Cosechando opiniones - Fernando Eguren

“El que los pequeños productores agrarios no reciban el apoyo necesario es principalmente un asunto de poder”

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 01 Dec 2015 14:33:00 +0000

Entrevista de la periodista Cecilia Niezen a Fernando Eguren,

presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

Fuente: http://bit.ly/1IWDPCG

Fernando Eguren, sociólogo y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), explica en esta entrevista los problemas, desafíos y nuevas dinámicas del mundo rural.

La pobreza, la reducida garantía sobre los recursos naturales de numerosas personas que habitan en el medio rural, las nuevas dinámicas entre sus habitantes, la falta de apoyo a la pequeña agricultura –que representa la mayor fuente de empleo del mundo rural– y el contraste entre gran y pequeña agricultura constituyen nuevos elementos para tomar en cuenta.

¿Cuáles son las tres principales transformaciones que se han generado en el espacio rural peruano en los últimos 15 años?

El surgimiento de un sector agroexportador, muy moderno en términos tecnológicos y de gestión. Asociado a lo anterior, un rápido proceso de concentración de la propiedad de la tierra en la costa, principalmente en áreas ganadas al desierto gracias a la inversión pública en irrigaciones; y, finalmente, la continuación del proceso de atomización de la propiedad de la tierra: hay medio millón de unidades agropecuarias más entre 1994 y 2012. Estos procesos han reproducido una agricultura bipolar, por un lado con latifundios, y por otro lado con pequeña propiedad y minifundio.

¿Considera que seguimos con la mirada del 'perro del hortelano' impresa por Alan García? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los riesgos de esa mirada?

Lamentablemente sí, y la esencia de la mirada del 'perro del hortelano' es que los campesinos e indígenas no están en la capacidad de aprovechar los recursos naturales que poseen, pues son pobres e ignorantes; mientras que la gran empresa sí tiene dinero y sí sabe aprovechar los recursos. La continuación de la concentración de la propiedad, de una política extractiva y las recientes medidas para estimular el crecimiento de la economía demuestran esta continuidad. Todo ello profundiza la desigualdad social y económica en nuestro país, lo que, según los mejores economistas de desarrollo del mundo, ralentiza el crecimiento.

¿En qué sentido ralentiza el crecimiento? Muchos argumentarán que se requiere capital y tecnología de punta para impulsar justamente el desarrollo del campo.

La concentración de la propiedad contribuye a la concentración de los ingresos e inhibe a otros potenciales actores económicos a intervenir y contribuir al crecimiento económico. Impide, además, que el crecimiento económico sea más equitativo y más redistributivo; por tanto, más justo y democrático.

Una investigación de Richard Webb de hace unos dos años, habla de un sector rural diferente al que se percibía siempre. Señala que ya no se trata de un sector excluido y que se ha transformado en un actor importante dentro del contexto económico y social del país. Comenta sobre una suerte de despegue rural. ¿Qué opina al respecto?

¿Qué cosa es ser 'incluido'? El término se utiliza con mucha ligereza. Hace muchos años, Anibal Quijano –uno de los más ilustres sociólogos peruanos– rechazaba el término 'población marginada', afirmando correctamente que no había tal exclusión, sino que era población incluida pero explotada. En cuanto al estudio de Webb, lo interesante es que muestra que romper con el aislamiento territorial de los campesinos, gracias a la construcción de caminos y desarrollo de las comunicaciones, hace más por ellos que las políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura. Desde los años del Gobierno de Fujimori, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha incrementado los esfuerzos por mejorar y extender la red vial. Uno de los programas más interesantes del Ministerio de Transportes fue el de Caminos Rurales.

¿Cómo han venido afectando la globalización y el comercio internacional las dinámicas y economías del mundo rural? A unos 10 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE. UU., donde se identificaron sectores ‘perdedores’ agrarios que debían ser compensados, ¿qué análisis hace?, ¿se acrecentaron las brechas sociales en el espacio rural por este acuerdo?

El Perú ha establecido acuerdos comerciales con decenas de países. Estos acuerdos han beneficiado sobre todo a los grandes exportadores agrarios y también a importadores de cereales. No encuentro que haya beneficios para el resto de productores agrarios, que son la inmensa mayoría. En contraste, ha perjudicado a algunos sectores de la pequeña agricultura, como los algodoneros, enfrentados –entre otros factores– a precios subsidiados, y cuya área de cultivo ha ido disminuyendo. Estos acuerdos han contribuido, como he mencionado, a la generación de un agro bipolar: en un extremo está la gran agroindustria de exportación, y por otro lado, una pequeña agricultura que produce sobre todo para el mercado interno y que es la base de la seguridad alimentaria del país.

¿Cómo romper o reducir esa bipolaridad entre estos dos tipos de agricultura?

Resulta obvia la necesidad de un cambio de prioridades, adjudicando una mayor inversión pública a infraestructura y servicios que favorezcan a la agricultura familiar. Pero también es importante regular la propiedad de la tierra, mediante el establecimiento de impuestos progresivos, para evitar la formación de más neolatifundios.

A la luz de los nuevos resultados de Censo Nacional Agrario (Cenagro 2012), ¿qué lectura y recomendaciones de política sugiere?

El Cenagro 2012 muestra la fuerte presencia de la pequeña agricultura o agricultura familiar (más de 2 millones de unidades agropecuarias, sobre un total de un poco más de 2,2 millones unidades agropecuarias). No puede haber desarrollo rural sin el desarrollo de esta agricultura. Tampoco puede haber un desarrollo regional, que es uno de los principales objetivos del proceso de descentralización. La principal recomendación es que el Gobierno priorice la agricultura familiar e invierta fuertemente en su promoción. Además de ser la principal abastecedora de alimentos del país, la pequeña agricultura es la que crea más empleo en el campo, muchísimo más que la agroindustria, y representa la manera más eficaz de combatir la pobreza rural.

¿Por qué las autoridades y otros grupos subestiman el minifundio a pesar de su importancia para la seguridad alimentaria del país?

Si definimos el minifundio como aquella extensión de tierra que hace imposible, en las condiciones actuales, que una familia pueda vivir por encima de la línea de la pobreza, entonces más del 90% de nuestros productores agrarios son minifundistas. El que no reciban apoyo suficiente es para mí un asunto principalmente de poder: estos pequeños agricultores no lo tienen. Sus organizaciones son débiles, no pueden alterar el curso neoliberal de nuestra economía, que favorece a los grandes. Es cierto que existen acciones a favor de la pequeña agricultura, como los que ejecuta Agrorural (Ministerio de Agricultura y Riego –Minagri–), pero son esfuerzos minúsculos comparados con las necesidades de la abrumadora presencia de la agricultura familiar en el país.

Dentro de las actividades productivas, el capital y las tecnologías de punta están principalmente en manos de empresas medianas y grandes. Sin embargo, hay estudios en zonas muy específicas de la serranía que hablan de una suerte de revolución tecnológica de productores familiares. ¿Cómo evalúa este proceso?

Que la pequeña agricultura ha incrementado sus rendimientos, es cierto. Solo así se explica que haya podido alimentar a 10 millones de personas más de las que había en 1993 en el Perú, lo que muestra la gran capacidad de esta agricultura para responder al crecimiento de la demanda. Pero me parece excesivo hablar de una revolución, para lo cual se hubiese requerido un significativo apoyo estatal y privado. Este apoyo se ha reservado en beneficio de la gran agroindustria.

Hablar de desarrollo rural es mucho más amplio que hablar de agricultura. ¿Cree que hay ese enfoque en las políticas, tomando en cuenta que existe una estrategia nacional de desarrollo rural?

El año 2004 fue prolífico en estrategias nacionales, pero muchas se quedaron en el papel. Es el caso de la de desarrollo rural. Una de las razones es que era una estrategia multisectorial, pero ya sabemos que los ministerios suelen cuidar celosamente sus ámbitos y son incapaces de llevar adelante una colaboración intersectorial. Esa situación no ha cambiado a pesar de varios intentos. Además, la manera en que ha evolucionado la descentralización político-administrativa ha debilitado la posibilidad de que el Gobierno central alinee a los Gobiernos regionales y locales alrededor de estrategias únicas. Las agencias agrarias dependen de los Gobiernos regionales, y poco caso hacen al Ministerio de Agricultura. Recíprocamente, este no ejerce ningún liderazgo en las regiones.

¿Qué ha pasado con los programas de asistencia social y de transferencias condicionadas como Juntos y otros de desarrollo productivo como Haku Wiñay? ¿Están funcionando? Las cifras de pobreza rural parecen no disminuir.

No me animo a responder a esta pregunta, pues no tengo suficiente información.

Un tema en el espacio rural, como usted ha mencionado, es la presión sobre tierras. ¿Cómo garantizar que no se vulneren los derechos de las comunidades sobre sus tierras?

En este punto hay retrocesos. Las disposiciones recientes para estimular a una economía que se aletarga adelgazan los derechos de las comunidades sobre sus tierras. No hay, pues, garantías de que se respeten esos derechos. Este y los anteriores Gobiernos optaron decididamente por la industria minera y la de hidrocarburos, asentadas ambas en buena medida precisamente sobre las tierras de las comunidades campesinas andinas y las comunidades nativas amazónicas.

Hay investigadores que proponen ciudades intermedias, dado lo difícil del desarrollo de la pequeña agricultura en zonas muy remotas y golpeadas fuertemente por el cambio climático. ¿Cuál es su opinión?

Independientemente de las políticas oficiales, las poblaciones rurales están migrando a ciudades intermedias. Este dinamismo no responde, pues, a ninguna política premeditada. Las ciudades suelen ofrecer mejor calidad de vida y más oportunidades a los jóvenes. Ahora bien, estas dinámicas poblaciones urbanas constituyen importantes mercados para la producción rural, y ofrecen servicios que son importantes tanto para la producción agraria como para la propia población, como servicios de salud, de educación, oferta de insumos para la producción, etc. Además, en las ciudades intermedias el Estado está presente, acercándose así a las poblaciones rurales del entorno.

Finalmente, ¿cuál es su opinión sobre los transgénicos y la actual moratoria? Hay quienes promueven esta opción de producción como la solución al hambre.

Para afrontar la creciente demanda de alimentos hay tres alternativas: aumentar la frontera agrícola, intensificar el uso de la tierra (más cosechas por año) e incrementar los rendimientos. Sobre el aumento de rendimientos, hay mucho por hacer, sin necesidad de recurrir al uso de semillas transgénicas. Hay variedades mejoradas e híbridas que pueden contribuir a aumentos significativos del rendimiento de los cultivos, y hay toda una tarea por delante para difundir las variedades de alto rendimiento que ya se cultivan pero que no están suficientemente aprovechadas. Aquí el papel de la extensión técnica es muy importante. Creo que debe mantenerse la moratoria a la importación y uso de las semillas transgénicas.

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«En América Latina, los brasileños y los peruanos fueron de lejos los mayores consumidores de comida rápida»

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 10 Nov 2015 16:25:00 +0000

Es lo que afirma un reciente informe, Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental. OPS/OMS. Washington D. C., 2015.

Escribe: Fernando Eguren (1) LRA: http://bit.ly/1LwmjpQ

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) han publicado un importante informe que abunda respecto a un problema que ya está puesto en la agenda sobre seguridad alimentaria y nutricional: la malnutrición y, específicamente, el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados.

En muchos países, incluido el Perú, la atención en materia alimentaria ha estado centrada en el tema de la desnutrición, sobre todo infantil. En los últimos años, nuestro país ha progresado en una importante reducción de la desnutrición infantil, reducción en la que el crecimiento de la economía y los programas sociales, en ese periodo, han desempeñado un importante papel. Mucha menor atención han merecido las distintas formas de malnutrición, en particular, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, principal causante del sobrepeso y la obesidad. Desde hace años, se viene observando un incremento de la incidencia del sobrepeso y la obesidad en todos los rangos de edad de la población, incluyendo hombres y mujeres (gráfico 1). En 2010, el 23 % de los escolares peruanos tenían exceso de peso, y en la misma situación se encontraban el 51 % de las mujeres en edad fértil (2).

Uno de los problemas del sobrepeso y la obesidad es que influyen en la ocurrencia de las enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria), y constituyen, por tanto, un grave problema de salud pública.

La reciente publicación del informe de la OPS/OMS, que analiza la situación en trece países de América Latina, incluyendo el Perú, nos ilustra acerca de que en la región está creciendo en forma notable el consumo de productos ultraprocesados, de manera paralela a «la urbanización y cuando los gobiernos nacionales abren sus países a la inversión extranjera y eliminan la regulación de los mercados (desregulación)».(3)

Pero ¿qué son «productos ultraprocesados»?

En el mencionado informe, la OPS/OMS los define de la siguiente manera: «Los productos ultraprocesados son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernas. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno. Vienen listos para consumirse o para calentar y, por lo tanto, requieren poca o ninguna preparación culinaria»(4).

Buena parte de los cereales en caja, de los jugos y gaseosas, de galletas y yogures y lácteos, son productos ultraprocesados. Cada vez más, estos productos se venden no solo en las bodegas, sino también en los supermercados, donde son exhibidos en sus brillantes y coloridas envolturas, anaquel tras anaquel. La multiplicación de supermercados y de malls, en los distritos de Lima y capitales de provincias y departamentos del interior, es un importante vehículo para su difusión y consumo.

El informe de la OPS/OMS dedica adjetivos muy duros a estos productos: «Estos alimentos son problemáticos para la salud humana por distintas razones: tienen una calidad nutricional muy mala y, por lo común, son extremadamente sabrosos, a veces hasta casi adictivos; imitan los alimentos y se los ve erróneamente como saludables; fomentan el consumo de snacks; se anuncian y comercializan de manera agresiva; y son cultural, social, económica y ambientalmente destructivos»(5).

Dada la legitimidad de las opiniones de la OPS/OMS en materia de salud, los gobiernos deberían verse obligados a tomar —en los plazos más cortos— medidas para una reducción del consumo de estos productos, ya sea a través de normas regulatorias, impuestos o información completa y veraz para los consumidores. Varios países han avanzado por esa vía. El Perú, sin embargo, se ha quedado a medio camino al no cumplir con el debido etiquetado de los alimentos, que es un mandato de la Ley 29571, de 2010, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Tampoco ha cumplido en reglamentar la Ley 30021, de 2013, de Promoción Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes; ni con terminar de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (dicho sea de paso: la pobre actuación del Gobierno central en esta materia es una pésima carta de presentación para cuando se realice en el Perú, país anfitrión, a mediados del mes de diciembre, el VI Foro Latinoamericano de Frentes Parlamentarios contra el Hambre).

Situación del Perú

El informe de la OPS/OMS muestra que en América Latina el incremento de las ventas en volumen de alimentos ultraprocesados, entre 2000 y 2013, fue de un elevado 48 %. Tomando en cuenta solo las bebidas gaseosas, las ventas se duplicaron en ese periodo, superando a América del Norte.

En cuanto a las ventas anuales per cápita de alimentos y bebidas ultraprocesados, la situación del Perú (USD 52.9) es bastante menor que la de la mayor parte de países latinoamericanos (Chile: USD 201.9; Bolivia: USD 102.5; Ecuador: USD 88). Pero el incremento de la tasa de crecimiento de las ventas de dichos productos en el Perú es uno de los más altos de América Latina: 65.5 % en el caso de los alimentos y 113.5 % en el de las bebidas.

Ahora bien, en cuanto al número de compras per cápita de productos ultraprocesados adquiridos en locales de comida rápida (tipo McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Bembos, etc.), el Perú es, después de Bolivia, en donde se observa el crecimiento más rápido de la región: 265 % entre 2000 y 2013, pasando de 8.7 a 31.8 (gráfico 2). «Los brasileños y los peruanos fueron de lejos los mayores consumidores de comida rápida», observa el informe de la OPS/OMS (6).

El Perú, dada su biodiversidad y variedad gastronómica, tiene todas las condiciones para relegar a un plano totalmente marginal los productos ultraprocesados. Pero para ello se requiere valorar más nuestras costumbres culinarias, tanto en el hogar como en los restaurantes; educar a la población de todos los sectores sociales acerca de lo que es una buena nutrición; develar la nutrida publicidad engañosa de buena parte de la industria alimentaria; y exigir que el Gobierno implemente las leyes y otras normas que ya están aprobadas —pero que no se cumplen por desidia y oposición de la industria alimentaria—, en salvaguarda de una buena alimentación y nutrición de toda la población.

Notas
1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.

2 Minsa. Un gordo problema. Sobrepeso y obesidad en el Perú. Lima, 2012. Este informe contribuyó de manera decisiva a una mayor toma de conciencia sobre este problema en el Perú. Accesible en http://bit.ly/1OyL3jh

3 Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas, p. ix. Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental. OPS/OMS. Washington D. C., 2015. Accesible en http://bit.ly/1jiDNey

4 OPS/OMS, obra citada, p. 5.

5 OPS/OMS, obra citada, pp. 6-7.

6 Obra citada, p. 23.

El Perú: anfitrión de evento internacional sobre el derecho a la alimentación

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 05 Nov 2015 16:35:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren, director de La Revista Agraria
http://bit.ly/1kdcmnc

A los pocos días de la culminación de la reunión de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial —que permitió que el presidente Ollanta Humala exhibiese una solvencia a la que no estamos acostumbrados en sus apariciones públicas—, se realizará en Lima otro importante evento internacional que congregará a países de la región latinoamericana y caribeña, que tratará un tema de suma relevancia: el derecho a la alimentación.

Parlamentarios de una veintena de países de la región se reunirán en nuestra capital para evaluar los avances realizados en este campo, intercambiar información y experiencias —también participarán representantes de países asiáticos y africanos— y decidir cómo avanzar, por medio de la legislación, en la consolidación de este derecho.

En varios países de la región hay una legislación sobre seguridad alimentaria y derecho a la alimentación más avanzada que la peruana. Pero, al igual que en nuestro país, suele existir una brecha entre lo que dicen las leyes y su implementación. En el Perú, el actual gobierno ha dado importantes normas sobre el tema; por ejemplo: la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021. Sin embargo, como LRA lo ha reiterado con insistencia, la primera aún no se aplica por falta de reglamento (demorado por la oposición de la industria alimentaria y la falta de coraje de los funcionarios responsables de hacerlo) y la Estrategia no está respaldada por una real voluntad política.

Alrededor del tema alimentario hay dos conceptos distintos que dan sustento a políticas diferentes: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Este último parte de una perspectiva desde la economía política: toma en consideración a los actores que intervienen en el sistema alimentario global, en particular las transnacionales de la alimentación, de las semillas y de los insumos para la agricultura. Estos actores, que controlan gran parte del sistema alimentario, serían los que realmente obstaculizan la posibilidad de que toda la población del mundo, independientemente de sus niveles de ingreso, pueda acceder a alimentos saludables. Por lo demás, los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales impedirían que los Estados sean realmente soberanos en la definición de políticas en una materia tan importante como la alimentación. Ahora bien, lograr la soberanía alimentaria es un objetivo esquivo, como lo muestran aquellos países que la han incorporado en la legislación, pero que no encuentran las condiciones políticas, sociales ni económicas para implementarla.

El Foro nos mostrará si los congresistas latinoamericanos están dispuestos a ir más allá de discursos epidérmicos y buenos deseos, decididos a asumir que el tema alimentario es también un tema muy político.

Perú: sede de evento latinoamericano de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 30 Oct 2015 16:16:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren, director de La Revista Agraria.

Sabía usted que en el Congreso de la República hay un grupo de parlamentarios que formaron, en octubre del año pasado, un «Frente Parlamentario contra el Hambre»? El Perú se suma, así, a una quincena de países de la región latinoamericana que, con anterioridad, constituyeron sus respectivos frentes.
La razón de ser del frente peruano es trabajar de manera articulada con la sociedad civil y con la finalidad de «alinear las iniciativas legislativas en materia de seguridad alimentaria de las diferentes bancadas e intercambiar experiencias con sus pares regionales para reforzar los marcos normativos nacionales».

Menuda tarea, porque, como es de dominio público, los «marcos normativos nacionales» sobre el tema alimentario, además de ser incompletos, no se cumplen cuando existen. Ejemplos al canto: la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada en mayo de 2013, no se aplica porque no se cuenta con los reglamentos necesarios. La implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de diciembre de ese mismo año, avanza con una lentitud de caracol: la propuesta de ley con ese mismo nombre no ha sido aún aprobada por el Congreso. Por lo demás, la articulación con la sociedad civil, que debería ser una de las características del frente, es esporádica y no sistemática.

Resulta que el Frente Parlamentario Peruano (FPP) está ad portas de un desafío que pondrá a prueba sus capacidades: será el anfitrión del VI Foro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que debe realizarse a mediados del mes de noviembre próximo. Será algo deslucido que el Perú tenga muy poco que mostrar a los frentes de los demás países de la región; en particular, resulta incluso bochornoso que, hasta el momento, el Congreso no sea capaz de aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria a la que hacemos alusión líneas atrás.

Pero la realización del VI Foro también es un desafío para la propia sociedad civil, que tuvo un papel muy activo no solo en la preparación y difusión del proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, sino también en convencer a los congresistas de la necesidad de aprobarlo. De hecho, la ley fue aprobada, pero maniobras posteriores insólitas, dentro del propio Congreso, hicieron que la situación regresase a fojas cero, en donde se mantiene en la actualidad.

Todavía no ha sido dada a conocer de manera oficial la agenda del VI Foro, pero poca duda cabe de que uno de los temas será subrayar la importancia de la agricultura familiar en la producción de alimentos en todos los países de la región. Aquí, también, el FPP tiene una tarea que cumplir, pues la propuesta de Ley de Fomento de la Agricultura Familiar duerme en algún archivador del Congreso.

Es posible que mientras se esté realizando el Foro, la furia del fenómeno de El Niño (FEN) se esté desplegando en la costa norte y en otras regiones del país, afectando tanto la producción de alimentos como su transporte hacia los mercados. Es de esperar, por lo tanto, que el evento también ponga en el centro de sus preocupaciones no solo el FEN, sino además la amenaza de los impactos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria de todos los países de la región.

¿Los industriales vs. la alimentación saludable?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 16 Oct 2015 16:48:00 +0000

Intereses de empresas industriales obstaculizan

la Ley de la Alimentación Saludable.

Artículo de La Revista Agraria N° 176, publicación del CEPES

Escribe: Fernando Eguren (1)

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se quejó ante la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), de que el representante en el Perú de esa organización, el doctor Manuel Peña, «utiliza expresiones en contra de la industria [alimentaria] que [...] son injustificadas e inaceptables».
De esta manera, la SNI cita unas declaraciones del doctor Peña, en el sentido de que «la industria ha avasallado todo lo que es la nutrición humana» al agregar [a los alimentos] «toda una serie de sustancias realmente nocivas». Por el contrario, la SNI afirma que esta industria «es responsable [y] cumple con todas las exigencias legales y sanitarias y con los más altos estándares internacionales».(2) La presidenta de la OPS/OMS responde a la SNI con otra carta, asegurando que «el trabajo que ha venido sosteniendo nuestro representante en el Perú está en plena concordancia con los principios y acuerdos de los cuerpos directivos de nuestra organización, está respaldado por la evidencia científica y es consistente con la política del Gobierno de ese país».(3)

El motivo de esta polémica es la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en mayo de 2013 y que aún no se aplica, precisamente por la oposición de la industria alimentaria, que ve amenazada sus ventas. Más específicamente, los industriales están en total desacuerdo con los parámetros técnicos que permiten identificar y diferenciar los alimentos saludables de los que no lo son, según la proporción de sodio, grasa y azúcar que contienen. Esos parámetros son los mismos que la OPS/OMS viene proponiendo desde hace algún tiempo (para detalles, ver La Revista Agraria 172, de abril de 2015).

La alimentación: tema complejo y de intereses encontrados

Desde que se dio la Ley 30021, el tema alimentario ha dejado de ser, en el debate público, solamente un asunto de los programas sociales que implementa el Midis o de la capacidad de nuestra agricultura para producir los alimentos que necesitamos: se amplía, ahora, a una preocupación por la calidad de los alimentos. El actual llamado de atención que se hace no es por la tasa de desnutrición infantil (en el Perú se ha reducido en los últimos años, pero aún el porcentaje de niños desnutridos es demasiado alto), sino por la incidencia creciente del sobrepeso y la obesidad, que conducen hacia las llamadas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunas formas de cáncer. Esta es una tendencia global, y el Perú forma parte de ella. Se trata de un tema de salud pública, aunque los empresarios de la alimentación opinen, por el contrario, que es un tema de decisiones privadas: afirman que cada quien debe tener la libertad de comer lo que quiera, sea o no saludable; que corresponde a los padres velar por que sus hijos coman bien, y que el Estado no debe entrometerse.

El problema es que los efectos de la malnutrición que conduce al sobrepeso y a la obesidad, y que pueden terminar en una de las enfermedades no transmisibles, han adquirido en el mundo occidental tales dimensiones que se han convertido en materia de interés público, pues afectan a la colectividad y comprometen muy importantes recursos fiscales. Según la OMS, en 2014, en el Perú, el 59 % de las mujeres y el 50.6 % de los hombres tienen sobrepeso, mientras que la obesidad alcanza al 15.8 % de los hombres y al 26.5 % de las mujeres (4).

¿Cuál es la causa del sobrepeso y de la obesidad?

Según la OMS, «la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas». Este desequilibrio es resultado de «un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y [de] un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización». (5)

Es aquí que entra la industria alimentaria: la mayor parte de estos alimentos son productos industriales, ultraprocesados, «elaborados a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son inventos de la ciencia y la tecnología» (6). Lo que la Ley 30021 quiere regular es la publicidad y la difusión de estos productos, objetivo que ha provocado la reacción contraria de la industria.

Hay científicos que sostienen que la causa principal del sobrepeso y la obesidad no es la mala alimentación, sino la falta de ejercicio físico. Es lo que argumenta, por ejemplo, una nueva organización no gubernamental norteamericana, Global Energy Balance Network, en un interesante artículo publicado por The New York Times: «la población [norte]americana consciente de su peso físico, se fija demasiado en cuánto come y bebe y no le presta atención al ejercicio [físico]»(7). Esta organización está dirigida por científicos de prestigio; lo que estos no habían revelado es que están financiados por la poderosa empresa transnacional Coca Cola.

Según científicos independientes, la Global Energy Balance Network no es sino una fachada de la Coca Cola. «La agenda de la Coca Cola es clara: hacer que estos investigadores confundan la ciencia y desvíen la atención del contenido de las dietas». The New York Times informa que este no es el único caso: corporaciones alimentarias como Kraft, McDonald’s y PepsiCo apoyan financieramente a organizaciones como la American Society for Nutrition y la Academy for Nutrition and Dietetics. Esta relación «contranatura» entre la industria alimentaria y organizaciones de científicos especializadas en nutrición sigue la táctica utilizada por la industria del tabaco, que contrataba a expertos para convertirse en «mercaderes de la duda» sobre los peligros, en la salud, de fumar. Según el prestigioso diario, era cinco veces más probable que los resultados de las investigaciones científicas financiadas por Coca Cola, PepsiCo y la industria del azúcar concluyesen que no había relación entre bebidas gaseosas y engordar, que las investigaciones hechas por científicos independientes llegasen a la misma conclusión. La historia que relata The New York Times muestra hasta dónde está dispuesta la gran industria alimentaria para tratar de influir en la propia investigación científica con el objeto de sesgar los resultados de las investigaciones a su favor, y, también, que el mundo de los científicos está lejos de ser éticamente intachable y que estos son sensibles a la tentación del dinero.

La publicidad de la comida ultraprocesada debe ser regulada

¿Por qué en el mundo hay un aumento de la ingesta de alimentos con alta cantidad de calorías? Aquí juega un papel importante la publicidad que promueve esos alimentos ultraprocesados y que tiene una influencia particularmente marcada en la población infantil y adolescente.

Una reciente publicación de la Unicef confirma un hecho ya conocido: «los niños y adolescentes, debido a su falta de madurez y desarrollo cognitivo, son más vulnerables a ser persuadidos por factores como la promoción y publicidad».

La publicación da como ejemplo la siguiente información obtenida de varios estudios:

• La exposición de apenas treinta segundos a comerciales de alimentos en televisión, puede influenciar en las preferencias de alimentación de los preescolares.

• Hay una asociación significativa entre la prevalencia de niños con sobrepeso y el número de comerciales en los canales infantiles observados, especialmente con aquellos que estimulan el consumo de alimentos.

• Influye en la percepción del sabor y las preferencias de los niños la colocación de personajes, elementos de branding (p. ej., el logo), diseños decorativos y endoso de deportistas famosos en el empaque.

• Las declaraciones de propiedades saludables (p. ej., «100 % natural», «contribuye a la salud de los huesos») llevan a los niños a preferir el sabor de los productos con dichas declaraciones y a percibirlos como más saludables que aquellos que no las tienen (8).

Es en razón de esta vulnerabilidad que el artículo 8 de la la Ley 30021 regula la publicidad de alimentos y bebidas «que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación», la que debe estar acorde «a las políticas de promoción de salud». El artículo 10 obliga a que la publicidad consigne «en forma clara, legible, destacada y comprensible» la advertencia de que debe evitarse el consumo de grasas trans, así como el consumo excesivo de los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.

La penetración de las comidas ultraprocesadas en provincias

Las tendencias, sin embargo, parecen ir hacia un agravamiento de la malnutrición que termina en sobrepeso y obesidad. El espacio público-privado de los malls con sus múltiples ofertas de consumo material y cultural es sumamente atractivo para las poblaciones de todas las edades, especialmente para los adolescentes y niños, como puede constatar fácilmente cualquiera que recorra dichos lugares.

Los malls, con sus «patios de comida» y supermercados —que en los últimos años se han multiplicado no solo en los distritos de Lima, sino también en varias ciudades del interior—, son verdaderos caballos de Troya de la comida rápida y ultraprocesada. Estos espacios semipúblicos llevan propuestas de consumo de alimentos y bebidas (y de muchos otros bienes de consumo) diferentes de los prevalecientes en las ciudades regionales, que suelen ser no procesados o poco procesados, sin los excesos en azúcar, grasas, sodio y otros elementos más (estabilizantes, preservantes, etc.) de las comidas industriales.

Es posible que la instalación de estos centros comerciales, cuyo número no deja de aumentar, esté contribuyendo a la aceleración de la incidencia del sobrepeso y la obesidad en las provincias. Según analistas de mercado, los supermercados en el «Perú tienen aún un amplio espacio para crecer», pues mientras que Chile o México cuentan con supermercados con un promedio de 97 y 109 m2 por cada 1000 habitantes, respectivamente, el Perú apenas está en 17 m2 por cada 1000 habitantes(9). De todos modos, ya hay en el en el país más de 40 malls en alrededor de 20 provincias, y otros tantos en Lima10. Cada uno tiene varios locales de comida rápida y al menos un supermercado, uno de cuyos principales rubros de venta son alimentos, naturales pero sobre todo procesados e hiperprocesados cuyos envases coloridos cubren la mayor parte de los estantes dedicados a comestibles (galletas, golosinas, cereales azucarados, gaseosas, sopas deshidratadas, etc.). El número total de supermercados es de alrededor de 22011.

Nota final

El derecho a la alimentación no es acceder solo a suficientes alimentos, sino a alimentos adecuados y saludables. La buena alimentación para todos, además de ser algo justo, asegura una población más sana, con todas las ventajas que ello conlleva, tanto personales (buena salud, mejores oportunidades en la vida) como sociales (sociedad más productiva, más creativa, más armónica, más democrática, más equitativa). En el mundo real, la concentración del poder, sobre todo el poder económico, se interpone en el camino del bienestar general, en función de los intereses particulares de minorías. En el caso de la industria alimentaria, mantener ese poder pasa con frecuencia tanto por el ocultamiento de la información real —el rechazo, por ejemplo, al etiquetado con información completa y comprensible de los ingredientes de un producto comestible— como por tergiversarla, subrayando las ventajas reales —o supuestas— de un producto y minimizando o eliminando las desventajas. Para ello, acude a los creativos de las empresas publicitarias, que, además, conocen cómo manipular las percepciones y las emociones de las personas.

Notas

1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.

2 Carta del presidente de la SNI, Luis Salazar, a la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, del 20 de mayo de 2015.

3 Carta de la doctora Margaret Chan al presidente de la SIN, del 30 de junio de 2015.

4 Mapa del sobrepeso y la obesidad en el mundo. http://bit.ly/1UTQrhB

5 OMS. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

6 OPS/OMS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas (de próxima aparición).

7 The New York Times. «Coca-Cola funds scientists who shift blame for obesity away from bad diets». Agosto 9, 2015. . http://nyti.ms/1Pn0MPo

8 Unicef. Estudio exploratorio sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a niños en América Latina y el Caribe. 2015.

9 Equilibrium. Análisis del sector retail: supermercados. Noviembre de 2013, p. 8.

10 . http://bit.ly/1EBuQkL

11 Incluye hipermercados, supermercados y tiendas de descuentos, en la clasificación de Equilibrium. Op. cit.

¿Los industriales vs. la alimentación saludable? by Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

Poner al centro del debate los temas estructurales

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 14 Sep 2015 16:58:00 +0000

Editorial de La Revista Agraria N° 176, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República.

Escribe: Fernando Eguren, director de La Revista Agraria

LRA: http://bit.ly/1hUiteT

Diferentes encuestas de opinión nos hacen saber que la ciudadanía percibe que los tres grandes problemas del país son la corrupción, la inseguridad ciudadana y la pérdida de dinamismo de la economía (agravada por un probable fenómeno de El Niño fuerte). Y vaya que lo son. Peor aún: hay un extendido sentimiento de desaliento, pues existe una opinión casi consensuada de que este gobierno no tiene ni la iniciativa ni la capacidad de enfrentarlos y que tampoco lo harán los tres probables candidatos con más opciones de ganar las próximas elecciones presidenciales.

Una mirada más atenta nos conduce a considerar que, en realidad, esos tres problemas son síntomas de problemas estructurales de fondo que son poco tratados en los medios de comunicación masiva y, por tanto, llaman menos la atención de la opinión pública. Tampoco son materia de análisis y debate de la clase política, pues el enfrentamiento a los problemas estructurales demandaría cambios sustanciales en el modelo neoliberal, a los que no está dispuesta.

Uno de estos problemas estructurales es el mantenimiento —cuando no la profundización— de la desigualdad social y económica. Una de las razones de esta desigualdad es la diferencia en la productividad del empleo entre los distintos sectores económicos. La menor productividad promedio corresponde a los empleos agrícolas y la más alta a la minería, seguida a la distancia por la manufactura (1). Ahora bien, dentro de cada uno de estos sectores económicos hay grandes diferencias de productividad en el empleo, como puede entenderse fácilmente al comparar una moderna corporación agroexportadora intensiva en capital con la agricultura campesina altoandina. Hay manera de reducir estas brechas mejorando los entornos socioeconómicos en los que opera la pequeña agricultura (inversión en infraestructura vial y otras; acceso a energía eléctrica y a otros servicios públicos; asistencia técnica; acceso a créditos; etc.).

Pero también hay manera de reducir las desigualdades distribuyendo mejor la propiedad o el control sobre los activos productivos básicos, incluyendo los minerales y los hidrocarburos (una forma sería incorporar a las comunidades como copropietarias de las industrias extractivas, lo que recientemente ha suscitado un cierto interés). En el caso del sector agrario, los dos activos principales —tierra y agua— pueden ser también mejor distribuidos. Como se conoce, en las últimas dos décadas ha ocurrido todo lo contrario: ha habido un rápido proceso de concentración de la propiedad sobre la tierra —y del acceso al agua— en la costa, gracias, principalmente, a la propia decisión de los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, al facilitar la entrega de las nuevas tierras irrigadas —más de 150 000 hectáreas— a grandes inversionistas, sobre todo corporaciones.

Es deseable y necesario que, a medida que se acerca el periodo electoral, estos temas estructurales pasen a ser parte del debate público: los ciudadanos debemos exigir de los candidatos claras posiciones sobre ellos. En este sentido, ojalá que el lanzamiento de la joven congresista Verónika Mendoza como precandidata a la presidencia por un sector de la izquierda cumpla un papel catalizador.

NOTAS

(1) Este hecho es conocido. Para un análisis reciente, ver, por ejemplo: Vásquez, Fernando. «Evolución de la productividad laboral». Revista Moneda 157. Lima: BCR, marzo de 2014.

¿Campesino, indígena o agricultor familiar?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 26 Aug 2015 17:39:00 +0000

Artículo de La Revista Agraria N° 174, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República

Escribe: Fernando Eguren (1)

LRA: http://bit.ly/1ejb7zp

"...Por responder al clamor de la justicia y al derecho de los más necesitados, es que la Ley de Reforma Agraria ha dado su respaldo a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indígenas que, a partir de hoy, abandonando un calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable, se llamarán comunidades campesinas. .."

Con estas palabras, el general Juan Velasco Alvarado anunciaba el inicio de la reforma agraria el 24 de junio de 1969, precisamente el día en que se celebraba el Día del Indio, instaurado por el presidente Augusto Leguía en 1930.

La reforma agraria cambió en forma sustancial la estructura de la tenencia de la tierra y, con ello, la sociedad rural peruana. Dio el golpe final a las aún persistentes relaciones semifeudales y extinguió la clase de los hacendados, tanto los tradicionales como los modernos. En menos de una década, alrededor de diez millones de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a los trabajadores de las haciendas y a las comunidades campesinas.

Cambios en las identidades rurales

La reforma agraria no solo redistribuyó el activo más importante para la producción agraria, la tierra, entre quienes la trabajaban; significó también un cambio en el estatus social y en la misma identidad de una buena parte de la población rural. Pasar de indio a campesino significaba pasar de ser considerado objeto a ser considerado sujeto: era el reconocimiento de este inmenso sector de la población como productor y con derecho a la ciudadanía plena. El general Velasco lo enfatizaba en otro pasaje de ese mismo discurso:

"... el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria, al fin, le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de una sociedad en la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre..."

Ese fue el último año de celebración del Día del Indio; en adelante, y hasta nuestros días, se celebraría el Día del Campesino. Este cambio fue, sin duda, un acto progresista. Se abandonaba la calificación de indio, sentida como despectiva y estigmatizante por quienes así eran identificados. Se situaba el problema del indio en los términos que lo hizo, décadas antes, José Carlos Mariátegui:

Insurgimos primeramente —escribe en El problema de la tierra— contra la tendencia instintiva y defensiva del criollo o «misti» de reducirlo [el problema del indio] a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, étnico o moral, para escapar a toda costa del plano de la economía. […] No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra.

El término campesino, adoptado en adelante, sería más incluyente que el de indio, al abarcar también a las numerosas familias pobres —rasgo, este, casi generalizado en el campo— que no eran descendientes de las poblaciones originarias pero sí eran rurales, dedicadas a la agricultura y explotadas por terratenientes o por intermediarios. Por lo demás, buena parte de la población rural se identificaba —y lo sigue haciendo— a sí misma como campesina.

Sin embargo, el cambio dejó de lado el reconocimiento de las diferencias culturales, a pesar de que el gobierno militar oficializó el quechua y promovió la creatividad artesanal y otras manifestaciones culturales. El gesto de Velasco fue, al decir del antropólogo Rodrigo Montoya, uno de buena voluntad, pero «que excluyó los componentes básicos de lengua, cultura e identidad de las personas llamadas campesinas» y, al hacerlo, repitió «el viejo modelo europeo de la izquierda y su famosa alianza de la clase obrera y el campesinado, exportada al tercer mundo»(2).

El renacer de las identidades indígenas

En las últimas dos décadas, sin embargo, han ocurrido procesos y hechos que han dado nueva relevancia a los elementos culturales e identitarios de una parte importante de la población rural. Han contribuido a ello la emergencia de movimientos indígenas desde los años noventa en Ecuador; el reclamo a la pluralidad de naciones en Bolivia, liderado por el gobierno del MAS y Evo Morales; y el surgimiento de movimientos de resistencia de las poblaciones amazónicas en el Perú, provocada por la agresión a sus derechos territoriales. Especial mención merece el Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, de la OIT, aprobado en 1989 y ratificada por el Gobierno peruano en 1994. Este convenio reconoce derechos a los indígenas (que no son reconocidos a los campesinos no indígenas), incluyendo el de consulta previa en materias que los afecten de manera directa. No escapará al lector que el potencial conflictivo de la determinación de quién es considerado como indígena y quien no, reside precisamente en que esa calificación da derechos a unos y no a otros.

Más recientemente, otro término se ha sumado a los ya mencionados, el de agricultura familiar. Aunque no es en realidad nuevo, la declaración de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar por las Naciones Unidas lo ha «posicionado», sobre todo en los ámbitos del sector público. Incluye al conjunto de familias que tienen como actividad principal la agricultura (incluye también la ganadería, la forestería y la pesca artesanal), sean o no comuneras, sean o no nativas, sean culturalmente occidentales o no, estén o no ligadas al mercado, sean minifundistas o no. Es una categoría útil y, al mismo tiempo, conlleva riesgos. Es útil en la medida en que, por ser muy amplia, permite orientar políticas generales hacia ese vasto universo de la población rural. Pero conlleva el riesgo de ignorar que ese universo es muy heterogéneo no solo por sus características económicas diferenciadas (en dotaciones de activos, orientación de la producción, etc.), sino también sociales, culturales e institucionales; estas particularidades, a su vez, inciden, a menudo de manera decisiva, en los comportamientos económicos.

Han pasado ya 46 años desde que el general Velasco iniciara la reforma agraria. No obstante toda la importancia que esta tuvo para la democratización de la economía y la sociedad rurales, la inmensa mayoría de productores del campo siguen siendo los grandes postergados del Perú, reciban el nombre de indígenas, de campesinos o de agricultores familiares.

Notas

1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

2 «Cuando la cultura se convierte en política», en Revista Andaluza de Antropología 1, 2011: 54.

¿Campesino, indígena o agricultor familiar? by Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

Una primera mirada a la nueva Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 14 Aug 2015 17:59:00 +0000

Artículo de La Revista Agraria N° 175, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República.

Escribe: Fernando Eguren (1)

LRA: http://bit.ly/1MGREHI

El pasado 23 de junio se aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) (2). ¿Por qué la agricultura familiar (AF) necesita una estrategia nacional? Las razones son muchas, y de peso
: a) reúne a la inmensa mayoría de unidades agropecuarias (UA) del país; b) es el principal productor de alimentos; c) es el principal empleador del mundo rural; d) participa y sustenta otras actividades económicas (comercio, minería, artesanía, etc.) (3); e) en un alto porcentaje padece pobreza; f) mantiene la agrobiodiversidad; y g) es un sector que ha sido tradicionalmente marginado e «invisibilizado» por las políticas agrarias(4). Son agricultores familiares los pequeños agricultores comerciales, los campesinos y las familias de las comunidades campesinas andinas y de las comunidades nativas amazónicas.

Importancia de la ENAF: visibilizar la agricultura familiar

Lo primero que debe destacarse es que la novísima ENAF reconoce la relevancia de este inmenso sector. Así, informa que el 97 % de los más de 2.2 millones de UA son de agricultores familiares, porcentaje que en algunos departamentos llega a casi el 100 % (gráfico 1), y que la AF emplea al 83 % de los trabajadores agrícolas. Es, pues, «de vital importancia para el desarrollo del país».

Asimismo, la ENAF reconoce que la agricultura familiar «también involucra una dimensión comunitaria», es decir, a las comunidades campesinas y nativas, respecto de las cuales afirma que «lejos de desaparecer... han reconfigurado sus dinámicas productivas e institucionales frente a condiciones cambiantes de desarrollo y acceso al mercado». Estas afirmaciones contradicen por completo el discurso excluyente de Alan García sobre el síndrome del perro del hortelano, e incluso muchas de las medidas del actual gobierno (véase la mesa redonda noticiada en este mismo número). Cabe relevar ese reconocimiento, pues, por lo general, el Estado tiende a minimizar la importancia de las comunidades y a considerarlas como sobrevivientes del pasado y enemigas de toda modernidad.

Por otro lado, la ENAF considera, con acierto, que la AF es muy diversa. Así, adopta una tipología bastante aceptada en el ámbito internacional, que reconoce una agricultura familiar de subsistencia, una intermedia y una consolidada. La primera es, largamente, la más numerosa en el Perú (gráfico 2); como lo sugiere su nombre, la AF de subsistencia es económicamente la más pobre, la más dependiente del autoconsumo(5), la menos educada, la más indígena y la que más apoyo requiere del Estado. Cabe resaltar, además, que la presencia de la mujer en la conducción de este tipo de AF es mayor que en la de los otros dos tipos.

Los enfoques de la ENAF: territorialidad, sostenibilidad y desarrollo humano

La ENAF propone tres enfoques que deben orientar las políticas para la agricultura familiar: desarrollo territorial, desarrollo sostenible y desarrollo humano. Estos enfoques reconocen que el agricultor familiar forma parte de un contexto socioeconómico, cultural e institucional más amplio; que la implementación de la ENAF supone coordinaciones entre los diferentes niveles de gobierno; que el tipo de agricultura que debe promover debe ser ambientalmente sostenible en el tiempo; y que la ENAF no solo debe mejorar el desempeño económico de la AF, sino generar condiciones y oportunidades para enriquecer la vida humana. Pero quizá la ENAF debería adoptar un cuarto enfoque: intersectorialidad, pues una política para la AF supone la intervención de varios ministerios (el ámbito de intervención del Minagri está limitado poco más que a la infraestructura y la producción).

A pesar de su importancia, en la actualidad los agricultores familiares peruanos no tienen representantes políticos y sus organizaciones gremiales son débiles.

Los objetivos de la ENAF

La ENAF recientemente aprobada persigue alcanzar tres objetivos específicos: 1) promover el acceso oportuno, equitativo y de calidad de los agricultores familiares a factores de producción, servicios y bienes públicos, así como el manejo sostenible de los recursos; 2) fortalecer la gestión de conocimientos y capacidades a fin de que se garantice la sostenibilidad de las oportunidades de desarrollo de los agricultores familiares y se reconozca el rol de las mujeres productoras en la AF; y 3) articular una institucionalidad nacional, regional y local a favor del logro de resultados de la AF.

¿La ENAF puede alcanzar sus objetivos?

La pregunta es si la ENAF puede alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, en lo que respecta al acceso a factores de producción —entre los cuales ocupa primerísimo lugar la tierra—, la ENAF pone su atención en la titulación. Pero sabemos que en el Perú hay una estructura bipolar de tenencia de la tierra: pocos latifundios con mucha tierra, muchos minifundios con poca tierra. El propio Estado es el que ha estimulado esa concentración de la propiedad de la tierra y lo sigue haciendo al entregar las nuevas tierras de las irrigaciones de la costa a grandes inversionistas. El Estado debe, entonces, cambiar esa política en 180 grados e incorporar a la AF como beneficiaria de esas nuevas tierras. Al respecto, una crítica a la propuesta de la ENAF es que solo se limita al saneamiento y titulación de los predios agrícolas, lo que no cambia para nada esa estructura bipolar.

Respecto a la gestión de conocimientos, la ENAF es ambigua, pues mientras que, por un lado, menciona la «importancia de la recuperación y valoración de conocimientos y tecnologías ancestrales y comunitarias», por otro, propone un modelo tecnológico basado en «insumos de alta calidad, así como el acceso a tecnologías de punta», los que suelen asociarse a la utilización intensiva de insumos industriales, opción que es cada vez más criticada porque es contaminante y agresiva con la naturaleza. La propuesta de investigación va en torno a «la tecnificación del riego, desarrollo forestal y mejoramiento genético», pero no queda para nada claro si este mejoramiento genético se refiere a la investigación del riquísimo acervo agrobiológico que existe en el Perú, del cual precisamente la AF es celosa vigilante(6).

En lo referido a la institucionalidad, la ENAF ignora al Consejo de Concertación Agraria, creado —por decreto supremo de junio de 2002— como instancia de diálogo y concertación de los gremios agrarios con los ministerios. La Conaca —y las Coraca, en el ámbito regional— ha estado inactiva durante parte del gobierno de Alan García y todo el gobierno de Ollanta Humala, y esta era una oportunidad para, reactivándola, establecer un puente estable entre las organizaciones representativas de la agricultura familiar y el Estado.

Tampoco se enfatiza la necesidad de coordinación y complementación entre las diferentes agencias del Estado, dado que la implementación de la ENAF desborda con amplitud las posibilidades y el ámbito de acción del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el que debe actuar en coordinación, al menos, con los ministerios de Salud, de Educación, de Transportes y Comunicaciones, de la Producción, de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social.

Algunas de las consideraciones presentes en la ENAF deberían aplicarse también a la agroindustria exportadora, la que debería ser sostenible (reduciendo el uso intensivo de insumos industriales), contribuir al desarrollo territorial (no actuando como enclave) y favorecer el desarrollo humano de sus trabajadores (apenas sí cumple con una legislación laboral de baja calidad).

Las limitaciones de la ENAF no deben impedir que se implemente; para ello, requiere un plan de acción y una asignación presupuestal. Pero ¿el Estado tendrá la voluntad política de darle la importancia y los recursos que merece? Sabemos que el viceministro de Políticas del Minagri, César Sotomayor, ha apoyado con persistencia y entusiasmo la elaboración de la ENAF, pero, lamentablemente, ello no es suficiente para garantizar su implementación: se requiere la voluntad política del presidente, Ollanta Humala, y del conjunto de su gabinete —lo cual no es seguro.

Pero también es fundamental la presión que puedan ejercer las organizaciones de los agricultores familiares: la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap), la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y otras más.

Notas

(1) Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.

(2) Accesible en http://bit.ly/1IlBZfG

(3) Ver, en LRA 169, «Los agricultores también se dedican a otras actividades». http://bit.ly/1v22OtJ

(4) Sobre la importancia de la agricultura familiar, ver F. Eguren y M. Pintado. Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú. Lima: Cepes, 2015. http://bit.ly/1J9NTrj

(5) Ver, en LRA 172, «A mayor autoconsumo, mayor tasa de desnutrición crónica infantil». http://bit.ly/1CQcMYN

(6) En un importante informe, la FAO considera que, en vista del cambio climático y sus impactos, se debería volcar la atención hacia el estudio y el cuidado de la biodiversidad, pues de esta depende la capacidad de resiliencia del agro ante los impactos mencionados. FAO. Coping with climate change. The role of genetic resources for food and agriculture. Roma, 2015.

http://www.fao.org/3/a-i3866e.pdf

Gestión del riesgo y cultura preventiva

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 06 Jul 2015 17:44:00 +0000

Editorial de La Revista Agraria N° 175, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República.

Escribe: Fernando Eguren, director de La Revista Agraria

LRA: http://bit.ly/1Wz6wuT

Desde hace ya algún tiempo, la expresión gestión del riesgo ha sido incorporada al lenguaje común y en los documentos oficiales, para dar cuenta de las medidas preventivas que se deben adoptar para disminuir y, si es posible, neutralizar los impactos negativos de eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías, friajes y granizadas. No obstante, cabe preguntarnos cuán preventivas son realmente estas «medidas preventivas».

Esos eventos climáticos extremos nos acompañan desde siempre. Sabemos de sobra que cada cierto número de años aparece un fenómeno de El Niño que produce lluvias excesivas con algunas consecuencias positivas —llenado de represas en la costa, poblamiento de bosques y aparición de pastos—, pero también negativas —destrucción de infraestructura, inundación de terrenos y pérdida de cosechas—. Sin embargo, sobre todo en lugares como la sierra, dicho fenómeno ocasiona sequías que afectan cultivos y ganados. Los friajes y las granizadas, por su lado, afectan la salud de la población, en especial de los niños. Es al mismo tiempo conmovedor e indignante ver imágenes de niños con escaso abrigo y vestidos solamente con ojotas en medio de un paisaje nevado y desolado, en particular en la sierra central y sur.

Con la intensificación de estos eventos extremos debido al cambio climático originado por la continua elevación de la temperatura, y su impredictibilidad, los impactos serán aún mayores. Una de las consecuencias posiblemente será, en algún momento, la hambruna en estas poblaciones, por el efecto combinado de la pérdida de cosechas, la falta de ingresos y la destrucción de la infraestructura de transportes.

El concepto de gestión del riesgo parece quedar estrecho ante la magnitud de las tareas por hacer, pues no se trata tan solo de informar, capacitar, mantener infraestructura y afinar los preparativos de respuesta a emergencias —todo ello es necesario, sin duda—, sino además, y sobre todo, de cambiar radicalmente nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza.

Un ejemplo puede ayudarnos a ilustrar el tipo de cambio que es necesario.

Cada año se realiza, durante el mes de julio, la carrera ciclística Tour de France (Vuelta a Francia). Durante tres semanas, decenas de ciclistas de distintos países recorren más de 3 000 kilómetros. Dada su fama global, todo el tour es televisado en directo y las cámaras de los helicópteros transmiten la impresionante belleza rural y urbana de Francia. En buena medida, la belleza paisajística rural, que es administrada y mantenida por el Estado y la sociedad francesas, no solo está para el deleite y la felicidad de los pobladores y los visitantes —lo cual es, de por sí, de gran importancia—, sino que tiene fines prácticos que van más allá del turismo. Así, a lo largo de las riberas de la infinidad de ríos que cruzan el país hay densas y frondosas arboledas.

La existencia de esos árboles —muchos de ellos añosos— muestra que hay una permanente conciencia de la población y una activa intervención promotora y fiscalizadora del Estado que protegen esta barrera natural para evitar o minimizar los impactos de las inundaciones causadas por los desbordes de los ríos. Ellas expresan una cultura preventiva que orienta conductas permanentes, que los exime de rápidas e improvisadas respuestas ante eventos climáticos que, lejos de ser hechos inesperados, constituyen fenómenos recurrentes. Es un ejemplo del que debemos aprender.

Por el Día del Campesino, aprueban la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 29 Jun 2015 15:00:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren

El día sábado 20 de junio, cuatro días antes de la celebración del Día del Campesino, el Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) para el periodo 2015-2021 (D. S. 009-2015-MINAGRI), que contiene algunas disposiciones interesantes.

En los considerandos se invoca como deberes primordiales del Estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y su compromiso de establecer una política de seguridad alimentaria. Desde el inicio, pues, se precisan los fundamentos de la obligación del Estado hacia la agricultura familiar: es un asunto de derechos humanos y es un reconocimiento de su importancia en la producción de alimentos. No debemos olvidar que más del 90 % de los productores del campo son agricultores familiares y son el sostén de la seguridad alimentaria del país.

La norma comentada dispone la creación de una comisión multisectorial encargada de fiscalizar la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Llama la atención el que en la conformación de dicha comisión —que incluye a representantes de diez ministerios (de Agricultura y Riego, del Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, de Desarrollo e Inclusión Social, de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Producción, de Relaciones Exteriores, de Salud)— no figure el Ministerio de Economía, entidad responsable de las decisiones económicas de las que dependerá en buena medida la implementación de la ENAF. Como invitados, podrán también participar, en la comisión, entidades públicas y privadas. Se debe esperar que entre estas estén Conveagro, gremios de pequeños productores y organizaciones campesinas y nativas, pues representan el grueso de agricultores familiares del país.

Los plazos para la constitución de la comisión son bastante cortos: como máximo, veinte días hábiles. La secretaría técnica será ejercida por el Minagri.

El mismo día, 20 de junio, el diario oficial El Peruano da cuenta de una resolución ministerial (0275-2015-MINAGRI) que declara el mes de junio de cada año como Mes de la Agricultura. No se puede aún afirmar que esta declaración sea algo más que un reconocimiento simbólico de la importancia de la agricultura para el país (no existe un Mes de la Minería), pero vale la pena anotar que en los considerandos de la norma se subraya la importancia y contribución de la agricultura familiar para el logro de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad de la actividad agraria. Es notoria la ausencia de toda referencia a las grandes empresas agroindustriales exportadoras, como si no fueran parte de la agricultura o, por lo menos, no formaran parte de aquella que sí contribuye a la seguridad alimentaria, a la erradicación de la pobreza y a la sostenibilidad.

Por último, también merece mención una tercera norma publicada el mismo día 20, por la que se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021. Como se sabe, en diciembre de 2013, el Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que debería tener vigencia hasta 2021, pero no se implementaba debido a la ausencia de un plan. Aprobado este, cabe esperar que, sin dilación, se implemente la estrategia. Pero es de lamentar que la arquitectura institucional necesaria para esta implementación no haya sido aún creada a causa del desinterés del Congreso en aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

LRA: http://bit.ly/1QQycuR
Scribd: http://bit.ly/1NimCTS

Breve historia de la agroexportación en el Perú

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 27 Jun 2015 15:10:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren, director de La Revista Agraria

Antecedentes de la agroexportación en el Perú

La economía del país ha estado vinculada a las agroexportaciones durante una parte importante de su historia. Hasta el siglo XVIII, las exportaciones principales eran de metales, aunque ya se enviaba cacao a la metrópoli(1).
En las primeras décadas del siglo XIX se exportaba chancaca —producida en las haciendas azucareras de la costa central— a Chile. Luego de la independencia, las exportaciones agrarias adquirieron más importancia: al cacao se agregaron el café, la cinchona (para la extracción de quinina), el algodón, el azúcar, la lana de oveja y la fibra de alpaca. Después de la guerra con Chile, la producción de caña de azúcar y de algodón fue el motor de la modernización de la agricultura costeña y, también, de la formación de latifundios.

En 1930, el valor de las exportaciones de algodón, azúcar y lanas era similar al de las que procedían de las mineras, y en los años siguientes las superaron largamente(2). «En cualquier otro periodo de la historia del Perú —leemos en una publicación de 1941—, de la Conquista en adelante, un estudio sobre la economía habría debido comenzar con algún mineral o fósil; con el oro, la plata o el guano. Hoy, el Perú es un pueblo eminentemente agrícola»(3). En los últimos años de la década de 1950 y comienzos de la siguiente se alcanzaron los picos de exportación de la fibra de algodón (hasta 127 000 toneladas en 1962)(4) y azúcar y derivados (638 000 toneladas en 1963) (5). Contribuyó a ello la expansión de la frontera agrícola en la costa, con irrigaciones, que amplió las áreas de producción de ambos cultivos: el algodón en un 45 % y la caña en un 42 %(6).

Con la expropiación de las plantaciones cañeras y algodoneras por la reforma agraria, ejecutada entre 1969 y parte de la década de 1970, las exportaciones agrícolas se redujeron en forma significativa. El algodón decayó, convirtiéndose en un cultivo de importancia secundaria, y gran parte de la producción fue absorbida por la industria textil (7). Otro tanto ocurrió con las lanas. En cambio, la producción y las exportaciones de café —cultivado principalmente en la selva alta— se incrementaron a partir del inicio de los años sesenta.

La agroexportación en tiempos recientes

En la década de 1990 se inicia un nuevo periodo en las agroexportaciones, más amplio y diversificado que los anteriores. En términos de valor, es una historia de éxito. Entre 1994 y 2014, el valor total de las exportaciones agrícolas pasó de USD 476 millones a USD 5079 millones. El valor de las exportaciones de los productos agrícolas «tradicionales» se multiplicó por 3.4 veces, y por nueve veces el de los «no tradicionales».

El principal producto de exportación agrario por valor es el café, seguido por el espárrago y el conjunto de frutales. Los cultivos andinos están representados por la quinua y la tara. La ampliación de la frontera agrícola en la costa está estrechamente ligada al incremento de las agroexportaciones «no tradicionales»: las cerca de un cuarto de millón de hectáreas incorporadas a la agricultura costeña gracias a las grandes obras de irrigación, incrementaron en más de un tercio las áreas cultivables de esta región(8).

En este crecimiento exponencial de las exportaciones han cumplido un papel muy importante las grandes empresas agroindustriales. Este proceso se ha acompañado de una verdadera revolución tecnológica y de gestión, y también de una rápida concentración de la propiedad de la tierra por corporaciones que ha dado lugar a lo que podría llamarse neolatifundio.

En la gestación y consolidación de este poderoso sector agroexportador, el Estado ha cumplido un papel decisivo al crear, a lo largo de las dos últimas décadas, favorables condiciones legales (Constitución de 1993; Ley 26505, de tierras; Ley 27360, de fomento de inversiones; entre otras), económicas (menor tasa de impuesto a la renta; importantes inversiones fiscales), sociales (régimen laboral más flexible y menos oneroso) e institucionales (agencias del Estado al servicio de la agroexportación: Prompex; agregados comerciales; ferias internacionales; delegaciones oficiales; tratados de libre comercio).

Notas

1 Anexo estadístico del Compendio de historia económica del Perú. Tomo 3. Economía del periodo colonial tardío. Lima: IEP/BCR, 2010, p. 414.

2 Nelson Manrique. «Historia de la agricultura peruana», en Compendio de historia económica del Perú. Tomo 5. La economía peruana entre la Gran Depresión y el reformismo militar 1930-1980. Lima: IEP/BCR, 2014, p. 161.

3 El Perú en marcha. Ensayo de geografía económica. Lima: Banco Italiano, 1941, p. 118.

4 El área sembrada de algodón llegó a cubrir más de un cuarto de millón de hectáreas anuales entre 1960 y 1964.

5 La presencia del capital extranjero en las haciendas azucareras era predominante, salvo en Cayaltí y Pomalca.

6 Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram. Perú. Crecimiento y políticas en una economía abierta. Lima: Mosca Azul / Fundación Friederich Ebert / Universidad del Pacífico, 1985, p. 351.

7 A partir de 1976, el volumen de algodón consumido internamente por la industria textil superó el volumen exportado. Fernando Eguren. «Evolución de la producción algodonera», en Fernando Eguren, Jorge Fernández Baca, Fabián Tume. Producción algodonera e industria textil en el Perú. Lima: Desco, 1981, p. 122.

8 En el ámbito nacional, en el periodo intercensal, las áreas irrigadas se incrementaron de 1 729 000 hectáreas a 2 580 000 hectáreas. En el año censal 2012, el 70 % de estas tierras estaban trabajadas. El 57 % —1 469 000 hectáreas— de las tierras bajo riego están en la costa, concentrados en seis departamentos (Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica y Arequipa), pero no todas están efectivamente cultivadas. En los predios censados de la costa había 207 000 hectáreas no cultivadas por falta de agua; las áreas cultivadas eran 939 000 hectáreas. (Fuente: Resultados definitivos del IV Cenagro.)

Más información en: www.larevistaagraria.org/

Scribd: http://bit.ly/1Mn5MTf

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: ¿Salud pública versus intereses privados?

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Jun 2015 19:22:00 +0000

El 18 de abril se publicó, en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo 007-2015-SA, que aprueba el Reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados, referente al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas.

Este reglamento pone en agenda la Ley 30021 (Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes) que muchos piden que se ejecute lo antes posible.

Fernando Eguren, director de La Revista Agraria y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, indica que era previsible -cuando se dio la Ley- que la industria alimentaria y las empresas de publicidad se opondrían con diferentes tipos de argumentos a esta Ley y a los parámetros técnicos. Más aún, ahora que los niveles establecidos por el nuevo reglamento son iguales a los de la Organización Mundial de la Salud.

Para que esta Ley y el reglamento de los parámetros se ejecuten se requiere un reglamento más integral que precise cómo se van a cumplir los otros temas y regulaciones que establece la Ley.

Finalmente, Fernando Eguren, también coordinador del Observatorio de Seguridad Alimentaria del CEPES, indica que el Estado debe mantenerse fuerte en su objetivo principal: la garantía del bien común, que en este caso está expresado en el resguardo de la salud pública.

Más información en: www.observatorioseguridadalimentaria.org/

Agricultores familiares : No todos son iguales ni necesitan lo mismo

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 26 Jun 2015 13:02:00 +0000

Escriben: Fernando Eguren / Miguel Pintado (1)

Son más de 550 millones los agricultores familiares en el mundo. Están presentes en los cinco continentes, y en todos ellos conforman la más numerosa y principal fuente provisora de alimentos. Va creciendo un consenso global acerca de que, en un futuro lleno de incertidumbres, la agricultura familiar (AF) está del lado de las soluciones.

En el Perú, la AF predomina sobre las otras formas de agricultura: agrupa alrededor del 97 % de las 2 213 000 unidades agropecuarias (UA) registradas por el último Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro). Cerca de los dos tercios están en la sierra, pero su número es también muy importante en las otras dos regiones (ver tabla 1).

Su presencia es tan abrumadora, que no puede concebirse el desarrollo rural —la manera más eficaz para combatir la pobreza en el campo— sin que ella desempeñe un papel central. Además, dado el peso de lo rural en la mayor parte de las regiones, el fomento y el progreso de la agricultura familiar serían un impulso importante para el desarrollo descentralizado del país y de cada una de las regiones.

¿Qué es la agricultura familiar?

Aunque hay matices en su definición, hay consenso internacional en cuanto a que una definición operativa de la AF debe contener, al menos, tres elementos comunes: i) la conducción directa del predio y el uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar; ii) el acceso limitado a los recursos, sobre todo, tierra y capital; y iii) la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples (por tener recursos limitados, las familias requieren diversificar sus fuentes de ingresos con actividades económicas extraprediales).

Aun participando de estos elementos comunes, el universo de la AF es muy heterogéneo. Reconocer esta heterogeneidad es muy importante, pues, cuando se trata de definir políticas, estas tienen que adecuarse a los diferentes tipos de AF; sería un error pensar que una política puede ser común a todos ellos. A esta tipología se dedica lo que sigue de este artículo.

La heterogeneidad de la agricultura familiar

Para dar cuenta de la heterogeneidad de la AF y elaborar los tipos de AF existentes, utilizamos la información de la base de datos del IV Cenagro y tomamos en consideración dos variables: i) el tamaño de la UA en hectáreas, adoptando como extensión máxima 10 hectáreas estandarizadas (2); y ii) el nivel tecnológico de la UA: la ausencia o presencia de riego y el uso de semillas certificadas (3). Excluimos como parte de la AF a toda UA que emplea asalariados permanentes.

La tipología resultante es la siguiente:

- Agricultura familiar de subsistencia (AFS). Incluye aquellas UA menores de 2 hectáreas estandarizadas y que pueden, o no, hacer uso de ambas tecnologías (riego o semillas certificadas). Aun contando con un nivel tecnológico adecuado, su aprovechamiento enfrenta severas restricciones debido al limitado acceso a la tierra. Tomando en cuenta la variable de control tecnológica, este tipo puede subdividirse en dos grupos:
o Agricultura familiar de subsistencia crítica. Está conformada por aquellas UA que cuentan con menos de 2 hectáreas estandarizadas, pero no tienen riego y no hacen uso de semillas certificadas. Se consideran en estado crítico, puesto que poseen escasas tierras y su nivel tecnológico —en términos de los dos indicadores estudiados— es nulo.
o Agricultura familiar de subsistencia no crítica. Está compuesta por UA con extensión menor de 2 hectáreas estandarizadas y que hacen uso de por lo menos una de las dos tecnologías analizadas. Si bien algunas pueden tener un nivel tecnológico adecuado, su limitada extensión restringe las posibilidades de expansión de la producción, lo que hace extremadamente difícil un nivel de capitalización que supere la sola reproducción familiar.

- Agricultura familiar intermedia (AFI). Comprende a todas las unidades agropecuarias de 2 a 5 hectáreas estandarizadas y que pueden, o no, hacer uso de ambas tecnologías. Al igual que en el caso anterior, podemos subdividirla a partir de la variable de control tecnológica:

o Agricultura familiar intermedia con menor potencial. Reúne a aquellas UA de entre 2 y 5 hectáreas estandarizadas4 que no tienen acceso al riego y no usan semilla certificada; es decir, tienen escaso potencial tecnológico.

o Agricultura familiar intermedia con mayor potencial. A diferencia de la anterior, aquí las UA usan al menos una de las dos tecnologías (riego y semillas certificadas). La combinación entre mayores recursos naturales (tierra) y tecnológicos abre la posibilidad de superar los requerimientos de la reproducción familiar, aunque, dada la escasa dotación de tierras, con dificultades.

- Agricultura familiar consolidada (AFC). Comprende las UA con extensiones de 5 a 10 hectáreas estandarizadas5. Todas estas UA utilizan al menos una tecnología considerada, aunque con frecuencia las dos. Estas condiciones necesarias son coherentes con la mayor estabilidad de las UA pertenecientes a este segmento y que poseen un mayor grado de capitalización y de acceso a recursos.
¿Dónde están? Distribución de la AF por tipo según regiones

La AF es, como se ha visto, absolutamente mayoritaria en el Perú. La mayor parte —el 88 %— es AF de subsistencia, porcentaje que en su mayor parte está en situación crítica. Apenas el 2.1 % de la AF está consolidada, y el 10 % está en una situación intermedia. Esta distribución varía entre las regiones: en la sierra, el 95 % de las UA son AF de sobrevivencia, y apenas el 1.2 % son consolidadas. En la costa, la importancia de la AFC es mayor, pues representa el 10.4 % de las UA de esa región, pero las de sobrevivencia son casi dos tercios del total regional (tabla 2).

Reflexiones finales

Poca duda cabe acerca de que las necesidades de, por ejemplo, una AFS crítica ubicada en las zonas altas de los Andes son diferentes de las de una AFC localizada en la costa. Mientras que esta última puede aprovechar mejor políticas sectoriales que contribuyan a mejorar su actividad productiva agraria, la primera —dado lo limitado de sus activos— encontrará mejores oportunidades en actividades económicas extraprediales más dinámicas en su distrito o provincia, promovida por los gobiernos regionales o locales y en una perspectiva multisectorial. De ahí la relevancia de tomar en cuenta los tipos de AF: medidas que son apropiadas para un tipo de AF, pueden no serlo para otro tipo. Así, el hecho de que la inmensa mayoría de las unidades agropecuarias familiares son de subsistencia (con escasa tierra y bajos niveles tecnológicos) implica que las políticas orientadas a ellas no pueden limitarse a la actividad agraria: tienen que ser multisectoriales.

Por otro lado, la heterogeneidad de la AF no se limita a las diferencias en el tamaño del predio o en el nivel tecnológico. En el Perú, un porcentaje apreciable de la AF forma parte de comunidades campesinas y nativas. Los diversos entornos institucionales y culturales también deben ser tomados en consideración, pues ellos influyen, por ejemplo, en los comportamientos de las familias, en sus prácticas productivas y en la forma en que usan los recursos. Estas particularidades también tienen que ser consideradas en el momento de diseñarse políticas que pretendan apoyar a la AF, el sector social —con largueza— más importante del campo.

Notas
(1) Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes / Economista. Investigador del Cepes.
(2) Puesto que no toda tierra tiene la misma significación económica, para comparar diferentes tipos de tierra es necesario aplicar un coeficiente de estandarización. Este toma en cuenta las diferencias en términos del acceso al riego (distinción entre UA bajo riego y en secano), la localización de las UA (costa, sierra y selva) y el tipo de tierra que compone la UA (tierras con cultivos, pastos naturales, manejados, etc.). Ver José María Caballero y Elena Álvarez, Aspectos cuantitativos de la reforma agraria 1969-1979, apéndice 1, «Metodología para el cálculo de los coeficientes de estandarización de tierras», IEP.
(3) De una lista extensa de indicadores tecnológicos, se escogieron solo dos: la presencia de riego y el uso de semillas certificadas, pues consideramos que son los principales indicadores del nivel tecnológico de las UA. En el caso del acceso al riego, su importancia es indiscutible en la medida en que es considerado el primer y más importante cambio técnico en la agricultura. En el caso del uso de semilla certificada, lo consideramos un indicador tecnológico clave, puesto que supone el acompañamiento de otras tecnologías (paquete tecnológico), como plaguicidas, insecticidas, fertilizantes, etc.
(4) En este grupo también están incluidas las UA mayores e iguales a 5 hectáreas estandarizadas que no cuentan con ninguna de las dos tecnologías de estudio. Solo el mayor acceso a la tierra no garantiza que la UA sea categorizada como de agricultura familiar consolidada, pues ese mayor acceso debe ser combinado con un nivel tecnológico adecuado.
(5) Una excepción a esta regla es el caso de las UA que, aun teniendo una extensión mayor o igual a las 10 hectáreas estandarizadas, son consideradas dentro de la AF (consolidada). Este es el caso de las UA, de diez hectáreas a más, cuya fuerza de trabajo no está compuesta por trabajadores remune-rados (eventuales o permanentes), sino solo por mano de obra familiar.

LRA: http://bit.ly/1RHflPK
Scribd: http://bit.ly/1JhNfJw

Los límites de la propiedad agraria: nuevamente en discusión

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 25 Jun 2015 18:55:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren

El intento de limitar el tamaño de la propiedad agraria, otra vez se pone en agenda: un grupo de parlamentarios pondrá a consideración de la Comisión Agraria del Congreso de la República una propuesta que establece límites máximos a la extensión de tierras. Recordemos que el establecimiento de límites no es algo nuevo en la historia peruana.

No hay que olvidar que, en la década de 1950, una propuesta de ley planteada por la Comisión de Reforma Agraria y la Vivienda, formada por el gobierno de Manuel Prado, recomendaba un límite de 250 hectáreas en la costa. Años después, la reforma agraria emprendida por el gobierno del general Velasco Alvarado estableció para esa región un límite máximo de 150 hectáreas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se derogó la normativa anterior y se eliminaron los límites. Fue así como volvieron a constituirse nuevos latifundios, los que en la actualidad son propietarios de alrededor de la tercera parte de las tierras de cultivo de la costa.

Estos latifundios, sin embargo, son bastante diferentes de los que existían antes de la reforma agraria: están orientados a la exportación, aplican tecnologías modernas y técnicas de administración eficientes, y cumplen con un conjunto de regulaciones impuestas por los agentes que importan la producción, entre ellas las que aseguran la inocuidad de los productos y condiciones laborales mínimas aceptables. Es importante subrayar que muchos de los nuevos latifundistas tienen hoy extensiones bastante mayores que las que tenían los hacendados de antaño y que fueron expropiados por la reforma agraria.

También debe destacarse el hecho de que los mayores neolatifundistas son corporaciones con intereses en otros sectores de la economía —finanzas, seguros, pesca, comercio, transporte, etc.; la actividad agraria es una más entre otras—. Entre ellos están los grupos familiares Romero, Rodríguez, Brescia, Dyer, Huancaruna, Oviedo y Wong. Hay que anotar que los sucesivos gobiernos, desde la década de 1990, han sido los principales promotores de la creación y desarrollo de esta estructura neolatifundiaria al trasladar a estas corporaciones las decenas de miles de hectáreas eriazas ganadas al cultivo gracias a grandes obras de irrigación. Estas operaciones han sido subsidiadas con miles de millones de dólares. Igualmente, los mismos gobiernos han fomentado la consolidación de los neolatifundios con una legislación que no solo reduce a la mitad el impuesto a la renta a la agroindustria, sino también reduce los costos laborales.

La reciente propuesta alcanzada a la Comisión Agraria para que sea dictaminada recoge en lo esencial la que fuera presentada por el congresista José León en 2011: el establecimiento de techos a la propiedad de 10 000 hectáreas bajo riego en la costa, 5 000 hectáreas bajo riego en la sierra y 20 000 hectáreas bajo riego en la selva. No propone ninguna limitación para las tierras de cultivo de secano, que no tienen riego.

Al proponerse límites tan elevados, lo que se hace en realidad es promover que continúe el proceso de formación de latifundios, en abierto contraste con la declarada motivación que da lugar a la propuesta presentada a la Comisión: defender y apoyar a la pequeña y mediana agricultura. La suposición de que el establecimiento de esos límites logrará cumplir con esa defensa solo puede explicarse por el desconocimiento de la realidad agraria o por un ánimo demagógico de los autores.

LRA: http://bit.ly/1JXKAUt
Scribd: http://bit.ly/1QdCxCQ

DESCARGA‬ el libro: “Contribución de la ‪‎Agricultura Familiar‬ al sector Agropecuario en el Perú”

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 14 May 2015 14:00:00 +0000

La investigación fue realizada por el sociólogo Fernando Eguren, presidente del CEPES, y el economista Miguel Pintado, investigador de nuestra institución.

Puedes descargar el libro desde: http://bit.ly/1J9NTrj

El objetivo del libro es conocer la importancia de la agricultura familiar (AF) en tres temas clave: 1) la contribución de la AF en la población económicamente activa (PEA) ocupada del sector agropecuario; 2) el aporte de la AF en la conformación del valor de la producción agrícola y pecuaria; y 3) la participación de la AF dentro del espacio agropecuario.

A pesar de que la AF es la forma de organización social de la producción agraria más importante del planeta —agrupa a 500 millones de personas—, su importancia suele ser subvalorada. Para conocer su real magnitud en el Perú, los autores utilizan la información de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2012, y —dependiendo de la disponibilidad de la información existente en cada aspecto— analizan cómo varían los resultados al incluir las diferencias por género, región natural y departamentos.

Contribución de la Agricultura Familiar al sector Agropecuario en el Perú by Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: Un reglamento a medias

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 13 May 2015 14:30:00 +0000

Artículo de La Revista Agraria N° 172, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República.

Escribe: Fernando Eguren (1)

El pasado sábado 18, el diario oficial El Peruano publicó el Decreto Supremo 007-2015-SA, que aprueba el «Reglamento que establece los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados, referente al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas»(2). Tardó —debió haber sido dado en agosto de 2013—, pero finalmente llegó. Recordemos que la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, se promulgó en mayo de 2013 y causó gran controversia, sobre todo debido a la oposición de la industria alimentaria y la de publicidad.

¿El referido reglamento se aplicará de inmediato? No; recién será aplicado 60 días después de que se apruebe el reglamento de la Ley 30021, conocida popularmente como «Ley de comida chatarra».

«Oiga usted; pero ¿no nos acaba de decir que ya se aprobó el reglamento?». Sí, pero resulta que hay dos reglamentos. El aprobado este 18 de abril (llamémosle Reglamento 1) se limita a definir los parámetros técnicos que permiten diferenciar entre los alimentos saludables y los no saludables, según la mayor o menor concentración de azúcar, sodio y grasas saturadas que contengan (ver cuadro 1).

Pero aparte de ese aspecto, hay otros abordados por la Ley 30021 y que requieren su propio reglamento (llamémosle Reglamento 2): la supervisión de la publicidad de la comida chatarra, la implementación de kioscos y comedores escolares, el fomento de la actividad física, las acciones educativas. A ellos se refiere el Reglamento 1 cuando afirma, en su disposición complementaria final, que será vigente «en el plazo que determine el Reglamento [2] de la Ley 30021...».

¿Cuándo saldrá finalmente ese Reglamento 2? Puede ser en unos meses o en unos años, o simplemente puede no salir. No sería la primera vez que una ley no se aplique por falta de reglamento, como es el caso de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (2010), cuyo artículo 37 dispone que los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados (transgénicos) deben indicarlo así en sus etiquetas. Hasta el momento, esta ley sobre el etiquetado no tiene reglamento y no se está aplicando.

En parte, la existencia del Reglamento 2 de la Ley 30021 dependerá de cuán activa sea la sociedad civil en exigir que se apruebe lo más pronto posible. Recordemos que fue el rechazo de la sociedad civil a la primera versión de proyecto de Reglamento 1 —que ignoraba totalmente los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)(3)— lo que sirvió como presión para que las autoridades hayan publicado, el sábado 18, el Reglamento 1, idéntico a la propuesta de la OMS, como puede verse en el cuadro 1.

Sin embargo, un vacío importante del Reglamento 1 es que no dice nada acerca de las grasas trans. La OMS recomienda que este tipo de grasas(4) deben ser prohibidas debido a sus comprobados efectos negativos para la salud. La propia Ley 30021 dispone, en su artículo 10, que la publicidad de alimentos que contienen grasas trans debe consignar «de manera clara y comprensible» la advertencia: «Contiene grasas trans: evitar su consumo». Es curioso que el Reglamento 1 no la mencione para nada.

Es muy probable que la industria alimentaria esté contrariada por este Reglamento 1. El diario Gestión informó que, una vez que se apliquen los parámetros, el 95 % de los comestibles que se venden en los kioscos de los colegios, en su mayor parte productos industriales, probablemente sean rechazados. En la infografía puede apreciarse la cantidad de azúcar que contienen varios comestibles que, en buena parte, son vendidos hoy en los kioscos escolares y que son elaborados y comercializados por la industria alimentaria.

Sin duda, la industria alimentaria y la de publicidad —que desde el inicio estuvieron en contra de la Ley 30021— presionarán para que el pendiente Reglamento 2 les afecte lo menos posible; entonces, lo más probable es que los lobbies empresariales sigan actuando y que el proceso de su elaboración y aprobación sea largo y sinuoso. Así, hasta que no se dé el Reglamento 2, el Reglamento 1 no se aplicará.

Notas

1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
2 Accesible en: http://bit.ly/1GgjVBZ
3 Ver La Revista Agraria 164, julio de 2014. http://bit.ly/1qnoy14
4 No es lo mismo grasa saturada, que está contenida naturalmente en ciertos alimentos, que grasas trans, que son resultado de procesos industriales.

Nuevos vientos en Conveagro : La propuesta agroecológica se hace más presente

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 12 May 2015 17:02:00 +0000

Artículo de La Revista Agraria N° 172, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República.

Escribe: Fernando Eguren, Director de La Revista Agraria

Hace pocos días fue elegida la nueva directiva de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). Luego de dos periodos de Lucila Quintana como presidenta —también activa lideresa de la Junta Nacional del Café—, ahora ocupa la presidencia de Conveagro el máximo dirigente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, Salvador Sánchez (entrevistado en esta edición de LRA).

Esta elección puede significar una mayor atención de Conveagro a la agroecología, que, como se sabe, es una propuesta distinta a la práctica tradicional de la agricultura, particularmente las agroindustriales, y está estrechamente emparentada con el concepto de agricultura orgánica.

La Federación Internacional de Movimientos para la Agricultura Orgánica define la agricultura orgánica como «un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella».

Lejos de ser una propuesta marginal, es cada vez más objeto de la atención de los políticos, los científicos y la sociedad civil, dada su capacidad para asegurar una agricultura sostenible y dar respuesta a los desafíos de la seguridad alimentaria, la persistencia de la pobreza rural, los impactos negativos del cambio climático en la actividad agraria y los efectos contaminantes y atentatorios a la biodiversidad de muchas prácticas agroindustriales. La agroecología no es solo una propuesta científica y de prácticas agronómicas, sino también un movimiento social que reivindica la justicia distributiva. Es esta la aproximación del Simposio Internacional de Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutricional realizado por la FAO en Roma el año pasado, y que muestra que esta opción está ingresando por la puerta grande a la agenda internacional(1).

Es sabido que las políticas oficiales en el Perú favorecen de manera decidida la expansión de la agroindustria —con un uso intensivo de insumos industriales— y, por el contrario, tienden a marginar a una amplísima agricultura familiar, una buena parte de la cual es muy cercana a las prácticas agroecológicas. Más aún, existen fuertes presiones de los lobbies que representan los intereses de las empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas sobre instituciones gubernamentales clave como el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y sobre algunos parlamentarios, para remover la Ley 29811, de 2011, que establece una moratoria de diez años a la introducción de organismos vivos modificados (semillas transgénicas).

Estos son retos para la nueva conducción de Conveagro. Es evidente que las preocupaciones de Conveagro son muchas y diversas y no se restringen a la promoción de la agroecología. Más aún, no todos los asociados que forman parte de esta importante organización conocen o suscriben las propuestas agroecológicas. Pero la designación de un presidente que es representante de la corriente agroecológica debe ser una ocasión para que esta opción sea discutida, analizada e incorporada de manera más enfática en la agenda institucional de Conveagro.

LRA: http://bit.ly/1JOndNY

Scribd: http://bit.ly/1c1yXyi

Notas:
(1) Ver <http://bit.ly/1HHUDeX>.

El Perú debe utilizar su riqueza genética para enfrentar al cambio climático

noreply@blogger.com (Anonymous) — Sat, 18 Apr 2015 13:00:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren (1)

LRA: http://bit.ly/1abm1oz

Scribd: http://bit.ly/1DbW4kn

Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subraya la gran importancia del uso y aprovechamiento de los recursos genéticos para reducir los impactos negativos del cambio climático(2). El informe nos lleva a reflexionar acerca de si en el Perú las políticas públicas alientan el desarrollo de una agricultura orientada a la valorización de nuestros propios recursos genéticos.

No parece ser el caso, pues, desde hace más de dos décadas, los diferentes gobiernos han priorizado una agroindustria moderna de gran escala que, en la búsqueda de lograr las más alta rentabilidad económica y competitividad en el mercado internacional, tiende a reducir la variabilidad genética. Caracterizada por el monocultivo, la estandarización de las variedades cultivadas y la generalización de métodos industriales de producción, esta agroindustria pareciera que va a contracorriente de una agricultura y una seguridad alimentaria sostenibles, realzadas, ambas, por el mencionado documento.

Según el informe, hasta hoy no se ha dado la debida importancia a la contribución de los microorganismos y los recursos genéticos invertebrados en la agricultura y en la producción de alimentos (creación y mantenimiento de los suelos, polinización, control biológico de pestes). Una de las razones es que la interacción entre los recursos genéticos para la agricultura y la producción de alimentos, y el cambio climático, no ha sido debidamente estudiada y evaluada. En los futuros sistemas de producción agrícola —afirma la FAO—, serán esenciales los cultivos, ganados, especies forestales y organismos acuáticos que puedan sobrevivir y producir en los climas futuros. Muchos de los programas de investigación que se realizan actualmente tendrán, pues, que modificarse para integrarlos de manera prioritaria.

Los impactos a los que el Perú se enfrenta

Aun cuando los mayores impactos negativos del cambio climático se apreciarán en los años y décadas venideros, en muchas regiones del mundo se evidencia actualmente la baja de los rendimientos del trigo y del maíz. Según el Minam(3), en el Perú, cultivos tan importantes para la alimentación de los peruanos, como el maíz, la papa y el arroz, serán afectados. De acuerdo con la misma fuente, las sequías, las inundaciones, las heladas, las granizadas y las fuertes lluvias se incrementaron seis veces entre 1997 y 2006; la fauna y la flora biodiversa de la Amazonía corre el riesgo de extinción; cerca del 90 % de la infraestructura vial del país es vulnerable a los eventos climáticos; y se estima que en cuatro décadas el Perú tendrá solo el 60 % del agua que tiene hoy. Según un estudio del Banco Central de Reserva realizado en 2009, un aumento del 2 % en la temperatura máxima y de 20 % en la variabilidad de las lluvias, al 2050, generaría una pérdida de 6 % respecto al PBI potencial en el año 2030, mientras que en el año 2050 las pérdidas serían superiores al 20 %.(4)

¿Cuáles son las recomendaciones de la FAO?

El informe de la FAO llega a dos conclusiones a las que hay que prestar atención. La primera es que se debe identificar, conservar y aprender cómo se usan los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Esta recomendación es tanto más importante por cuanto muchos recursos genéticos —enfatiza el informe— están en riesgo de extinción y requieren medidas efectivas de conservación. Muchos de estos recursos tienen que ser preservados in situ, lo que implica que quienes los mantienen —en su mayoría, campesinos— deben ser apoyados financieramente o de otros modos que contribuyan a mantener o mejorar su calidad de vida.

La segunda conclusión es la necesidad de promover un enfoque integrado, adaptativo y ecosistémico de la gestión de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Ello requiere la acción conjunta y colaborativa de varios actores, incluyendo aquellos involucrados en la gestión ambiental y el desarrollo económico.

Las recomendaciones de la FAO conducen al rechazo de prácticas que destruyen la biodiversidad y reducen la resiliencia de los ecosistemas, y contribuyen a sustentar la conveniencia de priorizar políticas públicas que promueven el desarrollo de una agricultura orgánica que ayude a la conservación de los recursos genéticos.

Necesitamos políticas públicas sobre recursos genéticos

Las observaciones de la FAO son especialmente pertinentes para el Perú, por tres razones. En primer lugar, porque es uno de los países que serán más afectados por el cambio climático. En segundo lugar, porque sus impactos afectan a la agricultura —y a los agricultores—, más que a cualquier otro sector social y económico(5). En tercer lugar, porque el Perú tiene una inmensa diversidad biogenética cuyo aprovechamiento le daría muchas ventajas para adaptarse a los impactos negativos del cambio climático, ventajas que, resulta claro, pueden serlo solamente si se construyen sobre la base de políticas y acciones concretas.

El problema es que no solo carecemos de tales políticas y acciones, sino que estas van en sentido contrario a las predominantes, que promueven, al menos desde mediados de la década de 1990, una agroindustria a gran escala caracterizada —como ya vimos— por el monocultivo. Como anotan Beus y Dunlap(6), se trata en realidad de dos paradigmas en competencia —la agricultura convencional y la alternativa—, cuyas diferencias se pueden resumir en seis dimensiones: centralización —versus— descentralización; dependencia —versus— independencia; competencia —versus— comunidad; dominación de la naturaleza —versus— armonía con la naturaleza; especialización —versus— diversidad; explotación —versus— uso controlado. Es imperativo que en el Perú haya un debate acerca de qué tipo de agricultura se debe apoyar, tomando en cuenta su capacidad de responder adecuada y sosteniblemente a los desafíos del cambio climático (y que, al mismo tiempo, contribuya a la construcción de una sociedad más equitativa y menos desigual). Es necesario que en la elaboración de las políticas públicas sobre este tema se puedan superar —como criterios únicos de priorización— la competitividad y la rentabilidad (que fundamenta la agroindustria de gran escala).

Notas

1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.

2 FAO. Coping with climate change. The roles of genetic resources for food and agriculture (Hacer frente al cambio climático. El papel de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura). Roma, 2015. Se puede encontrar en .

3 Ver Ministerio del Ambiente (Minam). ¿Por qué el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático? .

4 Vargas, Paola. El cambio climático y sus efectos en el Perú. BCR, 2009.

5 Sobre el tema, puede consultarse la también reciente publicación de la FAO: The impact of natural hazards and disasters on agriculture and food and nutrition security. A call for action to build resilient livelihoods (El impacto de los desastres y los peligros naturales en la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional. Un llamado a la acción para construir modos de vida resilientes). Marzo, 2014.

6 Curtis E. Beus y Riley E. Dunlap. «Conventional versus alternative agriculture: The paradigmatic roots of the debate» («Agricultura convencional versus alternativa: las raíces paradigmáticas del debate»). Rural Sociology 55, 1990.

Guía para una buena alimentación, Brasil da el ejemplo (Editorial de La Revista Agraria)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 17 Apr 2015 19:24:00 +0000

Escribe: Fernando Eguren, director de LRA.

LRA: http://bit.ly/1FZH0Hj
Scribd: http://bit.ly/1EbUtwz

En La Revista Agraria hemos tratado, en repetidas ocasiones, de llamar la atención sobre la falta de voluntad política de las autoridades para llevar adelante una política alimentaria que enfrente decididamente la desnutrición, las incertidumbres a la seguridad alimentaria, y prorice el fomento de una alimentación saludable.

Con el riesgo de parecer repetitivos, debemos decir que las medidas orientadas a encauzar al país hacia una real seguridad alimentaria han quedado a medio camino, en una mezcla de desinterés y de presiones de la industria alimentaria. Esta se opone a que se regule la publicidad de la comida no saludable (aquella que tiene en exceso sodio, grasas y azúcares e ingredientes artificiales), razón por la cual aún no se ha aprobado el reglamento de la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fue aprobada en diciembre de 2013, aún no se ha formalizado el Plan de Acción, sin el cual no se puede ejecutar. Ha pasado más de un año para que las burocracias de varios ministerios revisen la propuesta, con una lentitud digna de mejor causa.

Finalmente, por razones inexplicables —o solo explicables si asumimos que la incapacidad es un rasgo sustancial del Congreso de la República—, una ley aprobada en el Pleno con alta votación, la de Seguridad Alimentaria y Nutricional, fue archivada. La comparación con lo que ocurre en algunos otros países de la región nos produce una sana envidia.

El Ministerio de Salud del Brasil acaba de difundir una «Guía alimentaria para la población brasileña»(1). Es un documento orientador, producto de contribuciones de 27 oficinas estatales y de 3125 aportes de todo tipo de instituciones y personas, y que toma en cuenta estudios realizados por diferentes organismos de las Naciones Unidas.

El resultado es un documento de 150 páginas de un gran valor educativo. Como anota uno de los más influyentes diarios del Brasil, Folha de S. Paulo, la guía «es lúcida y corajuda», que «con un gran sentido común indica que la dieta debe basarse en productos poco procesados»(2).

Además, la guía explicita su compromiso con la garantía al derecho humano a la alimentación y pone en valor las tradiciones culturales locales. El carácter educativo del documento se muestra con claridad en su propia estructura.

Un primer capítulo introduce al lector en conceptos generales de lo que es la salud y su relación con la alimentación. Luego da recomendaciones generales sobre los alimentos que hay que evitar —los procesados— y los que hay que utilizar: las «preparaciones culinarias».

El tercer capítulo hace una revisión de las preparaciones culinarias en su diversidad regional, sobre cuya base propone orientaciones específicas para la población brasileña. El cuarto capítulo aborda temas que generalmente están ausentes en la literatura sobre alimentación y nutrición: las circunstancias que rodean el acto de comer: la regularidad, el ambiente en el que se come y la conveniencia de comer en compañía.

La guía cierra con una revisión de los obstáculos que pueden dificultar la aplicación de las recomendaciones hechas en las anteriores secciones. Esta guía constituye un invalorable ejemplo para nuestro país.

Existe, incluso, un marco legal que debe promover su elaboración —la ya mencionada Ley 30021— y la disposición de instituciones como la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) y otras de la sociedad civil que con entusiasmo participarían en tal iniciativa. Pero, por supuesto, la decisión política del Gobierno y de los ministerios más directamente involucrados —Minsa, Midis y Minedu— es el paso más importante.

Notas:

1 Versión original en portugués en http://bit.ly/1mtswaW

2 Ver http://bit.ly/1FXUqDX

Concentración de tierras en el Perú: Una verdad que no se puede ocultar

noreply@blogger.com (Anonymous) — Fri, 20 Mar 2015 17:12:00 +0000

(A propósito de un artículo de Lampadia) Artículo de La Revista Agraria N° 170,

publicación del CEPES, que se distribuyó con el diario La República.

Escribe: Fernando Eguren (1)

Lampadia, publicación digital de orientación neoliberal radical, difunde un artículo titulado «La verdad sobre la concentración de la tierra», que contiene dos afirmaciones que, precisamente, no son verdad. La primera, que en el Perú «no están aumentando los minifundios»; la segunda, que «no existe un proceso de concentración [de la propiedad] de la tierra»(2).

Para fundamentar estas afirmaciones, recurre a algunos datos extraídos del IV Censo Nacional Agropecuario, realizado en el segundo semestre de 2012, y los presenta de tal manera que conduce al lector desprevenido a conclusiones contrarias a lo que el propio censo indica. Cualquiera puede constatar esta manipulación en el uso de las cifras accediendo directamente a la información del censo en la web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

¿Por qué Lampadia toca el tema ahora? Porque reacciona a dos artículos publicados en el número 169 de La Revista Agraria. El primero de ellos, del peruanista francés Michel Eresue, muestra, utilizando el coeficiente Gini, que sí hay tal proceso de concentración. El segundo artículo, de Jaime Escobedo, investigador asociado del Cepes, ordena buena parte de la información disponible sobre el tema y elabora un mapa actualizado de la concentración de la propiedad de la tierra en el Perú.

¿No están aumentando los minifundios?

En el periodo entre los dos últimos censos agropecuarios (1994 a 2012), el número de pequeños agricultores se incrementó dramáticamente. El INEI lo afirma, literalmente: «En el año 2012, las pequeñas unidades agropecuarias (hasta 5.0 ha) son 1 millón 811 mil, incrementándose en 40.3 % respecto al año 1994. Es decir, 520 500 unidades agropecuarias más, lo que representa el 81.8 % del total”(3). Ahora bien, la mayor parte de estas pequeñas unidades agropecuarias son minifundios: 1 503 00 tienen menos de una hectárea (¡68 % del total de unidades agropecuarias del país!) (4).

¿No hay un proceso de concentración de la tierra?

Lampadia intenta mostrar que no hay concentración de la propiedad de la tierra utilizando la cifra promedio del tamaño de los predios en el Perú —3.3 hectáreas por unidad agropecuaria— para argumentar que la propiedad está fragmentada.

Lo que omite decir es que, de manera simultánea a la fragmentación, hay un proceso de concentración. Este proceso de polarización de la propiedad —por un lado, muchas unidades agropecuarias con poca tierra, y, por otro, pocas unidades agropecuarias con muchísima tierra— ha sido y continúa siendo un rasgo típico de una buena parte de los países latinoamericanos. Lo lamentable es que en el Perú, en donde hubo una reforma agraria que intentó democratizar la propiedad de la tierra liquidando el latifundio, está ocurriendo, desde la década de 1990, un proceso de retorno a una estructura polarizada —por tanto, injusta e inequitativa— de la propiedad.

Luego de ocultar la verdad, Lampadia intenta mostrar en su artículo que desde la década del noventa, cuando «se permitió el regreso de la inversión privada al campo, la superficie agrícola se incrementó en 30 %». Parece ignorar que la superficie agrícola se incrementó principalmente por la inversión de USD 6500 millones —decidida por los sucesivos gobiernos de Fujimori, García, Toledo y Humala— en grandes obras de irrigación para ampliar la frontera agrícola de la costa, y en la colonización de tierras amazónicas por poblaciones migrantes provenientes, sobre todo, de la sierra.

Además, en el cuestionable artículo se afirma que «este sector [agroexportador] ha permitido generar gran cantidad de empleo formal rural...». Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, los trabajadores agrarios en planilla son alrededor de 160 000, pero, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la agricultura familiar (o pequeña agricultura) da empleo a más de 3 millones de trabajadores. Es verdad que la mayor parte de ellos no son formales, pero también es cierto que de dichos empleos dependen más de una decena de millones de peruanos.

Los lectores que se animen a leer el artículo de Lampadia encontrarán más afirmaciones sin sustento. Las grandes empresas agroexportadoras se merecen mejores «escribidores» para fundamentar con algo más de credibilidad lo «maravillosas» que dicen ser.

Notas

1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.

2 Puede revisarse el artículo en este enlace: http://bit.ly/1Eu9CWy

3 INEI - Minagri. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. Resultados definitivos, p. 10. .

http://bit.ly/1AoREUA

4 Sobre este punto, Eduardo Zegarra, de Grade, responde más ampliamente en su blog.

http://bit.ly/1KJvQHI

¿Qué estamos haciendo para detener la desertificación de los suelos? Nuestra producción agrícola está en peligro

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 02 Mar 2015 20:13:00 +0000

Editorial de La Revista Agraria N° 170, publicación del CEPES,

que se distribuyó con el diario La República.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2015 como Año Internacional de los Suelos. Según esta organización, los suelos están en peligro debido a la expansión de las ciudades, la deforestación, el insostenible uso de la tierra y las prácticas de gestión, la contaminación, el sobrepastoreo y el cambio climático. Concluye que, al ritmo actual, la «degradación de los suelos amenaza la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras»(1).
Las tendencias cambiantes en la producción y el consumo de productos —cada vez más en aumento— están ejerciendo una presión creciente en los suelos de uso agropecuario en el mundo y son la principal causa de que en la actualidad el 38 % de las tierras agrícolas del planeta estén degradadas(2).

Ciertamente, el Perú no está al margen de este peligroso proceso. No ha sido suficientemente difundido el hecho, por ejemplo, de que el 40 % de su superficie —algo más de 516 000 kilómetros cuadrados— es considerada árida, ocupando el tercer lugar en América del Sur, después de Argentina y Brasil. Además, no hay que olvidar que el Perú junto con Chile son los únicos dos países de la región que tienen amplias áreas extremadamente áridas —hiperáridas—, con 81 000 km2 y 117 000 km2, respectivamente(3). El conjunto de zonas áridas solo reciben el 2 % de las lluvias que caen en el país. Recordemos que antes del periodo colonial, muchas áreas hoy áridas estaban cubiertas de bosques, lo cual refleja el proceso de desertificación. Aun hoy se pierden bosques por la práctica de roza, tumba y quema, para fertilizar los suelos, y por el uso de leña como combustible.

Según el informe del Minam (nota 3), la tercera parte de la superficie del Perú está en proceso de desertificación (unas 30 millones de hectáreas) o ya está desertificada (3.8 millones de hectáreas), lo cual constituye un grave problema debido a sus impactos en la reducción de la producción agrícola. Las principales causas de la desertificación son, en la costa, la salinización del suelo, la erosión hídrica y eólica y la contaminación de suelos por relaves mineros; en la sierra, la erosión hídrica y eólica, además de la compactación por sobrepastoreo y la contaminación; y en la selva, la erosión hídrica. Contribuyen a ello tanto la presión de factores naturales, incluyendo el cambio climático, como socioeconómicos (entre ellos, las prácticas agropecuarias inadecuadas, las actividades extractivas, el cambio de uso del suelo).

En atención al delicado problema de los suelos agrícolas, LRA incluye en esta edición una mesa redonda sobre el tema, en la que participan especialistas de distintas disciplinas. Es de esperar que, aprovechando la oportunidad de la declaración de este 2015 como Año Internacional de los Suelos por las Naciones Unidas, el Gobierno peruano y sus organismos especializados, así como las instituciones académicas que incluyen disciplinas vinculadas a su estudio, coloquen ese recurso natural en lo más alto de sus preocupaciones.

Fernando Eguren (Director de La Revista Agraria)

1 FAO.

2 UNEP. Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply. A Report of the Working Group on Land and Soils of the International Resource Panel. 2014.

3 MINAM. La desertificación en el Perú. Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Lima, 2011.

¿Qué estamos haciendo para detener la desertificación de los suelos? Nuestra producción agrícola está en pe... by Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

El Agro en Tiempos de Humala

noreply@blogger.com (Anonymous) — Thu, 12 Feb 2015 17:59:00 +0000

Artículo escrito por Fernando Eguren López, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), que forma parte de una serie de ensayos del libro: "Caminos de Transición. Alternativas al extractivismo y propuestas para otros desarrollos en el Perú", publicación de la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE.

Compartimos un extracto del artículo:

Se afirma que en el país no hay continuidad en las políticas agrarias.
O, más propiamente, que no hay políticas de Estado con relación al sector agrario; y que una de las razones por las que no las hay es que los conductores de esa política sectorial, los ministros de Agricultura, son cambiados constantemente. Durante la década de gobierno de Alberto Fujimori hubo siete ministros de Agricultura; tres durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), seis durante el de Alan García (2006-2011), y cuatro en lo que va del gobierno de Ollanta Humala. En total, veinte ministros de Agricultura –algo menos de uno por año–. Los hubo tanto progresistas como conservadores. La mitad de estos ministros fueron “independientes”, es decir, no pertenecían a ningún partido, por lo que la conducción del sector por estos no necesariamente respondía a la plataforma sectorial del partido gobernante –a la que sí tendrían que atenerse con mayor rigor los ministros que sí eran militantes partidarios–. Todo ello nos llevaría a la conclusión de que, en efecto, no habría habido las condiciones necesarias para una política agraria coherente.

En este artículo sostenemos que esta apreciación es errada. La razón es que en al menos dos puntos sí hubo continuidad, y la sigue habiendo, en todos los gobiernos del último cuarto de siglo. En primer lugar, los sucesivos gobiernos apoyaron persistentemente la creación, desarrollo, expansión y consolidación de una agricultura moderna de exportación, basada en corporaciones agroindustriales y en la concentración de la propiedad de la tierra y del acceso al agua. Este es el modelo de modernización agraria que rige en las últimas décadas. En segundo lugar, las políticas públicas sistemáticamente han marginado a la agricultura familiar, entendiendo como tal al heterogéneo universo de pequeños agricultores y comunidades campesinas y nativas.

Esto es así aunque los discursos de los sucesivos gobiernos varíen: Alan García declaraba desembozadamente su identificación con la gran inversión para modernizar la agricultura y su desprecio por la pequeña agricultura (que consideraba como parte de los ‘perros del hortelano’ que obstaculizan el desarrollo), mientras que Ollanta Humala es mucho más matizado y ocasionalmente expresa su simpatía por la agricultura familiar.

¿Cómo esta continuidad de políticas sectoriales se ha mantenido? En realidad, esta política de Estado no surge del ministerio de Agricultura, sino de las políticas económicas neoliberales conducidas por el ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El hoy llamado Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), finalmente viene a ser un operador de importancia relativamente menor, pues sus decisiones sobre la orientación de la agricultura peruana y la movilización de los principales recursos para el sector no depende del conductor de turno, sino del MEF. La continuidad de las políticas sectoriales, incluyendo la agraria, depende del MEF, sobre todo de la tecnocracia que conduce el ministerio desde hace ya casi un cuarto de siglo y que, bajo catorce ministros de Economía diferentes, ha asegurado dicha continuidad. (…)

Limitaciones del modelo de gran agricultura de exportación

Hay varios problemas con el hecho que la modernización de la agricultura gire alrededor de corporaciones agroexportadoras que concentran grandes superficies de tierras de cultivo.

En primer lugar, porque contribuye al aumento de las desigualdades sociales y económicas en el país. Hoy se está cuestionando cada vez más en los foros internacionales la necesidad de reducir estas desigualdades, tanto por razones de justicia como de las propias necesidades de un desarrollo económico sostenido y armónico. Actualmente se ha restablecido en el campo peruano, y de forma muy notoria en la costa, una estructura bipolar de propiedad de la tierra –latifundio y pequeña propiedad o minifundio– que, hace unas pocas décadas, generó aquí y en otros países de la región, un gran rechazo y que fue la principal motivación para el reclamo primero, y luego la ejecución, de reformas agrarias.

Una segunda crítica a este modelo es argumentada por Olivier de Schutter, comisionado de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, y se refiere a los altos costos de oportunidad de permitir la concentración de la tierra y las inversiones versus las necesidades de la población local. Según de Schutter, los gobiernos deberían “… sopesar las ventajas de concertar acuerdos de inversión… con los costos de oportunidad que ello[s] entrañaría[n], en particular cuando la tierra disponible pueda destinarse a otros usos que puedan ser más favorables a la satisfacción de las necesidades a largo plazo de la población local afectada y a la plena realización de sus derechos humanos”.

¿Cuán pertinente es esta observación a la política de tierras en el Perú? Como se ha dicho, el Estado peruano ha optado por el apoyo a la ampliación de la frontera agrícola de la costa con grandes proyectos de irrigación para transferir a la gran inversión corporativa las nuevas tierras ganadas para la agricultura; con ello, se excluye la creación de oportunidades para el pequeño y mediano empresariado local. Con otros criterios, el Estado hubiese podido orientar las inversiones de modo que las tierras sí pudiesen ser accesibles a ellos.

Un tercer problema consiste en el dominio territorial que supone la concentración de la propiedad de la tierra. A diferencia de los activos de otras actividades económicas, como la industria o los servicios, la posesión de la tierra se ejerce sobre un espacio territorial, que en el caso de los neolatifundios se amplía a las áreas aledañas al territorio bajo posesión directa.

El gran propietario, o sus representantes, no solo manda dentro de su predio, sino que de hecho ejerce una fuerte influencia sobre la sociedad y las instituciones circundantes, sean estas públicas (ejemplos: gobiernos locales y agencias locales del gobierno central) o privadas (ejemplos: pequeñas y medianas empresas, mercado laboral) o público-privadas (ejemplos: juntas de regantes). Esta influencia puede incluir la obstrucción al ejercicio de funciones públicas por el Estado en las empresas, como de hecho ha ocurrido (inspecciones laborales, fiscalización del uso de las aguas del subsuelo). También puede incluir la utilización de recursos públicos para compensar por las externalidades negativas causadas por la gran empresa. Un ejemplo en curso son las presiones para la realización de obras de irrigación con recursos públicos para impedir el colapso hídrico en el valle de Ica causado, en buena medida, por las propias empresas agroexportadoras.

En cuarto lugar, el modelo de modernización agraria, basado en grandes empresas de alto desarrollo tecnológico y orientadas a la exportación tiene otro impacto territorial importante que no ha sido analizado. En el caso de las nuevas grandes irrigaciones, como Olmos, generan externalidades sociales negativas cuyos costos no son asumidos por las corporaciones. Las necesidades de mano de obra de estas empresas originan inmigraciones importantes que dan lugar a nuevos asentamientos poblacionales o a barrios marginales en las periferias de los centros urbanos. Se crean así nuevas necesidades de vivienda y de servicios, pero ni los gobiernos locales ni los propios nuevos asentados pueden asumir los costos que implica satisfacer dichas necesidades, lo cual da como resultado barriadas hacinadas, insalubres y con servicios inexistentes o insuficientes.

En circunstancias en las que en el mundo se incrementan los temores respecto de los posibles impactos del cambio climático sobre la naturaleza y las sociedades humanas, y se cuestionan los modos usuales de producir y consumir por contribuir al calentamiento global, se comienza a cuestionar también lo que hasta el momento es un paradigma dominante de la agricultura moderna y eficiente: la empresa de gran dimensión, que usa de manera intensiva insumos químicos y energía fósil, y que practica el monocultivo, amenazando la biodiversidad. Todas estas son, precisamente, características de las grandes empresas agroexportadoras.

Sigue leyendo el artículo en PDF: http://bit.ly/16GPFQx

El Agro en Tiempos de Humala - Fernando Eguren by Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

La “comida chatarra”: una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos

noreply@blogger.com (Anonymous) — Wed, 11 Feb 2015 15:00:00 +0000

Opinión de Fernando Eguren, presidente del CEPES, coordinador del Observatorio de Seguridad Alimentaria y editor de La Revista Agraria.

Un numeroso grupo de generales y almirantes retirados de las fuerzas armadas de los Estados Unidos ha resultado un inusual aliado en la brega por la alimentación saludable y el destierro de la comida basura.

En opinión de los generales –alrededor de trescientos- “la comida basura en los colegios es un tema de seguridad nacional”.

La razón es que el sobrepeso y la obesidad infantil, resultante del consumo de esa comida, terminan siendo impedimentos para que los jóvenes se incorporen luego al servicio militar. Los militares han adoptado alimentos más saludables en sus colegios, incluyendo en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

También hay una razón económica: el Departamento de Defensa de ese país gasta aproximadamente mil millones de dólares anualmente para cubrir tratamientos médicos asociados a problemas vinculados con el sobrepeso. Los militares hicieron una llamada a la población civil para que apoyen su campaña contra la comida chatarra en los colegios y así evitar que la obesidad de niños y adolescentes se convierta en una crisis de seguridad nacional. (Ver información ampliada en http://bit.ly/1LJBnzr)

La moratoria de ingreso y producción de semillas transgénicas está en riesgo

noreply@blogger.com (Anonymous) — Tue, 10 Feb 2015 15:00:00 +0000

Escrito por Fernando Eguren (1)

Scribd: http://bit.ly/18Ks2ID

En estos días ha surgido una importante controversia con motivo de la designación de tres personas vinculadas a la industria de semillas transgénicas en cargos estratégicos en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Aparentemente, no está en tela de juicio la calidad profesional de los involucrados —los tres son doctores—, sino el que estén en cargos (2) que conllevan el poder de orientar las investigaciones y que puede desvirtuar la aplicación de la Ley 29811, promulgada en 2011, que declaró la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un periodo de diez años. Con ello, se pone nuevamente en agenda el debate sobre las semillas transgénicas.

El debate sobre transgénicos se caracteriza más por la pasión que suelen poner las partes —los que están a favor y los que están en contra en la discusión— en la polémica, que por el despliegue de argumentos sólidos. En parte, ello se debe a la confusión entre los diferentes planos que el tema plantea. Conviene diferenciarlos para contribuir a un debate más ordenado que permita superar los entrampamientos actuales.

Los planos del tema son, por lo menos, los siguientes:

a. El temor de que la utilización de semillas transgénicas «contamine» otras plantas, provocando impactos negativos, sobre todo al reducir la biodiversidad.

b. El temor de que los productos originados en semillas transgénicas impacten negativamente sobre la salud humana.

c. El derecho de los consumidores de alimentos finales de saber si estos contienen insumos transgénicos, por el riesgo eventual que pueden tener sobre la salud. El hecho de que tengan impactos negativos sobre la salud es aún materia de controversia; lo que no está en controversia es el derecho de los consumidores de conocer la composición de los insumos que contienen los productos que consumen(3).

d. La concentración de la investigación, la producción y la distribución de semillas transgénicas por oligopolios transnacionales, lo que les da ventajas económicas monopólicas, control sobre la orientación de la producción y poder sobre los productores agrarios. En el Perú, este es hoy el punto central del debate (quizá junto con el punto c) suscitado por la designación, en la dirección del INIA, de funcionarios vinculados a la industria de transgénicos.

e. En el mediano y largo plazo, el temor de que las variedades de semillas transgénicas empobrezcan la biodiversidad al desplazar variedades de plantas de menor rentabilidad económica.

En el presente artículo no hay espacio para desarrollar una argumentación, pero sí para ofrecer alguna información que ayude a contextuar el debate. Sea esta la ocasión para ratificar el apoyo claro de La Revista Agraria a la vigencia de la Ley 29811 y para manifestar nuestra preocupación por lo que, efectivamente, puede ser una velada estrategia para debilitarla y, en el extremo, derogarla.

Las regiones anticiparon la Ley de Moratoria

La Ley de Moratoria de 2011 no fue la primera norma que limitaba la utilización de las semillas transgénicas. En el Perú, la mayoría de gobiernos regionales han declarado a su respectiva región, mediante ordenanzas—la primera data de 2007—, como «libre de transgénicos». Así lo hicieron los gobiernos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Región, Loreto, Madre de Dios, Puno y San Martín(4). A pesar de estas prohibiciones, desde 2007 se detectó la presencia de transgénicos en el valle de Barranca, y, en tiempos más cercanos, en diferentes localidades de los departamentos de Piura y La Libertad.

Los transgénicos en el mundo

En los años recientes, en el planeta se cultivaron 170 millones de hectáreas con semillas transgénicas. El 90 % de estas tierras se dedica al maíz, la soja, la colza y el algodón. Apenas cuatro países —Estados Unidos (69.5 millones de hectáreas), Brasil (36.6 millones), Argentina (23.9 millones) y Canadá (11.6 millones)— representan el 83.3 % del área total sembrada con semillas transgénicas (5). En Europa, España es, largamente, el país que más las utiliza (131 mil hectáreas en 2014, lo que representa más del 90 % del total europeo). La política de la Unión Europea—definida recientemente— es dejar a los países asociados en libertad para adoptar o no adoptar semillas transgénicas. Dos de los principales países de la UE, Francia y Alemania, prohíben su uso.

Alrededor del 60 % del mercado mundial de semillas transgénicas está dominado por un reducido número de corporaciones: Monsanto, Dupont, Syngenta, Basf y DowAgroSciences. Las mismas empresas controlan también el 76 % de los agroquímicos. Como anota el diario español El País, «las compañías que fabrican los herbicidas son las mismas que diseñan las semillas que los soportan»(6).

La posición de la FAO

La FAO es una entidad intergubernamental, por lo que sus opiniones institucionales están limitadas por las decisiones de los gobiernos nacionales que la integran. Pero, como ente técnico, sus opiniones son valiosas y deben ser tomadas en consideración. La FAO reconoce que la modificación genética puede, en algunas circunstancias, aumentar la producción y la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria, pero afirma que «a pesar de lo que se dice, no se requieren semillas transgénicas para resolver los problemas del hambre actuales». Respecto a los riesgos de contaminación de otras especies por el uso de semillas transgénicas, afirma que ello es aún materia de debate científico, pero que puede constituir una amenaza a la agrodiversidad, sobre todo si son cultivadas en sus centros de origen. Sostiene, aún más, que una vez que estas semillas se difunden ampliamente, no será factible dar marcha atrás (7).

Concluyendo: es claro que la discusión del tema de los organismos genéticamente modificados aborda ámbitos muy amplios y complejos y no puede limitarse a las simplificaciones poco convincentes que suelen caracterizar a los argumentos de uno y otro lado. Puesto que el tema es importante y nos atañe a todos, es indispensable un debate más sustantivo y mejor informado, que, al mismo tiempo, provoque el interés del gran público.

Notas

1 Sociólogo. Director de LRA y presidente del Cepes.

2 Alberto Dante Maurer Fossa, jefe del INIA; Enrique Fernández Northcote, asesor técnico de la Jefatura; Luis Julio César De Stefano Beltrán, director de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico Agrario.

3 Más aún, existe la Ley 29571, o Código de Protección y Defensa del Consumidor—promulgada en 2010—, que obliga a la industria alimentaria a hacer constar en las etiquetas de los productos finales la utilización de insumos transgénicos, pero que, luego de cuatro años, todavía no se aplica por falta de reglamentación.

4 Ver, de Aspec:«Regiones libres de transgénicos. Retos y tareas pendientes». http://bit.ly/1L3KWcd

5 El País digital. 28 de abril de 2013.

6 Ibíd.

7 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). «Frequently asked questions about FAO and agricultural biotechnology».

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/biotech/docs/faqsen.pdf

«El perro del hortelano» y la «inclusión»: el mismo vino en distinto odre (Editorial de La Revista Agraria 169)

noreply@blogger.com (Anonymous) — Mon, 09 Feb 2015 17:22:00 +0000

Escrito por Fernando Eguren, director de La Revista Agraria

LRA: http://bit.ly/1K8JbJl

Estamos a poco más de un año de la realización de nuevas elecciones presidenciales y es sorprendente lo poco que se ha avanzado en el tratamiento de temas que, al comienzo del gobierno del presidente Ollanta Humala, parecía que iban a marcar una diferencia con el gobierno de Alan García.
En un inicio, el tema de la limitación a la extensión de la propiedad en tierras rurales estuvo en la agenda del presidente. En tal sentido, este dio instrucciones a los sucesivos ministros de Agricultura —Caillaux, Ginocchio y Von Hesse— para que abordaran el tema. Finalmente, ninguno lo hizo, a pesar de los ofrecimientos de que «algo» se haría si el censo agropecuario realizado en 2012 demostraba que, en efecto, estaba ocurriendo un proceso de concentración de la propiedad. Para cuando el actual ministro, Juan Benítez Ramos, recibe el cargo, ya esa iniciativa gubernamental se había extinguido.

En varios números de La Revista Agraria hemos mostrado que los niveles de concentración en la costa estaban ya superando los existentes antes de la reforma agraria de 1969-1975. Mostramos, también, que el Estado es un agente activo en la formación de estos nuevos latifundios, pues las tierras ganadas al desierto —gracias a grandes inversiones públicas— las transfiere a corporaciones, excluyendo a pequeños y medianos inversionistas de toda posibilidad de acceder a esas tierras, para no mencionar a pequeños y medianos agricultores. En algunos departamentos de la costa ya se ha restablecido una agricultura bimodal, con extremos de latifundios y minifundios, polarización que, en décadas pasadas, había sido considerada inconveniente por razones económicas, sociales y políticas, no solo por la izquierda política, sino también por la centroderecha urbana.

Es un síntoma del conservadurismo dominante en amplios sectores de la sociedad peruana, incluyendo el propio campo, el que esta concentración de la propiedad rural no suscite ninguna preocupación a pesar de que está contribuyendo al retroceso de la democratización de la sociedad rural a la que la reforma agraria tanto contribuyó. Ni siquiera se conmovió cuando Alan García escribió su artículo sobre el síndrome del perro del hortelano, publicado por El Comercio en octubre de 2007, en el que afirmaba que los campesinos, al ser pobres y «no saber», deberían convertirse en los asalariados de los grandes inversionistas, que «sí tienen recursos» y, además, saben cómo usarlos. Como tampoco lo hace cuando, bajo la prédica de la «inclusión», lo que se está haciendo es no solo continuar activamente con el esquema de grandes inversiones para la formación de neolatifundios, sino que se están debilitando los derechos de los campesinos y comunidades sobre las tierras, con normas sibilinamente camufladas en los «paquetitos» que, supuestamente, conducirán a la reactivación de la economía del país.

El lector encontrará en este número de La Revista Agraria suficiente sustento para nuestras críticas. http://bit.ly/1zQmvfE

Cosechando opiniones - Fernando Eguren

“El que los pequeños productores agrarios no reciban el apoyo necesario es principalmente un asunto de poder”

«En América Latina, los brasileños y los peruanos fueron de lejos los mayores consumidores de comida rápida»

El Perú: anfitrión de evento internacional sobre el derecho a la alimentación

Perú: sede de evento latinoamericano de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre

¿Los industriales vs. la alimentación saludable?

Poner al centro del debate los temas estructurales

¿Campesino, indígena o agricultor familiar?

Una primera mirada a la nueva Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021

Gestión del riesgo y cultura preventiva

Por el Día del Campesino, aprueban la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar

Breve historia de la agroexportación en el Perú

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: ¿Salud pública versus intereses privados?

Agricultores familiares : No todos son iguales ni necesitan lo mismo

Los límites de la propiedad agraria: nuevamente en discusión

DESCARGA‬ el libro: “Contribución de la ‪‎Agricultura Familiar‬ al sector Agropecuario en el Perú”

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: Un reglamento a medias​

Nuevos vientos en Conveagro : La propuesta agroecológica se hace más presente

El Perú debe utilizar su riqueza genética para enfrentar al cambio climático

Guía para una buena alimentación, Brasil da el ejemplo (Editorial de La Revista Agraria)

Concentración de tierras en el Perú: Una verdad que no se puede ocultar

¿Qué estamos haciendo para detener la desertificación de los suelos? Nuestra producción agrícola está en peligro

El Agro en Tiempos de Humala

La “comida chatarra”: una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos

La moratoria de ingreso y producción de semillas transgénicas está en riesgo

«El perro del hortelano» y la «inclusión»: el mismo vino en distinto odre (Editorial de La Revista Agraria 169)

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable: Un reglamento a medias