Chiapas Tortura

Artículo de opinión

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Sat, 18 Feb 2012 20:32:00 +0000

Prevención y sanción contra la tortura

Miguel Concha

En los últimos años las denuncias por tortura han venido aumentando. En cambio, las cifras sobre su persecución y el castigo a los responsables marchan en la dirección opuesta. Según la PGR, en los últimos tres años se ha consignado solamente a 18 personas por este delito, y se ha dictado apenas una sentencia condenatoria en 2011. Ante este escenario, diversas instituciones han denunciado y procurado la reparación integral del daño para las víctimas.

En el contexto del quinto Examen Periódico Universal, en marzo de 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU externó su preocupación por la persistencia de la tortura en el país. Por su parte, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han visibilizado año con año la escalada de la tortura en el contexto de la militarización de la seguridad pública y la justicia penal.

Entre las posiciones internacionales en el tema destaca especialmente el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (SPT-ONU), que visitó el país en 2008. El informe señala las debilidades de nuestro marco normativo en el tema, el incumplimiento de las recomendaciones internacionales al respecto, la debilidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su papel de “mecanismo nacional de prevención de la tortura”, la recurrencia de la tortura en los sistemas penitenciario y de justicia, la vulnerabilidad de las mujeres, de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad sicosocial recluidas en hospitales siquiátricos frente a esta práctica, así como la íntima relación de la tortura con el arraigo penal y su práctica en la criminalización de la pobreza y la protesta social.

A la fecha las recomendaciones del SPT-ONU permanecen desatendidas en su mayoría. A inicios de febrero de este año se llevó a cabo en Oaxaca un diálogo organizado por el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, al que asistieron Víctor Rodríguez Rescia, miembro del SPT-ONU, representantes de la sociedad civil, del gobierno local, de la CNDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El resultado fue una agenda de riesgos y de medidas urgentes a adoptar. Entre otras, la armonización del tipo penal de tortura con los estándares internacionales, implementar como obligatorio el Protocolo de Estambul en toda denuncia, reforzar el papel de los jueces de control y de ejecución de sanciones penales, y eliminar la figura del arraigo, que es una puerta abierta a la tortura.

Baste citar que el informe del SPT-ONU documenta indicios de tortura en 50 por ciento de los casos de arraigo analizados, mientras que 41 por ciento de las quejas presentadas ante la CNDH por personas bajo arraigo ha sido por tortura antes o durante la ejecución de esa medida.

Al respecto, el representante en el diálogo con el SPT-ONU de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Silvano Cantú, afirmó que el uso del arraigo se ha incrementado en 250 por ciento en todo el país, a la vez que en los últimos dos años ha crecido en 550 por ciento el número de quejas por tortura ante la CNDH, sin que hasta ahora se hubieran garantizado ni la aplicación del Protocolo de Estambul, para detectar científicamente su comisión, ni su sanción, y mucho menos la reparación del daño. Este nivel de impunidad impide a las víctimas de este grave delito tener acceso a la justicia, y por el contrario representa un mensaje que incentiva a los perpetradores a seguir cometiendo estas prácticas condenadas por la Constitución y los tratados internacionales.

Por todo lo anterior es digna de mención una iniciativa que presentó recientemente en el Senado el legislador Armando Contreras, en la que desde su exposición de motivos se advierte que, pese a la existencia de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, desde 1991, no se logró erradicar esta práctica, sino que simplemente mediante medidas aisladas se reacciona frente a los escandalosos casos que se dan a conocer, en lugar de examinar los problemas crónicos y las causas estructurales que propician su existencia.

La iniciativa es bastante saludable, habida cuenta de que convierte una legislación federal en general, y por lo tanto aplicable a todas las entidades federativas y municipios, con el fin de superar el problema de los tipos penales inadecuados que pululan en el derecho local; y porque representa un avance al incorporar la tortura sicológica en la definición del delito. Crea, además, un título especializado en el tratamiento de las víctimas, y establece la obligatoriedad de actuar en las investigaciones sobre tortura conforme al Protocolo Optativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, el Protocolo de Estambul. Sin embargo, pensamos que aún debe pulirse en lo relativo a la clasificación de “graves” de los daños físicos o mentales inferidos a la víctima de tortura, como no lo hace la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 2, así como en la especificación de una finalidad concreta como elemento del tipo penal, pues no debería precisarse la búsqueda de información al torturar para que se perfeccione el delito.

Valdrá la pena dar seguimiento al destino que tenga esta iniciativa, participar en su discusión y esperar que los legisladores favorezcan en todo momento la norma más favorable a las personas, como se los mandata el artículo primero constitucional.

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CEJIL expresa su preocupación por la alarmante situación en los centros penitenciarios de Honduras

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Fri, 17 Feb 2012 03:17:00 +0000

San José, 16 de febrero de 2012. El incumplimiento por parte de Honduras de una sentencia internacional habría propiciado las condiciones de hacinamiento que resultaron en la muerte masiva de cientos de personas privadas de libertad durante el incendio ocurrido el martes anterior en la Granja Penal de Comayagua.

Según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), un total de 367 personas fallecieron a causa del incendio. El siniestro ocurrió en una prisión que albergaba a 852 privados de libertad, a pesar de que únicamente tenía capacidad para 250 personas, según una evaluación publicada en el 2011 por el MNPT.

Honduras mantiene una obligación pendiente de asegurar –entre otras– condiciones físicas consecuentes con los estándares internacionales para las personas privadas de libertad. Esta exigencia está contenida en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió en 2006 sobre el caso de Alfredo López Álvarez, litigado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Las sentencias de la Corte IDH son obligatorias e inapelables.

Coincidentemente, el próximo 28 de febrero, el alto tribunal conocerá en audiencia pública en Costa Rica el caso por la muerte de 107 personas privadas de libertad a causa de un incendio ocurrido en el Centro Penal Sampedrano en 2004 (Rafael Arturo Teruel y otros contra Honduras) y tendrá la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre este tema.

Por su parte, el Subcomité para la Prevención de la Tortura señaló los problemas de hacinamiento que persistían en los centros de detención en su informe del mes de febrero de 2010, a propósito de su visita a Honduras. Asimismo denunció las pésimas condiciones materiales de los edificios, así como la falta de una separación entre personas procesadas y condenadas, la deficiente alimentación y acceso a la salud, entre otras.

CEJIL ha denunciado reiteradamente la problemática en los centros penales en Honduras desde muchos años atrás, ya sea por medio del litigio de casos individuales o mediante la solicitud de audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Frente a los hechos en Comayagua, CEJIL saluda el anuncio de la CIDH para visitar Honduras y dar seguimiento a lo ocurrido.

CEJIL lamenta estos sucesos e insta al Estado a investigar y sentar las responsabilidades pertinentes. A la vez debe tomar acciones inmediatas para que este tipo de hechos no se repitan. Honduras tiene la obligación de honrar sus compromisos internacionales, lo que implica cumplir con la sentencia en el caso Alfredo López Álvarez así como con otras recomendaciones emitidas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura.

Contacto en Costa Rica:

Darío Chinchilla

dchinchilla@cejil.org

+(506) 2281-3280

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Opinión internacional

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Mon, 13 Feb 2012 15:08:00 +0000

Tortura e inmediatez procesal. Un callejón con salida a la injusticia
Por Alejandra Gonza*

Este LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2012 por primera vez Ananías Laparra Martínez y sus familiares serán escuchados por el Gobierno Federal para atender su caso. En el marco de la orden internacional emitida hace ya casi un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevará a cabo una reunión en la que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en la que se encuentra la víctima.

En México son incontables los Ananías Laparra Martínez, preso que hace 12 años confesó que cometió un crimen que no cometió, llevado por el dolor de presenciar la tortura de sus hijos y soportando la suya propia. Existen muchas Rocío Laparra Godínez, quien siendo niña fue torturada para confesar en oficinas ministeriales, sin asistencia especial alguna, que su padre era culpable y quien desde el día siguiente de tal declaración, con su niñez arrebatada, comenzó la lucha por su liberación.

Sobreviven muchas Rosas Godínez, quien tuvo que soportar su tortura, la de sus hijos y la de su esposo, para después dedicar su vida a la búsqueda de respuestas. Son demasiados los José Ananías a quien la tortura de niño para inculpar a su padre le truncara cualquier concepto de futuro. Todos podemos entender perfectamente su actuar y las lágrimas que cada vez que recuentan lo vivido los llena de impotencia y humillación. Pero lo que no se puede entender, gente de derecho y legos, es que tales confesiones puedan vestirse de verdad.

En el año 2012, al igual que hace tiempo atrás, con base en el principio de inmediatez procesal todavía se sigue permitiendo y ratificando la tortura y coacción, legitimando la prueba obtenida con ella. Este principio, mal aplicado, se transforma en la idiotez procesal de dotar a aquella confesión coaccionada y a la prueba fabricada en dos días de golpes y abuso de poder, de valor de sentencia irrefutable, de condena de por vida, imposible de revertir ya en el ámbito judicial. Se ignora la inmediatez cuando el desgarrador testimonio inminente del “me torturaron” llega a los oídos sordos del juez, tan pronto se tiene una oportunidad. Este testimonio no se escucha, no tiene validez, no activa el aparato estatal de investigación de la denuncia que lleva el grito y el dolor de la tortura. Se ignora concientemente la rapidez necesaria para conservar la evidencia de los golpes para luego, ante insistencia de abogados y organizaciones de la sociedad civil, revisar al torturado, en el mejor de los casos varios años después, para determinar, brillantemente, que no hay signos de tortura y pedirle a los torturados que por favor alleguen más prueba.

Sabemos que al “pobre” y discriminado, golpeado y confesado, el sistema penal le cae con todo su peso, le pone de forma inmediata el rótulo de condenado y lo arroja en las cárceles para ser devorado por el sistema penitenciario. Cuando esto pasa no hay nada que hacer, no puede probar su inocencia, la carga es muy pesada, la carga está invertida y la lleva quien pasea por los lúgubres callejones sin salida, con su impotencia incrustada, buscando una prueba de la sangre que el carcelero limpia.

Las detenciones ilegales y arbitrarias, madres de las torturas más constantes y de las confesiones logradas en los confines de dependencias ministeriales, policiales y también militares, visten de culpabilidad a quienes caen en las garras de un sistema penal que a pesar de los años, las reformas y los reproches internacionales ampliamente documentados y difundidos sobre México, sigue sin vestir de justicia verdadera a las víctimas que atropella con su peso.

La criminalización del inocente es un fenómeno que no se escapa a la atención internacional pero que tampoco se soluciona con la justeza y prontitud que tan grave situación requiere en el ámbito nacional e internacional. Y es que tener preso al inocente no solamente genera amplias violaciones a los derechos humanos del detenido, torturado y condenado con los resultados de la tortura y a sus seres queridos, sino que deja libre al culpable y sin respuesta a las víctimas del delito falsamente imputado.

Siempre el Estado tiene mecanismos para repasar su historia, aun la escrita por las Cortes, supremas y no tan supremas, y en ese repaso dejar de repetir la misma historia, desviarse del cuento escrito de forma unilateral y de la mano de sus obligaciones internacionales revisar lo actuado de forma rápida, precisa y efectiva. Cuando los expedientes hablan por sí mismos de las falencias y violaciones a los derechos humanos y la evidencia salta a la vista, se debe dejar de hacer esperar al preso y dejar sin efecto todas las consecuencias que de la mano de la tortura se apoderaron de su vida.

En muy contadas ocasiones- porque difícilmente las víctimas encuentran salida alguna- el Estado tiene una nueva oportunidad de dejar la ceguera y aprender a mirar esta situación con el arte de la solución, la justicia del caso particular y la visión de la necesidad del cambio estructural. Y todo esto va de la mano.

Ante el reclamo incansable de las víctimas que tienen la riqueza de la paciencia, la tenacidad y la falta de resignación para poder llegar a la visibilidad, se debe volver a mirar y en el repaso tomarlas de la mano para escucharlas, reparar y con el mismo apuro de la detención, en horas en que estén o no abiertos los juzgados, y al tomar conciencia de la “gravedad” del “caso urgente” presentado, liberar al inocente como inocente y quitarle ya de su cuerpo vapuleado por el peso del sistema penal, la lacra de delincuente con que la sociedad no lo podrá dejar de mirar.

El caso de Ananías Laparra Martínez y su familia llama nuevamente la atención del Estado, ahora con medidas cautelares otorgadas por la CIDH por la situación de gravedad y urgencia en la que las paupérrimas condiciones de detención lo han colocado. Y le concede una nueva oportunidad al Estado de adoptar medidas para atender toda esta desdicha con propiedad y justicia, con libertad y reparación, para hacer realidad un slogan tan bonito como desgastado en el que las víctimas necesitan tanto “hechos” como “palabras”.

* Abogada internacionalista y representante del señor Ananías Laparra Martínez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Denuncian en México aumento de tortura

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 08 Feb 2012 21:13:00 +0000

Miércoles, 08 de Febrero de 2012 10:09 Diego Rivero Corona

Los casos de ese delito pasaron de 330 en 2006 a mil 161 en 2010; sólo uno llegó a sentencia

Pese a que México se ha incorporado al sistema internacional de protección de derechos humanos, la estrategia “persecutoria y militarizante” que ha emprendido el Gobierno Federal permite la proliferación de delitos de lesa humanidad como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la detención ilegal con la justificación de la lucha contra el narcotráfico, denunció el senador perredista Armando Contreras Castillo.

Al presentar una iniciativa para reformar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, Contreras Castillo promueve cambios al artículo 4 a fin de incrementar de 5 a 15 años de prisión la pena por este ilícito, así como la inhabilitación definitiva de los servidores públicos que la ejerzan.

De acuerdo con datos citados por el senador, a partir de la aplicación del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se dio a conocer que desde 2009 se han registrado en el país 204 casos de alegatos de tortura, de los cuales 71 son mujeres y 133 hombres, lo que reporta un aumento en este rubro, y “obedece principalmente a las políticas de seguridad emprendidas para el combate al crimen organizado, y a la vigencia del arraigo”.

De acuerdo con Human Rights Watch, que evaluó datos proporcionados por la PGR, de 149 casos de denuncia contra funcionarios federales, entre 2006 y 2010, en 35 existían evidencias de que aplicaron torturas a las víctimas. De las 35 denuncias solamente seis prosperaron. De ellas, las investigaciones de cinco continúan “en proceso” y sólo una terminó en condena a funcionarios por tortura. Las 29 denuncias restantes no prosperaron, reiteraron funcionarios, sin dar explicación alguna.

Entre 2005 y 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió cuatro recomendaciones donde concluyó que autoridades federales habían cometido torturas, en comparación con las 28 que se formularon entre 2008 y 2010. Del mismo modo, las denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes presentadas ante la CNDH aumentaron notablemente cada año: 330 en 2006; 395 en 2007; 987 en 2008; mil 105 en 2009; y mil 161 en 2010.

Ante las cifras alarmantes que dan testimonios de la prevalencia de métodos de tortura a detenidos, en tribuna Contreras Castillo recordó que “la tortura ha sido reconocida por la doctrina internacional como delito de lesa humanidad, pues significa una violación grave a los derechos humanos y está estrictamente prohibida por las leyes internacionales”.

Reprobó la falta de prevención y sanciones efectivas contra estas prácticas delictivas a pesar de la ley vigente en la materia desde 1991 y, sobre todo, que en lugar de que se haya erradicado la práctica sistemática de la tortura y otros tratos o penas crueles, se ha incrementado escandalosamente.

Dicha iniciativa de reforma fue presentada por vez primera en el 2009, no obstante no hubo voluntad para revisar los expedientes de los casos en los que se alega se ha cometido el delito de tortura para extraer confesiones. Esta vez se determinó turnar el proyecto legislativo a las comisiones unidas primera y segunda de Justicia y de Estudios Legislativos.

Cabe recordar que la tortura continúa coartando las libertades civiles y políticas, pese a que México ha asumido la responsabilidad de prevenir y sancionar esta práctica, a través de la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT); la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros.

Estéfana Murillo

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Comunicado de Prensa

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Mon, 30 Jan 2012 14:35:00 +0000

En Washington D.C. y en Tapachula, Chiapas, México

A 30 de enero de 2012

Boletín de prensa

· Organismo internacional requiere al gobierno mexicano que adopte medidas urgentes para proteger la salud e integridad personal de Ananías Laparra Martínez

· Indiferencia del gobierno de Chiapas, permite que anciano de sesenta y tres años de edad siendo inocente y estando enfermo continúe injustamente preso desde hace más de doce años en el CERSS 3 de Tapachula, Chiapas

· Caso recibe apoyo de instituciones académicas y legales de EEUU y México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional con sede en Washington DC, solicitó al gobierno mexicano la adopción de medidas urgentes de protección para el señor Ananías Laparra Martínez, de sesenta y tres años de edad, quien se encuentra recluido injustamente desde hace más de 12 años en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3) por un delito que no cometió.

Mediante un comunicado oficial, el organismo internacional informó a los representantes del señor Laparra y su familia, el abogado mexicano Ricardo Lagunes Gasca y los abogados Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, EEUU, que se ha acreditado la existencia de una situación de gravedad y urgencia que, de no ser atendida por el Estado, causará daños irreparables a los derechos humanos del señor Ananías Laparra Martínez. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también ha afirmado su apoyo en este caso.

Los graves padecimientos que sufre el señor Laparra Martínez y el constante deterioro de su estado de salud son el resultado directo de la tortura inferida durante su detención ministerial y de las deficientes condiciones carcelarias en las que se encuentra en el CERSS 3, incluyendo la falta de atención medica adecuada. Familiares del señor Laparra Martínez y sus representantes legales han solicitado insistentemente al gobernador del Estado de Chiapas y a otras dependencias estatales, la liberación inmediata del señor Ananías como medida eficaz para evitar un daño de imposible reparación.

En julio de 2011, el gobernador del Estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ante la preocupación nacional e internacional que adquirió este caso, se comprometió frente a la representación de la CIDH en su visita a la ciudad de Tapachula, Chiapas, a la atención diligente del mismo, así como a gestionar la libertad del señor Laparra Martínez. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han sido indiferentes al dolor que padece la familia y a sus reclamos de justicia.

La privación ilegal y arbitraria de la libertad, así como la tortura del señor Ananías Laparra Martínez y su familia, comenzaron a ocurrir el 14 de octubre de 1999, por agentes de la Policía Judicial del Estado de Chiapas. La familia fue torturada por personal de la policía judicial con la orden, aquiescencia y participación de un agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de dicho Estado. Los dos hijos menores del señor Ananías Laparra–José Ananías de 14 años y Rocío Fulvia Laparra Godínez de 16 años—así como su esposa, Rosa Godínez, fueron torturados y forzados a firmar declaraciones que inculparon al señor Ananías de haber privado de la vida de una persona de la zona. Además de torturar a sus dos niños y a su esposa, el señor Laparra también fue torturado y forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, después de que los agentes torturaran a uno de sus hijos delante de él.

Únicamente con estos elementos de prueba ilícitamente obtenidos ante el Ministerio Público, con base en el principio de inmediatez procesal, ignorando las constantes denuncias de tortura realizadas desde la primera oportunidad que se tuvo ante las autoridades judiciales y violando los derechos humanos de la familia Laparra, el 31 de enero de 2002 el Juez Primero del ramo penal del Distrito Judicial de Tapachula, sin realizar investigación alguna sobre la tortura denunciada, condenó al señor Laparra a una pena de prisión de 28 años, 7 meses y 15 días.

La tortura es un acto considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario como un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible, mismo que debe ser erradicado por todos los medios disponibles dentro de las prácticas de investigación criminales. En caso de comisión, debe ser investigado y sancionado de manera pronta y eficaz por las autoridades competentes, y las declaraciones obtenidas bajo tortura deben ser consideradas pruebas ilícitas y declaradas nulas. De lo contrario como sucede en México, el uso de la tortura se convierte en una situación crónica y la indiferencia estatal fomenta la impunidad.

La familia Laparra, sus representantes y las organizaciones que apoyan este caso urgen al Estado mexicano a implementar de manera urgente las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana y a liberar de forma inmediata al señor Ananías Laparra Martínez para evitar un daño de imposible reparación. Asimismo, instan al Estado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los actos de tortura y las violaciones denunciadas, que tienda a sancionar a los responsables y a reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

Para más información contactar:

Abogado representante en México:

Ricardo Lagunes Gasca

ricardolagunes@gmail.com

Abogados representantes en Estados Unidos:

Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza

antkowit@seattleu.edu

“Se va ex titular de la DFS en la total impunidad”: Rosario Ibarra

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Sun, 29 Jan 2012 00:49:00 +0000

Farsa, el juicio al que fue sometido en Monterrey, del que resultó absuelto, acusa.

Andrea Becerril
Publicado: 28/01/2012 09:53

México, DF. Rosario Ibarra, presidenta del Comité Eureka, quien lucha desde hace casi cuatro décadas por encontrar a los desaparecidos políticos, afirmó que el fallecimiento de Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), le recordó una dolorosa historia de cientos de jóvenes torturados hasta la muerte, sin que los responsables hayan sido castigados.

En entrevista, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, lamentó que Nazar, a quien se acusó de desaparecer a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, y de encargarse personalmente de torturar a estudiantes, luchadores sociales, guerrilleros y a todos aquellos considerados opositores al régimen, “se vaya de esta vida en total impunidad”.

Lo conoció, explica, a finales de 1976, cuando acudió a la sede de la DFS, en Circular de Morelia 8, a preguntar por su hijo, desaparecido en 1975. Jesús Piedra fue acusado de estar ligado al secuestro del empresario Eugenio Garza Sada y de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En cuanto su hijo desapareció, “inmediatamente presenté la denuncia en Monterrey, viajé a la ciudad de México, fui de un lado a otro, hablé 39 veces con el entonces presidente Luis Echeverría, con el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y también a la DFS”.

Agrega que estuvo en muchos penales. “Me decían que mi hijo estaba en tal cárcel. Iba a tal cárcel, adonde fuera, al Campo Militar de la Joya de Torreón, al Campo Militar número Uno. Junto con mi hija Claudia anduvimos como locas en todos lados. Y pues no, en ninguna parte lo encontramos”.

–¿Cuándo fue la primera vez que se reunió con Nazar Haro?

–Debe de haber sido un año después de que desaparecieron a Jesús. Tenía información de que lo habían llevado con él, y me presenté a la DFS, que tenía fama de ser un centro de tortura terrible. Le pregunté directamente por mi hijo. Le dije que tenía derecho a un juicio justo, y me respondió muy serio que el gobierno federal no lo tenía.

Agrega que le insistió, y Nazar Haro acabó por decirle que mejor le preguntara a las guardias blancas de Garza Sada.

–Es decir, ¿estaba acusando al personal de seguridad del empresario fallecido?

–Sí, había antecedentes de antipatía del entorno de Garza Sada hacia la Liga 23 de Septiembre, pero en realidad era una forma de tratar de quitarme de encima, para que no siguiera exigiendo cuentas al gobierno, porque Jesús fue detenido por un policía de nombre Carlos G. Solana. Era jefe de la Judicial de Nuevo León. Y éste lo había entregado a la Dirección Federal de Seguridad; es decir, precisamente a Nazar Haro.

–¿Y qué impresión le dio?

–Era un hombre bajito, de ojos azules, muy azules, de pelo entrecano, seco en su hablar, pero muy correcto. Su aspecto no era el del hombre que disponía de las vidas de los demás sin vacilar. Parecía un hombre honorable, que nada tenía que ver con el director de un centro en el que se vejaba, se lastimaba sin piedad a seres humanos, con los que cometían todo tipo de atrocidades sólo porque pensaban distinto.

Los vecinos de la DFS de Circular de Morelia 8 “escuchaban por las noches y la madrugada gritos terribles y quejidos. Era como una prisión clandestina”.

Años después, ya con el Frente Nacional Contra la Represión fundado, Rosario Ibarra siguió en la lucha, llevó a cabo varias huelgas de hambre y logró que el gobierno de José López Portillo amnistiara a mil 500 presos políticos y presentara a 148 desaparecidos.

Por los testimonios de estos últimos, afirmó, pudieron saber cómo actuaba en realidad Nazar Haro en la DFS.

“No recuerdo su nombre ahorita, pero sí la historia de un muchacho que vio cómo en esa Dirección Federal de Seguridad golpearon y torturaron a su hermano, que nada tenía que ver con movimientos armados, hasta que lo mataron”.

Nazar sólo comentó: “ya se nos fue, hay que tirarlo”. Otros testimonios de los 128 liberados, dijo, “dieron cuenta de golpizas a todas horas, de encierros desnudos en celdas frías, de toques eléctricos en los genitales, de ahogamientos en agua sucia, de muchas otras barbaridades”.

–¿Alguno dijo que el propio Nazar Haro lo martirizó?

–Lo hacían él y sus secuaces. Él dirigía. Nos contaron que a Nazar Haro le gustaba empezar a lastimarlos, con sus propias manos.

Al final, Nazar ya no la recibía, pero con los testimonios que obtuvo lo denunció por la desaparición de su hijo. El ex titular de la DFS fue juzgado en Monterrey, pero fue absuelto, en un juicio que la senadora Ibarra califica de farsa.

“Su hijo José Luis se paseaba en el juzgado como por su casa, podía leer el expediente. A mí ni me lo dejaban hojear. Y en una ocasión en que sonreí por una de las mentiras que decían, el juez me gritó que me iba a meter a la cárcel si me volvía a reir”.

Ibarra advierte que hay aún 571 desaparecidos de la “mal llamada guerra sucia de los setentas”, quienes en su mayoría deben haber pasado por las manos de Nazar Haro.

–¿Y todo eso quedará en la impunidad?

–Sí, ya murió él, y antes Fernando Gutiérrez Barrios y Moya Palencia y no hubo justicia. Sólo queda vivo Luis Echeverría. Y muchísimas familias a las que llenaron de dolor esperan aún encontrar a sus hijos y esposos desaparecidos.

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Emite CNDH Recomendación contra el gobierno de Q. Roo por caso de tortura

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Mon, 02 Jan 2012 19:35:00 +0000

Policía • 1 Enero 2012 - 1:12pm — Fernando Meraz-Mejorado

De acuerdo al señalamiento emitido por el organismo, personal del Centro de Reinserción Social de Cancún, golpearon y torturaron a un grupo de presos.

Ciudad de México • La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió su primera recomendación del año al gobierno de Quintana Roo, por denuncias de reos de la cárcel local, que acusaron de golpes y torturas a custodios de esta en un motín registrado en mayo pasado con saldo de un muerto y una docena de heridos.

En su recomendación 77/211 la Comisión señala que el motín registrado el 11 de mayo del año pasado, “se rompió el orden en el penal por la suspensión de alimentos, agua y visitas familiares”.

También advierte que al controlar el levantamiento “Hubo exceso en el uso de la fuerza pública con gases lacrimógenos y balas de goma que terminaron con la vida de una persona y dejaron a varios lesionados”.

La resolución CGCP/001/12 entregada hoy al gobierno quintanarroense, la Comisión de Derechos Humanos informó haber recabado información “sobre los hechos registrados en la cárcel el día del motín y el desempeño del personal de ese centro y la subprocuraduría de la Procuraduría de Justicia”.

El informe de visitadores de la Comisión advirtió que el penal presenta graves problemas estructurales en sus instalaciones y falta de personal necesario para el funcionamiento adecuado del mismo.

La Comisión señaló al gobierno que “del análisis realizado por expertos enviados a esta ciudad, se concluyó que se vulneraron derechos a la seguridad personal y jurídica a la legalidad, al trato digno y a la reinserción social de los internos”.

En su parte sustantiva el organismo tutelar de los Derechos Humanos recomienda al gobierno de Quintana Roo “tomar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los familiares de la persona que falleció en el motín”.

También indica “la necesidad de instaurar políticas públicas integrales en materia penitenciaria para una estancia digna y segura en los centros de reclusión y realizar las gestiones correspondientes para que se cubran las necesidades alimenticias de la población interna”.

Esto incluye, señala el informe de Derechos Humanos, “Asignar personal capacitado de seguridad y custodia que garantice los derechos humanos de reclusos, empleados y visitantes”.

Finalmente consigna la necesidad de colaborar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el proceso de la queja y la denuncia correspondiente.
La Recomendación 77/2011 puede ser consultada en el sitio oficial del organismo.

En el levantamiento del 11 de mayo de 2011, falleció Oscar Melchor Dzul Cortés, alias "El Piolín", miembro de "Los Zetas". Según versiones de familiares el motín fue pretexto para asesinarlo y silenciarlo pues era testigo y actos de un triple homicidio registrado antes en la cárcel.

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La tortura se ha triplicado en este sexenio: CNDH

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Thu, 22 Dec 2011 21:57:00 +0000

Daniel Blancas Madrigal | Nacional

2011-12-22 | Hora de creación: 01:19:41| Ultima modificación: 01:20:09

Los casos de tortura en México se han triplicado en el presente sexenio, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras, que en el 2007 —primer año completo de Felipe Calderón— se presentaba en promedio ante el organismo una queja al día, en 2011 el ritmo se ha incrementado a poco más de tres diarias.

Según sus registros, en aquel 2007, ya referido, se abrieron 404 investigaciones por quejosos que fueron torturados por efectivos de las diversas instancias de seguridad pública en nuestro país.

Sin embargo, para 2010 los expedientes llegaron a mil 165, para un promedio de 3.2 inconformidades todos los días, proporción que se ha mantenido hasta el cierre de noviembre de este año, cuando la CNDH realizó el último corte sobre el tópico.

Así, de enero a noviembre se han promovido mil 070 quejas.

Testimonio de Juan José, de Saltillo, Coahuila:

“El 22 de mayo de este año mi hijo se encontraba en casa con un amigo cuando llegaron los marinos e ingresaron en forma violenta; ambos fueron amagados, mientras los efectivos destruían muebles y aparatos… A mi hijo le preguntaban:

¿Dónde está tu padre, a qué se dedica? Bajo amenazas, ordenaron que los llevara al domicilio donde yo estaba… Lo primero que hicieron fue golpearme y le tomaron fotografías a toda mi familia y luego me llevaron a un lugar que jamás pude identificar. Me daban puñetazos, patadas, tablazos y palazos.

¿Dónde están las armas y las drogas?, me decían y seguían pegándome, así era a todas horas, cuando se les antojaba divertirse conmigo, había momentos en que yo quedaba inconsciente y hasta perdí la cuenta de los días… Ya después sabría que me torturaron y aislaron por al menos 10 días… Mi cuerpo quedó destrozado y casi no podía moverme cuando al fin me entregaron al Ministerio Público.

Dijeron que me acababan de detener, en flagrancia, después de que una denuncia anónima refirió que me encontraba con otros sujetos y que transportaba y distribuía droga…Era mentira.

También señalaron que me habían encontrado en una camioneta, donde hallaron armas, equipos de comunicación y droga”.

CIFRAS. En lo que va de 2011, la CNDH ha emitido ya 22 recomendaciones por torturas extremas en perjuicio de al menos 50 víctimas…

En 10 expedientes han estado involucrados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; en tres, efectivos de la Secretaría de Marina; en 2, agentes de los estados de Tabasco y Chihuahua; y en 1, personal de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y policías de las entidades de Baja California, Guanajuato y Nuevo León.

Testimonio de María, de Ciudad Ojinaga, Chihuahua:

“El 23 de diciembre de 2008 un grupo de soldados irrumpió en mi domicilio y mientras me golpeaban, exigían detalles sobre objetos ilícitos y supuestos jefes criminales que desconocía…

Me vendaron los ojos, me amarraron las manos hacia atrás y me subieron a una camioneta para llevarme, después lo supe, a la Guarnición Militar en Ojinaga… Ahí me arrojaron sobre un colchón en el piso, resguardado dentro de una especie de jaula… Dos días después regresaron los militares, me ordenaron que me quitara la ropa y me amarraron a la jaula, dejándome colgada…

El día 27 me levantaron muy temprano y me metieron a bañar, pues mi ropa estaba llena de sangre: los golpes me habían provocado una hemorragia en el vientre… Mientras me bañaba, un militar encapuchado entró y me penetró por el ano, traté de defenderme, pero él me dio dos golpes en el estómago y me aniquiló…

El día 29 por la tarde dijeron que me consignarían, por eso el 30 me echaron a un camión y me trasladaron a las oficinas de la Agencia Federal de Investigación.

Al bajarme del camión uno de lo militares me dijo: la vas a librar, nada más te vamos a echar tres paquetitos…

Otro me preguntó: ¿Cuándo te agarramos?, y le respondí que el día 23, pero él me intimidó: di que fue hace rato… A los agentes les mostré los golpes y solicité un doctor para que ratificara la violación. Por fortuna, en el tiempo en que me mantuvieron retenida e incomunicada, mi familia tramitó una denuncia por la detención arbitraria por parte del Ejército, lo que después fue tomado en cuenta por una juez de distrito para dictar auto de libertad a mi favor por falta de elementos para procesar”.

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Opinión: La Jornada

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 21 Dec 2011 19:47:00 +0000

Ernesto Zedillo, en el banquillo de los acusados

Luis Hernández Navarro

Ernesto Zedillo ha sido sentado nuevamente en el banquillo de los acusados. Los familiares de la matanza de Acteal lo responsabilizan de crímenes contra la humanidad y de apoyar la formación de los grupos paramilitares que, el 22 de diciembre de 1997, asesinaron en una ermita del municipio de Chanalhó, Chiapas, a 45 hombres, mujeres y niños que rezaban por la paz.

El pasado 16 de septiembre, 10 personas, presumiblemente escindidas de la asociación civil Las Abejas, demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo ante la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (caso Jane Doe et al versus Ernesto Zedillo). Lo acusan de responsabilidad de mando por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar la masacre de Acteal, y por su posterior encubrimiento. Le piden a la corte que lo declare responsable por la comisión y tentativa de asesinatos extrajudiciales; por daños y tratos crueles e inhumanos; por el uso del terror y la violencia en contra de la libertad de asociación, pensamiento, opinión pública y ejercicio político; por crímenes en contra de la humanidad, y por crímenes de guerra.

La demanda civil fue un duro golpe a la reputación del ex mandatario mexicano. Medios de comunicación estadunidenses, como The Washington Post, CNN y Yale Daily News, difundieron la noticia. La Universidad de Yale, de la que Ernesto Zedillo es director de su Centro de Estudios sobre la Globalización y responsable del seminario Debatiendo la globalización, se localiza en Connecticut, donde fue presentado el requerimiento judicial.

Como explican Víctor Emilio Corzo y Ernesto Eduardo Corzo en el ensayo Enseñanzas de la demanda a Ernesto Zedillo, el fundamento jurídico de la solicitud de juicio está en la Alien Tort Claims Act (ley de reclamación por agravios contra extranjeros, ATCA, por sus siglas en inglés) y en la Torture Victim Protection Act (ley para la protección de víctimas de la tortura, TVPA, por sus siglas en inglés), que justifican la jurisdicción universal de Estados Unidos en materia civil para procesar a los responsables de cometer crímenes contra el derecho de las naciones. La ATCA, promulgada por el Congreso estadunidense en 1789, estipula que las cortes federales de ese país tienen jurisdicción para conocer todas las causas en las que algún extranjero demande por daños solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos.

Según el periódico La Razón, para impedir el enjuiciamiento del ex presidente en Connecticut, el pasado 12 de diciembre su equipo de abogados defensores habría alegado su inmunidad como ex gobernante de una nación soberana.

En México, Ernesto Zedillo guardó silencio. No así en Estados Unidos. En un correo electrónico dirigido al diario Yale Daily News, dijo que las acusaciones son infames (...) carecen de sustento y son obviamente falsas. Añadió: Esta es una calumnia inventada por razones que ignoro.

No es la primera ocasión en la que el ex mandatario es señalado en Estados Unidos como responsable de la matanza de Acteal. Cuando el 18 febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 tzotziles, por considerar que las instancias internas se han agotado, el asunto rebotó en la prensa estadunidense.

En aquella ocasión, al igual que ahora, Zedillo se negó a aclarar en México su responsabilidad en el crimen. Nunca respondí a los insultos o calumnias cuando estuve en la política. Yo no creo que deba hacerlo ahora o nunca, dijo en 2005. Sin embargo, sí hizo declaraciones en Estados Unidos. El profesor de Yale negó las acusaciones que lo involucraban e ironizó: “Es muy revelador que no puedo encontrar ninguna noticia al respecto en medios mexicanos, como el diario Reforma de la ciudad de México”.

Efectivamente, en aquel entonces, pocos periódicos, además de La Jornada, divulgaron la noticia. No es raro. Es sabido que el ex mandatario mexicano tiene importantes cortafuegos en los medios de comunicación mexicanos. Después de salvar a las televisoras colocó en sus puestos de mando a personas de su absoluta confianza, consolidó una red de influyentes articulistas en medios escritos y controló buena parte de las empresas encuestadoras. A través de ellos, ha influido en la política mexicana y defendido sus intereses.

Este año, a diferencia de 2005, el profesor de Yale ha tenido que enfrentar las acusaciones en su contra sin expresiones relevantes de apoyo público. En 2005 sus aliados dieron la cara por él. Richard Levin, presidente de la Universidad de Yale, dijo que Zedillo era una persona con una gran integridad y que estaba haciendo un gran trabajo en Yale. En esta ocasión, casi nadie lo defendió.

Las acusaciones contra Zedillo no son nuevas. Desde 1997, los zapatistas señalaron la responsabilidad del mandatario en la masacre. Lo siguen haciendo ahora. En la recientemente publicada Cuarta carta sobre ética y política que el subcomandante Marcos escribió a don Luis Villoro, el dirigente del EZLN recordó cómo el comandante Moisés, fallecido el pasado 26 de septiembre, recabó información vital para esclarecer la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de ese año, perpetrada por paramilitares bajo la dirección del general del Ejército federal Mario Renán Castillo y con Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet y Julio César Ruiz Ferro como autores intelectuales.

Es evidente que detrás de la demanda presentada contra Zedillo en Connecticut hay intereses políticos que van más allá del requerimiento de un grupo de víctimas de que se repare un agravio. Pero también es obvio que esto no es una prueba de inocencia del ex mandatario mexicano, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y sus socios. Ellos son responsables de perpetrar un crimen de Estado. Por ello deben ser juzgados moral y jurídicamente.

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HRW denuncia torturas sistemáticas del Ejército mexicano en la guerra contra el narco

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Thu, 10 Nov 2011 21:53:00 +0000

efe / méxico
Día 10/11/2011 - 17.44h

Human Rights Watch denuncia «violaciones de derechos humanos generalizadas» en México por parte de militares y policías en el marco de la estrategia de combate al crimen organizado emprendida en el 2006 por el presidente, Felipe Calderón. «En vez de reducir la violencia, la "guerra contra el narcotráfico" de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad», señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En investigaciones realizadas en cinco de los estados más violentos del país, la ONG «encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 "desapariciones" y 24 ejecuciones extrajudiciales» desde diciembre de 2006, cuando asumió el poder Calderón, hasta este año.

El informe de la agrupación estadounidense, titulado «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México» y basado en 200 entrevistas y 60 peticiones de información pública, señala además que «casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente».

Total impunidad

Recuerda que más de 50.000 soldados fueron desplegados por México, así como marinos y policías federales, para apoyar a los estados donde se vivían los peores casos de violencia. HRW destaca que en los estados de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco, «las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles».

Llama, además, la atención sobre la existencia de «evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado "desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos». La «impunidad casi total» que rodea estos casos se debe a que siguen «siendo investigados y juzgados en la jurisdicción militar», pese a que tanto el Supremo mexicano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pedido que pasen a tribunales civiles.

«Delincuentes»

La organización también pone en duda la afirmación de Calderón de que «el 90% de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico [que su Gobierno estima fueron cerca de 35.000 entre 2007 y enero de 2011] eran delincuentes». Y recuerda HRW que la Fiscalía federal sólo abrió 997 investigaciones por homicidios entre 2007 y agosto de 2011, y que en ese periodo «los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada».

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Guatemala sigue sin investigar e identificar el paradero de Marco Antonio Molina Theissen a 30 años de su desaparición

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Fri, 07 Oct 2011 01:21:00 +0000

Crimen permanece en la impunidad pese a sentencia de la Corte Interamericana

06-10-11

San José, 6 de octubre del 2011- La desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala sigue en la impunidad luego de 30 años de sucedidos los hechos. La familia de Marco Antonio, y la sociedad en su conjunto, aún no conocen su paradero, a pesar de que el Estado guatemalteco tiene la obligación de buscar y entregarles sus restos, según fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de reparaciones emitida el 3 de julio del 2004.

En una resolución de supervisión de este fallo que emitió el 16 de noviembre de 2009, la Corte destacó la absoluta pasividad del Estado y la impunidad en la que se encuentra el caso. Resaltó que la inacción estatal de investigar y sancionar a los responsables continúa afectando a los familiares y “fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la sentencia también busca justicia y reparación para otras víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala ya que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, al menos 5.000 niños fueron desaparecidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Por ello, entre otras acciones, la Corte ha ordenado la creación de un sistema de información genética y la adopción de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Estas órdenes tampoco han sido acatadas por el Estado de Guatemala.

Debido al incumplimiento estatal, en su resolución de supervisión la Corte también ordenó atender algunas de las causas estructurales que perpetúan la impunidad en este y otros casos. Esta acción requiere la pronta participación y efectiva colaboración de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial así como de otras instituciones estatales.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló que esta fecha es de especial dolor para la familia Molina. Asimismo, afirmó que “la dramática historia que vivió la familia hace treinta años se revive a diario. Pese a ello la inacción del Estado evidencia el desdén con que se trata un caso tan grave, en el que se sigue negando a la familia el derecho a la justicia y a la verdad”.

El día de hoy, Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, escribió en su blog: “Son treinta años pesados como puños, de búsqueda y espera, acumulados en mi piel y en mis huesos, también en mi palabra. Mientras tanto, ellos, los desaparecedores, los asesinos –triunfantes, satisfechos, soberbios, con su poder intacto– se pasean impunes, quizá deseando que muera o que desista. Pero yo, Ajpu, cerbatanera, acecho en el camino del tiempo y la paciencia, sostenida por la lealtad, la solidaridad, los principios y la sangre de mi hermano, que es la misma que corre por mis venas”.

La falta de respuesta estatal en este y otros casos motivó a CEJIL a liderar la solicitud de una audiencia –en conjunto con organizaciones y familiares– para tratar el tema de la impunidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Guatemala, la cual ha sido concedida por ese tribunal y cuya fecha está por ser definida.

CEJIL ha sido enfático en señalar reiteradamente el incumplimiento del Estado en este caso. En el 30.° aniversario de la desaparición de Marco Antonio Molina, exigimos a Guatemala honrar sus compromisos internacionales dando inmediato cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. El acatamiento de esta orden, así como la implementación de otras medidas estructutrales, es una responsabilidad para con la familia de Marco Antonio y para con las de miles de personas desaparecidas por fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno.

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Corte: militares a juicio civil si violan derechos humanos

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 13 Jul 2011 19:08:00 +0000

Jorge Carrasco Araizaga
12 de julio de 2011

El ministro Juan Silva Meza durante la sesión.
Foto: Germán Canseco

México, D.F. (apro).- En acatamiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar.

En votaciones mayoritarias y unánimes, el pleno de la Corte tomó dos decisiones sin precedentes al discutir el cumplimiento, por parte del Poder Judicial de la Federación, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada, en 1974, del campesino Rosendo Radilla a manos del Ejército mexicano.

La primera, que todos los jueces del país pueden aplicar la protección internacional de los derechos humanos. La segunda vino en consecuencia: que los militares responsables de violaciones a los derechos humanos de civiles deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por los tribunales castrenses.

“Bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar en violaciones a los derechos humanos que afecten a civiles”, señaló el ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, al relatar el acuerdo alcanzado de forma unánime, aunque con algunas reservas, por el pleno del máximo tribunal del país.

La resolución adoptada este martes por la Corte va mucho más allá de la iniciativa de ley propuesta por el gobierno de Felipe Calderón para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) y que está pendiente de discutir en el Congreso.

La iniciativa de Calderón limita a los casos de violación, tortura y desaparición forzada los delitos cometidos por militares que pueden ser investigados por la justicia civil. Excluye delitos graves como el homicidio, cargo por el que se siguen varias cusas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas en el marco de la “guerra al narcotráfico” de Calderón.

Los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos establecen que cualquier delito cometido por militares contra civiles debe ser investigado por la justicia civil y no por la justicia castrense, como actualmente sucede en México.

Después de 10 meses de haber iniciado la discusión sobre el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH, dictada en noviembre de 2009, la SCJN adoptó las primeras resoluciones de fondo.

En la primera, determinó que todos los jueces del país están obligados comprobar que las leyes que apliquen en sus sentencias se ajusten a la Constitución Política y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Con esa decisión, la Corte echó abajo el criterio judicial que prevaleció por 70 años y por el cual sólo los jueces federales podían hacer ese tipo de revisiones.

A partir de que la sentencia cause estado, todos los jueces locales y administrativos del país estarán en la posibilidad de aplicar lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales firmados por México sobre derecho humanitario.

Lo que no podrán hacer será declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que está reservado a los tribunales federales.

Silva Meza resumió el sentido de la decisión adoptada por el pleno en una votación de siete a tres: “Todos los jueces estamos obligados a buscar que nuestras resoluciones estén dictadas del modo como mejor se respeten los derechos humanos, no sólo previstos en la Constitución, son en aquellos que tal vez con mayor detalle están en los tratados” internacionales.

Los ministros precisaron que su resolución se ajusta al nuevo artículo Primero de la Constitución, que entró en vigor en junio pasado y que obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias” a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

La segunda decisión de la SCJN limita la aplicación del Código de Justicia Militar, que ha servido como argumento para que los tribunales militares atraigan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina.

Por unanimidad, aunque con reservas de los ministros Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar, la Corte estableció que “los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”.

La Corte también fijó que ejercerá su “competencia originaria” para resolver las diferencias de competencia entre los tribunales militares y civiles federales o locales y que puedan dar pauta a la creación de jurisprudencia.

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noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Mon, 27 Jun 2011 20:12:00 +0000

La tortura sigue siendo un crimen impune en el continente americano

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

26-06-11

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

La inacción de las autoridades a cargo de la investigación de este flagelo ha sido una constante en procesos acompañados por CEJIL, muchos de los cuales incluso tienen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente ordenan tanto la investigación como el posterior juzgamiento y sanción de los hechos.

No obstante, la tortura ha permanecido impune en una parte significativa de los casos pertenecientes a épocas de dictadura y de conflictos armados internos. Esta impunidad también se ha mantenido en casos más recientes que revelan cómo esta práctica sigue siendo perpetrada por militares, agentes policiales y autoridades penitenciarias, entre otros. CEJIL ha observado con preocupación las consecuencias agravadas que tiene la tortura contra sectores en situación o condición de mayor vulnerabilidad, como niños y niñas, mujeres campesinos y personas indígenas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, denunció que "CEJIL reconoce que la tortura todavía es una práctica habitual y tristemente generalizada en el quehacer de distintos agentes del Estado en el continente. Se comete como castigo, por causas discriminatorias, como forma de investigación, o con otros fines, y es una vejación especialmente grave porque habitualmente se practica mientras la víctima está en custodia, en una circunstancia de vulnerabilidad total".

Asimismo, Krsticevic señaló que los Estados tienen la obligación de tipificar adecuadamente la tortura, investigarla diligentemente por autoridades del fuero ordinario y, si es el caso, eliminar todos los obstáculos que garanticen la impunidad de este delito. "En la actualidad, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú desafortunadamente son algunos de los países que están en deuda con el avance de investigaciones de torturas", agregó.

De acuerdo con los instrumentos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la tortura es imprescriptible y su prohibición es “absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra el terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra hoy, 26 de junio, a partir de la resolución 52/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, CEJIL insta a los Estados a cumplir con el objetivo para el cual fue nombrado este día: poner fin a la tortura y ayudar a las víctimas de la misma.

De igual manera, , CEJIL insta a los Estados del hemisferio para que dimensionen la gravedad de esta violación a los derechos humanos y honren los compromisos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, los Estados deben, en primer lugar, comprometerse a hacer una investigación adecuada de este tipo de casos como un paso primordial para la eliminación de esta práctica.

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DDHH: Expertos de América y el Caribe participan en consulta regional en Santiago de Chile

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Thu, 16 Jun 2011 01:00:00 +0000

Nación.cl

Encuentro se realizará entre este miércoles y el viernes 17. Más de 40 especialistas fueron convocados por el relator especial de tortura de la ONU, Juan Méndez.

Entre este miércoles y el viernes se reunirán en Santiago más de 40 expertos en derechos humanos, encargados de la formulación de políticas y actores de la sociedad civil de América Latina y el Caribe con el objetivo de impulsar los esfuerzos regionales para erradicar la tortura y malos tratos.

Esta primera reunión regional de expertos ha sido convocada por el relator especial de tortura de la ONU Juan Méndez. Participarán representantes del gobierno y de las institucionales nacionales de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile.

El evento es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), la Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Conectas - Direitos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

IMPULSO

La consulta regional para las Américas –explicó Méndez- será una oportunidad para intercambiar puntos de vista y experiencias acerca de los logros alcanzados y las formas y los medios para superar los retos pendientes en relación con el seguimiento de las recomendaciones.

Juan Méndez sostuvo que “la tortura y los malos tratos constituyen una preocupación importante en América Latina y el Caribe”. Añade que “aún queda mucho por hacer para garantizar que las obligaciones internacionales, las políticas y las legislaciones nacionales así como otras reformas de los Estados se apliquen efectivamente para lograr el resultado deseado: su erradicación”.

"Durante la última década -agregó- se han promulgado algunas políticas, reformas y leyes prometedoras en la región”. Sin embargo –manifestó- “estos cambios institucionales y las buenas prácticas nacionales son de vital importancia y deben ser mejorados, fortalecidos y emulados aún más en toda la región”.

“Espero que esta consulta proporcione un impulso muy necesario en nuestros esfuerzos por erradicar la tortura y los malos tratos en la región”, remarcó.

Juan Méndez (de Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en noviembre de 2010.

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Hay carencias en autonomía del Poder Judicial en México: ONU

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Mon, 30 May 2011 23:24:00 +0000

Informe de la relatora especial sobre la independencia de jueces y magistrados señala que ésta se ve afectada por falta de transparencia e influencia impropia de los sectores público y privado. Recomienda mejorar rendición de cuentas.

Afp

Publicado: 30/05/2011 13:20

Ginebra. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la autonomía del poder judicial en México, al presentar este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

"La independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, un factor que genera impunidad por la ineficacia y corrupción, así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado", señala el informe de la Relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, que visitó México en octubre de 2010.

"La independencia, autonomía e imparcialidad" de los órganos judiciales "se ven cuestionadas por la participación (...) del Estado en el nombramiento de los magistrados estatales", afirmó Knaul de Albuquerque, quien visitó los Estados de Chiapas, Toluca, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.

La relatora recomendó que se garantice "la inmovilidad de los magistrados, juezas y jueces, una vez que han entrado en la carrera judicial".

"El hecho que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva", advirtió Knaul de Albuquerque y Silva, una experta independiente originaria de Brasil.

"Para garantizar un control efectivo de las acciones de las Procuradurías, resulta necesario fortalecer su transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas, incluso a través de órganos de control interno", estimó la relatora, quien abogó por una "reforma constitucional en materia penal" que cambie "la mentalidad de todos los operadores de justicia" en México.

Al respecto precisó que "deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del ministerio público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales)".

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Abusos de autoridad en CERSS 3 Tapachula y pésimas condiciones carcelarias

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 25 May 2011 21:29:00 +0000

Tapachula Chiapas
CERESO N. 3

DENUNCIA PUBLICA A CARTA AVIERTA

La directora y la contadora duendi y leticia Espinoza. La comida esta muy grasosa por eso no comemos todos. Son el que tienen poder aqui adentro en CERESO Tres. Porque ellas no dejan pasar las cosas de cada interno, tienen una tienda donde ellas dan muy caras las cosas de alimentos y ellas nos estan sofornando por comprar en la tienda que tiene leticia ella tiene todos los negocios aqui adentro en el penal N. 3.

Nosotros los internos nos quejamos por estas malas anomania que bean las autoridades competentes no deja pasar los alimentos de la vicita y por sus naguas de ella que todos en cocina somos mil cuatrocientos: comamos.

Durante el tiempo que estoy preso injustamente llo ananias laparra martinez mi esposa rosa godinez chabes ella no me ha avandonado y ella se alluda en la venta de tamales y aci ella me vicita.

El dia 18 de mayo del 2011 mi esposa traya su venta de tamales porque ella de esa forma se alluda con su venta porque somos muy pobres. Mi esposa me vicita cada 15 dias o cada mes trallendome comida ho tamales y unas frutas para convivir un rrato y mis nietos yo llevo 12 años preso injustamente. Estas personas del arias alministratiba están retirándome de mi vicita.

DENUNCIA A CARTA AVIERTA PUBLICA
ANANIAS LAPARRA MARTINES

México tolera abandono, tortura y tratos crueles a personas con discapacidad

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Tue, 17 May 2011 21:06:00 +0000

(CNNMéxico) — Los derechos fundamentales de niños y adultos con discapacidad, tanto física como intelectual, son frecuentemente violados en México, los que reciben atención en albergues, hospitales y casas hogar públicas suelen recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, según un reporte de la organización Disability Rights International (DRI, Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad).

Esta organización denuncia que muchas de las instituciones mexicanas públicas de atención a este grupo vulnerable “son inmundas, dejan a la gente caminar en harapos sobre los pisos cubiertos de orina y heces”.

En el reporte Abandonados y Desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México, DRI señala que no ha habido avances en la protección de este grupo vulnerable en por lo menos diez años.

En México, señala el documento, es frecuente que las familias abandonen a las personas con discapacidad por falta de recursos, de ellos, el grupo más afectado es el de los niños, que además de tener pocas oportunidades educativas, no logran integrarse a la sociedad.

La principal razón para internar a un menor con discapacidad es que los padres no reciben apoyo gubernamental necesario para mantenerlo. Además, son segregados en los procesos de adopción y desde el principio se asume que pasará el resto de su vida en un albergue, según el informe.

El Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo del sistema de adopciones en México, no estuvo disponible para confirmar o refutar que "los niños con discapacidad no se adoptan en México", como cita el informe.

Atención adecuada e integración

Después de haber visitado —entre agosto de 2009 y septiembre de 2010—, más de veinte hospitales, albergues y casas hogar destinadas a atender personas con discapacidad, DRI reporta que el gobierno mexicano no tiene registro de cuántas personas con discapacidad reciben atención en estas instituciones públicas, al confirmar que miles de internos no están identificados.

“Los niños y los adultos con discapacidad están sujetos a condiciones de detención inhumanas y degradantes. La falta de tratamiento, habilitación y rehabilitación deriva en un incremento de las discapacidades y en un peligro para su salud”.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis), dependiente de la Secretaría de Salud, y responsable de vigilar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión, reporta que cada año, 400,000 familias con un niño con discapacidad, reciben apoyo económico del gobierno federal para que el menor pueda asistir a la escuela.

En México, el 4.8% de la población —poco más de cinco millones— tiene alguna limitación física o mental, según los datos del Censo de la Población y Vivienda 2010.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que es al menos el 10% de la población mexicana, lo que equivaldría a once millones de personas.

“Las personas con discapacidad son detenidas arbitrariamente, se les niega el derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, se les niega el derecho a la salud, rehabilitación y habilitación y educación”.

Tortura y degradación

En la mayoría de las instituciones para atención de personas con discapacidad intelectual, el DRI observó que se sujeta a los pacientes para controlar el comportamiento agresivo.

El abuso de esa práctica, asegura el organismo, consiste en penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme al derecho internacional, en muchos casos equivalente a la tortura.

“Encontramos a un hombre envuelto en tiras de gasa, atado de los pies a la cabeza, y con sujeciones de cuerpo completo. El personal dice que ha sido sujetado así por años. Lo vimos atado a una silla de ruedas cuando visitamos diez años atrás el mismo cuarto de esas mismas instalaciones”.

Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), que trabaja en la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos, recomiendan en este documento que México adopte y haga cumplir leyes que protejan el derecho de las personas con discapacidad a participar en su comunidad.

Ambas organizaciones concluyeron que el gobierno mexicano no ha invertido para crear alternativas de integración de las personas con discapacidad y que no hay coherencia entre el liderazgo mostrado en el ámbito internacional y las políticas locales.

En diciembre de 2001, México presentó una resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear el comité que elaboraría la Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad.

La Convención fue adoptada por la ONU en 2006 y entró en vigor como derecho internacional vinculante dos años después. México la ratificó en diciembre de 2007.

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“Alarmante” violación de DH de las mujeres en México

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Sun, 15 May 2011 00:32:00 +0000

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 13 may 11 (CIMAC).- La situación de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en México es “alarmante” debido a que continúa la impunidad en los casos de tortura sexual, el hostigamiento contra defensoras humanitarias es constante y la legislación para prevenir y castigar la violencia es insuficiente.

Durante la presentación del informe 2011 “El estado de los Derechos Humanos en el mundo”, que hoy se realizó en la Cineteca Nacional, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), condenó que durante 2010 se registraran 300 asesinatos violentos contra mujeres, lo que, criticó, muestra una realidad preocupante.

En entrevista, Herrera Aragón lamentó que los abusos, la impunidad y la ineficacia de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres sean la regla. Señaló que aunque México cuenta con leyes aceptables, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el problema es cómo se aplican en la práctica.

“Cuando una mujer llega a una agencia del Ministerio Público, por lo general se topa con agentes insensibles que no tienen protocolos de reacción, que no tienen mecanismos para dar cobijo a las víctimas de delito y que además están desbordados de trabajo, lo cual hace que pongan poca atención a estos casos. El efecto inmediato es que las mujeres no estén dispuestas a denunciar”, explicó.

Herrera Aragón dijo que en el informe de AI —que abarca el periodo de enero a diciembre de 2010— se documenta que la violencia contra las mujeres y las niñas aún es un fenómeno generalizado, pese a ello, explicó que el Estado mexicano no ha adoptado medidas para combatir la constante violencia y discriminación contra la población femenina.

Como ejemplo citó el incumplimiento de las cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), tres de las cuales se refieren a graves abusos contra las mujeres: el caso de feminicidio en Campo Algodonero en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y dos casos de violación sexual ejercida por soldados contra indígenas tlapanecas en 2002, en Guerrero.

Explicó que hay una falta de voluntad política para cumplir con estas sentencias ya que, entre otras cosas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha atraído los casos de violaciones de DH en los que los presuntos responsables son militares. “Eso no ha sucedido pese a que no se necesita infraestructura ni recursos económicos”, criticó.

Alberto Herrera dijo que el estado de Chihuahua es una de las zonas más críticas para los DH de las mujeres por el fenómeno de la violencia y por la ineficiencia de las autoridades ministeriales y judiciales que no le hacen frente.

Mencionó que el asesinato de Marisela Escobedo en diciembre de 2010 es quizás el más representativo porque el Estado no respondió a su exigencia de justicia y tampoco la protegió.

Asimismo dijo que los casos que han llegado al sistema interamericano de DH no son los únicos en el país. Refirió que hay muchos otros que no han encontrado justicia, como el de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual en 2006, en Atenco, quienes al no encontrar justicia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.

Durante su discurso, Herrera dijo que 2010 fue un año de promesas incumplidas. Desde aquella promesa del gobierno federal de instalar un mecanismo permanente de protección para periodistas y defensoras y defensores de DH en situación de riesgo, hasta la promesa de dar cumplimiento cabal a las cinco sentencias de la CoIDH.

Otros temas que destaca el informe 2011 de AI, son la falta de imparcialidad en los procesos jurídicos, los abusos perpetrados por las fuerzas armadas y policíacas, los ataques y amenazas contra periodistas y la libertad de expresión, y las violaciones, secuestros y asesinatos de personas migrantes.

“El recuento de abusos cometidos durante 2010 es sencillamente ensombrecedor”, sentenció Herrera. Finalmente lamentó que las autoridades hayan fallado en su compromiso con la población mexicana y con la comunidad internacional de hacer de los DH una realidad.

11/AGM/RMB

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Opinión

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Mon, 09 May 2011 15:17:00 +0000

La tortura en el DF

Miguel Concha

En fechas recientes se han venido discutiendo en las comisiones de la Asamblea Legislativa algunas iniciativas de reformas al Código Penal para el Distrito Federal, que pretenden modificar los artículos 294, 295, 296, 297 y 298, relativos al delito de tortura.

Esta violación grave a los derechos humanos es todavía una realidad en la ciudad de México, ya que no ha sido posible eliminarla, a pesar de frecuentes esfuerzos por tratar de erradicarla o disminuirla. Lo que implica una falta de diligencia en su investigación, y, como consecuencia, de sanción por parte de las autoridades. Esta afirmación la comparten también organizaciones nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos y organismos públicos mexicanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La comparte, sobre todo, el enorme número de víctimas que, a consecuencia de investigaciones deficientes, y de un sistema laxo en cuanto al respeto de los derechos humanos, han sido condenadas, disminuidas y en general afectadas física y sicológicamente.

La tortura se encuentra prohibida en nuestra Constitución, en los códigos penales del país y en diversos tratados internacionales de los que México es parte. Y existe además un consenso internacional en cuanto a su prohibición. En efecto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado, en su recomendación general número 24, que la obligación de no someter a las personas a tortura o malos tratos es una norma del derecho internacional consuetudinario. Y que el derecho a no ser sometido a tortura forma parte, sin ninguna duda, de una serie de derechos básicos. El deber de respetar este derecho es también una obligación erga omnes. Es decir, aplicable a todo ser humano, ya que se trata de algo que no se cuestiona y está apoyado en una serie de importantes decisiones judiciales.

Una vez dicho esto, es conveniente señalar que en el Distrito Federal se están discutiendo una serie de propuestas para cambiar el tipo penal existente en materia de tortura. Si bien hay que reconocer las buenas intenciones, que tendrían por objeto contar con un tipo penal actualizado y acorde con los estándares internacionales, debemos advertir del riesgo que se corre, al querer incluir algunos conceptos que amenazarían seriamente la lucha contra la tortura.

La tortura en la ciudad de México se describe como el acto en el que un servidor público del Distrito Federal, en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o sicológicos, con el fin de I. Obtener de ella información; II. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; y III. Coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. A esto se debe agregar que quien comete tortura puede ser directamente el servidor público o un particular que obre bajo sus órdenes, o bien el funcionario que por aquiescencia u omisión permita la tortura.

Se ha sabido que en las propuestas existentes en la Asamblea Legislativa habría algunas que se alejan de los estándares internacionales para perseguir este delito. En específico, cuando se pretende agregar el calificativo degraves a los daños que genere quien comete tortura. Esto es preocupante, toda vez que este término había sido suprimido después de una amplia labor de organizaciones de derechos humanos del Código Penal en 2002.

La palabra graves, si bien se encuentra en algunos instrumentos internacionales que definen la tortura, ha sido ampliamente superada por la jurisprudencia internacional, toda vez que no es necesario un cierto nivel de intensidad del daño, dolor o de sus secuelas, para que consideremos que ha existido tortura.

El simple hecho de infligir daños o sufrimientos con una finalidad concreta por parte de un servidor público, o con su aquiescencia u omisión, es suficiente para que se configure este delito. Y esto no es una cuestión menor, pues, como ya se dijo, la tortura es una realidad en México y en esta ciudad capital, que trae consigo una gran cantidad de problemas, que no sólo perjudican a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, tenemos que la tortura por sí misma es una violación grave a los derechos humanos, que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Pero esto no es lo único. Es también expresión de un deficiente sistema de investigación de los delitos. ¿Qué certeza podemos tener de una confesión que es arrancada a golpes o bajo amenazas? ¿Nos da esto seguridad de que las corporaciones encargadas de investigar los delitos cumplen con su función? Definitivamente no.

Por otra parte, no sancionar la tortura genera la impunidad que vivimos, toda vez que los torturadores no son llevados ante la justicia, generando con ello este círculo vicioso de violaciones a los derechos humanos, que se repiten debido a la falta de castigo. En medio de este clima nacional de autoritarismo y de reformas equívocas, estas reformas propuestas en la Asamblea significarían un retroceso, y pueden resultar muy peligrosas para la ciudadanía.

Es deber de la Asamblea Legislativa actuar con responsabilidad y no dejarse llevar por falsos paradigmas que han resultado un rotundo fracaso. Esperemos que cumplan con su obligación en favor de quienes viven y transitan por la ciudad, y que aprueben siempre reformas ajustadas a los derechos humanos.

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Emergencia Nacional: Convocatoria de Javier Sicilia a los Pueblos de México

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Thu, 28 Apr 2011 17:39:00 +0000

CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 27 Apr 2011 01:11:00 +0000

No. 35/11

Washington, D.C., 25 de abril de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del defensor de derechos humanos Javier Torres Cruz, integrante e la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. La CIDH insta al Estado mexicano a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según la información recibida por la CIDH, el 18 de abril de 2011 Javier Torres Cruz fue asesinado por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, México, presuntamente en relación con sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán. La información recibida también indica que su hermano Felipe Torres, quien lo acompañaba al momento de los hechos, resultó gravemente herido.

La Comisión Interamericana ha recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Javier Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007. La información recibida indica que el 3 de diciembre de 2008, Torres Cruz habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano, y que éstos presuntamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante el Ministerio Público.

La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de México a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Poeta encabeza protestas contra la violencia del narcotráfico en México

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Sun, 24 Apr 2011 17:41:00 +0000

Julián Miglierini

BBC Mundo, México

Última actualización: Sábado, 23 de abril de 2011

Sicilia dice que tras la muerte de su hijo ya no puede escribir más poesía.

Es un líder poco común: un poeta católico que dice necesitar "sólo 40 centímetros de espacio" para escribir.

Pero la muerte el mes pasado de su hijo Juan Francisco -de 24 años de edad- en un incidente atribuido a bandas de narcotraficantes, ha hecho que Javier Sicilia se convierta en la voz más alta en condenar la violencia que hace estragos en partes de México.

"Yo no soy un animal político", dice Sicilia a la BBC en Ciudad de México.

"Soy una voz moral, que tengo que hacer esto por mis convicciones morales porque la gente me ha pedido que lo haga", agrega.

Su dura crítica a lo que él llama la "estúpida estrategia" del presidente Felipe Calderón para combatir los cárteles de la droga ha resonado en amplios sectores de la sociedad mexicana que están cada vez más frustrados por la creciente violencia en muchas partes del país.

Más de 35.000 personas han muerto desde que a finales de 2006 Calderón lanzó una confrontación militar contra criminales pero la violencia no da señales de disminuir.

Así que cuando Sicilia, quien también contribuye con la revista mexicana Proceso, convocó a una serie de marchas simultáneas en todo México para protestar contra la violencia a principios de este mes, la gente respondió.

Miles de personas salieron a las calles en la Ciudad de México, en todo el país e incluso fuera, en algunas embajadas de México, con el grito de guerra: "¡Estamos hasta la madre! (hartos)".

"Daños colaterales"

Sicilia, mientras todavía se ajusta a la cobertura mediática que su tragedia personal ha generado, parece considerar su nuevo papel no como una opción, sino como una obligación.

"Tengo que mostrar mi rostro por la dignidad de mi hijo, por todos los hijos que han muerto en esta batalla y aquellos que morirán en el futuro", dice.

Sicilia estaba trabajando en Filipinas cuando oyó por primera vez del asesinato de su hijo y de otras seis personas más en Cuernavaca el 28 de marzo.

Sus cuerpos fueron encontrados en el interior y los alrededores de un vehículo, algunos presentaban signos de tortura.

Nadie sabe exactamente por qué Juan Francisco Sicilia y sus amigos fueron atacados.

Miles salieron a protestar contra la violencia luego de la convocatoria de Sicilia. El único arresto vinculado al caso no arroja ninguna luz sobre las circunstancias de los asesinatos.

Y es por eso que muchos, incluido el propio Sicilia, han relacionado los asesinatos a la violencia general que ha envuelto al central estado mexicano de Morelos, donde se encuentra Cuernavaca.

Se cree que el área está en el centro de una batalla entre bandas rivales de narcotraficantes y grupos del crimen organizado.

Según Sicilia, cada vez más y más civiles inocentes, como su hijo, son asesinados como "daños colaterales de la guerra contra las drogas".

Así que el poeta centra su crítica en la estrategia del presidente Calderón. "Creo que Felipe Calderón es responsable de lanzar una guerra de una manera estúpida", expresa, combinando la rabia con la frustración.

"Lo que esta guerra ha hecho es permitir que la corrupción de las instituciones que había tenido lugar durante años emerja, pero dejando a las instituciones completamente indefensas para hacer frente a la delincuencia organizada", señala.

Sicilia ha sido criticado por centrar su ira en el gobierno y no en los criminales por el problema original -al utilizar a México para el transporte de narcóticos en EE.UU. y devastar algunas de las áreas utilizadas como rutas de contrabando.

El presidente Calderón, que recibió a Sicilia en el palacio presidencial después de los asesinatos, hizo una referencia al tema a raíz de las manifestaciones.

"No nos dejemos confundir", dijo Calderón en un almuerzo con líderes empresariales a principios de este mes.

"Tenemos que decir '¡Basta!' a los criminales que secuestran y asesinan. Ellos son el enemigo, no los que luchan contra ellos", añadió.

Para Sicilia, el conflicto ha llegado a un nivel que requiere un enfoque más amplio, que incluya el compromiso de todos los mexicanos.

"Necesitamos un pacto nacional porque esto es una emergencia y tenemos que reconstruir el tejido de esta nación. Si no lo hacemos, vamos a entrar en el infierno", asegura.

En cuanto a su poesía, Sicilia ha decidido acallar su voz. Su último poema fue dedicado a su hijo, y fue escrito apenas unas horas después de la violenta muerte. "La poesía ya no existe en mí", concluye.

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Comisión Interamericana condena asesinato de 145 personas halladas en fosas clandestinas en Tamaulipas

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 20 Apr 2011 22:12:00 +0000

Comunicado de prensa No. 34/11

Washington, D.C., 18 de abril de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de 145 personas cuyos cuerpos han sido encontrados en días recientes en fosas clandestinas en el Estado de Tamaulipas, México. La Comisión insta al Estado mexicano a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose.

Según informó el Estado, los cuerpos han sido encontrados entre el 6 y el 14 de abril de 2011 en el Municipio de San Fernando, Estado de Tamaulipas. La Comisión observa con preocupación que se trata del mismo lugar donde en agosto de 2010 se encontraron los cuerpos sin vida de 72 migrantes indocumentados que se dirigían a Estados Unidos. Las autoridades investigan si las víctimas encontradas en las nuevas fosas eran también migrantes y hasta el momento han identificado a un migrante guatemalteco. El gobernador del Estado de Guanajuato señaló que 57 de las víctimas podrían ser migrantes de ese Estado que se dirigían a Estados Unidos.

De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, los asesinatos habrían ocurrido entre uno y dos meses anteriores al hallazgo de los cuerpos. La Procuraduría General de México manifestó que estos homicidios podrían ser atribuibles al grupo delictivo Los Zetas. Hasta el momento han sido detenidas más de 30 personas, 16 de las cuales son policías locales del municipio de San Fernando, Tamaulipas, acusados de proteger y encubrir al grupo Los Zetas.

Varios informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) revelan un aumento de los secuestros de migrantes en el país. En un informe especial publicado este año, la CNDH indicó que 11.333 personas migrantes fueron secuestradas durante seis meses de 2010 (entre abril y septiembre), y que Tamaulipas es uno de los estados con mayor número de víctimas.

La CIDH insta al Estado de México a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan estos crímenes, a determinar la identidad de las víctimas, y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta. Asimismo, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado de México a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos.

ONU critica estaciones migratorias de México

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Fri, 15 Apr 2011 14:28:00 +0000

Sin Fronteras alerta sobre violación de derechos

Jueves 14 de abril de 2011 Silvia Otero | El Universal silvia.otero@eluniversal.com.mx
Las violaciones a derechos humanos y las irregularidades dentro de las estaciones migratorias en México persisten, de acuerdo con dos informes, elaborados por separado, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la red Sin Fronteras, que coinciden en las “pobres condiciones” de algunos centros de internamiento de indocumentados, donde se registran tratos crueles e inhumanos, hacinamiento y falta de atención médica.

El informe del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, que la semana pasada examinó las condiciones en México ante el tema migratorio, en un apartado alude a la situación de estas instalaciones.

Los 14 expertos independientes que integran el comité destacaron en sus observaciones que éste “sigue preocupado por las pobres condiciones de algunos centros de internamiento de inmigrantes, donde todavía hay casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de atención médica y limitada”.

Además, destacaron que el organismo está “particularmente preocupado por situaciones en las que los trabajadores migrantes indocumentados afirmaron haber sufrido tortura y malos tratos, y en algunos casos tuvieron que convivir con los autores de estas violaciones”.

Por ello, los especialistas de la ONU recomendaron a México “que siga tomando las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de internamiento en centros de detención de inmigrantes, de conformidad con las normas internacionales, e investigue las denuncias de abuso y tratos degradantes cometidos por funcionarios públicos, para sancionar a los responsables”.

Mientras, la red Sin Fronteras, integrada por más de 40 organizaciones no gubernamentales y que cada año realiza una investigación de campo, para su tercer informe se centró en las estaciones migratorias de Iztapalapa, en el DF, y la de Tenosique, Tabasco.

El documento afirma que “las violaciones a derechos humanos y las irregularidades dentro de las estaciones migratorias persisten”.

Sin Fronteras encontró que “los migrantes asegurados no siempre tienen información sobre el motivo de su ingreso a la estación y tampoco del procedimiento administrativo a que son sujetos. No son informados oportunamente de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o de la posibilidad de ponerse en contacto con el consulado de sus países”.

Los indocumentados, se asegura en el documento, “son sujetos de discriminación por motivos de nacionalidad y capacidad económica. No reciben un trato digno y humano, acorde a los tratados internacionales que México ha signado. Se documentaron casos de extorsión en el interior de las estaciones”.

También, en la investigación se encontró que los migrantes enfrentan limitaciones en el acceso a comunicación telefónica y falta de atención médica y sicológica adecuada y oportuna, “particularmente en aquellos casos que requieren atención especial (víctimas de violencia sexual o de secuestro, embarazadas, con algún trastorno mental, epilepsia, con lesiones físicas o discapacidad)”.

Incluso, en la estación migratoria de Iztapalapa “se identificaron personas con trastornos mentales que se mantenían detenidas con el resto de la población, generando conductas de exclusión o compasión por parte de sus compañeros. Según testimonios de personas detenidas, el personal a cargo no responde a la atención de sus necesidades básicas”.

En este escenario, de acuerdo con el informe de la red Sin Fronteras, “las condiciones de hacinamiento, la falta de información sobre el procedimiento administrativo y la incertidumbre sobre el tiempo que permanecerán encerrados exacerban los síntomas de ansiedad, depresión y/o agresión”, entre los migrantes detenidos.

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Denuncian ONG ola de desapariciones en lucha anticrimen ante CIDH

noreply@blogger.com (Comité Laparra) — Wed, 30 Mar 2011 00:31:00 +0000

Delegados de 18 organizaciones documentaron casos de tortura e intimidación por policía y Ejército.

David Brooks, corresponsal
Publicado: 29/03/2011 09:56

Washington. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones “deplorables” de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policiacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

“En Chihuahua, cada vez que amanece hay un nuevo horror. Cada día no sabemos si regresaremos vivos a la casa”, afirmó ante la comisión Gabino Gómez, dirigente de una de las organización de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Personas Desaparecidas en los estados del norte de México.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácter “informativo”, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

La abogada Diana Morales, de Paso del Norte, habló de su natal Ciudad Juárez declarando lo difícil que es observar cómo ahí “se vuelve normal la violencia, donde los niños quieren ser sicarios porque lo ven como una oportunidad atractiva. Y mientras las autoridades no han hecho nada”.

A la vez, los defensores, como ciudadanos que han exigido justicia, han padecido cada vez más amenazas y ataques, incluso asesinatos y desapariciones, en tal escala que han tenido que refugiarse en otras partes del país o incluso buscar asilo en otros países, como el caso reciente de la familia Reyes, entre otros.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).

Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que “el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos” es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante “la demanda ciudadana por mayor seguridad”, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazaba “ocupar cualquier espacio público y privado”.

Monte Alejandro Rubiro García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó que la estrategia policiaca va “en el camino correcto” en lo que es “una lucha larga” que continuará siendo violenta por unos meses más, pero a la cual “no había otra alternativa”. Insistió en que esta estrategia requiere del apoyo del pueblo y eso no se logra sin el respeto de sus derechos humanos.

Los representantes del gobierno enfatizaron que en México no hay “ninguna derogación de derechos” ni “medidas de excepción”. Resaltaron la “transparencia” con que obra el gobierno de Felipe Calderón, indicando la presencia en México ahora de un grupo de trabajo de la ONU que está viajando por el país para examinar el asunto de desapariciones forzadas, y que ésta es sólo una de varias de tales visitas de organismos internacionales de derechos humanos a los cuales el gobierno les ha abierto la puerta.

Organizaciones que presentaron las denuncias:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Juan Gerardi, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Pastoral Obrera, Movimiento Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.

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