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Jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

2017-02-19T14:07:00.002-08:00

Sistematización de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derecho de familia durante el último bienio.

Autor: IGNACIO GUINOT SEGARRA Traineeship en IDIBE

Sumario:

1. Derecho a contraer matrimonio.

2. Filiación.

3. Patria potestad.

4. Adopción.

5. Comunicación personal de los hijos menores con los progenitores.

6. Reagrupación familiar.

7. Derecho a la educación.

8. Secuestro internacional de menores.

9. Violencia doméstica.

10. Reproducción asistida.

11. Partos domésticos.

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CASO ODEBRECHT: El proceso penal contra el ex presidente Alejandro Toledo

2017-02-09T00:15:00.000-08:00

CASO ODEBRECHT: El proceso penal contra el ex presidente Alejandro Toledo

El inicio de esta crisis política por velos de corrupción, vincularía a tres gobiernos consecutivos, a causa de la intervención de la constructora Odebrecht, en importantes proyectos de construcción, que tiene como figura principal procesada hasta el momento al ex presidente Alejandro Toledo, por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora.

El equipo del Ministerio Público

El Fiscal Provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Hamilton Castro Trigoso, quien fue designado como el encargado del ‘Equipo especial de Fiscales para que se aboquen a las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y convexos’, tiene hasta el momento uno de los casos de corrupción símbolo, que desde ya genera una crisis política e institucional a nivel de nuestro país, originado por la participación de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en procesos de licitación durante los años 2005 al 2014, según se desprende del acuerdo firmado por la compañía de origen brasileña con el Departamento de Justicia de EE.UU. Periodo en el cual refirió se pagó US$29 millones, en sobornos.

Infografía del diario El Comercio.

El origen de la acusación contra el ex presidente

La persona, quien presuntamente distribuyó los sobornos, como ex representante de la empresa constructora en nuestro país, Jorge Barata, fue quien reveló, a través del sistema de delación premiada, ante la Fiscalía de Brasil, la serie de depósitos realizados por el monto de 20 millones de dólares, para que el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo, favoreciera a la constructora brasilera, en el proceso de licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

Tales pagos, según versión de Barata, se produjeron en forma escalonada, según el avance y liquidación de las obras, durante los años 2006 al 2008, precisa que el soborno inicial solicitado ascendía a US$35 millones, reduciéndose a US$20 millones, indicando que la razón de tal disminución responde a que el ex presidente Toledo, solo cumplió en parte con el acuerdo pactado con el gigante brasilero. Estos acuerdos, se habrían concretizado en presencia el actual ex presidente procesado, Josef Maiman, y sus colaboradores Gideon Weinstein y Sabih Saylan.

Los elementos de la fiscalía

El ministerio público, hasta el momento detectó el paradero, de una parte de los sobornos presuntamente recibidos por el ex presidente Toledo. De los US$20 millones, se registran depósitos realizados a las cuentas de Josef Maiman en el Citibank de Londres, por la cantidad de US$11 millones, cuyo origen de transferencia es el banco Trend Bank Ltd Brasil, el cual sería el punto a través del cual, Odebrecht, distribuyó el dinero para sobornos en distintos países de Sudamérica, en la cuales intervino, según la investigación del caso Lava Jato.

Estos presuntos pagos recibidos, terminarían por desembocar y por tanto vincularse con el caso Ecoteva, la offshore en Costa Rica, cuyos fondos, en una cantidad de US$ 5.3 millones fue utilizada para adquirir dos inmuebles en Lima, ubicado uno de ellos en Las Casuarinas y otro, la oficina en el edificio Omega de Surco, compras ordenadas y presuntamente destinadas para el ex presidente Toledo, además de cancelar sus hipotecas, en Camacho y Punta Sal.

Inmueble en Las Casuarinas y el edificio Omega en Surco.

La forma en la cual, el Ministerio Público, vincularía el caso de Ecoteva con el actual sonado caso Odebrecht, se centra en que el primero de ellos, en la cual se procesa al ex presidente por el delito de lavado de activos, la fiscalía no había encontrado el origen del dinero, para conformar precisamente la offshore Ecoteva, la cual se constituyó en base a fondos provenientes de la empresa Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, dinero que a la vez, se utilizó en la adquisición de los inmuebles referidos.

Precisamente, la fuente del dinero utilizado para las compras inmobiliarias, serían los sobornos embolsados por la constructora brasilera Odebrecht, para el caso en concreto, dado que también se habrían transferido fondos a las cuentas de Josef Maiman, desde el holding Camargo Correa.

El recorrido completo, es como sigue, se ejecutó la transferencia desde el banco Trend Ltd Brasil, hacia la cuenta de la empresa Trailbridge Ltd, de propiedad de Josef y Michelle Maiman, en el Citibank de Londres. Desde esta cuenta, se transfiere los fondos a las del Grupo Merhav MNF, con sede en Israel, también a cargo de Josef Maiman. Del Grupo Merhav, se transfiere fondos, a la empresa Confiado Internacional Corp., constituida en Panamá y también de propiedad de Maiman, a través de su cuenta en el LGT Bank Suiza, revelándose el registro de depósito por la cantidad US$ 17'527,000.

Confiado Internacional Corp., transfiere los fondos a las offshore Milan Ecotecht Consulting y Ecostate Consulting S.A., las que posteriormente son derivadas a la empresa Ecoteva Consulting Group, cerrando el ciclo con las compras ejecutadas por la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, la señora Fernenbug.

El proceso penal

El día lunes 06 de febrero, la fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra el ex presidente Alejandro Toledo, por los delitos de tráfico de influencia y lavado de activos. Tal como lo difundió en su cuenta de Twitter, incluyendo además al empresario peruano-isarelí Josef Maiman y el ex representante de Obebrecht en nuestro país, Jorge Barata, los dos últimos por el delito de lavado de activos.

El día martes 07 de febrero, el fiscal a cargo del caso, presenta la solicitud de prisión preventiva, por un periodo de 18 meses, por los delitos por las cuales fue formalizada la investigación, respaldado en elementos como la versión del colaborador eficaz Jorge Barata, y los registros de depósitos y transferencias en cuentas de empresas, vinculadas con el también investigado por el delito de lavado de activos, Josef Maiman.

La audiencia, se desarrollará el día jueves 09 de febrero, con la conducción del Juez Richard Concepción, y en defensa del procesado, ex presidente Toledo, el abogado Paolo Aldea, quien de plano cuestionó la afectación del debido proceso, desde el momento en que se intervino la propiedad de su defendido, el último sábado.

Los indicios apuntan al consentimiento de la solicitud de prisión, por parte del Juez Concepción, lo que implicaría la orden de captura internacional, en caso no se presentará el ex mandatario Toledo. El pronóstico más favorable, como medida temporal sería la imposición de la detención domiciliaria, en razón a la edad del procesado, además de la obligatoriedad de requisitos que se verifica en el nuevo código procesal penal.

Fuentes

Edición impresa del diario La República

Edición impresa del diario El Comercio

Edición impresa del diario Perú 21

Edición online del Diario Gestión

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo.

2017-02-07T21:16:00.001-08:00

- Luego de que formalizara la investigación el día lunes, por los delitos de tráfico de influencia y lavado de activos.

El día de hoy, el Fiscal Supraprovincial Hamilton Castro, fiscal a cargo de la investigación contra la constructora brasileña, solicitó prisión preventiva por el plazo de dieciocho meses contra el expresidente Alejandro Toledo, por haber recibido presuntamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Por ello, dentro de 48 horas se desarrollará la audiencia para evaluar la medida solicitada, la cual programaría, el juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de la Sala Penal Nacional, para el día jueves 09 de febrero.

De aceptarse la medida planteada por el Ministerio Público, el juez podría dictaminar una petición de busca y captura internacional contra Toledo, la misma que deberá ser ejecutada por la INTERPOL.

Es importante apuntar que, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

D.L. N°1323. Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.

2017-02-07T13:23:00.003-08:00

D.L. N°1323. Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.

Mediante esta norma: a) Se modificaron los artículos 46, 108-B, 121, 121-B, 168, 208, 323 y 442 del CP; b) se incorporaron los artículos 122-B, 153-B, 153-C y 168-B al CP; c) se modificó el artículo 8 de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia familiar, y se deroga el artículo 121-A, Formas agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es un menor de edad o persona con discapacidad.

Resalta la modificación del artículo 122-B, en virtud del cual las lesiones contra la mujer por su condición de tal o contra los integrantes del grupo familiar, que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso, son consideradas delito y ya no faltas.

Asimismo, resalta la modificación del artículo 124-B, que regula el daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual, ahora la valorización puede estar en otro medio no oficial.

D. Leg. N° 1323 (06/01/2017) Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.	Ubicación		Modificación
	Parte General	*Artículo 46.- Circunstancias de atenuación y agravación.*	Amplia y desarrolla la circunstancia agravante, contemplada en el segundo párrafo, literal d), definida en la siguiente forma: “ (…) d) Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole. (…)”.
	Parte Especial	*Artículo 108-B.- Feminicidio.*	Respecto de este delito, se precisa una de las modalidades agravadas, segundo párrafo, inciso 6), además de que la víctima sea sometida para fines de trata de personas, se incluye ahora cualquier tipo de explotación humana. Y se establece una nueva modalidad agravada, definida en la siguiente forma: “(…) 8. Cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. (…)”. Finalmente precisa la aplicación de la pena de inhabilitación en todos los supuestos del artículo, conforme al artículo 36°.
		*Artículo 121.- Lesiones graves.*	Amplia el supuesto típico, precisado en el inciso 3) del artículo referido, reprimiendo además de lo ya previsto con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, cuando se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico, en la víctima. Y se establece un nuevo supuesto de lesión grave, definida en la siguiente forma: “ (…) 4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho. (…)”. Precisa de manera ordenada, las modalidades agravadas, definida en la siguiente forma: “ (…) En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. 2. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición. 3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 4. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. (…)” Finalmente, de producirse la muerte, como consecuencia de cualquiera de las agravantes referidas se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.
		*Artículo 121-B.- Formas agravadas. Lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar.*	Se precisa que será aplicable las medidas de inhabilitación de acuerdo al artículo 36°, y se precisan nuevas formas agravadas, de la siguiente forma: “(…) 2. La víctima se encuentra en estado de gestación; 3. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, o la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. 4. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. 5. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 6. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 7. Cuando la afectación psicológica a la que se hace referencia en el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121, se causa a los hijos, hijas, niñas, niños o adolescentes bajo el cuidado de la víctima de feminicidio, de lesiones en contextos de violencia familiar o de violación sexual”. Finalmente se incrementa el rango punitivo cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado, de quince ni mayor de veinte años.
		*Artículo 122.- Lesiones Leves.*	Se establece nuevamente la aplicación de las medidas de inhabilitación de acuerdo al artículo 36°, en su inciso 3), además de establecer nuevas circunstancias para la pena agravada en el mismo párrafo de la siguiente forma: “ (…) d. La víctima se encontraba en estado de gestación; e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía”.
		*Artículo 124-B.- Del daño psíquico y la afectación psicológica, cognitiva o conductual.*	La modificación es de relevancia, dado que, se deja de lado la necesidad obligatoria de contar la valorización de las lesiones en base al instrumento técnico oficial especializado, permitiendo ahora que dicha valorización pueda ser determinada, a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo. Estableciendo en un nuevo párrafo lo siguiente: “ (…) La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico”.
		*Artículo 168.- Atentado contra la libertad de trabajo y asociación.*	Modifica el primer párrafo en la siguiente forma: “El que, mediante violencia o amenaza, obliga o impide a otro a integrar un sindicato, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. (…)”
		*Artículo 208.- Excusa absolutoria. Exención de Pena.*	Precisa su aplicación en contextos de violencia familiar, de la siguiente forma: “(…) La excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contextos de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar”.
		*Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación.*	Modifica la redacción de su primer párrafo respecto de la modalidad de comisión: “El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo (…)” Deja sin efecto los dos párrafos siguientes, e incluye uno nuevo, en la siguiente forma: “(…) Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física omental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1y 2 del artículo 36”.
		*Artículo 442.-Maltrato de obra.*	La modificación de este artículo es total, denominándose ahora: “Maltrato”, tipificado de la siguiente forma: “El que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicio comunitario de cincuenta a ochenta jornadas. La pena será de prestación de servicio comunitario de ochenta a cien jornadas o de cien a doscientos días multa, cuando: a. La víctima es menor de edad o adulta mayor, tiene una discapacidad o se encuentra en estado de gestación. b. La víctima es el padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad, pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad, habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numeral 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B. c. Mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación”.

D. Leg. N° 1323 (06/01/2017) Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.	Ubicación		Incorporación
	Parte Especial	*Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar*	“El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36. La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes: 1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía. 3. La víctima se encuentra en estado de gestación. 4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición”.
		*Artículo 153-B.- Explotación sexual.*	“El que obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento se aplicará la misma pena del primer párrafo. El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos. La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando: 1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él. 2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad. 3. El agente comete el delito en el ámbito del turismo, en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando: 1. El agente es ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad. 2. La explotación es un medio de subsistencia del agente. 3. Existe pluralidad de víctimas. 4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, padece de una enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena o presenta cualquier situación de vulnerabilidad. 5. Se produzca una lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima. 6. Se derive de una situación de trata de personas. Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10 y 11”.
		*Artículo 153-C.- Esclavitud y otras formas de explotación*	“El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. Si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento, se aplicará la misma pena del primer párrafo. El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos. La pena privativa de libertad es no menor de quince años ni mayor de veinte años, cuando: 1. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad. 2. El agente comete el delito en el marco de las actividades de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. 3. Si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él. La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando: 1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 2. La explotación es un medio de subsistencia del agente. 3. Existe pluralidad de víctimas. 4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad. 5. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima. 6. Se derive de una situación de trata de personas. Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10 y 11”.
		*Artículo 168-B.- Trabajo forzoso*	“El que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años. La pena será privativa de libertad no menor de doce años ni mayor de quince años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1. El agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la impulse a depositar su confianza en él. 2. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad, y la actividad que desarrolla está prohibida por la ley en razón a su edad. 3. El agente comete el delito en el marco de la actividad de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años, en los siguientes casos: 1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 2. Existe pluralidad de víctimas. 3. La víctima tiene menos de catorce años de edad, es adulta mayor, tiene discapacidad, padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad. 4. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima. 5. Se derive de una situación de trata de personas. Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 10 y 11”.

Ley Nº 30364 - Modificación

“Artículo 8.- Tipos de violencia

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud.

Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

b) Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

(…)”

D.L. N°1351. MODIFICA EL CÓDIGO PENAL A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA - PARTE II

2017-02-05T21:51:00.000-08:00

D.L. N°1351. MODIFICA EL CÓDIGO PENAL A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA - PARTE II

Mediante esta norma, se incorporaron los artículos 395-A, 395-B, 398-A, 398-B y 438-A.

D. Leg. Nº 1351 (07/01/2017) Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.	Ubicación		Incorporación
	Parte Especial	*Artículo 395-A.- Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.*	“El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal”.
		*Artículo 395-B.- Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial*	“El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. El miembro de la Policía Nacional que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar u omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36”.
		*Artículo 398-A.- Cohecho activo en el ámbito de la función policial*	“El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un miembro de la Policía Nacional donativo o cualquier ventaja o beneficio para que realice u omita actos propios de la función policial, sin faltar a las obligaciones que se derivan de ella, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Artículo 398-B.- Inhabilitación En los supuestos del artículo 398-A, cuando el agente corrompa a un miembro de la Policía Nacional en el ejercicio sus funciones, siempre que éstas correspondan al tránsito o seguridad vial, se le impondrá además inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva, según sea el caso, para obtener autorización para conducir, de conformidad con el inciso 7 del artículo 36”.
		*Artículo 438-A.- Falsedad genérica agravada*	"El que otorgue, expida u oferte certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grado académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional, nivel de especialización u otra capacidad análoga, sin que el beneficiario haya llevado efectivamente los estudios correspondientes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y sesenta a ciento cincuenta días-multa”.

D.L. N°1351. MODIFICA EL CÓDIGO PENAL A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA

2017-02-05T21:25:00.000-08:00

D.L. N°1351. MODIFICA EL CÓDIGO PENAL A FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA

Mediante esta norma, se modificaron los artículos 25, 57, 58, 64, 102, 128, 196-A, 301, 304, 307-A, 320, 321, 441 del Código Penal.

D. Leg. Nº 1351 (07/01/2017) Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.	Ubicación		Modificación
	Parte General	Artículo 25°. Complicidad primaria y complicidad secundaria.	Cambio respecto a la responsabilidad del cómplice, sobre el cual ahora no es necesario que concurra con los elementos especiales que aparezcan en el tipo penal.
		Artículo 57°. Requisitos para la suspensión de ejecución de la pena.	Cambio respecto de la inaplicabilidad de la suspensión de la ejecución de la pena, para los condenados – funcionarios o servidores públicos -por los delitos de malversación agravada (art. 389, segundo párrafo), cohecho pasivo específico (artículo 395), corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales (artículo 396), negociación incompatible (artículo 399) y enriquecimiento ilícito (artículo 401).
		Artículo 58°. Reglas de conducta para la suspensión de ejecución de la pena.	Añade la regla de conducta, definida en la siguiente forma: “(...) 9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.
		Artículo 64°. Reglas de conducta en caso de reserva de fallo condenatorio	Añade la regla de conducta, definida en la siguiente forma: “(...) 9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o psiquiátrico”.
		Artículo 102°. Decomiso de bienes provenientes del delito	Cambio de redacción en el último párrafo de la consecuencia accesoria apuntada. Definida en la siguiente forma: “(...) Si no fuera posible el decomiso de los efectos o ganancias del delito porque han sido ocultados, destruidos, consumidos, transferidos a tercero de buena fe y a título oneroso o por cualquier otra razón análoga, el juez dispone el decomiso de los bienes o activos de titularidad del responsable o eventual tercero por un monto equivalente al valor de dichos efectos y ganancias”.
		Artículo 105°. Medidas aplicables a las personas jurídicas.	Añade una nueva consecuencia accesoria, cuando el hecho punible es cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo. Definida en la siguiente forma: “(…) 5. Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias”.

D. Leg. Nº 1351 (07/01/2017) Decreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.	Ubicación		Modificación
	Parte Especial	Artículo 128°. Exposición a peligro de persona dependiente.	Prevé nueva circunstancia típica, con una pena agravada. Definida en la siguiente forma: “ (…) Si se produce lesión grave o muerte de la víctima, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años”.
		Artículo 196-A°. Estafa agravada.	Añade una nueva modalidad para la configuración de la estafa agravada. Definida en la siguiente forma: “ (…) 6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima”.
		Artículo 301°. Coacción al consumo de droga.	Reforma dejando sin efecto el último párrafo del artículo citado, configurando dos nuevos supuestos típicos. Definida en la siguiente forma: “(…) Si el delito se comete en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Si se produce afectación grave a la salud física o mental de la víctima, la pena será no menor de doce ni mayor de quince años”.
		Relevancia en cuanto a la calificación de la conducta. Artículo 304°, Contaminación del ambiente.	Se deja sin efecto, la parte del primer párrafo, respecto de la calificación reglamentaria, de la autoridad ambiental, que era necesaria para determinar el daño al medio ambiente, y posterior actuación del representante del Ministerio Público. Lo cual provoca que ahora solo se evaluará la conducta del sujeto activo en base a las modalidades que se prevé en su tipo penal.
		Artículo 307-A°. Delito de minería ilegal.	Modificación en cuanto a la redacción del tipo penal, precisándose esta vez en su segundo párrafo, que se aplicará la misma sanción, de los sujetos activos que realizan actividad minera, sin autorización de la entidad administrativa competente, a los agentes que hayan realizado actividad minera fuera del proceso de formalización. Y apunta en la disposición complementaria final única. *Eximentes de responsabilidad penal*, cuando: a. El sujeto de formalización minera que no logra la autorización final de inicio o reinicio de operaciones mineras por culpa inexcusable o negligente del funcionario a cargo del proceso de formalización. b. El agente de los delitos de minería ilegal, que se inserte al Registro Integral de Formalización Minera, dentro del plazo establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1293.
		Artículo 320°. Desaparición forzada de personas.	Se amplía la calidad de sujeto activo a un tercero o cualquier persona, que tenga el consentimiento o aquiescencia de funcionario o servidor público – sujeto activo único antes de la modificación – para la comisión de la conducta prohibida del tipo. Asimismo, amplia la modalidad de acción del sujeto activo, además de privar su libertad, se prevé ahora la conducta de haber negado a reconocer dicha privación de libertad o a dar información cierta sobre el destino o el paradero de la víctima. Se establece además el rango máximo de la pena en 30 años. Finalmente se establecen modalidades agravadas, cuando la víctima tenga una calidad particular. Definida en la siguiente forma: “La pena privativa de libertad es no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años, e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1) y 2), cuando la víctima: a. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad. b. Padece de cualquier tipo de discapacidad. c. Se encuentra en estado de gestación.”
		Artículo 321°. Tortura	Amplia la acción del sujeto activo, sancionando además de lo previsto, cualquier método tendente a menoscabar su personalidad o disminuir su capacidad mental o física, modificándose además los límites de la pena, no menor de ocho ni mayor de catorce años. Se incrementa la pena de las modalidades agravadas, así como los supuestos del mismo, cuando la víctima, presente circunstancias particulares. Definida en la siguiente forma: “La pena privativa de libertad es no menor de quince ni mayor de veinte años, cuando la víctima: a. Resulte con lesión grave. b. Tiene menos de dieciocho años o es mayor de sesenta años de edad. c. Padece de cualquier tipo de discapacidad. d. Se encuentra en estado de gestación. e. Se encuentra detenida o recluida, y el agente abusa de su condición de autoridad para cometer el delito”. Se establece como máximo rango de pena, no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando se produce la muerte de la víctima y el agente pudo prever ese resultado.
		Artículo 441°. Lesión dolosa y lesión culposa.	Se deja sin efecto, la modalidad de comisión, cuando la lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar.

Modifican Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales

2017-02-05T16:43:00.002-08:00

Publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 05 de febrero del 2017.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

Nº 050-2017-CNM

Lima, 18 de enero de 2017

VISTOS:

El acuerdo de Pleno N° 093-2017, el Informe Nº 000003-2017-OPCT de la Oficina de Planificación y Cooperación Técnica, el Informe Nº 000085-2016-OAJ/CNM de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorando Nº 000004-2017-DSN/CNM de la Dirección de Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales y el Informe Nº 012-0324-2016-002–“Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y la Ley del Silencio Administrativo” del Órgano de Control Institucional; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Nº 228-2016-CNM se aprobó el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150º y 154º de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 26397-Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la Ley Nº 29277- Ley de la Carrera Judicial, y demás normas pertinentes; como parte de la mejora continua de los procedimientos relacionados con el ejercicio de las funciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura;

El Órgano de Control Institucional, mediante Informe Nº 012-0324-2016-002 “Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y a la Ley del Silencio Administrativo”, ha constatado que en el Reglamento de Concursos indicado en el considerando precedente, en relación al acceso de los postulantes a los resultados de su evaluación psicológica y psicométrica, difiere con el tratamiento que sobre el particular establece el artículo 47° del Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público; situación que resulta necesario uniformizar;

Estando al acuerdo del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura adoptado en sesión de 18 de enero de 2017, indicado en los vistos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 21º, inciso g) y 37º incisos b) y e) de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el artículo 41º del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución Nº 228-2016-CNM, con el texto siguiente:

“Artículo 41º.- El resultado de la evaluación psicológica y/o psicométrica es inimpugnable y es conocido solamente por los miembros del Pleno del Consejo y el postulante.

El postulante puede acceder a los resultados de esta evaluación una vez concluida su entrevista personal.”

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el Boletín Oficial de la Magistratura del portal institucional: www.cnm.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUIDO AGUILA GRADOS

Presidente

Procesos Constitucionales y Principios Procesales - Parte II

2017-02-05T09:46:00.000-08:00

V. PROCESOS CONSTITUCIONALES

Se contemplan seis procesos constitucionales, en el artículo 200° de la Constitución Política, el constituyente ha definido tales procesos de acuerdo al objeto de cada uno de ellos, siendo labora del intérprete constitucional la de concretar la disposiciones constitucionales, siempre atendiendo ante el agravio o puesta en peligro del contenido constitucional de los derechos fundamentales, con el fin de evitar decisiones contrarias a la ley fundamental y la justicia que ampara.

HABEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA

La legislación procesal constitucional, diferencia en la aplicación de los procesos constitucionales, de acuerdo a su finalidad. Por ejemplo los procesos constitucionales de Habeas Corpus, Habeas Data, Amparo tienen como fin proteger los derechos fundamentales y reponer las cosas al estado anterior a la violación[1]. En el Código Procesal Constitucional, artículo 5.1 lo afirma indicando que solo protegen “el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ACCION POPULAR

El constituyente, confirma su procedencia cuando haya infracción, por el fondo o por la forma, de la Constitución, ya provenga tal agresión de la Ley o de los Reglamentos. El autor incide respecto del proceso de acción popular, justificando su promoción ante reglamentos que contravienen la ley, en el sentido que la ilegalidad de un reglamento, es de por sí, un conflicto de relevancia constitucional.

PROCESO DE CUMPLIMIENTO[2]

Se activa frente a renuencias de autoridades o funcionarios públicos para aplicar la Ley y los actos administrativos. Explica el autor que esta decisión del Constituyente se aparta de lo que es esencial a los procesos constitucionales, en la medida que se ha reconocido como tal un proceso cuya finalidad no tiene relevancia constitucional.

VI. PRINCIPIOS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

Los principios rectores del Proceso Constitucional se encuentran contenidos en los IX artículos del Título Preliminar, aunque principalmente han sido recogidos en el artículo III del CPC., poseyendo valor normativo[3], lo cuales servirán de herramientas para diferenciar entre procesos constitucionales y procesos ordinarios, además de alcanzar sus objetivos esenciales.

6.1.Principio de Dirección Judicial

Denominado principio de Autoridad, donde la dirección judicial está en manos de los magistrados competentes, los encargados de controlar razonablemente la actividad de las partes, evitando una conducta procesal obstruccionista y promoviendo la consecución de los fines del proceso de manera eficaz y pronta, es un poder-deber[4].

6.2.Principio de Gratuidad

El acceso gratuito se da para el accionante, es decir el demandante, al cual se le excluye el pago de arancel judicial y otros, ello se justifica por la presunción de vulneración de derechos constitucionales, en el ámbito judicial se da para personas de escasos recursos en todas las materias. Encuentra su justificación en el hecho de que es vital que no exista ningún tipo de elemento que obstruya el acceso a los medios de salvación de los derechos constitucionales o de los medios que tienden a hacer efectivamente vigente el orden constitucional.

6.3.Principio de Economía y celeridad procesal

Siendo el Juez, el director del proceso, este debe tratar de reducir los actos procesales inútiles o reiterativos, se refiere – citando el autor al profesor MONROY GALVEZ[5] - especialmente a tres áreas: tiempo, gasto y esfuerzo, sobre la economía procesal, este principio busca reducir la duración y la cantidad de actos de un proceso. Asimismo este principio apunta a la necesidad de que el proceso constitucional sea sumario.

El principio de celeridad, responde a que se requiere de una respuesta judicial urgente debido a la especial importancia de su objeto de defensa.

6.4.Principio de Inmediación[6]

Obliga al juez, la aproximación con el desenvolvimiento del proceso y las partes involucradas, además de una inmediación objetiva, es decir acceso a todos los instrumentos y lugares relacionados con el proceso iniciado, por lo tanto tiene especial relevancia, en el desarrollo de la actividad probatoria.

Entendiendo de que no existirá solución justa, sin un conocimiento suficiente de los elementos de un caso concreto, por tanto se obliga al juez constitucional, el conocimiento de modo cierto y completo una situación sobre la cual se va a tomar una decisión.

6.5.Principio de Socialización[7]

Según el TC, este principio consiste en el deber del juez de evitar que las desigualdades materiales existentes entre las partes impidan la consecución de una decisión judicial que sea reflejo cabal de la objetividad del Derecho[8]. Constituye un criterio de interpretación que permite y obliga al juez a pasar de una igualdad formal a hacer efectiva una igualdad material, esto es, que el magistrado logrará una solución justa, siempre en base a una igual fáctica.

6.6.Principio de impulso de oficio

Exige al juez agilizar el proceso en forma autónoma, para asegurar la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo, sin intervención de las partes. Además las decisiones tomadas, en decretos y resoluciones, emitidas por el Juez, en aplicación de este principio, no necesitan ser motivados[9].

6.7.Principio de Elasticidad

A través de este principio, contemplado en el artículo IX del título preliminar del Código Procesal Constitucional. El Juez debe adecuarse a las formalidades que puedan exigirse en el proceso constitucional a la consecución de sus fines – supremacía de la constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales - , ello demanda una argumentación suficiente por parte del Juez.

Este principio, informa que las formalidades procesales, se ha de exigir “solo si con ello se logra una mejor protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, si tal exigencia comporta la desprotección de los derechos y, por ende, su vulneración irreparable, entonces las formalidades deben adecuarse o, de ser el caso, prescindirse, a fin de que los fines de los procesos constitucionales se realicen debidamente”^{^[10]}.

El autor, cita argumentos del Tribunal Constitucional, respecto si la aplicación de este principio importaría un apartamiento del derecho, apuntando que en ningún caso existe un apartamiento de los principios procesales generales, sino sólo la preferencia en la aplicación de principios propios del proceso constitucional, y fundamentalmente dejando de lado todo aquel criterio que vaya en contra de su finalidad[11].

6.8.Principio Pro actione

Por tal principio se da la favoralibilidad procesal al demandante, si en caso exista duda razonable si el proceso deba continuar o concluirse, el Juez declarara su continuación, así lo indica el articulo III del Título Preliminar del CPC. Se justifica, en el sentido que “impone que el juez constitucional, en lugar de optar por alternativas que supongan el estrechamiento del derecho de acceso a la justicia, máxime a la justicia constitucional, debe acoger aquéllas que impliquen, por el contrario, una optimización o mayor eficacia del mismo”^{^[12]}^.

Esto implica, la exigencia de la interpretación de los requisitos y presupuestos procesales, en el sentido más favorable, al derecho de obtener una resolución de fondo del caso concreto, haciendo efectiva el acceso a la tutela jurisdiccional.

6.9.Principio Iura Novit Curia

De relevancia considerable, se aplica ante un supuesto en la cual no se invoca un derecho, o este ha sido mal invocado, el juez tiene la obligación de aplicarlo aunque se haya dado las dos situaciones anteriormente mencionadas, de modo que más allá de que no hayan sido invocados, o no se hayan identificado correctamente, corresponde decidir al juez respecto de su constitucionalidad.

La razón de este actuar, del juez constitucional responde a que a pesar de la falencia aparecida en la invocación del derecho que se reclama, se encuentra vinculado a la misma al ser derechos previstos en la norma constitucional.

Ello, no implica arbitrariedad por parte del juez, debido a que la aplicación de este principio, guiado en razón a que los derechos previstos en la constitución, son de carácter normativo, y aunado a ello presenta límites en su materialización, como son el sustento fáctico y la pretensión del demandante. Exponiendo de forma clara el Tribunal Constitucional, al referir que “son los hechos alegados por las partes y el petitorio, los cuales no pueden ser modificados”[13].

6.10. Principio de Queja deficiente

Definido de modo general como aquel que obliga al Juez constitucional a subsanar los errores[14].

Obliga al juez a subsanar los errores, de naturaleza fáctica en los que pueda haber incurrido las partes, es decir se debe identificar la causa petendi, y su relación con los hechos expuestos por las partes , es complementario con el anterior principio, pero en el caso de este principio lo esencial son los hechos , la adecuación de la pretensiones, para una correcta protección de sus derechos fundamentales, en el caso de que exista un error u omisión en la demanda, en cambio el iura novit curia se refiere al derecho.

6.11. Principio de Interpretación Conforme a la Norma Internacional sobre Derechos Humanos

Este principio plante que al momento de determinar el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, el juez debe tomar en cuenta la norma internacional sobre derechos humanos vinculante para el Perú, es decir la interpretación se debe ajustar a los tratados y convenios internacionales.

VI. A MANERA DE CONCLUSION

Se deja claro, que el fin de la constitución es el desarrollo total de la persona humana, reconocidos en sus derechos fundamentales, como la parte dogmática de la constitución, y la organización política como medio para el cumplimiento de tal finalidad, esto es la parte orgánica.

Los procesos constitucionales, fueron clasificados de acuerdo a su objeto y naturaleza en el Código Procesal Constitucional, incidiendo en su carácter constitucional, corresponde la aplicación de tales garantías, siempre en atención a los fines del proceso constitucional, la supremacía de la constitución y la vigencia de su contenido.

Respecto de lo principios procesales, su aplicación resultan de vital importancia para adecuar una decisión a los valores desarrollados por el Derecho Constitucional, y concretamente con los fines antes mencionados. En palabras del autor, la importancia de los principios procesales, responde a que través de estos se intentará conseguir en el punto más alto e intenso posible tanto la plenitud formal como material de los procesos constitucionales a la hora de hacer efectiva su dimensión objetiva y subjetiva^{^[15]}: velar por la vigencia plena de la Constitución en general y de los derechos fundamentales en particular.

^{^[1]}Sobre ello el profesor MESIA, plantea tres posibilidades: a) Restitución total del derecho violado, b) Restitución de modo parcial, c) Derecho violado sea irreparable en lo absoluto

^{^[2]} S. Nº 3149-2004-AC/TC: Por un lado tutela los derechos subjetivos, por otro, tiene la importante función de vigilar la regularidad del ordenamiento jurídico.

[3] EXP. N.º 0048–2004–PI/TC, del 28 de marzo de 2005, Fundamento 4.

[4] EXP. N.º 0048–2004–PI/TC, citado, Fundamento 4.

[5] MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso Civil, Tomo I, Temis–de Belaunde & Monroy, Santa Fe de Bogota, 1996, p. 98.

[6] EXP. Nº 00173-2008-H/TC: De acuerdo con el principio de inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir en presencia del juez encargado de pronunciar sentencia, puesto que solo de esta manera se garantiza que exista un contacto directo entre el juzgador y los medios de prueba aportados al proceso, que permitirá a este ponderarlos en forma debida y plasmar sus conclusiones en forma suficiente y razonada al momento de emitir sentencia condenatoria.

^{^[7]} EXP. Nº 03547-2009-HC/TC: Finalmente, el principio de socialización exige que se diseñen los mecanismos procesales idóneos para hacer realidad la igualdad (procesal) de las partes del proceso (…)

[8] EXP. N.º 0048–2004–PI/TC, citado, Fundamento 4.

[9] “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite”. Artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú.

[10] EXP. N.º 266–2002–AA/TC, del 10 de marzo de 2005, Fundamento 7.

[11] Idea expuesta en el Fundamento 5 del EXP. N.º 0048–2004–PI/TC, citado por el autor.

[12] EXP. N.° 00250–2008–PHD/TC, del 31 de enero de 2008, Fundamento 5.

[13] EXP. N.º 0616–2003–AA/TC, del 6 de junio de 2005, Fundamento 5

[14] EXP. N.º 0509–2000–AC/TC, del 24 de abril de 2001, Fundamento 6.

[15] Lo cual constituye en suma, el velar por la vigencia plena de la Constitución en general y de los derechos fundamentales en particular, como refiere el autor.

Ley Penal en Blanco - Parte II

2017-02-04T20:52:00.000-08:00

Razón de la ley penal en blanco

La determinación del tipo penal, bajo la exigencia de la ley cierta, garantiza la prohibición de las clausulas legales indeterminadas, sin embargo, tal exigencia, recaída en un primer nivel al legislador – proceso de criminalización primaria – y posteriormente sobre el operador quien ha de aplicar la ley – en el supuesto de que la ley penal posea cierto grado de indeterminación -, no es razonablemente absoluto.

Dado que la formulación de los conceptos legales, no resiste siempre una absoluta claridad y precisión en su construcción, hecho razonable a la constante evolución de la sociedad, dejando paso a peculiaridades en casos concretos[1]. Como puede suceder en casos de criminalidad económica, delitos contra la salud pública o medio ambiental. Por ello la determinación legal tiende a flexibilizarse cuando se trata de ámbitos especialmente dinámicos[2], lo cual hace necesario remitirnos a leyes extrapenales, con el fin de alcanzar mayor precisión en el entendimiento de la conducta punible, planteada en el tipo penal, constituyendo ello la razón de la “ley penal en blanco”.

Nuestro Tribunal Constitucional, explica también que el nivel de indeterminación que pueda presentar la norma penal, responde en mayor o menor medida a las características de ambigüedad y vaguedad del lenguaje, concluyendo que aun tratándose de formulaciones de alta precisión, presentan siempre un ámbito de posible equivocidad.

Grado de indeterminación

Entendiendo, que la ley penal, permite un cierto grado de indeterminación, tal flexibilización no permite una remisión a cualquier ley extrapenal o cláusulas generales, que pueda significar alcanzar un estado de arbitrariedad judicial, contrario sensu, esta técnica o mecanismo que flexibiliza el mandato de certeza, exige una determinación mínima, que debe de verificarse al momento de aplicarse en este caso, la técnica de “la ley penal en blanco”.

Respecto de ello, el Tribunal Constitucional, refiere que es inadmisible la indeterminación cuando el ciudadano deje de reconocer qué comportamientos están prohibidos o no, lo ejemplifica de la siguiente forma: Caso “Encuesta a boca de urna” (Exp. N.° 002-2001-AI/TC), citando el Caso Conally vs. General Cons. de la Corte Suprema Norteamericana, “una norma que prohíbe que se haga algo en términos tan confusos que hombres de inteligencia normal tengan que averiguar su significado y difieran respecto a su contenido, viola lo más esencial del principio de legalidad” (Fundamento Jurídico N.° 6).

Concluye, el argumento, apuntado claramente que el límite de lo admisible, respecto del grado de indeterminación, desde el punto de vista constitucional, quedará sobrepasado en aquellos casos en que el tipo legal no contenga el núcleo fundamental de la materia de prohibición y, por lo tanto, la complementación ya no sea solo cuantitativa, sino eminentemente cualitativa^{^[3]}.

A manera de conclusión

Se define como “ley penal en blanco”, como aquella técnica o mecanismo que flexibiliza el mandato de certeza – lex certa -, permitiendo remitirnos a una ley extrapenal, con el fin de alcanzar mayor precisión en la determinación del comportamiento prohibido.

Responde “la ley penal en blanco”, primero a la complejidad técnica de definir todos los elementos de la conducta típica y segundo, vinculado en gran medida a la dificultad que debe superar el legislador, a las reformas que transitan en las materias que pretende regular, como consecuencia de las nuevas realidades.

Finalmente, tal técnica, es criticada fundamentalmente al importar en ciertos supuestos, la vulneración de la seguridad jurídica, dada las modificaciones que podría experimentar aquellas normas a las cuales se remite el operador jurídico[4]. Tópico que será desarrollado en una futura publicación.

[1] JAKOBS, Gunther. Derecho Penal Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. TOMO I. MARCIAL PONS, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid ,1995. Pág. 95. El profesor JAKOBS, desarrollando la taxatividad de la ley penal, explica que la ley no puede renunciar a cláusulas que se adapten elásticamente a los cambios del orden social, permitiendo tener en cuenta peculiaridades del supuesto concreto.

[2] Así lo refiere, el profesor GARCÍA CAVERO, dando razón a la flexibilización del mandato de taxatividad o determinación. En GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte General. Segunda Edición. Jurista Editores. Lima Perú 2012. Pág. 150.

[3] Citando en su fundamento 51, a BUSTOS R., Juan: Introducción al Derecho Penal. Temis. Bogotá, 1986, p. 62; VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe: Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima, 1990, p.61.

[4] Planteado en PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal. Parte Especial. Ediciones Legales. Lima Perú 2015. Pág. 152.

PROCESOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS PROCESALES

2017-01-28T16:03:00.000-08:00

PROCESOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS PROCESALES[1]

I. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La evolución del constitucionalismo, va de acuerdo al reconocimiento de los derechos humanos de forma positivada, ello implica una transformación política, en la protección de los derechos personales y sus garantías mínimas, todo este contenido es desarrollado en el Derecho Procesal Constitucional, sobre ello la presente reseña, resalta dos fines claves de nuestra Constitución, además de los procesos constitucionales[2]. Guiados por una serie de principios procesales o conjunto de reglas generales[3]. Los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de la interpretación, competencia otorgada generalmente a los magistrados.

II. FINALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

Castillo Córdova, apunta dos características esenciales:

1. La Constitución es una realidad normativa, la aplicación de la norma acarrea mandatos vinculantes, su ejecución le da un carácter de norma efectivamente vinculante.

2. Posee alto contenido valorativo, que en sí mismo es también normativo, esto significa que existe vinculación entre el orden normativo y la realidad, analizada a través de pautas axiológicas, como el criterio de justicia.

Respecto a ello Castillo Córdova, plantea que:

“…la idea de que la finalidad de la Constitución es la realización plena de la persona a través de la limitación positiva y negativa del poder político (y privado). La Constitución, como realidad al servicio de la Persona, coloca a esta como fundamento y a partir de ella, por un lado, le reconoce una serie de exigencias de justicia humana que se positivan como derechos fundamentales; y por otro, compromete al poder político a hacer de tales exigencias de justicia una realidad”

De ello se desprende que la persona y su desarrollo pleno es la idea final de la Constitución, como medio esta la limitación del poder político, sea de forma positiva y negativa, el primer control seria la obligación de no hacer nada que contradiga la justicia humana, y la segunda que haga todo lo necesario para alcanzar las exigencias de un realidad plena y efectiva.

2.1. JUSTO CONSTITUCIONAL

Lo primero que se debe tomar en cuenta, sobre las disposiciones constitucionales, es que por ningún motivo dejara de lado su fin esencial, la persona humana y su realización plena, por lo tanto todo aquello que vaya contra tal finalidad, crea la posibilidad de ser declarada ilegitima, por lo tanto el derecho constitucional, parte de la persona humana, lo que se denomina justo constitucional, como un justo natural y propio de cada uno de los ciudadanos.

III. CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN

Lo que la Constitución, considera dentro de su conjunto de disposiciones, es reconocer el fin de la Persona y la constitucionalización de los derechos humanos.

Un cuadro podría simplificar los contenidos:

El reconocimiento de tales derechos desarrolla la parte dogmática, mientras que la aplicación se desarrolla a través de procedimientos, mediante una organización política, es decir el poder político, el cual posee un doble objetivo:

a) Evitar la actuación extralimitada del poder.

b) Fomentar del Poder una actuación a favor de la plena realización de la Persona a través de la Promoción de sus derechos fundamentales.

IV. CONTENIDO PROCEDIMENTAL

El contenido Procedimental asegura a través de los procesos constitucionales, la vigencia plena de la Constitución, por un lado recoge la exigencia de justicia natural que brota de la persona, y por otro lado organizando el poder como medio para dar cumplimiento a los derechos humanos.

De ello se deriva que existen al menos dos exigencias procesales:

El primero responde a que los procesos constitucionales que defienden derechos fundamentales, solo se activen cuando están en juego los mismos, más no cuando está en juego el contenido infra constitucional.

El segundo punto, indica que disponer de procesos constitucionales largos y poco efectivos resulta siendo contrario a la forma debida de disponer su desenvolvimiento, por ser contraria a las exigencias que brotan de su esencia.

Ver parte II.

[1] Reseña elaborada en base a la lectura del profesor Luis Castillo Córdova. En https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2090/Procesos_constitucionales_principios_procesales.pdf?sequence=1.

[2] Artículo 200 de la vigente Constitución: Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data, Inconstitucionalidad, Popular y Cumplimiento

^{^[3]}JOSE PALOMINO MANCHEGO. Derecho Procesal Constitucional Peruano. Tomo I. Grijley.Lima.p.375

Ley Penal en blanco

2017-01-27T20:53:00.002-08:00

Ley Penal en blanco

La única fuente productora del derecho penal es la ley^{^[1]}, conteniendo en ella, no sólo el fin protector del individuo en sociedad – garantía de los que no delinquen - , sino también, desde una perspectiva objetiva, como desarrolla el profesor JIMENEZ ASUA, una pretensión punitiva del Estado, esto es, reprimir los actos que fueron catalogados en la ley penal como delito.

Y una pretensión subjetiva, dirigida al delincuente, el hecho que no podrás ser sometido a una pena más que por las acciones u omisiones que están determinadas en la ley penal, ni sufrir pena distinta a la prescrita.

Exigencia constitucional: Mandato de determinación^{^[2]}

Ahora, uno de los principios del derecho penal, fundamentales, el de legalidad^{^[3]}, como límite del ius puniendi del Estado, prevé como exigencia constitucional que la ley sea cierta - “lex certa” - entendiendo que la misma no solo establece delitos, sino también que tales conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley.

La delimitación de los comportamientos prohibidos, es lo que se denomina mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, siendo una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al requerir el literal “d” del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, cuando prescribe que la tipificación previa de la ilicitud penal sea “expresa e inequívoca”.

Conceptos memorizables

1. La ley es única fuente del derecho penal

2. La ley penal ofrece garantías tanto para el ciudadano – traducidas en sus pretensiones punitivas - , como para el infractor de la norma penal – aplicación de la pena previamente determinada -.

Ver segunda parte.

^{^[1]}JIMENEZ DE ASUA, Luis. La ley y el Delito. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1984. Pág. 85.Explica el profesor JIMENEZ DE ASUA, teniendo como premisa que solo el Estado produce Derecho Penal, precisando posteriormente las razones filosóficas, científicas y políticas, por las cuales la ley es la única fuente de la norma punitiva.

^{^[2]} Fundamento 44 al 52, EXP. N.º 010-2002-AI/TC LIMA MARCELINO TINEO SILVA Y MÁS DE 5,000 CIUDADANOS

[3] Parágrafo “d” del inciso 24) del artículo 2º, la Constitución prescribe: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.”

CASACIÓN N° 657-2014 Cusco : Cuestionamiento de reparación civil

2016-11-10T19:52:00.000-08:00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

CASACIÓN N° 657-2014

CUSCO

Sumilla: Mediante el recurso de casación no se podrá cuestionar la reparación civil en el extremo del bien ya restituido –salvó se trate de dinero en efectivo-, dejando a salvo la posibilidad que dicho cuestionamiento se lleve a cabo en la vía correspondiente.

SENTENCIA CASATORIA

Lima, tres de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS; en audiencia el recurso de casación de oficio contra la sentencia de vista del primero de setiembre de dos mil catorce -fojas cinco del cuaderno de casación-.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana.

I. ANTECEDENTES.-

A. Itinerario de Primera Instancia

PRIMERO: Conforme la acusación fiscal -fojas dos del cuaderno de acusación fiscal- se imputa a Rosa Luz Valcárcel de Cusilayme, Tomas Arturo Cary Cárdenas, y Emilia Huamaní Díaz haber ingresado al predio Quispikilla, el primero de noviembre de dos mil diez, premunidos de barras, picos, piedras, fierros, machetes y otros instrumentos peligrosos, procediendo a derrumbar la construcción de propiedad de la agraviada María Yolanda Letona Zarate. Como circunstancia concomitante se tiene que Arturo Camero Letona -hijo de la agraviada- al ser advertido de los hechos perpetrados en la propiedad de la agraviada, acudió al citado predio y observó como los imputados, acompañados de treinta personas, destruyeron la construcción existente en el lugar y parte del cerco perimétrico del predio. Además de ello, Camero Letona fue víctima de amenaza y violencia por parte de los imputados, quienes no dejaron que ingrese al lugar donde quedaba la vivienda destruida.

SEGUNDO: Conforme a lo señalado, se llevó a cabo el proceso penal, generando así la sentencia conformada del doce de junio de dos mil trece -fojas 418 del Tomo IIque condenó a Tomas Arturo Cary Cárdenas como autor del delito de usurpación agravada en agravio de María Yolanda Letona Zarate; y, la sentencia condenatoria del siete de febrero de dos mil catorce -fojas 916 del Tomo III-, que condenó a Rosa Luz Valcárcel de Cusilayme y a Emilia Huamaní Díaz como autoras del delito de usurpación agravada, en agravio de la citada agraviada.

En la sentencia conformada se impuso al referido condenado dos años de pena privativa de libertad suspendida, y el pago por concepto de reparación civil por la suma de S/. 10,000.00 soles a favor de la agraviada.

Por otro lado, a la imputadas Valcárcel de Cusilayme y Huamaní Díaz las condenaron a tres años de pena privativa de libertad suspendida, y al pago solidario de la suma de S/. 20,000.00 soles a favor de la agraviada; además, dispusieron la inmediata restitución del predio usurpado en toda la extensión según el peritaje oficial.

B. Itinerario de Segunda Instancia

TERCERO: Ante la referida segunda sentencia condenatoria, las citadas sentenciadas presentaron recursos de apelación -fojas 949 y 956 del Tomo IV-, solicitando su absolución por considerar que la sentencia de primera instancia estaba mal motivada, al no haberse valorado adecuadamente los recibos de pago de luz y agua que adjuntó con los certificados de ley, los cuales demostrarían la posesión legítima del predio que erróneamente decían poseía la agraviada. Asimismo, la parte agraviada apeló el extremo de la responsabilidad civil impuesta, solicitando que ésta sea no menos de S/.55,000.00 soles.

CUARTO: En virtud de las apelaciones interpuestas, tanto por las imputadas como la agraviada, se emitió la sentencia del primero de setiembre de dos mil catorce -fojas 5 del cuaderno de casación- que confirmó la sentencia condenatoria en contra de las imputadas VALCÁRCEL DE CUSILAYME y HUAMANÍ DÍAZ, así como la reparación civil impuesta en primera instancia por el monto de S/. 20,000.00 soles a favor de la agraviada. Cabe precisar, que la sentencia en mención pese a confirmar la resolución de primera instancia precisó que la restitución del predio es por un área de 1,304.56 m2, y no por toda el área que figuraba en el peritaje oficial (4,653 m2).

QUINTO: Ante la denegación del recurso de apelación interpuesto por la parte agraviada y la modificación -precisión- de la devolución del área usurpada, la parte agraviada solicitó el cuatro de setiembre de dos mil catorce la aclaración y corrección de la sentencia de vista respecto al área de restitución que se ordena. En virtud de lo solicitado, la Sala Penal de Apelaciones emitió la resolución aclaratoria del ocho de setiembre de dos mil catorce -fojas 1140 - donde confirma su resolución, señalando que solo respecto al área de 1,304.56 m2 existen medios probatorios que confirman la posesión de la agraviada, y respecto al área restante conforme al considerando sétimo de la sentencia de vista –fojas 1226- se dejaba abierta la posibilidad de su restitución siempre que en la vía correspondiente -jurisdicción civil se determine la posesión legal de la agraviada María Yolanda Letona Zarate.

C. Instancia Suprema

SEXTO: Una vez aclarada la sentencia de vista en cuanto al tema del área de restitución, y ante la disconformidad de la parte agraviada, ésta interpuso recurso de casación -fojas 5 del cuaderno de casación- invocando el inciso 3 del artículo 427 del Código Procesal Penal, vinculándola con causales 1 y 4 del artículo 429 del citado texto procesal, y cuestionando la reparación civil impuesta en el extremo de la restitución del bien.

SÉTIMO: La recurrente señaló en su recurso de casación que la sentencia de vista vulneraba garantías constitucionales como el derecho a la propiedad, el debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que pese a estar probada la usurpación del predio por un área de 4,653.47 m2, se ordenó sin fundamento alguno y de manera contradictoria la devolución de un área menor a la usurpada, generando con ello un perjuicio patrimonial a la recurrente.

OCTAVO: La Sala Penal Permanente de la Suprema Corte emitió el auto de calificación de recurso de casación del cuatro de mayo de dos mil quince declarando inadmisible el recurso interpuesto por la recurrente, pues los agravios alegados no se encontraban enmarcados en las causales invocadas, toda vez que en puridad exigían una nueva valoración probatoria, respecto de un tema que se precisó que no podía ser analizado en la vía penal -determinación exacta del terreno de posesión de la agraviada-.

NOVENO: Pese a la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto, el Tribunal Supremo encontró en el caso planteado interés para desarrollar doctrina jurisprudencial respecto a la extensión de la reparación civil en el proceso penal, y si ésta en toda su dimensión es capaz de ser cuestionada mediante el recurso de casación penal –véase fundamentos jurídicos 11 y 12 del auto de calificación a fojas cincuenta del cuaderno de casación-.

II.- Fundamentos Jurídicos.-

2.1.- Sobre la reparación civil en el proceso penal

DÉCIMO: El derecho a la debida motivación de las resoluciones en el derecho penal ampara los autos y las sentencias. En ese sentido, previo a la emisión de una sentencia penal, el desarrollo de las audiencias se concentra en el análisis de la pretensión penal y civil de la causa que se debate, toda vez que el objeto de este proceso es doble: penal y civil -véase Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116, fundamento jurídico sexto-; más aún si “nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción de posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de naturaleza civil, en el proceso penal (…) [por lo que, esta] acumulación de la acción civil al proceso penal, responde sencillamente a un supuesto de acumulación heterogénea de pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el hecho de que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho” -véase Acuerdo Plenario N° 05-2011/CJ-116, fundamento jurídico décimo-; por tanto, una sentencia penal deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal y civil del procesado, pues solo así se estaría cumpliendo y respetando el derecho a la debida motivación de las resoluciones penales.

DÉCIMO PRIMERO: De esta manera, al emitirse una sentencia penal el Juzgador está obligado a pronunciarse sobre la responsabilidad penal del agente y su respectiva responsabilidad civil, las cuales fundamentan la imposición de una pena y la fijación de una reparación civil, respectivamente. No obstante, resulta necesario precisar que la responsabilidad penal y civil posee una naturaleza jurídica diferente, pese a tener un presupuesto común que ocasiona la vulneración de un bien jurídico, el mismo que normativamente infringe una norma penal y fácticamente ocasiona un daño a la víctima y/o perjudicado. De esta manera, resulta prudente señalar que no toda responsabilidad penal genera una responsabilidad civil y viceversa, por lo que, es necesario que en el caso concreto se analice las responsabilidades –penales y civiles- que concurren en el acto ilícito del agente justiciable. Al respecto, corresponde precisar que la responsabilidad civil es “como una técnica de tutela (civil) de los derechos (u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al responsable (no necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que éste ha ocasionado” -Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Lima: Editorial Rodhas, 2006, p.42-.

DÉCIMO SEGUNDO: En ese sentido, la consecuencia jurídica de la responsabilidad civil en nuestra normativa penal se denomina “reparación civil”, que está instaurada en el artículo 92° del Código Penal al establecer que “La reparación civil se determina conjuntamente con la pena”. La reparación civil, entonces, se constituye como una de las consecuencias jurídicas del delito, que se impone -conjuntamente con la pena- a la persona responsable de la comisión de un delito, con la finalidad de resarcir el daño ocasionado a la víctima, en razón de restituirle al status anterior al desarrollo del suceso delictivo, conforme lo establece el artículo 93° del Código Penal. En ese sentido, este Supremo Tribunal entiende a la “restitución” como aquella “forma de restauración de la situación jurídica alterada por el delito o devolución del bien, dependiendo del caso, al legítimo poseedor o propietario” -GUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo. La reparación civil en el proceso penal. Lima: Pacífico Editores, 2011, p. 94-, siempre que se hayan vulnerado derechos patrimoniales; asimismo, se entiende por “indemnización de daños y perjuicios” a la forma de reestabilización de los derechos menoscabados por el delito, siempre que “se ha vulnerado derechos no patrimoniales del perjudicado o, incluso, habiéndose realizado la sustracción del bien” -GUILLERMO BRINGAS, Luis Gustavo. La reparación civil en el proceso penal. Lima: Pacífico Editores, 2011, p. 100-.

DÉCIMO TERCERO: Asimismo, el artículo 101° del Código Penal establece que “La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil”; por lo que, se deberá analizar los artículos correspondientes a la responsabilidad civil, en el marco de la normativa civil, toda vez que “existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, aún cuando comparten un mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil” –véase Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, fundamento jurídico 7-.

DÉCIMO CUARTO: En ese sentido, como presupuesto para la fijación de la reparación civil, corresponde analizar la existencia o no de responsabilidad civil para lo cual deberá recurrir al desarrollo de los elementos de esta institución, que son los siguientes: a) El hecho ilícito se define como aquella conducta humana que contraviene el orden jurídico y constituye, a su vez, delito. Esta manera de obrar permite reconocer dos mecanismos para vulnerar la norma jurídica: 1) violación de deberes que tienen su origen en relaciones jurídicas ya existentes entre el autor y la persona afectada, y 2) violaciones de deberes de carácter general; b) El daño ocasionado entendido como aquel perjuicio generado a consecuencia del hecho ilícito, sea patrimonial o extrapatrimonial. El Código Civil en sus artículos 1984° y 1985°, desarrolla los criterios que permiten establecer la existencia de daño; por lo que, para la cuantificación de los daños patrimoniales se establece criterios como el “lucro cesante” [aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino] -MANZANARES CAMPOS, Mercedes. Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la responsabilidad civil extracontractual. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2008, p. 43- y “daño emergente” [entendido como el perjuicio efectivo sufrido en el patrimonio de la víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya estaban incorporados a ese patrimonio] -MANZANARES CAMPOS, Mercedes. Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la responsabilidad civil extracontractual. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2008, p. 40-, mientras que para la cuantificación de los daños extrapatrimoniales el criterio es el “daño moral” [aquel perjuicio moral que afecta el mundo inmaterial, incorporal, de los pensamientos y de los sentimientos] -MANZANARES CAMPOS, Mercedes. Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la responsabilidad civil extracontractual. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2008, p. 75-, el “daño a la persona” [aquel que lesiona la integridad física del sujeto, su aspecto psicológico y/o proyecto de vida] -MANZANARES CAMPOS, Mercedes. Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la responsabilidad civil extracontractual. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2008, p. 50-. Cabe mencionar que el “proyecto de vida” es aquel “daño de tal magnitud que afecta, por tanto, la manera en que el sujeto ha decidido vivir, que trunca el destino de la persona, que le hace perder el sentido mismo de su existencia” –Manzanares Campos, Mercedes. Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la responsabilidad civil extracontractual. Análisis a partir de la jurisprudencia. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2008, p.64-. En consecuencia, se entiende que el daño es “todo menoscabo contra los intereses de los individuos en su vida de relación social, que el Derecho ha considerado merecedores de la tutela legal” -TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. 3ra. Edición. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2013, p. 39-; c) La relación de causalidad es entendida como la relación de causa-efecto (antecedente - consecuencia) que debe existir entre la conducta antijurídica del agente y el daño causado -TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la Responsabilidad Civil. 3ra. Edición. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2013, p. 39-; y, d) Los factores de atribución, que consisten en considerar a alguien como responsable del hecho antijurídico, ya sea a título de dolo o culpa o mediante un bien riesgoso o peligroso, advirtiéndose que en este extremo se refiere a institutos de naturaleza civil.

2.2. La reparación civil y el recurso de casación

DÉCIMO QUINTO: En ese sentido al ser la reparación civil una institución regulada por el proceso penal, cuyo sistema de atribución de responsabilidad es netamente de carácter civil, ésta encuentra protección y regulación en todos los niveles de un proceso judicial, inclusive en la impugnación extraordinaria: recurso de casación. Así, se tiene que el inciso tercero del artículo 427° del Código Procesal Penal señala: “(…) Si la impugnación se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente. (…)”

DÉCIMO SEXTO: De la lectura del citado artículo se desprende que el cuestionamiento de la reparación civil vía casación penal, también encuentra limitaciones de orden cualitativas y cuantitativas. Por ello, se precisa que la reparación civil podrá ser cuestionada en el extremo monetario que se imponga, o de la afectación de un bien de imposible devolución, por ejemplo: la vida; dejando de lado la parte referida al bien que se ordene restituir.

Asimismo, el monto que imponga el Juez Penal, ya sea por valor equivalente del bien o por concepto de daños y perjuicios, debe superar las 50 U.R.P.

DÉCIMO SÉTIMO: En ese sentido, la reparación civil comprende: 1.- el bien o su valor económico, y 2.- el pago de daños y perjuicios. Centrándonos en lo primero, al demostrarse el daño de un bien éste deberá ser restituido por su responsable en las mismas condiciones previas a su afectación, o en todo caso deberá pagar el valor monetario del mismo; en concreto, la devolución del bien o su pago. No obstante, corresponde precisar que si el bien es restituido fácticamente o a través de su valor económico, también existe la posibilidad del pago de un monto dinerario por concepto de daños y perjuicios.

DÉCIMO OCTAVO: La reparación civil, como se precisó, por una cuestión de economía procesal-judicial busca resolver dentro del proceso penal, y si así lo decide la parte pertinente, el cuestionamiento de carácter civil, es decir, verificar la existencia de un daño y determinar su responsable. Ello se hace con el único fi n de celeridad, mas cabe la posibilidad que se opte por una resolución en la Orden Jurisdiccional Civil, siendo ésta excluyente de la vía penal y viceversa(1). Así, se puede afirmar que en un proceso penal se puede impugnar dos aspectos: 1.- la existencia de responsabilidad civil, o 2.- el monto dinerario que se impone por concepto responsabilidad civil.

DÉCIMO NOVENO: Al impugnarse el carácter civil de una sentencia penal condenatoria, lo usual es cuestionar -recurrir- el monto que se impone como concepto de reparación civil por considerarlo ínfimo o exorbitante. No se busca cuestionar la calidad del bien que se ordena restituir –pues éste existe previo e independientemente del proceso penal-. En ese sentido, conforme a los fundamentos jurídicos precedentes, al recurrir vía casación penal la reparación civil, podemos afirmar que el legislador peruano ha sido claro en precisar que resulta viable analizar la impugnación extraordinaria interpuesta siempre que verifique previamente que se trata de un monto superior a la 50 U.R.P. o un bien no valorable económicamente, por tanto no regula el cuestionamiento de un bien ya restituido.

VIGÉSIMO: En ese sentido, si la responsabilidad civil está demostrada, prima facie se ordenará -de ser posible la devolución del bien, sino su valor monetario. Si el bien es restituido no se podrá discutir la calidad de este bien en un proceso penal, y solo podrá cuestionarse el monto que se imponga por daños y perjuicios, dejando a salvo la posibilidad de que la parte civil cuestione, en lo pertinente, la calidad del bien en un proceso judicial diferente -jurisdicción civil-, buscando así satisfacer sus intereses legales.

VIGÉSIMO PRIMERO: Analizar la calidad y características del bien que se ordena restituir como parte de la reparación civil dentro de un proceso penal implica un mayor bagaje probatorio, que no es competencia del Juez Penal; es decir, emitir un pronunciamiento jurisdiccional referido al bien -en sí mismo discutido- resultaría ir más allá de un proceso de determinación de responsabilidad civil, pues ello sería entrar en un proceso distinto al de la determinación de su responsabilidad. Resultando ello imposible, dado que la importación de la institución de la responsabilidad civil al proceso penal surge por estricta necesidad y en base a un principio de celeridad con la finalidad de evitar la peregrinación de jurisdicciones; característica que no se cumplen para la importación de alguna otra institución -por ejemplo, derechos reales-.

III.- Análisis del caso concreto.-

VIGÉSIMO SEGUNDO: En el caso concreto se advierte que la Sala Penal Superior emitió pronunciamiento en el marco de su competencia, comprobando la responsabilidad civil de las imputadas e imponiéndoles como consecuencia de ello una reparación civil conforme a ley. En ese sentido, la referida Sala ordenó 1.- la restitución del bien correspondiente a un predio de 1,304.56 m2, y 2.- el pago de S/.2,000.00 soles por indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, precisó que solo se ordena la restitución del bien en un área de 1,304.56 m2, pues solo en esta dimensión se encuentra demostrada la posesión de la agraviada y, por tanto, solo en esta dimensión corresponde su restitución. Asimismo, se señaló que respecto al área restante, de considerarla de su propiedad o posesión, queda libre el derecho de la agraviada a solicitarla en el proceso civil correspondiente, por tanto se advierte que no se vulneraron normas penales o procesales al emitir la orden de reparación civil.

VIGÉSIMO TERCERO: Como se señaló en el apartado referido a los fundamentos jurídicos de la presente ejecutoria, la decisión arribada en el extremo de la reparación civil, en el presente caso, solo pudo ser cuestionada extraordinariamente en cuanto al monto pecuniario impuesto por concepto de indemnización de daños y perjuicios -S/. 20,000.00 soles- y no respecto al bien restituido. Admitir el análisis del cuestionamiento del bien restituido, implicaría una errónea interpretación de la norma procesal penal que regula la impugnación extraordinaria de la responsabilidad civil –inciso 3 del artículo 427 del Código procesal Penal-.

IV. DECISIÓN:

Por estos fundamentos declararon:

I. INFUNDADO el recurso de casación por la causal 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

II. CONFIRMARON la sentencia de vista del primero de setiembre de dos mil catorce -obrante a fojas 5 del cuaderno de casación- que condenó a Rosa Luz Valcárcel de Cusilayme y Emilia Huamani Díaz como autoras del delito de usurpación agravada, en agravio de María Yolanda Letona Zarate, y le impuso una pena privativa de libertad de 3 años suspendida en su ejecución por un año, adicionalmente se ordeno la restitución del predio usurpado –dimensión 1,304.56 m2- y el pagó de S/20,000.00 soles.

III. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial, los fundamentos jurídico establecidos en el punto II (considerandos Décimo a Vigésimo primero) de la presente ejecutoria, los cuales refieren a la responsabilidad civil en un proceso penal y que el cuestionamiento de la reparación civil en sede casatoria se limitara al monto pecuniario impuesto –sea por valor del bien imposible de restituir, o por el concepto de daños y perjuicios- y no se cuestionara la calidad del bien restituido.

IV. ORDENARON se dé lectura de la presente sentencia casatoria en audiencia y se publique en el diario oficial El Peruano, de conformidad con lo previsto en el numeral tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del Código Procesal Penal. Hágase saber.

V. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.

SS.

VILLA STEIN

RODRIGUEZ TINEO

PARIONA PASTRANA

HINOSTROZA PARIACHI

NEYRA FLORES

(1) Código Procesal Penal, Artículo 12.- Ejercicio alternativo y accesoriedad.- 1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.

D.L. N° 1245 Modifica el Código Penal para garantizar la seguridad de la infraestructura de Hidrocarburos

2016-11-06T06:44:00.000-08:00

Pluspetrol.

A través del Decreto Legislativo N°1245, se incluye dentro del catálogo de bienes muebles, en la descripción del tipo de hurto – artículo 185 del Código Penal-, los hidrocarburos o sus productos derivados. En su forma agravada – artículo 186 del Código Penal -, establece un nuevo inciso, en la cual se refiere a la afectación con la acción típica sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, remitiéndonos a la legislación de la materia, verificar ASPECTOSLEGALES Y TRIBUTARIOS RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS EN EL PERÚ.

Establece modalidades agravadas para el delito de receptación, - artículo 195 del código penal – cuando, estando a las modalidades típicas del delito de receptación, el bien sea gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados o cuando la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la materia.

Del mismo modo para el delito de daños – artículo 206 del código penal -, se establece agravante nueva, en el mismo sentido normativo referida in fine, precisándose para el caso la infraestructura del inmueble.

Respecto de delitos contra la seguridad pública, amplia los objetos pasibles de conducta que creen peligro sobre los mismos, incluyendo en el inciso 1 del artículo 281° del código penal, el atentado contra los hidrocarburos o sus productos derivados.

Finalmente en el mismo capítulo del código penal, referido al entorpecimiento sobre el libre funcionamiento de los servicios públicos – artículo 283 – precisa incluyendo los derivados del hidrocarburo.

Los límites de pena, no sufrieron ninguna variación.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1245

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 30506, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de PETROPERÚ S.A., por el término de noventa (90) días calendario;

Que, en ese sentido, el literal a) del numeral 2 del artículo 2 del citado dispositivo legal, dispone la facultad de legislar con la finalidad de establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, en particular en lo que respecta a las afectaciones a la infraestructura, instalaciones, establecimientos y medios de transporte de hidrocarburos en el país;

Que, en dicho marco normativo, y teniendo en consideración lo establecido en los artículos 2 y 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado por el Decreto Supremo N° 042-2005-EM, resulta conveniente dictar disposiciones tendientes a modificar el Código Penal con el objeto de garantizar la seguridad en las actividades de hidrocarburos y el abastecimiento de hidrocarburos al mercado interno, ello con la finalidad de contribuir al desarrollo nacional;

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley Nº 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE HIDROCARBUROS

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto modificar el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, a fin de establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, en particular en lo que respecta a las afectaciones a la infraestructura, instalaciones, establecimientos y medios de transporte de hidrocarburos en el país.

Artículo 2.- Modificaciones al Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635 Modifícanse los artículos 185, 186, 195, 206, 281 y 283 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 635, en los términos siguientes:

“Artículo 185.- Hurto simple

El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por Embarcación.”

“Artículo 186.- Hurto agravado

El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido:

(…)

10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.

(…)

12. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la materia.

(…)”

“Artículo 195.- Formas agravadas

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y de sesenta a ciento cincuenta días-multa:

(…)

3. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.

(…)

6. Si se trata de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados.

7. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la materia.

(…)”

“Artículo 206.- Forma agravada

La pena para el delito previsto en el artículo 205 será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años cuando:

(…)

6. Recae sobre infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.

7. Si la conducta recae sobre la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados conforme a la legislación de la materia.”

“Artículo 281.- Atentado contra la seguridad común

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años, el que crea un peligro para la seguridad común, realizando cualquiera de las conductas siguientes:

(…)

1. Atenta contra fábricas, obras, infraestructura, instalaciones destinadas a la producción, transmisión, transporte, almacenamiento o provisión de saneamiento, electricidad, gas, hidrocarburos o sus productos derivados o telecomunicaciones.

(…)”

“Artículo 283.- Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos

El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, de saneamiento, de electricidad, de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

(…)”

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

Gonzalo Tamayo Flores

Ministro de Energía y Minas

María Soledad Pérez Tello

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

Manual de Redacción de documentos propios de la actividad fiscal

2016-08-10T20:45:00.000-07:00

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ARRESTO DE 5 DÍAS POR ‘MANDAR A LA MIERDA’ A SU PAREJA EN WHATSAPP

2016-07-03T10:29:00.000-07:00

El Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada acaba de condenar en estos días a un hombre a cinco días de arresto domiciliario por mandar a la mierda a su pareja en la conocida aplicación de chateo móvil, WhatsApp. El acusado tendrá que pagar también las costas judiciales y en su recuerdo quedarán las poco gratas siete horas que pasó en el calabozo de las dependencias de la Guardia Civil.

Los hechos sucedieron el pasado domingo, día en el que una riña telefónica entre la pareja (ya de difícil componenda) terminaba con un «vete a la mierda» que era contestado con un «a la “mierda” (sin usar el término sino su emoticono) te vas tú» de la víctima.

Acto seguido, la demandante se personaba en las instancias de la Guardia Civil de Armilla (provincia de Granada) para dejar constancia de este comportamiento y de otros que no se han recogido finalmente en cuenta en la sentencia por carecer de pruebas tan solventes como el propio hilo de conversaciones del WhatsApp.

Las injurias, solo se persiguen mediante denuncia del agraviado o de su representante legal

A continuación, el acusado sería retenido en los calabozos de la Guardia Civil hasta pasar a disposición judicial. Una vez en sala daba comienzo el juicio rápido en base a un delito leve por injurias/vejaciones. El sujeto reconocía los hechos relacionados con el mensaje en WhatsApp por lo que la jueza dictó sentencia de conformidad, y por tanto firme, y no hubo necesidad de celebrar juicio estando ambas partes de acuerdo.

Violencia sobre la Mujer

La reciente sentencia con fecha 20 de junio de 2016 dictada por el Juzgado de la Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada considera que «Vete a la mierda» constituye un delito leve por injurias/vejaciones de acuerdo con el art. 173. 4 de nuestro Código Penal. Amén de las palabras empleadas, pesa también la voluntad o intencionalidad de ofender. La intencionalidad agrava la valoración de los hechos en tanto que no es casual ni colateral el hecho de la ofensa sino el objetivo pretendido.

Si hacemos un rápido análisis de la sentencia podemos decir que se le aplica el delito leve de injurias/vejaciones conforme al citado art. 173. 4 del Código Penal porque:

1. Se utilizan expresiones claras, explícitas e inequívocamente ofensivas. «Vete a la mierda» no da lugar a dobles lecturas o interpretaciones.

2. Existe una reconocida intención de ofender.

3. Median lo que se llama en derecho elementos circunstanciales: una relación afectiva, el fragor de una riña… Si estamos en la circunstancia de una pelea, en el acaloramiento es muy posible suponer que las palabras se eligen con la clara intención de ofender.

La condena

La condena, como ya hemos apuntado son cinco días de arresto domiciliario más el pago de las costas judiciales. Sin embargo nos queremos detener en algunos matices interesantes a nuestros lectores/as para su consideración.

• La localización permanente o lo que es lo mismo, el arresto domiciliario, debe localizarse en un domicilio distinto al de la víctima y alejado del de esta.

• La condena impuesta es la mínima prevista. En base a un delito leve de injurias/vejaciones sobre el art. 173. 4 del Código Penal las penas podrán oscilar a localizaciones permanentes de 5 a 30 días. Vemos claramente que la jueza ha impuesto la mínima posible.

• La víctima también emplea esos términos con el condenado con la salvedad de que ella no usa la palabra «mierda» sino el emoticono (icono gráfico) que la representa. Ella misma lo atestigua.

Injurias, calumnias vejaciones…

El Código Penal protege a los ciudadanos ante las injurias y calumnias proferidos contra ellos ya que atentan contra el Honor de las personas. Salvaguardar el honor es muy importante en nuestro Ordenamiento Jurídico como un derecho fundamental de todas las personas físicas y jurídicas, incluido el caso de las personas fallecidas. Estos delitos han aumentado drásticamente por causa de las nuevas tecnologías, las redes sociales etc. Se multiplica el trabajo en los juzgados debido a la gran cantidad de ofensas que se lanzan escondidos (o creyéndose escondidos) en el anonimato aparente de un perfil virtual.

A modo general las injurias y calumnias se clasifican de acuerdo a la siguiente categoría:

• Injurias y Calumnias. Para las ofensas más fuertes.

• Falta de injuria para un delito más leve que el anterior.

• Para casos más leves se establecen penas civiles de reparación del daño causado.

Toda esta clasificación, como decimos, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, del Derecho al Honor.

Si atendemos a las dos voces jurídicas, obviamente en este caso no ha habido calumnias. La calumnia es la mentira acerca de una persona sabiéndose y siendo conscientes de que es mentira. En el caso de la injuria, se habla de una lesión a la dignidad de la persona. Casi siempre van unidas en la misma denuncia porque todas las calumnias injurian pero no todas las injurias calumnian. Para el comentado caso de las redes sociales, deberá tenerse en cuenta que el hacer la calumnia o injuria con publicidad agrava la condena final impuesta. Por tanto, Twitter y Facebook para ver la noticias y comentar la barbacoa del primo, no para insultar a los demás, ni siquiera a los famosos, que son sujetos de los mismos derechos y obligaciones que tú, te caigan o no simpáticos.

Cuidado con lo que dices/escribes

Este tipo de sentencias, al margen de lecturas rápidas (las prisas son siempre malas consejeras) nos deben servir para exhortarnos a la prudencia. No se puede ir mandando a la mierda a la gente, profiriendo amenazas al que no sale del semáforo tan rápido como tú quieres, levantando la voz al vecino que no vota lo que tú en la junta de propietarios… En cualquier momento estas personas se pueden sentir menospreciadas o en el peor de los casos vejadas o amenazadas y pueden acudir a un juzgado a presentar denuncia para ejercitar sus derechos.

En no pocas ocasiones, muchas personas con una trayectoria nada delincuencial se enfrentan a sentencias por delitos por amenazas por haberse propasado en una discusión en la cola de la pescadería o en la incorporación de una rotonda. Nuestro derecho protege a las personas ante la agresividad verbal de los demás, no solo la física. Recordemos: hay que ser prudentes y comedidos con lo que decimos.

FUENTE: http://diazdemagdalena.com/blog/violencia-sobre-la-mujer-arresto-5-dias-por-mandar-a-la-mierda-a-su-pareja-en-whatsapp/

Informe Oral del Habeas Corpus seguido por Alberto Fujimori Fujimori

2016-06-25T09:44:00.000-07:00

Exp. 1460-2016 Habeas Corpus seguido por Alberto Fujimori contra el Presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros.

Derecho de Defensa: Ubicación en normas internacionales

2016-05-29T17:08:00.000-07:00

Ecce Homo, Antonio Ciseri. Jesucristo, ante Jerualén, luego de ser azotado.

Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos

1. Sistema Universal

En la Convención Americana sobre derechos humanos[5][6], artículo 8, inciso 2 parágrafo d), de la siguiente forma:

El derecho a la defensa está prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [1] [2], reconocido en el artículo 14 inciso 3 parágrafo d), de la siguiente forma:

Artículo 14

[...]

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

[...]

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos [3][4], garantizado en el artículo 11, inciso 1, de la siguiente forma:

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

2. Sistema Regional Americano

En la Convención Americana sobre derechos humanos[5][6], artículo 8, inciso 2 parágrafo d), de la siguiente forma:

Artículo 8. Garantías Judiciales

[...]

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

[...]

[1] Verificado en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

[2] Adoptado en Perú Decreto Ley N°22129 del 28 de marzo 1978, ratificado en la XVI Disposición General y Transitoria de la Constitución de 1979.

[3] Verificado en http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm?gclid=CMXMxsKxgM0CFcNkhgod2B0Cxw

[4] Adoptado por el Perú mediante Resolución Legislativa N°13282 del 05 de diciembre de 1959, recogida en la Cuarta Disposición Final de la Constitución Peruana de 1993.

[5] Verificado en http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

[6] Ratificada por el Estado Peruano en la décimo sexta disposición final de la Constitución Peruana de 1979

Julio Guzmán: Las respuestas en SMT Parte II

2016-02-08T18:19:00.003-08:00

JG: El mercado es la mejor forma de crear riqueza, pero el Estado debe intervenir – ¿Cómo? – no soy ni liberal, ni de derecha ni de izquierda, soy reformista.

JG: La ley de consulta previa no la vamos a implementar, pero no la vamos a derogar – ¿cómo? –

JG: Para los problemas sociales con las minerías, se creará la oficina de gestión, con operadores políticos, inteligencia y mesas de desarrollo – muy buena respuesta, espero la implemente, pero las Emp Mineras, siempre terminan haciendo lo que quiere, Arequipa, Tacna, Cajamarca, lo saben muy bien-

JG: El estado debe dar servicios empresariales, para la Mypes, no vamos a dar subsidios

JG: Vamos a revisar el proyecto del gasoducto del sur

JG: Incrementare el sueldo de los policías, reorganizaremos la PNP

JG: La felicidad de los peruanos, basado en la educación y la salud – aquí Maritere, simplemente no profundiza –

JG: No devolveré el subsuelo a los campesinos, sino una mejor distribución del canon, en donde el Estado intervendrá para una mejor inversión -osea el campesino seguirá vendiendo sus papas en el mercadito de su zona, y así se considera el candidato nuevo?, importantísimo en el min, 39:37-

JG: Crédito 100, favorecerá los jóvenes, este fondo de garantía pagará la irresponsabilidad de los jóvenes, y luego se irán a INFOCORP

JG: Proponemos las visitas médicas y todos los niños de 0 a 5 años, tendrán aprestamiento y buena nutrición - ¿cómo hará eso?

JG: Si se reconocerá, la responsabilidad penal de las personas jurídicas – reforma del código penal, a la vista con potente consecuencias económicas, no lo va hacer, pues –

JG: No devolveré el dinero a los afiliados de la AFP, con ciertas excepciones, no se cerrará la ONP.

JG: Me financian muy pocas personas, y la mayoría son voluntarios.

Julio Guzmán: Las respuestas en SMT Parte I

2016-02-08T18:16:00.001-08:00

JG: Dinosaurio, es quien piensa que el Perú, seguirá desarrollándose con la explotación de Recursos Naturales

JG: Estamos a favor de la minería, con los nuevos estándares – lo dicen todos los candidatos, hasta VM-

JG: Israel y Palestina, deben convertirse en Estado y no responde la pregunta sobre porqué el Perú se convertirá en una sucursal de Israel

JG: Yo quería ser una gran reforma, quise crear una agencia para los productores, pero el MEF, me lo impidió – casi igual que VM –

JG: Los tratados de libre comercio, genera un socio comercial que te acerca con ese socio, y las decisiones políticas no se afectan por ello

JG: No es cierto que favoreceré a Israel, firmando el TLC. Perú es mi país

JG: No vamos a privatiza ni estatizar, voy a declarar estratégicas las empresas, para darles autonomía

JG: Continuaré con los contratos firmados, pero no daré marcha atrás con los acuerdos ya establecidos, aun así estén mal hechos- esto es importantísimo, cómo que no va renegociar lo que perjudica a nuestro país min 17:12 –

JG: Desde niño fui un buen negociador, para conseguir lo que quiero.

JG: La UIF, pasará al PCM, eso dice el plan de gobierno, luego niega eso, afirmando que le otorgará más capacidades.

JG: El tema de la discriminación de LGTB y la unión civil, es labor del congreso – se aparta de la responsabilidad-

JG: El aporte de los peruanos, será para todos los credos, pero no se le quitará lo que ya se le está dando a la Iglesia católica – ¿cómo?

JG: Usaré la tecnología, y la lucha contra la corrupción, está fundamentada en mi independencia, - ahora será independiente, cuando ingrese a palacio, nadie sabe –

https://www.youtube.com/watch?v=VRkzoqUHGF8

Esta es la navidad 2015 ... en Tacna

2015-12-15T21:01:00.001-08:00

Estimados, éste es el ambiente en nuestra querida ciudad de Tacna ... No se ve ningún Krampus.

Frente a la Locomotora.. en el parque de los tortolitos.

Definitivamente, ésta es una publicación inusual, todos sabemos que las fotos son para el "face", pero también existen espacios llamados blog, como éste - gracias a Dios - donde también se pueden postear fotos, con la única diferencia, que éstas fotos no reclaman un like desesperado, a lo mucho un comentario. Así es que estimados, éste recorrido navideño empieza por la salida de la calle Arica, a la Av. Bolognesi, luego de ver "Krampus".

Lado derecho del parque de los tortolitos.

Tacna, no sólo es una ciudad heroica, rebosante de patriotismo cada 28 de agosto, o para nuestros vecinos de Chile, una ciudad de descanso y sobre todo de "placer" - que según ellos lo encuentran tan barato - , sino que cada año que llega la época de la navidad, temporada tan especial, espiritual como material, - lo último sobre todo para los niños -, nuestra ciudad, siempre aparece bien iluminada, elemento esencial, para sentir ese ambiente navideño, que nos conduce casi siempre a la sensación de nostalgia, originados por momentos compartidos con los compañeros de salón, trabajo, y de hecho nuestros seres queridos, tantos recuerdos, en fin disculpen por la digresión.

Catedral

El elemento esencial, de hecho son las luces, la iluminación, acompañada de variados adornos, como frosties, y otros que los niños conocen más que uno, pues así se ve la dos veces heroica, desde el parque de la locomotora - parque de tortolitos, pues ahí acaban la mayoría parejitas - hasta la plaza Zela, cubriendo toda la zona céntrica de nuestra ciudad, creando así un ambiente mágico, la catedral es parte de esa magia, luce bien delineada de blanco.

Misterio navideño en tamaño real, debajo del arco.

Ya en el centro del paseo cívico, encontramos el misterio navideño, bien decorado, transmitiendo la idea del nacimiento de nuestro salvador.

Tacna

Luego, hallamos, sin duda alguna al árbol de navidad más grande de la ciudad, en este año, se ve muy natural, que por cierto se ve de un color blanco o verde muy claro, quizás, buen lugar para una foto para el "face".

Paseo Civico

Frente al casino Isla del Tesoro

Aquí vemos el trineo de Rodolfo, buena escena ¡

Paseo Civico

Ya estimados, para finalizar, la época de la navidad, siempre nos deja un mensaje, pero antes de ello, reconocemos que por estas fechas es cuando la gente llega al extremo, compra en extremo, come en extremo, y supuestamente es feliz en extremo, más allá de todo ello, al final nos damos cuenta que la idea principal, es lo maravilloso de la navidad, el compartir, hacer realidad la frase "dar es mejor que recibir". Pásenla con su seres amados. Feliz Navidad¡

Behind of post

Las fotos fueron tomadas después de la última clase de universidad, de este estudiante de derecho, clase que consistió en un examen propuesto por la Dra. Nalvarte, y también después de ver la película "Krampus", en esta publicación no me refiero a los mercadillos, será para la próxima. Tacna, 15 de diciembre del 2015.

PRECONADEPC TACNA 2015

2015-07-21T21:34:00.005-07:00

En la heroica ciudad de Tacna se llevará a cabo el PRECONADEPC del 23 de Julio hasta el 25 de Julio del 2015 como preparación para el XXV Congreso Latinoamericano, XVII Congreso Iberoamericano y XII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología a desarrollarse en la ciudad del Cusco.

Este evento académico sin precedentes en nuestra ciudad, estará organizado por una comisión compuesta por estudiantes de las diferentes escuelas de Derecho de Tacna, esperamos llevar a cabo este PreCONADEPC de la mejor forma posible.

Asimismo, una de las finalidades de eventos como estos, es animar a los estudiantiles a poder investigar, por tal razón aperturamos el Concurso de Ponencias estudiatiles, esperamos que participen y presenten sus mejores trabajos.

Envío de ponencias estudiantiles hasta el 11 de Julio del 2015 al correo: preconadepctacna@gmail.com

COMITÉ ACADÉMICO.

Condena del Absuelto . Salas Arenas

2014-12-04T22:13:00.000-08:00

Condena del Absuelto . Salas Arenas

LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACION CONSTITUCIONAL. DE NUEVO SOBRE LOS CASOS TRAGICOS

2014-12-04T00:47:00.000-08:00

MANUEL ATIENZA

INTRODUCCION

La interpretación constitucional, posee un carácter de supra legalidad, lo cual la pone en el centro de la teoría jurídica, por ello es una interpretación superior , porque define los límites de interpretación de las otras normas; así es reconocida en las constituciones contemporáneas, además que en las constituciones predominan enunciados de principio o enunciados valorativos, estas razones plantean problemas como la naturaleza de la interpretación constitucional y su límite, este último es desarrollado por el autor con la tesis que sostiene que uno de los límites de la racionalidad jurídica viene dado por la existencia de casos trágicos.

CASOS FACILES Y CASOS DIFICILES

La argumentación jurídica, tiene como “teoría estándar” la distinción entre este tipo de casos, así MARMOR, refiere que tal distinción es fuente del positivismo jurídico, de otro lado afirma que la interpretación es una labor creativa, que tiene como fin determinar el significado de algo relevante no tan claro o en todo caso indeterminado, así los jueces dentro de su labor interpretativa crean derecho, antes, sin embargo debe existir un derecho para interpretar.

Entonces los casos fáciles, son de los que basta una aplicación pura y simple del derecho, en tanto que los difíciles la cuestión en litigio no está determinada, por los estándares jurídicos existentes, por lo tanto requiere una labor interpretativa, la distinción es importante.

La justificación de las decisiones en un caso fácil, es una mera deducción, no es una decisión (condeno a X a la pena P), sino una norma (debo condenar a X a la pena P).

En un caso difícil, su justificación no es solo razonamiento deductivo, una actividad lógica, sino que a ella se debe añadir una razón práctica que se contienen en principios como el de universalidad, coherencia, consenso, etc.

Así Pablo Navarro, considera a D caso difícil si:

No hay una respuesta correcta a D.
Las formulaciones normativas son ambiguas y/o los conceptos que expresan son vagos, poseen textura abierta, etc.
El derecho es incompleto o inconsistente
No hay consenso acerca de la resolución de D en la comunidad de jurista
D no es un caso rutinario o de aplicación mecánica de la ley
D no es un caso fácil y es decidible solamente sopesando disposiciones jurídicas en conflicto, mediante argumentos no deductivo
Requiere para su solución de un razonamiento basado en principios
La solución de D involucra necesariamente a juicios morales

LOS CASOS INTERMEDIOS

BARAK, llama casos intermedios a los que se sitúan entre los casos fáciles y los difíciles, y sobre todo son aquellos de los que llegan a los tribunales superiores y constitucionales, en ellos el juez no tiene discreción para decidir, ya que las partes poseen argumentos jurídicos legítimos, y se necesita un acto consciente de interpretación antes de que el juez pueda concluir que el problema es infundado y que solo hay una solución jurídica.

LOS CASOS TRAGICOS

Son aquellos supuestos en relación con los cuales no cabe encontrar ninguna solución jurídica que no sacrifique algún elemento esencial de un valor considerado como fundamental desde el punto de vista jurídico y/o moral, Sobre ello los casos difíciles se da una contraposición entre principios o valores.

CASOS TRAGICOS EN EL DERECHO

Entonces son casos trágicos en los que no puede alcanzarse una solución que no vulnere un elemento esencial de un valor considerado como fundamental desde el punto de vista jurídico.

De otro lado se puede hablar de dos tipos de casos trágicos:

Cuando existe al menos una solución correcta dentro del ordenamiento jurídico,
Cuando no existe ninguna solución correcta permitida por el ordenamiento jurídico.

¿QUE HACER FRENTE A LOS CASOS TRÁGICOS?

El autor nos provee de cuatro ideas:

1)    El hecho de que en este tipo de casos no exista una posible respuesta correcta, no impide alcanzar una solución correcta, en este caso el juez debe optar por el mal menor, es decir afectar en la menor medida posible al ordenamiento jurídico.
2)    Una segunda opción es también recurrir a criterios de lo razonable, es decir a criterios situados entre lo que podría llamarse racionalidad estricta, es decir acudir a ámbitos de la razón práctica.
3)    La razón de la aparición de casos trágicos, se encuentra por un lado en la ampliación de los derechos, sobre todo los que contienen temas sociales y económicos, ello nos lleva a buscar un equilibrio entre los valores no negociables.
4)    Sobre lo anterior, nos da a entender de que estos casos no son producto de la injusticia, este tipo de casos motiva en el futuro a evitar que surjan situaciones dilemáticas.

X CONADECIVIL - Delegación UNJBG rumbo a Arequipa- HOTELES

2014-09-09T20:58:00.000-07:00

HOTELES

Los hoteles en su gran mayoría se encuentran cerca del cercado a 10 y 15 minutos del lugar del evento.

La gran mayoría pide un 50% adelantado para hacer la reservación, en su gran mayoría se hace una semana antes.

POSIBLES LUGARES DE HOTELES DISPONIBLES
1.-	Ayacucho, Sta. Catalina y San Lázaro	Karen Pérez
2.-	Álvarez Thomas y Av. Parra	Yemil Jacho
3.-	Pte. Bolognesi, Plaza de armas (calles aledañas)	Fredy Chambilla
4.-	Bolivar/Sucre y Villalba	Paolo

Calles bolívar –sucre –villalba(cruz verde)

EL REMANSO

Ubicación: bolívar 403

Delegación: s/ 25.00 por persona, 4 a 5 personas por habitación

Matrimonial s/ 80.00

Teléfono: 054227421

KILLARY

Ubicación: bolívar 213-b

Delegación s/ 38.00 por persona, 3 a 4 personas por habitación

Individual : desde s/ 25.00

Matrimonial: s/ 70.00

Teléfono: 054281114

BOLIVAR

Ubicación: bolívar 202

Simple: s/ 90.00

Doble: s/ 90.00

Triple: s/120.00

Matrimonial: s/90.00

Telefono: 054200280

PIEROS´S

ubicación : sucre 115

Delegación: s/70.00 tres personas en una sola habitación

Individuales: s/ 25.00

Matrimoniales: S/ 40.00

Teléfono: 958228433

PALACIO VIEJO

Ubicación: cruz verde 224

Delegación: 35 por persona de tres a cuatro personas; incluye desayuno

Matrimonial: s/80.00

Teléfono: 054234203

ESPINOZA

Ubicación: cruz verde 119

Delegación: s/10.00 por persona ocho personas por habitación; no incluye tv por cable

S/12.00 por persona seis personas por habitación; no incluye tv por cable

s/ 15.00 por persona cuatro personas

Matrimonial: s/35.00

Teléfono: 054211298

HOTELES DE LA CALLE ALVARES TOMAS

HOTEL POSADA MISTI HOUSE / N° 204-A

Telf: 51-54-330436/95 9153087

- Dobles y matrimoniales – precio 70 S/. / sola persona 45 S/. con baño privado.

- 1 habitación para 8 personas cada uno pagaría 20 S/. baño compartido.

- Servicios: wifi y Tv.

· HACER LA RESERVACION UNA SEMANA DE ANTICIPACION.

HOSTAL ORKKO WASI WASI N° 208

TELF: 054-232610

- 1 habitación para 4 personas cada uno pagaría 25 S/.

- 1 habitación para 3 personas cada uno pagaría 25 S/.

- Servicios: Baños compartidos, wifi y tv cable.

· Tres días de anticipación se reserva.

HOSTAL KATTY N° 404

Telf: 054-288176

- Simple 30 S/.

- Triple para cuatro personas 80 S/. con baños privados.

- Triple para cuatro personas 60 S/. con baños compartidos.

- Doble para tres personas 40 S/. con baños compartidos.

- Servicios: Tv cable, internet, etc.

· Se reserva con 1 semana de anticipación.

HOSTAL LA CASA MAURICIO N° 452-A

TLF: 220783

- 1 habitación con 5 camas para 5 personas 100 S/. con baño privado.

- 1 habitación con 3 camas para 3 personas 60 S/. con baño privado.

- 1 habitación matrimonial 45 S/. con baño privado. Pueden entrar 5 personas el precio es 75 S/.

- Simple 30 S/. con baño compartido.

Servicios: internet Tv, cable, etc.

Los siguientes hostales, tienen un precio más elevado según las características que los lleguen deseen.

HOSTAL: “EL GOBERNADOR”

Dirección: calle Rivero 303

Teléfono: 054-244433

Fotos referenciales de habitaciones:

http://www.hostalelgobernador.com/habitaciones.html

TARIFA:

Habitación Simple: S/. 70

Habitación Doble: S/. 95

Habitación Matrimonial: S/. 95

HOSTAL: “La Posada del Fraile”

Dirección: calle Santa Catalina 103

Teléfono:054-282006 RPM: *669824

Fotos referenciales de habitaciones:

http://www.laposadadelfraile.com/habitaciones.html

TARIFA

Habitación Simple: S/. 95.0

Habitación Doble: S/. 125.0

Habitación Triple: S/. 145.0

Habitación Cuadruple: S/. 170.0

Habitación Quintuple: S/. 190.0

HOSTAL: “BALCONES DEL MISTI”

Dirección: calle Jerusalén 201

Teléfono: 054-222121, RPC: 946715999

Fotos referenciales de habitaciones:

http://hotelbalconesdelmisti.com/galeria/

TARIFA:

Habitación Simple: S/. 70

Habitación Doble: S/. 100

Habitación Matrimonial: S/. 110

HOSTAL: “EUROPA”

Dirección: calle Puente Bolognesi 123

Teléfono: 054-214754

TARIFA:

Habitación Simple: S/. 50.0

Habitación Doble: S/. 70.0

Habitación Triple: S/. 80.0

Habitación Matrimonial: S/. 60.0

HOSTAL: “MOLLENDO”

Dirección: calle Puente Bolognesi

Teléfono: 054-283691

TARIFA:

Habitación Simple: S/. 50.0

Habitación Doble: S/. 70.0

Habitación Triple: S/. 80.0

Habitación Matrimonial: S/. 60.0

SERVICIOS:

TV, cable, Agua caliente, baño privado, WI-FI.

X CONADECIVIL - Delegación UNJBG rumbo a Arequipa

2014-09-09T20:55:00.000-07:00