Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresamos nuestra condena a los discursos racistas, expresiones de odio y mensajes que violan la dignidad humana, incurren en el delito de discriminación y exacerban la polarización en el contexto del proceso electoral y del conteo de votos de la segunda vuelta que se viene realizando. Rechazamos las declaraciones de periodistas, actores políticos, autoridades, exautoridades y ciudadanos que, lejos de contribuir al diálogo, alimentan la confrontación, la intolerancia, generando condiciones que pueden dar lugar a diversas formas de violencia que el país debe prevenir y rechazar. Hacemos un llamado al respeto a la ley, a la calma y a la responsabilidad pública en este momento decisivo para el país.

En anteriores procesos electorales, así como durante la primera vuelta del presente proceso, la difusión de narrativas de fraude sin evidencia ha alimentado la incertidumbre y la polarización, generando escenarios de mayor conflictividad y riesgos para la estabilidad democrática. Hacemos un llamado a abstenerse de difundir este tipo de narrativas y a actuar con responsabilidad y respeto. Exhortamos a la ONPE a mantener una comunicación permanente y transparente sobre el desarrollo del conteo de votos, y a las instituciones competentes a garantizar la independencia del sistema electoral.

Como CNDDHH, nos mantendremos vigilantes frente a cualquier hecho que ponga en riesgo los derechos humanos, la integridad de las personas y el desenvolvimiento de las instituciones democráticas.

09 de junio 2026

• Encuentro realizado en Lima reunió a líderes de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile, quienes exigieron mecanismos efectivos de protección para quienes defienden los territorios y el ambiente.

Cerca de 40 defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, líderes indígenas y representantes de organizaciones sociales de seis países de América Latina se reunieron en Lima del 27 al 28 de mayo para compartir experiencias de defensa y resistencia, analizar los desafíos que enfrentan en sus territorios y construir estrategias conjuntas para proteger el ambiente y los derechos de las comunidades.

El Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales, convocado por la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú, reunió a participantes en un momento especialmente complejo para la región, marcado por conflictos socioambientales, el avance de actividades extractivas y economías ilegales e informales, así como por el incremento de amenazas contra quienes defienden el agua, los bosques y los territorios.

Uno de los principales consensos alcanzados durante el encuentro fue que la violencia contra las personas defensoras ambientales no responde a hechos aislados. Por el contrario, señalaron que existe una problemática común en distintos países, donde comunidades y líderes locales enfrentan contaminación, amenazas y violencia por defender sus territorios, procesos judiciales prolongados y campañas de estigmatización por expresar su oposición a proyectos extractivos que consideran perjudiciales para su entorno.

«Ser defensor o defensora ambiental no es solo proteger un río o un bosque. Es proteger el futuro de las comunidades, su historia, su cultura y su derecho a vivir en un ambiente sano», señalaron los participantes durante el encuentro.

Una problemática compartida en toda la región

Las delegaciones expresaron su preocupación por el crecimiento de actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal, fenómenos que afectan especialmente a comunidades rurales e indígenas y que incrementan los riesgos para quienes protegen sus territorios.

La situación es particularmente preocupante debido a los altos niveles de violencia registrados en América Latina. Según cifras compartidas durante el encuentro, la región concentró el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales registrados en el mundo durante 2024.

Los participantes también alertaron sobre la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento de mecanismos de protección para personas defensoras, problemas que se repiten en distintos países y que afectan directamente la calidad de vida de miles de familias.

En el caso peruano, si bien desde el 2021 se cuenta con un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos a través del cual se les puede otorgar medidas de protección cuando existe un riesgo grave e inminente para su vida o integridad, el mecanismo aún presenta muchas deficiencias a nivel jurídico, político y de alcance que afectan su adecuada implementación.

Acuerdos para fortalecer la defensa de los territorios

Además de intercambiar experiencias, las organizaciones acordaron fortalecer la articulación regional para compartir mecanismos de protección, impulsar acciones de incidencia y visibilizar la situación que enfrentan miles de personas que defienden el ambiente en sus países.

Como parte de su declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, entre ellas las del Valle de Tambo, en Arequipa; Cotabambas, en Apurímac; y quienes protegen los bosques secos de Chaparrí, en Lambayeque.

El encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente.
«Defender derechos no es un delito. Defender el agua, los bosques, los ríos y los territorios es una labor fundamental para el presente y el futuro de nuestras sociedades», concluye el pronunciamiento aprobado por las organizaciones participantes.

Con este encuentro, las delegaciones reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para proteger los territorios y construir respuestas colectivas frente a los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la región.

Lima, 8 junio 2026

PRONUNCIAMIENTO

El Perú llega a la segunda vuelta electoral en medio de un preocupante deterioro democrático y un grave retroceso en materia de derechos humanos. Durante los últimos años hemos advertido la captura progresiva de instituciones autónomas, la concentración de poder político, el debilitamiento del sistema de justicia y la aprobación de normas que favorecen la impunidad. Este proceso ha sido impulsado por una mayoría parlamentaria liderada por el fujimorismo y respaldada por otras “fuerzas políticas”, que han promovido reformas y decisiones contrarias a los principios democráticos, socavando la institucionalidad y erosionando profundamente la confianza ciudadana.

En este escenario, no se trata únicamente de elegir a la principal autoridad de uno de los poderes del Estado, que además estará sujeta al control del Senado. Lo que está en juego es el riesgo de profundizar una ruta de mayor concentración de poder y debilitamiento institucional, o avanzar hacia la reconstrucción de una democracia sustentada en la separación de poderes, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Exigimos compromisos claros, públicos y verificables con estos principios, así como la adopción del Consenso Nacional por los Derechos Humanos, una agenda ciudadana que plantea prioridades fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar derechos para todas las personas. Entre ellas:

• Restituir el equilibrio de poderes y garantizar la independencia y autonomía de las instituciones democráticas y del sistema de justicia.
• Derogar las leyes que favorecen la impunidad, debilitan la vigencia de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y facilitan la expansión del crimen organizado y las economías ilegales.
• Garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, así como para las víctimas de la represión ocurrida por ejemplo en las protestas sociales del 2020, 2022 y 2023, y de los hechos que ocasionaron la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba (Huancavelica) durante una intervención militar.
• Fortalecer las políticas de igualdad de género, garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ y reforzar las acciones de prevención, atención y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres, asegurando además el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
• Proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil.
• Cumplir los compromisos del Estado frente a la crisis climática, fortaleciendo la institucionalidad ambiental y protegiendo las fuentes de agua y los derechos de la naturaleza.
• Garantizar los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo afroperuano y de todas las poblaciones históricamente discriminadas.
• Respetar la autonomía de los organismos electorales y la voluntad popular expresada en las urnas, rechazando toda narrativa de fraude sin sustento que debilite la confianza pública y la democracia.

La defensa de la democracia y los derechos humanos no admite neutralidad frente al autoritarismo ni silencio frente a la impunidad. En el Perú, el fujimorismo representa una expresión concreta de esa amenaza debido a su legado de graves violaciones de derechos humanos, corrupción y debilitamiento institucional. Señalarlo constituye un deber de memoria, coherencia democrática y compromiso con la justicia.

Al mismo tiempo, reafirmamos que toda fuerza política y toda autoridad electa tienen el deber de gobernar con respeto irrestricto a la democracia y a la voluntad ciudadana, actuando con transparencia y sometiendo sus decisiones al permanente escrutinio público.

Mantendremos una vigilancia activa frente a cualquier autoridad o proyecto político que pretenda desconocer estos principios o promueva prácticas contrarias al Estado de derecho y la dignidad humana.

Porque la democracia se defiende, los derechos se garantizan y la impunidad nunca puede ser el destino del Perú.

30/05/2026

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazamos la aprobación, en la Comisión de Constitución del Congreso, del proyecto de ley 14337, que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal bajo una formulación que, en los hechos, refuerza la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma.

Aunque el proyecto intenta presentarse como una adecuación normativa al derecho internacional, lo cierto es que establece que los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil ocurridos antes de la vigencia del Estatuto de Roma sean considerados delitos comunes, abriendo la puerta a que graves casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y masacres queden en la impunidad.

Esta iniciativa representa un grave retroceso de las obligaciones internacionales del Estado peruano y contradice los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho internacional, que establecen con claridad que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

Advertimos que la aprobación de este proyecto compromete seriamente la responsabilidad internacional del Perú y envía un mensaje alarmante de desprotección a las víctimas y de debilitamiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Alertamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional sobre el grave impacto de esta norma, que se suma a otras decisiones impulsadas desde el Congreso orientadas a garantizar impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos. La defensa de la memoria, la justicia y los derechos fundamentales exige hoy vigilancia democrática y una respuesta firme de la sociedad.

Nota de prensa

El 14 de abril, la organización de la sociedad Civil, Fomento de la Vida (FOVIDA) solicitó formalmente que la Junta de Fiscales Supremos declare fundado el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N° 012-2026-MP-FN-JFS, que designa al nuevo Fiscal de la Nación titular, por haber sido emitida vulnerando principios constitucionales y requisitos esenciales del acto administrativo.

Este pedido, al que públicamente nos adherimos en defensa del interés público y la legalidad, es sustentado en nueva prueba que acredita la participación y votación ilegal de la Sra. Patricia Benavides Vargas, quien sigue ejerciendo el cargo de Fiscal Suprema pese a encontrarse suspendida en el ejercicio profesional del derecho por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, desde el 27 de enero del 2026. Es decir, desde hace tres (03) meses.

El plazo para que este pedido de reconsideración tenga respuesta es el 27 de mayo (30 días hábiles desde la presentación), fecha en la que la Sra. Benavides estaría ejerciendo ilegalmente el cargo de fiscal suprema durante 04 meses.

Graves irregularidades en la elección

• La abogada Patricia Benavides Vargas se encuentra actualmente suspendida en el ejercicio de la profesión por seis (06) meses, conforme a resolución del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima vigente al momento de la elección del Fiscal de la Nación.
• Pese a ello, participó y votó en la sesión de la Junta de Fiscales Supremos que eligió al Fiscal de la Nación titular, afectando el quórum y la validez de la decisión adoptada.
• La Ley de la Carrera Fiscal (N° 30483), exige de manera expresa que todo fiscal debe encontrarse habilitado en el ejercicio profesional, requisito indispensable para permanecer en la carrera fiscal, situación que en el caso de la Sra. Patricia Benavides no se cumple.

Vulneración del ordenamiento jurídico

La resolución impugnada incurre en vicios insubsanables que determinan su nulidad:

• Falta de competencia válida del órgano colegiado, al haberse conformado con un miembro impedido legalmente para participar y votar en la Junta de Fiscales Supremos.  
• Objeto ilícito del acto administrativo, al contravenir la Constitución y la Ley de la Carrera Fiscal.
• Ausencia de motivación, al no haberse justificado la participación de una funcionaria suspendida de ejercer la profesión de abogada.
• Quiebre del procedimiento regular, afectando la legitimidad de la elección.

Estos hechos comprometen gravemente principios fundamentales como la legalidad, la autonomía del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.

Defensa del interés público y la institucionalidad

La elección del Fiscal de la Nación titular no es un acto aislado, sino una decisión que impacta directamente en el sistema de justicia y en la confianza ciudadana. Permitir que una designación se sostenga sobre un procedimiento viciado debilita gravemente el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

Por ello, nos sumamos a la exigencia de que la Junta de Fiscales Supremos, en cumplimiento de sus funciones constitucionales:

• Reconsidere su decisión, evaluando la nueva prueba presentada y que no ha sido tomada en cuenta por la Junta de Fiscales Supremos al momento de elegir al nuevo Fiscal de la Nación, que es la suspensión de la Sra. Patricia Benavides para ejercer la profesión de abogada, por lo que, no puede seguir realizando actos como Fiscal Suprema.   
• Declare la NULIDAD de la Resolución N° 012-2026-MP-FN-JFS, que eligió al nuevo Fiscal de la Nación titular en un procedimiento completamente viciado.  
• Garantice un proceso de elección transparente, legal y legítimo.

El país demanda autoridades elegidas conforme a la Constitución y la ley.

El Ministerio Público debe ser el guardián de la legalidad.

Sin legalidad, no puede haber justicia.

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (CNDDHH)
GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA CORRUPCIÓN (GTCC)

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública ante la grave crisis político-electoral que atraviesa el país.

La situación actual no se origina en la jornada electoral del 12 de abril, sino en un proceso previo de debilitamiento deliberado del sistema electoral. Desde el Congreso de la República se han impulsado reformas que han afectado las condiciones de competencia democrática, como la imposición de la bicameralidad, la eliminación de las elecciones primarias universales y la generación de un sistema electoral fragmentado, con cédulas complejas que han afectado el ejercicio informado del voto. Estas decisiones configuran un proceso progresivo de captura institucional del sistema electoral.

A ello se suma la instrumentalización de deficiencias en la gestión electoral para promover la intromisión política en los organismos electorales. Sectores que no alcanzaron los resultados esperados buscan ahora desconocer la decisión popular y forzar salidas al margen de la ley, recurriendo a interpretaciones arbitrarias como el denominado “criterio de conciencia” para justificar la alteración del orden constitucional. Este escenario representa una grave ruptura del Estado de derecho y sienta un precedente peligroso de actuación por fuera del marco legal.

Frente a esta situación, reafirmamos que el derecho al voto —libre, igual y efectivo— es un derecho fundamental que debe ser respetado en todas sus etapas. Los votos ya emitidos por la ciudadanía en la primera vuelta electoral deben ser garantizados. En ese sentido, rechazamos cualquier intento de anular el proceso electoral o convocar elecciones complementarias. Corresponde cumplir con el calendario electoral y garantizar la realización de la segunda vuelta en la fecha prevista.

Asimismo, rechazamos categóricamente las narrativas de fraude electoral que vienen siendo promovidas sin sustento alguno. Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea han señalado con claridad que no existen evidencias que cuestionen la integridad del proceso electoral. La desinformación y la difusión de acusaciones infundadas debilitan la confianza ciudadana y erosionan la democracia.

Expresamos también nuestra profunda preocupación por las constantes amenazas y actos de hostigamiento contra autoridades del sistema electoral. La integridad personal del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como la de su familia, ha sido gravemente vulnerada. Estos hechos son inaceptables y deben ser investigados con urgencia. Exigimos a las autoridades competentes adoptar medidas inmediatas de protección y garantizar la seguridad de quienes cumplen funciones esenciales para la democracia.

Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier intento de quebrar el orden constitucional y a defender activamente el respeto al voto y a las instituciones democráticas.

Consejo Directivo Nacional
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación frente a los hechos registrados en el reciente proceso electoral, que evidencian riesgos tanto para el ejercicio del derecho al voto como para la autonomía de los organismos electorales y la democracia en el Perú.

Alertamos, en primer lugar, sobre las dificultades en la instalación de mesas de votación, que impidieron que más de 51 mil personas ejerzan su derecho al sufragio. Si bien esta situación fue atendida con la ampliación de la jornada, corresponde que lo sucedido sea investigado con celeridad y transparencia conforme a ley, ya que es obligación del sistema electoral garantizar el derecho de participación política de toda la ciudadanía.

Sin embargo, es fundamental precisar que estas incidencias no deslegitiman el proceso electoral en su conjunto. Las misiones nacionales e internacionales de observación, como la OEA y la Unión Europea, han concluido que no existen evidencias de fraude ni elementos que cuestionen la integridad del proceso electoral.

En este contexto, advertimos con preocupación que las irregularidades registradas están siendo instrumentalizadas por diversos actores políticos e institucionales para instalar narrativas de fraude, generar desconfianza en la ciudadanía y presionar a los organismos electorales. Esta estrategia, sostenida en la desinformación, podría abrir paso a intentos de control o captura del sistema electoral de cara a la segunda vuelta. Este escenario sería una injerencia indebida en un organismo autónomo y un golpe a la garantía de imparcialidad.

Frente a esta situación, señalamos:

• Que toda irregularidad debe ser investigada y sancionada, sin ser utilizada como pretexto para deslegitimar el proceso electoral.
• Que la autonomía e independencia de los organismos electorales son condiciones esenciales para garantizar elecciones libres y transparentes.
• Que la difusión de acusaciones sin sustento sobre fraude electoral constituye una amenaza a la democracia y a la paz social.

Exhortamos a las autoridades a actuar con responsabilidad y respeto al debido proceso, evitando cualquier forma de injerencia en el sistema electoral. Asimismo, hacemos un llamado a los partidos políticos, medios de comunicación y liderazgos públicos a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y contribuir a un clima de serenidad democrática.

Convocamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante, informarse a través de fuentes confiables y defender activamente el derecho al voto como expresión soberana del pueblo.

Defender el voto es defender la democracia. No permitamos que la desinformación ni los intereses políticos socaven la voluntad popular.

Lima, 14 de abril de 2026

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la ciudadanía en un momento decisivo para el país.

Llegamos a estas elecciones en un contexto de grave deterioro democrático. La concentración de poder en el Congreso, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la aprobación de normas que favorecen la impunidad han erosionado la institucionalidad y afectado directamente los derechos de la ciudadanía. No se trata de una elección más: está en juego el rumbo democrático del país y la posibilidad de recuperar un Estado al servicio de las personas.

En este escenario, se han normalizado prácticas que degradan el debate público y debilitan la convivencia democrática. La difamación sin pruebas, el “terruqueo”, el racismo y la estigmatización se han convertido en herramientas políticas, muchas veces acompañadas de amenazas contra autoridades electorales.

A ello se suma la insistencia en instalar narrativas de fraude sin evidencia, que buscan deslegitimar el proceso electoral y erosionar la confianza en la voluntad popular. Una democracia no puede sostenerse sobre la mentira ni el miedo.

Existen además condiciones que generan incertidumbre sobre el desarrollo del proceso electoral, como la complejidad del sistema de votación, la fragmentación política y el riesgo de un alto número de votos viciados, lo que podría afectar la representación y abrir espacio a cuestionamientos indebidos de los resultados. En este contexto, resulta fundamental garantizar la transparencia del proceso y el respeto irrestricto a la voluntad popular.

Ante ello, el rol de la ciudadanía es determinante. Recuperar la democracia exige asumir el voto como una herramienta de poder real.

Exhortamos a rechazar la desinformación, los discursos de odio y cualquier intento de manipulación del proceso electoral. No hay espacio para la indiferencia: el ausentismo, el voto en blanco o viciado terminan favoreciendo a quienes buscan sostener la impunidad y el debilitamiento de la democracia.

Las y los jóvenes tienen un papel decisivo en este proceso. Más de 6 millones de votantes jóvenes participarán en estas elecciones, y más de 2.5 millones lo harán por primera vez. Su voto no solo es significativo en número, sino también en su capacidad de definir el resultado. En un contexto de desconfianza, su participación informada y consciente es clave para defender la democracia y abrir la posibilidad de un país más justo, con oportunidades y derechos para todas y todos.

El 12 de abril no solo elegimos autoridades. Elegimos el tipo de país que queremos ser.

La democracia no se delega: se ejerce.
Recuperarla está en nuestras manos.

Lima 10 de abril de 2026

(Foto: Facebook de Colectivo Guardianes Defensores de Bosques Secos «Guadalupe Zapata Sosa»)

Comuneros de Catacaos (Piura) saludaron como un hito histórico la decisión del Vaticano de abrir, del 4 al 22 de mayo, un canal para recibir denuncias de víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana y avanzar en procesos de reparación.

Señalan que este avance abre una oportunidad para continuar en ese camino, con acciones concretas como la devolución de sus tierras y la rendición de cuentas de los responsables.

En 2014, empresas vinculadas al SVC iniciaron una acción civil para desalojarlos de territorios comunales, tras una serie de traspasos de propiedad que no son reconocidos por la comunidad y que involucran cerca de 2.000 hectáreas. Durante estos años, los comuneros que denunciaron la apropiación enfrentaron persecución y procesos de criminalización. El Sodalicio fue disuelto por el papa Francisco en 2025, tras denuncias por abusos de distinta índole, incluyendo casos de violencia física, psicológica y sexual.

Ver adjunto el comunicado de los comuneros de Catacaos:

Voceros de diversos sectores advierten que el proceso electoral representa un punto de quiebre para el país e instan a ejercer un voto activo, informado y vigilante.

En un contexto de creciente preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática, diferentes organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Plataforma Voces Ciudadanas, realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la ciudadanía a recuperar la democracia a través del voto en las elecciones del próximo 12 de abril bajo el lema “Recuperemos la democracia”.

Estuvieron presentes representantes de ollas comunes, pueblos indígenas, colectivos de jóvenes, comunidad LGTBQ+, trabajadoras sexuales, asociación de familiares de víctimas, colectivos afroperuanos, transportistas, microempresarios, personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad se unieron en un mensaje común en defensa de la democracia y del poder del voto como herramienta de cambio.

Durante su intervención, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que el país no enfrenta una elección ordinaria, sino un momento decisivo para su futuro. “Estas elecciones pueden marcar un punto de quiebre: o empezamos a recuperar la democracia, o se consolida su deterioro”, señaló, tras alertar sobre un proceso de captura institucional.

En la misma línea, Yolanda Rojo, de la Plataforma por la Democracia, cuestionó los discursos de odio, la desinformación y las prácticas discriminatorias en la contienda electoral, e hizo un llamado a ejercer el voto como un acto de recuperación ciudadana: “Este 12 de abril, recuperemos nuestro voto, recuperemos la democracia”.

Por su parte, Lely Mozambique, de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar del Perú, alertó sobre la difusión de narrativas de fraude sin sustento. Asimismo se informó que los jóvenes definirán también el rumbo del país, y su participación informada es clave frente a lo que hoy están demandando.

Elecciones con garantías de transparencia

Las organizaciones subrayaron que el proceso electoral cuenta con mecanismos de supervisión nacional e internacional que garantizan su transparencia, lo que permite confiar en que los comicios se desarrollarán de manera libre y segura. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía, especialmente a los miembros de mesa, a cumplir un rol activo en el resguardo del voto y la legitimidad del proceso.

En conjunto, las organizaciones destacaron que uno de los principales objetivos de la campaña es promover un voto activo, informado y responsable, desalentando el voto en blanco o viciado, al considerar que este tipo de opciones favorecen a quienes buscan mantener el control de las instituciones. La actividad reunió a representantes de diversos sectores ciudadanos, quienes coincidieron en la necesidad de responder a la crisis política mediante una participación consciente en las urnas.

La conferencia concluyó con un mensaje unificado desde todos los espacios ciudadanos:“Este 12 de abril, salgamos a votar. El país que queremos se construye con nuestro voto.”

Ver conferencia de prensa https://www.youtube.com/live/Po5KAa8gBW8?si=x4zKuHBvJC0kZMb8