ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN JURÍDICA ECAJ

MODELO DE RECURSO DE QUEJA POR DENEGATORIA DE APELACIÓN

2016-09-10T22:53:00.000-07:00

EXP.:

SEC.:

SUMILLA: RECURSO DE QUEJA POR DENEGATORIA DE APELACIÓN

REFERENCIA: EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA N° 04531-2015-0-3203-JP-FC-01. 1º JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL AGUSTINO.

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE FAMILIA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE EL AGUSTINO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE:

XXXXXXXXXX, identificado con DNI N° 42694754, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXX; señalando domicilio procesal en XXXXXXXXXXXXXXX; a usted atentamente digo lo siguiente:

Que, la señora MIRELLA XXXXXXXXXXXXX, en el año 2015, interpuso demanda de ALIMENTOS, la misma que la dirigió contra mi persona XXXXXXXXXXXXXX, generándose así el Expediente N° 04531-2015-0-3203-JP-FC-01 ; la cual se encuentra en el 1º JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL AGUSTINO; Especialista Legal: Nalda Melina Antaurco Flores. Ahora bien, en el referido proceso mediante resolución N° 07, se me ha denegado arbitrariamente mi apelación de sentencia formulada; por lo que formulo recurso de queja por denegatoria de apelación.

I.- CUESTIÓN PREVIA: DESIGNO ABOGADOS Y SEÑALO DOMICILIO PROCESAL:

Que, conforme al artículo 80º del CPC conferimos las facultades generales de representación a favor de los abogados: xxxxxxx, con reg. C.A.L. nro. 45045 xxxxxxx, con registro C.A.L. nro. 52609, y xxxxxxxxxx, con registro CAL N° 42869; conforme lo prevé el numeral 74º del mismo cuerpo legal acotado; para lo cual manifiéstanos estar instruidas de las facultades conferidas y de sus alcances, y señalo como domicilio el indicado en el exordio del presente documento.

II.- QUEJA POR IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACÍON:

Que, habiendo tomado conocimiento en la fecha (mediante el CEJ del Poder Judicial) de la emisión de la resolución N° 07 de fecha 11 de agosto del 2016, mediante la cual se ha dispuesto declarar improcedente la apelación interpuesta por mi parte, por las razones que ahí se detallan; acudo a su digno Despacho, a fin de que, no estando conforme con la parte resolutiva de la precitada resolución, por ser desfavorable a mis intereses, de conformidad con el artículo 401° del Código Procesal Civil, interpongo Recurso de Queja por Denegatoria de Recurso de Apelación, contra la mencionada resolución N° 07; la finalidad del presente recurso es que en aplicación del principio de pluralidad de instancia, se me conceda la apelación que he formulado, y sea revisada la sentencia y revocada por el Superior en grado, en mérito a las consideraciones fácticas y jurídicas que a continuación detallo:

III.- SUSTENTO DEL RECURSO.-

3.1.- Que, en forma oportuna presente el recurso de apelación contra la SENTENCIA contenida en la resolución N° 05 de fecha 29-02-16, que resolvió declarar FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA INCOADA. Al respecto, mi recurso de apelación contra la resolución N° 05, fue elaborado en forma clara, precisa, concreta, se expusieron las pretensiones impugnatorias, el sustento del recurso, los fundamentos jurídicos y la naturaleza del agravio.

3.2.- Que, pese a los fundamentos de mi recurso de apelación y haberse presentado dentro del término de ley, el A quo, mediante la resolución N° 07 de fecha 11 de agosto del 2016, declara extemporánea mi recurso de apelación formulado contra la sentencia contenida en la resolución N° 05, exponiendo como argumento de su improcedencia en la Resolución N° 07, considerando tercero, lo siguiente: “(…) conforme al reporte SIJ que tiene a la vista, se puede advertir que el demandado fue notificado con la resolución cuatro y cinco (este último la sentencia), el 15 de Julio (sic), siendo el último día para interponer el recurso el 20 de Julio (sic)”.

Al respecto, expongo argumentos que evidencian una conducta irregular del a quo.

ü Resuelve mi recurso de apelación sin haber tenido a la vista el cargo devuelto de la notificación de la sentencia, solo lo resuelve con una supuesta visualización del SIJ.

ü Según la visualización del CEJ del Poder Judicial, se puede verificar que recién la central de notificaciones recepciona la notificación con el contenido de la resolución N° 4 y 5, el 13 de julio de 2016, entonces lo prudente seria preguntarse desde cuándo físicamente lo tiene el personal para la notificación del mismo (14, 15 o 18 de julio), para saber si guarda consonancia con la supuesta fecha de notificación de la sentencia, conforme lo expone el a quo en la resolución N° 07.

3.3.- Ahora bien, se hace necesario indicarle a su judicatura que la resolución que declara fundada en parte la demanda (res.05 de fecha 29-02-16), ha sido notificada a mi domicilio procesal Recién con fecha 01 de agosto de 2016 (no como erradamente lo expone el a quo); por lo que la misma fue impugnada con fecha 03 de agosto de 2016, tal como lo puede verificar su despacho del cargo de notificación que se adjunta en copia para su conocimiento, corroborándose así que mi escrito de apelación fue perfectamente presentado al Juzgado DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LEY.

3.4.- En el marco desarrollado, haciendo una simple operación matemática, se puede concluir que teniendo el plazo de cinco días para apelar la sentencia, precisamente la apelación ha sido presentado dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES, plazo que vencía el día 08 DE AGOSTO DEL 2016. No se cuenta ni sábado ni domingo. De tal modo, existe un errado computó del plazo realizado por el A Quo.

3.5.- Sin perjuicio de que el superior deberá corregir el error que se advierte, es de precisarle que la naturaleza del presente proceso es diferente a la de otros procesos ordinarios, por la calidad de pretensiones que son sometidas a resolución, en tal sentido, este tipo de percances deben ser sancionados a efectos de que no vuelvan a ocurrir, tratándose en el caso que nos ocupa de una resolución que resuelve “declarar extemporánea” una apelación de sentencia, situación que causa indefensión a mi parte, por ello deberá su despacho adoptar y aplicar las medidas correspondientes a efectos de que no se vuelva a incidir en este tipo de situaciones, que solo generan dilación y carga procesal innecesaria.

3.6.- Del mismo modo, resulta propicio traer a colación lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el EXP. N.º 00535-2009-PA/TC^{^[1]}, LIMA, RODOLFO LUIS OROYA GALLO, a razón de que se tenga en consideración dicho fundamente a la hora de resolver: Fundamento trece: “Al respecto, este Colegiado considera que NINGUNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA (…), NO PUEDE CIRCUNSCRIBIRSE A UNA MERA APLICACIÓN MECÁNICA DE LAS NORMAS, sino que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable y proporcional”.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Código Procesal Civil

-Artículo 401°

-Artículo 403°:

V.- ANEXOS.-

1.A.- Copia del escrito de apelación de fecha 03-08-16. (05) folios.

1.B.- Copia de la resolución 05 de fecha 29-02-16 y cédula de notificación. (06) folios.

1.C.- Impresión de la resolución 07 de fecha 14-07-15 (improcedencia de apelación) y no adjunto cédula de notificación puesto que a la fecha no he sido notificado con la referida resolución. (01) folios.

1-D.- Impresión del CEJ del Poder Judicial a fin de acreditar que recién con fecha 13 de julio de 2013, la central recepciona el contenido de la resolución N° 05.

POR TANTO:

Señor Magistrado, sobre la base de los argumentos esgrimidos, solicito se declare Fundado el Recurso de Queja, y que se conceda el recurso de apelación interpuesto por mi parte contra la sentencia contenida en la resolución N° 05.

Lima, 29 de agosto del 2016.

([1]) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00535-2009-AA.html

TUTORÍAS PARA EL CURSO TALLER DE TÉCNICAS DE REDACCIÓN DE ESCRITOS LEGALES

2016-05-08T11:45:00.001-07:00

ESTUDIOS LEGALES

TUTORÍA PARA EL CURSO TALLER

TÉCNICAS DE REDACCIÓN DE ESCRITOS LEGALES

Del 14 de marzo al 02 de julio de 2016

I. OBJETIVO:

Esta asignatura está ubicada en el área de la formación de abogados noveles, bachilleres y/o estudiantes de derecho; el objetivo es brindar conocimientos, herramientas y destrezas que el participante necesita para una formación profesional óptima. La tutoría para el curso taller de capacitación le permitirá conocer los métodos y técnicas para la redacción escrita de demandas, solicitudes cautelares, medios impugnatorios y demás escritos legales que son utilizados en el desarrollo profesional del abogado litigante.

II. PROGRAMA ACADÉMICO

FECHA	TEMA	PROFESOR	HORAS
14/05	La Demanda	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m.
21/05	La Contestación de Demanda	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m.
28/05	Las Defensas Previas, Excepciones y Cuestiones Probatorias	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m.
04/06	Los Medios Impugnatorios: Recursos y Remedios	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m.
11/06	Despacho Judicial: Mecanismos de Articulación de un Juzgado	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m
18/06	Casuística – elaboración de una demanda, contestación, Defensa de Forma y Medio Impugnatorio	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m.
25/06	La Medidas Cautelares	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m
02/07	Casuística – elaboración de Medidas Cautelares	Freddy Sergio Pillaca Huacles	9:30 p.m. – 1:30 p.m.

III. DIRIGIDO A

Estudiantes y profesionales del derecho en general.

IV. TOTAL HORAS ACADÉMICAS

Total horas académicas: 40 horas

V. DERECHOS ACADÉMICOS

El valor de la tutoría para el Curso Taller es de S/. 800.00 (ochocientos nuevos soles), el mismo que comprende:

- S/. 100.00 (cien nuevos soles) materiales

- S/. 700.00 (setecientos nuevos soles) por derechos académicos

Materiales

Se entregará un folder conteniendo los siguientes materiales:

Manual práctico sobre Redacción, Gramática y Sintaxis

Manual práctico sobre Argumentación Jurídica

Modelos de escritos legales:

- Demanda en proceso Sumarísimo, Abreviado, Conocimiento, Único de Ejecución y No Contencioso.

- Solicitudes Cautelares de Futura Ejecución Forzada, Temporal Sobre el Fondo, Innovativa, No Innovativa y Genérica.

- Medios Impugnatorios: Recursos y Remedios.

- Escritos legales de apersonamiento, intervención de tercero, acumulación, excepciones, defensas previas, tachas, oposición, entre otros.

VI. SOBRE PAGO

El alumno puede acercarse a la Oficina de Administración de la Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica, en el horario de 8:00 am – 1:00 pm y 2:00 pm – 6:00 pm) para efectuar el pago.

Se puede fraccionar hasta en tres (03) cuotas el pago.

Asimismo, pueden hacer el pago en la siguiente cuenta:

Banco de la Nación:

Cuenta Corriente N.º 04-019-667206

Banco de la Continental:

Cuenta Corriente N.º 0011-0101-02-00387693

Las personas que realicen el pago en la cuenta, deberán remitir la constancia de pago a los siguientes correos: asesor_juridicof@thotmail.com; o freddysp30@hotmail.com (persona de contacto: Dayana Pariona).

NOTA: Las inscripciones se realizaran del 24 al 14 de mayo de 2016.

VII. CERTIFICACIÓN

La certificación de la tutoría solo se entregará al alumno que obtenga promedio final aprobatorio.

Al alumno que desapruebe en la tutoría pero que cumpla con la asistencia mínima exigida se le entregará un certificado de participación.

VIII. INFORMACIÓN

Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica ECAJ

Teléfonos: 9971-52097

IX. Sistema de Evaluación

Desarrollo permanente de casuística en la tutoría.

En la evaluación final la nota mínima: 14 (catorce)

HORA: 9:30 A.M. A 01:30 P.M. (HORA EXACTA)

Dr. Freddy Sergio Pillaca Huacles

Director

Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica ECAJ

MODELO DE SOLICITUD DE EJECUCIÓN ANTICIPADA DE SENTENCIA DENTRO DE UN PROCESO CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO

2016-02-28T13:51:00.002-08:00

EXPEDIENTE : 576188-2015-0-1801-JR-CI-11

ESP. LEGAL : ASTETE

CUADERNO : CUATELAR

SUMILLA : EJECUCIÓN ANTICIPADA DE SENTENCIA y otro

SEÑOR JUEZ DEL DÉCIMO PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL Sub Especializado en Asuntos Tributarios, Aduaneros e INDECOPI DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

Saturnino Hilario Ichpas, identificado con DNI N° 07082566, con dirección domiciliaria en Pasaje Ingenieros N° 155, la Molina; señalando domicilio procesal en xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx; en los seguidos contra la MUNICIPALIDAD DE LA xxxxxxxxxx, sobre ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO; a Ud. atentamente digo:

I.- Caso especial de procedencia:

El artículo 22 del Código Procesal Constitucional establece que: “(…). La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación anticipada”.

El TC ha señalado que: “podrá concederse la actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado, tanto de sentencias que no hayan sido apeladas pero que aún puedan serlo, como de sentencias que ya hayan sido apeladas”. La actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado se entiende sólo respecto de sentencias de condena. Asimismo: la sentencia estimatoria de primer grado debe contener un mandato determinado y específico (mandato líquido), de acuerdo a lo establecido por el inciso 4 del artículo 55 del Código Procesal Constitucional, en el cual debe sustentarse el mandato contenido en la actuación inmediata.

Tal técnica de aceleración, ha sido desarrollada por el TC en su sentencia de fecha 15 de marzo de 2010, dictada en el expediente: 00607-2009-PA/TC, estableciendo, como precedente, los siguientes presupuestos procesales para su aplicación:

¾ No irreversibilidad: la actuación inmediata no debe generar un estado de cosas tal que no pueda revertirse más adelante; en caso contrario, no procederá la actuación inmediata.

¾ Proporcionalidad: no obstante que, por regla general, el juez debe conceder la actuación inmediata; al momento de evaluar la solicitud, éste deberá tener en cuenta también el daño o perjuicio que puede causarse a la parte demandada, ponderando en todo caso, el derecho de éste a no sufrir una afectación grave en sus derechos fundamentales y el derecho de la parte demandante a no ser afectada por la dilación del proceso; de manera que la actuación inmediata no aparezca en ningún caso como una medida arbitraria, irracional o desproporcionada.

¾ No será exigible el otorgamiento de contracautela. Sin embargo, de modo excepcional el juez puede solicitarla cuando las pretensiones amparadas posean algún contenido patrimonial, y siempre atendiendo a criterios de proporcionalidad.

En el presente caso, he obtenido una sentencia de primera instancia que declara fundada mi demanda de cumplimiento, por lo que me encuentro en la causal de procedencia especial de la Ejecución Anticipada de sentencia.

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA:

1. No irreversibilidad: El TC ha establecido, como precedente, que la actuación inmediata no debe generar un estado de cosas tal que no pueda revertirse más adelante. En dicha línea, la sentencia ha FALLADO en los siguientes términos:

ü DECLARAR FUNDADA la demanda de proceso de cumplimiento interpuesta por SATURNINO HILARIO ICHPAS contra la MUNICIPALIDAD DE LA xxxxxxxxxxxxxxxx.

ü Ordenar que en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 013-93-DIPER, la demandada pague a la demandante la suma de S/.25,162.43 Nuevos Soles, más devengados, intereses y costos

2. La sentencia que ampara la demanda principal ha sido impugnada, empero, ello no impide la ejecución anticipada, ya que si bien el Superior jerárquico posteriormente puede resolver de forma contraria a lo decidido en la primera instancia, situación que es casi imposible por los argumentos de contestación de demanda “el acto es inejecutable por el tiempo transcurrido” y la constante línea jurisprudencial de las Salas Civiles de Lima que sobre las mismas pretensiones han resuelto en grado de apelación, no obstante de ello, sería de fácil reversibilidad, en tanto que el demandado podrá solicitar el reembolso de lo pagado, de ser el caso.

Resulta prudente citar algunas Sentencias de Vista que resolvieron sobre la misma pretensión (cumplimiento de acto administrativo), para efectos de afirmar que la impugnación presentada por la demandada contra la Sentencia N° 05, no podrá revertir los términos resueltos en la misma (Sentencia N° 05):

Expediente N° 60950-2008

¾ Demandante: Yolanda Hxxxxxx y otros

¾ Demandado: Municipalidad de xxxxxxxx

¾ Petitorio: Se cumpla con la Resolución Administrativa N° 0531-95-A

¾ La Quinta Sala Civil de Lima resuelve: confirma la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda de cumplimiento

Expediente N° 3106-2011

¾ Demandante: Marcial xxxxxxxxxxxxxxx

¾ Demandado: Municipalidad de xxxxxxxxxxxxx

¾ Petitorio: Se cumpla con la Resolución Administrativa N° 887-91-AL y N° 0497-06-AL/MDL

¾ La Cuarta Sala Civil de Lima resuelve: confirma la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda de cumplimiento.

Expediente N° 2330-2011

¾ Demandante: Aurelia xxxxxxxxxxxxxxx

¾ Demandado: Municipalidad de xxxxxxxxxxxxx

¾ Petitorio: Se cumpla con la Resolución de Alcaldía N° 679-2002-A

¾ La Tercera Sala Civil de Lima resuelve: confirma la sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda de cumplimiento.

Por otro lado, es importante señalar que el Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades ha marco línea jurisprudencia a fin de sostener que los beneficios sociales tienen carácter alimentario y que no prescriben puesto que el daño se continua dando en el tiempo “por la naturaleza alimentaria de la misma”.

3. Proporcionalidad: Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, debe indicarse que está en juego el derecho de un ex trabajador del municipio (demandado) que luego de haber culminado su relación laboral en los años 1993, peticiona que la demandada cumpla con el acto administrativo que reconoce el pago de sus beneficios sociales conforme a ley, más específicamente, se le pague su compensación por tiempo de servicios, pago que en esencia tiene una finalidad primordial, poder brindar posibilidades económicas para que pueda subsistir como una persona anciana. Así, no se genera ningún perjuicio a la demandada; resulta todo lo contrario, ya que es un derecho que surge al término de la relación laboral, reconocido por un acto administrativo desde el años 1993, y que no habiéndose cumplido el mismo de manera oportuna se configuro el abuso del derecho, toda vez que resultaba casi imposible para un ex trabajador como mi persona con avanzada edad (precisando: 73 años en el momento de la culminación de mi relación laboral) solventar los gastos de un letrado y todo un proceso para que recién por mandato judicial este (demandado) cumpla con su obligación. Por tanto, el suscrito considera, que la Municipalidad de La Victoria debe proceder a ejecutar inmediatamente la sentencia dictada en autos, primero, porque no existe argumento para que no cumpla con el acto administrativo materia de litis; segundo, puesto que la esencia y naturaleza de una sentencia constitucional tiene por finalidad hacer respetar los derechos fundamentales de las personas, que es el fin de nuestra Constitución de conformidad con su artículo 01.

4. No necesidad de contracautela: Es pertinente partir de lo preceptuado por el artículo 615 del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria- puesto que al tener sentencia judicial fundada en primera instancia no resulta necesario ofrecer contracautela.

Cabe señalar que, al ser un acto administrativo que de manera explícita reconoce la suma de dinero que me adeuda la demanda por mis beneficios sociales (derecho); entonces, resulta innecesaria la contracautela, más si observamos que solo estoy requiriendo que se cumpla con un acto administrativo que ellos mismos expidieron, que tiene la calidad de cosa decidida y donde de manera explícita ellos mismos me reconocen lo que por derecho me corresponde.

III.- Pretensión:

Solicito se ordene la ejecución anticipada de LA sentencia CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN n° 05, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016; consecuentemente se disponga a la demanda, Municipalidad de La xxxxxxxxxxxxx, cumpla con los términos de la misma, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones establecidas en los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional.

IV.- Exposición de los fundamentos de la pretensión:

1. He trabajado para la Municipalidad de la xxxxxxxxxxxxx por más de 28 años, habiendo cesado en mis funciones por límite de edad en el año 1993.

2. Luego de haber cesado como trabajador nombrado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, por límite de edad; solicite a la Municipalidad de la Victoria a fin de que cumpla con pagarme mis beneficios sociales.

3. La solicitud fue aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 01224-93-ALC de fecha 22 de octubre de 1993, es así que, se expide la Resolución Directoral N° 013-93-DIPER, la cual en su parte resolutiva determino: “Otorgar a favor de don SATURNINO HILARIO ICHPAS ex servidor obrero de la institución, el total de su compensación por tiempo de servicios, cuyo monto asciende a la suma de VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTIDOS Y 43/100 NUEVOS SOLES (s/ 25,162.43) por sus (28) años, (11) meses y (17) días de servicios prestados al Municipio, conforme a la liquidación practicada por la Unidad de Beneficios y Pensiones”.

4. Es así que, al no haberse cumplido con el acto administrativo recurrí vía acción a la instancia judicial a efectos de que se ordene su estricto cumplimiento.

5. Ahora bien, la secuencia del proceso es la siguiente: i) Se admite la demanda, ii) Se corre traslado, iii) Se contesta, iv) Se expide sentencia judicial declarando fundada la demanda en todos sus extremos y v) Se presenta recurso de apelación por el demandado (pendiente de resolver).

V.- Peligro en la demora:

No está demás advertir que a la fecha tengo más de 95 años de edad y lo cual hace de manifiesto mi urgencia para efectos que la demandada me pague de manera inmediata lo dispuesto en el acto administrativo materia de litis, ya que por mi estado de salud y mi avanzada edad en cualquier momento puedo dejar de existir; evidentemente de ocurrir tal supuesto “que no es muy lejano” y no haya podido cobrar lo que me debe la demandada, entonces si se concretizaría la irreparabilidad del daño ocasionado por el no cumplimiento del acto administrativo de forma oportuna.

VI.- Anexos requeridos:

1-A Copia del Documento Nacional de Identidad.

1-B Copia de los anexos de demanda.

1-C Copia de la demanda.

1-D Copia a del auto que admite la demanda

1-E Copia de la sentencia que declara fundada la demanda en primera instancia

1-F Copia de la sentencia de vista de fecha 13 de enero de 2011

1-G Copia de la sentencia de vista de fecha 20 de agosto de 2014

1-H Copia de la sentencia de primera instancia de fecha 30 de noviembre de 2011 y la resolución de cúmplase lo ejecutoriado.

POR LO EXPUESTO:

A usted señor Juez, pido se dicte la medida solicitada.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, no acompaño recibo de Tasa Judicial alguna, ni cédulas de notificación, porque la causa versa sobre materia constitucional, estando exento de la presentación de los mismos por la naturaleza de la pretensión.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Suscribo el presente recurso al amparo del artículo 290 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

MODELO DE MEDIDA CAUTELAR TEMPORAL SOBRE EL FONDO - SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA

2016-02-21T09:24:00.003-08:00

EXP.: 2467-2013

ESP.:

CUA.: CAUTELAR

ESC.: 01

SUM.: PETITORIO DE MEDIDA CAUTELAR

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE ATE VITARTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE:

ALFREDO RXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nº 06569030, con domicilio real en Calle Central N° 116, Ate Vitarte - Lima, y señalando DOMICILIO PROCESAL en casilla N° 34455 del Colegio de Abogados de Lima - sede Palacio de Justicia de Lima; y CASILLA ELECTRÓNICA N° 2645; a usted atentamente digo:

I. PETITORIO CAUTELAR:

Que, encontrándose debidamente acreditado mi derecho y por necesidad impostergable, vengo a solicitar a su Despacho se sirva concederme MEDIDA CAUTELAR TEMPORAL SOBRE EL FONDO, consistente en la suspensión de la retención de mi remuneración y demás beneficios que mes a mes realiza mi empleadora Municipalidad de Ate Vitarte por pensión de alimentos, la cual fue otorgada a favor de mi hijo CARLOS ALFREDO XXXXXXXXXXXXXX (25 años de edad) y mi cónyuge MARGARITA XXXXXXXXXXXXXXXXX (55 año de edad), en un porcentaje igual al 8.33% cada uno (16.66%), la cual fue fija en el proceso de alimentos que me siguiera doña Margarita Ureta Alvarado por ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, expediente signado con el número 194-1999-FC (desarchivamiento se asigna el N° 1115-1999-FC), especialista Víctor Mendoza Balvín.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO DE ADMISIBILIDAD.-

En el proceso principal ha sido calificada y admitida mi demanda de exoneración de alimentos, cumpliendo así con un requisito de admisibilidad del presente petitorio.

2. VEROSIMILITUD DE MI DERECHO.-

Mi derecho de petición de exoneración de pensión de alimentos se encuentra debidamente acreditado en la demandada, bajo los siguientes argumentos:

Mi hijo Carlos tiene en la actualidad 25 años de edad, con una carrera concluida en el instituto de SENATI, la cual como es evidente fue solventada por mi persona, no se encuentra en estado de discapacidad, cuenta con un trabajo estable y seguro médico (conforme a los medios probatorios aportados en la demanda).

Mi cónyuge Margarita tiene en la actualidad 55 años de edad, con un negocio propio de venta de abarrotes y otros, que le genera ingresos para su alimentación, no se encuentra impedida de trabajar, no tiene un estado de necesidad y, es más, cuenta con un seguro médico puesto que oportunamente la asegure en ESSALUD por ser mi cónyuge (conforme a los medios probatorios aportados en la demanda).

3. NECESIDAD IMPOSTERGABLE DE UNA DECISIÓN PREVENTIVA POR CONSTITUIR PELIGRO LA DEMORA DEL PROCESO.-

En la actualidad me encuentro delicado de salud. Así también, tengo dos menores hijos: Dominick (09 años de edad) y Nicolás (06 años de edad), a los cuales tengo que brindar alimentos y todas las necesidades propias de su edad para un desarrollo integro “físico y espiritual”, siendo la única fuente de subsistencia familiar mi remuneración mensual que percibo en calidad de trabajador de la Municipalidad de Ate Vitarte, por ello, necesitó en forma impostergable la sus pensión de la retención de mi remuneración por pensión de alimentos, debido a que estamos siendo (refiriéndome a mis hijos menores y mi persona) privados de parte de nuestra única fuente de subsistencia sin que existe una situación que lo justifique meridianamente.

Cabe señalar que, la demora de la secuela del proceso constituye un peligro natural que solamente beneficia a los demandados; primero, porque seguirán percibiendo una pensión de alimentos sin tener el derecho para ello; segundo, porque mis hijos y yo pasamos graves necesidades económicas; y tercero, porque pueda resultar que al final del proceso se convierta en un extemo ilusoria la decisión judicial, puesto que del modo de actuar de los demandados no podre recuperar todo lo que se me viene y se me seguirá descontando por pensión de alimentos -hasta poder obtener una sentencia judicial firme favorable a mis intereses-.

4. CONTRACAUTELA.-

Como contracautela ofrezco caución curatoria hasta por el monto que el Juzgado considere necesario, para lo cual cumplo con legalizar mi firma ante el Secretario Cursor, conforme a ley.

5. ORGANO DE AUXILIO JUDICIAL.-

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 647 del Código Procesal Civil, por tratarse de una MEDIDA TEMPORAL SOBRE EL FONFO debe designarse como órgano de auxilio judicial a la MUNICIPALIDAD DE ATE VITARTE a efectos de que suspenda la retención de mi remuneración y demás beneficios sociales. Para ello señalo su domicilio ubicado en Av. Nicolas Ayllon N° 5818 Vitarte – Ate: a efectos de que se oficie con su mandato.

6. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SOLICITADA.-

Por el mérito de los fundamentos precedentemente expuestos, se acreditan fehacientemente los presupuestos legales contenidos en el Art. 611 y 674 del Código Procesal Civil, modificados por el Decreto Legislativo Nº 1069, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 28 de Junio del presente año; por cuyas razones y con arreglo a derecho solicito a su Despacho se sirva concederme la medida cautelar solicitada.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO:

Código Procesal Civil

Art. 610, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069

“Requisitos de la Solicitud”

“1. La verosimilitud del derecho invocado.

2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso”.

Art. 674 “Medida Temporal sobre el Fondo”

“Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el Juez va decidir en la sentencia...”

ANEXOS:

1-A Copia de la demanda y de sus anexos.

1-B Copia del auto admisorio de la demanda.

1-C Recibo de pago de la tasa judicial respectiva.

POR TANTO:

Sírvase Ud. Señor Juez, tener presente lo expuesto y acceder a la medida cautelar solicitada.

OTROSI DIGO: Que, SOLICITO se brinde las facilidades para efectos de poder diligenciar los oficios que se remitirán a la Municipalidad de Ate Vitarte; para ello autorizo a las siguientes personas: Victoria xxxxxxxxx, con DNI N° 39495070, y xxxxxxxxxxxxxxxxi, con DNI N°40503060; ello tiene una razón justificable, evitar el tramite burocrático que me perjudicaría.

Ate Vitarte, enero del 2014

MODELO DE DEMANDA DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS CON PRETENSIÓN SUBORDINA DE REDUCCIÓN DE ALIMENTOS

2016-01-25T12:44:00.001-08:00

Sec.

Exp. N°

Esc. N° 01

CUADERNO PRINCIPAL

SUMILLA: DEMANDA DE EXONERACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y OTROS

SEÑOR JUEZ DE PAZ LETRADO DE ATE VITARTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE:

ALFREDO RAMÓN CHOQUE LIZANA, identificado con DNI Nº 06569030, con domicilio real en Calle Central N° 116, Ate Vitarte - Lima, y señalando DOMICILIO PROCESAL en AV. BOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; y CASILLA ELECTRONICA N° 000000; a usted atentamente digo:

I.- DE LOS DEMANDOS Y SUS DOMICILIOS:

1.- CARLOS ALFREDO CHOQUE URETA, en calidad de hijo mayor de edad, con dirección domiciliaria en Manzana B, Lote N° 05, Asociación de Propietarios Los Álamos – Ate.

2.- MARGARITA URETA ALVARADO, en calidad de cónyuge, con dirección domiciliaria en Manzana B, Lote N° 05, Asociación de Propietarios Los Álamos – Ate. Así también, en su domicilio ubicado en Centro Poblado Gloria Alcanfores Lote 08 – Santa Clara - Ate.

II.- PETITORIO:

Que, acudo a vuestro Despacho a fin de interponer una pretensión procesal en forma acumulativa originaria subjetiva objetiva de las siguientes pretensiones procesales:

COMO PRETENSIÓN PRINCIPAL: Formulo DEMANDA DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS, la que dirijo contra mi hijo CARLOS ALFREDO CHOQUE URETA y mi cónyuge MARGARITA URETA ALVARADO, ello a fin de que su Despacho ordene dejar sin efecto la pensión de alimentos otorgada a los demandados en un porcentaje igual al 8.33% cada uno (16.66%) de mi remuneración y demás beneficios, la cual fue fija en el proceso de alimentos que me siguiera doña Margarita Ureta Alvarado por ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, expediente signado con el número 194-1999-FC (desarchivamiento se asigna el N° 1115-1999-FC), especialista Víctor Mendoza Balvín. Con expresa condena de pago de las costas y costos del proceso.

COMO PRETENSIÓN SUBORDINADA[1]: Formulo Demanda de Reducción de Pensión de Alimentos, la que dirijo única y exclusivamente contra mi cónyuge MARGARITA URETA ALVARADO, ello a fin de que su Despacho ordene la reducción de la pensión alimenticia de 8.33% al 2% de mi remuneración y demás beneficios. Cabe señalar que los alimentos (8.33%) se fijó en el proceso que me siguiera doña Margarita Ureta Alvarado por ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, expediente signado con el número 194-1999-FC (desarchivamiento se asigna el N° 1115-1999-FC), especialista Víctor Mendoza Balvín.

III.-FUNDAMENTOS DE HECHO:

III.1 SOBRE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE EXONERACIÓN DE ALIMENTOS.-

1.- Que, doña Margarita Ureta Alvarado en su condición de cónyuge y madre en representación de mis hijos (ahora uno de ellos demandado), me siguió un proceso de alimentos por ante el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, expediente 194-1999-FC (desarchivamiento se asignó el N° 1115-1999-FC), en la que se fijó mediante conciliación judicial como monto de la pensión de alimentos a favor de: i) Luis, ii) Alberto, iii) Edith Marisela, iv) José Ernesto, v) Natali Mirian, vi) Carlos Alfredo Choque Ureta; y vii) Margarita Ureta Alvarado en un suma correspondiente al 50% mensual de mis remuneraciones y otros beneficios, su equivalente a cada uno en el 8.33%, los mismos que se vinieron descontando mes a mes de mis remuneraciones y otros que percibo como Trabajador obrero de la Municipalidad de Ate Vitarte hasta el años 2008.

2.- Resulta señor Juez que, en el años 2008 inicie un proceso judicial de exoneración de alimentos, toda vez que los beneficiarios ya eran mayores de edad; Luis Alberto de 34 años de edad, Edith Marcela de 33 años de edad, José Ernesto de 32 años de edad, Calos Alfredo de 24 años de edad y Natali Mirian de 22 años de edad; y todos ellos se proveían de ingresos propios suficientes para solventar sus gastos de manutención, ya que trabajan de manera independiente en empresas o con negocios propios, además de haber formado su propia familia: mi hijo Luis Alberto y mi hija Edith Marcela y Natali Mirian, pues actualmente viven en compañía cada uno con sus parejas e hijos respectivamente.

3.- Así también, en la demanda solicite exoneración contra mi cónyuge Margarita quien tenía y sigue teniendo su propio negocio que le genera ingresos para su manutención, sin tener mayores responsabilidades, vale decir, deterioro físico, mental o emocional en su salud que pueda justificar la continuación de otorgarle pensión de alimentos, más aun si a ello agrego que ella nunca estuvo en estado de necesidad para obtener pensión de alimentos; sin embargo en dicha oportunidad (2008) opte por continuar dándole una pensión de alimentos que en esencia ya no le correspondía.

4.- Es así que, con fecha 30 de diciembre de 2008, el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Ate, expide sentencia judicial contenida en la resolución N° 10 (expediente N° 2164-2008), mediante la cual se declara fundada en parte mi demanda de exoneración de alimentos e infundada en el extremo de mi hijo Carlos Alfredo Choque Ureta y mi cónyuge Margarita Ureta Alvarado. El razonamiento del magistrado para efectos de declarar infundada la demanda en un extremo fue el siguiente:

Sentencia N° 10 de fecha 30 de diciembre de 2008, expedida por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Ate:

Considerando décimo: “Que respecto al demandado Carlos Alfredo Choque Ureta, según se aprecia de la partida de nacimiento que corre a fojas seis de autos, este nació el veinticinco de Noviembre de año mil novecientos ochentinueve, por lo que al momento de interponerse la demanda ya contaba con mayoría de edad, sin embargo, a fojas cuarentitres obra el cronograma de pagos y a fojas cuarenta y ocho la Constancia de Estudios de SENATI, en donde viene llevando sus estudios, teniendo en cuenta además que el propio demandante ha expresado su voluntad de seguir apoyando a su hijo en sus estudios superiores, conforme a su escrito de fojas noventa y uno de autos, teniendo en cuenta dicho supuesto como declaración asimilada de conformidad con el artículo 221 del Código Procesal Civil, razón por la que este extremo de la demanda no resulta atendible”.

(Las negritas y subrayado son agregados)

Desarrollo argumentativo:

A.- Efectivamente, en aquella oportunidad en la que interpuse la demanda de exoneración de alimentos opte por voluntad propia en seguir ayudando a mi hijo Carlos a fin de que pueda culminar sus estudios en SENATI, pese en que ya era mayor de edad y no iba bien sus cursos.

B.- Ahora bien, en la actualidad ya han transcurrido 7 años desde que se expidió la sentencia de exoneración de alimentos; y la cual me impulsa a interponer nuevamente la demanda con la misma pretensión “exoneración de alimentos”, toda vez que mi hijo Carlos en la actualidad es un adulto, ya no estudia, es más, tiene un trabajo estable que le solventa sus necesidades propias, siendo innecesario e injusto que continúe abonándole pensión de alimentos.

Considerando décimo primero: “Que, con respecto a la demandada MARGARITA URETA ALVARADO, dada su condición de cónyuge del demandante, es de aplicación lo establecido en el artículo 474 del código sustantivo dispone que se deben alimentos recíprocamente 1) los cónyuges, en tal sentido, las necesidades de la cónyuge se deducen del hecho de que esta actualmente atravesando un estado de necesidad al no tener un trabajo que le permita obtener ingresos para subsistir; y que el propio demandante es su petitorio ha señalado que su pretensión es “… se me exonere el que le corresponde a mis hijos, con excepción del que le corresponde a mi cónyuge…” debiéndose tomar lo dicho como prueba asimilada del demandante (…)”.

(Las negritas y subrayado son agregados)

Desarrollo argumentativo:

A.- Efectivamente, en aquella oportunidad en la que interpuse la demanda de exoneración de alimentos opte por voluntad propia en seguir ayudando a mi cónyuge, pese en que ya no compartíamos el hogar conyugal por más de 10 años, es más, pese en que ella tenía un negocio propio que le solventaba ingresos y no había acreditado en el proceso estar en un estado de necesidad o impedida de trabajar.

B.- Ahora bien, en la actualidad ya han transcurrido 7 años desde que se expidió la sentencia de exoneración de alimentos; y la cual me impulsa a interponer nuevamente la demanda con la misma pretensión “exoneración de alimentos”, toda vez que mi cónyuge Margarita no se encuentra impedida de trabajar, su estado de salud es óptimo, tiene un negocio que le genera ingresos que le solventa sus necesidades propias, siendo innecesario e injusto que continúe abonándole pensión de alimentos.

5.- Entonces, planteo mi tesis de justificación para la exoneración de alimentos con respecto a mi cónyuge y mi hijo Carlos.

Contrastación de la situación económica y personal de mi cónyuge y la mía para efectos de la exoneración de alimentos

A la fecha tengo dos (02) hijos menores de edad producto de una relación sentimental posterior a la separación de mutuo acuerdo con la codemandada Margarita; los nombres de los menores son: Nicolás Polinario Choque Loya, de nueve años de edad; y Dominick Marcial Choque Loya, de seis años de edad; quienes se encuentran en etapa escolar y de los cuales tengo la tenencia mediante conciliación extrajudicial, en virtud de ello soy el único sustento y amparo puesto que la madre, CECILIA ANGELICA LOYA CIGAMA, nos abandonó sin remordimiento. Ante tal situación ocurrida, en la actualidad no solamente tengo que gastar dinero en la educación, vestido, salud y alimentación de los menores, sino también en una persona que los cuide durante las horas que me encuentro trabajando. Es obvio que todos estos gastos me generan inestabilidad económicos que de manera constante hace peligrar el correcto desarrollo de mis menores hijos y mi persona, esta afirmación es porque Nicolás y Dominick son menores de edad y yo con 57 años de edad; en la actualidad sufro de constantes problemas de salud física y emocional; física por cuanto tengo lesiones en las manos y piernas producto de mi trabajo; y emocional por cuanto siempre pienso en todas las carencias económicas por las que pasan mis hijos menores sin poder hacer nada para remediarlo.

Por añadidura, debo señalar que, en la actualidad tengo que hacer todo lo posible para que la suma de S/. 1 336.42 nuevos soles (que es la suma liquida que percibo de manera mensual como trabajador de la Municipalidad de Ate) cubra por 30 días los alimentos, pasaje, ropas, medicamentos, pago a la persona que cuida a mis hijos, entre otros gatos. Entonces, no resulta justo ni razonable que se me siga descontando de mi sueldo la pensión de alimentos para una persona mayor de edad con ingresos propios y mi cónyuge (con quien no comparto ninguna relación desde hace 15 años) que tiene ingresos propios y no se encuentra impedida de trabajar.

Para mayor detalle de los gastos de mis hijos y los míos (totalmente ajustado y sin contar con los gastos de servicios de luz, agua, gas y teléfono), ver el siguiente cuadro:

Ramón Alfredo Choque Lizana, de cincuenta y siete (57) años de edad.	Alimentos (desayuno, almuerzo y cena) diarios 10 nuevos soles : 10*30 = 300	Pasajes diarios S/. 4.00 nuevos soles: 4*30= 120	S/. 420.00
Dominick Polinario Choque Loya, de nueve (09) años de edad.	Alimentos (desayuno, almuerzo y cena) diarios 10 nuevos soles : 10*30 = 300	Pasajes diarios S/. 4.00 nuevos soles: 4*30= 120	S/. 420.00
Nicolás Marcial Choque Loya, de seis (06) años de edad.	Alimentos (desayuno, almuerzo y cena) diarios 14 nuevos soles : 10*30 = 300	Pasajes diarios S/. 4.00 nuevos soles: 4*30= 120	S/. 420.00
	La persona encargada de cuidar a mis hijos.	Pago mensual de S/. 700 nuevos soles.	S/.700.00
TOTAL DE GASTOS MENSUALES			S/. 1 960.00

6.- En ese orden de ideas, siendo el demandado Carlos mayor de edad y estar trabajando para una empresa, así como mi cónyuge Margarita, quien no cuenta con ningún impedimento físico y emocional para seguir trabajando en su negocio o empresa; consecuentemente resulta más que evidente que ha cesado en ellos su estado de necesidad y como resultado de esto mi obligación de seguirles asistiendo con una pensión de alimentos; siendo obvio precisar que el monto que se me descuenta por alimentos en la actualidad es el 16.66% de todo lo que percibo como trabajador obrero de la Municipalidad de Ate Vitarte, afectándome enormemente el único ingreso que tengo para la manutención de mis dos menores hijos Nicolás y Dominick y mi subsistencia.

7.- Aunado en argumentos, debo mencionar que inicie una demanda de alimentos en contra de la madre de mis dos menores hijos Nicolas y Dominick. Sin embargo, el Juzgado de Paz Letrado de Huaycan ha desestimado mi pretensión asumiendo dos posiciones: i) que yo percibo una remuneración aproximada a los dos mil soles, pero no tuvo en cuenta la retención por alimentos que a la fecha afecta mi remuneración, y ii) que la madre de mis dos menores hijos tiene adicionalmente cuatro hijos de otra relación que hace complicada su situación económica para asistir con alimentos. Este pronunciamiento consolida mi afirmación, en virtud de que soy el único sustento de mis dos menores hijos Nicolas y Dominick.

8.- En el marco expuesto, debo manifestar que interpongo la demanda como consecuencia de la renuencia por parte de los accionados (demandados) en llegar a un acuerdo convencional para efectos de que no se me siga descontando de mi sueldo la pensión de alimentos que injustificadamente se me viene reteniendo. Es insensible la conducta del demandado Carlos, puesto que pese en que ser mayor de edad hace muchos años atrás y no estar estudiando, con falta de probidad y sensibilidad pretende seguir lucrando a costas mías sin justificación. Así como mi cónyuge, quien sumergida en perversidad y ambición pretende seguir cobrando alimentos sin justificación.

III.2 SOBRE LA PRETENSIÓN SUBORDINADA DE REDUCCIÓN DE ALIMENTOS.-

1.- Señor Juez, señalo como fundamentos de hecho de la pretensión de reducción de pensión de alimentos, en el extremo de la demandada Margarita, lo expuesto en el punto 5, 6 y 7 de la presente demanda, ya que lo desarrollando en los referidos Ítem resultan ser argumentos pertinentes para la tesis que sustenta la pretensión subordinada de reducción de pensión de alimentos. Cabe recalcar que mis necesidades económicas se han incrementado por la responsabilidad que tengo sobre mis dos menores hijos, el incremento de los productos de primera necesidad, el incremento en los gastos de educación y el tener que subvencionar el pago de una persona que cuide y atienda a mis dos menores hijos.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Aplicación sistemática de la norma:

Fundamento del derecho alimentario

3.- El derecho que tiene una persona a exigir alimentos de otra, con la cual generalmente se encuentra ligada por el parentesco o por el vínculo matrimonial, tiene un sólido fundamento en la equidad, en el derecho natural. De ahí que el legislador al establecerlo en la ley no hace sino reconocer un derecho más fuerte que ella misma, y darle mayor importancia y relieve.

4.- La obligación de brindarse alimentos entre familiares se deriva del principio de solidaridad familiar, que obliga a los parientes a atender las necesidades vitales que cualquiera de ellos tenga o no puede satisfacer por sí. Entonces, el vínculo del parentesco es el que establece una verdadera relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen legal, que exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente necesitado. Esta relación, de naturaleza netamente asistencial, trasunta principios de solidaridad familiar ante las contingencias que pueden poner en peligro la subsistencia física de uno de sus miembros y que le impide, circunstancial o permanentemente, procurarse los medios necesarios para asegurar esa subsistencia.3

5.- Por ello, la regulación general del derecho alimentario contenida en el artículo 472 del Código Civil1 (C.C.), comprende a este derecho como lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia.

El llamado estado de necesidad del alimentista

6.- Se entiende que una persona se encuentra en estado de necesidad cuando no está habilitada para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición. Para solicitar alimentos no se requiere encontrarse en un estado de indigencia, de ninguna manera se exige que el solicitante alimentario se encuentre en total imposibilidad de proveer a sus necesidades, basta que quien tiene derecho no logre los ingresos económicos básicos o elementales. Asimismo, la necesidad de una adecuada ponderación en el análisis de esta condición, lleva a tener en cuenta dos criterios adicionales: el patrimonio y la capacidad de trabajo de quien pretende obtener la pensión de alimentos. Sobre el patrimonio, se señala que quien tenga bienes suficientes no puede reclamar alimentos, así los bienes sean improductivos. Y sobre la capacidad de trabajo, se dice que el individuo que tiene capacidad para trabajar, para lograr su sustento, no tiene derecho a solicitar pensión alimenticia; sin embargo, su aplicación implica correlativamente tener en cuenta determinadas circunstancias, en cada caso bajo análisis, como la edad, sexo, estado de salud, educación y posición social, a fin de llegar a una decisión más óptima que responda a un criterio razonable.

Las posibilidades del obligado a prestar alimentos

7.- Aquí también será la actividad probatoria la que permita acercarse a la idea más precisa posible sobre cuáles son las posibilidades económicas del obligado concordantemente a las necesidades del alimentista; para ello se consideran las posibilidades con que cuenta el deudor alimentario, así como las circunstancias que lo rodean, lo que bien puede incluir la valoración del patrimonio del obligado a dar alimentos y sus capacitaciones y especializaciones logradas para el desempeño de una profesión u oficio.

8.- No obstante, debe reconocerse que, en no muy pocos casos, la práctica jurisdiccional ha revelado que es difícil determinar las posibilidades del que debe prestar los alimentos (que como es obvio ningún deudor alimentista dará cuenta voluntariamente del total de su patrimonio que sabe será afectado), razón por la cual nuestra legislación de modo saludable ha señalado que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos (segundo párrafo del artículo 481 del C.C.)2, lo que significa que el Juez si bien no puede determinar la realidad, puede apreciar las posibilidades que tiene el obligado.

SOBRE LA EXONERACIÓN DE ALIMENTOS (pretensión principal):

Causales para la procedencia de la EXONERACIÓN de la pensión de alimentos

9.- No obstante este derecho como el obligado a cargo de cumplirla, no se mantienen de manera indefinida y/o perpetua en el tiempo; sino que por algunas circunstancias propias de la relación familiar, puede concluir, encontrando dicha justificación en el propio marco legal previamente establecido; como por ejemplo los casos de exoneración de alimentos.

10.- En efecto, debemos observar lo que la ley determina como causales o criterios para la procedencia de la exoneración de la pensión de alimentos. Así, en el artículo 483 del C.C.3 se indica que: “El obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Tratándose de hijos menores, a quienes el padre o la madre estuviesen pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquéllos a la mayoría de edad. Sin embargo, si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente”.

11.- La norma transcrita establece tres supuestos de exoneración que puede invocar el obligado que presta alimentos: 1. Que se encuentre en peligro su propia subsistencia; 2. Que haya desaparecido en el alimentista el estado de necesidad (entendiéndose que se refiere a un alimentista menor de edad) y 3. El alimentista haya cumplido la mayoría de edad (en el cual la norma presume de plano la extinción del estado de necesidad). De otro lado, la norma regula dos supuestos que puede invocar el alimentista para que la prestación a su favor continúe vigente; estos son: a. Si sufre de incapacidad física o mental debidamente comprobada; y b. Si está siguiendo una profesión u oficio exitosamente. Si bien es cierto que el último párrafo del artículo en comentario únicamente se refiere a “seguir” una profesión u oficio, y no alude al verbo “estudiar”, debe entenderse que la norma abarca a los estudios tendientes a obtener una profesión u oficio, que incluye a los estudios preparatorios – primarios, secundarios o para el ingreso a estudios superiores- y que sólo en estos casos puede permitirse que un hijo mayor de edad pueda seguir percibiendo alimentos, siempre que curse dichos estudios de manera exitosa, los que deben entenderse realizados dentro de márgenes razonables y aceptables, tanto en los que refiere al período de tiempo requerido para efectivizarlos, como a los resultados obtenidos, siendo esta la correcta interpretación de la norma acotada.

SOBRE LA REDUCCION DE ALIMENTOS (pretensión subordinada):

En el Artículo 482º del Código Civil Peruano, que a la letra dice: “La pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Cuando el monto de la pensión se hubieses fijado en un porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario nuevo juicio para reajustarla. Dicho reajuste se produce automáticamente según las variaciones de dichas remuneraciones”.

V.- VIA PROCEDIMENTAL:

La presente demanda deberá tramitarse de conformidad con el proceso SUMARÍSIMO.

VI.- COMPETENCIA:

Por territorio.- Artículo. 14 del Código Procesal Civil, Juez competente.- La acción debe ejercitarse ante el juez del domicilio del demandado.

Por grado y materia.- Articulo, Es competente el Juez de Paz Letrado por cuanto así lo estable la norma de la materia.

VII.- MEDIOS PROBATORIOS:

Ofrezco como pruebas los siguientes medios:

1. Partida de nacimiento de mi hijo CARLOS ALFREDO CHOQUE URETA, nacido el 26/10/1982, con lo que acredito mi relación paterno - filial, y que el alimentista actualmente cuenta con más de 28 años de edad.

2. Acta de Matrimonio de MARGARITA URETA ALVARADO con el demandante, el fecha 22 de julio de 1985, con lo que acredito mi relación conyugal, y que la alimentista actualmente cuenta con 51 años de edad.

3. Copia Impresa de la página web de la SUNAT correspondiente al RUC de mi hijo Carlos Choque Ureta, con lo que acredito que tiene un trabajo estable, y que le reditúa ingresos suficientes que les permiten cubrir sus necesidades. Asimismo, con la misma se acredita la dirección de su domicilio actual.

4. Copia impresa de la página Web de ESSALUD, correspondiente a mi hijo Carlos Choque Ureta, con lo que acredito que se encuentra asegurado, y que tiene atención en Essalud vigente al 25 de noviembre de 2015, documento que acredita además que su necesidad de atención en salud también se encuentran cubierta ampliamente.

5. Copias de mis boletas de pago de los meses setiembre, octubre y noviembre de 2015, con lo que acredito que se me viene descontando el 16.33% de mis haberes por mandato judicial, descuento que corresponde a la pensión de alimentos dictada a favor de los demandados por el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima.

6. Original del Acta de Conciliación Judicial, mediante la cual se acuerda otorgar una pensión de alimentos ascendente al 50% de mi remuneración y todo aquello que percibo, expedidas en el proceso de alimentos por el Octavo Juzgado de Paz Letrado de Lima, expediente N° 194-1999-FC; y copia del oficio mediante el cual se ordena a mi empleador realice la retención del 50% de mi remuneración.

7. Original de la Sentencia Judicial contenida en la resolución N° 10, expedida por el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Ate, mediante el cual se declara fundada en parte mi demanda de exoneración de alimentos, expediente N° 21645-2008-FC.

8. Partida de Nacimiento de mi hijo DOMINICK APOLINARIO CHOQUE LOYA, nacido el 14 de octubre de 2006, con lo que acredito mi relación paterno - filial, y que actualmente cuenta con 09 años de edad.

9. Partida de Nacimiento de mi hijo NICOLAS MARCIAL CHOQUE LOYA, nacido el 03 de mayo de 2009, con lo que acredito mi relación paterno - filial, y que actualmente cuenta con 06 años de edad.

10. Copia del Acta de Conciliación Extrajudicial N° 251-2012-CCGH, mediante la cual se acuerda otorgar la tenencia de mis dos menores hijos Nicolas y Dominick a mi favor.

11. Copia de la sentencia judicial contendida en la resolución N° 08, expedida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Ate, mediante el cual se declara infundada mi demanda de pensión de alimento que fuera interpuesta en contra de la madre, CECILIA ANGELICA LOYA CIGAMA, de mis dos menores hijos, en el expediente 1141-2013-FC.

12. Copias de mis recetas médicas y terapias, libreta de notas de mis menores hijo y fotos de mi vivienda precaria.

13. Declaración de parte que deberá presentar la demandada MARGARITA URETA ALVARADO, bajo apercibimiento de ley en caso de inconcurrencia, y para la cual se adjunta pliego interrogatorio.

14. Copia simple de la solicitud presentada a la Municipalidad de Ate, peticionando me expida una constancia que acredite el descuento judicial de mi remuneración por pensión de alimentos.

15. Declaración Jurada de MERCEDES CHOQUE LIZANA, a mérito de acreditar el pago mensual por cuidar de mis dos menores hijos.

16. Copia del Documento Nacional de Identidad de MARGARITA URETA ALVARADO, a mérito de acreditar el domicilio actual.

VIII.- ANEXOS DE LA DEMANDA: Acompaño:

1-A.- Copia de mi DNI.

1-B.- Partida de nacimiento de mi hijo CARLOS ALFREDO CHOQUE URETA.

1-C.- Acta de Matrimonio de MARGARITA URETA ALVARADO con el demandante.

1-D.- Copia Impresa de la página web de la SUNAT correspondiente al RUC de Carlos.

1-E- Copia impresa de la página web de ESSALUD, correspondiente a mi hijo Carlos.

1-F.- Copias de boletas de pago de los meses setiembre, octubre y noviembre de 2015.

1-G.- Original del Acta de Conciliación Judicial y copia del oficio mediante el cual se ordena a mi empleador realice la retención del 50% de mi remuneración.

1-H.- Original de la sentencia judicial sobre exoneración de alimentos.

1-I.- Partida de Nacimiento de mi hijo DOMINICK APOLINARIO CHOQUE LOYA.

1-J.- Partida de Nacimiento de mi hijo NICOLAS MARCIAL CHOQUE LOYA.

1-K.- Copia del Acta de Conciliación Extrajudicial N° 251-2012-CCGH, mediante la cual se acuerda otorgar la tenencia de mis dos menores hijos Nicolas y Dominick a mi favor.

1-L.- Copia de la sentencia judicial mediante la cual se resuelve declarar infundada la demandada de alimentos que interpuse en contra CECILIA ANGELICA LOYA CIGAMA.

1-LL.- Copias de recetas médicas y terapias, libreta de notas de mis menores hijos y fotos de mi vivienda precaria.

1-M.- Pliego interrogatorio en sobre cerrado que deberá absolver mi cónyuge.

1-N.- Copia simple de la solicitud presentada a la Municipalidad de Ate, peticionando me expida una constancia que acredite el descuento judicial de mi remuneración por pensión de alimentos.

1-Ñ.- Declaración Jurada de MERCEDES CHOQUE LIZANA.

1-O.- Copia del Documento Nacional de Identidad de MARGARITA URETA ALVARADO.

1-P.- Arancel judicial por concepto de pruebas y las cédulas de notificación judicial.

POR LO TANTO:

A usted señor (a) Juez pido calificar positivamente mi demanda, admitirla a trámite y en su oportunidad declararla FUNDADA.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que, conforme al artículo 80º del CPC conferimos las facultades generales de representación a favor de los abogados xxxxxxxxxx, con registro C.A.L. nro. 52609, Fxxxxxxxxxxxxxx, con registro C.A.L. Nº 46906, y xxxxxxxxxxxxx, con registro CAL N° 42869; conforme lo prevé el numeral 74º del mismo cuerpo legal acotado; para lo cual manifiéstanos estar instruidas de las facultades conferidas y de sus alcances, y señalo como domicilio el indicado en el exordio del presente documento.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Al amparo de Artículo 138 del Código Procesal Civil otorgo facultades a la señorita Dayana Liz Pariona Cutti, identificada con DNI N° 45879541, a fin de que se le brinden las facilidades del caso, para que pueda examinar el expediente judicial, tomar nota de su contenido, recoger partes judiciales, oficios y otros documentos que su despacho pudiera emitir en el presente proceso y cuyo diligenciamiento corresponda al recurrente.

TERCER OTROSÍ DIGO.- Acompaño (03) juegos de copias de la demanda y anexos, para el emplazamiento a las partes demandadas, el arancel judicial por concepto de pruebas y las cédulas de notificación judicial.

CUARTO OTROSI DIGO: Solicito tener presente que, una vez me haya expedido la Municipalidad de Ate la constancia que coadyuve en acredite el descuento judicial de mi remuneración por pensión de alimentos, procederé en presentarlo a la judicatura. Cabe señalar que existe una demora en demasía en el municipio para efectos de la expedición de lo que solicite.

QUINTO OTROSI DIGO: Tenga presente lo dispuesto por el Código Procesal Civil: artículo II último párrafo del TP (impulso), artículo 50º (deberes de los jueces), 124º (plazo), artículo 145º inc. 3) (falta grave); concordados con el artículo 201º de Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, lo dispuesto por la Ley Núm. 29574 artículo 5 que modifica los artículos 34 numeral 6 y 47 numeral 19 de la Ley núm. 29277, Ley de la Carrera Judicial la cual considera como falta grave el no cumplir con expeditar las resoluciones pertinentes dentro del término de ley.

Ate Vitarte, enero del 2016

[1] Acumulación de pretensiones subordinada.

En ella se presentan pretensiones que tienen una relación de principal a subordinada, el desamparo de una conduce al Juez a pronunciarse respecto a otra. La relación de subordinación debe ser expresada por el demandante (de lo contrario se puede declarar improcedente la demanda por lo establecido en inciso 7 del artículo 427º del C.P.C.).

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCESOS CONSTITUCIONALES

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Curso de Especialización

Procesos Constitucionales

Del 05 de mayo al 30 de mayo de 2015

I. PROGRAMA ACADÉMICO

FECHA	TEMA	PROFESOR	HORAS
05/05	Teoría general de los procesos constitucionales	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
07/05	Proceso de hábeas corpus	Omar Villaizan Paliza	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
09/05	Casuística – elaboración de una demanda de habeas corpus	Omar Villaizan Paliza	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
12/05	Proceso de amparo	Juan Jesús Inga	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
14/05	Casuística – elaboración de una demandada sobre el proceso de amparo	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m
16/05	Proceso de hábeas data	Juan Jesús Inga	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
19/05	Casuística – elaboración de una demanda sobre el proceso de habeas data	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m
21/05	Proceso de cumplimiento	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
23/05	Casuística – elaboración de una demanda sobre el proceso de cumplimiento	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m.
26/05	Teoría cautelar en los procesos constitucionales	Juan Jesús Inga	6:30 p.m. – 9: 30 p.m
28/05	Tipos de medidas cautelar empleadas en los procesos constitucionales	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m
28/05	Casuística – elaboración de una solicitud cautelar en materia constitucional	Freddy Sergio Pillaca Huacles	6:30 p.m. – 9: 30 p.m
30/05	Examen	Miguel Oyos	6: 30 p.m. - 7: 30 p.m.

II. DIRIGIDO A

Estudiantes y profesionales del derecho en general.

III. TOTAL HORAS ACADÉMICAS

Total horas académicas: 80 horas

IV. DERECHOS ACADÉMICOS

El valor del Curso de Especialización es de S/. 400.00 (cuatrocientos cincuenta nuevos soles), el mismo que comprende:

- S/. 50.00 (cincuenta nuevos soles) materiales

- S/. 350.00 (trecientos cincuenta nuevos soles) por derechos académicos

NOTA: Las inscripciones se realizan del 18 de abril al 5 de mayo de 2014.

V. SOBRE PAGO

El alumno puede acercarse a la Oficina de Administración de la Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica, en el horario de 8:00 am – 1:00 pm y 2:00 pm – 6:00 pm) para efectuar el pago.

Se puede fraccionar hasta en tres (03) cuotas el pago.

Asimismo, pueden hacer el pago en la siguiente cuenta:

Banco de la Nación

Cuenta Corriente N.º 04-019-667206

La personas que realicen el pago en la cuenta, deberán remitir la constancia de pago a los siguientes correos: asesor_juridicof@thotmail.com; freddysp30@hotmail.com (persona de contacto: Dayana Pariona)

VI. CERTIFICACIÓN

La certificación de la especialización solo se entregará a los alumnos que obtengan promedio final aprobatorio.

A los alumnos que desaprueben el curso pero que cumplan con la asistencia mínima exigida se les entregará un certificado de participación.

VII. INFORMACIÓN

Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica ECAJ

Teléfonos: 9971-52097

VIII. Sistema de Evaluación

Desarrollo permanente de casuística en clases.

En la evaluación final la nota mínima: 14 (catorce)

HORA: 6:30 P.M. A 09:30 P.M. (HORA EXACTA)

Dr. Freddy Sergio Pillaca Huacles

Director

Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica ECAJ

DIPLOMADO TALLER EN REDACCIÓN LEGAL CON MENCIÓN EN DERECHO CIVIL

2015-04-04T15:01:00.003-07:00

DIPLOMADO TALLER EN REDACCIÓN LEGAL CON MENCIÓN EN DERECHO CIVIL

REDACCIÓN DE ESCRITOS Y DESTREZAS LEGALES

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Modalidad : Presencial y virtual

2. Redacción : En materia civil

3. Horas : 9:00 horas semanales y 4 horas solo los sábados

4. Horarios : Lunes, miércoles y viernes; martes y jueves o solo sábados

5. Duración : 06 semanas

6. Fechas : 04 de mayo al 05 de junio del 2015

II. OBJETIVO:

Esta asignatura está ubicada en el área de la formación de abogados noveles, bachilleres y/o estudiantes de derecho; el objetivo es brindar conocimientos, herramientas, habilidades y destrezas que el participante necesita para una formación profesional óptima. El Diplomado Taller le permitirá conocer las reglas actuales de la gramática, la argumentación y los métodos y técnicas para la redacción escrita de demandas, solicitudes cautelares, medios impugnatorios y demás escritos legales que son utilizados en el desarrollo profesional del abogado litigante en el ámbito civil.

III. FECHAS

MAYO	Lunes, miércoles y viernes					MAYO	Lunes, miércoles y viernes
	04	06		08			11		13		15		18
	Redacción, Gramática y Sintaxis	Redacción, Gramática y Sintaxis		Redacción, Gramática y Sintaxis			Argumentación Jurídica		Argumentación Jurídica		Argumentación jurídica		Teoría General del Proceso Civil
MAYO Y JUNIO	Lunes, miércoles y viernes
	20	22	25		27			29		01		03		05
	La Demanda y su Estructura	La Solicitud Cautelar y su Estructura	Los Medios Impugnatorios y su Estructura		Casuística en el Proceso Sumarísimo – Elaboración de una Demanda en la Vía Sumarísima			Casuística en el Proceso Abreviado - Elaboración de una Demanda en la Vía Abreviada		Casuística en el Proceso de Conocimiento - Elaboración de una Demanda en la Vía de Conocimiento		Casuística en proceso único de ejecución- Elaboración de una Demanda en la Vía Única de Ejecución		Casuística en Proceso no Contencioso- Elaboración de una Demanda en la Vía no contencioso

IV. Plana Docente

Dr. Freddy Sergio Pillaca Huacles – Abogado de la Procuraduría Pública

Dr. Juan Jesús Inga – Fiscal Provincial Titular

Dr. Omar Villaizan Paliza – Ex Fiscal Ajunto Provincial

V. Materiales

Se entregará un folder conteniendo los siguientes materiales:

Manual práctico sobre Redacción, Gramática y Sintaxis

Manual práctico sobre Argumentación Jurídica

Manual práctico sobre Redacción de Escritos Legales

Quinientos modelos de plantillas:

- Demanda en proceso Sumarísimo, Abreviado, Conocimiento, Único de Ejecución y No Contencioso.

- Solicitudes Cautelares de Futura Ejecución Forzada, Temporal Sobre el Fondo, Innovativa, No Innovativa y Genérica.

- Medios Impugnatorios: Recursos y Remedios.

- Escritos legales de apersonamiento, intervención de tercero, acumulación, excepciones, defensas previas, tachas, oposición, entre otros.

VI. DIRIGIDO A

Estudiantes y profesionales del Derecho en general.

VII. HORAS ACADÉMICAS

Total horas académicas: 120 horas

VIII. DERECHOS ACADÉMICOS

El valor del curso es de S/. 600.00 (seiscientos nuevos soles), por pronto pago o corporativo es de S/. 500.00 (quinientos nuevos soles), el mismo que comprende:

- S/. 150.00 (ciento cincuenta nuevos soles) por materiales (plantillas y otros).

- S/. 450.00 (cuatrocientos cincuenta nuevos soles) por derechos académicos.

NOTA: Las inscripciones se realizan del 18 de abril al 04 de mayo de 2015.

IX. SOBRE PAGO

El alumno puede acercarse a la Oficina de Administración de la Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica, en el horario de 8:00 am – 1:00 pm y 2:00 pm – 6:00 pm) para efectuar el pago.

Se puede fraccionar hasta en tres (03) cuotas el pago.

Asimismo, pueden hacer el pago en la siguiente cuenta:

Banco de la Nación

Cuenta Corriente N.º 04-019-667206

X. CERTIFICACIÓN

La certificación del Diplomado Taller de Redacción Legal solo se entregará a los alumnos que obtengan promedio final aprobatorio.

A los alumnos que desaprueben el Diplomado Taller pero que cumplan con la asistencia mínima exigida se les entregará un certificado de participación.

XI. INFORMACIÓN

Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica ECAJ

Teléfonos: 9971-52097

XII. Sistema de Evaluación

Desarrollo permanente de casuística en clases.

En la evaluación final la nota mínima: 14 (catorce)

HORA: 6:30 P.M. A 09:30 P.M. (HORA EXACTA)

Dr. Freddy Sergio Pillaca Huacles

Director

Escuela de Entrenamiento y Capacitación Jurídica ECAJ

MODELO DE SOLICITUD PARA PAGO DE COSTOS DEL PROCESO

2015-02-01T17:46:00.004-08:00

LAS COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO.-

La orden del pago de costos y costas es una consecuencia accesoria al fallo que se decreta en un proceso judicial, representando una condena al vencido para resarcir los gastos incurridos por el vencedor. Según el Código Procesal Civil, las costas están constituidas por las tasas judiciales, honorarios de los órganos de auxilio judicial y demás gastos judiciales realizados. Mientras que los costos comprenden el honorario del Abogado del vencedor, más un 5% destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo.

Exp. : No 42530

Secretario : Mario Proaño Mayta

Materia : Obligación de dar Suma de Dinero

Sumilla : Proceso (Ejecución de Sentencia)

SEÑOR JUEZ DEL 38º JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LIMA

Comercial San Gregorio S.R.L., debidamente representado por don Elías Díaz A. en los autos seguidos con Chang Link sobre Obligación de Dar Suma de Dinero – Pago de Arriendos a usted con todo respeto me presento y digo:

Que, conforme consta en autos el presente proceso judicial esta en Ejecución de Sentencia y se ordena en dicha resolución sentencial el pago de los Costos del proceso para tal efecto cumplimos con presentar los documentos indubitables que acreditan los gastos para la procedencia de los Costos:

Recibo de Honorarios Profesionales y el pago respectivo a la SUNAT, de los impuestos de ley, por la suma de S/. 15,000.00 Nuevos Soles expedido por el Dr. Mariano Peláez Bardales por el proceso judicial materia de litis, teniéndose presente la cuantía – demanda.

Recibo de Honorarios Profesionales y el pago respectivo a la SUNAT de los impuestos de ley, por la suma de S/. 5,000.00 Nuevos Soles expedido por el Dr. Henry R. Manrique Vásquez por el presente proceso judicial en relación a la controversia del proceso y a los embargos trabados conforme consta en autos.

EN CONCLUSION: El monto total de los Costos procesales en el presente proceso es la suma de S/. 20,000.00 (Veinte Mil Nuevos Soles) sírvase tener presente.

Amparo mi pedido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 411 y 418 del Código Procesal Civil.

POR LO EXPUESTO:

A Usted, Señor Juez, se sirva tener presente la liquidación de Costos y poner en conocimiento a la Parte contraria los hechos mencionados.- Adjunto los recaudos de ley.

Lima, 06 de junio del 2014

------------------------------------------

Comercial San Gregorio S.R.L.

Elías Díaz A.

Gerente

MATERIA PENAL - MODELO DE EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN

2015-02-01T13:36:00.001-08:00

¿Qué se debe entender por excepción de naturaleza de acción?

El artículo cinco del Código de Procedimientos Penales modificado por el Decreto Legislativo número ciento veintiséis, prevé como uno de los medios de defensa técnico que puede utilizar el justiciable para impugnar el desarrollo de la relación procesal, la excepción de Naturaleza de Acción, la que se entiende doctrinariamente como el derecho del inculpado de solicitar que se archive definitivamente los actuados por que considera que los hechos incriminados no tienen contenido penal, esto es que no concurren la tipicidad, antijuricidad o la culpabilidad, es decir que un hecho no constituye delito cuando la conducta manifestada por el agente, con su acción u omisión, no se adecua a un tipo penal previsto por la Ley Penal; o el hecho fáctico no es justiciable penalmente, esto es que puede estar tipificado cono delito (hecho tí- pico, jurídico y culpable), pero está rodeado de alguna circunstancia que lo exime de sanción penal, es decir la penalidad se encuentra excluida, por haberlo considerado así el legislador, en atención a causas de parentesco u otra circunstancia con fines de una mejor convivencia social, así se tienen las excusas absolutorias que contempla nuestro Código Penal, y asimismo son injusticiables penalmente los comportamientos típicos que la doctrina jurídico - penal los reconoce adecuados socialmente y por lo tanto carecen de relevancia penal para la pretensión sancionadora del Estado. Corte Suprema de Justicia Segunda Sala Penal Transitoria. R.N. N°. 3571- 2006. LIMA. Fecha: 19.10.2006

EXPEDIENTE: 0000-2014-PE

SECRETARIO : CCCC

CUADERNO : PRINCIPAL

SUMILLA : Excepción de naturaleza de acción Y OTROS

SEÑOR JUEZ DEL 00ª JUZGADO PENAL CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

XXXXXXXXXXXXX, en el proceso penal que se me sigue por el supuesto delito de APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de XXXXXXXXXXXXXX; a usted atentamente digo:

I. PETITORIO:

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo III del Título Preliminar del Código Penal y del artículo 5º del Código de Procedimientos Penales e invocando el artículo 2º inciso 24, parágrafo “d” de nuestra Constitución Política, DEDUZCO EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN CONTRA LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, toda vez que los hechos denunciados, no se adecuan a la hipótesis típica invocada en la denuncia y acusación penal: Delito contra el Patrimonio en su modalidad de Apropiación Ilícita, en agravio de la Empresa CPL Maquinarias SAC, descrito en el artículo 190º del Código Penal vigente respectivamente.

En consecuencia, SOLICITO se sirva admitir a trámite la Presente Excepción y, en su oportunidad, sea declarada FUNDADA, de acuerdo a los siguientes Fundamentos de Hecho y de Derecho:

II. IMPUTACIÓN

En el Auto Apertorio de Instrucción de fecha 19 de diciembre del 2014, del presente proceso penal se me imputa el siguiente hecho:

PRIMERO: HECHOS

“Fluye de la investigación preliminar que el denunciado, xxxxxxxx, aprovechándose de su condición de supervisor de equipos xxxxxxxx, quien además realizaba las compras y/o adquisiciones de insumos intervinientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos, conforme se acredita a fojas 148 y 149, por parte de la agraviada, en los meses de febrero y abril, junio a julio, setiembre a diciembre de 2012, y enero de 2013, recibió vía deposito a su cuenta N° 0000000l BCP (a nombre del imputado) en total una suma de S/. 13 565 nuevos soles para la compra de insumos para el mantenimiento de equipos de la agraviada, conforme se acredita 128 a 142, sin embargo el denunciado se apropió del dinero en efectivo de la agraviada, negándose a la fecha en cumplir con devolver el dinero apropiado el ilícitamente, pese al requerimiento realizado por el agraviado mediante carta notarial de fecha 03 de diciembre de 2013, que en copia obra en copia a folios 07 a 09, hechos descritos que ameritan una exhaustiva investigación ante el órgano jurisdiccional”.

III. OBJETO DE LA PRESENTE EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN:

a. Oponerse a la prosecución del proceso que se me sigue, en razón que no se podrá obtener una sentencia válida sobre el FONDO del asunto, por carecer de algunos PRESUPUESTOS PROCESALES, los que mediante esta posición jurídica me encargaré de probar.

b. Evitar que la causa se tramite DEFECTUOSAMENTE por habérseme asignado una naturaleza distinta a la que me corresponde.

c. Probar que el SUPUESTO JURÍDICO: “EL HECHO NO CONSTITUYE DELITO”, en su extremo, porque el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición final preexistente en la denuncia penal, es válido.

d. Demostrar la ATIPICIDAD RELATIVA del hecho que se me imputa, por cuanto él, si bien está descrito en la ley, la CONDUCTA IMPUTADA ADOLECE de muchos elementos allí exigidos.

IV. QUE ES LO QUE NO PRETENDEMOS CON LA PRESENTE EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN:

a. Plantear cuestiones relativas al descargo de responsabilidad, pues ellas serán vistas en el proceso mismo.

b. Plantear la no existencia de hechos que son materia del proceso penal.

V. PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN:

El artículo 5º del Código de Procedimientos Penales establece dos supuestos normativos para deducir la excepción de naturaleza de acción:

a. Que el hecho imputado no constituye delito.

b. Que el hecho imputado no sea justiciable penalmente.

De conformidad con el párrafo II.c. me centraré en fundamentar y demostrar que “EL HECHO NO CONSTITUYE DELITO”, en su extremo, porque el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición final preexistente en la denuncia y acusación fiscal.

Asimismo, apelamos al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, el que exige que la determinación del hecho punible sea consecuencia de la previa verificación de los presupuestos de punibilidad; contenidos en el Artículo 2, inciso 24, parágrafo d. de la Constitución Política del Estado:

a. Tipicidad

b. Antijuridicidad

c. Culpabilidad

Todas inmersas en la Faz Positiva del delito. De la Faz Negativa de la Tipicidad, extraeremos la ATIPICIDAD, la que se da en casos en los que existe un hecho y un tipo penal en el cual realizar la operación de adecuación típica, pero el hecho NO ENCUADRA perfectamente en el supuesto típico, al no verificarse en los mismos algunos de los elementos típicos. Esta faz negativa de la tipicidad, determina que el hecho imputado no constituye delito, y es por tanto, materia de excepción de naturaleza de acción.

VI. SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE DENUNCIA:

1. Es verse de autos que el representante de la empresa CPL MAQUINARIAS E INVERSIONES SAC me ha denunciado por el delito de Apropiación Ilícita, delito previsto y sancionado en el artículo 190° del Código Penal.

2. La presente denuncia “maliciosa” se origina a raíz de dos situaciones previas: 1) En mi calidad de ex trabajador de la empresa xxxxxxxxxxxx “supuesto agraviado”, concurrí y puse a conocimiento del Ministerio de Trabajo que mi empleadora luego de haber culminado mi relación laboral no cumplió con pagarme mi Compensación por Tiempo de Servicios ni todos mis Beneficios Sociales; y 2) Por haber iniciado una demanda laboral (la cual fue fundada en todos sus extremos) a razón de que cumpla con pagarme mi CTS[1] y todos mis beneficios sociales que por ley me correspondían en mi calidad de ex trabajador.

3. A que, producto de la denuncia laboral presentada ante el Ministerio de Trabajo se impuso una multa a la empresa xxxxxxxxxxxxx por incumplimiento de normas laborales. Asimismo, producto de la demanda laboral presentada ante Poder Judicial se ordenó a la empresa Cxxxxxxxxxxxxx cumpla con pagar a mi favor por concepto de CTS la suma de S/. 11 063.93 nuevos soles.

4. Sobre lo desarrollado en el proceso laboral y que acredita que no existe delito: iniciado la demanda laboral por don xxxxxxxxxxxxxxxx contra la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx, sobre pago de CTS y Beneficios sociales; la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx argumentó en dos oportunidades lo siguiente:

a. En el proceso judicial laboral el supuesto agraviado dijo en la audiencia única que: “los depósitos realizados a la cuenta N° 00000000000 del BCP fueron realizados como pago de la remuneración y pago de los beneficios sociales del señor xxxxxxxxxxxxxxxxx (se pidió a la fiscal oficie al juzgado laboral a efectos de que le remitan copia del vídeo de dicha audiencia y pueda tener mayores elementos probatorios, sin embargo nunca lo hizo)”.

b. Este mismo argumento fue expuesto por el supuesto agraviado “los depósitos realizados a la cuenta N° 0000000000000 del BCP fueron realizados como pago de la remuneración y pago de los beneficios sociales del señor xxxxxxxxxxxxxxxxx” cuando un Perito del Poder Judicial concurrió a las oficinas de la empresa agravia (por disposición del juez laboral) a efectos de poder determinar cuánto era la remuneración que el ex trabajador percibía y como se le efectuaba sus pagos de sus remuneraciones mensuales (véase informe pericial N° 018-2013-BJP-LA-CSJL-GAJH).

5. No obstante de dichas afirmaciones expuestas por la empresa Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxante el Juez Laboral y un perito del Poder Judicial, posteriormente contradiciéndose de todo ello recurre al Ministerio Público afirmando ahora la comisión del delito de apropiación ilícita bajo la siguiente afirmación: “realice depósitos a la cuenta del denunciado para que haga compras pero nunca las hizo contrario de ello se apropió ilícitamente”.

6. Ahora bien, es de observarse que el denunciante en calidad de representante legal de la empresa x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, actúa con temeridad y mala fe por los siguientes hechos: culminado LA audiencia laboral realizada con fecha 18 de noviembre de 2013 y sentencia lABORAL estimatoria con fecha 26 de noviembre de 2013, la cual fue totalmente adversa al hoy supuesto agraviado, POSTERIORMENTE con fecha 03 de diciembre de 2013, me remite carta notarial exponiendo que devuelva una suma de dinero que fue depositada en mi cuentas caso contrario iniciaría una denuncia por el delito penal de apropiación ilícita; carta notarial que fue materia de absolución exponiendo que se rectifique de dicha imputación falSa caso contrario iniciaría las acciones legales correspondientes contra los que resulten responsables. Siendo ello así, proceso en exponer lo siguiente:

7. En ese talante, lo que se evidencia es una represalia y no un delito por cuanto la empresa xxxxxxxxxxxx se vio obligada en pagar una multa ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de normas laborales. Asimismo, obligada por mandato judicial en pagarme mi CTS y todos mis Beneficios Sociales. Y esto lleva un orden lógico, por cuanto el supuesto agraviado no ha presentado documentos válidos e idóneos que acredite que dicha suma de dinero depositado en mi cuenta era exclusivamente para compras de insumos y otros, solo existe imputaciones y una documental que ha sido prefabricado por ella misma (carta notarial), a fin de perjudicarme. En ese sentido, se hace el siguiente análisis:

Primer análisis.-

· El gerente general y representante legal de xxxxxxxx, luego de haber concurrido a la audiencia laboral programada para el 18.11.13 y haberse expedido sentencia estimatoria con fecha 26.11.13, donde se desestimaron todos sus argumentos, de forma repentina con fecha 03.12.13 me envía carta notarial refiriendo que devuelva una suma de dinero caso contrario me denunciaría por apropiación ilícita.

· En esa lógica, el supuesto agraviado de forma repentina “luego de la audiencia única en el proceso laboral” y “la sentencia estimatoria laboral”, remite carta notarial por un supuesto delito; este proceder acaso no denota una represalia por la demanda laboral interpuesta por el hoy demandante (procesado en la vía penal), y para ello pretende mal utilizar argumentos falsos (sin pruebas contundentes) y contradictorios a lo dicho en el proceso laboral a fin de perjudicar al señor xxxxxxxxxxxxx.

Segundo análisis.-

· Se expide un certificado de trabajo donde se resalta la honestidad del trabajador por todo el periodo laborado para la empresa (2 años). No obstante, de manera repentina y luego de un proceso laboral por pago de CTS y Beneficios Sociales, la supuesta empresa agraviada señala que su extrabajador se apropió de dinero que se depositó para compras de insumos, sin siquiera demostrar el mismo con una auditoria que así lo corrobore.

Tercer análisis.-

· La supuesta agraviada en la fecha de la realización de la audiencia única laboral dijo que: los depósitos realizados en la cuenta Cta de Ahorro N° 0000000000, que pertenece al demandante xxxxxxxxxxxxxxxxxx; son pagos de sus remuneraciones mensuales y pagos a cuenta de su CTS y Beneficios Sociales.

· Asimismo, en la fecha en que un perito contable concurrió a su establecimiento a efectos de hacer un informe y determinar cuánto era la remuneración mensual que como trabajador percibía el señor xxxxxxxxxxxxxxxx, dicha compañía mediante su representante dijo lo siguiente, informe pericial N° 018-2013-8JP-CSJL-GAJH, numeral IV, letra B, número 2, dice: “La empresa comunica que todos los depósitos realizados a la Cta de Ahorro N°000000000, que pertenece al demandante xxxxxxxxxxxxxxxx; son pagos de sus remuneraciones mensuales y pagos a cuenta de sus beneficios sociales”.

· Siendo ello así, no sé cuál es la ratio decidendi para formalizar denuncia penal en mi contra, peor aún, aperturarse instrucción por el delito de apropiación ilícita; si de todo lo investigado a nivel policial y fiscal fluye que el supuesto agraviado no cumplió con acreditar con documentos fehacientes lo que afirma.

8. Señor Juez: i) una carta notarial no puede ser prueba irrefutable de un delito de apropiación ilícita y ii) un simple dicho de afirmar que depositó dinero en la cuenta del denunciado para que haga compras y que este se apropió del mismo, no puede ser prueba irrefutable de un delito de apropiación ilícita.

a. Cualquier persona puede remitir carta notarial, pero esto no es razón suficiente para que el Fiscal Formalice Denuncia Penal, peor aún, para que el Juez Penal Aperture Instrucción.

b. Así también cualquier persona puede indicar con su simple dicho que otra cometió un delito (dicho totalmente contrario a lo expuesto por la empresa en el proceso laboral “los depósitos son parte de la remuneración y CTS”), pero esto no es razón suficiente para que el Fiscal Formalice Denuncia Penal, más aún, para que el Juez Penal Aperture Instrucción; si no existe material probatorio suficiente para destruir la presunción de inocencia.

c. Por el contrario, de lo aportado en la etapa preliminar existe abundante caudal probatorio que acredita que no existe delito y, por todo lo contrario, existe una denuncia calumniosa a fin de perjudicar me por el simple hecho de haber reclamado se cumpla con mis derechos laborales.

9. Aunando en argumentos, en la etapa de investigación policial se realizan las diligencias señaladas por el Ministerio Público, expidiéndose finalmente un parte policial mediante la cual se concluye:

CONCLUSIONES DEL PARTE POLICIAL.-

“Que de las investigaciones practicadas no se aprecia la existencia de elementos probatorios sufrientes, que ameriten presumir la comisión de delito Contra el Patrimonio – Apropiación Ilícita por un monto de S/. 13 55.67 nuevos soles, denunciado por xxxxxxxxxxxx gerente y representante de la Empresa “xxxxxxxxxxxxx” contra xxxxxxxxxxxxxxxxx; debió a que el recurrente (supuesto agraviado) no ha presentado la auditoria correspondiente a efectos de demostrar que el denuncia no realizó ninguna compra con el monto del dinero que fue depositado a su cuenta de ahorros en armadas y en diversas fechas, entre el 10 de FEB2012 y el 22 ENE2013, según aparece en el documento denominado Cuadro de Deposito Cuadro de Deposito Realizado”, razón por la cual el suscrito cumple con devolver los actuados en el estado en que se encuentra a solicitud de la autoridad competente”:

Efectivamente, estamos ante un razonamiento coherente del órgano policial, por cuanto para que el supuesto agraviado pueda acreditar su dicho tiene que demostrar con documentación fehaciente que el procesado no cumplió con hacer las supuestas compras o que dicho deposito era exclusivamente para compras de insumos, caso que nunca acredito.

10. Señor Juez, los depósitos realizados en mi cuenta de ahorros N° 000000000000000 fueron como pago de mis remuneraciones mensuales en calidad de trabajador de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que en ningún momento me he apropiado ilícitamente de dinero alguno, como tampoco que haya actuado de manera inapropiada, tanto así que está plenamente demostrado en la investigación preliminar como judicial, toda vez que la denunciante no tiene pruebas para que prospere su denuncia, solo es de verse que busca causarme daño.

VII. EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS.

Para establecer si la conducta humana se encuadra dentro del tipo penal analizaremos la estructura del delito, a fin de establecer si mi conducta es típica. EN CUANTO A LA ACCIÓN como primer elemento de la estructura del delito. La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay delito. Sin embargo, el concepto de acción engloba igualmente el de omisión, en la cual existe una conducta en la que conscientemente se evita una acción concreta. Asimismo, constituye el soporte conceptual de la teoría del delito y el eje de la consideración axiológica y natural del hecho punible. En atención a este fundamento este primer elemento deberá descartarse toda vez que no existió acción, dirigida a causar agravio, por cuanto los depósitos realizados en mi cuenta de ahorros N° xxxxxxxxxxxxxxx fueron como consecuencia de mi remuneración mensual como trabajador de la empresa y que correspondían por un monto mensual de S/. 1200.00 nuevos soles, y sumas adicionales por horas extras de trabajo realizado en distintos lugares del Perú. Fundamento ineludible que me ampara para solicitar la excepción, la misma que su juzgado declarara fundada en su oportunidad.

3.1. La Tipicidad

Se denomina tipicidad a la adecuación de la conducta humana a la descripción contenida en la ley (el tipo). Así cuando la ley describe la apreciación ilícita "el que se apropia indebidamente de una suma de dinero", la conducta típica está dada por el hecho concreto de apropiarse indebidamente. En el tipo se incluyen todas las características de la acción prohibida que fundamenten positivamente su antijuricidad. Pero no siempre se pueden deducir directamente del tipo estas características y hay que dejar al juez la tarea de buscar las características que faltan. Ello se debe a la dificultad de plasmar legalmente tales características en el tipo legal. Analizando este supuesto, observamos claramente que mi conducta no se encuadra dentro de ningún tipo penal, toda vez que mi persona ha actuado dentro de los lineamientos que me protegen como trabajador de una empresa y que como consecuencia de mis labores realizadas en LA MISMA percibía una remuneración mensual que era depositada por mi ex empleadora en mi cuenta de ahorros N° 00000000000000. Por lo que en este hecho concurre la atipicidad objetiva ya que esta se da cuando en los elementos objetivos del tipo uno de ellos no encuadra en la conducta típica o simplemente no se da, como ocurre en el presente caso. Generándose otro presupuesto para solicitar la excepción de naturaleza acción la misma que deberá operar a mi favor en atención a que no existe encuadramiento de mi conducta a ningún tipo penal denunciado.

3.2. La Antijuridicidad.

La antijuridicidad es aquel disvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho en general (no sólo al ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento jurídico. En ningún momento me apropie ilícitamente de dinero alguno, por eL contrario lo único que hice es cobrar mi remuneración mensual que era depositado por mi ex empleadora en mi cuenta de ahorros N° 00000000000. Por lo tanto mi conducta tampoco encuadra en este elemento del delito, otro fundamento que se enerva a mi favor, toda vez que mi conducta no fue contraria a derecho, causal que ampara mi excepción para ser declarada en su oportunidad fundada.

3.4. LA CULPABILIDAD.

Es la producción de un resultado típico y antijurídico, previsible y evitable, a consecuencia de haber desatendido un deber de cuidado que le era exigible. Por lo tanto mi acción tampoco ha producido un resultado típico antijurídico, que me acarrea una penalidad, toda vez que mi conducta se ha encuadrado dentro los límites de la legalidad. Sin vulnerar derechos de terceros.

Como es de verse mi conducta no encaja dentro de los elementos de la estructura de la teoría del delito, por lo tanto en atención a estos fundamentos no existe la comisión del delito que se me denuncia, en consecuencia la presente excepción de naturaleza de acción deberá declararse fundada.

IV. SOBRE LA AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DEL DELITO DENUNCIADO:

El elemento objetivo: para la configuración del delito debe cumplirse en el mundo exterior. A estos se le llama tipicidad objetiva. Aquí debemos analizar una diversidad de puntos, como el bien jurídico tutelado, los sujetos, la relación de causalidad, la imputación objetiva, los elementos descriptivos y normativos.

Pues no hubo perjuicio al bien jurídico tutelado toda vez que el bien (dinero) el cual se depositó en mi cuenta fue como consecuencia del pago mensual de mi remuneración y horas extras de trabajo y no como ha denunciado la representante de la empresa supuestamente agraviada, pues tampoco existe relación de causalidad, toda vez que mi conducta no ha configurado un hecho delictivo, ya que la producción del resultado, es decir, percibir mi remuneración y horas extras como trabajador fue dentro de los parámetros que la ley me franquea para percibir mis remuneración.

V. SOBRE LA AUSENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL DELITO DENUNCIADO:

El elemento subjetivo es la actitud psicológica del autor del delito, a esto se le llama tipicidad subjetiva, dentro de estos aspectos se analiza el dolo y la culpa en sus diferentes manifestaciones, como también los elementos subjetivos del tipo.

Pues como vengo sosteniendo en atención a la realidad de los hechos mí accionar no estuvo planificado a un resultado dañoso, ni mucho menos actuar de manera delictuosa, he actuado de acuerdo a los parámetros de ley por cuanto mi empleadora fue la que me pagaba mi remuneración y horas extras mediante depósitos en mi cuenta de ahorros.

VI. FUNDAMENTOS QUE ENERVAN Y AMPARAN MI SOLICITUD DE EXCEPCION DE NATURALEZA DE ACCION.

El hecho no está tipificado como delito en las leyes penales, esto se basa en el principio de la Legalidad ("nullum poena sine lege", lo que quiere decir que no hay pena si no hay ley), el cual no permite juzgar a alguien por un hecho que no está reconocido como delito por la ley penal al momento de cometerlo. 2) Que el hecho no sea justiciable penalmente, es decir que no procede realizar un proceso penal.

VII. NORMATIVIDAD PERTINENTE:

Código de Procedimientos Penales.

Art. 5° tercera parte: Que refiere sobre la excepción de naturaleza de acción.

VIII. MEDIOS PROBATORIOS:

- COPIA LEGALIZADA DE CARTA DE RENUNCIA COMO TRABAJADOR DE LA EMPRESA, de fecha 15 de febrero de 2013, con objeto de demostrar que mi término laboral con la supuesta agravia se formalizo con documento. 1-A.

- COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE TRABAJO, de fecha 15 de febrero de 2013, con objeto de demostrar que en mi labor como trabajador para la empresa fue siempre eficiencia y honrada en mis funciones, de lo que a su vez fluye la impropiedad del objeto imputado y para dejar en evidencia, la improcedencia de la acción. 1-B.

- COPIA SIMPLE DE SOLICITUD DE INSPECCION PARA VERIFICAR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES, con objeto de probar que denuncie a la empresa por el no pago de mi CTS y Beneficios Sociales. 1-C.

- COPIA CERTIFICADA DEL INFORME PERICIAL N° 000000000, de fecha 15 de noviembre de 2013, con el objeto de acreditar que el representante de la empresa CXXXXXXX dijo que: “los depósitos realizados a la cuenta N° 0000000000 del BCP fueron realizados como pago de la remuneración y pago de los beneficios sociales del señorXXXXXXXXXXXXXX” (vease numeral en romano iv examen pericial, numero 02 y conclusiones segundo parrafo). 1-D.

- VIDEO DE LA AUDIENCIA ÚNICA LABORAL, en donde de forma literal el abogado de la empresa CXXXXXXXXXXXXXX dijo que: “los depósitos realizados a la cuenta N° 000000000000000 del BCP fuerÓn realizados como pago de la remuneración y pago de los beneficios sociales del señor XXXXXXXXXXXXXXXX” (vease CD – DEPOSITOS SON PAGOS DE REMUNERACION DE WALTER). 1-E.

- COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA LABORAL QUE DECLARÓ FUNDADA LA DEMANDA, de fecha 26 de noviembre de 2013, con el objeto de acreditar que se estimó mi demanda y, asimismo, que se tuvo en cuenta lo expuesto por el representante de la empresa CXXXXXXXXXXXXX (véase numeral 5.3. remuneración percibida por el actor). 1-F.

- COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA DE VISTA LABORAL QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA DEL A QUO Y MOFICO EL MONTO, de fecha 30 de junio de 2014, con el objeto de acreditar que se estimó mi demanda y, asimismo, que se tuvo en cuenta lo expuesto por el representante de la empresa CXXXXXXXXXXX (antecedentes -quinto párrafo- y fundamentos -numeral 04-). 1-G.

- ORIGINAL DEL BOUCHER DE PAGO COMO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA LABORAL, de fecha 20 de agosto de 2014, con el objeto de acreditar que se estimó mi demanda y en ejecución de sentencia por incumpliendo de mandato judicial se ordenó mediante embargo la retención de cuentas corrientes de la empresa y posteriormente se cumplió con el pago de mi CTS y Beneficios Sociales. 1-H.

- La declaración que debera rendir el presentante legal de la empresa agraviada, a efectos de que cumpla con señalar la forma concreta de como se realizaban los pagos de mis remuneraciones mensuales y mis horas extras.

- INFORME DETALLADO QUE el presentante legal de la empresa agraviada DEBERA REMITIR A SU JUDICATURA, a efectos de acreditar la forma concreta de cómo se realizaban los pagos de mis remuneraciones mensuales y mis horas extras.

- INFORME DE TALLADO QUE el presentante legal de la empresa agraviada DEBERA REMITIR A SU JUDICATURA, a efectos acreditar si previamente a denunciarme realizó alguna autoría sobre los ingresos y egresos de la empresa.

- COPIA CERTIFICAS DE LOS LIBROS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS (2011 A 2014) De la empresa agraviada que DEBERA REMITIR A SU JUDICATURA, a efectos acreditar como de distribuyen los activos y pasivos del mismo.

- EL PARTE POLICIAL, con objeto de demostrar que no existió delito por apropiación ilícita, por cuanto el supuesto agraviado no cumplió con presentar la auditoria correspondiente, de lo que a su vez fluye la impropiedad del objeto imputado y para dejar en evidencia, la improcedencia de la acción.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a Ud., merituar mi solicitud y en su oportunidad declararlo fundada mi excepción

PRIMERO OTROSI DIGO.- Que, estando al derecho de defensa consagrado en la Constitución Política del Estado, artículo 189°, inciso 14, siendo necesario defenderme de la imputación gratuita que se me hace, y con la finalidad de ejercer mi derecho de defensa vengo a designar como abogado defensor al letrado XXXXXXXXXXXXX, con registro CAL Nº 5000; a efectos de que se les otorgue las facilidades para el ejercicio de sus funciones.

SEGUDO OTROSI DIGO.- Que, sin perjuicio de la excepción planteada, y afectos de que tenga mayores elementos de convicción que acreditan la no existencia de delito, procedo en señalar los nombre de las empresas en dónde la supuesta empresa agravia me ordenaba hacer los mantenimientos y las compras de los insumos, a fin de que su judicatura requiera la información pertinente para el presente proceso penal.

ü XXXXXXXXXXXXXXX SAC – RUC N° 20517112543.

Dirección: Antigua Carretera Panamericana Sur Km 20.2 – Villa el Salvador – Mz. Ñ Lt. 02, Coop. Los Vertientes – Lima.

Teléfono N° 514-1190.

ü XXXXXXXXXXXXX SA - RUC N° 20517519490.

Dirección: Av. Argentina N° 2125, Cercado de Lima.

Teléfono N° 611-0800.

ü XXXXXXXXX SAC – RUC N° 20514483753.

Av. Aviación N° 1591, urbanización Apolo – La Victoria

Teléfono N° 324-0152.

ü XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC SAC.

Dirección: Calle Felipe Bargna N° 1087 (entre Av. Rosa Toro y Jirón Manuel Bengolea) San Luis.

Lima, 02 de febrero del 2015.

______________________________

[1] Compensación por Tiempo de Servicios.

MODELO DE APELACIÓN DE SENTENCIA POR IMPROCEDENCIA DE DEMANDA

2014-12-21T17:02:00.002-08:00

Secretario : Palacios

Expediente : 13048-13-CI

Cuaderno : Principal

Escrito : 05

Sumilla : APELACIÓN DE SENTENCIA

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

xxxxxxxxxxxxxx, en los seguidos contra la OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre PROCESO DE AMPARO; a Ud. atentamente digo:

I.- PRETENSION IMPUGNATORIA:

Que, habiendo tomado conocimiento mediante la página web del Poder Judicial sobre la expedición de la sentencia judicial contenida en la resolución Nº 09 de fecha 03 de diciembre del 2014, mediante la cual, se falla: “(…) Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por don MAGNO HILARIO SULCA contra la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL (…)”.

Siendo esto así, y no estando conforme a los términos de la SENTENCIA CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE (09) emitida con fecha 03 de diciembre del presente año, en el extremo que declara improcedente mi demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 364° y 367° del Código Procesal Civil, interpongo RECURSO DE APELACION contra la sentencia antes descrita, a fin de que sea revocada y/o se declare la nulidad por el Superior Jerárquico, en mérito a los fundamentos que pasare a exponer.

II.- SUSTENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN – ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO INCURRIDOS EN LA RESOLUCION IMPUGNADA:

1. Que, el Juzgador ha desconocido que el máximo intérprete de la Constitución- Tribunal Constitucional ha dejado establecido en múltiples Jurisprudencias que la debida motivación es una obligación de todo ente judicial a efectos de saber las razones por las cuales llegan a la conclusión de estimar o desestimar una demanda.

EXP. N.° 01873-2011-PA/TC[1] LAMBAYEQUE GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.

LA MOTIVACION.- FUNDAMENTO 6: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso (Cfr. STC Nº 3943-2006-PA/TC, fundamento 4). Este Supremo Colegiado, precisando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e)”.

2. El A-quo en la sentencia contenida en la resolución número 09, ha resuelto declarar improcedente mi demanda, bajo el mismo argumento expuesto en el Reporte de Situación en el Sistema Nacional de Pensiones RESIT-SNP 0000188364, de fecha 12 de marzo de 2013, sin motivar debidamente la sentencia judicial, denotándose así la vulneración al debido proceso por cuanto no expone las razones por las cuales llega a dicha conclusión o en su defecto por qué no valoró adecuadamente todos los medios probatorios ofrecidos con la demanda y posterior escrito “pruebas adicionales”.

3. Para un mayor análisis se trae a colación el considerando número cuatro de la sentencia materia de apelación, argumento que carece de motivación:

SENTENCIA N° 09 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2014

Considerando numeral cuatro: “(…), si bien al recurrente le han sido reconocidos años de aportación los cuales se encuentran debidamente acreditados, se tiene que el mismo no se encuentra conforme afirmando tener más años de aportación, supuestos periodos respecto al empleador Cristalería Artística S.A; adjuntando para ello como medio probatorio la Copia Simple (duplicado), del Certificado de Trabajo de fecha 31 de enero del 2003 obrante a fojas 3 de autos, documento insuficiente que al no estar debidamente corroborado con otro medio probatorio, (boletas de pago, constancias, liquidaciones etc y la acreditación del representante legal), no acredita manera fehaciente dicho periodo de aportación que alega el actor tener, observándose asimismo que no se aprecia a quien corresponde la firma que obra como director Gerente, esto es que, no puede determinarse si se trata del representante legal de la empresa en consecuencia no resulta posible reconocerle periodos de aportación adicionales respecto a los ya reconocidos en el documento materia de litis; por lo que en todo caso se deja a salvo el derecho del recurrente, para acudir a la vía procedimental respectiva que cuente con etapa probatoria, con la finalidad de buscar acreditar los demás periodos de labores que manifiesta haber realizado, (…)”. –Las negritas, la mayúscula y el subrayado es agregado-.

4. Este argumento es falso por cuanto se aportó medios probatorios adicionales a efectos de acreditar que el recurrente laboró para la empresa Cristalería Artística S.A. por un periodo mayor a los 18 años; sin embargo, dichos documentos no han sido valorados ni han sido materia de pronunciamiento en la sentencia.

5. Ahora bien, de un análisis de la sentencia en ningún de los considerandos expone sobre los medios probatorios adicionales que fueron aportados mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2014, siendo los siguientes:

i) Copia certificada de boleta de pago (con la cual se acredita que el actor trabajo para la empresa Cristalería Artística S.A.),

ii) Copia certificada de sentencia judicial expedida por el Sexto Juzgado Laboral de Lima, mediante la cual se declara fundada su demanda de nulidad de despido, y ordena a la demandada Cristalería Artística S.A cumpla con reponer al demandante a su puesto de trabajo (con la cual se acredita que el actor trabajo para la empresa),

iii) Copia certificada de consentimiento de sentencia expedida por el Sexto Juzgado Laboral de Lima, con la cual se acredita que dicha sentencia no fue materia de apelación.

iv) Copia certificada del escrito presentado por la empresa Cristal Artística S.A en el proceso seguido por nulidad de despido, con la cual se acredita que la misma empresa señala que sobre la liquidación de pago de devengados hará los descuentos de ley para los aporte previsionales.

6. En ese sentido, los medios probatorios que fueron ofrecidos oportunamente por el demandante a efectos de acreditar sus años de aportes al sistema nacional de pensiones no han sido diligentemente tomados en cuenta por el juez en forma conjunta a fin de emitir un pronunciamiento estimatorio de la demanda.

7. A mayor argumento, el Tribunal Constitucional mediante el Precedente vinculante del caso Tarazona: EXP. N.º 04762-2007-PA/TC[2]:

La responsabilidad en la retención y pago de las aportaciones

Fundamento 16: Sobre el particular, este Tribunal considera que la modificación del artículo 70.º del Decreto Ley N.º 19990 en nada afecta la responsabilidad de los empleadores por la retención y pago de las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, pues si bien en la nueva redacción se ha eliminado la frase “aun cuando el empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones”, ello no implica que las aportaciones retenidas y no pagadas sean consideradas como aportaciones no efectuadas; por el contrario, las aportaciones retenidas y no pagadas por los empleadores deben ser consideradas como aportaciones efectivas, pues la modificación referida no enerva la calidad de los empleadores como agentes de retención de las aportaciones de los trabajadores.

Reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo

Fundamento 26: De este modo, cuando en los procesos de amparo la dilucidación de la controversia conlleve el reconocimiento de periodos de aportaciones, que no han sido considerados por la ONP, para que la demanda sea estimada los jueces y las partes deben tener en cuenta las siguientes reglas:

El demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificado de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple. El Juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el expediente administrativo a la ONP o copia fedateada de él, bajo responsabilidad (las negritas son agregadas).

8. Por otro lado, no ha tenido en consideración que el actor a la fecha tiene 65 años de edad y con más de 25 años de aportes al SNP y SPP, pese a ello se encuentra impedido (por una arbitrariedad) de desafiliarse al Sistema Privado de Pensiones a razón de poder retornar al Sistema Nacional de Pensiones.

9. Por tales consideración, señor magistrado solicito se sirva revocar la recurrida y reformándola declare fundada la demanda o en su defecto declarar la nulidad de la sentencia por los argumentos precedentes expuestos.

III.- NATURALEZA DEL AGRAVIO:

La resolución impugnada causa graves daños y perjuicios al recurrente. Así, el error de hecho y de derecho incurrido en la resolución es evidente; siendo que la naturaleza del agravio está representada por la conculcación de mis derechos y principios del debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la pensión amparada por la Constitución Política, Ley Orgánica del Poder Judicial y demás normas de aplicación supletoria.

IV.- SUSTENTO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:

La presente apelación tiene sustento legal en lo establecido por los artículos 364º y 367º y siguientes del Código Procesal Civil.

POR TANTO:

A usted señor juez, sirva admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto con el fin que sea elevado al superior jerárquico donde espero alcanzar la revocatoria y/o la nulidad de la sentencia.

PRIMER OTROSI DIGO.- Que, a efectos de evitar dilaciones innecesarias pido tener presente lo dispuesto por la Ley Núm. 29574, artículo 5 que modifica los artículos 34 numeral 6 y 47 numeral 19 de la Ley número 29277, Ley de la Carrera Judicial la cual considera como falta grave el no cumplir con expeditar las resoluciones pertinentes dentro del término de ley

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, suscribo el presente recurso conforme a las facultades indicadas en el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lima, 22 de diciembre del 2014

…………………………………….

Abogado

Reg. C.A.L. nro.

[1] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01873-2011-AA.html

[2] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04762-2007-AA.html

HERRAMIENTAS PARA ENTRENAR A UN ABOGADO

2014-11-06T22:28:00.002-08:00

Herramientas para entrenar a un abogado

En la actualidad existen muchos abogados y abogadas, aunque no pueda cuantificarlos al detalle, la mayor parte de ellos se desarrolla en la litigación tradicional y también en los nuevos modelos de oralidad (procesos penal y laboral), esto se da en virtud de los cambios legislativos de estos últimos tiempos, como son la vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal y la nueva Ley Procesal del Trabajo. Sin aspaviento me atrevo a decir que son muchos letrados que se dedican a estas actividades (litigación) y muestra de ello es la excesiva carga procesal que existe en el Poder Judicial.

En ese sentido, siendo una de las labores más importantes de los abogados litigantes el redactar demandas, contestaciones, impugnaciones, escritos legales, entre otros documentos; resulta de imperiosa necesidad que se desarrolle un curso de redacción legal a razón de que puedan manejar con eficiencia tal actividad (mi experiencia profesional me permite afirmar que los abogados son los que más carecen de una correcta redacción). Así también, una finalidad adicional es buscar un espacio para la simulación de procesos judiciales, buscando la colaboración de magistrados que ya no se encuentran ejerciendo tal función por haberse jubilado, y, quienes pueden contribuir activamente con su vasta experiencia en dicha temática. Esto no existe a la fecha en el Perú por lo cual resulta innovativo hacerlo y contribuiría al crecimiento de los estudiantes de derecho. Persiguiendo con este fin que los participantes diseñen una estrategia para litigar en un caso concreto, investiguen hechos y documentos, estudien las fuentes legales que serían posibles de aplicación, redacten una demanda sencilla pero bien argumentada, puedan realizar contestaciones de demandas de forma estratégica, medios impugnatorios que ataquen la médula espinal de una sentencia que carece de motivación, para que finalmente puedan preparar un argumento técnico oral con capacidad escénica e histriónica, logrando ganar sus casos.

Los cursos talleres que se deben desarrollar y la cual pretendo aplicar de forma progresiva son intensos y con enteramiento práctico (vivenciales), en mi humilde opinión resulta insuficiente los conocimientos que brindan las universidades para que un abogado puede conseguir objetivos concretos en casos reales, prueba de ello es que cuando inician sus prácticas pre profesionales o se inician en el ámbito de la litigación son totalmente inseguros en las actividades que realizan. Por ello, mientras más tiempo se les brindan a los alumnos para practicar con la orientación de los facilitadores (entiéndase docentes), más notable es el desarrollo de las competencias descritas.

Para desarrollar las habilidades descritas antes procuro tener paciencia, dar tiempo y espacio, condiciones, materiales y muchas oportunidades de mejorar en cada uno de los cursos ofrecidos. Recuerde que sólo la práctica consistente, perseverante y bien orientada forma a un profesional o deportista excelente “la práctica hace al maestro”, porque las habilidades y competencias se desarrollan en la práctica, simulando un proceso como si fuera el real. “Aprender haciendo” ya es una estrategia comprobada en la educación superior actual y la cual he tenido la oportunidad de conocer en la maestría de docencia universitaria que vengo realizando.

En los cursos procuro hacer un temática divertida y bien preparada, desde los objetivos que persigo, que son muy específicos (busco que los estudiantes aprendan ¿a planear un caso?, ¿a entrevistar clientes?, ¿a negociar?, ¿a preparar una demanda persuasiva?, ¿a preparar audiencias orales?, ¿a interrogar testigos?, ¿a liderar un juicio oral?). Aunado a ello, para que la simulación práctica sea lo más cercana a la realidad, los materiales del curso están disponibles con anticipación, para su análisis previo.

Finalmente, y no menos importante: el curso se basa en la práctica de los alumnos y estudiantes con la retroalimentación de los profesionales del derecho experto en materias específicas. Tengo siempre enmarcado en mi formación que la única manera de ser un deportista es entrenándose día a día sin doblegarse. La única forma de ser un buen abogado es ensayando, día tras día sin desmayar, procurando activar todas sus habilidades, con una tenaz disciplina investigativa, argumentación escrita y capacidad de persuasión oral que diferencian a los mejores abogados de estos tiempos.

Autor: Freddy Sergio Pillaca Huacles

E-LEARNING

2014-11-01T21:28:00.001-07:00

QUÉ ES EL E-LEARNING

El e-learning es un tipo de formación a distancia que se realiza a través de Internet. En ella el participante tiene una serie de recursos: chats, trabajos prácticos y material de lectura que sirven de apoyo para la comunicación con el profesor.

La organización del curso es a través de unidades de duración semanal. Cada semana se habilitará una unidad con su correspondiente material de lectura y una serie de ejercicios que el participante deberá subir a la plataforma una vez concluidos. La aventaja de esta modalidad a distancia es que cada participante administra su tiempo y realiza sus actividades durante la semana y el trabajo se sube a la plataforma un día establecido. A partir del día siguiente se habilita la próxima unidad.

El participante también tiene la posibilidad de un Chat semanal del que participan profesor y alumnos en día y hora a convenir para aclarar dudas sobre el tema y la ejercitación dados en esa unidad. También, en forma personal con la profesora puede comunicarse con ella a través de e-mail.

CURSO TALLER

2014-11-01T21:25:00.004-07:00

El programa del curso de redacción para estudiantes, bachilleres y abogados que se detalla a continuación es un programa básico y es el que se dicta en instituciones. Sin embargo, el temario puede ser modificado según las necesidades, dificultades o intereses de las personas que asistan al curso.
1) Características del lenguaje jurídico - Concepto de tecnolecto. - Características de la comunicación jurídica. Su objeto: la persuación. - Emisor-mensaje-receptor. 2) La arquitectura de la frase - El orden de las palabras en la oración. - Oración y párrafo. - Subordinación. - La longitud de la frase. - Uso de los marcadores textuales (encabezamientos de la frase). 3) Algunos conceptos gramaticales - Dudas ortográficas. - Acentuación. - Puntuación. - Correlatividad de tiempos verbales. - Voz activa y voz pasiva. Pasiva refleja y perifrásica pasiva. 4) Errores más comunes - Exceso de subordinación. - Mal uso del gerundio (El dictamen informando...). - Exceso de perífrasis verbales. - Muletillas (Será justicia "a sus efectos"). - Construcciones absolutas de pasado (Trabado el embargo...). - Acumulación de locuciones prepositivas (En el supuesto que, en un todo de acuerdo con...). - Hipérbaton (De la documentación, traslado). - Arcaísmos (Fecho, vuelva). 5) Ejercicios de composición 6) Distintas formas de generar un texto - Torbellino de ideas. - Mapas y redes. - Palabras clave. 7) Recursos retóricos - Frases de inicio y cierre. - Juego de oposiciones y paralelismos. - Preguntas retóricas.

INICIO

2014-11-01T20:27:00.005-07:00

REDACCIÓN PARA ABOGADOS: VICIOS DEL LENGUAJE LEGAL

DEL DEBER DE REDACTAR AL PLACER DE ESCRIBIR

¿Qué es el curso de redacción? El curso de Redacción para Abogados consta de una serie de encuentros donde se imparten una serie de técnicas básicas de redacción aplicadas al texto jurídico-administrativo. No es un taller de escritura y tampoco es un curso de gramática española. Sin embargo, el trabajo con el texto jurídico implica la práctica y la propia escritura y también se imparten algunos conocimientos básicos de gramática que son necesarios para conseguir una buena redacción

¿Por qué?

Porque el lenguaje escrito es una de las herramientas cotidianas que el abogado debe dominar a la perfección.
Porque con ella expresa los argumentos que son la base de los derechos que defiende.
Porque cada día se observa más dificultad en el dominio del lenguaje escrito.
Porque cada día se hace más dificultosa la comunicación entre abogados y clientes u órganos jurisdiccionales.

¿A quién está dirigido? A abogados, estudiantes de derecho y a cualquier persona que trabaje a diario con el discurso jurídico y advierta dificultades en la expresión escrita.

¿En qué modalidades se dicta? El curso puede ser presencial, a través de e-learning (curso a distancia a través de internet) e in office.

La modalidad presencial consta de 6 clases de dos horas cada una, una vez por semana. Para mayor infomación contáctenos.

Aquellas personas que por razones de distancia, comodidad o simplemente porque así lo elijan pueden optar por realizar el curso a distancia a través de Internet. Para conocer más acerca del e-learning y acerca de esta modalidad consulte nuestra nueva sección e-learning o bien consúltenos.

¿Cuál es la Metodología de trabajo? Cada vez que un estudio jurídico solicita un curso hay una entrevista previa para interiorizarse de las necesidades de los participantes. Existe un programa básico de temas para desarrollar pero siempre se tienen en cuenta las dificultades o intereses particulares de las personas que participarán en él. Posteriormente, los talleres se desarrollan en módulos de reuniones semanales de una hora y media.

Estructura de cada reunión.

1) Parte expositiva: donde la responsable del curso explicará un punto del programa que será ilustrado con ejemplos tomados de textos jurídicos.

2) Parte práctica: los participantes trabajarán según modalidades diferentes.

- Corrección de errores y reformulación de frases sobre textos jurídicos aportados por la responsable.

- Redacción de pequeños textos de acuerdo con consignas de trabajo que proponga la responsable, para evaluar la comprensión de la normativa explicada.

- Trabajo de corrección sobre frases o textos, material de trabajo aportado por los participantes del curso.

Temario. Algunos de los temas que se tratan son: cómo se elabora un texto y se organizan las ideas, el orden de las palabras en la oración, uso de tiempos verbales, uso correcto del gerundio, párrafo y oración, la longitud de la frase, muletillas y locuciones incorrectas, errores más comunes, acentuación, vicios del lenguaje legal, propuestas de estilo, etc.

MODELO DE DEMANDA: OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA EN SUBROGACIÓN DE UN DEUDOR

2014-10-24T20:46:00.004-07:00

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA:

El otorgamiento de escritura pública es entendido por la jurisprudencia como un deber de las partes de perfeccionar el contrato. Ante el incumplimiento de este deber, el propietario podrá iniciar este proceso, atendiendo a los artículos 1412 y 1549 del Código Civil, a fin de que la parte renuente firme la escritura de formalización y si a pesar del mandato judicial se mantiene en su negativa, es el juez quien se sustituye en el obligado.

LA ACCIÓN SUBROGATORIA:

Es la que permite al acreedor ejercer los derechos de su deudor cuando éste se encuentra inactivo o los abandona. Art.1196 “...los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona”.

Ej., Usted es acreedor de Juan por $5.000 y no le paga, a la vez varias personas le deben dinero a Juan pero él no hace nada por cobrarles; la ley le da derecho a Usted a subrogarse en los derechos de Juan y de intentar en su nombre el cobro de lo que le deban a Juan.

Se llama “subrogatoria u oblicua o indirecta”; subrogatoria porque el acreedor subroga (reemplaza) al deudor en sus derechos; oblicua o indirecta, porque lo que se cobre ingresará al patrimonio del deudor, lo cual indirectamente beneficiara a los acreedores.

AUTOR: FREDDY SERGIO PILLACA HUACLES

Secretario :

Expediente :

Cuaderno : Principal

Escrito : 01

Sumilla : DEMANDA OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

JXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nº 09177075, con Domicilio Real Av. Los Olivos Mz. “S” Lt. 3 Villa Alta -La Molina, LIMA, señalo como Domicilio Procesal en AV. BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;” a Ud. atentamente digo:

I.- PETITORIO:

En vía de proceso sumarísimo interpongo demanda de OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE BIEN INMUEBLE, ubicado en Av. 28 de julio Nº 569 Boutique tres, primeras plantas, distrito de Miraflores, Provincia de Lima, vendido a mi deudor el señor XXXXXXXXXXXXXXXXX, por la suma de $12 000.00 (doce mil dólares americanos), en atención a los fundamentos que paso a exponer:

DEMANDADOS:

La presente demanda se dirigirá en contra de los señores XXXXXXXXXXXXXXX, a quienes solicito se les notifique con la presente demanda de Otorgamiento de Escritura Pública a su actual domicilio ubicado en Calle Enrique Palacios 1160 2-D, Miraflores, a fin de que absuelva mi pretensión, con arreglo a ley.

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO.- Que, mediante minuta de fecha 02 de setiembre de 1998, el inmueble referido en el petitorio se otorgo en calidad de compra-venta; por una parte se encontraba en calidad de vendedora del bien inmueble a la señora XXXXXXXXXXX, según poder amplio y general de fecha 09 de diciembre de 1996 extendido por Escritura Pública ante la notaria Medelius, inscrito en la ficha Nº 253369 del Registro de Mandatos de Lima (vigente en la actualidad); mandato otorgado por los señores CeXXXXXXXXXX (propietarios), y por la otra parte en calidad de compradores a los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; en dicha oportunidad los demandados recibieron el total del monto pactado, pero es el caso que hasta la fecha no se ha realizado los trámites correspondientes para que sea elevada en Escritura Pública y pueda ser inscrito ante los Registros de Propiedad Inmueble (SUNARP), conforme lo acordado en la minuta de compra venta.

Jurisprudencia:

Es fin de los procesos de Otorgamiento de Escritura Pública la formalización de un acto jurídico porque así lo determina la ley o porque así lo han acordado las partes; siendo que, cuando de compra venta se trata, el adquirente podrá compeler a su vendedor a otorgarla de acuerdo a lo dispuesto por los artículos mil cuatrocientos doce y mil quinientos cuarenta y nueve del código civil. Cas. Nº 2292-01-Lima, El Peruano, 02-05-2002, p. 8738.

El ejercicio de la acción de Otorgamiento de Escritura Pública se orienta a dar formalidad a los actos jurídicos con la finalidad de otorgarles seguridad y afianzamiento, de tal modo que para el amparo del mismo se requiere indispensablemente de la existencia de un contrato cuya solemnidad se persigue. Cas Nº 3324-2201 – Ucayali, el peruano. 01-07- 2002, p. 8945.

El Otorgamiento de la Escritura Pública no es necesario para el perfeccionamiento de la transferencia, sino que constituye una formalidad cuando es exigida por la ley o se ha convenido en el contrato. Cas. Nº 1516.2000-Callao, El Peruano 30-01-2001, p. 6849.

SEGUNDO.- Que, en la minuta de compra-venta realiza entre los señores anteriormente mencionados; en la cláusula séptima se hace referencia que los gastos que ocasionara la minuta, su elevación a Escritura Pública e inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima, sería de cuenta de los compradores; acto que hasta la actualidad no han realizado. Actualmente, esta situación me esta perjudicando ya que el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX me adeuda la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 83/100 DOLARES AMERICANOS (su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio a la fecha que se expidió la sentencia), más intereses legales, costas y costos. Deuda que se acredita mediante sentencia judicial expedida con fecha 14 de agosto del 2006, por el 5º Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores.

Gaceta J. (2008:326)[1], dice “Si el deudor no cumple con la obligación de dar una suma de dinero a pesar de estar ordenado así por el órgano jurisdiccional, se puede proceder a la ejecución forzada de la obligación a través de la afectación de uno o varios bienes del deudor, los mismos que posteriormente serian rematados judicialmente a efectos de que con lo que resulte de esa venta judicial se procesa al pago de la deuda”.

TERCERO.- Hasta la fecha no se ha dado cumplimiento con lo ordenado en la sentencia expedida por el 5to Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, ya que el señor XXXXXXXXXXXXXXX, en forma doloso no ha realizado los trámites para la inscripción del inmueble ante los Registros Públicos; intentando de esta manera eludir su deuda. Es por ello, que de la facultad que me otorga el Código Civil como acreedor del señor XXXXXXXXXXXX, interpongo la demando de Otorgamiento de Escritura Pública, Ante su judicatura.

Gaceta J. (2008:330)[2], dice “La facultada conferida en el inc. 4 del Art. 1219 del Código Civil es claramente una autorización legal expresa al acreedor para poder iniciar un proceso en contra del deudor de su deudor a fin de plantear una pretensión, la cual, en principio, solo podría ser intentada por su deudor, al ser este el titular de la misma. En efecto, al ser el deudor del acreedor, acreedor de otro, él podría formular contra este último una pretensión de cumplimiento de obligación o de indemnización por daños y perjuicios derivados del cumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso; sin embargo, la ley de manera expresa, legitima al acreedor del deudor para que éste pueda iniciar el proceso planteando esta pretensión.

El comentario es propio “Se puede decir que según la doctrina estamos ante una legitimidad para obrar extraordinaria ya que no siendo o no formando parte de la relación jurídica material primigenia, la ley faculta a un tercero para que pueda iniciar o formar parte en la relación jurídica procesal en forma valida”.

CUARTO.- Adicionalmente, pongo a su conocimiento que con fecha 19 de setiembre del presente año; solicite una medida cautelar sobre el inmueble materia de la demanda (Embargo de bien inmueble inscrito a nombre de tercera persona), la cual fue concedida con fecha 03 de octubre del presente año y fue inscrita ente el Registro Público de Propiedad Inmueble en la Partida Registral Nº 41692820, con fecha 15 de octubre del presente año.

Art. 650 del Código Procesal Civil, modificado por Decreto Legislativo Nº 1069 del 28/06/08; embargo de inmueble sin inscripción registral o inscrito a nombre de tercera persona:

(…)También en caso que se acredite, de modo fehaciente que el bien pertenece al deudor y se encuentra inscrito a nombre de otro; deberá notificarse con la medida cautelar a quien aparece como titular en el registro; la medida se anotara en la partida respectiva; la subasta se llevara adelante una vez regularizado el tracto sucesivo registral.

QUINTO.- Que, con fecha 22 de octubre del 2008 remití carta notarial al domicilio de los demandados solicitando que regularicen el otorgamiento de escritura publica de la compra venta que realizaron por intermedio de la señora XXXXXXXXXXXXXXX, quien hasta la actualidad cuenta con el poder amplio y general otorgados por los demandados; carta notarial que no quiso ser recepcionada por la persona que se encontraba en dicho domicilio aduciendo que los demandados ya no viven en dicho domicilio hecho que doy cuenta a su judicatura para acreditar la beuna fe con la que siempre actuó.

SEXTO.- Que, con fecha 22 de octubre del presente año también remite carta notarial a la señora XXXXXXXXXXXXXXXX; quien en la actualidad cuenta con un poder vigente e inscrito ante los Registros Públicos; quien respondiendo a la carta notarial, haciendo las siguiente afirmaciones que paso a describir:

Que, la propiedad pertenece a un tercero, que no tiene que ver con la documentación que se adjunta.
Que, la propiedad mencionada es de propiedad de la señora XXXXXXXXXXXX conforme a la documentación que se le fue dejada en el año 2004 por la actual propietaria.

Desconociendo con estas afirmaciones la documentación que se adjunto a la carta notarial, la cual pongo a su conocimiento para su mejor resolver la presente demanda; hago mención que la documentación adjuntada a la carta notarial en la actualidad es la que se encuentra inscrita en los Registros Públicos y en el 5to Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, es por ello que es desconcertante la respuesta que hace la señora Gloria Norma Barbero Fano de Mora, quien además esta facultada para hacer el otorgamiento de escritura publica ya que en la actualidad cuenta con la vigencia del poder otorgado a su nombre según los Registro Públicos.

SEPTIMO.- Señor juez, por lo hechos expuesto con antelación me veo en la imperiosa necesidad de interponer la presente acción en subrogación de mi deudor a efectos de que se otorgue la escritura pública.

III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:

Que, mi demanda se encuentra amparada en los siguientes cuerpos de leyes:

CÓDIGO CIVIL

Articulo 1219º.- Derechos y acciones del acreedor como efecto de las obligaciones

Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente:

1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que esta obligado.

2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor.

3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.

4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2.

Articulo 1412º.- Exigencia de partes del cumplimiento de la formalidad

Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura publica o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida.

La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el titulo de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el tramite del proceso correspondiente.(*)

Artículo 1549.- Perfeccionamiento de transferencia

Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Arts 546 inc. 6) y 8),

Artículo 546.- Procedencia.-

Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos:

1. Alimentos;

2. Separación convencional y divorcio ulterior;

3. Interdicción;

4. Desalojo;

5. Interdictos;

6. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay duda sobre su monto o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez considere atendible su empleo;

7. Aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Unidades de Referencia Procesal; y

8. Los demás que la ley señale.

IV. VÍA PROCEDIMENTAL:

La presente demanda se tramitara en la vía de proceso sumarísimo

V.- COMPETENCIA:

Corresponde el conocimiento de su causa a su señoría, conforme al Art. 14 del Código Procesal Civil.

Artículo 14.-Reglas generales de la competencia.-

Cuando se demanda a una persona natural, es competente el Juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario.

Si el demandado domicilia en varios lugares puede ser demandado en cualquiera de ellos.

Si el demandado carece de domicilio o este es desconocido, es competente el Juez del lugar donde se encuentre o el del domicilio del demandante, a elección de éste último.

Si el demandado domicilia en el extranjero, es competente el Juez del lugar del último domicilio que tuvo en el país.

Si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera determinarse la competencia por razón de grado, es competente el Juez Civil.

VII.- MEDIOS PROBATORIOS:

Copia de la minuta de compre venta.

Copia certificada de la sentencia firme de fecha 24 de agosto del año dos mil seis

Copia de la resolución que concede la medida cautelar

copia de la ficha de contribuyente expedida por la municipalidad de Miraflores y la ficha de contribuyente que se encuentra en la página Web de la Municipalidad de Miraflores.

Original de la carta notarial remitida a los demandados.

Original de la carta notarial remitida a la señora Gloria Norma Barbero Fano de Mora.

Original de la carta notarial que la señora Gloria Norma Barbero Fano de Mora remite al demandante desconociendo los documentos que se adjuntaron a dicha carta notarial que fue remitida el 22 de octubre del presente año.

POR TANTO:

Al Juzgado, solicitamos se sirva admitir la presente solicitud de acuerdo a ley.

ANEXOS: Que adjuntamos los siguientes anexos:

ANEXO 1-A.- Fotocopia del DNI del recurrente.

ANEXO 1-B.- Fotocopia de la Minuta de Compra Venta d fecha

ANEXO 1-C.- Fotocopia Certificada de la sentencia firme de fecha 24 de agosto del año dos mil seis

ANEXO 1-D.- Fotocopia de la resolución que otorga de la medida cautelar

ANEXO 1-E.- Fotocopia de la ficha de contribuyente expedida por la Municipalidad de Miraflores Y la ficha de contribuyente que se encuentra en la página Web de la Municipalidad de Miraflores.

ANEXO 1-F.- Original de la carta notarial remitida a los demandados.

ANEXO 1-G.- Original de la carta notarial remitida a la señora Gloria Norma Barbero Fano de Mora.

ANEXO 1-H.- Original de la carta notarial que la señora Gloria Norma Barbero Fano de Mora remite al demandante desconociendo los documentos que se adjuntaron a dicha carta notarial que fue remitida el 22 de octubre del presente año.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, de conformidad con el Art. 80 del CPC confiero las facultades generales de representación a favor del letrado que suscribe los presentes y al abogado Luis A. Chávez Villodas, conforme lo prevé el numeral 74 del mismo cuerpo legal acotado; para lo cual manifiesto estar instruida de las facultades conferidas y de sus alcances y señalo como domicilio lo indicado en el presente documento.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, autorizo a la señorita Dayana Líz Pariona Cutti, a fin que puedan revisar los actuados judiciales, así como autorizados para recoger anexos, copias certificadas, oficios, consignaciones judiciales, notificaciones, partes regístrales, entre otros.

TERCER OTROSI DIGO: De conformidad con el Art. 133 del C.P.C. se adjunta copias simples del escrito y anexos para los fines de ley

CUARTO ATROSI DIGO: Adjunto comprobante de pago de tasa judicial respectiva y cedula de notificación.

Lima, 31 de octubre del 2008

_________________________

DNI Nº

[1] Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado, Tomo VI, Editorial El Búho EIRL, Lima – Perú, 2007

[2] Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado, Tomo VI, Editorial El Búho EIRL, Lima – Perú, 2007

MODELO DE APELACION DE UNA RESOLUCIÓN DE ODECMA QUE DECLARA IMPROCEDENTE AMPLIACIÓN DE QUEJA

2014-10-17T20:27:00.001-07:00

Una Queja o Denuncia ante el Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura es la desaprobación, cuestionamiento, clamor, acusación, que los ciudadanos, usuarios del servicio de justicia expresan contra los actos de un Magistrado y/o Servidor Judicial o dependencia del Poder Judicial por actos contrarios o irregulares a la correcta administración de Justicia. Esto procede ante la existencia de una irregularidad o inconducta funcional de un funcionario de justicia, ya sea Magistrado, Servidor o Auxiliar Judicial dentro de un proceso de cualquier naturaleza. Cualquier queja o denuncia realizada frente a una presunta irregularidad es susceptible de ser investigada ya que los magistrados y demás servidores del Poder Judicial, en el ejercicio de sus cargos, desarrollan funciones que la ley les señala, las que se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Reglamento y supletoriamente, por el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales y Procedimientos Administrativos y los Códigos Adjetivos en materia Civil y Penal, en cuanto le sean aplicables. Una queja escrita es pasible de ser declarada improcedente o infundada por el órgano contralor que investiga (ODECMA). No obstante de ello, la misma es pasible de apelación a efectos de que el superior (OCMA) la examine nuevamente y disponga la investigación del magistrado o trabajador judicial quejado por existir elementos de convicción de una presunta inconducta funcional. Mediante el presente modelo he procurado establecer requisitos básicos para poder formular una apelación por haberse declarado improcedente una queja presentada ante la ODECMA.

AUTOR: FREDDY SERGIO PILLACA HUACLES

MODELO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (EXPEDIDA POR ODECMA) QUE DECLARA IMPROCEDENTE AMPLIACIÓN DE QUEJA ESCRITA.

Exp. : N° 0001-2012

Cuaderno principal

Escrito Nº 05

SUMILLA: APELACION

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA (ODECMA):

JOSEXXXXXXXXXXXXX, en los seguidos contra el XXXXXXXXXXXX JUZGADO MIXTO, sobre QUEJA POR RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTRO, a usted digo:

PETITORIO IMPUGNATIVO:

Que, no encontrando arreglada a ley, la resolución número 03, de fecha 18 de diciembre del 2012, emitida por vuestro despacho, notificada a mi parte el 21 de enero del año en curso, mediante el cual se declaró improcedente la ampliación de queja interpuesta; dentro del término legal correspondiente, INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN, a efectos de que los actuados sean elevados al superior, esperando que el mismo se pronuncie actuando en sede de instancia declarando nula la indicada resolución y admita la misma en razón de los siguientes fundamentos:

HECHOS:

I. FLAGRANTE INCUMPLIENTO DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO.

1. La acción de queja, como todos los procesos disciplinarios, tiene como fin esencial garantizar y evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño funcional de los Magistrados y Auxiliares de Justicia dentro de un proceso, constituyéndose por ende en un mecanismo instrumental compuesto por un conjunto de actos, a través del cual una o varias irregularidades –por comisión u omisión-, invocadas por los justiciables, son resueltas por los órganos de control, aplicando criterios de un debido análisis con probidad, con el objeto de advertir la existencia de irregularidades dentro del trámite de un proceso judicial. Como tal, dota a los ciudadanos de un instrumento de carácter supervisor, preventivo y vigilante de un debido proceder de los funcionarios encargados de administrar justicia, por tanto posee una naturaleza jurídica propia que obliga a los magistrados y personal de apoyo en respetar escrupulosamente el orden jurídico que la regula con idoneidad.

2. Bajo esta premisa, es necesario identificar que el a quo, como defensor del recurrente a efecto de identificar actos cuestionables o poco diligentes por el quejado, debió advertir el retardo existente en la causa, la poca diligencia en el proveído de los escritos, la falta de motivación en las resoluciones que resuelven los pedidos del accionante. LA QUEJADA (MAGISTRADA) SUSTENTA SU SENTENCIA CON UN DOCUMENTO QUE NO FUE OFRECIDO COMO MEDIO PROBATORIO EXTEMPORÁNEO O EN SU DEFECTO COMO MEDIO PROBATORIO DE OFICIO PARA PODER VALORARLO EN LA SENTENCIA, vulnerándose de esta manera el deber de todo juez de administrar justicia de manera proba y respetando escrupulosamente los lineamientos del debido proceso (es así que el principio iuri novi curi nos dice que el juez es el conocedor del derecho y como tal administra justicia aplicando la norma pertinente, pese a ello sustenta su sentencia con instrumento que no cumplió con las formalidades procesales de ley, evidenciando con ese actuar un pronunciamiento a favor de los demandados).

3. Siendo ello así, el primigenio (investigador - odecma) pretende continuar desprotegiendo al accionante, bajo argumentos falto de motivación, carentes de argumentos lógicos jurídicos e incorrecta apreciación de los actuados y que el a quem deberá valorar debidamente -hechos narrados en su debida oportunidad y que debieron ser corroborados con las piezas procesales de autos (exp. 000-2008-LA)-.

4. Tal como he señalado, el órgano evaluador de las presuntas irregularidades no cumplió con su rol investigador, ya que como se puede apreciar de la resolución impugnada está contiene argumentos poco concretos y deficientes para rechazar la ampliación de la queja incoada; en esa lógica, procedo en desglosar los argumentos esgrimidos en el considerando cuarto de la apelada y que utiliza como argumento válido para la declaración de improcedencia de la ampliación de queja:

Resolución Número 03 (materia de apelación)

Lima, dieciocho de diciembre

De dos mil doce

(…)

Considerando:

Cuarto (segundo párrafo) : “(…) no compete a este órgano de control examinar y juzgar si es correcto o no el sentido de la decisión y mucho menos juzgar si es justa o no la decisión jurisdiccional, pues de hacerlo asumiría ilegalmente funciones jurisdiccionales y vulneraria gravemente la independencia del juez garantizada por la constitución como si lo puede hacer el superior jerárquico quien está facultado para examinar y juzgar el sentido de la decisión y sus fundamentos. (…)”

· De este argumento puedo decir lo siguiente: Lo que se procura advertir por el quejoso es que no resulta jurídicamente posible que un magistrado (conocedor de las normas sustantivas y procesales) SUSTENTE SU SENTENCIA CON UN INSTRUMENTO QUE NO CUMPLIÓ CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR LEY PARA SER CONSIDERADOS O VALORADOS EN LA SENTENCIA (lo cual también se encuentra en el supuesto típico del delito de prevaricato), es más, la quejada procure desconocer los parámetros determinados por el a quem mediante resolución de vista a efectos de emitir un nuevo pronunciamiento contraviene el artículo 4 de la LOPJ. Este actuar ha favorecido a los codemandados, y lo cual debe ser debidamente merituado por el órgano de control a efectos de determinar la sanción correspondiente.

· Asimismo, se advierte que desde que la quejada (magistrada denunciada) asumió el despacho ha evidencia una parcialización a fin de beneficiar a los codemandados, lo cual no sucedió con el anterior magistrado, quien realizó su función con probidad e imparcialidad a razón de llevar el cauce del proceso acorde a ley.

· En adición, debo señalar que esta conducta irregular también se evidencia en el expediente 000-11-LA, donde soy demandante y los codemandados son también las misma personas; donde de forma inescrupulosa de frustro en dos oportunidades la realización de audiencia, pese a que el letrado que me representa procuro por todos los medio advertir a la quejada que podía frustrarse por el retardo en proveer los escritos presentados por los codemandados.

5. En ese contexto, y de estos argumento expuestos puedo indicar lo siguiente: que si bien es cierto, que todo magistrado puede emitir una sentencia acorde a su criterio de discrecionalidad y con la libre apreciación de los medios probatorios; esto no quiere decir que la judicatura de manera arbitraria pueda emitir un pronunciamiento en base a documentos que no fueron formalmente admitidos en la etapa procesal correspondiente o en su defecto admitidos como medio probatorio de oficio para sustentar su sentencia; lo cual sucedió en el expediente 000-08-LA.

6. En consecuencia, de los argumentos precedentes narrados se puede colegir que la apelada fue emitida contrario a derecho, con arbitrariedad, en contravención del derecho al debido procedimiento, a fin de impedir que se proceda con la ampliación de las investigaciones pertinentes y se pueda determinar las irregularidades permanentes en el Exp. 000-08, ya que el solo hecho de ser declarado improcedente y recurrir mediante apelación al superior para la admisión de la ampliación de la queja es desmerituable. Por ello, pido declarar nula la apelada y se admita la ampliación de la queja.

II. NATURALEZA DEL AGRAVIO:

La resolución apelada me causa agravio porque, al declarar improcedente la ampliación de la queja de manera irregular (indebida) y con una evidente falta de motivación por el investigador, se está afectando mi derecho al debido procedimiento sobre todo si se tiene en cuenta que la queja (magistrada) actuó de forma parcializada, favoreciendo a los codemandados desde que asumió la dirección del Juzgado Mixto de xxxx.

III. SUSTENTO JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVO:

Mi pretensión impugnatoria se sustenta principalmente en las siguientes normas legales:

· El artículos 105 del ROF de OCMA.

· Falta de motivación interna del razonamiento: tiene una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y por otro lado, cuando existe incoherencia, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que apoya la decisión. (STC 03043-2006-PA/TC, F. 4).

· Falta de motivación externa: cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica –problemas en las pruebas o de interpretación de las norma- (STC 00728-2008-PHC/TC, F. 7).

· La motivación insuficiente: resulta relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se esta diciendo. (STC 03943-2006-PA/TC, F. 4)

· Motivación sustancialmente incongruente: obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (…), es decir, dejar incontestada las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión , constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación (incongruencia omisiva). (STC 03943-2006-PA/TC, F. 4).

Por tanto:

A su ente investigador, solicito se sirva admitir el presente recurso de apelación, a fin de que el superior en grado lo examine y proceda en anular la resolución impugnada.

PRIMER OTROSI DIGO: Tenga presente lo dispuesto por el Código Procesal Civil: artículo II último párrafo del Título Preliminar (impulso del proceso), artículo 50º (deberes de los jueces), 124º (plazos máximos para emitir resolución), articulo 145º inc. 3) (falta grave); todos ellos concordados con el artículo 201º de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Asimismo, la Ley Núm. 29574 artículo 5 que modifica los artículos 34 numeral 6 y 47 numeral 19 de la Ley núm. 29277, Ley de la Carrera Judicial la cual considera como falta grave el no cumplir con expeditar las resoluciones pertinentes dentro del término de ley.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, suscribo el presente el escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 290º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lima, 21 de enero de 2014

________________________

Abogado

Reg. C.A.C Nro. 6130

MODELO DE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

2014-10-17T19:23:00.004-07:00

El recurso de agravio constitucional (RAC) es un medio impugnatorio que interpone el afectado con un derecho constitucional ante la denegatoria en segunda instancia de su demanda constitucional (amparo, cumplimiento, etc.) a fin de que el mismo sea revisado por el Tribunal Constitucional (TC). Este recurso no tiene requisitos especiales para su interposición, esto significa que es libre de hacerse en el entendido que los procesos constitucionales hacen primar el fondo a la forma. No es un recurso de casación que sube a la Corte Suprema, el recurso de agravio constitucional sube al Tribunal Constitucional. En el presente modelo he tratado de establecer algunos requisitos, recuerde que sólo se deben de observar los requisitos expresamente previstos en el Código Procesal Constitucional.

AUTOR: FREDDY SERGIO PILLACA HUACLES

Modelo de recurso de agravio constitucional

Secretario : Rxxx

Expediente : 22000-12-CI

Cuaderno : PRINCIPAL

Escrito : 05 Sumilla : RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

XXXXXXXXXXXXXX, en los seguidos contra la MUNICIPALIDAD DE XXXXXXXX, sobre ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO; a Ud atentamente decimos:

PETITORIO IMPUGNATIVO:

Que, no encontrando arreglada a ley, el auto de vista número 02 de fecha 07 de agosto del 2014, emitida por vuestra sala, notificada a nuestra parte el 01 de setiembre del año en curso, mediante el cual se confirma el auto del a quo que declaró improcedente liminarmente la demanda de cumplimiento interpuesta por nuestra parte; dentro del término legal correspondiente, INTERPONGO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, a efectos de que los autos sean elevados al Tribunal Constitucional, esperando que el mismo se pronuncie declarando la nulidad de la indicada resolución y ordene la admisibilidad de la misma o alternativamente emita un pronunciamiento de fondo declarando fundada la demanda en todos sus extremos, en razón de los siguientes fundamentos:

HECHOS:

I. FLAGRANTE INCUMPLIENTO AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA -ARTICULO 139 NUMERAL 3).

1. La acción de cumplimiento, como todos los procesos de garantía constitucional, tiene como fin esencial garantizar la primacía de la constitución, constituyendo un mecanismo instrumental compuesto por un conjunto de actos jurídicos procesales, a través del cual una o varias pretensiones litigiosas, invocadas por los justiciables, son resueltas por los órganos de la jurisdicción, aplicando el derecho objetivo, con el objeto de restablecer la paz social y la justicia. Como tal, dota a los ciudadanos de un instrumento procesal sumarísimo, ágil y expeditivo, distinto del contencioso administrativo, por tanto posee una naturaleza jurídica propia que obliga a los actores procesales a respetar escrupulosamente el orden jurídico que la regula.

2. A que, el proceso constitucional de cumplimiento esta dirigida a defender la eficacia de normas legales y/o actos administrativos con calidad de cosa decidida, que no generan controversia compleja, y sean un mandato cierto y claro, de indubitable y obligatorio cumplimiento.

3. Bajo esta premisa, es necesario identificar que el juez, como defensor del principio constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva[1], la legalidad y principal responsable de cautelar el debido proceso[2]. No obstante, declara improcedente mi demanda y es confirma por la sala superior, en evidente infracción del derecho al acceso a la justicia, ya que la causal que invoca para la improcedencia de la acción interpuesta no se encuentra en ningún numeral señalado en el artículo 70 del C.P.Const. ni mucho menos en el precedente vinculante 168-2005-PC/TC.

4. En ese contexto; y a efectos de hacer un correcto cuestionamiento del auto de vista N° 02, se analiza el considerando numeral 2.5 y 2.6, los cuales sirven de sustento del pronunciamiento de la sala superior:

SOBRE EL ARGUMENTO EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO numeral 2.5: “ (…) se aprecia que quienes demandan cumplimiento de lo dispuesto en las normas invocadas (segunda disposición complementaria de la LEY N° 27803 de la Quinta Disposición Final del Decreto Supremo N° 14-2002-TR y por consiguiente el pago de lo compensación por Tiempo de Servicios) no son los titular del derecho alegado -PabloXXXXXX-, sino las herederas del titular del derecho, quienes pretenden mediante el proceso de cumplimiento el pago de los beneficios sociales de su causante, cuando tal pretensión deben hacerlo valer en la vía respectiva y no mediante un proceso constitucional de cumplimiento, que su ejercicio se encuentra reservado para el titular del derecho”.

Sobre este argumento, según el razonamiento de la sala superior: i) el único que puede interponer la demanda de cumplimiento es el difunto XXXXXXXXX, y no sus herederos; y ii) existe otra vía para hacer valer dicha pretensión.

Sobre el punto i): no ha tenido en consideración lo señalado el en articulo 67.- Legitimación y representación: “Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido”. En ese sentido, los actores han acreditado en la demanda DE CUMPLIMIENTO tener un interés por cuanto son herederos de los activos y pasivos de su difunto padre XXXXXX, y al declararse fundada la demanda incoada se procederá en hacer UN NUEVO recalculo de la compensación por tiempo de servicios de su difunto padre, siendo los beneficiarios del mismo todos los sucesores DEL CAUSANTE.

Sobre el punto ii): la reiterada línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento sobre esta pretensión determinando que si resulta procedente el proceso de cumplimento por cuanto lo que se exige es el cumplimiento de una norma que se encuentra dentro de los parámetros del precedente vinculante STC 00168-2005-PC/TC. Véase las siguientes sentencias:

v EXP. N.° 04440-2011-PC/TC-LIMA. ABRAHAM MARCOS QUISPE HUAMÁN Y OTRO.

v EXP. N.° 08253-2006-PC/TC-LIMA. VERÓNICA CELINDA ESCUDERO PACHECO.

v EXP. N.° 00717-2011-PC/TC- LIMA. ELARD VALENCIA CHÁVEZ.

v EXP. N.° 01566-2010-PC/TC- LIMA. MARICELA MANUELA FERNÁNDEZ ÑÍQUEN.

v EXP. N.° 04211-2011-PC/TC- UCAYALI. WAGNER PILCO PANDURO.

SOBRE EL ARGUMENTO EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO numeral 2.6: “(…) que las recurrentes no han señalado cuales son los derechos fundamentales presuntamente violados o amenazados con el incumplimiento de las normas legales que invocan, esto es, no han precisado cual es la afectación concreta, por consiguiente, carecen de interés y legitimidad para obrar, ya que no tienen la condición de afectadas pues no son titulares de los derechos que exigen su cumplimiento.

5. Sobre este argumento, es preciso señalar que los actores en su calidad de sucesores del señor Pablo Marcas Ichpas están recurriendo vía proceso constitucional de cumplimiento a efectos de defender la eficacia de una norma legal que reconoce derechos a su finado padre (se cumpla con lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley nro. 27803 y de la Quinta Disposición Final del Decreto Supremo nro. 14-2002-TR); debiéndose precisar que la norma cuyo cumplimiento se solicita no está sujeta a controversia compleja, ya que ellas contienen un mandato cierto y claro, de indubitable y obligatorio cumplimiento; de conformidad a las exigencias establecidas en el precedente vinculante STC N° 168-2005-AC/TC.

6. En suma, lo que los accionantes están solicitando en su demanda es que la emplazada cumpla con la norma que dispone que la compensación por tiempo de servicios del causante Pablo, quien se encuentra inscrito en la relación de trabajadores cesados irregularmente (conforme se acredita con los medios probatorios que acompañan a la demanda y la apelación, que don Pablo es uno de los beneficiarios de esta ley), y por lo cual su CTS debe ser calculado (su compensación por tiempo de servicios) acorde al sustento normativo del D.L. 650 y no con el D.L. nro. 276 (no correspondía la aplicación del D.L. nro 276 al señor Pablo para el cálculo de su compensación por tiempo de servicios, no obstante de ello lo realizó la demandada contraviniendo la normatividad que ahora se pide su estricto cumplimiento). Por ello, los argumentos esgrimidos por el a quo y a quem devienen en nulo por no haber realizado una correcta valoración del petitorio y los fundamentos fácticos en las cuales se amparan los recurrentes.

7. Bajo esta premisa, es necesario identificar que el a quo y a quem deben tener una función principista siendo defensores de la legalidad y principales responsables de cautelar el debido proceso aplicando una debida motivación de los autos y sentencias que expiden, procurando resolver con imparcialidad los conflictos de intereses con relevancia jurídica; respetando escrupulosamente lo peticionado por el actor y valorar concienzudamente las pruebas aportadas.

8. A modo de término, es pertinente señalar que lo pretendido se encuentra dentro del marco normativo desarrollado en el proceso de cumplimiento y de conformidad a lo acreditado con la reitera jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional (que se adjuntó como anexos de la demanda), además, lo peticionado por los actores resulta justo y razonable, ya que como consecuencia de estimarse la presente acción incoada, se cumplirá con un dispositivo normativo que de alguna manera trato de reconocer derechos de los trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente en el régimen del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Siendo ello así, resultan amparable lo peticionado ya que tiene como finalidad hacer cumplir una normatividad.

9. En consecuencia, de los argumentos precedentes narrados se puede colegir que la resolución de vista fue emitida contrario a derecho, con arbitrariedad, en contravención del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a fin de impedir el acceso a la justicia y la cual está causando un grave perjuicio al recurrente por la dilación de la presente causa.

II. De la contravención al debido proceso:

Se incurre en error en el punto 2.5 Y 2.6 de los considerandos de la resolución de vista por lo siguiente:

1. Como se puede observar, lejos de verificar la existencia de una vía satisfactoria, se emite un pronunciamiento sobre el fondo, situación que se debió de dar una vez admitida a trámite la demanda, más aún cuando tales argumentos lejos de resolver el contenido de la resolución 01 procedieron a resolver cuestiones que ni siquiera han sido planteadas en el recurso de apelación, afectándose el principio de imparcialidad.

2. El error más evidente lo encontramos cuando se indica “los actores carecen de interés y legitimidad para obrar, existen otros vías (…)”. Como se puede observar para poder hacer el análisis al que se hace referencia se requería de contradictorio (excepcionar), tal como lo establece el penúltimo párrafo del Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que indica “Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación”

3. En el presente caso, lejos de aplicarse el principio pro actione se ha tratado en el presente proceso con principios del derecho procesal civil olvidando que nos encontramos en un proceso constitucional.

III. la contravención del principio de prohibición de la reforma en peor:

1. El primer error que se verifica es el contenido en los considerando 2.5 y 2.6, por cuanto lejos de revisar sólo lo indicado en la resolución de improcedencia liminar de la demanda, se ha procedido a revisar erradamente: a) la concurrencia del contenido constitucional de la pretensión, b) la legitimidad para obrar e interés de los actores, y c) si esta es la vía idónea para cautelar las alegadas violaciones.

2. En efecto, la resolución que declaró improcedente mi demanda sólo declaró improcedente la demanda por considerar que no cumple con los requisitos establecidos por el precedente vinculante STC N° 168-2005.AC/TC (véase el octavo considerando de la resolución 02)

3. Incluir como análisis de mi recurso de apelación la falta de legitimidad para obrar e interés para obrar, y la concurrencia del contenido constitucional de la pretensión, es contravenir el principio REFORMATIO IN PEIUS, POR CUANTO SE HA PRODUCIDO UNA REFORMA EN PERJUICIO DEL DEMANDANTE.

III. NATURALEZA DEL AGRAVIO:

La resolución de vista N° 02, materia de recurso de agravio constitucional me causa agravio porque al confirmar la improcedente liminar de la demanda de manera irregular (indebida) y con una evidente falta de motivación e incongruencia, se está afectando mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.

IV. SUSTENTO JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVO:

Mi pretensión se sustenta principalmente en la siguiente norma legal:

El artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que: “Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (…)” De esta manera, interpongo recurso de agravio constitucional en contra del AUTO DE VISTA N° 02 que desestima por improcedente mi demanda.

El Principio de la plenitud, como aquel principio que señala que el superior tiene las mismas facultades que el inferior, de tal manera que puede examinar la demanda en todo sus aspectos, analizar nuevamente la prueba y analizar cuestiones no consideradas por el inferior, pues el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio de conformidad con el artículo 364 del Código Procesal Civil. (F. 2).

Falta de motivación interna del razonamiento: tiene una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y por otro lado, cuando existe incoherencia, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que apoya la decisión. (STC 03043-2006-PA/TC, F. 4).

Falta de motivación externa: cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica –problemas en las pruebas o de interpretación de la norma- (STC 00728-2008-PHC/TC, F. 7).

Por tanto:

Señor Presidente, solicito se sirva admitir el presente recurso de agravio constitucional, a fin de que el Tribunal Constitucional lo examine y proceda a revocar y/o anular la resolución de vista.

PRIMER OTROSI DIGO: El presente proceso ha existido dilaciones innecesarias por parte del a quo, quien demoró en exceso la elevación del cuaderno principal al a quem, sin causa que lo justifique y lo cual se pone de conocimiento del Tribunal Constitucional para las recomendaciones correspondientes (inicio del proceso 2012 y recién en el 2014 se eleva el cuaderno de improcedencia liminar a la sala superior).

SEGUNDO OTROSI DIGO: Tenga presente lo dispuesto por el Código Procesal Civil: artículo II último párrafo del Título Preliminar (impulso del proceso), artículo 50º (deberes de los jueces), 124º (plazos máximos para emitir resolución), artículo 145º inc. 3) (falta grave); todos ellos concordados con el artículo 201º de Ley Orgánica del Poder Judicial.

TERCER OTROSI DIGO: Adjunto anexos: i) Sentencia N° 04440-2011-PC/TC (VÉASE FUNDAMENTO 4), ii) Sentencia N° 04168-2011-PC/TC (VEASE FUNDAMENTO 4), y iii) Informe N° 015-2012-MTPE/2/14, expedido por el Ministerio de Trabajo.

Lima, 12 de setiembre de 2014

__________________

XXXXXXXXXXXX

DNI N° 09511304

[1] (...) en nuestro ordenamiento constitucional, la tutela jurisdiccional es un derecho "continente" que engloba, a su vez, 2 derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso. Fuente: STC 0015-2001-AI/TC

[2] Alcances del derecho al debido proceso sustantivo: Recogiendo el desarrollo de esta institución en el Common Law, en el Perú se sostiene, actualmente, que el debido proceso tiene dos dimensiones: una procesal y una sustancial.

La dimensión procesal es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido, por ejemplo, juez natural, derecho de defensa, cosa juzgada, derecho a probar, la prohibición de la reforma en peor, etcétera.

Por otra parte, nos encontramos con la DIMENSIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO. En este sentido, nuestra jurisprudencia constitucional ha afirmado que ella se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, los que determinan la prohibición de cualquier decisión arbitraria, sin importar si ésta fue emitida dentro o fuera de un proceso o procedimiento. http://www.justiciaviva.org.pe/justmail/Proyecto%20Justicia%2034.pdf

CURSO TALLER DE REDACCIÓN LEGAL

2014-10-12T21:01:00.001-07:00

CALENDARIO PARA EL TALLER 01

v REDACCIÓN DE DEMANDAS.

v REDACCIÓN DE ESCRITOS LEGALES.

v TÉCNICAS PARA INFORMES ORALES.

Duración: del 24 de octubre al 19 de diciembre de 2014 (fecha probable)

Días: lunes, miércoles y viernes

Horario: 6:30 pm. a 9:30 pm.

Duración: del 26 de octubre al 19 de diciembre de 2014 (fecha probable)

Días: solo sábados

Horario: 8:00 a 1:00 pm. ó 2:30 a 7:30 pm

Lugar: Manuel Corpancho 313, segundo piso (alt. Cdra. 2 Petithouars) Cercado de Lima.
O en el Auditorio del Colegio de Abogados del Callao (por confirmar).

Materiales: serán proporcionados por los capacitadores.
Horas académicas: 48

Costo: S/. 450.00 nuevos soles (hasta en tres cuotas).

Ubicación de nuestra oficina: Av. Alfonso Ugarte N° 1002 - oficina N° 311[1].

Contacto: 997152097

E-mail: freddysp30@hotmail.com o asesor_juridicof@hotmail.com

2013 ORIENTACIÓN:

21 octubre de 6:00 a 8:00 pm.

Inscripción se podrá realizar el mismo día de la orientación en la sede donde se dictaran los cursos, en nuestra oficina o mediante correo electrónico (previa solicitud vía email de la ficha de inscripción).

FUNDAMENTACIÓN:

Esta asignatura está ubicada en el área de la formación de abogados noveles, bachilleres y/o estudiantes de derecho que desean laborar de manera independiente o dentro de estudios jurídicos; el objetivo es brindar conocimientos, herramientas y destrezas que el participante necesita para una formación profesional óptima. El taller de capacitación le permitirá conocer los métodos y técnicas para la redacción de demandas, escritos legales en distintas materias y técnicas para realizar informes orales ante todas las instancias judiciales.

PLANA DOCENTE:

1. Omar MartínVillaizan Paliza.-

· Ex Secretario Judicial en materia penal

· Ex Fiscal Adjunto de la Fiscalía Mixta de Tarapoto.

2. Freddy Sergio Pillaca Huacles[2].-

· Ex Asistente Administrativo en el Ministerio Público

· Ex Asistente en Función Fiscal en el Ministerio Público

· Ex Especialista Legal en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima.

· Ex Especialista Legal en el Primer Juzgado Civil de Lima.

· Abogado litigante.

· Abogado apto para ser Juez Supernumerario en Cañete

· Abogado apto para ser Juez Supernumerario en Huaura.

· Abogado de la Procuraduría Pública del Poder Judicial.

3. Rosa Trujillo Sáenz.-

· Abogada litigante con 10 años de experiencia.

REGLAS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER:

1. Asistencia obligatoria de un 70% (un máximo de 4 inasistencia injustificadas)

2. La entrega de materiales y control de asistencia tendrá una tolerancia de 45 minutos.

3. Durante el desarrollo de las clases, las preguntas se harán al final de la misma

4. Mantener los celulares apagados o en vibrador.

PARA OBTENER EL CERTIFICADO:

1. La nota mínima para la obtención del certificado es de 14 (catorce).

2. Para obtener el certificado se requiere ser estudiante, bachiller o abogado.

3. Para recabar el certificado al termino del curso taller, deberá presentar en la dirección académica, dos fotos tamaño pasaporte a color y fondo blanco y recibos de pago de cancelación del taller.

TEMARIO

REDACCIÓN DE DEMANDAS

1. TEORÍA DEL PROCESO

· Autotutela, auto composición y heterocomposición.

· Las fuentes del derecho procesal civil.

· Los principio procesales.

· Condiciones del ejercicio de la acción.

· La acumulación.

· Intervención de terceros.

· La nulidad procesal.

· Los presupuestos procesales.

· Las excepciones en el Código Procesal Civil.

· Formas especiales de conclusión del proceso.

· La función jurisdiccional.

2. LA DEMANDA

· Concepto

· Objeto de la demanda.

· Tipos de demanda.

· Forma de la demanda .

· Requisitos substanciales de la demanda.

· Admisibilidad y procedencia de la demanda .

· Requisitos formales de la demanda.

· Procedimiento .

· Demanda defectuosa.

· Acompañamiento de prueba.

· Admisión de la demanda

· Pluralidad de peticiones

· Retiro, desistimiento, modificación y ampliación de la demanda

· Efectos de la demanda.

· Actor o demandante.

· Demandado.

3. MEDIDAS CAUTELARES

· Concepto.

· Síntesis histórica.

· Naturaleza de las medidas cautelares.

· Ámbito de las medidas cautelares.

· Características

· Clasificaciones.

· Efectos de la medida preventiva en relación al solicitante.

· Medidas cautelares en el derecho comparado.

4. MEDIOS IMPUGNATORIOS

· Concepto.

· Síntesis histórica.

· La reposición.

· La apelación.

· El recurso de casación.

5. CASUÍSTICA

· Preparación de demandas y escritos legales -casos reales-. Estructura física de la demanda, plantillas “modelos” según el tipo de caso, full práctica, tips, desarrollo en el campo jurídico.

· Preparación para realizar informes orales ante todas las instancias jurisdiccionales: Técnicas, full práctica, tips, videos de casos reales y desarrollo en el campo jurídico.

· Análisis de dos expedientes judiciales concluido con sentencia judicial firme que declara fundada la demanda y otro que la declara infundada y/o improcedente.

· Análisis de cinco informes orales realizados en el Tribunal Constitucional.

6. SIMULADOR DEL TRÁMITE DE UN PROCESO JUDICIAL

· La redacción de la demanda y la presentación ante el órgano judicial competente se llevará a cabo durante las últimas semanas del curso taller. A través de un especialista en calificación de demandas se simularán las verdaderas condiciones para la admisión de la demanda y todo el trámite del proceso, lo cual permitirá que el participante pueda vivir una experiencia más auténtica. Además, se les enseñara la utilización para el acceso al Sistema de CEJ Electrónico del Poder Judicial, para que puedan tener de forma oportuna la información del estado del trámite de un proceso judicial.

7. USO DE LOS INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE PROPORCIONA EL PODER JUDICIAL EN SU PÁGINA WEB.

· Seguimiento de expedientes.

· Casilla electrónica.

· Búsqueda de jurisprudencia.

8. COMO HACER UNA QUEJA ANTE EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL PODER JUDICIAL (ODECMA Y OCMA)

· Verbal.

· Electrónica.

· Escrita.

9. VISITA A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL

· Juzgados de Paz Letrado de Lima.

· Juzgados Especializados en lo Civil de Lima.

· Corte Superior en lo Civil de Lima.

· Corte Suprema de la República del Perú.

· Tribunal Constitucional.

· Órgano de Control Interno del Poder Judicial (ODECMA Y OCMA).

· Central de Notificaciones.

[1] Véase el siguiente link para una mejor ubicación de la oficina: http://capacitacionjuridicaeecaj.blogspot.com/2014/07/donde-nos-ubicamos.html

[2] Véase informe oral ante el Pleno del Tribunal Constitucional: http://capacitacionjuridicaeecaj.blogspot.com/2014/09/informe-oral-con-el-pleno-del-tribunal.html

FREDDY SERGIO PILLACA HUACLES: INFORME ORAL EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2014-09-27T20:02:00.002-07:00

PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 03 DE SETIEMBRE DE 2014

MODELO DE MINUTA PARA SUCESIÓN INTESTADA EN LA VÍA NOTARIAL

2014-07-26T17:12:00.003-07:00

SEÑOR NOTARIO

XXXXXXXXXXXXXX, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N° XXXXXXXXXX, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE XXXXXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN MI CALIDAD DE HIJA DEL CAUSANTE, ANTE USTED ME PRESENTO PARA SEÑALAR LO SIGUIENTE:

PRIMERO: QUE, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DOÑA XXXXXXXXXXXXX HA FALLECIDO EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

SEGUNDO: LA CAUSANTE ERA CASADA CON MI PADRE DON XXXXXXXXXXXX, QUIENES TUVIERON TRES HIJOS, LA RECURRENTE Y MIS HERMANOS JXXXXXXXXXXXXXXXXX.

TERCERO: QUE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL INCISO 1) DEL ARTICULO 815 DEL CÓDIGO CIVIL, CUANDO EL CAUSANTE FALLECE SIN DEJAR TESTAMENTO, CORRESPONDE LA HERENCIA A SUS HEREDEROS EN EL ORDEN PREVISTO EN EL ARTICULO 816 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

CUARTO: QUE, EN ATENCIÓN AL FUNDAMENTO DE DERECHO CITADO EN EL PUNTO ANTERIOR Y AL AMPARO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, SOLICITO FORMALMENTE LA SUCESIÓN INTESTADA DE DOÑA XXXXXXXXXXXXXXX, A FAVOR DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN EL PUNTO SEGUNDO ANTERIOR Y QUE PROCEDO EN DETALLAR.

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 000000000, DE ESTADO CIVIL VIUDO, CON DOMICILIO EN CALLE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPERTITE DE LA DIFUNTA.

2. XXXXXXXXXXXXXXX, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N° 000000000, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE XXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN MI CALIDAD DE HIJA DE LA CAUSANTE.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 000000000, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE XXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE. Y,

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 000000, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN CALIDAD DE HIJO DE LA CAUSANTE.

QUINTO: ASIMISMO, SE SEÑALA DOMICILIO COMÚN PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A DONDE SE DEBERÁN CURSAR TODAS LAS NOTIFICACIONES PERSONALES.

SEXTO: PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 26662, ACOMPAÑO LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE DEFUNCIÓN DE LA CAUSANTE.
COPIA CERTIFICA DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO DEL CAUSANTE CON MI MADRE.
COPIAS CERTIFICADAS DE LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO DE LA RECURRENTE Y SUS HERMANOS.
COPIA DE MI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.
CERTIFICADOS NEGATIVOS DE TESTAMENTO Y DE SUCESIÓN INTESTADA EXPEDIDO POR LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA, CONFORME AL ÚLTIMO DOMICILIO DEL CAUSANTE.

SÉPTIMO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nro. 26662 ANTES REFERIDA, SÍRVASE SOLICITAR AL REGISTRO RESPECTIVO LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE LA PRESENTE SOLICITUD.

OCTAVO: FINALMENTE, SE SIRVA ORDENAR LAS PUBLICACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 41 DE LA LEY 26662, LAS QUE EFECTUADAS DEBERÁ ANEXAR AL CUADERNILLO DE PROTOCOLIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

A USTED SEÑOR NOTARIO SOLICITO QUE EN SU OPORTUNIDAD Y LUEGO DE DAR EL TRAMITE DE LEY A NUESTRA SOLICITUD, SE SIRVA EXTENDER EN SU REGISTRO DE ASUNTOS NO CONTENCIOSOS EL ACTA CORRESPONDIENTE.

LIMA, 06 DE DICIEMBRE DE 2013

MODELO DE ESCRITO DE SOLICITUD PARA HACER EFECTIVO APERCIBIMIENTO DECRETADO POR RESOLUCIÓN JUDICIAL

2014-07-19T18:10:00.000-07:00

Sec. BORDA

Exp. N° 1215-10-LA

Esc. N° 08

CUADERNO PRINCIPAL

SUMILLA: HAGA EFECTIVO APERCIBIMIENTO

SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SURCO Y SAN BORJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en los seguidos contra xxxxxxxxxxxxx S.A sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES; a Ud. atentamente digo:

Que, no habiéndose impugnado la resolución nro. 17, de fecha 02 de julio último, que requiere al ejecutado cumpla con pagar las costas y costos del proceso. Por cuya consideración, SOLICITO a su digna judicatura hacer efectivo el apercibimiento decretado en la misma, de modo que, ENDOSE Y ENTREGUE LA CONSIGNACIÓN JUDICIAL -solo por la cantidad que corresponde a las costas y costos del proceso- a efectos de que el ejecutante pueda cobrar su acreencia.

Por tanto:

A usted señor juez, solicito se sirva tener presente lo expuesto y tramitarla conforme a ley.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, señalo como NUEVO DOMICILIO PROCESAL en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a efectos de que se notifiquen las resoluciones que se emitan en la presente causa.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, siendo el estado del proceso: SOLICITO remita el expediente principal a los peritos judiciales de los Juzgados Laborales de Lima, a efectos de que procedan en realizar el cálculo de los intereses legales correspondiente a la deuda principal.

TERCER OTROSI DIGO: Que, suscribo la presente conforme a lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lima, 14 de agosto del 2012

MODELO DE REQUERIMIENTO PARA QUE SE CUMPLA CON LA SENTENCIA JUDICIAL FIRME - NUEVA LEY PROCESAL LABORAL

2014-07-19T17:48:00.004-07:00

Especialista : PAEZ

Expediente : Nº 2844-13-LA

CUADERNO : Principal

SUMILLA : REQUIERA

SEÑOR JUEZ DEL OCTAVO JUZGADO DE PAZ LETRADO CON SUB ESPECIALIDAD EN LO LABORAL DE LIMA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en los seguidos contra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTRO; a usted respetuosamente digo:

A que, SOLICITO a su digna judicatura REQUERIR al demandado cumpla con lo dispuesto por la sentencia de vista, en el término de un día, bajo apercibimiento de disponerse la ejecución forzada en caso de incumplimiento y de aplicarse multa compulsiva y acumulativa; sin perjuicio de remitirse copias certificadas de los actuados al Ministerio Público para que formalicen DENUNCIA PENAL contra los responsables POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA A MANDATO JUDICIAL[1] de acuerdo a lo dispuesto por el Código Penal.

POR TANTO:

Al Juzgado, solicito se sirva tener presente lo expuesto y proveer conforme se pide y de acuerdo a ley.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, procedo en PROPONER LOS GASTOS POR PATROCINIO DE LETRADO; teniendo en consideración que de la sentencia fluye que se dispuso el PAGO DE LOS COSTOS DEL PROCESO A FAVOR DEL DEMANDANTE –estando presente el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso judicial, así como la tabla de honorarios emitida por el Colegio de Abogados de Lima-; por COSTOS propongo que se me pague la suma de S/. 2 000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) por honorarios del letrado que patrocina la causa. ADJUNTO RECIBOS POR HONORARIOS Y CONSTANCIA DE EXONERACION DE PAGO DE RENTA A LA SUNAT. Art. 412 CPC, " El reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada exoneración. Esta condena se establece en cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca la primera, la parte vencida pagará las costas de ambas instancias.

SENGUNDO OTROSI DIGO: Tenga presente lo dispuesto por el Código Procesal Civil: artículo II último párrafo del Título Preliminar (impulso del proceso), artículo 50º (deberes de los jueces), 124º (plazos máximos para emitir resolución), artículo 145º inc. 3) (falta grave); todos ellos concordados con el artículo 201º de Ley Orgánica del Poder Judicial. Hinostroza A. (2006:33)[2] en la jurisprudencia que cita señala: “… la expedición de pronunciamiento jurisdiccional tardía al plazo legal puede dar lugar a medida disciplinaria, pero no es causal de nulidad”. (Cas. Nº 3050 – 99/ICA, publicado en el diario oficial el peruano, el 08-04-2000, pág. 50010)

Lima, 14 de julio de 2014.

[1] “(…) que la desobediencia a la autoridad presupone la ejecución actual o inminente de un mandato u orden dictado por la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y que tal mandato no puede ser uno que cree un estado. Así trata de precisar el sentido de la ley: el Art. 322, como es común a todos los Códigos, no define lo que debe entenderse por "desobediencia" ni precisa la naturaleza del mandato objeto de la rebeldía o incumplimiento.” http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1988_07.pdf.

[2] Hinostroza Minguez, Alberto: Resoluciones Judiciales y Cosa Juzgada,. Editora Gaceta Jurídica – 2006, pág 32-33, Lima – Perú.

MODELO DE ABSOLUCIÓN DE DICTAMEN FISCAL SUPERIOR EN UN PROCESO LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2014-07-13T18:38:00.003-07:00

Secretario : FRISANCHO

Expediente : 3000-12-LA

Cuaderno : Principal

Sumilla : ABSUELVO

SEÑOR PRESIDENTE DE LA XXXXXXX SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en los seguidos contra LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL (ONP), sobre PAGO DE DEVENGADOS; a usted digo:

I.- ABSUELVO DICTAMEN FISCAL:

Acudo a su digno Despacho, con el propósito de absolver los argumentos expuestos en el Dictamen N° 363-2014-MP-FN-1FSCL, debiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones que a continuación detallo:

PRIMER ABSOLUCION.- El Fiscal Superior no ha tenido en cuenta que con fecha 02 de julio del año en curso, el a quo emite sentencia judicial declarando fundada la demanda en parte e infundada en el extremo peticionado por la sucesora de don Arnaldo XXXX, bajo un aberrante argumento y que evidencia una deficiencia en el estudio de autos, ya que se afirma textualmente en la sentencia de primera instancia, considerando cuarto, lo siguiente: “(…) verificándose además que ArXXXXXXXXXXXXXXXo, YA COBRARON EL PORCENTAJE DE DEVENGADOS QUE HABÍA ESTABLECIDO LA ENTIDAD DEMANDADA, lo cual se verifica de fojas ciento sesenta y siete del expediente administrativo acompañado (según foliación de la entidad demandada) y de fojas treinta y uno del expediente principal (…)”.

Ahora bien, es pertinente denotar que según el a quo el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ya habría cobrado la parte proporcional que le corresponde de los devengados de su finado padre (don XXXXXXXXXXXX), y que lo habría realizado con fecha 10 de abril de 2010, por existir un depósito en cuenta corriente a favor de éste por la suma de S/. 5,607.07 Nuevos Soles. Asimismo, se contempla que es el mismo criterio adoptado por la fiscalía superior mediante dictamen.

Sin embargo, no se ha tenido en consideración que el señor xxxxxxxxxxxxxxxx falleció el año 2006 (véase acta de defunción del señor xxxxxxxxxxxxxxx), y por lo cual sería contrario a la lógica y la realidad que una persona difunta pueda cobrar alguna suma dineraria luego de muchos años de su fallecimiento, siendo ello así, el argumento expuesto por el a quo y la fiscalía superior carece de coherencia, razonabilidad y justicia; por cuanto a la fecha la señora xxxxxxxxxxxxxxxxx no puede cobrar dicha suma, pese en que oportunamente puso de conocimiento de la demandada (ONP) sobre el deceso de su cónyuge, y por lo cual solicito en su calidad de sucesora el pago de dicho devengado.

En esa línea, y para mayor ilustración se disgrega el argumento central del Dictamen Fiscal Superior y por lo cual opina se confirme la sentencia del a quo:

Del considerando noveno: “(…) estando a la hoja de Regularización- Liquidación y Gratificación y el documento denominado “Detalle” obrante a fojas 168/170 del exp. Administrativo, existe un monto total de devengados ascendente a la suma de S/. 17,522.13 nuevos soles.

SOBRE ESTE ARGUMENTO: RESULTA CORRECTO QUE LA DEMANDADA (ONP) ADEUDA POR DEVENGADOS S/. 17,522.13 NUEVOS SOLES (LO CUAL FUE EXPUESTO EN NUESTRA DEMANDA).

A fojas 31 del expediente principal, aparece la boleta de pago correspondiente a xxxxxxxxxxxxxxx donde se advierte el abono de la suma total de S/. 5,607.07 Nuevos Soles efectuado con fecha 20 de agosto de 2010, suma que corresponde a parte de los devengados de su causante don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

SOBRE ESTE ARGUMENTO: RESULTA CORRECTO QUE EL SEÑOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx COBRÓ LA SUMA DE S/. 5,607.07 Nuevos Soles, y la cual fue efectuado con fecha 20 de agosto de 2010 (LO CUAL FUE EXPUESTO EN NUESTRA DEMANDA).

Igualmente, se verifica que con fecha 10 de abril de 2010 se efectuó un deposito en cuenta corriente de don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por la suma de S/. 5,607.07 Nuevos Soles, que corresponde a parte de los devengados de su causante don Dionicio Huacles Choque, depósito que está debidamente acreditado, según aparece de fojas 167 exp. Administrativo, por lo cual, lo sostenido por la co demandante xxxxxxxxxxxxx que no hay ningún deposito, no tiene ningún respaldo documentario, por lo que no resulta atendible. En ese sustento carece de sustento la pretensión de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx que también solicita el pago de devengados, pues este pago ya fue abonado a su cónyuge causante.

SOBRE ESTE ARGUMENTO: RESULTA TOTALMENTE FALSO QUE LA RECURRENTE HAYA AFIRMADO QUE NO EXISTE DEPOSITO, LO QUE SE SEÑALO EN LA DEMANDA ES QUE LA SEÑORA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS SOLICITO ANTE LA ONP EL PAGO DE LOS DEVENGADOS QUE LE CORRESPONDÍAN A SU FINADO CÓNYUGE ARNALDO, Y PARA LO CUAL CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUERIMIENTO EXIGIDOS POR LA ONP, VALE DECIR, PRESENTÓ ACTA DE DEFUNCIÓN DEL SEÑOR ARNALDO, ACTA PROTOCOLAR DE SUCESION INTESTADA DEL SEÑOR xxxxxxxxxxxxxxx, COPIA DE SU DNI, SOLICITUDES REITERADAS PARA EL PAGO DE LOS DEVENGADOS Y PARA LA AGILIZACION DEL TRAMITE, ENTRE OTROS DOCUMENTOS. SIN EMBARGO, LA DEMANDADA ONP NUNCA EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO SOBRE DICHA PETICION, PEOR AUN, NUNCA PUSO DE CONOCIMIENTO DE LA SEÑORA xxxxxxxxxxxxxxxx SOBRE LA EXISTENCIA DEL DEPOSITO REALIZADO A FAVOR DEL SEÑOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxx EN EL AÑO 2010; PESE A ESTA SITUACIÓN, EL A QUO Y EL FISCAL SUPERIOR SE VALEN DE ESTE ARGUMENTO A FIN DE DESESTIMAR LA PRETENSIÓN DE LA SEÑORA xxxxxxxxxxxxxxxx.

SEÑOR PRESIDENTE, EN ESE CONTEXTO, LA RECURRENTE SE VIO EN LA OBLIGACIÓN DE INTERPONER LA PRESENTE DEMANDA CONJUNTAMENTE CON LAS HERMANAS DE SU FINADO CÓNYUGE POR CUANTO NUNCA EXISTIÓ PRONUNCIAMIENTO EXPLICITO POR PARTE DE LA DEMANDADA (ONP) SOBRE SUS REITERADAS SOLICITUDES.

Finalmente, en la sentencia apelada y el dictamen fiscal superior no se realizó un correcto análisis a efectos de motivar debidamente las resoluciones:

1. ¿Existe en autos algún documento que acredite que la señora xxxxxxxxxxxxxxx tuvo conocimiento de dicho depósito oportunamente o recién toma conocimiento de dicho depósito con la expedición de la sentencia de primera instancia?

2. ¿Si el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx falleció en el año 2006 y el depósito se realizó a nombre del difunto en el año 2010, podrá cobrar dicho dinero la señora xxxxxxxxxxxxxxxxx sin que exista pronunciamiento de la ONP sobre el deceso del señor xxxxxxxxxxxx y la situación actual de la sucesora xxxxxxxxxxxxx?

3. ¿La demandada (ONP) luego de haber tomado conocimiento de que el señor xxxxxxxxxxxxxxxxx falleció en el año 2006, mediante los reiterados escritos presentados por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxx, emitió algún pronunciamiento a fin de que la viuda pueda cobrar dicho depósito?

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que lo expuesto en el dictamen fiscal superior no tiene un análisis mesurado, diligente y razonado a efectos de pronunciarse debidamente sobre lo peticionado, por cuanto el argumento expuesto en dicho dictamen no puede ser admitido: “como existe un depósito realizado por la ONP a favor del señor xxxxxxxxxxxx en el año 2010, entonces no es correcto la afirmación de la señora xxxxxxxxxxxx y por tanto debe confirmarse la demanda del a quo”. Entonces, partiendo de esa lógica 1) ¿Quién podrá cobrar el depósito si nunca existió pronunciamiento de parte de la demandada (ONP) sobre las solicitudes presentadas por la señora xxxxxxxxxxxxx a efectos de que tenga conocimiento del deceso de su finado cónyuge xxxxxxxxxx y consecuentemente se haga el pago de los devengados a su favor? Y 2) ¿Si de autos fluye que no existe documento alguno que acredite que la señora xxxxxxxxxxx tuvo conocimiento de dicho depósito como se puede afirmar que se cobró el mismo o en su defecto que ella tuvo conocimiento de ello?

SEGUNDA ABSOLUCIÓN.- Llegando a este punto, la ONP se negó en emitir pronunciamiento sobre las solicitudes presentadas por la señora xxxxxxxxxxxx, es más nunca puso de conocimiento de dicho depósito realizado a favor de su difunto cónyuge xxxxxxxxxxx, pese en que la ONP tenía ya conocimiento del deceso del señor xxxxxxxxxxx y el domicilio actual de la recurrente, pues ella lo consignó de forma reitera en las solicitudes de pago de devengados presentados ante la ONP, siendo ello así, lo pretendido por nuestra parte se encuentra debidamente acreditado por cuanto la señora xxxxxxxxxxxx nunca tuvo conocimiento de dicho depósito realizado por la ONP a favor del señor Arnaldo; es más, ella recién tomo conocimiento de dicho depósito con la expedición de la sentencia judicial del a quo. Peor aún, es de notar que de nada sirva que la señora xxxxxxxxxxxxxxx haya tomado conocimiento del depósito por cuanto el único que puede cobrar el depósito realizado (por la ONP) es el difunto xxxxxxxxxxxxxxx, mas no la recurrente, por cuanto no existe pronunciamiento alguno que otorgue dicha faculta a la señora xxxxxxxxxxxx.

POR LO EXPUESTO: Señor Presidente, solicitamos se sirva tener presente los agravios formulados, y revocar la venida en grado, declarando FUNDADA la demanda en todos sus extremos.

Lima, 14 de julio del 2013

MODELO DE ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS - PROCESO CONSTITUCIONAL DE CUMPLIMIENTO

2014-07-13T17:57:00.002-07:00

Secretario : Maite

Expediente : 0000-11-CI

Cuaderno : Principal

Sumilla : EXPRESION DE AGRAVIOS

SEÑOR PRESIDENTE DE LA .... SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

XXXXXXXXXXXXXXXXX Y OTROS, en los seguidos contra EL MINISTERIO DE TRABAJO, sobre ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO; a usted digo:

I.- EXPRESIÓN DE AGRAVIOS:

Acudo a su Digno Despacho, dentro del plazo prescrito en el artículo 58° del Código Procesal Constitucional, con el propósito de expresar agravios, que servirán para proporcionar mayores elementos de juicio al momento de resolver la apelada, debiendo tener en cuenta las siguientes consideraciones que a continuación detallo:

PRIMER AGRAVIO.- El Juzgador no ha tenido en cuenta que los recurrentes interponen demanda cumplimiento a fin de que el Ministerio de Trabajo cumpla con acatar lo dispuesto por la Ley Nro. 27803 modificada por Ley Nro. 28299, vale decir, les paguen la compensación económica prevista en el artículo 3 inc. 3) de la referida ley; y para lo cual cumplieron con acreditar que su difunto padre se encontraba debidamente inscrito en la lista de beneficiarios de esta compensación económica:

· En merito a la copia simple de la Ley Nro. 27803, 28299 (modifica), DS Nro. 076-2005-RE y el tercer listado de los cesados irregularmente.

· En mérito del documento de fecha cierta original del 01 de febrero de 2011, en la cual hago el requerimiento al Ministerio de Trabajo para que cumpla con hacer efectivo el pago de la compensación económica.

· En merito a la solicitud presentada por el causante a fin de estar inscrito entre los beneficiarios de la compensación económica.

SEGUNDO AGRAVIO.- Pese a ello, mediante sentencia judicial se declara infundada la demanda bajo un argumento que no se encuentra sujeta a lo que fluye de autos, siendo el siguiente argumento: CONSIDERANDO TERCERO: “(…) se trata de una norma alternativa y no mandatoria (…) no se puede asumir que la voluntad del ex trabajador sea el pago de la compensación económica previsto en las norma legal indicada, por lo que se trata de de un conflicto sujeto a controversia (…)”.

SOBRE ESTE ARGUMENTO: Fluye que el a quo no ha valorado idóneamente todos los medios probatorios ofrecidos con la demanda y el recurso de apelación, ya que de haberse realizado una valoración razonada y conjunta de todas las documentales presentadas (con la demanda y el recurso de apelación) se habría observa que no se está ante una presunción, ya que el causante Pablo se acogió al beneficio de la compensación económica de forma explícita, siendo las pruebas de tal afirmación las siguientes:

· El causante pablo se encuentra inscrito en la última lista de ex trabajadores cesados irregularmente aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 034-2004-TR[1].

· El causante pablo se acogió al beneficio de la compensación económica dispuesto por la Ley Nro. 27803 modificada por Ley Nro. 28299, del artículo 3 inc. 3), conforme se acreditó con documentos, y que si bien es cierto que éste (documento) no tiene la firma del causante esto no puede ser sustento suficiente para desestimar la demanda por cuanto también se adjuntó a la demanda una copia de formulario donde el causante solicita ante el Ministerio de Trabajo acogerse a tal beneficio. Esto se corrobora, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL 371-2005-T[2] por la cual se autorizó el pago de la compensación económica prevista en el artículo 3 de la Ley nro. 27803, a los ex trabajadores incluidos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron por dicho beneficio y acreditaron su tiempo de servicios de acuerdo a ley, cuyos nombres figuran en el anexo de esta resolución ministerial, SIENDO UNO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LISTA EL CAUSANTE PABLO XXXXXXXXXX.

En ese orden razonable, que el juzgado haya afirmado que no se puede presumir que la voluntad del causante pablo era el de haber querido acoger al beneficio de la compensación económica, no se encuentra acorde a lo acreditado en autos.

TERCER AGRAVIO.- Ahora bien, sobre el ARGUMENTO EXPUESTO EN EL CONSIDERANDO QUINTO: “(…) se aprecia que no existe un mandato claro, incondicional, cierto y líquido, es decir, que está sujeto a controversia; como se señalo en el tercer considerando, apreciándose que su pretensión no reúne los requisitos mínimos establecidos en la sentencia vinculante, ya que no se trata de una norma mandatario, sino de una norma de carácter alternativa (…)”.

SOBRE ESTE ARGUMENTO: Debo señalar puntos concretos que el a quo no ha tenido a valorar correctamente a razón de emitir una sentencia estimatoria:

El causante Pablo ha cumplido con todos los requisitos exigidos por el precedente vinculante exp. nro. 0168-2005-AC/TC. Fundamento 14, que dice: “Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

· Ser un mandato vigente. LA NORMA QUE SE ADJUNTO A LA DEMANDA SE ENCUENTRA VIGENTE POR CUANTO LA PRETENSIÓN DE LOS DEMANDANTES ES QUE SE CUMPLA CON EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA CUAL SU PADRE EL CAUSANTE PABLO SE ACOGIÓ.

· Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. SOBRE ELLO ES PERTINENTE PRECISAR QUE LA NORMA EXPLICITAMENTE DICE QUE LOS EXTRABAJADORES CESADOS IRREGULARMENTE PUEDEN ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA, CONFORME LO HIZO EL CAUSANTE PABLO Y ACREDITADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 371-2005-TR.

· No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. AL HABERSE ACOGIDO EL CAUSANTE PABLO AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN ECONOMICA Y HABERSE AUTORIZADO EL PAGO DEL MISMO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 371-2005-TR, NO EXISTE CONTROVERSIA ALGUNA.

· Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. NÓTESE, QUE LA NORMA, LA RESOLUCIÓN SUPREMA 034-2004-TR Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 371-2005-TR; QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA Y LA APELACIÓN TIENEN EL CARÁCTER DE SER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO; POR ENDE SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, MAS AUN, SI DESDE QUE ELLAS TIENEN VIGENCIA A LA FECHA HAN TRANSCURRIDO MUCHOS AÑOS.

· Ser incondicional. LA PRETENSIÓN NO SE ENCUENTRA CONDICIONADA, YA QUE SE ACREDITA INDUBITABLEMENTE QUE LE ASISTE ESTE DERECHO CON LAS DOCUMENTALES PRESENTADAS CON LA DEMANDA Y APELACIÓN.

Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria.

Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:

· Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. EFECTIVAMENTE COMO SE PODRÁ OBSERVAR DE LOS AUTOS MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 371-2005-TR SE RECONOCE EL PAGO DE TAL BENEFICIO AL CAUSANTE.

· Permitir individualizar al beneficiario. EN EL CASO CONCRETO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 371-2005-TR DISPONE PAGAR AL SEÑOR PABLO XXXX UNA SUMA DE DINERO DETERMINADO Y ACORDE A LO DISPUESTO A LA NORMA LA CUAL SE PIDE SU CUMPLIMIENTO.

En ese orden narrativo, es evidente que se encuentra acreditado lo dicho por los accionantes, es decir, que el causante se acogió al beneficio de compensación económica de la Ley Nro. 27803 modificada por Ley Nro. 28299, artículo 3 inc. 3). Asimismo, que lo peticionado por los recurrentes están al amparo de los parámetros establecidos por el precedente vinculante nro. 0168-2005-AC/TC. Fundamento 14.

CUARTO AGRAVIO: Se ha vulnerado con desidia el debido proceso en perjuicio de los demandantes al no haber valorado escrupulosamente todos los medios probatorios aportados. Peor aún, NO SE HA CUMPLIDO EN CONCATENAR LA SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN AL BENEFICIO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DEL CAUSANTE PABLO CON LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 371-2005-TR, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE TAL BENEFICIO AL CAUSANTE PABLO.

QUINTO AGRAVIO: El juzgador se ampara en el precedente vinculante sin haber estructurado correctamente si se cumplió o no con dicho requisitos o en su defecto desarrollar de manera eficiente por qué no se cumple con el precedente vinculante, ya que el solo hecho de citar el precedente sin desarrollar sistemáticamente la contravención del precedente resulta arbitrario y atentatorio al debido proceso formal.

SEXTO AGRAVIO: A modo de término, es pertinente señalar que lo pretendido se encuentra dentro del marco normativo desarrollado en el proceso de cumplimiento, además, lo peticionado por los actores resulta justo y razonable, ya que como consecuencia de estimarse la presente acción incoada, las partes del proceso tendrán el derecho de cobrar la compensación económica que le correspondía a su difunto padre; sin contravenir derecho alguno o estar en un supuesto de abuso del derecho.

POR LO EXPUESTO:

Señor Presidente, solicitamos se sirva tener presente los agravios formulados, y revocar la venida en grado, declarando FUNDADA la demanda.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, a efectos de evitar dilaciones innecesarias pido tener presente lo dispuesto por la Ley Núm. 29574, artículo 5 que modifica los artículos 34 numeral 6 y 47 numeral 19 de la Ley número 29277, Ley de la Carrera Judicial la cual considera como falta grave el no cumplir con expeditar las resoluciones pertinentes dentro del término de ley

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, suscribo el presente recurso conforme a las facultades indicadas en el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lima, 14 de julio del 2014

[1] Fuente: El Peruano de fecha 02 de octubre de 2004.

[2] Fuente: http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=195&tip=9

El peruano, normas legales de fecha 26 de noviembre de 2005.

MODELO DE ESCRITO OBSERVANDO INFORME PERICIAL DE INTERESES LEGALES - POR PAGO NO OPORTUNO DE DEVENGADOS

2014-06-13T21:38:00.001-07:00

Especialista : Acevedo

Expediente : 346-12-LA

Cuaderno : principal

Escrito : Nº 06

SUMILLA : OBSERVO INFORME

SEÑOR JUEZ DEL 30 JUZGADO LABORAL DE LIMA – CON SUB ESPECIALIDAD EN LO PREVISIONAL

ROLANDO XXXXXXX, en los seguidos contra LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL, sobre PAGO DE BENEFICIOS NO PENSIONABLES; a usted atentamente digo:

A que, con fecha 26 de marzo 2013, fui notificado con la resolución número 07, mediante la cual se pone de mi conocimiento sobre cumplimiento de mandato. Sin embargo, del informe técnico que adjunta la demandada se puede observar que esta realiza un cálculo de intereses legales parcializado y que corresponden sólo a los periodos octubre de 1998 (fecha de inicio de pensión) hasta el 06 de noviembre de 2000 (fecha de fallecimiento del pensionista), no existiendo pronunciamiento por los periodos 2001 hasta la fecha de pago de los devengados no cobrados por pensión de jubilación. En consecuencia, no habiéndose considerado los periodos que realmente deben ser calculados por intereses legales –octubre de 1998 hasta la fecha de pago de los devengados no cobrados por pensión de jubilación- de conformidad a lo señalado por el artículos 1242º y siguientes del Código Civil y el Pleno Casatorio de 2009, SOLICITO se tenga por observado el informe técnico presentado por la ONP y consecuentemente remita el expediente al área de pericias legales a razón de que procedan según sus atribuciones.

Jurisprudencia:

La Corte Suprema

Acordes con lo indicado la Corte suprema del Perú en la resolución Casación 002380-2007, Sala Constitucional y Social transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú indica: “Sexto.- Que, esta sala suprema en doctrina jurisprudencial (…) ha ratificado su posición ya consolidada en jurisprudencia previa, estableciendo que cualquier incumplimiento referido al pago de la pensión bajo cualquier régimen previsional trae como consecuencia el pago de intereses moratorios contemplados en el segundo párrafo del artículo 1242 del código civil que lo define como aquel interés que tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago (…)”

El interés en materia previsional según el Tribunal Constitucional

En el fundamento 4 de la STC recaída EXP. 2011-2005-PC/TC se indica: “Respecto al pago de los intereses legales, esta pretensión debe ser estimada, conforme a lo establecido por el artículo 1246º del Código Civil.” El artículo 1246 del Código Civil indica “Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal.” En este sentido, conforme a lo indicado por el Tribunal Constitucional en materia previsional procede el pago del interés legal por la demora en el pago de la obligación pensionaria.

POR TANTO:

A UD. Sr. Juez, pido se sirva proceder conforme estoy solicitando por estar arreglo a ley.

PRIMER OTROSI DIGO: A efectos de evitar dilataciones innecesarias pido tener presente lo dispuesto por el Código Procesal Civil: artículo II último párrafo del Título Preliminar (impulso del proceso), artículo 50º (deberes de los jueces), 124º (plazos máximos para emitir resolución), articulo 145º inc. 3) (falta grave); todos ellos concordados con el artículo 201º de L.O.P.J.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, suscribo el presente escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 290º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lima, 27 de marzo de 2013