Alejandro Toledo: OEA debería estudiar caso de López

Por su parte, el presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Niken, indicó que a Leopoldo López se le están usurpando sus derechos.

Mientras que al abogado Asdrúbal Aguiar no le sorprendió el fallo del TSJ ante la sentencia de la CorteIDH, pues según declaró, “lo extraño sería que la hubiese aceptado”.

Al igual que Toledo, Aguiar dijo que falta ver qué dicen los miembros permanentes de la OEA.

Artículo original en globovision.com

La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen un sistema de protección internacional de los derechos humanos que sirve de modelo para el mundo entero. Cimentado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho sistema es una conquista de los Estados latinoamericanos y del Caribe (ni Canadá ni los Estados Unidos han ratificado la Convención), que debe ser celosamente protegida por todos.

Con preocupación hacemos notar que, hasta donde tenemos conocimiento, con la sola excepción de las decisiones de los tribunales militares del régimen de Fujimori, este es el único país del hemisferio en el que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido expresamente rechazadas por el Tribunal Supremo de Justicia al declararlas no vinculantes e inaplicables.

El incumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de uno de los Estados sujetos a su jurisdicción, apartándose de sus obligaciones internacionales según la propia Convención Americana, atenta no solamente contra la Corte sino contra la protección colectiva de los derechos humanos en el hemisferio.

Firmado,

Diego Abente Brun
Former Minister of Justice and Labor of Paraguay

Mariclaire Acosta
Former Undersecretary for Democracy and Human Rights of Mexico

Nicolás Ardito Barletta
Former President of Panama

Jimmy Carter
Former President of the United States of America

Jorge Castañeda
Former Minister of Foreign Affairs of Mexico

Joe Clark
Former Prime Minister of Canada

Humberto de la Calle
Former Vice President of Colombia

César Gaviria
Former President of Colombia

John Graham
Chair Emeritus, Canadian Foundation for the Americas

Osvaldo Hurtado
Former President of Ecuador

Torquato Jardim
Former Justice of the Superior Electoral Tribunal of Brazil

Luis Alberto Lacalle
Former President of Uruguay

John Maisto
Former U.S. Ambassador to the OAS

John Manley
Former Minister of Foreign Affairs of Canada

Barbara McDougall
Former Minister of External Affairs of Canada

Robert Pastor
Former Director of Latin American and Caribbean Affairs
National Security Council

Andrés Pastrana
Former President of Colombia

Sergio Ramírez
Former Vice-President of Nicaragua

Ronald M. Sanders
Member Eminent Persons Group of the Commonwealth

Jorge Santistevan de Noriega
Former Human Rights Ombudsman of Peru

Eduardo Stein
Former Vice President of Guatemala

Alejandro Toledo
Former President of Peru

Fernando Tuesta Soldevilla
Former Director
National Office of Electoral Processes, Peru

Joaquín Villalobos
Founder of the Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN),
Signatory of the Peace Agreements of El Salvador in 1992

Miembros del grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana, con secretaría en el Centro Carter, Atlanta Ga.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Oct. 21, 2011
Contact: Deanna.Congileo@emory.edu
Carta original en cartercenter.org

Más información en http://leopoldolopez.com

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El derecho a participar en el gobierno es un pilar inmutable de la democracia. Para garantizar elecciones libres y justas, todo ciudadano mayor de edad debe de tener el derecho de votar y de ser electo a un cargo público sin importar su ideología política o afiliación de partido. Si este tan esencial principio democrático puede ser revocado a la discreción de funcionarios de un gobierno, entonces puede ser usado como una herramienta para combatir disidentes u oposición, cometiendo un fraude a las instituciones democráticas de la nación.

En este caso especifico, Leopoldo López v. La Republica Bolivariana de Venezuela, la Corte-IDH sentenció que el Estado de Venezuela violó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia los derechos del conocido político de oposición Leopoldo López y de otros 800 ciudadanos fueron vulnerados pues quedaron inhabilitados de participar en procesos electorales sin el debido proceso judicial y sin oportunidad de presentarse a un juicio. Los Artículos 42 y 65 de la Constitución Venezolana claramente establecen que no se le pueden restringir los derechos políticos a un ciudadano a menos que haya sido encontrado culpable de un crimen por un juez.

La sentencia de la Corte-IDH sienta un importante precedente que tiene consecuencias más allá de Venezuela y en última instancia debería llevar a la restauración inmediata de los derechos políticos de cientos de personas en América Latina que han sido inhabilitadas políticamente. En el caso de Venezuela, la Corte-IDH fue clara en su prescripción de la acción requerida que tiene que tomar el Estado para restaurar la Justicia. Apelamos al gobierno de Venezuela a que respete la sentencia de la máxima Corte del continente y a que se le devuelvan los derechos políticos a los inhabilitados sin juicio, para demostrarle a la comunidad internacional que la democracia esta viva y sana en Venezuela.

Sinceramente,

Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de Polonia.
Fernando Henrique Cardozo, ex Presidente de Brasil.
Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.
Vaclav Havel, ex Presidente de la Republica Checa.
Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República del Uruguay.
Kerry Kennedy, Presidente del Centro para la Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Robert F. Kennedy y Directora de Amnesty USA.
Stanislaw Chouchkievitch, ex Presidente de Bielorrusia.
Dr. Claudio Grossman, Presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Rector de la Escuela de Derecho de la Washington College of Law en American University, y Ex-Comisionado de la CIDH.
Enrique Krauze, escritor y ensayista mexicano.
Hrant Bagratian, ex Primer Ministro de Armenia.
Carlos Alberto Montaner, periodista y analista político.
Jan Ruml, ex ministro del Interior y ex senador de la Rep. Checa.
Jorge Castañeda, ex-Secretario de Relaciones Exteriores de México.
Moisés Naím, miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.
Sergio Bitar, Senador de la República de Chile. Ministro de Minería, de Educación y de Obras Públicas durante los gobiernos de Allende, Lagos y Bachelet, respectivamente.
Wendy W. Luers, Presidenta de la Fundación por una Sociedad Civil y cofundadora del Proyecto sobre la Justicia en tiempos de transición.
Jaime Mario Trobo, Diputado de la República del Uruguay.
Tabaré Viera, Senador de la República del Uruguay.
Dra. Adriana Peña, Intendente del Departamento de Llavalleja en la República del Uruguay.
Luis Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista.
Senador Iñaki Anasagasti, Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado del Reino de España.
Arístides Royo, ex Presidente Panamá.
Emil Constantinescu, ex-Presidente de Rumania.
Vladimir Bukosvky, líder disidente y ex preso político de la Unión Soviética. Candidato inhabilitado para las elecciones presidenciales de Rusia de 2008.
Senador Paco Moncayo, ex-Alcalde de la ciudad de Quito, Ecuador.

Más información en http://leopoldolopez.com

Leo Ramirez/Agence France-Presse - Getty Images

La campaña de López ha sido posible gracias a un fallo en Septiembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insto al gobierno de Venezuela a levantar la inhabilitación que había impedido a López postularse para un cargo de eleccion popular.

López argumentó que la inhabilitación constituía una discriminación política; fue impuesta por funcionarios pro-chavistas basadas en demandas legales contra él en su época como miembro de una organizacion no gubernamental y luego como alcalde de Chacao, un municipio en Caracas.

Sin duda, hubo un vuelco una vez que las instituciones del gobierno de Chávez reaccionaron a la decisión de la Corte Interamericana, la entidad judicial de la Organización de Estados Americanos. En su propia decisión esta semana, el Tribunal Supremo de Venezuela parecía sostener la inhabilitación de López para ejercer cargos.

El Tribunal Supremo, controlado por jueces leales a Chávez, calificó la decisión de la Corte Interamericana “inejecutable”. Sin embargo, Luisa Estella Morales, la presidenta de la corte Venezolana, también dijo que el señor López “puede inscribirse libremente y participar en elecciones” incluyendo los comicios del próximo año, aunque se abstuvo de decir si podría ejercer en caso de ser electo presidente.

El señor López, de 40 años, no es ajeno a operar dentro de las zonas grises de la política en Venezuela, país donde se celebran elecciones y el público puede criticar abiertamente a Chávez, pero también un pais donde los burócratas persiguen a los líderes opositores con amenazas legales y los reguladores multan a las organizaciones de noticias independientes, evidenciado en la multa de 2 millones de dólares impuesta esta semana contra la cadena de televisión Globovisión por informar sobre los recientes motines en las cárceles.

“El Estado trata de descalificar a aquellos que buscan una alternativa con una difamación implacable,” dijo López en una entrevista. “Tienen miedo de mí porque puedo ganar”.

Desde el fallo de la Corte Interamericana, el señor López, cuyo pensamiento esta dentro del rango de centro-izquierda en el espectro político de Latinoamérica, ha sido objeto de una nueva explosión de críticas por parte del gobierno de Chávez.

Por ejemplo, un artículo ésta semana en la página web de la Radio Nacional de Venezuela, la cadena de radio controlada por el Gobierno, lo calificó de “extrema derecha” y afirmó que estaba “constantemente cometiendo atropellos contra la estabilidad de la revolución Bolivariana”

El artículo fue incluso más allá, al afirmar que el señor López es “ayudado por el imperio”–la frase de moda para describir a los Estados Unidos en Venezuela–y lo calificó de “personaje manipulador”. Luego, reflejando el doble discurso afinado aquí en los últimos años, el artículo usó la frase de Carlos Escarrá, el procurador general de Chávez, quién calificó la inhabilitación de López como “administrativa y no política”.

LÓPEZ es producto de una elite pro americana en Venezuela, se graduó en Kenyon College en Ohio y obtuvo un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Casado con Lilian Tintori, una ex presentadora de televisión y campeona de kite-surf, su privilegiado antepasado está en marcado contraste con el de Chávez, un ex oficial del Ejército que superó la pobreza para forjar un movimiento político
contra la influencia estadounidense en Latinoamérica.

Pero el señor López también parece haber tomado algunas estrategias de Chávez, quien inició de cero un movimiento político en la década de los noventa luego de dirigir un golpe de Estado fallido en 1992. López ha recorrido todo el pais, mas alla de su capital, Caracas, ensamblando un movimiento nacional llamado Voluntad Popular, que se ha consolidado en un partido político de centro.

López, quién rara vez publicita sus lazos familiares con Bolívar, ganó reconocimiento nacional durante sus ochos años como Alcalde de Chacao, un municipio relativamente próspero de Caracas; fue reelecto para un segundo mandato en 2004 con el 80% de los votos, tras haberse enfocado en reformar las escuelas de Chacao y su sistema de transporte público.

Durante un caótico golpe de Estado en el 2002, en el que brevemente Chávez fue removido de su cargo, López desató la ira de los seguidores de Chávez al haber sido parte del arresto de Ramón Rodríguez Chacín, quién en ese momento era Ministro de Interior. Luego, en el 2006, hombres armados mataron a tiros a uno de los guardaespaldas de López mientras estaba sentado en el carro de López, un episodio que él dice que fue hecho con la intención de mandar un escalofriante mensaje de intimidación.

Los intentos del gobierno de inhabilitar a López para postularse a un cargo público provienen de su tiempo como Alcalde de Chacao, cuando las autoridades lo acusaron de transferir dinero indebidamente en 2003 de una parte del presupuesto del municipio a otro.

El señor López ha dicho que es “completamente inocente”, alegando que la denuncia legal involucraba el cumplimiento de obligaciones salariales a profesores que había sido promovida por el propio Chávez. Mientras funcionarios han inhabilitado a docenas de personas de postularse a cargos públicos, López ha señalado que ningún tribunal venezolano le ha declarado culpable de ningún delito.

Tras el fallo de la Corte Interamericana, una organización que agrupa a todos los partidos de oposición de Venezuela dio la bienvenida al plan de López de postularse en las primarias previstas para Febrero. En encuestas recientes, compite con Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado Miranda, como los principales candidatos opositores.

Quienquiera que gane las primarias se encontrara en unas elecciones como ninguna otra en la historia reciente de Venezuela. Mientras que Chávez ha dominado la escena política por más de 12 años y sus seguidores controlan la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y la compañía nacional de petróleo, su lucha contra el cáncer ha expuesto una vulnerabilidad.

AUN ASÍ, sigue sin estar claro cuánto influenciará la enfermedad de Chávez a la contienda electoral. Sus índices de aprobación han aumentado en los meses desde que reveló su condición, y ningún candidato controla los recursos financiados por el petróleo o el aparato propagandístico del Estado que tiene a su mando. El presidente dijo esta semana que había vencido su cáncer, cuyos detalles no han sido revelados, y renovó las burlas a sus oponentes.

Mientras tanto, la incertidumbre de la candidatura de López dependerá en parte en las instituciones controladas por los simpatizantes de Chávez. Un fiscal del gobierno dijo que funcionarios “oportunamente” divulgarían los resultados de investigaciones penales en contra del señor López. Después de que el Tribunal Supremo hubiera desatendido la decisión vinculante de la Corte Interamericana, Human Rights Watch
calificó el rechazo como un “golpe para el Estado de Derecho”.

No obstante, el esfuerzo de varios años de López de tener su nombre removido de la lista negra electoral del gobierno puede estar ganando impulso. El Consejo Nacional Electoral, también controlado por simpatizantes de Chávez, accedió el jueves a permitir a López postularse para un cargo.

“No es una pelea fácil,” dijo López. “Pero como David contra Goliath, tenemos perseverancia, fe y sabemos a dónde apuntar.”

Por SIMON ROMERO and MARÍA EUGENIA DÍAZ
Artículo original (en inglés) en nytimes.com

Leopoldo López saluda a sus simpatizantes, el viernes en Caracas.- J. SILVA (REUTERS)

Una sentencia le ha rehabilitado para la política, después de ser vetado en 2008

“Me asumo como habilitado en justicia y en derecho y ya hemos comenzado a recorrer el país con nuestra propuesta. El Gobierno tendrá que buscar la manera de abordar esto”, dijo ayer López a EL PAÍS desde la sede de Voluntad Popular, el partido que le apoya y que él mismo fundó hace un par de años. “La sentencia plantea que el Consejo Nacional Electoral tiene que admitir la inscripción de mi candidatura a cualquier cargo de elección popular y no deja ningún espacio para la duda. La sentencia es ley en Venezuela, porque la Constitución de 1999 así lo establece. La decisión del Estado está en el terreno de delinquir o no delinquir, de cumplir la Constitución o no”. “Para mí [la Corte Interamericana de Derechos Humanos] no vale nada”, manifestó Chávez ayer.

La sanción de inhabilitación impuesta por la Contraloría General de Venezuela (Tribunal de Cuentas) en 2008 se basaba en supuestas irregularidades administrativas y malversación de fondos públicos, que López niega, en su gestión como alcalde de Chacao. Pero ningún tribunal penal le ha encontrado culpable. “No hubo juicio porque no hubo delito: soy inocente. ¿Crees que me hubiese metido en este proceso de escrutinio internacional si yo hubiese tenido alguna responsabilidad en un caso irregular?”, argumenta. Pese a la sanción, hace tres años que López -economista y alcalde de Chacao entre 2000 y 2008- está en campaña. “He visitado los 24 Estados y más de 200 municipios. Creo que no hay otro político que haya recorrido el país de esa forma en los últimos años como lo he hecho yo”, dice.

“Hemos sumado a gente que viene del oficialismo. Es un proyecto incluyente”

López ganó su primera elección a la alcaldía a los 27 años y define a su partido como un “movimiento progresista” de centro-izquierda, cuya promesa principal es hacer cumplir este eslogan: “Todos los derechos, para todas las personas”. Pero sus detractores le ubican a él y a toda la oposición en la acera de la más extrema derecha. Voluntad Popular cuenta con unos 120.000 militantes, que se presentaron en julio pasado a unos comicios abiertos para elegir a sus autoridades nacionales y locales del partido. Algunos críticos afirman que se trata de un partido muy pequeño para aspirar a llegar al poder. López lo niega: “Nadie ha hecho lo que nosotros hicimos. Fue un proceso con muchas restricciones financieras y de comunicación. Pero 120.000 personas salieron a votar a favor de un partido, no solo para escoger a la autoridad nacional, sino también para a las autoridades locales”.

Quienes critican su candidatura dicen que López no llega a los sectores populares. “Respondo con hechos: en nuestro movimiento, el 23% de las personas que fueron electas estaban inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso indica que estamos sumando gente que viene del oficialismo y mucha gente. Nuestra propuesta es incluyente”.

Además de al hombre, López y los demás candidatos de la oposición se han propuesto derrotar al mito en las elecciones de octubre de 2012, en las que Chávez se postulará para un tercer mandato consecutivo de seis años. “No es verdad que Hugo Chávez sea invencible. En las últimas dos elecciones nacionales hemos logrado victorias importantes, a pesar de todas las asimetrías y del abuso de poder: en las parlamentarias de 2008, la oposición obtuvo un 52% de los votos contra el 48% del oficialismo; en las regionales de 2007, también logramos una victoria”. La aspiración de Leopoldo López es liderar ese hipotético cambio.

Por Maye Primera
Artículo original en elpais.com

(Washington, D.C) – Venezuela está obligada jurídicamente a dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual ordena al país respetar los derechos políticos de un líder de la oposición que fue inhabilitado para postularse a cualquier cargo público, señaló hoy Human Rights Watch. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y líderes de los Estados miembros deberían insistir en que el gobierno del Presidente Hugo Chávez reconozca y cumpla esta obligación.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, saluda a sus simpatizantes en Caracas. © 2011 Reuters

Según versiones de la prensa, el Presidente Chávez respondió a la noticia de la sentencia desacreditando a la Corte Interamericana como parte de un sistema que “protege… a los corruptos…y obedece al mandato del poder imperial y de la burguesía”. “¿Qué valor puede tener esa corte? Para mi no vale nada”, dijo el presidente.

Es clave que el Secretario General de la OEA y los Estados miembros respondan a las declaraciones del Presidente Chávez en las cuales niega la autoridad de la Corte. Si, por el contrario, no se pronuncian al respecto, restarán credibilidad a su propio compromiso con los valores centrales de la organización regional y los mecanismos necesarios para aplicarlos.

(José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch)

“Tal vez la Corte no tenga valor para el presidente Chávez, pero sus sentencias son jurídicamente vinculantes para Venezuela y continúa siendo la máxima autoridad regional en materia de derechos humanos en todos los demás países de América del Sur”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El rol de la Corte es especialmente vital en un país como Venezuela donde, bajo el gobierno de Chávez, el poder judicial ha abandonado su función de contralor frente a abusos gubernamentales”.

Human Rights Watch documentó la falta de independencia judicial en Venezuela en el informe de 2008 denominado “Una Década de Chávez”, que describe el copamiento político del Tribunal Supremo llevado a cabo por Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional en 2004. Este copamiento consiguió neutralizar al poder judicial como poder independiente del gobierno.

Desde entonces, el Tribunal no ha cumplido con su rol de garante de los derechos fundamentales.

Venezuela es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana, la cual es responsable de interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención.

“Es clave que el Secretario General de la OEA y los Estados miembros respondan a las declaraciones del Presidente Chávez en las cuales niega la autoridad de la Corte”, señaló Vivanco. “Si, por el contrario, no se pronuncian al respecto, restarán credibilidad a su propio compromiso con los valores centrales de la organización regional y los mecanismos necesarios para aplicarlos”.

Artículo original en hrw.org

Luego de un largo camino que inicié hace varios años, el día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia favorable sobre mi caso; reconocieron que tenía la razón, por lo que he recuperado mis derechos políticos. La Corte IDH sentenció con carácter de ejecución inmediata:

* Ordena al Estado y particularmente al CNE que admita la postulación de mi persona a cualquier cargo de elección popular.

* Ordena a la Contraloría General de la República a dejar sin efecto las 2 resoluciones que me inhabilitaron políticamente.

* De igual forma, pide que en el corto plazo se realice una Medida de No Repetición e insta a modificar el artículo 105 de la Ley de Contraloría. Será el pueblo el que elija.

La Justicia que tanto he buscado y que no pude conseguir en mi país, finalmente pude obtenerla en el máximo tribunal del continente americano ante jueces imparciales. Nuestros argumentos eran sólidos y poderosos, la Corte los reconoció y ha determinado la responsabilidad del Estado venezolano.

A partir de hoy la práctica ilegal de las inhabilitaciones políticas debe llegar a su fin. Será el pueblo el que elija y no el gobierno descalificando a su antojo a candidatos con opción de triunfo.

He recuperado mis derechos, y hoy me comprometo a seguir luchando toda mi vida para que en Venezuela todos los derechos sean para todas las personas, sin exclusión y sin privilegios. Seguiré recorriendo Venezuela para llevar nuestro mensaje de Paz, Bienestar y Progreso. No descansaré hasta alcanzar la Mejor Venezuela.

Nunca hubiese logrado esto sin tu apoyo. Siempre estaré agradecido.

Leopoldo
@leopoldolopez

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Caracas.- Los redactores de la Constitución Nacional de 1999, se reunieron hoy para analizar los artículos 23 y 31 de la Carta Magna, que establecen la obligatoriedad de acatar las decisiones que emanan de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Vladimir Villegas precisó que esta decisión tiene una trascendencia no sólo para el caso de Leopoldo López sino para los cientos de inhabilitados que hay en el país. “Este fallo puede ser un precedente para proteger a un integrante de chavismo que pudiese ser víctima de una posible retaliación política en este u otro Gobierno”.

No existe posibilidad de no acatar, “la Constitución debe ser respetada, no puede ser letra muerta, ojala que esta Carta Magna que fue aprobada por 135 constituyentes y refrendada por el pueblo venezolano, no sea bautizada ahora como la malquerida”, aseguró Villegas.

El equipo redactor agregó que la misma Carta Magna establece sanciones penales para los funcionarios que no acaten el fallo, además advirtió sobre posibles castigos a Venezuela en la comunidad internacional por desacato a un órgano hemisférico como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, Carlos Tablante alertó sobre la posibilidad de que se constituya un Estado paralelo “con una Constitución paralela, dentro de un andamiaje jurídico-político impuesto por un modelo autoritario y militarista, que no está expresado en la Constitución vigente”.

“Es insólito que el actual Procurador se niegue a acatar estas disposiciones constitucionales, cuando hasta hace poco en su ejercicio como abogado, asumió la defensa de funcionarios públicos sancionados, denunciando el carácter inconstitucional del artículo 105 de la Ley de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.

Artículo original en eluniversal.com

También se está a la expectativa de si el Gobierno cumplirá con los tratados internacionales (o no) que obligan a los países que los suscriben a acatar sus dictámenes.

Esta interrogante se debe, entre otros: 1) Al precedente de desacato del Gobierno de Chávez de ocho fallos de la CIDH, como es el caso de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quienes esperan hace unos dos años que los restituyan en sus cargos. 2) A la opinión que adelantó la presidenta del Tribunal de Justicia, Luisa Estela Morales, donde dejó entrever que el Gobierno no acataría decisiones de tribunales internacionales que pasen sobre dictámenes de tribunales venezolanos.

Mientras tanto, el Gobierno sigue en su avanzada de inhabilitaciones políticas. Varias gacetas oficiales publicadas este mes, anuncian las inhabilitaciones (entre 1 a 15 años) de otros 55 venezolanos fechadas en diciembre de 2010 y firmadas por el hoy fallecido Contralor de la Revolución, Clodosvaldo Russián.

Siempre se ha percibido que el mecanismo de inhabilitación es un arma de coacción y disuasión que utiliza el Gobierno de Hugo Chávez para acosar, perseguir al adversario político. Contraviniendo con ello a la Constitución, la cual dicta que sólo mediante sentencia firme condenatoria puede proceder el Estado a inhabilitar los derechos políticos o administrativos de un ciudadano.

Si alguna duda quedaba del uso represivo de las inhabilitaciones, una investigación del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, reveló que de las 803 sanciones emitidas por la Contraloría General en los últimos dos años (que van desde inhabilitaciones, suspensión y destitución de funcionarios públicos) 80% afectan a dirigentes de la oposición democrática, y de éstos principalmente dirigentes de partidos o movimientos políticos con arraigo y aspirantes a puestos clave en cargos de elección popular.

La relevancia de este estudio, radica que es la primera vez que se publica una investigación que demuestra con cifras reales cómo funciona el poder contralor como brazo ajusticiador de Hugo Chávez.

VenEconomía, empresa dedicada desde 1982 al estudio y análisis del acontecer nacional, es hoy día la principal casa editora de publicaciones especializadas en el ámbito de los negocios en Venezuela.

Por los Editores de VenEconomía
Artículo original en laht.com

Venezuela, el 9 de agosto de 1977 reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 24 de junio de 1981 reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los Artículos 45 y 62 de la Convención, respectivamente Introducción Aunque a la Sra. Luis Estela Morales yal Procurador General de la Republica, no le agraden ni le gusten, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. este es vinculante y de obligatorio cumplimento, para el Estado venezolano; de lo contrario pone en riesgo el nombre de la Republica, la coloca al margen del sistema interamericano, con las respectivas responsabilidades internacionales para el Estado y las sanciones que pudieran acarrear por desacato. Y en el caso de que se nieguen y denuncien la Convención Americana de Derechos Humanos, sería inútil, ya que Las Sra. Morales, por muy rojo rojito que sea su corazoncito, como Presidente del TSJ, no puede desconocer el Art 23 de la Constitución, el cual reza: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. Declarar que la máxima instancia judicial del país no aceptara ningún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alusión al caso de Leopoldo López y otros inhabilitados, atenta contra el Estado de derecho, al desconocer las obligaciones y compromisos que emanan de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos CIDH mejor conocido como Pacto de San José. (1) Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#Venezuela:

1) Razonamiento lógico La señora presidente del TSJ se equivoca al considerar que la CIDH pudiera emitir una decisión en contra de la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir. La CIDH se pronunciará por las violaciones que el sistema jurídico ha hecho al pre citado Art 23 y del Art 60 ordinal 5to de la Constitución que consagra el debido proceso Las declaraciones de la Sra. Morales al pretender poner sobre la mesa un tema teórico con una discusión doctrinal entre dos corrientes del Derecho Internacional como son: el Monismo y el Dualismo en cuanto a qué priva: si el Derecho Internacional (DIP) sobre el Derecho Interno (D.I) o viceversa, son tan solo un trapo rojo, de los tantos que el gobierno acostumbra sacar; ya que ambas teorías, teorías coinciden en que para incorporar la norma internacional, esto se hace por vía de una Ley Aprobatoria y de normas reglamentarias de implementación cuando es necesario. Porque es vinculante el Pacto de San José 1) El caso de los inhabilitados no es teórico, es la defensa de la Constitución y de los DD. HH. La Sra. Presidente del TSJ cuando da sus declaraciones no le dice al país que existe una Ley Aprobatoria que integra la Convención Interamericana de DD.HH al derecho interno publicada en la G. O. 31.256 el 14/06/1977, por lo que la negativa de aplicar un decisión de la CIDH es ir contra el propio derecho interno venezolano.

2) La Sra. Morales no dice que el Gobierno de la República de Venezuela de conformidad con el Art 45 párrafo 1 de la Convención reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de DD.HH, para lo cual realizo la siguiente Declaración al momento de depositar el 9/08/1977el instrumento de ratificación : de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 1 del Artículo 45 de la Convención, que el Gobierno de la República de Venezuela reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención, en los términos previstos en el párrafo 2 de dicho Artículo. Este reconocimiento de competencia se hace por tiempo indefinido.

3) La Sra. Presidente del TSJ obvia que posteriormente Venezuela, de conformidad con el Art 62 de la Convención, reconoció la competencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos el 24 de junio de 1981; por lo cual por muy afecta al proceso, es imposible que como Presidente del TSJ pueda desconocer el reconociendo que Venezuela hizo de la Corte interamericana de DD.HH. La Denuncia como escape En caso que el Procurador General de la Republica, recomiende denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos como una salida parea eludir sus responsabilidades, sería inútil ya que el Art 78 establece en su párrafo 2do “Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

Consideraciones finales No sabemos, si la Sra. Morales le han informado al Comandante Presidente de lo que implica internacionalmente, pero en todo caso el Ministro de Relaciones Exteriores le debería advertir que las afirmaciones de la Presidente del TSJ al desconocer los compromisos adquiridos por la República, además de y dañar la imagen del país ante la comunidad internacional; atentan contra el Estado de Derecho, y comprometen la responsabilidad internacional del Estado y no sabemos si el presidente en la actual situación está dispuesta a pagar el costo de este desacato.

Por J. Gerson Revanales
Artículo original en analitica.com

OPTIMISTA. López dijo que ha analizado en detalle lo expresado por la presidenta del TSJ, respecto a su caso en la Corte Interamericana. FOTO CHRISTIAN ZERPA

Hasta en PSUV quieren propuestas distintas

Leopoldo López aseguró que del grueso de electores que participó en comicios abiertos de Voluntad Popular (VP), el 23% está inscrito en el Partido Socialista.

Los ojos saltones de Leopoldo López parecen crecer de tamaño cuando quiere convencer a sus interlocutores de que su proyecto político, encarnado en el partido Voluntad Popular (VP), “no es más de lo mismo”, sino que representa una forma distinta de hacer política, más participativa y democrática.

Todavía tiene fresca la satisfacción de las elecciones convocadas por este movimiento político para legitimar a su dirigencia. Cuenta que, en un encuentro realizado en el populoso sector porlamarense de Punda, se le acerca un dirigente y se presentó como el coordinador municipal de un municipio, tras esos comicios abiertos. Considera que eso da muestra de que han innovado y que todo aquel que ocupe un puesto en el partido, es porque se lo ha ganado con liderazgo.

“Es la satisfacción de hablar de líder a líder. Nunca ha ocurrido algo así en la historia, con unas elecciones abiertas que legitiman nuestro equipo en Voluntad Popular”, dijo.

Con carga emotiva aseguró que ha sido su gran sueño desde hace mucho tiempo y que al fin logró llevarlo al plano real de las ideas y el discernimiento.

-¿Es por eso que estuvo en desacuerdo con la forma de hacer política dentro de Primero Justicia?

-Para mí esa es página pasada, Lo importante es consolidar Voluntad Popular con coherencia y disciplina, a partir de un proyecto innovador que marca la diferencia y que es practicante de la democracia.

AGRADO. El coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP) expresó al personal de Recursos Humanos del SOL DE MARGARITA su agrado de ver cómo en este rotativo han incorporado personal con discapacidad. 'Eso dice mucho', dijo.

“Hay apertura hacia propuestas distintas”, agregó, confiado en su tesis de actualidad política.

PROBLEMA “HUÉRFANO”

Aún con la inhabilitación política encima, como una “camisa de fuerza”, López se mantiene en el ruedo de la precampaña como firme aspirante a participar en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

-Uno de los problemas que debe ser abordado con prioridad es el de la inseguridad, el cual amerita que el Estado venezolano lo asuma con políticas de emergencia y generación de empleos formales. Lo considero un problema “huérfano”, porque todo el mundo se echa la culpa y nadie actúa. Para bajar los índices de criminalidad, primero hay que asumir la paternidad.

-¿Cómo combatirlo?

-Con políticas de prevención y máxima atención a los sectores juveniles entre los 15 y 25 años, segmento donde está concentrado el 65% de la delincuencia en el país. Aparte de la prevención y generación de empleo directo para ese sector, es indispensable la depuración de los cuerpos policiales. Como jefe de Estado articularía todos los poderes públicos para asumir la responsabilidad. No es posible que de cada 100 homicidios, el 97% quede impune. Todo el mundo ve y padece el problema, pero nadie lo asume.

“Tenemos que revertir el modelo económico para que garantice la generación de empleos. En el caso de la isla de Margarita, eso está vinculado al turismo como fuente empleadora de primer orden, concatenando con la prestación de mejores servicios públicos, vialidad, seguridad y tener conexiones de transporte que permitan el arribo a la Isla de más turistas. Este es el gran potencial de Nueva Esparta”, dijo López.

Por YANET ESCALONA
Artículo original en elsoldemargarita.com.ve

Audio de la rueda de prensa disponible en unionradio.net

Alfredo Jimeno representante de Voluntad Popular en Miranda

“Para nosotros es un mensaje de optimismo que en las próximas horas llegue nuestra sentencia y que derrumbe este muro de fusilamiento y que además abra las compuertas para que podamos, Dios mediante en febrero, tener un candidato de la unidad”, dijo.

Reafirmó que el representante a las primarias por Voluntad Popular es Leopoldo López.

Artículo original en unionradio.net

Carlos Vecchio: Las inhabilitaciones se usan contra los adversarios, lo cual se traduce en deterioro de la calidad de la democracia.

“Las inhabilitaciones se usan contra los adversarios, lo cual se traduce en deterioro de la calidad de la democracia, ya que se violan los derechos de los electores de escoger al candidato de su preferencia, y es el gobierno el que decide a quien poner en el ring con los suyos”, indica Vecchio.

Arma de disuasión. El politólogo Ángel Oropeza coincide con este análisis. Sin embargo, aclara que las inhabilitaciones son de vieja data en Venezuela y otras partes del mundo, como un mecanismo que impedía a funcionarios sancionados con sentencias firmes por irregularidades en su desempeño, volver a ocupar cargos en la administración pública.

“Estos mecanismos se usaban con criterio de Estado. Ahora es con criterio de gobierno e incluso de partido, y se ha masificado. El problema va más allá, porque se quiere tener como arma de disuasión para decirle al adversario: `Te tengo vigilado y puedo usar este instrumento en tu contra cuando desee’. Por eso, no se dejan de oír amenazas de este tipo contra Henrique Capriles, Pablo Pérez, Carlos Ocariz y otros dirigentes que marcan liderazgo opositor”, dice Oropeza.

El politólogo piensa que se recurre al argumento de la corrupción para justificar las inhabilitaciones ante un colectivo que desde hace tiempo sabe que en Venezuela no hay separación de poderes ni justicia, pues se impone el ejercicio de un poder hegemónico.

El abogado Enrique Sánchez Falcón, quien firmó junto con otros 14 especialistas un comunicado sobre las implicaciones jurídicas de las inhabilitaciones, advierte que si el Estado venezolano desconoce la decisión que se espera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Leopoldo López, estará descargando en sus funcionarios la responsabilidad penal que corresponde conforme al artículo 155 del Código Penal.

Sánchez Falcón es optimista sobre los avances en la defensa de los derechos humanos. Insta a insistir en la demanda de justicia, incluso si la decisión del organismo internacional no favorece a los inhabilitados y legalmente se cierran las instancias de reclamo.

El comunicado suscrito por Sánchez Falcón en 2008 alerta que las inhabilitaciones acordadas por la Contraloría “lesionan el derecho al sufragio pasivo, pero también lesiona el derecho al sufragio activo de los electores, porque se les impide votar por sus candidatos preferidos por un medio que los ciudadanos no delegaron al momento de votar la Constitución”.

El documento también concluye que “son un golpe a la democracia participativa y al derecho que tenemos los ciudadanos d escoger libremente y sin limitación alguna entre los candidatos postulados que aspiran a determinado cargo electivo”.

Los argumentos de la Contraloría se centran en que las inhabilitaciones no son políticas sino administrativas, que el Tribunal Supremo de Justicia las convalidó y que forman parte de la lucha anticorrupción del Estado.

Por Dorys Villarroel y Alex Vásquez

Artículo original en biendateo.com

Los dirigentes de Voluntad Popular señalan que por lo menos en ocho países de la región se espera el dictamen para sumarse como beneficiarios. Entre los casos más nombrados, después de Venezuela, está Colombia con la inhabilitación durante 18 años de la ex senadora Piedad Córdoba, por su presunta colaboración con la FARC. También fueron inhabilitados los ex ministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández por la entrega irregular de subsidios durante el gobierno de Álvaro Uribe.

En Costa Rica suena el caso de la ex ministra de Transporte, Karla González, considerada pieza clave en las políticas de concesión de obras públicas en el gobierno de Oscar Arias (20062010). En México fueron inhabilitados 70 ex alcaldes, funcionarios estatales y municipales por deficiencias en la comprobación de recursos públicos y abuso de autoridad. Existen otras referencias en Ecuador, Argentina y Bolivia, donde se estaría preparando una legislación con fines inhabilitadores.

Para muestra un botón

Investigaciones de Voluntad Popular reflejan que en los últimos 2 años se acumulan más de 800 casos de inhabilitaciones. El 2008 fue el más crítico, pues 272 aspirantes a cargos de elección popular se quedaron en el camino por inhabilitados. 80% eran de tendencia opositora.

Las cifras de la organización política contrastan con las de la Contraloría, que registra sólo 80 inhabilitaciones en 2008.

Los analistas del partido de Leopoldo López dicen que las medidas sancionan en su mayoría a opositores.

Los casos que soportan esta evaluación están a la vista, según el dirigente de Primero Justicia, Memo Arocha.

Del lado opositor, figuran en las listas de 2008 y 2009 Leopoldo López, Enrique Mendoza, Manuel Rosales, Antonio Ledezma, Antonio Barreto Sira, Luis Lippa, Enrique Ochoa Antich, Óscar Pérez, Bernabé Gutiérrez, William Méndez, Carlos Chacelor y los ex concejales de Baruta David Uzcátegui, Will Contreras, Ramón Valera y Memo Arocha, entre otros.

Entre los disidentes del chavismo están los ex gobernadores Ramón Martínez y Eduardo Manuit, el ex alcalde Numa Rojas y Olmedo Torrealba, Denis Izaguirre y Domingo Palacios en Baruta. Los casos que la oposición destaca como inhabilitados del chavismo son la actual ministra de la Juventud Maripili Hernández, la diputada Xiomara Lucena y el alcalde de Vargas, Alexis Toledo.

Artículo original en El Nacional

Link del video: http://youtube.com/watch?v=hc8rT_f9Bsw
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Link del video: http://youtube.com/watch?v=wVEOEsoMjZ0

(Caracas, 11.09.11) El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, desde el programa Aló Venezuela transmitido por Globovisión, afirmó que la sentencia de la Corte IDH será anunciada esta semana y que no existe la opción de no acatar ” Este camino comenzó en 2008 y nos estamos amparando en la Constitución Nacional, más claro no canta un gallo, los artículos 23 y 31 obligan a cumplir con ese fallo, si el Estado no acata la decisión estarán jugando a la desestabilización”.

Vecchio recordó que hoy se cumplen 10 años de la ratificación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos la cual ratificó el propio Presidente Chávez, esto confirma el reconocimiento a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado.

Asimismo, precisó que la sentencia de la Corte IDH no sólo tiene que ver con Leopoldo López sino también con los 800 venezolanos inhabilitados y con la calidad de la democracia que queremos y que el Estado, a través de las inhabilitaciones, lo que hace es negarle el derecho a los venezolanos de elegir a los candidatos que quieren para los cargos de elección popular.

El Coordinador Político de la tolda naranja ratificó que de ser favorable la sentencia Voluntad Popular inscribirá a Leopoldo López en las Primarias Presidenciales de 2012 “tenemos una obsesión clara de organización y queremos construir La Mejor Venezuela llena de Paz, Bienestar y Progreso”.

Para finalizar, Vecchio resaltó que esta semana en Margarita, lugar en el cual se dieron cita los precandidatos presidenciales de la alternativa democrática para conmemorar los 100 años de la Coronación de la Virgen del Valle, quedó de manifiesto la unidad afectiva, la cual es una condición indispensable para la transformación de la Venezuela que anhelan millones de venezolanos.

Artículo original en voluntadpopular.com

El Gobierno nacional insiste en inventarse justificaciones para evitar acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las inhabilitaciones, en caso de resultar desfavorable para el Estado.

Ayer el procurador general de la República, Carlos Escarrá, manifestó que “no puede una sentencia internacional desconocer el ordenamiento jurídico constitucional de Venezuela, ni ir sobre las instituciones venezolanas. Los problemas del Poder Judicial se resuelven en Venezuela, no los van a resolver en el exterior”.

Al respecto, el abogado del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, asegura que la sentencia de la Corte IDH no va a desconocer el ordenamiento interno; “por el contrario, va a ratificar las disposiciones que obligan al Estado venezolano a respetar las decisiones de la Corte”.

El artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico… la preeminencia de los derechos humanos”. También el 19 hace referencia a la importancia de los pactos internacionales: “El Estado garantizará a toda persona… el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los DDHH. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”.

Más claro aún es el artículo 23 de la Carta Magna que dispone que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno… y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Himiob añade que la Convención Interamericana sobre DDHH, en su artículo 78 numeral 1º, “dice que los estados deben respetar y hacer valer las sentencias de la Corte en los juicios en los que sean parte. En el caso de Leopoldo López, el Estado es parte y, si se produce una sentencia que le sea adversa, debe hacer lo posible para que se cumpla”.

INHABILITACIÓN COMO EXCUSA

Escarrá a su vez señaló que las inhabilitaciones “no son ajenas a la institucionalidad latinoamericana, ni a las instituciones de control que existen en el mundo” y destacó que a López “no se le inhabilitó por ejercer la política, porque entre otras cosas fracasó cuando fue a una elección nacional. De tal manera que allí no hubo temor o fantasma político. Sencillamente este señor violó la ley”.

El abogado especialista en DDHH coincide con Escarrá en que las inhabilitaciones son comunes en varias legislaciones, pero sostiene que, de acuerdo con la Constitución, “solamente se puede inhabilitar a alguien mediante una sentencia judicial firme y si ha cometido delitos en el ejercicio de sus funciones como funcionario público y que tengan que ver con el patrimonio público”.

Cualquier otra forma de inhabilitación es “manifiesto inconstitucional, constituye una violación a las garantías judiciales. La inhabilitación no es una sanción que pueda aplicarse desde el punto de vista administrativo”.

Por PATTY FUENTES GIMÓN

Artículo original en talcualdigital.com

Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional

Ahora bien, aunque la Corte ya tiene un fallo en sus manos, ese fallo no es de conocimiento de las partes aún, pues se deben cumplir con ciertos protocolos previos, como la traducción de la sentencia a todos los idiomas oficiales de la Organización de Estados Americanos, lo que imposibilita a todos los interesados conocer en este instante el fondo de la sentencia.

La sentencia fue adoptada por unanimidad, lo que parece ser un sinónimo de una decisión que condene las inhabilitaciones, sin embargo, no garantiza eso una decisión que ordene de manera inmediata restituir los derechos políticos de los afectados, pues la Corte podría ordenar una restitución con plazos de cumplimiento, lo que no necesariamente beneficia a Leopoldo López quien tiene aspiraciones de competir en la primarias presidenciales de la oposición.

Esta decisión sin duda tendrá un impacto importante en la región latinoamericana, pues supone la primera vez que la Corte trata un caso de derechos políticos.

Quizás por esto es que el Gobierno se apresura a opinar sobre el fondo de la sentencia, se apresura a decir que no acatará decisiones contrarias a la Constitución, como si la Corte Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos fuesen contrarias a la Constitución.

Lo cierto es que a la expectativa del fondo de la sentencia se suma ahora la verdadera expectativa, pues muchos se estarán preguntando cual será la reacción de Leopoldo López y el grupo político que lo sigue ante un eventual incumplimiento de la sentencia por parte del Estado venezolano.

Las sanciones internacionales por un caso como este parecen totalmente remotas, la Corte Interamericana probablemente haya hecho justicia, toca a sus beneficiarios exigirla internamente.

Por JORDY ENRIQUE MONCADA CARTAYA

Opinión original en eluniversal.com

Caracas.- “Que el Estado venezolano pretenda convertirse en un Estado anárquico, que no acate decisiones de las jurisdicciones internacionales es un tema muy delicado, serio y relevante”. Así expresó Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, su preocupación por las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, y voceros del Gobierno nacional “que pretenden desconocer” la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la situación política de Leopoldo López.

“La Corte IDH no es un juego de domino, no es un juego de bolas criollas, es un Tribunal tan validamente constituido como la Sala Constitucional del TSJ (…) Además, surge por la Convención Interamericana de Derechos Humanos que es Ley de la República y que nos obliga la Constitución a acatarla”, destacó Ecarri.

El presidente de la Fundación, llamó “a la reflexión” a las instituciones del Estado y “a cumplir” las obligaciones internacionales de la Republica. “Venezuela no se puede convertir en un estado anárquico, Venezuela no se puede convertir en un estado forajido. Se necesita acatar de manera inmediata las decisiones de tribunales internacionales validamente constituidos”.

“Si se desconoce una jurisdicción internacional, si se desconoce un tribunal o un tratado internacional, mañana estaríamos desconociendo cualquier tratado de índole económica como el Mercosur o las alianzas con el gobierno Chino. Esto inaguantable e insólito que este pasando”, manifestó.

Agregó: “No acatar las decisiones traerán consecuencias terribles para la República, no sólo que mañana caeríamos hasta en la Corte Penal Internacional, la violación de los Estatutos de Roma o una serie de situaciones lamentables, es que estaríamos empujando a Venezuela a asumir costos económicos extraordinarios y se elevaría el riesgo país porque tendríamos que pagar mas intereses por la deuda publica ¿Cuántas escuelas y hospitales se dejarían de construir por los intereses de la deuda? Este gobierno nos ha hipotecado y esto (desacato de la decisión) es muy grave”.

Por Alicia de la Rosa

Artículo original en eluniversal.com