La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), con el apoyo de OACNUDH, presentó este 1 de octubre el informe “Afectaciones a los derechos humanos en el contexto de las Elecciones Generales 2026: hallazgos, alertas y desafíos para la prevención y protección”, que recoge los principales resultados del monitoreo realizado entre enero y mayo de este año, con el acompañamiento de la Misión Técnica de ONU Derechos Humanos en Perú.

El monitoreo registró 139 incidentes en 18 regiones del país y en el espacio digital, que afectaron a autoridades electorales, periodistas y comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y otros actores vinculados al desarrollo de las elecciones.

Entre los principales tipos de ataques registrados se encuentran 43 casos de intimidación, acoso u hostigamiento; 35 de desprestigio y estigmatización; 30 de discurso de odio; 21 de criminalización o judicialización; 18 agresiones físicas y 17 amenazas. También se registraron 14 hechos de discriminación y racismo, 14 casos de acoso político, 9 amenazas de muerte y 8 casos de censura o bloqueo de información. Estas categorías pueden superponerse, por lo que su suma no equivale al total de incidentes registrados.

La presentación contó con la participación de Jesús Peña, representante de la Misión Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Perú; Norma Ortega, presidenta de la Asamblea de la Mancomunidad de la Macro Región Sur de consejeros regionales; Adrián Sarria, representante de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP); Percy Medina, representante de IDEA Internacional; y Luis Bejarano, representante del colectivo Rosa Rabiosa, quienes compartieron sus reflexiones sobre los riesgos y desafíos para la protección y garantía de los derechos humanos durante los procesos electorales.

Por su parte, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, recalcó que “proteger la integridad electoral significa no solamente asegurar que cada voto sea correctamente emitido y contado, sino resguardar el derecho de la ciudadanía a informarse y decidir sin coerción ni desinformación”.

Los hallazgos del informe evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, alerta temprana, protección, atención y acceso a la justicia, especialmente de cara a los próximos procesos electorales regionales.

Lee el informe completo aquí: Afectaciones a los derechos humanos durante las Elecciones Generales 2026

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Hallazgos y alertas para la prevención y protección

Edición: CNDDHH

AÑO: Septiembre, 2026

Resumen:

Entre enero y mayo de 2026, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Misión Técnica de ONU Derechos Humanos en Perú coordinaron acciones para monitorear la violencia en el contexto electoral, comprendiendo hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones generales. La información fue sistematizada mediante la plataforma ActivityInfo, utilizando un protocolo de verificación basado en fuentes directas —información recabada por los equipos de monitoreo— y fuentes indirectas verificables, como medios de comunicación, redes sociales y otras fuentes secundarias. Si bien la data que sustenta este informe corresponde a este período, la CNDDHH y la Misión han continuado dando seguimiento y alertando sobre hechos posteriores que dan cuenta de la persistencia de los riesgos identificados durante el proceso electoral. El registro comprendió hechos ocurridos en el territorio nacional y en el espacio digital, incluidos aquellos cuya naturaleza no permitía establecer una ubicación geográfica específica.

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Estudio sobre la situación de las mujeres defensoras indígenas de Puno

Edición: CNDDHH, Manuela Ramos

AÑO: 2026

Resumen:

Este documento nace de la convicción de que no es posible fortalecer la democracia sin garantizar el derecho a defender derechos. Documentar las experiencias de las defensoras, visibilizarlas, comprender las violencias que enfrentan y reconocer las estrategias colectivas que han construido para resistir constituye un paso indispensable para diseñar respuestas estatales eficaces y respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos.

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La solicitud de facultades legislativas delegadas planteada por el gobierno de Keiko Fujimori pretende modificar las leyes de áreas naturales protegidas (ANP) y de reservas indígenas para hacer posible la explotación petrolera, pudiendo abrir las puertas a otras actividades extractivas. Esto revela el desconocimiento de su valor estratégico, de la importancia que tienen en particular para los Pueblos Indígenas y originarios y del deber del Estado de preservarlas.

1.- Las ANP son patrimonio natural del Perú y garantía para la vida

• Las ANP son espacios de alta biodiversidad, fundamentales para nuestra seguridad hídrica, climática y alimentaria.
• Son ecosistemas conservados, en gran parte por los pueblos indígenas u originarios, que absorben grandes cantidades de carbono y regulan el clima.
• Tienen abundante vegetación que posibilita la captación, almacenamiento y provisión de agua. Su desaparición podría agudizar los problemas de escasez y estrés hídrico.
• La diversidad de flora y fauna permite la supervivencia de los ecosistemas, ya que en ella existen especies que cumplen los mismos roles, por lo que, si una desaparece, otra la pueda remplazar, sin ocasionar cambios drásticos.
• Son verdaderas bibliotecas genéticas, que permiten la conservación y renovación de las especies.
• Reducen los impactos de las inundaciones, deslizamientos y otros eventos climáticos extremos.
• Proveen de recursos biológicos esenciales para alimentación, la medicina, la cosmética y otros fines.

2.- La explotación petrolera y los riesgos que no podemos evitar

Algunos piensan que es posible la co-existencia de las ANP, las explotaciones petroleras y otras actividades extractivas, sin graves consecuencias. Sin embargo, las ANP son ecosistemas frágiles que pueden ser fácilmente afectados. Un derrame de petróleo puede contaminar suelos y cuerpos de agua, produciendo daños difíciles, cuando no imposibles, de revertir. 
La construcción de carreteras, pozos, campamentos fragmentan los ecosistemas y los ruidos ahuyentan a los animales. Además, los pueblos indígenas u originarios pierden el control sobre su territorio y suelen sufrir de crisis alimentaria; así como de fenómenos inflacionarios que generan mayor pobreza.

3.- El falso argumento del “sacrificio necesario”

Otros piensan que explotar las ANP es un sacrificio necesario, bajo el argumento de que los yacimientos de gas y petróleo se acabarán en unos años. De esta manera intentan mostrar a las actividades petroleras y gasíferas como algo inevitable, cuando no lo es.
Para no sacrificar nuestras ANP, es urgente planificar un cambio de la matriz energética, es decir cambiar nuestro consumo de energía basado principalmente en hidrocarburos ya que al quemarse emite gases efecto invernadero a la atmósfera, causa principal del calentamiento global que ahora nos agobia. Se necesita de manera urgente una política energética que se ponga metas a corto plazo pata abandonar el uso de hidrocarburos y reemplazarlos por otras energías alternativas, dándoles a éstas uso eficiente y austero, ya que almacenarlas demanda minerales, lo que tiene también un con alto impacto en territorios y poblaciones

4.- La vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial no puede sacrificarse

La solicitud de facultades legislativas delegadas tiene como propósito debilitar la protección de las reservas indígenas para facilitar la actividad petrolera. Este propósito constituye un acto de insensibilidad y crueldad pues las reservas indígenas son espacios de vida de los pueblos en situación de aislamiento y de contacto inicial (PIACI), lugares donde éstos se han refugiado para protegerse de un conjunto de amenazas, dada su alta vulnerabilidad. Quitar o reducir la protección que tienen puede significar su desaparición

Las ANP y las reservas indígenas no son territorios de sacrificio. Son patrimonio del país, espacios de vida y reservas indispensables para nuestro futuro. Por ello, rechazamos cualquier intento de flexibilizar su protección. En ese sentido, exigimos también la revisión de la Ley 28736, en los artículos que debilitan la protección de los PIACI.

5.- Pretender utilizar el silencio administrativo positivo para aprobar instrumentos de gestión ambiental

La solicitud de facultades delegadas del gobierno busca también que acelerar los permisos ambientales para proyectos haciendo que se den por aprobados sin que haya concluido la evaluación del impacto ambiental cuando el trámite demora. Aprobar un EIA de un proyecto sin haber determinado sus impactos y las acciones para mitigarlos es abrir paso a la destrucción y depredación, poniendo en riesgo nuestras condiciones de existencia y en particular, de los pueblos indígenas u originarios

Solicitamos al Congreso que antes de otorgar facultades delegadas, tenga en cuenta que el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, el cual, en su Artículo 2 inciso 1 establece la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada para proteger sus derechos y garantizar su integridad. En este proceso de preparación y aprobación de la propuesta de facultades legislativas, los pueblos indígenas u originarios no están siendo escuchados pese a que las normas que se den, los pueden afectar significativamente.

4 septiembre 2026

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Piura, agosto de 2026. Las voces de distintos territorios del norte del país se reunieron en el encuentro macroregional “Entrelazando voces por la dignidad: por los derechos humanos y el bien común”, que reunió a representantes de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca y Amazonas, quienes compartieron las problemáticas de sus territorios y construyeron una agenda común.

Entre las principales demandas recogidas en la Declaración Pública del Encuentro Macroregional Norte se encuentran la restitución y titulación de las tierras de comunidades campesinas e indígenas; la protección de las fuentes de agua, cabeceras de cuenca y zonas agrícolas frente a actividades extractivas y economías ilegales; y garantías efectivas para quienes defienden derechos y territorios. También exigieron respuestas frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, medidas de prevención ante el Fenómeno de El Niño y acciones firmes contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, destacó que este último espacio forma parte de un proceso orientado a escuchar las distintas voces del país y reconocer los puntos concordantes entre realidades territoriales diversas. “Si bien cada territorio tiene sus particularidades y sus propias demandas, muchas también son comunes. Lo importante es construir una agenda en común que el papa León XIV pueda hacer pública, pero además nos importa, como organizaciones de derechos humanos, emplazar a las autoridades locales y nacionales”, señaló.

El encuentro contó también con la presencia, en calidad de observadores, de representantes de la Iglesia Católica. Estuvo presente monseñor Luciano Maza, arzobispo de Piura, mientras que monseñor Jorge Izaguirre, arzobispo de Chosica, y monseñor Alfredo Vizcarra, arzobispo de Trujillo, enviaron mensajes en video para los participantes. También asistió monseñor Jordi Bertomeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, en el marco del proceso de diálogo promovido ante la próxima visita del papa León XIV al Perú en noviembre de este año.

Al referirse al evento, monseñor Luciano Maza destacó que el bien común es aquello que une a todas las personas y valoró la posibilidad de escuchar distintas voces y perspectivas. “Como arzobispo me alegra que estemos trabajando por la dignidad y el derecho de todas las personas”, señaló, y añadió que la Iglesia busca acompañar este proceso de escucha para contribuir a alcanzar “esa verdad y esa justicia que Dios quiere siempre”. 

“Entrelazando voces por la dignidad” fue el tercero de tres encuentros macroregionales. El primero se realizó en Cusco, los días 13 y 14 de agosto, con representantes de ocho regiones del sur, y el segundo se desarrolló en Iquitos, los días 24 y 25 de agosto, con representantes de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín.

Estos espacios, promovidos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Centro de Estudios y Acción Social (CEAS), son parte de un proceso de articulación que continuará en una Cumbre Nacional en Lima, donde se reunirán las voces de las distintas regiones para construir una agenda común por los derechos humanos y el bien común. Los acuerdos de este proceso serán entregados al papa León XIV durante su próxima visita al Perú.

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INFORME DE LA CVR

Hoy, 28 de agosto, se cumplen 23 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Un informe que permitió al país conocer la magnitud de la violencia vivida entre 1980 y 2000 y escuchar, sobre todo, a quienes durante décadas fueron ignorados: las víctimas, sus familiares y los pueblos rurales, campesinos e indígenas que soportaron de manera desproporcionada sus consecuencias.

A 23 años, las heridas siguen abiertas porque muchas de las deudas del Estado permanecen pendientes. Miles de familias continúan buscando a sus desaparecidos; persisten procesos sin justicia y reparaciones inconclusas; mientras desde el propio Estado se impulsan decisiones y leyes que favorecen la impunidad y debilitan las obligaciones de verdad, justicia y reparación.

En este contexto, rechazamos los recientes ataques y cuestionamientos de autoridades contra el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), así como las afirmaciones que pretenden responsabilizar a los espacios de memoria de “dividir al país”.

La memoria no divide al Perú. Lo que nos divide es la impunidad, el racismo, la desigualdad y la persistente indiferencia frente al dolor de las víctimas. Una democracia no se fortalece ocultando su pasado ni desacreditando a quienes exigen verdad y justicia.

Al Gobierno y a sus ministros, al Congreso de la República y a todas las autoridades del Estado: su responsabilidad no es reescribir la historia ni debilitar los espacios de memoria. Su obligación es garantizar los derechos de las víctimas, proteger el LUM y los lugares de memoria, asegurar la búsqueda de las personas desaparecidas y garantizar justicia y reparación.

El LUM debe permanecer bajo la rectoría del Ministerio de Cultura, preservando su carácter de espacio público, plural y democrático, libre de interferencias políticas que pretendan relativizar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país.

A 23 años del Informe Final de la CVR, reafirmamos que no habrá reconciliación sobre la base del silencio y la impunidad.

Sin verdad no hay justicia. Sin memoria no hay democracia.

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Iquitos, agosto de 2026. Representantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y ambientales, familiares de víctimas y colectivos ciudadanos de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín se reunieron en Iquitos, los días 24 y 25 de agosto, para dialogar sobre los principales desafíos que enfrentan sus territorios y construir acuerdos frente a un contexto de creciente vulneración de derechos.

El encuentro macroregional “Entrelazando voces por la dignidad: por los derechos humanos y el bien común” permitió poner en común las problemáticas que atraviesan los distintos territorios de la Amazonía, entre ellas la tala ilegal y otras actividades ilícitas que amenazan los territorios, los ataques y asesinatos de personas defensoras ambientales e indígenas, así como la vulneración de los derechos de los pueblos originarios y del ambiente.

Defensores fijan posición frente a las amenazas en sus territorios

Como resultado del encuentro, las organizaciones participantes presentaron públicamente una Declaración Pública que recoge sus principales demandas y compromisos frente a las amenazas que enfrentan los pueblos y territorios amazónicos.

Entre sus principales demandas, exigieron protección efectiva para quienes defienden derechos y territorios, frente a la persecución, criminalización y violencia que enfrentan personas defensoras indígenas y ambientales. Plantearon la creación de un Sistema Nacional de Protección y Autoprotección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Territoriales, con presupuesto suficiente, enfoque territorial e intercultural y participación efectiva de los pueblos indígenas.

Asimismo, demandaron garantizar el acceso al agua potable y proteger los ríos y sus cuencas frente a la contaminación, además de la remediación de los derrames petroleros y atención integral en salud para las personas afectadas por metales tóxicos. También exigieron el cumplimiento de la sentencia que reconoce a los ríos y sus afluentes como sujetos de derechos.

A ello se sumó la exigencia de titulación integral y seguridad jurídica de los territorios indígenas, el respeto de la consulta previa, la autonomía y la libre determinación de los pueblos, así como la protección efectiva de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Las organizaciones participantes también expresaron su rechazo y condena por el asesinato del líder indígena asháninka Américo Pascuala Tomisha, defensor de su territorio y de los derechos de los pueblos indígenas, ocurrido este lunes 24 de agosto. Asimismo, exigieron una investigación diligente y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables.

En este contexto, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización que junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) promueve estos encuentros macroregionales, destacó la importancia de que las propuestas y demandas sean construidas desde los propios territorios.

“Los derechos humanos son de todas y todos, no de unos cuantos. Por eso consideramos importante que las voces de quienes defienden sus territorios, sus ríos y sus comunidades puedan ser escuchadas más allá de la Amazonía. Creemos que el papa León XIV, que conoce el Perú y ha mostrado su compromiso con la dignidad humana, puede ser un importante vocero de estas preocupaciones y contribuir a que sean escuchadas por quienes toman decisiones”, señaló.

Asimismo, participó Ruth Luque, senadora de la República, quien acompañó este espacio  con el compromiso de contribuir a que las demandas y propuestas recogidas desde estos territorios sean trasladadas al Congreso de la República.

El encuentro contó también con la participación, en calidad de observadores, de monseñor Miguel Ángel Cadenas, obispo de Iquitos, y monseñor Jordi Bertomeu, oficial del Vaticano. Durante su intervención, monseñor Cadenas advirtió sobre el deterioro de las garantías para los derechos humanos y cuestionó que su vulneración pueda llegar a considerarse normal o necesaria. “Los derechos humanos tienen que ver con la dignidad de la persona y la dignidad de la persona no puede ser negociada”, señaló. Asimismo, alertó sobre los impactos del extractivismo en los territorios y las comunidades: “Estamos en un momento de extractivismo, donde la única mirada es cuánto dinero va a generar una actividad. Y eso lo que está provocando es daño, enfermedad y destrucción del medio ambiente”, afirmó.

En el evento en Iquitos, se difundió el video del Cardenal Pedro Barreto y expresidente de CEAMA, donde explica el caso “Doe Run”, fundición polimetálica en La Oroya desde 1928, en el que por vez primera, una empresa fuera del país reconoce el derecho a la salud de 1373 niños, a quienes les entregarán 150 millones de dólares.

En tanto, la presencia de monseñor Bertomeu se dio en el marco del proceso de diálogo promovido ante la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año. “Entrelazando voces por la dignidad” fue el segundo de tres encuentros macroregionales. El primero se realizó en Cusco, los días 13 y 14 de agosto, y el proceso continuará con un tercer encuentro en Piura este 29 y 30 de agosto.

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Por Instituto de Defensa Legal (IDL)

El contenido de la propuesta

El congresista Bravo argumenta en los fundamentos del proyecto de ley que “En el Perú se comienza a evidenciar una nueva modalidad de generación de riesgo en torno a la seguridad pública y los bienes jurídicos fundamentales protegidos por la Constitución Política…”, y que esos riesgos se manifiestan “…a través de la difusión de mensajes, discursos o expresiones públicas que promueven, justifiquen o legitimen la práctica del uso de medios violentos como artefactos explosivos, sustancias peligrosas u otros que generen escenarios de violencia propiamente dicha”[1]. Por esa razón ha lanzado un proyecto de ley en el que se pretende sancionar lo siguiente:

“Artículo 316-B. Apología al delito agravado.

El que, mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión, promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime el empleo de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas o cualquier otro medio idóneo que pueda afectar la vida, integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio de las personas o del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, siempre que dicha conducta genere un riesgo en tiempos de crisis política y/o conflicto social”.

¿Qué es lo que pretende sancionar?

De la lectura de la propuesta legislativa resulta harto complicado identificar cuál es el hecho o la conducta que pretende sancionar, ya que si bien postula la creación de un nuevo delito la propuesta está desconectada de la naturaleza misma de lo que es posible comprender como delito de apología.

La apología es caracterizada y reconocida como un acto de alabanza, enaltecimiento o ensalzamiento de un acto delictivo específico ya sentenciado o de la persona que lo ha cometido y que ha sido condenado por el Poder Judicial. Los artículos 316°[2] y 316°[3]– A del código penal son un claro ejemplo de esto. En ambos casos la ley persigue la exaltación y el enaltecimiento de un hecho delictivo o de persona condenada.

En la propuesta se pretende crear el delito de apología a lo que denomina como delito agravado, pero debemos señalar que en nuestra legislación no existe un tipo penal específico bajo la denominación de “delito agravado”. Este asunto pone en evidencia la existencia de serias deficiencias técnicas, porque si la apología es el acto de ensalzamiento de un delito concreto en este caso el proyecto propone la represión de la apología de un delito que no existe en la ley penal.

El proyecto pareciera ser una copia mal escrita del artículo 316° del código penal en el que se sanciona la apología como “El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe…”

Además, la propuesta legislativa tiene otro problema técnico referido a los verbos rectores del nuevo delito. Si bien el título del proyecto nos dice que pretende castigar un nuevo delito de apología, en el contenido de la redacción encontramos algunos verbos que nos indican una acción de instigación y no de apología. Nos referimos a que se pretende sancionar a quien “promueva”, “solicite”; “aliente”. Esos no son los verbos típicos de una acción de apología.

La existencia de un proyecto de ley con muy serias deficiencias técnicas en cuanto a su redacción, de aprobarse tendría graves consecuencias al momento de la aplicación a situaciones concretas.

¿A quién pretende perseguir y sancionar?

Los términos de la redacción y el contenido del proyecto nos señalan que su autor pretende perseguir a los periodistas y medios de comunicación. Esto es evidente cuando el texto del proyecto señala lo siguiente, “El que, mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión…”

Lo que persigue el proyecto es la acción de información de algo, no el acto de alabanza.

Es la acción de información que el proyecto pretende calificar -muy deficientemente- como apología y que está referida a una difusión, promoción aliento o justificación del empleo “…de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas o cualquier otro medio idóneo que pueda afectar la vida, ala integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio de las personas o del Estado, será reprimido (…) siempre que dicha conducta genere un riesgo en tiempos de crisis política y/o conflictos sociales”.

Según el proyecto basta que alguien difunda o señale el empleo de artefactos explosivos o incendiarios para que ya esté inmerso en la comisión de este delito. La materialización del delito se dará si esa acción se desarrolla en tiempos de crisis política o en conflictos sociales.

Siendo esto así el proyecto apunta claramente a perseguir a quienes a través de algún medio de comunicación o plataforma digital propalen información que tenga un impacto en un determinado contexto de crisis política. Así, el proyecto incorpora un elemento de carácter político y, por lo tanto, subjetivo, para la acreditación de este nuevo delito. Con lo cual pareciera revelar que el verdadero objetivo de esta propuesta es perseguir a los medios de comunicación y/o periodistas que puedan resultar incómodos al poder o que disientan de las posiciones políticas del autor del proyecto.

En ese sentido no parece ser un asunto menor que en el video que el autor del proyecto ha propalado en su cuenta de X no solo utiliza la imagen y frases descontextualizadas de las periodistas Rosa María Palacios y Claudia Cisneros, como ejemplo de lo que prende sancionar, sino que también señala que el objetivo va contra aquellos que abusan “…de su capacidad de influencia pública…”[4].

Entonces, el objetivo de la represión son periodistas, comunicadores e influencers.

El proyecto crea una agravante para todos los delitos.

Otro de los asuntos sobre los que se ha preocupado el autor del proyecto es en la creación de una agravante general para todos los delitos, no solamente para el nuevo delito de apología que postula crear.

El proyecto nos presenta la siguiente agravante:

(o) Cuando lo realiza mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión, o si el agente es funcionario público, servidor público, representante, líder y/o dirigente político, social y/o gremial, líder de opinión, comunicador, creador de contenido digital, influencer o persona con capacidad de convocatoria pública, la pena que le corresponde será dentro del tercio superior del marco penal previsto para el autor.”

Como podemos observar la redacción tiene los mismos problemas de técnica legislativa que el texto del nuevo delito de apología del delito agravado que propone crear.

El artículo 46° del código penal considera 14 agravantes generales para todos los delitos y el artículo 46 – A ha considerado circunstancias de agravación por la condición del sujeto activo, en especial el aprovechamiento de la condición de miembro de las fuerzas armadas y de la policía nacional.

En este caso el proyecto ratifica el objetivo de colocar a los medios de comunicación como un instrumento de la comisión de cualquier delito. Si bien en este caso el proyecto hace una referencia expresa a quien es funcionario, líder político, o líder de opinión, también incorpora como agravante el ser comunicador, creador de contenido o influencer o persona con capacidad de convocatoria pública y utilizar medios de comunicación.

De nuevo la condición de periodista se convierte en una circunstancia en un elemento de agravamiento de la comisión de delitos que involucren la utilización de medios de comunicación.

Además, es evidente que la propuesta apunta a que en todos los casos en los que eventualmente se sancione este delito el juzgador aplique una pena efectiva, ya que la pena que propone para este delito es pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, pero en la nueva circunstancia agravante señala que la pena que se debe imponer debe ser ubicada en el tercio superior del rango legalmente establecido. Eso quiere decir que siempre será superior a los 5 años de pena privativa de la libertad y, por lo tanto, con ese rango de pena solo corresponde pena efectiva.

El proyecto es un atentado contra la libertad de expresión

En la Exposición de Motivos del proyecto, en el texto del propio articulado y en las comunicaciones oficiales del congresista Bravo se presenta como objetivo de la represión penal la difusión de mensajes. Lo que busca es sancionar el traslado de una determinada información a la opinión pública, que para el autor asume la condición de delictiva en los momentos de crisis política y de conflictos sociales. Sin decirlo, el proyecto tiene como base el control de la información como esquema de la paz social.

Ello termina por configurar una amenaza sobre la libertad de expresión y de información en una sociedad democrática.

El proyecto convierte la labor de comunicación o información de los medios y de los periodistas en la base de la acción delictiva que propone reprimir hasta con pena privativa de libertad efectiva.

Así, el proyecto se presenta como un evidente obstáculo para la libertad de expresión e información y, por ello, termina constituyendo en un atentado contra las disposiciones del artículo 2, inciso 2, numeral 4 de la Constitución Política, en el que se reconoce que todas las personas tienen derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social…” Como también contra el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el que se consagra que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión…”

Si bien es cierto que las libertades de información y de opinión no son absolutas y cabe establecer restricciones, cuando estas pueden afectar otros derechos fundamentales, ello no puede convertirlas en un instrumento o medio para criminalizar su ejercicio.

Instituto de Defensa Legal

21 de agosto, 2026

[1] Ver Exposición de Motivos del Proyecto de la Proposición Legislativa que penaliza la apología al delito durante situaciones de crisis política

[2] Artículo 316.- El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años.

Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace de delito previsto en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 325 al 333, 346 al 350 o de los delitos de lavado de activos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro años ni mayor de seis años, doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

[3] Artículo 316-A.- Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, trescientos días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal.

[4] https://x.com/abravoq/status/2089870380873777314?s=46&t=Hbk4axlEaZOsOZWmwRPtDQ

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Durante los días 13 y 14 de agosto, representantes de organizaciones sociales, colectivos, personas defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y otros actores de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho se reunieron en Cusco en el marco del Encuentro Macroregional Sur “Entrelazando voces por la dignidad”, impulsado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF).

El encuentro contó también con la participación de representantes de la Iglesia Católica, quienes se sumaron a este espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que enfrentan los territorios y quienes defienden derechos, en el marco del camino hacia la próxima visita del papa León XIV al Perú.

Como resultado de este encuentro, las organizaciones participantes construyeron una Declaración Pública que recoge sus principales demandas, acuerdos y compromisos por la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la democracia, la memoria y el bien común.

Lee a continuación la Declaración Pública del Encuentro Macroregional Sur.

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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, que buscan desacreditar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y deslegitimar la memoria y la dignidad de las víctimas, así como estigmatizar a quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta.

El LUM y el trabajo de la CVR no promueven un “falso relato” ni exculpan a organización política alguna. La memoria democrática exige reconocer, sin ambigüedades, la responsabilidad principal de Sendero Luminoso y el MRTA en la violencia, así como las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Reconocer todas las responsabilidades no significa equipararlas ni justificar ninguna violencia; significa respetar la verdad, la dignidad de las víctimas y las obligaciones del Estado en materia de justicia, reparación y garantías de no repetición.

La CNDDHH demanda al ministro Álvarez Miranda aclarar y rectificar públicamente sus afirmaciones y garantizar que cualquier decisión sobre el LUM preserve su carácter plural, su autonomía técnica y la centralidad de las víctimas y sus familiares. La democracia se fortalece con verdad, memoria, justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Ver carta al ministro de Justicia

Lima, 19 de agosto 2026

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