Cosas que escribo

Dudas razonables sobre el PIB

2018-08-27T18:06:00.000-04:00

Cualquiera que inicie la carrera de economía recibirá, en los primeros días de clases, la suficiente formación para entender que es el PIB. Es un agregado, que se usa para estimar el tamaño de una economía, sumando el valor de los bienes y servicios finales producidos y transados en un periodo dado. Vamos por partes: los periodos suelen ser trimestres o años, mientras que los bienes y servicios deben ser “finales” porque si tomamos en cuenta los productos y servicios intermedios tendríamos una doble contabilidad: la harina que le venden los molinos a los panaderos no se contabiliza por que se supone que el costo de ésta harina está incluido en la marraqueta que vende el panadero (y que si contabiliza en el PIB).

También deben ser bienes y servicios “transados” porque se necesita un valor de mercado para poder cuantificar el PIB. Aquí una primera llamada de atención: esto significa que se dejan afuera todas los bienes o actividades que no reciben remuneración, como por ejemplo las labores del hogar o algunas actividades que se basan en trabajo familiar, como el de muchas pequeñas empresas que no pagan un salario porque se apoyan en el trabajo de la familia. En una economía altamente informal como la boliviana, este es un problema serio a tomar en cuenta.

Es un “agregado” porque intenta mirar el tamaño total de la economía, y aunque hemos avanzado mucho en su desagregación por sectores y regiones, de ninguna manera puede relacionarse directamente con factores cualitativos como la calidad del empleo, la sostenibilidad de las empresas, la productividad y diversificación, los retornos de la inversión y la educación, la calidad de los servicios públicos o una adecuada distribución de la riqueza.

Podemos ejemplificar esto último comparando el PIB per-cápita de Venezuela en el 2017, que ha cerrado cerca a los 7.500 dólares, con el de Bolivia, que resulta ser menos de la mitad para el mismo periodo. Si el PIB fuera una medida tan comprensiva y extensa de la economía, no estaríamos viendo una crisis, de proporciones casi humanitarias, en el caso venezolano.

Hasta este punto ya alcanza para explicar porqué la vinculación del crecimiento del PIB con una obligación laboral, como el doble aguinaldo, es cuestionada por los sectores productivos, ya que es claro que el PIB puede serguir creciendo o ser grande, sin necesidad de que la economía se desarrolle. Sin embargo, ante los anuncios de autoridades, es claro que se va a continuar con esta medida, lo que nos ha llevado a discutir también la última característica del PIB: es una cifra estimada, y como toda estimación, es suceptible de errores o manipulaciones.

Una de ellas, por ejemplo, es el de los índices de precios (deflactores) utilizados para estimar el PIB en términos reales. En particular los referidos a la inversión, que en los últimos reportes del INE muestran una tendencia decreciente, impulsando hacia arriba el crecimiento real de estos agregados. ¿Que significa esto? Pues bien, que el INE nos dice que invertir es hoy más barato (y por lo tanto más rentable) que lo que resultaba en el 2016, 2015 o 2014, o peor aun, que quedarse con mercadería guardada en los depósitos es un buen negocio, lo que es altamente contradictorio si tomamos en cuenta que en el 2017 las tasas de interés han mostrado un incremento considerable, mientras que la inflación ha sido relativamente baja (por lo que no existe ningun incentivo para mantener altos stocks de mercaderías).

También se sostiene que, más allá de las caídas en los volumenes de exportación de los productos agroindustriales como la soya (que en el 2017 fueron casi 32% menos que en el 2016) y la baja productividad del sector agrícola no industrial, la agricultura, en los últimos cinco trimestres ha tenido una incidencia de entre 0,84 y 1% sobre el crecimiento. Es decir, que si el PIB en el primer trimestre del 2018 ha crecido en 4,4%, 0,84% es explicado por la agricultura, mientras en el mismo periodo el 2016 esta cifra era de sólo 0,35% y el crecimiento total había sido de 5,35%.

En otras palabras, estas cifras intentan decirnos que las exportaciones soya no son tan importantes, que el rendimiento de los cultivos en Bolivia se ha disparado extraordinariamente o que las sequías e inundaciones no afectan en lo más mínimo a la producción nacional, algo que resulta sumamente difícil de sostener.

Estos son solo dos ejemplos de una serie larga de dudas que se han planteado desde el sector privado y que deben ser resueltas, ya que más alla de la excesiva politización de cifras, estas sirven para orientar políticas públicas que deberían mejorar las condiciones para invertir, crear empleo digno y generar un proceso de desarrollo sostenible, cosa que va más allá del mero crecimiento del PIB.

Publicado en el suplemento "Animal Político" de La Razón

Pobreza y vulnerabilidad: tenemos que hablar

2018-01-27T23:55:00.001-04:00

Desde hace unos días hemos vuelto a hablar de pobreza, lo que es bueno y necesario, ya que en los últimos años la falta de información, la manipulación de la misma y los errores conceptuales, entre las diferentes formas de medir la pobreza por ejemplo, no nos han permitido un debate serio al respecto. Lo cierto es que la pobreza no es un tema superado en Bolivia y a diferencia de épocas pasadas, ahora, también debemos hablar de vulnerabilidad.

En primer lugar es necesario aclarar algo: en Bolivia, la falta de consenso respecto a los métodos sobre cómo medir y las diferencias en los datos de las propias instituciones públicas han llevado a que la cifra de pobreza se obtenga a través de una mera cuantía monetaria: el nivel de ingreso y su capacidad adquisitiva determina quienes son pobres y quiénes no. Las personas cuyo ingreso no es suficiente para mantener un nivel de consumo adecuado, que toma en cuenta una canasta alimentaria, de servicios básicos como salud y educación y otros elementos más, son considerados pobres. Para el caso de la pobreza extrema, el ingreso es aún más bajo, y en pocas palabras, no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas de alimentación.

Esto no es trivial, ya que resulta que cuando hablamos de pobreza, lo hacemos desde una perspectiva coyuntural: si en el periodo en el que se realiza la Encuesta de Hogares, el entrevistado tiene el ingreso suficiente, no es pobre, si no, lo será. Evidentemente, bajo este esquema de medición, no son solo los bonos y los incrementos salariales los que facilitan la caída de la pobreza, sino también variables como una tasa de inflación baja o un tipo de cambio fuertemente apreciado, que permita reducir los precios de los bienes importados, los que tienen un efecto directo en la reducción de la pobreza coyuntural, donde “coyuntural” es la palabra clave.

Esto explica porque hace unos días la Ministra de Planificación, en un acto de honestidad digno de resaltar, ha mencionado que se observa el resurgimiento de la pobreza extrema en algunos segmentos de la población urbana. Sin embargo esto no es nuevo, ya que se venía advirtiendo desde el 2015 por organismos como el PNUD.

Los motivos pasan, entre otros factores, por el elevado ritmo de urbanización que ha mostrado Bolivia ha repercutido en serios vacíos en materia de planificación y provisión de servicios básicos, mientras que la alta informalidad que persiste aun en la economía boliviana hacen que las fuentes de trabajo para este segmento de la población sean en general precarias, mal pagadas y muchas veces poco sostenibles en el tiempo.

A esto hay que agregarle otro elemento que ha sido admitido incluso por el Presidente: Bolivia aun depende de las rentas de los recursos naturales, por lo que era de esperarse que ante una caída en los precios de los commodities, algunos avances sociales iban a perderse, algo también señalado por el PNUD, que en su Informe sobre el Desarrollo Humano señala que aunque en Bolivia, en la última década, se han sacado a 1,6 millones de personas de la pobreza, en los últimos años 600 mil de ellos han vuelto a ser pobres (de ahí el dato del Presidente: sumando y restando, se ha sacado a 1 millón de bolivianos de la pobreza).

Y son estos 600 mil bolivianos los que nos llevan a hablar de vulnerabilidad: gran parte de los avances sociales están vinculados a políticas coyunturales, que se sostienen en base a rentas que dependen de precios que no controlamos. Una verdadera política de lucha contra la pobreza debe tomar en cuenta que esta no solo se relaciona a un factor de ingresos, sino que también tiene que ver con circunstancias ligadas a la raza, el género, el lugar de nacimiento, el nivel educativo e incluso el grado de educación de los padres, todos estos factores que solo se pueden atacar en el mediano y largo plazo.

En el corto plazo, solo los bonos y los programas de empleo transitorio no alcanzan, sino que es imprescindible mejorar las condiciones laborales en los pequeños emprendimientos, que son los que generan la mayoría de los puestos de trabajo. Las recientes mejoras en los salarios deben acompañarse de políticas que permitan la ampliación de la protección y seguridad laboral, un campo en el que claramente el Gobierno no ha trabajado, y que ahora que los extraordinarios ingresos ya no son tales, se empieza a notar. Y es por eso que es bueno retomar la discusión sobre la pobreza: porque aún estamos lejos de superarla.

La historia de las empresas públicas en Bolivia

2017-10-03T00:02:00.000-04:00

En los últimos años, cuando se habla de empresas públicas, siempre, sin temor a equivocarme, la discusión es coyuntural. De hecho, en las últimas semanas, el tema ha vuelto a las páginas de prensa a partir de cuestionamientos por las fuertes caídas en los resultados de las mismas y, en contra partida, de defensas con argumentos ideológicos antes que económicos.

Sin embargo, la historia de las empresas públicas en Bolivia es larga y presenta características que escapan a lo coyuntural. Uno de los hechos principales sobre las empresas públicas en el país, al margen de las formas legales y el tamaño de las mismas, es que siempre han estado presentes en el periodo que hace al libro. De hecho, desde 1900, no existe ni un solo momento en el que no se registren empresas estatales, aun en el llamado periodo neoliberal (1986 – 2006), cuando YPFB seguía siendo parte del Estado, junto con un gran número de empresas dedicadas a la provisión de servicios públicos.

Esto nos lleva a un segundo elemento recurrente en la historia de los emprendimientos estatales: su constante relación con el destino del sector extractivo (antes minería, hoy gas), ya sea porque las rentas de los recursos naturales son la fuente de financiamiento de las empresas del Estado (COMIBOL fue la origen de los recursos para la CBF mientras que hoy es YPFB), o porque son el elemento central en torno al cual se desarrollan las actividades estatales.

Pero quizás la regularidad más dura que se observa a partir del análisis histórico tiene que ver con la falta de planificación en la creación de las empresas estatales. En el caso de COMIBOL, por ejemplo, se constituye la empresa a partir de los activos nacionalizados a los Barones del Estaño, los cuales solo eran físicos, ya que el capital financiero no se había tocado. En consecuencia, los inicios de la COMIBOL fueron muy poco productivos, al punto tal que el mismo Víctor Paz admitía que su creación fue una medida política antes que económica.

La historia de YPFB no es muy diferente, ya que se crea solo cuatro meses antes de la expropiación de las explotaciones de la Estándar Oil en el sur del país, a partir del fraude al Estado boliviano en la declaración de los volúmenes de petróleo exportado a la Argentina, con un capital inicial de cinco mil dólares, que apenas alcanzaban a cubrir el alquiler de una oficina y la compra de algunos equipos de comunicación.

En el caso del LAB, su nacionalización (solo de forma se puede decir, ya que el Estado ya era accionista mayoritario en la misma) se da a partir de presiones externas, ante la emergencia de la segunda guerra mundial y el bloqueo de los Estados Unidos al desarrollo de emprendimientos con capitales alemanes. Las presiones corporativas internas también tuvieron y tienen un rol esencial en la creación de las empresas estatales.

Ahora bien, así como hay regularidades también se pueden identificar algunas diferencias, sobre todo con el actual periodo, ya que en el pasado, la presencia de empresas estatales en la economía nacional siempre ha sido relevante para el desarrollo del sector privado, lo que contradice en gran medida los argumentos en contra de ellas. Esto era así porque a veces las empresas estatales tenían un enfoque de fomento, creadas para ayudar a desarrollar una cadena o sector (una buena parte de la agroindustria, por ejemplo, nace a partir de impulsos estatales).

Mientras que en otras ocasiones, y no pocas, las empresas del Estado se asociaban directamente con el capital privado, ya sea como inversionista o garante. Ejemplos de esto son los inicios del LAB, los ferrocarriles o la propia banca, en la cual, a principios del siglo XX, el Estado solía participar como socio de entidades financieras privadas que hoy serían el equivalente a mutuales de vivienda o de microcrédito.

Hoy por hoy, gran parte de las empresas públicas funcionan para competir contra el sector privado. BOA, ENTEL y ENATEX son ejemplos de eso, algunas con más éxito que otras, pero todas, con el mismo enfoque: desplazar al sector privado buscando, siempre, posiciones monopólicas.

En momentos de inflexión económica como este, es necesario aprender algunas lecciones de la historia. La primera de ellas es que pretender que el desempeño de las empresas estatales, hoy, no se vea afectado por las caídas en los precios de los hidrocarburos es un error casi tan grande como el tratar de competir con el sector privado. Los mayores éxitos del emprendimiento estatal se dieron cuando este estaba destinado y enfocado para el desarrollo del sector privado.

Esto también es una llamada de atención para quien se opone a la actividad estatal per se. El desarrollo de sectores “exitosos” hoy, y que en su momento requirieron de innovación, capital de riesgo e infraestructura, como la agroindustria y algunas industrias de alimentos, no se puede entender sin los aportes de empresas del Estado que luego fueron transferidos al sector privado.

En este sentido, una última gran lección que nos arroja la historia de las empresas públicas es la de no tenerle miedo la necesaria y constante evaluación. Tanto en el sector público como en el privado existen emprendimientos que fracasan, lo importante es saber identificar hasta que punto se puede sostener ese fracaso. En el pasado, se mantenía con vida proyectos estatales deficitarios a costa de préstamos, emisión monetaria y déficits fiscales que solo se visibilizaban cuando el régimen y el discurso imperante cambiaban, con consecuencias nefastas para la economía.

Peor que la desaceleración: crecimiento basado en no transables

2017-09-23T22:18:00.000-04:00

Para las estadísticas, ella tiene empleo.
Este es uno de los trabajos que se encuentra dentro del sector "no transable".
Por eso, el crecimiento del PIB no debe ser la única meta de la política económica.

En los últimos días el Ministerio de Economía ha puesto mucha energía en seguir negando la desaceleración[1]. Para justificar que el menor crecimiento no es desaceleración, sus funcionarios han usado el siguiente un argumento: son solo los sectores afectados por la demanda externa los que no crecen (donde incluyen también a las manufacturas no tradicionales), mientras que los sectores que crecen son aquellos relacionados al mercado interno[2].

A los sectores que crecen, el gobierno los llama “generadores de empleo”, pero en general, los economistas, los denominamos “sector no transable”. Una definición de los sectores no transables dice que son aquellos que producen bienes y servicios que solo pueden consumirse en la economía en que se producen; en otras palabras: no pueden importarse ni exportarse.

Este concepto parece obvio, pero tiene por detrás varias implicaciones importantes para un país: la primera de ellas es que su presencia afecta a todas las demás características de la economía, desde la determinación de los precios hasta la propia estructura de la producción. Es decir que si vamos a centrar el crecimiento de la economía en estos sectores, estamos asumiendo también los contras que vienen con ellas.

Uno de los principales problemas para el caso boliviano, por ejemplo, es que estos sectores están altamente relacionados a la informalidad y en consecuencia a la baja calidad del empleo. La agricultura, el comercio, la construcción y el transporte en general son sectores que emplean mano de obra poco calificada, cuyos ingresos son muy fluctuantes y con casi ningún beneficio social de largo plazo. Por otro lado, el empleo en el sector estatal varia en función de los recursos que capta por rentas e impuestos, por lo que su aporte es variable; mientras que en el caso del sector financiero, aunque ofrece un empleo formal, este representa una parte muy pequeña del total en Bolivia.

En este sentido, tratar de fundamentar el patrón de crecimiento basado en este tipo de sectores puede generar cifras macroeconómicas positivas, pero a un altísimo costo social. Peor aun: a mediano y largo plazo no es sostenible. Es hora de salir del espejismo macroeconómico.

El segundo problema relacionado a este imaginario ministerial (me refiero al del crecimiento basado en los no transables) es que sin posibilidades de importaciones o exportaciones netas, cuando los recursos provenientes de los sectores vinculados a la demanda internacional caen, la oferta y la demanda de los bienes y servicios no transables tiende inevitablemente a equilibrarse. En otras palabras, si el desempeño de las manufacturas no tradicionales, gas y minerales cae, los recursos que alimentan la dinámica del mercado interno también caerán.

No existe tal cosa como la disociación entre el mercado interno y la demanda internacional y si bien el ajuste, por ahora, se está realizando de manera más lenta que en otras etapas de la historia boliviana, negar que estamos en ese proceso solo lo acentúa.

En tercer lugar, sin la posibilidad de intercambio internacional, los precios de los bienes y servicios no transables suelen desacoplarse de los precios externos. Aunque esto no es necesariamente malo durante un tiempo, generalmente termina por llevar a problemas serios, ya que normalmente introduce distorsiones serias en el sistema de precios. Esto nos lleva a señalar que es correcta la preocupación de los economistas del ministerio por lograr un mercado interno sólido, pero es incompleta.

Bolivia es una economía sumamente abierta, por lo que una buena combinación de factores de producción internos y externos es una de la condiciones básicas para mejorar el bienestar, la competitividad y la capacidad económica en el largo plazo.

Finalmente, a mayor importancia de los sectores no transables en una economía más difícil es el proceso de ajuste en momentos de inflexión económica. Los motivos son varios: la baja calidad en el empleo, atomización del aparato productivo, mayor dependencia de las rentas, escaso capital humano y menor grado de innovación entre muchos otros factores, que se combinan con algo muy importante: instituciones débiles y mal pensadas. La negación de factores que hacen al desarrollo social sostenible es un signo de debilidad.

Artículo publicado en Los Tiempos

[1] Al respecto, escribí este post http://economiabolivia.blogspot.com/2017/08/claro-que-estamos-en-desaceleracion.html

[2] Esta afirmación se encuentra en la siguiente publicación del MEFP http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2017/La_economi%CC%81a_boliviana_no_esta%CC%81_en_desaceleracio%CC%81n.pdf

¡Claro que estamos en desaceleración!

2017-08-27T23:51:00.001-04:00

Para empezar hay que clarificar los términos: la desaceleración es una situación en la que el ritmo con lo que algo crece o avanza disminuye. En economía, desaceleración se entiende como la reducción temporal del ritmo de crecimiento del PIB. Por otro lado, la recesión es la reducción del valor del PIB, es decir, para que exista una recesión (palabras mayores) se debe registrar una tasa de crecimiento negativa. Técnicamente, un país entra en recesión cuando registra tasas de crecimiento negativas durante al menos tres trimestres consecutivos.

Crisis, en cambio, es un término más complejo de definir, quizás porque esta palabra está asociada a varios aspectos de la realidad de un país: hay crisis sociales, políticas o económicas (y normalmente estas se dan al mismo tiempo). Sin embargo, en lo estrictamente económico, una crisis se da cuando existen cambios que afectan negativamente la estructura productiva de un país, y cuyos efectos no son solo coyunturales, sino que son de largo plazo.

Para entrar en crisis económica, por ejemplo, no alcanza con una desaceleración (aunque es seguro que quien haya quedado sin empleo en los últimos meses no esté de acuerdo conmigo), sino que habría que llegar a una recesión relativamente larga (lo que se llama depresión). En este sentido, Bolivia en realidad no ha vivido una crisis económica fuerte al menos desde 1986, ya que la “estabilidad” de muchos de los indicadores macroeconómicos que el actual gobierno muestra como signos de éxito, se mantiene así desde la época neoliberal: tasas de inflación y desempleo relativamente bajas y movimientos suaves en el tipo de cambio nominal.

Incluso el ritmo de crecimiento ha sido positivo en casi todo el periodo previo al 2006, y no es significativamente diferente al actual, por lo que siendo estrictos y coherentes, ni en la época neoliberal, ni en la actualidad se puede hablar de crisis.

Dicho eso, lo que de verdad preocupa es la intensa negación del poder ejecutivo sobre la desaceleración de la economía. Los datos del PIB trimestral lo confirman, en el primer trimestre del 2017, el ritmo de crecimiento de la economía ha sido el más bajo en los últimos siete años, y si vemos los datos anuales, llevamos tres años consecutivos en los que las tasas de crecimiento son menores a los de la gestión pasada, lo que significa, sin duda, un proceso de desaceleración.

Para negar la desaceleración, los economistas del ministerio han recurrido a mal interpretaciones, cuando no falsas verdades. Una de ellas es separar la demanda interna del sector externo, ya que Bolivia es un país sumamente abierto al comercio internacional, y mas allá del hecho de que los precios de las materias primas siguen siendo un factor relevante para el crecimiento de la economía, es claro que el incremento del consumo interno se logró gracias al incremento de los precios de las exportaciones.

Como el cambio en la matriz productiva no se ha dado, la única manera de obtener recursos para importar es a través de exportaciones de materias primas, por lo que una caída de las mismas reduce el ingreso disponible para sostener el consumo interno. Al final, seguimos bajo la consigna liberal (liberal del siglo XIX): exportar o morir.

Por otro lado, sostener que el principal motor del crecimiento es el consumo es una falacia. El mayor consumo de los hogares y del sector público ha sido posible gracias a una política rentista, que nada tiene que ver con mayor inversión o fortalecimiento del aparato productivo, sino que depende de precios y demanda externa, ambos, como el mismo Ministro admite, fuera del control de los bolivianos. Lo que sostiene a la economía boliviana son las rentas sobre los recursos naturales.

Que sean los sectores como la construcción, el comercio y la administración pública los que más crecen tampoco es tan bueno como quieren hacernos ver. Estos son sectores “no transables”, es decir, atados al desempeño de aquellos sectores productivos y vinculados a las exportaciones. Como ejemplo, basta ver el crecimiento del PIB del sector público, que entre 2013 y 2015 había crecido a un promedio del 8,5% (cuando hubo doble aguinaldo gracias a los altos precios del gas), mientras que en el 2016 cae abruptamente al 4,3% (ya sin doble aguinaldo). Estos sectores dependen de los ingresos por exportaciones y difícilmente generan movimiento económico por si solos.

Además, pretender centralizar las decisiones y los recursos profundiza la desaceleración. Mientras que los gobiernos municipales y departamentales sufren un fuerte ajuste, obligándolos a despedir empleados, reducir sus inversiones y pensar en endeudamiento, el Gobierno Central incrementa la planilla de empresas públicas deficitarias, lleva adelante proyectos faraónicos que, como las cifras muestran, tienen cada vez menos impacto en el crecimiento, y en vez de impulsar medidas que fomenten la inversión privada, compite contra ella; además de elevar sus costos con políticas salariales, tarifarias y de fiscalización poco acertadas con la actual coyuntura.

En suma, negar la desaceleración es peligroso, sin embargo, aun se tiene tiempo para realizar los ajustes necesarios para evitar una crisis (que nadie desea). Para esto el equipo económico del gobierno debe empezar por aceptar la realidad.

Articulo publicado en Página Siete

La industrialización en tiempos digitales

2017-04-24T15:07:00.001-04:00

Si uno mira la economía boliviana en el largo plazo, y tuviera que graficarla, probablemente el mejor ejemplo sería un péndulo, ya que conforme las rentas de los recursos naturales aumentan o disminuyen hemos pasado del estatismo al liberalismo, a veces de mercado y otras veces de Estado, y de vuelta.

Sin embargo, algo constante en el imaginario nacional ha sido el del cambio en la matriz productiva: la industrialización ha sido siempre un deseo, primero de la mano de las ideas cepalinas (la sustitución de las importaciones), luego tratando de apoyarnos en las rentas de los recursos naturales, también pasando por las innovaciones que podría traer la inversión extranjera y finalmente esperando que el emprendedurismo de nuestra gente, a fuerza de pequeños emprendimientos en la industria liviana o el Estado de la mano de grandes proyectos, cambien la matriz productiva en Bolivia.

Sin embargo aquí estamos, en pleno siglo XXI tratando aun de desprender el destino de la economía boliviana de los precios de las materias primas, y aunque los avances en lo macroeconómico sean muchos e importantes (llevamos ya más de 30 años de estabilidad fiscal y monetaria), los resultados en el cambio de la matriz productiva, son pésimos.

Quizás un diagnóstico de los problemas que evitan que Bolivia avance en este terreno requiera mucho más que una breve columna, ya que por ejemplo hay temas de rentismo, y corporativismo, junto con un perfil adverso al riesgo en nuestra sociedad, pero aquí nos vamos a centrar en dos de varias elementos que el Gobierno debería apuntalar para ayudar al logro de este imaginario.

Un elemento fundamental es el de la comprensión del actual entorno: estamos en plena revolución digital, el mundo se transforma rápidamente gracias al internet, los aparatos móviles y las tecnologías P2P, que no son otra cosa que mecanismos de colaboración directa entre personas. Uber es un ejemplo de esto último: alguien necesita transporte, otra persona que está cerca puede prestarlo, ambos, gracias al internet y el aparato celular se conectan, resuelven los problemas de confianza y realizan la transacción. Aquí las personas se comportan al mismo tiempo como consumidores y empresas, más allá del Gobierno y sus regulaciones, superan a la burocracia y llevan adelante una transacción que resulta mucho más barata que lo que podría haber costado si se llevaba adelante a través del mercado local, donde los sindicatos, las licencias y demás regulaciones que el Gobierno impone al mercado incrementan el costo.

Este ejemplo no es tomado al azar, ya que en Bolivia el transporte y los servicios logísticos suelen representar un costo importante para los productores, algo que no es bueno: mientras mas gastemos en transporte, más caros son nuestros productos en el exterior. Aun cuando estos 11 años la inversión en carreteras ha sido extraordinaria y mantenemos el precio de los hidrocarburos subsidiado, los problemas logísticos siguen persistiendo, tanto es así que el transporte representa en promedio el 8,5% del PIB, mientras que en América Latina esa cifra está en torno al 5,9%.

Claramente, este es un cuello de botella para la diversificación productiva, que no solo pasa por infraestructura, sino que también implica información e innovación. Esto es algo que se puede resolver cambiando el enfoque de las políticas públicas y usando la tecnología, lo que nos lleva a la segunda condición que debería tener un Gobierno que diversifique la economía: debe ayudar a desarrollar habilidades claves, no sectores, ya que el apoyo de sectores a menudo solo favorece a un reducido grupo de personas, mientras que una actividad es transversal. Aunque esto último parezca evidente, normalmente no se hace por las presiones políticas, el conservadurismo de las autoridades o la falta de conocimiento de los verdaderos problemas en el aparato productivo.

Hay que comprender que lo digital no es solo una industria, es un factor de cambio social, productivo y personal; y mientras esto siga siendo incomprendido por los que piensan las políticas económicas (o entendido como algo que se puede regular como se hace con otros sectores), difícilmente lograremos diversificar la economía al ritmo que exige el siglo XXI.

Sobre la canasta de 8.300 Bs., el 6% y otros calóricos conceptos

2017-04-18T20:50:00.000-04:00

Como todos los años, abril se ha convertido en el mes de la discusión salarial y como todos los años, las idas y venidas de cifras y conceptos mal manejados nos dejan al final con una definición unilateral tomada por el Gobierno, que solo se basa en una parte de la historia y que para la mayoría de los sectores que realmente producen resulta arbitraria. En este salpicón de cifras y explicaciones, el 2017 hemos llegado al absurdo.

Me explico: cuando la COB planteó allá por el 2013 un salario mínimo de 8.300 Bs. lo hizo en base a una canasta básica de consumo para una familia promedio en Bolivia, en otras palabras, esto es lo que, según la COB, necesita una familia para vivir mes a mes, cubriendo absolutamente todos lo gastos en los que usted, yo o cualquier otra persona deben incurrir para estudiar, comer, trabajar y etc.

En honor a la verdad, y más allá de las observaciones técnicas que se le puedan hacer a este estudio (representatividad de la muestra que se usó para su estimación, falta de diferenciación en los patrones de gasto, efectos de las diferencias por ubicación geográfica y, sobre todo, cuanto de esta canasta debería ser cubierta por el salario de un trabajador), hay que decir que la COB ha llevado adelante un ejercicio importante, ya que algo que como sociedad desconocemos es cuánto y en qué gastamos las familias bolivianas para vivir.

Y aquí empiezan las confusiones; ya que aun cuando tenemos las herramientas para estimar este gasto (las encuestas de hogares que lleva adelante el INE año a año), el gobierno suele contestar que un incremento del salario mínimo a 8.300 Bs. es ilógico ya que la inflación ha estado en X por ciento, mezclando (adrede al parecer) dos conceptos diferentes, ya que mientras que la cifra de la inflación se estima en base a una canasta de consumo que está hecha para medir las variaciones de los precios, pero que de ninguna manera mide los niveles de consumo, el pedido de la COB se basa en una estimación que agrega gasto.

En otras palabras, mientras el IPC mide en cuanto ha aumentado el precio de la marraqueta en un año, el pedido de la COB se basa en cuantas marraquetas consume una familia en un mes. Ambos conceptos, aunque diferentes, son complementarios (algo que sugiere la OIT), ya que el salario debería poder cubrir lo mínimo necesario para que las familias subsistan, ser revisado cada cierto tiempo para evitar una pérdida de su poder adquisitivo (es decir, incrementado en base a la inflación) y ajustarse también por las variaciones en la productividad.

Este último punto, aunque les parezca “neoliberal” a varias autoridades de Estado, puede ser bastante beneficioso para los trabajadores, ya que es innegable que en todo trabajo existe un proceso de aprendizaje, que lleva a un incremento en la productividad y que, si se permitiera una negociación entre empleadores y trabajadores, podría ser reconocido en cada unidad productiva.

El problema es que el Gobierno no tiene claro lo que es una política de desarrollo (que va más allá de la agenda 2025), que a su vez incluye una política laboral, de la cual, la política salarial es solo una parte. Esto es consecuencia de la centralización de la planificación económica en torno al Ministerio de Economía, lo que excede sus funciones y capacidades, ya que mientras que para mantener las cuentas fiscales sanas se requiere un criterio básicamente contable, la generación de empleo de calidad y la diversificación económica requieren de habilidades que no se encuentran en esa cartera.

Por eso, no es de extrañar el fuerte énfasis que se le han dado a indicadores como el de crecimiento (PIB) y que poco tienen que ver con la calidad de vida, el bienestar o el desarrollo de una economía; o la confusión que se tiene en torno a la fijación del tipo de cambio con el concepto de estabilidad económica o un buen clima para la inversión. Peor aun, tenemos a autoridades que hablan de la ingesta de calorías como un indicador de la calidad del salario, cuando hoy sabemos que las calorías son baratas (grasas, azucares y harinas por ejemplo), mientras que los nutrientes son caros (proteínas, frutas y verduras), y por lo tanto, el sobrepeso es un indicador de pobreza más que de abundancia (contrariamente a lo que piensan nuestras autoridades).

Seguramente llegaremos al 1 de mayo, como todos los años, con una cifra dictada desde el Ministerio de Economía en base a un criterio contable, sin embargo, y aunque es bueno que tengamos a un campeón en el manejo de la política fiscal, gracias a la ortodoxia con la que se maneja, llevar adelante una política económica integral, donde se incluya, por ejemplo, una política de diversificación productiva, con generación de empleo digno, innovación y post-rentista, exige más que ortodoxia, es un proceso de descubrimiento que requiere creatividad y coordinación con el sector privado (que comprende a las empresas y trabajadores), algo que claramente falta.

Los fondos de las AFP's y la miopía gubernamental

2017-01-17T16:47:00.001-04:00

Ya se ha dicho que los aportes a las AFP's no se limitarán sólo al sector agroindustrial, sino lo que sigue son más apoyos a MIPYMES de todo el resto del aparato productivo. Esto es grave, ya que quien conoce un poquito el sector productivo sabe que muchas de las asociaciones y MIPYMES que serán posibles beneficiarias de los créditos del Fondo recién creado no aportan al sistema de seguridad social de largo plazo (en otras palabras: poco y nada les interesa preservar los recursos de los aportantes).

En segundo lugar, llevamos más de 30 años creyendo que los pequeños productores son el Mentisan de la economía nacional: a ellas se les exige la creación de empleo, el desarrollo de oferta exportable, la diversificación productiva, la innovación y tantas otras cosas más; en contrapartida hemos logrado atomizar aún más a la economía, haciendo cada vez más difícil la asociatividad y el desarrollo de cadenas desverticalizadas (y por lo tanto especializadas, que es donde está la plata) que sean capaces de insertarse en los circuitos productivos del mundo.

Peor aún, cuando le preguntas a un emprendedor por qué ha iniciado su MIPYME, casi siempre terminaremos con la siguiente conclusión: porque no le quedaba de otra. Eso significa que no hay una idea de negocio o una perspectiva de largo plazo, que en general es una actividad de subsistencia hasta que aparezca una mejor opción (a veces eso implica un sueldo como funcionario público, si así de mal si consideramos las diferencias que deberían haber entre las habilidades necesarias para ser empresario y esto último), entonces, como hacedores de política pública, los economistas del Presidente (miopes que sólo hablan de crecimiento y nada entienden de desarrollo) se han apoyado en una dinámica de empleo perversa, donde la calidad del mismo es irrelevante: siempre y cuando la gente esté ocupada, al gobierno le interesa poco el desarrollo de capacidades y la creación de valor.

A esto súmenle los serios problemas en la base productiva: si inicias un negocio en textiles deberás importar casi toda tu materia prima, si lo haces en carpintería, conseguir madera es casi imposible (por cierto, por propias disposiciones de este gobierno), en el sector de alimentos, la papa, el tomate y la cebolla vienen casi siempre del Perú, y así la lista de ejemplos podría ser interminable.

Todo esto significa que no hay que apoyar a las MIPYMES? Rotundamente no, lo que significa es que hay que dejar de gastar plata en políticas atomizadoras del aparato productivo, que no hacen más que reproducir subempleo y proyectos que sólo subsisten mientras el Estado "apoya" al emprendimiento. Hay que empezar a pensar en políticas de desarrollo que ayuden a aquellas empresas que tengan posibilidades reales de crecimiento, que sean capaces de vincular a diferentes eslabones de la cadena productiva y que puedan insertarse en las cadenas mundiales de producción: en pocas palabras, hay que ser más inteligentes y responsables (o menos populistas) con la plata pública.

También hay que facilitar el crecimiento de las empresas y dejar de incentivar la generación de burocracia en torno a los pocos emprendimientos exitosos, que ven como los impuestos, multas y demás cargas que se les cobran van a cosas tan importantes y necesarias (nótese el sarcasmo) como helicópteros y aviones presidenciales, nuevos palacios, museos sobre el jefe y demás urgencias estatales.

Aquí un detalle: la plata de las AFP no es pública, es el ahorro para la jubilación de los trabajadores (claro, la pequeña parte que aporta, la que carga todo el peso de los abusos estatales), que hoy por hoy es administrado por el sector público, bajo una ley que no tiene un estudio actuarial (al menos conocido) que nos diga, por ejemplo, según la estructura de edad de la población, cuál es la rentabilidad mínima necesaria para cubrir las jubilaciones que se vienen, cuantas personas se jubilarán en los próximos años, etc.

Dicho todo eso, lo que queda claro: el recién creado Fondo (al igual que lo que ha pasado con los préstamos del BCB al Gobierno Central) no es para fomentar el desarrollo del aparato productivo, es una herramienta más para seguir sosteniendo un modelo económico sin ningún otro fundamento que no sea una "alta" tasa de crecimiento basada en la liquidez para el gasto, público y privado, sin generar riqueza o valor.

Para finalizar: dos países eran los "campeones del crecimiento" antes que Bolivia, Argentina y Venezuela, bajo políticas económicas basadas en gasto e inversión pública. Hoy por hoy, cuando la bonanza ha pasado, Argentina empieza a hacer un ajuste socialmente costoso, mientras que Venezuela se niega a hacerlo y somete a su gente a una precariedad sin precedentes. Ojalá las autoridades del área económica en Bolivia sean consientes de que no todo es política.
Articulo publicado en Página Siete

Hora de repensar el “modelo”

2016-08-09T22:54:00.002-04:00

Con alegría, mucha debo decir, vi al Presidente dar un informe patrio en el que por fin se admitieron muchos de los problemas sobre los que varios venimos advirtiendo desde hace bastante tiempo. Digo que es bueno porque, en general, la negación como política de Estado, no es buena.

Ahora bien, es claro que la admisión no ha sido de ninguna manera fácil, sino que en alguna medida ha sido obligada por varios factores, de los cuales voy a señalar los tres que creo más importantes y que marcan la necesidad de repensar este conjunto de medidas económicas, llamadas de forma muy suelta “modelo”.

El primer motivo es, sin duda alguna, el de los precios internacionales de las materias primas, los cuales fueron, son y seguirán siendo relevantes para la economía nacional, contrariamente a lo que se ha intentado posicionar en los últimos años. Es más, durante estos últimos 10 años la dependencia se ha incrementado, no sólo porque nuestras exportaciones primarias se han incrementado considerablemente (pasaron de representar el 50% de las exportaciones en el 2005 a más del 80% en el 2015), sino porque el aparato productivo ha ido perdiendo importancia en la economía nacional. De revolución productiva muy poco, de rentismo mucho.

El segundo motivo: después de 10 años en el gobierno, los vaivenes meteorológicos nos siguen sorprendiendo, aun cuando existen extensos estudios al respecto, y en particular sobre El Niño y La Niña (este último responsable de la actual sequía en buena parte del país). Esto es todavía más preocupante si recordamos que dos de los programas estrella de la actual administración de gobierno son “Mi agua” y “Mi riego”, lo que de alguna manera sugiere que los resultados de estos programas no han sido los esperados. En el siglo XXI, épocas de satélites, ciencia nuclear, ciudadelas del conocimiento y retórica sobre el avance tecnológico, el agua para regar el tomate sigue siendo un problema serio.

En tercer lugar: las variables clave se han vuelto las camisas de fuerza. La política ha dictado la política económica de este gobierno, y eso ha significado fijar metas en base a ciertos indicadores macroeconómicos que suelen reflejar sólo una parte de la salud de la economía. Así, el crecimiento del PIB (como medida de bienestar), el tipo de cambio (como indicador de estabilidad) y las RIN (como factor de acumulación) han sido mal utilizados, cerrando casi toda la discusión económica en torno a un discurso equivocado, confundiendo crecimiento con desarrollo, estabilidad cambiaria con condiciones para invertir e ingresos con riqueza.

El problema de esto último es que a medida que las condiciones externas decaen, el discurso político no puede darse el lujo de hacer los ajustes necesarios en estas y otras variables para minimizar el impacto de una caída que ya está presente.

En este contexto, el “modelo” parece no tener las respuestas que hacen falta cuando los precios están bajos, y eso es porque el consumo interno, por sí solo, es incapaz de sostener una dinámica de crecimiento sostenible y la inversión publica, al margen de los deseos que se puedan expresar en los presupuestos anuales, depende fuertemente del precio del gas.

Además, el “modelo” ha dejado por fuera a los verdaderos actores de una transformación productiva, ya que en vez de fomentar las condiciones para que la inversión privada despegue, se ha planteado una estrategia de sustitución de la misma, con resultados poco rescatables, sobre todo cuando se trata de verdaderas actividades productivas, como es el caso de ENATEX.

Claramente es un buen momento para repensar la estrategia económica, y sobre todo, los fundamentos sobre los que se evalúa el éxito económico. Que el PIB crezca es bueno, pero de ninguna manera debe volverse en un objetivo en sí mismo, es más bien una herramienta para lograr mayor bienestar, que viene de la mano de mejor empleo, educación de calidad, seguridad, mejores condiciones de vida y entre muchas otras cosas, felicidad. El “modelo” no contempla nada de esto.

Artículo publicado en Los Tiempos y Página Siete

Lo tangible de la economía digital: Pokémon Go

2016-07-15T11:24:00.000-04:00

Primera cifra: un incremento en el valor accionario de algo más del 75%, lo que equivale a un aumento superior a los 13.000 millones de dólares, usando casi exclusivamente tecnologías gratuitas, y esto en sólo una semana.

Segunda cifra: superar en número de usuarios a cualquier empresa de servicios a nivel mundial y quitarle casi 20% del tiempo de atención al medio de difusión más importante en el planeta, para convertirse, casi con seguridad, en uno de los productos más conocidos del mundo, aun cuando inicialmente sólo se pueda usar oficialmente en tres o cinco países.

Tercera cifra: la inversión que requiere no supera los 200 mil dólares.

Dicho así, podría pensar que lo que le planteo es un negocio fantástico e irreal o, en el mejor de los casos, ilícito; pero los datos son correctos, y son los que está obteniendo Nintendo con su aplicación Pokemon Go.

Qué es? Pokémon Go, es lo que muchos llamarían un “jueguito”, lanzado inicialmente para Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda; y recientemente para Alemania y el Reino Unido, pero sin duda es mucho más. Es una aplicación de realidad aumentada, que integra una serie de tecnologías ya existentes, cómo el GPS y la cámara del celular con Google Maps, para que el usuario pueda buscar a los pokemones (una especie de criaturas virtuales) en un entorno real, es decir, buscándolos en lugares que existen utilizando el celular para poder “ver” y coleccionar a estas criaturas.

En principio, esta aplicación no parece traer grandes novedades, sin embargo el furor que ha despertado entre sus usuarios ha sido tal que no sólo ha superado en descargas a aplicaciones como Facebook o Twitter, sino también, y lo que es más importante, en el tiempo de uso, ya que durante la semana pasada Facebook ha reportado una caída promedio del 20% en este indicador en los países donde se puede acceder a Pokémon Go. Por otro lado, en Estados Unidos, a dos días de su lanzamiento, este “jueguito” superó en número de usuarios a Twitter.

Pero la característica más importante, quizás, no viene en las cifras que hemos citado, sino en el hecho de que esta aplicación, como ninguna otra, integra el mundo real con el virtual, o en otras palabras, es hasta ahora, la mayor expresión de hacia donde va economía.

Me explico: imagine usted que uno de los pokemones más exclusivos se encuentra en algún centro comercial. Si esto pasará, tenga por seguro que las ventas en ese centro, aun cuando no todos los buscadores de pokemones consuman, se verán significativamente incrementadas, ya que a diferencia de la publicidad tradicional e incluso de la publicidad on-line (que es mucho más profunda, dado que le llega a usted a partir de sus propias búsquedas y datos), este juego es capaz de llevar a la gente a determinados lugares. El modelo de negocio es obvio, Nintendo puede vender las ubicaciones de los Pokemon (al parecer McDonald’s será la primera multinacional asociada a Nintendo).

Pero esto no sólo se limita a empresas, piense en ciudades o localidades que quieran atraer a turistas (un Pokemon especial en Uyuni por ejemplo), museos o cualquier otra entidad que quiera atraer a gente, las posibilidades son infinitas.

El punto está en que Pokémon Go es hasta ahora la expresión más exitosa de la integración entre lo virtual y lo real, abriendo a las empresas un sin fin de posibilidades para nuevos modelos de negocio, pero también es una expresión de lo tangible de la economía digital, que hasta ahora y en nuestro medio, es muy poco entendida.

Este negocio es posible a partir de un fuerte desarrollo creativo, que, como vimos, no necesariamente se asienta en grandes capitales o niveles de formación académica extremadamente altos, sino una combinación adecuada de estos factores bajo un entorno que, entre otras cosas, no penalice el fracaso, sino que permita que se aprenda de el, algo de lo que Nintendo sabe mucho.

Los monumentos de la inversión pública

2016-03-20T22:59:00.001-04:00

Durante los últimos años, nos hemos acostumbrado a ver y evaluar a los gobiernos en función de las obras que entregan: mientras más grandes y rimbombantes, el gobierno es mejor. Y claro, mientras esto es exigido por la sociedad, la clase política lo va a usufructuar, por lo tanto, mientras más obras para poner una placa, cartel u otro elemento que diga quien lo hizo, mejor.

Esta “municipal” forma relación entre la sociedad y el gobierno, en la última década, se ha extendido incluso al nivel central de gobierno, algo que está explicado a partir de innegables deficiencias en infraestructura, ciertamente, pero también esta responde al gran influjo de recursos que hemos recibido como país, lo que le ha dado al gobierno una extraordinaria holgura para encarar todo tipo de proyectos, desde aquellos pequeños pero claramente necesarios, como los de una posta sanitaria en alguna comunidad alejada, hasta algunos faraónicos y de dudosa rentabilidad, como es el caso de la planta procesadora de miel, ubicada en el Chapare, donde la fumigación, necesaria para cultivos como el del banano, mata a las abejas de la zona.

Aún más, hemos visto como el programa de inversiones para los próximos años continua con esta lógica, donde la infraestructura sigue siendo la estrella de la inversión. Este programa, entonces, es algo así como un programa de monumentos que nos recordaran quien hizo la inversión. Sin embargo, después de 10 años de alzar monumentos, el enfoque sobre el que se realiza la inversión publica, particularmente de la del gobierno central, debería cambiar.

Y no porque la infraestructura ya no importe (de hecho en Bolivia aún estamos por debajo de muchos de los indicadores de la región en cuanto a este tema se refiere), si no porque a medida que logramos construir más caminos, producir más energía o inaugurar más plantas procesadoras de alimentos, lo que empieza a fallar, consistentemente, son los procesos para que esas inversiones funcionen.

Me explico, en el caso de la agricultura, por ejemplo, para dinamizar la producción de ese sector, se ha optado por la implementación de plantas procesadoras (enlatadoras, acopiadoras, beneficiadoras y demás), todas ellas bajo el control del Estado o administradas por organizaciones de productores bajo la tutela del mismo, donde la premisa es que estas, al ofrecerle al productor mejores precios de compra, incentivarán un incremento en la producción, misma que será mágicamente absorbida por el mercado interno o en su defecto exportada.

Esta perspectiva es sumamente limitada, algo que de lo que se ha percatado el gobierno, por lo que en algunos casos, como el del banano por ejemplo, han recurrido a la inversión en equipamiento para la producción, lo que si bien es positivo, sigue estando bajo el enfoque de inversión en elementos físicos.

Sin embargo, ni el equipamiento ni la infraestructura solucionan problemas simples como el restringido acceso a la información de mercado por parte de los productores, o peor aun, no alcanzan para facilitar la coordinación entre las diferentes entidades dedicadas a los procesos de constitución de una empresa, y ni hablar de aquellas que intervienen en las exportaciones.

Estos factores, que implican procesos, se solucionan con programas de capacitación a los funcionarios de aduana, SENASAG o impuestos por ejemplo. Muchas veces, sólo haría falta una plataforma integrada, donde productores y entidades reguladoras puedan compartir la información necesaria para facilitar los aspectos burocráticos de la actividad.

Este tipo de políticas, que hemos visto aplicadas en el sistema financiero y de identificaciones para lograr un mayor control sobre la sociedad, deberían aplicarse también al ámbito productivo, para facilitar la diversificación. Sin embargo, la dificultad de ponerle una placa a ese tipo de inversiones, explica tal vez el porqué aún no se han implementado.

Articulo publicado en Los Tiempos

El incremento salarial y los incentivos perversos

2016-03-15T17:59:00.000-04:00

Durante los últimos 10 años, la gran cantidad de recursos que el país ha percibido, le han permitido al gobierno la aplicación de políticas públicas ineficientes y hasta destructivas de las bases económicas sobre las que se sostiene una economía estable en el largo plazo.

Una ejemplo claro es la política salarial y laboral, que en conjunto han establecido un esquema de incentivos perversos que, hoy, ante la ya innegable desaceleración de la economía, tendrán sus efectos en el corto y mediano plazo. Para explicar que se ha hecho mal, es necesario partir de lo que sucedería en un mundo ideal a la hora de negociar un incremento al salario.

En primer lugar, los empleadores evaluarían la pertinencia o no de un incremento salarial en función de dos elementos: la variación de costos que han enfrentado y la productividad de sus trabajadores. Si esta última variable muestra incrementos más altos que los observados en los costos que enfrenta el empleador, este tendrá ganancias extraordinarias y por lo tanto podrá incrementar los salarios manteniendo un margen de utilidad. De lo contrario, cualquier incremento al salario sólo sube sus costos, reduciendo su capacidad para invertir en el futuro.

Los trabajadores, por su parte, determinarán un rango para sus exigencias: el incremento mínimo que pedirán está en función de la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, mientras que el techo debería ser una cifra tal que les permita obtener el máximo incremento posible sin generar desempleo. Al fin y al cabo los sindicatos defienden a los trabajadores (no a los desempleados), pero aún en ese contexto, exigencias demasiado altas pueden llevar al cierre de empresas, lo que reduciría la cantidad de sus afiliados.

Finalmente, el Gobierno, debería determinar un incremento salarial que permita dinamizar la economía sin recalentarla, es decir, sin generar una inflación que no este explicada exclusivamente por factores productivos o tecnológicos.

En esta situación, la del “deber ser”, se puede observar que todos los que intervienen en la negociación tienen incentivos y restricciones, hecho que nos mantiene en el terreno de la racionalidad y que es precisamente del que nos ha alejado el gobierno con su política económica.

En primer lugar, se han eliminado casi por completo las posibilidades de los empresarios para despedir trabajadores, lo que a priori parece un elemento positivo que cumple con el principio de la “estabilidad laboral”. Sin embargo, no poder despedir no significa que las empresas no puedan cerrar, o peor aún, que aquellas empresas que estaban por abrirse decidan no hacerlo o lo hagan al margen de las regulaciones.

Por lo tanto, a nivel social, este tipo de medidas lo único que hacen es proteger a un pequeño grupo de asalariados, en desmedro de las posibilidades de más y mejor empleo para el resto de la sociedad.

Por otro lado, la negociación “ideal” es tripartita, es decir, intervienen el Estado, los empleados y los empleadores. Por qué? Porque sólo así se asegura incluir en la discusión el factor de la productividad, sin embargo, en los últimos 10 años el gobierno ha eliminado de la discusión a las empresas, dictando incrementos salariales que han elevado considerablemente los costos laborales.

Ahora bien, si los incrementos salariales han sido excesivos, y la productividad no ha subido, usted podría preguntarse ¿por qué la inflación no se ha disparado? y la respuesta es simple: se ha mantenido un tipo de cambio bajo para, entre otras cosas, compensar los incrementos en los precios de los bienes nacionales con importaciones relativamente más baratas.

Esta forma de encarar la negociación salarial ha sido muy rentable en términos políticos, pero es sumamente peligrosa para la sociedad, porque no contempla la creación de empleo o mejorar la calidad del mismo. Ante la proximidad del 1 de mayo, y dado que el clima electoral parece haber cesado, al menos hasta el 2019, el gobierno tiene la oportunidad de establecer políticas públicas menos rentistas y más enfocadas en el largo plazo.

El 2015 y la milagrosa economía boliviana

2015-12-21T17:01:00.000-04:00

Es tiempo de evaluaciones, y desde la perspectiva de este servidor, el título de este artículo es el mejor resumen posible para describir lo que ha pasado en la economía de nuestro país.

Cuando comenzamos este año ya sabíamos que los precios de las materias primas venían en bajada, no sólo los de los hidrocarburos, que empezaron su derrumbe en el segundo semestre del 2014, sino también los de los minerales y alimentos, que ya vienen cayendo desde 2013.

Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud de la caída, los cuales han llegado a tocar niveles mínimos en lo que va de la década, con perspectivas aún más desalentadoras para el 2016, dados los cambios en la política monetaria de Estados Unidos.

En el caso de los hidrocarburos, se cierra el año con valores inferiores (entre 35 y 36 dólares/barril) a los de finales de 2008 y principios de 2009, cuando el barril de petróleo, en promedio, estaba en torno a los 41 dólares, con el agravante de que en ese momento el periodo de la baja fue relativamente corto, entrando luego en una rápida recuperación, mientras que en la actualidad, la caída lleva ya más de un año, lo que marca una diferencia sustancial en la previsión de ingresos que tendrá Bolivia en los próximos meses.

Esto ha impactado de forma directa en las exportaciones, ya que hasta octubre del 2015, las mismas habían sido de algo más de 2.216 millones de dólares, lo que equivale a una reducción del 38,8% en comparación al mismo periodo del 2014.

En el caso de los minerales, la disminución de los precios durante el 2015 ha estado en torno al 27% para los casos del zinc, plomo y estaño, mientras que el oro y la plata han mostrado caídas promedio del 10%. Si se comparan los precios con los picos máximos observados en los últimos 5 años, la baja, en general, está en el orden del 50%, con la plata como principal producto afectado, cuyos precios se han contraído en más del 70% y el estaño, con una caída en el orden del 57%.

En este contexto, durante el 2015 las exportaciones de minerales, entre enero y octubre, han caído en 896 millones de dólares con respecto al mismo periodo del 2014, es decir, un 26,9% menos. En el caso de este sector, esta situación es aún más importante si tomamos en cuenta que gran parte del ingreso generado va directamente a las familias, por lo que una desaceleración de la minería implica una caída en el consumo de las mismas.

Si se toma en cuenta al resto de los sectores exportadores, la contracción de las exportaciones en los primeros 10 meses del año ha superado los 3.500 millones de dólares, con altas probabilidades de seguir agrandando la brecha con respecto a lo logrado en el 2014.

Por otro lado, las remesas de los trabajadores (otro puntal del consumo), hasta octubre, han estado en valores similares a los observados en el 2014, alcanzando los 972 millones de dólares (sólo 1,5% más que en el 2014). Esto que significa que las fuentes externas de ingreso, para sostener el consumo, poco y nada podrían compensar las fuertes caídas en otros ámbitos.

Ahora bien, si se observan los indicadores de ejecución de la inversión pública (otro de los componentes que ha impulsado la demanda interna en los últimos años), a un mes de cerrar el año, también han caído considerablemente, ya que mientras que en el 2014 el nivel de ejecución estuvo en torno al 99,7%, a noviembre del 2015 la misma ha llegado sólo a 54,5%, lo que implica que en términos nominales se han invertido 3.773 millones de dólares de los 6.178 millones presupuestados (en el 2014 el sector publico invirtió 4.507 millones).

A todo esto hay que agregarle hechos puntuales, como las devaluaciones que se observan en la región, lo que junto con la fijación cambiaria que estamos viviendo, ha fomentado las importaciones, legales y por contrabando, además de conflictos como los registrados en Potosí, que paralizaron toda un región durante un mes, lo que debería tener un impacto negativo directo sobre el crecimiento.

Sin embargo, en todo este contexto, el crecimiento del país, según las autoridades, estará por encima del 4,5%, lo que sin duda es milagroso (y muy difícil de explicar).

Artículo publicado en Los Tiempos, La Prensa, El Potosí y Asuntos del Sur

Los errores en el Ministerio de Economía

2015-11-03T23:06:00.001-04:00

La realidad del modelo económico del actual gobierno, que dicho sea de paso es un conjunto de políticas económicas ortodoxas a las cuales el adjetivo de “modelo” le queda grande, es que este se ha basado en el incentivo a la demanda agregada, impulsada principalmente por el fuerte gasto público, tanto de inversión como de consumo, y que es posible de sostener gracias al extraordinario aumento en el ingreso por exportaciones de gas.

Primer dato: en el 2005 se pagaba algo más de 1 dólar por millón de BTU’s exportado, mientras que en el 2014 se pagó casi 9 dólares, y en ambos casos se usaba el mismo método para determinar el precio.

Ahora bien, aun cuando es evidente que el ciclo de precios altos ha terminado, el gobierno sigue impulsando un crecimiento basado en el gasto público, lo que se ha reflejado en el fuerte endeudamiento que se está planificando contraer, y aunque esto puede generar serios desequilibrios en las cuentas fiscales, no es el principal problema.

El problema más grande que enfrenta del país, en términos económicos, pasa por los graves errores conceptuales que vienen mostrando los encargados de dirigir la economía boliviana desde el inicio de su gestión.

Explico; una de las principales preocupaciones del actual ministro de economía es sostener la demanda, no sólo porque la ha transformado en un dato de validación política, sino porque a través de ella consigue obtener tasas de crecimiento relativamente altas y de una fácil manera: gastando.
De hecho, en todas las presentaciones que realizan él y sus funcionarios, el continuo incremento del consumo y la inversión pública es exhibido como un logro del modelo.

Esto corresponde a, lo que los economistas llamamos, una perspectiva keynesiana, en la cual, ante situaciones de bajo crecimiento se eleva la demanda agregada para reactivar la dinámica económica, de ahí que no importaba si el Estado contrata gente para cavar zanjas de día y rellenarlas de noche, ya que el objetivo es mantenerlas ocupadas y, por ende, con ingresos para gastar.

El modelo keynesiano se aplicó durante la época de la gran recesión en los Estados Unidos, momento en el cual el desarrollo industrial estaba en pleno auge, por lo que ante la gran recesión, las fábricas quedaron paradas, dejando al país con una gran capacidad productiva ociosa. Evidentemente, ese contexto explica mucho del “éxito” que los keynesianos lograron en ese momento.

El problema, es que el actual equipo económico ha tomado esta receta sin analizar el contexto, ya que han aplicado políticas de estímulo de la demanda agregada cuando las verdaderas restricciones de la economía boliviana pasan más bien por la oferta, que es sumamente inflexible.

Esto pasa por varios motivos, el primero es el tamaño de las empresas, que comparadas con las de las de los países vecinos, es muy pequeño, o por factores institucionales, que pasan desde la excesiva presión que reciben las empresas por parte de entidades como el Servicio de Impuestos, hasta desconfianza entre los mismos empresarios, lo que lleva a que las asociaciones productivas sean muy difíciles de lograr.

De todas maneras, el resultado es el mismo, mientras el gobierno insista en fomentar la demanda, gran parte de los recursos que se inyectan en la economía salen al exterior como pago por las importaciones.

Segundo dato: durante el periodo “neoliberal” (1988 – 2005) por cada dólar de incremento en la demanda agregada, la producción nacional se incrementaba en promedio 82 ctvs. de dólar, mientras que los restantes 18 ctvs. eran cubiertos por importaciones, en cambio, entre 2006 y 2014, la producción nacional sólo alcanza a cubrir 72 ctvs. de cada dólar gastado en el país.
Evidentemente, en un contexto de bonanza, como la que tuvo que administrar el actual gobierno, el serio error conceptual de sus economistas no se percibía, sin embargo, ahora que será necesario ajustarse los cinturones, la falsa idea de que la economía boliviana es más fuerte sólo porque se ha inflado la demanda agregada con gas no podrá ser sostenible por mucho tiempo más.

Artículo publicado en Los Tiempos

La crisis griega y sus impactos para Bolivia

2015-06-30T14:37:00.002-04:00

Sin duda, la crisis que enfrenta Grecia ante la posibilidad de un default y posterior salida del Euro, en los próximos días, ha sido y será la noticia en el mundo económico. Si uno quisiera explicar rápidamente que ha sucedido para que este país llegue a las instancias actuales, el relato puede fácilmente ser calificado como una “tragedia griega”.

Los orígenes de la crisis no son recientes ni de exclusiva responsabilidad del actual gobierno. Empiezan en la época en la que la burbuja europea estaba en pleno auge, momento en el que la expansión del aparato público se desata casi sin control. Un ejemplo para cuantificar este punto: en el 2007, un año antes de que empiecen los problemas en la Zona Euro, el aparato público griego contrataba, directa e indirectamente, a cerca de un millón de personas, casi el 10% de la población del país.

Evidentemente, gran parte de estos empleados públicos estaban al servicio de empresas estatales, las cuales llegaron a sumar más de 300 en el 2008, dedicadas a actividades que iban desde transporte público hasta servicios de digitalización de fotografías para otras entidades estatales.

En el ámbito de la seguridad social, se tenía una edad relativamente baja de jubilación (61 años), junto con una batería de facilidades que permitían lograr jubilaciones adelantadas con una pensión de más del 90% del salario, incluso a los 50 años. Además, se puso en marcha una política de incrementos salariales que poco y nada se relacionaban con la productividad de sus trabajadores. Todo esto ayudó a configurar un continuo incremento en el déficit público, el cual llegó a alcanzar un 14% del PIB en el 2009.

Ante la imposibilidad de emitir moneda, los gobiernos griegos optaron por financiarse a través de deuda pública (emisión de bonos), que en principio fueron comprados por bancos nacionales, extranjeros y el Banco Central Europeo. Las consecuencias para los bancos privados fueron desastrosas, pues en la negociación del 2011 (la segunda ronda de rescates financieros que pidió Grecia desde el 2008), el gobierno logró la condonación del 50% de esa deuda, afectando directamente a la estabilidad de sus propios bancos.

Desde entonces, Grecia ha recibido un tercer paquete de ayuda financiera (y persigue una tercera condonación), y aunque la población ha sentido las medidas de ajuste, sostenidas sobre todo por incrementos a los impuestos a las empresas (que han impactado directamente en la creación de empleos y en el nivel salarial), el Estado no ha reducido sustancialmente su gasto, manteniendo las ineficiencias que desataron la crisis en primera instancia.

Esto ha llevado a una situación en la que la estabilidad del Euro se ha puesto en duda, algo que aunque no se ha reflejado de manera fuerte en la cotización del mismo en las bolsas de valores, es un punto que se debe tomar en cuenta para la economía boliviana.

En primer lugar porque algo más del 9% de las RIN se encuentran en esta moneda, cifra que aunque parece pequeña, equivale a casi 1.340 millones de dólares. Por otro lado, en promedio un 45% de las remesas que percibe el país provienen de la Zona Euro, por lo que una caída en la cotización de esta moneda podría impactar directamente en el poder adquisitivo de las familias que las reciben.

En contrapartida, y ante la volatilidad que podría introducirse ante una salida de Grecia del Euro, los inversionistas buscarán activos donde resguardar su dinero, por lo que es posible que el petróleo y los minerales muestren incrementos en sus precios por un impulso en su demanda como commodities, lo que resultaría en algo positivo, aunque probablemente coyuntural, para la economía boliviana.

En este sentido, aún es muy difícil prever como reaccionarán los mercados y los propios actores en cuestión, sin embargo debemos tener en cuenta que el mundo está cada vez más interrelacionado y que los blindajes, en economía, normalmente suelen ser espejismos que cuestan muy caro.

Artículo publicado en el suplemento Observador Económico de Los Tiempos

Tres reformas urgentes para la economía de Bolivia

2015-05-28T10:04:00.003-04:00

Ahora que la tendencia alcista de los precios de las materias primas, que sostuvieron a la economía boliviana durante los últimos 10 años, está empezando a moderarse y vuelve a sendas menos expansionistas, es hora de empezar a pensar en las reformas estructurales que se han venido aplazando en el país.

En concreto, me refiero a tres problemas que además de no haber sido atendidos, se han ido profundizando conforme el foco de la propaganda gubernamental se centraba en los indicadores macroeconómicos.

El primero de ellos es el empleo, durante la última década hemos visto como el desempleo ha pasado de cifras cercanas de dos dígitos a menos del 3% en el 2014 (según la OIT), un hecho positivo sin duda y que ha servido para colocar al país dentro de los que menor desempleo muestra en la región. Sin embargo, poco y nada se ha avanzado en la calidad del empleo.

De hecho, cuando observamos la informalidad en el ámbito laboral, esta ha pasado de estar en torno al 75% en el 2005 a algo más del 82% en el 2012, con una consecuencia directa en el alcance de las políticas salariales que intenta aplicar el gobierno. Ya que mientras más alta sea la informalidad en el mercado laboral, menos beneficiarios directos de los incrementos salariales y el doble aguinaldo, aunque las problemáticas que traen consigo, como el incremento en los precios de la canasta de consumo o la menor predisposición de los empresarios a contratar, si alcanza a toda la población.

En este sentido, una reforma en la ley de empleo, que no sólo se preocupe por seguir dando beneficios a los que ya tienen trabajo, sino que también se preocupe por flexibilizar las condiciones para generar empleo, es urgente, básicamente porque las enormes distorsiones que se han fomentado en el aparato productivo pueden ser poco sostenibles en un contexto de ingresos moderados como el que se prevé.

Aquí entra la segunda reforma urgente para la economía: la educación. Y esta es quizás el área donde más reformas y menos resultados hemos visto y no sólo en esta gestión de gobierno. Sin embargo, el agravante en esta administración es que se han profundizado las desconexiones entre los requerimientos del mercado laboral y los resultados del sistema educativo (a la vez que se ha desincentivado la formación de capital humano).

El modelo educativo actual contempla dimensiones socio-comunitarias y productivas, sin embargo, el escaso avance de la educación técnica es evidente, mientras que el componente socio-comunitario se profundiza cada vez más, hecho que aunque puede ser bueno desde una perspectiva social, no aporta ninguna habilidad específica para el sector productivo.

En segundo lugar, la política salarial ha afectado las decisiones de corto plazo de los jóvenes, que prefieren insertarse en el mercado laboral apenas terminado el colegio (o incluso antes) dados los posibles ingresos, relativamente altos y no muy diferentes de los que podrían obtener invirtiendo 4 o 5 años más en su educación. Esto es una clara señal de la baja calidad de la educación.

Finalmente debemos revisar los subsidios y controles de precios, ya que las distorsiones que se están introduciendo en la economía son acumulativas y no siempre logran su objetivo. Esto es importante porque cuando se habla de los subsidios, normalmente se piensa en mantener los precios de los bienes de consumo de corto plazo, pero en una economía subsidiada, las distorsiones de precios repercuten también en sectores como el de la educación o la salud, con efectos perversos, ya que los profesionales mejor calificados ven mejores condiciones en el exterior y, por lo tanto, la calidad de estos servicios en el país cae.

Ahora que las autoridades del sector económico, que ven a través de los indicadores macroeconómicos, ya no tendrán los cómodos resultados que trajo la inédita bonanza, el foco de las políticas públicas debería ir hacia los problemas estructurales que dificultan el desarrollo de una economía productiva.

Artículo publicado en Asuntos del Sur, Página Siete y Los Tiempos

La necesidad de una política industrial 2.0

2015-05-06T22:07:00.000-04:00

Para exportar soya, nuestro tercer producto de mayor exportación y un bien primario por definición, es necesario desarrollar una serie de habilidades que van desde los servicios logísticos, para almacenar y transportar el grano, la industria agro-química, o al menos las capacidades para su aplicación, el manejo adecuado de las semillas, la metalmecánica, para solucionar los problemas de la maquinaria que se utiliza en esa actividad y muchas otras más que se constituyen en capacidades muy complejas pero para nada específicas.

Son complejas, ya que requieren de planificación, grandes cantidades de información y coordinación entre cada una de ellas para que toda la cadena funcione, sin embargo no son específicas, ya que una vez desarrolladas pueden aplicarse a muchas otras actividades o constituirse en actividades relevantes para la economía en sí mismas.

Ahora bien, la minería y los hidrocarburos, nuestras principales exportaciones, también requieren del desarrollo de habilidades muy complejas, al fin y al cabo, ser perforista o ingeniero en un pozo petrolero no es algo que cualquiera de nosotros pueda hacer, pero también son habilidades muy específicas, tanto que en muchos de los casos son muy difíciles de aplicar a otros sectores de la economía y por lo tanto son menos útiles para apuntalar un proceso de desarrollo productivo y sobre todo sostenible a largo plazo.

Dado esto, la primera idea que quiero transmitir es simple: exportar bienes primarios no es malo per sé, la cuestión es si esas exportaciones nos ayudan a desarrollar habilidades que permitan el emprendimiento de nuevas actividades. Esto no es una conclusión trivial, sino que es más bien una de las explicaciones que permiten entender cómo Corea del Sur, India o Turquía entre otros, en sólo 60 años han pasado de exportar bienes primarios como algodón o arroz a productos como automóviles y microprocesadores.

Ahora bien, aquí la segunda idea clave: la industrialización, tal y como está planteada en la política pública, no es el mejor camino para lograr esa senda de desarrollo. El problema es simple, industrializar nuestros recursos naturales sigue bajo la premisa de crear o desarrollar sectores cuyas habilidades son aun demasiado específicas respecto al resto de la economía.

De hecho, mucha de la base teórica sobre la que se puede sustentar la industrialización, se encuentra en criterios surgidos en los años 50, donde los encadenamientos, hacia atrás o hacia delante, parecían ser la respuesta para reducir la dependencia de las economías del sur de aquellas economías más industrializadas, el cual es claramente un contexto muy diferente al actual.

Además, el problema con esta perspectiva, aun en ese momento, fueron los altos costos de oportunidad en los que se incurrían a la hora de intentar desarrollar los siguientes eslabones de la cadenas “productivas”, ya que mientras que se destinaban a estos sectores grandes cantidades de recursos para desarrollar habilidades muy específicas, aquellas actividades, como la logística, servicios de información y tantos otros que habrían permitido el desarrollo integral de las economías, no recibían la atención necesaria.

Ciertamente, el desarrollo de los sectores “estratégicos” es importante, sin embargo la política pública es demasiado determinista. Bolivia es un país con potencialidades que van mucho más allá de la minería y los hidrocarburos, algo que ha sido identificado por las autoridades del área económica, pero al parecer, no ha sido entendido en su dimensión actual.

La actual política industrial, es por decir lo menos, inexistente, principalmente porque se basa en un criterio de desarrollo atrasado y sobre todo excluyente del sector privado, algo que puede resultar muy costoso, más ahora que la época de precios altos e ingresos fáciles parece estar llegando a su fin.

Artículo publicado en Página Siete

La brecha salarial en Bolivia

2015-05-01T22:00:00.001-04:00

Hoy, 1 de mayo, me pareció interesante revisar uno de los puntos que más atención ha estado recibiendo en el ámbito laboral en los últimos meses: la brecha salarial entre hombres y mujeres. Para eso utilicé los datos de la Encuesta de Hogares del 2012 (la última disponible) para el área urbana del país y sólo tomando en cuenta a la población ocupada.

Como se muestra en el gráfico, el salario promedio por hora de los hombres suele ser entre 20 y 40% más alto que el de una mujer a un mismo nivel educativo, algo, lamentablemente, esperado y en línea con lo que sucede a nivel mundial. Ahora bien, esta diferencia tiende a caer cuanto mayor grado de educación alcanzan las mujeres e incluso, en la muestra utilizada, esta diferencia tiende a invertirse en los niveles educativos más altos, lo que podría explicar el porqué de la gran demanda de post-grados que solemos ver en la actualidad, pero también nos muestra la respuesta, aunque obvia, para reducir esta brecha: educación, educación y más educación.

En segundo lugar, el salario promedio no cambia significativamente, tanto para hombres como para mujeres, hasta alcanzar al menos los 16 años de escolaridad, algo a tomar en cuenta cuando se habla por ejemplo de la falta de técnicos en el mercado nacional, ya que si suponemos que la valoración social de las actividades técnicas se refleja en los salarios pagados, está claro que esta no es lo suficientemente alta como para incentivar a los jóvenes a incursionar en áreas técnicas y nos lleva a complementar la conclusión anterior: educación sī, pero educación de calidad.

Finalmente, la diferencia salarial entre alguien con 20 años de escolaridad y alguien con 5, 8 o 10 es de tan sólo 2,5 veces. Esto obviamente se ha logrado a través de mecanismos como los topes a los salarios en el sector público o los incrementos salariales inversamente proporcionales, que han incidido también en los salarios del sector privado, principalmente en sus niveles intermedios.

Aunque probablemente el fundamento de este tipo de medidas esté relacionado al logro de una sociedad más "igual", el problema está en los desincentivos que esto representa para buscar mayor y mejor formación, haciéndonos a mediano y largo plazo menos competitivos y por lo tanto menos preparados para lograr procesos de desarrollo sostenible, que como se ha mostrado una y otra vez, suelen estar apuntalados por un tipo de capital muy escaso y difícil de lograr: el capital humano.

Obviamente la discusión debe ser más profunda, sin embargo, en un día como hoy, donde los anuncios pasan por medidas que tienden a proteger a los ya (pocos) asalariados, me pareció buena idea abordar temas laborales que no suelen estar en la agenda política.
Dicho eso, un saludo a todos los trabajadores en su día.

No sólo es la macroeconomía, son las instituciones!

2015-04-15T13:07:00.000-04:00

Algo que se ha resaltado mucho en los últimos años ha sido el crecimiento económico, la estabilidad política y social y la inclusión de una gran parte de la población, tanto en los circuitos políticos como de mercado. En muchos sentidos estas afirmaciones son ciertas, sin embargo no son productos, por así decirlo, de una política “instantánea”, sino que son resultados de procesos de larga data.

Por ejemplo, el crecimiento es resultado de factores como la estabilidad macroeconómica, que se logró a mediados de los años 80’s, junto con un extraordinario crecimiento en los precios de las materias primas que pudieron ser aprovechados por la maduración de proyectos, como el de la venta de gas a Brasil, que comenzaron en la década de los 70’s.

Evidentemente, los cambios en los político y social permitieron disipar las tensiones en algunos sectores disconformes de la población, lo que a su vez genera, de alguna manera, una mayor inclusión en lo económico y por lo tanto un mercado interno mucho más amplio. De aquí que la dinámica de la demanda interna haya sido presentada como uno de los logros de la actual política económica.

Sin embargo la economía al final es un hecho complejo, que depende tanto de los indicadores fríos que se exhiben con tanto ahínco, como de los factores institucionales, es decir, de cómo ser organizan las instituciones, públicas, privadas, formales e informales, en torno al uso y obtención de los recursos. Y es aquí donde el actual equipo económico ha mostrado sus mayores fallas.

Contrariamente a lo esperado, la burocracia se ha mantenido y en muchos casos se ha incrementado, tanto así que hoy en día como país seguimos en los últimos lugares en los indicadores que miden los días necesarios para poder abrir una empresa, exportar o realizar cualquier trámite para llevar adelante una actividad económica.

En el ámbito impositivo, las asimetrías se han profundizado, a partir de una política basada en metas de recaudación y no así en una de simplificación y ampliación de la base impositiva, algo que es materia pendiente desde hace varias décadas ya y que no ha sido abordado por esta administración, probablemente por los altos costos políticos que implicaría corregir estas diferencias.

Junto con la burocratización del aparato estatal también se observó una excesiva penalización de las relaciones obrero-patronales, lo que a su vez ha aumentado la ya alta informalidad de la economía. Además, el continuo incremento de las remuneraciones que perciben los trabajadores (incluido el doble aguinaldo) no han tenido una contrapartida en incrementos de productividad. En pocas palabras, se ha encarecido de manera extraordinaria los costos de producción en el país, haciendo que cada vez seamos menos competitivos a nivel internacional.

Por otro lado, muchas de las lecturas económicas que se hacen desde el aparato estatal están sesgadas a partir de datos que poco o nada recogen la actual realidad económica, ya que se basan en divisiones de la economía surgidas en la Europa del siglo XVIII, cuando el sector terciario, es decir de servicios, estaba referido a actividades casi exclusivamente domésticas y por lo tanto muy poco productivas, algo muy diferente a lo que actualmente sucede.

Esta percepción, que valora más las actividades manufactureras e industriales, se ha mantenido y de hecho hasta profundizado en la actual política económica, impulsando la “industrialización” basada en una integración vertical que sigue dependiendo de los recursos naturales y dejando de lado el desarrollo de otros sectores, como los servicios, que ofrecen una gran oportunidad de desarrollo e ingresos para el país.

En este sentido, mucha de la atención que veremos en los próximos meses se centrará en los indicadores macroeconómicos, la inflación, las reservas, el tipo de cambio y el crecimiento del PIB, pero no hay que olvidar que estos son el resultado de cómo están organizadas nuestras instituciones para producir riqueza, y ese, estimado lector, es precisamente el problema que no ha cambiado en el proceso de cambio.

Artículo publicado en www.asuntosdelsur.org

El camino de la industrialización y otras novedades de museo

2014-09-25T10:09:00.000-04:00

Ahora que estamos en épocas electorales, una de las cosas que ha quedado en claro, tanto para simpatizantes de uno u otro lado, es que la base del desarrollo que proponen todos los candidatos parte de la continuidad de la explotación de los recursos naturales (algo que hacemos como país desde 1825) y la consiguiente industrialización (lo que sería la novedad). Claramente, una perspectiva demasiado nostálgica por no decir limitada.

Me explico. Hirschman, un gran economista alemán, sostenía que el subdesarrollo era una situación de equilibrio donde convivían múltiples círculos viciosos que consumen o subutilizan los recursos de una sociedad. Por lo tanto, para superar el subdesarrollo había que migrar hacia círculos virtuosos, que jalen los recursos o habilidades de la sociedad que están mal utilizados, escondidos o desperdiciados.

En esta línea, lo que él proponía era movilizar la inversión, secuencialmente, en la "dirección correcta” para que genere crecimiento económico.

A esta secuencia la denominó "encadenamientos”, que podían ser hacia atrás, para reemplazar los insumos que la industria local antes importaba (el corazón de la conocida política de sustitución de importaciones impulsada por la CEPAL en los años 60); o hacia adelante, es decir, de beneficiación produciendo materias primas o insumos que son muy caros o escasos y que pueden fomentar el desarrollo de nuevas industrias (la base de la actual política de industrialización del gas).

Y es aquí donde entramos en la realidad. Hirschman desarrolló sus ideas en un contexto completamente diferente al de hoy en día, ya que el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial y los países, que empezaban a crecer rápidamente, estaban apoyados en la industria pesada y en serie, mientras que la velocidad del desarrollo tecnológico, que si bien generaba muchas expectativas sobre el futuro (al punto tal de inspirar a la literatura a imaginar utópicos años 2000), no es ni de cerca la que observamos hoy en día, aún cuando no hayamos logrado las utopías soñadas.

Aquí, alguien podría decir que la industrialización es una idea acertada, ya que si uno observa a las grandes economías del mundo, todas tuvieron, o al menos parecen haberlo hecho, un proceso de industrialización que pasó de la industria liviana a la pesada en etapas claramente diferenciadas (entre ellos Corea, Japón y la segunda generación de tigres asiáticos: India, Malasia, Taiwán), donde la presencia de recursos naturales (en el caso donde existió) no ha sido negativa.

Sin embargo, difícilmente el futuro va a repetir el pasado, y mientras los grandes esfuerzos de nuestras autoridades se enfoquen más en la industrialización que en la economía del conocimiento, el tiempo que nos ha comprado este auge de las materias primas se va a acabar.

Básicamente porque el desarrollo basado en la industrialización fue posible gracias a largas jornadas laborales, bajos salarios, debilidad de los sindicatos y precariedad laboral, todas ellas condiciones difíciles de aceptar hoy en día.

Entonces, la pregunta en este punto es, ¿cómo logramos crecer sin industrializar? Y la respuesta es simple: a través de los servicios. Pero no los servicios primarios, a los que los partidarios de la industrialización subestiman sosteniendo que generan trabajos precarios, de baja calificación y remuneración y, por tanto, de bajo valor agregado (casi un señalamiento al comercio y más específicamente al comercio informal), sino más bien a servicios, donde el capital humano es la parte más importante del capital y la que se lleva por consiguiente la mayor parte de la retribución.

Estos servicios pueden estar en torno a la educación, informática, turismo, logística y otras tantas "industrias” creativas relacionadas al diseño y desarrollo, que apoyadas por un buen andamiaje de infraestructura para la comunicación, pueden permitirnos explotar los beneficios de la globalización, la red y el proceso de tercerización que se está dando en el mundo.

Artículo publicado en Página Siete y Asuntos del Sur

Sobre el crecimiento y el contexto para la economía boliviana

2014-08-29T17:11:00.002-04:00

Las autoridades del área económica constantemente sostienen que Bolivia está blindada ante los efectos de las crisis internacionales y ponen como ejemplo a la crisis financiera de Estados Unidos entre 2009 y 2010. Ésta, luego se extendió a Europa, Asia y finalmente a los países de nuestro continente. El resultado fue algo nunca antes visto: Bolivia, el país más pobre de la región, era el que más crecía (volveré sobre esto último más adelante). Parecía que los estornudos de las economías grandes ya no nos causaban pulmonías.

Hoy estamos ante un cambio radical en la dinámica económica de las últimas décadas, ya que China, India y las demás economías emergentes habían venido creciendo a tasas considerablemente altas, en algunos casos, desde hace más de 20 años. Esto significa que el superciclo de materias primas, no sólo se debía al crecimiento de estas economías, sino que también hubo efectos derivados de la política económica de Estados Unidos y fuertes componentes especulativos de por medio.

Sin embargo, los fundamentos en los modelos de crecimiento de estas economías, muchas veces muy poco comprometidos con la sostenibilidad del medioambiente, con la equidad en la distribución de los ingresos o con esquemas de seguridad social estables en el largo plazo, entre muchos otros factores, están obligándolas a redireccionar sus esfuerzos y metas hacia esquemas con menores tasas de crecimiento pero más ajustados a contener la problemática antes descrita.

En este sentido las condiciones que favorecieron a nuestra región, principalmente a los países exportadores de materias primas como Bolivia, serán diferentes. Los precios de las materias primas, aunque no bajen considerablemente, ya no volverán a los niveles que vimos entre el 2008 y 2011, mientras que el gasto de los gobiernos que se beneficiaron de estos precios ha crecido tanto o más que los ingresos.

La política monetaria mundial, que ha sido sumamente expansionista empieza a moderarse, por lo que los capitales mundiales empiezan a retornar a los países desarrollados y a sus activos más seguros. Además, las economías avanzadas están empezando a retomar la batuta mundial del crecimiento, pero ahora son más cautas y proteccionistas, por lo que los flujos de comercio mundial probablemente no crezcan a las tasas que venían creciendo. Esto significa menos oportunidades de expansión para los sectores manufactureros.

Y aquí es donde volvemos a la economía boliviana. Durante la crisis del 2009-2010 las condiciones eran diferentes: nuestros vecinos, particularmente Argentina y Brasil, aún no habían entrado de lleno en los problemas que hoy los aquejan. Hoy las inversiones en esos países se están frenando y por lo tanto su consumo de energía, en otras palabras, nuestras ventas de gas dejaran de crecer al ritmo que lo hacían. Esto ya se observa hoy en día, en la velocidad del gasto, más alta que la de los ingresos, así que por primera vez en la presente gestión de gobierno esperamos un déficit fiscal.

Por otro lado, los continuos incrementos en los precios de la economía, no sólo de la canasta básica, sino también de otros tan importantes como el salario, han empezado a generar presiones inflacionarias que no se registraban unos años atrás. En consecuencia, hoy el BCB no puede expandir la liquidez para fomentar la dinámica económica sin generar más inflación.

De hecho, durante el 2009-2010 el BCB fomentó el dinamismo del mercado interno a través del sistema financiero, bajando las tasas de interés y reduciendo el encaje legal, por lo que los bancos disponían de mayor liquidez para prestar. Hoy, el BCB está haciendo exactamente lo contrario.

De todo esto debe quedar claro que Bolivia ya no es la economía pobre que era, sin embargo, tampoco es la economía fuerte que nos quieren mostrar sólo porque la bonanza fue tan grande que permitió licencias que una estructura productiva raquítica, como la que tenemos, no nos habría permitido en otro contexto.

Articulo publicado en Los Tiempos y Asuntos del Sur

El 50/50 y lo importante de la economía

2014-08-25T10:42:00.000-04:00

Estamos a ocho semanas de las elecciones generales y parece que el tema principal de la campaña se ha centrado en la discusión sobre las rentas de los hidrocarburos. Hábilmente, desde mi perspectiva, el Gobierno ha sobredimensionado esta discusión, explotando de nuevo los sentimientos de soberanía tan arraigados en nuestra población, para evitar hablar sobre los otros grandes problemas de la economía.

El 50/50 es, sin duda, una menor proporción de la torta que la que ahora captura el Gobierno, que tampoco es 82% y que tampoco fue logrado por este gobierno (según cálculos de Mauricio Medinaceli están en el orden del 65% y la Ley 3058, base del actual esquema de tributación, fue aprobada en el 2005); sin embargo, si como sociedad nos enfrascamos en esta discusión, nos estamos quedando con una muy pequeña parte de todo lo que hay que discutir.

No sólo por lo complicado que puede ser el establecer impuestos sobre los recursos naturales, sino porque una de las reglas básicas, si se quiere lograr desarrollo a través de la explotación de recursos naturales, es transformar esta riqueza en otra, es decir, no gastarla, sino más bien invertirla en el desarrollo de nuevas capacidades.

En esta línea, tras ocho años de gobierno, la inversión, al primer trimestre del 2014 (el último dato disponible) ha estado por debajo del 20% del PIB, cifra que sigue estando cercana a los promedios históricos y muy por debajo de los indicadores de los países en desarrollo, los cuales invierten entre 30 y 35% del PIB o de los países desarrollados, cuya inversión se encuentra en el orden del 25% del PIB.

En otras palabras, aún cuando en términos nominales las cifras han crecido considerablemente, los precios y los costos también, por lo que en términos reales, el peso de la inversión sigue más o menos igual.

La composición del aparato productivo es otro problema serio, ya que la industria, a finales del 2013 representaba sólo el 9,9% del total del PIB; mientras que en el 2006 era de 11%, es decir, la industria hoy es 13% menos de importante que lo que era al inicio de esta administración de gobierno.

En contrapartida, las actividades extractivas han pasado de representar un 11% en 2006 a algo más del 15% en el 2013, lo que puede parecer relativamente poco, pero que implica en realidad un crecimiento de más del 35%.

Si bien el desempleo, según las autoridades, está en el orden del 3,2%, el más bajo de la región, su caída no se debe enteramente a la creación de más y mejor empleo, sino más bien a la informalización de la economía, que está en el orden del 80%, al crecimiento de sectores como el comercio y la construcción, que si bien ayudan a la dinámica interna no pueden generar crecimiento sostenible por si solos y, claro está, a la migración, que además tiene un beneficio extra para la danza de los buenos indicadores macro, ya que en muchos de los casos los trabajadores dejan a sus familias en el país, por lo que a mayor migración, mayores remesas y por lo tanto mayor consumo.

En otras palabras, una buena parte de la dinámica interna, que es uno de los motores de la economía que el actual Gobierno sostiene que ha activado, se debe, más bien, a una salida casi obligada de miles de bolivianos de sus hogares, a un altísimo costo social, ya que el núcleo familiar se encuentra disgregado.

Obviamente, en un contexto como el que hemos descrito, las exportaciones están cada vez más dominadas por los recursos naturales, ya que el 2013 más del 80% de las mismas fueron gas o minerales, mientras que las manufacturas llegaron a representar sólo un 7%, menos de la mitad de lo que representaban al inicio de este gobierno.

En este sentido, la discusión sobre la distribución de las rentas de los hidrocarburos es importante, pero no es lo único importante. El problema es que la política no siempre trata de lo importante, sino de lo que reditúa a los candidatos. En este punto es donde el electorado decide.

Artículo publicado en Página Siete y Asuntos del Sur

Una explicación sobre el default argentino

2014-08-04T16:49:00.000-04:00

Durante los últimos días hemos escuchado a bastantes analistas hablar sobre el tema, y la verdad que tratar de entender la situación actual de Argentina es sumamente complejo, no sólo por las diversas perspectivas que se ofrecen de la misma (muchas veces contradictorias entre sí), sino también por la confluencia de varios hechos, actores y políticas públicas que llevaron a este desenlace y que son de larga data. Por esto, y parafraseando a un gran profesor de macroeconomía, “como dice el descuartizador, vamos por partes”:

La deuda argentina y su reestructuración.

En el 2001 Argentina entró en default, al dejar de pagar una deuda de algo más de 100 mil millones de dólares, lo que la transformó en la mayor cesación de pagos de la historia. Evidentemente esta deuda, como podrá usted suponer, no se quedó impaga, sino que fue parte de un proceso de renegociación, encarado entre el 2005 y el 2010.

En términos generales, estas negociaciones parecían haber resultado positivas, ya que se llegó a un acuerdo con más del 92% de los acreedores, pactando quitas al valor inicial de la deuda de casi el 68% y reacomodando además los plazos de pago a periodos aún mayores a los que se la había emitido en primera instancia. En contrapartida, los acreedores exigieron, a manera de garantía, el reconocimiento de la legislación estadounidense como legislación válida en caso de una nueva cesación y la inclusión de una cláusula que les asegure haber obtenido el mejor acuerdo posible (llamada cláusula RUFO por sus siglas en inglés), que establecía que si Argentina llegaba a un acuerdo mejor con otros acreedores, automáticamente los primeros accederían a estas nuevas condiciones.

Adicionalmente, en el 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, bajo la premisa de dejar atrás la “dominación financiera”, se realizó la liquidación total de la deuda con el FMI, lo que representó un pago de casi diez mil millones de dólares, equivalentes al 36,6% del total de sus reservas internacionales en ese momento, y que se realizó en función a las buenas previsiones de precios de las materias primas, entre otros argumentos, por lo que en ese momento se estimaba que las reservas volverían a aumentar.

Los holdouts o “fondos buitres”.

Ahora bien, aquí entran en escena los fondos buitres, que son precisamente el 7% restante de los acreedores que decidieron no entrar a los procesos de canje antes mencionados. La metodología de estos fondos es relativamente simple, ya que estos son capitales de inversión, que se dedican a comprar bonos, ya sea de empresas o gobiernos en quiebra, por montos sumamente bajos para luego, a través de vías judiciales, intentar conseguir el pago del 100% del valor original. Este es un negocio evidentemente riesgoso y, por lo tanto, altamente rentable si se logra el objetivo.

Así, para que se pueda contextualizar, NML Capital Ltd., que es uno de estos fondos, compró papeles de deuda argentina con un valor nominal de 853 millones de dólares por poco más de 49 millones, a los que se les debe incluir los intereses y punitorios de estos 13 años, elevando la cifra del reclamo a algo más de 1.300 millones de dólares. Como podrá usted ya suponer, fue este fondo el que presentó una demanda contra Argentina por incumplimiento de pago.

El juez Griesa su fallo y el default.

El fundamento de NML Capital Ltd. para entablar la demanda fue precisamente el pago puntual que venía haciendo Argentina al 92% de bonistas con los que había renegociado. Esto es así, porque según una clausula llamada Pari Passu, muy común en contratos financieros, en una situación de quiebra, no se puede establecer diferencia entre acreedores, es decir, no se puede pagar a unos y a otros no, y dado que Argentina venia pagando a los bonistas del canje, el fondo NML exigió también su pago correspondiente, pero en las condiciones establecidas en la deuda original, lo que resulta en las extraordinarias cifras que mencionamos antes.

Ahora bien, este argumento fue aceptado por el juzgado presidido por Thomas Griesa, lo que ponía a la Argentina en una situación compleja, ya que si cumplía el fallo, era posible que el 92% de los bonistas exijan la aplicación de la cláusula RUFO (cuyo vencimiento es el 31 de diciembre del 2014), es decir, el reconocimiento del capital a los niveles anteriores a las negociaciones de 2005 y 2010 y por consiguiente el sustancial incremento de la deuda externa argentina. En contrapartida, si el fallo no era cumplido, Argentina se arriesgaba, tal como ha sucedido, a la cesación de pagos, al menos a una parte de los acreedores.

Aquí es necesario hacer algunas precisiones, en primer lugar el argumento de la defensa argentina se basaba en que tanto la deuda reestructurada como la que se encontraba en poder del fondo NML no eran en sí la misma deuda, sino que a partir de la restructuración estas se constituían en deudas diferentes, por lo que la aplicación del Pari Passu no era procedente. En este sentido la interpretación del juez Griesa sobre esta cláusula, desde la perspectiva del gobierno argentino, puede calificarse al menos como “amplia”.

En segundo lugar, no todo está en función del fallo en sí mismo, sino que también está en función de la cesión de soberanía jurídica que fue negociada en el proceso de reestructuración encarado por el gobierno argentino, junto con una alta politización de cuestiones evidentemente económicas.

El momento de la economía argentina.

El fallo y el consiguiente default actual no podrían venir en un peor momento para la economía argentina, ya que esta se encuentra enfrentando serios problemas de inflación, calculada por algunas consultoras privadas en un 55% anual (la segunda más alta del mundo), una continua salida de capitales, a partir de los problemas de confianza que muestran los agentes en las medidas de política económica (que han incluido un esquema muy complejo de control en la venta de divisas para tratar de manejar la preocupante caída en sus reservas internacionales, que sólo en el 2013 se redujeron en algo más de 10.000 millones de dólares), controles de precios en el mercado interno, una creciente carga fiscal a causa de subsidios sumamente corporativos y una crisis energética persistente entre otros problemas.

Todo esto se suma a un contexto internacional poco favorable, donde los precios de la soya, principal exportación del vecino país, vienen cayendo y con Brasil entrando también en recesión, lo que ha repercutido en la virtual paralización de sectores claves para la economía argentina, como el automotriz y el inmobiliario, por lo que es posible que, de mantenerse la actual situación, las disminuciones del nivel de consumo y el actividad sean aún mayores.

Algunas posibles repercusiones para Bolivia.

En términos formales, el comercio no gasífero con Argentina no es relevante, y aún cuando las ventas de gas representan un ingreso mensual promedio de más de 200 millones de dólares, a la Argentina no le sería, ni política ni económicamente viable suspender el pago de ese energético, sobre todo porque agudizaría aún más las presiones internas ante nuevos problemas en la provisión de energía. Sin embargo, el comercio informal, del que suelen vivir muchas de las familias más pobres de las regiones fronterizas prácticamente se ha invertido, es decir, hemos pasado a ser importadores netos, tanto de alimentos como de otro tipo de bienes, relacionados a los textiles, vinos y cervezas entre otros, lo que establece un esquema de competencia desleal sumamente difícil de subsanar para los productores bolivianos.

Por otro lado, Argentina ha sido uno de los principales destinos de los migrantes bolivianos, no sólo por su cercanía geográfica y la relativa facilidad de ingreso, sino también por la extensa red de ayuda y la gran especialización que las comunidades migrantes han desarrollado en el vecino país. En este contexto, las medidas tomadas por las autoridades argentinas han dificultado la obtención de divisas, particularmente para los migrantes, que en la mayoría de los casos se desempeñan en actividades informales, donde la justificación de los ingresos es sumamente difícil. Ante la actual situación de default estas medidas podrían agudizarse y por consiguiente dificultar aún más el envío de remesas hacia Bolivia.

Finalmente, y quizás el efecto que ya estamos observado desde hace mucho tiempo, pero que podrían ser un problema aún más complejo en el corto plazo, es la presión que ejerce la demanda en Argentina para la salida de dólares de nuestro país, por aquello a lo que a los economistas llamamos “arbitraje” y lo que en pocas palabras significa comprar barato en un lugar, para vender caro en otro.

Así, la dificultad para conseguir dólares en la Argentina hace que el dólar en el mercado paralelo, hoy por hoy, esté casi un 65% encima de los valores oficiales, mientras que en Bolivia no existe ningún tipo de control para la compra, hecho que permite mantener un único mercado. Esta situación ha fomentado el arbitraje del dólar en las fronteras con el vecino país, ya que es negocio libre de riesgos, inventarios e incluso impuestos.

Cuantificar la cantidad de dólares que salen no es tarea fácil, sin embargo el problema está en que más allá de la falta de carácter “productivo” del comercio fronterizo, la actividad cambiaria no genera la misma cantidad de empleo, directo e indirecto, que el comercio. Además, se debe tomar en cuenta que la actividad comercial, a veces más a veces menos, permite la competencia entre actores de diversos tamaños, cosa que el arbitraje no. Para lograr sacar réditos del arbitraje, el capital con el que se debe contar es bastante alto, ya que ganar un centavo o menos por dólar no se justifica si su capital es de mil dólares, pero si esta cifra está por encima de los 15 o 20 mil dólares la situación es diferente. Esto implica que las “oportunidades” que ofrece el arbitraje son restringidas a un pequeño grupo de “grandes capitalistas”.

El costo del control de la inflación y el incremento salarial

2014-04-23T11:58:00.001-04:00

La política de control de la inflación que está llevando adelante el actual gobierno boliviano está basada en tres pilares fundamentales, utilizando, en primer lugar, medidas monetarias, a las que los economistas llamamos Operaciones de Mercado Abierto (OMA’s), medidas de tipo de cambio y medidas administrativas, que en pocas palabras son los controles de algunos precios de la canasta básica junto con exenciones a sus importaciones.

En conjunto, estas medidas parecen haber resultado relativamente exitosas, al menos según lo que muestran los datos oficiales. Sin embargo, y ante una coyuntura en la que los incrementos salariales han estado muy por encima de los indicadores de inflación del 2013 y a los que se les debe agregar las inyecciones de dinero que representaran o representaron los pagos del doble aguinaldo en el sector privado entre enero y febrero, correspondiente a la gestión 2013, y muy seguramente del mismo beneficio para el 2014, es pertinente que se evalúe cuanto le cuesta a los bolivianos el control de la inflación.

Las OMA’s son ventas de bonos que hace el Banco Central, normalmente a entidades financieras, pero también a las AFP’s y últimamente al público en general, de tal manera que se entrega un certificado por un monto y plazo determinado, al final del cual se le devolverá ese dinero al dueño de dicho certificado más una suma correspondiente a los intereses. En el 2013, y a causa del incremento de las presiones inflacionarias, el BCB se vio obligado a incrementar su oferta de bonos, llegando, a finales del 2013, a los 2.142 millones de bolivianos, lo que junto a otros instrumentos monetarios que tuvieron que ser aplicados, sumaron un total de 7.707 millones de bolivianos en retiros de liquidez.

Evidentemente, estos retiros tienen un costo financiero (los intereses que hay que pagar por ellos), que serán mayores cuanto mayores sean las presiones inflacionarias que se registren en la economía.

La segunda gran herramienta que se ha estado utilizando, quizás de forma indirecta, es el tipo de cambio. Aquí es necesario explicar la diferencia entre el tipo de cambio nominal, que se releja en la cotización del peso boliviano respecto a otras monedas, y que en el caso del dólar no ha cambiado desde finales del 2011, y el tipo de cambio real, que además de expresar el precio entre una moneda y otra, toma en cuenta la evolución de los precios entre dos países, por lo que termina expresando de forma aproximada el valor de los productos de un país en comparación a los de otro.

En este sentido, el tipo de cambio real de Bolivia se ha venido apreciando considerablemente, de hecho, solo en el 2013, la apreciación real ha sido del 9%, lo que en otras palabras significa que los precios de los productos bolivianos en este periodo se han encarecido, respecto a los del resto del mundo, un 9%. Esto evidentemente repercute en la competitividad de nuestras exportaciones, pero al mismo tiempo facilita la importación de bienes de consumo que, en un contexto como el que se ha observado en el 2013, donde las economías vecinas han empezado a devaluar sus monedas para ganar competitividad, permite mantener los precios de la canasta de consumo boliviana relativamente bajos.

Evidentemente este mecanismo tiene un efecto perverso, ya que a medida que la participación de los productos importados en la canasta de consumo de los bolivianos se hace más importante, los objetivos de política que se ha planteado el mismo gobierno, como la soberanía alimentaria, se hacen más difíciles de alcanzar, incrementando además la vulnerabilidad de la economía boliviana a los vaivenes de las economías externas.

Finalmente, las medidas administrativas, que conjugan controles de precios que se llevan adelante cada tanto, con exenciones o fomentos para la importación, han sido aplicadas principalmente sobre las etapas iniciales de la cadena productiva, dicho de otra manera, sobre las materias primas, como las harinas, granos, aceites y otros que sirven para la elaboración de productos de consumo final.

Estas medidas solucionan el problema de la inflación en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo desplazan a muchos productores de materias primas hacia otras actividades, principalmente comerciales, toda vez que ellos se ven imposibilitados de incrementar sus ingresos por los controles de precios que enfrentan, haciendo que el aparato productivo nacional se torne más dependiente de los insumos importados, aumentando, de nuevo, la vulnerabilidad de la economía boliviana.

En este contexto, en el que poco más del 20% de los trabajadores percibe los incrementos salariales que se plantean desde las negociaciones entre el gobierno y la COB, mientras que toda la población será la que enfrente los efectos inflacionarios de estas señales, habrá que preguntarse hasta qué punto es sostenible esta actual política económica.

Artículo publicado en Asuntos del Sur, Economía Bolivia

Pacto fiscal y rentismo

2014-02-22T22:04:00.001-04:00

En 1990 los impuestos a la propiedad de bienes muebles e inmuebles representaban el 7% del total de la recaudación impositiva en Bolivia, mientras que en el 2012 su participación había caído a casi 0,1%. En el mismo periodo, la participación de los impuestos a los hidrocarburos pasó del 13,1 al 28,1%.

¿Por qué este dato es relevante?, pues bien, porque ambos están directamente relacionados a los ingresos de los gobiernos subancionales del país. Los impuestos a la propiedad de bienes se constituyen, para la mayoría de las alcaldías, en la principal fuente de recursos tributarios recaudados directamente, mientras que los impuestos a los hidrocarburos (y a los minerales también) son coparticipados en función de una regla de distribución territorial a gobiernos subnacionales y universidades, donde aquellos departamentos que tienen yacimientos explotados reciben mayores recursos que aquellos departamentos “no productores”, regla reforzada a partir de una nueva ley de hidrocarburos promulgada en el año 2005.

Esta reforma legal estaba impulsada por el extraordinario incremento en los precios de los hidrocarburos y su principal objetivo era el de capturar la mayor cantidad posible de las rentas provenientes de la exportación de gas a Brasil y Argentina, ambos, proyectos que se habían gestado durante al menos dos décadas. En este contexto, uno de los efectos más notorios es el continuo incremento de la dependencia de los gobiernos departamentales y municipales de las transferencias de estos recursos.

Como ejemplo basta mencionar que mientras que 1990, en promedio, por cada peso boliviano que se recibía por concepto de transferencias provenientes de las rentas de recursos naturales y programas de alivio de deuda, los gobiernos subnacionales recaudaban 2,4 bolivianos de ingresos propios, en tanto que en el 2012 esta situación se ha invertido, ya que por cada 1 boliviano de transferencias que se reciben, estos mismos gobiernos solo recaudan 0,9 bolivianos por ingresos propios.

Además, esta dependencia se ha visto aún más complicada por la forma de distribución de las rentas y transferencias. En particular, el criterio de distribución bajo criterios territoriales y no así poblacionales, ha hecho que las regiones muestren graves asimetrías en cuanto a sus capacidades de gestión y provisión de servicios públicos, dificultando la diferenciación de las administraciones eficientes de aquellas que no lo son.

En este contexto ha resurgido, en Bolivia, la discusión respecto a la necesidad de un nuevo pacto fiscal, que más allá de girar en torno a establecer los criterios de negociación y cumplimiento de metas entre la sociedad en general (que percibe los bienes y servicios públicos), los actores productivos (que soportan la carga impositiva) y el Estado, se ha centrado en los esquemas de redistribución de las rentas petroleras, convirtiendo al debate sobre el pacto fiscal en una discusión rentista, donde los gobiernos subnacionales actúan como un ente rentista más.

Esto pone en peligro la sostenibilidad del proceso autonómico, toda vez que mientras que la descentralización administrativa buscaba un mayor y mejor control de la ciudadanía sobre el sector público, al otorgarle más funciones a los niveles de gobierno más cercanos, la mayor dependencia de recursos provenientes de las rentas petroleras que no están relacionados al esfuerzo tributario de su población, profundiza la dependencia fiscal de estos gobiernos respecto al nivel central, reduciendo la importancia del ciudadano ante estos niveles de gobierno y por lo tanto debilitando todavía más la institucionalidad del país.

Este punto de vista, mostrado en una reciente publicación de la Fundación Milenio, nos lleva a replantear los criterios bajo los cuales se lleva adelante la discusión. Por un lado, el gobierno central propone un aplazamiento de la misma hasta después de las elecciones de octubre, ya que probablemente esto implicaría una pérdida de control sobre estas rentas, además de generar fricciones entre las diferentes regiones, poniendo en peligro sus perspectivas electorales.

Por otro lado, los gobiernos regionales ven en este esquema electoral una oportunidad para capturar más recursos para sus regiones, donde el criterio de la soberanía nacional sobre los recursos naturales (uno de los principales pilares electorales de la actual administración de gobierno) es entendido y utilizado desde una óptica estrictamente regional. En tanto, la sociedad en general no ha entrado aun en esta discusión, por lo que factores claves para establecer un verdadero pacto fiscal, como es el cómo y cuánto está dispuesta a pagar la sociedad por los bienes y servicios públicos que recibe, no se han definido aún.

Articulo publicado en Pagina Siete y Asuntos del Sur