Contabiliza bien, tributa y gestiona mejor

Novedades en la presentación telemática (obligatoria) del nuevo modelo 200

2012-05-17T12:00:00.000+02:00

La presentación telemática por internet de la declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español), modelo 200, tendrá carácter obligatorio para los sujetos pasivos adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de la Agencia Tributaria, para todos los sujetos pasivos que tengan la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, así como para aquellas entidades que tengan que presentar la información adicional a la declaración a través del formulario establecido en los apartados 7 y 8 del artículo 2 de la Orden HAP/1023/2012, de 11 de mayo.

La presentación telemática por internet de la declaración del Impuesto sobre Sociedades-Régimen de consolidación fiscal correspondiente a los grupos fiscales, modelo 220, correspondientes a la Administración del Estado, tendrá carácter obligatorio en todo caso.

Las declaraciones que se deban presentar ante la Administración del Estado por contribuyentes sometidos a la normativa foral podrán utilizar o bien los modelos 200 y 220 aprobados en la presente orden efectuando su presentación por vía telemática, o bien el modelo aprobado por la normativa foral correspondiente. En caso de presentar el modelo aprobado por la normativa foral , deberán utilizarse los documentos de ingreso o devolución que se aprueban en los Anexos I y II de la citada orden que podrán obtenerse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

En este caso, los lugares de presentación serán los que se establecen en el artículo 3 de la orden.

Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios, podrán hacer uso de dicha facultad, respecto de las declaraciones contempladas en la referida orden.

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Novedades (relevantes) de los nuevos modelos de declaración del Impuesto de Sociedades.

Disponibilidad de las reservas Vs. cobertura de pérdidas contabilizadas

2012-05-15T13:49:00.000+02:00

El artículo 273.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en lo sucesivo LSC, limita la libertad de la Junta General a la hora de aplicar los resultados:

en primer lugar el positivo del ejercicio corriente, pero
también el reparto de las reservas de libre disposición,
en tanto el valor del patrimonio neto no siga siendo tras el reparto superior al capital social.

Es más, resulta de la lógica del sistema que también debería incluirse junto al capital, la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la hora de computar el posible excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición. En definitiva, la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la cobertura de pérdidas contabilizadas. Y si no son plenamente disponibles no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el artículo 303 de la LSC para su capitalización.

Este es el argumento que utiliza la Dirección General de los Registros y del Notariado, en lo sucesivo DGRN, en una reciente resolución, para confirmar la nota de calificación del registrador mercantil de no practicar la inscripción de una escritura de aumento de capital con cargo a reservas, por la existencia de resultados negativos de ejercicios anteriores sin compensar, como puede observarse en la tabla siguiente con los datos del referido aumento:

Añade la resolución que:

El aumento de capital con cargo a reservas es una modalidad de autofinanciación empresarial caracterizada por una simple operación contable, en cuanto implica una transferencia de fondos de una cuenta a otra del pasivo del balance, por lo que como tal no supone alteración patrimonial cuantitativa alguna dado que los recursos propios –suma de capital social y reservas– seguirán siendo los mismos; y otro tanto cabe decir del patrimonio social. Lo que sí supone es una modificación cualitativa de dicho patrimonio, pues los fondos así transferidos pasan del régimen de disponibilidad de que gozaban como reservas a la indisponibilidad a que quedan sujetos como capital. Por tanto, un requisito esencial para la capitalización de las reservas o beneficios no es sólo que tengan la consideración de recursos propios, sino también que sean de libre disposición, dado que la capitalización es una de las formas a través de las que la sociedad ejerce su facultad de libre disposición sobre ellas.
Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan perdidas que hayan de enjugarse previamente.

Recordamos que nuestra legislación de aplicación (artículo 303 de la LSC) establece que:

Cuando el aumento del capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse para tal fin las reservas disponibles, las reservas por prima de asunción de participaciones sociales o de emisión de acciones y la reserva legal en su totalidad, si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, o en la parte que exceda del diez por ciento del capital ya aumentado, si la sociedad fuera anónima.

A la operación deberá servir de base un balance aprobado por la junta general referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento del capital, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable.

Es cierto, por otra parte, que la propia resolución reconoce:

Que ni en nuestra Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada antes, ni en el actual Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital –como señala el recurrente– exista un precepto como, por ejemplo, el parágrafo 208.2 de la «Aktiengesetz» alemana, que proscriba expresamente el aumento del capital con cargo a reservas si en el balance figuran pérdidas, es indudable que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, según dicho balance, aunque las vicisitudes económicas de la sociedad, posteriores a aquél, puedan determinar luego la eliminación de esas pérdidas

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Últimas novedades en la regulación de la libertad de amortización

2012-04-16T07:10:00.001+02:00

Las últimas modificaciones relativas a la libertad de amortización introducidas por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, eliminan la libertad de amortización de inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas que establecía la disposición adicional undécima del TRLIS para los ejercicios 2011 a 2015, mediante la derogación de esta disposición.

Además, se establecen determinadas limitaciones para las cantidades pendientes de aplicar a la libertad de amortización por inversiones realizadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012 por sujetos pasivos que no tengan la consideración de empresas de reducida dimensión

En relación con las cantidades pendientes de aplicación correspondientes a la libertad de amortización queda regulada de la siguiente forma:

Los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, a las que resulte de aplicación la disposición adicional undécima de esta Ley, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, y por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, y tengan cantidades pendientes de aplicar, correspondientes a la libertad de amortización, podrán aplicar dichas cantidades en las condiciones allí establecidas.
No obstante, en los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2012 ó 2013, los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, a las que resulte de aplicación la disposición adicional undécima de esta Ley, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, en períodos impositivos en los que no hayan cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 108 de esta Ley, y tengan cantidades pendientes de aplicar, podrán aplicar las mismas con el límite del 40% de la base imponible previa a su aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades.

En los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2012 ó 2013, los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, a las que resulte de aplicación la disposición adicional undécima de esta Ley, según redacción dada por el Real Decreto ley 13/2010, de 3 de diciembre, en períodos impositivos en los que no hayan cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 108 de esta Ley, y tengan cantidades pendientes de aplicar, podrán aplicar las mismas con el límite del 20% de la base imponible previa a su aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades.

En el caso de que los sujetos pasivos tengan cantidades pendientes de aplicar en los términos señalados en los dos párrafos anteriores, aplicarán el límite del 40% hasta que agoten las cantidades pendientes generadas con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, entendiéndose aplicadas estas en primer lugar. Se podrán aplicar en el mismo período impositivo las cantidades pendientes según lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta el importe de la diferencia entre el límite previsto en dicho párrafo y las cantidades ya aplicadas en el mismo período impositivo.

Los límites previstos en este apartado se aplicarán, igualmente, respecto de los sujetos pasivos referidos en este apartado y las inversiones en curso realizadas hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos años entre la fecha de encargo o inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o en funcionamiento, a las que resulte de aplicación la disposición adicional undécima de esta Ley, según redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, y por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Borrador renta (2011): trámites destacados

2012-04-13T22:07:00.001+02:00

TRÁMITES DESTACADOS

Consulta Modificación Confirmación

Cita Previa

Consulta
Devolución

Más trámites

El borrador debe revisarse

La Agencia Tributaria recuerda la conveniencia de revisar el borrador de Renta, dado que, en el momento de su confección, la Agencia podría no disponer de todos los datos del contribuyente con trascendencia en la declaración de Renta, datos que el contribuyente quizá deba incorporar al borrador.

Algunos casos típicos que aconsejan esta revisión son los siguientes:

inmuebles y sus referencias catastrales
circunstancias personales y familiares (si cambiaron en 2011)
aportaciones de cuotas sindicales
deducción por maternidad
deducciones por inversión en vivienda habitual y compensación por adquisición antes del 20 de enero de 2006 (casilla 738).
deducción por alquiler de vivienda habitual.
deducción por obras de mejora de la vivienda habitual
deducción por cuenta vivienda
deducciones autonómicas

El pago fraccionado (Sociedades) de abril 2012

2012-04-09T07:28:00.000+02:00

Recordamos que en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, los sujetos pasivos deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al período impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados.

En relación con la base para calcular el pago fraccionado, podemos distinguir:

Modalidad artículo 45.2 LIS. La base será la cuota íntegra del último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el primer día de los 20 naturales a que hace referencia el apartado anterior, minorado en las deducciones y bonificaciones reguladas en el Impuesto de Sociedades, así como en las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a aquél. Cuando el último período impositivo concluido sea de duración inferior al año se tomará también en cuenta la parte proporcional de la cuota de períodos impositivos anteriores, hasta completar un período de 12 meses..

Modalidad artículo 45.3. Los pagos fraccionados también podrán realizarse, a opción del sujeto pasivo, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural determinada según las normas previstas en esta Ley. Los sujetos pasivos cuyo período impositivo no coincida con el año natural realizarán el pago fraccionado sobre la parte de la base imponible correspondiente a los días transcurridos desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada uno de los períodos de ingreso del pago fraccionado

Para que la opción a que se refiere este apartado sea válida y produzca efectos, deberá ser ejercida en la correspondiente declaración censal, durante el mes de febrero del año natural a partir del cual deba surtir efectos, siempre y cuando el período impositivo a que se refiera la citada opción coincida con el año natural.

En caso contrario, el ejercicio de la opción deberá realizarse en la correspondiente declaración censal, durante el plazo de dos meses a contar desde el inicio de dicho período impositivo o dentro del plazo comprendido entre el inicio de dicho período impositivo y la finalización del plazo para efectuar el primer pago fraccionado correspondiente al referido período impositivo cuando este último plazo fuera inferior a dos meses.

El sujeto pasivo quedará vinculado a esta modalidad del pago fraccionado respecto de los pagos correspondientes al mismo período impositivo y siguientes, en tanto no se renuncie a su aplicación a través de la correspondiente declaración censal que deberá ejercitarse en los mismos plazos establecidos en el párrafo anterior.

En relación con la cuantía del pago fraccionado, en la modalidad del art. 45.3 de LIS de la cuota resulta se deducirán las bonificaciones reguladas en la LIS, otras bonificaciones que le fueren de aplicación al sujeto pasivo, las retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del sujeto pasivo, y los pagos fraccionados efectuados correspondientes al período impositivo.

Por otra parte, la cuantía del pago fraccionado será el resultado de aplicar a las bases previstas en las modalidades descritas el porcentaje que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que en la próxima entrada detallaremos.

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La contradicción del beneficio distribuible (I)

2012-02-07T18:44:00.001+01:00

La necesidad de definir de algún modo el beneficio distribuible, distinguiéndolo del beneficio contable, no solo afecta a España, sino a todos los países que utilizan el mismo o similar modelo contable, que son la mayoría y, desde luego, los más importantes.

En el caso español, las cautelas del artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital, están parcialmente definidas para el caso habitual de los procesos económicos expansivos o inflacionistas. En efecto, establece que los ingresos no realizados registrados en patrimonio neto, generalmente procedentes de aumentos de valor de activos registrados por su valor razonable, no deben ser objeto de reparto. Sin embargo, no establece la misma cautela respecto a los aumentos de valor (por ejemplo procedentes de las carteras de negociación de instrumentos financieros) que dan lugar a ingresos igualmente no realizados que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Recogemos, a continuación, una parte del excelente artículo de los profesores Cañibano y Herranz, en la Revista Consejeros, ilustrando las contradicciones contables y financieras de la referida regulación del beneficio distribuible.

Las normas internacionales

Con el nuevo PGC de 2007, basado fundamentalmente en las normas internacionales emitidas por el IASB, el objetivo de información pasa a ser el que mayor peso toma en la normativa contable. No se abandonan otros objetivos tradicionales de la contabilidad (registrales, legales, fiscales, de protección patrimonial, etc.), pero el objetivo de información pasa a ser el primordial. Facilitar a los usuarios de los estados financieros de las empresas una información relevante y fiable pasa a ser el objetivo básico de la contabilidad.

En el nuevo modelo, el valor razonable (basado en el mercado) se incorpora parcialmente en la contabilidad, sustituyendo en algunos casos al precio de adquisición previamente existente con carácter general. Aparecen por lo tanto ingresos y gastos procedentes de dichas valoraciones que podrían considerarse como ‘no realizados’, puesto que la empresa no se ha desprendido aún de dichas partidas. Adicionalmente, dichos gastos e ingresos, según los casos, pueden tener como destino las cuenta de pérdidas y ganancias o pueden imputarse directamente al patrimonio neto. Estos últimos, generalmente, son traspasados a la cuenta de pérdidas y ganancias en ejercicios posteriores en la forma establecida para cada caso, mecanismo denominado recycling en la jerga internacional.

Problemas y alcance internacional

Aunque hasta ahora nos hemos referido preferentemente a España, el problema del beneficio distribuible no es particularmente aplicable al caso español, sino que es extrapolable a lo que ocurre en el ámbito internacional. Asimismo, debe notarse que tiene una gran trascendencia, no sólo cuando el beneficio da lugar a reparto de dividendos, sino también cuando sirve de base para calcular remuneraciones variables muy importantes a percibir por administradores y altos directivos, los famosos bonus.

¿Qué es lo que está pasando?

Para contestar a esa pregunta, debemos realizar la identificación de las posibles causas de semejante contradicción, así como analizar cada una de ellas con la debida atención.

Cuentas emitidas sin tener en cuenta la normativa contable.

Una primera explicación de tamaña contradicción puede ser intuitiva: ‘tales empresas emitieron información de forma fraudulenta, reflejando unos resultados calculados sin cumplir la normativa contable de aplicación’. Esta causa, sin negar que haya podido ser la explicación en algún caso, no es tan evidente. Posiblemente, en la mayoría de ellos las explicaciones son más sutiles.

Se ha aplicado la normativa contable, pero solo parcialmente.

Es cierto que la normativa contable contiene cierto grado de flexibilidad a la hora de calcular la valoración de determinados activos y pasivos; por un lado, ofreciendo alternativas de medición y, por otro, permitiendo procedimientos valorativos diferentes basados en la intencionalidad de la empresa en el momento de incurrir en una operación, en aplicación de su modelo de negocio. Por ello, es posible que la empresa pueda elegir alternativas que permitan tratamientos favorables a la obtención de beneficios más altos, sin incurrir en fraude ni en incumplimiento de las normas.

Sin embargo, deberíamos confirmar en estos casos que se haya tenido en cuenta debidamente el concepto de empresa en funcionamiento. Esta premisa o principio contable establece que las normas contables pueden no ser de aplicación en aquellos casos en los que existan dudas fundadas respecto a la continuidad de la empresa. Si existen tales dudas, deberían aplicarse otros criterios valorativos diferentes a los ofrecidos por las normas, por ejemplo, criterios valorativos de liquidación.

Otro ejemplo, una empresa puede optar por no vender determinados activos si las normas contables permiten que queden valorados en el balance por un importe superior al que podría percibir por su venta; sin embargo, si tal decisión introduce problemas de liquidez a la empresa que no puede solucionar de otro modo, no se cumpliría la premisa de empresa en funcionamiento y, por lo tanto, no serían de aplicación las normas valorativas ofrecidas por las normas contables.

Probablemente, esta segunda posible causa (no haber evaluado suficientemente la aplicación del concepto empresa en funcionamiento) haya sido la explicación de la contradicción en más de un caso.

La correcta aplicación de las normas contables actuales no conducen a la obtención de un beneficio distribuible.

Las normas contables actualmente vigentes con carácter internacional (no hay grandes diferencias entre las normas del FASB o del IASB o de nuestro PGC) se basan en un modelo mixto (coste histórico y valor razonable) que, gracias a su flexibilidad, está en condiciones de ofrecer un resultado en cuyo cálculo se ha tenido en cuenta, en alguna medida, el modelo de negocio de cada empresa; este modelo ofrece garantías razonables para que los resultados obtenidos puedan cumplir las condiciones de relevancia y fiabilidad exigibles a toda información financiera y contable.

Sin embargo, la realidad es que el modelo mixto actualmente vigente está muy distante de contener todos los elementos de protección patrimonial que permitan interpretar que el beneficio ofrecido por dicho modelo pueda considerarse como beneficio distribuible.

En efecto, la novedad más conocida del nuevo modelo viene dada por los incrementos de valor que pueden producirse en algunas partidas del balance por la aplicación del valor razonable, cuando el modelo de coste histórico no lo permitía; es el caso, por ejemplo, de las carteras de negociación de activos financieros. Sin embargo, se presta menos atención a otra novedad, no menos relevante respecto al coste histórico tradicional, relacionada con el deterioro; en el modelo de coste histórico tradicional, generalmente, los activos financieros se medían por el menor valor entre:

precio de adquisición ajustado,
valor de mercado; en el nuevo modelo no siempre se utiliza este criterio.

Existen casos en los que valores de mercado inferiores al valor contable no dan lugar necesariamente a la contabilización del deterioro correspondiente; esta circunstancia se da, por ejemplo, en las carteras de activos financiero denominadas préstamos y partidas a cobrar y mantenidas hasta vencimiento.

Todos estos ejemplos no quieren decir que estemos en contra de los criterios aplicados por las normas vigentes; son mejorables, pero están definidos sobre bases razonables y razonadas… para ofrecer información relevante y fiable. Pero sí estamos en contra de que se interprete, de forma irreflexiva, que el resultado obtenido en aplicación del modelo contable vigente, es también válido de cara a la asignación de retribuciones o distribuciones de dividendos.

Probablemente, sea esta tercera posible causa la que con más frecuencia explique la contradicción que venimos analizando.

La intervención de los poderes públicos.

Otra posible causa podría venir dada por la intervención de los poderes públicos (gobiernos, supervisores, etc.) propiciando cierta ‘benevolencia’ en la presentación de resultados de algunas entidades importantes, por causas que califican de ‘interés general’. No vamos a analizar esta causa con mayor detenimiento, porque debería ser objeto de un trabajo ‘ad hoc’, pero consideramos que también puede explicar algunos casos que han dado lugar a la ‘gran contradicción’.

Dada la extensión del artículo, dejamos para la próxima entrada las soluciones que proponen los profesores Cañibano y Herranz.

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Tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades (2011-2012)

2012-01-04T10:18:00.001+01:00

En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2011 y 2012, las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la LIS y deban tributar a un tipo diferente del general.

Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de la base imponible que tributará al tipo del 20% será la resultante de aplicar a 300.000 euros la proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo entre 365 días, o la base imponible del período impositivo cuando esta fuera inferior.
La aplicación de la escala anterior está condicionada a que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2011.
Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período.
Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa.
Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2011 es cero cuando la entidad se haya constituido a partir de esa fecha.
Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2011 ó 2012 y la plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad, la escala de la figura anterior se aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad.

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Apuntes Fiscales de 2011 (II): Tipo de gravamen.

Transparencia y fiabilidad (contable) Vs. declaraciones tributarias

2011-12-01T12:48:00.001+01:00

Nos ha resultado muy interesante la lectura de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, 16 de noviembre, relacionando la ausencia de contabilidad con las declaraciones tributarias y el impago de las mismas.

Los hechos, de forma resumida, provienen del recurso de una sociedad por la aplicación de la inspección tributaria del método de estimación indirecta ante la falta de transparencia y fiabilidad de la contabilidad de la empresa y el incumplimiento de sus obligaciones formales.

Señala la sentencia que uno de los aspectos controvertidos del recurso viene reflejado por el índice de los beneficios sobre la cifra de negocios, discrepando las cuantías contrastadas, pues en tanto la inspección ha establecido aproximadamente el beneficio sobre la cifra de negocio en un 16%, el recurrente sostiene, en función de los datos antes dichos, que estas cantidades oscilan en uno de los ejercicios discutidos alrededor del 3% y en el otro en el 8%.

Para el análisis de este punto conviene poner de relieve, en primer lugar, que resulta irónico que quien incumple absolutamente sus obligaciones formales pretenda equipararse a las entidades que ofrecen un escrupuloso cuidado en su observancia, lo que explica que los propios actos del recurrente, excluyan el criterio de homogeneización que él pretende. Además, no resulta excesivo el criterio del beneficio sobre la cifra de negocios adoptado por la Inspección si se tiene presente que en el ámbito contractual es un valor entendido operar con un beneficio industrial del 20% del importe de la prestación contractual (lo que es equiparable al volumen del negocio).

Pero no solamente son las razones de orden formal las que excluyen la aplicación del criterio pretendido por el demandante, hay razones sustantivas que llevan a idéntica conclusión. Efectivamente, el punto de partida de las entidades que presentan dichas cuentas en el Registro es la transparencia de los datos derivados de la actividad empresarial, transparencia que no sólo es ajena al recurrente, sino que ha sido expresamente excluida en virtud de su propia voluntad.

Todo lo razonado comporta la desestimación del motivo analizado, declarado ajustado a derecho el criterio de determinación de la base imponible de la actora efectuado por la resolución impugnada.

En el último motivo del recurso alega el recurrente la improcedencia de la agravación por ocultación, pues siendo la infracción básica apreciada el dejar de ingresar dentro de los plazos señalados la totalidad de la deuda tributaria, se estima que aquélla, la agravante, está incluida en ésta (la infracción base apreciada).

Es evidente que tampoco este razonamiento puede ser estimado. Efectivamente son cosas distintas dejar de ingresar; no presentar la declaración; y, no llevar contabilidad. Intelectual y fácticamente son distinguibles todas estas conductas. El hecho de dejar de ingresar la deuda tributaria en los plazos establecidos, ni requiere la falta de declaración, ni exige, tampoco, la carencia de contabilidad. Es, precisamente, estas carencias contables, las que han generado la agravación apreciada, agravación que es independiente, y cualitativamente distinta, de la sanción básica apreciada, "dejar de ingresar la deuda tributaria".

Imágenes (originales):

Cuentas Anuales (2011): Calificación de los saldos de Administraciones Públicas

2011-11-14T08:46:00.002+01:00

El Plan General de Contabilidad, PGC, dedica el subgrupo 47 "Administraciones Públicas a recoger los saldos, deudores y acreedores, que la empresa mantiene con las diferentes administraciones públicas, fundamentalmente, la Administración Tributaria y la Seguridad Social.

Por tanto, las cuentas con las Administraciones Públicas recogen una serie de derechos y obligaciones para la empresa derivados bien de subvenciones concedidas, créditos ó débitos con las referidas administraciones públicas, o activos y pasivos fiscales tanto corrientes como no corrientes.

Ahora bien, ¿pueden calificarse, en el marco del PGC, los referidos saldos activos o pasivos financieros? es decir, ¿representan las cuentas del subgrupo 47 del PGC instrumentos financieros?

Esta viene a ser la cuestión que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, recoge en la consulta nº 2 del BOIAC 87 de septiembre de 2011; en concreto la consulta se ocupa:

Sobre la información a incluir en la memoria de los saldos con las Administraciones Públicas y, en particular, si los citados créditos y débitos deben calificarse como instrumentos financieros.

Conviene recordar que el PGC contempla los instrumentos financieros (Norma de Registro y Valoración 9º) como sigue:

Asimismo en dicha norma se indica que un activo financiero es cualquier activo que sea:

dinero en efectivo,
un instrumento de patrimonio de otra empresa,
o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.

Por el contrario, un pasivo financiero supone para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables.

Concluye la consulta del ICAC señalando que, si bien, los saldos de las cuentas con las Administraciones Públicas, suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan de una relación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de fomento por parte de las Administraciones Públicas, por lo que no se consideran activos o pasivos financieros.

Aplicación del resultado: dividendos y deudas

2011-11-06T11:53:00.003+01:00

Recientemente hemos comentado en el blog Antonio Esteban 2.0, la entrada en vigor de la nueva normativa en relación con relación la distribución de dividendos y la separación del accionista.

En esta ocasión nos fijamos en la incidencia de determinadas deudas sociales en el patrimonio de la sociedad, y la consiguiente potencial merma en la distribución de dividendos que supone. Nos parecen muy acertadas las reflexiones del profesor Alfaro cuando señala que:

una errónea contabilización de unas deudas puede ser el mecanismo para ocultar la existencia de beneficios y, con ello, privar al socio minoritario de su derecho a participar en las ganancias.

Las citada reflexión surge al comentar la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2011, relativa a la demanda de nulidad de los acuerdos por los que se aprueban las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, que contempla no distribuir beneficios entre los accionistas y destinarlos a reservas voluntarias, solicitando el derecho de los demandantes a percibir como dividendos el porcentaje que les corresponde (46,25%) sobre todos los beneficios del ejercicio con exclusión de los que deben ser destinados a reservas legales.
Interesantes resultan las apreciaciones de naturaleza económica-contable, en relación con la incidencia de la deudas sociales en el reparto de dividendos, que contiene la referida sentencia cuando manifiesta que la demandante plantea la prevalencia absoluta del principio de continuidad en las cuentas anuales hasta el punto de que, en combinación con el principio de prudencia valorativa, impondría el arrastre, indefinidamente, de determinados saldos que, por antiguos que sean, influyen en la cuantificación del patrimonio social y la situación financiera de la sociedad; de partidas con origen indeterminado y de las que no se dispone de documentación ninguna , de modo que al administrador de la sociedad no le quedará otra opción que dar las mismas por buenas.

La consecuencia de este comportamiento global es que, al arrastrarse indefinidamente presuntas deudas sociales de ejercicio en ejercicio, los beneficios formalmente reflejados en las cuentas de la sociedad sean probablemente muy inferiores a los reales, repercutiendo así en el acuerdo de aplicación de resultado y, consecuentemente y de forma negativa, en el derecho de los demandantes-recurridos a participar en las ganancias sociales o derecho al dividendo.

Como declaró la sentencia de esta Sala de 26 de mayo de 2005 (rec. 4744/98 ), si bien este derecho no es un derecho absoluto de reparto de todos los beneficios, pues aparte de las reservas legales se pueden constituir otras de carácter voluntario, no cabe privar al socio minoritario, sin causa acreditada alguna, de sus derechos a percibir los beneficios sociales obtenidos y proceder a su retención sistemática, pues semejante actuación se presenta como abusiva, que no puede obtener el amparo de los Tribunales.

Concluye el profesor Alfaro que el pronunciamiento del Supremo parece una cierta respuesta al nuevo articulo 348 bis LSC (que obliga a las sociedades a repartir 1/3 de sus beneficios en dividendos).

Estaría diciendo que, a efectos de la aplicación de esta norma, las sociedades no deberían creer que pueden defraudar su aplicación por la vía de reducir los beneficios que aparecen en el balance y, de este modo, reducir también la cuantía de los que tienen que repartir. Por lo demás, es una expresión más acerca de la utilización de la infracción del derecho de información como vía para canalizar procesalmente los conflictos entre accionistas.

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Fiscalidad (IVA e ITPAJD) de los contratos de leasing

2011-10-24T12:08:00.001+02:00

Resulta conocido que los contratos de arrendamiento financiero, también conocidos como contratos de leasing, son aquellos que tienen por objeto exclusivo la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las correspondientes cuotas, incluyendo a su término, necesariamente, una opción de compra a favor del usuario, según establece imperativamente el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Al tratarse los contratos de leasing de operaciones empresariales, realizadas por empresas para personas o entidades que realicen actividades económicas, tanto las cuotas periódicas como el ejercicio de la opción de compra se encuentran sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que no pueden estar sujetas, en ningún caso a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP.

Cuando los contratos de arrendamiento financiero tienen por objeto inmuebles, tanto la constitución de los contratos como el ejercicio de la opción de compra, se documentan en escritura pública para su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, lo que determina que al tratarse de escrituras públicas que tienen por objeto cantidades, que cumplen con los demás requisitos previstos en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, (ITPAJD) queden sujetas a la cuota proporcional de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

La base imponible de la mencionada cuota proporcional, debe integrarse, de acuerdo con el citado artículo con la cantidad o cosa valuable. En el caso de las operaciones de leasing, al gravarse por la cuota proporcional todas las cantidades correspondientes a las cuotas periódicas, incluyendo en la base imponible, tanto la parte correspondiente a la recuperación del coste o valor del bien inmueble, como la parte de los intereses financieros, al ejercitarse la opción de compra, ya se ha satisfecho una parte del valor del bien de que se trate, por lo que la base imponible debe limitarse a la cuantía del importe del ejercicio de la opción de compra, sin que deban incluirse las cuantías correspondientes a las cuotas del leasing, puesto que para adquirir el inmueble ya se declararon y se pagaron las cuotas de las mismas.

Por tanto, a modo de conclusión:

Los contratos de arrendamiento financiero que tienen por objeto bienes inmuebles deben documentarse en dos escrituras públicas- una por la constitución de los contratos, otra por el ejercicio de la opción de compra- para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Dichas escrituras públicas cumplen todos los requisitos para quedar sujetos a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales, del ITPAJD.
La base imponible de la mencionada cuota gradual debe integrarse por el valor declarado. En el caso de las operaciones de arrendamiento financiero,

la escritura pública que documente la constitución del contrato queda gravada por la cuota gradual por todas las cantidades correspondientes a las cuotas periódicas (la base imponible incluye tanto la parte correspondiente a la recuperación del coste o valor del bien inmueble, como la parte de los intereses financieros, sin incluir el valor residual). En consecuencia, al ejercitarse la opción de compra, ya se ha satisfecho una parte del valor del bien de que se trate (todo el valor del bien salvo el llamado valor residual). Por ello,
en la segunda escritura pública, que documentará el ejercicio de la opción de compra, la base imponible debe limitarse a la cuantía por la que se ejercite dicha opción de compra, sin que deban incluirse las cuantías correspondientes a las cuotas periódicas, puesto que ya se declararon en la escritura pública de constitución del arrendamiento financiero.

Las bases imponibles negativas: acreditación, compensación y revisión

2011-08-29T18:17:00.001+02:00

Resulta conocido que las bases imponibles negativas (BINs) surgen, frecuentemente, de resultados contables negativos (RCNs), utilizándose para su representación contable las cuentas del Plan General de Contabilidad vigente (PGC) que siguen:

Tres cuestiones de las BINs nos preocupan en esta entrada, como mostramos en la siguiente imagen:

El sujeto pasivo, conforme a la legislación vigente, deberá acreditar la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas cuya compensación pretenda, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y los oportunos soportes documentales, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron.

1. Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos.

2. La base imponible negativa susceptible de compensación se reducirá en el importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los socios, realizadas por cualquier título, correspondiente a la participación adquirida y su valor de adquisición, cuando concurran las siguientes circunstancias:

La mayoría del capital social o de los derechos a participar de los resultados de la entidad que hubiere sido adquirida por una persona o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
Las personas o entidades a que se refiere el párrafo anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 % en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa.
La entidad no hubiera realizado explotaciones económicas dentro de los seis meses anteriores a la adquisición de la participación que confiere la mayoría del capital social.

3. Las entidades de nueva creación podrán computar el plazo de compensación a que se refiere el apartado 1 a partir del primer período impositivo cuya renta sea positiva.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a las bases imponibles negativas derivadas de la explotación de nuevas autopistas, túneles y vías de peaje realizadas por las sociedades concesionarias de tales actividades.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2012, se introducen las siguientes modificaciones en el TRLIS:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.»

Dos. Se añade la disposición transitoria trigésimo quinta, que queda redactada de la siguiente forma:

Disposición transitoria trigésimo quinta. Bases imponibles negativas pendientes de compensar.
El plazo de dieciocho años para la compensación de bases imponibles negativas establecido en el artículo 25 de esta Ley, será también de aplicación a las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de compensar al inicio del primer período impositivo que hubiera comenzado a partir de 1 de enero de 2012.

La revisión o comprobación por parte de la Administración Tributaria de las referidas BINs nos parece, cuando menos, problemática.

Habría que considerar que si los órganos de inspección estuvieran facultados para comprobar los datos consignados en las declaraciones correspondientes a ejercicios no prescritos, entre los que se pueden encontrar las BINs de ejercicios prescritos, podrían también comprobar la cuantía de las mismas, de lo que podría derivarse la rectificación de su importe mediante la oportuna liquidación, si bien esta liquidación tendría efectos exclusivamente en el período no prescrito objeto de comprobación.

Aceptar esta posición de la Administración respecto a la comprobación y hasta modificación en el marco del Impuesto sobre Sociedades de las BINs procedentes de ejercicios prescritos supondría soslayar el plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 66 de la LGT, vulnerando así los principios de legalidad y seguridad jurídica y colocando al contribuyente en la más absoluta indefensión, pues los ejercicios cuyas BINs no se han compensado podrían ser objeto de comprobación hasta transcurridos quince ejercicios, plazo máximo para la compensación de las mismas.

En este sentido, nos parece interesante la Sentencia de la Audiencia Nacional (5751/2010) cuando concluye que declarada la prescripción con relación a la declaración del IS, ésta ha ganado firmeza y, por ende, los datos que en ella se declararon, de tal forma que no cabe su modificación por parte de la Administración tributaria ni en ese ejercicio ni en otro posterior sobre el que pudiese, eventualmente, proyectar sus efectos, tal como sucede en el supuesto de compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios prescritos.

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Novedades legislativas en las Cuentas Anuales

2011-08-08T17:36:00.000+02:00

Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas.

En materia de Cuentas Anuales, destacamos en esta entrada, dos medidas relacionadas con el depósito de las mismas:

Por un lado, la eliminación del requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de legalización.
Y, por otro lado, la supresión de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa obligación de depósito, de escasa utilidad desde la entrada en vigor de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de sociedades. Las actuales posibilidades de acceso telemático al Registro Mercantil suplen las funciones que años atrás podía cumplir la publicación de las listas de sociedades que habían depositado las cuentas anuales.

La disposición legal al respecto queda del siguiente modo:

Depósito de las cuentas anuales

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría.
Si alguno o varios de los documentos que integran las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con expresión de la causa.

Las novedades referidas entrarán en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, siendo su publicación el 1 de agosto de 2011.

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Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

2011-03-14T16:56:00.000+01:00

El Boletín Oficial del Estado, BOE de 14 de marzo, recoge la resolución por la que se modifican los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, que en relación con la Disposición adicional tercera Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, contempla la información a cumplimentar como sigue:

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.
Plazo medio ponderado excedido de pagos.
Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio

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Aumento de capital con cargo a reservas y patrimonio neto negativo

2011-03-07T07:01:00.001+01:00

Recientemente la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) en una interesante resolución relacionada con un aumento de capital, en una sociedad de responsabilidad limitada, con cargo a reservas y con pérdidas sin compensar que generan que el patrimonio neto sea negativo.

Se plantea en la citada resolución si es o no inscribible un acuerdo :

de aumento del capital social en 361.268,08 euros,
realizado en parte (151.334,72 euros) con cargo a reservas,
sobre la base de un balance que refleja tanto:

la existencia de reservas por la cantidad de 154.510,55 euros (de las cuales 721,21 euros constituyen reservas legales y estatutarias),
como resultados negativos del ejercicio social en curso y de ejercicios anteriores,
por lo que figura un patrimonio neto negativo en la cuantía de 102.810,84 euros

La Registradora correspondiente suspende la inscripción de dicho acuerdo porque, a su juicio:

Al existir pérdidas en el balance no es posible ampliar el capital sino por la diferencia entre las reservas y aquéllas.

En esta situación, la citada resolución se manifiesta que:

En aras del principio de realidad del capital social, no cabe crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad. Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital con cargo a reservas, se traduce en la necesidad de adecuada justificación de la efectiva existencia de esos fondos en el patrimonio social y su disponibilidad para transformarse en capital, justificación que según el legislador deberá consistir en un balance debidamente aprobado por la Junta General con una determinada antelación máxima.
Resulta por tanto necesario acreditar que el valor del patrimonio neto contable excederá de la cifra de capital social y de la reserva legal hasta entonces constituida en una cantidad al menos igual al importe de la ampliación.
El aumento de capital con cargo a reservas es una modalidad de autofinanciaciónempresarial caracterizada por una simple operación contable, en cuanto implica una transferencia de fondos de una cuenta a otra del pasivo del balance, por lo que como tal no supone alteración patrimonial cuantitativa alguna dado que los recursos propios —suma de capital social y reservas— seguirán siendo los mismos; y otro tanto cabe decir del patrimonio social.

Lo que sí supone es una modificación cualitativa de dicho patrimonio, pues los fondos así transferidos pasan del régimen de disponibilidad de que gozaban como reservas a la indisponibilidad a que quedan sujetos como capital.
Por tanto, un requisito esencial para la capitalización de las reservas o beneficios no es sólo que tengan la consideración de recursos propios, sino también que sean de libre disposición, dado que la capitalización es una de las formas a través de las que la sociedad ejerce su facultad de libre disposición sobre ellas.
Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para aplicarlas a cualquier fin, entre ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto no existan perdidas que hayan de enjugarse previamente.
Por ello, es indudable que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, según dicho balance —por más que, como ocurre en el presente supuesto, sea el cerrado antes del final del ejercicio—, aunque las vicisitudes económicas de la sociedad, posteriores a aquél, puedan determinar luego la eliminación de esas pérdidas.

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El patrimonio neto en la aplicación de resultados.

La publicidad de la reducción de capital

2011-02-06T09:09:00.001+01:00

La legislación vigente (texto refundido de Ley de Sociedades de Capital, TRLSC) contempla la reducción del capital como se muestra en el esquema siguiente:

En relación con la publicidad del acuerdo de reducción de capital el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, realiza las siguientes modificaciones:

El artículo 319, que se ocupa de la publicación de la reducción de capital, queda redactado en los siguientes términos:

El acuerdo de reducción del capital de las sociedades anónimas deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista, en un periódico de gran circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio.

Es un precepto, como señala José Ángel García-Valdecasas que dado que establece una publicidad, no dirigida específicamente a los socios, sino a los acreedores de la sociedad, puede plantear también graves problemas de inseguridad jurídica a la hora de acreditar frente a un acreedor que impugne el acuerdo como lesivo o que alegue ignorancia de la publicación, a los efectos de oponerse al acuerdo o de que se le garanticen sus créditos, que el anuncio ha estado efectivamente “colgado” en la web de la sociedad.

Incluso será más difícil y complicado probar que el acreedor sabía la dirección web de la sociedad para poder consultarla y así poder ejercer sus derechos.

Respecto a la reducción en sociedades de responsabilidad limitada, el referido TRLSC señala (art. 333) que los estatutos podrán establecer que ningún acuerdo de reducción del capital que implique restitución de sus aportaciones a los socios pueda llevarse a efecto sin que transcurra un plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se haya notificado a los acreedores.

La nueva redacción que introduce el Real Decreto-ley 13/2010 establece que:

Esta notificación se hará personalmente, y si ello no fuera posible, por desconocerse el domicilio de los acreedores, por medio de anuncios que habrán de publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en la página web de la sociedad o, en el caso de que no exista en un diario de los de mayor circulación en la localidad en que radique el domicilio de la sociedad.

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Impuesto de Sociedades de aplicación en 2011 (I)

2011-02-01T17:18:00.018+01:00

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, ha modificado sustancialmente el Impuesto sobre Sociedades en los siguientes aspectos:

La ampliación de la conceptualización de empresa de reducida dimensión de los 8 a los 10 millones de euros.
La ampliación del tipo reducido del 25% hasta 300.000 euros de base en la liquidación del mismo.
El uso del tipo del 20% bajo ciertos límites.
La consolidación de la libertad amortización sin necesidad de mantenimiento de plantilla.

Los incentivos fiscales establecidos para las empresas de reducida dimensión se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros.
Cuando la entidad fuere de nueva creación, el importe de la cifra de negocios se referirá al primer período impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. Si el período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una duración inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.
Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo también serán de aplicación en los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél período impositivo en que la entidad o conjunto de entidades a que se refiere el apartado anterior, alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones de euros, determinada de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en aquél período como en los dos períodos impositivos anteriores a este último. Lo establecido en el párrafo anterior será igualmente aplicable cuando dicha cifra de negocios se alcance como consecuencia de que se haya realizado una operación de las reguladas en el capítulo VIII del título VII de esta Ley acogida al régimen fiscal establecido en dicho capítulo, siempre que las entidades que hayan realizado tal operación cumplan las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión tanto en el período impositivo en que se realice la operación como en los dos períodos impositivos anteriores a este último.

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Novedades (2011) en la aplicación de los tributos.

Retenciones IRPF (2011): Método de cálculo y programa de ayuda.

2010-12-28T20:09:00.007+01:00

ATENCIÓN: Para la correcta ejecución de los Programas de Ayuda Multiplataforma es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java compatible con la versión 1.6 de JRE de Sun y el Programa de Ayuda para el cálculo de Retenciones IRPF, ambos disponibles en esta página.

Descarga e Instalación de la Máquina Virtual Java

Programa de ayuda

Versión 1.00

Seleccione la descarga en función de su sistema operativo:

Nombre	Tamaño	Descarga
Windows	10.346.496 bytes	Clic para descargar
Linux	10.401.732 bytes	Clic para descargar
Mac OS X	10.078.208 bytes	Clic para descargar
Otros SO (Windows 98 / Millenium)	7.009.290 bytes	Clic para descargar

Fuente: Agencia Tributaria

Los plazos de pago (operaciones comerciales) y la Memoria de las Cuentas Anuales (I)

2010-12-06T09:31:00.002+01:00

Recordamos que, la reciente normativa contra la morosidad (Ley 15/2010, de 5 de julio) en, la disposición adicional tercera referida al deber de información establece que:

Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales.El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna a incorporar en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la Auditoría Contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentren dentro de los límites indicados en esta Ley.

Por otra parte, es conocido que la citada ley suprime la posibilidad del pacto entre las partes, en relación con la ampliación del plazo de pago a proveedores, como respuesta a las repercusiones financieras de la crisis económica en todos los sectores, traducidas en un aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, afectando con especial gravedad a las pequeñas y medianas empresas por su gran dependencia del crédito a corto plazo y por las limitaciones de tesorería en el actual contexto económico.

En este sentido, recientemente el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado el proyecto de resolución del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales que:

partiendo de la descripción del Plazo medio ponderado de pagos excedidos (PMPE) como:

el importe resultante del cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

detalla la información a incluir en los siguientes términos:

Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.
Plazo medio ponderado de los pagos excedidos.
Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Documentación:

Imagen: d€finanzas.

Combinaciones de negocios: la adquisición inversa (I)

2010-10-05T08:03:00.000+02:00

Resulta conocido que en las combinaciones de negocios, con carácter general, la sociedad dominante que adquiere el control se califica como adquirente, mientras que la sociedad dependiente cuyo patrimonio es adquirido, se califica como adquirida.

No obstante, si la operación que da lugar a la relación dominante-dependiente se ha realizado mediante un intercambio de instrumentos de patrimonio por el que los socios anteriores de la sociedad dependiente han obtenido el control de la sociedad dominante, la operación se califica como una combinación de negocios inversa en la que el patrimonio adquirido es el de la sociedad dominante.

Por tanto, se consideran adquisiciones inversas aquellas en las que la operación que da lugar a la relación dominante-dependiente ha sido realizada mediante un intercambio de participaciones por el que los socios anteriores de la sociedad dependiente obtienen el control de la sociedad dominante.

En el caso de adquisiciones inversas, dado que el control del grupo ha sido obtenido por los socios anteriores de la sociedad dependiente, se considera a la sociedad dependiente como sociedad adquirente, mientras que la sociedad dominante derivada de una adquisición inversa, se considerará sociedad adquirida.

En particular, en la fecha de adquisición el balance consolidado se formulará de acuerdo con los siguientes criterios:

Los activos y pasivos de la sociedad dependiente (sociedad adquirente) mantienen los valores previos a la fecha de adquisición, sin perjuicio de los ajustes de homogeneización que correspondan.
Los activos y pasivos de la sociedad dominante (sociedad adquirida), excluida la participación en la sociedad dependiente (sociedad adquirente), se valoran según el artículo 25 de las NOFCAC (Reconocimiento y valoración de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad dependiente). Los ajustes derivados de dicha valoración se reflejarán en las reservas de la sociedad dominante.
El Fondo de Comercio o diferencia negativa de la sociedad dominante (sociedad adquirida), se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de las NOFCAC (Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación), con las precisiones que se indican en el artículo 33 y que en la próxima entrada comentaremos.

Documentación relacionada:

Recientes modificaciones en las Cuentas Anuales del PGC

2010-10-02T13:37:00.019+02:00

Resulta conocido que recientemente se han aprobado las nuevas Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC), mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, que también modifica el Plan General de Contabilidad (PGC) y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYMEs).

En relación con las modificaciones introducidas en el PGC nos centramos, en esta entrada, en la inclusión de nueva regla (10) en la Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales 5.ª Normas comunes al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, incluida en la tercera parte del PGC, en los siguientes términos:

Las cuentas anuales que resultan de una adquisición inversa, en aplicación de los criterios recogidos en la norma de registro y valoración relativa a combinaciones de negocios, se elaborarán por la empresa adquirida. En consecuencia, el capital social que debe lucir en el patrimonio neto será el correspondiente a la empresa adquirida. No obstante se considerarán una continuación de las de la empresa adquirente, y en consecuencia:

La información comparativa de periodos anteriores a la combinación estará referida a la de la empresa adquirente. A tal efecto, los fondos propios de la empresa adquirida deberán ajustarse retroactivamente para mostrar los que teóricamente hubiesen correspondido a la empresa adquirente. Este ajuste se realizará considerando que la variación relativa del capital social debe corresponderse con la que se hubiera producido en el supuesto de que la adquirente, legal y económica, fuese la misma empresa.
En el ejercicio en que se realiza la operación de adquisición, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto incluirá los ingresos y gastos de la empresa adquirente correspondientes a dicho ejercicio y los ingresos y gastos de la empresa adquirida desde la fecha en que tiene lugar la operación hasta el cierre. Se aplicarán estos mismos criterios en la elaboración del estado de flujos de efectivo.

Documentación relacionada:

Aportaciones Sociales en la Ley de Sociedades de Capital: ¿Escritura y/o Estatutos?

2010-09-18T09:57:00.022+02:00

Continuando con las novedades en aportaciones sociales, de la Ley de Sociedades de Capital, que iniciamos en la entrada anterior, nos centramos en ésta en el contenido del artículo 56 que reproducimos a continuación:

Artículo 56. Causas de nulidad.

1. Una vez inscrita la sociedad, la acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por las siguientes causas:

Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad efectiva de, al menos, dos socios fundadores, en el caso de pluralidad de éstos o del socio fundador cuando se trate de sociedad unipersonal.
Por la incapacidad de todos los socios fundadores.
Por no expresarse en la escritura de constitución las aportaciones de los socios.
Por no expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad.
Por no expresarse en los estatutos el objeto social o ser éste ilícito o contrario al orden público.
Por no expresarse en los estatutos la cifra del capital social y las aportaciones de los socios.
Por no haberse desembolsado íntegramente el capital social, en las sociedades de responsabilidad limitada; y por no haberse realizado el desembolso mínimo exigido por la ley, en las sociedades anónimas.

2. Fuera de los casos enunciados en el apartado anterior no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad ni tampoco declararse su anulación.

Por tanto, resulta evidente que las aportaciones de los socios debe figurar en la escritura de constitución y en los estatutos, tanto para la sociedad anónima como la sociedad de responsabilidad limitada, situación que no ocurría en la legislación anterior.

No obstante, si observamos los artículos referidos al contenido de la escritura de constitución y al de los estatutos, que reproducimos, puede apreciarse que en el correspondiente al de los estatutos (artículo 23) no se hace mención alguna a las aportaciones sociales.

Artículo 22. Contenido de la escritura de constitución.

1. En la escritura de constitución de cualquier sociedad de capital se incluirán, al menos, las siguientes menciones:

La identidad del socio o socios.
La voluntad de constituir una sociedad de capital, con elección de un tipo social determinado.
Las aportaciones que cada socio realice o, en el caso de las anónimas, se haya obligado a realizar, y la numeración de las participaciones o de las acciones atribuidas a cambio.
Los estatutos de la sociedad.
La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación de la sociedad.

2. Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, la escritura de constitución determinará el modo concreto en que inicialmente se organice la administración, si los estatutos prevén diferentes alternativas.

3. Si la sociedad fuera anónima, la escritura de constitución expresará, además, la cuantía total, al menos aproximada, de los gastos de constitución, tanto de los ya satisfechos como de los meramente previstos hasta la inscripción.

Artículo 23. Estatutos sociales.

En los estatutos que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital se hará constar:

La denominación de la sociedad.
El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
El domicilio social.
El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa.
Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos.
Si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.
En las sociedades de responsabilidad limitada, el modo o modos de organizar la administración de la sociedad. En las sociedades anónimas, la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad.
Se expresará, además, el número de administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de su retribución, si la tuvieren; y en las sociedades comanditarias por acciones, la identidad de los socios colectivos.
El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.

En la situación: Aportaciones Sociales, ¿Escritura y/o Estatutos? recogemos la opinión de José Ángel García-Valdecasas indicando que:

Se trata, a nuestro juicio, de una defectuosa traducción del anterior artículo 34.1 b) del TRLSA en el que se decía que la sociedad era nula si no se expresaba en la escritura o en los estatutos las aportaciones de los socios. Ahora el recopilador de 2010 ha convertido la disyuntiva “o” en la copulativa “y” dando lugar a las dudas y confusiones, máxime cuando todos esperábamos que en la corrección de errores del TR se corrigiera este error como se hizo con el relativo a los bonos de fundador.

Como es lógico la doctrina correcta es la que emanaba de las antiguas leyes mercantiles en las cuales toda la materia relativa a las aportaciones sociales era objeto y contenido de la escritura y no de los estatutos. A esta conclusión además se puede llegar a través del examen del mismo TRLSC. Así el mismo art. 56 en su apartado c) nos señala como causa de nulidad el de no expresarse en la escritura de constitución las aportaciones de los socios. Por su parte el art. 23 del TRLSC relativo al contenido de los estatutos para nada cita las aportaciones sociales como su contenido propio y al contrario el art. 22, con tenido de la escritura, señala expresamente que en ella deben constar las aportaciones sociales.

Por tanto ante normas contradictorias dentro del mismo texto legal es obvio que deben prevalecer, -por analogía con el principio general del derecho de que en caso de dos remisiones legales contradictorias, la 1ª excluye la 2ª-, las primeras en numeración, es decir los artículos 22, 23 y el apartado c) del mismo art. 56 y ello sin contar con los antecedentes legislativos, la tradición unánime y la misma naturaleza de los estatutos como norma corporativa, que nos llevan a la misma conclusión.

Por tanto dicho artículo no supone ningún cambio de criterio. Ahora, como antes, todo lo relativo a las aportaciones sociales debe ser materia de la escritura y no de los estatutos y no creemos que ningún tribunal vaya a declarar la nulidad de una sociedad por no constar en estatutos las aportaciones sociales, si dichas aportaciones constan, como debe ser, en la escritura de constitución de la sociedad.

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Personas vinculadas a los administradores en la Ley de Sociedades de Capital

2010-09-16T21:44:00.009+02:00

Resulta conocido, por una parte, la reciente entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y, de la otra, las preocupaciones valorativas en las transacciones con personas vinculadas.

De esta forma recogemos, en esta píldora legislativa, la vinculación que contempla la referida LSC en relación con los administradores.

Administrador (personas física)

Tendrán la consideración de personas vinculadas a los administradores:

El cónyuge del administrador o las personas con análoga relación de afectividad.
Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del administrador.
Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del administrador.
Las sociedades en las que el administrador, por sí o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.

Administrador (persona jurídica)

Se entenderán que son personas vinculadas las siguientes:

Los socios que se encuentren, respecto del administrador persona jurídica, en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero del artículo 42 del Código de Comercio.
Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores, y los apoderados con poderes generales del administrador persona jurídica.
Las sociedades que formen parte del mismo grupo y sus socios.
Las personas que respecto del representante del administrador persona jurídica tengan la consideración de personas vinculadas a los administradores de conformidad con lo que se establece en el párrafo anterior.

Modificación de la deducción por doble imposición interna sobre dividendos

2010-09-16T08:08:00.002+02:00

Mediante la Disposición Final primera de la Ley de Contratación Administrativa (B.O.E. del día 9 de agosto), se establece que para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, se modifica el apartado 2 artículo 30 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), que queda redactado de la siguiente forma:

La deducción a que se refiere el apartado anterior será del 100% cuando los dividendos o participaciones en beneficios procedan de entidades en las que el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea igual o superior al cinco por ciento, siempre que dicho porcentaje se hubiere tenido de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año.
La deducción también será del 100% respecto de la participación en beneficios procedentes de mutuas de seguros generales, entidades de previsión social, sociedades de garantía recíproca y asociaciones.
Esta deducción será también de aplicación en los casos en que se haya tenido dicho porcentaje de participación pero, sin embargo, sin haberse transmitido la participación, se haya reducido el porcentaje tenido hasta un mínimo del tres por ciento como consecuencia de que la entidad participada haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de esta Ley. Lo anterior será aplicable a los dividendos distribuidos dentro del plazo de tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la distribución no se transmita totalmente la participación o esta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del tres por ciento.

Novedades en el régimen de las aportaciones sociales en la nueva Ley de Sociedades de Capital (I)

2010-09-15T17:12:00.042+02:00

Resulta conocido que las aportaciones sociales integran el Capital Social de las sociedades de capital reguladas por la nueva Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (LME), comentamos, entre otras, las modificaciones introducidas en el régimen de las aportaciones no dinerarias, con la adición de importantes excepciones a la exigencia de informe del experto independiente.

Ahora, con la aplicación de la LSC se producen una serie de modificaciones tanto en aportaciones dinerarias como no dinerarias que describimos con la ayuda del siguiente guión:

En relación con el objeto y el título no se producen modificaciones, por tanto, las líneas generales siguen siendo las siguientes:

En las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.
En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios.
Será nula la creación de participaciones sociales y la emisión de acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad.
No podrán crearse participaciones o emitirse acciones por una cifra inferior a la de su valor nominal.
Toda aportación se entiende realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo.

En relación con la acreditación de la realidad de las aportaciones (art. 62 LSC) ante el notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella.

Habría que recordar que la Ley de Sociedades Anónimas, vigente hasta el 31 de agosto de 2010, permitía los resguardos del depósito que en la nueva legislación no se admiten.

La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha.
En tanto no transcurra el periodo de vigencia de la certificación, la cancelación del depósito por quien lo hubiera constituido exigirá la previa devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora.

La LSC (art. 63) indica que en la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas. Esta normativa ya se contemplaba para las sociedades de responsabilidad limitadas pero no en las sociedades anónimas.

Esta nueva exigencia sin una clara razón para la misma, en palabras de José Ángel García Valdecasas que argumenta que si bien el art. 77 de la LSC hace responsable al socio de la sociedad anónima de la valoración de las aportaciones no dinerarias, esa responsabilidad no alcanza a los sucesivos adquirentes de acciones desembolsadas con aportaciones no dinerarias, con lo que la asignación de acciones a los distintos bienes aportados carece, a nuestro juicio, de utilidad alguna.

En relación con el Informe del experto la nueva legislación (art. 67) contempla que:

En la constitución o en los aumentos de capital de las sociedades anónimas, las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes con competencia profesional, designados por el registrador mercantil del domicilio social conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
El informe contendrá la descripción de la aportación, con sus datos registrales, si existieran, y la valoración de la aportación, expresando los criterios utilizados y si se corresponde con el valor nominal y, en su caso, con la prima de emisión de las acciones que se emitan como contrapartida.
El valor que se dé a la aportación en la escritura social no podrá ser superior a la valoración realizada por los expertos.

Mientras que en la valoración de las aportaciones no dinerarias no existen apenas modificaciones a lo regulado por la LME (ver detalle aquí), en materia de la responsabilidad por las aportaciones no dinerarias, sí se producen significativas modificaciones que describiremos en la segunda parte de esta entrada.

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