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LA APIC CONDENA EL ATENTADO CONTRA EL PERIODISTA DE SEMANA RICARDO CALDERÓN

La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) condena el atentado perpetrado con armas de fuego contra el periodista colombiano de la revista Semana Ricardo Calderón, quien salió ileso en la noche del primero de mayo, cuando se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Ibagué a Bogotá. 

La APIC exhorta a las autoridades a investigar este suceso para evitar que el caso quede en la impunidad y así garantizar la búsqueda de la verdad y el libre derecho de expresión y de información en Colombia.  

Asimismo, la APIC expresa su preocupación por la seguridad,  no sólo de Ricardo Calderón, sino de todos los periodistas y reporteros que ejercen la profesión en el país, en especial en las zonas más vulnerables.

Bogotá, 2 de mayo de 2013 

David Rabelo es sobreviviente de la Unión Patriótica y está preso (Foto tomada del semanario Voz)

El economista David Rabelo Crespo, defensor de derechos humanos colombiano, es uno de los seis finalistas del Premio Front Line Defenders 2013, que será entregado el 3 de mayo en Dublín por el propio presidente Irlanda, Michael Daniel Higgins.

Lo arrestaron el 14 de septiembre de 2010 en Barrancabermeja, puerto en el centro de Colombia en el departamento de Santander, sobre el río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte.

Fue enjuiciado en mayo de 2012, acusado del crimen del excandidato a la alcaldía de Barrancabermeja, David Núñez, ocurrido en abril de 1991.

Mediante montajes fotográficos y testimonios  de dos paramilitares de ultraderecha que fueron denunciados por Rabelo de haber cometido masacres en Barrancabermeja, resultó condenado a 18 años de prisión por homicidio agravado.

Posteriormente se descubrió que el fiscal de la acusación en su contra, William Pacheco Granados, fue condenado en 1993 por el Tribunal Superior Militar, por la desaparición forzada de un joven en la central ciudad de Armenia, cuando era comandante de la Policía.

Por ese caso Pacheco fue inhabilitado definitivamente por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público), lo que le impedía ejercer cargos en la rama judicial.

La defensa de Rabelo pidió en febrero de 2013 la nulidad de lo actuado, argumentando violación al debido proceso. Además, solicitó al Fiscal General de la Nación destituir a Pacheco.

Rabelo permanece preso en la abarrotada cárcel La Picota, al sur de Bogotá, donde dedica sus días a leer, escribir y trabajar en la protección de los derechos de los prisioneros políticos en las cárceles colombianas.

Quienes conocen el caso consideran que su encarcelamiento busca extraer a Rabelo de su labor social en la convulsa región del Magdalena Medio en el centro de Colombia y, de paso, estigmatizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, que constituye una amenaza para la impunidad.

Además, relacionan la condena como una venganza porque Rabelo denunció una reunión de Álvaro Uribe (presidente 2002-2010) con paramilitares de ultraderecha, específicamente con el paramilitar Fremio Sánchez en Puerto Berrío, río arriba de Barrancabermeja, durante su campaña electoral en 2002.     

Front Line Defenders presentó un documental (audio en español, English subtitled), como parte de su campaña internacional para celebrar la vida de un hombre dedicado a la defensa y la protección de los derechos humanos de todos sus compatriotas, sin pensar a los riesgos que él mismo tuviera que afrontar.

Rabelo comenzó a defender los derechos humanos hace 35 años, inicialmente los derechos de los trabajadores, la promoción social y la movilización sindical y en los últimos años ha trabajado en defensa de la vida de otros, aún a riesgo de la suya propia.

Fue dos veces concejal (legislador local) y llegó a diputado (legislador regional). Entre 1998 y 2004 fue director del Consejo Municipal de Paz (CMP) de Barrancabermeja.

El CMP es un organismo diseñado para proteger la vida de los habitantes del puerto fluvial que, con la llegada de los paramilitares, corrían riesgo ante el incremento de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, y de varias masacres perpetradas con total impunidad.

Rabelo es directivo de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), una organización civil.

Compite por el premio Front Line Defenders 2013 con defensores y defensoras de Irán, Camboya, Kenia, Uzbekistán y Mauritania.

El galardón

El Front Line Defenders es entregado anualmente a quienes defienden los derechos humanos sin arredrarse ante los riesgos que ellos mismos pueden correr, y que han contribuido de forma excepcional a la causa de los derechos humanos. Han recibido este premio defensoras y defensores de Siria, Rusia, Afganistán, Guatemala, República Democrática de Congo, Uzbekistán y Sudán.

El jurado este año está conformado por miembros del Oireachtas, parlamento nacional bicameral de la República de Irlanda del que hace parte también el presidente irlandés; del Dail Eireann (cámara baja del parlamento); y del Parlamento Europeo: señora Emer Costello, ministro Simon Coveney, senadora Averil Power, ministro Ruairi Quinn y la señora Noeline Blackwell, del Consejo de Administración de Front Line Defenders.

Eligieron entre 90 nominados de todas las regiones del planeta, una tarea “ingrata” según Mary Lawlor, directora de Front Line Defenders, pues sin excepción todos ellos “constituyen un ejemplo de coraje y compromiso pleno con la causa de los derechos humanos”.

“Cada uno de los finalistas ha afrontado amenazas e intimidación y dos de ellos, Mam Sonando, de Camboya y David Rabelo Crespo, están actualmente presos”, indicó.

Lawlor advirtió que “siempre habrá personas que eligen trabajar en la promoción y la protección de los derechos humanos. No importa cuánto intenten hacer los gobiernos, no podrán librarse de ellos y, si uno cae, otro se levanta para continuar luchando contra la injusticia. No importa si su labor se desarrolla por unos pocos años o toda la vida, lo que los gobiernos no comprenden es que no se puede aplacar el espíritu de las defensoras y defensores: corre por sus venas y lo necesitan como al aire”.

“El Premio Front Line Defenders para defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo celebra ese espíritu insaciable” que tienen en común estas personas de todo el mundo, “en un movimiento hacia la creación de sociedades más justas e igualitarias”, dijo Lawlor.

Los otros finalistas 2013

Mam Sonando (Camboya)

Ha dedicado su vida a ayudar a los pobres y a personas privadas de los derechos civiles en Camboya, luchando por sus derechos y –a la vez- cumpliendo con los preceptos de la no violencia de su fe, el budismo. Es periodista y director de una de las tres únicas radioemisoras independientes de Camboya, donde el Estado tiene un monopolio casi completo sobre los medios de comunicación y la represión de la libertad de expresión ha llevado al imperio de la autocensura. También es fundador y presidente de la Asociación de Demócratas, una organización nacional que promueve activamente la democracia y los derechos humanos. Fue arrestado a comienzos del mes de julio de 2012 y, pese a que no existe evidencia que lo relacione con el denominado movimiento separatista, el 1 de octubre de 2012 fue declarado culpable de instigar a la insurrección e incitar a tomar las armas contra el Estado y sentenciado a 20 años de cárcel.

Mansoureh Behkish (Irán)

Es activista por los derechos de la mujer y cofundadora de Madres de Khavaran y Madres del Laleh Park. Partidaria de la resistencia no violenta y defensora de los derechos humanos, en los últimos 30 años se ha dedicado a empoderar a sobrevivientes y víctimas de abusos a los derechos humanos. Especialmente ayuda a las madres, hermanas y esposas de miles de personas recluidas o ejecutadas por las autoridades de la República Islámica, en busca de justicia a través de canales legales o humanitarios. Como consecuencia de su tarea, ella misma es víctima de hostigamiento continuo, le han confiscado el pasaporte y violado el derecho a la libre circulación. Estuvo en la cárcel en tres ocasiones.

Ruth Mumbi (Kenia)

Es una apasionada movilizadora de la comunidad, fundadora y actual coordinadora nacional de Bunge la Wamama, el capítulo para la mujer de Bunge la Mwananchi, un movimiento que lleva adelante firmes acciones de incidencia y campañas sobre temas de justicia social y responsabilidad en Kenia. Nació y vive en Kiamaiko, un barrio pobre de Nairobi. Comenzó su compromiso con las iniciativas de movilización de comunidades a fines de la década de 1990, cuando tenía apenas 16 años de edad.

Bahtiyor Hamraev (Uzbekistán)

Se ha dedicado a hacer campaña por los derechos humanos en Uzbekistán durante los últimos 15 años. Fue responsable de la sede regional de Djizak de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán (HRSU, en inglés) y ha documentado violaciones a los derechos humanos en la región. En los últimos años ha entrado en contacto con familiares de defensoras y defensores encarcelados, ayudándoles a difundir información sobre las condiciones de detención, la tortura y el maltrato y ayudando a brindar a las familias ayuda legal y asistencia financiera. El precio que ha debido pagar ha sido muy alto en algunas ocasiones, pero pese a todas las dificultades continúa trabajando, negándose a salir del país e intentando hacer la diferencia en uno de los peores contextos de derechos humanos de la región. Aunque Hamraev sufre un cáncer terminal, sigue emitiendo información sobre violaciones a los derechos humanos y asistiendo a las familias de los defensores y defensoras encarcelados.

Biram Dah Abeid (Mauritania)

Ha sido amenazado, calumniado y hostigado debido a su tarea por los derechos humanos y contra la esclavitud en Mauritania. Fue arrestado y maltratado en varias ocasiones y, en abril de 2012, fue “desaparecido” durante varias semanas en instalaciones secretas y de extrema seguridad del gobierno, sin poder contactar a sus familiares y sin acceso a asistencia legal. De no haber sido por el clamor internacional, pudo haber sido asesinado; recuperó la libertad en septiembre de 2012, pero eligió continuar con su labor desde dentro Mauritania.

Al término de la tregua unilateral de las FARC, que tuvo una duración de dos meses a partir del 20 de noviembre, Petras se pronunció en su entrevista semanal en Radio Centenario, de Uruguay, sobre las negociaciones de paz. De paso dejó bastante mal parados al Frente Farabundo Martí de El Salvador y a la guerrilla guatemalteca. Aquí su análisis.

“La ilusión de Santos y del Departamento de Estado estadounidense, de que podrían repetir en Colombia lo que pasó en Centroamérica, es un error estratégico. (…) Esto no es sólo la cúpula de una organización pactando con un gobierno reaccionario, como pasó en Centroamérica.”

 

(…)

El alto al fuego unilateral de las FARC termina porque el gobierno de Juan Manuel Santos no aceptó una tregua bilateral; al contrario, ha seguido atacando y bombardeando los campamentos de las FARC y, más que nada, atacando las comunidades campesinas, indígenas, donde las FARC tienen prestigio e influencia. Y las FARC aguantaron dos meses de ataques unilaterales del gobierno colombiano y declararon que, si el gobierno no puede acomodar la paz, ellos vuelven a la guerra.

Es una mala señal el hecho de que el gobierno de Santos no quisiera firmar una tregua, porque está pendiente la reforma agraria. Y las FARC dicen que hay 20 millones de hectáreas que podrían servir para atender las necesidades de los 4 millones de campesinos sin tierra. Pero el gobierno rechaza eso.

Lo que el gobierno colombiano pretende es una solución como la del Frente Farabundo Martí en El Salvador, o como la de los guatemaltecos, donde  los guerrilleros entregaron todo simplemente a cambio de ocupar fueros. Pero son países donde las desigualdades de tierra, de poder, de riquezas, siguen exactamente igual o peor que antes.

Las FARC no aceptan eso. Las FARC no se van a entregar, ni van firmar un documento simplemente para dedicarse a la politiquería, la política electoral, como el Farabundo Martí, para llegar a la Presidencia y gobernar en nombre de las multinacionales y en confabulación con los grandes terratenientes.

Eso no va a pasar en Colombia.

La ilusión de Santos y del Departamento de Estado estadounidense, de que podrían repetir en Colombia lo que pasó en Centroamérica, es un error estratégico.

Deben aceptar que, si quieren conseguir paz, tienen que conseguirla a partir de justicia social, que empezará, en primera instancia, con una reforma agraria, lo que va a afectar a los grandes poderes ganaderos y los grandes especuladores de la tierra, que son una fuerza importante en el gobierno.

Entonces el gobierno de Santos tiene que decidir si va a continuar la guerra, las FARC están a esa altura. Y si quiere sentarse para empezar un camino de paz con justicia social empezando con la reforma agraria, la paz es factible.

No deben pensar que las FARC unilateralmente se van a desmovilizar, desarmar y olvidar al pueblo. En cambio, las FARC convocan a los foros populares, a las organizaciones de masas a intervenir en estas negociaciones. Esto no es sólo la cúpula de una organización pactando con un gobierno reaccionario, como pasó en Centroamérica.

Tenemos que decirlo en forma categórica: eso no va a pasar en Colombia.

(…)

Para la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el asesinato de varios líderes afro apuntan a “una estrategia de persecución y desarticulación” contra “el movimiento étnico-territorial afrocolombiano”.

La CPI se remite a Amnistía Internacional para contar que, a finales de 2007, las FARC lanzaron un ultimátum a todos los líderes de consejos comunitarios de Nariño: “les daban hasta abril de 2008  para desmantelar sus organizaciones o ser asesinados. Las FARC querían promover sus propias organizaciones comunitarias”.

Grupos paramilitares de la zona también presionaron a comunidades afrocolombianas para que  cultivaran coca. Tanto estos como las guerrillas “promovieron la migración de colonos” a Nariño para que allí cultivaran coca, dice la fiscalía de la CPI.

Se asesina, ante todo, a los líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, para intimidar a las comunidades y provocar desplazamiento, con el fin de controlar su territorio; o bien porque los líderes se oponen a la presencia de uno o varios grupos armados o porque permiten la presencia de un grupo armado enemigo del que finalmente comete el crimen. También los matan porque son los líderes quienes suelen desafiar la autoridad de los armados.

“Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores de asesinatos de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dice la CPI. “Se ha identificado que las FARC y el ELN son los principales autores de asesinatos selectivos de líderes de comunidades y de activistas”.

Continúa:

“Las FARC asesinaron presuntamente a miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas en varias partes del país, incluidos los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a fin de socavar las estructuras de sus organizaciones”.

“En enero de 2011, dos líderes del Consejo Comunitario de Los Manglares fueron asesinados en López de Micay (Cauca), presuntamente por miembros de las FARC”.

“Se han atribuido a grupos paramilitares casos de asesinato de líderes y activistas, incluyendo a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre de  2008, Walberto Hoyos, un líder que pedía la protección de los derechos colectivos a la tierra para las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del río Curbaradó, fue asesinado por paramilitares en Caño Manso”.

“En lo que se refiere concretamente a los territorios afrocolombianos, el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías explicó que dichos territorios tienen gran importancia estratégica para grupos armados dedicados al narcotráfico, así como en el contexto de nuevos planes de desarrollo macroeconómico, denominados ‘mega-proyectos’. Según este experto, estos proyectos se han ejecutado mediante traslados forzosos y brutales, actos de violencia en masa y asesinatos selectivos”.

“Por ejemplo, en el caso de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, 3.000 afrocolombianos fueron trasladados forzosamente de su territorio colectivo por paramilitares, narcotraficantes y personas que aspiraban a adquirir tierras de manera ilegal para establecer plantaciones y explotaciones ganaderas”.

“Entre las víctimas de traslados forzosos se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas de las regiones de Bolívar, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y amplias zonas de  Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Córdoba y Chocó”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que la violencia relacionada con el conflicto afectaba de forma desproporcionada a niñas, mujeres y mujeres indígenas y afro-colombianas.

Que este somero listado de razones sirva de prolegómeno para la comunicación enviada ayer 17 de diciembre al Foro sobre Desarrollo Agrario Integral, que inició ese día en Bogotá y termina mañana miércoles, organizado por el PNUD y la Universidad Nacional. La realización del foro fue solicitada desde La Habana por la mesa de negociación gobierno-FARC.

En el panel inaugural, en la mañana del 17, María Inés Quiñones, del Proceso de Comunidades Negras, invitó a “desobedecer la metodología” del Foro Agrario, “en nombre de nuestros ancestros”. La razón: los temas que se tratan allí “son esenciales para nuestro futuro”, “son asuntos que hay que pensar”. Los afros se niegan a que los sigan trayendo y llevando a foros de afán.

Que nos oigan en La Habana: la metodología no puede violar los derechos

 

La comunidad negra saluda este evento. Somos parte de los millones de colombianos que tenemos un anhelo de paz. Hemos sabido en carne propia las atrocidades del conflicto armado, por eso la posibilidad de estos diálogos para el fin del conflicto nos llenan de esperanza. Nosotros hablamos desde los millones de desplazados internos, los emplazados, los asesinados, los muertos, nuestros desaparecidos, muertos que nos ha sido imposible sacar de los ríos, enterrar y cantar. Pero también hablamos desde las experiencias de comunidades que se resisten en sus territorios a los horrores y desde allí le han apostado y apuestan a la posibilidad de un país distinto.

Tenemos derechos especiales que están reconocidos en la constitución y la ley. La existencia de estos derechos tiene que ver con hechos históricos inobjetables, la trata transatlántica de esclavos, la esclavización cuyas consecuencias, como lo reconoció la tercera conferencia mundial contra el racismo, seguimos padeciendo en el tiempo. En medio de la confrontación armada que vive el país, nuestros derechos colectivos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales han sido vulnerados de manera sistemática y generalizada.

En el marco de las negociaciones para el cese del fuego, la mesa en La Habana abrió un espacio de participación para el movimiento social. Este se está llevando a cabo hoy en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se invitaron 1.200 a la conversación, se nos dieron 80 cupos, pero solo llegaron 45.

La mayoría de los miembros de las distintas delegaciones afrocolombianas no han llegado. Entendemos que hay problemas logísticos que han sido difíciles de superar. Cuando fuimos informados de nuestras invitaciones hicimos una ronda de llamadas para coordinarnos. Al final de las mismas, demandamos la instalación de una Mesa específica para Afrocolombianos. No hemos recibido respuesta oficial de parte de los organizadores. Extraoficialmente nos han comunicado que no y que, igualmente, los indígenas lo demandaron y que tampoco les fue concedido y que se trataba de “integrarse”.

La metodología a implementar aquí parte del supuesto de que todos los sectores sociales tienen propuestas conjuntas y vocería unificadas. Esto es lo deseable, mas en todos los casos no es lo real, entre otras porque el tema de fondo que nos convoca ha afectado los tejidos organizativos.

Las metodologías deben estar adecuadas a la realidad y no pueden estar por encima de los derechos que nos han sido reconocidos a los pueblos que hemos luchado. La paz no es un favor, es un deber y un derecho para todas y todos, con todas y todos en igualdad de condiciones de las voces.

No es un favor el que demandamos. Por ello, en ejercicio de nuestros propios derechos, haremos una Mesa de Afrocolombianos en la que discutiremos todos los temas. Los pueblos étnicos somos Colombia también, y queremos construir la Paz para Colombia.

 

Lo mínimo es el respeto de los derechos de todxs. No es cierto que conversar en una Mesa entre todas y todos, entre los eternamente excluidos y los que nos han excluido por siempre, sea garantía de integración. Estamos dispuestos a juntar nuestras voces con las de todxs, pero no estamos dispuestos a que, en nombre de la integración, nuestra voz y nuestras demandas como pueblo se diluyan.

Si las conversaciones y la participación de todos los sectores sociales en espacios como este no parten de los derechos que nos están reconocidos y de asegurar los principios de regresión de los mismos, ya estamos por mal camino. Estamos degradando el alcance de la Constitución del 1991. Este es el mensaje definitivo que queremos trasmitir, y que quede claro:

Haremos nuestra mesa  e invitamos a todos los afrocolombianos y a los que también lo deseen a desobedecer la tiranía de la metodología.

En el espíritu de nuestros ancestros

Organizaciones Afrocolombianas

“Fue un problema de trascripción de la entrevista”, dijo por su parte otra fuente guerrillera desde La Habana a la misma emisora. Estos son los comentarios de los periodistas de Blu Radio al respecto.

Sobre los cuatro nacionales chinos (ingenieros de petróleos al servicio de Emerald Energy) que fueron secuestrados en junio de 2011 en la vía San Vicente del Caguán-Los Pozos, y liberados el 21 de noviembre pasado, cuando fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, Granda dijo en la misma entrevista que no está al tanto: “En este momento no puedo decirte absolutamente nada. Yo estoy aquí en La Habana. No sé qué puede estar pasando en algunas regiones del país”, respondió al periodista que le preguntó si las FARC, entonces, no habrían secuestrado a los tres ingenieros chinos y a su traductor, de la misma nacionalidad.

Respecto a ese caso, María Cristina Rivera, portavoz del CICR en Colombia, expresó a IPS:

Nosotros somos una organización humanitaria. No nos compete establecer ese tipo de responsabilidades. Refiriéndonos a los hechos, podemos decir que la entrega de los ciudadanos chinos se dio en zona rural de San Vicente del Caguán, por parte de hombres de civil que no se identificaron, y que además no portaban armas. Por lo tanto, no podemos afirmar en ningún sentido quién tenía a los ciudadanos chinos, ni nos compete. Lo importante es que estas personas fueron liberadas.

En el rompecabezas sobre este caso sirve la descripción de la situación militar en esa zona en el momento en que fueron secuestrados los chinos, que IPS hizo con la ayuda de Ariel Ávila, del grupo de analistas Nuevo Arco Iris.

—¿Por qué en un momento determinado inician la retención de civiles?

—Una organización político-militar como la nuestra requiere gastos. Nosotros tenemos una ley, la 002, donde se estipula que a quien tenga un patrimonio superior a un millón de dólares le exigíamos el pago de un impuesto para la paz, así como ellos pagan un impuesto para la guerra. A aquella persona que se negaba a darlo, la reteníamos.

«Sin embargo, a partir de un proceso interno, tomamos en febrero la resolución de no más retenciones económicas. Hemos tenido errores en torno a esto. Entonces decidimos buscar nuevas formas de hallar los recursos que necesitamos para la organización. Nos financiamos con la ayuda de muchos compañeros, pero también en nuestras áreas cultivamos para autoabastecernos, y vender».

—Y los secuestros de políticos, ¿qué fin perseguían?

—La clase política es la que hace las leyes, y no beneficiando a los pobres: las hace favoreciendo a los ricos. Pensamos que había que hacerles sentir el peso de la tragedia que vive el pueblo colombiano. Ellos viven en otra Colombia. Y el hecho de tenerlos también era para que ellos nos devuelvan a nuestros compañeros presos en las cárceles, y reconozcan que somos un factor político en el país: un factor al que no se le escucha, al que se le cierran todas las puertas. Ya todos han sido entregados.

—¿Sigue vigente por parte de las FARC-EP la propuesta de un canje?

—Mantenemos ese proyecto porque es lo que nos permitiría buscar, precisamente, cómo logramos que los compañeros que se están pudriendo en las cárceles del país, regresen.

«En combate capturamos policías, soldados. Es distinto: son prisioneros de guerra porque son capturados en combate. A ellos se les respeta su vida, se les respeta su integridad física, sus creencias. Se les respeta sus derechos humanos. Con ellos también buscamos el canje. Sí, nosotros tenemos prisioneros de guerra y los vamos a entregar, pero que el Estado nos devuelva a los nuestros que están allí, en las prisiones».

—¿Cuántos son?

—Calculamos que hay aproximadamente 700 compañeros nuestros, pero tenemos datos de que también existen ocho mil presos políticos y de conciencia. A muchos no se les ha realizado proceso y no hay definición de qué tiempo tienen que pagar. Y pasa y pasa el tiempo. No todos son guerrilleros, hay muchos compañeros de apoyo acusados de serlo. Son compañeros que viven en los campos, que pasa uno y le dan un vaso de agua; nos ofrecen una comida o un racimo de plátanos. Por ese hecho ya son judicializados. Les dicen guerrilleros o que son apoyo logístico de las FARC, pero son civiles. Hay muchísimos compañeros civiles que están en las cárceles del país.

—¿Y extraditados?

—Tenemos tres compañeros: Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas. Ellos tres fueron extraditados durante el Gobierno de Uribe. Nosotros no estamos de acuerdo con la extradición. Consideramos que constituye una entrega total de la soberanía de Colombia. ¡Cómo es que un país como Colombia no pueda juzgar a sus conciudadanos! Si es que Simón Trinidad tiene delitos, en Colombia hay leyes, hay un poder judicial que puede juzgar a quienes han cometido delitos. Es un apátrida el que entrega a sus conciudadanos para que sea otro país el que los juzgue.

Así desaparecieron los paramilitares de los medios y del imaginario de muchos.

Pero ahí están. Su huella puede leerse en los crímenes que cometen: los asesinatos del paramilitarismo se reproducen en el Caribe, en el Pacífico, en Antioquia, en el Magdalena Medio.

Los muertos son casi siempre pobladores de pequeños cascos urbanos, mineros artesanales y campesinos. Nada más en el Nordeste Antioqueño, totalmente militarizado como está, van unos 260 asesinados este año.

El ejército y la policía le dicen a la prensa que se trata de vendettas entre bandas criminales (bacrim, sí señores) de extorsionistas y narcotraficantes.

A veces, casi siempre, los asesinos se identifican con denominaciones locales o regionales: unas veces son los Urabeños, otra los Gaitanistas, otra más las Águilas Negras. Los de la masacre de 10 campesinos, esta vez en Santa Rosa de Osos, fueron Los Rastrojos. 

Todos son narcotraficantes paramilitares en versión nueva, surgidos después de que las AUC “se desmovilizaron”, entre 2003 y 2006, en el marco de un “proceso de paz” con el gobierno Uribe.

En las elecciones del 6 de noviembre en Estados Unidos resultaron elegidos dos amigos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Son ellos la senadora Tammy Baldwin (foto arriba) y el representante a la Cámara Mark Pocan (imagen abajo)

Cuenta sobre ellos Colombia Support Network (CSN) que ambos visitaron San José de Apartadó antes de que sus habitantes se declararan Comunidad de Paz bajo la gobernación del sr. Uribe Vélez en Antioquia. Además, Pocan conoció a Manuel Cepeda, periodista y dirigente de la UP, poco antes de ser asesinado.

Baldwin y Pocan son activistas por los derechos de la población gay en Estados Unidos, razón de más para celebrar su triunfo.

Colombia Support Network (CSN) celebrates the election last night of two great friends:

 

Tammy Baldwin, elected to the United States Senate, and Mark Pocan, elected to the United States House of Representatives. Tammy, with the assistance of Mark, drafted  our sister community resolution for Dane County and Apartadó. Both Tammy and Mark went to Colombia on a CSN delegation in 1993 and visited San José de Apartadó, 4 years before San José declared itself a Peace Community.

 

Mark has returned since, meeting with Senator Manuel Cepeda Vargas and 3 other leaders of the Patriotic Union movement days before Senator Cepeda was murdered. He is a former CSN Board Member and is currently on our Advisory Board.

 

Tammy and Mark have provided great support to our human rights and sister community work on Colombia. We look forward to their solidarity from their new positions as Senator and Representative in Washington D.C. We congratulate them on their election and on their commitment to good government and support for a sensible U. S. foreign policy toward Colombia.

 

Madison, November 7, 2012

 

COLOMBIA SUPPORT NETWORK

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) presentó la demanda en nombre de abogados, periodistas e investigadores sobre derechos humanos que afirman que el control de las comunicaciones en el extranjero viola sus derechos constitucionales. 

El gobierno de Estados Unidos ha procurado que se desestime la causa en razón de que los demandantes no pueden probar que sus comunicaciones hayan sido vigiladas.

Pero la ACLU alegó el lunes que tal prueba es imposible de obtener porque los blancos del espionaje se consideran secretos. En una declaración, Jameel Jaffer, de la ACLU, dijo que se sintió entusiasmado por los alegatos del lunes y agregó: “La Corte parece adecuadamente escéptica con respecto a los intentos del gobierno de evitar que se lleve a cabo una revisión judicial significativa de su arrasadora ley de vigilancia”.

La fase de la confidencialidad propia de la exploración terminó y comienza la de la participación ciudadana, dice un documento del equipo negociador de las FARC, emitido en La Habana el viernes 26 y titulado “Reflexiones sobre la Agenda de La Habana I”.

Destaco el tono de palabrero wayúu que tiene esta frase:

Necesario es que al hacer una interpretación de la Agenda o del conjunto del Acuerdo, con paciencia y acudiendo siempre al factor de inspiración que son los anhelos de justicia y reconciliación del pueblo colombiano, optemos por no descontextualizar y no delimitar insertando visiones personales del asunto.

Elementos

El preámbulo del “Acuerdo General” entre el gobierno y las FARC, que reconoce el estado de injusticia en Colombia, no es retórica y es vinculante.

La Agenda de la Habana es breve pero profunda; sus propósitos no son formales, plantea objetivos de fondo. En el discurso de instalación de las FARC-EP en Oslo, los aspectos tocados están estrictamente enmarcados en ella. No hay agendas paralelas ni ocultas por parte de la insurgencia.

No se les olvide que la cosa es de lado y lado:

En el tema víctimas, “el compromiso suscrito en la capital de Cuba, (…) incluye indefectiblemente el deber de abordar el terrorismo de Estado como factor causal, esencial, del fenómeno.”

El equipo del gobierno en la negociación aún no engrana:

Ojalá, antes del 15 de noviembre, que es la fecha en que se inician las sesiones de la Mesa, quienes estuvieron durante la elaboración del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tengan tiempo y manera de darle una explicación objetiva del documento al conjunto de sus equipos de trabajo. Esto es fundamental para que comencemos con buen entendimiento y para evitar que desde las vocerías de las partes surjan mensajes que generen confusión en el seno de la población que se apresta a participar en los diálogos con sus múltiples iniciativas.

Queda para la historia del periodismo colombiano que los dos principales canales privados de TV, Caracol y RCN, cortaron la señal desde Oslo:

Sobre un proceso que es de interés nacional, se actuó impidiendo que el país escuchara los puntos de vista de la insurgencia en la misma dimensión en que lo permitió al gobierno.

Atención medios alternativos:

(…) lamentable contraste de participación de la agenda que habría que superar con urgencia: de 140 medios de comunicación que acudieron al evento, solamente dos eran alternativos colombianos. La dirigencia de las FARC saludó el esfuerzo de estos y expresó su determinación por contribuir a que en adelante sean atendidos de manera prioritaria.

Derecho de la sociedad a estar informada:

Urge abrir un espacio verás, eficiente y oportuno, el canal público y los medios democráticos, que permitan que Colombia tenga un conocimiento cierto de los desarrollos del proceso; es decir lo que transcurra en La Habana entre gobierno e insurgencia, como el desenvolvimiento de la participación popular, especialmente.

Al final de este link a El Espectador está el texto completo http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-383558-farc-piden-evitar-mensajes-confusos-el-proceso-de-paz?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter