Ideas Constitucionales XXI

Un Llamado a la Justicia y la Equidad en la República Dominicana

2023-12-26T08:00:00.012-04:00

En la fría mañana del 26 de diciembre de 2008, alzaba mi voz en el Congreso Nacional, un lugar que debía ser un bastión de democracia y justicia. Sin embargo, lo que resonaba era la desconexión entre los gobernantes y aquellos a quienes deberían servir. Ese día, mi discurso, aunque han pasado años, sigue siendo un eco persistente en la lucha por una República Dominicana más justa.

La Lucha Contra la Corrupción y la Búsqueda de la Libertad

La corrupción sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad, y la lucha contra ella es más relevante que nunca. Como representante del pueblo, mi deber era y sigue siendo denunciar a los corruptos de todos los sectores. Sin embargo, esta lucha va más allá de la corrupción; se trata de la libertad, especialmente de aquellos menos afortunados, cuyos derechos se ven vulnerados, a menudo en una noche oscura y fría por una redada, en franca violación al Artículo 40 de nuestra Constitución.

El Estado Social y su Deuda con los Más Vulnerables

Nuestra sociedad enfrenta no solo la decadencia y la violencia, sino también una crisis de confianza en la justicia. El Artículo 40 de la Carta Magna, garantiza la libertad y seguridad personal; sin embargo, la realidad para muchos, especialmente para los pobres y sin nombre, es una historia diferente. Son demasiado a menudo víctimas de un sistema que no les brinda el debido proceso ni respeta la supremacía de la Constitución.

La percepción generalizada es de una justicia que genera desconfianza, un sistema que parece alejarse cada vez más del ideal de justicia social y equidad. Como sociedad, estamos en una búsqueda incesante de que los procesos estén apegados al debido proceso y prevalezca la supremacía de la Constitución.

Mi llamado a la transformación del sistema político nacional es más relevante que nunca. Debemos trabajar juntos para construir un sistema que no solo combata la corrupción, sino que también proteja la libertad y los derechos de todos los dominicanos, especialmente de los más vulnerables.

Mirando Hacia el Futuro con Esperanza

A pesar de los años, mucho de lo denunciado sigue sin cambiar. Sin embargo, sigo creyendo firmemente en la capacidad de nuestra nación para mejorar. Como aspirante a representar nuevamente a La Romana en el Senado, reafirmo mi compromiso con estos ideales. La lucha por una justicia verdadera y un gobierno que respete y proteja los derechos de todos es un camino largo, pero es un camino que debemos recorrer juntos.

Por el bienestar de nuestra nación y el futuro de la República Dominicana, la lucha por la libertad y una justicia verdadera, apegada a nuestra Constitución, sigue siendo mi más firme convicción y llamado a la acción.

Cómo define nuestra libertad y soberanía la Constitución Dominicana

2023-12-19T21:25:00.001-04:00

¿Alguna vez te has preguntado qué hace que la República Dominicana sea única en el panorama mundial? ¿Qué principios fundamentales guían nuestra nación y cómo se reflejan en nuestras leyes y en nuestra vida diaria? En el corazón de estas preguntas yace el Artículo 1 de nuestra Constitución, no solo un párrafo en un documento legal, sino el alma de nuestra identidad nacional.

La Constitución de la República Dominicana (2010) establece en su primer artículo:

"El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana."

Desglosando el Artículo 1:

Este breve pero poderoso artículo encierra varios conceptos clave:

"Nación Organizada en Estado": Este término subraya la unión de una comunidad con una identidad compartida y una estructura gubernamental efectiva y autónoma.
"Libre e Independiente": Estas palabras son una declaración firme de nuestra autodeterminación y soberanía, libres de dominación externa.
"República Dominicana": Más que un nombre, representa nuestro legado histórico, cultural y los valores que nos unen.

Es fascinante ver cómo el concepto de Estado ha evolucionado a lo largo de la historia. Según Engels y otros estudiosos, el Estado tuvo su origen en la antigua Atenas y desde entonces, ha sido un pilar en la formación de sociedades y naciones. Observando las Ciudades-Estado de la antigua Grecia y los ejemplos modernos como San Marino, apreciamos la diversidad en la forma y estructura de los Estados a lo largo de la historia y en diferentes regiones del mundo.

Más allá de su definición jurídica, el Artículo 1 simboliza los pilares de nuestra democracia y soberanía. Es un eco de nuestra historia y una guía hacia el futuro, reafirmando los principios de libertad y autodeterminación.

Al comparar nuestro Artículo 1 con constituciones de otras naciones, se resalta la naturaleza universal de ciertos valores democráticos, y cómo estos se adaptan y reflejan en cada país, incluyendo la República Dominicana.

El Artículo 1 de la Constitución Dominicana va más allá de las palabras; es una proclamación de nuestra identidad y principios. Nos recuerda constantemente lo que significa ser dominicano y la responsabilidad de preservar y promover nuestros valores fundamentales. Al entender la evolución y la diversidad del concepto de Estado, ampliamos nuestra apreciación por la singularidad de nuestra propia nación y reconocemos nuestro lugar en el rico mosaico de la historia mundial.

El Dr. Frank Martínez, un destacado abogado y académico, ha dedicado más de 25 años a la enseñanza del derecho constitucional en la Universidad Central del Este (UCE). Con una carrera distinguida en el ámbito legal y político, el Dr. Martínez ha servido a su país como Juez de Paz, Senador y Diputado, demostrando un compromiso inquebrantable con la justicia y el bienestar de la República Dominicana. Actualmente, aspira a representar la provincia de La Romana en el Senado de la República Dominicana, impulsado por su deseo de continuar contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de su nación.

Tribunal Constitucional aclara sentencia sobre elección del apellido de los hijos

2021-05-07T11:33:00.001-04:00

El Tribunal Constitucional aclaró este jueves que no conoció el recurso de inconstitucionalidad que sometieron los señores Romina Betsabé Santroni y Fernando Javier Figueroa, contra el artículo 46 de la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil y el artículo 57 del Código Civil para que los padres sean quienes decidan el primer apellido de sus hijos.

“En sus fundamentos, la indicada sentencia reafirma lo que la jurisprudencia del órgano ya ha establecido en cuanto a la naturaleza de la acción directa de inconstitucionalidad, como un mecanismo de control abstracto e independiente de la aplicación concreta en la realidad, y en los casos particulares de la norma impugnada”, señaló el TC a través de una nota de prensa de la Dirección de Comunicaciones.

“La decisión tomada por el Tribunal Constitucional, al no someter las disposiciones atacadas a un juicio de fondo, circunscribe la referida acción a su declaratoria de inadmisibilidad -que es lo único que ha decidido- y, por tanto, no afecta la vigencia del artículo 46 de la Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil del diecisiete (17) de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), ni del artículo 57 del Código Civil de la República Dominicana”, afirmó.

¿Qué hizo el tribunal?

Al hacer las ponderaciones sobre la inadmisibilidad de la acción sometida por Betsabé Santroni y Javier Figueroa, debido a que lo que están recurriendo es una práctica y no algo regulado por ley, los jueces aprovecharon para hacer un pronunciamiento en referencia a lo que dice tanto el artículo de la ley del Registro Civil como el Código, para emitir una consideración.

El TC deberá, en lo adelante, explicar si es o no un precedente al que deben acogerse los órganos del Estado o una simple consideración, ya que en la parte dispositiva de la decisión solo se hace referencia a la inadmisibilidad de la acción.

“Este tribunal considera que las instituciones encargadas del registro de nombres han actuado violando el derecho de igualdad, ya que si la norma no indica cuál apellido debe ir en primer orden en el nombre de los hijos, debe de entenderse que tal decisión se ha dejado al libre albedrío de los padres”, refiere en uno de los acápites de la decisión.

“Lo anterior implica no solo que la norma respeta el principio de igualdad, sino que, además, la misma propugna por el respeto del principio de autonomía de la voluntad de los padres, principio que resulta básico en las relaciones entre las personas, ya que permite la libertad de los padres de regirse de acuerdo con sus intereses, siempre y cuando, no se afecte los derechos de los terceros y el orden público”, continuó diciendo en los numerales.

Explicó, además, que ni la ley ni el Código Civil son inconstitucionales y lo que ha habido es una incorrecta interpretación de los textos legales.

“Conforme a lo anterior, resulta que las alegadas violaciones son imputables a la autoridad competente al momento de aplicar el texto objeto de análisis y no al legislador que la dictó; por tanto, la norma atacada no es inconstitucional, sino que de lo que se trata es de una mala práctica o incorrecta interpretación de los referidos textos legales”, refirió.

TC declara inconstitucional resolución de Indotel que autoriza espionaje

2013-11-19T22:33:00.000-04:00

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró no conforme con la Constitución la Resolución 086-11 del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) que autoriza a los organismos de seguridad espiar las llamadas telefónicas de cualquier ciudadano sin la autorización de un juez.

En la sentencia TC/0200/13 la alta corte establece que la mencionada resolución del organismo de telecomunicaciones "violenta el derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación; el principio de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales; el principio de razonabilidad; el principio del debido proceso y el principio de legalidad penal, contenidos en la Carta Sustantiva".

La sentencia, dictada el pasado día 7 del mes corriente y dada a conocer por el TC este martes, fue aprobada con once votos a favor y un voto disidente, informa el mismo tribunal en un comunicado de prensa.

En TC estimó que los accionantes, los periodistas Namphi A. Rodríguez, José Rafael Molina Morillo, la Fundación Prensa y Derecho y el Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana, "demostraron tener un interés legítimo y jurídicamente protegido, en vista de que los efectos de la ejecución de las disposiciones contenidas en la Resolución 086-11 pudieran afectar el manejo de datos relacionados al tráfico y conexión de las comunicaciones de dichos ciudadanos, por lo cual podrían resultar perjudicados con dicha resolución".

Cámara de Diputados pone en circulación Constitución Dominicana para niños

2012-11-09T00:40:00.000-04:00

La Cámara de Diputados puso en circulación la Constitución Dominicana Infantil, en un solemne acto celebrado en el Salón de la Asamblea Nacional, encabezado por los presidentes de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán y del Senado, Reinaldo Pared Pérez, así como la Primera Dama de la República, Candy Montilla de Medina.

El acto inició con el desfile de los infantes abanderados de la Academia Belisario Peguero de la Policía Nacional, así como los niños y niñas del coro que dirige la profesora Marianela Sánchez, quienes entonaron el Himno Nacional.

En su discurso central, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la Constitución Dominicana Infantil, está adecuada con los mandamientos de los organismos nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU-UNICEF).

Abel Martínez Durán, precisó que “esta obra no sólo es un hito bibliográfico por ser la pionera en su género en nuestro país, sino porque a partir de hoy nuestra patria chica será una patria grande, gracias al conocimiento por las nuevas generaciones de las Reglas Supremas que rigen y aseguran la vida en sociedad”.

Agregó que “ese conocimiento nos hará más conscientes y responsables de nuestros derechos, pero sobre todo de nuestros deberes ciudadanos para con la Patria”.

En ese sentido, indicó que “el país no se va a detener y estamos seguros que en un año, dos años, tres años, en cuatro, en cinco, los frutos se van a palpar”.

Compromiso. Informó que la Cámara de Diputados asume el compromiso de difundir los contenidos de la Constitución Infantil y todo lo que vaya en la dirección de ese objetivo.

De su lado, la autora de la Constitución Dominicana Infantil, Dulce Vargas de Castellanos dedicó su discurso a Rosa Molina Toribio, Eddy Grullón y Nathanael García, niños “buzos” del barrio Cienfuegos, en el sector La mosca, de Santiago, quienes fueron sus invitados especiales en tan histórico acto.

“Estos niños tienen hoy la oportunidad de conocer sus derechos y deberes, ellos representan la niñez más desvalida y de riesgo de nuestro país que deben ser protegidos con las enseñanzas de la Constitución Dominicana Infantil, ya que esta obra demuestra con gran claridad sus derechos fundamentales, esos derechos que dan el desarrollo de cada uno de ellos, ustedes, prescriben los mecanismos para garantizar respetos a esos derechos, al tiempo de indicar los deberes que todos debemos cumplir”, agregó.

Con anterioridad. Previamente, ayer, Día de la Constitución, la Cámara de Diputados aprobó una Resolución mediante la cual el organismo legislativo asume el compromiso de fomentar la difusión de la Constitución Dominicana, en esa versión infantil, a los fines de empoderar a la población de niños, niñas y adolescentes del conocimiento de los derechos y garantías fundamentales de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica, establecidos en la Constitución de la República.

La Constitución Dominicana Infantil, procura que los niños, niñas y adolescentes, aprendan a reconocer sus deberes y derechos y a ser personas respetuosas de los derechos de sus conciudadanos, a través de programas y estrategias educativas del contenido de la Constitución.

El primer considerando señala que la Constitución dominicana proclamada por la Asamblea Nacional el 26 de enero de 2010 consagra, en el artículo 56, la protección de las personas menores de edad, en virtud de lo cual la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a la Constitución y las leyes.

TC ordena a Cámara de Diputados entregar informes sobre salarios

2012-09-24T21:34:00.001-04:00

Cámara de Diputados

Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la obligación de transparencia en todo el Estado como forma de controlar la corrupción administrativa, al rechazar un recurso de revisión en materia de amparo incoado por la Cámara de Diputados en contra de una sentencia que les ordena entregar a un ciudadano la información completa relativa a la cantidad de asesores que poseen y sus salarios.

Mediante su sentencia número 42, del 21 de septiembre de 2012, el alto tribunal rechazó el recurso de la cámara baja interpuesto contra la sentencia 166-2011, de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo que le ordena entregar al señor Manuel Muñoz Hernández la información citada.

La Cámara de Diputados había entregado la documentación sobre sus asesores y sus salarios de forma general, sin individualizar y sin los nombres, ya que había que esperar el consentimiento de los asesores para ser revelado, por lo que el requirente la consideró incompleta, y recurrió ante los tribunales.

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo aludiendo que los datos (nombres, cargos y salarios) no eran de carácter confidencial, sin embargo la Cámara de Diputados, en desacuerdo con la sentencia, recurrió a revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, que encontró en su contra.

Por: El Panorama Diario.

Preámbulo de nuestra Constitución Dominicana 2010

2012-08-17T21:52:00.000-04:00

PREÁMBULO

Constitución Dominicana de 2010.

Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente

Comentarios:

El tema del preámbulo constitucional ha sido analizado desde diversos puntos de vista en la literatura comparada. Desde la perspectiva de su fuerza significante en la configuración del sistema político, el eminente constitucionalista alemán Carl Schmitt lo definió como el “resumen de la voluntad política más importante”, pues consideraba que el texto preambular contiene en sí las líneas maestras que, en términos de objetivos políticos, animan la “decisión” de adoptar una Constitución. En un sentido similar ha sido analizado por el profesor español Javier Tajadura Tejada, para quien el preámbulo es el “texto introductorio que precede al articulado de un documento normativo y que, presentándolo, expone las razones por las cuales el autor de la norma interviene como tal, así como los objetivos que con su actuación persigue”. Ambas aproximaciones ponen el énfasis en el significado eminentemente político del preámbulo y terminan cuestionando su valor normativo y, por tanto, su fuerza hermenéutica configuradora del sentido de la Constitución a la que acompaña. Estas dos ideas resumen una de las posiciones que han dominado el debate sobre la cuestión.

Por otro lado está la perspectiva que, sin negar el significado político del preámbulo, lo entiende como un texto que va más allá de explicar las razones para la adopción de la Constitución: el preámbulo en sí mismo es entendido como norma jurídica y, su contenido, como base de comprensión del resto del ordenamiento constitucional. En cierta forma, para muchos el contenido del preámbulo irradia buena parte del documento de la Ley Fundamental, validando de esa forma su uso por parte del intérprete al momento de fijar el sentido de los principios y normas que la informan. Este enfoque lo podemos ilustrar recurriendo al tratamiento que le ha dado el Tribunal Constitucional de España que, en algunas sentencias, ha recurrido al preámbulo de la Constitución de ese país como herramienta de integración e interpretación de las normas constitucionales, llegando incluso a citar el preámbulo dentro del catálogo de razones para adoptar una determinada decisión.

Cuando se miran las constituciones que han resultado de los procesos de reforma producidos en el Este de Europa, en América Latina y en Sudáfrica en las últimas décadas, uno de los elementos comunes que vamos a encontrar es la incorporación de un amplio catálogo de derechos fundamentales, así como un conjunto de principios rectores, muchos de los cuales están ya incorporados en el mismo preámbulo del texto constitucional. Si, al decir de la más reputada doctrina constitucional sobre la materia, los principios deben ser entendidos como “mandatos de optimización”, y los mismos ya están contenidos en el preámbulo, no es exagerado afirmar que, hoy en día, el contenido del preámbulo en las constituciones principiológicas propias del neoconstitucionalismo, tiene una eficacia normativa fuera de toda duda. Se supera así, además, una “teoría pura del derecho” que, con el jurista austriaco Hans Kelsen a la cabeza, trató de reducir la Constitución a un programa formal de producción normativa, sin reconocerle eficacia para disciplinar el contenido de las normas inferiores.

En el caso dominicano, esta perspectiva del preámbulo como texto que, al tiempo que resume la voluntad política suprema, enuncia los principios rectores de la organización del Estado, se encuentra en el origen mismo de nuestra vida republicana. Al decir del profesor dominicano Cristóbal Rodríguez Gómez, “se puede afirmar que los postulados y directrices normativas del Manifiesto del 16 de Enero de 1844 constituyeron la fuente de orientación jurídica y política de la Junta Central gubernativa (primer gobierno de la República), señalando anticipadamente los principios fundamentales que servirían de base a la Constitución de San Cristóbal […] la apelación al principio de soberanía, a la seguridad, el sistema democrático y la garantía de los derechos civiles y políticos, se encuentran plasmados en el texto del preámbulo de la Constitución de San Cristóbal”. Coherente con esto, la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 incorpora un preámbulo preñado de “valores supremos” y “principios fundamentales”.

Esos valores supremos y principios fundamentales -que serán ponderamos más adelante- constituyen el telos ideológico de la Constitución dominicana; los pensamientos directivos que sirven de base o fundamento a nuestro ordenamiento constitucional; las ideas informadoras de la organización jurídico-política de la Nación. La mejor doctrina constitucionalista afirma que los valores o principios poseen un enunciado normativo de carácter muy general y abstracto, del que derivan algunas características:

son categóricos, porque no tienen un hecho condicionante, ni prescriben un comportamiento preciso, sino que encomiendan la obtención de un fin que puede ser logrado usando más de un medio, por lo que precisan concretarse en los casos particulares;
son normas teleológicas porque son raíz y razón de otras normas y dan identidad material o cohesión al ordenamiento jurídico en su conjunto;
son normogenéticos, como sostiene el profesor dominicano Eduardo Jorge Prats, porque sirven para concretar o inspirar otras normas inferiores.

Existe una gran discusión entre los filósofos del derecho en torno a la naturaleza de los valores y su distinción de los principios. El iusfilósofo alemán Robert Alexy sostiene que los principios tienen un carácter deontológico y, por tanto, refieren a lo que es debido, mientras que los valores un carácter axiológico, que remite a lo que es mejor. De esta distinción algunos autores deducen que los valores pertenecen a la moral política y no al Derecho positivo. Para quienes así piensan, la normativización de los valores y su correspondiente coercibilidad sólo puede obtenerse a partir de la concreción de los valores en principios.

Acorde con esa visión, defendida por el jurista colombiano Sergio Estrada Vélez, la consagración de un valor en la Constitución no le otorga la categoría de norma jurídica, sólo sirve de prueba de la irrefutable vinculación del derecho a la moral, pero no se puede pretender que la naturaleza jurídica del valor sea atribuible por su consagración en un texto. Contra esa lógica arremete el jurista español Francisco Díaz Revorio explicando que la constitucionalización de los valores (precisamente por ser buenos), si bien no altera su naturaleza axiológica, les incluye en el mundo del deber ser (y son debidos porque son buenos).

La distinción de Alexy radica en revelar las dos dimensiones de los valores y los principios (la axiológica y la deontológica) ya que un mismo concepto puede actuar como valor o como principio. Esta última visión es la que ha predominado en la práctica de las jurisdicciones constitucionales especializadas (Alemania, España, Colombia, Perú).

Los valores supremos y principios fundamentales que contiene el preámbulo de la Constitución dominicana son “la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz”. Se trata de una lista enunciativa que es completada con otros valores y principios reconocidos expresamente en el cuerpo de la Constitución o que pueden derivarse implícitamente de su textura abierta. Esos valores y principios también suelen ser concretados en la forma de derechos fundamentales exigibles directamente por la ciudadanía, y, en todo caso, mantienen su capacidad para condicionar la actividad de “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas” como presupone la supremacía constitucional reconocida en el artículo 6 de la Constitución. Por tanto es necesario conocer, aunque sea someramente, el significado de cada uno de éstos.

La dignidad humana es el primer valor o principio que consagra la Constitución dominicana. Correspondió al filósofo alemán Enmanuel Kant la fundamentación teórico-racional de la dignidad humana, al comprender que “el ser humano no puede ser usado como un medio, sino que es un fin en sí mismo”. Ese elemento teleológico consustancial a la dignidad humana es lo que permite afirmar que cada individuo es una persona.

La preponderancia de la dignidad humana ha sido retomada por el constitucionalista alemán Peter Häberle, que la cataloga como “la premisa antropológico-cultural que funda la Constitución”. Idea ésta que es claramente percibible en la Constitución dominicana cuando asume, en su artículo 5, la dignidad humana como el valor que le sirve de fundamento a la Constitución misma. Posteriormente la dignidad es definida, en el artículo 7, como un principio rector del Estado social y democrático de derecho, para luego presentarse, en el artículo 8, como el preconcepto sintetizador de la función esencial del Estado y, finalmente, en el artículo 38 se regula en su dimensión de derecho fundamental. Se trata, sin duda, de uno de los conceptos centrales del constitucionalismo y precisamente por esto ha recibido un profundo desarrollo en la práctica de los tribunales constitucionales.

Pero la dignidad es también un concepto controversial, en la medida que su sobredimensionamiento como principio jurídico podría anular la capacidad regulativa del legislador democráticamente elegido y trasladar al terreno de la justicia constitucional la definición de las cuestiones socialmente controvertidas.

La libertad es otro de los grandes valores y principios fundamentales de la Constitución dominicana. Montesquieu, ilustre filósofo francés, sostenía que el principio de la Constitución es la libertad. Su articulación como valor constitucional se relaciona con la garantía de los derechos fundamentales y el sistema de frenos y contrapesos que motoriza el principio de separación de poderes. La libertad garantiza que cada quien pueda obrar o ser como quiera, lo que en el artículo 43 se presenta como el Derecho al libre desarrollo de la personalidad, con que sólo puede ser limitado por el respeto a los derechos de los demás y la sumisión al imperio de las leyes. Esto último demuestra el profundo nexo que existe entre legalidad y libertad, como presupone el inciso 15 del artículo 40, según el cual “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”. La libertad es un principio fundamental que concretiza múltiples derechos fundamentales que son denominados en el constitucionalismo francés como “libertades públicas”: es el caso de las libertades personal, de tránsito, asociación, reunión, de expresión, entre otras múltiples que forman parte de los derechos civiles y políticos de la Constitución dominicana.

La igualdad es otro de los valores más importantes del constitucionalismo clásico. Según el iusfilósofo norteamericano Ronald Dworkin “la igualdad de consideración es la virtud soberana de la comunidad política”. Se trata del reconocimiento y asignación del mismo abanico de derechos a todas las personas, conforme dispone el artículo 39, sin distinción de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal u otra condición diferencial, tomando como fundamento la dignidad humana. La igualdad, así considerada, como bien expone el iusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli, consiste precisamente en el igual valor asignado a todas las diferentes identidades que hacen de cada persona un individuo diferente de los demás y de cada individuo una persona como todas las demás. La primera concreción jurídica de este valor es el principio de igualdad ante la ley que, en cuanto derecho fundamental, obliga a un tratamiento no discriminatorio de origen legal.

Es por esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha juzgado que no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Pero, como esta misma sugiere, el reconocimiento de la existencia de ciertas desigualdades de hecho que obstaculizan el pleno desarrollo de la persona humana permite que, para su mitigación, puedan traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, con lo que se abre paso a una posible igualdad por compensación, para la defensa legal de los más débiles. Esto es lo que ocurre con cláusulas como la establecida en los incisos 4 y 5 de artículo 39 destinadas a erradicar las desigualdades y la discriminación de género, por un lado, y lograr una mayor participación de la mujer en los cargos públicos, por el otro, en reconocimiento de que están situadas en un plano de desigualdad real con respecto a los hombres.

El imperio de la ley es un principio fundamental que garantiza la sumisión de toda la ciudadanía al derecho, entendida la ley en este caso como ordenamiento jurídico y no sólo como una reserva legal restringida. El sometimiento al derecho es la contracara de la libertad, porque sólo el respeto de la ley puede garantizar la libertad a lo interno de la sociedad. Sin el imperio de la ley nada evitaría que los fuertes abusen de los débiles. Esto es lo que funda precisamente el Estado y el Derecho mismo como medios de protección de la dignidad humana. Ello no significa que los ciudadanos y ciudadanas carezcan de medios para cuestionar la validez de la ley que atente contra sus derechos fundamentales.

La crítica de la validez sustancial de la ley es el más grande aporte del constitucionalismo norteamericano y supuso la superación del paradigma del positivismo clásico de cuño europeo que remitía a la soberanía parlamentaria y el principio de la libre configuración normativa del legislador democráticamente electo. El imperio de la ley solo es entendible como la sumisión de la ciudadanía al ordenamiento jurídico dictado conforme a la Constitución y consecuentemente subsiste el derecho de cualquier persona con interés jurídico y legítimamente protegido de denunciar la inconstitucionalidad de la ley.

La justicia es un valor fundamental de difícil definición, pues como bien expuso Hans Kelsen, “no hubo pregunta alguna que haya sido planteada con más pasión, no hubo otra por la que se haya derramado tanta sangre preciosa ni tantas amargas lágrimas; no hubo otra por la cual hayan meditado con mayor profundidad los espíritus más ilustres.

No obstante, ahora como entonces carece de respuesta”. El filósofo norteamericano John Rawls reelaboró la clásica teoría del contrato social a partir de la indagación de la justicia, y aunque no llega a su precisa definición, sí logra aportar una característica vital de la justicia y es su exclusión de “los regateos políticos y del cálculo de los intereses sociales. Es así que la justicia niega que la pérdida de la libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros, por muchos que sean esos otros, y, en consecuencia, una injusticia sólo es tolerable cuando es necesaria para evitar una injusticia mayor”. La búsqueda de justicia como derecho fundamental es garantizada por la independencia del Poder Judicial y la sumisión de los jueces al derecho. Aquí la justicia se traslada a una pregunta más práctica, como bien advirtió Kelsen, pero no por ello, menos compleja, ¿qué es la verdad? La búsqueda de la verdad que fundamente una decisión justa realza los principios del debido proceso e invierte la lógica maquiavélica de que el fin justifica los medios, porque por el contrario, es la idoneidad de los medios lo que justifica el fin, en razón de que la verdad judicial no puede obtenerse por medios injustos que desconozcan la dignidad humana.

La solidaridad es un valor fundamental que impone la intervención del Estado para mitigar las desigualdades sociales. Su importancia ha sido cuestionada por los adeptos al liberalismo y quienes se oponen a la intervención del Estado en la redistribución económica. Correspondió a la doctrina social de la Iglesia Católica el elevar la solidaridad a principio fundamental asumiéndola como una condición de la igualdad que une a todos los hombres y mujeres. Esta igualdad es a su vez una derivación directa e innegable de la dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona. Juan Pablo II lo expresó claramente, en los siguientes términos: “el ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido sólo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas”. La solidaridad es uno de los fundamentos

del Estado social y democrático de derecho y encuentra una forma concreta en disposiciones como la función social de la propiedad o el cooperativismo económico.

La convivencia fraterna como valor fundamental supone el rescate de uno de los grandes valores olvidados por la modernidad. Libertad, igualdad y fraternidad fueron los conceptos articuladores de la revolución francesa, pero como bien ha puesto de manifiesto el filósofo catalán Antoni Doménech, “la fraternidad quedó como el pariente pobre de la tríada o la cenicienta de los valores democráticos, debido a que, a diferencia de sus compañeras de terna, libertad e igualdad, ni siquiera está recogida en las sucesivas declaraciones de derechos humanos proclamados desde la Revolución Francesa”. La fraternidad supone la unión y buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan como tales. Es así que la convivencia fraterna exige, como apunta el escritor argentino Carlos Boyle, “la igualdad de todos los agentes que han de participar en la construcción de la res-pública y, consiguientemente el reconocimiento y la confianza entre éstos para romper las jerarquías y dejar de lado los intereses particulares para asumir el interés común”.

El bienestar social suele definirse como el conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. El bienestar, tomado aisladamente, es un concepto de fuerte subjetividad, porque la satisfacción de los intereses particulares depende de la condición y percepción que asuma cada persona en particular. Es así que el bienestar social marca los estándares mínimos que deben garantizarse a cada persona para poder vivir con dignidad. El reconocimiento del bienestar social conlleva una modificación sustancial de los fines del Estado en el constitucionalismo contemporáneo.

Es así que el individualismo utilitarista que motoriza la economía de mercado, ya no puede anteponerse válidamente a una racionalidad material que tiene su base legitimatoria en la dignidad humana. Ese bienestar social fundamenta además el reconocimiento de un conjunto de expectativas prestacionales (educación, salud, empleo, seguridad social, vivienda) que conforman el llamado Welfare State o Estado social. Es por esto que la Constitución fortalece el régimen de los derechos sociales e impone al Estado una mayor proactividad para hacer efectivos esos derechos en la realidad.

El equilibrio ecológico supone el reconocimiento de la protección del espacio vital de los seres humanos, entendiéndolos como parte de un complejo existencial que trasciende las generaciones presentes. A partir de este valor la Constitución construye en el artículo 67 el derecho a la protección del medio ambiente para “prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones” Ello impone a la actividad empresarial “la obligación de conservar el equilibrio ecológico” y“restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado”. Se faculta asimismo a los poderes públicos a imponer “sanciones legales” en base a “la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales” y a exigir su correspondiente reparación.

El progreso es otro de los valores superiores que consagra la Constitución en su pretensión de fortalecer el Estado social y democrático de derecho. Son muchas las concepciones teóricas que recientemente se han elaborado en torno al progreso humano como un principio fundamental, y en la base de todas estas se encuentra la construcción de una sociedad que garantice un bienestar social acorde con la dignidad que es inherente al ser humano. Benedicto XVI ha señalado, siguiendo a Paulo VI, que progreso es, en concreto, “que los pueblos salieran del hambre, la miseria, las enfermedades endémicas y el analfabetismo, y reafirma el sumo pontífice católico que el progreso humano desde el punto de vista económico, significa su participación activa y en condiciones de igualdad en el proceso económico; desde el punto de vista social, su evolución hacia sociedades solidarias y con buen nivel de formación; desde el punto de vista político, la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad y paz”.

La paz constituye precisamente el último valor fundamental que incorpora el preámbulo de la Constitución. El reconocimiento de la paz como valor superior supone la exigencia de un Estado que imponga la seguridad interna para garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos. Si se le asume como un derecho fundamental, la paz repugna contra toda actividad bélica de carácter agresivo y sólo admite el uso legitimo de las fuerzas militares en forma reactiva cuando sea estrictamente necesaria para garantizar la supervivencia del Estado.

Ha sido Luigi Ferrajoli quien más fuertemente ha reaccionado en los últimos años en la defensa de las “razones jurídicas del pacifismo”, y una de las tesis centrales de su planteamiento, que compartimos plenamente, es el control de las armas de fuego, pues “sólo deberían admitirse las que fueran necesarias para la dotación de las policías, a fin de mantener el monopolio jurídico del uso de la fuerza”. Es por esto que se impone disminuir la cantidad de armas de fuego en manos de particulares. La alarmante cantidad de pistolas, revólveres y otras armas de fuego en manos de particulares, constituye una de las amenazas más serias para

logar la paz social que quiere la Constitución dominicana.

Los valores y principios constitucionales están llamados a chocar entre sí, a generar conflictos a lo interno de la Constitución misma, porque protegen derechos y bienes jurídicos heterogéneos. Son pues el resultado de las aspiraciones de sectores diversos y, en cierta medida, sintetizan las contradicciones de poder que imperan en un contexto sociopolítico determinado, “según la fuerza política relativa de los diversos actores sociales”, como acertadamente advierte el jurista español Carlos de Cabo Martín. Se explica así que éstos asuman una eficacia relativa que les permita convivir entre sí y proteger simultáneamente los múltiples intereses que coexisten en una sociedad abierta y plural. Sólo el entendimiento de que la conflictividad es inherente a los valores y principios constitucionales permite comprender en su justa dimensión las contradicciones en que se desarrolla una reforma constitucional y consecuentemente el que se generen choques de intereses entre múltiples sectores sociales en aspectos fundamentales de la deliberación constitucional. La conflictividad de los valores y principios es, en definitiva, el resultado de la constitucionalización de intereses contrapuestos a lo interno de la sociedad.

Es entonces cuando surge la necesidad de la armonización jurídica de los valores y principios, lo que se logra a través de unas técnicas jurídicas que miden la intensidad concreta de los intereses en juego (lo que suele llamarse “ponderación”) para privilegiar la aplicación del valor o principio que tenga una mayor fuerza radiactiva en el caso concreto.

Ello significa que en un conflicto de valores y principios no existen reglas preconcebidas que impongan la aplicación de uno en desmedro de otro, sino que es al aplicador de la Constitución (al juez) que corresponde escoger en cada caso concreto el principio o valor que, según los factores reales que se conjuguen, tenga una mayor relevancia. Pues como sostiene el jurista español Luis Prieto Sanchís, “la relación entre los valores y principios constitucionales no es una relación de independencia y jerarquía, sino de continuidad y efectos recíprocos, de manera que, hablando por ejemplo de derechos, el perfil delimitación de los mismos no viene dado en abstracto y de modo definitivo por las fórmulas habituales (como orden público o derecho ajeno), sino que se decanta en concreto a la luz de las necesidades y justificación de la tutela de otros derechos o principios en pugna”.

Se impone destacar que, independientemente de su innegable valor jurídico, los valores y principios constitucionales serán eficaces sólo en la medida que la práctica política, social y cultural se desarrolle desde la Constitución. Sólo la acogida de los valores y principios en el desempeño de las instituciones públicas y en la cotidianidad de los ciudadanos asegurará la eficacia plena del pacto social que formaliza la Constitución. Sin una “cultura de la Constitución”, en expresión del joven abogado dominicano Félix Tena de Sosa, “se erosionaría la credibilidad de la carta magna como norma suprema y consecuentemente los valores y principios permanecerán como poesía constitucional”. La Constitución es sólo un punto de partida en la transformación de las relaciones sociopolíticas o, como se ha repetido en innumerables ocasiones, una hipótesis de trabajo que pretende direccionar el ejercicio del poder en el Estado y en la sociedad. Se requiere, por tanto, materializar su función pedagógica para enraizar la cultura de la Constitución y reformular la educación cívica, para implantar en el corazón de la ciudadanía lo que el filósofo alemán Jurgen Habermas denomina el “patriotismo constitucional” o, como expresó en términos más emotivos el constitucionalista alemán Karl Lowenstein, “el sentimiento constitucional”.

Si se ha de asumir en serio la supremacía de la Constitución, es necesario empoderar a la ciudadanía para que la defienda cuando sus principios o valores sean conculcados. Cada dominicano y dominicana debe ser “parte interesada” para repeler las violaciones a la Constitución, sin importar que sus derechos fundamentales resulten directamente afectados o no, porque como apunta el jurista venezolano Allan Brewer-Carías, “nada se ganaría con señalar que la Constitución, como manifestación de la voluntad del pueblo, debe prevalecer sobre la de los órganos del Estado, si no existiere el derecho de los integrantes del pueblo de exigir el respeto de esa Constitución y, además, la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar por dicha supremacía”. Por esto las ciudadanas y los ciudadanos debemos ser los primeros guardianes

de esos valores y principios que el preámbulo constitucional codifica.

§ Servio Tulio Castaños Guzmán.

Referencia:
Constitución Comentada
© Fundación Institucionalidad y Justicia Inc. (FINJUS)
Noviembre 2011

Leyes antiguas y Constitución”progresista”

2010-05-02T01:05:00.000-04:00

El marco legal de las instituciones relacionadas con el desarrollo y la seguridad del Estado es todavía arcaico, anticuado y está sustentado en leyes de la “Era de Trujillo”, a pesar de que el Gobierno el 26 de enero proclamó una Constitución, definida por algunos como progresista.

Entre las instituciones amparadas en leyes que se mantienen vigentes por más de 50 años están los ministerios de las Fuerzas Armadas, Obras Públicas y Comunicaciones, Agricultura, Interior y Policía entre otras.

Por ejemplo el Ministerio de Interior y Policía a pesar de que es una entidad responsable de la seguridad de la nación y presentar medidas para contrarrestar la delincuencia y los nuevos delitos junto con la Policía y las Fuerzas Armadas, todavía se mantiene operando con la Ley 5188, del 14 de agosto de 1956.

Otra dependencia del Estado sustentada en una ley antigua es el Ministerio de Obras Públicas, Ley 4378 de la “Era de Trujillo” del 10 de febrero de 1956, pero en el 2010 sigue siendo el organismo responsable del diseño de las construcciones oficiales tales como carreteras, puentes, ornatos y acueductos destinados a lograr el desarrollo de la nación.

Otro Ministerio sustentado en una ley vieja es Agricultura creada mediante el decreto ley número 8 de septiembre de 1965, sin embargo es el organismo responsables de dirigir la producción para casi 10 millones de dominicanos y una gran cantidad de haitianos.

Industria y Comercio, responsable de regular el comercio incluyendo la depuración de las marcas, creación de compañías, todavía está sustentada en el Ley 1450 de diciembre 1937, con 85 años vigente.

Las Fuerzas Armadas toma disposiciones sustentadas en leyes antiguas como la de sustancias explosivas, 262 de abril de 1943, y Comercio y Porte de Armas, 36 de 1965.

Fuente: Tomás Vidal Rodriguez / Elnacional.com.do

El Derecho al voto y el caso Santana Páez

2010-04-28T13:33:00.002-04:00

La actual Junta Central electoral está contribuyendo con la construcción del Estado de Derecho en la república Dominicana. Sus decisiones consisten no solo en organizar el venidero certamen electoral de mayo sino que su Cámara contenciosa está obligando a que los caudillos nacionales enquistados en los partidos políticos respeten la democracia interna en cada partido y los acuerdos inter partidos como pre condición para que puedan administrar los poderes públicos mediante cargos elegibles.

Un caso suis generis es el del ciudadano Santana Páez, hasta hace poco militar o policía activo. Una vez se quitó el uniforme de policía por retiro se puso el uniforme de político buscando hacer uso del derecho constitucional a elegir y ser elegido. Con la mala suerte de que el tiempo o como se dice en derecho, el plazo, para el cambio no le fue suficiente para legalizar los cambios operados en su personalidad. En derecho siempre se ha dicho que los plazos son fatales en el sentido de que una vez vencido no benefician a los que tienen, en tiempo hábil, la posibilidad de hacer uso de ellos. Pero recordando sus primeros años de vida en su natal Miches, donde sus furias juveniles las mitigaba lanzando piedras o bien trepando a los muchos cocoteros de sus playas, lanzó un recurso o acción de amparo, con el propósito de doblegar a la JCE como si esta fuese un cocotero.

La Magistrada Jueza Presidenta del tribunal de Derecho común del Distrito Nacional siempre presta a no asumir responsabilidades directamente y a negar derechos cuando de ella depende hacer justicia, encargó quizás al más destacado de los jueces de primera instancia del Distrito Nacional, por su acuciosidad, prontitud y dedicación, del caso de Santana Páez. Y, efectivamente, Santana Páez tumbó un coco, obtuvo ganancia de causa en sus pretensiones de que se le inscribira su candidatura a diputado en la JCE.

Así ha nacido el primer conflicto de jurisdicción en la era de la Nueva Constitución un tribunal que niega un derecho y otro que pretende obligar al negador a inscribir a ese ciudadano.

Así, las cosas comienzan a complicarse pues el examen de la competencia es la primera acción que debe emprender un juez, luego deberá determinar si ha lugar a derecho de parte del reclamante. Ese nudo gordiano es lo que permite hacer justicia, pues el juez deberá desatarlo.

Resulta que el Derecho a votar ha transitado un camino tortuoso desde que la burguesía francesa se hizo con el poder político en 1789, pues, esa revolución y sus resultados se entendieron como beneficios que solo alcanzaban a la burguesía. La inconformidad de las demás clases, la nobleza reaccionaria y el incipiente proletariado, como la mujer no quedaron satisfechos, por eso Olimpia de gauche debió ir a la guillotina pues pretendió que los frutos de la revolución abarcaban también a lo que más de un siglo después su compatriota Simone de Beauvoir llamaría el Segundo Sexo.

El proletariado se lanzó a las calles consiguiendo, ya entrado el siglo XIX, que se aceptara el término sufragio universal como incluyente del proletariado, pues aunque la Constitución de 1793 lo hacía, ésta nunca se aplicó pues nobleza y burguesía en lucha estaban de acuerdo en negar a los pobres el derecho al voto. Es con la Revolución francesa de 1848 que el proletariado francés consigue consagrar el voto universal incluyendo al proletario masculino y a los guardias, pues las mujeres y las minorías, seguirían sin derecho a voto. En 1871 los guardias serían excluidos. Los guardias como las mujeres tendrían que esperar hasta 1944 para votar en Francia; las mujeres dominicanas consiguieron votar primero que las francesas pues en 1942 la Constitución dominicana, le concedió dicho derecho; en cambios los militares siguen esperando. Es curioso el hecho de que en los últimos años en la República Dominicana algunos sectores han planteado que se reconozca el derecho a votar de los ciudadanos subyudices es decir presos preventivos y condenados, hoy llamados eufemísticamente internos, pero no existe ningún movimiento en apoyo a que militares y policía puedan votar.

Hasta ese momento, el voto era parte de la fortuna, si ella no existía voto. Pero a partir de 1848 el voto se separaría de la fortuna, por lo menos en términos legales. Quedaron excluidos los incapaces, las mujeres, y los condenados. En 1871, los soldados quedan fuera de la posibilidad de votar junto con los indigentes y las mujeres y nacería así la rutina de colocar restricciones legales al voto.

La Nueva Constitución de la República Dominicana plantea una dicotomía con relación al voto en unos de sus artículos lo consagra como un Derecho de primera generación (art. 22); en otro, lo llama un deber (art. 75), mientras que en el art. 208 remacha su afirmaciones de que es un Derecho y un deber a la vez, pues las consecuencias procesales de esas proclamas tienen resultados diferentes. Esa clasificación hace del Derecho a elegir y ser elegido un tema controversial, al menos desde el punto de vista procesal, pues, si es un Derecho Fundamental, es atribución del tribunal constitucional, decidir cuando ese derecho ha sido conculcado (art.184); en cambio, si es solo un deber, podría tanto el juez electoral como el juez de amparo decidir al respecto.

Sin embargo, entendemos que, la propia Nueva Constitución, faculta solo a la Junta Central Electoral a organizar elecciones y, por vía de consecuencia, a decidir la forma, manera y plazos mediante los cuales, puede un ciudadano hacer uso de su derecho a elegir y a ser elegido(arts. Del 212 al 214).

Claro, no quiere esto decir que no se pueda apoderar otra jurisdicción, pero los apoderantes diferentes a la Junta Central Electoral, no pueden obtener resultados positivos más que en ésta última. La vía del amparo (art. 72) nos parece abusiva e incompetente, el tribunal constitucional, para mejor conocer del tema, debería ser considerado como parte de la Juna Central Electoral, como la Nueva Constitución no lo hace sino que crea un Tribunal electoral Superior (art. 214), resulta obvio que la propia Carta Magna ha dejado fuera la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional o ante el juez de amparo.

David La Hoz/Especial para Clave Digital

Constitución no impide que Leonel intente reelegirse

2010-02-03T22:03:00.000-04:00

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, (CARD) Diego José García, afirmó este miércoles que la recién proclamada Constitución no impide al presidente Leonel Fernández presentarse nuevamente como candidato a la reelección, porque carece de un artículo transitorio que se lo prohíba para el periodo 2012-2016.

A sólo una semana de haber sido porclamada, la nueva Carta Magna comienza a ser arropada por la duda y las confusiones. Pero para García la situación es clara, dice que en la pasada Asamblea Nacional Revisora de la Constitución a nadie se le ocurrió poner un artículo transitorio que aclare que lo dispuesto también afectaría al presidente de turno.

De ser como dice el jurista, uno de los logros del sonado acuerdo Leonel-Miguel que condicionaba varias aprobaciones de la Constitución a que el presidente Fernández no se presentara nuevamente como candidato a la Presidencia, habría sido un montaje o un engaño al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado.

En numerosos escenarios el presidente de la República y del PLD, Leonel Fernández, ha manifestado su simpatía en que un presidente se pueda reelegir dos veces y pausar en un tercer periodo, pero según el Colegio de Abogados el mandatario se encuentra en cero como los demás dominicanos, por lo que en el nuevo marco legal constitucional estaría agotando su primer periodo de gobierno.

El presidente del CARD fue entrevistado sobre este tema durante una misa en la iglesia Las Mercedes con motivo del Día del Abogado.

Fuente: DiarioLibre.com

Procurador destaca rango constitucional en investigación

2010-02-02T09:25:00.001-04:00

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, solicitó a los organismos de seguridad del Estado su colaboración, a fin de que el ministerio público pueda jugar su rol en la dirección de las investigaciones penales tal como lo consagra la nueva Constitución proclamada el 26 de enero pasado.

Jiménez Peña hizo el pedimento en comunicaciones enviadas el 27 de enero pasado al secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio; al jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, y al director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), Ramón Antonio Aquino García.

“Me permito hacerles un llamado a los fines de prestar sus mejores oficios en lo que respecta a las diligencias de investigación penal, para que el ministerio público, asumiendo efectivamente la función de dirección, que tal cual, le atribuye ahora nuestra Carta Magna, pueda disponer de los órganos auxiliares cuando así corresponda sin menoscabo alguno”, indicó Jiménez Peña.

El procurador sostiene que la investigación en los casos penales es una delicada labor que necesita la conjugación de una serie de conocimientos y técnicas que el ministerio público sólo no puede suplir.

Expresó que el ministerio público podrá realizar de manera efectiva y satisfactoria la persecución de la criminalidad con la colaboración de los órganos auxiliares técnicamente capacitados con que cuentan los referidos organismos.

Manifestó que el ministerio público ocupa un lugar notable en la nueva Constitución al consagrarlo como actor más importante en el proceso de investigación penal.

Explicó que la Procuraduría envío su propuesta a la Asamblea Nacional para la Reforma de la Carta Magna, en aras de consolidar la carrera del ministerio público que consagra la inamovilidad de sus miembros y la escuela de formación, constitucionalizar sus principios rectores, así como su autonomía presupuestaria y financiera, iniciativas que fueron aprobadas y están en la nueva Constitución.

Fuente: Listin.com.do

Nueva Constitución obliga a modificar más de 100 leyes

2010-01-31T23:35:00.007-04:00

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, reveló este domingo que el Congreso Nacional deberá modificar más de 100 leyes para adecuarlas a la nueva Constitución de la República.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, calificó como impresionante la cantidad de leyes que deberán ser modificadas, pero a su juicio son pocas las nuevas leyes que deben ser creadas.

Cita que entre las nuevas leyes que deberán ser aprobadas por el Congreso las del Tribunal Superior Electoral y la que establece su procedimiento, la del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial, la que regirá el referéndum y de la iniciativa popular legislativa, entre otras.

“No tengo dudas de que tienen que pasar de 100 leyes, las que hay que armonizar, todos los códigos habrán que armonizarlos, tendrán que estar contestes con la Constitución”, dijo.

Vidal Potentini explicó también que todas las leyes orgánicas de las secretarías de Estado deberán ser cambiadas, puesto que con la nueva Constitución sus incumbentes pasan a ser Ministros.

“Pero más aún dará pie a la creación de otra cantidad importante de leyes, que vendrán a sustentar lo que en este caso son esas nuevas creaciones”, sostuvo.

Asimismo, explicó que con todas las leyes que le impactan, la Suprema Corte de Justicia debe presentar los proyectos de leyes de reformas, porque conoce cuáles son sus urgencias.

“La Suprema tiene la urgencia de que tiene que poner en funcionamiento en un plazo de seis meses el Consejo del Poder Judicial, conforme a la transitoriedad de la misma Constitución”, dijo.

Vidal Potentini manifestó que el Congreso Nacional debe abocarse a aprobar el proyecto de ley de procedimiento constitucional.

Asimismo, dijo que se debe contemplar en el Presupuesto las partidas que recibirán el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Administrativo.

El jurista manifestó que debe establecerse el criterio para la selección de los jueces, particularmente el los del Tribunal Constitucional, porque son los que van a controlar los demás poderes del Estado.

“Esos jueces, que son los más delicados, porque es un órgano extrapoder que vendría a dar equilibrio de lo que es la democracia entre los diferentes poderes”.

Entiende que hay que ir trabajando en la escogencia de los magistrados, tras destacar que el presidente Leonel Fernández designó una comisión de notables juristas para ir haciendo el inventario correspondiente a las leyes que deben ser adecuadas al procedimiento constitucional.

Los Jueces

Vidal Potentini afirmó que los jueces de la Suprema Corte de Justicia que tienen 75 años deberán ser sustituidos, para lo cual el presidente Leonel Fernández tendrá que convocar el Consejo Nacional de la Magistratura.

Sin embargo, observó que los magistrados no cesan de oficio y de manera automática de sus puestos, porque debe haber una vía institucional para su relevo.

Manifestó que el presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, ha jugado un rol protagónico en ese poder del Estado y del cual no hay manera de cuestionar su actuación.

Fuente: DiarioDigital.com

Dicen reelección sin referendo sería un retroceso institucional

2010-01-31T11:42:00.000-04:00

La reelección presidencial consecutiva, a lo que podría volverse sin necesidad de que la ciudadanía ratifique mediante referendo una enmienda constitucional con tales fines, constituiría un atraso institucional y un peligro para el sistema democrático del país, advirtieron ayer dos senadores y un diputado de la oposición.

Los senadores perredeístas Jesús Vásquez Martínez, de María Trinidad Sánchez; y César Díaz Filpo, de Azua, y el diputado reformista Frank Martínez, de La Romana, advirtieron que una eventual reelección del presidente Leonel Fernández en el 2012 acarrearía más exclusión, corrupción y pobreza.

Vásquez Martínez, quien alertó que el pueblo se levantaría contra un intento reeleccionista en el 2012, dijo, en cambio, que no duda que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opte nuevamente por el continuismo.

Peor derrota. De todas formas, el ex presidente del Senado expresó que si el partido morado cae en esa debilidad, sufrirá su peor derrota electoral.

Por su lado, Díaz Filpo, aunque recordó que la Constitución vigente prohíbe la reelección consecutiva, no descartó que el PLD intente una enmienda en el 2011 con tales fines, porque “ése es un partido que está sufriendo los rigores de las ambiciones”.

Corrupción y pobreza. Sobre el particular, el diputado Martínez dijo que la reelección presidencial es un retroceso en la institucionalidad, por lo que mientras el continuismo sea posible, “no habrá avance ni desarrollo humano y habrá más exclusión, corrupción y pobreza”.

“No estamos creando las bases para el desarrollo de la sociedad, mientras se fomenta el clientelismo, el individualismo, el inmediatismo, el manejo abusivo de los recursos públicos y el endeudamiento externo”, significó el diputado reformista por La Romana.

Así, dijo, la gente cada día tendrá que pagar más impuestos para que el Gobierno cubra la deuda externa.

“De esa manera estaremos promoviendo un país donde habrá que gritar “sálvese quien pueda”, porque los políticos no están pensando en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos”, dijo el doctor Martínez.

Tras recordar que la Ley Fundamental vigente prohíbe al presidente Leonel Fernández presentarse como candidato presidencial en el 2012, el congresista dijo que el jefe del Estado hará maniobras políticas para que Partido de la Liberación Dominicana quede con mayoría congresional y así poder reformar la Constitución en 2011.

Martínez eExpresó que el mensaje del discurso que pronunció el presidente Fernández en la proclamación de la nueva Carta Magna es que él quiere seguir gobernando por encima del límite que el dispositivo constitucional le fija.

Zoom

Fracaso

El diputado Frank Martínez afirmó que la reelección presidencial significa fracaso y manejo individualista del Estado, lo que se vio, sostuvo, en los gobiernos de Ulises Heureaux, Mon Cáceres, Horacio Vásquez, Joaquín Balaguer e Hipólito Mejía, con su intento continuista de 2002.

Maniobras políticas

Tras recordar que la Constitución prohíbe al presidente Leonel Fernández presentarse como candidato en 2012, Martínez dijo que el jefe del Estado haría maniobras políticas para que el PLD quede con mayoría congresional para restablecer la reelección.

Los protagonistas:

Jesús Vásquez M.

Senador PRD-María Trinidad Sánchez

Productor agropecuario nacido el 20 de julio de 1958, en El Juncal, de Nagua. Antes de llegar al Senado, del que ha sido presidente y donde lleva cinco períodos consecutivos, había sido cónsul general en Venezuela y gobernador de su provincia.

Frank Martínez

Diputado PRSC-La Romana

Doctor en Derecho y catedrático universitario de Historia Política y Derecho Constitucional. Nació el 26 de marzo de 1961 en Guaymate, La Romana. Ha sido senador por esta provincia (1994-98) y juez de paz.

César Díaz Filpo

Senador PRD-Azua

Médico especialista en ginecología y obstetricia nacido el primero de diciembre de 1955 en Azua, provincia que ha representado en el Senado durante los últimos cinco períodos. Sus áreas de interés son salud, seguridad social e industria.

Fuente: Hoy.com.do

Ve avances en la nueva Constitución

2010-01-31T11:28:00.000-04:00

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Franklin García Fermín, dijo que la Constitución proclamada el pasado martes 26 de enero contiene importantes avances para la vida institucional del país.

Citó como uno de esos avances, la prohibición de la reelección presidencial.

Opinó que la reelección incentiva la corrupción y la compra de conciencia por gobernantes que aspiraban permanecer en el poder.

Sostuvo que la eliminación de la reelección permite la alternabilidad en el poder y quita la tensión en los procesos electorales sobre la posibilidad del uso de los recursos del Estado.

“Con la prohibición de la reelección se quita una pesadilla que vivía el país, cada vez que un presidente de la República era candidato, porque usaba y abusaba de los recursos del Estado para materializar sus ambiciones”, expresó García Fermín al inaugurar tres edificios del Centro Regional Universitario de Hato Mayor.

Destacó que esa y otras conquistas democráticas fueron logradas, gracias al pacto que firmaron el presidente Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que facilitó la aprobación de la nueva Carta Sustantiva.

El rector de la UASD pidió a los dominicanos asumir y defender las conquistas obtenidas en la nueva Constitución para consolidar la democracia y los derechos individuales.

Resaltó la necesidad de que los funcionarios públicos orienten su conducta al servicio de la ciudadanía.

La Constitución fue proclamada el pasado martes 26 en un acto al que asistió el presidente Fernández, Vargas Maldonado y el cuerpo diplomático.

Fuente: El Nacional

Abogados: la nueva Constitución fortalece al Estado

2010-01-28T13:48:00.001-04:00

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) saludó este jueves la proclamación y puesta en vigencia de la nueva Constitución, al tiempo de calificarla como histórica y trascendente para el país, coronando un proceso que recoge las aspiraciones más sentidas del pueblo, en las aéreas sociales, jurídicas, económicas y políticas.

El presidente del CARD, Diego José García, llama al gobierno a disponer de los recursos humanos y logísticos necesarios para garantizar el éxito de la implementación de la nueva Constitución, atendiendo a los grandes desafíos y urgencias legislativas que supone su entrada en vigencia.

García resaltó algunas de las virtudes y adelantos que posee la Carta Magna, en el plano de la igualdad ante la ley para todos los dominicanos, la congelación de la matrícula de los diputados, la capacidad de control y fiscalización del congreso, el tribunal constitucional, el control de la sociedad sobre el manejo de los fondos públicos, entre otros, que le auguran al país muchos años de estabilidad democrática y desarrollo institucional.

El máximo representante de los abogados informó que el CARD asume la tarea cívica de proyectar y difundir el nuevo texto constitucional en toda la geografía nacional; labor que será la prioridad fundamental de nuestra gestión acotó Diego García.

Asimismo, el Colegio de Abogados anuncia que desarrolla en la actualidad un amplio operativo, de sociabilización del pueblo con el contenido del texto constitucional, a través de la “Campaña Cívica de Promoción y Conocimiento de la Nueva Constitución Dominicana” que incluye charlas, seminarios, paneles y conferencias de destacados juristas nacionales e internacionales en materia constitucional.

Así como la distribución gratuita de más 500,000.00 ejemplares de la constitución. Además de afiches, stinkers y anuncios alusivos al respeto y cumplimiento de los preceptos constitucionales.

Con esta acción, la entidad que agrupa a los abogados dominicanos procura dar repuesta al reto que plantea la nueva Constitución, para garantizar y hacer efectivo el ejercicio del amplio catálogo de derechos y prerrogativas consagradas en la misma.

Fuente: DominicanosHoy.com

Nuevas disposiciones en la Constitución

2010-01-28T13:06:00.003-04:00

Santo Domingo.- La nueva Constitución consagra la garantía a los derechos fundamentales del ciudadano, como el derecho a la vida, a la igualdad, la dignidad humana, la libertad y la seguridad y la integridad personal, pero también consigna nuevos derechos que la Constitución de 2002 no contenía.

Entre éstos, podemos citar el derecho a la iniciativa legislativa popular, mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas, no menor del dos por ciento de inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso.

Tienen a partir de ayer categoría constitucional el habeas corpus y la acción de amparo.

Otra conquista es la consignación del referendo, el plebiscito, además del "referendo aprobatorio", para los casos en que las futuras reformas constitucionales versen sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución.

Además, se consagró la Defensa Pública y la asistencia legal gratuita, como órgano del sistema de justicia para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa.

Nuevos organismos

Fueron creados el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, los tribunales administrativos, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público y se dio categoría constitucional al Defensor del Pueblo, que tiene una ley para su puesta el vigencia.

Nueva terminología

A partir de la fecha, las Secretarías de Estado pasan a ser Ministerios y los secretarios y subsecretarios ministros o ministras y vice ministros o vice ministras, además de que los síndicos pasan a ser alcaldes o alcaldesas.

Prohibiciones

La nueva Constitución prohíbe la reintegración de militares y policías, el referendo revocatorio o aprobatorio de mandatos de ninguna autoridad electa o designada.

¿Cero redadas policiales?

Dentro del artículo 40 sobre el derecho a la libertad y seguridad personal, el numeral seis establece que "toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona".

¿Prohibición del aborto?

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, el que se haya aprobado que "el derecho a la vida es inviolable, desde la concepción hasta la muerte" no acarreará la muerte de mujeres con embarazos con problemas, ya que pudieran ser interrumpidos al amparo del numeral tres del artículo 42.

Este numeral establece que "nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida".

El consumidor

El artículo 53 establece que "toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley".

Fuente: DiarioLibre.com / Socorro Arias

La nueva Constitución arrastra a la reforma de 19 leyes

2010-01-28T12:49:00.002-04:00

Santo Domingo.- El proyecto de reforma constitucional incluyó diecinueve disposiciones transitorias para modificar igual número de leyes una vez entró en vigor la nueva Carta Magna.

Los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, explicaron que esas reformas se conocerán en las siguientes legislaturas. Explican que con esa disposición quedarán aclarados los temas de los jueces de la Suprema, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, entre otros.

En relación a la situación que se ha presentado con los jueces de la Suprema Corte de Justicia donde el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deberá sustituir a seis magistrados que ya superan el límite de los 75 años establecido en la Constitución proclamada el martes, Valentín dijo que procede ahora que el presidente Leonel Fernández convoque al CNM para que escoja a los sustitutos de estos jueces.

Los magistrados en esa condición son Margarita Tavares, Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, José Enrique Hernández Machado, Juan Luperón Vásquez y Pedro Romero Confesor. El vicepresidente de la Suprema, Rafael Luciano Pichardo, entraría a ese grupo en junio próximo.

“El Consejo Nacional debe ahora dar los pasos de lugar para procesar a la sustitución. El presidente de la República en su momento lo convocará porque él está conciente que la Constitución plantea esa destitución”, explicó ayer el presidente de la Cámara de Diputados cuando fue consultado en torno la discusión que se ha presentado.

Entre las 19 disposiciones transitorias que entraron en vigor con la nueva Constitución se encuentran: El Consejo del Poder Judicial que deberá crearse dentro de 6 meses. El Tribunal Constitucional deberá integrarse dentro de 12 meses. La SCJ mantendrá las funciones atribuidas en la Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren estas instancias. Los actuales jueces de la SCJ que no queden en retiro por no haber cumplido los 75 años de edad serán sometidos a una evaluación de desempeño por el CNM, el cual determinará su confirmación; el Consejo Superior del Ministerio Público desempeñará las funciones establecidas dentro de los 6 meses siguientes.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo. Los actuales integrantes de la JCE permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados y la designación de sus incumbentes. Las disposiciones al Tribunal Electoral entrarán en vigor a partir de la nueva integración que se produzca.

Fuente: Listin.com.do

Danilo Medina pondera nueva Constitución

2010-01-27T17:16:00.000-04:00

SANTO DOMINGO.-El licenciado Danilo Medina, aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo que la nueva Constitución de la República tiene muchos pasos de avance y consideró que es el fruto del consenso del liderazgo político y de los diversos sectores del país.

Medina, quien acudió al Congreso Nacional al acto de proclamación del texto constitucional, que entró en vigencia hoy, dijo que es posible que se quedaran algunos aspectos sin consignar en la Carta Magna, pero "es muy avanzada".

Señaló que esta Constitución parece que es lo posible en la coyuntura que vivimos y puso de relieve que "está pactada por la cúpula de los tres partidos mayoritarios del país".

"Talvez en esta Constitución se debió dar mayor participación a fuerzas minoritarias, pero bueno, esa es la democracia", proclamó Medina al ser abordado por los periodistas en la sede del Congreso Nacional.

Afirmó que como todo en democracia, la nueva Carta Sustantiva de República Dominicana es fruto de la discusión, el pacto, la concertación, entre las fuerzas que gravitan en el país.

"No hay nadie que tenga fuerza suficiente para imponer nada en democracia", señaló Medina al enfatizar que esta Constitución es fruto del consenso y la concertación.

Indicó que "a veces lo ideal no es lo que se consigue, sino lo posible". Hizo esta reflexión al señalar que esta Constitución, "parece que fue lo posible en esta coyuntura".

Medina, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex candidato presidencial y actual aspirante a la posición, acudió el martes al acto solemne de la Asamblea Nacional para apoyar la nueva ley de leyes.

Fuente: DiarioLibre

Y amanecimos hoy con una nueva Constitución

2010-01-27T17:09:00.000-04:00

Todos los periódicos de la mañana de hoy miércoles amanecieron con un titular: Nueva Constitución. Sin embargo, para quienes tenemos dos centímetros de frente nos surgen preguntas referentes a esta nueva Carta Magna.

Hay quienes opinan (yo soy uno de ellos) que esta nueva Constitución es puro bulto. Si la anterior no la respetaban y se burlaban de ella todos los días, con esta será la misma historia.

Un proyecto que por meses fue utilizado como “tapa escándalos”, que mantenía entretenida a la opinión pública y desviaba la atención de otros temas de importancia, hoy ve la luz sin implicar mayores cambios para el día a día de los dominicanos.

Aunque el tema de la Constitución se mantuvo sonando en los medios de comunicación por muchos meses, todavía hoy se le pregunta a cualquier persona en la calle si conoce el texto aprobado y su respuesta será no. Triste es la realidad de que ni las personas que la aprobaron la conocen a la perfección.

Esta nueva Carta Magna, aunque el presidente Fernández y Reynaldo Pared digan que es del siglo XXI, es una Constitución que representa retrocesos (como el famoso artículo 30) e incluye un reguero de palabrerías que lo que hacen es complicar la vida.

Y es que el texto aprobado no representa los intereses de todos los dominicanos. Es un texto que surgió en la mente de nuestro Presidente y que fue promulgado según su criterio y deseo. Es así, que esta es la Constitución de Leonel, no la Constitución Dominicana.

De no ser así, ¿cómo se explica el abandono por parte del proyecto presidencial de 35 propuestas del proyecto constitucional formulado por la Comisión de Juristas integrada también por el decreto presidencial 323 del 2006 y elaborado en base a las propuestas de mayor nivel de consenso de la citada consulta?

¿Cómo se explica que no se hayan incluído 30 de las 77 propuestas de la Consulta Popular para la modificación constitucional amparada en el decreto presidencial de fecha 03/02/2006, como por ejemplo la unicidad del poder público, el referendo ciudadano para la aprobación de los tratados de integración internacional, la revocatoria del mandato, el mantenimiento de las elecciones nacionales y locales en fechas diferentes, la reelección presidencial de acuerdo a la Constitución vigente, la independencia del Ministerio Público, la vía constituyente para la reforma de la Constitución siempre que se trate de un nuevo texto para asegurar su legitimidad?.

Ya veremos como en varios años (sino meses), vendrá otra reforma que representará los intereses del gobernante de turno.

Por lo menos todo este “bulto constitucional” sirvió para que la clase política dominicana se transparentara y demostrara que todos son lo mismo (¿a quién se le ocurre que el Presidente del país va a firmar un acuerdo con su ex rival en las elecciones, quien para la fecha de la firma no poseía ningún cargo en el partido que supuestamente estaba representando?). Esa firma demostró que la Constitución iba porque iba, tal cual deseaban los poderosos del país, y por más protestas, charlas, conferencias y discursos que diera la clase pensante, esa Constitución no iba a cambiar.

Todo este tema constitucional, a fin de cuentas, es mucha espuma, mucho bulto; pues ya veremos que el dominicano promedio, ajeno al poder, no se beneficiará de los grandes atributos que Leonel y quienes le aprobaron le quieren pintar. Más nos veremos afectados los ciudadanos que seguimos sin derechos políticos, las mujeres con problemas de embarazo, los ciudadanos que una vez más elegirán con el retrógrado método de arrastre presidencial a sus representantes, entre otros.

Por: Ahiequeprende

Desde las 5:05 PM de este miércoles la RD es regida por nueva Constitución

2010-01-27T10:53:00.000-04:00

La proclamación de la nueva Carta Magna fue hecha por el presidente de la Asamblea, Reynaldo Pared Pérez, quien en su discurso señaló que “En nuestra calidad de presidente de la Asamblea Nacional Revisora procedemos en este momento, hoy día 26 de enero del año 2010, siendo las 5: 05 de la tarde, a proclamar de manera oficial la Constitución de la República Dominicana”.

Mientras que el presidente Leonel Fernández, al ponderar el texto constitucional, el número 38 de la República, señaló que los dominicanos “debemos sentirnos profundamente orgullosos porque a fin de cuentas es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo”, al tiempo que observaba que en lo adelante la figura del jefe del Estado será como la de los reyes, “que reinan, pero no gobierna”.

El mandatario hacía así alusión al hecho de que la nueva Constitución le quita poderes al Ejecutivo en vez de sumarle, como han dicho muchos sectores, y ponía como ejemplo el hecho de que ya el presidente de la República no podrá escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas y al hecho de que ya se necesitará la aprobación del Congreso para el envío de tropas al exterior, entre otros aspectos.

No obstante, criticó el hecho de que la nueva Carta Magna le atribuye privilegios que son de competencia de otros poderes del Estado, como es el hecho de que en lo adelante pueda escoger los síndicos y regidores en el caso de la ausencia forzosa de los elegidos en las urnas, o que pueda eliminar arbitrios impuestos por los ayuntamientos en sus demarcaciones.

El presidente Fernández definió la nueva Constitución como un texto de cara al Siglo 21, que es garantista de la seguridad ciudadana, de la paz y de la democracia.

La proclamación de la nueva Constitución de la República se hizo en presencia de las principales autoridades del país, lídres políticos y el cuerpo diplomático acreditado en Santo Domingo.

Al culminar la celebración, los presentes se pusieron de pies y escuchaban las notas del himno nacional, pero en la segunda estrofa el sonido tuvo sus imperfectos y los asistentes tuvieron que continuar el ritmo del acto entonando a viva voz el canto que representa la patria dominicana.

La Asamblea Nacional Revisora proclamó la nueva Constitución de la República a las 5:05 de la tarde de este miércoles, como un homenaje al patricio Juan Pablo Duarte en el 197 aniversario de su nacimiento. Escuche el discurso del presidente Fernández. Escuche al Presidente

A continuación reproducimos íntegro el discurso del Presidente Leonel Fernández:
"Honorables miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana;

Honorables miembros de la Asamblea Nacional Revisora;

Señores Secretarios de Estado;

Señores Directores Generales;

Señoras y Señores:

Originalmente esta solemne ceremonia de proclamación de la nueva Constitución de la República estaba pautada para ser celebrada en una fecha anterior.

Sin embargo, consideramos que eso habría sido inapropiado. En realidad, la única ocasión válida para la celebración de un acto de esta naturaleza, tenía necesariamente que coincidir con una de las fechas gloriosas de nuestra historia: la del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

Consideramos que no podíamos hacer mejor tributo a quien sacrificó su vida y no escatimó esfuerzo alguno en brindarnos este hogar común a todos los dominicanos, que precisamente proclamar en su día esta nueva Constitución de la República Dominicana, la Constitución del Siglo XXI, la cual será la garantía de la paz, la democracia, la libertad, la justicia social, el bienestar y la prosperidad de la familia dominicana.

Y es que, justamente, aun antes de nacer la República, ya el Patricio había concebido un proyecto de Constitución, el cual representaba un aval contra la arbitrariedad, el abuso, el atropello y el despotismo en el ejercicio del poder.

Por eso, esta nueva Constitución no aspira más que a ser una continuación de la labor en favor del respeto a la dignidad humana, iniciada por el genio creador de nuestra nacionalidad.

Constituye una gran paradoja del destino que la República Dominicana proclamase su independencia, no en lucha contra un poder colonial europeo, sino contra el vecino país de Haití.

Ese acto de separación e independencia nos condujo a una guerra con nuestro vecino que se extendería durante cerca de diecisiete años; lo cual, tal vez, haya sido la causa más profunda y remota de algunas de nuestras históricas desavenencias e incomprensiones.

Hoy, sin embargo, como consecuencia del devastador terremoto que le sacudiese hace exactamente dos semanas, el hermano pueblo haitiano se encuentra sepultado en las ruinas, sumido en el llanto y abatido por el dolor.

Ante esta trágica situación, el sentimiento de solidaridad y de espíritu humanitario del pueblo dominicano se ha expresado de forma auténtica y generosa, y es por eso, que en estos instantes quisiera extender mi más profundo reconocimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones, tanto de la vida pública como del sector privado, que por medio de sus desvelos, su ayuda y cooperación, pusieron de relieve ante el mundo los más nobles sentimientos de que es capaz el pueblo dominicano.

Quisiera también, en estos momentos, expresar mis congratulaciones a todos los Senadores y Diputados, integrantes de esta Asamblea Nacional Revisora, por la forma ardua, entusiasta y patriótica con que asumieron la discusión, el debate y la aprobación de este nuevo texto constitucional que ha de regir el futuro de las reglas del sistema democrático de la República Dominicana.

A todos ustedes, nuestro más profundo reconocimiento.

De igual manera, quisiera reiterar mi valoración y aprecio al trabajo de alto nivel profesional desplegado por un conjunto de notables juristas nacionales, que aportaron lo mejor de sus talentos para que pudiésemos diseñar un texto constitucional con la calidad técnica comparable con las mejores de su género a nivel internacional.

Esos juristas son: el Dr. Cesar Pina Toribio, el Dr. Eduardo Jorge Prats, el Dr. Flavio Darío Espinal, el Dr. Milton Ray Guevara, la Dra. Aura Celeste Fernández, el Dr. Adriano Miguel Tejada, el Dr. José Darío Suárez, el Dr. Julio César Castaños Guzmán, la Dr. Leyda Piña, la Dra. Licelotte Marte, el Dr. Pelegrín Castillo, el Dr. Raymundo Amaro Guzmán y el Dr. Luis Gómez Pérez.

Cuando a finales del año 2006 se iniciaron los preparativos para una Consulta Popular que hiciese posible la actual reforma a la Constitución de la República, en algunos sectores de la vida nacional se suscitaba la siguiente interrogante: ¿para qué sirve esa reforma?
Se entendía que lo que el país necesitaba no era una reforma de sus instituciones democráticas, empezando por su Ley Sustantiva, sino más bien la adopción de políticas y medidas orientadas a reducir la pobreza, generar empleos, solucionar la sempiterna crisis eléctrica nacional y proteger de manera más eficaz a la ciudadanía del narcotráfico, la violencia y el crimen organizado.

Era nuestro humilde criterio, sin embargo, que no había necesidad de establecer una separación entre una cosa y la otra. Proponer una reforma constitucional no tenía por qué implicar un abandono de las demás obligaciones y tareas del Estado, sino más bien, un factor de complementación.

Al fin y al cabo, el concepto de desarrollo tiene también una dimensión institucional, sin la cual todo lo relacionado a la economía, la sociedad, la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología o el medio ambiente, no podría operar de manera adecuada.

La importancia de la Constitución en cualquier país del mundo, radica en que establece una limitación al ejercicio del poder y fija las reglas del juego para el funcionamiento de la democracia y la convivencia civilizada entre los integrantes de un conglomerado social.
En ausencia de esas reglas de juego, asumidas y respetadas por todos, ninguna nación podría sobrevivir, ni ningún pueblo podría aspirar al progreso y al bienestar, por la sencilla razón de que lo que reinaría sería el caos, la inestabilidad, el abuso y la desprotección de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

Por consiguiente, dotar a un país de una Constitución no es un acto caprichoso. Es el resultado de la necesidad que exige la creación de un orden, de unas determinadas normas de conducta y de la fijación de los derechos correspondientes a la ciudadanía.

No pierdo de vista de que tal vez con la excepción de Venezuela, la República Dominicana sea el país de América Latina con mayor número de textos constitucionales. Ésta que estamos proclamando en el día de hoy, es la número 38.

Eso, por supuesto, contrasta con la Constitución de los Estados Unidos, la cual desde su promulgación en el 1787 no ha experimentado modificación alguna, aunque sí 27 enmiendas añadidas a lo largo de más de 200 años.

La razón por la cual ha habido tantas reformas constitucionales en nuestro país se ha debido a una razón fundamental: la falta, a lo largo de nuestro discurrir histórico, de estabilidad política, fruto, a su vez, de la debilidad de nuestro sistema democrático y de la falta de desarrollo económico y social.

Desde la elaboración de nuestra primera Constitución, la de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, aspiramos a convertirnos en una nación regida por un sistema democrático – liberal en que imperasen los valores supremos de la libertad, la justicia, la separación de poderes y el respeto a la dignidad de los ciudadanos.

Diseñamos nuestro primer texto constitucional conforme a los modelos de la Constitución Norteamericana, conocida como la Constitución de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, emanada de la Revolución Francesa; y la Constitución de Cádiz de 1812, identificada también como La Pepa, por haber sido aprobada el día de San José.

Todas esas constituciones, que fueron las primeras del mundo moderno, tenían un carácter democrático – liberal; y esto así, porque representaban, por ejemplo, en el caso de Europa, la superación del régimen de la monarquía absoluta y de la aristocracia; y en el de los Estados Unidos, la fundación de una República, la creación de un Estado federal y el establecimiento, por vez primera en la historia, de la institución de la Presidencia.

En ambos modelos, se tenía como objetivo promover la soberanía de la nación, las libertades públicas, la independencia de los jueces, la realización de elecciones, la existencia de parlamentos y la pluralidad de las ideas políticas.

Pero, además, en sentido general, todas las Constituciones, tanto las elaboradas por los distintos países de América Latina, al proclamar su independencia, como las de las naciones europeas, al lograr su unificación territorial en el siglo XIX, tenían también un carácter democrático – liberal.

Desafortunadamente, en el caso de la República Dominicana, nuestra primera Ley Sustantiva se vio rápidamente ensombrecida por la incorporación del nefasto artículo 210, por medio del cual le resultó posible al General Pedro Santana ordenar la realización de un crimen que todavía a estas alturas, en la primera década del siglo XXI, estremece las fibras del pueblo dominicano: la ejecución de María Trinidad Sánchez.

En virtud del escaso desarrollo material e institucional de nuestro país durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, a la ausencia en definitiva de un verdadero sistema democrático, los distintos textos constitucionales que se fueron adoptando no hacían más que responder, en términos generales, a los intereses particulares de los gobernantes de turno y no así a las verdaderas necesidades del pueblo dominicano.

Un cambio radical, sin embargo, se produjo en la década de los años 60 del siglo pasado. La larga dictadura de Rafael Leonidas Trujillo se había desplomado. Elecciones libres e independientes fueron celebradas, y un destacado luchador antitrujillista del exilio, notable escritor y pensador resultó vencedor con el apoyo abrumador del pueblo: el Profesor Juan Bosch.

Durante su breve gestión de gobierno se aprobó una nueva Constitución, la llamada Constitución de 1963, la cual aspiraba a redimirnos del oprobio, los vejámenes y atropellos de la tiranía, así como de la falta de estabilidad y de orden político – democrático que, como hemos dicho, había afectado al país desde la fundación de la República.

Pero además, siguiendo la tradición de la Constitución de Querétaro, Méjico, de 1917, y la Constitución de Cuba de 1940, introdujo un nuevo elemento en el orden constitucional dominicano: el constitucionalismo social.

A partir de ahí no solamente quedaba garantizado el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a la libre asociación, a la libertad de expresión y difusión de las ideas y a la libertad de conciencia y cultos, sino además, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a un sistema de protección social, de jubilaciones y pensiones.

Pero de repente, todo eso colapsó. El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 puso fin, de manera brusca, a los anhelos, sueños e ilusiones de la sociedad dominicana por construir una verdadera democracia, en libertad y en respeto, de las ruinas de lo que había sido una cruel satrapía.

He aquí, sin embargo, que de ese hecho luctuoso emergió uno de los momentos más gloriosos y luminosos de la historia contemporánea de la República Dominicana: la Revolución de Abril de 1965, encabezada por ese gran héroe nacional, Francisco Alberto Caamaño Deñó.

La Revolución de Abril de 1965 se hizo bajo la consigna de retorno a la Constitución de 1963; y ciertamente tenía que ser un acontecimiento conmovedor ver a un pueblo lanzado a las calles, enfrentándose hasta a una ocupación militar extranjera, reclamando su derecho a la democracia, a la libertad y al cumplimiento de sus prerrogativas constitucionales conculcadas.

¡Qué hermoso espectáculo, qué gran acontecimiento! El pueblo dominicano, heroicamente volcado a las calles, reclamando el reconocimiento y exigiendo la aplicación de la Constitución que por vía democrática se había aprobado y por un acto de usurpación había sido desconocida.

¡Qué viva la Constitución de 1963! ¡Qué viva la Revolución de Abril de 1965!

Luego de esos acontecimientos, pasamos a la Constitución de 1966, la cual debemos indicar, ha sido el texto constitucional de más larga duración en la historia del país. Sólo vino a ser modificada en el 1994, como consecuencia de la crisis electoral experimentada ese año.

El hecho de que la Constitución aprobada en el 1966 se extendiese por un período de 28 años, es una prueba irrefutable de que por primera vez en la historia nacional íbamos alcanzando el nivel de estabilidad y de continuidad del que habíamos carecido desde la proclamación de la Independencia.

Sin embargo, el que la reforma de 1994 se realizase en un contexto de crisis política, esto es, que no fuese consecuencia de un proyecto previamente reflexionado, determinó que se creasen algunas incongruencias, vacíos y divergencias en varios de sus enunciados.

Así, por ejemplo, en el artículo 64 se establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

De igual forma, el artículo 67 inciso 4, confiere la siguiente atribución a la Suprema Corte de Justicia: “Elegir los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los jueces del Tribunal Contencioso Tributario y los jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la Ley”.

Sin embargo, el inciso 9 del artículo 55 le otorga al Presidente de la República el siguiente derecho: “Llenar interinamente las vacantes entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, de los jueces de Paz, del Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral”.

En otras palabras, como consecuencia de las contradicciones en los contenidos del propio texto constitucional están dadas las condiciones para una grave situación de crisis institucional, de serios conflictos políticos y de falta de gobernabilidad.

Pero, más aún, al Poder Ejecutivo se le confieren atribuciones que no deberían ser de su competencia, como ocurre, por ejemplo, en el inciso 25 del ya citado artículo 55, en el que se señala que el Presidente de la República puede anular por decreto los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.

Eso, en realidad, ha debido ser siempre de la competencia jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En el inciso 11 se indica que: “Cuando ocurran vacantes en los cargos de regidores o síndicos municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de suplentes elegidos, el Poder Ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que le someterá el partido que postuló el regidor o síndico que originó la vacante.” ¿Se imaginan ustedes al Presidente de la República sustituyendo a regidores y síndicos de los partidos de oposición?

¡A Dios gracias que no me ha correspondido tener que hacerlo!

Son esas y diversas otras disposiciones a lo largo de la Constitución de 1994, lo que hacía impostergable, entre otras razones, la necesidad de elaborar una nueva Constitución de la República más en consonancia con los nuevos tiempos.

Hoy ya tenemos esa nueva Constitución. Hela aquí. Es un nuevo texto del cual debemos sentirnos profundamente orgullosos, porque a fin de cuentas es el producto de la inteligencia colectiva del pueblo dominicano.

Esta nueva Constitución forma parte de una moderna tendencia constitucionalista que ha ido ganando fuerza en el ámbito iberoamericano durante las últimas tres décadas, como consecuencia directa del proceso de transición de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios a sistemas democráticos.

El moderno constitucionalismo iberoamericano se ha nutrido, a su vez, de los cambios en el diseño constitucional ocurrido en Europa en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, y que se evidencia en la Constitución de Italia de 1947, la Constitución de Alemania de 1949, la Constitución de Francia de 1958, la cual dio inicio a la V República y la vuelta al poder del General Charles De Gaulle.

En tiempos más recientes, en su calidad de pioneros de lo que se ha dado en llamar la Tercera Ola Democrática a nivel mundial, habría que considerar también la Constitución de Portugal de 1976 y la Constitución de España de 1978.

Luego de esas reformas al orden constitucional de cada uno de esos países, ha habido en las últimas tres décadas en América Latina, Europa Oriental y África, por encima del centenar de reformas a la Carta Sustantiva de las naciones integrantes de cada una de esas regiones del mundo.

Algunos autores hablan incluso de un neo – constitucionalismo a escala internacional, pero lo cierto es que este es un fenómeno que se ha producido debido fundamentalmente a la expansión de la democracia como sistema político, en una dimensión nunca antes conocida en la historia de la humanidad.

Siguiendo la corriente progresista del constitucionalismo moderno, la nueva Constitución que hoy entregamos a la sociedad dominicana, empieza por consignar en su artículo 7 que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual significa que se funda en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.

Un elemento básico del nuevo texto constitucional es que erige un muro de contención frente a aquellos que por las razones que fuesen intentasen hacer zozobrar nuestra democracia, cuando en su artículo 73 afirma lo que sigue:

“Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, e instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.”

En otras palabras, lo que ese texto esta indicando es que en la República Dominicana nunca más volverá a repetirse la amarga y trágica experiencia de septiembre de 1963 o por la que en estos momentos ha tenido que atravesar la hermana República de Honduras.
En definitiva, en la República Dominicana jamás se producirá un golpe de Estado.

En la República Dominicana prevalecerá para siempre la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la independencia y el respeto a la dignidad de nuestros hombres y mujeres, que fue lo que desde un principio soñaron nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

Para garantizar en el tiempo el que nuestra democracia permanezca inquebrantable, resulta imprescindible el que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional queden al margen de las disputas políticas, razón por la cual desde hoy mismo queda prohibido el reintegro de oficiales y alistados a nuestros institutos castrenses y policiales, a menos que el retiro haya sido realizado en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

En la nueva Constitución se produce un salto cualitativo al introducirse elementos propios de una democracia directa o participativa.
En la nueva Constitución se consagra la iniciativa popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso.

En la nueva Constitución se consagra el referendo a los fines de que el pueblo decida de manera soberana sobre cualquier asunto que sea sometido a su consideración.

En la Ley Suprema que hoy proclamamos ante el mundo, en este acto histórico y solemne, se produce una ampliación de los derechos fundamentales de los ciudadanos como nunca antes había ocurrido en la historia nacional.

De entrada, es la primera vez que en la Carta Sustantiva del Estado se consigna la igualdad de género, cuando en el artículo 39, inciso 4, se dice lo que sigue:

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género.”

Pero inmediatamente, en el inciso 5, reafirma su concepción de equidad al prescribir las siguientes medidas:

“El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.”

Sólo por haber establecido esas disposiciones, que consignan constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres en la República Dominicana, valía el esfuerzo de haber llevado a cabo esta reforma a la Constitución.

En la nueva Constitución se reconoce el fenómeno de la transnacionalización en el mundo moderno, al aprobar la representación legislativa de los dominicanos residentes en el exterior, así como la representación nacional en parlamentos de carácter internacional.

Además de consolidar las libertades individuales, en el nuevo texto se consagra el derecho a la intimidad y al honor de las personas, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de los consumidores, el de la seguridad alimentaria, el de los derechos de la familia, de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y de los discapacitados.

Un rasgo verdaderamente innovador que emana de las nuevas disposiciones constitucionales lo representa la consagración del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, lo cual ofrece a los profesionales de la comunicación la oportunidad de realizar sus trabajos con sentido ético e independencia de criterio.

Fueron enfáticos ustedes, Señores Miembros de la Asamblea Revisora, en establecer mecanismos especiales de seguridad al desarrollo de la frontera y de protección a nuestros recursos naturales no renovables y a nuestro sistema nacional de áreas protegidas.

Pero donde verdaderamente el nuevo texto constitucional alcanza las alturas de cualquier otro de su misma naturaleza en cualquier lugar del mundo, es cuando consigna la existencia de derechos colectivos y difusos, lo cual permite la acción jurisdiccional directa de los ciudadanos para obtener la conservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, así como la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.

Todos esos derechos establecidos carecerían, sin embargo, de sentido, si no dispusiesen de garantías para su pleno ejercicio o de protección en caso de vulneración o violación de los mismos.

Es por eso que cobra particular relevancia el régimen de garantías a los derechos fundamentales estipulado en el nuevo ordenamiento constitucional, el cual entre otras figuras, consagra la tutela judicial efectiva, el habeas data y la acción de amparo.

Respecto de esta última, se señala en el artículo 72, que: “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos.”

La constitucionalización de esa última disposición es la mejor garantía y protección que jamás haya tenido un ciudadano de este país contra el abuso de poder, el despotismo y el atropello.

Hagamos del recurso de amparo una verdadera institución democrática y popular al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano.

Señores Miembros de la Asamblea Nacional Revisora, Ilustres Invitados:

En algunos círculos de la opinión pública a veces se aduce que la actual reforma a la Constitución se ha llevado a cabo con el propósito esencial de ampliar las prerrogativas en favor del Poder Ejecutivo.

Nada más incierto. Es todo lo contrario, pues, además de no adicionar ninguna nueva potestad en su favor, lo que verdaderamente ha ocurrido con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, es una disminución de algunos poderes tradicionalmente otorgados al titular del Ejecutivo.

Por ejemplo, la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas ya no queda en manos del Presidente de la República, sino de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

De ahora en adelante, el Presidente de la República ya no dispondrá de la prerrogativa para autorizar la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, ni de aprobar el envío al extranjero de tropas nacionales en misiones de paz.

De igual manera, al Presidente de la República se le ha despojado de la facultad concedida para anular los arbitrios municipales, como antes habíamos dicho, así como de llenar interinamente las vacantes de Síndicos y Regidores.

Así pues, como puede observarse, de continuar por la ruta trazada en el nuevo orden constitucional, del Presidente de la República se dirá lo que se afirma de los reyes en los regímenes monárquicos: que reinan, pero no gobiernan.

Ahora bien, donde se han efectuado algunos de los cambios más profundos y radicales ha sido en el ámbito del Poder Judicial.
Conforme al artículo 155, se crea el Consejo del Poder Judicial, un organismo enteramente nuevo, el cual representa el órgano permanente de administración y disciplina de dicho poder.

Asimismo, se crea el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual constituye su órgano interno de gobierno, cuyas funciones son las de dirigir y administrar el sistema de carrera y ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público.

Se instituye la defensa pública y asistencia legal gratuita y se amplían las funciones tradicionales del Consejo Nacional de la Magistratura.

Ahora bien, Señoras y Señores, la verdadera gran novedad del actual texto de nuestra Ley Suprema es la creación del Tribunal Constitucional, el cual viene a sustituir a la Suprema Corte de Justicia en las atribuciones que se le conferían de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes.

Según lo consagra el artículo 185, el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo, jurídicamente protegido.

De igual forma, es competente para conocer del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo, y de los conflictos de competencia entre los poderes públicos.

No cabe dudas que hay mayor claridad conceptual en el contenido del nuevo texto constitucional que el que prevalecía en el inciso 1 del artículo 67 de la Carta Sustantiva que hoy queda derogada.

En efecto, de acuerdo con la antigua disposición, correspondía a la Suprema Corte de Justicia conocer únicamente de la inconstitucionalidad de las leyes, y no fue sino por interpretación analógica del artículo 46 que declara la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la misma Constitución, que se interpretó la noción de ley no en sentido estricto, como debe ser toda interpretación de carácter constitucional, sino como queriendo significar norma, en sentido general, lo cual, por vía de consecuencia, le confería competencia para conocer de la nulidad de los decretos, resoluciones y reglamentos.

Ese tipo de interpretación analógica podía generar un quebrantamiento del principio de la separación de poderes, por lo cual resultaba más conveniente seguir la experiencia europea de crear tribunales constitucionales, independientes del Poder Judicial, para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes y de las demás normas del orden jurídico.

Albergamos la esperanza de que este nuevo órgano del Estado dominicano pueda cumplir a plenitud sus funciones y disponer, con el tiempo, del mismo prestigio y autoridad de nuestra actual Suprema Corte de Justicia.

Señores Miembros de la Asamblea Nacional Revisora:

Al entrar en el siglo XXI, la República Dominicana estaba urgida de realizar una profunda reforma a la Carta Sustantiva del Estado, que permitiese consolidar su democracia mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es mi convicción de que el nuevo texto constitucional aprobado por esta Asamblea Revisora cumple con esos propósitos. No se trata, obviamente, de una obra perfecta, ni de un trabajo que esté exento de disidencias o discrepancias.

En sentido general, ninguna Constitución está al margen de esas circunstancias. Sólo basta recordar que la Constitución de Filadelfia de 1787 establecía que un esclavo era equivalente a las 3/5 partes de un hombre libre; y su debate y discusión, en sentido general, dio origen a dos facciones, los Federalistas y Antifederalistas.

Lo mismo ocurrió en Francia, cuando la pasión suscitada en torno a la aprobación de la Constitución de 1791, dividió al país en dos bandos irreconciliables: los Jacobinos y los Girondinos.

En la República Dominicana, hemos aprobado la actual Constitución por consenso. Aquí, en este recinto, están representadas las fuerzas mayoritarias del escenario político nacional, y fueron ustedes, los portavoces de esas fuerzas, los que con vehemencia, con pasión y entusiasmo, discutieron cada concepto, cada criterio, cada juicio vertido, con la finalidad de que la nueva Carta Sustantiva fuese el mejor instrumento posible para la defensa de la libertad y la democracia en la República Dominicana.

Ese espíritu de consenso se expresa de manera clara en los valores y principios que se manifiestan en el preámbulo del nuevo texto, de la siguiente manera:

“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los Próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nacional dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”.

Pero aún antes de que el proyecto de Reforma Constitucional fuese conocido en esta Augusta Asamblea Nacional, fue estudiado, examinado y debatido, en forma de Consulta Popular, en todo el ámbito del territorio nacional por las diferentes organizaciones sindicales, empresariales, comunitarias, campesinas, estudiantiles y barriales, que consideraron que era su deber cívico contribuir y aportar al alumbramiento de una nueva forma de la democracia, más justa, más directa, más equitativa, más participativa y más responsable.

Ahora nos queda un inmenso trabajo por delante, que es el de elaborar y ajustar un conjunto de leyes que puedan estar en armonía con las disposiciones de la nueva Constitución.

Estoy seguro que con la misma tenacidad, el mismo espíritu patriótico y el mismo compromiso con las mejores causas nacionales, avanzaremos en esa dirección, en la dirección de una auténtica, genuina y verdadera Revolución Democrática Institucional, que es la gran herencia que dejaremos a las futuras generaciones para que puedan vivir en un país del que puedan sentirse profundamente orgullosos, en razón de que será el lugar donde permanentemente reinará la paz, prevalecerá la armonía y florecerá la justicia.

Queda formalmente proclamada la nueva Constitución de la República.

¡Qué viva la República Dominicana!

¡Qué viva la nueva Constitución!

Una vez más lo digo, Dominicanas y Dominicanos: ¡E´ pa´lante que vamos!

¡Muchas gracias!"

Por: Z01

Asamblea proclama la nueva Constitución de la República

2010-01-26T21:10:00.000-04:00

SANTO DOMINGO. La Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República Dominicana, con la presencia del presidente Leonel Fernández, texto que entró en vigencia inmediata, derogando la anterior, cuya última modificación se realizó en el 2002.

El acto se inició a las 9:30 de la mañana con la aprobación del orden del día y las actas pendientes y con sólo 122 asambleístas presentes de una matrícula de 210 y que paulatinamente fue aumentando, aunque no sobrepasó los 164.

Luego de la aprobación de la orden del día se entonaron las notas del Himno Nacional y se dispararon salvas de 21 cañonazos para dar inicio a la lectura del texto constitucional, a cargo de los secretarios del bufete directivo de la Asamblea Nacional, Rubén Darío Cruz, Dionis Sánchez, Teodoro Ursino Reyes y Gladis Sofía Azcona.

La lectura del preámbulo, los 277 artículos y las 19 disposiciones transitorias concluyó a las 2 de la tarde, cuando el presidente de la Asamblea Nacional ordenó un receso hasta las 5:00 p.m., cuando llegó el Jefe del Estado, para iniciar el acto final.

Entre los invitados, se destacó la presencia del dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Danilo Medina, quien era saludado efusivamente por los asambleístas. Medina afirmó que la Constitución sancionada fue la posible, ya que fue pactada por la cúpula de los tres partidos mayoritarios.

Estuvieron, además, el presidente y el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado y Orlando Jorge Mera, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

"No es perfecta"

La Constitución quedó proclamada a la 5:05 de tarde, con una salva de 21 cañonazos.

Posteriormente, el presidente de la Asamblea, Reinaldo Pared Pérez pronunció un discurso en el que elogió el trabajo de los asambleístas para dotar al país de la nueva Constitución, que calificó de la "más avanzada de la vida democrática nacional".

Para el legislador, la Constitución es el fruto de un prolongado proceso, durante el cual se conjugaron las voluntades de muy diversos sectores para encontrar las mejores propuestas.

"La Constitución que hemos proclamado en el día de hoy, no es una obra perfecta ni un instrumento ideal, ya que ha sido hecha por el ser humano, pero constituye un paso de avance legislativo de consideración sin precedentes en la República Dominicana", agregó el presidente de la Asamblea.

Pared Pérez destacó sin embargo, que la presente Carta Magna no sólo surgió en un contexto propicio, sino que cuando se compara con las tres últimas Constituciones dominicanas; es decir, las de 1966, 1994 y 2002, presenta novedades que aquellas no contemplaron, y que permiten resaltar diferencias significativas que la coloca a la altura de los nuevos tiempos y circunstancias del país y del mundo.

Socorro Arrias / Diario Libre

Retroactividad constitucional

2009-11-27T11:22:00.000-04:00

El diputado Frank Martínez, quien presidió la Comisión de Verificación y Auditoría de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, ha sostenido que “los dispositivos de la Constitución son retroactivos, aunque no lo sean los de las leyes”.

Sus declaraciones surgen a propósito de la aplicación de un precepto que revertiría el fardo de la prueba para los acusados de corrupción (periódico Hoy, 24 de noviembre de 2009).

La aplicación retroactiva de una nueva Constitución es un asunto controvertido en el derecho comparado por la eventual afectación a derechos adquiridos o situaciones consolidadas conforme la Constitución anterior.

Según el jurista nicaragüense Iván Escobar Fornos existen tres posiciones sobre la retroactividad de la Constitución: una sostiene la irretroactividad, que es la que impera en la jurisprudencia colombiana; otra mantiene el criterio de que es retroactiva, que es asumida por la jurisprudencia mexicana; y otra como la de la jurisprudencia española, que acepta la retroactividad en forma casuística, no sentando directrices generales.

En el primer caso, se parte de la idea de que la voluntad soberana que sustenta una reforma constitucional, por su naturaleza fundamental, borra el pasado y lo constituye con un nuevo orden de cosas que se impone sin límites de temporalidad.

Las situaciones jurídicas precedentes no tienen otra vida jurídica que las que les da la propia Constitución.

El principio de irretroactividad no tiene influencia alguna en el poder constituyente, el cual procede e impera en la confección de sus mandatos con la más absoluta libertad que su misma prudencia le permitan gozar.

En el segundo caso, se parte de una noción estrictamente jurídica de la reforma constitucional y su consiguiente incapacidad, sin vulnerar la seguridad jurídica, para modificar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su promulgación y amparadas en los principios y lineamientos contenidos en la

Las reformas constitucionales sólo se aplican en forma inmediata y hacia el futuro, extendiendo sus efectos tanto a los hechos ocurridos durante su vigencia como a aquellos iniciados bajo el imperio de la Constitución anterior y afianzados o ejecutados con posterioridad a su derogatoria.

En el tercer caso, se parte de una postura eticopolítica dúctil que asume la retroactividad o no de un dispositivo constitucional según las circunstancias de que se trate.

Es que los más importantes logros del constitucionalismo para terminar con graves restricciones a la libertad, a la igualdad y a la dignidad humana han sido decisiones políticas puestas en vigencia inmediata y no dieron lugar a debates sobre la afectación a derechos adquiridos en forma retroactiva.

Los avances históricos hacia el mejoramiento de la humanidad no pueden quedar congelados por el principio de la irretroactividad.

La corrupción constituye un cáncer que carcome las asignaciones económicas destinadas a la satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar colectivo. Algunos osados incluso reclaman su cualificación como “crimen contra la humanidad”.

Es, pues, correctísima la propuesta de Frank Martínez para aplicar de manera retroactiva la inversión de la carga de la prueba a los acusados de corrupción.

Quienes amasen fortunas corruptas no tienen derecho a invocar la irretroactividad constitucional para garantizar su impunidad.

Félix M. Tena De Sosa es investigador asociado de la Finjus