Contabiliza bien, tributa y gestiona mejor

Volumen de operaciones a efectos del IVA

2012-12-17T08:49:00.003+01:00

Continuando con las entradas referidas a las tareas inherentes al cierre del ejercicio y la correspondiente correlación mercantil-contable-fiscal, de las magnitudes más relevantes, que recomendamos (véase aquí) nos ocupamos de una cuestión que, en otras ocasiones, en otro contexto, hemos analizado (véase aquí) de especial incidencia en el marco legal y, por supuesto, en la citada correlación como es el volumen de operaciones a efectos del IVA.

Conviene recordar que la calificación de las operaciones financieras, y sus rendimientos, en el volumen de operaciones a efectos del IVA siempre ha generado diferentes soluciones e interpretaciones; en esta ocasión recogemos el último pronunciamiento, que conocemos, de la Dirección General de Tributos, DGT, en relación con el cómputo:

de importes correspondientes a dividendos obtenidos y
a la venta de participaciones en otras sociedades del mismo Grupo.

En este caso, objeto de la consulta de la DGT, por parte de la sociedad dominante de un grupo de consolidación fiscal cuyo objeto social es la adquisición, tenencia y disfrute de valores mobiliarios o participaciones representativas del capital social de otras entidades.

Interpretando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, la DGT alcanza las siguientes conclusiones:

Por la intervención directa o indirecta en la actuación de la sociedad participada ha de entenderse la prestación de servicios a dicha sociedad, sin que la influencia que una participación societaria suficientemente elevada pueda suponer deba llevar a la conclusión de que efectivamente se produce dicha participación. La existencia de prestaciones de servicios entre el accionista de una entidad y dicha entidad requiere algo más, no siendo suficiente el hecho de que sea el accionista quien decida quienes son los administradores o consejeros de la entidad, o incluso sus directivos.
Las operaciones en función de las cuales se debe apreciar la existencia de prestaciones de servicios tales que permitan atribuir la condición de empresario o profesional a la entidad holding son las operaciones de la citada sociedad holding.
Existiendo dichas prestaciones de servicios, no cabe considerar los dividendos como contraprestación de las mismas. Únicamente en aquellos casos en los que se pudiera acreditar que el accionista ha utilizado su capacidad de influencia en la sociedad participada para alterar la valoración de las operaciones se podría llegar a una conclusión diferente.
Ha de estarse a la verdadera naturaleza de las operaciones, evitando por tanto que una participación accionarial suficientemente elevada altere, a través de su capacidad de influencia en las decisiones de la entidad participada, dicha naturaleza.
Los servicios prestados por un accionista a la entidad en cuyo capital participa han de ser servicios en los que se utilice el patrimonio empresarial o profesional. En la medida en que dichos hipotéticos servicios se presten al margen de dicho patrimonio o actividad empresarial, no cabe la inclusión de los mismos en el ámbito de aplicación del tributo.

Por ello, la DGT establece que:

Los dividendos percibidos por las entidades únicamente deben computarse a efectos de la determinación del volumen de operaciones (art. 121 LIVA), cuando su percepción se vincule directamente a la prestación de servicios por parte de la entidad perceptora de los mismos a la entidad que los abona, constituyendo de esa forma la contraprestación de tales servicios.
La venta de acciones o participaciones sociales de alguna de las sociedades dependientes por la interesada se incluirán en el cómputo del volumen de operaciones (art. 121 LIVA), cuando las mismas se efectúen en el marco de una actividad comercial de negociación de títulos o para realizar una intervención directa o indirecta en la gestión de sociedades en las que produce la adquisición de participación.

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Pérdida grave del capital social en la legislación de la UE

2012-12-11T08:33:00.000+01:00

Hemos comentado recientemente la aprobación de la Directiva 2012/30/UE de 25 de octubre de 2012 que, entre otros objetivos, persigue en el contexto de esta entrada la protección de los accionistas, y de los acreedores de las sociedades anónimas con una especial relevancia en la coordinación de las disposiciones nacionales relativas a su constitución, así como al mantenimiento, al aumento y a la reducción de su capital.

En relación con la pérdida grave del capital suscrito, que comentamos en esta entrada, la nueva directiva en el artículo 19 establece que en la situación deberá convocarse junta general en un plazo fijado por las legislaciones de los Estados miembros, con el fin de examinar si procede la disolución de la sociedad o adoptar cualquier otra medida.

Posteriormente, la nueva directiva añade que la legislación de un Estado miembro no podrá fijar en más de la mitad del capital suscrito el importe de la pérdida considerada como grave. En este sentido, conviene recordar que, el marco legal de aplicación en nuestro país, contempla las medidas atendiendo a la proporción del referido desequilibrio patrimonial; consecuencias que hemos analizado en las siguientes entradas:

Documentación de interés:

Documento completo (pdf).

¿Son las multas fiscales pérdidas patrimoniales?

2012-12-06T13:45:00.000+01:00

Abordamos en esta entrada la posibilidad de considerar como pérdida patrimonial en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, una multa impuesta a un administrador, de una sociedad mercantil, por no ingresar determinadas cantidades por el Impuesto sobre Sociedades, motivo por el que ha sido condenado por delito contra la Hacienda Pública, dada su condición de administrador. La sentencia condenatoria establecía una determinada multa que ha sido satisfecha por el administrador.

La cuestión ha sido objeto de una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, DGT, octubre de 2012, que viene a señalar la improcedencia de calificar como pérdida patrimonial la multa impuesta y satisfecha por el administrador, en los siguientes términos:

Si bien, en principio, el abono de una multa impuesta por la comisión de un delito contra la Hacienda Pública pudiera corresponderse con el concepto que recoge el artículo 33.1, no puede obviarse que aquella es consecuencia de un delito cometido (en este caso) por el consultante, delito que supone por parte de este la realización de una acción u omisión voluntaria, antijurídica y tipificada por la ley. Ese elemento subjetivo que comporta el delito nos lleva a determinar que el pago de la multa que la conducta del condenado lleva aparejada se identifica con un supuesto de aplicación de renta al consumo del contribuyente, por lo que —según lo dispuesto en el artículo 33.5,b) de la Ley del Impuesto— no procede su cómputo como pérdida patrimonial.

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Tipos de facturas en el Nuevo Reglamento de Facturación

2012-12-03T07:55:00.000+01:00

El nuevo reglamento de facturación de reciente aprobación y publicación, inicia su articulado señalando que los los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos. Igualmente, están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada actividad.

En esta entrada nos centramos en los tipos de facturas contemplados en el nuevo reglamento de facturación, en lo sucesivo, NRF, conforme a la imagen adjunta.

Deberá expedirse factura y copia de esta en todo caso en las operaciones indicadas en el artículo 2 del NRF.
Facturas simplificadas. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los siguientes supuestos:

Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, o
Cuando deba expedirse una factura rectificativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los empresarios o profesionales podrán igualmente expedir factura simplificada y copia de ésta cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, en las operaciones que se relacionan en el artículo 4 del NR.
Además, El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá autorizar la expedición de facturas simplificadas, en supuestos distintos de los señalados en los apartados anteriores, cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas, dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos o requisitos previstos en el artículo 6.

Factura electrónica. Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado a su expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación. En cualquier caso, se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo establecido en este Reglamento y que haya sido expedida y recibida en formato electrónico. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento.
Facturas recapitulativas. Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que las mismas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural.

Estas facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas.No obstante, cuando el destinatario de éstas sea un empresario o profesional que actúe como tal, la expedición deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan realizado las operaciones.
En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 75.Uno.8.º de la Ley del Impuesto, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente.

Duplicados de facturas. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada factura. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos originales. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión «duplicado». La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas únicamente será admisible en los siguientes casos:

Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen varios destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada uno de los duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos.
En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa.

Facturas rectificativas. Deberá expedirse una factura rectificativa en los casos en que la factura original no cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 del artículo 15. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.

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El desequilibrio patrimonial en el ámbito tributario

2012-11-25T19:52:00.000+01:00

El Patrimonio neto es una magnitud que se utiliza en diversos ámbitos de la gestión empresarial y, en muchos casos, con diferentes matices tanto conceptuales como de contenido y, por supuesto, en su determinación cuantitativa; esta situación, hace que en alguna ocasión nos referimos a las diferentes visiones y dimensiones del patrimonio neto.

En este documento, una vez descrito el desequilibrio patrimonial en el marco legal vigente, nos ocupamos de las implicaciones fiscales del referido desequilibrio patrimonial que, a efectos de este documento de gestión, nos referimos al régimen especial de consolidación fiscal.

El desequilibrio patrimonial en el ámbito tribntario

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Cierre ejercicio 2012, ¿presentamos concurso de acreedores?

La contabilidad como medio de prueba en rentas no declaradas

2012-11-21T08:40:00.001+01:00

La legislación tributaria ante la eventualidad de que el obligado tributario no reflejase en contabilidad su situación patrimonial, con la consiguiente ocultación, establece una serie de presunciones dirigidas a hacer tributar rentas ocultas o no declaradas y ello tanto cuando se tratase de supuestos de:

infravaloración del activo y
deudas inexistentes.

En relación con el segundo supuesto el art. 134.4 del TRLIS establece que:

Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes.

Consideramos, en el contexto de esta entrada, las deudas inexistentes como los importes que aparecen en el pasivo del balance de la empresa, que ésta no puede acreditar su origen, no existiendo facturas, ni justificantes, ni extractos bancarios, al efecto; en definitiva se trata de registros contables sin soporte documental alguno.

Nos interesa, fundamentalmente, la imputación de las rentas no declaradas contemplada en el artículo 134.5 del TRLIS en los siguientes términos:

El importe de la renta consecuencia de las presunciones contenidas en los apartados anteriores se imputará al período impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que corresponde a otro u otros.

En estos casos, la Administración Tributaria ha venido utilizando la disposición referida para imputar las rentas no declaradas, consecuencia de las deudas inexistentes detectadas en el ámbito de la inspección tributaria, al período impositivo más antiguo entre los no prescritos; no considerando, en la mayoría de las situaciones, como medio de prueba la contabilidad, debidamente legalizada, ante el hecho que los referidos pasivos podrían figurar en ejercicios prescritos, el argumento para rechazar la contabilidad, en estos supuestos, es evidente: no refleja la verdadera situación patrimonial de la empresa.

No obstante, el Tribunal Supremo en una reciente sentencia viene a señalar que, en contra del criterio de la Inspección, hay que reconocer que la Ley no exige una prueba extracontable a efectos de la imputación de la renta bien en un periodo anterior prescrito, bien a otro más moderno, aún cuando no estuviere prescrito, por lo que resulta válido cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluidos los libros de contabilidad, a la hora de fijar el momento en que se generó la renta así como el periodo impositivo al que resulte imputable.

Por tanto, la justificación dada para excluir la documentación contable, relativa a que los libros de los empresarios no reflejan la imagen fiel de la entidad, puede tener sentido a la hora de determinar si una deuda contabilizada responde o no a un pasivo ficticio, pero una vez apreciada por la Inspección que se trata de una deuda inexistente, es precisamente la contabilidad, si se encuentra legalizada, la que puede dar luz , entre otros medios, de la fecha del registro de la deuda que no se considera por la falta del debido soporte documental.

El beneficio distribuible en el cierre del ejercicio 2012

2012-11-19T08:35:00.000+01:00

Las normas de reparto del beneficio de las sociedades, contenidas en la legislación mercantil (art. 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, TRLSC), aplicables para el cierre del ejercicio económico 2012, pueden considerarse como sigue:

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.
Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.
Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución directa ni indirecta.
Se prohíbe toda distribución de beneficio a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.
Se establece la obligación de dotar una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que figure en el activo, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, el 5 % anual del citado fondo de comercio y, en el caso de que no existiese beneficio o éste resultase insuficiente, se determina que han de emplearse reservas de libre disposición.

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El valor razonable en los instrumentos de capital

2012-11-12T08:06:00.002+01:00

Resulta conocido que los instrumentos de capital, atendiendo a los diferentes escenarios de aplicación, presentan valoraciones como: valor nominal, valor de emisión, valor teórico-contable, valor de mercado, valor de cotización, y valor razonable.

Entre ellos, centramos nuestra atención en el valor razonable de dichos instrumentos de capital ante la lectura de una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la valoración de las participaciones sociales de un socio (a causa de su fallecimiento), la legislación vigente de aplicación establece (artículo 110 el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, TRLSC) que:

los estatutos podrán establecer a favor de los socios sobrevivientes, y, en su defecto, a favor de la sociedad, un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio (...) La valoración se regirá por lo dispuesto en esta Ley para los casos de separación de socios (...).

Y el artículo 353.1 señala que:

serán valoradas por un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración.

El análisis de ambas normas evidencia, según la sentencia referida, que:

La designación del auditor se rodea de ciertas garantías tendentes a potenciar su imparcialidad, pero que, desde luego, no aseguran el acierto.
Lo que la norma atribuye a los herederos es el derecho a obtener el valor razonable de las participaciones valoradas por el auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil, no el valor fijado por el auditor designado, coincida o no con el razonable.

Con posterioridad, en una interesante argumentación conceptual, se indica que la inexistencia de un valor real de acciones y participaciones sociales, habida cuenta de los múltiples factores que pueden influir en su determinación, -singularmente en el caso de sociedades cerradas, en las que la dificultad o imposibilidad de desinversión por parte del titular las aleja de la consideración de bienes fungibles intercambiables fácilmente por dinero en un mercado libre,- fue determinante de que en la redacción de la legislación aplicable se haga referencia al valor razonable, y de que pueda afirmarse que no existe una cifra precisa y exacta que, a modo de simple operación matemática, permita fijar un valor único y cierto -la sentencia 87/2010, de 9 de marzo, indica que exige una valoración contable compleja, supone, según se dijo, una aproximación a la certeza conforme a reglas de experiencia, lo que, obviamente, no es otra cosa que un juicio razonable para la obtención del valor real.

Por ello se estima el recurso y se confirma la sentencia de primera instancia, toda vez que el informe del perito judicial al que se atuvo la misma recoge una ponderada consideración de la plusvalía inmobiliaria y el fondo de comercio relevantes para determinar la valoración de las participaciones sociales objeto de examen.

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Compensación de activos y pasivos financieros (IASB vs. FASB)

2012-11-09T08:19:00.000+01:00

Dos aspectos de especial relevancia para la banca continúan suscitando inquietud respecto de la convergencia entre los reguladores contables de referencia IASB y FASB:

La compensación de activos y pasivos (netting).
El modelo a aplicar para la estimación de pérdidas por deterioro de activos derivadas del riesgo de crédito

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de noviembre de 2012, en relación con la primera cuestión, explica las diferencias de tratamiento contable en la posibilidad de compensar activos y pasivos presentando los importes por el neto y describe la situación actual del debate de esta cuestión, en los términos que sigue:

Para el IASB, la compensación de activos y pasivos financieros debe realizarse cuando, además de ser parte de un contrato de compensación con derecho legal a exigir la compensación, se tiene la intención de utilizarlo. La norma indica que los contratos de compensación en los que el derecho a compensar surge en circunstancias de incumplimiento u otras que no suelen darse en el curso normal del negocio no cumplen por sí solos los requisitos para presentar por el neto.
Bajo el FASB, la compensación de activos y pasivos financieros está permitida, en general, bajo las mismas circunstancias que para el IASB, salvo para el caso de los derivados incluidos en contratos de compensación o master netting arrangements, para los que la intención de liquidación por neto de posiciones abiertas no es requerida.

Tras distintas negociaciones entre el IASB y el FASB, no fue posible alcanzar un acuerdo de posición, y ambos han concluido que no convergerán en esta cuestión. No obstante, han coincidido en que, a partir de 2013, ambos exigirán desglose en notas aclaratorias respecto de las posiciones presentadas de manera compensada en su posición financiera.

La relevancia de este tema afecta especialmente a la banca, sobre todo a aquella que sea muy activa con derivados en los mercados mayoristas, como la banca de inversión, con impacto en el tamaño del balance mostrado y por ello en su apalancamiento.

Por ello, las consecuencias para los bancos bajo IFRS o bajo el FASB pueden ser relevantes, no solo en cuanto a los distintos importes de activos mostrados en su balance, sino por las consecuencias prudenciales que de ello pudieran derivarse.

Documentación:

Reseña mercantil (II): El coche y el capital social de una SRL

2012-11-07T18:07:00.003+01:00

Leyendo las 100 preguntas más frecuentes a un notario del Consejo General del Notariado, lectura que recomiendo por su claridad e interés, me he encontrado con la pregunta 87 que me ha llamado la atención sobre los efectos de la crisis y la imaginación que suscita, la pregunta es la que sigue:

Estoy interesada en constituir una S.L. y ante la falta del efectivo necesario para desembolsar el capital social, necesito saber si aportar mi coche es válido y en qué responsabilidades incurro.

Respuesta del notario:

Las aportaciones a una S.L. pueden ser dinerarias o no dinerarias. En este segundo caso usted puede optar por obtener el informe de un experto independiente nombrado por el registrador mercantil que acredite la veracidad de la valoración dada al vehículo y así poder comprobar que se ha cumplido el requisito de desembolso efectivo del capital aportado.
También se puede prescindir de dicho informe, asumiendo los socios aportantes y los administradores la responsabilidad personal y solidaria por la diferencia que pueda existir entre la valoración que se haya hecho en la escritura y el valor real, por plazo de cinco años.
Le recomendamos la segunda opción, mucho más económica y sin trascendencia real en el caso de una valoración normal del objeto aportado.

Reseña mercantil (I): Cierre Registro Mercantil.

Novedades en la fiscalidad de la transmisión de valores

2012-11-05T08:33:00.002+01:00

Entre las modificaciones tributarias que introduce la Ley 7/2012, de 29 de octubre, nos fijamos en la modificación que realiza del artículo 108 de la ley del Mercado de Valores, LMV, justificándose con el fin de conformarle, tal como se estableció originariamente, como una medida antielusión fiscal de las posibles transmisiones de valores que, solo, sean una cobertura de una transmisión de inmuebles, mediante la interposición de figuras societarias.

Para ello se simplifica su regulación y se modifica el precepto para corregir los siguientes aspectos del mismo:

se establece la exención general del gravamen por el Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ITP, y Actos Jurídicos Documentados,AJD,
excepcionando tales exenciones si se trata de eludir su pago por la transmisión de los inmuebles de las entidades a los que representan los valores transmitidos, en cuyo caso, la operación volverá a ser gravada por el impuesto exencionado, IVA o ITP, y no siempre por transmisiones patrimoniales como ha sucedido hasta el 30 de octubre de 2012.

La regulación queda como sigue:

La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del IVA y del ITPAJD.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:

a. Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50 % por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
b. Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 % por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.
c. Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a actividades empresariales o profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.

En los supuestos en que la transmisión de valores quede sujeta a los impuestos citados sin exención, según lo previsto en el apartado 2 anterior, se aplicarán las siguientes reglas:

Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos valores reales determinados a la fecha en que tenga lugar la transmisión o adquisición. A estos efectos, el sujeto pasivo estará obligado a formar un inventario del activo en dicha fecha y a facilitarlo a la Administración tributaria a requerimiento de esta.
Tratándose de sociedades mercantiles, se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50 %. A estos efectos se computarán también como participación del adquirente los valores de las demás entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.
En los casos de transmisión de valores a la propia sociedad tenedora de los inmuebles para su posterior amortización por ella, se entenderá a efectos fiscales que tiene lugar el supuesto de elusión definido en las letras a) o b) del apartado anterior. En este caso será sujeto pasivo el accionista que, como consecuencia de dichas operaciones, obtenga el control de la sociedad, en los términos antes indicados.
En las transmisiones de valores que, conforme al apartado 2 anterior, estén sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentas, la base imponible se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes que deban computarse como inmuebles. A este respecto, en los supuestos recogidos en la letra c) del apartado 2, la base imponible del impuesto será la parte proporcional del valor de mercado de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.
En las transmisiones de valores que, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 2 anterior, deban tributar por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la práctica de la liquidación, se aplicarán los elementos de dicho impuesto a la parte proporcional del valor real de los inmuebles, calculado de acuerdo con las reglas contenidas en su normativa. A tal fin se tomará como base imponible:

En los supuestos a los que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior, la parte proporcional sobre el valor real de la totalidad de las partidas del activo que, a los efectos de la aplicación de este precepto, deban computarse como inmuebles, que corresponda al porcentaje total de participación que se pase a tener en el momento de la obtención del control o, una vez obtenido, onerosa o lucrativamente, dicho control, al porcentaje en el que aumente la cuota de participación.
En los supuestos a los que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior, para determinar la base imponible solo se tendrán en cuenta los inmuebles de aquellas cuyo activo esté integrado al menos en un 50 % por inmuebles no afectos a actividades empresariales o profesionales.
En los supuestos a que se refiere la letra c) del apartado 2 anterior, la parte proporcional del valor real de los inmuebles que fueron aportados en su día correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.

La capitalización de la cuenta corriente con socios y administradores

2012-11-02T13:04:00.000+01:00

Resulta conocido que los socios pueden financiar a la sociedad, al margen de la aportación al capital social, mediante:

Aportaciones inscritas dentro del patrimonio neto (como son las llamadas aportaciones de los socios para compensar pérdidas).
Las que a fondo perdido» se imputan dentro de la cuenta 118 del Plan General de Contabilidad por cualquier causa, tal como las efectuadas en virtud de una prestación accesoria que compromete aportaciones financieras, etc.),
La concesión de préstamos participativos.
Remesas que, inscritas en el pasivo exigible a largo o a corto plazo, a veces se instrumentan o se denominan como «cuenta corriente de los socios» (cfr. cuenta 551 del Plan General de Contabilidad, Otras cuentas no bancarias).

Nos ocupamos en esta entrada, del último de los supuestos anteriores, de la capitalización de la cuenta corriente de socios que en el Test patrimonial en la transformación de sociedades mercantiles se había planteado consecuencia de una reciente resolución de la DGRN, referida a un recurso ante un supuesto de aumento de capital por compensación de créditos. En esta situación habrá de observarse, señala la resolución, los requisitos previstos para la correspondiente ampliación de capital en atención a la contrapartida correspondiente a la propia naturaleza de la causa subyacente a los fondos suministrados: aumento con cargo a reservas, por aportaciones no dinerarias, por compensación de créditos.

Si la finalidad de la aportación es concesión de créditos a la sociedad, por mucho que la operación se instrumente o denomine como cuenta corriente, a efectos de terceros, las fechas relevantes de los créditos a compensar en la subsiguiente capitalización son las fechas de las correspondientes remesas cuyo saldo luce en el pasivo.

Es doctrina de la DGRN que los diferentes intereses en juego –de los socios preexistentes en seguir manteniendo, después de la ampliación, su participación en el patrimonio social; y de los terceros que se puedan relacionar con la sociedad en que el aumento se corresponda con efectiva y al menos equivalente aportación patrimonial– exigen la debida identificación de los bienes o derechos que se aportan al patrimonio social. Esta necesidad de identificación viene recogida por el Reglamento del Registro Mercantil en el que, además, se establecen los criterios con arreglo a los cuales debe hacerse, naturalmente sin ánimo de exhaustividad dada la gran variedad de bienes o derechos que pueden ser objeto de aportación.

Concretamente, para el caso de que el contravalor del aumento de capital consista en la compensación de créditos, el artículo 199 del Reglamento del Registro Mercantil impone la expresión del nombre del acreedor, la fecha en que fue contraído el crédito, la declaración de su liquidez y exigibilidad y la declaración de puesta a disposición de los socios del informe correspondiente de los administradores.
Desde esta perspectiva, en el presente expediente no puede considerarse cumplido el requisito de constancia de la fecha de constitución del crédito cuya compensación se configura como contravalor del aumento de capital.

En el expediente que aquí ocupa, concluye la resolución, resulta que los créditos a compensar «se fueron trasladando a la contabilidad (…/…) diluyéndose su carácter individual, para convertirse en un saldo deudor para con el socio, vencido, líquido y exigible». Las referencias que se hacen en el título y en el recurso a ciertos efectos prácticos de la consolidación contable del saldo de las remesas de socios en una partida del pasivo no puede venir en lesión de los derechos de terceros ni debe tenerse por cumplido el imperativo de declaración terminante de sustitución de obligación que para la novación real de obligaciones impone el artículo 1204 del Código Civil. Si sólo se dice que la refundición es a efectos prácticos y contables, ningún criterio hermenéutico de los recogidos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil puede conducir a considerar un decidido y terminante animus novandi, exigido en cualquier supuesto de novación.

Documentación relacionada:

El Test patrimonial en la transformación de sociedades mercantiles

2012-11-02T10:18:00.001+01:00

Hemos comentado en anteriores ocasiones las implicaciones societarias que conlleva la relación entre el patrimonio neto con el capital social, (test del patrimonio neto) en particular, los desequilibrios patrimoniales que generan y la hoja de ruta a seguir por las sociedades implicadas.

Incorporamos a la lista de escenarios inmersos en el test patrimonial el correspondiente a la transformación de sociedades mercantiles, aprovechando la situación planteada, en una reciente resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), ante una operación de transformación y aumento de capital que se realizan en unidad de acto, de forma sucesiva y en la misma escritura pública de modo que, en opinión de la recurrente, cuando se solicita la inscripción registral, se cumplen ya todas las formalidades requeridas.

Las dos cuestiones analizadas en esta resolución son las que siguen:

La primera plantea la exigencia de que el capital social esté enteramente desembolsado al tiempo de la transformación en compañía limitada.
La segunda, hace referencia a la forma en que se han de identificar los créditos que son objeto de compensación, en una ampliación de capital de la que constituyen su contravalor.

Nos centramos en esta entrada en la primera cuestión, en este sentido, la escritura contiene la manifestación de que el patrimonio cubre el capital social, advirtiendo el Registrador que rechazó la inscripción que la citada manifestación, por sí sola, no puede prevalecer sobre la efectiva situación patrimonial de la sociedad cuando del balance –reflejo de esa situación– cerrado el día anterior al acuerdo de transformación resulta que la situación contable es la siguiente::

Fondos propios (patrimonio neto) negativos, inferiores, por tanto a la cifra que, como capital social, se asigna a la sociedad.
Siendo los fondos propios (–116763.98 euros) inferiores al capital asignado (90151.82 euros) se están adjudicando a los socios participaciones con un valor nominal que carece de contrapartida patrimonial efectiva (artículos 4.2, 23, 56 de la Ley de Sociedades de Capital, artículos 3 y siguientes de la Ley de Modificaciones Estructurales y 220 del Reglamento del Registro Mercantil).

El patrimonio de la sociedad que se transforma no cubre el capital social que se le asigna en el momento de la transformación y, por tanto, dicho capital no está enteramente desembolsado, con infracción del artículo 78 de la Ley de Sociedades de Capital. La transformación, si bien supone continuidad de la personalidad jurídica bajo otra forma societaria, exige cumplir los requisitos y contener las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuya forma se adopta. Es requisito de la Sociedad de Responsabilidad Limitada que su capital se halle enteramente desembolsado en el momento, en este caso, de la transformación.

Conviene recordar, como hace, la resolución que comentamos que ha desaparecido de la Ley la referencia que antes existía en sede de transformaciones de sociedades civiles o mercantiles en sociedad de responsabilidad limitada, en el derogado artículo 92.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, al requisito de cumplimiento de ese test patrimonial en mérito de la correspondiente manifestación expresa realizada en el propio título inscribible sobre si el patrimonio cubre el capital social y de que éste queda íntegramente desembolsado como todavía dice, y dice bien, el artículo 220.1.3.º del Reglamento del Registro Mercantil. Con todo, la propia Ley sobre modificaciones estructurales tiene declarado en su artículo 10.1 que el acuerdo de transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se transforma y, luego, en el párrafo siguiente que el acuerdo deberá incluir, entre otros extremos, las menciones exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte

Concluye la resolución, que desestima el recurso y confirma la nota de calificación de la registradora, como sigue:

Hay que entender que si la sociedad anónima no tiene el patrimonio suficiente para la cobertura de capital social en la cifra establecida para la sociedad limitada que se constituye, la operación de transformación es inviable a menos que se restablezca el equilibrio patrimonial por el procedimiento que sea (reducción para compensar pérdidas, aportaciones de los socios imputables al neto, concesión de préstamos participativos por socios o por terceros etc.,…). Esta prohibición constituye un incentivo de «regularización» patrimonial que se dicta en interés de terceros que no tienen en la transformación derecho alguno a oponerse a la misma.

En la siguiente entrada, nos ocuparemos de la segunda cuestión que se enunciaba al inicio, es decir, sobre la identificación de los créditos que son objeto de compensación, en una ampliación de capital de la que constituyen su contravalor

Documentación relacionada:

Novedades en ganancias patrimoniales no justificadas (IRPF)

2012-11-01T11:24:00.001+01:00

Entre las recientes modificaciones introducidas en el ámbito del IRPF, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, regula las ganancias patrimoniales no justificada en los siguientes términos:

1. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.

Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción.

2. En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que la titularidad de los bienes o derechos corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente por este Impuesto.

En este contexto, conviene recoger la configuración del régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas con la entrada en vigor de la nueva normativa.

La aplicación de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 134.6 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, determinará la comisión de infracción tributaria, que tendrá la consideración de muy grave, y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 % del importe de la base de la sanción.

La base de la sanción será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación de los artículos citados en el párrafo anterior. A los solos efectos de la determinación de la base de sanción, no se tendrán en cuenta para su cálculo las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o correspondientes al ejercicio objeto de comprobación que pudieran minorar la base imponible o liquidable o la cuota íntegra.

La sanción establecida en esta disposición adicional será incompatible con las que corresponderían por las infracciones que se pudiesen haber cometido en relación con las ganancias patrimoniales no justificadas o la presunción de obtención de rentas reguladas en los artículos 191 a 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En estos supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Calificación (fiscal) de las diferencias (fusiones y escisiones) del régimen especial del capítulo VIII TRLIS

2012-10-25T23:13:00.003+02:00

Los bienes adquiridos se valoran, a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS).

No obstante, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, en al menos, un 5 % el importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y los fondos propios:

se imputará a los bienes y derechos adquiridos, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y
la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada será fiscalmente deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe.

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a personas físicas residentes en territorio español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación a las referidas personas o entidades.

El requisito previsto en este párrafo (a) se entenderá cumplido:

Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a una entidad vinculada con la entidad adquirente que, a su vez, adquirió la participación de las referidas personas o entidades, cuando el importe de la diferencia mencionada en el párrafo anterior ha tributado en España a través de cualquier transmisión de la participación.Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a esta ha tributado efectivamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en concepto de beneficio obtenido con ocasión de la transmisión de la participación, soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar este impuesto, siempre que el transmitente no resida en un país o territorio considerado como paraíso fiscal.
Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes en territorio español o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación de las referidas personas físicas, cuando se pruebe que la ganancia patrimonial obtenida por dichas personas físicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

El requisito previsto en este párrafo no se aplicará respecto del precio de adquisición de la participación satisfecho por la persona o entidad transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido de personas o entidades no vinculadas residentes en territorio español.

Cuando se cumplan los requisitos a) y b) anteriores, la valoración que resulte de la parte imputada a los bienes del activo fijo adquirido tendrá efectos fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes amortizables, la amortización contable de dicha parte imputada, en los términos previstos en el artículo 11, siendo igualmente aplicable la deducción establecida en los apartados 6 y 7 del artículo 12 de esta Ley.
Cuando se cumpla el requisito a), pero no se cumpla el establecido en el párrafo b) anterior, las dotaciones para la amortización de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y los fondos propios serán deducibles si se prueba que responden a una depreciación irreversible.”

A este respecto, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, ha establecido en su artículo 1.Primero.Dos, con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2012 y 2013 que: “La deducción de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación por parte de la entidad adquirente, y los fondos propios de la entidad transmitente, que no hubiera sido imputada a bienes y derechos adquiridos, a que se refiere el apartado 3 del artículo 89 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se deduzca de la base imponible en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2012 ó 2013, está sujeta al límite anual máximo de la centésima parte de su importe”.

De acuerdo con lo previsto en este precepto, en caso de que se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 89.3 del TRLIS, la diferencia que se ponga de manifiesto en la entidad consultante entre el precio de adquisición de la participación en la sociedad absorbida y los fondos propios existentes en el momento en que se produce la adquisición del patrimonio de la entidad transmitente como consecuencia de la operación de fusión realizada, debe imputarse, en primer lugar, a los bienes y derechos adquiridos aplicando el método de integración global del artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia no imputada, será deducible, con el límite anual máximo de la veintava parte de su importe, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el mencionado precepto, salvo en los periodos impositivos que se inicien en 2012 y 2013, que será de la centésima parte de su importe.

Esta valoración fiscal de las diferencias comentadas, extensa pero interesante, tomada de una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, que concluye, en el apartado que comentamos, que tendrán efecto fiscal los activos intangibles adquiridos por la entidad adquirente por aquella parte de la diferencia de valor entre el precio de adquisición de la participación y los fondos propios de la entidad transmitente que resulte imputable a los mismos, en aplicación de las normas de consolidación correspondientes al método de integración global, de acuerdo con el Código de Comercio y demás normas de desarrollo, con independencia de que estuviesen o no reconocidos contablemente en la entidad transmitente.

Desarrollo de la normativa del régimen módulos para 2012

2012-10-24T08:33:00.002+02:00

El Boletín Oficial del Estado, BOE de fecha 24 de octubre, publica la Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que se modifican los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA, aprobados por la Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En relación con el IVA, la presente Orden incorpora la revisión de los módulos a fin de actualizar su importe en paralelo a la subida de tipos impositivos dispuesta por el artículo 23 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, precepto que ha modificado el apartado uno del artículo 90 y el artículo 91, ambos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo que, desde el 1 de septiembre de 2012, el tipo general del Impuesto pasa a ser el 21 % y el reducido del 8 % se eleva al 10 %.

Además, dicha subida de tipos se ve acompañada con otras medidas adicionales por las que determinadas categorías de bienes y servicios pasan a tributar a un tipo impositivo distinto; tal es el supuesto de ciertos productos y servicios que venían tributando al tipo reducido del 8 % y pasan a hacerlo al tipo general del 21 %, como es el caso, en cuanto a la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los servicios relacionados con la práctica del deporte y los servicios de peluquería.

En este sentido, con el fin de simplificar los cálculos, se ha dispuesto, para los módulos no monetarios, una tabla única que incorpora el aumento de tipos distribuido a lo largo de todo el año, evitando de esa forma la utilización de dos tablas, una hasta el 31 de agosto con los módulos sin aumento y otra desde esa fecha hasta el 31 de diciembre, con la totalidad del incremento previsto.

Por otra parte y, con el objetivo de diferir financieramente el impacto del aumento de tipos, se dispone la utilización de la tabla derivada de la presente Orden exclusivamente para el cálculo de la cuota correspondiente al cuarto trimestre, puesto que, para el cálculo del ingreso a cuenta del tercer trimestre han sido aplicables los módulos aprobados por la Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre; debiéndose efectuar en el cuarto trimestre la regularización que corresponda con los nuevos módulos. Sin embargo, los sujetos pasivos que hayan cesado antes del 1 de octubre de 2012, y, en su caso, los que opten

por la renuncia extraordinaria al régimen simplificado que se contempla en esta Orden, así como las actividades de temporada que hayan finalizado antes del 1 de octubre de 2012 aplicarán, exclusivamente, la tabla en vigor durante el ejercicio 2012, aprobada por la Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, salvo para los módulos monetarios, no afectándoles, en consecuencia, el aumento de tipos impositivos.

Como consecuencia de esta modificación, la disposición adicional primera establece un plazo especial de renuncia, desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden y a lo largo del mes de noviembre de 2012, que exclusivamente podrá realizarse de forma expresa en aras de una mayor seguridad jurídica. Dicha renuncia tendrá efectos desde el 1 de enero de 2013, en el caso del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el caso del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, tendrá efectos desde el 1 de octubre de 2012, para los titulares de las actividades afectadas.

Por último, las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta contienen, respectivamente, las reglas que deben tener en cuenta los sujetos pasivos afectados por la modificación introducida en esta Orden para determinar la cuota anual devengada por el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en 2012, (con la excepción citada anteriormente para los sujetos pasivos que hayan cesado antes del 1 de octubre de 2012, los que opten por la renuncia extraordinaria al régimen simplificado, así como las actividades de temporada que hayan finalizado antes del 1 de octubre de 2012), y la declaración-liquidación que deben presentar por dicho tributo en el cuarto trimestre de 2012 los sujetos pasivos que opten por la renuncia extraordinaria que se contempla en esta Orden.

Documentación relacionada:

Novedades en la presentación de declaraciones informativas y resúmenes anuales

2012-10-18T21:45:00.000+02:00

Para los sujetos pasivos que no estén obligados a la presentación por vía telemática a través de Internet y respecto de los modelos que se relacionan a continuación, en el la Orden Ministerial (borrador del nuevo modelo 390), se habilita:

tanto la forma de presentación mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
como la presentación por mensaje SMS, establecidos respectivamente en los artículos 4 y 5 de la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre

Los modelos a los que se refiere el Real Decreto son los siguientes:

Modelo 180. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes) sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Modelo 182. Declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
Modelo 184. Declaración informativa anual de entidades en régimen de atribución de rentas.
Modelo 188. Resumen anual. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.
Modelo 190. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.
Modelo 193. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario. Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas.
Modelo 198. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
Modelo 296. Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta.
Modelo 345. Declaración informativa anual de Planes de pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia.
Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras personas.
Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Conviene precisar que Orden Ministerial que comentamos entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE y surtirá efectos en las presentaciones del ejercicio 2012 y siguientes correspondientes a la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, a la declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, modelo 198, a la declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, modelo 184, así como, del resto de declaraciones informativas y resúmenes anuales citados.

Actualización: Publicado el nuevo resumen del IVA (modelo 390).

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Nuevo modelo 390 (Resumen anual IVA).

Aspectos mercantiles, contables y fiscales de las operaciones con acciones propias

2012-10-15T09:10:00.000+02:00

Cuando una sociedad adquiere acciones propias o participaciones o acciones de su sociedad dominante, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (LSC) se aplican las siguientes normas:

Quedará en suspenso el ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos políticos incorporados a las acciones propias y a las participaciones o acciones de la sociedad dominante. Los derechos económicos inherentes a las acciones propias, excepción hecha del derecho a la asignación gratuita de nuevas acciones, serán atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones.
Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta.

Se establecerá en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al importe de las participaciones o acciones de la sociedad dominante computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las participaciones o acciones no sean enajenadas.
El informe de gestión de la sociedad adquirente y, en su caso, el de la sociedad dominante, deberán mencionar como mínimo:

Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas durante el ejercicio.
El número y valor nominal de las participaciones o acciones adquiridas y enajenadas durante el ejercicio y la fracción del capital social que representan.
En caso de adquisición o enajenación a título oneroso, la contraprestación por las participaciones o acciones.
El número y valor nominal del total de las participaciones o acciones adquiridas y conservadas en cartera por la propia sociedad o por persona interpuesta y la fracción del capital social que representan.

La legislación fiscal vigente, en el ámbito de las acciones propias que comentamos, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLIS), no contiene ninguna regulación específica acerca del tratamiento fiscal de las operaciones de transmisión de acciones propias, por lo que será de aplicación el criterio contable en base a lo establecido en el artículo 10.3 del TRLIS.

En este sentido, de acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 9ª.4 del Plan General de Contabilidad (PGC), en el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción con sus propios instrumentos de patrimonio:

el importe de estos instrumentos se registrará en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y
en ningún caso podrán ser reconocidos como activos financieros de la empresa ni se registrará resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias,
los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, tales como honorarios de letrados, notarios, y registradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación, se registrarán directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

A estos efectos, la Dirección General Tributaria (DGT) en consulta vinculante concluye que la transmisión de acciones propias, en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008, fecha de entrada en vigor del PGC vigente, no tendrán efectos en la base imponible, por cuanto la incidencia positiva o negativa no determina un resultado a computar en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino una simple variación del patrimonio neto de la entidad, y, por tanto, tampoco tiene esta condición a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

Novedades en el régimen de módulos para 2013

2012-10-10T18:37:00.000+02:00

El método de estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades económicas, para 2013, se aplicará, en los términos que reglamentariamente se establezcan, con arreglo a las siguientes normas:

Los contribuyentes que reúnan las circunstancias previstas en las normas reguladoras de este método determinarán sus rendimientos conforme al mismo, salvo que renuncien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
El método de estimación objetiva se aplicará conjuntamente con los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido IVA) o en el Impuesto General Indirecto Canario, cuando así se determine reglamentariamente.
Este método no podrá aplicarse por los contribuyentes cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente:

a. Que determinen el rendimiento neto de alguna actividad económica por el método de estimación directa.

b. Que el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior supere cualquiera de los siguientes importes:

Para el conjunto de sus actividades económicas, 450.000 euros anuales.
Para el conjunto de sus actividades agrícolas y ganaderas, 300.000 euros anuales.
Para el conjunto de sus actividades clasificadas en la división 7 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas a las que sea de aplicación lo dispuesto en la letra d) del apartado 5 del artículo 101 de la LIRPF, 300.000 euros anuales.

A estos efectos, solo se computarán las operaciones que deban anotarse en el Libro registro de ventas o ingresos previsto en el artículo 67.7 del Reglamento de este Impuesto, o en el libro registro de ingresos previsto en el artículo 40.1 del RIVA, y las operaciones por las que estén obligados a emitir y conservar facturas, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.

No obstante, deberán computarse no solo las operaciones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias:

Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.

c. Que el volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior supere la cantidad de 300.000 euros anuales. En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá en cuenta para el cálculo de este límite.

A estos efectos, deberán computarse no solo el volumen de compras correspondientes a las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en la letra b) anterior.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año.

d. Que las actividades económicas sean desarrolladas, total o parcialmente, fuera del ámbito de aplicación del Impuesto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley.

e. Tratándose de contribuyentes que ejerzan las actividades a que se refiere la letra d) del apartado 5 del artículo 101 de la LIRPF, cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior correspondiente a dichas actividades que proceda de las personas o entidades previstas en el artículo 99.2 de esta Ley supere cualquiera de las siguientes cantidades:

50.000 euros anuales, siempre que además represente más del 50% del volumen total de rendimientos íntegros correspondiente a las citadas actividades.
225.000 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra e) no será de aplicación respecto de las actividades incluidas en la división 7 de la sección primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. (Transporte y comunicaciones)

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de rendimientos íntegros se elevará al año.

4. El ámbito de aplicación del método de estimación objetiva se fijará, entre otros extremos, bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados, con los límites que se determinen reglamentariamente para el conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente y, en su caso, por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores.

5. En los supuestos de renuncia o exclusión de la estimación objetiva, el contribuyente determinará el rendimiento neto de todas sus actividades económicas por el método de estimación directa durante los tres años siguientes, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

El Fondo de Comercio en las Cuentas Anuales

2012-10-08T07:59:00.000+02:00

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos en los términos recogidos en el apartado anterior, se reconocerá como un fondo de comercio.

Al fondo de comercio le serán de aplicación los criterios contenidos en la norma relativa a normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

En el supuesto excepcional de que el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos, fuese superior al coste de la combinación de negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso.

No obstante, antes de reconocer el citado ingreso la empresa evaluará nuevamente si ha identificado y valorado correctamente tanto los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos, como el coste de la combinación. Si en el proceso de identificación y valoración surgen activos de carácter contingente o elementos del inmovilizado intangible para los que no exista un mercado activo, no serán objeto de reconocimiento con el límite de la diferencia negativa anteriormente indicada.

El Fondo de comercio en la Memoria

Se incluirá en este apartado la siguiente información:

Para cada combinación de negocios que se haya realizado en el ejercicio, se expresará la cifra del fondo de comercio, desglosándose las correspondientes a las distintas combinaciones de negocios. Tratándose de combinaciones de negocios que individualmente carezcan de importancia relativa, la información anterior se mostrará de forma agregada. Esta información también deberá expresarse para las combinaciones de negocios efectuadas entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la de su formulación, a menos que no sea posible, señalándose, en este caso, las razones por las que esta información no puede proporcionarse.
La empresa realizará una conciliación entre el importe en libros del fondo de comercio al principio y al final del ejercicio, mostrando por separado:

El importe bruto del mismo y las correcciones valorativas por deterioro acumuladas al principio del ejercicio.
El fondo de comercio adicional reconocido durante el periodo, diferenciando el fondo de comercio incluido en un grupo enajenable de elementos que se haya clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con las normas de registro y valoración. Asimismo se informará sobre el fondo de comercio dado de baja durante el periodo sin que hubiera sido incluido previamente en ningún grupo enajenable de elementos clasificado como mantenido para la venta.
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas durante el ejercicio.
Cualesquiera otros cambios en el importe en libros durante el ejercicio, y
El importe bruto del fondo de comercio y las correcciones valorativas por deterioro acumuladas al final del ejercicio.

Descripción de los factores que hayan contribuido al registro del fondo de comercio así como, se justificará e indicará el importe del fondo de comercio y de otros inmovilizados intangibles de vida útil indefinida, atribuidos a cada unidad generadora de efectivo.
Para cada pérdida por deterioro de cuantía significativa del fondo de comercio, se informará de lo siguiente:

Descripción de la unidad generadora de efectivo que incluya el fondo de comercio así como otros inmovilizados intangibles o materiales y la forma de realizar la agrupación para identificar una unidad generadora de efectivo cuando sea diferente a la llevada a cabo en ejercicios anteriores.
Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de una corrección valorativa por deterioro.
Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
Si el método empleado fuera el valor en uso, se señalará el tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores, una descripción de las hipótesis clave sobre las que se han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de cómo se han determinado sus valores, el periodo que abarca la proyección de los flujos de efectivo y la tasa de crecimiento de éstos a partir del quinto año.

Respecto a las pérdidas por deterioro agregadas para las que no se revela la información señalada en el número anterior, los principales sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de tales correcciones valorativas por deterioro.
Las hipótesis utilizadas para la determinación del importe recuperable de los activos o de las unidades generadoras de efectivo.

Imagen: IDC

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Contabilidad del IVA: descripción e infografía contable

2012-10-03T08:56:00.000+02:00

La contabilidad del IVA debe distinguir, en primer lugar, el IVA devengado con motivo de la:

adquisición de bienes y servicios y de otras operaciones comprendidas en la legislación que regula el impuesto, siempre que el IVA soportado tenga el carácter de deducible (IVA soportado).
entrega de bienes o de la prestación de servicios y de otras operaciones comprendidas en el texto legal, siempre que sea posible el traspaso del IVA soportado al receptor de la operación gravada (IVA repercutido).

En segundo lugar, resulta conocido que los sujetos pasivos del IVA, deben presentar periódicamente la declaración-liquidación del impuesto, de manera que:

en cada declaración restan del IVA repercutido a los clientes, el IVA soportado en las compras a proveedores, y
la diferencia puede ser positiva o negativa,
surgiendo saldos deudores o acreedores con la Administración Tributaria.

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La actualización de balances de los PGE 2013

2012-09-28T08:32:00.004+02:00

El Consejo de Ministros, de fecha 27 de septiembre, ha aprobado, junto a los Presupuestos Generales del Estado para 2013, un Proyecto de Ley de medidas tributarias con el fin de consolidar las finanzas públicas e impulsar la actividad económica.

Dentro de este paquete de medidas, el Gobierno permitirá en 2013 la actualización monetaria por parte de las empresas del último balance aprobado por ellas. Se trata de adaptar los valores contables a la evolución de la inflación. Con ello se evitan tensiones inflacionistas en las empresas y a la vez que se acerca el valor contable al valor de mercado. La actualización tendrá carácter voluntario, se extenderá tanto a personas jurídicas como físicas y estará sometido a una carga fiscal del 5 % del importe de la actualización. Abarcará el activo del inmovilizado material y los arrendamientos financieros.

El importe de las revalorizaciones contables se llevará a una cuenta específica de reserva de revalorización. Posteriormente, se podrá destinar esta cantidad a la reducción de resultados contables negativos, a la ampliación del capital social o a reservas de libre disposición. Por tanto, la medida permitirá también potenciar la financiación interna de las empresas al mejorar su capacidad de acceso al mercado de capitales y de deuda.

Los coeficientes de actualización se establecerán reglamentariamente para su aplicación sobre el precio de adquisición y amortizaciones. La actualización de balances es una medida que se realiza con cierta periodicidad. Las últimas fueron aprobadas en 1983 y 1996.

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Normas Tributarias PGE 2013

La complejidad de las próximas declaraciones del IVA

2012-09-26T08:36:00.000+02:00

Que duda cabe que las próximas liquidaciones del IVA, sean mensuales o trimestrales, presentan una mayor complejidad que las anteriores, debido a las modificaciones introducidas, fundamentalmente, por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Ante la complejidad referida la Agencia Tributarias ha publicado varias notas informativas, recogiendo en esta ocasión la siguiente:

Preguntas Frecuentes IVA

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La declaración del IVA (modelo 303) en octubre 2012.

Infografía y ejemplos prácticos del nuevo IVA.

Novedades en la aplicación del IVA.

La tributación y contabilidad de las operaciones intracomunitarias

2012-09-24T08:43:00.000+02:00

Resulta conocido que las operaciones intracomunitarias se desdoblan en dos tipos de operaciones: por una parte, las entregas intracomunitarias en el estado miembro de origen, y de la otra, las adquisiciones intracomunitarias en un estado miembro destino de destino.

En el ámbito tributario, formal, conviene recordar que los empresarios y profesionales deberán presentar una declaración recapitulativa por las operaciones intracomunitarias realizadas, esto es:

Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentren exentas en virtud de lo dispuesto en los apartados uno, dos y tres del artículo 25 de la Ley del Impuesto. Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes comprendidas en el número 3 del artículo 9 de la Ley del Impuesto y, en particular, las entregas ulteriores de bienes cuya importación hubiera estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en el número 12 del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
Quedarán excluidas de las entregas de bienes a que se refiere este número las siguientes:

Las que tengan por objeto medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e del apartado uno delartículo 5 de la Ley del Impuesto.
Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un número de identificación a efectos del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la Comunidad.

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del mismo en el territorio de aplicación del Impuesto. Se incluirán entre estas operaciones las transferencias de bienes desde otro Estado miembro a que se refiere el número 2 del artículo 16 de la Ley del Impuesto y, en particular, las adquisiciones intracomunitarias de bienes que hayan sido previamente importados en otro Estado miembro donde dicha importación haya estado exenta del Impuesto en condiciones análogas a las establecidas por el apartado 12 del artículo 27 de la Ley del Impuesto.
Las prestaciones intracomunitarias de servicios. A efectos del RIVA, se considerarán prestaciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios en las que concurran los siguientes requisitos:

Que, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se entiendan prestadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
Que estén sujetas y no exentas en otro Estado miembro.
Que su destinatario sea un empresario o profesional actuando como tal y radique en dicho Estado miembro la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, o que dicho destinatario sea una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional pero tenga asignado un número de identificación a efectos del Impuesto suministrado por ese Estado miembro.
Que el sujeto pasivo sea dicho destinatario.

Las adquisiciones intracomunitarias de servicios. A efectos del RIVA, se considerarán adquisiciones intracomunitarias de servicios las prestaciones de servicios sujetas y no exentas en el territorio de aplicación del Impuesto que sean prestadas por un empresario o profesional cuya sede de actividad económica o establecimiento permanente desde el que las preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en la Comunidad pero fuera del territorio de aplicación del Impuesto.
Las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a que se refiere el apartado tres del artículo 26 de la Ley del Impuesto, realizadas en otro Estado miembro utilizando un número de identificación a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido asignado por la Administración tributaria española.

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes se considerarán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando se encuentre en este territorio el lugar de la llegada de la expedición o transporte con destino al adquirente.
También se considerarán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 13.1 de la presente Ley cuando el adquirente haya comunicado al vendedor el número de identificación a efectos del impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por la Administración española, en la medida en que no hayan sido gravadas en el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte.

En el ámbito contable, en el IVA con carácter general, habrá que tener en cuenta que los empresarios y profesionales:

Por sus adquisiciones pagan las cuotas del IVA que les son repercutidas y tienen derecho a deducir éstas en sus declaraciones–liquidaciones posteriores. El IVA soportado debe estar debidamente especificado en las facturas de los proveedores o acreedores.
Por sus ventas y prestaciones de servicios cobran el IVA a los adquirentes. El IVA repercutido figura en las facturas que extienden a los clientes.
En cada declaración–liquidación del IVA minoran del IVA repercutido a los clientes, el IVA soportado en sus compras y adquisiciones. La diferencia puede ser positiva o negativa. Si el resultado es positivo la empresa debe ingresar el importe en Hacienda. Si es negativo podrá, con carácter general, compensar dicho importe en declaraciones–liquidaciones posteriores y en la última declaración de cada ejercicio podrá optar por solicitar la devolución de los saldos negativos o por compensarlos en las liquidaciones del ejercicio siguiente.

En la adquisición intracomunitaria de bienes se producen dos hechos imponibles, por un lado una entrega de bienes intracomunitaria exenta en el país de origen y por otro una adquisición intracomunitaria de bienes gravada en destino, por tratarse de una adquisición sujeta y no exenta.

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Reconocimiento de los elementos de las cuentas anuales

2012-09-17T09:02:00.000+02:00

Resulta conocido que las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad, comprenden:

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el Plan General de Contabilidad; en particular, sobre la base del Marco Conceptual de la Contabilidad y con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Todas los documentos que integran las cuentas anuales han sido descritos en diferentes entradas del blog, pero no nos hemos referido, hasta ahora, del reconocimiento, y requisitos, de los elementos de las referidas cuentas anuales (activos, pasivos, ingresos y gastos); por ello, en esta infografía podemos visualizar de una forma gráfica los citados requisitos.