La solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo contempla una propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.º 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de permitir que organizaciones criminales sean calificadas como grupos hostiles.

Según el análisis de Carlos Rivera, abogado del Grupo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución del Senado plantea criterios que ya se encuentran contemplados en la normativa vigente, como el nivel de organización y mando, la capacidad de enfrentar prolongadamente al Estado mediante armas de fuego o explosivos y el control territorial.

El problema es que la modificación permitiría calificar como grupos hostiles a organizaciones criminales sin que sus acciones armadas necesariamente reúnan los criterios establecidos por el derecho internacional humanitario para dicha calificación.

Esta calificación tiene consecuencias importantes: activa la intervención de las Fuerzas Armadas mediante operaciones militares, bajo un esquema en el que estas asumen el control del orden interno y la Policía Nacional queda subordinada a las decisiones militares.

Una contradicción en la propuesta

La iniciativa también presenta una contradicción, pues señala que su finalidad es permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, cuando la normativa vigente distingue dos ámbitos de intervención: las operaciones militares frente a grupos hostiles y las acciones militares en otras situaciones de violencia.
En este último escenario, que contempla intervenciones frente al tráfico de drogas, terrorismo, minería ilegal y otros casos constitucionalmente justificados, las Fuerzas Armadas actúan en apoyo de la Policía Nacional, que mantiene el control del orden interno.

Por ello, frente a organizaciones dedicadas a actividades delictivas graves, correspondería la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional bajo el supuesto de otras situaciones de violencia, sin necesidad de calificarlas como grupos hostiles.

El riesgo de una respuesta militarizada

La propuesta busca proyectar una imagen de «mano dura» frente a las organizaciones criminales. Sin embargo, su principal consecuencia sería trasladar a las Fuerzas Armadas la conducción de las operaciones contra el crimen, colocando a la Policía Nacional en una posición institucional subordinada.
Como advierte el análisis, esta modificación terminaría fortaleciendo una propuesta militarista y una abdicación de la autoridad democrática.

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Organizaciones vecinales, colectivos sociales, investigadores y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se reunieron para analizar nueve casos de conflictividad urbana y promover una agenda común de defensa de derechos.

El encuentro “Conflictos urbanos y derecho a la ciudad en el área metropolitana de Lima y Callao” se realizó en el local de la CNDDHH, por iniciativa del Grupo de Investigación en Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social (CONURB) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en coordinación con la Coordinadora. La reunión se desarrolló en el marco de la presentación de los resultados del Observatorio Metropolitano de Conflictos Urbanos.

Durante la jornada, el equipo de CONURB presentó un diagnóstico que registra 57 conflictos urbanos en Lima Metropolitana y el Callao desde 2022, relacionados principalmente con proyectos de infraestructura vial, acceso al suelo y la vivienda, y uso de espacios públicos. El análisis también identificó al Estado como actor central en una parte significativa de estos conflictos.

Más de una veintena de dirigentes y dirigentas vecinales, profesionales y especialistas compartieron sus experiencias en nueve casos ubicados en el Callao, Ate–La Molina, San Juan de Lurigancho, San Isidro, Barranco, Jesús María, el Cercado de Lima, Surquillo y Surco.

Entre los principales problemas expuestos figuran el incumplimiento de estándares de gestión social y ambiental en proyectos de infraestructura, las deficiencias en los procesos de planificación urbana y presuntas irregularidades vinculadas a empresas concesionarias. Los participantes también advirtieron sobre las dificultades que enfrentan las comunidades para hacer valer sus derechos frente a proyectos públicos que involucran a empresas privadas.

Ante este escenario, se destacó la importancia de abordar estos conflictos desde el derecho a la ciudad, reconocido en la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Este enfoque comprende, entre otros aspectos, el derecho a una vivienda adecuada, a un hábitat seguro y saludable, a la participación ciudadana efectiva y al acceso y uso de los espacios y servicios públicos.

La CNDDHH reafirmó su compromiso con las organizaciones sociales que defienden estos derechos y subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades de los colectivos vecinales y promover una mayor articulación entre la sociedad civil, la academia y el movimiento de derechos humanos.

El encuentro marca el inicio de un proceso de coordinación entre la CNDDHH y el Observatorio Metropolitano de Conflictos Urbanos para visibilizar la dimensión metropolitana de estas problemáticas y acompañar a las comunidades que defienden su derecho a la ciudad en Lima y Callao.

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PRONUNCIAMIENTO

A propósito del Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas (GTPPII) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresa lo siguiente:

El racismo no es opinión política, es un delito. Como lo señaló la CNDDHH, son inadmisibles las expresiones racistas y discriminatorias difundidas en espacios de comunicación y redes sociales contra la población del Cusco tras las elecciones del 4 de octubre. Saludamos que el Gobierno Regional y el Colegio de Abogados del Cusco y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hayan rechazado estos discursos y presentado las denuncias correspondientes.

Desde nuestro grupo de trabajo advertimos que no son hechos aislados. Cada vez que el sur andino expresa una opción electoral distinta a la de Lima, reaparecen discursos racistas y discriminatorios que pretenden deslegitimar su voto.

Esta actitud responde a una lógica colonial que, durante más de cinco siglos, ha negado a los pueblos indígenas, andinos y amazónicos su condición de sujetos políticos con plenos derechos. Construir una sociedad democrática, diversa e intercultural exige reconocer, valorar y respetar a los pueblos indígenas, sus identidades y sus decisiones.

El fuego y la sed tienen rostro indígena. El fenómeno de El Niño no sólo puede provocar inundaciones en el norte del país, sino también agravar las sequías y favorecer condiciones propicias para incendios forestales en otras regiones. Al 13 de octubre, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reportó 56 incendios activos en 14 regiones.

Según el Gobierno Regional del Cusco, al 14 de octubre se habían registrado 340 incendios forestales en lo que va del año, con más de 11 350 hectáreas afectadas y seis personas fallecidas. Siete incendios siguen permanecían activos en Anta, La Convención, Chumbivilcas y Quispicanchi. En Satipo, las comunidades asháninkas enfrentan, desde el 4 de octubre, un incendio de gran magnitud.

La escasez de agua afecta especialmente a las poblaciones rurales y, entre de ellas, a los pueblos indígenas, cuya subsistencia, actividades productivas y medios de vida dependen directamente del territorio, el agua y los ecosistemas. La respuesta del Estado sigue siendo tardía e insuficiente.

 

 

Las economías ilegales avanzan, y los defensores de los territorios son asesinados. La minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico se expanden sobre territorios indígenas y generan violencia, desplazamiento y amenazas contra quienes los defienden.

En los últimos diez años, 45 personas defensoras del ambiente fueron asesinadas en el Perú; 31 de ellas eran indígenas, casi todas procedentes de la Amazonía. De los 40 casos judicializados, solo cinco llegaron a una sentencia condenatoria.

La falta de una respuesta efectiva del Estado frente a esta violencia refleja una grave ausencia de voluntad política. Las consecuencias de esta inacción recaen directamente sobre las comunidades indígenas, sus dirigentes y quienes defienden sus derechos y territorios.

Una victoria que celebramos. Saludamos a la Comunidad Campesina Túpac Amaru II de Chiñama, en Cañaris (Lambayeque), que tras casi una década de lucha logró que la Sala Civil del Poder Judicial de Lambayeque ordenara restituir su personería jurídica y sus tierras comunales.

Este fallo reafirma un principio fundamental lo que los pueblos indígenas han defendido históricamente: que su existencia y sus derechos no depende de un registro administrativo.

Por todo ello, exigimos al Estado acciones concretas y efectivas, que garanticen el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos; así como, la protección de sus territorios, sus vidas, sus culturas y sus formas de organización.

Son los pueblos indígenas quienes, a pesar de las amenazas y la violencia, continúan defendiendo los bosques, las fuentes de agua y los ecosistemas de los que depende la vida de todos.

En esta fecha significativa reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas y con la construcción de un país democrático, intercultural y libre de racismo, que reconozca sus derechos, respete sus decisiones y garantice su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que los afecten.

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CNDDHH

 

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), con el apoyo de OACNUDH, presentó este 1 de octubre el informe “Afectaciones a los derechos humanos en el contexto de las Elecciones Generales 2026: hallazgos, alertas y desafíos para la prevención y protección”, que recoge los principales resultados del monitoreo realizado entre enero y mayo de este año, con el acompañamiento de la Misión Técnica de ONU Derechos Humanos en Perú.

El monitoreo registró 139 incidentes en 18 regiones del país y en el espacio digital, que afectaron a autoridades electorales, periodistas y comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y otros actores vinculados al desarrollo de las elecciones.

Entre los principales tipos de ataques registrados se encuentran 43 casos de intimidación, acoso u hostigamiento; 35 de desprestigio y estigmatización; 30 de discurso de odio; 21 de criminalización o judicialización; 18 agresiones físicas y 17 amenazas. También se registraron 14 hechos de discriminación y racismo, 14 casos de acoso político, 9 amenazas de muerte y 8 casos de censura o bloqueo de información. Estas categorías pueden superponerse, por lo que su suma no equivale al total de incidentes registrados.

La presentación contó con la participación de Jesús Peña, representante de la Misión Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú; Norma Ortega, presidenta de la Asamblea de la Mancomunidad de la Macro Región Sur de consejeros regionales; Adrián Sarria, representante de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP); Percy Medina, representante de IDEA Internacional; y Luis Bejarano, representante del colectivo Rosa Rabiosa, quienes compartieron sus reflexiones sobre los riesgos y desafíos para la protección y garantía de los derechos humanos durante los procesos electorales.

Por su parte, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, recalcó que “proteger la integridad electoral significa no solamente asegurar que cada voto sea correctamente emitido y contado, sino resguardar el derecho de la ciudadanía a informarse y decidir sin coerción ni desinformación”.

Los hallazgos del informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, alerta temprana, protección, atención y acceso a la justicia, especialmente de cara a los próximos procesos electorales regionales.

Lee el informe completo aquí: Afectaciones a los derechos humanos durante las Elecciones Generales 2026

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Hallazgos y alertas para la prevención y protección

Edición: CNDDHH

AÑO: Septiembre, 2026

Resumen:

Entre enero y mayo de 2026, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Misión Técnica de ONU Derechos Humanos en Perú coordinaron acciones para monitorear la violencia en el contexto electoral, comprendiendo hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones generales. La información fue sistematizada mediante la plataforma ActivityInfo, utilizando un protocolo de verificación basado en fuentes directas —información recabada por los equipos de monitoreo— y fuentes indirectas verificables, como medios de comunicación, redes sociales y otras fuentes secundarias. Si bien la data que sustenta este informe corresponde a este período, la CNDDHH y la Misión han continuado dando seguimiento y alertando sobre hechos posteriores que dan cuenta de la persistencia de los riesgos identificados durante el proceso electoral. El registro comprendió hechos ocurridos en el territorio nacional y en el espacio digital, incluidos aquellos cuya naturaleza no permitía establecer una ubicación geográfica específica.

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Estudio sobre la situación de las mujeres defensoras indígenas de Puno

Edición: CNDDHH, Manuela Ramos

AÑO: 2026

Resumen:

Este documento nace de la convicción de que no es posible fortalecer la democracia sin garantizar el derecho a defender derechos. Documentar las experiencias de las defensoras, visibilizarlas, comprender las violencias que enfrentan y reconocer las estrategias colectivas que han construido para resistir constituye un paso indispensable para diseñar respuestas estatales eficaces y respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos.

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La solicitud de facultades legislativas delegadas planteada por el gobierno de Keiko Fujimori pretende modificar las leyes de áreas naturales protegidas (ANP) y de reservas indígenas para hacer posible la explotación petrolera, pudiendo abrir las puertas a otras actividades extractivas. Esto revela el desconocimiento de su valor estratégico, de la importancia que tienen en particular para los Pueblos Indígenas y originarios y del deber del Estado de preservarlas.

1.- Las ANP son patrimonio natural del Perú y garantía para la vida

• Las ANP son espacios de alta biodiversidad, fundamentales para nuestra seguridad hídrica, climática y alimentaria.
• Son ecosistemas conservados, en gran parte por los pueblos indígenas u originarios, que absorben grandes cantidades de carbono y regulan el clima.
• Tienen abundante vegetación que posibilita la captación, almacenamiento y provisión de agua. Su desaparición podría agudizar los problemas de escasez y estrés hídrico.
• La diversidad de flora y fauna permite la supervivencia de los ecosistemas, ya que en ella existen especies que cumplen los mismos roles, por lo que, si una desaparece, otra la pueda remplazar, sin ocasionar cambios drásticos.
• Son verdaderas bibliotecas genéticas, que permiten la conservación y renovación de las especies.
• Reducen los impactos de las inundaciones, deslizamientos y otros eventos climáticos extremos.
• Proveen de recursos biológicos esenciales para alimentación, la medicina, la cosmética y otros fines.

2.- La explotación petrolera y los riesgos que no podemos evitar

Algunos piensan que es posible la co-existencia de las ANP, las explotaciones petroleras y otras actividades extractivas, sin graves consecuencias. Sin embargo, las ANP son ecosistemas frágiles que pueden ser fácilmente afectados. Un derrame de petróleo puede contaminar suelos y cuerpos de agua, produciendo daños difíciles, cuando no imposibles, de revertir. 
La construcción de carreteras, pozos, campamentos fragmentan los ecosistemas y los ruidos ahuyentan a los animales. Además, los pueblos indígenas u originarios pierden el control sobre su territorio y suelen sufrir de crisis alimentaria; así como de fenómenos inflacionarios que generan mayor pobreza.

3.- El falso argumento del “sacrificio necesario”

Otros piensan que explotar las ANP es un sacrificio necesario, bajo el argumento de que los yacimientos de gas y petróleo se acabarán en unos años. De esta manera intentan mostrar a las actividades petroleras y gasíferas como algo inevitable, cuando no lo es.
Para no sacrificar nuestras ANP, es urgente planificar un cambio de la matriz energética, es decir cambiar nuestro consumo de energía basado principalmente en hidrocarburos ya que al quemarse emite gases efecto invernadero a la atmósfera, causa principal del calentamiento global que ahora nos agobia. Se necesita de manera urgente una política energética que se ponga metas a corto plazo pata abandonar el uso de hidrocarburos y reemplazarlos por otras energías alternativas, dándoles a éstas uso eficiente y austero, ya que almacenarlas demanda minerales, lo que tiene también un con alto impacto en territorios y poblaciones

4.- La vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial no puede sacrificarse

La solicitud de facultades legislativas delegadas tiene como propósito debilitar la protección de las reservas indígenas para facilitar la actividad petrolera. Este propósito constituye un acto de insensibilidad y crueldad pues las reservas indígenas son espacios de vida de los pueblos en situación de aislamiento y de contacto inicial (PIACI), lugares donde éstos se han refugiado para protegerse de un conjunto de amenazas, dada su alta vulnerabilidad. Quitar o reducir la protección que tienen puede significar su desaparición

Las ANP y las reservas indígenas no son territorios de sacrificio. Son patrimonio del país, espacios de vida y reservas indispensables para nuestro futuro. Por ello, rechazamos cualquier intento de flexibilizar su protección. En ese sentido, exigimos también la revisión de la Ley 28736, en los artículos que debilitan la protección de los PIACI.

5.- Pretender utilizar el silencio administrativo positivo para aprobar instrumentos de gestión ambiental

La solicitud de facultades delegadas del gobierno busca también que acelerar los permisos ambientales para proyectos haciendo que se den por aprobados sin que haya concluido la evaluación del impacto ambiental cuando el trámite demora. Aprobar un EIA de un proyecto sin haber determinado sus impactos y las acciones para mitigarlos es abrir paso a la destrucción y depredación, poniendo en riesgo nuestras condiciones de existencia y en particular, de los pueblos indígenas u originarios

Solicitamos al Congreso que antes de otorgar facultades delegadas, tenga en cuenta que el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, el cual, en su Artículo 2 inciso 1 establece la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada para proteger sus derechos y garantizar su integridad. En este proceso de preparación y aprobación de la propuesta de facultades legislativas, los pueblos indígenas u originarios no están siendo escuchados pese a que las normas que se den, los pueden afectar significativamente.

4 septiembre 2026

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Piura, agosto de 2026. Las voces de distintos territorios del norte del país se reunieron en el encuentro macroregional “Entrelazando voces por la dignidad: por los derechos humanos y el bien común”, que reunió a representantes de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Amazonas, quienes compartieron las problemáticas de sus territorios y construyeron una agenda común.

Entre las principales demandas recogidas en la Declaración Pública del Encuentro Macroregional Norte se encuentran la restitución y titulación de las tierras de comunidades campesinas e indígenas; la protección de las fuentes de agua, cabeceras de cuenca y zonas agrícolas frente a actividades extractivas y economías ilegales; y garantías efectivas para quienes defienden derechos y territorios. También exigieron respuestas frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, medidas de prevención ante el Fenómeno de El Niño y acciones firmes contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, destacó que este último espacio forma parte de un proceso orientado a escuchar las distintas voces del país y reconocer los puntos concordantes entre realidades territoriales diversas. “Si bien cada territorio tiene sus particularidades y sus propias demandas, muchas también son comunes. Lo importante es construir una agenda en común que el papa León XIV pueda hacer pública, pero además nos importa, como organizaciones de derechos humanos, emplazar a las autoridades locales y nacionales”, señaló.

El encuentro contó también con la presencia, en calidad de observadores, de representantes de la Iglesia Católica. Estuvo presente monseñor Luciano Maza, arzobispo de Piura, mientras que monseñor Jorge Izaguirre, arzobispo de Chosica, y monseñor Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo, enviaron mensajes en video para los participantes. También asistió monseñor Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, en el marco del proceso de diálogo promovido ante la próxima visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año.

Al referirse al evento, monseñor Luciano Maza destacó que el bien común es aquello que une a todas las personas y valoró la posibilidad de escuchar distintas voces y perspectivas. “Como arzobispo me alegra que estemos trabajando por la dignidad y el derecho de todas las personas”, señaló, y añadió que la Iglesia busca acompañar este proceso de escucha para contribuir a alcanzar “esa verdad y esa justicia que Dios quiere siempre”. 

“Entrelazando voces por la dignidad” fue el tercero de tres encuentros macroregionales. El primero se realizó en Cusco, los días 13 y 14 de agosto, con representantes de ocho regiones del sur, y el segundo se desarrolló en Iquitos, los días 24 y 25 de agosto, con representantes de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín.

Estos espacios, promovidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Centro de Estudios y Acción Social (CEAS), son parte de un proceso de articulación que continuará en una Cumbre Nacional en Lima, donde se reunirán las voces de las distintas regiones para construir una agenda común por los derechos humanos y el bien común. Los acuerdos de este proceso serán entregados al papa León XIV durante su próxima visita al Perú.

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INFORME DE LA CVR

Hoy, 28 de agosto, se cumplen 23 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Un informe que permitió al país conocer la magnitud de la violencia vivida entre 1980 y 2000 y escuchar, sobre todo, a quienes durante décadas fueron ignorados: las víctimas, sus familiares y los pueblos rurales, campesinos e indígenas que soportaron de manera desproporcionada sus consecuencias.

A 23 años, las heridas siguen abiertas porque muchas de las deudas del Estado permanecen pendientes. Miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos; persisten procesos sin justicia y reparaciones inconclusas; mientras desde el propio Estado se impulsan decisiones y leyes que favorecen la impunidad y debilitan las obligaciones de verdad, justicia y reparación.

En este contexto, rechazamos los recientes ataques y cuestionamientos de autoridades contra el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), así como las afirmaciones que pretenden responsabilizar a los espacios de memoria de “dividir al país”.

La memoria no divide al Perú. Lo que nos divide es la impunidad, el racismo, la desigualdad y la persistente indiferencia frente al dolor de las víctimas. Una democracia no se fortalece ocultando su pasado ni desacreditando a quienes exigen verdad y justicia.

Al Gobierno y a sus ministros, al Congreso de la República y a todas las autoridades del Estado: su responsabilidad no es reescribir la historia ni debilitar los espacios de memoria. Su obligación es garantizar los derechos de las víctimas, proteger el LUM y los lugares de memoria, asegurar la búsqueda de las personas desaparecidas y garantizar justicia y reparación.

El LUM debe permanecer bajo la rectoría del Ministerio de Cultura, preservando su carácter de espacio público, plural y democrático, libre de interferencias políticas que pretendan relativizar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país.

A 23 años del Informe Final de la CVR, reafirmamos que no habrá reconciliación sobre la base del silencio y la impunidad.

Sin verdad no hay justicia. Sin memoria no hay democracia.

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Iquitos, agosto de 2026. Representantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y ambientales, familiares de víctimas y colectivos ciudadanos de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín se reunieron en Iquitos, los días 24 y 25 de agosto, para dialogar sobre los principales desafíos que enfrentan sus territorios y construir acuerdos frente a un contexto de creciente vulneración de derechos.

El encuentro macroregional “Entrelazando voces por la dignidad: por los derechos humanos y el bien común” permitió poner en común las problemáticas que atraviesan los distintos territorios de la Amazonía, entre ellas la tala ilegal y otras actividades ilícitas que amenazan los territorios, los ataques y asesinatos de personas defensoras ambientales e indígenas, así como la vulneración de los derechos de los pueblos originarios y del ambiente.

Defensores fijan posición frente a las amenazas en sus territorios

Como resultado del encuentro, las organizaciones participantes presentaron públicamente una Declaración Pública que recoge sus principales demandas y compromisos frente a las amenazas que enfrentan los pueblos y territorios amazónicos.

Entre sus principales demandas, exigieron protección efectiva para quienes defienden derechos y territorios, frente a la persecución, criminalización y violencia que enfrentan personas defensoras indígenas y ambientales. Plantearon la creación de un Sistema Nacional de Protección y Autoprotección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Territoriales, con presupuesto suficiente, enfoque territorial e intercultural y participación efectiva de los pueblos indígenas.

Asimismo, demandaron garantizar el acceso al agua potable y proteger los ríos y sus cuencas frente a la contaminación, además de la remediación de los derrames petroleros y atención integral en salud para las personas afectadas por metales tóxicos. También exigieron el cumplimiento de la sentencia que reconoce a los ríos y sus afluentes como sujetos de derechos.

A ello se sumó la exigencia de titulación integral y seguridad jurídica de los territorios indígenas, el respeto de la consulta previa, la autonomía y la libre determinación de los pueblos, así como la protección efectiva de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Las organizaciones participantes también expresaron su rechazo y condena por el asesinato del líder indígena asháninka Américo Pascuala Tomisha, defensor de su territorio y de los derechos de los pueblos indígenas, ocurrido este lunes 24 de agosto. Asimismo, exigieron una investigación diligente y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables.

En este contexto, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización que junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) promueve estos encuentros macroregionales, destacó la importancia de que las propuestas y demandas sean construidas desde los propios territorios.

“Los derechos humanos son de todas y todos, no de unos cuantos. Por eso consideramos importante que las voces de quienes defienden sus territorios, sus ríos y sus comunidades puedan ser escuchadas más allá de la Amazonía. Creemos que el papa León XIV, que conoce el Perú y ha mostrado su compromiso con la dignidad humana, puede ser un importante vocero de estas preocupaciones y contribuir a que sean escuchadas por quienes toman decisiones”, señaló.

Asimismo, participó Ruth Luque, senadora de la República, quien acompañó este espacio  con el compromiso de contribuir a que las demandas y propuestas recogidas desde estos territorios sean trasladadas al Congreso de la República.

El encuentro contó también con la participación, en calidad de observadores, de monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos, y monseñor Jordi Bertomeu, oficial del Vaticano. Durante su intervención, monseñor Cadenas advirtió sobre el deterioro de las garantías para los derechos humanos y cuestionó que su vulneración pueda llegar a considerarse normal o necesaria. “Los derechos humanos tienen que ver con la dignidad de la persona y la dignidad de la persona no puede ser negociada”, señaló. Asimismo, alertó sobre los impactos del extractivismo en los territorios y las comunidades: “Estamos en un momento de extractivismo, donde la única mirada es cuánto dinero va a generar una actividad. Y eso lo que está provocando es daño, enfermedad y destrucción del medio ambiente”, afirmó.

En el evento en Iquitos, se difundió el video del Cardenal Pedro Barreto y expresidente de CEAMA, donde explica el caso “Doe Run”, fundición polimetálica en La Oroya desde 1928, en el que por vez primera, una empresa fuera del país reconoce el derecho a la salud de 1373 niños, a quienes les entregarán 150 millones de dólares.

En tanto, la presencia de monseñor Bertomeu se dio en el marco del proceso de diálogo promovido ante la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año. “Entrelazando voces por la dignidad” fue el segundo de tres encuentros macroregionales. El primero se realizó en Cusco, los días 13 y 14 de agosto, y el proceso continuará con un tercer encuentro en Piura este 29 y 30 de agosto.

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