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El Juez acuerda no demoler la edificación ilegal al no disponer el acusado de otra vivienda

2017-08-01T12:15:00.005+02:00

2012-08-09T18:54:00.002+02:00

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EL ABOGADO LOCAL JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PUBLICA SU TERCERA OBRA JURÍDICA

2012-05-30T20:36:00.000+02:00

El abogado local José Antonio Martínez Rodríguez ha presentado hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arahal su tercera obra jurídica titulada "Tráfico de drogas y la atipicidad de su tenencia". El libro ha sido publicado por la prestigiosa editorial jurídica BOSCH.

En el acto de presentación, el autor ha hecho entrega al Concejal de Seguridad Ciudadana, Jonatan Morilla, de ejemplares donados para el uso de la ciudadanía en general en la Biblioteca Pública Municipal y también para el cuerpo de Policía Local.

El libro trata, entre otros, de la figura delictiva del tráfico de drogas tipificado en el artículo 368 al 370 del Código Penal, que castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Además también trata de la atipicidad de la tenencia de drogas en los casos en que aunque la persona tenga en su posesión sustancias estupefacientes el Tribunal Supremo considera que no es un ilícito penal, si se dan determinadas circunstancias, ejemplo de ello, lo tenemos si la droga incautada está destinada al autoconsumo de su poseedor, si se trata de donación y la transmisión de dosis es mínima y gratuita, a una persona que es adicta y se encuentra con la vulgar denominación “tener el mono”, es decir encontrarse bajo el sufrimiento del síndrome de abstinencia. Otro caso de no impunidad es el consumo compartido entre usuarios.

José Antonio Martínez se muestra satisfecho por la difusión que la editorial está haciendo no sólo en las librerías de nuestro pais sino también en toda Latinoamérica, lugar donde se estudia el ordenamiento jurídico español en esta materia para su aplicación en sus respectivos paises.

El libro también ha sido presentado ante el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Don José Joaquín Gallardo, quién ha felicitado al autor, por la divulgación de su obra jurídica.

EL AUTOR

José Antonio Martínez Rodríguez, nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED), Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, con una calificación de Sobresaliente por unanimidad del Tribunal, Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal y Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales; encontrándose actualmente elaborando la Tesis Doctoral en materia de Derecho Penal y Procesal en la Universidad de Sevilla, con el Proyecto de Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo”.

Entre sus obras jurídicas destacan los libros “Delitos urbanísticos en la doctrina y en la jurisprudencia españolas”, publicado por Pasión por los Libros, y La doctrina jurídica del principio non bis in idem y las relaciones de sujeciones especiales”, publicado por la prestigiosa editorial jurídica BOSCH.

Salvan a un vecino de un pozo de 30 metros

2012-02-05T09:03:00.000+01:00

ARAHAL

Salvan a un vecino de un pozo de 30 metros

María Montiel Actualizado 02/02/2012 22:27 Fuente el correo de andalucía

Se cayó en su propio pozo y puede vivir para contarlo tras ser rescatado por los Bomberos. Aunque se desconocen las causas, todo apunta a un accidente como motivo de la caída en un pozo de un vecino de Arahal. Los hechos se produjeron el pasado miércoles, cuando M.P.R, tras ver un partido de fútbol, se trasladaba a su chalét a conectar la alarma. Fue allí donde cayó al pozo que abastece de agua a su vivienda.

Aunque se desconocen las causas del suceso, todos los datos apuntan a que estaba haciendo algún trabajo de reparación en este pozo de su propiedad. Se da la circunstancia además de que es pocero de profesión por lo que, esta hipótesis cobra más fuerza como la causa de esta caída.

Desde el cuerpo de bomberos de Morón de la Frontera se recibía una llamada a las 21:55 horas anunciando que un vecino estaba en un pozo pidiendo socorro. Fue al acercarse a esta urbanización, ubicada entre Morón y Marchena, cuando se dieron cuenta de que M.P.R permanecía a 20 metros de profundidad en un brocal del pozo sin tapar y que tenía en total cerca de 30 metros.

Hicieron falta cuatro bomberos para rescatar a este hombre mediante una maniobra de contrapeto, donde dos bomberos bajaron a ponerle el arnés al accidentado mientras otro servía de contrapeso en la boca del pozo. Mientras, el jefe de la dotación de bomberos dirigía la operación de maniobra. El rescatado presentaba fractura de pierna, hombro y varias magulladuras.

LA JUNTA VA A REGULARIZAR POR DECRETOEN EL MES DE ENERO DE 2012 MILES DE VIVIENDAS ILEGALES

2012-01-04T10:33:00.000+01:00

FUENTE OBTENIDA DE ABC DE SEVILLA el 30 de diciembre de 2011.

El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.

En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.

El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».

«Es por lo que el presente Decreto —añade— tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.

Diferencias

Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.

En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta —en colaboración con los ayuntamientos— ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.

Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.

El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.

Consejo Consultivo

El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».

«Ciertamente —indica el Consultivo— es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal

La legalización de viviendas irregulares en Andalucía a través de un Decreto específico levantó en principio serias reticencias en las organizaciones conservacionistas. Pero en estos momentos la postura es de frontal oposición. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, considera sin dudarlo en declaraciones a ABC que la Junta va a dar una «amnistía» al urbanismo supuestamente ilegal. Tras recordar que son numerosos los alcaldes imputados y condenados por «permitir y avalar las miles de viviendas que ahora se quieren legalizar», señaló que la propuesta «es de suma gravedad por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio. El Decreto —subrayó— es un aval para el urbanismo salvaje». Según Clavero, la regularización de miles de viviendas ilegales «desgajadas de los núcleos de población provocará un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión».

El barman Manuel Martín se proclama campeón mundial de coctelería con su Jardín Mágico, un digestivo que rompe 44 años de maleficio español.

2012-01-04T10:08:00.000+01:00

Tras décadas de sequía en mundiales de coctelería, un sevillano ha hecho historia. Fue en 1967 cuando un español ganaba, por última vez, el campeonato mundial, en categoría absoluta, con una creación propia. Ahora ha sido un arahalense quien pasará a la historia por conseguir este premio, tan esquivo desde hace 44 años para la delegación española, con "su jardín mágico".

Durante los días 8 y 9 de noviembre, se celebró en la ciudad polaca de Varsovia el campeonato mundial de Coctelería en el que se dieron cita bármanes de 59 países con el objetivo de alzarse con la medalla de campeón del mundo de coctelería. A este concurso iba Manuel Martín, miembro del club de barman de Sevilla, con una maleta cargada de ilusiones, su título de campeón nacional de la categoría y una pócima mágica para preparar su cóctel, que ha ido rumiando durante los últimos meses. De todo ello, ha sido su buen hacer con la coctelera lo que lo ha catapultado a la máxima distinción.

Ya en Arahal, enseña con ilusión el galardón, contando la experiencia vivida en Varsovia. Algo inigualable que no termina de creerse ya que era "un sueño que pensaba que no se podía hacer realidad". Y es que han sido muchos meses de duro trabajo hasta conseguir una bebida perfecta, comparable a los grandes cócteles que han hecho historia. Y su jardín mágico ya la ha hecho.

Desde que ganó el nacional ha estado dándole mil vueltas a la cabeza, en el bar Becquer de Arahal, preparando la mejor de las bebidas. Hasta que salió un digestivo que combina ginebra, licor de manzana ácida, brandi con albaricoque, crema de coco condensada y un zumo de limón y azúcar. Con él, ha conseguido ser el mejor, con una ventaja de 16 puntos sobre Grecia, que fue el país que se ha alzado con el segundo premio de este torneo.

Sin embargo, más allá de la alegría de Manuel, la satisfacción es doble puesto que, este trago dulce, ha roto el maleficio que tenían los españoles en estos concursos. España, a pesar de tener muy buena cantera de bármanes y cierta fama mundial, no había conseguido ese premio desde hace más de 40 años. Ahora, Martín espera haber roto la etapa de vacas flacas y que detrás de él "sean muchos más compañeros los que consigan este premio".

Para ello cuenta el secreto de su éxito. La decoración, a base de flores y mariposas comestibles, creadas con nabo, remolacha y calabaza cruda, el aroma y el sabor del trago han sido los elementos claves que lo han llevado a la cima mundial. Su triunfo ha llegado a oídos del Ayuntamiento de Arahal, que va a reconocer su logro en el próximo pleno municipal, además de hacerle entrega de una placa en la que se le felicita y reconoce por su trayectoria. "Nos hacemos eco de la alegría que provoca que un arahalense consiga un logro de esta envergadura en el mundo especializado de la coctelería", señalaron.

Manolo Jiménez, nuevo entrenador del Zaragoza

2012-01-03T12:01:00.000+01:00

Manolo Jiménez, nuevo entrenador del Zaragoza

El técnico sustituye al mexicano Javier Aguirre, destituido por los malos resultados del equipo, colista en Primera División

EFE - Zaragoza - 01/01/2012

El técnico Manolo Jiménez es el nuevo entrenador del Real Zaragoza hasta el final de la presente temporada tras el acuerdo a que llegaron ambas partes en el último día del año 2011. De esta manera el preparador andaluz sustituye al mexicano Javier Aguirre, que fue destituido el viernes, debido a los malos resultados del equipo, que es colista de la Primera División, a cinco puntos de la salvación.

Manolo Jiménez (Arahal, Sevilla, 1964) permaneció vinculado la mayor parte de su carrera profesional al Sevilla Fútbol Club, donde fue jugador desde 1983 hasta 1997, así como entrenador del Sevilla Atlético (de 2000 al 2007) y del primer equipo (de 2007 hasta 2010). En su última experiencia como entrenador, en el AEK de Atenas, logró la Copa de Grecia en la temporada 2010-11.

Jiménez disputó como jugador 354 partidos en Primera División, llegando a debutar con la selección española, con la que jugó en 15 ocasiones. Como entrenador ascendió al Sevilla Atlético de Tercera División a Segunda División B. En la categoría de bronce alcanzó durante cuatro temporadas consecutivas (de 2003-04 a 2006-07) la clasificación para la fase de ascenso a Segunda División A, ascenso que finalmente logró en esa última temporada.

Al frente del Sevilla logró clasificar al equipo en quinta y tercera posición (en las temporadas 2007-08 y 2008-09 respectivamente), consiguiendo en su segunda temporada al frente del conjunto andaluz la clasificación para la Liga de Campeones.

La Junta avala el Plan de Emergencia de Arahal, donde está la base aérea de Morón

2011-12-31T11:42:00.000+01:00

ESTHER RODRÍGUEZ 16-12-2011

Ha sido la delegada del Gobierno de la Junta en Andalucía, Carmen Tovar, la encargada de dar luz verde al informe favorable del Plan de Emergencias para el municipio de Arahal en cuyo término está ubicada la base aérea que comparten España y Estados Unidos. El objetivo es la protección de los vecinos de dicho municipio ante una emergencia.

El documento será trasladado ahora a la Dirección General de Interior, Emergencias y también a Protección Civil, dependiente de la consejería de Gobernación y a la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Ahora dicho plan será homologado la próxima semana y entrará en fase de implantación por parte del ayuntamiento de Arahal.

El objetivo principal es contar con instrumentos que refuercen la seguridad de los ciudadanos de este municipio ante una eventual situación de emergencias. Según establece la Ley de Autonomía Local de Andalucía, es competencia municipal la elaboración y ejecución de los planes de emergencia de ámbito local. Una normativa que establece que este plan constituye la "respuesta" de la Administración Local para una mejor protección de la vida y bienes en su marco territorial en el desarrollo de sus responsabilidades y competencias. Este plan a nivel local, en este caso el de Arahal, se ha elaborado siguiendo los criterios establecidos en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y se integra en su propio esquema operativo.

DANY TORRES, CAMPEÓN DEL X FIGHTERS, PURO SHOW El mejor saltarín se arranca por sevillanas

2011-12-31T11:34:00.000+01:00

JAIME MARTÍN 25/12/11 - 17:39.

Sólo unos pocos españoles dedicados al motor recordarán 2011 como el mejor de su vida, el año que colmó sus sueños, el que los coronó como los números uno de su disciplina. Uno de ellos es Dany Torres, al que este año encumbró como el mejor saltarín del mundo tras ganar el prestigioso circuito Red Bull X-Fighters y lograr una medalla de bronce en los X-Games, la NBA de las acrobacias en el deporte extremo.

Este sevillano de 24 años puede decir con orgullo que es el mejor piloto de motocross freestyle. «Sí, hasta que llegue 2012 puedo considerarme el mejor porque gané la competición más difícil, la más importante», afirma.
Este andaluz lleva haciendo piruetas desde que a los 15 años dejó el motocross tradicional y el supercross. Desde entonces, creó en su finca de Arahal un circuito lleno de trampolines de arena para ejecutar sus trucos.

Se ha roto un total de 16 huesos en su vida, pero ha logrado asombrar casi tanto como su ídolo, Travis Pastrana, el que para muchos es el mejor de la historia. «Es el más grande. Tenía el máximo nivel e innovaba como ninguno. He hablado varias veces con él. Dice que está mejor retirado, pero ojalá volviera. No estaría mal enfrentarme a él», revela.

Torres lleva años entre la élite del Red Bull X-Fighters y esta campaña peleó por la general después de triunfar en citas míticas como la de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. «Es la victoria más especial, saltar delante de la afición es increíble», asegura.

Con todo, el piloto de Cepsa tenía la corona casi perdida en la última cita en Australia. Una lesión le había alejado de Nate Adams, quien le sacaba 40 puntos de renta. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio al estadounidense presentarse en muletas en Sídney y decir que no rodaría. Dany necesitaba ser cuarto para triunfar y acabó tercero. «Hasta el último momento no me vi ganador. Mi reto era ganar allí y lo hice», relata.

Instalado en su tierra
Dany es fiel a su tierra, tanto que no se plantea dejar Arahal y marcharse a California o Australia, donde viven gran parte de sus rivales. Es más, le gustaría arrancarse por sevillanas en la presentación que se hace de los pilotos en las competiciones. «Hasta ahora no lo he hecho, pero sí que me gustaría que sonaran alguna vez. Igual al público le chocaría un poco porque tiene otro ritmo, pero no estaría mal», confiesa.

Ésa y otras sorpresas prepara para 2012, año al que sólo pide que le traiga los mismos éxitos que en 2011.

La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado las obras de cierre del anillo de saneamiento de aguas residuales de la localidad de Arahal (Sevilla)

2011-12-31T11:31:00.002+01:00

La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado las obras de cierre del anillo de saneamiento de aguas residuales de la localidad de Arahal (Sevilla), una actuación que permitirá la recogida de las aguas residuales y las conducirá al colector general existente para su posterior tratamiento en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del municipio de la Campiña sevillana.

Según ha informado en una nota, esta actuación viene a solucionar las carencias del actual colector, que presenta obstrucciones y roturas con hundimiento, y permitirá conducir los vertidos radiales generados a lo largo de todo el perímetro de la población hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Con esta obra se soluciona también adicionalmente la recogida a los vertidos del municipio vecino de Paradas, que actualmente no llegan a la EDAR por encontrarse ubicados en el extremo opuesto de la población.

El cierre del anillo de saneamiento de aguas residuales cuenta con un presupuesto de adjudicación de 483.824 euros, y un plazo de ejecución de ocho meses. El delegado provincial de Medio Ambiente en Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha señalado que con esta "determinante" infraestructura la Consejería de Medio Ambiente avanza en la consecución de su objetivo de lograr el correcto tratamiento de todas las aguas residuales en la Provincia de Sevilla, donde el 96 por ciento de la población cuenta ya con las infraestructuras "necesarias" para la depuración de los vertidos urbanos.

Fernández, además, ha recordado la importancia de esta obra para la mejora definitiva de la calidad ambiental del Guadaíra. Para ello se procederá a la ejecución de un nuevo colector de PVC de 600 milímetros de diámetro que sustituirá al existente y recogerá las aguas residuales para su conducción al colector general existente y su posterior tratamiento en la EDAR de Arahal.

El trazado discurrirá en paralelo al colector actual, dividiéndose en dos tramos. El primero de ellos une la carretera de Paradas con el cruce de la Autovía A-92 y sustituirá el colector existente, actualmente fuera de servicio y en un estado de deterioro que imposibilita su puesta en funcionamiento.

El trazado tiene una longitud de 1,2 kilómetros, de los cuales los 792 metros primeros discurren sensiblemente paralelos al colector actual para evitar el paso bajo una nave industrial existente.

El segundo tramo, de 152 metros, partirá del cruce de la autovía A-92 hasta la Cañada Real de Osuna. Entonces, según explica, se sustituirá el colector actual, que aunque está en funcionamiento, se encuentra en un estado "deficiente" de conservación.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN ARAHAL

2011-12-31T11:29:00.004+01:00

ARAHAL (SEVILLA), 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de poco más de 20 años de edad ha sido detenido en Arahal (Sevilla) por amenazar y agredir supuestamente a su expareja sentimental de aproximadamente la misma edad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Arahal, en torno a las 12,00 horas del 27 de diciembre la Policía Local recibió un aviso telefónico alertando de que una mujer estaba siendo agredida por su expareja sentimental en la zona de la calle Madre de Dios. Desplazados los agentes hasta el lugar de los hechos, la víctima fue trasladada a la Jefatura de la Policía Local, mientras era arrestado el supuesto autor de los hechos por un presunto delito de agresión y amenazas a su expareja sentimental.

La Unidad Contra la Violencia de Género de la Policía Local procedió a realizar las primeras actuaciones respecto a la victima, elaborando el atestado, que fue remitido a la Guardia Civil para su termino junto con el detenido, que paso a disposición Judicial. Tanto la victima, como el supuesto agresor, no superaban los 22 años de edad.

PRESENTACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA EL LIBRO DELITOS URBANISTICOS EN LA JURISPRUDENCIA Y EN LA DOCTRINA ESPAÑOLAS

2011-11-17T19:16:00.002+01:00

En el salón de actos del Colegio de Abogados de Sevilla

En el salón de actos del Colegio de Abogados de Sevilla, tuvo lugar la presentación del libro titulado Delitos urbanísticos en la doctrina y en la jurisprudencia españolas, del que es autor nuestro colegiado José Antonio Martínez Rodríguez. Intervinieron en el acto el decano José Joaquín Gallardo, el prologuista de la obra y profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla Juan Antonio Martos Núñez y el jurista e historiador Joaquín Agudelo Herrero

presentacion del libro "DELITOS URBANISTICOS EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS" en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

2011-05-25T09:49:00.002+02:00

EL DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA
se complace en invitarle a la presentación de la obra titulada
“DELITOS URBANÍSTICOS EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS”
de la que es autor
DON JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Abogado
Intervendrán en el acto:
D. JUAN ANTONIO MARTOS NÚÑEZ, Doctor en Derecho y profesor titular del Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla.
D. JOAQUÍN AGUDELO HERRERO, Historiador y Jurista.

Fecha: 31 de mayo de 2011 Lugar: Salón de Actos del Colegio de Abogados
Hora: 20:00 c/ Chapineros, 6

ELECIONES ARAHAL 2011

2011-05-22T23:50:00.000+02:00

IU..........6 concejales
PSOE........5 "
PSIA........3 "
PP..........2
PA..........1

PRESENTACION DEL LIBRO DELITOS URBANISTICOS

2011-04-25T16:27:00.000+02:00

EL ABOGADO LOCAL JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ, PRESENTARÁ ESTE MIÉRCOLES UN LIBRO QUE TRATA LOS DELITOS URBANÍSTICOS

25/04/2011

La Sala Sevilla de la Casa de la Cultura de Arahal será este miércoles 27 de Abril, a las 20.00 horas, testigo y escenario de la presentación del primer libro del abogado arahalense, José Antonio Martínez Rodríguez, titulado "Delitos Urbanísticos en la Doctrina y la Jurisprudencia Españolas". El acto contará con la presencia del alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez y del también letrado arahalense, Manuel Fernández Fuentes, que se encargará de presentar a la obra y a su autor.

El libro a presentar trata un asunto de mucha actualidad y especial interés en nuestro municipio y, por supuesto, en el resto del territorio español. Su prologuista, el Dr. Juan Antonio Martos Núñez, Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, lo define así:

"Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo", constituyen tipos penales de notable complejidad técnica y de sobresaliente importancia social y política. En efecto, son frecuentes las condenas judiciales a propietarios de viviendas edificadas en suelos no urbanizables, con penas privativas de libertad, multa y la orden de demolición de la obra ilegalmente construida. Estas sentencias judiciales suponen la prueba más evidente de lo que se ha denominado "la batalla judicial contra el urbanismo salvaje". La responsabilidad de esta situación corresponde, en buena medida, a la actitud condescendiente, cuando no cómplice, de los Ayuntamientos que, en base a un desarrollo económico rápido, pero insostenible e irrespetuoso con la Naturaleza, llevó a muchos Alcaldes a permitir parcelaciones y edificaciones ilegales en sus bosques de encinas y alcornoques o en el litoral marítimo-terrestre, con la esperanza de que el argumento de los hechos consumados sería bastante para regularizar -que no desmantelar estas urbanizaciones ilegales-, lo que nació sin un solo papel. Con el tiempo, el recorrido ha sido el inverso y algunos de estos Alcaldes y propietarios han acabado ante el Juez, condenados e inhabilitados de sus cargos públicos o profesiones, por la comisión de estos delitos.
Este es el trasfondo criminológico y sociopolítico del Trabajo de Investigación que el Licenciado D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ha realizado, bajo mi dirección científica, con el título: DELITOS URBANISTICOS EN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS, que tengo el honor de prologar. El lector tiene en sus manos una investigación académica, exhaustiva y rigurosa sobre EL DELITO URBANÍSTICO, que aborda los tipos penales, tanto desde la óptica de la moderna Dogmática penal, como desde el prisma, más concreto y casuístico, de la Jurisprudencia Constitucional, la Doctrina del Tribunal Supremo y las Sentencias de las Audiencias Provinciales. La técnica de redacción de este trabajo ha sido muy elaborada, pese a la complejidad de la materia, y su lectura, pues, resulta amena, comprensible y muy recomendable, tanto para estudiantes como para los profesionales del Derecho Público. Acertadas conclusiones ponen el broche de oro a un brillante trabajo de Investigación jurídicopenal, que se cierra con un práctico Anexo Legislativo sobre las Normativa vigente en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, tanto de Derecho Comunitario como de Derecho estatal y autonómico".

José Antonio Martínez Rodríguez, nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED), Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, con una calificación de Sobresaliente por unanimidad del Tribunal, Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, y Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales, diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Diploma en Derecho Penitenciario, por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; encontrándose actualmente elaborando la Tesis Doctoral en materia de Derecho Penal y Procesal en la Universidad de Sevilla y continuando su trabajo diario en el consistorio arahalense.
El libro de puede adquirir en la editorial pasion por los libros, al precio de 26 €, para ver el libro podeis visitar el siguiente enlace:

www.pasionporloslibros.es/pasionporloslibros/Delitos_Urbanisticos.html
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UrbanismoPatasArriba: Arahal: La Fiscalía investiga más de 200 edificaciones ilegales en suelo rústico

2011-04-19T18:21:00.000+02:00

URBAN CRIME IN THE DOCTRINE AND THE SPANISH COURT

2011-04-10T14:00:00.000+02:00

José Antonio Martínez Rodríguez
Urban Crime in the Doctrine and the Spanish Court

José Antonio Martínez Rodríguez, born in Arahal (Sevilla), 7 December 1963, Law degree from the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a practicing Lawyer of the Bar Association of Seville, Diploma in Advanced Studies at the Department of Criminal Law and Procedure at the University of Sevilla, with a rating of Excellent Court unanimously, Master Degree in Occupational Health and Safety, Diploma in Tax Law and Tax Advisory and Management Diploma in Labor and Social Security Center Business Technical Studies, Diploma in Urban and Environmental Law, Diploma in Prison Law, the Bar Association of Seville, he has now developed the doctoral thesis on Criminal Law and Procedure at the University of Seville.

PROLOGUE

"Crimes relating to land use and urban planning," constitute crimes of significant technical complexity and outstanding social and political importance. In fact, there are frequent convictions homeowners built on undeveloped land, with imprisonment, fine and demolition order for the work illegally built. These judgments represent the clearest evidence of what has been called "the legal battle against the urban wild." The responsibility for this situation corresponds to a large extent, the condescending attitude, if not complicit, in the municipalities that, based on rapid economic growth, but unsustainable and disrespectful nature led many mayors to allow subdivisions and buildings illegal in the forests of oaks on the coast or sea-land, with the hope that the argument of the facts would be enough to stabilize-not dismantle these illegal developments, "he was born without a single paper. Over time, the route has been reversed and some of these mayors and owners have ended before a court, convicted and banned from public office or profession, for committing these crimes.
This is the criminological and socio-political background of the research work that the lawyer D. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, made under my scientific management, with the title: URBAN CRIME IN THE DOCTRINE AND JURISPRUDENCE SPANISH, I have the honor to prologue. The reader is holding an academic research, thorough and rigorous URBAN CRIME, which addresses the criminal, both from the standpoint of modern criminal dogmatics as the prism, more concrete and casuistic, the Constitutional Court, the Supreme Court doctrine and the judgments of the provincial courts. The technique of writing of this work has been made, despite the complexity of the matter, and reading, then, is entertaining, understandable and highly recommended for both students and practitioners of public law. Sound conclusions put the finishing touches on a brilliant job jurídicopenal Research, which closes with a practical Legislative Annex on existing legislation on Urban and Regional Planning, both of Community law as state and regional law.

DR. JUAN ANTONIO Marta Nuñez. Professor of Criminal Law at the University of Seville. January 2011.

www.pasionporloslibros.es 26 €.

La instrucción en el proceso penal de menores

2011-03-21T11:47:00.000+01:00

Artículo Doctrinal,publicado por la revista noticias jurídicas, en el mes de febrero de 2011, elaborado por José Antonio Martínez Rodríguez, titulado " La instrucción en el proceso penal de menores".

Para ver el artículo se deberá de copiar en el navegador el siguiente enlace:

http://noticias.juridicas.com/articulos/65-Derecho%20Procesal%20Penal/201102-2317895412.html

El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal

2011-03-21T11:42:00.000+01:00

Artículo Doctrinal publicado en la revista noticias jurídicas en el mes de febrero de 2011, elaborado por José Antonio Martínez Rodríguez "El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal"
Para consultar el artículo se deberá de copiar y pegar en el navegador el siguiente enlace:

http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/201101-2854132975132.html

UrbanismoPatasArriba: La Fiscalía ve un nuevo urbanismo ilegal con casas prefabricadas

2011-03-17T11:34:00.000+01:00

DELITOS URBANISTICOS

2011-03-17T10:22:00.004+01:00

EL LIBRO DENOMINADO "DELITOS URBANISTICOS EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS, ha sido publicado por la editorial PASION POR LOS LIBROS, para adquirir el libro hay que pedirlo en la página web de dicha editorial. Pasionporloslibros.es

José Antonio Martínez Rodríguez, nació en Arahal (Sevilla), el 7 de diciembre de 1963, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED), Letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Diplomado en Estudios Avanzados por el Departamento de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla, con una calificación de Sobresaliente por unanimidad del Tribunal, Master Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Diploma en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, y Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social por el Centro de Estudios Técnicos Empresariales, diploma en Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Diploma en Derecho Penitenciario, por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; encontrándose actualmente elaborando la Tesis Doctoral en materia de Derecho Penal y Procesal en la Universidad de Sevilla.

A la memoria de mi padre por haberme inculcado el valor del respeto hacia los demás; a mi madre por su noble corazón, bondad y caridad hacía las personas más desfavorecidas; a la buena condición y al cariño de mis cinco maravillosos hermanos; a mi esposa por tanto años de apoyo, amor y felicidad; a mis dos queridos hijos por su ternura; a mi formidable familia por su comprensión; a mis verdaderos amigos, por tantos años de amistad; a mis compañeros de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, entre ellos doña Susana García Humanes; al profesor don Juan Antonio Martos Núñez, por las hermosas palabras de su prólogo, al historiador, don Joaquín Agudelo Herrero, por su ánimo y apoyo incondicional; al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla; y mención especial a Arahal el pueblo que me vio nacer, que tanto amo y llevo en el corazón.

PRÓLOGO

"Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo", constituyen tipos penales de notable complejidad técnica y de sobresaliente importancia social y política. En efecto, son frecuentes las condenas judiciales a propietarios de viviendas edificadas en suelos no urbanizables, con penas privativas de libertad, multa y la orden de demolición de la obra ilegalmente construida. Estas sentencias judiciales suponen la prueba más evidente de lo que se ha denominado "la batalla judicial contra el urbanismo salvaje". La responsabilidad de esta situación corresponde, en buena medida, a la actitud condescendiente, cuando no cómplice, de los Ayuntamientos que, en base a un desarrollo económico rápido, pero insostenible e irrespetuoso con la Naturaleza, llevó a muchos Alcaldes a permitir parcelaciones y edificaciones ilegales en sus bosques de encinas y alcornoques o en el litoral marítimo-terrestre, con la esperanza de que el argumento de los hechos consumados sería bastante para regularizar -que no desmantelar estas urbanizaciones ilegales-, lo que nació sin un solo papel. Con el tiempo, el recorrido ha sido el inverso y algunos de estos Alcaldes y propietarios han acabado ante el Juez, condenados e inhabilitados de sus cargos públicos o profesiones, por la comisión de estos delitos.
Este es el trasfondo criminológico y sociopolítico del Trabajo de Investigación que el Licenciado D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ha realizado, bajo mi dirección científica, con el título: DELITOS URBANISTICOS EN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS, que tengo el honor de prologar. El lector tiene en sus manos una investigación académica, exhaustiva y rigurosa sobre EL DELITO URBANÍSTICO, que aborda los tipos penales, tanto desde la óptica de la moderna Dogmática penal, como desde el prisma, más concreto y casuístico, de la Jurisprudencia Constitucional, la Doctrina del Tribunal Supremo y las Sentencias de las Audiencias Provinciales. La técnica de redacción de este trabajo ha sido muy elaborada, pese a la complejidad de la materia, y su lectura, pues, resulta amena, comprensible y muy recomendable, tanto para estudiantes como para los profesionales del Derecho Público. Acertadas conclusiones ponen el broche de oro a un brillante trabajo de Investigación jurídicopenal, que se cierra con un práctico Anexo Legislativo sobre las Normativa vigente en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, tanto de Derecho Comunitario como de Derecho estatal y autonómico.

DR. JUAN ANTONIO MARTOS NÚÑEZ. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. Enero de 2011

DELITOS URBANISTICOS EN LA DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS

2011-03-16T14:47:00.000+01:00

2011-03-04T09:06:00.001+01:00

EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA

2009-06-22T13:08:00.001+02:00

Trabajo del Curso de Doctorado

Del Profesor don Juan Antonio Martos

Por don José Antonio Martínez Rodríguez

EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN EL DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA

SUMARIO

1.- Origen Histórico. Página núm. 4

2.- Introducción. Página núm.4
4
3.- El principio “non bis in idem”: significado y efectos. Página núm.5

4.- El principio “non bis in idem” en los delitos contra el medio ambiente. Página núm. 7

5.- El principio general de non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Página núm. 8

6.- Razonamiento empleado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 177/1999, de 11 de octubre. Página núm. 11

7.-El principio general de non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Página núm. 12

8.- La Supremacía del Orden Penal a la Potestad Sancionadora. Página núm. 18

1.- ORIGEN HISTORICO

Para este principio se utiliza diversas denominaciones, unos le llaman principio non bis idem y otros ne bis idem, la regla non bis idem aparece compilado en el diccionario de LIBS, cuya traducción es que nadie se sentencie dos veces por un mismo delito, su origen se puede situar en el Siglo III después de Cristo, el principio lo que aludía generalmente es que se prohibía reclamar dos veces la misma cosa, exigiéndose la buena fe, ya que no es conforme a la buena forma que se reclame dos veces lo mismo, ya que por ejemplo una cosa si ha sido reclamada por la madre o el hijo no se podía reclamar otra vez por el padre, aunque en el derecho romano el principio non bis in idem no tenía relevancia en el derecho penal, en el Breviario de Alarico, decía que por los delitos por los que alguien había sido absuelto, no puede reiterar acusación quien los hubiere acusado, en el siglo IX Benedicto Levita en sus capitularios dice que por los delitos por quien alguien había sido absuelto, no puede reiterarse la acusación, en el Decreto de Graciano, trata sobre a quienes se les permite acusar, al que ha sido acusado por uno no puede acusarlo otro, aunque no se prohibía que otro acuse a quiene por abolición pública o privada, o por que el acusador ha desistido, dejando de encontrarse entre los reos.
Durante su estancia en Bolonia antes del año 1249 Bartolomeus Brixiensis comentaba : pues quien haya sido condenado o bien absuelto, no se puede proceder de nuevo por el mismo delito. Por primera vez, no solo la absolución sino también la condena impedían que se procediere una segunda vez contra quien ya había sido condenado. Este principio non bis in idem fue abolido por el derecho canónico por el absolutio ab instantia por el procedimiento inquisitorial, que decía que quien hubiera sido absuelto por un tribunal, podía ser procesado de nuevo si aparecieran nuevos indicios.

2.- INTRODUCCION

En término generales, el principio non bis in idem, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo que se sancione a una persona dos veces por los mismos hechos en la jurisdicción administrativa y la penal.

Nuestra Carta Magna de 1978 no recogió el principio non bis in idem, pero la doctrina ha defendido su vigencia por entender que la formulación de la doble sanción está implícita en el propio principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución vigente que vetaría una tipificación simultánea de iguales conductas con los diferentes efectos sancionadores (García de Enterria), o también implícito en el principio de exigencia de racionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en la norma del artículo 9.3 nuestra Constitución.

Hay casos de concurrencia de sanciones administrativas y penales, es decir existen situaciones que son constitutivas de delito y que a la misma vez pueden ser definidas como infracciones administrativas o disciplinarias, como por ejemplo, el artículo 468 de Código Penal tipifica el delito de quebrantamiento de condena que comete en grado de tentativa el condenado que intenta evadirse de la cárcel, siendo esa misma conducta una falta muy grave establecida en el reglamento penitenciario, por la que su autor puede ser sancionado con la imposición de aislamiento en celda.

3.- El principio “non bis in idem”: significado y efectos

Según Trayter Jiménez la expresión “non bis idem” encierra un tradicional principio general del Derecho con un doble significado: de una parte, su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada dos veces por la misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por otra parte, es un principio procesal en virtud del cual un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, no pueden darse dos procedimientos con el mismo objeto. Esta vertiente procesal impide no sólo la dualidad de procedimientos –administrativo y penal- sino también el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos como consecuencia de los efectos de la litispendencia y de la cosa juzgada.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983 , recoge la doble vertiente, material y procesal, del principio, al manifestarse que:

“el principio non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimiento, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no puede ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado”.

Según la STC 77/1983, de 3 de octubre, las consecuencias prácticas del principio que estamos analizando son:

a) Cuando la Administración tiene conocimiento de un acto ilícito antes que los órganos judiciales.

En estos casos, el Tribunal Constitucional o declara la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores si los hechos pueden ser también constitutivo de delito o falta según las normas penales.

Tanto en el ámbito administrativo general (art. 133 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre y el art. 7 del Real Decreto de 4 de agosto de 1993, sobre el ejercicio de la potestad sancionadora), como en diversas normas generales protectoras del medioambiente (entre ella, el art. 112 de la Ley de Aguas 29/1985), se prevé, en caso de que unos mismos hechos puedan constituir delito además de infracción administrativa, la obligación por parte de la Administración de comunicarlos al Ministerio Fiscal o a la Autoridad judicial, acordando la suspensión del procedimiento hasta que recaiga resolución judicial sobre el mismo. Sin embargo, ello se subordina a la existencia de identidad de sujetos, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la penal.

En caso de que, sin embargo, exista identidad, la Administración deberá abstenerse de continuar el procedimiento administrativo y sancionar la conducta. En este caso tendrá la obligación de suspender el procedimiento y pasarle el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial.

b) Cuando la Autoridad Judicial conoce, enjuicia y decide sobre un asunto antes de que lo haga la Administración.

En estos supuestos, existe la obligación por parte de la Administración de respetar el planteamiento fáctico del órgano jurisdiccional así como la cosa juzgada establecida por la resolución judicial.
Para mayor compresión de lo dicho, sirva como ejemplo lo siguiente:

· Si recayese una resolución absolutoria como por ejemplo en un delito ecológico, y en la sentencia se declarase probado que el acusado no contravino la normativa administrativa ni participó en los hechos que se le imputan, la Administración no podría iniciar un procedimiento sancionador contra dicho acusado, ni imponerle una sanción administrativa. En cambio, si el Tribunal absuelve al acusado estimando que no ha puesto en grave peligro ni la salud humana ni el equilibrio ecológico aunque, considere, en cambio, que ha participado en los hechos enjuiciados y ha vulnerado las normas administrativas, la Administración sí estaría facultado, en este caso, para imponerle una sanción.

4.- El principio “non bis in idem” en los delitos contra el medio ambiente

Las soluciones que nuestro ordenamiento jurídico ofrece en aquellos casos en los que unos mismos hechos pueden constituir simultáneamente una infracción administrativa y un delito contra el medio ambiente.
La conducta tipificada en el artículo 325 de Código Penal puede coincidir con las conductas recogidas en infracciones administrativas reguladas en diversas normas ambientales . Por ejemplo, la realización de vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente, tipificada como infracción en el artículo 116.f) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, o el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos, siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas al que refiere el artículo 34.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente si el resto de los elementos requeridos en el tipo penal están presente .
La actividad legislativa de las Comunidades Autónomas en el ámbito del Derecho ambiental, dictando normas adicionales de protección del medio ambiente, incrementa la posibilidades de que unos mismos hechos tengan cabida en una infracción administrativa y en un tipo penal.

5.- El principio general de non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Sobre este principio se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional al manifestar, “que no recaiga duplicidad de sanciones –administrativa y penal- en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la administración –relación de funcionario, servicio público, concesionaria, etc.- que justifique el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y, a su vez, de la potestad sancionadora de la Administración”.

También este Tribunal tiene declarado que el principio non bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto a unos mismos hechos, pero conduce también al resultado de que cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimiento, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación “unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado”. Dándose aquí una aplicación de la institución jurídica de cosa juzgada, que según este Tribunal, “despliega un efecto positivo, de manera que lo declarado por sentencia firme constituye una verdad jurídica y un efecto negativo que determine la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema”.

El propio Tribunal Constitucional en abundantes sentencia ha admitido algunos supuestos de concurrencia entre la jurisdicción penal y el derecho administrativo sancionador, como por ejemplo, cuando declara que puede acumularse una pena y una sanción administrativa por un mismo hecho, si el sujeto se encuentra en relación de sujeción especial con la Administración. Estas declaraciones han sido utilizada por el varias sentencias del Tribunal Constitucional como pueden ser la de 13 de junio de 1990 y de 10 de diciembre de 1991, para admitir la duplicidad de sanciones penales y disciplinarias, añadiendo también que no basta con la relación de sujeción especial sino que además, las sanciones deben tener distinto fundamentos.

Para el profesor Muñoz Conde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se cierra definitivamente el paso a la acumulación de la sanción penal y administrativa, dado que el principios que estamos analizando parecen establecidos para permitirla en muchos casos: así, cuando sobre un mismo hecho concurre una pena y una sanción administrativa, con relativa frecuencia estaremos ante una relación de sujeción especial entre el sancionado y la Administración, con lo que sí podrá admitirse la acumulación.

El Tribunal Constitucional en su sentencia 94/1986, de 8 de julio declaró que no infringe el “non bis in idem” la aplicación de una pena por quebrantamiento de condena y, al mismo tiempo, la privación del beneficio penitenciario de la redención de penas por el trabajo (artículo 100.1 de Código Penal anterior), puesto que este segundo supuesto no tiene su fundamento en el castigo del delito cometido sino en el “incumplimiento de una condición” a que se encuentra sometida la redención de penas por el trabajo.

Siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional comentare a continuación la sentencia 177/1999, que estima otorgar el amparo en sentido de reconocer el derecho fundamental del demandante a la legalidad penal y sancionadora, en su vertiente del derecho a no ser doblemente sancionado por unos mismos hechos (art. 25.1 C.E.).

Entre los antecedentes de esta sentencia que otorga el amparo al recurrente cabe destacar lo siguiente:

La Junta de Aguas de la Generalitat de Catalunya con fecha 28 de marzo de 1990, incoa expediente sancionador contra la mercantil IRM LLOREDA S.A., tras haber observado irregularidades en una inspección realizada en el mes de febrero anterior, acusándose a esa empresa de una falta grave por los vertidos efectuados al río Congost.

Posteriormente con fecha 23 de octubre de 1990 la Junta de Aguas pone en conocimiento de la Policía Judicial los hechos por si los mismos pudieran constituir un delito de los establecidos en el artículo 347 bis del Código Penal de 1973. A pesar de todo la misma Administración con fecha 12 de noviembre de 1990 dicta resolución sancionando a la empresa con 1.000.000 ptas. como consecuencia de una infracción menos grave.

Pero con fecha 15 de febrero de 1991 la Fiscalía presenta querella criminal contra los directivos de la empresa, siendo ellos condenados el 1 de marzo de 1994 por un Juzgado de lo Penal de Barcelona, condenando a José María Lloreda como autor del delito contra el medioambiente del artículo 347 bis del Código Penal de 1973 con pena de dos meses de arresto mayor y el pago de una multa de 1.000.000 Ptas.

En mi opinión el problema se plantea al deducir lo expuesto es que no existe un mecanismo que corrija la actuación administrativa cuando esta ha obviado la preferencia del procedimiento penal.

La cuestión que se debe analizar es si se ha vulnerado el principio non bis in idem, dado como se ha manifestado anteriormente es un principio general del derecho que aunque no esta reconocido expresamente en nuestra carta magna es susceptible de recurso de amparo constitucional dado su carácter fundamental y su vinculación con el principio de legalidad.

Para analizar el presente caso, primero se debe de diferenciar las dos vertientes del ne bis in idem y concretar a continuación qué tipo se ha infringido con los elementos ligados al presente caso.

El principio que se está analizando en este trabajo se caracteriza por ser la prohibición de que por procedimiento distintos, autoridades del mismo orden jurisdiccional sancione la misma conducta antijurídica o que, como parece en este caso, se sancione tanto por vía administrativa como penal los mismos sujetos por la comisión de los mismos hechos y cuya sanciones tengan el mismo fundamento.
El principio ne bis in idem procesal es la vertiente del mismo principio por lo que en casos de colisión entre la actuación administrativa y la judicial se seguirá el principio de subordinación de la primera a la segunda. De lo que se deriva que las Administraciones no pueden proceder en actuaciones sancionadoras cuando los hechos puedan constituir delitos o faltas tipificada en la materia penal, si no que deberían suspender el proceso hasta cerciorarse de que están legitimado a proceder mediante la sentencia dictada por el órgano judicial.

Por ello entiendo que en este caso se ha vulnerado el non bis in idem procesal y la gravedad de la actuación administrativa queda latente desde el momento en que demostró reconocer la posibilidad de que los hechos pudieran constituir delito al remitir la actuación a la autoridad penal y, sin embargo, no espera el pronunciamiento judicial para continuar el expediente sancionador administrativo en caso de que procediera.

Por otro lado debemos averiguar si se da la identidad de sujeto, hecho y fundamento para contemplar la posible lesión al non bis in idem material.

En materia administrativa se admite como sujeto infractor a una persona jurídica como lo es en este caso la empresa IRM LLOREA S.A., sin embargo en derecho penal la conducta antijurídica sólo puede imputarse a la persona física autora del delito, en este caso José María Lloreda.

En cuanto a la identidad de fundamento jurídico la normativa administrativa sólo incluye en la tipificación de las sanciones el mero hecho de haber vertido una determinada cantidad de vertido, por lo que defiende intereses regulativos, mientras que en el tipo que constituya delito penal se requiere que se de un resultado de afectación del equilibrio del ecosistema.

En conclusión, según lo expuesto anteriormente no se puede afirmar la existencia de los requisitos para la infracción del non bis in idem material puesto que no coincide sujeto, objeto y fundamento jurídicos, con el entendimiento que en la condena penal va incluida la sanción administrativa, sin que se pueda admitir la coexistencia de ambas por lo que sí aparece la lesión al principio ne bis in idem procesal.

6.- Razonamiento empleado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 177/1999, de 11 de octubre

El Tribunal Constitucional, acogiendo la tesis del recurrente, decide otorgarle el amparo solicitado y declara la nulidad de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Penal núm. 22 de Barcelona y por la Audiencia Provincial.
En sus razonamientos, contenidos en los Fundamentos Jurídicos 3,4 y 5, manifiesta, lo siguiente:

1º El principio de non bis in idem se configura como un derecho fundamental del ciudadano frente a la decisión de un poder público de castigarlo por unos hechos que ya fueron objeto de sanción, como consecuencia del anterior ejercicio del ius puniendi del Estado. Al imponerse una sanción, ya sea penal o administrativa, no cabe imponer otra, siempre que concurra entre ellas identidad de sujeto, hechos y fundamentos.

2º Este derecho fundamental no puede depender del orden de preferencia que normativamente se hubiese establecido entre los poderes constitucionalmente legitimados para el ejercicio del derecho punitivo y sancionador del Estado (es decir, la Administración Pública y la Jurisdicción Penal) ni menos aún, de la eventual inobservancia, por la Administración sancionadora, de la legalidad aplicable.

3º La preferencia de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser entendida como una garantía del ciudadano, complementaria de su derecho a no ser sancionado dos veces por unos mismos hechos, y nunca como una circunstancia limitativa de la garantía que implica el derecho fundamental del non bis in idem.

4º De todo lo anterior se deduce que no puede alegarse, para denegar el amparo, el incumplimiento por la Administración Pública (Junta de Aguas) de su deber legal de suspender el procedimiento sancionador, y de dar traslado del hecho a la jurisdicción penal por si la conducta (vertido contaminante) fuese constitutiva de delito, tal y como dispone el artículo 112 de la Ley de Aguas. La consecuencia negativas de este incumplimiento nunca deberán recaer en el recurrente en el sentido de alterar el contenido de su derecho fundamental al non bis in idem (artículo 25.1 de la Constitución Española de 1978)

En esta sentencia no todo los integrantes del Tribunal Constitucional estuvieron de acuerdo de otorgar amparo al solicitante. Por ejemplo su presidente, don Pedro Cruz Villalón y una magistrada, doña María Emilia Casas Beamonde, formularon conjuntamente voto particular contrario a la opinión mayoritaria. La negativa de esto de no otorgar el amparo se basa en lo siguiente:

a) De un lado, la falta de identidad de fundamento entre la sanción penal y la sanción administrativa. De acuerdo con la opinión de los magistrados discrepantes, las sentencias penales declaran probados nuevos hechos que no había considerado la Administración: los efectos de los vertidos sobre la salud humana y el medio ambiente, bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento penal. También ambos magistrados parecen arrojar dudas sobre la identidad subjetiva de ambas sanciones, al recordar que mientras la multa administrativa fue impuesta a la empresa como persona jurídica, la pena se impuso al director de la misma, persona física. Por tanto, y en su opinión, se trataría, en definitiva, de “dos conductas distintas que lesionan intereses jurídicos diferentes”.
b) De otro lado, los magistrados discrepantes consideran que impedir la actuación de la justicia penal cuando se haya impuesto previamente al acusado una sanción administrativa, supone resolver a favor de la Administración Pública la posible colisión que pueda producirse entre las actuaciones de la misma y la de los órganos de la justicia penal. Este resultado supone, según los magistrados, romper “la estructura básica del Estado de Derecho configurado por nuestra Constitución”, al otorgar preferencia a la propia Administración sobre los Tribunales.

7.- El principio general de non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

A continuación trataré de hacer algunos comentarios de varias sentencias que desestima la vulneración del principio general non bis in idem por diversos motivos:

El Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de marzo de 2004, desestima el caso donde el recurrente ante la mera denuncia procede voluntariamente a realizar el pago de la multa administrativa sabiendo que existe un proceso penal por los mismos hechos, considerando el Alto Tribunal que una aplicación a ultranza del principio non bis in idem llevaría, en estos supuestos, a dejar en manos de la voluntad del infractor eludir la vía penal con sólo admitir y someterse a la sanción administrativa, lo cual cree –TS- no debe de ser admisible pues, utilizar la sanción administrativa como defensa ulterior frente a la condena penal es una alteración de la funcionalidad del principio nom bis idem que no puede ser atendible, y, en definitiva, entraña un fraude de aquellos preceptos constitucionales y legales que establecen la prevalencia de la jurisdicción penal sobre la Administración sancionadora. Sigue declarando el Alto Tribunal que para conjugar estos intereses se debe de seguir la pauta apuntada en la sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 de 16 de enero según la cual procede subsanarlo, dando así satisfacción a dicho principio non bis in idem, aplicando en ejecución de sentencia el descuento sobre la pena, que con toda corrección le impone la sentencia, de aquellas cantidades que acredite haber satisfecho por este motivo a la administración, y ordenando se libre testimonio de la resolución a la administración al objeto de que deje sin efecto cualquier anotación o consecuencia posterior que puede tener el expediente. Así se impide e exceso punitivo y no puede afirmarse que se hayan impuesto dos sanciones al recurrente, una en vía administrativa y otra en vía penal.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de diciembre de 2002, desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma, por un delito contra el medio ambiente.
El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Alcobenda, incoó Procedimiento Abreviado, contra dos acusados, por delito contra el medio ambiente, que una vez concluso fue remitido a la Audiencia Provincial de Madrid. Constando como hecho probado que los dos acusados sin antecedentes penales de común acuerdo vinieron manteniendo una explotación dedicada a la extracción de áridos, que desarrollaban conjuntamente en una finca sita en los márgenes del Arroyo de Viñuela y en otra próxima, llamada Arroyada, explotación para la que carecían de la correspondiente licencia municipal, no habiendo cumplido tampoco para la realización de la actividad que en ella desarrollaban con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental establecidos en la normativa contemplada en la Ley 10/1991, para la protección del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Que una vez que los acusados extraían los áridos que eran lavados en una balsa a las que derivaban aguas del arroyo, sin autorización, mediante una motobomba, devolviendo los lodos resultantes de ese lavado al mismo arroyo a través de una conducción que desde la finca había creado, careciendo igualmente de autorización alguna para la práctica de dicho vertidos, contraviniendo con ello la Ley de Aguas y el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. Los acusado habían venido realizando esta actividad con anterioridad al año 1995, lo que dio lugar a que se incoasen contra ellos distintos expedientes sancionadores en vía administrativa, el primero de ello en 1989 y así hasta más de 25, en su mayor parte terminados con sanción y la orden de reponer las cosas al estado anterior a la infracción cometida, lo que no sólo no han hecho, sino que, pese a todo y a conocer también la prohibición del Ayuntamiento de 5 de enero de 1995 de acordar la suspensión inmediata de los actos de uso del suelo para extracción de áridos y clasificación y lavado y venta de los mismos, han seguido desarrollando la misma actividad, al menos hasta diciembre de 1999, que cesaron en ella a raíz de una orden judicial.
La Audiencia de instancia condenó a los acusados como autores de un delito contra el medio ambiente a la pena para cada uno, de cuatro años de prisión y multa de 24 meses.
La representación interpuso recurso de reposición por quebrantamiento de forma por infracción de ley y precepto constitucional del artículo 25. 1 por vulneración del principio “non bis in idem”
El Tribunal Supremo desestima el motivo esgrimido por los acusados, en el sentido de manifestar que el artículo 25.1 de la Constitución de 1978 consagra el derecho fundamental a la legalidad penal y sancionadora, una de cuyas vertientes es el derecho a no ser sancionado doblemente por unos mismos hechos siempre que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración que justifique el ejercicio del “ius puniendi” por los Tribunales y a su vez de la potestad sancionadora de la Administración (STC 2/1981 citada por la mencionada 177/1999). Añade la última que esta dimensión procesal del principio cobra su pleno sentido a partir de su vertiente material o sustancial que consiste en atribuir al principio “ne bis in idem” la condición de un derecho fundamental del ciudadano frente a la decisión de un poder público de castigarlo por unos hechos que ya fueron objeto de sanción, como consecuencia del anterior ejercicio del “ius puniendi” del Estado, lo que significa que la preferencia de la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa sancionadora ha de ser entendida como una garantía del ciudadano y nunca como una circunstancia limitativa de la garantía que implica aquél derecho fundamental, concluyendo que en el ámbito constitucional a la hora de tutelar adecuada y eficazmente el derecho fundamental a no ser doblemente castigado “ne bis in idem” que ostenta los ciudadanos y garantiza el art. 25.1 C.E., la dimensión procesal antes referida no puede ser interpretada en oposición a la material, en tanto que esta última atiende no al plano formal, y en definitiva instrumental, del orden de ejercicio o actuación de una u otra potestades punitiva, sino al sustantivo que impide que el sujeto afectado reciba una doble sanción por unos mismo hechos, cuando existe idéntico fundamento para el reproche penal y el administrativo, y no media una relación de sujeción especial del ciudadano con la Administración.
Por todo ello considera el Tribunal Supremo en que la sentencia recurrida no ha vulnerado dicha doctrina teniendo en cuenta que la actividad delictiva ha persistido en el tiempo hasta el mes de diciembre de 1998, como afirma la Audiencia en el fundamento de derecho segundo, es decir, con posterioridad a los hechos afectados por los expedientes administrativos los acusados siguieron realizando la actividad delictiva investigada y que ha sido objeto de la condena judicial, por lo que los hechos castigados penalmente no son coincidente con los sujetos a sanción administrativa. Se trata de un delito permanente cuya consumación se prolonga en el tiempo y alcanza hasta la cesación efectiva de la actividad ilícita.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de abril de 2008, desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Como hechos probado son que el día 1 de septiembre de 1999, el Agente territorial de Lugo del Servicio de Medio Ambiente Natural de la Delegación provincial de la Consellería de Medio Ambiente, hallándose de servicio por el río Tordea, observó la presencia de mortandad piscícola y turbidez de las aguas, comprobando, que las aguas turbias procedían del Arroyo “Os Troyos”, en la cual desemboca los vertidos de una empresa láctea, de la cual el acusado era gerente y administrador único, que una vez analizadas las aguas dieron como resultado que el oxígeno recogido en las muestras tanto en el colector como en la confluencia del arroyo resulta incompatible con la vida de los peces; asimismo los demás valores analizados suponen una fuerte alteración del hábitat de los peces, infringiendo lo dispuesto en la directiva Comunitaria Europea del Consejo de fecha 18 de julio de 1978 sobre calidad de las aguas continentales que requieren protección, de 24 de julio, y el Decreto de Galicia 130/97 de 14 de mayo que aprueba el Reglamento de Ordenación de Pesca Pluvial y de los demás ecosistema acuáticos continentales.
La Audiencia de instancia condenó al acusado como autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, a la pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 300 €, con arresto sustitutorio en caso de impago, de un día por cada dos cuotas, e inhabilitación especial para ser representante legal ó administrador de entidades mercantiles por un periodo de tres años y a que abone a la Consellería de Medio Ambiente de Xunta de Galicia la cantidad de 24.000,82 €, en concepto de daño en la fauna.
Por la representación del acusado se interpuso recurso de casación por vulneración entre otros del artículo 25.1 de la CE, referido al principio de legalidad y a no sufrir una duplicidad punitiva, administrativa y penal por los mismos hechos, toda vez que el mismo hecho por el que ha sido penalmente condenado el recurrente ya dio lugar, con anterioridad a la sanción administrativa, conteniéndose en la misma que al mismo tiempo, se incoaba el procedimiento penal, aun así fue resuelto el expediente sancionador por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pese a que alegó que coexistía el procedimiento administrativo con el procedimiento penal.
Afirma el recurrente que, conforme al artículo 120 del Texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, la Administración estaba obligada a suspender su tramitación hasta las resultas de la causa penal.
No obstante, invocando la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999 alega que tal premisa determina conculcación del derecho fundamental de legalidad del artículo 25 de la Constitución Española, que implica la proscripción del no bis in idem, desconocido por las resoluciones administrativa y contencioso administrativa citadas.
El citado principio, en relación con los de proporcionalidad y respeto a la cosa juzgada, prohíbe la duplicidad de sanción (en este caso administrativa y penal) en sendos procedimientos, si concurre la triple unidad de sujeto, objeto y causa, salvo que no exista diversidad de fundamento en la sanción, por concurrir en la sanción administrativa un supuesto de especial relación de sujeción referida al sujeto sancionado.
Es doctrina tradicional la de que, aún reconociendo una identidad entre las infracciones administrativas y penal, ora por sus funciones, ora por los principios a que deben sujetarse, la tipificación penal debería trascender los límites de la infracción administrativa.
Es verdad que en tal tradicional doctrina implicó una excepción la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999, de 11 de octubre, precisamente en relación con materia que concernía a la sanción de vertidos irregulares.
Pero con posterioridad, se dictó la Sentencia del Tribunal Constitucional 152/2001, de 2 de julio en la que se retoma la tesis tradicional de desvinculación de la jurisdicción penal respecto a sanciones administrativas precedentes sobre el mismo hecho y sujeto y fundamento de sanción.
Ahora bien, lo que viene a reconocer es que la prevalencia de la jurisdicción penal no es la razón de admisibilidad de la sanción posterior en ese orden. Es la relación con el principio de culpabilidad como medida de la pena lo que conduce al denominado principio de proporcionalidad.
El Pleno del Tribunal Constitucional dictó posteriormente la Sentencia 2/2003, de 16 enero, avocación que tuvo lugar expresa y precisamente para apartarse de la doctrina establecida en las antes dictadas de 1999, y en ella se establece que “la garantía de no ser sometido a bis in idem se configura como un derecho fundamental (…) que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento”.

En este asunto el Tribunal Supremo desestima el motivo del recurso de vulneración del principio ne bis in idem, considerando que lo relevante no es que el procedimiento administrativo haya logrado o no su ratificación en vía jurisdiccional, dado que el Tribunal Constitucional recuerda que aún cuando en ciertos casos la substanciación de un procedimiento administrativo sancionador y un proceso penal –por los mismos hechos y con el mismo fundamento- puede ocasionar la vulneración del derecho a no ser sometido a un doble proceso. La interdicción constitucional de apertura o reanudación de un procedimiento sancionador cuando se ha dictado una resolución sancionadora firme, no se extiende a cualquiera procedimientos sancionadores, sino tan sólo respecto de aquello que, tanto en atención a las características del procedimiento –su grado de complejidad- como a las de la sanción que sea posible imponer en él - su naturaleza, magnitud- pueden equipararse a un proceso penal, a los efectos de entender que el sometido a un procedimiento sancionador de tales características se encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan gravosa como la de quien se halla sometido a un proceso penal.
También el Tribunal Supremo razona para desestimar el motivo esgrimido por el recurrente que la jurisdicción penal tienen la exclusividad para el conocimiento de los hechos constitutivos de delito, cuya enunciación corresponde al legislador, de suerte que tras la tipificación deja de tener efecto la determinación de la sanción administrativa. Así, cuando el hecho reúne los elementos para ser calificado de infracción penal, la Administración no puede conocer, a efectos de su sanción, ni del hecho en su conjunto ni de fragmentos del mismo, y por ello ha de paralizar el procedimiento hasta que los órganos judiciales penales se pronuncien sobre la cuestión.
Y como conclusión del comentario de esta sentencia es que según el Tribunal Supremo en caso de dualidad de ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, por la Administración y la jurisdicción penal, las resoluciones dictadas en ésta no puedan ceder antes las dictadas en aquella.

8.- La Supremacía del Orden Penal a la Potestad Sancionadora

La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional de manifiesta en abundantes sentencia que las autoridades administrativas no pueden, sancionar unos hechos que el Tribunal de lo penal ha declarado inexistentes o simplemente no probado. Sin embargo no procede lo contrario, es decir que unos hechos sancionable por un acto administrativo, aunque esté a posteriori confirmado por sentencia firme de la Jurisdicción Administrativa, vincule al Orden Penal, toda vez que según el Constitucional “ la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delitos o falta según el Código Penal o las leyes especiales, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ello”.

Según el profesor Ramón Parada la contundencia con el Tribunal Constitucional formula esta regla –regla que se halla ya recogida para las infracciones monetarias en el artículo 9 de la Ley 40/1979, sobre régimen jurídico de Control de Cambios, o el artículo 10 del Real Decreto 263/1985, 94.3 de la Ley de Costa de 1988- puede suponer un indudable freno al ejercicio de los poderes represivos de la Administración cuando sobre una misma materia, como ocurren en materia de contrabando, fiscal o delitos monetarios, inciden tipificaciones penales y administrativas deslindada únicamente por la cuantía de la infracción. Sigue diciendo del profesor Parada, que en estos casos, el traspaso evidente de los límites cuantitativos por los órganos de investigación o sancionadores de la Administración puede da lugar, además de la nulidad de las actuaciones y actos administrativos por vicios de incompetencia, a la consiguiente responsabilidad de los funcionarios y autoridades por usurpación de funciones judiciales”.

Para el profesor Parada Vázquez la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 137.2, recoge sí esta preferencia procesal de la Jurisdicción penal en la averiguación de los hechos, en su determinación o fijación definitiva, al prescribir que “los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales vincularán a las administraciones públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancie”; pero, de otra parte no es tan contundente en la prohibición de la sanción administrativa después de la penal por los mismos hechos, puesto que a la necesidad de esa identidad fáctica agrega otro dos requisitos propios del más exigente concepto de cosa juzgada: “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamentos”.

Sobre el principio que estamos analizando en este trabajo se pronuncia también el Tribunal Constitucional en su sentencia de 25 de marzo de 2004, cuando en materia de disciplina funcionarial se juzga la criminalidad de los hechos imputados a un policía, aceptándose como jurídicamente correcta la imposición de una sanción disciplinaria por una falta de prohibida sin denuncia de aquellos hechos a la autoridad judicial.

Arahal a 22 de junio de 2009

Fdo. José Antonio Martínez Rodríguez

BIOGRAFIAS CONSULTAS

1.- El Delito Ecológico, Prat García Josep y Soler Matutes Pedro, editorial CEDECS EDITORIAL S.L.

2.- Derecho penal parte general, Muñoz Conde, editorial tirant lo Blanch.

3.- Derecho Administrativo, parte general , Ramón Parada, Editorial Marcial Pons.

4.- De nuevo sobre la potestad sancionadora, Rubio de las Casas.

5.- El principio non bis in ídem, Cuaderno Luís Jiménez de Asua, de López Barja de Quiroga, Jacobo. Editorial Dykinson.

6.- Revista constitucional sobre el principio non bis in idem, libro homenaje al profesor Dr. Don Gonzalo Rodríguez Mourullo.

7.- El principio non bis in idem en el procedimiento sancionador, Joaquín Meseguer Yebra, Editorial Bosch S.A.

8.- Consideraciones jurídicos-administrativas sobre las jurisdicciones punitivas especiales, Madrid, 1971

9.- Efectos de la invocación tardía de la vulneración del ne bis in idem. , Jaime de Lamo Rubio, Noticias Jurídicas, Septiembre de 2001.

10.- T Cano Campos: “Non bis in idem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el derecho administrativo sancionador”.Revista de Administración Pública, núm. 156, sept-dic. 2001.

EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO DE SEPARACION Y DIVORCIO EN LA VIOLENCIA DE GENERO DE ESPAÑA

2009-06-22T13:07:00.001+02:00

José Antonio Martínez Rodríguez

EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO EN LA VIOLENCIA DE GENERO

Curso de Doctorado en derecho de Penal y Procesal

Profesor: Don Juan burgos Ladrón de Guevara

SUMARIO

Introducción (pág. núm. 3 ).

El nuevo marco jurídico sustantivo y procesal del matrimonio tras la Ley 15/2005 y la Ley Orgánica 1/2004 (pág. núm.4 ).

Cambio operado en la solicitud de Separación o Divorcio tras la promulgación de la Ley 15/2005 (pág. núm. 4 ).

El plazo de tres meses y su excepción para decretar judicialmente la separación (pág. núm. 6 ).

El plazo de tres meses y su excepción para decretar judicialmente el divorcio (pág. núm. 6 ).

Los Juzgados de Violencia sobre la mujer y la competencia objetiva y funcional (pág. núm. 7 ).

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer creado por la Ley Orgánica 1/2004 (pág. núm. 8).

Competencia civil a los Juzgados de violencia sobre la mujer (pág. núm. 8).

El régimen de visita del progenitor agresor tras la ruptura matrimonial (pág. núm.10 ).

Efecto jurídicos del divorcio en España (pág. núm. 11 ).

El procedimiento de divorcio contencioso (pág. núm. 11).

Medidas y efectos personales (pág. núm. 13 ).

Medidas provisionales posteriores a la presentación de la demanda contenciosa (pág. núm. 13).

Medidas definitivas (pág. núm.14 ).

Medidas judiciales en defecto de convenio o falta de su aprobación (pág. núm. 15).

Mutabilidad de las medidas (pág. núm.17).
Biografías (pág. núm. 18).

Introducción

La comprensión de lo que para la Ley es ahora el matrimonio no puede entenderse si no se atiende a dos declaraciones de la Exposición de Motivos de la Ley 15/2005. Según la primera: “Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales”. En la segunda se pretende justificar lo anterior con referencia a la libertad: Con este propósito, se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizando por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación.
Se puede considerar actualmente que el matrimonio civil es una institución jurídica que se basa en la existencia constante del consentimiento de los dos cónyuges; el matrimonio se inicia con base en el consentimiento de dos personas; subsiste siempre que se mantenga constante ese consentimiento y concluye, aparte de por la muerte, por la manifestación por uno o por los dos cónyuges de que ya no mantienen ese consentimiento (divorcio) o de que lo mantienen pero sujeto a la separación.

La Ley 30/1981, por la que se reguló la separación partía de dos supuestos. Si los dos cónyuges estaban de acuerdo podían solicitar a un órgano judicial conjuntamente la separación sin alegar causa alguna y en este caso su petición no era una pretensión sino una solicitud típica de la jurisdicción voluntaria. Por el contrario si no existía ese acuerdo la separación podía decretarse judicialmente a petición de uno solo de los cónyuges pero entonces ello comportaba el ejercicio de una pretensión, con alegación de alguna de las causa previstas legalmente, pretensión que daba lugar a un proceso y en el que se dictaba una sentencia en sentido plenamente jurisdiccional.

El nuevo marco jurídico sustantivo y procesal del matrimonio tras la Ley 15/2005 y la Ley Orgánica 1/2004.

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 15/2005 de modificación del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, ha propiciado a que desde el 9 de julio de 2005 exista en nuestro país un nuevo marco jurídico que regula de manera novedosa la institución matrimonial, la separación, el divorcio y la respuesta que el ordenamiento da cuando en la pareja existe maltrato en el seno del matrimonio o mejor dicho algún acto de violencia de género.
La nueva Ley 15/2005 ha propiciado una amplia libertad a los cónyuges para decidir la solicitud de la separación o el divorcio.
Nuestra Carta Magna de 1978, en el artículo 10.1, ha querido respetar el libre desarrollo de la personalidad de cada ciudadano, reconociendo para ello el derecho a no continuar unidos en matrimonio cuando lo deseen. Para ello no se exige que deba demostrarse la concurrencia de causa alguna, ni para pedir la separación ni para solicitar el divorcio. La anterior Ley 30/1981, de 7 de julio había hecho desaparecer el calificativo de culpabilidad que se recogía en nuestro ordenamiento con anterioridad a esta ley y que tenía como ejemplos los artículos 73 y 196 del Código Civil.

En palabras de Ángel Luis Ortiz González con la Ley de 1981 se pasó del sistema de separación sanción basada en la idea de culpabilidad al sistema de separación como remedio, si bien era necesario alegar y probar una causa, salvo cuando había transcurrido un año desde la celebración del matrimonio y se presentaba convenio regulador.
La Ley 30/1981, imponía que tanto en la separación como en el divorcio, cuando existía mutuo acuerdo, era necesario para su concesión que se acreditara la existencia de una causa, de tal forma que no era posible acceder a la separación o al divorcio por la mera manifestación de la voluntad de una de las partes.

Cambio operado en la solicitud de Separación o Divorcio tras la promulgación de la Ley 15/2005

Actualmente todo ha cambiado de forma muy radical con la aparición de la Ley 15/2005, de modificación del Código Civil y la Ley de enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. De la propia Exposición de Motivos de esta ley se manifiesta que existen dos formas de solucionar los cónyuges sus problemas matrimoniales y sus desavenencias, es decir, se refuerza el principio de libertad de los mismos dentro del matrimonio, solo hace falta que uno de ellos no quiera que el matrimonio siga adelante para que pueda solicitar la separación o el divorcio, solamente será necesario o que hayan transcurrido tres meses desde que contrajeron matrimonio. Este requisito no será necesario, cuando se acredite que existe por ejemplo algún acto de violencia de género o como bien dice la propia Ley 15/2005, que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos.

De todo ello se desprende que la nueva ley ha derogado los artículos 82 y 86 del Código Civil redactado por la Ley 30/1981.

Aunque la ley no exige ningún requisito en el caso de algún tipo de acto de violencia de los comentados dentro del matrimonio, si debe haber presentado denuncia por el delito alegado para que pueda prosperar la demanda de separación o divorcio antes que trascurra tres meses desde la celebración del matrimonio, de lo contrario el Juez que este conociendo el asunto , hará uso de las previsiones del nuevo artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aunque más tarde se volverá a comentar, la Ley Orgánica 1/2004, ha creado un nuevo órgano judicial llamado “Juzgado de Violencia sobre la Mujer”, aunque sin ser otra jurisdicción ya que depende de lo penal, pues según se puede apreciar en la Exposición de Motivos de la propia ley, el legislador ha optado por la especialización dentro del orden penal en lugar de crear una jurisdicción nueva.

Estos Juzgados conocerán los actos de violencia de los hombres sobre las mujeres, cuando dichos actos son producidos sobre ésta por quienes hayan sido sus cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, aun sin convivencia.

Es el propio artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 el que define algunos datos objetivos para que el conocimiento sea competencia de estos nuevos juzgados, es decir, que el autor de la violencia tiene que ser hombre y la víctima la mujer, debiendo de existir entre ambos una relación, bien como cónyuge o bien el mantener o haber mantenido una relación de similar afectividad.

Se produce en muchas ocasiones confusiones o duda a la hora de aplicar la Ley Orgánica 1/2004, pues hay que tener muy presente que el tipo de violencia del ámbito de aplicación de esta ley, es la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Dado que el delito que estamos analizando puede ser conocido por un juzgado de instrucción o por un juzgado de violencia sobre la mujer en función de la especial motivación del sujeto activo.

También sería oportuno manifestar que pueden haber actos delictivos en la pareja que tenga su origen por móviles económicos o de venganza que no tiene relación con ningún actos de discriminación ni de desigualdad correspondiendo la competencia a los juzgados de instrucción, excluyéndose de la Ley Orgánica 1/2004.

El plazo de tres meses y su excepción para decretar judicialmente la separación.

Ahora mismo después de la Ley 15/2005 para poder interponer demanda por mutuo acuerdo y para el de la separación por voluntad de uno de los cónyuges existen dos plazos uno normal y el otro excepcional:

a) En cuanto al plazo normal la norma dice que se decretará judicialmente la separación una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonial. Entendiéndose este plazo como algo similar a un plazo de reflexión de los previstos en otros ordenamientos, los cuales juegan a contar desde la admisión judicial de la solicitud, no desde la celebración del matrimonio, es decir que no puede decretarse la separación si no han transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio.
b) El artículo 81.2 del Código Civil preceptúa que se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio “a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio”.

El plazo de tres meses y su excepción para decretar judicialmente el divorcio.

c) Igual que se ha comentado en el ordinal anterior referente a la separación, para que el juez decrete el divorcio habrá dos plazos, uno el normal y el otro excepción, dado que el mismo artículo 86 de Código Civil en la redacción dada por la Ley 15/2005, nos remite al artículo 81, es decir que los esposos deben antes de decretar judicialmente el divorcio haber estados casados al menos tres meses antes, o excepcionalmente sin sometimiento a plazo cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio”.

Los Juzgados de Violencia sobre la mujer y la competencia objetiva y funcional.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, incorporado dos nuevos precepto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente los artículos 87 bis y 87 ter, así como el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en su consecuencia el juzgado de orden civil que esté conociendo de un asunto matrimonial o paternofilial perderá la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobe la mujer de los que esté conociendo un juzgado del orden penal con competencia en materia de violencia de género, el cual asumirá plena competencia para conocer de la totalidad de las cuestiones que afecten a los sujetos implicados, ejerciendo la que corresponde a la materia civil de forma exclusiva y excluyente, y actuando en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De todo lo anterior se puede concluir que la Ley 1/2004, ha querido crear un sistema completo de protección a la mujer objeto de violencia de género y por ello ha dedicado el Título V a la tutela judicial afectando a la competencia objetiva y funcional de los procesos matrimoniales cuando la controversia que se suscita es como consecuencia de violencia de género y haya dado lugar a la incoación de un proceso penal.

La Ley Orgánica 1/2004 ha querido que el medio más adecuado para lograr la efectividad de la protección integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, es la atribución a un mismo órgano jurisdiccional el conocimiento de todas las cuestiones, civiles y penales, que afecten a la violencia en el matrimonio, en la pareja o paternofiales.

De la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, reguladora de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, se desprende que el legislador ha optado por una fórmula de especialización, dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los Jueces civiles. Estos juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia san objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades de la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer creado por la Ley Orgánica 1/2004.

Según el artículo 43 de la Ley Orgánica 1/2004, en todos los partidos judiciales existirá un juzgado con competencia exclusiva para el conocimiento de los actos relacionados con la violencia de género, bien de forma única, bien conjuntamente con otras materias. Este precepto adiciona un nuevo artículo 87 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que:

1.- En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial, que tomarán su designación del municipio de su sede.

2.- No obstante lo anterior, podrá establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extienda su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.

3.- En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos relacionados con la violencia de género a que se refiere el artículo 87 ter de la Ley Orgánica el Poder Judicial.

4.- En los partidos judiciales en que existan varios Juzgado de Primera Instancia e Instrucción o varios Juzgados de Instrucción, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas del Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referido en el art. 87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de dichos Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todo estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias .

Competencia civil a los Juzgados de violencia sobre la mujer

La atribución de competencia objetiva en materia civil se realiza por el artículo 87 ter de la LOPJ, confiriendo a los Juzgados de Violencia sobre al Mujer conocer en el orden civil los asuntos siguientes:

a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

Según el artículo 87 ter 3 LOPJ los Juzgado de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias civiles antes referenciadas.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el artículo 87 ter. 1 a) de la LOPJ, es decir que se trate de alguno de los hechos delictivos allí relacionados que se hayan cometido contra quien sea o haya sido la esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a lo potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

c) Que alguna de las parte del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.

d) Que hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o faltas a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

Si se da el caso hipotético de que existe simultáneamente un procedimiento civil en materia matrimonial o de menores y otro proceso penal por hechos de violencia de género, perderá la competencia objetiva el juzgado civil y su atribución Juzgado de violencia sobre la mujer que esté conociendo del asunto penal, excepto que el procedimiento civil este en fase de juicio oral.

Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento que existe un proceso civil de las materia que enumera el artículo 87 ter .2 de la LOPJ, requerirá de inhibición al tribunal civil, acompañando al requerimiento de inhibición testimonio de la incoación de las diligencias previas o del juicio de faltas, del auto de admisión de la querella o de la orden de protección adoptada.
Debiendo el juzgado de lo civil acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al juzgado requirente, excepto como se ha comentado antes que el procedimiento civil este en fase de juicio oral.

El régimen de visita del progenitor agresor tras la ruptura matrimonial

Hay un asunto del que se ha comentado poco y que a mi manera de ver es importantísimo, se trata la relación del hijo cuando su padre es agresor tras el divorcio, es decir se debería de reflexionar un poco sobre el efecto que tienen las visitas y las comunicaciones de los hijos con su padre cuando éste es una persona violenta y maltratadora, pues en múltiples casos los niños testigos-víctimas de violencia de género cumplen resoluciones judiciales en las que haya orden de régimen de visitas.

De todo es conocido que la violencia de género suele incrementarse e intensificarse tras el divorcio, y son los hijos que han sido testigos-víctimas de violencia los que continúan reexperimentando el trauma durante las visitas con el agresor.

Sobre este asunto creo que se le da preferencia al régimen de visitas entre padres e hijos, a pesar de que se haya demostrado el comportamiento violento del progenitor, ya que se permite que los derecho del padre biológico primen sobre la seguridad física y mental de los hijos.

Las madres no quieren que sus hijos tengan relación con su padre violentos por ello se oponen con el consiguiente riesgos de ser castigada judicialmente y calificada como vengadoras.

Ahora con los puntos de encuentro tampoco se elimina el riesgo de que se incremente los síntomas que padecen los niños testigos-víctimas de violencia de genero, dado que muchos de estos niños todavía tienen en sus mentes el impacto emocional, de ahí que se ven forzados a relacionarse con su progenitor aun en contra de su voluntad, solamente porque el juzgador asía lo ha determinado en su resolución judicial.

Actualmente solamente está regulado en España la suspensión del régimen de visitas con uno de los padres en caso de extraordinarios, como ejemplo en lo previsto en el artículo 94 del Código Civil cuando se faculta al Juez para limitar o suspender las visitas y comunicación cuando se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen lo se incumpla gravemente y reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial, pero no cuando el progenitor es agresor y los hijos testigos-víctimas de violencia de genero.

Efecto jurídicos del divorcio en España

Los efectos de la sentencia de divorcio se concreta en:
a) Efectos en relación al matrimonio propiamente dicho: se produce la extinción total de su eficacia. Los cónyuges dejan de serlo, pueden volver a contraer nuevo matrimonio, incluso posterior matrimonio entre sí.
b) Efectos personales: respecto a la eficacia personal, desaparecen los deberes de respeto, ayuda mutua, actuación en interés de la familia, y también se extinguen los deberes de vivir juntos, de guardarse fidelidad y de socorrerse mutuamente, si bien, respecto al socorro mutuo, puede subsistir la pensión compensatoria en base al desequilibrio económico entre los cónyuges.
c) Efectos económicos: la eficacia patrimonial del matrimonio también se extingue. Se produce la disolución del régimen económico matrimonial. Además desaparece todo derecho sucesorio entre sí.
d) Respecto a la filiación, los hijos habidos son matrimoniales. El divorcio no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos.
e) La sentencia de divorcio producirá sus efectos a partir de su firmeza. Sin embargo, no perjudicará a tercero de buena fe sino a partir de su inscripción en el Registro Civil.

El procedimiento de divorcio contencioso

A continuación intentare de explicar brevemente a modo de esquema el procedimiento matrimonio contencioso de divorcio, sin extenderme demasiado, toda vez que llegaría a utilizar muchas páginas de este trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “ Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777 (mutuo acuerdo), se sustanciarán por los trámites del juicio verbal”.

a) Partes: En cuanto a las partes procesales en un principio son los cónyuges y puede intervenir el Ministerio Fiscal.
b) Los cónyuges: No parece que pueda haber problema o duda acerca de que quienes primariamente estén legitimados y han de intervenir en un proceso matrimonial son los propios cónyuges. Ambos cónyuges tienen legitimación activa y pasiva, apareciendo como normal que un cónyuges demande al otro. La Ley de Enjuiciamiento Civil previene la intervención del Ministerio Fiscal como verdadera parte procesal, cuando ejerce una función tuitiva de intereses de personas desvalidas.
c) Procedimiento: Las demandas de separación se sustanciarán, salvo el mutuo acuerdo del artículo 770, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal y sometido a las siguientes reglas:

1º A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio, y en su caso, la inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuges funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial el actor deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.

2º Sólo se admitirán la reconvención cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio, a la separación o al divorcio o cuando los cónyuges demandado pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieren sido solicitadas en la demanda y sobre las que el Tribunal no deba pronunciarse de oficio.
3º A la vista deberán concurrir las partes por sí mismas, con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la presencia de Abogados respectivos.

4º Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán dentro del plazo que el Tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días.
Durante este plazo, el Tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependa los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Cuando hubiere hijos menores o incapacitados, se les oirá si tuvieren suficiente juicio y, en todo caso , si fueren mayores de doce años.

5º En cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados en el artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se establecen en dicho artículo (separación de mutuo acuerdo).

6º En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medias cautelares que sean adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos para las medidas previas, simultáneas o definitivas en los proceso de nulidad, separación o divorcio.

Medidas y efectos personales

El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, puede solicitar los efectos propios de las medidas provisionales que luego comentaré. Es decir, las medidas provisionales pueden ser adelantadas a un momento anterior, al instante en que el cónyuge decide formular al demanda, siendo potestativo su solicitud. También es discrecional para el juzgador concederlas por la circunstancias de urgencia y necesidad de cada caso en concreto, dejando todas o algunas de las medidas para la fase contenciosa.
Es requisito que en el plazo de 30 días desde que fueron adoptadas la interposición de la demanda, de lo contrario quedarán las mismas sin efectos.
Estas medidas terminan al final del proceso del divorcio. Además no se incumplen el deber de convivencia el cónyuge que abandona el domicilio conyugal por una causa razonable y en el plazo de 30 días interpone la demanda o solicitud de medidas previas.

Medidas provisionales posteriores a la presentación de la demanda contenciosa

Estas medidas se adoptan judicialmente cuando ha sido admitidas a trámite la demanda de divorcio o separación. Unas se otorgan automáticamente por disposición de la ley, otras por decisión judicial.

Por disposición de la ley se producen los siguientes efectos:
a) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no se impone la obligación de vivir separados.
b) Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.
c) Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Por decisión judicial se pueden adoptar las siguientes medidas:

a) Las previstas en el Convenio Regulador, que presentan los cónyuges en la separación consensual, o en un acuerdo en caso de demanda de nulidad, separación no consensual o de divorcio, que se aprueba judicialmente.
b) En defecto de convenio o acuerdo anterior, el juez adoptará, con audiencia de los cónyuges, las siguientes medidas provisionales:

1º Determinar con cuál de los cónyuges han de quedar sujetos a la patria potestad los hijos de ambos. El juez concede la patria potestad a la situación de crisis matrimonial que se ha planteado y regulará el régimen de visitas para el cónyuges que quede apartado de sus hijos.

2º Determinar cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, asimismo, los bienes y objeto del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge.
Aclarar que dicha atribución de la vivienda es independiente de la propiedad o titularidad del arrendamiento de la misma, y de la culpabilidad o inocencia de uno u otro cónyuge.

3º Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio (entre las que pueden encontrarse el concepto amplio de alimentos para cónyuges e hijos que carezcan de capacidad económica), incluidas, si procede, la litis expensa.
Contribución a dichas cargas es el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.
4º Señalar los bienes gananciales o comunes que se hayan de entregar a uno u otro cónyuge.
El régimen económico matrimonial no se extingue hasta la declaración del divorcio.

5º Determinar el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

Hay que precisar y es importante decir que todas estas medidas que se han comentando con anterioridad quedan sin efecto cuando queden sustituidas por las sentencia estimatoria, que también pueden mantenerse como definitiva o bien se ponga fin al procedimiento como puede ser la sentencia desestimatoria de la demanda de divorcio. La única medida que desde que se adopta y adquiere carácter definitivo es la revocación de consentimientos y poderes.

Medidas definitivas

Finalizado el proceso de separación o divorcio, si la sentencia desestima la demanda o no da lugar a aquellas medidas, o termina el proceso de otro modo que no sea sentencia estimatoria, todas ella quedan sin efecto.

Una vez dictada la sentencia estimatoria que declara la nulidad del matrimonio o constituye la separación o divorcio, las medidas pasan a ser definitivas. Podrán ser las mismas, adoptadas como provisionales o como previas, o bien pueden ser modificadas.

Tales medidas las pueden prever los propios cónyuges en un convenio regulador, que pudo presentarse en las medidas provisionales e incluso en las previas. A falta de convenio, el código establece cuál es el contenido de las medidas definitivas.

Medidas judiciales en defecto de convenio o falta de su aprobación

· Respecto a los hijos, las medidas están encaminadas a que el daño que la sentencia pueda producirles sea el menor posible y que n les acarree perjuicios innecesarios.
Puede acordarse de que el ejercicio de la patria potestad corresponda total o parcialmente a uno de los cónyuges o que el cuidado corresponda a uno u otro, procurando no separar a los hermanos. Puede acordarse, si hay causa para ello, a privar a los padres de la patria potestad.
El padre que no tenga a sus hijos en su compañía tendrá el derecho de visita, determinando el juez el tiempo, modo y lugar y sus posible limitaciones.
En todo caso, el juez adoptará las medidas oportunas sobre el cuidado y educación de los hijos, oyendo a los mayores de doce años y a los menores de esta edad que tuvieran suficiente juicio.
· Respecto a la vivienda y el ajuar doméstico, el juez determinará su uso. Para disponer de la vivienda y de los objetos cuyo uso corresponda al cónyuge no titular, se requiere el consentimiento de ambas partes o la autorización judicial.
· Se produce la disolución del régimen económico matrimonial. Si se trata de nulidad y divorcio se disuelve y liquida el régimen; si se trata de separación , se constituye el régimen de separación de bienes, manteniéndose éste para el caso de reconciliación.
· En relación a la pensión, o a la indemnización en sentencia de nulidad para el cónyuge de buena fe.
Tras la separación o divorcio no se produce automáticamente el derecho a la percepción de una pensión de un cónyuge a otro, sino sólo en el supuesto de que se produzca para uno de los cónyuges un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, el cual implique un empeoramiento a su situación anterior, el matrimonio era vigente.
La pensión la fijará el juez atendiendo a las siguientes circunstancias:

1º La edad y estado de salud de cada uno de los cónyuges.

2º La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

3º La dedicación pasada y futura a la familia.

4º La colaboración con su trabajo a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

5º La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

6º La perdida eventual de un derecho de pensión.

7º Los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

Dicha pensión puede sustituirse, de mutuo acuerdo, por renta vitalicia, un usufructo sobre determinados bienes de capital o en bienes o dinero.

La pensión se extingue por:
1º El cese de la causa que la motivó.

2º Por contraer el acreedor nuevo matrimonio.

3º Por vivir maritalmente con otra persona.
La pensión no se extingue por la muerte del deudor, pero sus herederos pueden solicitar su reducción o sus pensión, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima.

Mutabilidad de las medidas

Los efectos de la nulidad, separación o divorcio (las medidas definitivas), sean acordadas en el convenio regulador, sean judiciales, no son inmutables. Por el contrario el Código Civil prevé su modificación cuando haya un cambio de las circunstancias. En la actualidad, la más importantes de estas circunstancias es la constante devaluación del poder adquisitivo de la moneda, aunque existe otras, como el aumento de los gastos familiares por razón de enseñanza media o universitaria de los hijos, etc.

Las medidas acordadas en el convenio regulador podrán ser modificadas judicialmente o por un nuevo convenio cuando se altere sustancialmente las circunstancia, como por ejemplo que le toque la lotería primitiva a su acreedor y venta a mejor fortuna.

Las medidas judiciales también podrán ser modificadas cuando se alteren las circunstancias a petición de cualquiera de las partes.
La pensión, si bien en su momento se fijarán unas bases para su actualización, podrá ser modificadas por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuges como se ha comentado con anterioridad.

Arahal a 12 de junio de 2009

Fdo: José Antonio Martínez Rodríguez

BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS

La violencia de género , aspecto penales y procesales, Juan Burgo Ladrón de Guevara, editorial Comares.
Matrimonio, separación, divorcio y violencia de género, don José Alfredo Caballero Egea, editorial Dykinson, 2005.
Aspecto procesales de la LO 1/2004, Muerza Esparza J., editorial Thomson-Aranzadi.
La Competencia Civil de los Juzgados de Violencia frente a la Mujer . Asencio Mellado.
Aspecto Civiles de la Violencia Doméstica: Coordinación de la Jurisdicción Civil y Penal. José Luís Utrera Gutierrez. Magistrado-Juez de Familia de Málaga. Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial.
El procedimiento de Separación y Divorcio , Medidas Cautelares y Provisionales. Aspecto Civiles y Penales del Impago de la Pensión. Isidro Niñerola Giménez. Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial.
Comentario a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , Carlos Vázquez Iruzubieta, editorial Dijusa.