Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.

Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.

He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.

Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.

La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.

Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.

Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.

Madrid a 9 de febrero de 2012

Manifestación de apoyo al juez Garzón en la Puerta del Sol. / DOMINIQUE FAGET (AFP). El Pais.

Tomado de El País

Varios centenares de personas se han convocado de forma improvisada en la Puerta del Sol para protestar por la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial. Entre acusaciones muy duras contra los jueces del Supremo, el grito más repetido por los manifestantes ha sido el de “Vergüenza”. En la protesta estaban representadas varias asociaciones de víctimas del franquismo. De hecho, al estilo de las madres de la Plaza de Mayo, que daban varias vueltas a un monolito todos los jueves durante la dictadura argentina, varios grupos de personas, con pancartas reclamando justicia y fotos de algunas víctimas de la represión franquista, daban vueltas a la estatua de Carlos III en el centro de la Puerta del Sol.

La indignación contra los jueces del Supremo fue creciendo a medida que más gente se iba concentrando en la plaza. Los oradores vincularon en todo momento el caso de las escuchas de Gurtel con la investigación de la represión franquista. “Provoca indignación que el juez que destapa el caso se de momento el único condenado por Gurtel. Parece que en esta judicatura molestan los jueces independientes que quieran acabar con la corrupción”, señalaba uno de los oradores, miembro de la Plataforma contra la Impunidad.

“Basta ya, de mafia judicial”, gritaba el público, “Depuración de los jueces franquistas” o “Fuera franquistas del Tribunal Supremo”. “Tenemos memoria, queremos justicia”. Las pancartas que portaban muchos de los manifestantes también iban en la misma línea: “España al revés, corruptos y fascistas hacen juzgar al juez”. “Tapan sus delitos echando a Garzón”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y los 79 organismos que la conforman, respaldamos la Gran Marcha Nacional del Agua que vienen realizando los campesinos y ronderos del departamento de Cajamarca y otras regiones afectadas por las industrias extractivas. La marcha se inició en las lagunas altas de Celendín el día 1 de febrero y terminará este viernes 10 de febrero en la Plaza San Martín, en un recorrido de cientos de kilómetros, y luego de entregar al Congreso de la República el petitorio con la plataforma de sus requerimientos básicos.

La CNDDHH considera que el agua es la principal fuente de vida, por lo tanto, debemos preservarla y reconocer que la necesidad del acceso al agua es un derecho humano básico que sirve de marco para desarrollar los otros derechos como los vinculados a la vida y la salud. El derecho al agua potable y saneamiento ha sido reconocido desde el año 2003 por las Naciones Unidas como un “derecho humano”, organismo que ha exhortado a sus estados miembros, así como a organizaciones internacionales, a que realicen lo necesario para que la población tenga acceso al agua potable y al saneamiento incluso como uno de los objetivos del milenio hacia el año 2015.  Por otro lado, es imposible tener un acceso al agua potable y saneamiento, si es que no se tiene una preservación de las lagunas, acuíferos y cabeceras de cuenca que alimentan los complejos sistemas hídricos de los Andes.

Actualmente se está desarrollando una lucha incansable por preservar el agua de las  explotación de minería e hidrocarburos, principalmente en los departamentos de Cajamarca, Cusco, Puno, Piura, Ica y Moquegua. Esta lucha se ha centrado en la búsqueda de protección estatal de las lagunas, cabeceras de cuenca y acuíferos que algunas empresas mineras quieren explotar con la finalidad de extraer oro y otros minerales, teniendo como consecuencia la contaminación del medio ambiente, la escasez de este recurso en esas zonas y, sobre todo, el fortalecimiento de un modelo de desarrollo centrado en las industrias extractivas sin tener en consideración los ecosistemas y su protección para el futuro.

La CNDDHH, como defensores de los derechos humanos y convencidos de la necesidad de un medio ambiente sano para poder ejercerlos, consideramos un deber y una necesidad participar activamente de la Gran Marcha del Agua y acompañar a los campesinos, campesinas, ronderos y ronderas para llamar la atención al gobierno central sobre la necesidad de reconocer políticas públicas que protejan este derecho en la constitución y la prohibición de minería en cabeceras de cuenca. Es por este motivo que el día viernes 10 de febrero estaremos participando de la parte final de la Gran Marcha del Agua a las 2pm en la Plaza Dos de Mayo.

Lima 8 de febrero 2012

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Marcha Nacional del Agua llega a Trujillo. Foto Conacami

Pobladores de Velille. Foto Vicaría Sicuani

En una manifestación realizada el día 7 de Febrero en el distrito de Velille, a 50Km de Espinar, 200 policías agredieron a cincuenta personas que habían bloqueado la carretera en  protesta contra una empresa minera que perjudica el medio ambiente. Dentro de los agredidos se encuentran niños que estaban en sus hogares en el momento en que los gases lacrimógenos fueron esparcidos incluso dentro de las casas.

En el distrito de Llusco-Chumbivilcas existe desde el 30 de Enero un malestar de la población frente al incumplimiento de instalar una mesa de diálogo con una Comisión de Alto Nivel de la PCM para solucionar el conflicto que tienen con la empresa minera ANABI S.A.C.

El día de ayer 7 de Febrero la vía de acceso al distrito de Velille amaneció bloqueada, luego representantes de la Vicaria de la Solidaridad de la prelatura de Sicuani intentaron persuadir a los comuneros de desbloquearla. Cuando los comuneros aceptaron desbloquear la carretera, aparecieron 200 policías aproximadamente a cargo del General Dulanto Arias, y pese al intento de diálogo de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, en especial del párroco de Sicuani, los policías reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas y disparos al aire, situación que produjo heridos y daño entre los pobladores incluso niños. A su vez se han reportado policías heridos que se encuentran en la Comisaría de Velille.

La CNDDHH solicita al Gobierno Central se cumplan los deberes democráticos mínimos frente a las protestas sociales como la necesidad de llegar a un diálogo con la población antes de tomar decisiones drásticas. A su vez, es imprescindible que tanto la población como los oficiales de la policía apuesten por la tolerancia frente a estos tipos de conflictos, con el fin de que no se llegue a situaciones de violencia como las sucedidas en Velille con los pobladores.

La CNDDHH se suma a la demanda del Gobierno Regional y de la Vicaria de Sicuani de exigirle al Gobierno Central, sobre todo, al Presidente de la República, al Premier y a los encargados del área de conflictos sociales de la PCM, una decisión urgente para establecer una mesa de diálogo frente al conflicto entre la población de esa zona y la empresa minera ANABI SAC.

Para más información comunicarse con
Dra. Ruth Luque: 984103694

A su arribo a la capital, hacia las 04:00 p.m., la caravana se dirigirá al Colegio de Jesús en el distrito de Pueblo Libre.

Programa previsto para los días 9 y 10 de febrero en Lima

Jueves 9 de Febrero:

07:00 Recibimiento en el paradero Primera de Pro (límite de Los Olivos y Comas – Panamericana Norte)

09:00–18:00 Foro Hídrico: Agua, minería y desarrollo. Colegio de Jesús (Av. Brasil 2470. Pueblo Libre)

16:00 Llegada de los caminantes al Foro Hídrico y participación en la mesa central.

19:00 Conferencia de prensa. Colegio de Jesús.

Viernes 10 de Febrero:

09:30-11:30 Tribunal de Justicia Hídrica. Colegio Madre Admirable (jirón Ollanta s/n. Referencia: Av. Nicolás Ayllón y la Av. Garcilazo)

11:00 Conferencia de Prensa. Colegio Madre Admirable.

14:00 Movilización central de la Gran Marcha Nacional del Agua 2012. Punto de encuentro: Plaza 2 de Mayo. Recorrido: Colmena-Wilson–Paseo de los Héroes–Abancay–Parque Universitario-Plaza San Martín.

19:00 Acto Político-Cultural de cierre de la Gran Marcha Nacional del Agua 2012. Plaza San Martín.

Como es de conocimiento público los pobladores del distrito de Llusco – Chumbivilcas vienen acatando una paralización indefinida desde el pasado 30 de enero del 2012, en contra de la Empresa Minera ANABI S.A.C., una de las causas de esta movilización ha sido el incumplimiento de la PCM y de los representantes del Ministerio de Energía y Minas en instalar la mesa de diálogo con una comisión de Alto Nivel, programada para el 30 de enero. Compromisos que no se cumplieron, generando malestar y desazón en los dirigentes y autoridades comunales de Llusco.

La falta de atención del gobierno central obligó al pueblo de Llusco tomar medidas radicales como tomar el campamento minero de ANABI, desde donde se reclama la presencia del Estado. Ha esta medida de lucha iniciado por Llusco se sumaron los distritos de Velille, Colquemarca, Chamaca, entre otros. Desde el gobierno central se anunció la conformación de una comisión para establecer el dialogo, el cual debe desarrollarse el día de mañana, 08 de febrero en la capital de la provincia de Chumbivilcas, Santo Tomas.

En apoyo a Llusco, el día de hoy la vía de acceso al distrito de Velille amaneció bloqueada. Aproximadamente a las 9:00 AM representantes de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, quienes se dirigían en calidad de veedores a Santo Tomas  – Chumbivilcas, intentaron persuadir a los comuneros para acceder a la vía, pues las demandas de Velille sobre el tema minero son los mismos.

En medio de este escenario, siendo aproximadamente la 1:00 PM,  se hicieron presentes miembros de la policía a cargo del General Dulanto Arias, en un número de 150 a 200 efectivos policiales, pese a que los representantes de la Vicaria de Solidaridad de Sicuani  y el Párroco de Sicuani, invocaron al General de la Policía a dialogar procedieron a desbloquear la vía haciendo uso de bombas lacrimógenas realizando disparos al aire.

Este hecho exacerbó los ánimos de la población e inmediatamente fue respondido por los manifestantes, en  el lugar se encontraban mujeres, niños y ancianos, quienes fueron los más afectados con el humo que emiten las bombas lacrimógenas. En este momento la vía de acceso a Velille se encuentra desbloqueada; luego los pobladores sostuvieron una reunión en la plaza de armas y han denunciado la agresión policial con esta intervención; se constató la existencia de policías heridos en la Comisaría de Velille. Al finalizar la reunión de los pobladores se conformó una comisión que mañana acudirá al distrito de Santo Tomás para exigir una explicación sobre los hechos sucedidos.

Por otro lado la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, ya había emitido sendas cartas y pronunciamientos sobre el conflicto que se avecinaba en el distrito de Llusco por la presencia de la empresa minera ANABI S.A.C.

Ante esta situación la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani exhorta al Gobierno Central no abandonar los principios democráticos del diálogo y la tolerancia, con esta actitud solo se exacerban los ánimos de los pobladores de Chumbivilcas que esperan una respuesta del Estado para resolver el conflicto iniciado. Exigimos diálogo y escucha a las necesidades de la población chumbivilcana.

Sicuani, 07 de febrero del 2012.
Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.

Su secretaria ejecutiva, Rocío Silva Santisteban, dijo que los dirigentes de esa agrupación tienen la libertad de acudir a dicha instancia internacional, pero la posibilidad de que su demanda sea admitida es bastante complicada, porque se han respetado las instancias y el debido proceso frente a su pedido de inscribirse como partido.

El Movadef decidió esta semana desistir con su apelación a una resolución electoral que denegaba su inscripción, bajo el argumento que existía una persecución política en su contra de parte del Estado.

Previamente, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) había rechazado su inscripción por diversos aspectos de forma y de fondo, principalmente por su ideología vinculada a la subversión; medida que el Movadef apeló.

Silva Santistevan recordó que en el año 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró inadmisible una denuncia a favor del líder emerretista Víctor Polay, presentada a través de su madre Otilia Campos.

“Pueden tener derecho a acudir, pero sería absurdo que el sistema admita su denuncia”, afirmó.

La decisión del Movadef de desistir en su inscripción se produjo tras quedar conocerse en los últimos días de una falsificación de firmas para su inscripción y por reportar comités partidarios inexistentes.

En los últimos días representantes de ese grupo fueron denunciados por la procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones por esos presuntos ilícitos.

De otro lado, Silva Santisteban dijo que los organismos defensores de derechos humanos están dedicados a la elaboración de una nueva agenda de derechos, sobre los cuales pondrán su atención en los próximos años.

Fuente: Andina

Foto portada de manual

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó este martes un manual de procedimientos profesionales en la recolección de evidencias y análisis de laboratorio en casos de violaciones sexuales.

La guía de la UNODC ayuda a aclarar los detalles de la agresión a partir del momento en que una víctima la denuncia a las autoridades.

De esa manera, los resultados que se presenten a los tribunales serán más precisos y confiables, y podrían facilitar el hallazgo de los responsables, señaló la UNODC.

El organismo especificó que muchas veces este tipo de delitos queda impune por la falta de evidencias debida a la recolección y análisis tardíos o inadecuados de pruebas

DESCARGAR MANUAL

Fuente: ONU

Comenzó este miércoles (1º), en Perú, la Gran Marcha Nacional del Agua. Delegaciones de todas partes del país se dirigieron hacia Cajamarca, de donde partió la manifestación que tendrá una duración de 10 días y finalizará en Lima. Los primeros lugares a ser visitados durante la marcha son las lagunas que el proyecto Conga planea damnificar para extraer oro y cobre.

La gran marcha está siendo impulsada por el gobernador del departamento de Cajamarca, Gregorio Santos, y recibió el apoyo de diversas organizaciones de pueblos indígenas, colectivos de jóvenes, organizaciones mundiales que defienden el agua y el medio ambiente, investigadores y trabajadores peruanos.

El objetivo principal es la defensa del agua y de la Tierra, especialmente la protección de las lagunas que serán afectadas por el proyecto Conga. Con este objetivo, piden la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería, el fin de las actividades mineras en las cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica y respaldo a la Orden 036 del Gobierno Regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto Conga. Otro fuerte motivo para la realización de la peregrinación es intentar sensibilizar a la población para que demande al gobierno del presidente Ollanta Humala para que reconozca el agua como un derecho humano.

Los días de marcha estarán repletos de actividades; los principales momentos serán el Foro de Justicia Hídrica, agendado para el día 9, en Lima, y una gran movilización pacífica y festiva por el agua el día 10, también en la capital peruana.

Paralelamente a la marcha, habrá otras actividades de apoyo. En Lima, colectivos de juventud, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos realizaron hoy una marcha por las calles para apoyar y celebrar el comienzo de esta manifestación pacífica y democrática. También en Cusco, Espinar, Canchis, Tambo, Arequipa, Tacna, Ancash, Iquitos y otros lugares de las macro-regiones Norte, Centro, Sur y Oriente del país se realizarán concentraciones y movilizaciones.

Con el mismo objetivo de defender los recursos hídricos de la región, cerca de 500 habitantes de Quiruvilca y Santiago de Chuco harán una marcha de sacrificio saliendo de la sierra de la Libertad rumbo a Lima. La acción, que se realizará el próximo viernes (3), busca defender cinco lagunas localizadas en la jurisdicción e impedir que sus aguas sean usadas para beneficiar a la minería.

Los pueblos indígenas amazónicos también están viendo sus tierras y recursos naturales gravemente afectados. El problema de esta población se debe a la presencia abusiva y contaminante de las empresas petroleras. Para luchar contra el intento de dominar las riquezas de la región, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) también se organizó para manifestar su descontento. La acción ocurrió este miércoles en la ciudad de Iquitos.

Antes de estas actividades, otras acciones ya estaban en marcha probando que el pueblo de Cajamarca está empeñado en la protección de sus bienes naturales. De acuerdo con informaciones de Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), junto con organizaciones del Pacto de Unidad una medida cautelar fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida y la integridad de las personas, ya que la “defensa del agua es la defensa de la vida”.

Otra medida que está siendo tomada por parte de la Conacami es el intento de crear una Comisión de la Verdad sobre la Minería, que investigue todos los perjuicios causados por las industrias extractivas en los últimos 20 anos.

Proyecto Conga

El Proyecto Conga de la transnacional Newmont-Buenaventura-IFC (Minera Yanacocha) viene causando trastornos a la población de Cajamarca desde el año pasado, porque el proyecto de explotación de cobre y oro hará desaparecer cuatro lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca y causará daños ambientales irreparables a la región. La población local teme una emergencia hídrica, ya que buena parte del agua utilizada viene de estas lagunas, localizadas en la cabecera de cuencas.

La aprobación del estudio de impacto ambiental fue uno de los detonantes de los reclamos, dado que éste, incluso habiendo sido cuestionado por el gobierno federal, fue aprobado, incumpliendo la ley peruana que señala que lagunas altandinas, bofedales (zonas inundadas altandinas) y glaciares constituyen ecosistemas frágiles y que pueden sufrir grandes efectos con cualquier intervención.

Adital: Por Natasha Pitts. Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH. Foto La República

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) instó hoy a las universidades públicas y privadas a incluir cursos que permitan explicar a los estudiantes sobre la violencia terrorista que desató Sendero Luminoso en el pasado, y no dejarse sorprender por grupos que pretenden “distorsionar la historia”.

Rocío Silva Santisteban, titular de la Coordinadora, consideró preocupante que en algunas universidades existan jóvenes que creen que el cabecilla senderista, Abimael Guzmán, condenado de por vida por terrorismo, sea un “preso político”, y que lo sucedido entre los años 80 y 90 no fueron acciones subversivas.

Eso se debería -opinó- precisamente a que no existe una política de la memoria de la violencia terrorista en las universidades, pues –dijo- salvo en la Universidad Católica en el resto de casas de estudio no se han implementado cursos de esa naturaleza.

Lamentó que algunas universidades que han sufrido los golpes del terrorismo, no ha incluido hasta ahora cursos de esa naturaleza, lo que “me parece terrible”, pues en vez de pelearse entre ellos por cuotas de poder, “debería atender este tema”.

Pero la titular de la CNDDHH, aclaró que esta falta de memoria no se puede achacar solo a las universidades, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad peruana.

Añadió que por discutir tanto sobre si el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es objetivo o sesgado, “nos olvidamos de la memoria de la violencia”.

Añadió que el surgimiento del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), que reivindica la ideología senderista y pretende inscribirse como partido políticos, “es consecuencia de ese olvido”.

Silva Santistevan comentó que algunos jóvenes, precisamente porque no vivieron esta etapa y por la rebeldía de su edad, podrían ser captados por los grupos de fachada del terrorismo.

Fuente: Andina

La brújula de los jueces es la prueba
El informe final de la Comisión de la Verdad (CVR) es importante porque permitió conocer el contexto de los crímenes que se cometieron entre 1980 y el 2000, sostuvo Ricardo Brousset, presidente de la Sala Penal Nacional (SPN), al descartar que exista un doble estándar en el juzgamiento tanto de terroristas o de un grupo de militares que cometieron actos de violación de derechos humanos.

Fue al comentar las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, quien dijo que hubo mucha teatralización en los testimonios que recogió la CVR y aspectos que sobredimensionaron la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas.

“Como se demuestra con la producción de las sentencias de la SPN, todas ellas que han pasado por la Corte Suprema, debe quedar en claro que no hay un doble estándar, hay un solo estándar. La justicia penal en el país para ver casos de criminales, de terrorismo, de violación de derechos humanos tiene un solo estándar, que es la prueba, porque constitucionalmente, todo imputado – sea cual sea la imputación– está premunido de la presunción de inocencia y le corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, probar la responsabilidad y ese es el único estándar que tenemos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“De tal manera que bien podemos nosotros, como toda la ciudadanía, es repudiar en genérico los actos tanto del terrorismo, como de violación de derechos humanos; como jueces tenemos como única brújula y elemento determinante la prueba para decir que esta persona es culpable y, en consecuencia, se le debe imponer una pena”, apuntó.

Informe de CVR es importante
Indicó que el valor del documento que elaboró la CVR radica en que logró situar el contexto de los crímenes que se perpetraron y luchar contra la impunidad. Remarcó que a pesar de que la actividad probatoria es la que prima en el desarrollo del juicio, no puede soslayarse de ninguna  manera el texto de esta comisión.

“El informe de la CVR es importante, dentro de esa perspectiva de conocer la verdad y luchar contra la impunidad y si hablamos de luchar contra la impunidad de los grupos terroristas […] creo que también el mensaje de la sociedad democrática debe ser nunca más al terrorismo, pero nunca más a la respuesta de malos agentes de las fuerzas del orden, de algunos agentes del Estado que de algún modo nos deslegitimaba a todos”, señaló.

“Cuando los agentes del Estado son llamados a obrar con justicia y equidad, terminan generando situaciones similares a los de aquellos que están fuera de la ley, lo que pasa es que la ley se va a debilitar, dejando siempre en claro que el rol de las fuerzas de seguridad, oficial y legalmente, de aquellos que actuaron de acuerdo a ley es un rol importante, y fueron los que nos defendieron para la derrota del terrorismo”, apuntó.

El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, denunció ayer que desde hace más de un mes está paralizado el proceso de reparaciones y también reclamó al gobierno el pronto nombramiento de un jefe de la comisión multisectorial de alto nivel, puesto acéfalo desde el 2011.

Lo dijo durante una reunión de trabajo que tuvo con los representantes de los comités de autodefensa y organizaciones de afectados de Cusco, Ayacucho, Huancavelida, Junín, Lima y la selva central.

“Al Estado lo que le corresponde es velar y cumplir con el compromiso de otorgar las reparaciones a las víctimas de la violencia, así como atender sus justas demandas”, dijo Vega.

Gisella Vignolo, defensora adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad, dijo que el Estado no ha cumplido con implementar adecuadamente las reparaciones en educación, salud, restitución de derechos, entre otros.

En la cita participaron algunos familiares de las víctimas, Giovana Cueva, Leonor Saire, Elena Gonzáles y José Aquino, entre otros.

CLAVE
Hoy a las 11 de la mañana se reunirán las autoridades de la Defensoría del Pueblo con las del sector Justicia.

Publicado en La República, Kolumna Okupa, 29/01/2012

Está totalmente fuera de discusión la validez del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un acercamiento serio, meticuloso y honesto a lo que sucedió durante los años 80 y 90 en nuestro país. Lo que voy a plantear en este (corto) espacio son las posibilidades específicas de difundirlo:

1. Impulsar en las universidades que se dicten cursos sobre memoria y de alguna manera propiciar discusiones interdisciplinarias en las áreas de estudios generales.

2. Promover cursos que usen algunos de los 16 mil testimonios recogidos durante el proceso de la CVR para poder llegar a tener una visión menos estadística y más humana del proceso, en cursos de Lengua y Redacción, como parte de entender que lo literario en América Latina tiene un sustrato oral muy fuerte y ancestral.

3. Hacer concursos de tesis universitarias, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, que pueda plantear diversos aspectos sobre el Informe de la CVR. Conozco a varios y varias estudiantes holandeses, españoles, estadounidenses o alemanes que están actualmente abocados en sus tesis de grado a varios aspectos del Informe Final; en cambio, los peruanos son pocos (pero son… como diría Vallejo).

4. Editar y difundir algunos de estos testimonios en libros cuidados, ilustrados y con explicaciones sobre el proceso completo, para poder ser usados en colegios, universidades, institutos pedagógicos y talleres diversos.

5. La idea es que la difusión de los testimonios no se centre en análisis sociológicos sino en historias de vida, en testimonios palpitantes, editados por una mano que manteniendo los giros característicos de un castellano filtrado de otras lenguas, o en todo caso las traducciones de testimonios en otras lenguas, permita dar una fluidez al texto para ser leído de manera corrida y con fruición.

6. Permitir que el Informe Final sea recreado desde diversas experiencias artísticas. De hecho, Alonso Cueto, Santiago Roncagliolo, Óscar Colchado y un largo etcétera bastante fructífero de narradores peruanos, criollos y andinos y de todos los matices han tocado el tema de la violencia desde diversas fuentes testimoniales, periodísticas e históricas, y varios de ellos tomando como fuente el propio Informe Final. Y varios han ganado premios internacionales con estas propuestas.

7. Asimismo difundir, como han hecho varias instituciones como Ser o Comisedh, concursos de dibujos, cantos, cómics, poesía, narraciones que estén inspirados en el Informe Final o en todo caso en historias que se derivan de la violencia que sufrimos durante esos años nefastos.

8. Promover entre los jóvenes videastas y cineastas concursos de guiones que tengan como objetivo primordial el uso de los testimonios de la CVR o que a su vez puedan recoger testimonios de aquellas personas que no han podido darlos en su momento y que aún tienen la necesidad imperiosa de contar sus historias. La teta asustada está inspirada en una historia terrible de esta época.

Estas son solo algunas ideas que hemos venido pensando para difundir el IF de la CVR de la mejor manera, al margen de los medios de comunicación tantas veces refractarios a tocar el complejo tema del conflicto armado interno (terrorismo por un lado y represión brutal del otro), para estimular que las nuevas generaciones no olviden este proceso, no para recrearles un dolor que no han sentido sino para abrirles los ojos ante la verdad y la justicia.

Tomado de La República

La habilidad castrense del premier Óscar Valdés parece querer olvidar las correcciones que necesitó el país para abrir paso a la verdad y la reconciliación. Es así como el primer ministro aseguró que el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) contiene “teatralización” y mucho contenido “sobredimensionado” sobre los años de violencia en el Perú entre los años 80 y 90.

“Si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización y cosas que sobredimensionaron, como la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas”, enfatizó Valdés en el noticiario 90 segundos.

Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, interpretó las palabras de Valdés como una reacción desde “su uniforme militar que lleva bajo su terno de civil”. Agregó que dichas afirmaciones representan una ofensa para las víctimas y exigió unas disculpas públicas, además de los juicios y las reparaciones pendientes.

“El premier tiene que recordar que la Comisión de la Verdad fue una institución del Estado, no una ONG”, agregó Silva Santisteban para luego sostener que los dichos del primer ministro tienen coherencia con la poca importancia que le está dando el gobierno al tema de las reparaciones.

En ese punto, la activista de derechos humanos recordó que aún no se ha nombrado al presidente de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en el ámbito de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN).

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra dijo que argumentos como los del premier permiten que surjan movimientos pro terroristas como el de Sendero Luminoso.

“Las declaraciones de Valdés fueron lamentables frente al dolor que sufrieron las víctimas con el terror que sembró Sendero Luminoso”, expresó.

Asimismo, explicó que la reacción del presidente del Consejo de Ministros responde al deseo de un sector castrense que hubiera preferido que el informe de la CVR expusiera las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero callara los excesos realizados por agentes del Estado peruano.

Para Gamarra, esta “exigencia inmoral” afecta severamente el debate dado en estos momentos sobre la memoria de la población en el conflicto armado interno en nuestro país.

La publicación, titulada “El Umbral de la Memoria – presente, pasado y futuro en las memorias de la violencia en Huancavelica”, ha sido validada con los profesores de la zona y puede servir como base para empezar a trabajar el tema de la memoria con los escolares de dicha región y del país en su conjunto.

Asimismo, el documento tiene como objetivo mantener la memoria viva en los escolares sobre lo que ocurrió en esa zona en las décadas de los 80 y 90. La violencia generó grandes pérdidas humanas y materiales y dejó serias secuelas psicológicas en los pobladores.

Estas guías metodológicas permitirán el conocimiento de la historia de la región, de manera crítica y creativa, así como la revaloración del rol de la mujer y de la organización social, y el fomento de una cultura de respeto a los derechos humanos para la resolución de los conflictos.

Por ello, la propuesta del IDL se suma a ese esfuerzo y plantea enriquecer el debate y el conocimiento acerca de los hechos de violencia ocurridos en esas dos décadas, para ayudar a fomentar una cultura de paz necesaria para conducirnos en una sociedad más justa y democrática.