Data Chaco

Clarín y La Nación, según Forster

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Fri, 30 Nov 2012 17:40:00 +0000

■ El filósofo compara los dos diarios argentinos más influyentes. El de los Mitre, con su identidad político-ideológica, que va desde la exaltación de la república oligárquica hasta el apoyo a los golpes de Estado. El de la viuda de Noble, menos ideologizado, exponente del sentido común argentino, que sabe cómo camuflarse y utilizar los recursos simbólicos del campo popular. Son dos máquinas que actúan hoy entrelazadas. Esa alquimia tiene un nombre... Se reproducen aquí solo algunos párrafos de la extensa nota publicada en la revista Veintitrés.

Por Ricardo Forster
Veintitrés

Los editoriales de La Nación suelen ser piezas antológicas, retratos fieles de una manera de ver el mundo y de constituirse en articuladores de un pensamiento de derecha. Sus intervenciones cotidianas recorren casi todos los puntos principales de la vida nacional y lo hacen sin eludir posicionamientos directos y sin utilizar la práctica del eufemismo o del ocultamiento travistiéndose, como suele hacer su socio y alter ego –Clarín– en el interior de retóricas y de ropajes que apelan a su condición de “nacional y popular” cuando no expresan otra cosa que sus propios intereses asociados, en general, con el de las grandes corporaciones y el capital transnacional. Nada de eso. La Nación no necesita sobreactuar ni maquillarse a la hora de hacerse cargo de su historia. Ella está ahí asumiendo, desde su origen decimonónico, la esencia de su identidad político-ideológica que lo ha llevado desde la exaltación de la “república oligárquica” al apoyo franco y decidido de cuanto golpe de Estado asoló estas geografías siempre en nombre de la defensa “de las libertades públicas y de la virtud republicana amenazada por las diversas expresiones del populismo y la subversión”.
...
La Nación ha sido, y lo sigue siendo sin desmayos, el ámbito más refinado, cuando de medios se trata, que la derecha argentina ha encontrado para reproducir “opinión pública” en la perspectiva de la matriz ideológica indispensable que necesita el poder para sostener su dominación. Clarín, menos “ideologizado”, se ha ocupado de otro núcleo fundamental de la vida social: “el sentido común”, ese ámbito en el que se reproducen las formas de la conciencia y se definen los prejuicios que le dan forma a una sociedad. La Nación es “tribuna de doctrina”, máquina-ideológica que nunca ha eludido poner en evidencia su genealogía liberal-conservadora (a veces más liberal, bajo la forma del laicismo positivista de una parte de la generación del 80 y de la impronta de su fundador –Bartolomé Mitre– y, últimamente, más conservadora católica bajo la influencia del Opus Dei, sin que entre ambas haya habido jamás contradicción ni diferencia a la hora de posicionarse contra los intentos de ampliar la democracia y la distribución de la riqueza. Ante la defensa cerrada del golpismo y de sus metamorfosis ambas tendencias se han correspondido sin solución de continuidad siempre bajo la lógica de la defensa de los “intereses de la república”. La Nación ha sabido expresar, sin fisuras, la trágica asociación que se dio, a lo largo de nuestra historia, entre liberalismo, república oligárquica –hasta 1916– y complicidad golpista –con sus matices– desde el 30 en adelante. Nunca dejó de ahorrar diatribas contra los intentos democráticos populares por revertir el sesgo de la dominación). Lo que también puso de manifiesto la historia del liberalismo en nuestro país ha sido la reducción del concepto de “libertad” a su dimensión patrimonialista, siendo La Nación su defensor a ultranza (...) Con prolijidad, los ideólogos de la derecha se han dedicado a establecer un vínculo indisoluble entre liberalismo y democracia contraponiéndolo al establecido entre demagogia populista y autoritarismo. La tarea de un pensamiento crítico y emancipador es la de romper ese ilusionismo y esa falsa genealogía sin dejar en el costado una categoría tan cara a la vida social como lo es la libertad. Dejársela a la derecha y a sus órganos mediáticos constituye un grave error.

La Nación es, desde sus orígenes, tribuna de doctrina (...) Clarín, en cambio, ha elegido el camino del más absoluto pragmatismo para sostener y defender sus intereses corporativos.

Clarín, más autorreferencial a la hora de defender sus intereses, ha funcionado de una manera más cruda y elemental moviéndose en una zona de ambigüedades y penumbras que le ha permitido, a lo largo del tiempo, ofrecerse como el más genuino exponente de ese “sentido común” argentino siempre capaz de borrar las huellas de sus complicidades y de sus responsabilidades mostrándose, bajo la máscara de la pureza y la ingenuidad, como el reservorio de un cierto “ser nacional” que ha sabido perdurar en el tiempo eludiendo las calificaciones ideológicas (la única que le cupo durante sus primeras décadas era aquella de “desarrollista” mientras estuvo bajo la influencia de Rogelio Frigerio). Hace tiempo que Magnetto y sus socios se han desprendido de esas extravagancias anacrónicas para elegir el camino del más absoluto pragmatismo a la hora de sostener y defender sus intereses corporativos. De todos modos, la estrategia del diario fundado por Roberto Noble ha sido confundir su historia y sus objetivos con los del sentir arquetípico del argentino medio. Por eso resulta más fácil describir la matriz ideológica que subyace a la empresa de los Mitre, arraigada profunda y decisivamente en los sectores tradicionalistas y reaccionarios y fiel reflejo de las clases altas, que las laberínticas piruetas de Clarín capaces de camuflarse y de utilizar los recursos simbólicos del campo popular.
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La Nación, bajo la forma de la falsedad de un seudovirtuosismo republicano, quiso seguir funcionando como el custodio ideológico-cultural de una clase social cada vez menos refinada y cada vez más salvaje en sus aspiraciones rentabilísticas. Una nostalgia apolillada por aquella generación del 80, todavía preocupada por echar las bases de un país endeble e inestable y por destacar sus merecimientos civilizatorios, que lo lleva, al diario del viejo Mitre, a propinarnos editoriales inundados de un republicanismo lacrimógeno y, claro, profundamente viciado y mentiroso. Un republicanismo que no va más allá de la defensa de los intereses de las corporaciones económicas y que desearía también extenderse a la reivindicación y el salvataje de los golpistas de antaño. Cada vez que se le presenta la ocasión regresa sobre la “injusticia” que pesa sobre Videla y sus secuaces (claro que lo hace bajo el “desvío” de la historia completa y de la reconciliación de la que tanto suele hablar la Iglesia Católica). Pero también un seudorrepublicanismo que no duda en ponerse del lado de los fondos buitre y de un ignominioso fallo de un juez neoyorquino a la hora de mostrar qué intereses defiende. Para sus editorialistas lo que siempre debe prevalecer es, incluso contra los intereses nacionales, el sacrosanto derecho de propiedad.
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Clarín intentó, durante décadas, sustraerse a esa identificación inmediata y elocuente allí, incluso, cuando en sociedad con La Nación se quedó con “la libertad de expresión” al recibir, con inmenso beneplácito, el “regalo” que la dictadura videlista les hizo cuando le arrancó Papel Prensa a la familia Graiver y se la entregó graciosamente a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera de Noble. Hoy, cuando tantas cosas están en disputa y tantas otras han quedado expuestas a la luz pública, las dos máquinas-mediáticas funcionan entrelazadamente, como también lo hicieron en esos años de horror y muerte que cayeron bajo el eufemismo de “los años de plomo” como los bautizó metafóricamente Joaquín Morales Solá –columnista editorialista de Clarín durante la dictadura– y, ahora, columnista estrella de La Nación y, como para no perder las viejas lealtades, periodista con programa propio en TN –y auspiciado por anunciadores de aquellos a los que, como nos enseñó Bernardo Neustadt, decano del periodismo independiente, “les interesa el país”–. Su nombre representa, sin dudas, la profunda alquimia de estos dos medios que han sabido disciplinar la vida política argentina hasta el día que se encontraron con un extraño matrimonio venido del sur patagónico que, para sorpresa de los dueños del poder, comenzaron a cuestionar las hegemonías tradicionales y a romper el abrazo de oso de la corporación mediática.

Los socios: medios y política. Artículo completo.

La desmemoria de Magdalena

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sat, 03 Nov 2012 03:08:00 +0000

El polémico artículo de Ruiz Guiñazú, publicado en La Nación.

■ La periodista, ultraopositora al gobierno de Cristina Fernández, urdió una falsa acusación y mintió al denunciar la supresión de la firma de Ernesto Sábato del Prólogo del Nunca Más. Pero eso no fue todo. En el mismo artículo, incurre en otra falacia: equipara los alzamientos carapintadas de Rico y Seineldín con el copamiento del regimiento de La Tablada. Sorprende su falta de rigor a la hora de aludir a hechos objetivos de la historia reciente del país, de los que ella fue testigo directa.

Por Data.Chaco
Editores

Como ocurre con millones de argentinos, a Magdalena Ruiz Guiñazú puede disgustarle sobremanera el gobierno de Cristina Fernández y, en consecuencia, opinar de él lo peor. Lo que no puede hacer es alzar una falsa acusación y mentir –encima por partida doble– como lo hizo en su reciente artículo Robar a los muertos, publicado en La Nación. Ella tiene una altísima responsabilidad como periodista, como ciudadana y, fundamentalmente en este caso, como integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
El tema ya fue analizado en el blog Más, en la columna Un prólogo, el epílogo de Magdalena, y ya quedó claro que la acusación de la periodista ultraopositora acerca de que se había suprimido la firma de Ernesto Sábato del Prólogo del Nunca Más es una falacia, puesto que ese texto nunca fue firmado por el escritor que presidió la Conadep. Y ello quedó plenamente demostrado con las páginas escaneadas o fotografiadas de la primera edición de noviembre de 1984 y publicadas en Internet, y en la constatación que hicieron muchos poseedores de ejemplares del Informe.
Pese a todo ello y a la aclaración que brindó la propia editorial, Eudeba, Magdalena no se retractó y se limitó a responder que ella había visto en un sitio web (http://www.losderechoshumanos.com.ar/sabato.htm) que el Prólogo no solo estaba firmado por Sábato sino que además hay una foto de él.
Pero esto no es todo. En el mismo artículo en que acusa al Gobierno de “apropiarse de la Memoria”, Ruiz Guiñazú comete un error de apreciación sobre hechos recientes de la vida del país. “Suprimir de este proceso [el Informe Nunca Más] a Ernesto Sábato es simplemente robarle (a quien no puede replicar) una tarea asumida con enorme responsabilidad en años en los que las Fuerzas Armadas tenían aún un gran poder (recordemos los golpes de Semana Santa, Villa Martelli, La Tablada, etc.)”, afirma.
Al respecto, hay que aclarar que el asalto al regimiento de La Tablada, el 23 de enero de 1989, fue perpetrado por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), de Enrique Gorriarán Merlo, antiguo miembro del PRT-ERP, organización guerrillera de los 70, con lo que ese hecho no tiene relación directa con las FF. AA. ni con los alzamientos carapintadas de Semana Santa (1987) y Villa Martelli (1988), cuyo objetivo fue “terminar con los tribunales que juzgaban los crímenes cometidos en el Proceso, en nombre de la obediencia debida”, como recuerda José María Pasquini Durán en su libro Ilusiones argentinas.
El ataque al regimiento estuvo a cargo de un grupo de civiles armados, en su mayoría jóvenes, que pretendía “defender la democracia” de un supuesto golpe carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, según contó el propio Gorriarán (ver Los puntos oscuros del asalto a La Tablada).

Surgió después la hipótesis de que el ataque al cuartel pudo haber sido el resultado de una operación de inteligencia urdida por el ministro del Interior de aquellos tiempos, Enrique Coti Nosiglia

Ese alzamiento contra Alfonsín debía concretarse el 23 de enero, con epicentro en el cuartel de La Tablada, y formaría parte de “un complot más vasto, que incluía a Carlos Menem y otros dirigentes del peronismo, y que colocaba en el horizonte cercano la destitución” del presidente y “su sustitución por el vicepresidente Victor Martínez”, cuenta Claudia Hilb, en La Tablada: el último acto de la guerrilla setentista.
La intención era “fabricar un escenario ficticio de golpe carapintada, cuyo desenlace debía tomar ante los ojos de la sociedad el aspecto de la victoria de un grupo de jóvenes y audaces militantes populares, que en su acción habían logrado lo que no lograba la clase política en el poder: frenar un alzamiento contra la democracia. Y que, enancados sobre ese éxito, movilizarían al pueblo hacia la insurrección en pos de un cambio político de envergadura –en pos de la revolución”, señala Hilb.
Surgió después la hipótesis de que el ingreso al cuartel del grupo del MTP pudo haber sido el resultado de una operación de inteligencia urdida en las oficinas del ministro del Interior de aquellos tiempos, Enrique Coti Nosiglia, con el fin de desprestigiar a Menem, que se perfilaba ya entonces como el potencial triunfador en las elecciones de 1989.
Con todo, lo cierto es que el copamiento del regimiento de La Tablada terminó con 29 atacantes muertos y 13 prisioneros. Gorriarán Merlo, fallecido en 2006, fue condenado a reclusión perpetua por ese hecho e indultado en 2003 por el entonces presidente Eduardo Duhalde.
Veinte años después, dos militares que habían intervenido en la recuperación del regimiento fueron detenidos por torturas y fusilamientos a integrantes del MTP, ya que una investigación determinó que nueve atacantes que sobrevivieron y habían sido capturados por los militares fueron ejecutados extrajudicialmente y que los trece sobrevivientes del ataque, como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, torturados por agentes del Estado.
Esto demuestra que la locura de La Tablada no puede, como pretende Magdalena, equipararse con los levantamientos de Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín, que comandaron las asonadas carapintadas durante el gobierno alfonsinista.
Sorprende, entonces, la falta de rigor de Magdalena a la hora de aludir a hechos objetivos de la historia reciente del país, de los que ella, sin duda, fue testigo directa como periodista.

¿Es posible chavizar el país?

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 14 Oct 2012 21:38:00 +0000

La República de Argenzuela, según el Dr. Lecter. | Perfil.com.

■ Argentina no es Venezuela. Hay diferencias notables en el manejo del petróleo, en las restricciones a la compra de dólares, en la nacionalización de empresas, en la política de medios... El chavismo y el kirchnerismo forman parte de una tendencia de giro a la izquierda que desde principios de siglo cruza a buena parte de la región. Hay puntos en común entre ellos. Pero los dos procesos se explican más por las estructuras económicas, la historia y la cultura que por el carácter de cada líder.

Por José Natanson
Director de Le Monde diplomatique Edición Cono Sur
Página 12

Quizás el famoso aforismo del editor venezolano Rafael Poleo sea exagerado (“En este país no hay buenos y malos gobiernos sino buenos y malos precios del petróleo”), pero ni los chavistas más fanáticos podrán negar que la economía venezolana es una típica economía rentista. Más parecida a la de Nigeria o Arabia Saudita que a la de potencias agroalimentarias con ciertos niveles de industrialización como Brasil y Argentina, Venezuela exporta prácticamente un solo producto (en 2011 el 90 por ciento de sus exportaciones y el 48 por ciento de sus ingresos fiscales provinieron del petróleo o derivados) a básicamente un solo país (el 44 por ciento se dirigieron a Estados Unidos, donde Pdvsa tiene tres refinerías, incluyendo la gigantesca de Lake Charles). El auge de los precios de los hidrocarburos terminó de ahogar al sector agrícola de las llanuras venezolanas, que en su momento supo ser pujante, y asfixió cualquier actividad productiva, a punto tal que hoy Venezuela importa, sobre todo de Estados Unidos y Colombia, casi todo lo que consume, empezando por el 70 por ciento de los alimentos.

La soja, el petróleo argentino, no es una actividad rentista derivada de un recurso extractivo sino una actividad productiva (a la soja hay que sembrarla y cosecharla) generada a partir de un recurso renovable (el suelo). Su incidencia en la estructura económica es por supuesto relevante, pero menor a la del petróleo en Venezuela: el complejo sojero explica el 25 por ciento de las exportaciones, que se estiran al 35 si se suman otros cultivos, y menos del 13 por ciento de los ingresos fiscales. Las exportaciones argentinas incluyen también al poderoso sector automotor (12,7 por ciento del total) y no se concentran en un solo destino, sino que se dividen entre el Mercosur (básicamente Brasil), China (hoy el segundo socio comercial), Estados Unidos y Europa. Además, Argentina cuenta con una industria textil (aunque acotada), economías regionales (aunque algunas hoy en crisis), un incipiente sector de industrias culturales y turismo, segundo generador de divisas. En suma, un panorama económico más diversificado y moderno que el de Venezuela. La trayectoria económica de los últimos años también es diferente. Desde el inicio del boom de los commodities en 2002-2003, algunos países latinoamericanos atravesaron un ciclo de bajo crecimiento y baja inflación (Brasil, Chile), otros alto crecimiento y alta inflación (es el caso de Argentina) y otros baja inflación y alto crecimiento, aunque muy desigual (Perú). Venezuela es un caso único de crecimiento moderado (3,7 promedio en la última década según la Cepal) y alta inflación.

Los límites a la compra de dólares comenzaron a implementarse en Venezuela con el paro petrolero de 2003, que paralizó la producción y frenó el ingreso de divisas. El resultado fue la consolidación de un mercado que cotiza el dólar negro (allí lo llaman “lechuga”) al doble que el oficial. Las restricciones aquí se iniciaron más tarde, como resultado de la segunda fase de la crisis mundial, y generaron un dólar (“blue”) un 30 por ciento más alto que el oficial. Aunque ambos gobiernos impusieron controles ausentes otros países de la región, la diferencia es que en Venezuela rige un sistema de doble tipo de cambio consolidado y explícito, con un valor para los productos de primera necesidad y otro para el resto, que la brusca devaluación ordenada en 2010 no hizo más que afianzar, mientras que en Argentina el doble tipo de cambio es incipiente y con una trayectoria de devaluación suave.

La cuestión de las estatizaciones, que a su vez remite al tipo de Estado que cada gobierno tiene en la cabeza, también permite apreciar los contrastes. En Argentina, las estatizaciones respondieron, en una primera etapa, a flagrantes incumplimientos contractuales (Thales Spectrum, Aguas Argentinas), sospechas fundadas de corrupción (los pasaportes de Siemens) o la necesidad de garantizar la prestación de un servicio considerado esencial (Aerolíneas, Correo Argentino). En otras palabras, estatizaciones episódicas y puntuales, dictadas más por las necesidades de gestión que como resultado de una estrategia deliberada. La segunda etapa, ya bajo la gestión de Cristina, fue un paso más allá, aunque no en el sentido de la vuelta del “Estado empresario” que algunos creen ver: incluyó las jubilaciones, que no es un resorte productivo sino financiero (y, para colmo, más bien esotérico, pues las AFJP no eran bancos) y luego YPF, cuya explicación también habrá que buscarla en cuestiones financieras (el alarmante déficit de la balanza energética) y que no resulta en absoluto exótica: de hecho, en casi todos los países del mundo la principal empresa petrolera está bajo algún tipo de control estatal.

Las estatizaciones de Chávez también reconocen dos etapas. La primera se inició en mayo de 2007, luego de que arrasara en la campaña por su reelección, con el anuncio de la nacionalización de las empresas privadas que operaban en los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, los más grandes de Occidentes. Todas las compañías –salvo la estadounidense Exxon Mobil, que litigó y perdió en los tribunales internacionales– llegaron a acuerdos con el gobierno. La segunda etapa fue más allá del petróleo e incluyó la siderurgia, el cemento, las telecomunicaciones, la electricidad, algunas empresas alimentarias que aumentaban los precios y algunos bancos, entre ellos la filial venezolana del Santander.

Pero, más allá de una lista que en sí misma no dice mucho, lo interesante es señalar que la primera oleada nacionalizadora chavista asumió un carácter clásico (un Estado monoproductor apropiándose de su casi único recurso económico), mientras que la segunda tuvo un espíritu más, digamos, nacionalista: vagamente inspirada en el industrialismo de los ’50, la estrategia apunta a que el Estado tome el control de lo que antes se definía como “industrias fundamentales”. La intervención pública no se limita, como en Argentina, al manejo de las variables macroeconómicas, los programas de estímulo y la energía, sino que apunta a controlar los resortes fundamentales de la producción (hidrocarburos, cemento, siderurgia) para desde allí orientar el rumbo económico del país.

A diferencia de Argentina, donde el peronismo, los sindicatos y buena parte de la estructura institucional se mantuvieron bastante intactos, en Venezuela todo el sistema voló por los aires tras el Caracazo

El origen de la refundación institucional venezolana está marcado por el traumático fin del período del Punto Fijo, que se tramitó dramáticamente, con una masiva pueblada, el Caracazo, seguida por una represión sangrienta, dos intentos de golpe de Estado, el juicio político a un presidente (Carlos Andrés Pérez) y la llegada al poder de un outsider (Chávez). A diferencia de Argentina, donde el peronismo, los sindicatos y buena parte de la estructura institucional se mantuvieron bastante intactos, en Venezuela todo el sistema voló por los aires. Quizás por eso, el tránsito al pos-neoliberalismo incluyó, como más tarde en Bolivia y Ecuador, una refundación institucional ausente en países como Argentina o Brasil. Su eje fue la Constitución Bolivariana de 1999, orientada básicamente a incorporar a un sector hasta el momento excluido del contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Como señala sagazmente Federico Vázquez en Le Monde diplomatique, la temprana democratización argentina y la ampliación de los derechos sociales durante el primer peronismo sitúan a nuestro país en un lugar distinto, como si la reforma bolivariana se hubiera hecho aquí... en 1949.

Casi diez años después, en 2009, Chávez dio un paso más, y consiguió la aprobación de la cláusula que habilita la reelección indefinida, lo que ubica a Venezuela en una situación excepcional: es el único país de América latina –salvo Cuba– que no contempla límites institucionales de ningún tipo al ejercicio del poder por la misma persona.

La libertad de expresión prevalece en Venezuela en su sentido básico, y basta revisar unos días la prensa local, en particular la gráfica, para descubrir un tono que llamaría la atención incluso en el crispado ambiente argentino. Venezuela no es Cuba, lo cual no significa que el gobierno de Chávez no haya recurrido a una serie de estrategias verificables en otros países de la región (desde el tono ultraoficialista de los medios estatales hasta la distribución arbitraria de publicidad) y a otras más originales y cuestionables.

Entre ellas se destaca la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como “ley resorte”, aprobada en 2004. A diferencia de la ley de medios argentina, que se limita a establecer las pautas empresariales sin formular una sola referencia a los contenidos, la ley resorte prevé sanciones, que pueden llegar a la suspensión por 72 horas continuas de la señal, para “aquellos medios que difundan mensajes que promuevan o hagan apología o inciten a la guerra o a la alteración del orden público”. Fue en el marco de esta ley que se iniciaron una serie de procedimientos administrativos contra el canal de noticias Globovisión, de marcado tono opositor, por motivos variados: durante una entrevista con el directivo de Radio Caracas Televisión, un canal de TV abierta al que Chávez había decidido no renovarle la licencia, Globovisión difundió imágenes del atentado contra el papa Juan Pablo II con la canción de Rubén Blades “Eso no termina aquí” de fondo. En otra oportunidad, el gobierno denunció al canal por poner al aire un mensaje de texto de un televidente convocando a un golpe de Estado.

La política de medios de Chávez generó críticas internacionales. En un comunicado emitido en mayo de 2009, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA manifestó su “preocupación” por la situación de la libertad de expresión en Venezuela. El responsable del informe fue el Relator de la OEA, el guatemalteco Frank La Rue, el mismo que en marzo de 2010 felicitó al gobierno argentino por la ley de medios.

Podríamos seguir con el juego de diferencias y semejanzas. La política social chavista, por ejemplo, es mucho más masiva que la argentina (en un país con mayores índices de pobreza) pero también más atolondrada y dispersa, sin el carácter transparente que aquí impone la Asignación Universal, y al mismo tiempo con un esfuerzo de implicación comunitaria más intenso. La política exterior se asemeja en el énfasis en la integración y difiere en la estridencia de la relación con Estados Unidos (aunque Venezuela no ha dejado nunca de enviar los barcos petroleros y, al igual que el resto de los países de la región incluyendo a Cuba, se ha comportado responsablemente en temas cruciales para la seguridad hemisférica, como terrorismo y narcotráfico: Venezuela no es Corea del Norte ni Irán).

Toda comparación tiene un límite. El miércoles pasado, el graph de A dos voces se preguntaba: “¿El triunfo de Chávez reflota la re-re de Cristina?”. Como señalamos en otras oportunidades, el chavismo y el kirchnerismo forman parte de una tendencia de giro a la izquierda que desde principios de siglo cruza a buena parte de la región, lo que en buena medida contribuye a explicar los puntos en común entre los diferentes procesos. Pero de ahí a pensar que una victoria en un país con el cual la Argentina ni siquiera comparte fronteras repercute automáticamente aquí hay una distancia que es necesario considerar, y que se explica más por las diferentes estructuras económicas, la historia y la cultura que por el carácter de cada líder. Y esto vale tanto para quienes se asustan con una repentina chavización del gobierno como para aquellos que reclaman una imposible radicalización bolivariana.

Por qué ganó

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Mon, 08 Oct 2012 15:22:00 +0000

■ Lleva trece años al frente de Venezuela y dice que quiere llegar a treinta. Lo votaron por primera vez después del Caracazo. Ahora se lo ha visto luchar contra el cáncer con valentía y emoción mientras enfrentaba una campaña electoral agotadora. Tiene un programa, Socialismo Siglo XXI. Durante su gobierno, la pobreza extrema se redujo a la mitad, se acabó el analfabetismo y se extendieron servicios y derechos políticos a amplios sectores de la población. En elecciones limpias, pacíficas y multitudinarias, el pueblo venezolano volvió a elegir a Chávez.

Por Santiago O’Donnell
Página 12

Votaron los venezolanos y ganó Chavez. Y ahí se terminan las encuestas y los pronósticos y los relatos. Más allá del margen de diez puntos, si es mucho o poco, ganar ganó. Y si ganó por algo será. Lo conocen de sobra. Lleva trece años al frente de Venezuela y dice que quiere llegar a treinta. Tiene un programa, Socialismo Siglo XXI, que es una interpretación que el propio Chávez hace uniendo las enseñanzas de Marx con las de Jesús.
Los venezolanos lo votaron por primera vez cuando el país venía de un estallido social, el Caracazo, que provocó la implosión de su sistema político. Chávez, un militar con pasado golpista, ganó las elecciones de 1998 y asumió la presidencia, rompiendo con el bipartidismo y los famosos “acuerdos de caballeros” entre la AD y el Copei, que excluían a millones de venezolanos. Eso fue en 1999. Después ganó dos referéndum para imponer una reforma constitucional. Dos años más tarde fue reelecto bajo la nueva Constitución por un término de seis años. Durante esos seis primeros años Chávez enfrentó los embates de una oposición que por entonces no apostaba a los mecanismos democráticos. Golpe de Estado fallido, huelga petrolera y boicot a las elecciones legislativas fueron sus maniobras más llamativas. La prolongada huelga petrolera (diciembre de 2002-febrero de 2003) se convirtió en una pulseada por el poder real dentro de la empresa estatal, cuya burocracia había sido colonizada por las multinacionales de la industria. Las reformas y los quince mil despidos que siguieron a la huelga permitieron que Chávez redireccionara parte de los vastos recursos petroleros venezolanos para ayudar a vecinos pobres y así impulsar un proyecto de integración regional. Como un boomerang, las maniobras antidemocráticas terminaron golpeando a la oposición y fortaleciendo al presidente venezolano, que por entonces empezaba a mostrar los primeros resultados de sus programas de inclusión social. Las llamadas “misiones” de salud, educación y vivienda empezaban a sentirse en sectores marginales y largamente olvidados.

Chávez, un militar con pasado golpista, ganó las elecciones de 1998 y rompió con el bipartidismo y los famosos “acuerdos de caballeros” entre la AD y el Copei

La oposición recién pudo reagruparse después de perder por veinte puntos un referéndum revocatorio en el 2004, y no presentarse a las elecciones legislativas del 2005, con la esperanza de deslegitimar la representación chavista. En su versión democrática y moderada se presentó a las elecciones del 2006 con el candidato Manuel Rosales, hoy asilado en Perú, acusado de enriquecimiento ilícito, y perdió por veinte puntos. Pero un año más tarde esa misma oposición derrotó a Chávez en un referéndum para cambiar la Constitución y permitirle la reelección indefinida al líder bolivariano. Chávez asimiló la derrota y volvió a la carga por la reelección indefinida en el 2009, pero a diferencia del 2007, se encargó de incluir en el proyecto la reelección indefinida de gobernadores y alcaldes. Así consiguió el apoyo que le había faltado en el 2007 y ganó el derecho a volver a presentarse como lo hizo ayer y como piensa seguir haciéndolo hasta el 2030.
Claro que los venezolanos saben que es probable que Chávez no llegue al 2030. Saben que ha sido operado en La Habana tres veces en los últimos dos años por un cáncer maligno. Rogándole a Dios por más vida, rodeado por su familia, lo han visto luchar contra el cáncer con valentía y emoción mientras enfrentaba una campaña electoral agotadora y al mismo tiempo gobernaba el país. Aunque el candidato opositor se vio más activo y dinámico durante la campaña, el sacrificio de Chávez seguramente jugó en favor de un voto emotivo que sumó para la victoria.
Pero también, y sobre todo, hay argumentos racionales para explicar el resultado. Es cierto, como dice la oposición, que hay fallas de gestión, que hay bolsones de corrupción, que hay falta de inversión, que hay inflación alta, que hay mucha inseguridad. El liderazgo hiperpersonalista de Chávez podrá oscilar entre el populismo y el autoritarismo.
Pero en la campaña Chávez pudo decir sin faltar a la verdad que durante su gobierno la pobreza se redujo a la mitad, la pobreza extrema se redujo a la mitad, se acabó el analfabetismo en Venezuela y se extendieron servicios y derechos políticos por primera vez a amplios sectores de la población.
La oposición presentó sus argumentos. Pudo hacerlo con libertad. Pudo ocupar espacios en medios masivos y convocar manifestaciones multitudinarias. Su candidato Henrique Capriles se definió como de centroizquierda y dijo que no iba a tocar las misiones de Chávez sino más bien convertirlas en ley. Dijo que no hace falta regalarles el petróleo a otros países cuando lo necesitan los venezolanos. Dijo que no hay que pelearse tanto con Estados Unidos.
Chávez contestó que Capriles es un corderito disfrazado que quiere hacer un tremendo ajuste y volver a entregarles el país a las multinacionales, aplicando recetas fracasadas de un neoliberalismo pasado de época.
Fueron unas elecciones limpias, pacíficas y multitudinarias. Venezuela, una vez más, eligió a Chávez.

Las batallas del Gobierno

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Wed, 03 Oct 2012 20:37:00 +0000

Tras las elecciones del año pasado, el proyecto político kirchnerista encaró una serie de reformas y tomó ciertas decisiones que tienen algunas características en común. Por un lado, se vinculan con problemas estructurales para el país e impactan en actores sumamente poderosos. Además, las estrategias del oficialismo para enfrentarlos no les proveen de votos de manera inmediata e, incluso, pueden llegar a provocar una fuga de sufragios en el corto plazo. Es un período muy especial para la Casa Rosada, con una fecha clave: el 7 de diciembre.

Por Nicolás Tereschuk*, Le Monde diplomatique. El 15 de agosto de 2011, tras la celebración de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) –donde la presidenta Cristina Fernández superó el 50% de los votos y se impuso en todo el país a una oposición atomizada–, comenzó un período muy especial para la Casa Rosada, en el cual el próximo 7 de diciembre parece ser una fecha clave.
Durante lo que podría denominarse un año largo no electoral, el proyecto político kirchnerista encaró una serie de reformas y tomó ciertas decisiones que tienen algunas características en común. Por un lado se vinculan con problemáticas estructurales para el país e impactan, aunque no sólo en ellos, en actores sumamente poderosos. Además, las estrategias encaradas por el Gobierno para enfrentar esas problemáticas no proveen votos de manera inmediata para el oficialismo e, incluso, pueden llegar a provocar una fuga de sufragios en el corto plazo. Por último, el Gobierno encara cada una de esas decisiones como si de ellas dependiera su supervivencia en tanto proyecto político.

1. La primera de estas batallas tuvo que ver con la fuga de divisas y los controles cambiarios. En 2011, en un contexto de altas tasas de crecimiento, Argentina sufrió una fuga de divisas que duplicó a las de 2010 y que resultó apenas algo menor a los 23 mil millones de dólares con los que los argentinos formaron activos en el exterior en el año 2008. En octubre de 2011, el Gobierno anunció que las compras de dólares requerirían de una autorización previa de la AFIP. Así, entró en una dinámica de controles cada vez más estrictos que finalizaron en julio pasado con la Comunicación A 5318 del Banco Central, que oficializó la prohibición de comprar dólares para ahorrar.
En ese contexto, la gestión de la presidenta Cristina Fernández, con un amplio respaldo en el Congreso que incluyó apoyos del oficialismo y de la oposición, modificó por ley la Carta Orgánica del Banco Central y desmontó una de las piedras fundamentales de las políticas neoliberales en Argentina. Así, al tiempo que redujo el ritmo de la fuga de divisas, el Ejecutivo ganó en estabilidad política, restándole resortes de veto a los grandes jugadores del mercado financiero.
El costo en términos electorales de esta jugada está aún por verse: los sectores enojados con la Presidenta, que se expresaron en los distintos cacerolazos durante este año, tuvieron como uno de sus factores aglutinantes los controles a la compra de divisas en el mercado oficial. Si bien es sabido que el dólar oculta la “economía negra” de sectores de altísimo poder adquisitivo en el país, no es menos cierto que si pudiéramos fotografiar desde un satélite las decenas de miles de casitas con un automóvil propio en la puerta o en el garage en el no siempre glamoroso primer cordón del conurbano estaríamos espiando a familias para las cuales la compra de dólares y el ahorro en divisas es una práctica habitual y conocida, que consideran legítima y legal. ¿Qué decidirá esa franja social en cada una de las grandes ciudades del país cuando lleguen los comicios legislativos del año próximo? Esto aún es parte de un rompecabezas en el que la cuestión del “dólar” aportará algunas piezas.
En paralelo a esta batalla por las divisas corrieron los controles a las importaciones, que derivaron en una abrupta caída de las mismas y en el logro, con algo de juego brusco por parte del Gobierno, de la meta de superávit comercial prevista para este año.
Para evaluar las distintas estrategias encaradas por la Casa Rosada a partir de las elecciones primarias de 2011 es preciso tener en cuenta algunos datos de coyuntura. Por ejemplo, el hecho de que el volumen de producción de la poderosa industria brasileña comenzó a descender desde un pico alcanzado en abril del año pasado; ello en el marco de una caída de la que recién el mes próximo podrá evaluarse si tocó un piso.

2. La segunda de las batallas en las que el Gobierno sintió que se jugaba su supervivencia en el mediano plazo ha sido la nacionalización de YPF. Prácticamente despojada de retórica nacionalista, la presidenta Cristina Fernández lo explicó con la ayuda de un powerpoint: luego de 17 años, el país enfrentó en 2011 un saldo comercial deficitario de más de 3 mil millones de dólares. Con gran respaldo legislativo, nacionalizó las acciones en poder de Repsol. Así el Estado tomó el control operativo de la compañía, manteniendo su estatus de Sociedad Anónima. Se trató de una medida que, a pesar de ser simpática para amplios sectores sociales, no provee votos en lo inmediato, como sí lo haría una administración que ponga de pie a la compañía y dote al país de divisas, más empleo de calidad y combustible a buen precio. Nuevamente, se trata de una medida estructural, no pensada en términos electorales y que deja fuera de carrera a un actor importante en la política y la economía argentinas, como ha sido en la última década la compañía Repsol.
En ese contexto, y en el marco del primer semestre de un año difícil en términos económicos, el Gobierno optó por ir con pie de plomo en otra batalla antipática que amagó dar: la de los subsidios a los servicios públicos. Allí sólo quitó fondos para algunas actividades y zonas de altísimo poder adquisitivo, y ensayó una invitación a una renuncia voluntaria que no dio grandes frutos en términos concretos.

3. La tercera batalla de este año largo no electoral quizás sea la que le ponga punto final a este período. Aún está por verse. En mayo pasado, la Corte Suprema mencionó el 7 de diciembre como fecha límite en torno a la disputa judicial que el Grupo Clarín mantiene sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Saliéndose de su habitual estilo, en el que la sorpresa es un elemento central, el Gobierno adoptó la fecha y la planteó como límite para comenzar a aplicar la adecuación de licencias que, según la norma, debería afrontar el Grupo. Se trata, una vez más, de una acción que la Casa Rosada encara para herir a un actor político-económico muy poderoso, en el marco de una estrategia que no le brinda apoyos electorales inmediatos y que, incluso, puede introducirla en una zona de turbulencias político-mediáticas de aquí a fin de año, e incluso aún más allá.
Este año ha dado también espacio a una serie de disputas políticas paralelas a las ya mencionadas, que involucraron choques con Hugo Moyano, Mauricio Macri y Daniel Scioli. En los tres casos el oficialismo optó por planteos fuertes y muy poco negociadores que llegaron a trasladarse a “la calle”. Con Moyano, se trató de una disputa por un paro de camiones que casi amenaza con el desabastecimiento energético; con Scioli, del pago del medio aguinaldo en la Provincia de Buenos Aires, y con Macri, la disputa tuvo como telón de fondo un paro de subtes que afectó a decenas de miles de porteños y bonaerenses. La potencia de ese tipo de choques, ausentes en el período 2010-2011, también estuvo enmarcada en meses de movimientos que no buscan precisamente seducir votantes por parte del oficialismo, aunque sí delinear el mapa de poder del país.
¿Será el 7 de diciembre el comienzo de un cambio de estrategia para el Gobierno nacional? ¿Entrará el oficialismo a partir de entonces en una modalidad de seducción de sufragios más propia de los años impares en la Argentina? En ese caso, ¿le resultará simple abordar un cambio de modalidad? ¿Podrá sostener y consolidar en ese contexto una base social “incondicional” y sumarle votantes que puedan resultar atraídos o que sigan sin visualizar en la oposición opciones consistentes? ¿Logrará montarse sobre la dinámica económica algo más benigna de un 2013 al que distintos analistas enrolados en la oposición ubican al menos en un 3,5% de crecimiento? De aquí a fin de año comenzarán a registrarse las primeras señales que indicarán si estas preguntas están o no correctamente planteadas para entender un poco más de lo que ocurre en la siempre turbulenta política argentina.

* Politólogo, coeditor del blog Artepolitica (www.artepolitica.com).

El caso Bonelli y la ética de los periodistas

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Thu, 23 Aug 2012 16:04:00 +0000

Medios y entidades periodísticas hicieron público su rechazo a cualquier posible normativa que regule la profesión o que promueva la constitución de tribunales de ética, tras la denuncia que hizo la Presidenta sobre pagos por publicidad encubierta por parte de la empresa Repsol. El tema es controversial; sin embargo, la mayor parte de esos pronunciamientos contrarios a la sugerencia presidencial responde a la necesidad de los medios y algunos periodistas de mantener sus negocios con el Estado y empresas privadas, en perjuicio del derecho de la información que ellos mismos dicen defender a capa y espada.

Por Data.Chaco. El planteo formulado recientemente por la presidenta Cristina Fernández sobre la necesidad de una ley de ética pública para periodistas desató, como era de prever, encendidas reacciones. Medios y entidades del sector hicieron público su rechazo a cualquier posible normativa que regule la profesión o que promueva la constitución de tribunales de ética, con el argumento de que se pondría así bajo amenaza la tan mentada libertad de expresión. El tema es controversial; sin embargo, hay que decir que gran parte de esos pronunciamientos contrarios a la sugerencia presidencial responde a la necesidad de los medios y algunos periodistas de preservar negocios con el Estado y empresas privadas, en perjuicio del derecho de la información que ellos mismos dicen defender a capa y espada.

El caso que denunció la Presidenta del periodista “independiente” Marcelo Bonelli, uno de los artilleros del grupo Clarín, que había cobrado un millón de pesos de la empresa Repsol en cuatro años por publicidad encubierta, no sorprende; sí sorprende que a él le haya dado la cara para defenderse como intentó hacerlo y desviar el asunto al decir que todos sus ingresos “están enblanco y han sido declarados ante la Afip todo estos años”, algo que nadie puso nunca en duda.

Sin mencionar el caso Bonelli, el diario La Nación opinó en un editorial que la Presidenta “debería comprender que, efectivamente, el periodismo es una actividad no exenta de cometer equivocaciones y que, como en cualquier ámbito laboral, puede haber profesionales pasibles de ser corrompidos o medios dispuestos a ocultar alguna porción de la realidad. Pero esa situación no puede llevar a imaginar que las empresas periodísticas o quienes trabajan en ellas sean sujetos necesariamente perversos, dispuestos a privilegiar determinados intereses particulares sobre el derecho de la población a estar informada”.

La Nación miente al respecto: hay medios y periodistas que privilegian intereses particulares sobre el derecho de la población a estar informada. Y esos periodistas no son unos pocos pasibles de ser corrompidos: hay todo un entramado que involucra a gobiernos y medios, por el cual, con dinero público, empresarios y periodistas “consagrados” facturan altas cifras, mientras la mayoría de los trabajadores de prensa están obligados a subsistir en condiciones laborales paupérrimas, que van desde los bajos salarios al maltrato.

Un ejemplo actual en la región es lo que ocurre en Radio Chaco, de Resistencia, uno de los medios que más publicidad factura y sin embargo ya dejó de emitir varias veces debido a una protesta de sus trabajadores, cansados de que el propietario de la emisora, un conocido dirigente justicialista, no les pague los sueldos.

Lo que hace Bonelli y otros tantos periodistas del establishment no es periodismo; es lobby liso y llano, y operaciones de prensa a favor del grupo empresario para el que trabaja, en este caso Clarín, y otras empresas. Y para ello se factura.

En Chaco y Corrientes ocurre lo mismo, con montos más modestos, si se quiere. Así es común que cualquier dirigente político que busque mantenerse vigente en las páginas de los diarios o contar con algunos minutos de aire en radio y TV pague una especie de cuota con ese fin. Claro que si el interesado se ve involucrado en alguna cuestión non sancta o algún ilícito, el acuerdo económico incluye omisión absoluta del caso.

Ya lo dijimos otras veces aquí. Los medios se financian en gran parte con recursos del Estado –lo que se llama la pauta publicitaria oficial–. Las reglas son claras: dinero a cambio de omitir toda aquella información que al gobierno de turno no le convenga y de la exaltación desmedida de ciertas medidas y decisiones oficiales. En Corrientes, por ejemplo, un nuevo canal de TV bombardea todo el día con noticias del Gobierno, en programas de formato periodístico de tan baja calidad que llegan al bochorno.

Lo perverso es que la mayoría de los periodistas protagonistas de esta perdularia maquinaria gozan de cierto “prestigio”, tienen ganada cierta fama, pese a que son conocidos también sus chanchullos. Se ha conformado así una corporación de periodistas distraídos respecto de todo lo que tiene que ver con lo ético, flexibles en sus posicionamientos, descomprometidos ideológicamente y profundamente venales. Son ellos los convocados siempre por los empresarios, porque saben que su condición de sobornables los convierte en piezas necesarias para la preservación del sistema, alejado de todo principio ético y también al margen de todo encuadre legal.

Al pronunciarse sobre el planteo presidencial, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) destaca su Código de Ética, que, según dice, es “de cumplimiento obligatorio para todos los miembros (…) a partir del convencimiento de que esos principios son fundamentales para el correcto ejercicio de nuestra labor al servicio de la sociedad”.

“Apostamos a la autorregulación de los periodistas (y de las empresas periodísticas en las cuales trabajamos, que no es lo mismo ni deben tener obligatoriamente los mismos objetivos), sin crear tribunales de ética”, sentencia Fopea y alienta a que todos los medios de comunicación elaboren sus propios Códigos de Ética. Ahora bien, ¿cuántos de los socios de Fopea cumplen estrictamente el Código de la organización?

Por todo ello, no se puede abordar la cuestión ética en el periodismo sin antes realizar un acto de sinceramiento respecto de cómo se trabaja en la profesión, las condiciones en las empresas periodísticas y la actuación de los propietarios de medios, su relación con el poder y la impunidad de la que gozan para violar las leyes laborales y previsionales.

El periodismo, como todas las profesiones, debe regirse por principios éticos, sobre todo por el alto grado de responsabilidad que tienen los medios en la tarea de informar a la sociedad. La discusión se centra en si ello debe darse por ley o debe ser, como dice Fopea, “docencia de forma paciente y permanente para que los periodistas en su función, así como los médicos, los abogados o los políticos en la suya, apliquen los principios adecuados a su respectiva labor”. La discusión está abierta.

De la indignación a la indignidad

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Thu, 07 Jun 2012 16:05:00 +0000

Los riesgos de ejercer el periodismo están hoy más vinculados a las pésimas condiciones laborales en las empresas y al desamparo salarial y previsional que a la violencia física o intimidatoria de la que suelen ser blanco los periodistas. En su mayoría, los empresarios de medios de comunicación no tienen empacho en someter a sus empleados a situaciones de ignominia, mientras ellos, desde sus editoriales, se presentan como fiscales del poder. Reparar los daños se hace cada vez más difícil. No ayudan el facilismo que permiten las nuevas tecnologías, la deficiente formación académica, la falta de conciencia sobre derechos consagrados y de una representación sindical realmente comprometida, ni la insaciable rapacidad patronal.

Por Data.Chaco. Un informe del suplemento Enfoques del diario La Nación revela que en 2011 hubo 122 ataques a la prensa en todo el país, un 10 por ciento más que durante el año anterior, y que del total de las agresiones, el 66 por ciento se dio en ciudades y pueblos del interior del país. Pueblo chico, infierno de periodistas, publicado el 27 de mayo pasado, fue elaborado con datos de la última edición del Monitoreo de la Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), y señala que “la tarea de investigar al poder local se ha convertido en una tarea de alto riesgo” y, pese a que los números y la realidad indican otra cosa, acusa al sector político de ser el “peor enemigo” de los periodistas en las ciudades chicas.
No es intención de esta columna desacreditar los datos del informe de La Nación y de Fopea acerca de los ataques ni poner en duda la existencia de estos hechos; sin embargo, debe decirse también que los riesgos de ejercer el periodismo en estos tiempos y en estas tierras del interior están más vinculados a las pésimas condiciones laborales en las empresas y al desamparo salarial y previsional en que la mayoría de los periodistas ejercen la actividad.
Si las agresiones no se circunscribieran solo a la violencia física o intimidatoria de la que habla el informe de La Nación, bien podría decirse que los primeros agresores de los periodistas son los empresarios de medios de comunicación que no tienen empacho en someter a sus empleados, mientras ellos, desde sus editoriales, se presentan como fiscales del poder.
Es cierto que cuando se investiga al poder, se corre el riesgo de sufrir represalias, pero no es menos cierto que el trabajo periodístico en estas tierras se limita a reproducir informaciones provenientes del área de información pública, con lo que resulta cada vez menos probable que alguna noticia publicada desate la furia de algún funcionario. Hay excepciones, claro, pero estas tampoco responden al deseo de informar a la comunidad acerca de todo aquello que afecta al bien común y de contribuir, desde ese lugar, al fortalecimiento de las instituciones republicanas y las prácticas democráticas, sino más bien a la defensa de intereses particulares de los empresarios periodísticos.
En esta perversa forma de concebir el papel de los medios de comunicación en la sociedad es clave la publicidad oficial, que, como se sabe, es usada como condicionante de los contenidos y es una forma de ejercer la censura y promover la autocensura. Los gobiernos de Ángel Rozas y de Roy Nikisch, en Chaco (1995-2007), y de Arturo Colombi, en Corrientes (2005-2009), son ejemplos cabales de cómo operó la pauta publicitaria en el sistema de medios de estas dos provincias, con el dispendio de recursos públicos a favor de cualquiera que pusiera una cámara y un micrófono al servicio del Gobierno.
En verdad, lo que reina en el ambiente periodístico es una gran hipocresía. Casi nadie puede tirar la misma piedra sin que esta termine, como bumerán, dándole en la cara. La mayoría de las veces quienes dirigen los medios reclaman con firmeza la aplicación de las leyes, pero son ellos precisamente los primeros en incumplirlas, amparándose en el poder de extorsión que les brinda poseer un medio de comunicación.
Ocurre que, en el caso de Corrientes, la misma funcionaria que debe inspeccionar las empresas (incluso las periodísticas) y luchar, por ejemplo, contra el trabajo en negro, está más preocupada en cuestionar las políticas del Gobierno nacional. Laura Vischi, subsecretaria de Trabajo provincial, dijo hace unos días que no hay mano de obra disponible porque la gente “no quiere perder la asignación universal por hijo” y que el plan Argentina Trabaja es empleo “en negro encubierto”.
Resulta paradójico que los periodistas, que habitualmente deben denunciar cómo en otros sectores se violan los derechos más básicos, no pueden defenderse de los abusos de sus patrones. Encima, los sindicatos que los representan poco y nada hacen para corregir las situaciones de ignominia que se viven en algunas Redacciones, en parte porque los propios periodistas no están de acuerdo con que exista la representación sindical.
Como las cuestiones de fondo no pueden discutirse, salvo que se quiera perder el empleo, vale para el caso ser el muerto que se asusta del degollado. Así, no son pocos los amanuenses locales que condenan, por mencionar un caso, al programa 6, 7, 8, de Canal 7, por su línea “ultraoficialista” y porque, como suelen decir algunos voceros del establishment periodístico, “lo pagamos todos”. Muchos de estos críticos practican otro tipo de periodismo: el rastrero.
En verdad, la vocinglería que retumba en el ambiente está en sintonía con los preceptos de la corporación periodística argentina, empecinada en llevarse puesto el gobierno de Cristina Fernández, con el falaz argumento de que en el país reina la opresión y el hostigamiento a la prensa. Se recomienda, de paso, leer o escuchar el discurso del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la 42ª asamblea de la OEA, en Cochabamba (Bolivia), en el que describe con impecable apego a la realidad el papel neocolonial de los grandes medios de comunicación de América Latina, entre los que bien pueden incluirse los diarios argentinos Clarín y La Nación.
En verdad, lo que se respira en el ambiente es una gran mediocridad. Una nueva camada de periodistas son egresados de las carreras de Comunicación Social y Periodismo, con formación académica, aun cuando desde el punto de vista técnico las deficiencias son flagrantes porque pocos saben cómo escribir un texto informativo y elaborar un titulado. Esos periodistas “profesionales” se incorporan a las Redacciones como mano de obra barata.
Los sitios web de noticias son un ejemplo de hasta dónde se bastardeó la profesión y cuánto se degradó el arte de escribir. Concebidos como una herramienta para ganar plata fácil mediante la publicidad oficial, los portales son una muestra de que, en nombre del periodismo, se puede perpetrar todo tipo de delitos. El primero, como dice un columnista del blog, es el delito de lesa lengua. Hoy, la buena redacción es un bien demasiado escaso y, para colmo, a los editores periodísticos les da lo mismo una buena prosa que un galimatías. Pero, como reflexiona la periodista Sandra Russo en un artículo sobre los 25 años del diario Página 12, “el cuidado del rigor y la buena sintaxis en cada párrafo de cada nota de cada redactor” no es algo “cosmético, es político”.
Contagiar ese espíritu noble, sensible y riguroso en lo profesional se torna cada vez más difícil. El facilismo que permiten las nuevas tecnologías, la deficiente formación académica, la falta de conciencia sobre derechos consagrados y de una representación sindical realmente comprometida, y la insaciable rapacidad de los empresarios son los factores por los cuales el ejercicio del periodismo, cuyo motor ha sido siempre la indignación, es hoy para muchos una indignidad.

Vandalismo patronal en la prensa correntina

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 08 Apr 2012 16:20:00 +0000

El diario El Libertador, propiedad del dirigente peronista Rodolfo Martínez Llano, difundió como noticia su decisión de sancionar a una periodista. Lo hizo para excusarse ante el poder político provincial por la publicación de una supuesta falsa información y amedrentar al resto del plantel periodístico del matutino, a pocos días de estallar allí un conflicto por reclamos salariales. Las prácticas nefastas del empresariado de medios en la provincia.

Por Data Chaco. El periodismo correntino parece no poder tocar fondo. Hace unos días, el diario El Libertador, propiedad del dirigente peronista Rodolfo Martínez Llano, incurrió en una práctica nefasta y patotera para excusarse ante el poder político de turno de la provincia: el miércoles 4 de abril, difundió la sanción a una periodista del matutino, a quien la dirección acusa de haber publicado “con inaceptable liviandad” la información sobre la detención en Chaco de un vehículo del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) que transportaba marihuana.
Con el título El Libertador aplicó una sanción a una periodista, los máximos responsables del diario intentan sostener semejante atropello contra un trabajador con “la necesidad de despejar toda duda respecto a motivaciones o intencionalidades que no existieron de parte de la Dirección del medio, siempre cuidadoso en el respeto al trato a la clase política, sea oficialismo u oposición, funcionarios, jueces o legisladores se hace un deber dar a publicidad lo actuado puertas adentro del medio [sic]”.
De más está decir que la redacción del texto es tan pobre como vil es la acción que en él se trata de explicar, pero ello no sorprende porque el diario de Martínez Llano no solo nunca fue un dechado de excelencia periodística y ética profesional, sino tampoco de buen uso del idioma.
Días antes, El Libertador publicó en su contratapa facsímiles de notas cursadas a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, con las cuales la dirección intenta justificar el rechazo a las demandas de los empleados del matutino, la mayoría de ellos con sueldos de miseria, y desconoce a la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) como entidad gremial y el convenio de trabajo vigente para los trabajadores de prensa.
Todas estas maniobras son una verdadera afrenta puesto que la precariedad laboral reinante en los medios de comunicación y, en especial en el diario de Martínez Llano, es algo que no se puede negar ni ocultar.
Como ya se dijo en un editorial anterior de Data Chaco, quizá ya pocos recuerden a la Agencia Corrientes, la cúspide de un entramado ilícito que propició el gobierno del radical Arturo Colombi (2005-2009) con la publicidad oficial. Su final fue trágico y precipitado: el joven empresario Hernán González Moreno, cara visible de la paraestatal agencia de noticias, apareció muerto de un tiro en una estancia cerca de Goya, a 48 horas de la segunda vuelta electoral en la que finalmente Arturo perdió con su primo Ricardo, el 4 de octubre de 2009, en un episodio de corte mafioso que aún investiga la Justicia. González Moreno era un estrecho colaborador de Martínez Llano.
Lamentablemente, el nivel de venalidad existente en el periodismo local es tal que casi nadie podría acusar al propietario de El Libertador sin sentirse el muerto que se asusta del degollado. Para colmo, las autoridades provinciales, en vez de actuar a favor del cumplimiento de las leyes, conniven con los empresarios periodísticos y son cómplices de todos los atropellos que ellos cometen.
La publicación de un memorando interno con la clara intencionalidad de escrachar a una periodista y, en consecuencia, amedrentar al resto del plantel periodístico de El Libertador representa un acto de vandalismo patronal que obliga a todos a los trabajadores de prensa a repensar sobre hasta cuándo seguir legitimando estas canalladas con el silencio y la omisión.

Hay más cuadros que bajar

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sat, 31 Mar 2012 00:25:00 +0000

Marcelo Marani, veterano de guerra, en Darwin. EFE.

La derrota en Malvinas es aún una puerta abierta, aunque muchos, sobre todo la dictadura y sus sectores afines, se hayan esforzado por cerrarla. Sobre la guerra de 1982 hay una discusión pendiente. Tal vez nunca desde los primeros años de la posdictadura, se estuvo como sociedad tan cerca de la posibilidad de darla. Es necesaria una palabra estatal que fije una posición en torno al conflicto del que fue responsable, que trace una línea que indique dónde se encuentra el honor y dónde la ignominia, dónde los héroes, dónde los responsables de la inoperancia y la muerte de muchos de estos. El proceso iniciado por Néstor Kirchner desde 2003, continuado por Cristina Fernández, abrió un interesante panorama, pero es necesario estar alertas.

Por Federico Lorenz, Le Monde Diplomatique. Catorce de junio de 1982. Podemos imaginar la escena: una mañana gélida y ventosa como casi todas en las islas, el ruido seco de los fusiles argentinos a medida que son arrojados por los derrotados en los puntos de reunión dispuestos por los vencedores británicos. Largas filas de prisioneros aguardan el momento de embarcar rumbo al continente, a sus hogares. Las imágenes de época muestran distintas sensaciones en sus rostros: enojo, curiosidad, resignación; también alivio por la supervivencia.
El ruido de las armas se parece, en la mente del historiador, al de un juego de cerrojos. Ruidos precisos que denotan un mecanismo en movimiento de... ¿cierre?, ¿apertura? La derrota en Malvinas es aún una puerta abierta, aunque muchos, sobre todo la dictadura y sus sectores afines, se hayan esforzado por cerrarla cuando todavía no se había apagado el chillido de las gaviotas recibiendo a los barcos cargados de soldados.
En vísperas de conmemorar los 30 años de la guerra, el aniversario obliga a una reflexión profunda que incluya esa experiencia social en los relatos nacionales sobre el pasado. Para ello, es necesario asumir que la República Argentina es una nación emergente de dos procesos extremos y movilizadores (aunque por motivos diferentes) e íntimamente relacionados: el terrorismo de Estado y la Guerra de Malvinas. El disciplinamiento social conseguido por las clases dominantes mediante la masacre de los actores sociales más combativos y organizados y la capilarización del terror al conjunto de la sociedad, así como la autodestrucción de una serie de formas de representar a la nación en el archipiélago austral son las piedras basales de la sociedad democrática.
¿Puede narrarse una guerra como si el terrorismo de Estado que la desencadenó no hubiera sucedido? ¿Qué consecuencias tuvo éste en las formas en las que los argentinos nos relacionamos con el pasado? La historia nacional contada en clave épico-patriótica (como la aprendimos en la escuela y aún se enseña, como funge como sentido común) no alcanza con su paleta a plasmar la complejidad de matices que un hecho histórico como la guerra de 1982 significa. Revisar críticamente las experiencias de la guerra exige una maestría en los claroscuros que aún no podemos exhibir. Sin embargo, la pintura de ese cuadro es una tarea crucial.
Señalamos que los dos elementos fundacionales de la restauración democrática son la masacre política y la derrota en la guerra. Si, con avances y retrocesos, la sociedad argentina ha sostenido desde el final de la dictadura una política de juzgamiento y condena de los responsables de la primera (política iniciada en la lucha de los organismos de derechos humanos, institucionalizada en el Juicio a las Juntas, momentáneamente frenada por los indultos menemistas, recuperada en su impulso desde 2003), es notorio, al presente, el desnivel en la profundización en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia entre ese campo y las memorias de la guerra de 1982. Hemos “naturalizado” que esa tríada corresponde al campo de los derechos humanos. Olvidamos que en 1988 hubo juicios a los responsables de la Guerra de Malvinas, y que los indultos de Carlos Menem beneficiaron no sólo a represores, sino también a condenados por su responsabilidad en la guerra. Que en algunos casos los indultados fueran culpables en ambas instancias constituye la esencia del drama de Malvinas. La famosa fotografía de la rendición de Alfredo Astiz en las islas Georgias es la punta simbólica de ese iceberg.

Polisemias

Sobre la guerra de 1982 hay una discusión pendiente. Tal vez nunca desde los primeros años de la posdictadura, estuvimos como sociedad tan cerca de la posibilidad de darla. Para iniciarla, es necesaria una palabra estatal que fije una posición en torno al conflicto del que fue responsable, que trace una línea que indique dónde se encuentra el honor y dónde la ignominia, dónde los héroes, dónde los responsables de la inoperancia y la muerte de muchos de estos, así como antes lo habían sido del asesinato de sus compatriotas en el continente.
La ambigüedad es tan dañina para el reclamo argentino como para la profundización de la democracia. Las relecturas de la guerra muestran una disputa en la que no está en juego tanto la soberanía de las islas como las formas en las que se nomina la historia reciente. Desde la derrota, con picos en la Semana Santa de 1987 y la política de “reconciliación” de los 90, las definiciones acerca de la guerra han condicionado a la democracia así como limitado la posibilidad de pensar continentes como las ideas de “patria” o “nación”. Por derecha y por izquierda se han construido visiones simplistas y totalizadoras. En un extremo, cualquier crítica es antipatriótica y cuestiona “la causa nacional”, que es abstraída del contexto histórico en el que se produjo mediante sofismas: “¿Con quiénes se enfrentaron los soldados argentinos en Malvinas? ¿Con la fuerza colonial británica o con la dictadura militar? ¿Qué es lo que estaba en juego para esos combatientes, la soberanía de las islas o la continuidad de la dictadura militar? Los caídos argentinos en la guerra de Malvinas, ¿son héroes de esa lucha o son víctimas del gobierno militar?” (1). A la inversa, las aproximaciones a la guerra con una voluntad crítica pero no automáticamente condenatoria, suelen ser leídas como el resurgimiento del nacionalismo o la apología de la dictadura. En este caso, en aras de no dar alimento a los reaccionarios, se anula la posibilidad de revisar la experiencia histórica de millares de compatriotas.
Navegar entre esas dos aguas es peligroso e ingrato, pero es la tarea.

El kirchnerismo y la memoria

El proceso iniciado por la adopción de la memoria, la verdad y la justicia como políticas de Estado por Néstor Kirchner desde 2003, continuado por su sucesora Cristina Fernández, abrió un interesante panorama. Aunque criticado y discutido, generó un proceso de resignificación del pasado que lo excede. Los primeros meses del gobierno de Kirchner fueron una constante puesta en acto de ese compromiso. Así, el 24 de marzo de 2004, en el Colegio Militar de la Nación, el Presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó al jefe de Estado Mayor del Ejército que descolgara los retratos de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone (primer y último presidentes de la dictadura) de la pared en la que están colgados los retratos de los directores de esa institución.
La política de Kirchner también tuvo consecuencias sobre Malvinas. Al impulsar los procesos de justicia, ofreció a los excombatientes nuevas claves simbólicas de lectura para pensar tanto sus experiencias como sus demandas históricas. Durante el preestreno de la película Iluminados por el fuego (Tristán Bauer, 2005) en la provincia de Corrientes, muchos exsoldados reconocieron en las vejaciones que el film muestra las que ellos mismos habían sufrido durante 1982. Algunas agrupaciones iniciaron la presentación de causas judiciales por crímenes de lesa humanidad durante la guerra (2). Tales hechos no eran una novedad: pero un cuarto de siglo había pasado desde las primeras denuncias y la existencia de un contexto favorable para que volvieran a circular.
Como contrapartida, la reivindicación de la causa nacional que hace el kirchnerismo (se define como “malvinero”) alienta a nostálgicos del pasado que relatan la Guerra de Malvinas como si el terrorismo de Estado no hubiera tenido lugar. De allí que las definiciones por parte de un gobierno que declara un fuerte compromiso tanto con Malvinas como con la reivindicación de las movilizaciones populares y el castigo a los culpables de la represión son imprescindibles.
Este año, el Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata también bajó un cuadro de sus paredes: el retrato de Pedro Edgardo Giachino, oficial naval muerto durante la recuperación de las Malvinas y primer muerto en combate de la guerra. El oficial muerto por los marines aparece mencionado en cuatro causas por violaciones a los derechos humanos, vinculadas a la represión en la zona de Zárate. Dos sobrevivientes de la Esma lo reconocieron como “Pablo”, integrante de los grupos de tareas, y recordaron la conmoción entre los marinos del centro clandestino el día que se supo la noticia. Sin embargo, distintas voces se alzaron criticando el gesto del Concejo, desde los familiares del muerto hasta agrupaciones de veteranos y familiares. Argumentaron que al bajar el retrato se mancillaba la memoria de los héroes nacionales y se atentaba contra la “causa”. Era una “vergüenza nacional” (3).
Este es un ejemplo notorio del proceso bifronte que la política de memoria del kirchnerismo impulsa en relación con Malvinas. En primer lugar, algunos actores que históricamente criticaron la guerra, en particular en relación con su conducción y el desempeño de sus oficiales, encontraron en la lucha por los derechos humanos un repertorio argumental, y en la política estatal un espacio a partir del cual renovar y profundizar sus demandas. Éstas, como señalamos, no son nuevas, pero así lo parecen en el contexto de la transformación de la “lucha contra la impunidad” en política de Estado.
Sin embargo, la retórica latinoamericanista y antiimperialista, el énfasis en la “recuperación de la autoestima”, o más específicamente, la reivindicación del carácter “malvinero” de los presidentes, rasgos distintivos del discurso kirchnerista, alimentan otras visiones sobre la guerra más esencialistas. Ancladas en el repertorio de la izquierda nacional, reivindicándose populares y “revisionistas” comparten con sectores conservadores o directamente reaccionarios la defensa de la “causa nacional” por encima de sus circunstancias, ya que también incluyen la guerra de 1982 en una ucrónica lucha de la nación contra el imperialismo.
De este modo, la política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en relación con la reparación judicial del pasado dictatorial, de fuerte crítica a las Fuerzas Armadas de entonces y a los sectores civiles cómplices, acaso involuntariamente esté reforzando discursos que evitan la revisión de las conductas y responsabilidades de esos actores y garantizan su impunidad. El contenido “nacional” del relato “malvinero” del discurso oficial entra en contradicción con la aproximación crítica al pasado que el mismo gobierno impulsa. Pero es fuerte, ya que enraíza en una tradición ideológica nacional y popular que comparte muchos elementos con los relatos históricos más tradicionales basados en el repertorio patriótico, y que consisten en la reivindicación de la “gesta” de Malvinas como una guerra en nombre de una causa sagrada, realzada por el sacrificio de vidas humanas en nombre de la Patria (4).

Posibilidades

Es necesario estar alertas. Desde 2003 se ha abierto una posibilidad de (re)discutir el pasado. Dirimir institucionalmente las contradicciones en torno al conflicto significaría la producción de un nuevo “relato” sobre la guerra de 1982. Lo menos costoso políticamente es tolerar la convivencia de los opuestos, unidos como siameses por “Malvinas”, la víscera sensible de la cultura política argentina. Definirse en uno u otro sentido de esta contradicción remite a distintas imaginaciones de país y comunidad, es decir, a una definición, a un conflicto.
Tal vez sea significativo reparar en la performance del grupo Fuerza Bruta durante el desfile del Bicentenario. El cuadro correspondiente a la Guerra de Malvinas mostró un grupo de soldados marchando con sus capotes húmedos. De repente, se produjo entre ellos una explosión. Los cuerpos de los combatientes se transformaron en un túmulo, en una fosa común recientemente cerrada, y de sus mochilas emergen cruces blancas. Como remarca Beatriz Sarlo, a diferencia del cuadro de las Madres de Plaza de Mayo en el mismo desfile, en el que las mujeres son “sujetos en acción”, que “cierran la violencia del siglo XX y preparan la reparación de los primeros años del siglo XXI” en aquel referido a la guerra “la escena de los soldados de Malvinas es una imagen de víctimas” (5). Es decir: sólo podemos decir de ellos que están muertos. Ese es el precio, tal vez, para inscribirlos, en el mismo movimiento, en el relato histórico que el desfile planteó, que aunque imaginándose rupturista, en relación con la guerra retoma (y remata) el movimiento conceptual producido desde el mismo instante en el que la guerra terminó: despojarla de su historicidad y, por extensión, despojar a quienes combatieron de su condición de sujetos históricos. Si en el desfile la marcha de las Madres aparece como la lucha y la demanda permanentes, los muertos bajo las cruces del túmulo, como los de Darwin, están condenados a que otros los nombren.
Hay una gran injusticia en esta situación. De allí que algunas medidas de profundo significado político para avanzar en la verdad histórica y la justicia podrían considerarse: el impulso de juicios por la verdad sobre Malvinas, la publicación oficial del Informe Rattenbach (6), y la restitución de la identidad, también, para los muertos en la guerra de 1982, al inscribir su sacrificio en una historia de la lucha del pueblo argentino por su dignidad y sus derechos, que condene a los que masacraron compatriotas y se ampararon en el sacrificio genuino de cientos de soldados–ciudadanos buscando esconder sus crímenes y bañarse en la luz del heroísmo ajeno.
¿Qué patria imaginaríamos si la conmemoración de la guerra fuera el 14 de junio? A treinta años, aunque incomode, vale la pena preguntárselo.

1. Julio Cardoso, La postguerra como campo de batalla (nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=613).
2. Edgardo Esteban, Malvinas, una herida abierta, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2008.
3. Página/12, Buenos Aires, 10-7-11.
4. Por ejemplo, Federico Bernal, Rosas, Cristina y las Malvinas, Miradas al Sur, Buenos Aires, 20-11-11.
5. Beatriz Sarlo, La audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 184
6. El pasado 25 de enero, la presidenta Cristina Fernández anunció “la apertura del Informe”, hecho que se concretó mediante un decreto el 7 de febrero.

* Historiador, Ides Conicet. Autor, entre otros libros, de Las guerras por Malvinas, Edhasa, Buenos Aires, 2006 (de próxima reedición).

Retrógrados

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Wed, 21 Mar 2012 20:46:00 +0000

Es entendible que, en nombre del periodismo, algunos pusilánimes se despachen con opiniones estigmatizantes sobre las mujeres y la asignación universal por hijo. No lo es, en cambio, que un ministro, como el de Salud de Corrientes, denigre un derecho social a la categoría de premio económico al no poder responder sobre un problema que a él le atañe: la cantidad creciente de embarazos adolescentes en la provincia.

Por Data Chaco. Las recientes declaraciones del ministro de Salud correntino, Julián Dindart, acerca de que las adolescentes se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo (AUH) se inscribe en lo que es una opinión bastante generalizada en la sociedad correntina, que reprueba y condena todo aquello que amenace el esquema feudal imperante. En este caso particular, lo que les molesta a muchos es que las chicas pobres, gracias a la AUH, hayan dejado de ser mano de obra doméstica barata para las casas de señores y señoras “respetables”, donde puedan ser violadas y embarazadas por los hijos “respetables” de esos señores y señoras, y mandadas a abortar con médicos “respetables” conocidos y amigos de esos señores y señoras.
Precisamente, el sitio web El Sol de Corrientes, propiedad del exconvicto Raúl Tato Romero Feris, es el que vomitó primero. Las chicas se embarazan para cobrar la Asignación Universal, titula el panfleto on line tatista, con el “serio” argumento de que “lo dicen todos”. La nota es repulsiva desde la volanta hasta el punto final.
Es entendible que, en nombre del periodismo, algunos pusilánimes se despachen con informes y opiniones estigmatizantes de ciertos sectores sociales y de las mujeres en particular. No lo es, en cambio, que el máximo responsable del sistema sanitario provincial apele a denigrar a la categoría de “premio económico” un derecho social al no poder responder sobre un problema que a él le atañe como ministro de Salud: la cantidad creciente de embarazos adolescentes en Corrientes.
Dindart es funcionario del gobernador radical Ricardo Colombi, que llegó al poder desde Mercedes, enclave ultraconservador de la provincia, aliado a partidos conservadores, entre ellos el de Tato Romero Feris. De ahí que, pese a sus intentos de retractación, no sorprende que el ministro de Salud haya dicho lo que dijo: “Muchas niñas se embarazan porque tienen un recurso económico como premio [la AUH] por tener un hijo”, según reprodujo el diario La Nación.
Gran parte de la sociedad correntina piensa que la asignación universal es una dádiva que reciben las madres y no un derecho de los niños con que el Estado les asegura un mínimo de bienestar. En su momento, el senador también radical Ernesto Sanz dijo que la AUH se iba “por la canaleta del juego y la droga”. Ahora, dicen que es para “hacer hijos”.
Piensan así los sectores de la oligarquía terrateniente y ganadera de la provincia, la clase media acomodada empresarial con tics de alta burguesía y la clase media baja con berrinches reaccionarios e ínfulas de clase media acomodada, en sintonía con los postulados de la Iglesia católica, convulsionada en estos días por el fallo de la Corte Suprema a favor del aborto en casos de embarazos por violación.
Nadie, claro está, se pregunta seriamente por las verdaderas causas de los embarazos en adolescentes. Nadie quiere ver qué ocurre en los vastos sectores empobrecidos, marginados, analfabetos, ignorantes correntinos, a los que no alcanzan los operativos sanitarios que conduce Dindart. Ni siquiera los medios de comunicación locales, casi todos ellos manejados por capangas vinculados al poder político-económico responsable del atraso estructural de la provincia.

La capitulación griega

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 18 Mar 2012 19:54:00 +0000

Grecia, en crisis y bajo la tutela europea.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Grecia aceptó humillantes condiciones exigidas por la troika para acceder a un segundo plan de rescate financiero. Lo que se le ha exigido a Atenas esta vez es claramente una cesión de soberanía. Aunque no es oficial, la República helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

Por Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique. El 21 de febrero de 2012 será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero, el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las jubilaciones, despido de 150.000 empleados públicos, aumento de impuestos y privatizaciones masivas.
De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (ex vicepresidente del Banco Central Europeo) como primer ministro de un gobierno tripartito compuesto por socialdemócratas, conservadores y la extrema derecha.
Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y su economía, de un estatuto de soberanía limitada.
Se veía venir semejante agresión. Además como una advertencia a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), ya había alertado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un comisario con derecho a veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista del semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro de Economía alemán, el muy liberal Philipp Rösler.

El ejemplo heleno

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo gestionará la troika, y no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana y no para pagar los salarios de los empleados públicos, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República helénica ha dejado de ser un Estado soberano.
De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el protectorado.
Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros de los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.
No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España). Ello como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.
Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de marktkonforme demokratie (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que toman las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).
Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del próximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.
Concebido por Angela Merkel y aprobado, en principio, por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.
El MEDE está articulado al “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los miembros.
Karl Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los Consejos de Administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los gobiernos se están convirtiendo en los Consejos de Administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

1. El País, Madrid, 21-2-12.
2. El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
3. Entrevista del semanario alemán Focus, 4-7-11.
4. Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1-9-11.
5. Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28-1-12.

Doble moral ambientalista

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 19 Feb 2012 16:08:00 +0000

Clarín y La Nación: llamativo cambio de opinión sobre la minería.

La cobertura de la megaminería a cielo abierto hecha por Clarín y La Nación no siempre fue crítica. Ni ocupó, como ahora, un lugar privilegiado en su agenda. Quien haya prestado atención podría pensar que Greenpeace acaba de comprar acciones suficientes como para reorientar la línea editorial de ambos diarios. El olvido del proyecto Ayuí Grande.

Por Cynthia Ottaviano, Tiempo Argentino. Los medios de comunicación no son la realidad. Ni la reflejan tal como es. Se sabe que cada enunciado, cada dato, cada imagen es seleccionada, recortada y enfocada por productores, periodistas, editores, diseñadores, fotógrafos, camarógrafos y, sobre todo, propietarios con los que esa cadena de producción humano-periodística comulga en líneas generales o, en el peor de los casos, se opone u obedece sin mayores miramientos. Entre esos extremos –sintonía ideológica, oposición o patronazgo inmoral– hay matices, tal vez los suficientes como para que la mayoría de los periodistas pueda elegir con quién, cómo y dónde trabajar. Las dificultades sobrevienen cuando los dueños de las corporaciones son capaces de cambiar su línea editorial, sin mayor aviso, y empiezan a denostar lo que antes defendían.
Tal vez la cobertura de la megaminería a cielo abierto hecha por Clarín y La Nación a lo largo de los últimos años sea un buen ejemplo porque allí no siempre se publicaron notas que la criticaban. Ni ocuparon, como ahora, un lugar privilegiado en su agenda (el diario de Héctor Magnetto publicó 30 notas en un mes y medio y el de Bartolomé Mitre, 25, en el mismo tiempo). De hecho, quien haya prestado atención a la cobertura que hacían en los últimos 16 años, podría pensar que Greenpeace acaba de comprar acciones suficientes como para reorientar la línea editorial, porque en Clarín y La Nación se consideró a la megaminería a cielo abierto como “una oportunidad”, “una enorme empresa”, “un cambio de oportunidad para invertir”, “la mayor promesa económica del momento”, “un nuevo rubro para lucirse”, que “le aportan muchas divisas”, “el motor de una mejor relación bilateral”, “el centro de atracción del mundo australiano”, que “puede modificar la vida del noroeste argentino”, ya que se trata “del mercado minero más inexplotado del mundo durante décadas de olvido por simples razones de legislación errónea”, “un proyecto de gran envergadura”, “un negocio que comienza a mover millones de dólares de inversión”, que “le va a cambiar la vida a los sanjuaninos”, “empleará a 4 mil personas”, “impulsa el desarrollo económico”, hay “un escenario promisorio”, “el impacto puede ser vital”, “puede significar la única posibilidad de contar con infraestructura básica –agua corriente y electricidad, por ejemplo y sobre todo, con fuentes de empleo y capacitación” (Clarín 27-02-02, 04-04-04, 11-04-05, 28-04-06, 06-03-08, 30-11-10, 25-02-11, La Nación 4-12-96, 7-10-97, 10-04-98, 26-04-00, 16-11-00, 15-09-01, 16-01-03, 09-03-05, 03-05-05).

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La crisis existencial del periodismo

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Tue, 07 Feb 2012 12:55:00 +0000

La prensa argentina atraviesa una doble crisis: tecnológica e ideológica. La primera se refiere a cómo está cambiando el modo en que circula la información debido al explosivo crecimiento de los nuevos medios de comunicación. La segunda tiene su origen en el conflicto entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, cuyo hito fundamental fue la sanción de la ley de medios, en 2009.

Por José Natanson, Le Monde Diplomatique. El periodismo argentino atraviesa una doble crisis: tecnológica e ideológica. Empiezo por la primera, que es más fácil de analizar porque es la expresión local de un fenómeno global. Aunque todavía está lejos de ser total (el año pasado navegaron en Internet unos 2.800 millones de personas, equivalentes a 1 de cada 2,5 habitantes del planeta [1]), la digitalización avanza: la extensión de las conexiones hogareñas de banda ancha, el acceso cada vez más frecuente al wifi, la proliferación de smartphones, junto a la multiplicación de tabletas y la creciente penetración de las redes sociales, que funcionan como plataformas de entretenimiento y encuentro pero también como usinas y cajas de resonancia informativas; todo esto está cambiando aceleradamente el ecosistema informacional y está poniendo a los medios tradicionales frente a una crisis sistémica.
Acosada por la triple presión de la competencia con la Web (en muchos casos con sus propios sitios), el auge de los periódicos gratuitos y la crisis económica mundial, la prensa gráfica sufre esta situación más que cualquier otro sector. Contribuyen también otros fenómenos, como la “crisis de la ciudad”, que afecta a un tipo de medio cuya existencia está irremediablemente atada al espacio público y la vida urbana.
Los datos, en todo caso, son elocuentes. Entre 2003 y 2010, la venta de periódicos impresos pagos disminuyó en el mundo un 8,1% (2). La facturación por publicidad en los diarios de Estados Unidos fue el año pasado de 24.000 millones de dólares, contra 49.400 millones en 2005. Periódicos emblemáticos, como The New York Sun o el Christian Science Monitor, han cerrado o eliminado su versión en papel. En Argentina, Clarín, que vendía 411.000 ejemplares en promedio en 2004, hoy vende 290.243 (3).
Pero la crisis no afecta sólo al papel. A su modo, la televisión abierta también sufre la competencia del cable y, cada vez más, de internet (las “puebladas digitales” contra el cierre de sitios como Cuevana y Megaupload demuestran que cada vez más gente mira series y películas a través de la web). En Argentina, el encendido televisivo promedio acumulado entre los cinco canales de aire fue el año pasado de 30,8 puntos de rating, el más bajo de los últimos ocho años (4).
El lento pero persistente declive de los medios tradicionales y el explosivo crecimiento de los nuevos está cambiando el modo en que circula la materia prima de los medios, la información, que ya no se presenta, como antes, en unidades cerradas (diarios, cables de agencia, noticieros de radio y televisión) sino en formatos cada vez más abiertos. Como saben bien Hosni Mubarak o Ben Ali, es imposible controlar del todo la circulación de la información, que hoy se escapa como agua entre los dedos. El “sistema wiki” –trabajo colectivo para llegar a un resultado siempre inacabado– se aplica en buena medida a las noticias, que fluyen y se van enriqueciendo o corrigiendo a lo largo del día con comentarios, fotos, discusiones… En su último libro, Ignacio Ramonet sostiene que si antes la información se producía siguiendo el modelo fordista típico de la sociedad industrial (el producto se entregaba cerrado y listo para consumir), hoy asume la forma de un work in progress en constante evolución, un proceso dinámico y en buena medida colaborativo, más abierto y horizontal que en el pasado (5). Esto ha contribuido a debilitar el rol del periodismo como único generador de información, que se ha desmonopolizado a favor de internautas, blogueros, ciudadanos que pasaban por ahí con un teléfono con cámara, señoras enojadas.
De todos modos, conviene tener cuidado con los ideales de horizontalidad total y ciudadanización del periodismo. La idea de que todos pueden ser periodistas es una tontería, no porque los periodistas constituyan un colectivo especialmente calificado sino porque manejan una serie de técnicas y en algunos casos saberes que el resto de los ciudadanos no posee. Bien ejercido, el periodismo no sólo transmite noticias sino que también las contextualiza, las ubica en un marco histórico o social determinado y ofrece, en fin, las claves para entenderlas. Para comprobarlo alcanza con dedicar diez minutos a revisar los espacios para “comentarios” habilitados en la versiones online de los diarios argentinos, donde lo que se destaca no es precisamente la calidad argumentativa y donde el público suele confirmar todos los días la famosa Ley de Godwin: “cuanto más se prolonga una discusión online, más probabilidades hay de que surjan comparaciones que aludan a Hitler o los nazis”.

Ideológica
Todos estos cambios constituyen lo que los viejos marxistas definían como la “base material”, las condiciones sobre las cuales se desarrolla, retroalimentándola, una segunda crisis del periodismo. Esta segunda crisis, llamémosla ideológica, tiene su origen en el conflicto entre el kirchnerismo y algunos de los medios más importantes del país, notoriamente el Grupo Clarín, cuyo hito fundamental fue la sanción de la ley de medios, aprobada por el Congreso en octubre del 2009.
Por su sesgo antimonopólico, el aliento a la participación de actores no empresariales y las razonables regulaciones vinculadas a la publicidad y los horarios, la norma es, en términos generales, muy positiva, tal como se han encargado de subrayar organismos insospechados de parcialidad política, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la misma que no deja de señalar su preocupación por lo que sucede en Venezuela, demostrando de paso que los populismos latinoamericanos son como las mujeres hermosas: de lejos todas pueden parecerse, pero si uno se acerca y es mínimamente sensible es fácil descubrir las diferencias.
Pero más allá de los efectos normativos de la ley, algunos de los cuales se encuentran congelados debido a la judicialización posterior, es interesante revisar el debate que la antecedió y que aún continúa. Impulsada desde años antes por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y elaborada tras un largo raid de consultas y foros de debate, la norma generó una discusión pública inédita sobre el rol de los medios, sus intereses y la profesión del periodismo. Es notable que no haya sucedido antes, pues desde la recuperación democrática la sociedad argentina había debatido el papel de un amplio abanico de actores políticos y corporativos: las Fuerzas Armadas, los sindicatos, incluso la Iglesia, institución que forma parte de las creencias más íntimas de las personas. De todos ellos se discutió su rol histórico, en particular durante la dictadura, las condiciones de su funcionamiento actual, sus intereses y prejuicios. Algunos (los militares) sufrieron reformas radicales, otros (la Iglesia, los sindicatos) no, pero todos tuvieron que enfrentar en algún momento una fuerte puesta en cuestión.
Los medios, que no son fábricas de tornillos sino actores sociales con posiciones políticas que afectan la vida pública, venían zafando asombrosamente de este tipo de cuestionamientos, hasta que el kirchnerismo, con su probada capacidad para poner las cosas patas para arriba, decidió meterse con ellos. El efecto, creo, fue positivo, en la medida en que ayudó a desenmascarar los intereses económicos que se esconden detrás de muchas tapas y le quitó al periodismo el estatus de casta sagrada que ostentaba. Los métodos, sin embargo, no siempre fueron limpios: en primer lugar, por el manejo discrecional de la publicidad oficial (vale aclarar que el poder económico actúa de manera similar, premiando a los medios amigos y castigando a aquellos que lo cuestionan, como evidencia la ausencia de anunciantes privados en buena parte de las publicaciones no tradicionales y como demuestra el hecho de que ninguno de los medios excluidos de la pauta oficial se vio obligado a cerrar sus puertas). Pero el oficialismo, además de este manejo cuestionable, les imprimió un tono exasperadamente parcial a los medios públicos y ha desplegado iniciativas un tanto irritantes, como el apoyo al Grupo de Interpretadores de Diarios, cuyas frecuentes apariciones televisivas comienzan invariablemente con la frase: “Cuando Clarín pone en la tapa ‘X’, lo que está queriendo decir es…”.
Quizás la pregunta de fondo sea si es correcto que el gobierno impulse con toda la infraestructura estatal su –digámoslo elegantemente– visión del mundo, o si en verdad debería no sólo tolerar el pluralismo de información y opinión (en este sentido la libertad de prensa es total), sino también alentarlo y sostenerlo con los recursos públicos. Desde el punto de vista de la realpolitik no hay muchas dudas: en plena tensión con algunos de los grupos mediáticos más importantes del país, parece muy lógico que el oficialismo haga todo lo posible para que prosperen perspectivas alternativas y se consolide un panorama más balanceado. Pero una mirada menos pragmática y más centrada en el largo plazo debería admitir que es necesario preservar cierto grado de diversidad ideológica en el interior del entramado de medios públicos, del mismo modo que es importante establecer reglas claras en el reparto de los recursos del Estado, que no pueden estar librados a la discrecionalidad del gobierno de turno.
Sucede que este tipo de estrategias resultan muy difíciles de revertir. Una vez aceptadas –por la clase política, la sociedad, la justicia– como parte de la lógica de funcionamiento natural, es casi imposible que un gobierno se autoprive de utilizarlas. Por eso es esencial que las decisiones en materia de comunicación se adopten con transparencia. Un ejemplo interesante es el de la autoridad de aplicación de la ley de medios: aunque parece lógico o al menos inevitable que el oficialismo la lidere, es necesario garantizar allí una cierta pluralidad. En España, por ejemplo, el Consejo de Administración de TVE es designado por el Parlamento con mayoría de dos tercios y garantizando la representación de las bancadas principales.
Se podría plantear así: si bien se ha creado un consenso bastante amplio en el universo progresista alrededor de la gestión de Tristán Bauer, el creador de Encuentro, cabe preguntarse qué sucedería si, digamos, Mauricio Macri llega al gobierno y designa a, digamos, Pancho Dotto como director de Canal 7: seguramente a muchos les parecerá sensato que exista un consejo asesor, técnicamente competente y políticamente diverso, que matice los desfiles de modelos con algún que otro programa cultural.
La institucionalización de las decisiones y la construcción de capacidades profesionales de gestión, dos modalidades a las que el kirchnerismo no es muy adepto, son menos una necesidad del presente que una apuesta al futuro.

1. Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
2. Datos de la World Association of Neewspapers.
3. Datos del portal www.diariosobrediarios.com.ar sobre la base de información del Instituto Verificador de Circulación.
4. Página/12, 12-1-12.
5. La explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales, Capital Intelectual-Le Monde diplomatique, 2011.

Un baile sin chamamé en Corrientes

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Mon, 30 Jan 2012 13:49:00 +0000

Carandirú, la cárcel brasileña símbolo del infierno.

Fue el sábado 14 de enero, en la Unidad Penal 1, de la capital correntina. Penitenciarios y grupos especiales de la policía perpetraron, según entienden algunos, la más feroz represión de la historia carcelaria provincial. El gobierno del radical Ricardo Colombi y una jueza, en la mira.

Miradas al Sur. Luque no pudo llorar a su viejo ninguna de las dos veces que lo velaron. La primera sepultura se la dio la mujer con quien estaba manteniendo un amorío. Unas horas después fue el turno de sus deudos legítimos: cuando se enteraron de la noticia, su madre y su hermana pidieron exhumar el cadáver para tener la exclusividad de cremarlo. Pero no fue sino tres días después, tras el papeleo fúnebre y los entierros y desentierros que Luque, quien cumplía una condena por robo en la Unidad Penal 1 de Corrientes, supo que su padre había muerto. Pidió permiso para hacer un rato de duelo junto a su familia, pero la jueza de turno Laura Varela se lo negó con un tecnicismo: la letra de la ley sólo obliga a concederlo para asistir al funeral o al entierro. Luque retiró discretamente de la celda su colchón, caminó hasta los barrotes cercanos que cierran el pabellón, frente a la celaduría de la peor de las seis cárceles correntinas, y lo prendió fuego. La reacción de los penitenciarios, un castigo impiadoso, encendió la ira de los internos. “Sabemos que pegan, pero por lo menos que no lo hagan adelante nuestro”, es el lema de los reos. Respondieron con cascotes contra los guardias, desatando la represión más feroz de la historia carcelaria de Corrientes.
“El primer señor que salió tenía la cabeza partida, te lo juro por mis dos hijos: un señor mayor con la cabeza partida a la mitad.” Apostada desde las siete de la tarde de aquél sábado 14 de enero frente a la cárcel, con su marido del lado de adentro, Ester vio desatarse la cacería; lo que pasaba a su alrededor lo había visto sólo en la televisión. “Era como el recuerdo de una guerra. Los heridos salían tan mal que no se los reconocía, y no te dejaban acercarte. Como yo le explicaba a uno de esos hombres: yo no quiero llevarle a ningún lado, quiero verle, saber si es mi marido. No pido otra cosa”, le cuenta a Miradas al Sur. En el pico represivo, Ester contó por reloj una hora y media ininterrumpida de disparos. Detonaciones que para ella, como para otras mujeres que montaron la vigilia, también eran de balas de plomo (algunos presos mencionan en sus declaraciones casquillos de calibre 22). “Yo vi cómo sacaban a un muchacho de no más de 25 años con un agujero en el pecho. ¿Vos sabés lo que es presenciar eso?”, se pregunta Ester, angustiada.
Miriam –ambos nombres han sido cambiados para preservar a sus parientes presos– también identificó el rumor del plomo. Vive a pocas cuadras del puente Corrientes-Chaco, donde se levanta el presidio, una construcción centenaria, de fortín, que originalmente tenía 8 pabellones y capacidad para 80 personas, y ahora tiene 11 pabellones, algunos anexos, y una población de 450 presos. El ulular de tanta sirena la convocó con un mal presentimiento. En diálogo telefónico con este diario, confirmó con tres palabras que no se equivocaba: “Entraron a matar”.
Miriam vio cómo se desplegaban las fuerzas represivas. A los guardias penitenciarios se sumaron unos doscientos hombres de dos grupos especiales. El Etop (Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias), que registra desde su creación denuncias por torturas y agresión. Entran vestidos de negro, bien pertrechados, casi siempre con máscaras. Y el PAR (Policía de Alto Riesgo), la división antimotines de la policía de Corrientes.
Los policías, que no conocen las instalaciones, tiraron gases a través de las rejas a pabellones sin salida. En la desesperación, los presos rompieron paredes para escapar de la asfixia. “Por eso, el PAR rompe los candados, porque estaban encerrados, y los va sacando de a uno, atontados, y ahí es cuando con esta crueldad y violencia los apalean ferozmente, inmovilizados contra el piso vino esa descarga de balas de goma a menos de un metro”, cuenta Hilda Presman, integrante de la Red Provincial por los DD.HH. que trabaja hace muchos años con los presos. Cuando se acabaron las municiones, policías y carceleros apelaron a las facas. Los cortes, en codos y tobillos, prácticamente descartan la célebre teoría de una pelea entre presos. Fue la policía –cree Presman– la que incorporó a la faena un elemento novedoso: las picanas de mano que se utilizan para arrear el ganado.
Durante toda la madrugada, 10 o 15 internos fueron retirados en ambulancias, con heridas graves. Uno de ellos perdió un ojo. Al último se lo llevaron con el sol del domingo, con convulsiones y el tabique quebrado. El martirio siguió en el área de Sanidad del penal: los reos denunciaron que los propios enfermeros les pegaban en las heridas.
“Nosotros estimamos que alrededor de 100 personas están heridas. Con los antecedentes de la primera tanda, pasaron por Sanidad alrededor de 50. Otros ni se acercaron a la enfermería, por eso el control de médicos externos sigue siendo prioritario”, agrega Presman.

La regla
La violencia intramuros no es una rareza. Las muertes y los suicidios extraños alcanzan números escandalosos. La violencia de los carceleros en penales bonaerenses y mendocinos ha merecido sentencias condenatorias al país de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Entre enero de 2009 y marzo de 2011, la Procuración Penitenciaria contabilizó 90 muertes en cárceles federales, y sólo de enero a agosto de 2011, documentó 351 casos de torturas y malos tratos.
Pero la masividad y la saña de la represión en Corrientes, donde hay apenas más de mil reos, tiene su correlato más evidente en las requisas de la dictadura. “Cuando actúan los grupos especiales, la violencia tiene estas características. Pero son hechos focalizados, sobre un pabellón o un preso. Esta vez fue masivo y cruel”, relata Presman.
En un mes de vacaciones, el operativo fue conducido o presenciado por todos los vices. El gobernador correntino, Ricardo Colombi, y el comisario retirado que dirige el Servicio Penitenciario, Miguel Ángel Domínguez, estaban de licencia. Tampoco estaban en funciones el director del Penal, Roque Romero, ni el ministro de Gobierno Gustavo Valdés. Sí estuvieron el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, de 10 a 11 de la noche, y toda la sesión, siguiendo la paliza muy de cerca, el subsecretario de Gobierno Luis Bravo, quien consideró que el episodio estuvo “tendenciosamente manejado, con la intención de jaquear el gobierno”, y acusó a Presman de “fogonear desde afuera” el amotinamiento. Bravo sólo fue quitado de su rol de intermediario con los presos y el subdirector de la Unidad, Gustavo López, presuntamente removido, aunque “no tenemos garantía de que sea desplazamiento efectivo”, dice Presman.
Las denuncias de los presos fueron desestimadas en cuestión de horas por la jueza Varela. Adujo cuestiones de forma, pero el abogado de la Red Provincial por los DD.HH. no pudo tomar contacto con los presos. Y las denuncias de los familiares tienen un rumbo incierto.
Si el relato de los presos no alcanzara, si el recuerdo intacto de los familiares no fuera suficiente, quedan las fotos que acompañan esta nota y el expediente judicial. Una espalda cruzada por más de diez machetazos, como trazada al azar por un nene con acuarela roja; un torso tatuado con una herida en cruz que semeja latigazos; un tajo hondo y ensangrentado, de faca, debajo de una tetilla; una nariz, un pómulo y una frente moradas; un ojo en compota, a punto de explotar. Souvenirs macabros de un verdadero safari humano.

Muerte dudosa
David Dubra fue sacado de la cárcel los primeros días de enero, y paseado cinco días sin saber donde estuvo. Al día siguiente al que lo devolvieron, se ahorcó. Fue en la Unidad 6 de máxima seguridad de Rawson, a 1.500 kilómetros de su casa. El caso es confuso. Un tiempo antes, David había descripto en un valioso alegato “la indiferencia y el abandono” del encierro, condiciones que se replican en casi todo el país. Fue su último correo electrónico, al que accedió Miradas al Sur: “Aquí el modelo de rehabilitación que se aplica son los palos, los engomes (encerrados en una celda) y ante tantas injusticias que uno tiene que bancar siempre va a haber quien reaccione mal, y es ahí adonde aprovechan (…). A tomar la excusa para dejar a los otros 29 presos encerrados en su celda por 3, 4 ó 10 días; privado de comunicación telefónica, defecando en bolsas y orinando en botellas. Con suerte te bañas 1 vez cada 2 ó 3 días (…) Desde que vine pedí atención psicológica y aún estoy esperando”. David enfatizaba la indefensión. “No existe un organismo que regule estas atrocidades y nos proteja. Procuración Penitenciaria apenas hace lo que puede y están saturados de casos. Las defensorías oficiales directamente no existen”, y se preguntaba: “¿Quién nos protege?”. Al final de su mensaje, cuyos fragmentos publica este diario, David hablaba de una utopía que ya no será posible. “No sé si hay muchos que estén aquí interesados que esto cambie para mejor. Pero yo soy uno, y estoy seguro de que debe haber muchos más. Sólo hay que despertarlos”.

Cinco años

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 08 Jan 2012 21:47:00 +0000

El blog de Data Chaco cumple este mes cinco años. Nació con el propósito de debatir sobre el papel de la prensa, un poco antes de empezar a discutirse en el país la ley de medios. En estas tierras no hay asuntos ideológicos ni políticos ni de poder que confrontar. La cuestión central aquí es solamente la publicidad oficial, mientras una nueva generación de periodistas, la mayoría de ellos egresados de la Universidad, no sabe qué es hacer periodismo.

Por Data Chaco. El blog de Data Chaco nació hace cinco años con un propósito muy claro: aportar al debate sobre el papel de los medios de prensa provinciales, que, desde los años dorados del rozismo (1995-1999-2003), no paran de profundizar su desprestigio y decadencia.

Se sabe que gran parte de las noticias que se editan hoy en los diarios y en Internet son informaciones extraídas de los boletines de prensa oficiales, que llegan a las páginas y a los sitios a través del “copiar y pegar”, devenido en la herramienta crucial en el periodismo escrito.

La nueva generación de periodistas, la mayoría de ellos egresados de la Universidad, no sabe qué es hacer periodismo. Actualmente en la Redacción, el trabajo de los editores consiste en revisar todos los días el sinnúmero de mails que les envían desde cada repartición provincial y municipal, y coordinar con los periodistas el trabajo de copiar y pegar. Nada más.

De todas las páginas de un diario, la tapa es lo único que se elabora; casi todo lo demás está hecho de antemano, casi siempre por gente que desconoce el oficio de escribir una noticia y, lo que es peor, las normas básicas de la ortografía y la gramática.

Los sitios de noticias de Internet son un claro ejemplo del estado de decadencia de la profesión. Allí abundan abominaciones periodísticas, atentados contra el lenguaje y una devoción por lo berreta que alarma.

Al menos desde 2009, cuando se inició el debate por la ley de medios, la no pocas veces virulenta discusión sobre el periodismo en la Argentina sirvió para desenmascarar a la corporación periodística, que, en nombre de la libertad de expresión, defiende intereses muy ajenos a la tarea de informar. Consagrados periodistas, muchos de ellos encaramados durante años como auténticos próceres de la profesión, mostraron sus verdaderos rostros apenas el poder político nacional puso bajo amenaza las desmesuras y abusos de poder de sus patrones.

En estas tierras, el debate pasa por otras cuestiones. Acá no hay asuntos ideológicos ni políticos ni de poder que confrontar. La mayoría de los periodistas “consagrados” son personajes osados, sin formación y capaces de todo con tal de mantener una especie de statu quo farandulero, y los diarios de mayor circulación no son más que folletos de publicidad comercial con reportes gubernamentales y policiales.

La cuestión central aquí es solamente la recaudación por publicidad del Estado, dinero que llega en abundancia a los bolsillos de los propietarios de los medios y con cuentagotas a gran parte de los trabajadores. Si bien hay una camada de periodistas con escasa formación técnica pululando en el ambiente, nada de eso justifica que se pague la mitad de un salario mínimo, en negro y sin ningún tipo de contrato laboral. En rigor, nada justifica los abusos de los empresarios, la mayoría de ellos astutos violadores de las leyes con buenos contactos políticos.

Por todo esto, a cinco años de su nacimiento y con algunos cambios de diseño, Data Chaco reafirma su propósito de seguir aportando en el blog al debate sobre el papel del periodismo, con la convicción de que es necesario que las Redacciones entren en estado deliberativo acerca del ejercicio de la profesión, incluyendo a los sindicatos que representan a los periodistas, los que, por ahora, no dieron muestras de interés por participar activamente de las discusiones.

La Otan asesinó a Gadafi

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sat, 22 Oct 2011 22:21:00 +0000

Gadafi fue responsable de crímenes de lesa humanidad y debió ser juzgado por ellos. Pero, ¿quién juzgará el crimen de guerra de la Otan, apoyada por Obama y el premier israelí, de asesinarlo? Lo de Libia, lejos de ser una ‘primavera árabe’ producto de un levantamiento civil y popular, fue un tsunami occidental que arrasó en nueve meses.

Por Suhail Hani Daher Akerl (*). Si bien el coronel Gadafi comenzó a los 27 años una verdadera revolución socialista y popular, con el paso de los 42 años de su cinética gestión, su poder acumulado lo perturbó y lo llevó a errores históricos en el frente interno; con los países árabes: con la causa palestina, que quiso capitalizar buscando matar a Yasser Arafat y con Occidente. Con estos últimos, en su etapa final se asoció y fue recibido con alfombras rojas, abrazado y besado por todos los líderes de la Otan y por el propio presidente Barack Obama, quienes luego no dudaron en traicionarlo y llevarlo a la muerte para desestabilizar Libia y quedarse con su petróleo, al igual que lo hicieron oportunamente con Irak y con Afganistán para administrar su gas.
No hay nada que festejar y mucho que repensar. Los aviones aliados de la Organización del Tratado Atlántico Norte (Otan) atacaron a un convoy militar en las cercanía de la ciudad libia de Sirte, hiriendo gravemente a Muamar Gadafi. Según fuentes aseguraron que “Aproximadamente a las 8.30 hora local (6.30 GMT) del 20 de octubre, aviones de la Otan atacaron a dos vehículos militares de las fuerzas leales a Gadafi que formaban parte de un grupo más amplio que se movía en la vecindad de Sirte, en la que se encontraba Gadafi”.
En su disputa por la muerte. Perversos. Los rebeldes libios del Consejo Nacional de Transición (CNT), servil y armados por EE. UU. e Israel, también se adjudicaron haberlo matado. Su portavoz Abdel Hafez Ghoga, en la ciudad oriental libia de Bengazi, gozoso, aseguró: “Es un momento histórico. Es el fin de la tiranía y la dictadura. Gadafi ha cumplido su destino. Fue confirmado por nuestros comandantes sobre el terreno en Sirte, quienes lo capturaron después de haber sido herido en la batalla”.
Las agoreras voces de Occidente y de los regímenes árabes fueron de satisfacción frente a la inicua muerte en manos de una operación colonial disfrazada de contribución a la libertad de un pueblo.
Contradictorio. El presidente estadounidense Barack Hussein Obama, que se limita a guerrear abiertamente por ser portador del Premio Nobel de la Paz, convirtió a la Otan en su brazo armado para imponer la resbaladiza resolución 1973 (17/3/2011) del Consejo de Seguridad de la ONU, de “crear una zona de exclusión aérea” que permitiera arteramente invadir Libia. Resolución, sin sorpresas, apoyada por la Liga de los Estados Árabes.
Compulsivo seguidor de estos crímenes desde su aparato de TV, como en el caso de Osama bin Laden, el presidente Obama expresó: “Hoy, definitivamente podemos decir que el régimen de Gadafi ha llegado a su fin… El pueblo libio ahora tiene la oportunidad de determinar su propio destino y su democracia”. Autorizando a su secretaria de Estado, Hilary Clinton, a enviar 11 millones de dólares de ayuda adicional para el CNT, aumentado a 135 millones desde que comenzó en febrero, la supuesta ‘Primavera árabe de Libia’. Contribución transformada en armas que dio lugar al desenfrenado horror inter-libio.
Entre otras tantas expresiones espantosas ante la muerte de un ser humano. Con su mejor estilo jocoso, el premier italiano Silvio Berlusconi, que hace un año beso públicamente las manos de Gadafi en Roma y le preparó una de sus fiestas exóticas, no escatimó en enviar sus aviones de aporte a la Otan para bombardear Libia y profetizó tras la muerte de su examigo “Sic transit gloria mundi (así pasa la gloria del mundo)”.
No era para titubear. Tanto para Estados Unidos como para Europa, era mejor un Gadafi muerto que un Gadafi vivo y juzgado que sacaría a la luz todos los obscenos grandes acuerdos con ellos a lo largo de su ambivalente gobierno.
Lo insólito e inesperado fue lo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quizás, para aumentar sus relaciones carnales con Estados Unidos o su mira en algún eslabón de la ONU, sin remordimiento declaró: “La prioridad ahora debe ser la reconstrucción… Libia está pasando por un proceso de transformación democrática, eso no significa que conmemoremos la muerte de un líder, cualquiera que sea. El hecho es estar en un proceso democrático, algo que todo el mundo debe apoyar” .
No hay dudas de que formaba parte del staff de los regímenes presidencialistas y monárquicos árabes antidemocráticos, incluyendo el régimen de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo titular Mahmoud Abbas, finalizó su mandato el 9 de enero de 2009 y desde el poder borró las ejemplares elecciones democráticas palestinas. Además de solidarizarse en los momentos álgidos con los dictadores destituidos por sus pueblos, el tunecino Zini el-Abedine Ben Ali y el egipcio Hosni Mubarak.
Gadafi fue de crímenes de lesa humanidad y debió ser juzgado por ellos. Pero, ¿quién juzgará el crimen de guerra de la Otan, apoyada por Obama y el premier israelí Benjamín Netanyahu, de asesinar a Gadafi? ¿Habra quien juzgue a los líderes rebeldes de la CNT, por su crímenes contra sus propios hermanos libios embriagados por el poder que no los diferencia de quien mataron? Preguntas que solo quedaran en el interrogante y se desarrollaran en la impunidad de los hechos.
Igual que cuando asesinaron al presidente iraquí Saddam Hussein, mediante un juicio ilegal llevándolo a la horca, los regímenes árabes callaron y lo avalaron como hoy lo repiten con la muerte de Gadafi. Su silencio ante este nuevo crimen, no solo con él, sino con los miles de muertos civiles libios asesinados por los misiles de la Otan, es realmente preocupante. Su complicidad con la injerencia extranjera dentro de sus propios países árabes a cambió de mantener vivos sus regímenes aumentan el sufrimiento, estrangulan los derechos de sus pueblos árabes a la democracia y los llevan a sinuosos caminos similares a estos.
Lejos de ser una ‘primavera árabe’ producto de un levantamiento civil y popular, fue un tsunami occidental que arrasó a Libia en nueve meses y viene desestabilizando los pueblos árabes. Les crea dependencias y prohíben su libertad como es el caso que sufre el pueblo palestino bajo la ocupación sionista israelí desde hace 63 años. No serán para Libia tiempos fáciles de aquí en más. Como no lo fue para Irak pos-Hussein, como no lo es para Palestina, Siria y resto del universo popular árabe.
Si algo subsiste por rescatar de su controvertida imagen, Gadafi, predijo que se quedaría en Libia y sería mártir. Cumplió su palabra.

(*) Primer embajador del Estado de Palestina en la Argentina.

El pacto de la censura

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Wed, 05 Oct 2011 14:59:00 +0000

El poder absoluto, su modo de censurar, puede ser sacramental, mafioso o gubernamental; en todos los casos, poco importan las sutilezas. Recordemos la Santa Inquisición, El padrino o el 30 de agosto de 1980, cuando los monjes negros de la dictadura mandaron a quemar un millón de libros. La censura puede también practicarse mediante un recurso judicial o de modo encubierto, como la del Grupo Clarín en contra de El pacto.

Por Vicente Battista, Miradas al Sur. El 22 de junio de 1633, Galileo Galilei se presenta ante el Tribunal Supremo de la Santa Inquisición. Trescientos veinte años después, el 18 de diciembre de 1953, en el Piccolo Teatro di Milano, bajo la dirección de Giorgio Strehler, se estrena Galileo Galilei, la pieza dramática que Bertolt Brecht escribiera en 1938, durante su exilio en Dinamarca. En una de las últimas escenas de la obra hay tres personajes íntimamente ligados a Galilei: Virginia, su hija; Ferderzoni, su amigo, y Andrea Sarti, su joven discípulo. El trío aguarda el resultado de la audiencia inquisitoria a la que fuera llevado el científico: dan por hecho que Galilei no abjurará de sus teorías. “Ahora comienza realmente la era del saber. Ésta es la hora de su nacimiento. Pensad: si él se hubiera retractado –asegura Ferderzoni–, hubiese sido como si después del amanecer llegara de nuevo la noche”. Por su parte, Andrea proclama: “Hoy todo es distinto. El hombre, el martirizado, levanta su cabeza y dice: yo puedo vivir. Tanto se ha ganado cuando sólo uno se levanta y dice: ¡no!”. En medio del júbilo se oye el sonido de las campanas y Virginia advierte: “¡La campana de San Marcos! ¡Lo han absuelto!”. No son palabras de felicidad, sino de angustia, porque casi de inmediato se escucha una voz que en tono monocorde recita: “Yo, Galileo Galilei, maestro de matemáticas y de física en Florencia, abjuro solemnemente lo que he enseñado, que el Sol es el centro del mundo y está inmóvil en su lugar, y que la Tierra no es centro y no está inmóvil. Yo abjuro, maldigo y abomino con honrado corazón y con fe no fingida todos esos errores y herejías, así como también todo otro error u opinión que se opongan a la Santa Iglesia”.
La Santa Inquisición sabía ejercer la censura. Contaba con treinta y siete diferentes instrumentos de tortura convertidos en eficaces métodos disuasorios. ¿Quién se atrevía a discutir atado a la Rueda para Despedazar, con el Aplastacabeza sobre el cráneo o con el Collar de Púas Punitivo sujeto al cuello? El poder absoluto, su modo de censurar, puede ser sacramental, mafioso o gubernamental; en todos los casos, poco le importan las sutilezas. Recordemos El padrino y la cabeza del pura sangre que aparece en la cama del productor artístico que se había negado a satisfacer el requerimiento de Vito Corleone, o aquel siniestro 30 de agosto de 1980, cuando los monjes negros de la dictadura ejercieron su brutal acto de censura. Así lo evocaría la Cámara Argentina del Libro: “Un grupo de camiones volcadores procedió a descargar un contenido poco frecuente: un millón y medio de libros y fascículos publicados por el Centro Editor de América Latina, secuestrados por la Policía Federal de los depósitos de la editorial por orden del juez federal de La Plata, mayor retirado De la Serna. Las fuerzas policiales rociaron con nafta la pila y le prendieron fuego. Los libros ardieron durante horas antes de quedar reducidos a cenizas. Obras de grandes escritores del país y del mundo, colecciones de historia y de ciencias, libros de poesía y enciclopedias, en fin... gran parte del maravilloso fondo editorial del Ceal se hizo literalmente humo”.
Ese millón y medio de libros quemados hizo que la furia incendiaria se multiplicase atrozmente: cada cual se transformó en su propio censor, quemaba sus propios libros, echaba a las llamas aquellos títulos que podrían ofender a los represores. El Fahrenheit 451 que imaginara Bradbury se hacía cierto en una Argentina en la que todos éramos derechos y humanos. Pero esas son cosas que suceden durante los regímenes opresores. En democracia hay modos más sutiles de censura.
El domingo 17 de mayo de 1992, nueve años después del definitivo final de la dictadura, Tato Bores conducía Tato de América, un ciclo que se emitía por Canal 13, con enorme éxito de público. Ese domingo 17, Tato iba a decir un monólogo que cuestionaba el escaso valor monetario con que la Corte Suprema de Justicia había multado a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría. La jueza tuvo noticia de ese monólogo, presentó un recurso y logró que fuera censurado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Esa intempestiva actitud tuvo inmediata respuesta por parte de un importante número de personalidades del periodismo, el arte y la cultura. Desde uno de los estudios de Canal 13 acompañaron a Tato Bores, entonando un estribillo que se haría célebre: “La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay”. Entre quienes lo tarareaban se podía oír a Bernardo Neustadt, a Mariano Grondona y a Magdalena Ruiz Guiñazú.
No es preciso hacer un gran ejercicio de memoria para recordar que durante los años de la dictadura, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona conducían un programa de televisión que se complacía en adular a los militares torturadores. Por su parte, Magdalena Ruiz Guiñazú estaba al frente de un ciclo en radio Continental que mañana de por medio elogiaba a Martínez de Hoz y que, precisamente en agosto de 1980, se refirió a la censura. Esto le dijo Ruiz Guiñazú al general verdugo Albano Harguindeguy: “No queremos que usted crea, señor ministro, que éstas son acusaciones en contra suyo. Son simplemente comentarios que le hacemos para que sepa qué es lo que se dice, qué es lo que se piensa”. Por lo que sé, ninguno de los tres valerosos enemigos de la censura dijeron una sola palabra acerca del millón y medio de libros que ardieron sin descanso en un descampado de Sarandí.
No hay que alarmarse, en democracia todo es posible. La censura puede practicarse mediante un recurso judicial o de modo encubierto, como la que en estos días se habría producido desde el Grupo Clarín en contra de El pacto, una serie televisiva en proceso de filmación y, esencialmente, en contra de uno de los actores de esa serie: el que en la ficción le daba vida al CEO del grupo cuestionado. El referido actor tuvo menos dudas que Hamlet, el príncipe de Dinamarca que en estos días también interpreta, y presentó su renuncia. En tanto, aún no he visto ni oído que Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona, Adepa y la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados se hayan pronunciado en torno de este posible acto de censura.
Volvamos por un instante a la pieza de Bertolt Brecht. No bien se escuchan las últimas palabras de la retractación de Galilei, Andrea Sarti, su discípulo, grita: “¡Desgraciada es la tierra que no tiene héroes!” y de inmediato Galileo Galilei corrige: “Desgraciada es la tierra que necesita héroes”.
Hombre de teatro y conocedor de la obra de Brecht, ¿Mike Amigorena habrá pensado lo mismo cuando decidió abandonar su personaje en El pacto?

Guerra colonial contra Libia

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Thu, 25 Aug 2011 13:16:00 +0000

La perversión de llamar “guerra civil” a lo que sucede en Libia demuestra cómo se convirtió una intervención colonial en una “rebelión” interna. La realidad es que el país soporta desde mediados de marzo los bombardeos salvajes de la Otan. Muerte y destrucción para abrir camino a la supuesta “rebelión” popular contra Gadafi. Las potencias ya se han apropiado de los dineros del Estado libio. Nadie puede dudar de que estos “rebeldes” jamás representaron al pueblo.

Por Stella Calloni, Télam. La perversión de agencias estadounidenses y europeas y sus subordinados en el mundo al llamar “guerra civil” a lo que está sucediendo en Libia, demuestra cómo se convirtió una intervención colonial contra un país, del que Estados Unidos y sus socios quieren apoderarse por diversas razones de intereses, en una “rebelión” interna que “humanitariamente” debía ser ayudada.

La realidad es que el pueblo libio soporta desde mediados de marzo los bombardeos salvajes de la Organización del Atlántico Norte (Otan), contra un país de casi seis millones de habitantes, considerando que una buena parte de ese territorio es desierto.

Muerte y destrucción han producido los bombardeos en todo el país, para abrir camino a los mercenarios que fueron desde el principio el motor de la supuesta “rebelión” del pueblo contra Muamar el Gadafi.

No existe ninguna imagen de aquella rebelión “popular”, ni de la “excusa” -los supuestos “bombardeos de Gadafi contra la población civil”- con que ampararon una intervención brutal en pleno siglo XXI.

Entretanto, esa población civil está siendo masacrada por sus “protectores” de la Otan y sus hogares, escuelas, centros de alimentación, laboratorios medicinales, universidades, hospitales, todo destruido.

Nadie puede desconocer los avances producidos en Libia después que Gadafi encabezara la rebelión que terminó con una monarquía colonial y con el status de colonia que tenía ese país en 1969.

Todo ese esfuerzo está siendo demolido, mientras siembran ese territorio con uranio empobrecido, lo que significa un desastre humano y ecológico para el futuro.

La resolución 1973 adoptada por Naciones Unidas el 17 de marzo de este año para establecer un supuesto bloqueo aéreo en Libia, tenía como única finalidad impedir al gobierno de ese país soberano defenderse. Esa resolución se tomó sin escuchar lo que los observadores directos tenían que decir.

Se aseguraban así de que Libia no tuviera defensa aérea. Y se puede anotar como una derrota moral que ese país haya resistido durante casi seis meses los bombardeos, dejando en evidencia que los tales “rebeldes” sin la Otan no existen.

Basta ver una fotografía que circuló en las últimas horas y publicaron algunos medios, mostrando supuestos “opositores libios” cuyo físico, vestimenta y armamento los asimila a los típicos mercenarios que las potencias llevaron a esa región, para tener una dimensión de la verdad que ocultan los medios.

Para poder comenzar y sostener la intervención, Estados Unidos y sus asociados utilizaron los medios masivos de comunicación en el mundo, que en realidad están bajo su control militar y de seguridad.

En este caso contaron también con la colaboración interesada o desinteresada, pero cumpliendo el mismo objetivo, de algunos periodistas e intelectuales considerados “progresistas”, que fueron cómplices de esta intervención y de la red de mentiras que se utilizó para justificarla.

Ahora estos esperan para justificarse ellos mismos, que gane la Otan y cuente la historia de los vencedores sobre “las horribles violaciones de los derechos humanos cometidas” por el gobierno libio para encubrir lo que hacen los mercenarios y las tropas invasoras. Como lo hicieron en Afganistán, Irak o mucho antes.

¿Olvidaron tan prontamente a los “contra” nicaragüenses cuando atacaban desde las bases de Estados Unidos en Honduras a la Nicaragua sandinista, destruyendo aldeas, matando, torturando, violando a mujeres y niñas? Ronald Reagan les llamaba entonces “los combatientes de la libertad”.

Llamar “rebeldes” a grupos de mercenarios manejados por la CIA y sus asociados, es faltar el respeto a los rebeldes reales que luchan en el mundo por su liberación. El pueblo y el gobierno libio no sólo tenían el derecho, sino la obligación de defenderse. Cualquier país del mundo bajo ataque extranjero tiene el deber de hacerlo.

Si logran quedarse con Libia para transformar el país en “una nueva Somalia” como denunció el pasado 19 de agosto el portavoz del Gobierno libio, Mussa Ibrahim, ante el incremento de los bombardeos de la Otan, todos los países del mundo quedan en la desprotección total.

Con el añadido de que un fiscal argentino de la Corte Penal Internacional (CPI) quiere condenar a Gadafi, mientras ampara las criminales intervenciones y el genocidio de Afganistán e Irak.

Somalia es un país sin gobierno, con una crisis alimentaria, y es lo que pretenden hacer de Libia las potencias occidentales al continuar los ataques "mientras nosotros trabajamos planes de paz" recordó también el vocero libio (Telesur 19-8-11).

La capital de ese país está sufriendo en los últimos días una nueva oleada de ataques de la alianza imperial que causaron docenas de muertos y heridos.

Las autoridades advirtieron el 19 de agosto pasado que los bombardeos se incrementarían en días previos al aniversario 42 de la llamada Revolución Verde, que encabezó Gadafi el 1 de septiembre de 1969.

A esta altura de los acontecimientos, cuando las potencias se han apropiado de los dineros del Estado libio, incluso han instalado en Washington una embajada del llamado Consejo de Transición, lo que nunca antes había sucedido, nadie puede dudar de que estos “rebeldes” jamás representaron al pueblo libio. De hecho antes de controlar territorio alguno, los “rebeldes” crearon el Banco Central de Benghazi. ¿Existe algo similar en la historia?

Bajo la criminología mediática

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Wed, 03 Aug 2011 15:00:00 +0000

El caso del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni sobre denuncias periodísticas de que en departamentos suyos se ejercería el trabajo sexual constituye una campaña de difamación articulada por la prensa, de la que no sería ajeno un alto dignatario de la Iglesia, según un artículo de Miradas al Sur.

Además | Audio: 03.08.11. Raúl Zaffaroni, con Víctor Hugo Morales. Radio Continental.

Por Ricardo Ragendorfer, Miradas al Sur. El truco es simple: si en el lapso de sesenta minutos se emite una y otra vez por TV la noticia sobre un remisero asesinado en algún arrabal del Gran Buenos Aires, la señora de Barrio Norte termina imaginando que la vereda de su hogar esta tapizada con cadáveres. Ese método también es útil para pulverizar la reputación de una persona, así como lo demostró el escritor alemán Heinrich Böll en su libro Die verlorene Ehere der Katharina Blum (El honor perdido de Katharina Blum / 1974), cuyo tema central son las campañas de difamación articuladas por la prensa amarilla. El caso del juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni –sobre denuncias periodísticas de que en departamentos suyos se ejercería el trabajo sexual– constituye una muestra palmaria de semejante dialéctica. Una dialéctica de la que –al menos, en esta ocasión– no sería ajeno un alto dignatario de la Iglesia.

El tema fue instalado esta semana por la editorial Perfil –a través de su sitio Perfil.com y el diario Libre–, y obtuvo un amplio rebote en otros medios. En paralelo, La Alameda, una ONG contra la trata de personas, decidió con suma premura llevar el tema a la Justicia. En el aspecto fáctico, el asunto fue descomprimido por el propio Zaffaroni, al declarar públicamente que él no suele firmar contratos de locación ni conoce a sus inquilinos, puesto que la administración de sus propiedades está a cargo de “un apoderado y la inmobiliaria que los alquila”. Sin embargo, ello no atenuó el hostigamiento contra su persona.

En la novela de Böll, el personaje principal es una mujer común e intrascendente que pasa una noche con alguien, sin saber que es un prófugo del grupo armado Baader-Meinhof. Ese dato, en manos de un reportero que manipula la verdadera raíz de los hechos, termina por hacer añicos su vida privada. El fugitivo había pasado a un segundo plano; ahora era ella quien copaba la escena, y sólo por aquella involuntaria circunstancia. Es que el universo de la comunicación posee su propio sistema punitivo: la criminología mediática, como, justamente, la llama Zaffaroni.

En el episodio que tanto escandaliza a la revista Libre y a La Alameda, poco importa si en los departamentos aludidos había realmente mujeres sometidas a un régimen de esclavitud. Y de ser así, tampoco parece necesario determinar en poder de quiénes estaban sometidas. Por el contrario, la clave pública del asunto fue puntualmente depositada en la identidad del locatario; o sea: Zaffaroni. “¿Sabía Zaffaroni lo que pasaba en sus inmuebles”, se pregunta ahora el espíritu público. “¿Usted sabía eso?”, le preguntan los los movileros a Zaffaroni, cada vez que entra o sale de su casa. También lo llaman a toda hora. Y con idéntica insistencia, importunan a sus colaboradores y vecinos. La criminología mediática ha pasado a la acción.

Asombra, en cambio, el papel de La Alameda. Y que en nombre de su lucha contra el tráfico de mujeres participe de esta maniobra. Asombra porque hubo un tiempo en el cual La Alameda tuvo una función política muy importante por sus escraches a proxenetas y talleres textiles clandestinos. Sin embargo, a partir de 2008 los objetivos de sus militantes –encabezados por Gustavo Vera– se enrarecieron, al punto de haber incluido en su nómina de blancos a las trabajadoras sexuales independientes. Ese giro estratégico coincide con los orígenes de su vínculo con el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.

Dicen que el hombre que aportó el contacto entre éste y La Alameda fue el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Garbois. Lo cierto es que desde entonces, esa ONG se transformó en una suerte de Ucep al servicio del Señor. Tanto es así que, en consonancia con la tirria eclesiástica hacia la despenalización del consumo de marihuana, uno de sus dirigentes no dudó sugerir que la revista canábica THC era financiada por el narcotráfico internacional. La Alameda también supo fustigar a otro dilecto enemigo de Bergoglio: el periodista Horacio Verbitsky. La razón: en un congreso del Cels no fue chequeda la trayectoria del representante de la comunidad boliviana, Alfredo Ayala, un sujeto muy cuestionado por La Alameda. Ahora –ya se sabe– es el turno de Zaffaroni.

Es curioso: en 1989, al entonces juez de la Corte Augusto Belluscio se le cayó en París una amante por la ventana. Nadie dijo nada.

Qué pasa en Ledesma

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 31 Jul 2011 17:08:00 +0000

El 27 de julio de 1976, los camiones del Ejército, de la Gendarmería y del Ingenio Ledesma salieron a cazar obreros y militantes amparados en la noche. Tomaron la precaución de cortar el suministro eléctrico. En la madrugada de este 28 de julio, como si se tratara de hacer memoria deliberada a favor del terrorismo de Estado, tropas policiales de choque cargaron sobre centenares de pobladores que estaban asentados en tierras de los Blaquier.

Por Eduardo Anguita, Miradas al Sur. Las coincidencias son estremecedoras. Treinta y cinco años atrás, los camiones del Ejército, de la Gendarmería y del Ingenio Ledesma salieron a cazar obreros y militantes amparados en la noche. Tomaron la precaución de cortar el suministro eléctrico. Fue un 27 de julio de 1976. Cuatrocientas personas fueron a parar a un campo de concentración improvisado en terrenos del Ledesma. En la madrugada de este 28 de julio, como si se tratara de hacer memoria deliberada a favor del terrorismo de Estado, tropas policiales de choque, tanto de infantería como de caballería, cargaron sobre centenares de pobladores que estaban asentados en tierras del Ledesma. El interlocutor entre las autoridades provinciales, los asentados y la empresa, esta vez, era Jorge Ale, el intendente de Libertador General San Martín, el pueblo enclavado en el latifundio de Pedro Blaquier, el dueño de Ledesma. La carga policial truncó ese diálogo. La represión sólo se amparaba de modo patético en la orden de desalojo firmada por un juez seis días antes. El juez Jorge Samman, refugiado en la inviolable feria judicial, salió de escena al día siguiente y la dejó subir a tablas a la jueza subrogante Carolina Pérez Rojas. Apenas un papel con la endeble firma de un juez tránsfuga es todo el andamiaje legal para tratar de esconder esta celebración de la macabra Noche del Apagón, que dejó medio centenar de desaparecidos. En aquella oportunidad, la figura fuerte era Luis Aredez, médico cordobés, instalado en Libertador General San Martín y electo intendente el 11 de marzo de 1973. Aredez tuvo la ocurrencia de enfrentar a Goliat para disminuir la mortalidad infantil: decidió crear una tasa municipal que debía pagar la única empresa del lugar, Ledesma. El plan funcionó bien, hasta que Aredez fue echado por la dictadura cívico militar. El médico y ex intendente fue una de las víctimas de la Noche del Apagón, lo mandaron preso a la cárcel de La Plata y cuando salió volvió al pueblo, a su casa, con su mujer y sus hijos. Pero luego lo secuestraron y Olga, su mujer, marchó por la plaza del pueblo en solitario miles de jueves. El terror en Libertador General San Martín siempre fue inmenso. Pasados 35 años, Ledesma tiene 160 mil hectáreas alrededor del pueblo y modernísimas plantas de elaboración de azúcar, papel y biocombustible. La impunidad sobre los crímenes en Ledesma es de una oscuridad tan dura como el corte de electricidad de aquel feroz 27 de julio. Un reciente informe de la Procuración General de la Nación dice: “El 15 de mayo de 2009 se solicitó la detención e indagatorias de 43 imputados en el marco de la causa 195/09, acusados por el secuestro de personas conducidas al centro clandestino de detención Guerrero. Muchas de las víctimas se desempeñaban como empleados de la Empresa Ledesma SA y otras estaban domiciliadas o eran oriundas de la localidad de Calilegua o de algún otro punto del departamento Ledesma. La acumulación de las causas se efectivizó el 14 de julio de 2009. Sin embargo, la falta de medidas durante más de un año por parte del juez federal subrogante Jorge Olivera Pastor respecto de este pedido condujo a que, el 11 de mayo de 2010, la fiscalía presentara un pronto despacho, que fue rechazado por el juez. De los 43 imputados requeridos, 16 están fallecidos. Respecto de los 27 restantes, sólo se indagó y procesó a dos (Rafael Braga y Luciano Menéndez). La indagatoria de Braga se llevó a cabo el 19/8/2009 y el procesamiento recién un año después (8/11/2010). Actualmente, se encuentra en Cámara para resolver los recursos presentados por las partes desde noviembre de 2010. Menéndez fue indagado el 4 de marzo de 2011 y procesado el 15 de marzo de 2011”. Uno de los policías jujeños más activos en el campo de concentración que funcionaba en Ledesma era Hugo Ruiz, denunciado por la agrupación Hijos de Jujuy como jefe del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se entrenan tanto los cadetes de la policía jujeña como los penitenciarios. En vez de estar preso, Ruiz se dedicó por años a enseñar lo que aprendió en dictadura.

Carlos Pedro Blaquier. El dueño de Ledesma es un hombre muy ilustrado, con títulos de filósofo y abogado, con una colección privada de arte que está entre las mayores del país. Publicó un libro con el presuntuoso nombre de Manual de Historia Argentina, que empieza con la llegada de los españoles a estas tierras que, por entonces, no eran la Argentina. Confeso admirador de Julio Roca, dice en un pasaje: “Los indios sometidos por Roca no solamente fueron usurpadores, sino también genocidas, a pesar de lo cual el tratamiento que se dio a los que se sometieron voluntariamente fue muy generoso”.

Es uno de los varios multimillonarios influyentes de la Argentina que recibe a todos los embajadores y promotores de la alta cultura en su mansión de la silenciosa calle Sucre, en San Isidro. También gusta que todos los veranos los fotógrafos puedan retratar a los siete yates que lleva a Punta del Este. Cinco son de sus hijos y los otros dos de su actual mujer y de él.

La estrella de Blaquier comenzó en 1966, cuando estaba casado con Nelly Arrieta. Apenas consumado el golpe de junio de 1966, el dictador Juan Carlos Onganía y su ministro de Economía, Jorge Salimei, dispusieron el brutal cierre de plantas azucareras en Tucumán, dejando en la calle a decenas de miles de trabajadores. Claro, la Fotia era un sindicato duro y en los planes de Onganía no estaba subsidiar a la oligarquía tucumana para que ésta consintiera a los obreros combativos en sus demandas. Fue el turno del Ledesma, propiedad de la familia Arrieta y cuyo gerente general por entonces era Blaquier. Hace unos años, en una entrevista que le dio a La Nación, dijo: “Me acuerdo de un día, hace años, que un funcionario de Ledesma me vino a contar que se había separado. Le agradecí la confianza por esta confidencia y le pregunté por qué se había distanciado de su mujer. ‘Bueno, lo hablé con mi psicoanalista y él me aconsejó que me separara’. A ese funcionario lo despedí. Porque si una persona necesita que su psicoanalista le diga lo que tiene que hacer no puede manejar una empresa”.

Lanata, contra todos

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 08 May 2011 04:04:00 +0000

Jorge Lanata, con Andy Kusnetzoff
Audio: 3.5.11. Escuchá la entrevista. Perros de la calle, radio Metro (http://www.metro951.com/).

Todo lo que toca Clarín

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Tue, 29 Mar 2011 13:24:00 +0000

Ataque a la libertad de prensa, apriete a los medios, tapa en blanco. Clarín presentó la noticia del bloqueo a su planta de impresión en tono de catástrofe nacional. El multimedios confunde aviesamente en su lucha contra el Gobierno y banaliza todo: el periodismo, la libertad de expresión, el derecho a la información. Y desprestigia a los periodistas y políticos que actúan como sus personeros.

Data Chaco. El gran escándalo que urdió Clarín por el bloqueo a su planta de impresión el domingo, presentando el hecho en tono de catástrofe nacional, es una muestra más de que la perversidad del grupo y sus adláteres no tiene límites. Clarín banaliza todo en la defensa de la posición dominante del grupo y en su ataque al gobierno de Cristina Fernández, justo cuando las encuestas ubican a la Presidenta en franco ascenso para octubre y la oposición avergüenza, sobre todo, después del fraude en las elecciones a gobernador de Chubut.

Clarín banaliza el periodismo, la libertad de expresión, el derecho a la información. Miente, opera, actúa desembozadamente cada vez que se ve afectado en sus intereses. Ya lo hizo antes con la ley de medios: durante el debate en el Congreso, desplegó una campaña aviesa con mentiras e inexactitudes y ahora se niega a cumplir la norma sancionada y con la incorporación de CN23, Telesur y Paka Paka a la grilla de canales de Cablevisión. Por si esto fuera poco, Clarín apeló a todo tipo de maniobras para impedir que la Justicia avance con la investigación de la identidad de los hijos de su directora, Ernestina Herrera de Noble. Sin embargo, se anima a denunciar con estridencia que el Gobierno no hizo nada para aplicar la legislación que impide bloqueos a la circulación de los diarios.
Clarín banaliza los hechos al presentar la protesta de empleados y sindicalistas gráficos que impidió la salida del diario del domingo como un ataque a la libertad de expresión y un apriete a los medios pergeñado por el Gobierno. Y desprestigia a los políticos y periodistas que se sumaron a la bravata editorial del multimedios. Los comentarios supuestamente sesudos y profundamente republicanos de los Morales Solá, los Lanata, los Ruiz Guiñazú, los Leuco, los Castro, los Majul, fantoches del grupo, son nada más que fragmentos del infame libreto de Clarín para desgastar al Gobierno a cualquier precio.
Esos personeros, junto con los Duhalde, los De Narváez, los Macri, los Carrió y todos sus acólitos, dejaron en estas horas un mensaje preocupante: cualquier protesta de trabajadores de un medio contra la patronal puede ser entendido como un ataque a la libertad de expresión y, por lo tanto, pasible de ser reprimido y castigado.
Clarín banaliza la tapa en blanco. Un recurso que usaron algunos diarios del mundo en repudio de hechos realmente graves, como lo hizo Página 12 en los 90, cuando el entonces presidente Carlos Menem dictó el indulto para los genocidas militares de la última dictadura, fue utilizado por Clarín el lunes 28 ante un problema de estricta índole laboral del grupo con sus empleados, quienes denuncian persecución y falta de libertad sindical en la empresa AGR. Como dijo Víctor Hugo Morales, en su programa de radio Continental, hubiese sido mejor recordar una tapa en blanco de Clarín el día después del golpe de Estado de 1976 y no la que se encuentra en los archivos, con el título Total normalidad. Las Fuerzas Armadas ejercen el Gobierno.
Una protesta de 40 trabajadores que pasan penurias en Clarín no puede socavar las estructuras republicanas del país ni constituirse en actos de intolerancia y autoritarismo. Es un reclamo sindical que debe solucionarse en los ámbitos que corresponden. En cambio, sí es un atropello y un verdadero peligro para la democracia argentina que una corporación reclame para sí el derecho de incumplir la ley a su antojo y use su poder mediático para tergiversar los hechos impunemente en nombre de la libertad de prensa.

Otro eslabón en la trama de Clarín

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Tue, 22 Mar 2011 14:34:00 +0000

El CIJ, la agencia de noticias del Poder Judicial, jugó un papel decisivo en la orquestación de la operación de prensa de Clarín y sus adláteres contra Moyano, sobre una investigación por lavado de dinero en Suiza. Si bien nadie podría poner las manos en el fuego por el líder de la CGT, no se puede soslayar el entramado de complicidades en el tratamiento mediático del caso, que incluye a la cabeza de la justicia argentina.

Data Chaco. Está claro que el Grupo Clarín y sus adláteres aprovecharon el exhorto judicial enviado desde Suiza en el se requiere información sobre causas abiertas en el país contra Hugo Moyano y su hijo Pablo, para hacerse una verdadera panzada contra el líder de la CGT y, por extensión, contra el Gobierno nacional. Está claro también que el Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias de la justicia argentina, jugó un papel decisivo en la orquestación de la operación de prensa, lo que no sorprende si se tiene en cuenta que ese portal fue creado por el presidente de Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuyo discurso aparece siempre en sintonía con los editoriales de Clarín y La Nación, y que su directora, María Bourdin, está vinculada al empresario Daniel Hadad, enfrentado con Pablo Moyano por el Club Comunicaciones.
“Sería excesivo hablar de una conspiración. Pero demasiados enemigos del gobierno nacional y del secretario general de la CGT coincidieron el jueves y el viernes en una tentativa por enturbiar la relación y perturbar el clima político manifiesto desde los festejos del Bicentenario”, plantea sobre el tema Horacio Verbitsky, en su columna del domingo 20 en Página 12, donde apunta sin vueltas al CIJ, que bien podría definirse como un eslabón en la embestida mediática contra Moyano.
El CIJ presentó la noticia con el título Lavado de dinero: piden información sobre causas abiertas en el país contra Hugo Moyano, pese a que el exhorto, que firma la fiscal suiza María Antonella Bino, dice que “el Ministerio Público helvético abrió una causa ‘contra personas desconocidas por blanqueo de dinero’”, señala Verbitsky y agrega: “Si algún delito real estuviera en investigación, esa nota del CIJ la habría obstaculizado, al hacerla pública en forma prematura. Pero es ostensible que sólo se buscaba el impacto mediático”.
“El viernes, el fiscal Jorge Di Lello dictaminó que el juez federal Norberto Oyarbide podía responder siempre que Suiza adjuntara la información solicitada por la Cancillería argentina. Es decir, no todavía. Sin embargo, Bourdin tituló la información del CIJ en forma opuesta: ‘El fiscal Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza por causas vinculadas a Hugo Moyano’. De inmediato esa información fue reproducida por los portales de Infobae y de Clarín. Bourdin trabajó para ambos medios, en el caso de Hadad aún después de su designación en el portal creado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti”, relata Verbitsky en Página 12.
Y hay más: “Cuando Oyarbide siguió el criterio de Di Lello y reclamó a Suiza la información faltante, el CIJ no se dio por enterado. Tampoco informó el viernes sobre el procesamiento dictado en Mendoza por el juez Walter Bento contra los camaristas Luis Miret (destituido hace una semana por el Consejo de la Magistratura), Otilio Romano y Guillermo Max Petra Recabarren, como partícipes en delitos de lesa humanidad. El de esta semana no es el primer incendio generado por Bourdin, que Lorenzetti debió apagar antes de que se propagara. El 10 de mayo pasado, Bourdin llamó ‘madre adoptiva’ de un nieto recuperado a una mujer que había sido procesada como apropiadora. También en ese caso, la información fue modificada minutos después. El portal no omite en texto y video ni un suspiro del jefe de la oposición en la Justicia, Ricardo Recondo, integrante del lobby militar-judicial que en la década del 80 se formó para frenar el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad”.
Como dice Eduardo Aliverti en su columna de ayer en Página 12, “únicamente a un tarado, se le pasaría por la cabeza poner las manos en el fuego por la inocencia pecuniaria, judicial y política” de Moyano, pero solo un tarado podría soslayar el entramado de complicidades en el golpe artero de Clarín y sus adláteres, justo cuando la Justicia se pronunció a favor de una nueva prueba de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos de la directora del “gran diario argentino”.

El mapa del trabajo forzado en el campo

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 16 Jan 2011 13:51:00 +0000

Las denuncias de explotación a trabajadores rurales se multiplican a lo largo del país. Empleo en negro y condiciones de semiesclavitud, de la mano de la expansión de las fronteras agropecuarias y la concentración de la tierra.

Miradas al Sur. A poco que se busca información se multiplican las denuncias sobre hiperexplotación de trabajadores rurales a lo largo de la geografía del país: de Formosa a Salta, de Mendoza a Entre Ríos, de Buenos Aires a Misiones o Jujuy. Según el caso, fenómenos como el negreo sistemático, las condiciones de virtual esclavitud, las pésimas condiciones sanitarias o los descuentos arbitrarios sobre los magros ingresos que reciben los trabajadores golondrina son a la vez parte de procesos de transformación en las condiciones de producción, la expansión de las fronteras agropecuarias y la concentración de la tierra. Según datos del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, seis de cada diez asalariados rurales trabajan en negro.
Benigno López es el presidente del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor). Además de sostener que “la mayor parte de los trabajadores rurales en la provincia está en negro”, López dice que “en los campos de importantes políticos y empresarios, al margen del río Pilcomayo, en la frontera con Paraguay, el 75% de los trabajadores son paraguayos indocumentados que trabajan en condiciones infrahumanas. La empresa Caminos Ganadera está comprando tierras de pequeños productores de la zona y alambrando tierras fiscales. El 60% de los campos tienen mano de obra en condiciones de servidumbre. En Paraguay hay mucha gente con necesidades y se abusan de eso. Entonces los punteros los traen y los hacen trabajar bajo la promesa de que van a juntar dinero para regresar a su país. Por lo general salen empatados o con muy poco margen de ganancia”.

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Cuatro años

noreply@blogger.com (Data Chaco) — Sun, 09 Jan 2011 03:47:00 +0000

El blog Data Chaco cumple cuatro años este primer mes de 2011. Debido a una readecuación de contenidos, los archivos de 2007 y 2008 se han eliminado del blog y también los de Urbano.
Data Chaco seguirá con su espíritu inicial, una mirada crítica de la prensa argentina, gran parte de la cual quedó desenmascarada y desprovista de crédito desde comenzó el debate por la ley de medios.
En cambio, Urbano se concentrará en los temas relacionados con la cultura en general, lo que incluye también a los medios de comunicación. Más, el blog de opinión, continuará ofreciendo a los lectores nuestra visión de la realidad y la de columnistas de otros medios afines a ella.
Este año se suma el blog Vademécum, recientemente estrenado. Su propósito es desgranar cómo se usa el idioma en la prensa escrita y realizar un aporte para contrarrestar el creciente deterioro del lenguaje en los medios.
Así, son cinco los blogs que administra Data Chaco, porque a los mencionados debe agregarse El Pelafustán, un compilado de, como lo define el autor, “improperios” sobre un estereotipo social deleznable. Queda pendiente aún el prometido Macondo Herald, con aquellas noticias teñidas de “realismo mágico” que abundan en los diarios y sitios de Internet de la región.
Iniciamos una nueva etapa, con el compromiso de siempre.