En la carta precisamos lo siguiente:

1. El Dr. Mariátegui se acoge a los beneficios del DL 20530, previos a las leyes que restringían el acceso a esta norma (Ley 28389, año 2004, restrictiva del DL 20530).

2. Que de acuerdo al Régimen Laboral y de Seguridad Social del Reglamento del Congreso, (artículo 21). “Los congresistas son funcionarios públicos al servicio de la Nación. No están comprendidos en la carrera administrativa, salvo en las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 276, en lo que les fuera aplicable. No pueden ejercer los derechos de sindicación y huelga. Tienen derecho a la seguridad social en materia de salud y pensiones. El periodo ejercido será considerado para el cómputo de servicios prestados al Estado conforme a los Decretos Leyes 20530, 19990, 19846 y 21021, según el régimen al que pertenezca, y en base al derecho pensionario que tenía al ingresar al Congreso.

3. Señala que el artículo 21 no está derogado por la Ley 28389 ni tampoco transgrede la Constitución en vigencia. Si así lo fuera, el Congreso se hubiera pronunciado en contra de los siete congresistas: Mercedes Cabanillas, Eduardo Espinoza, Gloria Ramos, Víctor Mayorga, Edgar Reymundo, Antonio León Zapata y Alejandro Rebaza, quienes han recibido el trato que por ley se señala. El Dr. Mariátegui tiene el mismo caso de los cuatro últimos congresistas que, siendo pensionistas por el DL 20530, fueron electos en el 2006 y luego se les  descontó 60 meses para el fondo de pensiones.

4. Es claro que se ha transgredido el principio de igualdad ante la Ley, previsto en el inciso 2, del artículo 2 de la Constitución. De igual manera señalamos se debe considerar el  primer párrafo del art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”.

De este mismo parecer se ha pronunciado el Colegio de Abogados de Lima, por lo que nos sumamos al pedido de actuar conforme a Ley.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

Vea la carta en este enlace.

Mariátegui Malarín, es un reconocido internacionalista, docente de derecho y política internacional, con una trayectoria de más de 15 años en países de Europa y el Asia, es autor de diversos libros, ensayos y artículos de su especialidad, conferencista en universidades de América latina, Europa, Asia y África.

Es además, ex alumno de la primera Universidad Republicana del país, con doctorado en Derecho en la Universidad de Lyon, Francia y en Ciencia Política en la Universidad de Leige, Bélgica; es profesor honorario en varias universidades peruanas, así como, en Cracovia y Rumanía. Actualmente es uno de nuestros representantes en el Parlamento Andino.

Nacido en la ciudad de Lima en junio de 1938, es socio vitalicio de la Sociedad Fundadores de la Independencia y ha sido presidente del Centro Latinoamericano de Estudios sobre el No Alineamiento y África (Clenala) y de la Asociación Americana de Juristas.

Fuente.

Nota de prensa

Consulta popular será respetada en Piura, asegura presidente regional Javier Atkins

Más de 2 mil ronderos  de Ayabaca, Huancabamba y Tambogrande se movilizaron en Piura

Más de 2 mil ronderos y comuneros de Ayabaca, Huancabamba, Tambogrande, Suyo y Las Lomas, marcharon pacíficamente esta mañana por la calles de Piura, en contra de los proyectos mineros contaminantes que se pretenden establecer en la región, así como en contra de la minería informal. La marcha denominada Movilización Pacífica en Defensa del Agua y la Seguridad Alimentaria, promovida por el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, concluyó con una reunión en la sede del Gobierno Regional de Piura, donde el presidente Javier Atkins se comprometió en respetar la decisión de los pueblos con respecto a los proyectos mineros.

Se debe recordar que el año 2002 en Tambogrande y el 2007 en Ayabaca y Huancabamba, el 98% y el 95% de la población respectivamente, se pronunciaron por el respeto a su modelo de desarrollo sostenible agrícola, agroindustrial, agroexportador, ganadero y turístico, rechazando actividades riesgosas para dicho modelo como la minería.

Portando pancartas, hombres y mujeres con látigo en mano, recorrieron las diversas vías de la ciudad, para hacer recordar a las autoridades regionales y nacionales “las promesas y compromisos de la campaña electoral, sobre todo los de garantizar el respeto a la vida, la salud, la voluntad de  los pueblos y los derechos individuales y colectivos de la población, así como a la preservación y protección del medio ambiente”.

Al mediodía llegaron hasta la sede del Gobierno Regional, donde una delegación esperó tener una reunión con el presidente regional Javier Atkins, quien los recibió después de la 1:00 p.m.

La reunión se prolongó hasta cerca de las 3:00 p.m. cuando los integrantes de la delegación, entre ellos Magdiel Carrión, Presidente de la Comunidad Campesina de Yanta en Ayabaca; Wilson Ramiro Ibañez Ibañez, Alcalde Provincial de Huancabamba y otros representantes, salieron acompañados del Presidente Regional de Piura Javier Atkins, con quien antes suscribieron un acta de compromiso, para informar a la multitud que esperaba en las afueras de la sede del Gobierno Regional.

Respetar decisión de los pueblos

Luego de la reunión, donde quedó establecido conformar una Mesa Técnica para trabajar el tema minero; el presidente regional, Javier Atkins se pronunció ratificando el compromiso de su anterior campaña electoral.

“Quiero decirles y ratificar el compromiso que nosotros hicimos el año 2010. El compromiso de respetar el medio ambiente, de respetar la decisión de los pueblos. Si el pueblo quiere minería habrá minería, y si el pueblo no lo quiere, pues no lo habrá. Pero también queremos trabajar en forma conjunta contra la minería informal”

La movilización en Piura fue promovida luego de las recientes acciones de los Gobiernos Central y Regional que han venido “privilegiando y promocionando inversiones y actividades extractivas que afectarían gravemente la preservación, protección y manejo sostenible de los páramos, bosques de neblina, humedales y la zona marina costera de nuestra región”.

El Gobierno Central ha incluido el proyecto Rio Blanco, que es un primer tajo abierto de cinco que se realizarían en todo un distrito minero proyectado por la empresa china Rio Blanco Copper S.A., dentro de una lista de proyectos mineros priorizados, respecto de los que no se aplicaría la consulta previa.

Piura, 16 de mayo del 2013

FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ

Municipalidad Provincial de Huancabamba – Piura

Municipalidad Provincial de Ayabaca – Piura

Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio – Cajamarca

Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera – Huancabamba, Piura

Municipalidad Distrital de Pacaipampa – Ayabaca, Piura

Municipalidad Distrital de Tambogrande – Piura

Comunidad Campesina de Segunda y Cajas – Huancabamba

Comunidad Campesina de Yanta – Ayabaca

Comunidad Campesina de Santa Rosa – Pacaipampa

Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca – FEPROCCA

Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba

Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy

Rondas Campesinas del Distrito de El Carmen de la Frontera

Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba

Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tambogrande

Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca

Jóvenes Organizados en Defensa de la Ecología Regional – Ayabaca

Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande

Editado por la “Campaña Pro Libertad de los Presos del Baguazo”, la elaboración del boletín ha sido posible gracias al trabajo de las parroquias de Chiriaco y de Bagua capital en el departamento de Amazonas, así como de las comunidades indígenas de Epémimu y Nazaret ubicados en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua.

También se sumaron a este esfuerzo Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Servicios en Comunicación Intercultural Servindi.

“¿POR QUÉ APRESARON SÓLO A DANNY, FELICIANO Y ASTERIO?

La pregunta es legítima porque actualmente existen más de un centenar de procesados por los mismos hechos del “Baguazo” pero viven en sus domicilios propios en la selva en condición de libertad con comparecencia restringida. ¿Por qué se ha negado a sólo estos tres indígenas esa libertad condicional?.

La pregunta es de todos porque se la hacen no sólo los tres presos, sus familiares o el pueblo indígena, sino cualquiera que, con un elemental sentido de la igualdad ante la ley rechaza la arbitrariedad y la discriminación en su aplicación”.

Descargue el boletín: http://bit.ly/ZxKbgL

Con los intentos de justicia llegan también las amenazas, lo sabemos. Pero están fuera de la historia. El marco es hoy de los vencidos que no han sido derrotados. También sabemos que el valor militar sólo se queda en las trincheras del poder. El valor de verdad es el de las víctimas y testigos que se atreven a hablar una y otra vez, a pesar de que la palabra viene con su peligro. El valor militar no llega al reconocimiento. De repente se olvidan las cosas, no estuve allí, yo no supe, eran otros. Todos los represores padecen de un tipo de Alzheimer selectivo para no mirarse en el espejo. Este juicio, en cambio, es un gran espejo. En él no queda otro remedio que mirarse y si el ex general también niega sus sentidos, incluso el primero de todos, ese que llamamos de humanidad, el sentido esta vez es para todos. Para la sociedad guatemalteca y planetaria. Para las múltiples responsabilidades del terror que llegan hasta el de hoy en día. Porque la justicia no mira hacia el pasado, es también un ingrediente para cambiar el poder en nuestros días. El derecho se retuerce todo lo que se puede, recurso tras recurso, triquiñuela tras triquiñuela. Aún queda camino, pero esta noche celebramos y llamamos a los ancestros, a nuestros muertos y desaparecidos. A esos que empujaron a las mujeres indígenas a sacarlo de Rabinal cuando el ex general se presentó en su pueblo a dar un mitin, aquel día del entierro de sus muertos rescatados del desprecio. Las heridas se curan con el bálsamo del respeto. Y eso es también este trocito gigantesco de justicia. Gracias a todos y todas, por hacerlo posible.

Carlos Martín Beristain es médico y doctor en Psicología. Fue objetor de conciencia al servicio militar en 1977. Trabaja desde 1989 con víctimas de la guerra y organizaciones de derechos humanos de numerosos países: El Salvador, Guatemala, Colombia o México. Ha sido coordinador del informe Guatemala nunca más y ha asesorado varias comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y Ecuador. Ha trabajado como asesor de la Corte Penal Internacional en varios países de África. Es autor, entre otros, de Reconstruir el tejido social (Barcelona, Icaria, 2004) y Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos (Bilbao, Hegoa, 2010), y coautor de Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Experiencias internacionales y el desafío vasco (Madrid, Fundamentos, 2000).

Concurso Nacional de Investigadores: Políticas en Justicia Transicional.

Información y bases: http://goo.gl/Zs1r8

Concurso de Diseño de Logotipo.

Información y bases: http://goo.gl/721Cg

RONDEROS DE CORTEGANA DENUNCIAN ABUSOS DE EMPRESA AC ENERGÍA S.A

Ronderos del distrito cajamarquino de Cortegana denunciaron abusos por parte de la empresa AC Energía SA, por malas prácticas en la realización del tercer y último taller informativo sobre el proyecto hidroenergético Chadín 2 ocurrido el día martes 30 de abril.

Según indicaron ronderos de la zona, la empresa AC Energía SA realizó el taller con pobladores de otros distritos de la provincia de Celendín los cuales fueron trasladados en camionetas y combis pagadas por la empresa. “Han pagado 20 soles por asistir al evento, incluso algunos promotores de programas sociales han llevado gente con la amenaza de sacarlos de la lista de beneficiarios” señaló uno de los dirigentes.

Actualmente, la empresa AC. Energía SA (de propiedad de la constructora Odebrecht) tiene la concesión temporal del proyecto Chadín 2, que se encuentra en la etapa de Estudio de Factibilidad, para lo cual necesita verificar los detalles técnicos, económicos y ambientales además de cumplir con el proceso informativo a las comunidades que serán afectadas con la construcción de este megaproyecto.

De acuerdo a las denuncias recogidas, el evento realizado en un local de la Municipalidad Distrital de Cortegana, inició a las 9:00 horas, con la presencia de un fuerte contingente policial de aproximadamente 40 efectivos armados, quienes desde el inicio se encargaron de “mantener el orden” entre los asistentes e impidieron el ingreso de los dirigentes ronderos, entre ellos Walter Castañeda,  de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.

Asimismo, según detalló Milton Sánchez, dirigente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), la policía evitó el ingreso de los pobladores de la zona, quienes al verse impedidos de participar en el evento empezaron a protestar exigiendo el ingreso de sus dirigentes al taller y la colocación de parlantes en la zona externa del local para poder escuchar la información que brindaba la empresa.  “Se formó un cordón policial afuera del local donde se desarrollaba el taller para evitar nuestro ingreso. En determinado momento la policía se dispuso a reprimir a la población, pero con la llegada de un fiscal de la zona, se procedió a firmar un acta en la que se acordó permitir sólo el ingreso de algunos  dirigentes”, indicó. Sánchez.

El taller se llevó a cabo con la presencia de 7 representantes de la empresa, un representante del Ministerio de Energía y Minas y un regidor de la Municipalidad de Cortegana, además de 130 participantes de los cuales, según las denuncias, el 70% no pertenecían al distrito. Afuera del local quedaron grupos de pobladores de Cortegana y dirigentes ronderos.

“El evento sólo ha servido para que la empresa informe sobre los beneficios  que según ellos traería Chadín 2. No nos han dicho cuales podrían ser los efectos negativos ni han podido responder en dónde se reubicarían las comunidades afectadas. Al finalizar el taller los organizadores han querido que firmemos el acta de asistencia a la fuerza. Nos encerrarnos con candado para que no salgamos sin firmar”, denunció un poblador de Cortegana.

Finalmente, Milton Sánchez indicó que lo sucedido “es un claro ejemplo de cómo no se deben hacer los procesos de consulta sobre los megaproyectos. La empresa está manipulando este proceso informativo y no está respetando al pueblo de Cortegana”.

Chadín 2 es un megaproyecto hidroenergético, que se desarrollaría entre las regiones de Cajamarca   y Amazonas con un potencial de 600 MW y un costo total de 819 millones de dólares.

Área de Integración Solidaria
Forum Solidaridad Perú

Desde el día Viernes 3 de mayo se ha instalado el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Desplazadas Emprendedoras y Feria de Productos. Este evento y la Feria, ha sido organizando conjuntamente por la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Congreso de la República.

Durante la inauguración, destacó la intervención de Rufina Rivera, dirigenta de amplia trayectoria, quien señaló: “Nosotras somos mujeres que estamos demostrando capacidades, que podemos salir adelante y tener un ingreso económico. Es por eso que estamos en esta feria, participando en este evento juntamente con estas instituciones”.

Este evento reúne a 40 mujeres desplazadas de diversos lugares del país (16 de Lima, y 24 de regiones como Ayacucho, Junín, Huancavelica, entre otras), y les permite mostrar sus productos y comercializarlos. La feria se está realizando en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, y culminará el lunes 13 de mayo.

Balance del Tribunal Constitucional (TC) saliente:

Sentencias cuestionables y elevado número de improcedencias

En momentos en que se discute la necesidad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a propósito de la renuncia del magistrado Ricardo Beaumont, consideramos oportuno y necesario desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), hacer un balance crítico de la gestión de los magistrados que salen, a efectos de tomarles cuentas por el trabajo realizado, con la finalidad que los errores y excesos  no vuelvan a cometerse y que estos asuman su responsabilidad, toda vez que el Congreso -en tanto titular de la representación nacional- los eligió a nombre de todos los peruanos.

Balance cuantitativo: ¿Tenemos un TC de protección de derechos fundamentales o un TC de improcedencias?

Según el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, la razón de ser del TC, es la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, esto no parece estar ocurriendo en la realidad, pues aproximadamente, desde el año 2005 hasta el año 2011, 6 de cada 10 resoluciones que el TC expidió son improcedencias, es decir, son resoluciones denegatorias, que rechazan la demanda.

¿Tan malos son los abogados que litigan casos ante el TC?, o es que acaso estamos ante una actitud de este órgano de control constitucional, que prioriza el cumplimiento de metas de productividad de resoluciones, antes que la protección efectiva de los derechos fundamentales. En efecto, cuando uno mira las cifras globales, uno piensa en sentencias de 30 páginas aproximadamente, con un esfuerzo argumentativo mínimo. No obstante, esa no es la descripción de la mayoría de las resoluciones que el TC expide. En efecto, el 60% de ellas tiene una sola página, y en ellas se aduce vicios de forma para evitar entrar al fondo del asunto, a pesar que el TC puede y debe subsanar las deficiencias sustantivas y procesales de las demandas.

Ver informe jurídico:  http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc02052013-171540.pdf

Balance cualitativo: Balance de las sentencias del Tribunal Constitucional 2007-2012

A los jueces no se les juzga por sus opiniones políticas sino que se les conoce por sus sentencias. Si bien estos no asumen responsabilidad por sus sentencias, desde la sociedad civil y desde la academia, tenemos el derecho constitucional a criticar las sentencias de este órgano. Desde el IDL hemos elaborado un informe sobre las mejores y las peores sentencias expedidas por este desde 20007 hasta el 2012. Si bien no podemos negar que existen algunas sentencias importantes que han protegido derechos fundamentales, nos preocupan varias sentencias, cuya motivación resulta oscura, ambigua, deficiente, contradictoria y en definitiva, a todas luces, insuficiente.
Hay sentencias que resultan desde todo punto de vista censurables, como por ejemplo, la de la píldora del día siguiente o la del Frontón, donde es clara la presión del poder político para obtener impunidad. Otras bien intencionadas, quizá con excesivo realismo político, careciendo de esa mala fe, tienen planteamientos discutibles y hasta debatibles, como es el caso de la sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad de la ley del uso de la fuerza, donde es una posición sustentada aunque controversial.
Asimismo, hay serios problemas de independencia del TC. Nuestro balance general es que a pesar de algunas sentencias destacadas, es que existen sentencias sumamente cuestionables, que ponen en entredicho la independencia e imparcialidad de los magistrados del TC, como el caso Frontón o el caso de la Justicia Militar.  Asimismo, hay sentencias con serios problemas de motivación.

Ver informe: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc31072012-144116.pdf

Balance de las sentencias emitidas por el TC sobre el derecho a la consulta previa: ¿Efectiva protección o pronunciamientos retóricos?

Si bien el TC ha desarrollado un conjunto de reglas sobre el derecho a la consulta, en los hechos se ha desprotegido este derecho en concreto en los casos en que este colegiado ha conocido: estamos ante pronunciamientos retóricos. En efecto, el TC ha expedido nueve resoluciones específicamente sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. De este grupo, solo un proceso constitucional es contra la adjudicación de un lote petrolero, siete son contra decretos legislativos no consultados y un proceso es contra la omisión del poder político de desarrollar normativamente el derecho a la consulta. Lo sorprendente es que solo una de ellas ha sido declarada fundada. Las demás demandas fueron rechazadas dejándose en la indefensión a los pueblos indígenas.

Ver informe: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=637

Decencia es la capacidad que tiene una persona de tomar conciencia de su propia dignidad. Javier Diez Canseco tenía esa capacidad, y por eso mismo, no se traicionó. Era un peruano decente y uno de los últimos políticos decentes en el Congreso. En una entrevista JDC sostenía que la gente lo había criticado por ser “muy principista”, que en política es una condición complicada pues puede llevar a posiciones siempre maximalistas. Sin embargo, sus principios lo ayudaron a andar el camino de la política defendiendo los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la población LGTB, de los discapacitados, de los niños, del medio ambiente. No es fácil vivir entre la acción política pública y los principios pues para ser decente debes exigirte una evaluación permanente y una autocrítica constante. Precisamente Javier Diez Canseco aprendió a andar ese camino gracias a la polio.

Como lo ha explicado en innumerables entrevistas, la enfermedad le permitió “estar adentro pero tener la perspectiva del que está afuera”.  El estudiante del Colegio Santa María pudo estar adentro y luego salir de esa condición por decisión propia, por opción y literalmente, “desclasarse”. Ese proceso de desclasamiento, de tomar distancia de las condiciones de clase para entender que no se trata de un simple legado, de “suerte” o de destino, sino resultado de procesos sociales y económicos complejos que te posicionan favorablemente en relación con el resto de la sociedad, es algo que Diez Canseco aprendió muy pronto. El Perú es inequitativo y él era un privilegiado con dos opciones: asumir que se lo merecía o entender que era producto de una injusticia que da una posición de dominio. Diez Canseco lo entendió plenamente y por eso asumió la opción preferencial por el pobre.

Hoy, en este mundo de emprendedurismo llamado Perú, con valores supremos de éxito individualizado, asumir que es más importante la decencia que la carrera al éxito es una toma de decisión radical. Diez Canseco era un radical, sí, y yo creo que hacen faltan muchos radicales como él para poder convertir la política peruana en una clase de decencia en lugar de ser este albañal de acomodos arribistas. Es difícil ser consecuente en acción y pensamiento durante toda una vida. Casi imposible. Pero si alguien quiere entrar a la arena política es preciso hacerlo, porque se entra para dar servicio no para hacer de ella un servicio higiénico. Seres humanos como Diez Canseco, con su coherencia y su vehemencia, nos hacen recordar que sí es posible construir una democracia radicalmente democrática.

En los últimos veinte años en el Perú y en América Latina son pocos los políticos que no han migrado de partido o de ideología, o que manteniéndose en el suyo, han usufructuado del erario público, con dinero, con prebendas, apoyos, favores y cuanto chanchullo pueda existir. Por eso mismo, cuando un hombre en el Perú no se la da de pendejo, sino que persiste en ser un portavoz del subalterno, hay que seguir el legado, aunque cueste, aunque empobrezca, aunque nos llenemos de enemigos, aunque nos griten “puta terruca bruta”.

Solo nosotros ante nosotros mismos, de pie, desnudos frente a la muerte, podremos avergonzarnos o enorgullecernos de nuestras vidas.

¡Hasta la victoria siempre, Javier!

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 07/05/2013

EL ESTADO PERUANO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR EL DERECHO

A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Frente a la manera como  el Poder Ejecutivo  viene abordando la implementación de la consulta previa, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera necesario expresar lo siguiente:

En los últimos meses se han apreciado las contradicciones gubernamentales y las presiones de ciertos sectores empresariales vinculados a las actividades extractivas que han restado valor y significado a la consulta previa. A pesar de ello, se han aprobado algunas medidas como la creación del SENACE, la acreditación de traductores indígenas y la publicación de una controversial guía metodológica. Consideramos que estas acciones han sido insuficientes si no se encuadraban dentro de una política integral  de gobierno que tenga la voluntad para implementar los procesos de consulta.

Ello no solo no ha ocurrido sino que hemos observado varias señales que revelarían  la intención del gobierno  de incumplir y desnaturalizar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. Algunas de estas señales son:

1) la negativa gubernamental de discutir la solicitud de modificación de siete artículos de la Ley de Consulta Previa que las organizaciones nacionales  de los pueblos indígenas han planteado;

2) la aprobación de un reglamento de la Ley de Consulta Previa sin el acuerdo con las organizaciones indígenas nacionales, ni siquiera en aquellos aspectos en los que se llegó a un consenso en el mecanismo de consulta que se hizo;

3) la demora injustificada de la publicación de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas;

4) la omisión gubernamental de promover el diseño de una Institucionalidad Estatal especializada que no sólo actúe de órgano rector en esta materia sino que influya en las demás instancias públicas para un adecuado respeto a los derechos de estos pueblos, entre estos  la consulta previa;

5) los anuncios del Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Energía y Minas de “destrabar” catorce proyectos mineros en el área andina en los que no se efectuaría consulta previa;

6) las  declaraciones del propio Presidente de la República quien de manera errónea e imprecisa afirmó  que el  derecho a la consulta solo lo tendrían  las comunidades nativas amazónicas.

Ante ello consideramos  urgente y necesario recordar que el Estado peruano tiene una clara y firme obligación internacional asumida desde 1995, a través del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos define como un principio jurídico internacional y por medio de sentencias vinculantes que los pueblos indígenas u originarios deben ser consultados cada vez que se quiera aprobar medidas legislativas o administrativas que los afecten, e incluso las situaciones en las que además  se tendrá que obtener el consentimiento de estos.

Asimismo, debe considerarse  que en el Perú existen pueblos y comunidades indígenas no sólo en la Amazonía sino también en zonas andinas y de costa. Por lo que más allá de la etiqueta jurídica que el Estado les asigne  al denominarlas como comunidades indígenas, luego campesinas y nativas, rondas, u otras denominaciones, éstas tienen el derecho vigente, fundamentalmente en base a su autoidentificación.

La objeción para no aplicar un  derecho fundamental porque retardan o alejan las inversiones es inválida, insuficiente y errada, pues solo con reglas claras y transparentes, basadas en el respeto al estado democrático de derecho, se podrán  desarrollar actividades productivas sin  los conflictos sociales, que conllevan pérdidas humanas y económicas.

Por todo lo expuesto consideramos imprescindible que  el Estado (todos los sectores) asuma la disposición y voluntad política de convocar a las organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas para sostener  un diálogo sincero, en el que  se escuche sus demandas y se establezcan los mecanismos para su concreción, estableciendo  canales adecuados de participación y consulta establecidos en el derecho internacional y nacional, para abordar  temas esenciales de la agenda indígena  como la institucionalidad pública, el derecho al territorio, la fiscalización ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas, entre otros.

Lima, 7 de mayo del 2013

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

APORVIDHA  (Asociación por la vida y la Dignidad Humana) organización que lleva 16 años en defensa de los derechos humanos pone en conocimiento a la colectividad su rechazo tajante a los últimos acontecimientos en la zona de VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), lugar donde en los últimos años se vienen cometiendo abusos por parte de las fuerzas del orden así como de grupos narcoterroristas afectando a la población y generando un ambiente de miedo e inseguridad.

Mostramos nuestro total rechazo frente a los hechos de esta madrugada donde catorce personas que se trasladaban de Kepashiato a la ciudad de Quillabamba fueron heridas por las fuerzas del orden, baleando un vehículo de transporte público;  Jose Aspur, conocido líder de la zona de Kepashiato nos informó a las 4:00 am lo ocurrido ya que el se encontraba dentro de este vehículo, Rómulo Albidón Fuentes; conductor del vehículo señaló a los medios de comunicación que fueron baleados y maltratados por la PNP.

Hace una semana, en ese mismo sector asaltaron un camión que llevaba abarrotes resultando una persona muerta y aun no se tiene identificado a los responsables, pedimos a las autoridades encargadas se hagan responsables de lo ocurrido ya que en el vehículo no se encontraba ningún elemento narcoterrorista sino mas bien pobladores del sector, así mismo pedimos que el servicio de inteligencia trabaje con mayor responsabilidad para que no vuelva a ocurrir una confusión como la de hoy.

A fin de velar por la integridad de los heridos las abogadas de Aporvidha se están trasladando a la ciudad de Quillabamba para brindar todo el respaldo  moral y legal que necesiten.

Cusco, 06 de mayo de 2013

APORVIDHA – Cusco

(UN) La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos encomió la entrada en vigor del Protocolo Opcional de la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la describió como un avance mayúsculo que sigue el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Navi Pillay indicó que ese protocolo permitirá a la gente buscar justicia cuando se viole su derecho a la alimentación, la vivienda adecuada, la educación o la salud, entre otras garantías.

Recordó que esos atropellos ocurren constantemente y son ignorados, mientras que los abusos de los derechos políticos o civiles sí son condenados. “Este Protocolo ayudará a reducir ese desequilibrio”, apuntó Pillay.

El Protocolo Opcional , aprobado por la Asamblea General en 2008, autoriza al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU a examinar las denuncias de individuos o grupos que hayan agotado todas las instancias de su país en la búsqueda de justicia.

Su entrada en vigor ocurrió el 5 de mayo de 2013, tras  recibir la décima ratificación que fue realizada por Uruguay.

Lima, 24 de marzo de 1948 – Lima, 04 de mayo 2013

Javier Diez Canseco. Foto: RPP

Uno de los grandes defensores de los derechos humanos en nuestro país ha fallecido. Javier Diez Canseco Cisneros dejó de existir el sábádo 04 de mayo a las 20.05 horas en la ciudad de Lima. Sus restos vienen siendo velados en La Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta el día lunes 06 de abril.

A continuación el reconocimiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicado el pasado 29 de marzo de 2013.
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RECONOCIMIENTO PÚBLICO
A JAVIER DIEZ CANSECO (1)

Las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestamos  nuestro  reconocimiento público a Javier Diez Canseco Cisneros, por su trayectoria política dedicada a la defensa de la vida, la democracia y los derechos humanos.

En 1980, Javier Diez Canseco en su calidad de diputado, formó  parte de la primera Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Desde entonces ha participado en varias comisiones investigadoras de casos de violaciones a los derechos humanos, siendo un aporte fundamental para  investigar y sancionar los crímenes que se producían esos años. Producto de ese trabajo, sufrió un conjunto de atentados contra su vida y la integridad física de su familia, la voladura de su casa, entre otras agresiones directas, además de reglaje, seguimiento y hostigamientos varios. Sin embargo, jamás cejó en su defensa de las víctimas.

En los últimos años ha jugado un rol muy importante en la defensa de las personas con discapacidad, siendo uno de sus últimos logros en acción coordinada con diversas organizaciones de éste ámbito, la “Ley General de la Persona con Discapacidad – 29973”.

En este momento en que su salud se encuentra muy resquebrajada queremos valorar el trabajo de un político a favor de la causa de la vigencia irrestricta de los derechos humanos en nuestra patria. Además de expresar nuestros deseos de que esa fortaleza que lo ha llevado a superar situaciones muy difíciles como las antes descritas le sirva para superar esta difícil situación.

Lima 29 de marzo del 2013

(1)   Javier Diez Canseco Cisneros (Lima, 24 de marzo de 1948) es un sociólogo y político peruano de izquierda, actual Congresista de la República.Ha sido diputado constituyente, diputado por Lima, senador de la República y congresista del Perú de 1978 a 1992 (hasta el Autogolpe de 1992), de 1995 a 2000 y de 2001 a 2006. Postuló a la Presidencia de la República en las elecciones generales del Perú de 2006, y fue elegido Congresista de la República por la alianza Gana Perú liderada por Ollanta Humala en las elecciones generales del Perú de 2011.1 2 3

Es miembro del Partido Socialista del Perú. (Wikipedia)

Subscriptores:

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
Asociacón Pro Derechos Humanos – Aprodeh
Instituto de Defensa Legal – IDL
Comisión de Derechos Humanos – Comisedh
Red para la Infancia y la familia – Perú
Centro Amazónico de Antropológía y Aplicación Práctica – CAAAP
Centro de Desarrollo Étnico – CEDET
Comisión de Justicia y Paz – Derechos Humanos del VAI
GRUFIDES
CEPRODEH –AREQUIPA
Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo
Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)
LUNDU Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos
Siguen adhesiones…

Manda tu trabajo en formato A3 a nuestro local hasta el 26 de Junio del 2013. El premio al trabajo ganador es de 1000 dólares. Los afiches serán usados para la promoción de una serie de actividades con el fin de conmemorar los diez años de la entrega del Informe Final.

Imagen del afiche: Mónica Miros

Consulta las bases del concurso en este enlace.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

Hace diez días se llevó a cabo una diligencia de rutina en Ayacucho, como parte de las investigaciones del juicio por el caso de desaparecidos, asesinados y torturados en la base militar cercana a Pampa Cangallo durante 1991. Las viudas y familiares testigos del caso fueron trasladados a las diferentes zonas que correspondían al lugar de los hechos y mientras los funcionarios estatales acezaban de cansancio sudando la gota gorda adentro de sus ternos, una de las señoras se acercó a uno de los testigos, el Teniente (r) Collins Collante Guerra, para pedirle rogando que le ayude a señalar el sector donde su hijo podría encontrarse enterrado. Collantes se sintió impactado por el pedido, la situación en medio de la pampa, el cansancio de todos y la tenacidad de los familiares que, a pesar de ser llevados por un lado y otro lado, sin almuerzo, seguían imbatibles con la convicción de que podrían “encontrar al menos sus huesitos”. Collantes realizó en ese momento el primer acto fuera de lo rutinario en esa diligencia judicial y dio un gran paso en el proceso de reconciliación: pidió perdón.

Pedir perdón no es un asunto rutinario: se requiere fuerza de voluntad, espíritu de enmienda, considerar al otro como un humano equitativo a nuestra propia humanidad, sin discriminaciones de ningún tipo, y sobre todo, conmoverse por la responsabilidad de nuestras propias acciones midiéndolas como negativas, nefastas, dolosas y que generaron un dolor insoportable a ese otro ser humano que tenemos enfrente. “Les pido perdón por la desaparición de sus familiares. Me ordenaron detener y traer a la base militar y por este hecho fui sentenciado a 14 años y estuve 8 años en la cárcel. Ya estoy pagando mi culpa”, le dijo Collantes a una de las señoras cogiéndole las dos manos y con un rictus en la cara que, sin lugar a dudas, era de arrepentimiento sincero.

Me pregunto: ¿cuántos oficiales y suboficiales del Ejército Peruano, de la Marina, de la Aviación y de las Fuerzas Policiales también han sentido este arrepentimiento sincero ante hechos que no formaban parte, en rigor, de ningún procedimiento para arrestar, detener o interrogar a un subversivo? Es decir, que cometieron, sin saber o sabiéndolo, violaciones flagrantes de los derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desapariciones, entierros clandestinos, entre otras. No me refiero, por supuesto, a aquellos que lo hicieron con la perversión del convencido, como Jesús Sosa del Grupo Colina, que le narró a Ricardo Uceda las matanzas que ejecutaba luego de santiguarse y encomendarse al Espíritu Santo.

Y me pregunto, ¿de qué manera el Estado peruano podría acoger estos arrepentimientos sinceros? Mientras se considere que los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de todas las fuerzas armadas y policiales en los años duros de este conflicto son solo “locura de unos pocos” y se obvie que muchos de ellos tuvieron que obedecer órdenes porque fueron prácticas sistemáticas dictaminadas por superiores, seguiremos empantanados. Esto no implica, por supuesto, que esté apelando a una “ley de obediencia debida” ni mucho menos. Simplemente apelo a la cordura que debe haber en el fondo de un hombre o de una mujer que sabe, con conciencia, que pactó con el mal para banalizar un acto siniestro que, si lo reconoce, debe de pesarle como una cruz de plomo en el alma.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 30/04/2013

La Coordinadora por los Derechos Humanos saluda y se auná a este y todos los esfuerzos en la lucha por el rescate de la historia y la memoria en nuestro País bajo la consigna que un pueblo que conoce su historia y la enfrenta como tal es capaz de corregir sus errores, pagar sus deudas, sanar sus heridas y emprender así el verdadero camino hacia el horizonte donde la justicia, la igualdad y la paz nos acompañen a forjar ese Perú que todos anhelamos y por el que vale mil veces luchar.

“Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres”.

Eduerado Galeano

Esta actividad es gracias al proyecto Procesos de Memoria de la CNDDHH, en el marco de la plataforma de Derechos Humanos de Diakonia, y con el financiamiento de la Unión Europea.