Precio al Consumidor. Aún así, las empresas han mantenido la posición de continuar cobrando, “por eso aplicaremos las sanciones”, dijo Guía.

El coordinador de Indepabis fue consultado además sobre las presuntas estafas que estarían cometiendo algunas inmobiliarias y constructoras en la región. Respondió que a este organismo no le corresponde determinar el delito, sino al Ministerio Público.

Según Valls, las empresas que tienen más afectados son: Grupo Coyserca, Consolitex, Inmobiliaria Irma, Inverplan, entre otros.

Lombardo, quien asiste a los afectados que se adhieren a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Usuarios de Servicios Eléctricos de Venezuela (Asuselectric), y la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), advirtió que esperan de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia elimine el cálculo del IPC sobre el monto del precio en la preventa de viviendas, ya que se trata de un índice utilizado por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de la fluctuación de los precios al consumidor, esto es, de la inflación, y no un interés porcentual, como lo han tomado constructores y promotores de viviendas.

Hizo un llamado a toda persona que haya adquirido su vivienda en preventa, en cualquier parte del país, a adherirse a la citada demanda de nulidad, pues hasta el 27 de mayo estará en la sede del máximo tribunal del país recibiendo a los afectados que decidan su incorporación a la lucha por la anulación de este IPC, ilegalmente utilizado para incrementar hasta en un 40% los precios de las viviendas.

Explicó que si una constructora entrega una vivienda después de dos años de haber firmado el contrato de preventa, el precio acordado en ese contrato termina incrementándose considerablemente, incluso por encima de la inflación. El incremento en los precios de los materiales de construcción es la causa esgrimida por constructores y promotores de vivienda, para justificar el cobro del IPC, añadió

Aníbal Gómez A.
Corredor Inmobiliario certificado Nº 114
Director de Mercadeo Incaval, C.A.
Asesores Inmobiliarios
mercadeo@incaval.com.ve

La concejala Carmen Hernández está encargada de recabar los documentos, que al completarlos, presentará ante la Fiscalía, tal como lo hizo con el proyecto fantasma Asociación Civil Provivienda Brisas de San Diego, donde alrededor de 150 familias fueron timadas.

-El problema que se ha presentado, es que las empresas que utilizan para captar a la gente son reales, están registradas, pero lo que no es real, son los proyectos habitacionales que ofrecen, los cuales no están en el registro de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de San Diego y si el anteproyecto no existe y no está aprobado, entonces la oferta es engañosa, explicó la edil.

La investigación comenzó hace tres años con la denuncia ante la cámara de unas 50 familias. Posteriormente se sumaron más, y pasan ahora las 100.

Esta averiguación dio lugar a la detención preventiva de Huddon Ojeda y la presentación regular de su esposa, Yulis Arismendi, vicepresidenta de la empresa que ofertó las viviendas. Esta decisión fue acordada por un tribunal de Control de Carabobo tras la solicitud del Ministerio Público, el pasado mes de marzo.

Otro caso es el de la Corporación Foncadig que promociona los conjuntos residenciales Agua Viva y Agua Miel, que según respuesta de la ingeniera Livia Gil, directora de Ordenación Urbanística e Infraestructura de San Diego, no tiene proyecto presentado en estas oficinas. Esto se detectó en julio de 2008.

Este grupo tiene una oficina en el edificio El Añil de Prebo donde citan a las personas para mostrarles y explicarles los planes de pago. Les enseñan el plano del terreno (que no les pertenece) y fijan una fecha para iniciar los pagos de la incorporación a la cooperativa y después para la inicial de la vivienda.

-Lo que ocurrió, es que muchos ya tenían tres años pagando la inicial y no veían la construcción de sus proyectos, por lo tanto fueron hasta el Concejo Municipal. A esta fecha todavía llega gente a poner denuncias similares, dijo Hernández.

En lo que va de año, la gente de Foncadig ha hecho varias preventas o cronogramas de pago, por lo tanto, los montos desembolsados por cada familia son diferentes.

Son personas de clase media, profesionales y otros muy humildes que ubican estos proyectos porque dan mucha facilidad de pago. Al inicio se les hace fuerte cancelar los 8 mil bolívares fuertes, pero luego las cuotas son entre 300 y 485 bolívares fuertes, que una pareja puede cancelarlo.

También está en investigación la Fundación Digna Nacional para la Vivienda Social, cuya sede es en Maracay. Se conoce hasta ahora de 22 familias estafadas durante el año pasado.

Otro falso proyecto urbanístico denominado Conjunto Residencial Perla Country, que está siendo ofertado por la empresa Tecno House, tampoco está registrado, por lo tanto se les elabora un expediente para entregarlo a Fiscalía. Aquí son más de 100 familias afectadas, a quienes les prometieron construirles casas en el sector El Paraíso de San Diego.

Hernández hizo un alto en este punto, para señalar que este proyecto fantasma es anunciado en revistas inmobiliarias, que al parecer, sólo reciben la petición de promocionar productos sin informarse si realmente existen o no.

Por este motivo, exhorta a los editores de estas publicaciones, a que soliciten los documentos donde conste la legalidad de los conjuntos residenciales que promueven. “Deben exigir los soportes, porque podrían convertirse en cómplices de la estafa inmobiliaria”.

Otro proyecto llamado Puerta de Oro, se está promocionando con revistas inmobiliarias, que pareciera que sólo cobran por el aviso y no investigan más. De esta no se tienen denuncias concretas, pero la edil se enteró por una trabajadora de la alcaldía que le preguntó si podía incluirse y si era legal. Cuando Hernández verificó, tampoco estaba registrado.

El ingeniero Arnoldo Benítez, presidente de la mencionada Federación, señaló que para este miércoles se efectuará una reunión en el antiguo Hemiciclo del Senado, en la Asamblea Nacional, donde preferiblemente deben asistir con el documento de venta y los comprobantes de pago de las respectivas cuotas, con el fin de que se puedan incorporar a la acción de nulidad antes señalada, para así anular ese cobro ilegal, pues no tiene sustento en ninguna legislación venezolana.

Recordó que la acción de nulidad fue interpuesta por Fevacu ante la Sala Constitucional del máximo tribunal el 23 de septiembre de 2008, a favor de los derechos colectivos y difusos de todas las personas que ilegalmente son víctimas del cobro del IPC, cuando acuden a la preventa en la adquisición de viviendas, Indice que los constructores utilizan como cobro de una tasa de interés.

-Desafortunadamente, el 10 de noviembre de 2008, el ministro Farruco Sesto, por razones de índole personal y de conveniencia, publicó la Resolución 398 que legaliza el cobro del IPC, pues él es constructor y como se iba del anterior Ministerio de Vivienda y Hábitat, le favorecía, esto es, pusieron a un chivo a cuidar jardín, precisó.

Sin embargo, el 2 de abril de 2009, la Sala Constitucional admitió la acción de nulidad y señaló que a partir del 28 de abril, todas las personas, a nivel nacional, afectadas por el cobro del IPC, tienen 10 días hábiles para adherirse a la acción de nulidad, y desde ese mismo momento pasan a ser demandantes, por lo que sólo resta la realización de la audiencia constitucional que anule el cobro impugnado.

-Entre tanto no se dé esa audiencia constitucional, las personas que se adhieran a la acción de nulidad, pueden dejar de pagar el IPC que ilegalmente le cobran, y ningún juez protegerá al constructor que se atreva a rescindir el contrato de preventa de la respectiva vivienda, señaló.

La Cámara Inmobiliaria de Carabobo nota este enunciado como el más peligroso de un proyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria, del que ya han visto seis versiones. No hay forma de saber cómo se determinará qué es “incapacidad gerencial, técnica o financiera”. El funcionario público, en su discrecionalidad, será el que decida cuándo está presente una de las tres circunstancias.

El artículo es señalado por Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria, como un atentado a la propiedad privada, pues no hay fundamentos claramente establecidos para hacer una intervención de una obra, ni tampoco el procedimiento legal que debe llevarse a cabo.

El siguiente artículo, el 26, establece además que cuando se presuma que la paralización de la construcción se debe a desvíos de fondos, el funcionario designado debe entregar a la Fiscalía los recaudos que permitan determinar si existe delito. De cualquier manera, en ningún caso el comprador en preventa soportará el impacto económico provocado por hechos de corrupción (artículo 27).

Esta seguidilla de artículos encabeza las disposiciones finales de un proyecto que está siendo considerado por la Asamblea Nacional y que fue redactado por los diputados Carlos Espinoza León, Rafic Souki y Laura Valls, representante de Carabobo.

La misma discrecionalidad se teme en la aplicación del numeral 5 del artículo 17, en el que se lista la base para el cálculo del precio del inmueble. Se incluye la “utilidad legítima del productor de las viviendas por su actividad empresarial de construcción de la vivienda contratada”. “¿Qué es utilidad legítima para el funcionario?”, se preguntó Trejo, asumiendo que no será definida en los mismos términos en que los empresarios lo harán.

Más trabas

De ser aprobada la nueva Ley, los promotores deberán notificar al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) sobre la oferta.

Aunque como está planteado el trámite, en el artículo 3, pareciera que se trata de una carta que sólo debe ser consignada ante el ente fiscalizador y que una copia sea sellada, no anima mucho a los constructores que se les agregue un paso más en la cadena de diligencias. El documento a presentar debe incluir el precio de los inmuebles.

La empresa que quiera construir un complejo habitacional tarda un año, en el mejor de los casos, para juntar todos los requisitos que se exigen en las alcaldías y otorgar el registro.

Ante la municipalidad deben presentar la titularidad de los terrenos; un permiso de los Bomberos Municipales; una verificación del Instituto Municipal de Ambiente; y el estudio de impacto ambiental que realiza el Ministerio del Ambiente, cuya tramitación es lenta.

También necesitan una certificación de los servicios públicos; la de electricidad, que no es tan complicada, se obtiene en Eleval o Cadafe, dependiendo de la zona; y la de agua, que es más
difícil: si Hidrocentro no la emite, el constructor debe volver al Ministerio del Ambiente a solicitar un permiso para perforar un pozo e instalar una planta de tratamiento.

El artículo 5 del proyecto es visto como una limitante a la hora de elaborar proyectos masivos de vivienda, pues entre los requisitos del contrato de compraventa se establece que “en ningún caso la culminación de la obra podrá ser pautada posterior a los 24 meses, desde la firma del documento”.

Trejo calculó que, de acuerdo con la escasez de insumos y los retrasos en la obtención de permisos, en ese tiempo sólo pueden levantarse proyectos de 80 a 100 viviendas.

Además, la principal causa en el retraso de los proyectos habitacionales es la escasez de cemento, cabillas y bloques. “Cada año hay elecciones y cerca de esos eventos el país se detiene”, comentó Trejo.

Entre la culminación de la obra y la entrega al comprador también hay trabas que los promotores de viviendas deben saldar.

Listo el edificio, hay que obtener la habitabilidad. Es un documento que emite la alcaldía correspondiente, luego de certificar que lo que se presentó para el registro, meses atrás, ya existe. El lapso ideal es de 15 días, pero las municipalidades tardan no menos de tres meses.

Con la habitabilidad en la mano, el promotor la envía al ente financista, que comienza a llamar a los compradores para calcular el crédito y la firma. Tres meses más.

Adicionalmente, todo pago de notaría sólo puede efectuarse en entidades bancarias pertenecientes al Estado, que generalmente están colapsadas. Y las agencias son pocas en Valencia: el Banco Industrial de Venezuela tiene oficinas en la plaza Bolívar, en la avenida Cedeño, en la Michelena, y en Bohío; Banfoandes en la Torre Banaven y en el centro comercial Las Industrias y el Banco del Tesoro en San Diego.

Y para la firma del documento en el registro inmobiliario las operaciones son “a paso de tortuga”. Entregan 40 números diarios (una operación por número). A las 5:00 de la madrugada se agotan los cupos.

Finalmente se da la protocolización, que es la entrega formal al comprador. El promedio, entonces, para terminar un inmueble está por encima de los 30 meses, en los que la inflación ya ha alcanzado más de 50%. Los promotores consideran imposible que pueda cumplirse ese numeral del artículo 5.

Ley injusta

Tres artículos sobre las rescisiones de los contratos ponen a la Ley de un solo lado, cuando debería buscar una relación armoniosa entre promotor y comprador. El enunciado 9 detalla que el constructor o productor de viviendas no podrá dar por terminado un contrato de manera unilateral, pero en el siguiente, el 10, sí lo puede hacer el comprador, si las razones son imputables al productor. El promotor sólo podrá retener al cliente hasta 10% del monto entregado como reserva.

El artículo 11 establece que el productor deberá reintegrar el 90% restante del total entregado por el comprador hasta la fecha, dentro de los siguientes 15 días continuos, a partir de la fecha de notificación, que debe hacer con dos semanas de anticipación.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria rechazó el texto, porque mientras el promotor sólo puede retener 10% de la reserva, tiene que reintegrar 90% de lo ya pagado por el usuario.

INPC legal

En la exposición de motivos y dos de los 29 artículos del proyecto de Ley de Preventa Inmobiliaria, se incluye el cobro del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC, antes IPC) como una herramienta válida para que el Gobierno y los constructores ajusten costos.

El proyecto de ley establece en el artículo 16 que a los compradores sólo se les podrá aplicar, así no se haya convenido, el INPC que calcula el Banco Central de Venezuela, un índice que utiliza el Gobierno Nacional para medir las variaciones de los precios. Y el artículo 18 detalla que sólo podrá hacerse sobre el saldo deudor.

Quien contradice esto es el diputado Darío Vivas, que el martes 28 de abril celebró la admisión que el Tribunal Supremo de Justicia hizo a la demanda presentada por la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Fevacu), en la que piden la eliminación del cobro del INPC.

De acuerdo con Vivas, la discusión en la Asamblea Nacional de la Ley de Preventa Inmobiliaria debe detenerse mientras se resuelve la disputa judicial.

El complemento de la Ley sería la resolución 98 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, del 10 de noviembre de 2008, en la que se indica que el cobro del INPC se realizará hasta la fecha pactada como entrega de la obra y de allí en adelante, si no está culminada, los costos serán asumidos por el promotor.

Las denuncias

La elaboración de leyes regulatorias del mercado inmobiliario surgió el año

pasado, con las denuncias que los usuarios comenzaron a hacer ante el Indepabis y la Asamblea Nacional.

Una de las más recurrentes es el cobro indebido del INPC, en la que unos 40 mil carabobeños, según fuentes gubernamentales, estarían afectados.

Rafael Trejo admitió que “puede que algunos promotores y constructores lo estén aplicado (el INPC) mal, pero no pueden pagar todos por errores individuales”. Además, recalcó que esos inconvenientes se han ido solucionando con negociaciones en las que la Cámara Inmobiliaria ha sido mediadora.

La segunda causa es la estafa inmobiliaria. Trejo informó que en la Cámara no hay denuncia alguna, pero recordó que un hombre -y al parecer su esposa- está detenido al comprobársele el delito y es buscado otro ciudadano que tiene 10 denuncias en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. También hay un desarrollo habitacional en terrenos de los que, al parecer, no se tiene el título de propiedad. Todo esto en San Diego.

El presidente del gremio instó a las personas interesadas en comprar un inmueble en preventa, a primero averiguar en la Cámara Inmobiliaria si el promotor está legalizado; luego revisar en la respectiva alcaldía si el proyecto está registrado; y reconfirmar la información en el registro inmobiliario, que está en Agua Blanca (Valencia) y el centro comercial Paseo La Granja (Naguanagua y San Diego). En el proyecto de la Ley, se prohíbe la preventa si los permisos no están otorgados, y eso es lo ideal.

La tercera causa es el retraso en la entrega de los inmuebles, que Trejo atribuyó a la escasez de materiales y a la misma situación política del país.