ciudadcaótica

El país que deviene

2026-08-02T16:05:33.426-05:00

PUNTO DE VISTA

EL PAÍS QUE DEVIENE

Por Ricardo Villa Sánchez

Colombia atraviesa uno de esos momentos en los que la historia obliga a levantar la mirada por encima de la coyuntura. El relevo de un gobierno no constituye, por sí mismo, una transformación nacional. El cambio comienza cuando una sociedad redefine los principios que orientan su democracia, su desarrollo y su bienestar, y decide qué está dispuesta a proteger como propósito común y patrimonio compartido.

El país que deviene no puede edificarse únicamente desde la disputa por el poder, la revancha o el capricho. Requiere un pacto democrático, una visión de largo plazo y un relato compartido de nación que sitúe la dignidad humana, la ciudadanía, los bienes públicos y la convivencia en el centro de las políticas públicas.

Ese horizonte exige comprender que la protección de la vida ya no puede separarse de la justicia social ni de la justicia ambiental. La crisis climática dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad que interpela la planificación del Estado, el ordenamiento del territorio y el modelo de desarrollo. El acceso al agua, la seguridad alimentaria y la capacidad de adaptación frente a fenómenos extremos constituyen condiciones esenciales para garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La democracia también enfrenta desafíos que trascienden las formas tradicionales del poder. La revolución tecnológica, la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos transforman la manera como circula la información, se construye la opinión pública y se ejerce la ciudadanía. Cualquier cuestionamiento sobre la integridad de los procesos electorales debe resolverse mediante pruebas verificables, procedimientos institucionales y pleno respeto por el Estado social de derecho. Sin embargo, permanece una pregunta de fondo: ¿están nuestras democracias preparadas para garantizar transparencia, deliberación pública y autonomía ciudadana en un entorno donde la tecnología adquiere una influencia creciente sobre la vida colectiva?

El país que deviene tampoco puede renunciar a la memoria. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición constituyen pilares de una democracia que aspira a cerrar los ciclos de violencia sin renunciar al esclarecimiento de lo ocurrido. Los archivos, los testimonios y la investigación histórica no pertenecen únicamente a las víctimas; forman parte del patrimonio ético de la nación. Recordar no significa permanecer anclados al pasado. Significa impedir que la violencia vuelva a encontrar legitimidad en el silencio o en el olvido. La desclasificación de archivos constituye, en ese sentido, un instrumento de verdad pública y una garantía para las generaciones futuras.

En esa construcción democrática existe una amenaza menos visible, pero igualmente profunda: la violencia simbólica. Comienza cuando el lenguaje degrada la dignidad del otro, cuando la diferencia política se transforma en estigmatización y cuando la descalificación sustituye al argumento. Ninguna democracia se fortalece si convierte al contradictor en enemigo o si normaliza discursos que alimentan el miedo, el odio, la exclusión o la intolerancia. La calidad democrática depende tanto de la capacidad para construir consensos como de la madurez para tramitar los disensos dentro del respeto, el pluralismo y el reconocimiento recíproco.

El país que deviene demanda unos principios mínimos compartidos para profundizar la democracia, fortalecer el empoderamiento ciudadano y construir un bienestar social incluyente. Proteger la vida, ampliar derechos y oportunidades, fortalecer la participación, garantizar instituciones confiables, promover el conocimiento, preservar la memoria, reconocer la diversidad y rechazar toda forma de violencia constituyen las bases de una sociedad que aspira a vivir en paz consigo misma. El mayor desafío de nuestra generación consiste en comprender que la democracia y el Estado social de derecho no son una herencia ni una realidad concluida. Son una construcción permanente que exige participación, responsabilidad pública, deliberación, control ciudadano y una voluntad colectiva orientada a ampliar la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas. Para esto, la ciudadanía debe estar alerta. Lo demás, llega por añadidura.

@rvillasanchez

DOS DISCURSOS, UNA PARTIDA Y UN LEGADO

2026-07-22T07:58:34.232-05:00

PUNTO DE VISTA

DOS DISCURSOS, UNA PARTIDA Y UN LEGADO

Por Ricardo Villa Sánchez

El 20 de julio de 2026 Gustavo Petro habló con dos voces. Ante el Congreso apareció el presidente que rendía cuentas; en Ciudad Bolívar, el dirigente que comenzaba a organizar a la oposición. En uno puso cifras y dio respuestas, en el otro, símbolos y orientaciones: la espada de Bolívar, el sombrero de Carlos Pizarro, la sotana de Camilo Torres y una palabra que todavía duele y es poderosa: soberanía.

No fueron discursos separados, sino un díptico político. El primero dejó constancia institucional del Gobierno del Cambio. El segundo trasladó su legado del Palacio de Nariño a las calles y a la memoria popular. La apuesta era impedir que la alternancia clausurara el proyecto progresista.

Su argumento más sólido son los resultados sociales. La pobreza monetaria bajó del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025; la pobreza extrema descendió al 9,6 % y el coeficiente de Gini llegó a 0,531. En un año, cerca de 1,79 millones de personas salieron de la pobreza. La clase media se consolidó como el segmento más grande, con el 34,4 %, y la educación superior superó los 2,7 millones de estudiantes, mientras el 97 % del pregrado público accedió a gratuidad.

Son conquistas reales, aunque incompletas. La pobreza rural alcanza el 39,5 %. El país permanece dividido entre territorios con derechos y territorios abandonados. Esta brecha aún no se cierra pero se abrió un camino en la cuestión agraria.

En ese escenario aparece la Fuerza Popular: una organización de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes para convertir un gobierno que termina en un movimiento social que permanece: con organización, programa y movilización. No es nostalgia, sino desobediencia civil, compromiso ciudadano y resistencia pacífica.

Petro trazó líneas rojas: huelga si se revierte la reforma laboral; paro agrario si se amenaza el destino de las 600.000 hectáreas del Fondo Nacional de Tierras; paro juvenil si se desmontan reformas sociales y redes de “guardianes de la liberación” para acompañar a comunidades expuestas al despojo y para construir colectivamente ciudadanías libres. Recalcó que su legitimidad dependerá de mantenerse dentro del marco constitucional y lejos de toda violencia.

Esta estrategia funciona como advertencia: desmontar derechos tendría costos políticos y sociales. El gobierno entrante puede preservar lo que funcionó o gobernar mediante la revancha. La oposición puede ejercer control democrático o convertir toda diferencia en ruptura. El Congreso puede negociar o bloquear. Los medios pueden contrastar o reducirlo todo a frases incendiarias. A pesar de tantas contradicciones, mientras el mar se calma, es importante acudir al discernimiento, al debate y a los consensos y disensos que fortalecen la democracia.

El mejor escenario es la cooperación democrática para contrarrestar a la oposición sistemática de decirle no a todo: conservar derechos, corregir errores y entender que la alternancia no obliga al retroceso. El segundo es la reversión y resistencia. El tercero es la controversia institucional ante el Congreso, los tribunales (nacionales e internacionales) y la opinión pública. El peor es la deslegitimación recíproca. Un poco de todo, le da sabor al sancocho.

La denuncia de fraude electoral pertenece todavía al terreno político y judicial. Una demanda no es una sentencia. Defender la soberanía popular exige investigar con rigor y respetar el debido proceso, para defender derechos, y reivindicar transformaciones. Allí queda un espacio para la incertidumbre y el debate político y jurídico.

Queda una nostalgia inevitable. Se va el primer gobierno de izquierda, en cabeza de un líder carismático, moderno, comprometido con las causas nobles, pero no desaparecen las razones que lo hicieron posible y que, parodiando a la canción de Soda Stereo: lo verán volver.

La Fuerza Popular tendrá sentido si protege derechos sin renunciar a la paz, moviliza sin odiar y entiende que la política de la vida también consiste en la apertura democrática, en el debate público, en cuidar la verdad, la libertad, los derechos y la dignidad humana. El legado se defiende con memoria, organización, agitación, ideología, justicia social y compromiso democrático. Y se concreta con voluntad política, liderazgo y coherencia.

@rvillasanchez

Los derechos se salen del papel

2026-07-17T19:28:27.090-05:00

PUNTO DE VISTA

LOS DERECHOS SE SALEN DEL PAPEL

“La guerra como negación de los derechos, derecho como negación de la guerra”.
Lucía Picarella.

Por Ricardo Villa Sánchez

Colombia acumula normas, planes y promesas sobre garantías y derechos humanos. El problema no está en la falta de lenguaje jurídico, sino en la distancia entre el orden constitucional y la vida cotidiana. En varios territorios, la violencia, la desigualdad y la ausencia del Estado ocuparon el lugar de la autoridad democrática. Esa brecha convirtió la ciudadanía en una quimera y debilitó la confianza en las instituciones.

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036, deuda aplazada del Estado colombiana, nos entrega una ruta para cerrar esa distancia. Sus seis componentes y 200 acciones enlazan la lucha contra la pobreza, la discriminación, la crisis climática, la violencia, la impunidad y la corrupción. El Plan parte de una idea: los derechos son universales, indivisibles e interdependientes. La libertad pierde sentido cuando falta alimento; la democracia, cuando participar cuesta la vida. La realización de los derechos, es el fundamento de La Paz con justicia social.

Ese principio cambia la relación entre el Estado y la ciudadanía. Las personas dejan de ser receptoras de asistencia y son reconocidas como titulares de derechos. El Estado asume obligaciones de respeto, protección y garantía. Los enfoques de género, curso de vida, pertenencia étnica, campesinado, discapacidad, diversidad sexual, víctimas, ruralidad, seguridad humana e interseccionalidad, permiten reconocer barreras que una política uniforme oculta.

Uno de los aportes del Plan es articular medidas para toda la población con intervenciones ligadas al territorio. La pobreza no tiene el mismo rostro en una capital que en una vereda; la discriminación tampoco opera bajo una sola forma. La política pública debe leer esas diferencias sin convertirlas en etiquetas ni en nuevas exclusiones o revictimizaciones.

La construcción de este Plan Nacional de Acciones en Derechos Humanos-PNADH reunió diversas voces de sectores y territorios, que suelen quedar por fuera de las decisiones. Ese origen participativo no basta. Su valor dependerá de la incidencia sobre presupuestos, prioridades y correctivos.

La participación pierde fuerza cuando se limita a reuniones o consultas. Gana sentido cuando la ciudadanía puede exigir cuentas, señalar incumplimientos y proponer cambios con efectos sobre la gestión pública. Cuando se activa y controla para exigir y hacer valer sus derechos.

La eficacia definirá el Plan. El mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación reúne a la Comisión Intersectorial, los comités territoriales y el Comité Técnico Operativo. Una plataforma registrará metas, avances, alertas y obstáculos. Pero ningún sistema de información reemplaza el presupuesto, la capacidad institucional ni la decisión y voluntad política. Sin esos soportes, las 200 acciones quedarán atrapadas en matrices y reportes.

Por ejemplo, el Decreto 0650 de 2026, que establece lineamientos para avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano, permite observar el tipo de transformación que el Plan propone: memoria, reconocimiento, protección y garantías de no repetición. Su sentido no reside solo en medidas simbólicas, sino en responder a daños que afectaron la libertad sindical, la participación social y la democracia. Es decir, los derechos fundamentales del trabajo. Ambos instrumentos, llevan décadas de anhelos y de construcción colectiva. Ojalá siguientes gobiernos los apliquen.

Por eso el reto es impedir que el PNADH se convierta en otro archivo de buenas intenciones. Los derechos salen del papel cuando una familia accede a alimentos, una comunidad protege su agua, una mujer participa sin miedo, un líder social conserva la vida y una víctima obtiene justicia. Es más cuando se accede en igualdad de condiciones a cualquier proceso. La democracia se mide en esos hechos. Dignidad, recursos, presencia estatal y control ciudadano deben encontrarse en cada territorio. Esa será su medida. Esto va más allá de ideologías o posiciones contradictorias: es la vida, la gente, su esperanza.

@rvillasanchez

El derecho penal frente a la gobernanza criminal

2026-07-07T08:18:16.111-05:00

PUNTO DE VISTA

El derecho penal frente a la gobernanza criminal

Por Ricardo Villa Sánchez

El recrudecimiento del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande, deja una discusión que el derecho penal colombiano no puede aplazar: el crimen organizado ya no actúa solo como banda armada. En varios territorios opera como poder de facto. Cobra, ordena, desplaza, recluta, regula mercados, controla rutas, impone silencio y sustituye al Estado en la vida cotidiana. A veces las normas van a un ritmo y la criminalidad a otro.

La Alerta Temprana de Inminencia 014-2026 de la Defensoría del Pueblo, muestra que la disputa entre el EGC y las ACSN, se proyecta sobre el sistema hídrico que conecta la Sierra Nevada, el río Magdalena, la Ciénaga Grande y el mar Caribe, poblaciones que aparecen bajo presión armada.

No se trata de una zona marginal. El complejo lagunar abarca cerca de 528.600 hectáreas, compromete a 26 entidades territoriales y concentra el 98,5 % de su extensión en el Magdalena. Allí viven comunidades anfibias, con necesidades básicas insatisfechas del 47,15 % en cabecera y del 50,04 % en zona rural.

El dato social agrava el dato penal. Sitionuevo registra 25.668 víctimas en el Registro Único de Víctimas; el 82 % corresponde a desplazamiento forzado. Con una perversa memoria de violencias, daño, miedo acumulado y presencia institucional insuficiente. Esa combinación permite que el delito deje de ser hecho aislado y se convierta en forma de gobierno.

El informe Control total, de la Fundación Ideas para la Paz, completa el panorama. Las ACSN aparecen como estructura armada organizada de crimen de alto impacto, con raíces en ciclos paramilitares, Bacrim, narcotráfico y extorsión. El Bloque Resistencia Tayrona se desmovilizó en 2006 con 1.166 integrantes y 597 armas entregadas. Cambió la sigla, pero varias rentas, mandos y prácticas sobrevivieron o se heredaron.

Las cifras revelan la escala del problema. La extorsión produciría entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales. Los cobros van de 30.000 pesos a 30 millones. Cerca del 95 % de prestadores turísticos pagaría algún tipo de exacción. La plaza de mercado de Santa Marta podría generar más de 10.000 millones de pesos al año en extorsiones. En 2025 se incautaron 35 toneladas de cocaína en Magdalena y La Guajira; el 85 % se concentró en Santa Marta y Uribia. Entre 2020 y 2025, Santa Marta registró 81 toneladas incautadas.

El Código Penal permite perseguir homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, lavado de activos y reclutamiento. Pero una suma de expedientes no desmonta una gobernanza criminal. Colombia necesita una ley de sometimiento para organizaciones armadas de crimen de alto impacto que se adapte a los nuevos tiempos y conductas punibles.

Ese piso jurídico debe incluir beneficios judiciales condicionados, verdad plena, entrega de bienes, reparación a víctimas, desmonte de redes económicas, colaboración contra testaferros, financiadores y lavadores, restricción efectiva de libertades, control de reincidencia, protección comunitaria y enfoque territorial.

La paz, sin embargo, no puede resolver los problemas del grupo armado y olvidar los de la gente. Debe abrir igualdad de oportunidades para quien cumpla la ley y regrese a la vida civil: educación, trabajo, salud mental, inclusión productiva, bancarización, vivienda, subsistencia digna y acompañamiento institucional. La habilitación política podría examinarse bajo condiciones estrictas, sin impunidad y con límites frente a delitos graves.

A quinientos años de Santa Marta, cruzar la página no significa celebrar postales. Significa recuperar agua, montaña, mercado, turismo y ciudadanía. Sin justicia no hay paz. Pero sin oportunidades, la cárcel sola recicla el crimen. En la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande, someter al crimen exige quitarle rentas, mando y futuro, sometiendolos a las reglas del Estado social de derecho y de la democracia.

@rvillasanchez

Conversemos

2026-07-07T07:33:57.904-05:00

PUNTO DE VISTA

CONVERSEMOS

Por Ricardo Villa Sánchez

El conflicto armado en el Caribe dejó de moverse por las trochas de la Sierra Nevada. Tomó los caños, cruzó la Ciénaga Grande de Santa Marta, tocó los pueblos palafíticos y convirtió el agua, que debía ser camino de vida, en corredor del miedo.

La Alerta Temprana de Inminencia 014-2026 de la Defensoría del Pueblo pone el dedo sobre una realidad que no admite distancia: la disputa entre estructuras armadas amenaza el sistema hídrico que conecta la Sierra, el río Magdalena y el mar Caribe.

Ese giro obliga a cambiar la mirada. En Sitionuevo, Nueva Venecia, Buenavista, Palermo, Puebloviejo y la Ciénaga Grande viven pescadores, familias de cultura anfibia, mujeres, jóvenes, comerciantes, operadores turísticos y liderazgos sociales. Allí la violencia no llega siempre con estruendo. A veces llega como orden pequeña: no pescar en tal zona, cerrar temprano, bajar la voz, pagar, callar, pedir permiso para seguir con vida.

El informe Control total, de la Fundación Ideas para la Paz, completa el mapa. Las ACSN encajan en una categoría jurídica precisa: estructura armada organizada de crimen de alto impacto. Tienen arraigo territorial, rentas de extorsión, vínculos con economías ilícitas y formas de control que vienen de ciclos paramilitares. Pero, su poder no nace del fusil. Nace de algo menos visible y más dañino: administrar la rutina ajena.

Ahí está el nudo del asunto. La gobernanza criminal es violencia estructural y simbólica ñ. Se presenta como orden, seguridad o justicia de atajo, pero produce obediencia por miedo. Decide quién trabaja, quién pesca, quién abre un negocio, quién paga, quién habla y quién se desplaza. Cuando una comunidad necesita permiso para existir, la democracia perdió terreno.

Por eso, cerrar el Espacio de Conversación para la Construcción de Paz sería un error. Dejarlo abierto, como venía sin reglas, método ni resultados, sería otro error craso. El camino no debe confundirse con negociación política, pero tampoco con que en nombre de una rara discreción, dejar hacer dejar pasar el tiempo. Debe seguir su ruta estratégica de sometimiento a la justicia desde un enfoque territorial y humanitario tanto de sujeción a la justicia: verdad, reparación, entrega de bienes, ruptura con la extorsión como de desmonte de las redes económicas que sostienen el crimen.

El sometimiento tampoco puede lanzar a nadie al vacío. Quien deje las armas, diga la verdad, repare a las víctimas, entregue bienes, rompa con economías criminales y cumpla la ley, debe encontrar una puerta de regreso a la vida civil. No como premio. Como garantía de no repetición.

El nuevo marco legal debe contemplar beneficios condicionados, proporcionales y revocables. Y debe incluir una base de subsistencia digna: educación, formación para el trabajo, atención psicosocial, inclusión productiva, empleo y acompañamiento institucional. Sin eso, el desmonte queda a medias.

La ley, aunque es urgente y clave, sin embargo, no alcanza por sí sola. Se necesita Estado en el agua y en la montaña. Fuerza en los corredores fluviales y en los caminos de herradura. Fiscalía en territorios de difícil acceso. Jurisdicción agraria en el terreno. Protección colectiva. Prevención del reclutamiento. Inversión social. Turismo limpio. Agua potable. Saneamiento. Seguridad humana.

Conversemos, sí. Pero conversemos con Estado, justicia, territorio y oportunidades. Para que el agua vuelva a ser camino de vida. Para que la Sierra y la Ciénaga salgan del gobierno del crimen y respiren, de nuevo, bajo el umbral de la calidad de la democracia.

@rvillasanchez

La Sierra Nevada no puede esperar

2026-07-04T13:08:13.149-05:00

PUNTO DE VISTA

La Sierra Nevada no puede esperar

Por Ricardo Villa Sánchez

La Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón del mundo para los pueblos originarios. Es también el pulmón ambiental del Caribe, un corredor estratégico de la frontera norte, reserva de agua, territorio pluriétnico y memoria viva de una región que ha padecido abandono, violencia y exclusión. Aun así, sigue siendo uno de los lugares más hermosos de Colombia.

Durante décadas, la ausencia selectiva del Estado permitió que estructuras armadas ilegales ocuparan funciones básicas de autoridad. Allí donde no llegaron el agua, la justicia, la educación, las vías, la salud ni las oportunidades para los jóvenes, llegaron otros con armas, miedo, extorsión y control social. Esa realidad no puede seguir maquillándose con discursos ni con diagnósticos repetidos que han generado ruido, poco avance y desesperanza.

Por eso, la continuidad del proceso de paz en la Sierra Nevada debe sostenerse, pero con rigor y sin vetos. No se trata de una negociación política con una insurgencia, sino de un proceso judicial, territorial y humanitario con actores armados con arraigo y control territorial. Esas organizaciones deben someterse a la justicia, entregar verdad, reparar a las víctimas, desmantelar sus redes económicas y cesar toda forma de dominio violento sobre la población. También deben abrirse caminos para que quienes abandonen la criminalidad puedan aportar a la sociedad desde otros espacios de la vida civil.

La paz no puede confundirse con impunidad. Tampoco con una guerra total que termine castigando, otra vez, a las comunidades. El camino democrático exige un piso jurídico claro. El Congreso debe expedir una ley de sometimiento que defina beneficios proporcionales, condicionados y revocables. Sin esa arquitectura legal, el Gobierno conversa, la Fiscalía judicializa, las comunidades desconfían y los armados calculan.

Pero la ley, por sí sola, no basta. Si una estructura se repliega y el Estado no ocupa integralmente el territorio, otros actores llegarán a administrar las mismas rentas ilegales. Ese reciclaje de la violencia sería letal. Por eso, cualquier proceso de desmovilización debe estar acompañado de fuerza pública con enfoque de derechos humanos, justicia ordinaria, protección a líderes sociales, presencia institucional, inversión productiva y garantías para la infancia. También debe ofrecer nuevas oportunidades a quienes decidan dejar las armas y construir un proyecto de vida dentro de la legalidad.

La paz se mide en hechos concretos: cuando baja la extorsión, cuando un joven deja de ser reclutado, cuando una lideresa puede hablar sin miedo, cuando un campesino trabaja sin pagar vacuna, cuando el turismo deja de financiar mafias y cuando el agua llega como derecho, no como favor político. Sobre todo cuando se puede caminar el territorio con tranquilidad.

Santa Marta tiene ante sí una oportunidad histórica. A quinientos años de su fundación, no puede limitarse a celebrar una postal colonial mientras sus corregimientos, ríos, playas y montañas siguen cargando deudas sociales centenarias. El verdadero legado debe ser democracia y paz con justicia social y desarrollo humano sostenible, con agua, seguridad humana, reordenamiento territorial, memoria, turismo sostenible, desarrollo agroindustrial y protección ambiental. La Sierra no puede esperar. La paz debe continuar, pero con verdad, justicia, Estado, comunidad y democracia. Aún hay esperanza y fe y entre todos, estamos dispuestos a seguir apoyando este esfuerzo.

La coherencia como Matria

2026-06-25T12:12:32.693-05:00

La coherencia como Matria

Por Ricardo Villa

En política uno puede equivocarse. Puede interpretar mal una coyuntura, perder una elección, fallar en una estrategia o depositar confianza donde no debía. La política está hecha de decisiones humanas, de incertidumbres y de caminos que no siempre conducen al destino esperado. Lo que no puede perderse es la coherencia con las ideas, con la palabra empeñada y con los compromisos asumidos ante la gente.

Esa es la frontera ética que ningún proyecto de transformación debería cruzar.

Los procesos de cambio no se miden únicamente por la fuerza de sus discursos ni por la magnitud de sus victorias. También se evalúan por su capacidad para mantenerse conectados con las necesidades reales de quienes los hicieron posibles. Cuando el poder rompe ese vínculo, cuando el debate colectivo se sustituye por círculos cerrados y cuando la crítica se interpreta como una amenaza en lugar de un derecho democrático, la esperanza comienza a correr el riesgo de parecerse al privilegio.

La coherencia no exige perfección. Exige honestidad política. Exige reconocer errores, rectificar rumbos y volver a escuchar. Ninguna patria grande puede construirse desde la exclusión del otro. Ningún proyecto democrático puede reducirse a una lista de leales y adversarios. La democracia necesita deliberación, control ciudadano, pluralismo y respeto por la diferencia.

Ser consecuente significa comprender que las instituciones pertenecen a la ciudadanía y no a quienes las administran temporalmente. Los cargos pasan. Los gobiernos terminan. Las mayorías cambian. Lo que permanece es la credibilidad construida entre lo que se piensa, se dice y se hace. También la capacidad de ponerse en el lugar del otro, reconocerlo como sujeto de derechos y construir con él un horizonte compartido.

Por eso la tarea del progresismo no consiste en negar sus errores ni en abandonar sus banderas. Consiste en defenderlas con humildad, transparencia y sentido colectivo. La justicia social, la paz, el trabajo digno, la dignidad humana y la apertura democrática continúan siendo causas necesarias. Los avances alcanzados en favor de las mayorías populares demuestran que es posible gobernar colocando en el centro a quienes durante décadas permanecieron en los márgenes.

La Matria que soñamos no puede levantarse sobre vetos, sectarismos ni vanidades. Debe construirse con pueblo, con memoria, con diversidad y con una ética pública capaz de resistir las tentaciones del poder.

Uno puede equivocarse en política. Lo imperdonable es dejar de ser consecuente.

Seguimos.

@rvillasanchez

El balón está en la cancha de los escrutinios

2026-06-22T08:39:07.883-05:00

PUNTO DE VISTA

EL BALÓN ESTÁ EN LA CANCHA DE LOS ESCRUTINIOS

Por Ricardo Villa Sánchez

La noche del 21 de junio de 2026 dejó una imagen difícil de ignorar: dos proyectos de país separados por un margen mínimo en el preconteo. Colombia se fue a dormir con una pregunta rondando en millones de hogares: si la diferencia es tan estrecha, ¿quién está cuidando nuestros votos mientras el país descansa? La respuesta no está en los estudios de televisión ni en el ruido de las redes sociales. Está en los escrutinios.

Conviene recordarlo porque, en momentos de alta tensión política, la velocidad suele ganarle a la precisión. El preconteo no elige presidente. Es una herramienta informativa diseñada para ofrecer una tendencia rápida de los resultados.

El resultado oficial surge después, cuando las comisiones escrutadoras revisan actas, verifican formularios, resuelven reclamaciones y consolidan la votación definitiva ante jueces y notarios y testigos escrutadores. Dicho de manera sencilla: el preconteo nos entrega una fotografía inicial; los escrutinios cuentan la historia completa.

Mientras buena parte del país debate ganadores y perdedores, miles de personas continúan trabajando sobre los documentos electorales. Hay testigos con los ojos cansados de revisar formularios E-14, observadores que contrastan cifras, abogados que presentan reclamaciones y funcionarios que vuelven sobre una misma acta porque saben que un número mal registrado puede representar cientos de votos. Nuestra democracia también ocurre allí, lejos de los reflectores.

La experiencia colombiana demuestra que estas revisiones no son un simple formalismo. En las elecciones legislativas de 2022, el Pacto Histórico pasó de 2.302.847 votos reportados inicialmente a 2.692.999 tras los escrutinios. Más de 390.000 sufragios fueron incorporados al resultado definitivo después de reclamaciones y verificaciones institucionales. Aquella corrección modificó la composición del Congreso y recordó que los resultados preliminares no siempre coinciden con el conteo final.

Algo similar ocurrió con el partido MIRA. Tras las elecciones al Senado de 2014, perdió inicialmente su representación parlamentaria. Luego de una extensa batalla jurídica, el Consejo de Estado concluyó en 2018 que existieron irregularidades que afectaron el resultado electoral. El partido pasó de 334.836 votos a 350.942 votos válidamente reconocidos, recuperó tres curules y regresó al Congreso. La lección sigue vigente: los escrutinios y los mecanismos de control existen precisamente para corregir errores y proteger la voluntad popular. No son una falla de la Matrix, son una de sus principales garantías.

Por eso las discusiones sobre auditorías tecnológicas, trazabilidad digital y transparencia electoral deben asumirse con serenidad y rigor. Verificar procedimientos, revisar sistemas informáticos o fortalecer los mecanismos de auditoría no significa desconocer resultados. Significa fortalecer la confianza ciudadana. En democracia, la credibilidad no depende de actos de fe, sino de la posibilidad de comprobar que las reglas se cumplieron.

El balón sigue en la cancha de los escrutinios. Allí, lejos de las cámaras y de los anuncios prematuros, se juega el partido que realmente define una elección: el de contar bien cada voto. Tal vez no haya problema en revisar formularios hasta la madrugada o corregir una cifra escrita a mano, si es para solucionar una duda. Pero de ese trabajo silencioso depende algo fundamental: que millones de colombianos, hayan votado por quien hayan votado, puedan aceptar el resultado con la certeza de que su decisión fue respetada. Esa es una de las reglas procedimentales de la democracia.

Al final, la democracia también se parece a eso: ciudadanos, instituciones y reglas trabajando juntos para que la voluntad popular llegue intacta a la meta. Porque cuando la transparencia prevalece sobre la sospecha y la verdad electoral se impone sobre la incertidumbre, no gana únicamente un candidato. Gana Colombia.

@rvillasanchez

La Fiesta de la Dignidad

2026-06-20T12:06:25.551-05:00

PUNTO DE VISTA

LA FIESTA DE LA DIGNIDAD

Por Ricardo Villa Sánchez

Llegué cuando la fiesta ya estaba prendida. La canción Cali Pachanguero, del Grupo Niche, sonaba en el Parque de las Banderas, mientras jóvenes bailaban entre coros y consignas, familias enteras caminaban entre abrazos, y aprendices del SENA se tomaban fotografías para conservar el recuerdo de una jornada que sentían propia. Trabajadoras domésticas, sindicalistas, repartidores de plataformas digitales y ciudadanos de todas las edades, compartían, casi en trance, una sensación poco frecuente en tiempos de tanta polarización, manipulación mediática y fragmentación: la esperanza.

No parecía una concentración política convencional. Tampoco una ceremonia oficial. Se parecía más a una celebración colectiva en la que más de veinte mil personas sentían que una parte de su historia estaba siendo reconocida. Fue entonces cuando comprendí que aquella tarde no giraba solo alrededor del primer aniversario de la Reforma Laboral. Lo que se celebraba era algo más profundo: el reconocimiento de quienes durante años esperaron ser escuchados e incluidos.

Desde la tarima, el presidente Gustavo Petro presentó un balance que buscó conectar las normas con la vida cotidiana de millones de colombianos. Recordó que el recargo nocturno volvió a reconocerse desde las siete de la noche, que los recargos dominicales y festivos avanzan de manera progresiva hacia el ciento por ciento, que el contrato a término indefinido recupera su papel como regla general y que sectores que durante nuestra historia republicana han sido invisibilizados, como las trabajadoras domésticas, los aprendices del SENA y quienes laboran mediante plataformas digitales, cuentan hoy con mayores garantías laborales y protección social.

También anunció el ascenso de 17.161 patrulleros y patrulleras al grado de subintendente, una decisión presentada como reconocimiento a quienes integran la base de la Policía Nacional. Reiteró su compromiso con la educación superior pública y mencionó resultados que, según el balance gubernamental, reflejan avances en la reducción de la pobreza y en la protección de la infancia. Entre ellos, que 3,8 millones de personas habrían salido de la pobreza monetaria y 1,8 millones de la pobreza extrema, además de una reducción de la mortalidad perinatal asociada al fortalecimiento de la atención preventiva en salud.

Sin embargo, más allá de los anuncios y las estadísticas, el mensaje central fue otro. El trabajo decente apareció como uno de los pilares de una visión de país en la que la justicia social deja de ser una aspiración abstracta para convertirse en política pública. La reforma fue presentada como una respuesta a las demandas de millones de trabajadores que durante décadas vieron debilitadas sus garantías en nombre de la flexibilización económica. Profundizar la democracia, es activar a todos como ciudadanos.

El discurso también estuvo atravesado por la coyuntura crítica política. Petro defendió la continuidad de las transformaciones impulsadas durante estos años y llamó a la ciudadanía a participar activamente en la vida democrática. Lo hizo desde la convicción de que los avances sociales requieren respaldo ciudadano para consolidarse y perdurar. El voto masivo, es una bola de nieve. A eso le temen, al despertar del pueblo, por sus derechos y la vida digna.

Pero la imagen que permanece no es la de la controversia ni la de la confrontación. Es la de una plaza llena de personas celebrando la posibilidad de vivir mejor.

Al finalizar su intervención, el presidente agradeció a Cali, a sus trabajadores, a sus jóvenes, a sus mujeres y a los sectores populares que llenaron el Parque de las Banderas. También les agradeció por permitir ser su presidente para cumplir su mandato popular. No fue un gesto menor. La ciudad que durante años simbolizó movilización social, resistencia y demanda de cambios, apareció convertida en escenario de una conversación nacional sobre derechos, oportunidades y futuro.

Desde esa perspectiva, cuando una sociedad vuelve a discutir sobre trabajo decente, educación, protección social y justicia económica, la democracia deja de ser una idea abstracta y se vuelve una forma de vida. Y quizás esa fue la verdadera noticia que dejó Cali: ver a miles de personas reunidas no para reclamar lo que les falta, sino para celebrar lo que sienten que empiezan a recuperar su dignidad y derechos. En una época marcada por el desencanto, esa imagen vale tanto como cualquier cifra. La esperanza, después de todo, también puede llenar una plaza pública con alegría.

@rvillasanchez

Con dignidad, cumplimos

2026-06-15T08:54:47.415-05:00

PUNTO DE VISTA

CON DIGNIDAD

CUMPLIMOS!

Por Ricardo Villa Sánchez

Crecí viendo dos Colombias. Parecía que la historia oficial mirara a cada una, desde un solo ojo y no la viera en su integridad y perspectiva. Una donde las oportunidades parecían estar al alcance de la mano y otra donde millones de personas luchaban cada día por salir adelante. Mientras unos podían proyectar su futuro con relativa tranquilidad, otros enfrentaban barreras que limitaban el acceso a la justicia social, a la educación, la salud, el empleo y, en muchos casos, a la esperanza misma.

Durante años se instaló la idea de que esa realidad era inmodificable. Se nos dijo que la pobreza era una condición inevitable, que la desigualdad formaba parte del orden natural de las cosas y que ciertas regiones estaban condenadas al rezago. Alguna vez hasta le escuché a los que tenían el ojo que da al corazón vendado, que se necesitaba que hubieran pobres para que hayan ricos. Mi padre también decía que había que derrotar a la pobreza porque en Colombia había riqueza absoluta porque había pobreza absoluta. Crecí asumiendo esta disyuntiva como una promesa de cambio que aún no había sido cumplida.

Esa narrativa terminó convirtiéndose en una forma de resignación colectiva, funcional a estructuras históricas de exclusión que encontraban estabilidad en la concentración de privilegios y oportunidades. Sin embargo, la experiencia demuestra que las sociedades pueden transformarse cuando existe voluntad política, inversión social y una visión de desarrollo centrada en la dignidad de las personas.

La justicia social desde esa perspectiva, se parece a una semilla. Cuando un campesino la deposita en la tierra no obtiene resultados inmediatos. Primero crecen las raíces, en medio de un avatar de hongos. Nadie las ve, debajo de la tierra que genera vida. Después aparecen el tallo, las hojas y finalmente los frutos. No hay milagros. No hay magia. Hay trabajo, paciencia y perseverancia. Las transformaciones sociales suelen seguir ese mismo camino.

Las cifras recientes reflejan algunos de esos frutos. Entre 2022 y 2025, cerca de cuatro millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria y alrededor de un millón superó la pobreza extrema. Al mismo tiempo, la pobreza multidimensional descendió hasta el 9,9 %, el nivel más bajo registrado desde que comenzó su medición. La desigualdad también disminuyó y la clase media volvió a crecer.

Detrás de esos números hay historias concretas. Son familias que mejoraron sus condiciones de vida, jóvenes que encontraron oportunidades de formación, trabajadores con mayores ingresos y comunidades que comenzaron a acceder a servicios que durante años les fueron negados. Aumentaron sus ingresos, su desarrollo humano y la economía no colapsó.

Estos resultados obedecen a decisiónes políticas consecuentes. Responden a una estrategia que reconoce que la pobreza tiene múltiples causas y, por tanto, exige respuestas integrales.

En educación, la ampliación de la cobertura y la gratuidad permitió que más de 954.000 estudiantes accedieran a la educación superior sin costo y que cientos de miles de jóvenes ingresaran a universidades e instituciones tecnológicas. Además también pensando en la calidad de la educación y en construir unidades operativas, donde la gente no tenía oportunidades, más allá, al parecer, de las que creaba, como únicas, en una ficción perversa de la vida, las raíces del conflicto armado. Allí en esos territorios segregados pero bellos, también en salud más de 10.050 Equipos Básicos de Salud, llevaron atención preventiva a su población y contribuyeron a preservar la vida de más de 5.300 niños menores de un año.

En el campo, nuestro mayor espacio público, más de 2,1 millones de hectáreas fueron formalizadas, 764.000 adquiridas para la reforma agraria y 384.000 restituidas. A muchos que como Doña Barbara, corrieron las cercas, con total descaro, los obligaron a devolver las tierras baldías, que habían ocupado. El Banco Agrario desembolsó más de 44 billones de pesos en crédito productivo. No se trata solamente de tierra. Se trata de arraigo, soberanía alimentaria, identidad, producción y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y actor político. Se trata de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y de que nuestra gente vuelva a vivir y a trabajar la tierra, la matria.

A esto se suman avances en vivienda, agua potable, saneamiento básico, conectividad rural, cultura y transición energética. También se consolidó la idea del salario vital. Y contra muchos pronósticos, el desempleo descendió mientras la inflación retrocedió, fortaleciendo el poder adquisitivo de millones de hogares.

A primera vista parecen políticas distintas: educación, salud, tierra, vivienda, trabajo, cultura y energías limpias. Pero todas responden a una misma pregunta: ¿cómo garantizar que cada persona pueda desarrollar plenamente sus capacidades y construir un proyecto de vida digno?

La respuesta tiene un nombre: dignidad humana. Hace más de dos siglos, Immanuel Kant escribió que cada persona debe ser tratada siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio para los intereses de otros. Esa idea sigue siendo revolucionaria. Significa que nadie nació para ser invisible. Nadie nació para ser descartable. Nadie nació para quedarse atrás.

También significa que la democracia no consiste sólo en votar. Consiste en pensar por nosotros mismos, escuchar antes de juzgar, ponernos en los zapatos de los demás y reconocer, con empatía, al otro como sujeto de derechos y actor político.

Por supuesto, Colombia aún enfrenta desafíos profundos. Persisten brechas sociales, desigualdades territoriales y problemas de seguridad que exigen respuestas sostenidas. Pero reconocer lo que falta no debería impedir valorar lo que se ha conseguido y lo que se debe continuar y consolidar.

Cuando una joven accede a la educación superior, cuando un campesino obtiene acceso a la tierra, cuando una familia recupera la confianza en el futuro o cuando una comunidad logra ampliar sus oportunidades, el país avanza. Sobre todo cuando un bebé en riesgo sobrevive con su derecho a la salud garantizado.

La dignidad humana no es una consigna. Es la medida real del progreso.

Porque cuando se avanza en hacer realidad la dignidad, avanza Colombia. Avanza nuestro país. Avanza nuestra patria. Avanza nuestra nación. Y las mayorías viviremos bien, en nuestro país de la belleza, para todos.

La justicia social potencia la vida

2026-06-12T21:30:02.890-05:00

PUNTO DE VISTA

CUANDO LA JUSTICIA SOCIAL POTENCIA LA VIDA

Por Ricardo Villa Sánchez

La política suele evaluarse a partir de elecciones, discursos y confrontaciones. Sin embargo, hay momentos en los que resulta necesario observar algo más elemental y, a la vez, más profundo: cómo cambia la vida de las personas cuando el Estado decide situar la justicia social entre sus principales prioridades.

Durante décadas, Colombia convivió con la idea de que la pobreza, la desigualdad y la exclusión eran males crónicos, casi inevitables. Por eso, más allá de simpatías, afinidades o discrepancias políticas, los resultados sociales registrados en los últimos años merecen una reflexión serena.

De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de cuatro millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria entre 2022 y 2025, mientras alrededor de un millón logró superar la pobreza extrema. Al mismo tiempo, la pobreza multidimensional cayó al 9,9 %, el nivel más bajo desde que se realiza esta medición, y los indicadores de desigualdad mostraron una reducción significativa.

Sin embargo, la justicia social no puede medirse únicamente en términos de ingresos.

También se refleja en las oportunidades que se abren para quienes históricamente han estado al margen. En educación, por ejemplo, el país alcanzó una inversión cercana a los 88 billones de pesos. Más de 954.000 estudiantes accedieron a la gratuidad en la educación superior, 347.000 jóvenes ingresaron al sistema universitario y cerca de dos millones de niños fortalecieron su acceso a la educación inicial.

Algo similar ocurre en salud. La presencia de más de 10.050 Equipos Básicos de Salud en los 32 departamentos, integrados por alrededor de 90.000 profesionales, permitió ampliar la atención preventiva y llegar a territorios donde durante años la presencia institucional fue limitada. Según los reportes oficiales, esta estrategia contribuyó a que más de 5.300 niños menores de un año conservaran la vida.

Los avances también alcanzan al campo colombiano. La formalización de más de 2,1 millones de hectáreas, la adquisición de 764.000 hectáreas para la reforma agraria, la restitución de otras 384.000 y la colocación de más de 44 billones de pesos en crédito productivo a través del Banco Agrario reflejan una apuesta por fortalecer la economía rural y reconocer el papel estratégico de los campesinos en el desarrollo nacional como sujetos de derechos y actores políticos.

A ello se suman mejoras concretas en la calidad de vida de millones de personas: el acceso al agua potable para 1,9 millones de habitantes, la ampliación del saneamiento básico para 2,4 millones, la entrega de más de 283.000 subsidios de vivienda, el mejoramiento de 241.000 hogares y la conectividad para cerca de 19.000 escuelas rurales.

Desde una perspectiva progresista, estos resultados tienen un significado que trasciende las cifras. La justicia social no consiste solamente en redistribuir recursos; implica ampliar oportunidades, remover obstáculos históricos y crear condiciones para que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y construir proyectos de vida con dignidad.

Por supuesto, Colombia sigue enfrentando desafíos de enorme magnitud. Persisten brechas territoriales, problemas de seguridad, altos niveles de informalidad laboral y desigualdades acumuladas durante generaciones. No obstante, los avances observados muestran que la exclusión no es una condena inmodificable y que las políticas públicas, cuando se sostienen en el tiempo, pueden producir transformaciones reales.

Por eso, la discusión de fondo no debería reducirse a los nombres de quienes gobiernan ni a las disputas coyunturales de la política. La cuestión verdaderamente relevante es si las transformaciones que han contribuido a reducir la pobreza, ampliar oportunidades y fortalecer derechos sociales deben mantenerse, consolidarse y profundizarse.

Porque cuando la justicia social logra traducirse en mejores condiciones de vida, el beneficio no es para un gobierno ni para una corriente política, es para toda Colombia.

La palabra presidencial

2026-06-10T13:31:49.991-05:00

PUNTO DE VISTA

La palabra presidencial y el equilibrio de poderes

Por Ricardo Villa Sánchez

La apertura de una investigación contra el presidente Gustavo Petro por algunas de sus publicaciones en la red social X ha generado una controversia jurídica y política. Más allá de los titulares, de las emociones partidistas y de la polarización electoral, surge una pregunta más de fondo: ¿cómo opera el equilibrio entre la libertad política, el control institucional y la democracia constitucional?

La cortina de humo que necesitaban cuando asumimos nuestro rol en el Consejo de Seguridad de las Naciones y la tormenta perfecta cuando ya casi termina el primer gobierno progresista en Colombia y se abren las puertas para que se continúe y consolide un sendero de transformación social y holistica en Colombia.

En ese contexto es clave comenzar por una precisión elemental. Remember: Investigar no equivale a condenar. La decisión adoptada de la apertura de una indagación con base en una queja ciudadana, por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, corresponde a una fase preliminar, cuyo objeto consiste en verificar hechos, recaudar pruebas y establecer si existen razones para continuar el procedimiento. No existe sanción. No existe destitución. No existe declaración de responsabilidad, bajo los principios, ojalá, del debido proceso.

Por esa razón, la discusión exige una mirada más amplia. Las democracias conviven con una tensión permanente entre dos principios que comparten legitimidad: el control sobre quienes ejercen el poder y la protección de la deliberación política. Cuando ambos principios parecen enfrentarse, la Constitución fija las reglas para resolver la controversia.

Las publicaciones objeto de examen abordan reformas sociales, transición energética, desigualdad, democracia, paz, derechos sociales y modelo económico. Además la defensa de un Pla de Desarrollo consecuente con un mandato popular legítimo para potenciar la vida. Se trata de asuntos que ocupan el centro del debate público. La cuestión no radica en si esas opiniones generan respaldo o rechazo. La cuestión consiste en determinar si un presidente elegido para impulsar un proyecto político conserva la facultad de defender las ideas que dieron origen a su mandato.

La Constitución de 1991 estableció un régimen especial para el Presidente de la República. No responde a una prerrogativa personal. Responde a una garantía institucional. El fuero constitucional reforzado protege dos bienes simultáneos: la responsabilidad política del mandatario y la estabilidad del Estado. En este contexto, el Presidente no queda sujeto a los mismos procedimientos previstos para otros servidores públicos.

La Comisión de Acusaciones posee facultades de investigación, recaudo probatorio y formulación de acusaciones. Sin embargo, la tradición constitucional colombiana parte de un principio básico: ninguna autoridad concentra al mismo tiempo las facultades de investigar, acusar, juzgar y sancionar al jefe de Estado. La Constitución distribuye esas competencias entre la Comisión, la Cámara de Representantes y el Senado para preservar el sistema de pesos y contrapesos que sostiene el orden democrático.

Por eso este caso supera la figura de Gustavo Petro. Lo que se encuentra en juego es la forma como Colombia interpreta la relación entre representación democrática, control institucional y libertad de expresión política. Si un presidente pierde la posibilidad de defender las reformas que impulsa, advertir sobre riesgos para el país o participar en la conversación pública acerca del rumbo de la República, el debate democrático pierde alcance y profundidad.

Las instituciones tienen el deber de ejercer control. Esa función constituye una condición de la democracia. Las garantías constitucionales cumplen otra tarea: proteger el pluralismo político, la soberanía popular y la circulación de las ideas. Fundamentos de la institucionalidad. Entre esos principios se define una parte importante de la calidad de nuestra vida democrática.

Existe además un riesgo que merece atención. Cuando la controversia abandona los principios constitucionales y gira hacia la confrontación personal con el mandatario, el debate pierde densidad jurídica y adquiere el carácter de un sofisma de distracción. Bajo esas circunstancias, el control institucional puede aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como una disputa política antes que como una discusión sobre el alcance de las normas constitucionales.

Ese escenario explica el posible efecto bumerán. Los intentos de restringir una voz política suelen abrir debates más amplios sobre libertad de expresión, soberanía popular, representación democrática y separación de poderes. Lo que algunos interpretan como una controversia disciplinaria podría terminar fortaleciendo la reflexión constitucional sobre los límites del poder y las garantías de la democracia.

Colombia tiene una oportunidad para demostrar que una democracia constitucional puede investigar sin perseguir, controlar sin silenciar y tramitar sus diferencias sin excluir voces del debate público. La palabra presidencial no enfrenta una condena. Enfrenta un examen. De ese examen pueden surgir lecciones valiosas para la República y para el sistema de equilibrio de poderes que protege las libertades de todos. Dentro del imperio de la ley y del Estado social de derecho. En esa posibilidad descansa una de las mayores fortalezas de la democracia colombiana.

@rvillasanchez

Colombia ante el espejo

2026-06-07T18:12:43.900-05:00

PUNTO DE VISTA

Colombia ante el espejo: lo que está en juego.

Por Ricardo Villa Sánchez

Los gobiernos suelen ser juzgados por sus promesas. La historia, en cambio, termina juzgándolos por sus resultados. A medida que se acerca el final del mandato del presidente Gustavo Petro, buena parte de la conversación pública parece atrapada entre la polarización, los escándalos más que todo fake news cotidianos, y la velocidad vertiginosa de las redes sociales. Sin embargo, detrás de ese ruido emerge una pregunta mucho más relevante para el futuro del país: ¿qué hacer con los cambios que comenzaron a construirse durante estos cuatro años?

Esa es, en esencia, la discusión de fondo. No se trata únicamente de evaluar una administración ni de hacer balances de coyuntura. Se trata de determinar cuáles políticas públicas merecen consolidarse como políticas de Estado y cuáles requieren correcciones, ajustes o replanteamientos. En otras palabras, se trata de definir qué país queremos construir más allá de las campañas y de los gobiernos de turno.

Las alocuciones presidenciales de las últimas semanas han buscado precisamente defender una gestión mediante resultados presentados como verificables y ofrecer un balance que trascienda el debate electoral inmediato.

La política de drogas constituye uno de los ejemplos más visibles. Por primera vez en años aparecen indicadores que sugieren una reducción de cultivos ilícitos asociada a programas de sustitución voluntaria. Más de ocho mil hectáreas erradicadas por acuerdo con las comunidades, decenas de miles de familias vinculadas a economías legales y cifras históricas de incautaciones abren una discusión que supera cualquier administración en particular: ¿es posible construir seguridad humana mediante oportunidades económicas, presencia institucional y acuerdos territoriales? ¿O debe insistirse en estrategias que durante décadas mostraron resultados limitados frente a la magnitud del problema?

Una reflexión similar surge alrededor de la reforma agraria, los programas de desarrollo rural, la ampliación de la inversión social, la reducción de indicadores de pobreza y el fortalecimiento de la presencia estatal en regiones históricamente excluidas.

También aparece en el debate sobre la recuperación de Inravisión y el fortalecimiento de los medios públicos. Más allá de afinidades o diferencias ideológicas, la pregunta relevante es si Colombia necesita una esfera pública más plural, con mayor participación territorial y mejores mecanismos de rendición de cuentas, o si debe continuar dependiendo principalmente de un ecosistema comunicacional altamente concentrado y dominado por las élites financieras y empresariales.

Lo que reflejan las alocuciones, los informes de gestión y los debates recientes es que la discusión nacional ya no puede reducirse exclusivamente a nombres propios. Lo que está en juego son distintas maneras de entender el desarrollo, la seguridad, La Paz, la democracia y el papel del Estado en la construcción del bienestar colectivo.

Por un lado, se plantea una visión que considera la paz territorial, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, la cultura, las artes y los saberes, la participación ciudadana y la ampliación de oportunidades como pilares fundamentales del desarrollo. Más cercano al progresismo y a los debates actuales mundiales. Por otro, una visión que privilegia la reducción del tamaño del Estado, como pilar del neoliberalismo fracasado, una mayor centralidad del mercado y enfoques más restrictivos frente a los problemas sociales y de seguridad. Algo así como Petro Vs. Milei.

La democracia consiste precisamente en permitir que esas visiones compitan legítimamente en las urnas. Pero una democracia madura también debe ser capaz de reconocer los avances verificables, corregir los errores y preservar aquellas políticas que generen beneficios colectivos, independientemente del signo político de quien gobierne.

Las elecciones pasarán. Los gobiernos también. Pero las decisiones que se adopten sobre la paz territorial, la justicia social, la reforma agraria, la sustitución voluntaria de cultivos, la democratización de la información y la participación ciudadana, seguirán influyendo en el rumbo del país durante las próximas décadas. Son los derechos, las garantías, el bienestar social y la libertad política lo que hace grande a un país en sus instituciones, su ciudadanía y su territorio.

La verdadera disputa no radica únicamente en quién gana una elección. La verdadera disputa consiste en definir qué instituciones, qué políticas y qué consensos sobrevivirán cuando termine la campaña. Al final de cuentas, las naciones no avanzan por la intensidad de sus debates, sino por la capacidad de convertir sus aprendizajes en políticas duraderas. Nos encontramos hoy ante esa coyuntura crítica en la que los colombianos nos miramos frente a nuestro propio espejo.

La decisión, como siempre ocurre en democracia, está en las manos del pueblo. Y será la historia la que termine diciendo si fuimos capaces de preservar lo que funcionó, corregir lo que hizo falta corregir y construir, entre todos, un país más justo, más democrático y más incluyente para todos.

@rvillasanchez

La mentalidad del cangrejo

2026-06-03T08:40:27.029-05:00

PUNTO DE VISTA

Colombia y el balde de los cangrejos

Por Ricardo Villa Sánchez

Hay una imagen que vuelve a mi cabeza cada vez que observo esta campaña presidencial: un balde lleno de cangrejos.

La metáfora suele utilizarse para describir a quienes impiden que otros progresen. Cuando uno de los cangrejos logra acercarse al borde, los demás lo arrastran hacia abajo. Sin embargo, el antropólogo Peter Wilson, quien estudió las sociedades afrocaribeñas de Providencia, encontró algo más complejo: una tensión permanente entre distintas formas de obtener reconocimiento social.

Wilson distinguía entre la respetabilidad y la reputación. La primera surge de las instituciones, la educación, el prestigio profesional y la autoridad formal. La segunda nace de la experiencia cotidiana, de la capacidad para resolver problemas concretos y del reconocimiento que otorga la comunidad. Esa tensión ayuda a comprender parte del debate político que vive hoy Colombia. Más allá de los candidatos, la discusión gira alrededor de quién puede representar legítimamente al país y desde qué tipo de autoridad pretende hacerlo.

La elección presidencial ha puesto en evidencia una sociedad atravesada por profundas desigualdades, por la desconfianza hacia las instituciones y por distintas visiones sobre el futuro. La disputa ya no se libra únicamente en plazas públicas, congresos o tribunales. Como advierte Manuel Castells, el poder contemporáneo también se construye a través de narrativas que compiten por definir qué entendemos por democracia, libertad, seguridad, justicia, paz o cambio.

Pero ninguna narrativa logra sostenerse indefinidamente cuando millones de personas experimentan una realidad distinta en su vida cotidiana.

Ahí aparece el verdadero desafío democrático.

La polarización se alimenta cuando la política deja de concentrarse en los problemas reales de la ciudadanía y se convierte en una disputa permanente de miedos, agravios y desconfianzas. En ese escenario, los actores políticos terminan atrapados en un balde de cangrejos donde la energía colectiva se dedica a desacreditar al adversario mediante ataques, desinformación, odio, guerra mediática y confrontación, mientras los grandes desafíos nacionales quedan relegados a debates sin propuestas ni propósitos claros. El riesgo es que la indignación sustituya a las propuestas y que la lucha por derrotar al otro termine siendo más importante que la construcción de soluciones.

Colombia conoce bien las consecuencias de ese camino. Durante décadas, la confrontación política estuvo atravesada por el miedo, la exclusión y la violencia. Con demasiada frecuencia, el éxito de los liderazgos se midió por su capacidad para derrotar enemigos y no por su capacidad para mejorar la vida de los ciudadanos. Al punto que se banalizó el mal llamado “conteo de cuerpos”, la ruta del atajo y hasta del mal menor.

Por eso la tarea de la democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste en convertir las políticas públicas en experiencias vitales visibles.

Los ciudadanos no viven dentro de los planes de desarrollo ni de los informes gubernamentales. Viven en los barrios, las veredas, las escuelas, los hospitales y los hogares. Una reforma educativa adquiere sentido cuando abre oportunidades reales para quienes antes estaban excluidos. Una política agraria demuestra su valor cuando permite prosperar a las familias campesinas. La salud pública cobra significado cuando salva vidas. La protección social transforma la existencia de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. La paz deja de ser una consigna cuando reduce el miedo, transforma los territorios, promueve la democracia amplia, devuelve la tranquilidad y garantiza posibilidades de vida en bienestar social.

Cuando una política mejora efectivamente la existencia de las personas, deja de ser una promesa. Se convierte en experiencia. Y cuando esa experiencia se multiplica, la democracia deja de percibirse como una abstracción para convertirse en una realidad compartida.

La pregunta decisiva no es quién logra llegar al borde del balde.

La verdadera pregunta es si, como sociedad, seremos capaces de salir de este mismo con dignidad, paz y democracia.

Petro le cumplió al Caribe

2026-05-30T18:14:27.362-05:00

PUNTO DE VISTA

Petro le cumplió al Caribe

Por Ricardo Villa Sánchez

Hay regiones que pasan décadas escuchando promesas y agachando la cabeza ante las élites excluyentes. El Caribe colombiano ha sido una de estas. Tierra alegre, nostálgica, soñadora de puertos, de pescadores, de campesinos, de pueblos afrodescendientes y de culturas que ayudaron a construir la nación. Una región que le entregó al país música, biodiversidad, ciencia, tecnología, intelectualidad comercio y trabajo, mientras cargaba el peso de la desigualdad, el abandono estatal y la concentración de la riqueza. Remember: también es una tierra que en las urnas siempre decide.

La gira de cierre de mandato y de agradecimiento al mandato popular y ciudadano que hizo el presidente Gustavo Petro en Ciénaga, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla, tuvo un significado especial. Más que una serie de discursos, fue una rendición de cuentas territorial. La pregunta de fondo era sencilla: ¿el Estado volvió a mirar al Caribe?

Los hechos permiten afirmar que sí. En Ciénaga y Cartagena, el presidente puso en el centro la reforma agraria y la lucha contra la pobreza. Cerca de 182.000 hectáreas fueron entregadas o formalizadas en la región Caribe. En municipios de los Montes de María, símbolo histórico del despojo y del desplazamiento, cientos de familias recibieron tierras y seguridad jurídica. No se trata únicamente de hectáreas. Se trata de devolver oportunidades de movilidad social, donde durante años predominó la incertidumbre y la segregación. Es la posibilidad de producir alimentos, organizarse, reconstruir proyectos de vida y fortalecer la soberanía alimentaria.

Pero el cambio no llegó solamente al campo. También tuvo un rostro afrocolombiano. Programas como Hambre Cero, IRACA y ReSA acompañaron a más de 128.000 hogares de población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera en el Caribe. Detrás de las cifras aparecen nombres concretos: San Basilio de Palenque, Pueblo Viejo, Repelón, María La Baja y decenas de comunidades donde el Estado comenzó a hacerse visible en la transformación territorial con presencia institucional.

En Sincelejo, la llamada política de la vida encontró expresiones tangibles. Más de 102.000 adultos mayores fueron vinculados a Colombia Mayor y cerca de 29.000 hogares accedieron a Renta Ciudadana. La inversión social superó el billón de pesos en Sucre. Más de 270.000 personas mejoraron su acceso a agua potable y saneamiento básico. Detrás de cada número hay una madre cuidadora, un abuelo que recupera tranquilidad, un niño con esperanza, o una familia que ve ampliarse sus posibilidades de futuro.

Los resultados sociales empezaron a reflejarse en los indicadores. En departamentos como Atlántico la pobreza multidimensional descendió, mientras programas de protección social, alimentación y transferencias contribuyeron a reducir vulnerabilidades históricas. La educación fue prioridad nacional en Barranquilla, entre otros logros sociales, se avanzó en derecho al mínimo vital de agua, al mejoramiento de vivienda y ampliaron los ingresos a la población adulto mayor. Los discursos se los lleva el viento; los datos permanecen. Además, las mayorías en las pasadas elecciones se pronunció de manera contundente castigando en las urnas a las casas políticas de la región Caribe.

El Caribe también fue protagonista de la transición energética. La región dejó de ser vista únicamente como territorio extractivo o de combustible fósil, para convertirse en escenario estratégico de energías limpias, proyectos solares y nuevas apuestas de desarrollo sostenible. La discusión dejó de ser cómo extraer más recursos y comenzó a incluir cómo producir bienestar sin destruir el territorio. Poniendo como ejemplo el turismo y la transformación productiva en el campo, y reconociendo el conocimiento ancestral indígena con la reglamentación de la línea negra para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Barranquilla representó el contrapunto de la gira. Allí Petro recordó que los recursos nacionales por sí solos no transforman una sociedad. La calidad de la educación, la seguridad y las oportunidades para los jóvenes dependen también de la capacidad de las instituciones locales para convertir la inversión pública en resultados concretos. Fue una invitación a asumir responsabilidades compartidas y a fortalecer la gobernanza territorial. No es sólo una buena estrategia mediática, sino avanzar en un proceso eficaz de transformación social.

Por supuesto, los desafíos siguen siendo enormes. La violencia persiste en algunos territorios, la reforma agraria necesita consolidarse con asistencia técnica y crédito, y la economía popular requiere mayor fortalecimiento. Pero los cimientos están puestos.

La principal conclusión de este tiempo es que el Caribe dejó de ser una periferia administrativa para convertirse en una prioridad de la acción pública. Y quizás allí radique el legado más importante de este gobierno: haber colocado en el centro de la agenda nacional a quienes durante demasiado tiempo permanecieron en los márgenes.

Ahora corresponde a la ciudadanía cuidar y profundizar esos avances. Porque la democracia no termina cuando llega la inversión pública. Comienza cuando las comunidades se organizan para defenderla, vigilarla y convertirla en una transformación duradera. En el Caribe no solo Petro le cumplió a nuestra gente sino que también se sobró. Esto será una línea de base que el pueblo con poder de decisión entiende que deberá continuar consolidándose en los siguientes gobiernos. Ni un cambio atrás.

La memoria se sentó de frente al Estado

2026-05-20T09:10:41.561-05:00

Punto de Vista

El día en que nuestra memoria se sentó frente al Estado

Por Ricardo Villa Sánchez

Había algo diferente en este salón en Bogotá, donde suscribimos el Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado colombiano, en presencia de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso del homicidio en persona protegida de mi padre Ricardo Villa Salcedo.

Todo parecía diseñado para controlar las emociones: los llamadores alineados, los protocolos diplomáticos, los tiempos exactos del minuto a minuto, los funcionarios concentrados tomando notas, las voces medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. A quienes agradecemos como familia y como ciudadanos y esperamos el acuerdo sea eficaz. Pero debajo de toda esa formalidad había otra cosa: Treinta y tres años de miedo, de ausencia y de exigencia de justicia y de memoria, sentados junto a mi familia.

Mientras observaba el rostro de mi padre, proyectado en las pantallas oficiales —esa sonrisa Caribe que todavía sigue viva en nuestras fotografías familiares— entendí que aquel momento no se trataba solo de un documento jurídico. Trataba del instante humano en que una familia víctima de la violencia política deja por fin de hablar sola.

Durante décadas nuestra historia sobrevivió entre silencios: Silencios judiciales. Silencios políticos. Silencios familiares llenos de miedo. “Deja eso así, no te vuelvas carne de cañón…” repetían y repetían. Además desde joven ver como gente cercana veía al victimario como una especie de ídolo y ejemplo a seguir y segregar la historia de quienes quisieron frenar con valentía su delincuencia. Además, las conversaciones y consejos que quedaron pendientes con mi padre, quizás para otra vida.

En Colombia la violencia política no solo asesina personas. También intenta dispersar memorias, romper familias y convertir la verdad en un asunto incómodo. A nosotros nos tocó crecer reconstruyendo a nuestro padre entre recortes de prensa, relatos fragmentados y conversaciones que muchas veces terminaban interrumpidas por el temor o el dolor. Se volvía un nudo en la garganta entre el orgullo herido, el amor y la nostalgia.

Mi padre perteneció a esa generación latinoamericana que creyó en la profundización de la democracia, en la justicia social y en la posibilidad de transformar el país desde la palabra, la ideología, la organización y la acción política.

Fue abogado penalista, periodista, defensor de derechos humanos, constituyente y dirigente social y político. Defendió sindicalistas, campesinos y presos políticos. Tomó el ideal del amor eficaz y de la opción por los pobres como el camino para su vida. Denunció corrupción, paramilitarismo, fraudes electorales, control ilegal de los alimentos y despojo de tierras en Santa Marta. Creyó en la paz cuando todavía parecía más fácil apostar por la guerra.

Como muchos hombres valientes de su tiempo, cargaba una mezcla extraña y hermosa de romanticismo político, rebeldía Caribe y esperanza democrática. Quizás por eso terminó convirtiéndose en una amenaza para quienes necesitaban una región gobernada por el miedo, por las armas, por la economía subterránea y la corrupción.

Lo asesinaron el 23 de diciembre de 1992. Un día antes de Navidad. Después vino lo que tantas víctimas en Colombia conocen demasiado bien: la impunidad. Los hostigamientos. La exclusión. El desplazamiento. La sensación permanente de que ciertas estructuras de poder seguían demasiado intactas como para que la verdad pudiera abrirse camino.

Pero la memoria tiene algo obstinado. Siempre vuelve. Y eso fue lo más poderoso de este acto. No solo fue la firma del acuerdo. No solo el reconocimiento formal del Estado. Sino la posibilidad de transformar una historia de dolor privado en memoria pública y en conversación democrática.

Mientras escuchaba las intervenciones entendí algo esencial: las víctimas también han sostenido la democracia colombiana. Muchas veces fueron ellas quienes siguieron insistiendo en la verdad cuando el país parecía resignado a convivir con la barbarie.

Fueron las víctimas quienes se negaron a aceptar que el miedo, el odio, la revancha debían gobernar nuestra vida pública. En ese contexto este momento histórico de esta firma, tiene una profundidad que trasciende a mi familia. Hemos sido luchadores por las causas nobles, pertenecido a organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, nos hemos mirado a los ojos con otros hijos e hijas que han padecido algo similar pero nunca igual, hemos servido a la ciudadanía y llevado una vida decente, pero víctimas somos todos.

Este momento habla de miles de hogares colombianos atravesados por la violencia política. Habla de hijos e hijas que crecieron sin respuestas. De una fábrica de víctimas que hay que apagarla para siempre. De madres envejecidas, esperando justicia. De regiones donde las mafias, la corrupción y el paramilitarismo deformaron durante años la democracia local.

Pero también habla de esperanza.No una esperanza ingenua. No una memoria sin conflicto. Hablo de la esperanza difícil y madura que aparece cuando un país empieza lentamente a reconocer a sus víctimas y a comprender que la reconciliación no puede construirse sobre el olvido.

Cuando terminó la ceremonia y sostuve la placa conmemorativa entre mis manos pensé en una frase que mi padre repetía constantemente:

“Los hombres grandes luchan un día, un período o toda la vida y es en ese grado de compromiso que nos definimos amigos del pueblo”.

Quizás por eso su gruesa voz, compromiso y principios, siguen aquí. En sus hijos. En sus nietos. En su legado. En sus luchas. En sus sueños y esperanzas. En quienes todavía creemos en que la Paz, la reconciliación, la memoria y la democracia, siguen siendo la forma más digna de resistir a la barbarie.

#SinOlvido

@rvillasanchez

De Bogotá Humana a Colombia Humana

2026-05-04T09:13:27.232-05:00

Punto de Vista

De Bogotá Humana a la Colombia Humana, con dignidad se cumple.

Por Ricardo Villa Sánchez

Bogotá Humana dejó una lección que hoy se expande al país: invertir en lo social transforma la vida. Entre 2012 y 2016, esa apuesta territorial mostró que la reducción de la pobreza, la atención a la primera infancia y la salud preventiva podían convertirse en resultados concretos. En el legado de extender esta idea a la Colombia Humana, se proyecta esa misma lógica a escala nacional y la convierte en política pública.

Bogotá Humana, el período de gobierno en la Alcaldía de la capital, del actual presidente entre el año 2012 y 2016, puso en el centro del debate, que la inversión social produce resultados medibles: la pobreza multidimensional cayó de 12,1 % a 5,4 %, y la población en pobreza se redujo de 841.000 a 368.000 personas. La prioridad en primera infancia y salud preventiva fortaleció la nutrición y el acceso a servicios, mientras la educación pública gratuita hasta grado once amplió oportunidades. Este modelo de ciudad de derechos consolidó la seguridad humana, el acceso a servicios públicos y una base sólida para políticas sociales replicables a escala nacional, que devino de un proceso de tres periodos progresistas en la capital de Colombia.

Las cifras hablan con claridad. De poner en el centro a la gente, luchar contra la pobreza, adaptar el entorno al cambio climático y recuperar lo público en la ciudad más grande de Colombia, a que después de un estallido social por las políticas de un gobierno nacional retardatario, se retomó y amplió el rumbo social, con los avances del gobierno del cambio para que en 2025, la pobreza multidimensional se ubicara en 9,9 %, y cerca de 793.000 personas superaron esa condición de pobreza extrema en un solo año. El desempleo alcanzó el 9,2 % en febrero de 2026, el nivel más bajo para ese mes en lo corrido del siglo. Estos resultados expresan una economía que empieza a reconocer el valor del trabajo y a distribuir mejor sus beneficios. Construir democracia es un mejor vivir para las mayorías.

La agenda laboral avanza en esa dirección. La jornada nocturna desde las 7:00 p. m. y la progresividad hacia recargos dominicales plenos reconocen el tiempo y el esfuerzo de millones de trabajadores. El ingreso mínimo, cercano a $2 millones con auxilio de transporte, fortalece el poder adquisitivo y dinamiza la economía popular. El desafío de la formalización sigue siendo central, y precisamente por eso la política laboral se orienta a ampliar derechos y cobertura.

En pensiones, la Ley 2381 de 2024 (que cuando se supere el bloqueo institucional, seguro será eficaz), configura un sistema de pilares que amplía la protección en la vejez. Millones de adultos mayores accederán a una renta básica que reconocerá su trayectoria de vida. En seguridad social, los programas dirigidos a madres cabeza de hogar, adultos mayores y comunidades vulnerables consolidan una ciudadanía con ingresos, cuidado y dignidad. Con poder adquisitivo que se integra con el poder de decisión; y a eso le temen.

La salud muestra uno de los avances más sensibles. El presupuesto creció más del 50 %, y la atención primaria se fortaleció con 11.000 equipos básicos que llegan a cerca de 9 millones de hogares. La mortalidad materna se redujo cerca del 30 %, y la mortalidad infantil por desnutrición presenta caídas cercanas al 60 %. La política pública se traduce aquí en vidas, en un mejor vivir, en la economía del cuidado y en presencia efectiva del Estado en el territorio. En términos absolutos, las muertes en menores de cinco años pasaron de más de 8.300 casos en 2022 a cerca de 5.200 en 2025, lo que confirma que la prevención salva vidas y que la política social tiene efectos directos sobre la dignidad humana.

El 1.º de mayo en Medellín ejemplifica este momento. La masiva movilización social expresó una ciudadanía activa que respalda el trabajo digno, la salud pública y la protección social como pilares de la democracia y además reconoce los avances del gobierno progresista en Colombia. Así las duela a las élites emergentes que gobiernan esta ciudad como si fuera una tienda; se evidenció que la participación ciudadana fortalece la legitimidad y proyecta las transformaciones sociales hacia el futuro. Y sobre todo que hay un contundente respaldo popular en esta región.

Colombia avanza cuando la inversión social, la inclusión y la participación se articulan, con voluntad de cambio. Ese camino fortalece el Estado Social de Derecho, amplía el bienestar, contribuye a la paz y hace efectivos los derechos.

De Bogotá Humana a Colombia Humana, la dignidad se ha consolidado en una política de Estado con horizonte compartido. Este conjunto de resultados también se refleja en la opinión pública. Las mediciones recientes ubican la imagen presidencial en un rango entre 47 % y 49 % de favorabilidad, con una tendencia de recuperación sostenida, en el que las mayorías perciben que el país va bien. Estos datos sugieren una relación directa entre resultados sociales y legitimidad democrática y con los logros sociales se le demuestra a toda Colombia que el pasado neoliberal hay que superarlo, ya que solo conduce al fracaso y a la violencia; además, pone en evidencia a este modelo económico, social y político excluyente, que perpetuaba intereses particulares y corrompió a la política. Lo que la ciudadanía ya no quiere que vuelva. Con justa razón.

@rvillasanchez

Primero de mayo

2026-04-29T15:33:46.915-05:00

PUNTO DE VISTA

Medellín trabajadora camina hacia adelante
Por Ricardo Villa Sánchez

Medellín trabajadora y digna se levanta con la fuerza serena de su historia. Este primero de mayo convoca a la ciudad obrera, popular, linda y solidaria a celebrar los avances sociales del país y a respaldar las reformas que ponen la vida, el trabajo y la dignidad en el centro de la democracia.

Colombia tiene razones para caminar con esperanza. La pobreza multidimensional bajó a 9,9 % en 2025 y cerca de 793.000 personas salieron de esa condición. El desempleo llegó a 8,2 % en octubre de 2025, con casi 977.000 personas ocupadas adicionales frente al año anterior. Son cifras que hablan de familias, ingresos, oportunidades y futuro.

Medellín recibe con orgullo al Presidente de la clase trabajadora porque la agenda social avanza: reforma laboral, salud, pensiones, economía popular, salario vital y movil, recargos nocturnos, dominicales, estabilidad laboral, poder adquisitivo y reconocimiento del trabajo como derecho fundamental. La Ley 2466 de 2025 recupera garantías históricas y actualiza el mandato constitucional del empleo digno y el trabajo decente.

Medellín cambió y tiene memoria. Sabe que la justicia social se construye con derechos, participación, bienestar social y presencia del Estado. Por eso la movilización es también un acto democrático: la ciudadanía acompaña un proyecto que busca un buen vivir con salud preventiva, seguridad social, pensiones más justas, empleo estable y bienestar social para quienes sostienen al país con sus manos.

Petro, mor, bienvenido a Medellín. Que esta marcha sea una fiesta popular por la vida, el trabajo y la esperanza. Medellín camina pa’ adelante, con dignidad, memoria y corazón colectivo. Aún hay esperanza.

@rvillasanchez

Del miedo al fascismo a superar el fascismo del miedo

2026-04-27T17:46:37.056-05:00

Punto de Vista

Colombia: del miedo al fascismo a superar el fascismo del miedo
Por Ricardo Villa Sánchez

“Cualquier red de información despótica se basa en el terror” (Harari, 2024).

Colombia atraviesa una coyuntura en la que el miedo vuelve a ocupar el centro de la conversación pública, aunque ya no es el único debate ni el único embudo.

La seguridad, la paz, la desinformación y el debate electoral se cruzan en un mismo territorio emocional, sin mezclarse ni confundirse. Ese miedo expresa preocupaciones reales de la ciudadanía, pero también puede ser instrumentalizado por quienes buscan convertir la incertidumbre en odio, confusión y desesperanza.

El miedo al fascismo nace como alerta democrática. Surge cuando una sociedad reconoce señales de autoritarismo: la estigmatización del contradictor, la exaltación del orden por encima de las libertades, la persecución judicial o mediática del adversario, la simplificación de los conflictos y la promesa de salvación mediante la fuerza. Ese miedo tiene memoria: recuerda que la democracia se debilita cuando la diferencia se convierte en amenaza. Lo particular de esta coyuntura es que esas señales no provienen del Gobierno nacional, sino de otros factores de poder que pescan en río revuelto, se asocian con comportamientos propios de las mafias y miran la política con el retrovisor de un siglo atrás.

El fascismo del miedo opera de otra manera. Construye relatos de pánico, fabrica enemigos, amplifica rumores y convierte cada crisis en argumento contra la deliberación. En tiempos de redes sociales, noticias falsas y algoritmos, el miedo viaja más rápido que el contexto, el análisis, las propuestas, la razón y el saber. Harari advierte que la desinformación distorsiona conscientemente nuestra visión de la realidad y que la indignación genera más implicación que la compasión. Byung-Chul Han ayuda a comprender este tiempo: el poder contemporáneo administra emociones, percepciones y conductas.

En Colombia, estas dinámicas se articulan con formas conocidas de presión política. La teoría del golpe blando permite leer cómo factores de poder distintos al Gobierno pueden construir climas de opinión orientados a erosionar la legitimidad institucional: lawfare, campañas de desprestigio, manipulación informativa, uso selectivo del escándalo y explotación política de hechos violentos. Incluso los atentados y otras formas de terrorismo pueden ser leídos, además de su gravedad criminal, como mensajes dirigidos a instalar miedo colectivo y condicionar el debate público. Remember alguna vez dijeron: voten antes de que se los lleven presos y ahora hay una nueva versión: encuesten después de los atentados. Eso qué es, o hacia dónde van? Cuál es el país que quieren retomar?

La ciudadanía tiene derecho a vivir bien y sin miedo. Esa exigencia convoca una respuesta democrática integral: inteligencia, justicia, control territorial, protección civil, inversión social, empleo, salud, educación y presencia estatal permanente. La seguridad humana ofrece ese camino, porque pone la vida en el centro y entiende que proteger también es garantizar derechos.

La paz, en este contexto, necesita precisión, verificación y resultados territoriales. Corregir enfoques, diferenciar actores armados y fortalecer la institucionalidad no debilita la política de paz; por el contrario, la vuelve más seria, más cercana a las comunidades y más capaz de producir confianza. No podemos pasar todo el ejercicio de gobierno verificando voluntades de paz, pero tampoco debemos dejar atrás lo construido.

El debate electoral debe elevarse por encima del pánico. Colombia merece una conversación pública basada en hechos, memoria, derechos y propuestas; en argumentos, no en rumores, percepciones y cizaña. La democracia se fortalece cuando transforma las emociones en decisiones informadas y convierte la incertidumbre en acción colectiva. También cuando construye un nuevo relato de nación que nos une como ciudadanía.

El país tiene ante sí una oportunidad mayor: avanzar con voluntad de cambio, justicia social y confianza ciudadana. Podemos escuchar el miedo sin dejar que gobierne la política. Podemos exigir autoridad sin renunciar a las libertades. Podemos defender la seguridad sin abandonar la paz. Una democracia madura no se construye sobre el miedo, sino sobre la esperanza organizada de un pueblo que decide cambiar protegiendo la vida.

@rvillasanchez

Adenda: el 1 de mayo vamos a marchar en todas las plazas y parques.

El cambio llegó a la mesa

2026-04-22T19:24:08.955-05:00

Punto de Vista

Cuando el cambio llegó a la mesa
Por Ricardo Villa Sánchez

Al país político, le encanta el estruendo. El titular incendiario, la mesa de opinión que confunde espuma con profundidad, la tormenta mediática que quiere volver paisaje lo excepcional y fracaso lo que no controla.

Mientras una parte del establecimiento insiste en pintar un país en ruinas, los datos para el país nacional, dejan una verdad incómoda sobre la mesa: en 2024 la pobreza monetaria cayó a 31,8% y en 2025 la pobreza multidimensional bajó a 9,9%, 1,6 puntos menos que en 2024.

En términos absolutos, 793.000 personas salieron de esa condición en un solo año. No son cifras decorativas. Son hogares menos asfixiados, niños con más derechos y familias con menos privaciones. Ahí está la primera tesis que el relato hegemónico no soporta y se resiste a aceptar: el gobierno del cambio superó las olas de debates nimios, para gobernar en los puertos seguros de transformaciones sociales verificables.

El segundo dato es todavía más político. La vejez dejó de ser tratada como un residuo asistencial. Prosperidad Social amplió Colombia Mayor para atender a 3 millones de personas mayores con una renta básica solidaria de 230.000 pesos, como transición hacia el Pilar Solidario. Y la Ley 2381 de 2024 organizó un sistema pensional por pilares fundado en universalidad, solidaridad y eficiencia, con un Pilar Solidario dirigido a población en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Eso no es populismo: es Estado social de derecho entrando, por fin, al comedor de quienes llevaban décadas esperando turno.

Lo mismo puede decirse del trabajo. La Ley 2466 de 2025 devolvió la jornada nocturna desde las 7:00 p. m. y reabrió el camino del recargo pleno para domingos y festivos. En un país acostumbrado a pedirle sacrificios infinitos al trabajador mientras absuelve al privilegio, esa reforma tiene un impacto que va más allá de la nómina: reinstala la idea de que el tiempo humano vale, que el descanso importa y que la dignidad laboral no puede seguir siendo la variable de ajuste de la competitividad. Ese giro, más que económico, es cultural y político. Devuelve el ejercicio pleno de la ciudadanía a quienes habían sido reducidos a simple costo o número.

En el campo, donde Colombia sigue librando su batalla más antigua, el cambio también dejó una huella material. La Agencia Nacional de Tierras reportó más de 2,5 millones de hectáreas impactadas, 703.121 hectáreas gestionadas para acceso a tierra de familias campesinas, indígenas y afrocolombianas, y más de 1,878 millones de hectáreas formalizadas. Pero quizá el dato político más potente no sea solo la tierra: es la arquitectura democrática que la acompaña. La reforma agraria dejó de ser únicamente un expediente y empezó a ser también conversación pública sobre quién decide el territorio, para quién se ordena y a qué modelo de país sirve. Redistribuir suelo, en Colombia, es redistribuir poder. El campesino como sujeto de derechos, no solo en el papel sino en la realidad diaria.

En educación superior pasó algo parecido. El Ministerio de Educación reportó que en 2024 la política de gratuidad benefició a 846 mil estudiantes, equivalentes al 96% de los matriculados en pregrado en instituciones públicas, y en 2025 confirmó que cerca de 900 mil jóvenes accedían ya a educación superior pública gratuita. Cuando la universidad deja de ser un privilegio de cuna y se abre como derecho, no solo aumenta la cobertura: se amplía la democracia y se desarrollan capacidades y libertades humanas. Se forman ciudadanías libres, agentes de cambio, veedores sociales y gestores de paz que ya no entran al Estado pidiendo permiso, sino exigiendo su lugar.

La transición energética también dejó de ser consigna y empezó a parecerse a política pública. En enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía reportó 3.677,57 MW de proyectos de energías limpias en operación y pruebas, equivalentes al 15,64% de la matriz eléctrica, frente a apenas 200 MW en agosto de 2022. Ese dato tiene impacto político porque redefine prioridades nacionales: el país empezó a discutir su futuro menos desde la dependencia fósil y más desde la soberanía energética, conectando justicia social con justicia ambiental.

La lucha contra la corrupción, además, empezó a dejar menos discurso y más institucionalidad. El Decreto 1600 de 2024 reorganizó la Comisión Nacional de Moralización para fortalecer control social, estrategia territorial y subcomisiones técnicas; y la Secretaría de Transparencia lanzó la Línea 157, un canal nacional de denuncia anticorrupción operado 24/7, que un año después había recibido más de 29.000 llamadas. No resuelve de un plumazo un régimen de captura histórica, pero sí marca una orientación: la corrupción deja de leerse como simple anécdota moral y vuelve a tratarse como un problema de democracia, vigilancia ciudadana y de lucha frontal contra este poder mafioso.

La dignidad también se mide en el grifo y en la tubería: el Gobierno reporta que 1,6 millones de personas accedieron por primera vez al agua potable y 1,3 millones al alcantarillado, mientras avanzan 128 proyectos de agua y saneamiento por $1,2 billones y una política de gestión comunitaria que reconoce a organizaciones que abastecen a más de 9 millones de personas. El acceso equitativo al agua es vida y poder ciudadano.

Colombia ha empezado a dejar atrás la condena de la exclusión para abrirse, paso a paso, como una casa común, el país de la belleza en que la justicia social, la dignidad humana y el reconocimiento de las economías populares le dan sentido a la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. Esa es la verdadera dimensión del cambio: demostrar que la política pública puede servirle a la vida y no a la reproducción de los privilegios ni a la captura mafiosa de lo público. Pero estas conquistas no se defenderán solas. Exigen una ciudadanía vigilante, libre, organizada y movilizada, consciente de que todavía hay sectores que se resisten al cambio y que, en su orfandad y la soledad de poder, añoran el regreso de la impunidad, del negocio con el dolor ajeno y de la administración elegante de la desigualdad. Con la fuerza sentipensante del Caribe, con la memoria de nuestras víctimas como método y con la justicia social como brújula, el horizonte ético está trazado. Arrancamos bien, el cambio sí se siente en el corazón del país, y ahora la tarea democrática es profundizarlo, blindarlo y hacerlo irreversible. Por la vida, por la dignidad y por esta democracia todavía frágil, pero en movimiento, vamos por más.

Villa Vive

2026-04-13T16:33:00.008-05:00

Punto de Vista

Mataron al hombre, no a la memoria: el regreso de Ricardo Villa Salcedo al corazón de Santa Marta

#SinOlvido

Por Ricardo Villa Sánchez

“En Latinoamérica matan a la gente, pero no matan a la idea, ¡yeah!”. Rubén Blades, El padre Antonio y el monaguillo Andrés.

Hay noticias que dignifican a una sociedad porque la obligan a mirarse al espejo con mayor humanidad, memoria y exigencia democrática. La radicación del Proyecto de Acuerdo por parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta para implementar medidas de memoria histórica y reparación simbólica en honor a Ricardo Julio Villa Salcedo es, sin duda, una señal de madurez institucional y una oportunidad real para que la ciudad empiece a reconciliarse consigo misma.

Este compromiso no puede leerse como un favor del poder ni como un simple trámite administrativo. Surge por solicitud de las víctimas, en el marco de una propuesta de solución amistosa con el Estado colombiano, y se sostiene en los cuatro pilares irrenunciables de toda justicia transicional seria: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Allí está su verdadera importancia: no en el gesto, sino en el reconocimiento de una deuda histórica.

Ricardo Villa Salcedo no fue una víctima fortuita dentro del largo ciclo de violencia política que marcó a Colombia en los años noventa. Fue un eminente abogado penalista, defensor de derechos humanos, periodista en medios como Revista Alternativa y El Informador, dirigente político con curules en el Concejo Distrital, la Asamblea del Magdalena y el Congreso de la República, conjuez de la Sala Penal del Tribunal del Magdalena, gestor de paz en procesos nacionales e internacionales y líder político de la Alianza Democrática M-19. Pero, por encima de todo, fue el abogado del pueblo: un hombre que entendió el derecho no como privilegio, sino como servicio.

Su labor incluyó la defensa de campesinos y titulares despojados en Pozos Colorados, proceso que todavía hoy sigue dejando huellas de dolor; la denuncia del fraude electoral que favoreció al clan mafioso que se tomó la ciudad; y la exposición valiente de la corrupción en la concesión del Mercado Público. Precisamente por ser insobornable, por su valentía cívica y por asumir la palabra pública como una responsabilidad moral, se convirtió en un obstáculo para el proyecto mafioso y paramilitar que se consolidaba en el Magdalena.

Su homicidio en persona protegida no fue un hecho aislado. Fue parte de una limpieza estratégica orientada a silenciar la diferencia, aplastar la oposición democrática y sembrar miedo en una región capturada por intereses criminales.

A ese crimen se sumó la omisión del Estado. A pesar de que Ricardo Villa Salcedo denunció amenazas de muerte ante la Fiscalía, no recibió la protección debida. Después vinieron más de tres décadas de impunidad, revictimización, desplazamiento forzado y errores judiciales que profundizaron el dolor de las víctimas.

En ese contexto, el Informe de Admisibilidad 168/24 de la CIDH, emitido en octubre de 2024, constituye un punto de quiebre y un hito de justicia internacional. Ese documento pone bajo examen la responsabilidad estatal frente al derecho a la vida, la libertad de expresión y las garantías judiciales, y deja claro que las medidas de satisfacción hoy en discusión no son concesiones políticas: son obligaciones éticas y jurídicas.

En ese marco, la propuesta de renombrar la escena del crimen como Parque Sesquicentenario de la Paz y la Reconciliación Ricardo Villa Salcedo representa mucho más que un cambio de nomenclatura. Es una reconquista simbólica del territorio frente a la desmemoria. Es transformar el lugar donde se quiso imponer el silencio en un espacio de reflexión, de verdad y de encuentro ciudadano.

Del mismo modo, renombrar la escuela de Guachaca como IED Ricardo Villa Salcedo – Guachaca convierte el dolor en pedagogía democrática y la memoria en garantía de no repetición. Hay además una justicia histórica en ese acto: fue la propia Asamblea Departamental, bajo su presidencia, la que en 1985 impulsó la ordenanza que autorizó la creación de ese centro educativo, así como también el de Taganga.

La reconciliación, fortalece la democracia, con decisiones que más allá del olvido o desde la comodidad institucional, se tejan entre todos, y con voluntad de cambio, abrazando la verdad, dignificando a las víctimas y asumiendo, con valentía, la responsabilidad del Estado. No hay paz sólida ni calidad de la democracia, cuando se ocultan los móviles del crimen o se administra el dolor ajeno, como un expediente más.

El legado de Ricardo Julio Villa Salcedo trasciende con mucha sensibilidad y certeza, el asfalto frío del Parque Sesquicentenario, donde le arrebataron la vida aquel 23 de diciembre de 1992. Permanece en su vocación humanista, en su defensa incondicional de los marginados, de los campesinos despojados, de los presos políticos y de quienes nunca encontraron amparo en las estructuras formales del poder. Era, en el sentido más noble y profundo, el abogado del pueblo. Un hombre comprometido, fiel a sus principios, consecuente, que muchas veces se negaba a recibir dinero de la gente pobre y aceptaba, con gratitud, el fruto digno de su trabajo: huevos criollos, yuca o un pescado envuelto en papel periódico. En esa escena sencilla y poderosa cabe entera una ética pública que hoy sigue haciendo falta.

Por todo lo que encarna su vida y por todo lo que revela su martirio, este avance en la reparación simbólica territorial de Santa Marta, debería culminar en un acto público, sincero y multitudinario de reconciliación colectiva y de reconocimiento pleno de la verdad y la responsabilidad estatal. Un acto a la altura de la memoria que se honra y de la ciudad que se quiere reconstruir desde la dignidad. En la que desde ya invitamos al Presidente de la República, Gustavo Petro, compañero de luchas de Ricardo Villa Salcedo y nuestro mentor, a hacer presencia.

A Ricardo Villa Salcedo le arrebataron la vida, pero no pudieron derrotar su idea de una Colombia más justa, plural y humana. Y esa idea, que durante años quisieron sepultar bajo el miedo y la impunidad, hoy vuelve a florecer en el corazón de Santa Marta y en la idea, en la que persistimos, de La Paz con justicia social.

@rvillasanchez

Tasas vs democracia

2026-04-02T22:10:00.002-05:00

PUNTO DE VISTA

Después de la tasa, la democracia económica

Por Ricardo Villa Sánchez

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar la tasa de interés al 11,25 % pone la lupa sobre si es un simple ajuste técnico o deja expuesto que se centra en una disputa más profunda sobre quién orienta el rumbo de la economía, con qué instrumentos y a costa de quién.

La salida del ministro de Hacienda de la sesión y el posterior distanciamiento del Gobierno frente a la Junta revelaron que estamos ante una diferencia que no es un diagnóstico menor, sino ante un problema de coordinación macroeconómica, autonomía institucional y legitimidad democrática de las decisiones económicas. La propia secuencia de los hechos lo demuestra: el alza fue aprobada por mayoría el 31 de marzo de 2026 y abrió una confrontación inédita entre el Ejecutivo y el emisor.

Desde 1991, el Banco de la República se consolidó como uno de los bancos centrales más autónomos de América Latina. Ese arreglo institucional ayudó a desinflar una economía que venía de tasas superiores al 30 % y llevó la inflación a un rango de un dígito durante buena parte del período posterior.

Ese es un logro real y no debe minimizarse. Pero de ese éxito nació también una ilusión peligrosa: creer que la autonomía monetaria volvió neutral el precio del dinero. No es así. Una tasa de interés no solo ordena expectativas; también distribuye cargas, jerarquiza prioridades y define ganadores y perdedores en la economía real.

Ahí está el núcleo del conflicto. El Banco tiene razón en algo esencial: la inflación castiga con dureza a los hogares populares y no controlarla sería socialmente regresivo.

Pero esa verdad no vuelve inocua la política de tasas altas. Encarecer el crédito golpea a los hogares endeudados, reduce el margen de la pequeña y mediana empresa, posterga decisiones de consumo e inversión y enfría la demanda interna. Incluso quienes defienden el aumento reconocen que su apuesta es sacrificar dinamismo en el corto plazo para intentar reconducir la inflación para mantenerla en un dígito, hacia el futuro.

La pregunta política, entonces, no es si la estabilidad importa. La pregunta es qué tipo de estabilidad se protege cuando el remedio enfría la vida productiva de una sociedad desigual, informal y con una productividad frágil. Mantener estas tasas le hace un flaco favor a la sostenibilidad empresarial.

Durante años, la política monetaria se presentó como un territorio casi sagrado, resguardado del conflicto democrático por el lenguaje de la experticia. Pero esa pretendida asepsia también es una posición política y cada vez más de carácter ideológico excluyente. Colombia necesita evitar dos errores simétricos: convertir la autonomía del Banco en un dogma intocable o volverla rehén de la confrontación del día.

La salida no parte de la obediencia tecnocrática ni de la estridencia estéril. Está en construir una democracia económica en la que la estabilidad no se imponga sobre la sociedad, sino que responda a sus necesidades y su cohesión; en la que el control de la inflación no sea coartada para desatender el empleo, la producción, y la dignidad cotidiana; y en la que la gran pregunta deje de susurrarse en los círculos financieros y se discuta de frente en la esfera pública: ¿para quién funciona esta economía cuando el precio del dinero se convierte en una forma de ordenar el poder social?

@rvillasanchez

Agenda Caribe

2026-03-26T22:30:00.005-05:00

Cuando el Caribe negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, puso la agenda

Por Ricardo Villa Sánchez

Barranquilla abrió una escena que Colombia necesitaba. Durante dos días, cientos de delegados de siete departamentos y del Caribe insular, se sentaron con la primera línea del Gobierno nacional para hacer algo más exigente que escuchar discursos: convertir el círculo de la palabra de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, en una agenda pública, con diversas instituciones del gobierno nacional, con vocación de permanencia y sentido político.

El Caribe llegó a la mesa no como receptor pasivo de programas, sino como sujeto colectivo de derechos, con memoria, autoridad territorial y capacidad de orientar prioridades.

Ese cambio de tono importa porque el diagnóstico también fue claro. La principal deuda del Estado no aparece en la ausencia total de programas, sino en la distancia persistente entre el reconocimiento formal de los derechos y su materialización concreta en los territorios. Dicho de otro modo: Colombia sabe nombrar la diversidad, pero todavía tiene que aprender a gobernarla con pertinencia, continuidad y resultados verificables.

Por esto las conclusiones de esta mesa de alto nivel en Barranquilla se alejaron de sólo el folclor o de parecer una pieza ceremonial. Quiso ser una hoja de ruta: una agenda Caribe que trascienda el evento y busque consolidar las apuestas de cambio en la Colombia potencia mundial de la vida en los próximos años para esta población.

Los datos que dejó la mesa muestran que sí hay avances y que ya no es serio hablar del Caribe afro, negro, palenquero y raizal, solo desde la carencia. El Presidente Petro hizo un llamado a seguir dialogando, pactando, comprometiendo recursos y ejecutando acciones, hasta que culmine el actual plan de desarrollo, así se supere el período de gobierno, con el presupuesto de la vigencia 2027.

Hay logros claros, con datos que peinan al relato: en energía, la región concentra cerca del 49 % de la capacidad renovable del país. El programa Colombia Solar moviliza 8,35 billones de pesos, con 3 billones focalizados en el Caribe, y la estrategia de comunidades energéticas ha ampliado acceso y beneficiado a más de 11.000 estudiantes.

En agricultura, se reportan más de 8.262 hectáreas formalizadas mediante 36 actos administrativos, 2.847 hectáreas adquiridas, 256.758 hectáreas restituidas con impacto en más de 22.800 personas y 155 proyectos agropecuarios por más de 327 mil millones de pesos, de los cuales 43 mil millones se orientan directamente a familias negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

En vivienda, agua y saneamiento, la cifra también habla con fuerza: 2,2 billones de pesos de inversión en el Caribe, más de 1,1 millones de personas beneficiadas y presencia en 75 municipios. De ese total, 198.000 millones corresponden a proyectos dirigidos específicamente a estas comunidades, con impacto sobre más de 300 mil personas.

En cultura, la apuesta no fue ornamental sino estructural: 70.900 millones para salvaguardia patrimonial, 32.800 niños, niñas y jóvenes vinculados a procesos de formación artística con más de 51.500 millones de inversión, 358 iniciativas culturales apoyadas y cuatro Planes Especiales de Salvaguardia que abarcan la cumbia, la champeta, Palenque de San Basilio (el nuevo municipio) y la vida de barrio de Getsemaní. Allí la reparación histórica deja de ser consigna y empieza a ser política pública.

La lectura territorial refuerza esa impresión. Bolívar reporta 240 hogares beneficiados por IRACA y 1.200 cupos de ReSA en San Basilio de Palenque. Magdalena registra 26.784 hogares acompañados; La Guajira, 11.256; Córdoba, 36.640; Sucre, 27.624; y Atlántico, 25.744.

Son cifras que hablan de seguridad alimentaria, fortalecimiento comunitario e inclusión social. Pero también señalan el reto pendiente: mejorar la identificación y la caracterización específica de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en todos los programas. Porque el problema ya no es solamente llegar. Es llegar bien, con enfoque étnico-territorial y con capacidad real de transformar la vida cotidiana.

Barranquilla dejó, entonces, algo más valioso que una fotografía: dejó una brújula. Detrás de los balances sectoriales y de las cifras presentadas quedó una certeza política. Justo el día en que la Asamblea General de la ONU resolvió declarar, en un ejercicio de memoria histórica, que la esclavitud atlántica es un grave crimen de lesa humanidad.

Cuando el Caribe negro, afrocolombiano, palenquero y raizal pone la agenda, el Estado se ve obligado a pasar del inventario a la decisión, de la oferta a la corresponsabilidad, de la escucha a la garantía efectiva de derechos. Si esa agenda se sostiene con presupuesto, cronograma y control social, el país habrá dado un paso serio. Y el Caribe, por fin, no solo habrá sido oído: habrá empezado a gobernar su palabra.

@rvillasanchez

Celac Africa

2026-03-26T11:58:00.004-05:00

Los libertadores del Sur Global: de Benkos a Bolívar, Nkrumah y Mandela: La memoria y la dignidad que se pintan de integración y de esperanza

Por Ricardo Villa Sánchez

Bogotá reunió ados orillas atravesadas por una historia común. África y América Latina se encontraron en la CELAC con una pregunta que atraviesa siglos: qué hacer con una memoria marcada por la colonización, la resistencia y la búsqueda de libertad.

En ese escenario, la intervención del presidente Gustavo Petro definió una ruta. La propuesta de convocar una cumbre de jefes de Estado entre África y América Latina llevó la relación birregional al terreno de las decisiones. La iniciativa apunta a consolidar un espacio con capacidad de incidir en escenarios multilaterales y a ubicar al Sur Global como actor en la gobernanza mundial. A esto se suma una idea de democracia global basada en el diálogo entre civilizaciones y un llamado a exigir un cese al fuego en conflictos internacionales.

Estas apuestas quedaron recogidas en la Declaración de Bogotá, que fijó prioridades en reparación histórica, cooperación Sur-Sur, comercio, educación y transición energética. Los primeros resultados incluyen acuerdos comerciales, alianzas académicas y una ruta marítima entre Colombia y África. El reto consiste en sostener esta agenda y proyectarla como política de Estado bajo la conducción de Yamandú Orsi.

Esta conversación no surge de la coyuntura. Tiene raíces profundas. Benkos Biohó, Simón Bolívar, Kwame Nkrumah y Nelson Mandela encarnan una misma intuición: la libertad adquiere sentido cuando se extiende a todos. El cimarronaje estableció formas de vida autónomas; las independencias imaginaron unidad; el panafricanismo formuló integración; la lucha contra el apartheid afirmó dignidad.

Panamérica y Panafrica expresan una aspiración compartida: pueblos que, tras experiencias de dominación, buscan construir un destino común. En esa línea, Bolívar y Nkrumah dialogan como referentes de integración regional y continental, y proyectan una idea de unidad que hoy reaparece en la relación Sur-Sur.

La cultura ofrece una evidencia persistente. En San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, la lengua y la memoria sostienen una forma de organización que atraviesa el tiempo. Su reconocimiento como municipio en Colombia representa un avance en dignidad, derechos y memoria histórica de las comunidades afrocaribes.

El foro dejó una lectura ambivalente. Reconocimiento al liderazgo de Colombia y cuestionamientos por la baja presencia de mandatarios. Esa tensión refleja el estado actual de la integración: una agenda con alcance político y una institucionalidad en construcción.

La puerta quedó abierta. El desafío consiste en convertir la memoria en mandato y el mandato en acción colectiva. Allí se define si el Sur Global logra pasar de la historia compartida a la capacidad de decidir su propio lugar en el mundo.

@rvillasanchez

La Paz posible en la Sierra

2026-03-25T14:40:00.007-05:00

PUNTO DE VISTA

La paz es posible para gobernar el territorio y a su gente.

Por Ricardo Villa Sánchez

Se ha presentado a la Sierra Nevada desde cuatro desembocaduras: el espejismo de una paz que poco se traduce en la vida cotidiana; el territorio como condición de cualquier transformación; la disputa por el corredor de la frontera norte; y la alternativa a un esfuerzo institucional que requiere ajustes. Al análisis todavía le falta, así es; ojala se abra el debate y este ejercicio contribuya a una decisión política.

La Sierra Nevada representa un sistema territorial donde convergen, entre otros actores: autoridades indígenas, campesinos, colonos, alguna incipiente institucionalidad pública, agro empresarios y del turismo, economías populares locales, memorias del conflicto y redes de control que organizan la vida diaria; donde opera un orden arbitrario que regula la movilidad, se torna en una autoridad irregular, condiciona la producción y fija reglas de convivencia. Ese orden no responde a la institucionalidad democrática.

El país abrió un camino y sostuvo la interlocución. Ese giro tiene valor y debe cuidarse. La discusión, sin embargo, entra en otra fase: cómo traducir esa voluntad en gobierno eficaz del territorio.

La Sierra Nevada articula espacios en disputa como la Zona Bananera; puertas del comercio como el Caribe; valles y corredores fronterizos que se unen con la Serranía del Perijá, con el Catatumbo, y van hacia el vecino país hermano de Venezuela. Es un espacio de economías diversas, entre estas rutas de comercio legal e ilegal, narcotráfico, armas, gasolina, contrabando, trata, y todo lo que se pueda. Lo que allí se configure incide en la estabilidad de la franja norte. Esa condición exige una respuesta integral y geoestrategica.

En ese contexto es clave tomar una serie de decisiones de política pública. Por ejemplo en seguridad, establecer dispositivos coherentes que posibiliten integrar los acercamientos, las exploraciones, y los espacios con las estructuras armadas de crimen de alto impacto en disputa territorial, para exigir hechos concretos de voluntad de paz como un cese bilateral, de carácter territorial, entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, verificable y con enfoque humanitario. Su sentido es claro: proteger a la población civil, restablecer la movilidad con corredores humanitarios y abrir condiciones para la acción del Estado.

Esa decisión exige un correlato. La voluntad de paz debe expresarse. La definición de zonas de ubicación temporal permite ordenar la transición, reducir la confrontación y facilitar la verificación. En paralelo, la Fuerza Pública debe ocupar el territorio y la institucionalidad democrática, por su parte, asumir su función. La paz requiere un relevo efectivo del control. En medio de las crisis puede emerger la esperanza, pero sin ingenuidades ni intereses ocultos.

También es importante cambiar el rumbo en la conducción política del espacio. Un territorio con una dinámica tan compleja requiere una arquitectura institucional con responsabilidades definidas, coordinación intersectorial y capacidad de decisión. La dispersión debilita la respuesta. Un escenario como este, necesita ser informado, demanda del concurso de la gente, debe ir hacia un mandato popular y clama por más liderazgo.

Otro aspecto clave es el piso jurídico y las diferentes salidas holisticas. El desmonte de las estructuras de control exige rutas que posibiliten sometimiento a la justicia, responsabilidad, reparación y acción efectiva sobre las economías ilegales, con garantías para la transición. Pero también para romper redes de criminalidad y judicializarlas.

También se juega en la cancha de la permanencia. Gobernar implica quedarse. Esa vocación de permanencia se concreta cuando el turismo y las economías populares se liberan de la extorsión, cuando se abren condiciones para el tránsito a economías lícitas y cuando el territorio deja de estar mediado por la coerción, por el miedo, por la exclusión. Cuando se permite el ejercicio pleno de las ciudadanías libres y el goce efectivo de derechos.

Hay líneas que no admiten ambigüedades. La protección de la infancia y la adolescencia. El no reclutamiento y la no utilización de menores en la violencia y delincuencia. La equidad de género como garantía efectiva. Pero que no quede solo en el papel. No confinar, desplazar, torturar, desaparecer, secuestrar, amenazar, extorsionar. Respetar a la población civil bajo el principio de distinción. No incidir en la libertad política. Son algunas de las líneas rojas gruesas.

El fortalecimiento del gobierno propio indígena forma parte de este horizonte. No como reconocimiento formal, sino como ejercicio real de autoridad, articulado con el Estado y con capacidad de incidir en la regulación del territorio.

Estas decisiones convergen en un objetivo mayor: en el control y la estabilización territorial con justicia social y profundización de la democracia. No como consigna, sino en la práctica. La Sierra no pide más interpretaciones, diagnósticos y quimeras. Sino que se marque un rumbo irreversible. Para esto se requieren diversas miradas, para la toma de decisiones.

La paz se reconoce cuando la vida cotidiana se organiza desde los derechos, el bienestar, la verdad, la transparencia y la justicia; cuando la economía deja de depender de la dictadura de las armas y de las mafias, y cuando la institucionalidad logra sostenerse. Ese es el punto de inflexión. La decisión es política, democrática e integradora, entre el territorio, la institucionalidad y las mayorías. Es decir, una política de Estado que se centre en gobernar el territorio para todos.