La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la ciudadanía en un momento decisivo para el país.

Llegamos a estas elecciones en un contexto de grave deterioro democrático. La concentración de poder en el Congreso, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la aprobación de normas que favorecen la impunidad han erosionado la institucionalidad y afectado directamente los derechos de la ciudadanía. No se trata de una elección más: está en juego el rumbo democrático del país y la posibilidad de recuperar un Estado al servicio de las personas.

En este escenario, se han normalizado prácticas que degradan el debate público y debilitan la convivencia democrática. La difamación sin pruebas, el “terruqueo”, el racismo y la estigmatización se han convertido en herramientas políticas, muchas veces acompañadas de amenazas contra autoridades electorales.

A ello se suma la insistencia en instalar narrativas de fraude sin evidencia, que buscan deslegitimar el proceso electoral y erosionar la confianza en la voluntad popular. Una democracia no puede sostenerse sobre la mentira ni el miedo.

Existen además condiciones que generan incertidumbre sobre el desarrollo del proceso electoral, como la complejidad del sistema de votación, la fragmentación política y el riesgo de un alto número de votos viciados, lo que podría afectar la representación y abrir espacio a cuestionamientos indebidos de los resultados. En este contexto, resulta fundamental garantizar la transparencia del proceso y el respeto irrestricto a la voluntad popular.

Ante ello, el rol de la ciudadanía es determinante. Recuperar la democracia exige asumir el voto como una herramienta de poder real.

Exhortamos a rechazar la desinformación, los discursos de odio y cualquier intento de manipulación del proceso electoral. No hay espacio para la indiferencia: el ausentismo, el voto en blanco o viciado terminan favoreciendo a quienes buscan sostener la impunidad y el debilitamiento de la democracia.

Las y los jóvenes tienen un papel decisivo en este proceso. Más de 6 millones de votantes jóvenes participarán en estas elecciones, y más de 2.5 millones lo harán por primera vez. Su voto no solo es significativo en número, sino también en su capacidad de definir el resultado. En un contexto de desconfianza, su participación informada y consciente es clave para defender la democracia y abrir la posibilidad de un país más justo, con oportunidades y derechos para todas y todos.

El 12 de abril no solo elegimos autoridades. Elegimos el tipo de país que queremos ser.

La democracia no se delega: se ejerce.
Recuperarla está en nuestras manos.

Lima 10 de abril de 2026

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(Foto: Facebook de Colectivo Guardianes Defensores de Bosques Secos «Guadalupe Zapata Sosa»)

Comuneros de Catacaos (Piura) saludaron como un hito histórico la decisión del Vaticano de abrir, del 4 al 22 de mayo, un canal para recibir denuncias de víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana y avanzar en procesos de reparación.

Señalan que este avance abre una oportunidad para continuar en ese camino, con acciones concretas como la devolución de sus tierras y la rendición de cuentas de los responsables.

En 2014, empresas vinculadas al SVC iniciaron una acción civil para desalojarlos de territorios comunales, tras una serie de traspasos de propiedad que no son reconocidos por la comunidad y que involucran cerca de 2.000 hectáreas. Durante estos años, los comuneros que denunciaron la apropiación enfrentaron persecución y procesos de criminalización. El Sodalicio fue disuelto por el papa Francisco en 2025, tras denuncias por abusos de distinta índole, incluyendo casos de violencia física, psicológica y sexual.

Ver adjunto el comunicado de los comuneros de Catacaos:

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Voceros de diversos sectores advierten que el proceso electoral representa un punto de quiebre para el país e instan a ejercer un voto activo, informado y vigilante.

En un contexto de creciente preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática, diferentes organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Plataforma Voces Ciudadanas, realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la ciudadanía a recuperar la democracia a través del voto en las elecciones del próximo 12 de abril bajo el lema “Recuperemos la democracia”.

Estuvieron presentes representantes de ollas comunes, pueblos indígenas, colectivos de jóvenes, comunidad LGTBQ+, trabajadoras sexuales, asociación de familiares de víctimas, colectivos afroperuanos, transportistas, microempresarios, personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad se unieron en un mensaje común en defensa de la democracia y del poder del voto como herramienta de cambio.

Durante su intervención, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que el país no enfrenta una elección ordinaria, sino un momento decisivo para su futuro. “Estas elecciones pueden marcar un punto de quiebre: o empezamos a recuperar la democracia, o se consolida su deterioro”, señaló, tras alertar sobre un proceso de captura institucional.

En la misma línea, Yolanda Rojo, de la Plataforma por la Democracia, cuestionó los discursos de odio, la desinformación y las prácticas discriminatorias en la contienda electoral, e hizo un llamado a ejercer el voto como un acto de recuperación ciudadana: “Este 12 de abril, recuperemos nuestro voto, recuperemos la democracia”.

Por su parte, Lely Mozambique, de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar del Perú, alertó sobre la difusión de narrativas de fraude sin sustento. Asimismo se informó que los jóvenes definirán también el rumbo del país, y su participación informada es clave frente a lo que hoy están demandando.

Elecciones con garantías de transparencia

Las organizaciones subrayaron que el proceso electoral cuenta con mecanismos de supervisión nacional e internacional que garantizan su transparencia, lo que permite confiar en que los comicios se desarrollarán de manera libre y segura. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía, especialmente a los miembros de mesa, a cumplir un rol activo en el resguardo del voto y la legitimidad del proceso.

En conjunto, las organizaciones destacaron que uno de los principales objetivos de la campaña es promover un voto activo, informado y responsable, desalentando el voto en blanco o viciado, al considerar que este tipo de opciones favorecen a quienes buscan mantener el control de las instituciones. La actividad reunió a representantes de diversos sectores ciudadanos, quienes coincidieron en la necesidad de responder a la crisis política mediante una participación consciente en las urnas.

La conferencia concluyó con un mensaje unificado desde todos los espacios ciudadanos:“Este 12 de abril, salgamos a votar. El país que queremos se construye con nuestro voto.”

Ver conferencia de prensa https://www.youtube.com/live/Po5KAa8gBW8?si=x4zKuHBvJC0kZMb8

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Rechazamos de manera categórica las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga, quien se ha expresado de forma amenazante contra la vida del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Este tipo de expresiones ponen en grave riesgo su integridad, normalizan la violencia en el debate público y debilitan la institucionalidad democrática.

En un contexto electoral, es inaceptable que actores políticos recurran a discursos que inciten o legitimen la violencia. Resulta igualmente preocupante la difusión de supuestos actos fraudulentos sin evidencia, lo que contribuye a erosionar la confianza en el sistema electoral y expone la integridad del personal de la ONPE.

Se trata de declaraciones de extrema gravedad que configuran un acto de amedrentamiento incompatible con el orden democrático y que socavan la independencia de los organismos electorales, pilar fundamental para la legitimidad de cualquier proceso electoral.

Exigimos responsabilidad y respeto irrestricto a las autoridades electorales, así como garantías para el ejercicio de sus funciones sin presiones ni intimidaciones. En ese marco, exhortamos al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral a pronunciarse de manera inmediata y a adoptar las acciones correspondientes, conforme a su mandato de promover conductas responsables y respetuosas de los principios democráticos durante el proceso electoral.

Defender elecciones libres, transparentes y pacíficas es una responsabilidad colectiva

Lima 01 de abril de 2026

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Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionamos la elección de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación, llevada a cabo en un proceso marcado por irregularidades que comprometen su validez constitucional y afectan gravemente la institucionalidad del Ministerio Público.

La designación se produjo con la participación de Patricia Benavides como miembro de la Junta de Fiscales Supremos, pese a estar suspendida por el Colegio de Abogados, lo que constituye un vicio sustancial que compromete la legitimidad del proceso. Esta elección se realizó además tras la ilegal destitución de la ex Fiscal de la Nación Delia Espinoza por la misma instancia que llevó adelante la elección, lo que evidencia decisiones arbitrarias que afectan la independencia del Ministerio Público.

A estas irregularidades se suma que Tomás Gálvez no cumple con el perfil exigido por la Ley de Carrera Fiscal, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la idoneidad del nombramiento.

Advertimos oportunamente estos riesgos mediante una comunicación formal a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, alertando que cualquier decisión adoptada bajo estas condiciones presentaría serios vicios de legitimidad.

Estos hechos reflejan un patrón de copamiento institucional que vulnera el orden constitucional y debilita los principios fundamentales del Estado de Derecho, generando preocupación por la independencia, autonomía y legitimidad de la Fiscalía de la Nación.

Lima 24 de marzo de 2026

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Concurso “Voto Joven: Nuestra generación decide”

¿Tienes entre 18 y 25 años? Este concurso es para ti.

En las Elecciones Generales 2026, más de seis millones de jóvenes participarán en las urnas para decidir el rumbo del país. Muchas y muchos votarán por primera vez.

Por eso lanzamos “Voto Joven: Nuestra generación decide”, un concurso de videos cortos que invita a las y los jóvenes de todo el Perú a expresar, con creatividad y en sus propias palabras, por qué nuestra generación tiene un rol clave en el futuro del país.

Queremos escuchar tu voz.

Tu video puede ser parte de esa conversación y ganar grandes premios para que sigas creando contenido.

¿Qué tienes que hacer?

1. Crea un video corto de hasta 1 minuto 30 segundos.

2. Publícalo en tus cuentas de Instagram o TikTok.

3. Etiqueta a las cuentas de: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

Ig: @cnddhhperu Tiktok: @cnddhh

4. Usa los hashtags: #VotoJoven  #MiGeneraciónDecide

Puedes participar con más de un video.
¡Mientras más videos publiques, más oportunidades tienes de ganar!

¿De qué debe tratar tu video?

Tu video debe girar en torno a la siguiente pregunta:

¿Por qué nuestra generación tiene un rol clave en el Perú que viene?

Puedes abordarlo desde historias personales, opinión, humor, entrevistas, animación, storytelling, «get ready with me» o cualquier idea creativa.

Los videos pueden realizarse en español o en lenguas originarias.

¿Hasta cuándo puedes participar?

Tienes plazo hasta el 10 de abril para publicar tu video.

Durante ese tiempo podrás crear y compartir tus contenidos en redes sociales.

Premios

Los mejores videos recibirán kits de creación audiovisual para seguir produciendo contenido. Cada kit cuenta con: Smartphone, trípode, aro de luz, micrófono, además de material educativo en derechos humanos y otras sorpresas. 

Importante

No serán aceptados videos que:

• Promuevan partidos políticos o candidaturas.
• Incluyan lenguaje ofensivo, discriminatorio o que incite al odio o la violencia
• Vulneren derechos de terceros (uso de imágenes o música sin autorización)

Nuestra generación decide

El voto es una herramienta para defender derechos, enfrentar la impunidad y abrir oportunidades para todas y todos.

Hoy más que nunca, la voz de las juventudes importa.

Cuéntalo en un video.
Comparte tu mirada.
Y sé parte de la conversación sobre el país que queremos.

#VotoJoven
#MiGeneraciónDecide

¡Infórmate y decide por quien respeta los derechos humanos!

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Ciudad de Guatemala, Guatemala, 10 de marzo de 2026.- Durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones peruanas e internacionales alertamos sobre el progresivo debilitamiento de la Defensoría del Pueblo en el Perú y su apartamiento de su mandato constitucional, como institución clave para la protección de los derechos humanos y la supervisión de la actuación estatal.

En particular, señalamos que este debilitamiento se profundizó tras el nombramiento del actual titular de la institución, en medio de un proceso cuestionado por su falta de transparencia y por la ausencia de garantías de idoneidad e imparcialidad. En ese contexto, también informamos sobre la solicitud de revisión del estatus de acreditación “A” de la Defensoría del Pueblo ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), mecanismo que evalúa la independencia y el cumplimiento de estándares internacionales de estas instituciones. Cabe recordar que el Defensor del Pueblo es un actor político partidario, denunciado constitucionalmente hoy en día, y con denuncia ética ante un colegio de abogados por conflicto de interés en su actuación frente a la ley de extinción de dominio que no solo perjudicó la actuación de la justicia en estas causas, sino que además favorecía a su familiar.

Por su parte, el Estado, representado por el propio Defensor del Pueblo, sostuvo que su elección se realizó conforme a los procedimientos constitucionales y defendió la legitimidad de su gestión. Asimismo, reafirmó la importancia de las instancias internacionales de protección de derechos humanos y expresó su respaldo a la próxima visita a país que la CIDH realizará en el Perú durante el segundo semestre de 2026.

Sin embargo, las organizaciones subrayamos que la actuación reciente de la Defensoría contrasta con sus palabras y con el rol histórico que esta institución ha desempeñado como fuente técnica confiable, contrapeso democrático y aliada de las víctimas ante el Sistema Interamericano. Durante años, la Defensoría fue un actor clave en la documentación de violaciones de derechos humanos y en la promoción de estándares de protección, papel que ha dejado de cumplir desde la designación del actual Defensor del Pueblo en mayo del 2023 por el Congreso de la República, en medio de serios cuestionamientos y medidas cautelares ante problemas de la elección.

En esa línea, durante la audiencia presentamos distintos ejemplos que reflejan esta situación. Entre ellos, mencionamos la falta de pronunciamiento frente a normas que favorecen la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, el respaldo a iniciativas que debilitan la independencia judicial y fiscal, así como omisiones frente al ataque sistemático contra al derecho a la igualdad de género entre otras vulneraciones que afectan a personas y grupos en especial situación de vulnerabilidad. Todo ello vulnera los Principios de París.

Asimismo, advertimos que la situación de la Defensoría no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto más amplio de deterioro del Estado de derecho y de erosión de los mecanismos de control institucional en el Perú, particularmente sensible ante las elecciones generales previstas para abril de 2026.

En respuesta a estas preocupaciones, la Comisión destacó la importancia de que las instituciones nacionales de derechos humanos actúen con independencia, imparcialidad y capacidad técnica para cumplir efectivamente su mandato, y subrayó la necesidad de garantizar la autonomía y el adecuado funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, valoramos el anuncio de la CIDH de realizar una visita a país al Perú y manifestamos nuestra disposición a acompañar ese proceso, que constituye una oportunidad clave para que la Comisión cuente con información directa sobre la situación de derechos humanos en el país. Esta visita, además, se inscribe en el seguimiento sostenido que la CIDH ha realizado sobre la situación peruana durante los últimos años y responde a sendos pedidos de la sociedad civil.

En ese marco, reiteramos el llamado a que la CIDH evalúe la inclusión del Perú en el Capítulo IV.B de su informe anual. La inclusión en este capítulo y la realización de visitas in loco no son mecanismos excluyentes; por el contrario, son herramientas complementarias del Sistema Interamericano para fortalecer el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país.

• Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
• Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Grupo de ex titulares de la Defensoría del Pueblo
• Instituto de Defensa Legal (IDL)

La entrada Organizaciones alertamos ante la CIDH la cooptación de la Defensoría del Pueblo en Perú y valoramos la visita anunciada al país se publicó primero en Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En el Perú, las mujeres continúan enfrentando profundas desigualdades en el acceso al trabajo, en los ingresos y en el reconocimiento de su aporte a la economía y a la sociedad. El ingreso promedio mensual de las mujeres representa apenas el 75,7% del ingreso de los hombres (INEI).

La desigualdad no se limita a los salarios. Las mujeres participan menos en el mercado laboral y enfrentan mayores niveles de precariedad. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, mientras ocho de cada diez hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, solo seis de cada diez mujeres lo hacen, y la informalidad también las afecta en mayor proporción.

Estas brechas están vinculadas a una carga que sigue recayendo principalmente sobre ellas: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67% de las mujeres que realizan estas labores no recibe ningún salario, pese a que su aporte económico equivale aproximadamente al 23% del PBI, lo que evidencia que gran parte de la economía del país se sostiene sobre labores invisibilizadas.

A esta desigualdad se suma la persistencia de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia sexual, que continúa marcando la vida de miles de niñas, adolescentes y mujeres en el país y evidencia las fallas del Estado en prevención, protección y acceso a la justicia.

En este contexto, el 8 de marzo adquiere un significado potente. Cada vez más mujeres organizadas alzan su voz para exigir igualdad y dignidad. Lo vemos en el liderazgo de mujeres awajún y wampis, quienes viajaron desde comunidades de Condorcanqui hasta Lima para participar y encabezar la marcha del 8M, muchas dejando temporalmente a sus hijos y familias para exigir que sus demandas sean escuchadas.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reafirmamos que el Perú no puede seguir normalizando estas desigualdades. Como señalamos en el Consenso por los Derechos Humanos, es fundamental garantizar igualdad salarial, seguridad social y pensiones dignas, así como políticas que protejan a las madres solteras, incluidas las madres migrantes.

Los cambios más importantes han sido impulsados por mujeres que se niegan a aceptar la desigualdad como destino. Escuchar sus demandas y convertirlas en políticas reales es una tarea urgente para construir un Perú más justo para todas y todos.

¡Los derechos de las mujeres no se negocian!

La entrada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora se publicó primero en Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destacamos la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara responsable al Estado peruano por la esterilización forzada de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997 en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Este fallo llega después de casi 30 años de búsqueda de justicia por parte de su familia, en particular de sus hijas, y constituye un reconocimiento internacional de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las esterilizaciones forzadas practicadas en el país.

La sentencia establece que la intervención realizada a Celia Ramos Durand no contó con un consentimiento libre e informado y que estos hechos se produjeron en el marco de una política que promovió esterilizaciones masivas dirigidas principalmente contra mujeres pobres, rurales e indígenas.

Esta decisión representa un precedente fundamental para las cientos de mujeres que aún esperan justicia por las esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú.

Asimismo, destacamos las garantías de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Entre ellas se encuentra la aprobación de normas claras sobre el consentimiento informado en salud sexual y reproductiva, la revisión y actualización de los protocolos médicos en hospitales públicos y privados, la creación de mecanismos para recibir denuncias cuando no se respete este derecho y el diseño de una política pública nacional integral en salud sexual y reproductiva.

Este fallo reafirma que la verdad, la justicia y la reparación son derechos que no prescriben, y que el Estado tiene la obligación de garantizar que estos graves hechos no vuelvan a repetirse.

La entrada Caso Ramos Durand: sentencia histórica que reinvinda a las mujeres pobres, rurales e indígenas víctimas de esterilizaciones forzadas se publicó primero en Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Tras la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, en consecuencia, encargado de la Presidencia de la República— se consolida la continuidad de una representación ampliamente cuestionada, en un contexto de profunda crisis institucional que ha erosionado la confianza ciudadana y debilitado la estabilidad democrática del país.

La designación de una autoridad con antecedentes públicos cuestionados y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima alarma ciudadana y afecta gravemente la confianza en las instituciones. Resultan inaceptables las afirmaciones en las que sostuvo que las relaciones sexuales tempranas —en ausencia de violencia— podrían “ayudar al futuro psicológico de la mujer”.

Tales declaraciones no solo contradicen el marco jurídico nacional e internacional vigente, sino que desconocen estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y adolescencia, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia sexual.

Desde la CNDDHH recordamos que la legalidad formal de una designación no agota el estándar democrático. La legitimidad se construye sobre la ética pública, la coherencia con los principios constitucionales y el compromiso efectivo con la igualdad y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Lima, 18 de febrero 2026

La entrada El Perú merece liderazgo con ética, no antecedentes que debilitan la lucha contra la corrupción y la violencia sexual se publicó primero en Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.