LOPD – CAMARAS EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

Segurpri Boletin 35

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (BOE de 29 de octubre). Corrección de errores en BOE de 3 de diciembre.

Objeto

Tiene un triple objetivo:

• Concentrar en un único texto la normativa básica de transparencia.
• Actualizar el conjunto de las previsiones relativas a la protección del cliente bancario, en consonancia con el Derecho comparado, regulando materias tales como información relativa a tipos de interés y comisiones, comunicaciones con el cliente, información (pre)contractual, servicios financieros vinculados, asesoramiento, etc., así como la equiparación de los medios electrónicos como mecanismos a todos los efectos equiparables al soporte papel.
• Desarrollar los principios generales previstos en la Ley de Economía Sostenible en lo  relativo al préstamo responsable, para mejorar los niveles prudenciales en la concesión de este tipo de operaciones, con evaluación de la solvencia, mayor información y valoración del riesgo de impago.

 DISPOSICIONES GENERALES

Comisiones y tipos de interés.

Las entidades de crédito deberán poner a disposición de los clientes, debidamente actualizadas, las comisiones y los tipos de interés habitualmente percibidas por los servicios que prestan con mayor frecuencia, así como los gastos repercutidos en dichos servicios, todo ello en un formato unificado, conforme a los términos específicos que determinará el Banco de España.

Las comisiones se fijan libremente entre las entidades de crédito y los clientes. También los intereses, tanto para depósitos como para préstamos o créditos.

Sólo podrán percibirse o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos.

Inmediatamente antes de que un servicio bancario vaya a ser prestado a un cliente a través de un medio de comunicación a distancia o de un cajero automático propio, se deberá indicar la comisión aplicable por cualquier concepto, los gastos a repercutir, la posibilidad de desistir de la operación solicitada y un teléfono para incidencias.

Las entidades que permitan descubiertos tácitos en las cuentas de depósito o excedidos tácitos en las de crédito deberán publicar las comisiones, tipos de interés o recargos aplicables a esos supuestos. Esos tipos serán de obligada aplicación a todas las operaciones de esa naturaleza que no tuvieran fijados contractualmente otros inferiores.

Información precontractual.

Las entidades de crédito deberán facilitar de forma gratuita al cliente de servicios bancarios toda la información precontractual que sea legalmente exigible para adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas similares. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa y habrá de entregarse con la debida antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por dicho contrato u oferta.

Comunicaciones al cliente. 

Se contempla la utilización, no solo de papel, sino también del formato electrónico u otro formato duradero en la información, documentación y comunicaciones dirigidas a los clientes.

Cuando una entidad de crédito tenga el derecho de modificar unilateralmente cualquier término de un contrato de servicio bancario, deberá comunicar al cliente, con una antelación no inferior a un mes, siempre que la duración inicial del contrato exceda de este plazo, los términos exactos de tal modificación o prórroga y los derechos de que, en su caso, goce el cliente en relación con las mismas.

Las entidades de crédito remitirán a sus clientes anualmente, durante el mes de enero de cada año, una comunicación en la que se recoja la información prevista en esta Orden sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado al cliente durante el año anterior.

Las entidades de crédito deberán facilitar la información que permita a los herederos acreditados de un cliente conocer su situación patrimonial en la entidad de crédito al tiempo del fallecimiento del causante.

Servicios bancarios vinculados

Las entidades de crédito que comercialicen servicios bancarios vinculados a la contratación de otro servicio, financiero o no, deberán informar al cliente, de manera expresa y comprensible, sobre la posibilidad o no de contratar cada servicio de manera independiente y en qué condiciones. En caso de que solo resulte posible la contratación del servicio bancario vinculado a la contratación de otros en las condiciones ofertadas, se informará al cliente de la parte del coste total que corresponde a cada uno de los servicios, en la medida en que este coste esté disponible para la entidad, y de los efectos que su no contratación individual o cancelación anticipada produciría sobre el coste total de los servicios bancarios. 

PRÉSTAMO RESPONSABLE

Se ha diseñado un sistema basado en la evaluación de la solvencia, que tiene como objetivo la valoración del riesgo de impago a efectos de la posible concesión de un préstamo.

A estos efectos, las entidades deberán contar con procedimientos internos específicamente desarrollados para llevar a cabo la referida evaluación de solvencia, los cuales deberán contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Situación de empleo, ingresos, patrimonial y financiera del cliente, incluso consultando el historial crediticio del cliente y su situación tras jubilarse.
2. La valoración de la capacidad del cliente y de los garantes de cumplir con sus obligaciones de pago, para lo que se tendrán en cuenta, además de sus ingresos, sus activos en propiedad, sus ahorros, sus obligaciones derivadas de otras deudas o compromisos, sus gastos fijos y la existencia de otras posibles garantías.
3. En el caso de créditos o préstamos a tipo de interés variable, se deberá valorar cómo afectaría esta circunstancia a la capacidad del cliente de cumplir con sus obligaciones.
4. En el caso de créditos o préstamos hipotecarios o con otras garantías reales, la valoración prudente de tales garantías.

En el supuesto de créditos o préstamos con garantía real, los criterios para determinar la concesión o no del crédito o préstamo, la cuantía máxima del mismo y las características de su tipo de interés y de su sistema de amortización deben fundamentarse, preferentemente, en la capacidad estimada del cliente para hacer frente a sus obligaciones de pago previstas a lo largo de la vida del crédito o préstamo, y no exclusivamente en el valor esperado de la garantía.

Esta evaluación no podrá ser suplida por la suscripción de seguros de amortización de créditos o préstamos.

Si una entidad rechaza la concesión de un crédito por considerar insuficiente la solvencia del cliente basándose en la consulta a los ficheros, informará al cliente del resultado de dicha consulta.

CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Se aborda el desarrollo específico de la normativa de transparencia del préstamo hipotecariopara la adquisición de vivienda a efectos de sustituir la regulación anterior, de 1994. El nuevo sistema de transparencia sigue los pasos de la normativa ya aprobada de crédito al consumo y la que se está preparando en el marco de la Unión Europea.

Se imponen una serie de requerimientos de información unificada tanto de carácter precontractual como contractual:

Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario

Será elaborada por el Banco de España y estará disponible gratuitamente en todos los establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas electrónicas y en la página electrónica del Banco de España.

Ficha de Información Precontractual (FIPRE)

Las entidades de crédito deberán proporcionar a los clientes información clara y suficiente sobre los préstamos que ofertan. El formato orientativo de esta información es la Ficha de Información Precontractual (FIPRE).

Ficha de Información Personalizada (FIPER)

Las entidades de crédito, una vez que el cliente haya facilitado la información que se precise sobre sus necesidades de financiación, su situación financiera y sus preferencias, proporcionarán a éste –gratuitamente y con la debida antelación- la información personalizada que resulte necesaria para dar respuesta a su demanda de crédito, de forma que le permita comparar los préstamos disponibles en el mercado, valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada. Esta información se facilitará mediante la Ficha de Información Personalizada (FIPER).

Oferta vinculante

La podrá solicitar el cliente tras disponer de la tasación, información registral y sobre la capacidad financiera del cliente.

Instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés

Se desgrana la información adicional que ha de facilitarse sobre la materia y que incluye su naturaleza, duración, obligatoriedad o no, cálculo de costes, etc.

Cláusula suelo o techo 

Se deberá recoger, en un anexo a la FIPER, el tipo de interés mínimo y máximo a aplicar y la cuota de amortización máxima y mínima.

Tipos de interés variable

A la FIPER se adjuntará un documento separado que contendrá las potenciales cuotas periódicas a satisfacer por el cliente en al menos tres diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés. 

Tipos de interés oficiales

Se publicarán mensualmente en el BOE y por el Banco de España en su Web, el cual mediante circular determinará la forma de cálculo.

Documento contractual

Los documentos contractuales y las escrituras públicas en las que se formalicen los préstamos contendrán, debidamente separadas de las restantes, cláusulas financieras cuyo contenido mínimo se ajustará a la información personalizada prevista en la FIPER. Las demás cláusulas de tales documentos contractuales no podrán desvirtuar el contenido de aquellas en perjuicio del cliente. En particular, se fijará el tipo de interés aplicable y la obligación de notificar al cliente las variaciones experimentadas en ese tipo de interés.

Acto de otorgamiento

El cliente tendrá derecho a examinar el proyecto de escritura pública de formalización del préstamo hipotecario en el despacho del notario al menos durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento. El cliente podrá renunciar expresamente, ante el notario autorizante, al señalado plazo siempre que el acto de otorgamiento de la escritura pública tenga lugar en la propia notaría. Se impone una serie de deberes de información a los Notarios.

Tasa Anual Equivalente (TAE)

Se tendrá en cuenta el coste total del préstamo para el cliente, exceptuando los gastos que éste tendría que pagar por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones con arreglo al contrato de crédito. Su cálculo se realizará partiendo del supuesto de que el contrato de préstamo estará vigente durante el período de tiempo acordado y que la entidad y el cliente cumplirán sus obligaciones. Si existen cláusulas que permitan modificaciones del tipo de interés o de los gastos, la TAE se calculará con el tipo de interés y gastos al nivel fijado en el momento de la firma del contrato.

Hipoteca inversa

Será obligatoria la entrega de la oferta vinculante, así como la prestación de un servicio de asesoramiento independiente y previo.

Entrada en vigor

• Las normas relativas a los créditos y préstamos hipotecarios, salvo lo concerniente a los tipos de interés, entrará en vigor en agosto de 2012.
• En relación con las comunicaciones al cliente, la previsión relativa a la información que la entidad de crédito debe remitir anualmente en el mes de enero, comenzará a aplicarse en 2014 sobre los servicios prestados el año anterior.
• El resto de las normas entrará en vigor en mayo de 2012.

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

En relación con ello, esta Secretaría General Técnica expone su parecer, a través de las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, cabe poner de relieve que tanto la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, como su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, contienen descripciones genéricas de las funciones que pueden y deben desempeñar los vigilantes de seguridad, pero no contemplan por constituir objeto de la normativa laboral sectorial las tareas específicas en que tales funciones se concretan, lo cual dificulta en muchos casos la exacta determinación de cuáles de ellas deben ser desempeñadas por personal de seguridad y cuáles otras, precisamente por no ser de seguridad privada, pueden y deben ser desarrolladas por personal distinto de aquél.

En principio, y como criterio general, puede señalarse que la correcta aplicación de la legislación de seguridad privada pasaría por reservar al personal de seguridad privada estrictamente las funciones de vigilancia y seguridad activa de bienes y personas -diurna y nocturna- y el control de sistemas de seguridad; entendiéndose por vigilancia y seguridad activa aquélla que incluye la posibilidad de repeler cualquier agresión al bien que se vigila.

Asimismo ha de entenderse, en buena lógica, que la vigilancia nocturna ha de estar reservada al personal de seguridad privada, por cuanto en tales circunstancias podrían requerirse potestades específicas en orden a la represión de posibles agresiones a la seguridad de los bienes y personas. 

En relación con las cuestiones concretas objeto de consulta, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, considerando la Disposición Adicional Tercera de la Ley 23/1992, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 2364/1994, y las concretas funciones que corresponden al personal de seguridad privada -en particular los artículos 71,72,76 y 77 del Reglamento de seguridad privada-, se podrían a grandes rasgos, señalar las tareas que corresponden, por un lado, al personal propio de los establecimientos o al personal auxiliar de servicios y, por otro, al personal de seguridad privada, sin perjuicio de las funciones genéricas o concretas que la Ley y el Reglamento directamente les atribuyen. 

A) Personal auxiliar

Son funciones susceptibles de ser realizadas por personal propio de los centros comerciales o por auxiliares de servicios contratados a tal fin, y que por ser ajenas a las funciones de seguridad privada no podrán ser realizadas por vigilantes de seguridad, las siguientes: 

1. En las entradas de los establecimientos:

a) Apertura y cierre ordinario, sin perjuicio de que pueda estar presente en dichos momentos -por su especial vulnerabilidad- personal de seguridad privada, en prevención de incidentes de seguridad.

b) Control de entradas y salidas ordinarias de los clientes y las mercancías.

c) Recepción de clientes, siempre que no existan sistemas de seguridad frente a infracciones, como, por ejemplo, detectores de metal.

d) Recogida y custodia, en su caso, de efectos portados por los visitantes (bolsos, maletas, etc.), que no conlleve el control interior de los efectos personales.

e) Información en accesos.

2. En el interior de los establecimientos en relación con los clientes:

a) Información, orientación y, en su caso, acompañamiento de clientes.

b) Organización y control de la evacuación de clientes cuando se requiera por cualquier motivo.

c) Exigencia del cumplimiento de las normas propias del establecimiento (prohibición de fumar, conducta correcta de clientes, acceso a zonas prohibidas, etc.), que no conlleve la realización de acciones coactivas o de control de identidad o de efectos personales de las personas que puedan incurrir en tales conductas.

3. En relación con el mantenimiento del establecimiento:

a) Control de los bienes o productos existentes en el establecimiento.

b) Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones generales que no sean propiamente de seguridad.

c) Control, en su caso a través de medios técnicos, de los sistemas de mantenimiento (calderas, instalaciones eléctricas, etc.) que no sean de seguridad.

d) Control de los sistemas antiincendios.

B) Personal de seguridad privada

1. En las entradas de los establecimientos:

a)      Apertura y cierre extraordinario del establecimiento (por ejemplo, en horario no laborable).

b)      Control de entradas y salidas extraordinarias de clientes, personal del establecimiento y mercancías.

c)      Control, si fuere preciso, de identidad de clientes.

d)      Recepción de clientes cuando existan sistemas de seguridad como detectores de metales.

e) Recogida y custodia, en su caso, de efectos portados por los clientes (bolsos, maletas, etc.), cuando sea preciso el control interior de los efectos personales.

2. En el interior de los establecimientos en relación con los clientes:

Naturalmente, su función general es la vigilancia y protección activa -con posibilidad de actuación represiva- de los bienes y su necesaria intervención en las situaciones siguientes:

a) Identificación de personas.

b) Retención de personas, poniéndolas inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

c) Registros, aun cuando únicamente en supuestos de indicios de comisión de actos delictivos. d) Expulsión de personas por incumplimiento de las normas propias del establecimiento.

e) Control de salidas en supuestos de sustracción o deterioro de bienes o productos.

f) Intervención en supuestos de actos vandálicos, atraco, intrusión, etc., y puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de tales hechos.

g) Especial atención, de carácter complementario, en la organización y control de la evacuación de visitantes.

h) Atención a todas las situaciones en que sean requeridos por el personal propio de los establecimientos.

3. En relación con las instalaciones de seguridad:

a) Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones de seguridad para la prevención de delitos y faltas.

b) Vigilancia y control desde los medios técnicos que constituyen sistemas de seguridad contra delitos y faltas (vídeos, alarmas, etc.).

c) Transmisión de la información e instrucciones referentes a las situaciones advertidas por los mencionados sistemas de seguridad.

Con base en lo anteriormente expuesto, cabe concluir que, con carácter general, las funciones del personal propio del establecimiento o del personal auxiliar de servicios, y las del personal de seguridad privada, no son intercambiables, es decir, no pueden ser prestadas indistintamente por uno u otro colectivo. Puede admitirse una cierta discrecionalidad en cuanto a determinados puestos de trabajo que, consistentes en la custodia ordinaria relacionada básicamente con las normas de funcionamiento del establecimiento, pudieran ser asignados a personal propio o auxiliar, o a personal de seguridad privada, en atención a determinadas circunstancias; pero, con esa salvedad, esta Secretaría General Técnica entiende que las funciones que necesariamente deben prestarse por vigilantes de seguridad son las siguientes: 

a) El control de acceso cuando existan mecanismos de seguridad incorporados contra la comisión de infracciones.

b) El control de sistemas de seguridad contra la comisión de delitos y faltas (vídeos, monitores, alarmas, etc.).

c) La vigilancia y seguridad activa de los bienes, con posibilidad de represión.

d) La vigilancia nocturna.

En consecuencia, la prestación de tales servicios por empresas y personal que no se encuentre debidamente habilitado a tal fin, podrá sancionarse con arreglo a lo previsto en la vigente normativa de seguridad privada.

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¿Un BuroTex? ¿Qué es esto?

Un BuroTex es un mensaje corto (SMS) enviado desde un emisor a un receptor a través de la plataforma de burotex.com. Esta plataforma certifica las evidencias electrónicas con RedAbogacía (Consejo General de la Abogacía Española) y por tanto es una evidencia documental con plena validez legal. Es un SMS certificado.

¿Cómo funciona?

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Para ello, se diseñan mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las empresas para promover el mantenimiento del empleo y lograr que el despido sea la última opción. La reforma también moderniza la negociación colectiva con el fin de acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores y se apoya en los autónomos y PYMES, proporcionándoles mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.

La norma establece cambios sustanciales en las extinciones de contratos, en los aspectos contractuales individuales (clasificación y movilidad, condiciones de trabajo) y colectivos (aplicación de convenios de empresa), así como renueva y crea nuevos sistemas de bonificación.

También son interesantes los cambios con las reformas laborales anteriores, la concatenación de contratos (sus efectos estaban suspendidos) o la intervención de FOGASA en las extinciones de contratos.

Las medidas contenidas en el Real Decreto entran en vigor desde el Lunes 13 de Febrero.

El texto íntegro se puede obtener desde la página web del Boletín Oficial del Estado:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf

Esta información ha sido elaborado desde el gabinete jurídico-laboral de FES, VALENTIN-GAMAZO Abogados, manteniendo el compromiso de informar de un modo claro y práctico todos los cambios y novedades producidos, centrándose en los que pueden ser los más importantes para los asociados.

Los aspectos más importantes de la última reforma son los siguientes:

1. Cambios en la extinción del contrato individual y colectivo.

Desaparece el despido de 45 días.  A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido que seráde 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades.

Ello no obstante, para los contratos antiguos (anteriores al 13 de Febrero), la nueva indemnización sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la presente norma. Estos contratos conservan el derecho a obtener una indemnización de hasta 42 mensualidades. Sin embargo, sí se aplica el tope de las 24 mensualidades, salvo que por la antigüedad del contrato este tope esté superado, y se aplicaría el antiguo de 42 mensualidades.

Desaparecen los salarios de tramitación por despido improcedente, salvo en readmisión. Junto a la modificación de las indemnizaciones por despido improcedente, en caso de que se discuta el despido, la declaración posterior de improcedencia no implicará tener que abonar además los salarios dejados de percibir, salvo los casos que el empresario opte por la readmisión del trabajador a su puesto.

 Se objetiviza como causa la disminución persistente de ingresos o ventas. La reforma matiza las causas económicas negativas. Ahora se determina en qué consiste la Disminución persistente de ingresos o ventas, que es que la situación se acredite durante tres trimestres.

Para estas extinciones, la indemnización por la extinción del contrato indefinido será de 20 días por año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con un máximo de 12 mensualidades, como se venía estableciendo hasta ahora.

Se elimina el factor a nivel empresarial para extinguir contratos por absentismo. Para combatir comportamientos individuales de absentismo injustificado que ocasionan a la empresa un elevado coste económico y organizativo se elimina la vinculación del grado de absentismo del trabajador y la plantilla para justificar el absentismo como causa de despido. A partir de ahora sólo se tendrá en cuenta el absentismo del trabajador.

Extinción por falta de adaptación. Se refuerza la exigencia de formación: el empresario, cuando lleve a cabo una modificación técnica a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca un curso para que pueda formarse. Dicho periodo formativo suspende el contrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir al trabajador por falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sin resultados.

Desaparece la Autorización administrativa en los EREs. Tanto en los supuestos de extinción como suspensión. Se elimina la autorización administrativa previa para ejecutar las extinciones colectivas. A partir de ahora, en el caso de que el procedimiento del ERE de finalice sin acuerdo, la empresa podrá aplicar la medida extintiva directamente y el control será judicial, como los demás despidos. En ese caso, la autoridad laboral informará a la Entidad Gestora de las prestaciones de desempleo que podrá impugnar la medida. Del mismo modo podrá hacer recomendaciones o advertencias sobre el desarrollo de las consultas, sin que sea necesaria su autorización para proceder a la aplicación de la medida.

Nuevos requisitos para los despidos colectivos.

Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externadiseñado para un periodo de, al menos, seis meses.

En empresas de más de 500 trabajadores (o que en formen un grupo empresarial que llegue a esta cifra) que hagan despidos colectivos y que en los dos ejercicios económicos anteriores hayan tenido beneficios, tendrán que hacer aportaciones económicas al Tesoro Público por despedir a trabajadores de más de 50 años. La cuantía se fija conforme a una escala fijada por la norma.

FOGASA. El Fondo de Garantía Salarial sólo cubrirá la extinción de los contratos por despidos procedentes en PYMES. Se vuelve a la situación anterior al 2009 y se deroga la previsión de que el FOGASA cubriera parte de las indemnizaciones de los contratos de fomento a la contratación indefinida.

2. Novedades en contratación.

Nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.   La reforma impulsa un nuevo contrato indefinido para PYMES y Autónomos (empresas de menos de 50 trabajadores), con la característica de que contará con un periodo de prueba de 1 año.

Contrato para la formación y el aprendizaje.  Para reducir el elevado desempleo juvenil y mitigar los efectos del abandono temprano de los estudios, se impulsa el contrato para la formación y el aprendizaje. Se eleva la edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato a los 30 años.

Regulación del teletrabajo. Se regula por primera vez en España el teletrabajo, salvaguardando el derecho a la formación de estos trabajadores. Se garantiza el derecho a una retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial en el centro de trabajo y a ser informados de las vacantes en puestos presenciales existentes.

Modificación del contrato a tiempo parcial. Impulso de la utilización de este contrato que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal.

Se crea el permiso retribuido de formación. Los trabajadores con más de un año de antigüedad contarán con permiso retribuido de 20 horas anuales de actividades formativas cuyo contenido debe estar vinculado al puesto de trabajo. La concreción del permiso se hará por acuerdo entre trabajador y empresa. También se crea una cuenta formación en la que se recogerá la formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida activa. Eso significa aproximadamente 2,5 días menos de trabajo productivo.

Limitación del encadenamiento de los contratos temporales. Se levanta la suspensión temporal de convertir en indefinidos los contratos temporales encadenados durante más de 24 meses. A partir del 31 de diciembre de 2012 vuelve a ser de aplicación.

3. Nuevas bonificaciones a la contratación.

- La empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años.

- Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante 1 año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo.

- Además, se establece un régimen de bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades para su incorporación al mercado laboral. Las medidas son las siguientes:

- Para fomentar la contratación de jóvenes, con una tasa de desempleo cercana al 50%: bonificación en la cuota de la Seguridad Social de hasta 3.600 euros a la contratación indefinida de jóvenes entre 16 y 30 años durante tres años. La bonificación se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador:

- Primer Año: 1.000 euros

- Segundo Año: 1.100 euros

- Tercer Año: 1.200 euros

- Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador es mujer en sectores donde esté colectivo está poco representado.

- Para fomentar la contratación de parados de larga duración: bonificación de hasta 4.500 euros a la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años (desempleados al menos 12 meses de los 18 anteriores):

- Primer año: 1.300 euros

- Segundo Año: 1.300 euros

- Tercer Año: 1.300 euros

- Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde este colectivo esté poco representado las bonificaciones indicadas se elevan a los 1.500 euros.

- Bonificaciones de cuotas en los contratos de formación y aprendizaje. Los contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2012, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social del 100 % si el contrato en empresas de plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75%, en empresas de plantilla igual o superior a esa cifra. Asimismo, se reducirá el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga.

Cuando se transformen en contratos indefinidos, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año

Conversión de contratos en prácticas, relevo y sustitución. Cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros/año durante tres años será  de 700 euros/año.

Podrán ser beneficiarios las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores en el momento de producirse la contratación.

4. Se prorrogan las ayudas en los EREs de Suspensión.

Para ayudar a las empresas en situaciones económicas adversas, se introduce una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos un año). Se podrá aplicar a todos los ERES aprobados entre el 1 de Enero de 2012 hasta 31 de Diciembre de 2013.

Si la empresa extingue finalmente los contratos, los trabajadores no ven mermado su derecho a la prestación por desempleo, ya que se establece la reposición de las prestaciones (contador 0) hasta un máximo de 180 días.

5. Se facilita la flexibilidad interna. Condiciones de trabajo.

En la línea de ahondar en la flexibilidad interna de las empresas, que sitúe el despido como último recurso, se acomete una reforma de la negociación colectiva:

Modificación sustancial de condiciones. La “cuantía Salarial”. A partir de ahora la “cuantía salarial” se introduce entre los supuestos de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Esto quiere decir que es posible articular este procedimiento para alterar las condiciones retributivas en la empresa.

Distribución de jornada del 5% por la empresa. Se promociona la distribución irregular para adaptarla a las necesidades de empresa. En caso de desacuerdo con los trabajadores, ésta podrá disponer unilateralmente de un 5% de ella.

Clasificación profesional y movilidad funcional. Estos cambios pretenden facilitar la adaptación de las condiciones laborales a la realidad de la empresa.

Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por categorías profesionales y se generaliza el sistema de grupos profesionales, facilitando así, la adaptación de los trabajadores a nuevas funciones.

Prioridad del Convenio de Empresa. Se introduce la prioridad de los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, los representantes de los trabajadores y el empresario pueden consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades.

Se simplifica el descuelgue de convenio, entre otras cosas el salarial. No sólo se aplica a salario, sino también a otras materias. Se facilita a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue). En caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje si lo han pactado en el convenio colectivo. De no ser así, una de las partes elevará el desacuerdo a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de 25 días.

Limitación temporal a la vigencia de los convenios. Para favorecer la negociación y la consecución de los acuerdos, las partes deberán negociar un nuevo convenio en un plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente, por lo que se pone fin a la ultractividad indefinida de los convenios.

6. Capitalización de la prestación por desempleo.

Se posibilita la capitalización del 100% de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que inicien una actividad como trabajadores autónomos.

 7. Las ETT’s podrán actuar como Agencias de Colocación.

Con la reforma, se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal, para actuar como agencias privadas de colocación. En ningún caso, las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores.

Sin perjuicio de otros cambios y modificaciones de carácter procesal o aspectos que afectan específicamente a sectores especializados, consideramos que estos puntos son los más destacados de la Reforma laboral. Sin duda abre diversas alternativas que hasta ahora estaban descartadas para la adaptación y organización de las necesidades de las empresas.

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

La reforma apuesta por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo: equilibrio entre la flexibilidad interna y la externa; entre la regulación de la contratación indefinida y la temporal, la de la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo; entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de trabajo, etc. El objetivo es la flexiseguridad. Con esta finalidad, el presente real decreto-ley recoge un conjunto coherente de medidas que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional (capítulo I); fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes (capítulo II); incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo (capítulo III); y, finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo (capítulo IV).

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.(BOE-A-…

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Se pretende, salvo configuraciones específicas, que este servicio no suponga un coste mayor para el cliente, si no que forme parte del día a día del servicio y una muestra más de los criterios de transparencia y calidad que CIVITTAS quiere abanderar.

Las principales ventajas del servicio, además de la localización en tiempo real, será el dotar de una mayor transparencia y un acceso  más cómodo a todos las incidencias del servicios. En todo momento, nuestro cliente tendrá acceso a todos los datos, tanto históricos, como en tiempo real, y diferentes tipos de  informes certificados por terceros,  posición y rutas detalladas sobre cartografía, recepción de alertas vía SMS por eventos prefijados, control de accidentes, abandonos de zona, movilización o inmovilización de vehículos……

FUNCIONAMIENTO:

Diferentes usuarios tendrán acceso a distintos niveles de información, de modo que sea posible gestionar y administrar la información almacenada en el sistema.

Las frecuencias de envío de posición, así como las políticas de envío / no envío de posiciones son completamente parametrizables  y serán definidas pudiendo ser adaptadas a las necesidades de cada cliente. A  su  vez,  cada  una  de  las posiciones mostrada utiliza iconos de diferente tipo y color  para informar del  estado  de  los dispositivos mostrados, permitiendo una rápida   identificación de   aquellos  que están en situación de alarma, parados, en movimiento…….

NOTIFICACIÓN DE ALERTAS

Cuando    cualquier    dispositivo    conectado  lanza una alerta (pulsación de pánico, robo, accidente, etc.) automáticamente aparece un pop-up notificando dicha situación a todos los operadores que en ese momento se encuentren conectados  y tengan permisos para  la monitorización del dispositivo y para la gestión de alertas. Este pop-up se acompaña por una señal sonora que avisa de que un evento de alerta se ha producido. Una vez que un operador acepta dicha alerta, desaparece de la pantalla y solamente  podrá  ser gestionada por  ese operador o por administración.

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

   El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Zaragoza ha condenado a una empresa de mantenimiento de sistemas de seguridad y central receptora de alarmas a indemnizar a la Joyería Luyjo de Madrid, cuyo taller fue robado, por su escasa efectividad, ha informado el Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid.

   El juez reprocha que sea “una empresa profesional de la seguridad y no advirtiera a la joyería acerca de la conveniencia de mejorar la línea” a fin da garantizar la comunicación con la central de alarmas y que no resulte su servicio inhábil o inservible para el fin que se contrató.

   El Gremio muestra su satisfacción de que los tribunales españoles hayan iniciado el camino de interpretar como obligación fundamental de estas empresas de seguridad “el que se preste un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de forma que, si por dolo, negligencia, culpa o falta de diligencia se incumpliere con su obligación, se genere la correspondiente responsabilidad sobre los daños y perjuicios que pudiera tener la joyería”.

   La asesoría de seguridad del Gremio ha recordado que presta toda la asistencia para determinar dichas responsabilidades y apoyar cualquier legítima reclamación.

PREOCUPACIÓN GENERAL

   Desde hace unos meses, el colectivo de joyeros de Madrid viene solicitado una mayor eficacia a las compañías de alarmas que vigilan sus establecimientos. El secretario general del Gremio, Armando Rodríguez, denunció hace unas semanas que el 95 por ciento en los avisos enviados a las centrales receptoras de alarma por parte de joyerías “en ninguna de ellos se ha avisado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

   Además, ha pedido que la legislación que obliga a mantener las medidas de seguridad se haga con criterios de eficacia, “que se presten los servicios y que se les sacan el máximo partido, cosa que no ocurre en la actualidad”. Por eso, ha exigido la actualización de la normativa de Seguridad Privada, cuyo reglamento considera “antiguo”.

   “Las tecnologías han evolucionado mucho en los últimos años y se puede hacer una adaptación tratando de optimizar que las cámaras, los materiales y los recursos de seguridad sean mucho más eficaces. Hay que organizarlo normativamente para establecer quien tiene que cumplir y con qué certificaciones. Eso tiene que tratar la Ley de Seguridad Privada y nos han manifestado la posibilidad de abordarla en un futuro próximo”, manifestó a Rodríguez”, argumentó.

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