<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199</id><updated>2024-09-04T05:18:53.411-05:00</updated><category term="169"/><category term="Consulta"/><category term="Indígenas"/><category term="Perú"/><category term="Tintaya"/><category term="Universidad Científica del Sur"/><title type='text'>Derecho de Pueblos Indigenas</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://javieraroca.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default?redirect=false'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>23</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-3149149799833348061</id><published>2012-11-17T12:33:00.001-05:00</published><updated>2012-11-17T12:33:15.916-05:00</updated><title type='text'>Desafíos para las Organizaciones Indígenas escrito por Elvira Raffo M. </title><content type='html'>Interesante artículo escrito por Elvira Raffo. Recomiendo su lectura.

Desafíos para las Organizaciones Indígenas
Elvira Raffo M. 

¿Pueden las organizaciones indígenas recibir dinero de las empresas extractivas? ; fue la pregunta que me hacía un dirigente indígena nacional, refiriéndose a la noticia difundida sobre la firma del Convenio de Cooperación suscrito entre AIDESEP y PETROBRAS en julio del 2012. 

Difícil respuesta sobre todo si consideramos amenazas y desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en sus comunidades. En este sentido quisiera extender la pregunta a ¿los actuales modelos organizativos indígenas, responden a los desafíos y aspiraciones de los pueblos indígenas? es decir, ¿ el modelo piramidal de organización indígena (comunidad, federación, organización regional y organización nacional) garantiza una real participación de los pueblos indígenas y sus comunidades?; ¿no es acaso que hay debilidades en los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia al interior de las organizaciones indígenas? 

En mi opinión los actuales desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y sus comunidades demandan nuevos modelos y nuevas estrategias de organización indígena, manteniendo sus valores, su autonomía y sus justas aspiraciones que además tienen respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Algunos de estos desafíos son: 

- Malas prácticas de empresas extractivas que entran en diálogo y negociación directa con comunidades del ámbito donde realizarán sus operaciones, ofreciendo ayuda social para mejoras en comunidades y propuestas de compensación por la actividad, desconociendo a las organizaciones locales. Esta situación genera tensiones no solo entre dirigentes comunales y de la organización local (sea federación o la organización regional) sino también divisionismo entre las propias comunidades. 

Recuerdo claramente la tensión que enfrentaban un grupo de representantes de unas comunidades ubicadas en Amazonas, debido a que la empresa extractiva “sólo estaba negociado con un grupo de comunidades sin considerar las suyas, cuando el impacto ambiental abarcaría también a las comunidades de la cuenca…”. En esta situación el tema de fondo para estos líderes era lograr ser incluidos en las negociaciones, esta situación generó un nuevo fraccionamiento en una pequeña federación Awajún y la pelea por asegurar su legitimidad ante las comunidades y la organización regional e incluso nacional, incrementándose su vulnerabilidad para la protección de sus derechos. 

En otros casos comunidades mantienen convenios por compensación con empresas extractivas para proyectos de desarrollo comunal, con presupuestos que superan los fondos que puede tener su organización local (federación o regional, incluso el presupuesto de su organización nacional) 

- El narcoterrorismo y la violencia es otra de las amenazas que enfrentan hoy varias comunidades indígenas; especialmente en aquellos lugares donde las comunidades indígenas conviven con la empresa extractiva, puestos militares y grupos de narcotráfico, estos últimos han instaurado corredores de paso de droga y se movilizan armados por las comunidades. 

Esta situación ha generado que familias de estas comunidades y sus líderes vean limitada su libertad de tránsito, en algunos casos son impedidos por estos grupos narcoterroristas de participación en reuniones o asambleas de sus organizaciones y definitivamente no gozan de su derecho a la autodeterminación, viviendo en constante amenazas a sus vidas y seguridad.

La relación de los pueblos indígenas con los puestos militares no es menos compleja, aunque por lo menos en algunos casos pueden dialogar y establecer protocolos para establecer relaciones con las comunidades. 

En estos casos ¿qué esperan los pueblos y las comunidades de su organización? , ¿cuál es el papel de la organización indígena local y nacional ? Y estas amenazas afectan por igual a pueblos y comunidades que son base de AIDESEP y de CONAP así que las preguntas valen para ambas organizaciones.

- En el área de los desafíos, ubico las legítimas aspiraciones de pueblos indígenas de ejercer su derecho a la autodeterminación indígena que está llevando lenta pero gradualmente a que desarrollen experiencias y propuestas de territorio por pueblo indígena. Estas aspiraciones llevan también a considerar formas de gobernanza indígena más allá de las clásicas formas de organización comunal. En esta propuestas de territorios integrales o territorio por pueblos ¿responden los actuales modelos organizativos a estas propuestas?; ¿cómo lo harán? ¿qué se está haciendo para ir avanzando en estos procesos? 

- Por último me gustaría sacar a colación lo referido a los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales en sus territorios, al respecto el Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos naturales (Art. 15 inciso 1). Señala además, que en el caso que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos están obligados a consultar a los pueblos interesados pero además los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reportan tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esas actividades (Art.15 inciso2). 

Y por beneficios podemos entender varias modalidades como ser parte de las utilidades de la empresa o de las regalías y ¿por qué no pensar en que puedan recibirlas directamente a través de sus organizaciones representativas? , los beneficios no se refieren a proyectitos de apoyo social o talleres informativos sino a beneficios reales que puedan negociar los propios pueblos. Por su puesto esto pasa también porque los pueblos interesados tengan una propuesta clara sobre su propio desarrollo o buen vivir, lo cual en mi opinión es una aspiración que requiere propuestas de gestión concretas y viables. 

Volviendo entonces a la pregunta inicial ¿Pueden las organizaciones indígenas recibir dinero de las empresas extractivas? Mi respuesta es que es una decisión que corresponde a los pueblos indígenas, es una decisión que en lo personal no me gusta, pero que si esta decisión es discutida no por un grupo de dirigentes sino en asambleas por pueblos y comunidades, si esta decisión no les quita autonomía, no limita el ejercicio de derecho a la autorderminación, ni recorta el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, si esta decisión le permite ser actor que se beneficia directamente de las actividades; si además se tiene una propuesta de gestión de estos recursos que incluyen rendición de cuentas y transparencia, entonces será una decisión adecuada que contara además con el respaldo legitimo de los pueblos interesados. 

Sigo considerando que AIDESEP y CONAP cada una con sus particularidades busca representar a sus bases, defender sus derechos e intereses, manteniendo su autonomía. Sin embargo los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas debe llevar a repensar nuevas estrategias, de tal forma tal que las decisiones de los dirigentes de la organización no pretendan superar las decisiones autónomas de los pueblos indígenas y sus comunidades, por más pequeños que estos sean. 

En este sentido y respecto al Convenio suscrito por AIDESEP y Petrobras mis preguntas son si ¿esta decisión la tomaron los cinco dirigentes nacionales o si fue previamente consultada comunidad por comunidad, o por lo menos con las federaciones involucradas en las zonas de operaciones de Petrobrás? , ¿ el Consejo Directivo dio toda la información del alcance y las repercusiones de este Convenio a las comunidades y dirigentes?, esta decisión fue previamente discutida con los dirigentes regionales de AIDESEP? Es importante recordar que AIDESEP no es el Consejo Directivo sino que AIDESEP es una organización de pueblos y comunidades que eligen a sus directivos en Asambleas pero que deben rendir cuentas. 

Sin embargo comparto lo señalado en uno de los comunicados del Consejo Directivo de AIDESEP (5 de noviembre 2012), es importante en este momento la crítica fraterna y el acompañamiento crítico de los aliados a las organizaciones indígenas y sus dirigentes, pero eso requiere la franqueza de los aliados y la capacidad de escucha de los dirigentes</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://javieraroca.blogspot.com/feeds/3149149799833348061/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/7550749105128898199/3149149799833348061' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/3149149799833348061'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/3149149799833348061'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/11/desafios-para-las-organizaciones.html' title='Desafíos para las Organizaciones Indígenas escrito por Elvira Raffo M. '/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-5343864622482952157</id><published>2012-09-24T10:06:00.001-05:00</published><updated>2012-09-24T10:09:14.269-05:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="169"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Consulta"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Indígenas"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Perú"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Universidad Científica del Sur"/><title type='text'>Propiedad privada vs propiedad colectiva</title><content type='html'>III Congreso Nacional de Derecho Privado
 
Propiedad privada vs propiedad colectiva

  Javier Aroca 


I. Introducción.

En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este Congreso, especialmente al Taller de Derecho Civil ´José León Barandiarán´ y a la Sociedad Peruana de Derecho, por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre el derecho a la “propiedad privada versus la propiedad colectiva”. Es un honor para mí compartir estas reflexiones en el campus universitario de mi “alma mater”.

II. Consideraciones generales sobre propiedad privada y pública.

Hablar de propiedad privada versus propiedad colectiva puede conducirnos a pensar que se trata de dos conceptos contrapuestos, que la propiedad colectiva o comunal podría ser pública; pero eso sería un error. La propiedad colectiva puede ser considerada también como otra forma de propiedad privada, como se precisará más adelante, propiedad sobre todo reconocida en favor de las comunidades indígenas, sean comunidades campesinas o nativas.

Conviene recordar que la propiedad  es el derecho pleno que tiene una persona –natural o jurídica- sobre un bien, esto es, sobre una cosa (bien corporal) o sobre un derecho (bien incorporal). Por ejemplo, bienes corporales serían: un terreno, un automóvil, los vestidos, etc. Ejemplos de bienes incorporales o derechos serían: una concesión minera, los derechos de autor, las marcas, nombres comerciales y patentes, la concesión para explotar un servicio público, etc.

El derecho pleno (absoluto) que recae sobre estos bienes, corporales o incorporales, es la propiedad. Es un derecho que faculta a su titular a ejercer prácticamente todas las facultades o atributos sobre el bien, es decir, puede usarlo, disfrutarlo y disponer de él. Lo primero es servirse de él, lo segundo es beneficiarse con sus frutos o rentas y lo último es acabar con su derecho (venderlo o regalarlo). ¿Cuáles son sus límites?: el bien común y la ley. El primero es el bien general, el bien de todos. Por ejemplo, la paz social y la seguridad pública. Ambas integran el llamado bien común. No puede haber o no debería haber, en consecuencia, un propietario que al ejercitar su propiedad viole o afecte la paz social o la seguridad pública. 

El Artículo 70° de la Constitución Política, sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad, establece que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

De acuerdo a la definición brindada por la legislación peruana, son bienes estatales todos los muebles e inmuebles bienes de dominio privado o público, que tienen como titular al Estado o a cualquiera de sus  entidades. A su vez, dentro de la categoría de bienes estatales tenemos dos grupos:

• Los bienes de dominio público del Estado son aquellos que tienen  una finalidad pública determinada, ya sea  uso o  servicio público, para lo cual se hallan dotados de un régimen jurídico especial. En ese  sentido, tres son los elementos que configuran la relación jurídica de los bienes de dominio público, también conocidos como bienes demaniales: la titularidad pública de los  mismos, su afectación a una finalidad o utilidad pública y la aplicación de un régimen especial administrativo de protección y uso. Asimismo, si  bien son inalienables e imprescriptibles, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 73° de la Constitución Política del Perú, son susceptibles de ser afectados por derechos reales administrativos otorgados por el Estado, pues, éste tipo de derechos concedidos un particular sobre un bien público, se caracteriza por su precariedad, pues no es perpetuo ni definitivo, y es revocable.

• Los bienes de dominio privado del Estado, son definidos por el Tribunal Constitucional peruano, como aquel acervo de bienes conformado por aquellos que, siendo de propiedad de la entidad pública no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público. Sobre los bienes de dominio privado, las entidades públicas ejercen el derecho de propiedad con todos sus tributos, sujetándose a las normas del derecho común. En virtud de ello, son susceptibles de ser embargados, enajenados o de ser adquiridos mediante prescripción adquisitiva de dominio.

III. La propiedad colectiva o comunal de las comunidades indígenas.

Hechas las precisiones anteriores, resulta evidente que la propiedad colectiva ejercida en nuestro país por las comunidades campesinas y nativas, que son pueblos indígenas , no es propiedad pública sino una forma de propiedad privada, especial, reconocida igualmente en la Constitución Política, cuando sostiene en el artículo 89° que las  Comunidades  Campesinas  y  las  Nativas  tienen  existencia  legal  y  son  personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas dice en su artículo 7° que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Y luego, su artículo 17° señala que “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Estos principios protegen la propiedad colectiva o comunal de las comunidades indígenas.

En el mismo sentido, podemos encontrar la doctrina y la jurisprudencia internacional que ha venido cultivando la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En efecto, los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho, tanto bajo el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como bajo el artículo 21° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la delimitación y demarcación de su territorio por el Estado.  El principal mecanismo de garantía del derecho de propiedad territorial indígena que ha sido identificado por los órganos del sistema interamericano es la delimitación y demarcación de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas.  

La Corte Interamericana ha explicado que es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de la adopción de las medidas legislativas y administrativas necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación y demarcación, que reconozca tales derechos en la práctica.  De hecho, el reconocimiento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad.  La CIDH ha sostenido en términos generales que la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad comunal por los pueblos indígenas necesariamente exige que el Estado delimite y demarque efectivamente el territorio que abarca el derecho de propiedad del pueblo indígena correspondiente y adopte las medidas correspondientes para proteger el derecho del pueblo respectivo en su territorio, incluido el reconocimiento oficial de ese derecho.
 
La falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o dificultar el acceso de los pueblos indígenas a sus territorios y el uso y disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en una situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud, entre otros.  En igual medida, la recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria.  

La ausencia o el retardo de la titulación y demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas también pueden agudizar el impacto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, para explotar minerales o petróleo, así como suscitar conflictos violentos entre dichos pueblos y terceros por causa de tales proyectos extractivos.  La falta de demarcación de las tierras ancestrales de comunidades indígenas constituye una violación de los artículos 21°, 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos especiales, adecuados y efectivos para la delimitación, demarcación y titulación de sus territorios.  Debido a las características específicas de la propiedad comunal indígena, estos procedimientos deben ser diferentes de los mecanismos generales de titulación de la propiedad agraria disponibles para otros sectores de la sociedad.  

La adopción de mecanismos legislativos o administrativos que se ajusten a estos estándares no es suficiente si estos no conducen a la garantía del derecho de propiedad comunal en un tiempo razonable.  La Corte Interamericana ha examinado los procedimientos para la demarcación y delimitación de tierras para asegurar el cumplimiento de los requisitos de efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo 25° de la Convención Americana.
 
IV. Los argumentos del sistema interamericano en favor de la propiedad comunal indígena.

En el caso Awas Tingni , la Constitución y la legislación de Nicaragua reconocían el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos nacionales, pero no existía un procedimiento específico para hacer efectivo dicho derecho a través de la demarcación territorial.  En consecuencia, la demarcación de los territorios de las comunidades indígenas debía realizarse en el marco de la legislación agraria existente, una legislación que propugnaba el reparto de la tierra siguiendo criterios de proporcionalidad y de rendimiento económico.  Según la Corte, la ausencia de mecanismos especiales de demarcación era una violación del artículo 25° de la Convención.  Dichos mecanismos deben ser además efectivos, en el sentido que ha sido elaborado ampliamente por la jurisprudencia del sistema.  Los Estados violan el derecho al uso y el goce de los bienes de los miembros de las comunidades indígenas al no delimitar y demarcar su propiedad comunal, como lo exige el artículo 21° de la Convención Americana.
 
La obligación internacional de definir y demarcar el territorio preciso sobre el que recaen los derechos de propiedad de los pueblos indígenas se debe cumplir por los Estados en plena colaboración con los propios pueblos indígenas.  En términos más generales, los Estados deben crear mecanismos para la demarcación de tierras de los indígenas que cuenten con una participación plena de éstos.  Todas las fases relativas al procedimiento de delimitación y demarcación de los territorios indígenas, incluida la creación misma de los mecanismos y procedimientos, deben llevarse a cabo con la plena participación de los pueblos directamente afectados, en cuanto que titulares del derecho de propiedad comunal.
 
La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar efectivamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas necesariamente incluye el establecimiento de consultas efectivas e informadas con el pueblo respectivo en relación con las fronteras de su territorio, y que se tengan en cuenta en ese proceso las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra.
 
La demarcación de sus tierras se debe realizar sin retardos, y los Estados deben abstenerse de obrar en forma negligente o arbitraria frente a las solicitudes de demarcación territorial de las comunidades indígenas.  No obstante, los procedimientos de demarcación territorial deben cumplir el objetivo último de garantizar el uso y goce efectivo por parte de las comunidades indígenas de su derecho de propiedad comunal, con las complejidades que son inherentes a este tipo de procesos.  En este sentido, la Corte ha aplicado criterios flexibles al establecer límites temporales para llevar a cabo la demarcación territorial, en relación con casos específicos donde ha identificado la violación del derecho de propiedad.  Por ejemplo, en el caso Awas Tingni, la Corte ordenó a Nicaragua que titulara las tierras de la Comunidad en el plazo de 12 meses contados a partir de la publicación de la sentencia.  En los casos de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, que involucraban la resolución de un conflicto de propiedad con terceros poseedores de las tierras, el plazo se amplió a 3 años.  Pese a esta flexibilidad temporal, el retraso prolongado e injustificado en la atención a las demandas de demarcación ha sido considerado por la Corte como una violación del artículo 25 de la Convención.
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos; en tal medida, los pueblos indígenas tienen derecho a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y ataques causados por los procesos de reivindicación territorial.  En efecto, la falta de demarcación de las tierras ancestrales, o el retardo en la demarcación, pueden causar conflictos territoriales graves entre los pueblos indígenas y terceros, a menudo violentos.  Cuando digo esto no puedo dejar de recordar el lamentable desenlace en el caso de la comunidad de Tsuntsunsa, ubicada en la provincia de Bagua, en la región Amazonas, para lograr el desalojo de colonos invasores en sus tierras. Era la década del 80. La comunidad estaba titulada, pero invadida por colonos que estaban extrayendo los recursos de la comunidad. La comunidad decidió iniciar un juicio por usurpación de tierras. Aunque demoro años, logró que se les diera la razón. La sentencia ordenaba el desalojo de los invasores, pero no había autoridad policial que hiciera cumplir la orden judicial. Cansados de esperar, los aquejan de Tsuntsunsa decidieron ir ellos mismos a desalojar a los invasores. Encabezados por su jefe, Chu Nuncanquit, llegaron a enfrentarse con los invasores y estos asesinaron a Nuncanquit. La respuesta no se hizo esperar y los awuajun atacaron a los invasores y los hicieron huir de sus tierras. Esta violencia y la muerte lamentable del jefe indígena se podrían haber evitado si las autoridades hubieran hecho cumplir la ley.

Los pueblos indígenas, en estos casos, tienen derecho a que se efectúe la demarcación en forma urgente, mediante procedimientos adecuados y efectivos para llevar a cabo el proceso; a que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se prevenga la ocurrencia de dichos conflictos; a que se les proteja de los ataques por los terceros con quienes entren en conflicto; a que se investigue efectivamente y sancione a los responsables de dichos ataques; y a que se establezcan mecanismos especiales, rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de sus tierras.  En la misma medida, los Estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizar el proceso de demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento a las comunidades indígenas de títulos de propiedad sobre la tierra y para que ese proceso no perjudique el normal desarrollo de la propiedad y vida comunitaria.
 
El contenido de las distintas etapas de delimitación, demarcación y titulación no ha sido desarrollado por la jurisprudencia interamericana.  Tal contenido deberá ser regulado por los Estados de conformidad con sus propias particularidades y tradiciones jurídicas, pero las medidas adoptadas deben sin embargo cumplir con los lineamientos interamericanos recién descritos. 
 
Las garantías de protección del derecho a la propiedad bajo los instrumentos interamericanos de derechos humanos pueden ser invocadas por los pueblos indígenas respecto de territorios que les pertenecen, pero que aún no han sido titulados formalmente, demarcados o delimitados por el Estado.  Una de las principales implicaciones de esta regla es que los Estados no pueden otorgar concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales que se encuentran en los territorios que no han sido delimitados, demarcados o titulados, sin consulta efectiva y sin el consentimiento informado del pueblo.  En consecuencia, los Estados violan el artículo XXIII de la Declaración Americana y el artículo 21 de la Convención Americana, a menos que se abstengan de “otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros, para utilizar los bienes y recursos que podrían quedar comprendidos por las tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar y proteger por otra vía, en ausencia de consultas efectivas y del consentimiento informado del pueblo”.  Siguiendo esta línea, la CIDH ha establecido que mientras que las tierras indígenas no hayan sido demarcadas, delimitadas y tituladas, los Estados deben abstenerse de “todo acto que pueda dar lugar a que agentes del propio Estado o terceros actuando con aquiescencia o tolerancia de éste, afecte la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados en la zona geográfica ocupada y usada por el pueblo indígena”.
 
La Corte Interamericana ha asumido una posición similar, al explicar que el Estado debe abstenerse de “realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad”.  La misma garantía ha sido exigida por la Corte en casos posteriores. En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka v. Surinam , la Corte Interamericana añadió que, con respecto a las concesiones ya otorgadas dentro del territorio Saramaka sin consultar al pueblo afectado, el Estado debía “revisarlas, a la luz de la presente sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de evaluar si es necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia del pueblo Saramaka”.
 
En conexión con lo anterior, la CIDH ha recalcado que la ausencia o el retardo de la titulación y demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas pueden agudizar el impacto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, así como suscitar conflictos violentos entre dichos pueblos y terceros por causa de tales proyectos.
 
V. Acerca de la protección de la posesión y uso del territorio comunal
 
Como parte del derecho a la propiedad protegido bajo los instrumentos interamericanos de derechos humanos, los pueblos indígenas tienen derecho a la posesión, al uso, a la ocupación y a la habitación de sus territorios ancestrales.   Este derecho es, más aún, el objetivo último de la protección misma de la propiedad territorial indígena o tribal: p ara la CIDH, la garantía del derecho a la propiedad territorial es un medio para permitir la posesión material de sus tierras por parte de los miembros de las comunidades indígenas.  Esto  implica,  en  términos  claros,  que  los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  vivir  en  sus territorios ancestrales, derecho protegido por el artículo 21 de la Convención 
Americana y el artículo XXIII de la Declaración Americana, y reafirmado por la Corte Interamericana: “los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios”.  También implica que los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de respetar y proteger el derecho colectivo a la posesión de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas mediante la adopción de “medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interés particular y colectivo que el pueblo indígena tiene en la ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales”.  El incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados.
 
Según ha explicado la CIDH, los principios jurídicos internacionales generales aplicables a los derechos humanos de los pueblos indígenas incluyen el reconocimiento de su derecho a la posesión de las tierras y recursos que han ocupado históricamente, así como el reconocimiento por los Estados de sus derechos permanentes e inalienables de uso.  También ha establecido la CIDH que el derecho de los pueblos indígenas a la posesión de las tierras ancestrales se vincula directamente con el derecho de las personas indígenas a la identidad cultural, en la medida en que la cultura es una forma de vida intrínsecamente vinculada al territorio propio; y que en virtud de los artículos II (derecho a la igualdad), XVIII (derecho al debido proceso y a un juicio justo) y XXIII (derecho a la propiedad) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los Estados están obligados a adoptar “medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interés particular y colectivo que los pueblos indígenas tienen en la ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales y su derecho a no ser privados de ese interés excepto con un previo consentimiento plenamente informado, en condiciones de [igualdad] y previa una justa compensación”.
 
La Corte Interamericana ha vinculado el derecho a la posesión, uso, habitación y ocupación del territorio ancestral por los pueblos indígenas, al núcleo mismo del derecho a la propiedad protegido por el artículo 21 de la Convención, que establece lo siguiente:
  
Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada
 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

La Corte ha señalado que el artículo 21 de la Convención Americana reconoce el derecho a la propiedad, entendida como el uso y goce de bienes, y que precisamente durante los trabajos preparatorios de la Convención, se reemplazó la expresión “propiedad privada” por “uso y goce de los bienes”.  A este respecto, la Corte también precisó que “los ‘bienes’ pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor” – definición aplicable, con las respectivas especificidades, a la relación establecida entre los pueblos indígenas y sus territorios, con todos los elementos que los integran.
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer y controlar su territorio sin ningún tipo de interferencia externa, ya que el control territorial por los pueblos indígenas es una condición necesaria para la preservación de su cultura.  El artículo 21 de la Convención Americana reconoce en este sentido a los miembros de los pueblos indígenas el derecho a gozar libremente de su propiedad, de conformidad con su tradición comunitaria.
 
La posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio emitido por el Estado, y otorga a los pueblos indígenas el derecho al reconocimiento oficial de su propiedad y su registro.  La Corte Interamericana ha explicado que “como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro”.  Al mismo tiempo, debe enfatizarse que la posesión de los territorios ancestrales no es un requisito que condicione la existencia, reconocimiento o restauración del derecho a la propiedad de un pueblo indígena o tribal; en efecto, los pueblos o comunidades indígenas que han perdido la posesión de sus territorios en forma total o parcial mantienen sus derechos plenos de propiedad sobre los mismos, y tienen derecho a reivindicar y obtener su restitución efectiva.  En el caso de la aldea de Moiwana , “la Corte consideró que los miembros del pueblo N’djuka eran ‘los dueños legítimos de sus tierras tradicionales’ aunque no tenían la posesión de las mismas, porque salieron de ellas a consecuencia de los actos de violencia que se produjo en su contra”.
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a administrar y explotar su territorio de conformidad con sus propias pautas tradicionales.  El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha exhortado especialmente a los Estados partes de la Convención a “que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales”.  En aplicación de esta regla, la Corte Interamericana ordenó al Gobierno de Surinam que respetara y garantizara el derecho del pueblo Saramaka a “administrar, distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, de conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal, y sin perjuicio a otras comunidades indígenas”.  La jurisprudencia interamericana no puede interpretarse en el sentido de “imponer una carga adicional a los miembros del pueblo Saramaka, haciendo que ellos soliciten concesiones del Estado para mantener su acceso a los recursos naturales que tradicionalmente han utilizado, tales como los productos de madera y otros productos forestales”.
 
VI. Criterios para proporcionar seguridad efectiva frente a reclamos o actos de terceros
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a que se les proteja de conflictos con terceros por la tierra, a través del otorgamiento pronto de un título de propiedad, y de la delimitación y la demarcación de sus tierras sin demoras, para efectos de prevenir conflictos y ataques por otros.  Cuando surgen conflictos, los pueblos indígenas tienen derecho a obtener protección y reparación a través de procedimientos adecuados y efectivos; a que se les garantice el goce efectivo de su derecho a la propiedad; a que se investigue efectivamente y se sancione a los responsables de dichos ataques; y a que se establezcan mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de sus tierras.
 
En este mismo ámbito, los pueblos indígenas o tribales y sus miembros tienen derecho a que su territorio sea reservado para ellos, sin que existan dentro de sus tierras asentamientos o presencia de terceros o colonos no indígenas.  El Estado tiene una obligación correlativa de prevenir la invasión o colonización del territorio indígena o tribal por parte de otras personas, y de realizar las gestiones y actuaciones necesarias para reubicar a aquellos habitantes no indígenas del territorio que se encuentren asentados allí.  La CIDH ha clasificado las invasiones e intrusiones ilegales de pobladores no indígenas como amenazas, usurpaciones y  reducciones de los derechos a la propiedad y posesión efectiva del territorio por los pueblos indígenas y tribales, que el Estado está en la obligación de controlar y prevenir.  En el mismo sentido, el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT  dispone que la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

En algunos casos, la demarcación de los territorios indígenas ha conducido a conflictos, en ocasiones de gran escala, con otras comunidades indígenas que presentan reclamos de propiedad sobre zonas de uso tradicional compartido (como bosques y aguas).  La solución de estos conflictos pasa por la flexibilización de las formas jurídicas específicas de reconocimiento de la propiedad comunal, que atienda al carácter sui generis de la propiedad comunal sin dejar de garantizar las pautas indígenas de uso y ocupación del territorio de conformidad con la Convención Americana y la Declaración Americana.  Entre las posibles alternativas se incluye el reconocimiento del derecho de acceso y uso a los pueblos indígenas a áreas no poseídas exclusivamente por éstos, incluyendo el uso de espacios de significación cultural o espiritual para ellos, y la búsqueda de fórmulas de utilización y manejo conjunto de los recursos naturales en áreas específicas.  La acomodación del régimen de propiedad comunal indígena en el marco de los ordenamientos internos requiere la búsqueda consensuada de modelos flexibles, que otorguen protección jurídica a las distintas formas indígenas de posesión y uso de sus territorios ancestrales.  Cualesquiera que sean las fórmulas jurídicas específicas de reconocimiento formal del derecho de propiedad comunal, dichas fórmulas deben garantizar la continuidad de los distintos usos del territorio por parte de los pueblos indígenas en toda su complejidad.

VII. Legislación referida a las demandas territoriales de los pueblos indígenas.

En las últimas décadas se han producido importantes cambios en la legislación nacional de nuestro país con respecto a los pueblos indígenas. El cambio fundamental está dado en el auto-reconocimiento como nación multiétnica y pluricultural, que ha conllevado al otorgamiento a los pueblos indígenas de las tierras que han ocupado tradicionalmente. El otro cambio más reciente e igualmente destacable es el del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Sin embargo, el problema del acceso a la tierra y de la inseguridad de la situación de la tenencia para muchos pueblos indígenas aún no ha sido resuelto por diversas circunstancias. Muchas veces, estas áreas indígenas no cuentan con una clara definición legal. Las leyes son, por un lado, muy generales o se da la coexistencia de demasiadas figuras jurídicas. En algunos casos existe una superposición de áreas protegidas con tierras reclamadas por indígenas, otras veces, los reclamos no han tenido eco en las esferas políticas. 

Quienes se enfrentan a una situación de mayor inseguridad con respecto a la tenencia de la tierra son, por lo general, los indígenas de las Amazonía. Para ellos, el reconocimiento de las tierras reclamadas, con una extensión suficiente para garantizar su supervivencia, constituye uno de los problemas más serios. Esta extensión tiene relación con el uso de métodos tradicionales de obtención de los recursos (recolección, agricultura migratoria de roza y quema, etc.) que les permite cubrir sus necesidades de supervivencia y de reproducción de la vida en ecosistemas muy frágiles. Debido a esta fragilidad estos ecosistemas no admiten prácticas de extracción con mayor intensidad. Al decir estas palabras, tengo presente la situación crítica de superposición de derechos de propiedad comunal con concesiones mineras, petroleras y forestales que se presentan en varios lugares de nuestro país, por ejemplo en la región Amazonas, y que puede ser una “bomba de tiempo”, si no se toman medidas urgentes para consultar a las comunidades sobre su consentimiento libre e informado 

En cuanto a los recursos naturales, a los pueblos indígenas se les ha otorgado el derecho de usufructo sólo a los que se encuentran en sus tierras. En el Perú los derechos de los indígenas para acceder a la propiedad de la tierra están ampliamente reconocidos. En la Constitución de 1993, actualmente vigente, se reconoce que las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso libre y disposición de sus tierras, tanto en lo económico como en lo administrativo. 

En cuanto a la legislación sobre los recursos no renovables, el mayor problema radica no sólo en la interpretación de las leyes sino en su implementación. Por lo general, el Estado conserva sus derechos de uso y usufructo de los recursos del subsuelo, sobre todo de los hidrocarburos. En el  Perú los recursos mineros e hidrocarburos pertenecen al Estado quien puede extraerlos a través de sus empresas u otorgar concesiones a particulares. 

Otro punto clave de discusión es el de la propiedad de los derechos sobre los recursos hídricos en las tierras indígenas. Éste es, en la mayoría de los casos, un bien del Estado aunque en algunos de ellos se presentan contradicciones legales. Aquí las aguas pertenecen al Estado, él regula su uso y las administra. Aun así, se establece en el artículo 10° de la Ley de Comunidades Nativas que las aguas también forman parte del espacio territorial indígena.

Para los pueblos indígenas, la tierra no es sólo un bien económico; en ella ejercen sus derechos ancestrales, pues sus antepasados la habitaron y la explotaron sin causar el desequilibrio ecológico causado por los colonos de los últimos tiempos.

Los pueblos indígenas ocupan sus territorios en forma distinta al resto de la sociedad. Sus asentamientos se dispersan para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, respetando el equilibrio ecológico, y disfrutando de una relación espiritual tierra-indígena poco comprendida en el concepto de propiedad.

El concepto clásico de propiedad es sinónimo de dominio, y equivale al derecho real pleno como lo define el artículo 923 del Código Civil: “La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”.

El pensamiento de los pueblos indígenas respecto al derecho a la tierra está vinculado al hecho de que ellos conocen cuáles son los territorios que tradicionalmente han ocupado, en donde se han desarrollado sus relaciones de parentesco. 

El concepto de propiedad es un concepto extraño para las comunidades, pero necesario para defender uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la tierra, en donde habitan, cazan, pescan y efectúan algunas actividades agrícolas, todas estas basadas en relaciones de reciprocidad. Se obsequia y se recibe el obsequio en silencio, cuando alguien intenta vender lo que tradicionalmente se entrega con gratuidad, es visto como un abusivo. 

En ese sentido, es importante ampliar el criterio legislativo para el tratamiento que se debe brindar a los pueblos indígenas sobre los derechos de propiedad adquiridos en esta materia. Las tierras son importantes para la preservación, la supervivencia y el desarrollo de las comunidades nativas. Sin embargo, la normatividad peruana vigente apunta a promover que las tierras entren al mercado y se rijan por las leyes de la oferta y la demanda, que se pueden alquilar, vender o hipotecar. En la práctica, se diluye el carácter social de la propiedad comunal.

La Constitución Política, promulgada en 1993, mantiene muchos de los derechos que antes fueron reconocidos en la Constitución de 1979, e incluye derechos que benefician a los pueblos indígenas. Lamentablemente, la Constitución de 1993 limita el derecho más esencial de las comunidades: el derecho a la tierra, al haber disuelto el régimen de protección sobre las tierras comunales, ya que nada se dice ahora sobre la inembargabilidad e inalienabilidad de éstas y más bien se declara que hay autonomía para su libre disposición. Y aunque son imprescriptibles, pueden caer en abandono de acuerdo a previsión legal.

La Ley de Tierras introdujo cambios significativos en la legislación. De acuerdo al Artículo 88 de la nueva Constitución y el Artículo 5º de la Ley Nº 26505, las tierras abandonadas por sus dueños quedan incorporadas al dominio público, para su adjudicación en venta. El abandono se podría producir cuando las comunidades nativas incumplan los términos y condiciones de los contratos de cesión en uso que han suscrito con el Estado.

Y es que la especial relación entre los pueblos indígenas y su tierra es de tal importancia, que no puede hablarse del derecho a la cultura de estos pueblos si no se garantiza el derecho de propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Asegurar el respeto al derecho constitucional a la pluralidad étnica y cultural obliga a prestar particular atención al respeto y garantía de la propiedad indígena. Tanto la Constitución Política como el Convenio 169 - OIT contienen disposiciones que permiten responder a esta necesidad.

En efecto, la Constitución en su artículo 70 garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y el artículo 88 garantiza especialmente el derecho de propiedad sobre la tierra. Sin embargo, aun cuando las disposiciones constitucionales y del Convenio 169 –que hace parte del bloque constitucional-, son claras en reconocer y garantizar la propiedad indígena, la legislación dictada después, como se ha anotado, no reflejan el espíritu de estas, creándose casos de conflictos y confusiones entre los funcionarios encargados de aplicar la ley, respecto a cuál es la interpretación correcta sobre los derechos de los pueblos indígenas y la propiedad en las tierras.

El Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, reconoce a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Conviene señalar que este derecho no significa necesariamente que todos los pueblos indígenas deban tener un título de propiedad sobre sus tierras tradicionales. El Convenio habla de derechos en plural. Hay muchos casos en los cuales los pueblos indígenas no tienen un título pleno de propiedad sobre sus tierras. En la OIT se interpreta que, en ciertas circunstancias el derecho de posesión y uso de la tierra puede cumplir con los requisitos previstos en el Convenio, siempre que se aseguren seriamente la continuidad de estos derechos. Este puede ser el caso de los pueblos indígenas aislados que viven en reservas. También se puede referir a situaciones donde se comparte el uso de ciertas tierras, en cuyo caso el derecho de posesión puede ser más apropiado que un título de propiedad. Finalmente, existen muchas situaciones donde los pueblos indígenas tienen derechos limitados de propiedad, en las cuales no pueden ejercer totalmente un derecho de propiedad como lo otorga un título. Este puede ser el caso donde las tierras se declaran inalienables.

Las normas legales relacionadas con esta materia se encuentran dispersas en diversos ordenamientos y guardan relación con los aspectos de dominio, uso y administración, tanto de recursos naturales renovables como de recursos mineros y del subsuelo en general.  El tema reviste una especial complejidad por la gran variedad de circunstancias en las cuales pueden hallarse las comunidades indígenas respec¬to a la tierra: en pleno dominio, cedidas en uso, en áreas sometidas a régimen de protección especial, en áreas de reserva comunal, en tierras poseídas por tradición pero sin ningún título, etc.

VIII. Reflexiones finales.

El derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (la Convención) debe ser entendido de manera amplia, de tal suerte que tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas quedan protegidas por dicha norma.

La Convención America, el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política protegen tanto las tierras de las comunidades indígenas como los recursos naturales, que en ellas se encuentren, necesarios para su supervivencia física o cultural.

Los miembros de las comunidades indígenas que estén en posesión de sus tierras tradicionales tienen el derecho a solicitar al Estado el reconocimiento legal de la propiedad. Sin embargo, el derecho a la propiedad, sea cual fuere el bien protegido, no es de carácter absoluto. En caso de colisión entre el derecho a la propiedad comunitaria y el derecho a la propiedad privada, o entre la propiedad comunitaria y los intereses del Estado, deberá realizarse un “juicio de proporcionalidad” para dilucidar a qué derecho o bien dar prioridad. 

Los elementos característicos de este juicio de proporcionalidad son:

a. Legalidad de la restricción.- Toda restricción que se pretenda imponer debe estar regulada por una ley.
b. Finalidad e idoneidad de la medida.- El fin que la restricción persiga debe ser compatible con la Convención Americana y la restricción misma debe ser adecuada para conseguir el fin propuesto.
c. Necesidad de la restricción.- De todas las medidas idóneas para alcanzar el fin perseguido, la restricción que se pretende imponer debe ser la que afecte en la menor medida el derecho en cuestión.
d. Estricta proporcionalidad de restricción.- La restricción no debe representar un sacrificio exagerado al derecho en cuestión, frente a las ventajas que se obtienen con ella.

En el caso de que se decida dar prioridad a la propiedad comunitaria sobre la propiedad privada, deberá otorgarse una justa indemnización a los particulares. En caso que se decida dar prioridad a la propiedad privada sobre la propiedad comunal, deberá ofrecerse a la comunidad indígena o tribal tierras alternativas o una indemnización en dinero o especie. La comunidad decidirá conforme a sus usos y costumbres.

Cuando se trate de intereses estatales, tales como proyectos de inversión o desarrollo, deben incluirse como elementos para evaluar la proporcionalidad de la restricción los siguientes requisitos:

a. Consulta previa, libre e informada.- Los miembros de las comunidades indígenas o tribales deberán ser consultados por el Estado 
i) de manera previa a la realización del proyecto en cuestión; 
ii) conforme a las propias formas de consulta de la comunidad; 
iii) sin fuerza o coacción, y 
iv) previa entrega de toda la información relevante, con miras a llegar a un acuerdo.

b. Elaboración de estudios de impacto ambiental y social.- Las autoridades estatales deberán realizar o supervisar los estudios necesarios para asegurar que los proyectos que se realicen afecten en la menor medida posible los derechos de los miembros del pueblo indígena o tribal en cuestión. 
c. Compartir beneficios.- El Estado deberá compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales de los territorios indígenas o tribales como una forma de justa indemnización.

Se requiere hacer valer los derechos constitucionales y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Ojala que el Estado cumpla con respetar y proteger la propiedad de estos pueblos.

Lima, 13 de septiembre de 2012
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Ámbito: Sujetos del Derecho a la Consulta.


Javier Aroca (1)


En primer lugar, deseo agradecer a Themis, la asociación de estudiantes de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por haberme invitado a participar en este Seminario, lo que permite compartir algunas reflexiones acerca de este importante tema que vengo trabajando hace algún tiempo.


La Ley y el Reglamento sobre el Derecho a la Consulta Previa


El presidente Humala decidió promulgar la Ley N 29785, Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas el 6 de septiembre del 2011 (en adelante la Ley), en Imacita. Resultó emblemática esta decisión porque este gesto gubernamental se realizó en Bagua, el lugar en el que ocurrieron hace 3 años atrás las protestas de los pueblos indígenas, que se produjeron por una injusta interpretación de los derechos de estos pueblos por parte del gobierno anterior, que prefería la explotación de los recursos naturales sobre los derechos fundamentales y la protección del ambiente.


El 3 de abril de 2012 se publicó en la separata de “Normas Legales” del Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N 001-2012-MC, reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas del Perú (en adelante el Reglamento). No puedo dejar de mencionar la inmensa alegría que este hecho me produjo. Tras décadas de haber presenciado la lucha que las organizaciones indígenas en todo el país han sostenido limpiamente para lograr afirmar sus derechos, con la aprobación de este mecanismo legal los pueblos indígenas han alcanzado un escalón más en esa noble causa: la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.


Se debe recordar que, durante años los pueblos indígenas no han recibido de parte de las instituciones del Estado ni de la sociedad civil, en general, el tratamiento jurídico ni político adecuado para reconocer y aplicar sus principales derechos: a la tierra, al territorio, a la justicia consuetudinaria, y por supuesto a la participación y consulta. Hoy se tiene ya un instrumento jurídico que debe viabilizar la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Ese sólo hecho merece ser saludado y reconocido por todos los sectores del Estado, de la sociedad y por supuesto por los propios pueblos indígenas.


La Consulta Previa en el Convenio 169 de la OIT


Sobre la consulta se puede señalar que, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es parte de la legislación peruana porque fue ratificado por la Resolución Legislativa 26253 en 1993. Reconoce los derechos de los pueblos indígenas (2)a su identidad cultural, a sus territorios y recursos naturales y a la autonomía. Establece la obligación del gobierno peruano de consultar las medidas administrativas y legislativas que puedan afectarlos y, por analogía, obliga a las empresas a observar este proceso de consulta.


La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que se deriva del derecho a la autonomía. Es también un mecanismo para la protección de los derechos culturales y territoriales de estos pueblos, sobre todo cuando se van a ejecutar obras o proyectos de desarrollo que puedan afectarlos directamente y cuando se pretenda explotar los recursos naturales existentes en sus tierras, fundamentalmente los recursos no renovables o del subsuelo.


Existen algunas disposiciones en el Convenio 169 que puedan definir su política fundamental. Los artículos 6 y 7 son primordiales para definir cómo debería de aplicarse el Convenio. El artículo 6 requiere que los gobiernos establezcan los medios que permitan a los pueblos interesados participar en la toma de decisiones a todos los niveles a nivel de instituciones legislativas y de organismos administrativos. También exige que consulten a los pueblos indígenas mediante procedimientos adecuados y sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.


Las consultas con los pueblos indígenas también son obligatorias en los casos que se indican a continuación:


• antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las tierras de dichos pueblos; 
• cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales a otro lugar; y 
• antes de diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigidos a los referidos pueblos. 


El artículo 7 es la otra disposición fundamental del Convenio. En él se afirma que los pueblos interesados tienen el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. En relación con los planes y programas de desarrollo que los afecten directamente, los pueblos indígenas deberán participar en su formulación ejecución y evaluación. Además, los planes de desarrollo económico que conciernan a las áreas ocupadas por las comunidades indígenas y tribales, deberán diseñarse con miras; entre otras cosas, a mejorar las condiciones de vida, las oportunidades de empleo y los logros, en materia de educación, de las referidas comunidades. El Convenio también dispone que los gobiernos deberán llevar a cabo, cada vez que sea apropiado, y en cooperación con los pueblos indígenas y tribales, estudios que evalúen el posible impacto sobre dichos pueblos de los programas y planes de desarrollo que se tenga previsto ejecutar en las áreas ocupadas por los mismos. La cooperación de estos últimos también debe buscarse en el diseño, manejo y evaluación de los servicios de salud y educación, inclusive los programas de formación profesional, que se dirijan a ellos.


El artículo 7 no implica que los pueblos indígenas tengan el derecho a vetar las políticas de desarrollo. Ningún segmento de la población nacional de cualquier país tiene derecho a vetar las políticas de desarrollo que afecte a todo el país. Durante las discusiones encaminadas a la adopción del Convenio, algunos representantes indígenas afirmaban que esto permitiría a los gobiernos hacer lo que quisieran. La Conferencia de la OIT no entendió de esta manera el contenido de este artículo del Convenio.


El artículo 7 exige a los gobiernos realizar verdaderas consultas en las que los pueblos indígenas tengan el derecho de expresar su punto de vista y de influenciar el proceso de toma de decisiones. Lo anterior significa que los gobiernos tienen la obligación de crear las condiciones que permitan a estos pueblos contribuir activa y eficazmente en el proceso de desarrollo. En algunos casos, esto puede traducirse en acciones dirigidas a ayudar a los referidos pueblos a adquirir el conocimiento y las capacidades necesarias para comprender y decidir sobre las opciones de desarrollo existentes.


Las consultas deben de realizarse de &quot;buena fe&quot; y por medio de &quot;procedimientos apropiados&quot;. Esto significa que, al consultarlos, los gobiernos deben proporcionarles información apropiada y completa, que pueda ser comprendida plenamente por los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que declare representar a la(s) comunidad(es) afectada(s). Las consultas deben emprenderse con organizaciones instituciones genuinamente representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar las consultas, deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con las que tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos. En fin, el Convenio establece claramente cuándo las consultas son obligatorias.


Los artículo 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT establece los fundamentos para las consultas a los pueblos indígenas:


• La consulta es obligatoria cada vez que se quiera adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles directamente, sus derechos o sus tierras que ocupan y utilizan para sus actividades tradicionales y de subsistencia, aún cuando no posean títulos de propiedad ni se encuentren en proceso de titulación.
• Debe hacerse antes de autorizar o emprender los proyectos.
• Debe efectuarse a través de las instituciones representativas de las comunidades.
• Debe realizarse por procedimientos apropiados.
• Debe hacerse de buena fe.
• Tiene el propósito de determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados y en qué medida.
• La finalidad de la consulta es lograr acuerdos entre el gobierno y las comunidades o en su caso entre la empresa y las comunidades sobre las medidas o proyectos propuestos.
• Se debe determinar la participación en beneficios a favor de las comunidades y las indemnizaciones por los posibles daños que puedan sufrir.


El Convenio 169 de la OIT establece que, antes de emprender cualquier medida o proyecto de desarrollo, se deben realizar estudios en cooperación con las comunidades con el fin de determinar la incidencia social, espiritual, cultural y medio ambiente de los proyectos que se pretende ejecutar y que los resultados de los estudios deben considerarse como los criterios esenciales para la ejecución de los proyectos.


La consulta tiene como marco el análisis de los impactos sobre los pueblos indígenas de la obra o proyecto que se pretende ejecutar y su conveniencia o inconveniencia, siendo necesario admitir que se puede llegar a la decisión de que un determinado proyecto no se debe realizar porque puede causar daños graves a la integridad de las comunidades y que no podrían ser reparados. Sin embargo, si la obra o proyecto se aprueba durante la consulta, se deben definir las condiciones para su  ejecución, las medidas para evitar, corregir, mitigar o reparar los daños que puedan ocasionar y definir la participación de las comunidades en los beneficios que genere el proyecto.


Por eso, la consulta es el mecanismo más idóneo para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El modo cómo hacer la consulta, los estudios que se deben realizar en cada caso, las actividades que se consideran necesarias, los tiempos que va a durar el proceso y los costos deben ser parte del primer proceso de negociación entre las comunidades y el gobierno; además, el gobierno debe garantizar los recursos económicos para realizar todo el proceso.


Los sujetos del derecho a la Consulta Previa


Se debe distinguir al sujeto activo y al sujeto pasivo.


Sujeto activo del derecho a la consulta: El Estado peruano. 


La determinación del sujeto activo del derecho a la consulta es importante porque en caso de incumplimiento de la obligación se debe saber sobre quién recae la responsabilidad. Hay una clara referencia a este rol del Estado en el último párrafo del artículo 2 de la Ley que dice “La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado”. También es claro el Reglamento en su artículo 5, que se refiere a la obligación de consultar, “la obligación de consultar al o los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de la OIT y de la Ley y constituye una responsabilidad del Estado Peruano.”


El derecho a la consulta se encuentra recogido en diversos instrumentos internacionales que han sido aprobados por el Estado peruano, lo que refleja el compromiso adquirido con la comunidad internacional en relación al cumplimiento de las normas contenidas en dichos instrumentos, especialmente en el Convenio 169 de la OIT. De ahí que, la obligación de realizar la consulta recae en el Estado peruano o de lo contrario la comunidad internacional podrá sancionarlo por incumplir con el acuerdo. De ninguna manera se debe entender que el Estado puede compartir su obligación con las empresas privadas que planean realizar actividades en nuestro país, pues el Estado debe asegurar un proceso de consulta imparcial. El proceso de consulta debe ser asumido plenamente por el Estado.


Por su parte, los representantes de los pueblos indígenas podrán colaborar en la coordinación y ejecución del proceso de consulta mas no podrían asumir la responsabilidad de la conducción, pues es el Estado quien asume la obligación. Por lo que si se presentase un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc., o en algún otro tribunal internacional, el Estado de ningún modo podría alegar la participación de representantes indígenas como causal de exclusión de responsabilidad.


Sujeto Pasivo: Los Pueblos Indígenas 


En el país es complejo comprender que los pueblos indígenas gozan de un derecho que puede parecer a primera impresión que ellos tienen un mayor beneficio que el resto de los ciudadanos. Históricamente los pueblos indígenas han sido excluidos y luego de muchos años de lucha se ha logrado el reconocimiento de sus derechos a nivel internacional. Por ello, luego de la aceptación de la situación de desigualdad en la que viven los pueblos indígenas se afirmó la necesidad de otorgar derechos que busquen poner fin a las circunstancias de discriminación.


En tanto el derecho a la consulta previa es reconocido a los pueblos indígenas, se debe determinar quienes están comprendidos en dicho concepto. Así, a partir de los artículo 89° de la Constitución, artículo 2° del Reglamento del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA y artículos 7° y 8° de la Ley de Comunidades Nativas y Amazónicas se puede notar que el Estado peruano reconoce a las comunidades nativas y campesinas como organizaciones representativas de los pueblos indígenas en el Perú, y se señala en tales normas algunas características que deben presentar tales grupos, como el idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. Además, según la Ley 28736, Ley de Pueblos Indígenas Aislados o en Contacto Inicial, se reconoce a los grupos que no se hallan en contacto con la población como pueblos indígenas. De ahí que se pueda establecer que el Estado peruano reconoce como pueblos indígenas a aquellos que se encuentren organizados en Comunidades Nativas, Campesinas o habiten en Reservas Indígenas reconocidas. Y cuando la ley se refiere a las comunidades campesinas, no distingue entre comunidades campesinas de los andes y de la costa y, como se dice en el principio jurídico, “donde la ley no distingue, no se debe distinguir”.
 

En el 2009, la Comisión de Expertos para la Aplicación de Recomendaciones y Convenios (CEACR) de la OIT, emitió algunas Observaciones en su 79° Período de Reuniones sobre el caso del Perú señalando que “la definición de pueblo indígena se encuentra dispersa en diversas normas en Perú se utilizan diversas categorías para referirse y reconocer a los pueblos indígenas y como resultado no queda claro a quién se aplica el Convenio.” En dicho documento se agrega que en la actualidad no se ha incluido en la Constitución el reconocimiento a los pueblos indígenas y que hay una distinción en el tratamiento de los pueblos indígenas sea que estén en la Amazonía, sierra o costa del país. Por ello, dicho organismo de control del cumplimiento del Convenio 169 recomendó al Estado peruano que desarrolle un criterio unificado a fin de poner fin a las confusiones que se han dado a la fecha. Además instó a que el gobierno tome las medidas necesarias para garantizar que todos quienes estén comprendidos en el artículo queden cubiertos por las disposiciones y gocen de tales derechos en igualdad de condiciones. 


En el 2010, la CEACR mantuvo la observación antes mencionada y resaltó la necesidad de establecer una definición de pueblos indígenas u originarios del Perú en consulta con los pueblos indígenas del país. Asimismo, dijo que el concepto que se señale debe contener necesariamente el atributo de auto identificación, pues el propio Convenio 169 lo recoge como uno de sus elementos.  


Esos elementos son: 


• Objetivo, referido a las características que presentan los pueblos indígenas mas no sería necesario que concurran todas para el reconocimiento como miembro indígena. Entre tales características se puede mencionar: el origen de los miembros de tales pueblos y su existencia desde antes que se forme el actual Estado, conservar sus instituciones culturales, sociales y económicas, conservar sus tradiciones y costumbres, entre otras. 


• Subjetivo, que es el auto reconocimiento que se refiere a la identificación que hace el propio miembro del pueblo indígena de sí mismo, reconociéndose como parte de un pueblo indígena. 


Además, se debe tener presente que el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que la consulta se realiza a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. De ahí que podamos manifestar que se trata de un derecho que se ejerce colectivamente a través de los representantes designados por los propios pueblos indígenas. En ese mismo sentido ha opinado la propia OIT en su Guía para la Aplicación del Convenio 169, sobre las instituciones indígenas: “La existencia de instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas conforma una parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena y es en gran medida lo que distingue a los pueblos indígenas de otros sectores de la población nacional.”


Entre los derechos humanos reconocidos a los pueblos indígenas por el Convenio 169 se puede mencionar el derecho a retener y desarrollar sus propias instituciones sociales, culturales y políticas pues su existencia conforma una parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena y es en gran medida lo que los distingue de otros sectores de la población nacional. A partir de la lectura del artículo 6° del Convenio 169 y el artículo 19° de la Declaración se puede establecer que la institucionalidad indígena es vital para la consulta y participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones que los afectan. 


A pesar de lo complejo que pudiera resultar la identificación de las instituciones indígenas, los órganos de control de la OIT así como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas han indicado la importancia de asegurar su participación para favorecer a que el proceso de consulta sea concordante con lo establecido en el Convenio y la Declaración. 


De acuerdo al artículo 5 de la Ley, son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados directamente por una medida administrativa o legislativa los titulares del derecho a la consulta previa. Se precisan los criterios objetivos y subjetivos para su identificación, que son concordantes con lo señalado por el Convenio 169. Se agrega que las comunidades campesinas y las comunidades nativas pueden ser identificadas como pueblos indígenas. Además, se establece la obligación de crear una base de datos oficial de pueblos indígenas a cargo del Vice ministerio de Interculturalidad. Ésta tiene carácter referencial y no constitutiva de derechos, pero debe ser implementada obligatoriamente por el Estado. A este respecto es importante señalar que el Estado ha cumplido con dar los primeros pasos para la implementación de la mencionada base de datos; mediante la aprobación de la Resolución Ministerial N  202-2012-MC, del 22 de mayo del 2012, que aprueba la directiva que regula el funcionamiento de la base de datos.


Es importante mencionar que, para ser titular de este derecho a la consulta previa, los pueblos indígenas deben estar ubicados en el ámbito geográfico en el cual se ejecutaría la medida administrativa o legislativa. La consulta previa se realiza a través de sus organizaciones representativas; y éstas deberán nombrar a sus representantes según sus usos, costumbres y normas propias. Los organismos no gubernamentales sólo deben ejercer funciones de asesoría durante el proceso de consulta, pero no el rol de vocería. 


Si bien la entidad promotora de la medida o del proyecto a ser consultado debe identificar a los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos pueden ser afectados, éstos pueden solicitar directamente su inclusión en un proceso de consulta ya iniciado o la realización del mismo. Según el reglamento, la entidad promotora es la entidad pública (ministerios, gobiernos locales y regionales, etc.) responsable de dictar la medida legislativa o administrativa que debe ser consultada.


Dilemas que se deberán resolver durante el proceso de implementación del derecho a la consulta previa


Son varios los dilemas que hay que resolver para la implementación de la consulta  previa; yo voy a mencionar aquí dos, para ir concluyendo: el tema de las organizaciones representativas y el tema de las rondas campesinas.

• Organizaciones representativas
Durante el proceso de discusión sobre el Reglamento de la Ley, fue notorio que las organizaciones indígenas nacionales y otras que se autodefinieron como representativas de organizaciones indígenas, pusieron sobre la mesa de debates, puntos que iban más allá del tenor del Convenio 169 y de la Ley, cuestionando por ejemplo que el Estado sea quien tome la decisión final. El espíritu del derecho a la consulta es que el Estado informe previamente y a profundidad y de buena fe, pero si no se logra un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas consultados, el Estado decide, y esa decisión debe estar debidamente fundamentada. 

En mi opinión personal, este es un desafío porque al final del día, son las propias comunidades –campesinas y/o nativas- las que pueden ser afectadas –positiva o negativamente- por una medida. Y las organizaciones indígenas regionales son las que pueden estar más familiarizadas con los problemas de las comunidades locales. 

Pero además, mi sentido común me indica que se debe tratar de organizaciones con legitimidad. Válidamente se puede uno preguntar sobre la legitimidad y representatividad de las organizaciones, cuando algunas veces solo pueden acreditar el 10% o menos de los afiliados a los que dicen representar. ¿Dónde quedan los principios de la representación que son establecidos en la teoría del acto jurídico? ¿Cómo evitar que los temas de los pueblos indígenas terminen convirtiéndose en temas de una agenda política y no de derechos? Este es el desafío.


• La situación de las Rondas Campesinas.
Las rondas Campesinas constituyen una forma extendida de institución comunal andina que ejerce funciones de gobierno local, justicia, desarrollo local, interlocución con el Estado y articulación supra-local. Las Rondas han demandado pleno reconocimiento constitucional y legal para el ejercicio de funciones jurisdiccionales y de autoridad comunal local, en el marco de un modelo de Estado pluricultural y democrático. 


Cuentan con reconocimiento formal desde 1986, cuando se publica la Ley N° 24571, que las definió como organizaciones destinadas al servicio a la comunidad, contribuyendo con el desarrollo y la paz, mediante la cooperación con las autoridades para la eliminación de cualquier delito. 


Este reconocimiento fue elevado a nivel constitucional mediante el artículo 149° de la Carta de 1993, que afirma un ámbito de jurisdiccional comunal para las comunidades y rondas campesinas, conforme al derecho consuetudinario, dentro de su ámbito territorial y con respeto a los derechos fundamentales. 


Y luego, con la Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas, publicada en el 2003, y su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo N° 25-2003-JUS del 30 de diciembre del mismo año, que estas organizaciones comunales empiezan a contar con un régimen jurídico sistemático e integral. 


La Ley 27908 confirma el reconocimiento de la personalidad jurídica de las rondas campesinas y, en la parte final de su artículo 1° dispone que “Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca”. De esta manera, se da reconocimiento positivo a la interpretación de la Constitución, lo que implica para las comunidades organizadas en rondas campesinas el derecho al ejercicio de la jurisdicción comunal (artículo 149° de la Constitución), al reconocimiento de sus instituciones propias (artículo 8.1 del Convenio 169 OIT), incluyendo las de represión de los delitos entre sus miembros (artículo 9.1 del Convenio 169 OIT)17; así como el de que las autoridades penales tengan en cuenta sus costumbres (artículo 9.2 del Convenio 169 OIT). 


Evidentemente, esto norma se formuló pensando en las rondas campesinas de las comunidades campesinas, pero, ¿Qué pasa con las rondas campesinas que se han organizado  por personas provenientes de otros sectores sociales, que no son de comunidades campesinas? ¿Es legítimo que se les aplique a estas instituciones el derecho a la consulta previa? ¿No sería acaso un exceso favorecen por esta vía a sectores sociales distintos a los que busca proteger el derecho a la consulta previa? Sin duda otro desafío a resolver.


Lima, 7 de junio de 2012 


____________________




(1)  Javier Aroca, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con algunos estudios en la maestría de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en el derecho de los pueblos indígenas y comunidades. Con más de 30 años de experiencia, ha sido Jefe del Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría del Pueblo y consultor de diversos organismos orientados a los derechos humanos, pueblos indígenas, medio ambiente, industrias extractivas, responsabilidad social empresarial, resolución de conflictos, y desarrollo sustentable. Con varias publicaciones sobre estos temas, actualmente, es Coordinador Regional del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam para América del Sur y se ocupa de monitorear proyectos de organizaciones y comunidades afectadas por las industrias extractivas (mineras y petroleras) en Perú, Ecuador y Bolivia. Es también consultor asociado de Calidoscopio Consultores. Estas reflexiones son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición de Oxfam. Para mayor información sobre el tema, puede consultar a la siguiente página web: http://javieraroca.blogspot.com/. También puede dirigir sus preguntas y/o comentarios al autor al siguiente e-mail: javiaroca@hotmail.com.
(2)  Las comunidades campesinas y nativas son pueblos indígenas.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://javieraroca.blogspot.com/feeds/7587248401024091773/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/7550749105128898199/7587248401024091773' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/7587248401024091773'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/7587248401024091773'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/06/sujetos-del-derecho-la-consulta.html' title='Sujetos del Derecho a la Consulta'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-4420484823517694023</id><published>2012-06-01T12:04:00.001-05:00</published><updated>2012-06-01T12:05:50.623-05:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="Tintaya"/><title type='text'>Entrevista en la Hora N, Canal N, Peru, 28 mayo 2012, segunda parte</title><content type='html'>http://www.youtube.com/watch?v=QCitLxMvUtE&amp;feature=relmfu</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/4420484823517694023'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/4420484823517694023'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/06/entrevista-en-la-hora-n-canal-n-peru-28_01.html' title='Entrevista en la Hora N, Canal N, Peru, 28 mayo 2012, segunda parte'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-2476671246981130204</id><published>2012-06-01T11:58:00.002-05:00</published><updated>2012-06-01T11:58:25.500-05:00</updated><title type='text'>Entrevista en la Hora N, Canal N, Peru, 28 mayo 2012</title><content type='html'>http://www.youtube.com/watch?v=Iesxrs8rdVA&amp;feature=relmfu</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://javieraroca.blogspot.com/feeds/2476671246981130204/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/7550749105128898199/2476671246981130204' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/2476671246981130204'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/2476671246981130204'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/06/entrevista-en-la-hora-n-canal-n-peru-28.html' title='Entrevista en la Hora N, Canal N, Peru, 28 mayo 2012'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-6829949031208847443</id><published>2012-05-16T16:29:00.000-05:00</published><updated>2012-05-16T16:31:45.098-05:00</updated><title type='text'>El Derecho a la Consulta Previa en el Congreso de la República - Peru</title><content type='html'>El Derecho a la Consulta Previa en el Congreso de la República

Javier Aroca Medina 

Introducción

Quiero agradecer ante todo a la señora Congresista Maria Soledad Pérez Tello y a sus asesores, por haberme invitado a participar en esta sesión del Grupo de Trabajo sobre Reglamento e Implementación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. El tema del derecho a la consulta previa es muy importante en las circunstancias actuales.

Como se sabe, uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es que tienen poca o ninguna oportunidad de expresar su opinión sobre la forma, el momento y la razón de medidas decididas o ya aplicadas que inciden o incidirán directamente en sus vidas. Un claro ejemplo de lo que no debe ocurrir en nuestro país es el caso Inambari. Al examinar la aplicación del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en el Perú ha sido ratificado mediante la Resolución Legislativa N° 26253, con respecto al proyecto de represa hidroeléctrica de Inambari, que acarreaba la inundación de parte de tierras ocupadas por comunidades nativas, colonos y comunidades campesinas, vemos que la consulta no fue efectuada. 

En esa zona de Inambari están los Kotsimbas y la Comunidad San Lorenzo en Madre de Dios, y en territorio de Puno se hallan las comunidades campesinas en Awapata, de la provincia de Carabaya. Dicho proyecto avanzó sin haberse consultado previamente a las comunidades indígenas interesadas (las comunidades nativas y campesinas de la zona) y, en consecuencia, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio núm. 169.

Otro ejemplo que no podemos dejar de mencionar es el de Bagua. Una disputa visible, que se suscitó en el 2009, a propósito de la falta de consulta a los pueblos indígenas amazónicos de los decretos legislativos que afectaban directamente la economía, la tierra y la cultura de estos pueblos, y que generaron un violento enfrentamiento.

Se tiene que recalcar, el deber de consultar a las comunidades indígenas en las situaciones contempladas en el Convenio 169 de la OIT. El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio núm. 169 en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo. En esa medida, se debe pedir al Congreso, respetar el derecho a la consulta cuando una medida legislativa sea susceptible de afectar a los pueblos. 

La propia OIT ha llamado la atención al Perú en varias ocasiones cuando el derecho a la consulta no ha sido observado. Por ejemplo, en los años 1999 y 2001. 

En la Observación Individual a Perú del 1999, se estudió una reclamación presentada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, en la que se aducía que la ley 26845, del 26 de julio de 1997 (ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa peruana), había sido adoptada sin consultar a las comunidades indígenas que habitaban la zona a la que hacía referencia esta ley . En esa oportunidad, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) recordó al Estado que era necesario consultar a los pueblos indígenas cuando con una medida se considerara enajenar sus tierras o transmitir sus derechos de propiedad.

Por otro lado, en su Observación Individual a Perú en el 2001, la CEACR volvió a llamar la atención al gobierno peruano por no haber consultado a la comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos, comunidad indígena del departamento y la provincia de Lambayeque, sobre un decreto en virtud del cual se expropiaron más de cien mil hectáreas de las tierras ancestrales de la comunidad .

Todo lo anterior, sirve para centrar mi opinión sobre las preguntas motivadoras que han sido planteadas por el Grupo de Trabajo y que vamos a responder a continuación.

1. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta para incorporar la consulta previa en el proceso legislativo? ¿Cómo establecer un mecanismo eficaz de consulta legislativa?

Pienso que lo primero que debe tener en cuenta el Congreso es que se trata de un tema ligado al pluralismo jurídico. En este sentido es útil recordar lo que en algún momento se ha dicho al respecto, entre los conflictos que pueden presentarse entre el derecho oficial y el derecho consuetudinario. 

El problema del pluralismo jurídico es el problema de la multiculturalidad porque, como sostiene Fernando de Trazignies, de alguna manera la cultura se expresa a través de su propio sistema jurídico. Por consiguiente, donde hay varias culturas hay varios derechos. Y la aplicación por la fuerza de un derecho ajeno a la cultura del grupo, es sentida evidentemente como un acto de opresión. Cuando no se cree en el derecho aplicable, cuando no se participa de los valores que lo informan, la vigencia misma de ese derecho es sentida como un acto de opresión, como una pérdida de libertad, que atañe aspectos muy fundamentales de la vida.

Toda manifestación cultural es aceptada porque creemos en ella. Si a los occidentales nos ponen a  oír música japonesa, a algunos nos gusta; pero a otros no, porque no participan de sus valores y de sus formas de expresión y, en consecuencia, no la entienden y se aburren. No cabe duda de que si sientan a un joven occidental a escuchar tres horas de música japonesa, va a sentir esa obligación como una opresión, va a pensar que se le ha impuesto un deber con el que no está de acuerdo porque no comparte su racionalidad, porque lo condena a ser un espectador pasivo de un espectáculo extraño del cual no participa ni puede participar porque es ajeno a su mentalidad.

El mismo tipo de sentimientos pueden presentarse en una persona perteneciente a una cultura no occidental, perteneciente a una cultura indígena, si se le impone un derecho occidental. Y en este caso no se trata de oír el derecho sino de sufrir el derecho. Aquí estaremos ante una situación en la que el grupo se rige por valores que no cree, y cuando la gente no cree en los valores del sistema jurídico, la única forma de hacerlo cumplir es con la ayuda de la fuerza física, con el riesgo de caer en los extremos de la represión o, lo que puede ser peor, en la criminalización de la protesta.

Disculpen esta aparente digresión, pero creo que es importante darnos cuenta  de que hablar del derecho a la consulta previa supone aceptar de antemano de que estamos aceptado de que dentro de nuestro Estado, coexisten varias culturas, varias naciones, lo que significa también aceptar de que no hay una nación homogénea sino varias naciones heterogéneas.

Lo segundo que debe estar presente en la atención de este Grupo de Trabajo es el tema de la participación efectiva de las organizaciones indígenas. Durante la revisión del borrador de reglamento de la ley de consulta previa los líderes de las organizaciones indígenas expresaron su malestar porque la metodología empleada en los encuentros fue inadecuada, y las condiciones logísticas generaron malestar entre los líderes indígenas que participaron; estos problemas no fueron corregidos y ahondaron la desconfianza de los líderes indígenas, lo que hace pensar que el ánimo de participar en el mecanismo, dentro del Congreso, tiene ese aspecto en contra. La formulación del reglamento de cómo aplicar el derecho a la Consulta previa para medidas legislativas debe involucrar no solo a especialistas sino a las propias organizaciones indígenas, nacionales y regionales, garantizándoles las mejores condiciones posibles para que autónomamente adopten sus propias definiciones.

Respecto a esta primera pregunta, sobre qué aspectos deberían tenerse en cuenta para incorporar la consulta previa en el proceso legislativo, creo que lo primero que debe hacer el Congreso es revisar la situación general de los pueblos indígenas y eso implica revisar íntegramente, con la participación de los propios pueblos indígenas, todas las leyes, resoluciones legislativas, derechos leyes y decretos legislativos, relacionadas con sus derechos, teniendo especial consideración con la situación de vulnerabilidad y exclusión social en la que normalmente se encuentran estos pueblos y con la necesidad de lograr el respeto y la garantía de sus derechos fundamentales. 

Cuando digo esto, lo hago imaginándome que es posible convocar la formación de una comisión de trabajo integrada por representantes de las organizaciones indígenas y de especialistas, que contribuyan a esta revisión. Esta es una medida proactiva y no reactiva respecto a la importancia de estudiar la problemática indígena desde la óptica del Congreso y ofrecer la revisión de las medidas legislativas que requieran ser aprobadas, modificadas o derogadas. Sin duda, esta tarea permitirá identificar que temas son los que demandan una consulta previa a los pueblos indígenas. Y el formar esa comisión especial se puede asemejar a la formación de comisiones que revisan el código civil o el código penal.

Creo que conviene establecer mecanismos permanentes de atención de la situación de los pueblos indígenas, dentro del seno del propio Congreso, similares a este grupo de trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, que generen espacios de diálogo óptimos para que, con la participación de las comunidades interesadas, se adopten medidas y soluciones concertadas para las problemáticas urgentes; que en unos casos pueden convertirse en leyes, y en otros en temas de fiscalización; estas soluciones deben ser compatibles con las tradiciones e identidad cultural de las comunidades indígenas, de manera que se evite la asimilación cultural.

Pienso también que el Congreso haría bien en patrocinar el suministro de información sobre los derechos de los pueblos indígenas, tal vez en convenio con el Ministerio de Justicia, para producir ediciones oficiales de las normas legales que protegen a estos pueblos, así como sobre los mecanismos de protección que existen y están disponibles para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas. Esto sería una forma de cumplir con las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Es esencial fortalecer los órganos estatales encargados de estos temas, y crear mecanismos de reparación integral que atiendan la vulnerabilidad ya existente causada por el olvido histórico del Estado hacia los pueblos indígenas. En este respecto puede resulta inspirador lo que Noruega ha hecho con relación al pueblo indígena Sami. En el año 2000, el Storting, el Parlamento Noruego, creó un fondo del pueblo sami de 75 millones de coronas noruegas (NOK) [unos 13 millones de dólares americanos]. Los ingresos del fondo deben usarse para el fortalecimiento del idioma y de la cultura sami, y servir de compensación colectiva por el daño y la injusticia infligidos al pueblo sami por la política de norueganización anterior. El fondo lo administra el Sámediggi . En junio de 2004, el gobierno noruego presentó un libro blanco en el que proponía una compensación según el esquema de pago ex gratia del Storting al pueblo sami, al que se le privó de la enseñanza como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la ausencia de enseñanza y de la anterior política de norueganización, muchas personas de esta época de los pueblos sami no aprendieron a leer ni escribir. 

El objetivo del gobierno de crear un espacio dentro del cual el pueblo sami de Noruega pueda mantener y desarrollar su lengua, cultura y forma de vida está arraigado en el artículo 110a de la Constitución noruega y en las previsiones del Decreto sami. Noruega tiene además el deber de proteger los derechos del pueblo sami a través de la ratificación de varios acuerdos internacionales, en particular el artículo 27 del Convenio de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, y el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas. Como pueblo indígena y minoría étnica en cuatro estados diferentes, la población sami necesita y tiene derecho a un estatus especial respecto a las leyes internacionales y nacionales. Noruega reconoce que tiene especial responsabilidad de asegurar el desarrollo de la lengua, la cultura y las estructuras sociales sami.

Un tema que especialmente debe merecer la atención del Congreso tiene que ver con el respeto y garantía de los derechos a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas, mediante la aplicación del derecho especial de los pueblos indígenas y no mediante la aplicación general de derecho civil, de la teoría de los derechos reales. En este sentido cabe revisar o adoptar sistemas jurídicos de restricciones del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas que cumplan con los estándares internacionales, siguiendo las sugerencia que en su momento hizo la Relatora Especial sobre el Derecho a la Tierra y el Territorio de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, las señora Erica Daes.

Otro tema relevante es la necesidad de fortalecer, con la participación de las comunidades involucradas, la institucionalidad apropiada para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Algunos se preguntan si eso puede ocurrir con el INDEPA y cómo se puede lograr dar mayor participación efectiva a los indígenas dentro de esta entidad pública. El Congreso podría hacer mucho revisando y fortaleciendo esta instancia pública.

El Congreso podría realizar de manera inmediata procesos de consulta previa que respeten los requisitos que han sido establecidos por el derecho y la jurisprudencia internacional, sin necesidad de esperar la sanción de una ley específica sobre consulta previa. Por ejemplo, sería importante someter a consulta previa la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, antes de que el Congreso la apruebe –por los principios rectores que contiene-, mediante una Resolución Legislativa, como en el pasado se hizo con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

No es fácil responder a la pregunta de cómo establecer un mecanismo eficaz de consulta legislativa, pero creo que lo importante es hacerlo realizando  las consultas con estricta sujeción al Convenio 169 de la OIT y a los estándares de derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente en lo que dice relación con la necesidad de acordar previamente con las organizaciones indígenas la forma de consultar y luego, los temas futuros que serán consultados.

2. ¿En qué etapa del proceso legislativo se debería realizar la Consulta previa?

En cuanto al momento en que debe realizarse la consulta previa, ésta tiene que llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, lo más temprano que sea posible. En el caso de medidas legislativas, si bien el Convenio 169 no ordena específicamente en cuál etapa debe llevarse a cabo la consulta, la CEACR de la OIT ha establecido que debe realizarse previamente a la adopción de las medidas.

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sostenido que la admisibilidad de las medidas legislativas que afecten a los pueblos indígenas, depende de que las comunidades “hayan tenido oportunidad de participar en el proceso de adopción de decisiones relativas a esas medidas”. En cuanto a los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales, tanto el Convenio 169 como la Declaración de los Pueblos Indígenas establecen explícitamente que la consulta debe realizarse antes de su aprobación. Adicionalmente, la CEACR, el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reforzado este punto, afirmando que la consulta debe hacerse antes de otorgarse las licencias ambientales u otorgar permisos sobre los proyectos que aprovechen recursos.

Los organismos multilaterales financieros, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, también han establecido que deben realizarse consultas durante todas las etapas de los proyectos de desarrollo que sean susceptibles de afectar a las comunidades. En el documento Estrategias y Procedimientos para Temas Socio-culturales en Relación con el Medio Ambiente, el BID estableció “la necesidad de consultar a los grupos indígenas directa o indirectamente afectados por las operaciones financiadas por el Banco y de hacerlos participar en las etapas de identificación, diseño, análisis, ejecución y evaluación”. En ese mismo sentido, esa entidad estableció, en su Política Operativa Sectorial sobre el Reasentamiento Involuntario de 1998, que las consultas se realizarán durante las etapas de diseño, ejecución y seguimiento del plan. 

El Banco Mundial también se pronunció al respecto, en su Política Operacional 4.01, señalando que en los proyectos que puedan afectar a las comunidades indígenas deben realizarse “por lo menos dos consultas con estos grupos: a) poco después del estudio ambiental preliminar y antes de finalizarse los términos de referencia para la evaluación ambiental, y b) una vez que se haya preparado un borrador de informe de la evaluación ambiental”. Además, se establecía que en estos casos el prestatario debe consultar a dichos grupos durante todas las fases de ejecución del proyecto para atender a los asuntos que los afecten. Es importante concluir que los pronunciamientos de derecho internacional han establecido principios importantes que deben ser tenidos en cuenta en el diseño de los procedimientos para realizar las consultas, como la buena fe y la adecuación cultural. 

El establecimiento de principios claros y flexibles en vez de un procedimiento fijo y rígido responde a la necesidad de que los procesos de consulta se adapten a las particularidades de cada caso y a las características culturales de cada pueblo, especialmente a sus propios procesos deliberativos y de toma de decisiones. Dichos principios deben ser implementados de manera que garanticen la participación efectiva de los pueblos y el respeto a sus costumbres y cosmovisiones, y que tiendan hacia el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento libre, previo e informado según el caso. No obstante, existen grandes interrogantes sobre aspectos puntuales del procedimiento de la consulta, frente a los cuales el derecho internacional carece de respuestas claras que podrían solucionar problemas sin sacrificar la flexibilidad que debe tener el proceso, tal como quién debe financiar la realización de la consulta previa.

Siguiendo el artículo 77 del reglamento del Congreso, sobre el envío a Comisiones y estudio, pienso que la  etapa apropiada para la consulta previa es al inicio del envío a comisiones de los proyectos de ley, lo más temprano que sea posible, en el apartado que dice que, luego de verificar que la proposición de ley o resolución legislativa cumple con los requisitos reglamentarios formales, la oficina especializada de la Oficialía Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el Portal del Congreso, informando a la Vicepresidencia encargada de procesar y tramitar las iniciativas a las Comisiones. En este momento, un grupo de trabajo, como el que se ha formado ahora para revisar la mejor manera de implementar el derecho a la consulta previa en el Congreso, podría convocar a los líderes de las organizaciones indígenas nacionales y regionales para consultarles sobre la medida legislativa propuesta.

3. ¿Qué órgano del Congreso es el competente para desarrollar la consulta previa?

Siguiendo el artículo 35° del reglamento del Congreso, pienso que lo mejor es que sea una comisión ordinaria, y en concreto la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, instancia del Congreso a la que habría que dotar de mayor peso e importancias y prioridad para la organización de las consultas antes de que se dictaminen los proyectos de ley. Para hacerlo requiere dotarse de los recursos humanos y financieros necesarios para desplegar la consulta que puede requerir la organización de audiencias públicas descentralizadas en regiones amazónicas y andinas para poder estar más cerca de las organizaciones indígenas representativas y hacer las consultas especificas. 
Tal vez sería necesario contar con una instancia técnica dentro del Congreso que pueda dar el soporte necesario para la realización de las consultas previas y podría depender de la presidencia del Congreso

4. ¿Qué temas se tendrían que consultar? ¿Cree que deba existir un grupo o una comisión especial encargada de evaluar y dictaminar los proyectos que requieren ser consultados?

Los temas a consultar tienen que ver con los temas que son del mayor interés para los pueblos indígenas: 

(i) Tierras, territorios, recursos naturales; y las actividades extractivas que pueden afectar sus medios de vida;
(ii) Desplazamiento;
(iii) Participación; 
(iv) Derecho consuetudinario y jurisdicción especial;
(v) Educación bilingüe intercultural, Lengua y Cultura;
(vi) Autonomía;
(vii) Planes de desarrollo o de inversión a gran escala; y,
(viii) Otros temas que sean considerados relevantes por los propios pueblos indígenas.

Pueden surgir temas que ahora nos parece que no deberían ser sometidos a consulta previa, pero recordemos que los temas que hoy nos resultan obvios, en realidad no lo son tanto. Por ejemplo, recordemos que hasta 1936 los hijos ilegítimos heredaban la mitad de lo que heredaban los legítimos, y que sólo en el año 1984  en el Código Civil se admitió que la mujer también heredaba (antes sólo tenía derecho de gananciales), o que recién a partir de 1978 se admitió que los jóvenes de 18 años de edad eran ciudadanos con derecho a sufragio. Y todos estos son temas netos del campo civil, lejano al tema del derecho de los pueblos indígenas. Pero ilustran claramente lo que quiero decir.

En ese sentido, si el Congresos discutiese la aprobación, modificación o derogación  de la Ley General de Minería, la Ley de las Municipalidades o de las Regiones, la Ley de Educación en lo que se refiere a la Educación Bilingüe Intercultural, la Ley Ambiental, la Ley de Aguas, la Ley de Tierras, la Jurisdicción Especial en las Comunidades, estas normas deben ser consultadas a las comunidades indígenas. 

No debe darse el caso, por ejemplo de que el Poder Judicial envíe al Congreso, en uso de sus facultades de iniciativa legislativa, proyectos de ley sobre la jurisdicción indígena, que sea remitida a consulta a organizaciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, como el Colegio de Abogados, sin que pase por la consulta a las propias comunidades indígenas.

Lo importante es tener presente que, el deber de consultar los proyectos de ley no surge frente a toda medida legislativa que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino especialmente frente a aquellas que puedan afectarlas directamente. Es necesario poner el proyecto de ley en conocimiento de las comunidades indígenas, por intermedio de instancias indígenas suficientemente representativas; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera cómo podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronuncien sobre el mismo.

Pienso que dentro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, puede existir un grupo de trabajo que  se encargue de evaluar y dictaminar los proyectos de ley que requieren ser consultados y que este grupo de trabajo debe contar con la participación activa de líderes indígenas representativos de las organizaciones nacionales, para contar con opiniones preliminares respecto a si se trata de temas que requieren ser o no consultados.

Será importante también que en estas instancias se entienda que la obligación de consulta lleva consigo la necesidad de buscar un acuerdo. También, que la consulta no implica el derecho de los pueblos indígenas a vetar las medidas legislativas que los afectan, sino que busca propiciar un acercamiento. Cuando se trata de planes de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto en el territorio de comunidades indígenas, el Estado no debe solo consultar sino también obtener su consentimiento previo, libre e informado. Cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de los pueblos indígenas. Y, el Estado debe arbitrar los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad indígena o de sus miembros.

5. ¿Cómo garantizar que los acuerdos logrados sean respetados?

Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de los convenios, acuerdos y arreglos establecidos con el Estado y a hacer que los mismos sean respetados y honrados por el Estado. Para empezar, creo que podría ser interesante reconocer la existencia de diferentes derechos, del derecho nacional general y envolvente y de los derechos especiales de los pueblos indígenas. Que dentro de estos derechos, la consulta previa es fundamental.

 Pero decir esto no basta para afirmar la importancia de hacer la consulta y en consecuencia, de hacer respetar los acuerdos logrados y de garantizar que sean respetados. Para algunos es un exceso que se de este derecho especial, extraordinario a las comunidades indígenas y surgen voces que reclaman el mismo razón, porque donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. No faltará quien alegue que la consulta previa viola el principio de igualdad, al establecer un trato más favorable a los pueblos indígenas, y el carácter obligatorio de la consulta, además del respeto de las decisiones que de ella surjan. Este trato favorable, violaría la función social de la propiedad cuando se trata de la consulta de asuntos que conciernen a la explotación de recursos naturales, por ejemplo. 
Pero, como se ha reconocido acertadamente en el Perú, el Convenio 169 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, la consulta es un derecho fundamental de los pueblos indígenas que no vulnera el principio de igualdad. Por ello existe la necesidad de la consulta previa, obligatoria y oportuna a las comunidades indígenas, compatible tanto con la Constitución como con el Convenio núm.169 de la OIT.

Algunos elementos que pueden ayudar a entender mejor algunas pistas de cómo aplicar la consulta previa las podemos encontrar en el derecho internacional privado. En este derecho existen algunos principios como  el de la “lex loci” (la ley del lugar), o la “lex personae” (la ley de la nacionalidad de la persona), o la “locus regit actum” (el lugar rige el acto), etc.  En los casos internacionales, las leyes nacionales y la doctrina han desarrollado formas rigurosas de razonamiento para determinar la ley y/o la jurisdicción aplicable. De la misma forma, se podría pensar en la adopción de ciertos principios que permitan la aplicación del derecho de los pueblos indígenas y de la necesidad de que se les aplique la consulta previa.

Ahora bien, para garantizar el respeto de los acuerdos logrados, hace falta tener presente que los conflictos y disputas que no puedan ser resueltos de otra manera deben ser sometidos a cuerpos competentes con acuerdo de todas las partes interesadas. Lo que requiere presupuesto pero también personas idóneas. Entonces, una instancia que puede dar seguridad a las partes de que se va a respetar los acuerdos logrados podría ser aquella que genera confianza a la mayor parte de los actores de la sociedad civil, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, instancia pública que podría jugar un rol de garante para el respeto de tales acuerdos.

También se puede pensar en que se permita la participación de observadores de la sociedad civil, de instituciones que merezcan la confianza de la opinión pública nacional, por ejemplo las Iglesias o algunas ONGs defensoras de los derechos humanos.

6. ¿Cómo garantizar la participación de todos los actores durante el proceso?

La participación de todos los actores. Es un tema que guarda relación con la base de datos oficial de pueblos indígenas encomendada al Vice Ministerio de Interculturalidad. Pero, para que la consulta sea efectiva y cumpla el fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas que puedan resultar afectados por cualquier situación, es necesario que la consulta previa se lleve a cabo con las comunidades afectadas, las personas que las representen legítimamente y las personas u organizaciones que ellas mismas designen para tal efecto. 

Al respecto, el Convenio 169 señala que se debe consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Esta disposición ha sido afirmada por la CEACR en sus observaciones finales a países. La Declaración de los Pueblos Indígenas, entre otras fuentes de derecho internacional, también ha enfatizado que los pueblos indígenas interesados deben ser consultados en particular a través de sus instituciones representativas. 

Si bien está reconocido que la forma representativa de los pueblos indígenas en sí misma es diversa, y que la representatividad no debe ser un concepto rígido, los órganos de control de la OIT han establecido que lo importante es que las instituciones representativas sean el fruto de un proceso propio, interno de los pueblos indígenas.

La importancia de consultar a las comunidades afectadas a través de sus representantes legítimos y sobre la identificación misma de dichos representantes, ha sido recalcada por la Corte Interamericana, en particular en su sentencia en Saramaka v. Surinam, en la que señaló que el Estado tiene la obligación de consultar con el pueblo Saramaka para efectos de cumplir con varios de los puntos ordenados en la sentencia, y que los Saramaka deben determinar, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, cuáles miembros de la tribu estarán involucrados en dichas consultas y reconoció que es el pueblo Saramaka, y no el Estado, quien debe decidir sobre quién o quiénes representarán al pueblo Saramaka en cada proceso de consulta ordenado por el Tribunal.

Será importante que la consulta tenga en cuenta los intereses de hombres y de mujeres, de niños, jóvenes y ancianos, de organizaciones nacionales y regionales, sin limitarse por el hecho de que las organizaciones se hayan organizadas como asociaciones civiles o no se encuentran reconocidas legalmente en los registros públicos. Lo que debe primar aquí es un criterio flexible que permita que las organizaciones representativas, más que legales sean legítimas y que gocen de la confianza y el respaldo de las comunidades indígenas a las que representan.

Un aspecto a tomar en cuenta es la posibilidad de abrir el debate sobre la necesidad de que existan congresistas indígenas, electos a semejanza de lo que ocurre en Colombia, que puede sumar, pero no sustituir,  en el tema de la consulta previa de las medidas legislativas dentro del Congreso. 

7. ¿Cuándo una norma afecta a los pueblos indígenas u originarios? ¿Qué instancia del Poder Legislativo sería la indicada para determinar dicha afectación?

Es una pregunta relevante, y generalmente guarda relación con los principales temas a ser consultados a los pueblos indígenas y que pueden no haber sido consultados. Por ejemplo, la explotación de los recursos naturales (minería, petróleo, madera, pesca, etc.). Y la afectación puede cambiar la forma de vida de las comunidades y poner en riesgo sus medios de subsistencia. En mi opinión, dentro del Congreso, sería ideal que la Mesa Directiva pueda determinar que se ha producido esta afectación a los derechos de los pueblos indígenas y, si no fuera posible, que esta facultad se delegue a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

8. ¿Cómo evitar que el acuerdo o consulta previa no colisione con el mandato imperativo del que gozan los congresistas y que básicamente supone la libertad para opinar y votar a favor o en contra de los proyectos que se someten al pleno?

El artículo 93° de la Constitución dice que:
 
Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo.
No son responsables ante ninguna autoridad ni tribunal alguno por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones.
No pueden ser procesados ni presos, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento

La autonomía e independencia del Congreso justificarían que, durante la discusión de un proyecto de ley no se permita la injerencia de otro órgano estatal y, específicamente, que no haya oportunidad alguna de control judicial. Sin embargo, las garantías del poder legislativo no pueden entenderse como una cláusula de inmunidad absoluta frente a cualquier tipo de control pues, al contrario, debemos recordar que la Constitución prevé como principio, el funcionamiento separado de cada órgano y la colaboración armónica entre todos para la realización de los fines estatales, entre los que se cuentan, por supuesto, la efectividad de los derechos fundamentales.

En un sistema de poderes organizado bajo el paradigma de los controles recíprocos para el cumplimiento de los fines señalados en la Constitución, no es razonable rechazar de manera absoluta la ejecución de mecanismos de control frente a la labor legislativa. El Congreso, como órgano democrático, no es inmune a la capacidad normativa de la Constitución ni al conjunto de principios previstos en ésta y, de manera excepcional, puede ser sujeto pasivo de acciones de garantía constitucional, por ejemplo, acciones de amparo o acciones de inconstitucionalidad, cuando quiera que desconozca las potestades mínimas o el núcleo esencial de las garantías u obligaciones previstas para el ejercicio de cualquiera de sus funciones.

De hecho, la acción de amparo podría ser un mecanismo idóneo para proteger el derecho al control político.

Ahora bien, el derecho de participación política tiene un carácter limitado. Los límites de este derecho están encaminados, entre otras, a permitir el manejo adecuado de las instituciones del Estado, y a impedir que su ejercicio abusivo obstruya injustificadamente el gobierno de las mayorías, y la participación de otros ciudadanos. Con todo, dada la diversidad de formas de participación política, los límites constitucionales del derecho, y las condiciones de su ejercicio, varían significativamente dependiendo del contexto específico en el cual se pretenda hacer valer. Así, puede sostenerse que el derecho al voto está sujeto a unas limitaciones diferentes a las que tiene el derecho a ser elegido, o el derecho a constituir partidos, o el de difundir sus ideas y programas. En esa medida, para poder establecer el alcance de cada una de las formas de ejercicio del derecho de participación, y determinar si una conducta hace parte del ámbito protegido por el derecho, es indispensable considerar, además de las previsiones constitucionales, las disposiciones legales que regulan directa o indirectamente su ejercicio.

Así las cosas, actualmente no existe una disposición orgánica específica que establezca medidas para hacer efectivo el derecho de consulta previa en el trámite de un proyecto de ley dentro del Congreso. No obstante, sí es posible identificar dos dispositivos a partir de los cuales las comunidades indígenas pueden participar y proponer sus intereses ante el Congreso. El primero se concreta en las facultades que tienen los congresistas que representan a la Nación, pero que también representan a los indígenas al interior del Congreso, de acuerdo al mismo artículo 93 de la Constitución. El segundo, tiene que ver con las  instancias previstas en el reglamento del Congreso para que los ciudadanos, que incluye a las comunidades indígenas, intervengan, planteen sus reclamaciones y participen del debate o la discusión legislativa. Naturalmente, si se modifica el reglamento del Congreso, se puede hacer aun más explícita esta participación de las comunidades indígenas por medio de sus representantes para plantear sus puntos de vista en las comisiones dictaminadoras del Congreso. 

Entonces, sin menoscabar la inmunidad parlamentaria de los congresistas, los representantes indígenas pueden participar en audiencias o en la presentación de observaciones ante las diferentes comisiones ordinarias del Congreso, en especial las que dictaminasen los proyectos de ley que beneficien o afecten sus derechos. Estos eventos, por lo tanto, constituyen los medios a partir de los cuales los indígenas podrían intervenir legítimamente ante el Congreso para hacer valer sus intereses previo a la expedición de una ley y, por tanto, constituyen los referentes a partir de los cuales sería posible interponer, por ejemplo, una acción de amparo, en caso de no ser consultados previamente por el Congreso por considerarse que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

9. ¿Es posible consultar sólo parte de las normas?

Es posible consulta parte de las normas, siempre que previamente se haya identificado que parte de tales normas podrían afectar o beneficiar a las comunidades indígenas. Por ejemplo, algunos pueden plantear la obligación de que todos los ciudadanos deben tributar y pagar impuestos. Sin embargo, existen normas que exoneran del pago de impuestos a las comunidades indígenas. Si hubiera una iniciativa legislativa que buscase imponer la obligación del pago de tributos de todos, sin excepción, sin duda la parte de la iniciativa que afecte a las comunidades indígenas debe ser sometida a consulta a ellas. En esta tarea, de identificar que parte de las normas serian sujetas a consulta previa, podrían colaborar el Vice Ministerio de Interculturalidad, la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto, las propias organizaciones indígenas. 

10. ¿Cree que es necesario hacer una modificación Reglamentaria del Congreso para proceder a la Consulta?

Tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, es necesario introducir algunos de los elementos sugeridos para permitir que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología pueda cumplir con varias de las tareas necesarias para la consulta previa de las medidas legislativas que podrían beneficiar o afectar a los pueblos indígenas en nuestro país. Todo esto tiene que hacerse en armonía con la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Ley N° 29785, publicada en El Peruano en setiembre de 2011, y  el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, en lo que se refiere al derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. 

Muchas gracias por la atención dispensada.

Lima, 4 de mayo de 2012</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://javieraroca.blogspot.com/feeds/6829949031208847443/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/7550749105128898199/6829949031208847443' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/6829949031208847443'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/6829949031208847443'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/05/el-derecho-la-consulta-previa-en-el.html' title='El Derecho a la Consulta Previa en el Congreso de la República - Peru'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-1132648951385328622</id><published>2012-04-03T22:38:00.002-05:00</published><updated>2012-04-03T22:41:54.964-05:00</updated><title type='text'>La Consulta Previa ya es una realidad</title><content type='html'>La Consulta Previa ya es una realidad&lt;br /&gt;Javier Aroca* &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Introducción &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El martes 3 de abril de 2012 se ha publicado en la separata de “Normas Legales” del Diario Oficial “El Peruano”, el reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas del Perú. No puedo dejar de mencionar la inmensa alegría que este hecho me produce. Tras décadas de haber presenciado la lucha que las organizaciones indígenas en todo el país han sostenido limpiamente para lograr afirmar sus derechos, hoy alcanzan un escalón más en esa noble causa: la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante años los pueblos indígenas no han recibido de parte de las instituciones del Estado ni de la sociedad civil, en general, el tratamiento jurídico ni político adecuado para reconocer y aplicar sus principales derechos: a la tierra, al territorio, a la justicia consuetudinaria, y por supuesto a la participación y consulta. Hoy tenemos ya un instrumento jurídico que debe viabilizar la implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Ese sólo hecho merece ser saludado y reconocido por todos los sectores del Estado, de la sociedad y por supuesto de los propios pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es interesante pasar revista al texto aprobado por el gobierno nacional que, todo indica, ha tomado muy en cuenta las sugerencias y recomendaciones de la comisión multisectorial encargada de proponer el borrador del reglamento previa consulta a las propias organizaciones indígenas representativas de los pueblos indígenas a nivel nacional. Ese hecho, por sí sólo, es un mérito que hay que reconocer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Reglamento, que rige desde el 4 de abril de 2012, tiene cuatro títulos, con 30 artículos, y una sección amplia conteniendo dieciséis disposiciones complementarias, transitorias y finales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las disposiciones generales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El primer título contiene las disposiciones generales y reitera el propósito establecido en la Ley del Derecho a la Consulta Previa: regular el acceso a la consulta, las características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso. Es interesante la puntualización que hace el reglamento cuando señala que el derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado, en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otro aspecto a resaltar es que el Estado toma en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que resulta destacable en nuestro país, donde no han faltado voces que señalaban que no había que tomar en cuenta la mencionada Declaración, porque iba más allá de lo que se disponía en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los pueblos indígenas. Si nos parece innecesario que en esta parte el reglamento insista en que el resultado del proceso de consulta no es vinculante, porque el propósito central de la consulta es lograr el consentimiento, el acuerdo de los pueblos indígena respecto una medida legislativa o administrativa que pudiera afectarles o beneficiarles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento hace una buena puntualización respecto al ámbito de aplicación del derecho a la consulta: las medidas administrativas que dice el poder ejecutivo, los decretos legislativos, las medidas administrativas en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de desarrollo. Además, precisa que las disposiciones del reglamento deben ser aplicadas por los gobiernos regionales y locales y estos gobiernos sólo podrán promover procesos de consulta previo informe favorable del Viceministerio de Interculturalidad y respecto a las medidas que puedan aprobar conforme a las leyes de su competencia. Esta puntualización es importante, dado que pueden existir gobiernos regionales y locales que consideren que pueden impulsar procesos de consulta por su propia cuenta, apartándose del espíritu y de los principios contenido en la Ley y Reglamento del Derecho a la Consulta Previa, con el enorme riesgo de generar inseguridad jurídica y política para quienes participen en esos procesos de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En las disposiciones generales también se incluyen las definiciones que hay que tomar en cuenta en los procesos de consulta previa: acta de consulta, afectación directa, ámbito geográfico, buena fe, Convenio 169 de la OIT, derechos colectivos, entidad promotora, enfoque intercultural, medidas administrativas, medidas legislativas, pueblo indígena u originario, plan de consulta, institución u organización representativa y representante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta parte, el reglamento señala que el contenido de la medida legislativa o administrativa que se acuerde o promulgue, sobre la cual se realiza la consulta, debe ser acorde a las competencias de la entidad promotora, respetar las normas de orden público así como los derechos fundamentales y garantías establecidos en la Constitución y legislación vigentes.  Además, y muy importante, que el contenido de la medida debe cumplir con la legislación ambiental y preservar la supervivencia de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aspectos generales del proceso de consulta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El segundo título del reglamento se refiere a los aspectos generales del proceso de consulta. Aquí el reglamento precisa que la obligación de consulta a los pueblos indígenas constituye una responsabilidad del Estado, lo que significa que las consultas deben ser formales, plenas y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un verdadero diálogo entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo o consentimiento; sobre todo, se subraya que se hace buscando que la decisión se enriquezca con los aportes de los representantes de los pueblos indígena. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento precisa también que en las consultas deben establecerse mecanismos apropiados, realizándose de una forma adaptada a las circunstancias y a las particularidades de cada pueblo consultado. Muy importante puntualización, dado que en algunos círculos se consideraba que las consultas debían hacer a semejanza a los referéndums o a las consultas vecinales, lo cual no necesariamente es válido para todos los pueblos indígenas y en todos los casos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento también precisa que, si bien la finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, si este no se alcanza, no implica la afectación del derecho a la consulta. Es que no hay veto. La idea es que la consulta implica la necesidad de que el pueblo indígena sea informado, escuchado y haga llegar sus propuestas, buscando por todos los medios posibles y legítimos, llegar a un acuerdo. Me parece que esta precisión no sólo es necesaria sino que se ha planteado de la manera más pedagógica posible. Porque de lo que se trata es de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otra puntualización importante que trae el reglamento es el especial interés a la situación de las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad y los adultos mayores de los pueblos indígenas. El enfoque de género es necesario e importante también en el derecho a la consulta previa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otra precisión que viene en el reglamento es respecto a la consulta previa y los recursos naturales, lo que se  realizará reconociendo que estos son patrimonio de la Nación, pero que al mismo tiempo es obligación del Estado consulta a los pueblos indígenas que puedan verse afectados directamente en sus derechos colectivos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por su parte, el reglamento precisa el camino para que los pueblos indígenas ejerzan también el derecho de petición si consideran que hay alguna medida legislativa o administrativa que debe ser consulta a ellos y el Estado no lo ha previsto. Lo único que preocupa son los plazos, que pueden resultar estrechos para ejercer este derecho: 15 días para pedir, 7 para que la entidad promotora decida si debe ser consultada la medida o no, reconsideración o apelación que debe resolverse en 7 días, luego de lo cual se agota la vía administrativa. Las organizaciones indígenas deben quedar suficientemente familiarizadas con el procedimiento administrativo para que luego no se les diga que están fuero de plazo para ejercer su derecho de petición y que, cuando se agote la vía administrativa, no tengan que enfrascarse en engorrosos procesos contencioso administrativos para hacer valer sus derechos, eventualmente vulnerados por alguna instancia del Estado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otra tema del reglamento es la precisión que se hace para la acreditación de los representantes de los pueblos indígenas, que deben nombrarse conforme a los propios usos y costumbres de los pueblos indígenas, lo cual debe evidenciarse por medio de un documento formal de acreditación; pero el reglamento no precisa cuál es ese documento formal:  ¿un poder notarial?, ¿un acta de la comunidad?, y eso puede prestarse a diversas interpretaciones, que deben ser resultas por el gobierno prontamente, para evitar que se puedan presentar complicaciones innecesarias en este punto. Tal vez la solución venga a través de las guías metodológicas, lo que nos parece un acierto para evitar que haya múltiples reglamentos según cada sector del Estado, evitándose de esta forma la dispersión y la diversidad de criterios en la interpretación del reglamento aprobado por el gobierno nacional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otro aspecto relevante es que se establece la necesaria participación de facilitadores, intérpretes y asesores en el proceso de consulta. La experiencia demuestra que los facilitadores de los procesos de consulta pueden ser una pieza clave en la construcción de los consensos. Igualmente, para garantizar el derecho a que los indígenas a ser consultados puedan expresarse en su propia lengua, la participación de los intérpretes es de un valor esencial para el proceso. Lo mismo ocurre con los asesores de los pueblos indígenas, que deben ser de elección de ellos, pero también debe garantizarse que las organizaciones cuente con los recursos financieros necesarios para cubrir los costos de los asesores, por cuenta de la entidad promotora de la consulta previa, lo que no queda del todo claro del texto del reglamento, por lo que habrá que esperar que la guía metodológica aclare esta situación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento se pone en el caso de que una medida administrativa sea solicita por un administrado, es decir puede tratarse de una empresa que solicita una concesión minera, petrolera o forestal; según el reglamento este administrado puede ser invitado para dar información, realizar aclaraciones o para evaluar la realización de cambios respecto del contenido de la indicada medida, sin que su participación implique que este administrado se convierte en parte del proceso de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un extremo del reglamento en esta parte es que reitera que la metodología del proceso de consulta tiene un enfoque intercultural, de género, participativo y flexible a las circunstancias y, una vez, para su desarrollo se considerará la guía metodológica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El proceso de consulta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este título, del proceso de consulta, el reglamento desarrolla las etapas del proceso, desde el inicio del proceso, las reuniones preparatorias, la etapa de publicidad de la medida, la etapa de información, la etapa de evaluación interna y la etapa de diálogo. Luego, puntualiza el hecho de que se pueda suspender e incluso abandonar el proceso de diálogo. Establece los mínimos que debe contener el acta de consulta, sea que hayan acuerdos totales o parciales. Pasa revista a la etapa de decisión que, como debe ser, corresponde a las entidades del Estado. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Preocupa que el plazo máximo del proceso de consulta se haya establecido en 120 días; de acuerdo a la experiencia y dependiendo de la medida a ser adoptada, el plazo de 4 meses puede resulta insuficiente. En algunos países, cuando consulta a pueblos indígenas, el plazo puede ser de 9 a 12 meses, lo que permite garantizar que el proceso se realizado de buena fe y en forma apropiada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta parte del reglamento señala también que culminado el proceso de consulta es obligación de la entidad promotora publicar en su portal web un informe conteniendo la propuesta de medida que se puso a consulta, el plan de consulta, el desarrollo del proceso, el acta de consulta y la decisión adoptada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por otro lado, también señala como se financie el proceso de consulta, según se trata de medidas legislativas y administrativa de alcance general o de actos administrativos, planteándose que estos últimos sean cubiertos con las tasas correspondientes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También establece cómo se realiza la consulta de medidas legislativas de alcance general: reglamentos, planes y programas y decretos legislativos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Funciones del Viceministerio de Interculturalidad sobre el Derecho a la Consulta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento reconocer el importante papel que debe jugar este Viceministerio: concertar la política de implementación del derecho a la consulta, brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades promotoras y a las organizaciones representativas, emitir opinión sobre la calificación de las medidas a ser consultadas, asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta en la definición del ámbito y características de la misma, elaborar la base de datos oficial de los pueblos indígenas, registrar los resultados de las consultas realizadas, mantener el registro de facilitadores e intérpretes y, dictar una guía metodológica para la implementación del derecho de consulta, incluyendo documentos modelo, lo cual me parece un gran acierto del  gobierno nacional incluido en el reglamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aquí también se menciona la base de datos oficial de los pueblos indígenas; si bien no tiene carácter constitutivo de derechos, se va a convertir en la piedra angular de todo el proceso mismo, porque es la referencia que va a permitir la participación de los pueblos indígenas que puedan verse afectados por alguna medida.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otro acierto del reglamento es la norma que explicita los deberes de los funcionarios públicos en los procesos de consulta, que deben actuar en estricto cumplimiento de lo establecido en la ley y el reglamento del Derecho a la Consulta, de buena fe, bajo responsabilidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Disposiciones complementarias, transitorias y finales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comparado con el borrador del reglamento, el texto de las dieciséis disposiciones finales ofrece un marco más amplio y garantista. En primer término señala que el reglamento se aplica de forma inmediata. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luego establece que, para el seguimiento de la aplicación del derecho a la consulta, la presidencia del consejo de ministros va a crear una comisión multisectorial para dicho propósito. Para este fin puede convocar a expertos que colaboren en el desarrollo de la responsabilidad de la comisión; imagino que cuando se habla de expertos están pensando en primer lugar en los antiguos líderes indígenas que, con su sabiduría y conocimientos, pueden orientar estos procesos según cada pueblo a ser consultado. Está pensando también en especialistas de la sociedad civil que han acompañado a las organizaciones indígenas en su lucha por sus derechos fundamentales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre tanto, el reglamento establece que la obligación del registro de facilitadores e intérpretes entrará en vigencia progresivamente. Ojalá que esta medida no siga la tradición negativa de que lo transitorio es permanente y que se deje para después la constitución de este importante instrumento de los procesos de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otros puntos importantes contenidos en el reglamento son las garantías a la propiedad comunal y del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, y aquí se pone en el caso, acertadamente, de las situaciones excepcionales en las que se requiera el traslado de los pueblos indígenas de las tierras que ocupan; asimismo, se establece la prohibición de almacenar materiales peligrosos en las tierras indígenas, siendo importante que se conozca la legislación sobre residuos sólidos y transporte de materiales y residuos peligrosos, lo que evidencia una preocupación por ejercer una gestión de riesgos ante potenciales situaciones de desastres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otro tema importante que recoge el reglamento es la protección de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, tema importante, a pesar de que existen voces que pretenden negar la existencia de tales pueblos, a pesar de las evidencias científicas y sociales de que tales pueblos existen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No está demás la norma que señala que los pueblos indígenas deberán participas en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aquí el reglamento precisa que dentro de los próximos 30 días, es decir el 4 de mayo de 2012, se publicará en el portal web del Ministerio de Cultura, la guía metodológica que complementará los aspectos concretos del reglamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin duda se trata de un paso positivo que saludo sinceramente. Mi mayor deseo es que el gobierno nacional, así como los gobiernos regionales y locales,  tengan éxito en la implementación de los procesos de consulta. El éxito de este proceso será también el éxito para las propias comunidades. Hago votos porque el camino avanzado sea el anuncio de un mañana mejor para estas y las futuras generaciones de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lima, 3 de abril de 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*   Javier Aroca es abogado, con 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/1132648951385328622'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/1132648951385328622'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/04/la-consulta-previa-ya-es-una-realidad.html' title='La Consulta Previa ya es una realidad'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-3183043523844391896</id><published>2012-02-22T09:24:00.001-05:00</published><updated>2012-02-22T09:26:59.327-05:00</updated><title type='text'>Piden a Congreso demostrar compromiso con inclusión social y aprobar Ley de Consulta Previa</title><content type='html'>Aqui la nota circulada por CONAP respecto al proceso de consulta. La nota aparecio el 21 de febrero de 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Piden a Congreso demostrar compromiso con inclusión social y aprobar Ley de Consulta Previa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Piden a Congreso demostrar compromiso con inclusión social y aprobar Ley de Consulta Previa&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la Conap, Oseas Barbarán. Foto: ANDINA/Archivo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lima, ago. 19 (ANDINA). La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) pidió hoy al Congreso demostrar su compromiso de trabajar por la inclusión social, aprobando con prontitud la Ley de Consulta Previa, que demandan las comunidades nativas. &lt;br /&gt;El presidente de la Conap, Oseas Barbarán, pidió deponer todo interés subalterno en este tema y pensar en la importancia de aprobar el dictamen que quedó pendiente en el anterior Parlamento, que garantizará los derechos de los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“A los congresistas que se oponen a la pronta aprobación de esta ley, les pido dejar atrás los intereses personales y pensar en todo el país, porque estamos reclamando una ley que favorecerá a todos los sectores”, dijo a la Agencia Andina.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El pasado miércoles, la Junta de Portavoces del Congreso decidió no poner en la agenda del próximo pleno el mencionado dictamen, porque algunos congresistas consideran que sería mejor que esa norma se analizara primero en comisiones ordinarias. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al respecto, Barbarán sostuvo que la iniciativa en mención es una propuesta consensuada entre las organizaciones indígenas, amazónicas, representantes del Estado, y organizaciones de la sociedad civil que no merece mayores dilaciones. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“El presidente Ollanta Humala ha demostrado su disposición a promulgar esta ley. Falta que el Congreso actúe en esa misma línea, dando una gran muestra de inclusión social, que significaría un gran avance para el país”, agregó.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sostuvo que la inclusión social no sólo es llevar paquetes o almuerzos escolares, sino políticas de Estado que, a través de normas, garantizan los derechos de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la víspera, la Defensoría del Pueblo reiteró su exhortación al Congreso a no postergar más la aprobación de la Ley de Consulta Previa, debido a su relevancia.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/3183043523844391896'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/3183043523844391896'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/02/piden-congreso-demostrar-compromiso-con.html' title='Piden a Congreso demostrar compromiso con inclusión social y aprobar Ley de Consulta Previa'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-5713635121944456741</id><published>2012-02-22T09:13:00.004-05:00</published><updated>2012-02-22T09:22:06.524-05:00</updated><title type='text'>Preocupaciones respecto al proceso de consulta previa en el Perú</title><content type='html'>CONACAMI, la organización que representa a las comunidades afectadas del Peru ha publicado la siguiente nota de prensa. En el nombre de varias organizaciones indígenas, llega a señalar que el gobierno ha roto el diálogo. Lo cierto es que hay una serie de errores desde el Ejecutivo hasta las propias organizaciones. En mi opinión, la consulta previa es un mecanismo que puede ayudar a resolver muchos de los problemas que han enfrentado los pueblos indígenas durante anos. Bien llevado, un proceso de consulta previa puede anticipar los problemas y plantear las soluciones adecuadas. La consulta previa aun no ha sido probada y ya está siendo cuestionada incluso por quienes solo hace unos meses atrás reconocían el valor de una ley de esta naturaleza.  Ojala haya tiempo para meditar sobre lo que está ocurriendo, la consulta es un derecho de los pueblos indígenas; ojala las organizaciones que los representan estén a la altura de las circunstancias y dejen a un lado otras agendas que pueden entorpecer un proceso. Lo comento de buena fe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abajo la nota que CONACAMI ha circulado el 22 de febrero de 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1zryQUPrwxTi8buskzHZ4Z9vBo2Jy2aloAHkZABHEIZirbnq6xrbodJo_08BaPmEWa8HR_5YUhtasmp-wefogfGZp6Yojru-6zLDaVm4mCvxxNXRfSpJVdadxlOZEVqNoZI8HooImr1Q/s1600/Nueva+imagen.JPG&quot;&gt;&lt;img style=&quot;float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1zryQUPrwxTi8buskzHZ4Z9vBo2Jy2aloAHkZABHEIZirbnq6xrbodJo_08BaPmEWa8HR_5YUhtasmp-wefogfGZp6Yojru-6zLDaVm4mCvxxNXRfSpJVdadxlOZEVqNoZI8HooImr1Q/s320/Nueva+imagen.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;id=&quot;BLOGGER_PHOTO_ID_5711963695505728770&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gobierno peruano rompe diálogo con indígenas que quieren modificar la Ley de Consulta&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ejecutivo impulsa la reglamentación de norma sin atender pedido de modificatoria de seis macro regiones.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Conacami 20/02/12.- Las organizaciones indígenas nacionales que conforman el llamado Pacto de Unidad denunciaron este lunes en Lima que el Estado peruano impulsa la reglamentación de una Ley de Consulta que viola derechos sustanciales de los pueblos indígenas, no recoge el espíritu del Convenio 169, y viola derechos constitucionales.&lt;br /&gt;En ese sentido los dirigentes nacionales Antolín Huáscar de la CNA, Alberto Pizango de AIDESEP, Magdiel Carrión de CONACAMI y Gladis Vila Pihue de ONAMIAP; anunciaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer prevalecer a voluntad de los pueblos, el cual es la MODIFICACION de la norma.&lt;br /&gt;Durante una rueda de prensa, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), aseguró que dejarán de participar en la elaboración del reglamento, dijo que el gobierno no entiende que &quot;no se trata de que el Estado tome las decisiones sino que logre el consentimiento de los pueblos indígenas para el desarrollo de las actividades&quot;.&lt;br /&gt;Ante la inminente reglamentación de la Ley, Magdiel Carrion informó que el Estado tiene 30 días para modificar los artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria final de la Ley de Consulta Previa antes de su reglamentación, según el documento alcanzado a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM). &lt;br /&gt;Gladis Vila sostuvo que esto no significa una oposición a dicha ley, sino sólo a algunos artículos que se contraponen al espíritu del Convenio 169 de la OIT. “No es una oposición al total de la Ley, sino son a algunos articulados” señaló.&lt;br /&gt;“Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo del Encuentro Nacional y de los talleres macro regionales con los pueblos indígenas que consiste en que no se puede aprobar un reglamento si antes no se modifica la Ley de Consulta”, indicó Antolín Huáscar, presidente de CNA.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;El gobierno actúa de mala fe &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Magdiel Carrión denunció que “la actuación del gobierno es de mala fe, como nos mira, como está mal informando, incluso está diciendo de que nosotros somos los responsables que no se dé la reglamentación”, indicó.&lt;br /&gt;El dirigente de CONACAMI aseguró que el viceministerio de Interculturalidad busca negociar con ciertos dirigentes para tener listo el reglamento esta semana “No puedes negociar en un Reglamento y una Ley; tus derechos que son a la vida, tu salud, tu libre determinación” puntualizó.Pizango Chota no dudó en asegurar que el Gobierno coordina con dirigentes individuales y ex autoridades para intentar dividir las organizaciones indígenas y vulnerar su autonomía como pueblos, agregó que al parecer el gobierno está apurado para aprobar esta ley porque tiene compromisos con intereses privados de empresas transnacionales.&lt;br /&gt;Gladis Vila aseguró el gobierno no está dialogando de la mejor manera con los pueblos indígenas. “A las voces y los aportes de los miles de pueblos indígenas le está diciendo tú has hablado y has opinado pero eso queda aquí y yo continuo con el proceso, por eso yo invoco a que haya reflexión y reevaluación”, indicó.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;¿Quién patea el tablero?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Los operadores del Estado de turno, Victor Caballero, jefe de la unidad de conflictos sociales de la PCM, Ivan Lanegra Viceministro de Interculturalidad y Gustavo Zambrano jefe del INDEPA, apuran la reglamentación sin atender las observaciones.&lt;br /&gt;“El Gobierno no quiere escuchar lo que piden los pueblos indígenas del país: modificar la Ley de Consulta. Parece que solo quiere indígenas que respalden una Ley que tiene vicios de inconstitucionalidad y un reglamento que restringe nuestro derecho de consulta”, señalaron.&lt;br /&gt;Esta actitud fue evidenciado cuando el pasado viernes la Comisión Multisectorial que elabora el reglamento se reunió solo con CONAP y CCP e invitó a otras organizaciones para validar la norma “Nosotros no hemos pateado ningún tablero, al contrario, es el Gobierno quien no quiere escucharnos” señalaron las organizaciones indígenas. &lt;br /&gt;Lejos de atender el pedido, Ivan Lanegra no mostro voluntad política y desatendió una serie de observaciones y solicitudes de las organizaciones durante el proceso, por lo que las organizaciones acudirán a instancias supranacionales, además “los pueblos amazónicos ya no van a tomar estaciones o hacer marchas o protestas. Simplemente van a hacer uso de derecho a la libre determinación”, sentenció Alberto Pizango.&lt;br /&gt;Sobre la posición de CONAP y CCP&lt;br /&gt;Según lo recogido en las macro regiones, las bases de la CCP en las regiones coinciden en modificar la Ley, antes o después de reglamentar, lo que pasa es que una parte de sus dirigentes han decidido reglamentar y luego impulsar la modificación de la Ley. &lt;br /&gt;En cuanto a la posición de la CONAP y de la CCP de acudir a la Comisión Multisectorial, Pizango declaró que estas no están poniéndose del lado de los pueblos indígenas sino de las grandes compañías. “Los hermanos de la CONAP y la CCP deben tener voluntad para seguir salvaguardando la vida de los seres humanos y de los pueblos indígenas y no ponerse de lado de las grandes transnacionales”, finalizó.&lt;br /&gt;Los dirigentes nacionales de las organizaciones indígenas legítimamente respaldados por sus bases se ratificaron en hacer prevalecer la voluntad soberana de los pueblos, de modificar la Ley de Consulta, pese a que el gobierno pretenda quebrantar esa decisión.&lt;br /&gt;Antolin Huascar Flores, presidente de la Confederación Agraria del Perú (CNA)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Segundo Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) &lt;br /&gt;Gladis Vila Pihue, presidenta de la Organización naacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)&lt;br /&gt;Magdiel Carrion Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)&lt;br /&gt;Acudieron a la Cita de Prensa, llevada a cabo el lunes 20 de febrero en Lima, periodistas de los diversos medios nacionales y extranjeros&lt;br /&gt;Se autoriza la redifusión de esta nota citando la fuente</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/5713635121944456741'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/5713635121944456741'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/02/preocupaciones-respecto-al-proceso-de.html' title='Preocupaciones respecto al proceso de consulta previa en el Perú'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1zryQUPrwxTi8buskzHZ4Z9vBo2Jy2aloAHkZABHEIZirbnq6xrbodJo_08BaPmEWa8HR_5YUhtasmp-wefogfGZp6Yojru-6zLDaVm4mCvxxNXRfSpJVdadxlOZEVqNoZI8HooImr1Q/s72-c/Nueva+imagen.JPG" height="72" width="72"/></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-3315835299437925899</id><published>2012-02-21T08:44:00.004-05:00</published><updated>2012-02-21T09:01:42.228-05:00</updated><title type='text'>Comentarios al Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta Previa</title><content type='html'>Documento entregado el 20 de febrero de 2012 al Viceministro de Interculturalidad por Oxfam en el Peru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comentarios al Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta Previa&lt;br /&gt;(Ley N° 29785)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Antecedentes y justificación de los comentarios de Oxfam &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dentro de los antecedentes a tener en cuenta, está el hecho de recordar que en el Perú tuvo lugar en el año 2009 un enfrentamiento en la ciudad de Bagua entre pueblos indígenas y policías que dejó el lamentable saldo de 33 muertos. Lo ocurrido en Bagua, ilustra las consecuencias de tomar decisiones que afectan a los pueblos indígenas sin consultarlos previamente. Las comunidades indígenas protestaron por la regulación de materias que los afectaban, mediante decretos legislativos que no habían sido consultados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El sistema normativo peruano en materia de derechos de los pueblos indígenas y consulta previa no está tan desarrollado como el de otros países, que cuentan con Constituciones que incorporan ampliamente los derechos de estos pueblos, como Bolivia y Ecuador, o con amplios desarrollos jurisprudenciales, como Colombia. Sin embargo, el Perú cuenta con recursos normativos como el nivel constitucional de los tratados de derechos humanos y de las sentencias de los tribunales internacionales, el rango legal del Convenio No 169 de la OIT, la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, y una jurisprudencia constitucional sobre el contenido del derecho a la consulta previa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los avances concretos para adecuar la realidad y la normativa interna a los estándares internacionales han sido todavía limitados. Las disposiciones legales y reglamentarias son dispersas, inadecuadas e insuficientes, ya que no regulan todas las actividades que pueden afectar a los pueblos indígenas y en ocasiones, como en el caso de las leyes mineras y extractivas, parten de una concepción errónea respecto del significado de la consulta previa, confundiéndola con procesos de participación meramente informativos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dentro de los factores que obstaculizan la implementación del derecho a la consulta previa en el Perú, encontramos (1):&lt;br /&gt;i) la falta de reconocimiento legal de las comunidades y el lento, costoso; burocrático y reiterativo proceso de titulación de tierras indígenas;&lt;br /&gt;ii) la falta de demarcación de los territorios indígenas y campesinos;&lt;br /&gt;iii) la falta de voluntad política para garantizar el derecho a la consulta previa;&lt;br /&gt;iv) la tendencia a ejecutar políticas gubernamentales de fomento intensivo de inversiones privadas y de firmar los correspondientes contratos de concesión, para la construcción de grandes obras de infraestructura y la explotación minera, maderera y de hidrocarburos, en las zonas andinas y amazónicas -donde se encuentra la mayoría de la población indígena y campesina- sin atender a los derechos colectivos de las poblaciones afectadas; &lt;br /&gt;v) la detención y persecución penal de líderes indígenas como parte del fenómeno de la criminalización de la protesta;&lt;br /&gt;vi) la inaplicación del Convenio 169 de la OIT con el argumento de su falta de desarrollo legislativo;&lt;br /&gt;vii) la ausencia de un criterio oficial uniforme sobre el concepto de pueblos indígenas y sobre quiénes quedan comprendidos bajo la protección del Convenio Nº 169 de la OIT;&lt;br /&gt;viii) la falta de armonía entre el discurso del Gobierno en el ámbito doméstico y el que se expresa ante las instancias internacionales;&lt;br /&gt;ix) la confusión de atribuciones y la superposición de competencias entre los distintos órganos del Estado para tratar temas relativos a los pueblos indígenas, que incluye la debilidad institucional para implementar procesos de consulta previa.&lt;br /&gt;x) El desconocimiento por parte de muchos funcionarios públicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los factores antes mencionados impiden la implementación apropiada del derecho a la consulta previa y se vinculan con retos metodológicos e interculturales que, hasta ahora, no son lo suficientemente tomados en cuenta por el Estado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pesar de los obstáculos mencionados, en el Perú existen condiciones favorables para la implementación de la consulta previa, como los espacios de diálogo entre el Estado y las comunidades, abiertos a partir de los hechos de Bagua. Éstos permitieron la redacción consensuada de un proyecto de Ley que, como muchos recuerdan, fue la base para la promulgación de la actual Ley para regular el derecho a la consulta previa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finalmente, queremos mencionar con preocupación que, en el Perú, la justicia constitucional ha tenido un rol ambivalente: por una parte, ha rechazado los argumentos del Gobierno sobre la inexistencia de una ley de consulta como justificativo para la no realización de procesos de consulta previa; ha prohibido la realización de la última fase de la etapa de exploración dentro del área de conservación regional “Cordillera Escalera”, que es un banco de agua esencial donde habitan cuatro comunidades nativas y ha establecido reglas para la aplicación del derecho a la consulta previa. Pero por otra, ha establecido (en una sentencia de aclaración y no de control constitucional), aplicando el principio de que la ley no es retroactiva, que en Perú el derecho a la consulta es obligatorio solo desde junio de 2010, fecha de publicación de la sentencia en que estableció reglas para los procesos de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dentro de los casos ilustrativos de la falta de consulta previa, se debe mencionar la explotación minera en la Cordillera del Cóndor, en la Reserva Nacional Ichigkat Muja, territorio tradicional de los pueblos Awajún y Wampis; y la explotación ilegal de madera en territorio de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario Mashco Piro, Yora y Amahuaca, en el Departamento de Madre de Dios, que los pone en riesgo de extinción.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dada la conflictividad social, el Perú tiene el desafío de no esperar a que se repitan hechos violentos similares a los ocurridos en Bagua para aprobar un reglamento de la Ley que exprese el espíritu del Convenio 169 de la OIT y los estándares del derecho internacional. Asimismo, tiene el desafío de restablecer y profundizar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, generando confianza, logrando que las diferentes instancias del Gobierno, como el Vice Ministerio de Interculturalidad y el INDEPA, sean percibidos por las organizaciones indígenas como entes imparciales, justos y dispuestos a defender los derechos de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. La importancia de la Ley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En primer lugar, Oxfam destaca la importancia de que se haya aprobado la Ley que, como bien se sabe, tiene el objetivo central de desarrollar lo expuesto en el Convenio 169 de la OIT, instrumento jurídico internacional que según el Tribunal Constitucional forma parte de la Constitución vigente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En los últimos años se ha dicho mucho respecto a la conveniencia de que exista una ley o un reglamento que regule los alcances del Convenio 169 de la OIT. En nuestra opinión, es un avance y es conveniente para los intereses de los pueblos indígenas que se haya aprobado la Ley. Por ello es un hecho de la mayor trascendencia de que exista un reglamento apropiado que, sin transgredir ni desnaturalizar la Ley ni el Convenio 169, provea de un marco con normas específicas, claras y concretas, que ofrezca criterios para minimizar la posibilidad de interpretaciones equivocadas, capaces de evitar interpretaciones equivocadas, de serias consecuencias para el contexto nacional, en donde muchos conflictos socio-ambientales esperan que la Ley sea un mecanismo eficaz para la solución de muchas de estas situaciones. Para esto último es fundamental reconocer la necesidad de invertir en el desarrollo de capacidades interculturales y de diálogo en las personas que asumirán el reto de implementar la Ley.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos parece que ha sido acertada la organización de los diferentes encuentros macro regionales, a solicitud de las propias organizaciones indígenas, en distintos puntos del país, lo que ha permitido que los representantes de las organizaciones indígenas expresen directamente sus inquietudes y preocupaciones, así como formulen las expectativas que se han formado respecto al ejercicio del derecho a la consulta previa. No obstante, la metodología empleada en los encuentros ha sido inadecuada, y las condiciones logísticas han generando malestar entre los líderes indígenas que participaron; estos problemas deben ser corregidos en el futuro. Somos de la opinión de que la formulación del reglamento de la Ley debe involucrar no solo a especialistas sino a las propias organizaciones indígenas, nacionales y regionales, garantizándoles las mejores condiciones posibles para que autónomamente adopten sus propias definiciones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No cabe duda de que el Gobierno Nacional ha abierto diversos canales participativos para la sociedad y una muestra de ello es, sin duda, la aprobación de la Ley, que va a permitir el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas, para pronunciarse sobre medidas administrativas y otros proyectos que se vayan a realidad dentro de sus territorios. En ese sentido, valoramos positivamente que se pida la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, como Oxfam, respecto al borrador del reglamento de la Ley.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. El consentimiento previo libre e informado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A estas alturas conviene recordar lo que en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH/OEA) ha señalado respecto al proceso de consulta y que nos parece que no está suficiente recogido en el texto del borrador del reglamento de la Ley, lo que incluso debería merecer un apartado específico en la estructura del texto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o que tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, el Gobierno deberá establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos indígenas, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Asimismo, pensamos en que hay que ser enfáticos en que el Gobierno debe realizar la consulta antes del otorgamiento de tales concesiones mineras o de los recursos del subsuelo. Además, es importante reiterar que la consulta no ocurre en un solo momento, sino para cada fase del desarrollo (exploración, explotación, expansiones del proyecto, cierre, etc.).  Los pueblos indígenas deberán participar de manera justa en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir indemnización, de acuerdo al derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Se debe recordar que los acuerdos previos entre comunidades y empresas extractivas no sustituyen en modo alguno la consulta previa que es responsabilidad del Estado peruano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conviene mencionar que el Gobierno debe llegar a un acuerdo previo con la comunidad sobre el proceso de la consulta antes de hacer la consulta; si se quiere que sea un dialogo intercultural, no siempre va a ser igual para el pueblo Awajun que para el pueblo Ashaninka o para el pueblo Quechua. Tendrá sus particularidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Estado no puede trasladar o reubicar a los pueblos indígenas salvo en casos excepcionales. En esos casos lo debe hacer con el consentimiento libre, genuino e informado de dichas poblaciones y con plena indemnización previa y el inmediato reemplazo por tierras adecuadas de igual o mejor calidad y estatuto jurídico; y garantizando el derecho al retorno si dejasen de existir las causas que originaron el desplazamiento.&lt;br /&gt;Conviene recordar también que, en el caso Saramaka, la Corte Interamericana dio ejemplos de la gama de medidas estatales que requieren consulta previa, cuando ordenó al Estado de Surinam que consultara con el pueblo Saramaka “al menos acerca de los siguientes  asuntos (2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• el proceso de delimitación, demarcación y otorgamiento de título colectivo sobre el territorio del pueblo Saramaka; &lt;br /&gt;• el proceso de otorgamiento a los miembros del pueblo Saramaka del reconocimiento legal de su capacidad jurídica colectiva, correspondiente a la comunidad que ellos integran; &lt;br /&gt;• el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer, proteger, garantizar y dar efecto legal al derecho de los integrantes del pueblo Saramaka al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado; &lt;br /&gt;• el proceso de adopción de medidas legislativas, administrativas u otras requeridas para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, de conformidad con sus tradiciones y costumbres; &lt;br /&gt;• en relación con los estudios previos de impacto ambiental y social; y &lt;br /&gt;• en relación con cualquier restricción propuesta a los derechos de propiedad del pueblo Saramaka, particularmente respecto de los planes de desarrollo o inversión propuestos dentro de, o que afecten, el territorio Saramaka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En otros casos, la CIDH/OEA ha precisado que está sujeta a consulta previa, efectiva e informada la adopción de medidas relacionadas con los procesos de acceso y goce efectivo del territorio ancestral, así como el establecimiento de las fronteras del territorio indígena a través de los procesos de delimitación y demarcación efectivas. La adopción en el derecho nacional de las medidas legislativas, administrativas u otras que sean necesarias para delimitar, demarcar y titular o de otra forma aclarar y proteger el territorio en el que el pueblo indígena tiene un derecho de propiedad comunal, también debe ser realizada mediante consultas plenamente informadas, de conformidad con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para otras comunidades indígenas. La Corte Interamericana ha exigido consultas previas y el logro de un consenso con los pueblos indígenas en casos de elección y entrega de tierras alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos, los cuales no quedan sujetas a criterios meramente discrecionales del Estado, deben ser, conforme a una interpretación integral del Convenio No. 169 de la OIT, consensuadas con los pueblos indígenas, conforme a sus propios procedimientos de consulta, valores, usos y derecho consuetudinario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Estado debe reconocer el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto los valores, objetivos prioridades y estrategias que orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado Nacional o por otros segmentos de la sociedad, siempre que sean ecológicamente sostenibles. El Estado debe tomar las medidas para la implementación efectiva del derecho a la consulta previa. Los pueblos indígenas tendrán derecho sin discriminación alguna a obtener medios adecuados para su propio desarrollo de acuerdo a sus preferencias y valores, y de contribuir a través de sus formas propias como sociedades distinguibles al desarrollo nacional y a la cooperación internacional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Estado debe tomar las medidas necesarias para que las decisiones referidas a todo plan, programa o proyecto que afecte derechos o condiciones de vida de los pueblos indígenas, sean hechas con el consentimiento y participación libre e informada de dichos pueblos, a que se reconozcan sus preferencias al respecto y a que no se incluya provisión alguna que pueda tener como resultado efectos negativos para la normal subsistencia de dichas poblaciones. Los pueblos indígenas tienen derecho a restitución e indemnización de acuerdo a los estándares del derecho internacional por cualquier perjuicio que, pese a los anteriores recaudos, la ejecución de dichos planes o propuestas pueda haberles causado; y a que se adopten medidas para mitigar impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, culturales o espirituales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Naturalmente a Oxfam le parece de la mayor importancia el abordaje del tema del consentimiento previo libre e informado, derecho por el cual los pueblos indígenas del mundo han luchado y que se relaciona directamente con el derecho que les asiste de controlar su propio. Esta situación cobra muchas veces una dramática importancia porque es un derecho frecuentemente violado. Es común que los pueblos indígenas no sean consultados y que las comunidades sean excluidas del proceso de planificación y de toma de decisiones. Esto lo afirmamos recordando que el propio borrador del reglamento de la Ley, en su artículo 5.d, establece que “las consultas deben realizarse con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas estatales propuestas”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como ha sido señalado por la CIDH/OEA) los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas, sus territorios y los recursos naturales. Esta es una manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado, según se dispone en el Convenio169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyos principios deben inspirar la implementación de la Ley. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta y el consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones administrativas del Estado que tienen un impacto sobre los derechos o intereses de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para algunos este tema les genera ciertas inquietudes y sería conveniente recordar que la cuestión del consentimiento informado es un tema desarrollado ampliamente en el campo médico. Allí se lo comprende como la manifestación voluntaria, libre y racional realizada por un paciente, de aceptación a un tratamiento, luego de haber sido informado del mismo y de habérsele respondido todas sus dudas de manera adecuada y suficiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. La opinión de los organismos financieros internacionales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Resulta interesante el desarrollo que los organismos financieros internacionales brindan al tema del consentimiento previo libre e informado. La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial (3), por ejemplo, ha difundido en enero del 2012 sus Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. Cabe mencionar que el Marco de Sostenibilidad de la IFC expresa su compromiso estratégico hacia el desarrollo sostenible y es parte integral del enfoque de la IFC para la gestión del riesgo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al respecto, la Norma de Desempeño 7 del IFC reconoce que los pueblos indígenas, como grupos sociales con identidades distintas de las de los grupos dominantes en las sociedades nacionales, suelen encontrarse entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. En muchos casos, su situación económica, social y jurídica limita su capacidad de defender sus derechos e intereses en materia de tierras y recursos naturales y culturales. Dichas limitaciones pueden restringir su capacidad de participar en el desarrollo y disfrutar de sus beneficios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables si sus tierras y sus recursos son modificados, ocupados o deteriorados significativamente. También pueden ver amenazadas sus lenguas, culturas, religiones, creencias espirituales e instituciones. En consecuencia, pueden ser más vulnerables a los impactos adversos asociados con el desarrollo del proyecto que las comunidades no indígenas. Esta vulnerabilidad puede incluir la pérdida de identidad, cultura y medios de subsistencia que dependen de recursos naturales, así como la exposición al empobrecimiento y las enfermedades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En este orden de ideas, en la nueva política del IFC hay un requerimiento de consentimiento previo libre e informado que señala lo siguiente: “En función de esa vulnerabilidad, además de los requisitos generales de la presente Norma de Desempeño, el cliente obtendrá el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas de pueblos indígenas en las circunstancias descriptas en los párrafos 13 a 17 de esta Norma de Desempeño&quot;(4).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. La base de datos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno de los temas sensibles en la Ley, que se abordan en el borrador del reglamento, en el artículo 28, es el que tiene que ver con la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios. Cuando se apruebe el reglamento, este tiene que ayudar a responder las siguientes preguntas: ¿quiénes son los pueblos indígenas que van a ser objeto de un proceso de consulta?, ¿las comunidades campesinas y nativas?; ¿las comunidades campesinas de la costa y de los andes?; ¿Qué pasa con las comunidades de la costa?; ¿Qué se hace con los pescadores artesanales que son miembros de comunidades campesinas?; ¿cómo se consulta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario?; ¿ se aplica esta norma a las rondas campesinas?; ¿qué pasa con los indígenas que viven en las ciudades?; etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Respondiendo a estas primeras interrogantes, se puede recordar que no existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos. Dada la diversidad de pueblos indígenas del Perú, una definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva. El derecho internacional sí proporciona algunos criterios útiles para determinar cuándo un determinado grupo humano se puede considerar como “pueblo indígena”, los que han sido recogidos acertadamente en la Ley que se está reglamentando. Esta determinación es de importancia crítica para el derecho internacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se debe recordar que se han consagrado criterios relevantes para los pueblos indígenas con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El artículo 1.1.(b) del Convenio 169 de la OIT dispone que dicho tratado se aplicará a los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El artículo 1.2 del mismo Convenio establece que la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la Guía de Aplicación del Convenio 169, la OIT explica que los elementos que definen a un pueblo indígena son tanto objetivos como subjetivos; los elementos objetivos incluyen: (i) la continuidad histórica, esto es que se trata de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonización; (ii) la conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el país o la región; y (iii) instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en todo o en parte. El elemento subjetivo corresponde a la auto‐identificación colectiva en tanto pueblo indígena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teniendo en cuenta el Convenio No. 169, la CIDH/OEA también ha resaltado que el criterio de auto identificación es el principal para determinar la condición de indígena, tanto individual como colectivamente en tanto pueblos. En ese sentido, en cuanto a la auto‐identificación individual, la CIDH/OEA, por ejemplo, ha destacado como un avance positivo el que en el censo poblacional de Bolivia de 2001 se hubiera incluido el criterio de auto identificación para establecer los porcentajes de población indígena de más de 15 años de edad en el país. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto a la auto identificación colectiva, para la Corte Interamericana la identificación de cada comunidad indígena es un hecho histórico social que hace parte de su autonomía, por lo cual corresponde a la comunidad correspondiente identificar su propio nombre, composición y pertenencia étnica, sin que el Estado u otros organismos externos lo hagan o lo controviertan: El Estado deben limitarse a respetar las determinaciones que en este sentido presente la Comunidad, es decir, la forma como ésta se auto‐identifique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También, es de la mayor importancia subrayar que a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario no se les debe consultar, por lo tanto no se deberían aprobar proyectos en sus territorios. Conviene recordar que estos pueblos son constantemente amenazados en su vida e integridad personal, y se encuentran en peligro de extinción, por las actividades de extracción extractivas que se efectúan en su territorio. En varias ocasiones los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han solicitado al Estado peruano que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en particular que adopte medidas para evitar daños irreparables resultantes de las actividades de terceros en su territorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entendemos que la base de datos es un aspecto central de la consulta previa porque de esta base se van a derivar importantes actos jurídicos. En consecuencia, es legítimo preguntarse quienes van a inscribirse en dicha base de datos, ¿las actuales comunidades campesinas y nativas reconocidas por el Estado?; sin duda, porque las comunidades campesinas y nativas son pueblos indígenas; y ¿esta inscripción va a tener un valor ab solemnitatem o actos ab probationem?; creemos que debe ser ab probationem porque la base debe tener efectos jurídicos declarativos y no constitutivos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿La inscripción va a incluir sólo a las comunidades o también a sus organizaciones nacionales?; en nuestra opinión, debe incluir a las organizaciones nacionales pero también a las organizaciones regionales en tanto sean las que legítimamente represente los intereses de las comunidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Qué pasará con las organizaciones regionales y locales de los pueblos indígenas?; las organizaciones regionales y locales también deben ser tomadas en cuenta y registradas en la base de datos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otras preguntas que deben responderse en el reglamento de la Ley son las siguientes: ¿Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas van a estar registradas en esa base de datos  observando el procedimiento que existe para las personas jurídicas?; el Gobierno debe pensar en un procedimiento ágil pero al mismo tiempo que garantice el derecho registral, la transparencia y la representación legitima de los pueblos indígenas. Y, en consecuencia, ¿deben estar constituidas como asociaciones civiles?; no necesariamente; recordemos que existe también la figura de los comités. O es que ¿se van a generar nuevas formas de personalidad jurídica no previstas en el Código Civil?; es una posibilidad, siempre que eso no signifique una demora en el proceso de consulta previa y que acarree costos a los pueblos indígenas que no van a poder cubrir. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y a los representantes indígenas, ¿se les va a exigir poder por escritura pública o un acta no legalizada de la propia organización que les designó?; se podría pensar que si no tienen poder por escritura inscrito en los registros públicos, podría también emplearse un acta legalizada por un fedatario público; ¿cómo se garantizará el respeto al principio de legalidad sin comprometer la flexibilidad ni complicar la representación de los pueblos indígenas?, con buena fe, disposición al diálogo y confianza para que los procedimientos no paralicen sino que viabilicen la consulta previa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Varias de las preguntas que hemos formulado representan serias barreras para los pueblos indígenas, sobre todo para los que están organizados como comunidades campesinas y nativas. Si se revisa el tiempo que ha demandado el reconocimiento de la personalidad jurídica de una comunidad se puede mencionar que muchas veces ha tomado 5 años. Aspectos como este evidencian la existencia de criterios excluyentes que afectan a los pueblos indígenas y que deben cesar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. La estructura del reglamento y las etapas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento de la Ley debe contener una estructura básica clara de cómo debe ser el procedimiento de la consulta previa. En ese sentido, nos parece acertado pero insuficiente el tratamiento que se da al proceso de consulta en el borrador del reglamento, entre los artículos 14 a 25, en donde se plantean siete etapas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta. &lt;br /&gt;2. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. &lt;br /&gt;3. Publicidad de la medida legislativa o administrativa. &lt;br /&gt;4. Información sobre la medida legislativa o administrativa. &lt;br /&gt;5. Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente. &lt;br /&gt;6. Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u originarios. &lt;br /&gt;7. Decisión. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuando se habla del inicio del proceso, en los artículos 14 y 15 del borrador del reglamento de la Ley se pone en el caso de que cada entidad estatal vaya a contar con normas que van a determinar las características del proceso de consulta. Nos parece que esto puede prestarse a tantas interpretaciones como diversos sectores tiene el Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos regionales y locales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Convendría que en el reglamento de la Ley se establezcan criterios y procedimientos claros, comunes y mínimos que establezcan los estándares de calidad que los procesos de consulta previa deben desarrollar en cualquier caso y de todas maneras. Hacemos hincapié en que esto será uno de los indicadores que se tendrá en cuenta la próxima vez que se valore el grado de cumplimiento del Convenio 169, tema que ha sido recurrente en los últimos años en las deliberaciones de la Comisión de Expertos de la OIT.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos parece también que sería más adecuado que el reglamento desarrolle con mayor detalle los procesos de consulta según cada uno de los casos, el proceso de medidas administrativas, el de los planes, proyectos y programas de desarrollo, ¿cómo será en el caso de la exploración y explotación de recursos naturales?; en otras palabras, que se debería  desarrollar cada uno de estos procesos dentro de la estructura básica del borrador de reglamento de la Ley. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No se debe olvidar de que esto no se va a hacer sólo en Lima sino en las regiones, provincias y distritos, en los caseríos y comunidades más apartados del país. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento debe indicar los pasos a seguir al iniciar el proceso de consulta en cada caso, el cómo se va a hacer la consulta, el orden que debe tener, qué se hace primero y qué se hace después, cuál es la naturaleza de la consulta, cómo se pueden presentar los informes, teniendo en cuenta las características sociales y culturales de las personas y comunidades consultadas, cómo se adjuntan pruebas y, finamente como se llega al acuerdo, sea con el consentimiento o el disentimiento de la medida que se consulta Lo que debe limitarse es la posibilidad de que terminen siendo percibidas como seudo consultas, meramente informativas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Las etapas de información y evaluación interna&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; El artículo 18 del borrador del reglamento de la Ley aborda la etapa de información y pensamos que debe añadirse con mayor claridad el derecho que tienen los pueblos indígenas de solicitar o recibir información en su idioma propio de parte de quienes están impulsando la aprobación de una medida administrativa o de un plan o programa. Es importante que los pueblos indígenas sean plenamente informados sobre la medida, sus posibles impactos y lo que se hará para prevenir los impactos o minimizarlos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por lo mismo, es importante que quede claro que los pueblos indígenas tienen derecho a solicitar copia de los documentos relevantes para adoptar en su momento las decisiones requeridas, por ejemplo, copia de los estudios de impacto ambiental en el caso de que lo que se quiere aprobar es la exploración o la explotación de recursos naturales ubicados en el sub-suelo de los territorios indígenas. Se debe garantizar que todos los miembros de los pueblos indígenas sean debidamente informados y que comprendan los posibles impactos de la medida o del proyecto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Gobierno debe ponerse en los casos en donde los pueblos indígenas no hablan ni leen el castellano y entonces se debe preferir los medios de comunicación adecuados, como radiofonía o reuniones persona a persona, etc. Hay que evitar que el proceso sea manejado por algunos pocos miembros de la comunidad que podrían estar más interesados en su beneficio personal que en el de la comunidad. Ello representa un desafío mayor, además evidencia el tema de la representatividad de las dirigencias, donde, para dar solo un ejemplo, están por lo general poco representadas las mujeres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Además, nos preocupa que lo señalado en el articulo 5.j. del borrador del reglamento de la Ley no se respete adecuadamente; dicha norma señala que el plan de consulta, la propuesta de la medida estatal a consultar, los nombres de los representantes estatales y de los pueblos indígenas, así como el acta de consulta son documentos de carácter público, y disponibles a través de los portales web de las entidades proponentes. Ello nos parece adecuado pero se debe garantizar que los pueblos indígenas puedan acceder a dicha documentación en sus propios idiomas. Es importante que tanto el proceso de consulta previa como los procedimientos en cada caso concreto sean acordados por los/las representantes de los pueblos indígenas y el Estado; en el borrador del reglamento de la Ley esto no se ha considerado con la suficiente claridad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; El artículo 19 del borrador del reglamento de la Ley aborda la etapa de la evaluación interna. Se habla de que las instituciones y las organizaciones de los pueblos indígenas deben contar con un plazo razonable para evaluar la medida, lo que es bueno, pero incompleto. Se debe garantizar que las comunidades que vayan a ser directamente afectadas por la medida o el plan, discutan el tema; no sólo que algunos pocos miembros de tales comunidades lo hagan, y que el plazo razonable sea culturalmente adecuado a los plazos de los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Pueden utilizarse diversas herramientas para este propósito como mapas, folletos, posters y videos. Esto puede ser útil para comprender mejor los beneficios e impactos potenciales de las medidas que se quieren consultar. Durante la discusión se requiere garantizar que se están utilizando las prácticas culturalmente aceptables para la comunidad, tomando en cuenta las visiones de todos los miembros de la comunidad, facilitando que las mujeres, los jóvenes y los ancianos sean incluidos en esta discusión. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. La etapa de la decisión&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En todos los casos, la decisión final sobre la aprobación o desaprobación de la medida, prevista en el artículo 15 de la ley de consulta previa, necesita ser clara, sencilla pero debidamente fundamentada. En ese sentido el texto del artículo 23 del borrador del reglamento de la Ley requiere apelar en la fundamentación a la legislación nacional pero también a los tratados internacionales y a los principios y criterios del derecho internacional, porque esta decisión gubernamental va a ser trascendental para evitar que se produzca un conflicto. El reglamento de la Ley debe abordar el tema de cómo se adoptan las decisiones cuando una medida afecta a varios pueblos indígenas de familias lingüísticas diferentes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En algunas propuestas que se han difundido en las últimas semanas sobre el particular se ha mencionado que las decisiones para que haya acuerdo total o consentimiento requieren de mayoría absoluta; ello es un tema que puede ser discutible porque, según las costumbres en algunas comunidades indígenas, las decisiones se toman por consenso o por unanimidad y esto después de un proceso previo de discusión entre los jefes de los clanes familiares que están al interior de las propias comunidades, de modo que cuando llegan a las asambleas ya vienen con las decisiones casi adoptadas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sería aconsejable decir, por ejemplo, que si la costumbre de la comunidad es adoptar decisiones por consenso o por unanimidad, de ese modo se adoptarán las decisiones del pueblo indígena consultado. Y si las decisiones se toman por mayoría absoluta, se debe entender que la decisión se toma por más del 51% de los comuneros asistentes, y que en todos los casos se va a necesitar siempre la presencia de los 2/3 de los comuneros del pueblo consultado, si se trata de medidas locales, y se deben de pensar en criterios adecuados cuando se adopten medidas regionales y nacionales. Esto es muy importante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luego también puede ser discutible ¿qué se entiende por acuerdo parcial?, ¿es cualquier número o más del tercio, o como se interpreta esto? Claridad, sencillez, eso es lo que se requiere sobre todo en esta etapa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Financiamiento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tema que tiene que ser más desarrollado es el de los recursos financieros que van a cubrir el costo de las consultas, mencionado en el artículo 25 del borrador del reglamento de la Ley. Por ejemplo, no se puede pensar en que la consulta previa replique los procesos de referéndum, porque entonces serían muy caros y porque no corresponden con las costumbres de las comunidades indígenas; y sobre todo hay que garantizar la independencia de los fondos, y que el Gobierno, sea al nivel nacional, regional o local no los va a destinar a fines diferentes para los cuales ha sido constituido. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se requiere aplicar explícitamente principios de transparencia y de rendición de cuentas; y se debe incluir la posibilidad del pago de asesores e intérpretes de la elección de los pueblos indígenas a ser consultados, pero aplicando un arancel determinado por el Gobierno y no en forma discrecional, evitando el riesgo de los honorarios exorbitantes. En tal sentido preocupa que se plantee en la tercera disposición complementaria y final del borrador del reglamento de la Ley que el registro de intérpretes entrará en vigencia progresivamente. En el país muchas veces las normas que son establecidas con este carácter casi nunca son implementadas o el Estado se toma mucho tiempo en adoptar las medidas para aplicarlas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Otros temas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.1. Institucionalidad indígena&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También sería conveniente que, en la discusión del reglamento de la Ley, se tomen en cuenta otros temas, como por ejemplo la institucionalidad indígena que guarda relación con el debate del derecho a la consulta previa, para garantizar una participación más proactiva de los propios pueblos indígenas en los procesos de consulta previa que se organicen en todo el país. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.2. La igualdad de género&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El borrador del reglamento de la Ley no promueve la igualdad de género y es una responsabilidad del Estado. Es necesario promover una lógica de representatividad inclusiva, respetando la autonomía de los pueblos indígenas, que promueva la participación de las mujeres e  incorpore los derechos individuales de las mujeres, sin perturbar el marco de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que plantea el Convenio 169 de la OIT y según los compromisos internacionales asumidos por el Perú.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.3. Enfoque intercultural&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El enfoque intercultural dentro del borrador del reglamento de la Ley debe enfatizar el reconocimiento, respeto y valoración de la existencia de diferentes perspectivas culturales, expresadas en distintas formas de organización, sistemas de relación y visiones del mundo bajo los principios de igualdad que defiende el Estado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.4. Veedores nacionales o internacionales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por ejemplo, preguntarse si se justifica que participen veedores nacionales o internacionales, ¿complicaría o ayudaría al proceso de consulta previa? ¿En qué casos se justificaría y quien asumiría el costo de tales veedores? Este rol podría ser jugado por la Defensoría del Pueblo, especialmente en aquellos casos en los que se plantea la exploración y explotación de recursos naturales que se encuentran en los territorios indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.5. Pueblos Originarios&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La referencia a los “pueblos originarios” parece accidental a lo largo del texto del borrador del reglamento de la Ley. Sería deseable que en el texto final se precise a quienes se refiere cuando hace alusión a los pueblos originarios: ¿rondas campesinas, comunidades campesinas de la costa, pescadores artesanales? Una vez más la pauta esencial y los criterios sustantivos están contenidos en el Convenio 169 de la OIT, para evitar que se generen expectativas en otros sectores de la población a quienes les asiste el derecho a la participación ciudadana, más que el derecho a la consulta previa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.6. Un reglamento vs varios reglamentos sectoriales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por otro lado preocupa la referencia en el párrafo 2.1 del artículo 2 del borrador del reglamento de la Ley, de que aquí se establecen las reglas que se deben seguir para la implementación de la Ley así como, de ser el caso, para la reglamentación sectorial de la misma. Nos parece que es preferible que para garantizar la unidad de criterios debería existir un solo reglamento para la implementación de la Ley, no varios reglamentos sectoriales, para garantizar que ninguna regulación sectorial se superponga o discrepe abiertamente con las reglas del reglamento de la ley.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.7.  La cuestión de los Decretos de Urgencia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por otro lado, llama la atención la “llave” que se quiere poner al numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, relativo a la dación de Decretos de Urgencia, mencionado en el párrafo 26,5 del borrador del reglamento de la Ley. Esa norma dice que corresponde al Presidente de la Republica dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Pensamos que no corresponde que un reglamento lo señale, a menos que, por esta vía, se vaya a evitar la realización de procesos de consulta previa, cuando corresponda hacerlo a los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.8. El concepto de afectación directa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos parece que en el artículo 3.b del borrador del reglamento de la Ley, el concepto de afectación directa sigue siendo muy difuso. ¿Qué se entiende por cambio sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas? Si no lo precisa el reglamento, el tema va a ser materia de interpretaciones antojadizas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.9. La consulta para planes, programas y proyectos de desarrollo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El borrador del reglamento de la Ley no desarrolla satisfactoriamente la consulta previa para los planes, programas y proyectos de desarrollo, y pensamos que esto es de  vital importancia para los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.10.  Aspectos de naturaleza práctica &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algunos aspectos de naturaleza práctica. El reglamento debería contener anexos, con flujo gramas que ayuden a ver los pasos que se tienen que dar en los diferentes escenarios y en los diferentes tipos de consultas, que grafiquen los pasos que hay que dar desde el inicio de la consulta previa hasta la decisión y si hay instancias a las que se puede recurrir por parte de los interesados, en caso se discrepe de la decisión. El reglamento debe traer formatos de cómo se deben hacer las actas de la consulta, como se puede solicitar someter una medida a consulta, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.11.  Fortalecimiento de capacidades&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una vez que el reglamento sea aprobado, se debe anticipar que el Gobierno nacional, para poder implementar la ley y el reglamento, requiere fortalecer capacidades y capacitar permanentemente a los funcionarios públicos que van a encargarse de hacer la consulta previa y a los propios indígenas que va a ser consultados. Entonces, se requieren manuales que indiquen, paso a paso, cómo se aplica la ley y el reglamento; sobre todo pensando en aquellos lugares donde no hay a quien preguntar cómo se hacen estas cosas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.12. Campaña en medios&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Debe pensarse también en una campaña en medios que enseñe la respuesta a las famosas preguntas básicas: ¿qué se consulta?, ¿a quién se consulta?, ¿cómo se consulta?, ¿dónde se consulta?, ¿cuánto cuesta la consulta?, ¿cuándo sí y cuándo no se consulta?, ¿por qué se consulta?, ¿en qué idioma o en que lengua se consulta?  Si bien la campaña puede usar todos los medios de comunicación y de enseñanza al alcance, pensamos que hay que privilegiar la radio y los audiovisuales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10.13. Los documentos que se desprendan de la consulta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los documentos que se desprendan de la consulta deben ser redactados en un lenguaje breve, directo y simple. No deben contener palabras abreviadas ni terminología técnica, pero sí ejemplos propios del lugar donde se realiza la consulta Al mismo tiempo se debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a todos los documentos técnicos para participar en forma informada (por ejemplo, mapas, estudios de impacto ambiental, etc.). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. Recomendaciones para la implementación de la consulta previa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta ello, el proceso debe hacerse considerando lo siguiente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Realizar de manera inmediata procesos de consulta previa que respeten los requisitos establecidos por el derecho internacional y la jurisprudencia y que son parte del ordenamiento jurídico interno.&lt;br /&gt;b) Continuar con el actual proceso de formulación del reglamento de la Ley con la participación efectiva de las comunidades indígenas, de forma tal que el Gobierno Nacional se deje influenciar, de buena fe, por las recomendaciones planteadas por los representantes indígenas en los talleres macro regionales, de modo que tengan una incidencia clara en el texto final. &lt;br /&gt;c) Proponer una metodología para la consulta previa, que sea culturalmente adecuada, incluso en sus formatos, apuntando a un verdadero diálogo intercultural, que vaya mucho más allá del idioma empleado.&lt;br /&gt;d) Sería preferible contar con un solo reglamento de la Ley y no varios reglamentos sectoriales; un solo reglamento puede tener la virtud de abarcar las distintas actividades que se quieran llevar a caso en los territorios indígenas.&lt;br /&gt;e) Tomar en cuentas las consideraciones planteadas por las organizaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil que han sido alcanzadas a la Comisión Multisectorial.&lt;br /&gt;f) Institucionalizar los espacios de diálogo existentes entre el Estado y los pueblos indígenas, incluyendo al sector privado, y dotar a los mencionados espacios de estabilidad, permanencia y recursos económicos necesarios para funcionar y ser operativos.&lt;br /&gt;g) Cumplir las decisiones de los organismos internacionales tales como la OIT y la CIDH/OEA y la Organización de las Naciones Unidas.&lt;br /&gt;h) Seguir las recomendaciones de los organismos financieros internacionales tales como el IFC del Grupo del Banco Mundial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Recomendaciones adicionales para la redacción del texto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En síntesis el proceso de consulta previa, y los documentos que de él se deriven, deben ser realizados aplicando los siguientes criterios:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Evitando frases que comprometan o manipulen a los sujetos que participan en la consulta previa.&lt;br /&gt;b. Explicando claramente el propósito de la consulta.&lt;br /&gt;c. Definiendo el periodo en el cual los sujetos participarán en la medida que está siendo sometida a consulta.&lt;br /&gt;d. Describiendo y explicando los procedimientos a los cuales serán sometidos los sujetos por participar en la consulta previa, así como también, señalando los posibles beneficios, riesgos o molestias que se pueden presentar.&lt;br /&gt;e. Añadiendo con mayor claridad el derecho que tienen los pueblos indígenas de solicitar o recibir información en su idioma propio de parte de quienes están impulsando la aprobación de una medida administrativa o de un plan o programa.&lt;br /&gt;f. Explicando las posibles alternativas de mitigación en el caso de presentarse alguna complicación durante o después de la aplicación de la medida consultada. &lt;br /&gt;g. Contestando cualquier pregunta o duda con respecto a la medida consultada y listando las personas a las que puede acceder para resolver cualquier orientación posterior a la consulta previa realizada.&lt;br /&gt;h. Indicando la posibilidad de retirarse en cualquier momento de la aplicación de la medida consultada, sin perjuicio para el sujeto participante en la consulta previa.&lt;br /&gt;i. Indicando que la participación es confidencial, salvo que ellos decidan que el proceso es público. Si es confidencial no lo debe ser en modo alguno para las autoridades responsables de llevar a cabo las etapas de consulta previa, y para los asesores e intérpretes que participen (quienes también deben mantener el secreto de la confidencialidad de los sujetos participantes y la privacidad de la información).&lt;br /&gt;j. Especificando el tipo y monto de compensación o indemnización en caso se produzcan daños que afecten los derechos de las personas consultadas, basados en la experiencia del derecho internacional, y que la entidad que se responsabilizó de la consulta previa cubrirá el costo de dicha compensación o indemnización.&lt;br /&gt;k. Indicando el número telefónico que le permita a las personas participantes en la consulta previa comunicarse con los funcionarios que serán responsables de la consulta previa en caso que lo requiera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lima, 19 de Febrero de 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; notas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.  Oxfam y Due Process of Law Foundation. El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Primera edición. Gamma Gráfica, Lima, marzo 2011. 100 páginas.&lt;br /&gt;2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 16. Ver también Corte Interamerican de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 194(c).&lt;br /&gt;3.  El IFC financia grandes proyectos extractivos que operan en el Perú, por ejemplo el de la mina Yanacocha en Cajamarca o el de hidrocarburos que opera Peru LNG; de allí la importancia para influir en los contenidos del borrador del reglamento de la Ley.&lt;br /&gt;4.  Puede consultarse más ampliamente las Normas de Desempeño del IFC en la siguiente web:&lt;br /&gt;http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/f6a7cd8049a79b58b993fba8c6a8312a/PS7_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/3315835299437925899'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/3315835299437925899'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2012/02/comentarios-al-borrador-de-reglamento.html' title='Comentarios al Borrador de Reglamento de la Ley de Consulta Previa'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-8144743900392680675</id><published>2011-11-09T09:34:00.002-05:00</published><updated>2011-11-09T09:43:46.101-05:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>Comentarios sobre ‘El Reglamento de la Ley de Consulta Previa’&lt;br /&gt;Javier Aroca&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La reglamentación &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En primer lugar quiero destacar la importancia de que se haya aprobado la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, conforme al Convenio 169 de la OIT, la ley 29785, publicada el 7 de septiembre de 2011. Quiero señalar que se ha hecho parte del sentido común de la opinión pública que esta ley requiere de un reglamento para poder ser implementada; sin embargo, en ninguna parte de la ley se dice que tenga que ocurrir esto. La cuarta disposición complementaria o final dice que “la presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en el diario oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida para ello”. Entonces, se siguiéramos literalmente lo que dice la ley, el 7 de diciembre próximo debería entrar en vigencia la ley, sin esperar que haya un reglamento aprobado por el Ejecutivo. Sin embargo, en estos casos no se debe ser ‘literal’. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se debe preguntar, entonces, si cuando hablamos de la Ley de Consulta Previa se trata de una norma operativa o programática. Se ha dicho también que la ley de consulta previa desarrolla lo expuesto en el Convenio 169 de la OIT que, según el Tribunal Constitucional, hace parte del bloque constitucional, es decir, que interpreta que el Convenio 169 es parte de la Constitución vigente (1); entonces, se puede decir que el Convenio 169 es una normas constitucional y la ley de consulta previa una norma que busca aplicarla, implementarla. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las normas constitucionales pueden ser operativas o programáticas. Las operativas son las que no precisan ser reglamentadas ni condicionadas por otro acto normativo para ser aplicables. Las programáticas, en cambio, son las que tienen sujeta su eficacia a la condición de ser reglamentadas. A su vez se puede efectuar idéntica distinción respecto a la totalidad de las normas jurídicas. Es decir, las normas de un tratado, de la Constitución o una ley, por su naturaleza pueden ser operativas o programáticas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta explicación busca señalar que la ley de consulta previa es una norma programática. Las normas programáticas reclaman el complemento de otra norma que especifique y lleve a término el “programa” de la norma programática. Pero la norma está en el orden normativo, con naturaleza programática. Aunque a las normas programáticas les falte reglamentación, eso no debe ser obstáculo para que los jueces las reconozcan en sus resoluciones. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Debe considerarse que los cuerpos de leyes existentes en el país, forman parte de las políticas del Estado, a las que corresponden &quot;objetivos&quot; institucionales de los diversos aparatos de Estado encargados de promover y velar por el cumplimiento de la legislación vigente. Pero el problema no se resuelve sustantivamente allí. La existencia de una ley o de una política al ser acatada, ejecutada u omitida de hecho por las instituciones del Estado y por las instituciones de la sociedad civil,  sufre desnaturalizaciones, interpretaciones casuísticas o simplemente no se aplica. Esta situación se facilita cuando la política de gobierno y las leyes que la sustentan han sido formuladas en una forma ambigua o muy general  y cuando las personas beneficiarias de esas leyes no demandan su cumplimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el caso de la promulgación de leyes (que son un primer resultado de la concreción de una política o de parte de la misma), se presentan, por lo general, cuatro tipos de problemas:&lt;br /&gt;• El primer problema, en general cuando esas leyes no están reglamentadas y por tanto no cuentan con procedimientos específicos para su aplicación. Esta reglamentación debe ser hecha por instituciones del Poder Ejecutivo, tales como los Ministerios de Cultura, Energía y Minas, Ambiente, Justicia, de Trabajo, la Presidencia del Consejo de Ministros, etc. &lt;br /&gt;• El segundo problema: la redacción y el contenido de los reglamentos para aplicar la ley. Porque no sería sorprendente, que lo que el legislador escribió con la mano, al reglamentarlo se borre con el codo, con la indeseable consecuencia de que ley termina siendo una declaración de buenas intenciones, “letra muerta”, por la complejidad de su aplicabilidad.&lt;br /&gt;• El tercer problema está relacionado con la interpretación que den funcionarios de las instituciones que velan por esas leyes,  abogados y jueces, al contenido y “espíritu” de las mismas, y esta dimensión se relaciona tanto con el componente estructural, como con el componente político-cultural, de la ejecución de las leyes. &lt;br /&gt;• El cuarto problema se relaciona con el hecho de que las leyes adquieren vigencia en el tejido social, en la medida que se conocen, se esgrimen y se aplican.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Siendo la ley de consulta previa una norma programática, requiere ser reglamentada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Cómo reglamentar la ley de consulta previa?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dicho lo anterior, subsiste el problema de cómo reglamentar bien y mejor. Hay algún gobierno regional que se ha adelantado a reglamentar la ley de consulta previa y se debería preguntar si esa tarea no debería estar reservada en primer orden al Ejecutivo, por su alcance nacional. Por otro lado, se conocen esfuerzos desde la sociedad civil de elaborar anteproyectos de reglamentos de la ley;  al menos conozco los elaborados por la Red Muqui y por el Instituto de Defensa Legal. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Reconociendo que se trata de esfuerzos serios de algunas ONGs dedicadas a los temas de derechos humanos y medio ambiente, no deja de preocupar algunos aspectos. Primero, que estos documentos deberían haber involucrado a las organizaciones indígenas nacionales o regionales que existen en el país y no solo por especialistas en los derechos indígenas. Segundo, que debe cuidarse que el reglamento no resulte siendo una forma indirecta de ampliar los alcances de ley sin justificación alguna; porque si esto ocurre se violaría el principio de legalidad (2). Tercero, el reglamento no puede transgredir ni desnaturalizar la ley de consulta previa, de acuerdo a la propia Constitución (3) y varias normas de estas propuestas son generales, confusas y amplias, lo cual podría traer como consecuencia una interpretación equivocada de los funcionarios encargados de aplicarlas o de los propios pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algunos ejemplos de los temas que requieren cierta precisión; el reglamento debe referirse a: &lt;br /&gt;(i) ¿cómo se deben hacer las consultas a las medidas legislativas del Congreso?, ¿no es esa una facultad del Congreso mismo?;  tampoco se aclara que este procedimiento se aplica a las ordenanzas regionales y locales, que son en su ámbito respectivo leyes de carácter regional y local. &lt;br /&gt;(ii) Se habla indistintamente de gobierno y de estado, y cuando se habla de gobierno, ¿queda en forma ambigua si se refiere a los niveles nacional, regional y local? &lt;br /&gt;(iii) El texto incluye una alusión a ‘tierras que ancestralmente son de su propiedad’; no solo es ambiguo sino peligrosamente amplio y genérico. Me hace recordar el caso de la Comunidad Campesina de Llanavilla que tenía más de 400 anos de antigüedad, una comunidad que comprendía buena parte del ámbito geográfico de los distritos de Chorrillos, Surco, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, en la zona de Lima Sur y que ahora, virtualmente, ha desaparecido(4). ¿Cuántos casos Llanavilla han ocurrido a lo largo y ancho del país y cuántos casos más están todavía por ocurrir?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pesar de que ahora hay ley de consulta previa, quedan varios problemas pendientes de ser resueltos. Por ejemplo, un elemento de conflicto cotidiano es el de las contradicciones que hay entre la Ley de Municipalidades con las Leyes de Comunidades, sea para Comunidades Campesinas y/o para las Comunidades Nativas. Estas leyes no tienen muy bien delimitadas sus jurisdicciones y atribuciones. Por ejemplo, para abrir un local comercial, los comuneros deben obtener permiso de funcionamiento en la Municipalidad y hacer el trámite de licencia de apertura, contar con carné de sanidad, pagar alcabalas,  para la construcción de casas contar con los permisos municipales; si bien por un lado si dice que las comunidades están exoneradas del pago de impuestos, no es claro si esta exoneración alcanza a las comunidades que se dedican a actividades comerciales, como por ejemplo cuando brindan servicios a los proyectos mineros o de hidrocarburos, o cuando se quieren dedicar a la explotación forestal, además, de los problemas acumulados que tienen con la Sunat por no contar con el registro único del contribuyente ni declarar las actividades que generan rentas ni extender comprobantes de pago, etc., etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uno de los temas sensibles en el reglamento tienen que ver con la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios; ¿quiénes son los pueblos indígenas que van a ser objeto de un proceso de consulta?: ¿las comunidades campesinas y nativas?; ¿las comunidades campesinas de la costa y de los andes?; ¿Qué pasa con las comunidades de la costa?; ¿Qué se hace con los pescadores artesanales que son miembros de comunidades campesinas?; ¿cómo se consulta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario?; ¿ se aplica esta norma a las rondas campesinas?; ¿qué pasa con los indígenas que viven en las ciudades?; etc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es inevitable pensar en los conflictos socioambientales que se han sucedido en los últimos años y los que vienen produciéndose en los últimos tiempos, y en ellos uno puede escuchar que ciudadanos y pobladores rurales empiezan a reclamar su derecho a la consulta previa; pero habría que preguntarse si ese derecho es el que les asiste; a primera vista ser campesino, ser poblador de un caserío rural, no es motivo suficiente para reclamar el derecho a la consulta previa, tema que incluso lo confunden las propias autoridades regionales y locales. Pueden reclamar participación ciudadana, para lo cual existen mecanismos establecidos en la ley, pero no les asiste el derecho a la consulta previa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como se puede anticipar, muchas preguntas debe ser resueltas en el reglamento y, por ejemplo, el sentido de la base de datos debe ser fundamental, porque de esta base se van a derivar importantes actos jurídicos, en cuanto a la forma, porque, las consultas previas son actos jurídicos y si lo son, hay que preguntar si ¿se trata de actos ab solemnitatem o actos ab probationem(5); ¿el acto de inscripción de las organizaciones y pueblos indígenas  en la base de datos será considerado un acto solemne o un acto de prueba? Entonces, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas tienen que estar registradas observando el procedimiento que existe para las personas jurídicas, y eso significa que ¿deben estar constituidas como asociaciones civiles? O es que ¿se van a generar nuevas formas de personalidad jurídica no previstas en el Código Civil?; y a los representantes indígenas, ¿se les va a exigir poder por escritura pública o una simple acta de la organización que les designó?; ¿cómo se garantizaría el respeto al principio de legalidad sin complicar la representación de los pueblos indígenas? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento debe ser fruto del esfuerzo de todos los sectores interesados en que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados: gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, pero especialmente de los propios interesados. Siendo así, debe ser también un ejemplo de docencia, de enseñanza para los propios pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En mi opinión, el reglamento debe contener una estructura básica clara de ¿cómo debe ser el procedimiento de la consulta previa?; tiene sentido pensar en incorporar procesos de pre-consulta como ocurre en los casos de Colombia, por ejemplo, y debe distinguir ¿cómo será el proceso de consulta a medidas legislativas?, ¿cómo será el proceso de medidas administrativas?, ¿cómo será en el caso de proyectos y programas de desarrollo?, ¿cómo será en el caso de la exploración y explotación de recursos naturales?; en otras palabras, debe desglosar y desarrollar cada uno de estos procesos. No se debe olvidar de que esto no se va a hacer en Lima sino en las regiones, sobre todo en las provincias y distritos, en los caseríos y comunidades más apartados del país. El reglamento debe indicar ¿cómo se inicia el proceso de consulta?, en cada caso, ¿cuál es el orden que debe tener, que se hace primero y que se hace después?, ¿cuál es la naturaleza de la consulta?, ¿cómo se pueden presentar los informes, como se adjuntan pruebas y finamente como se llega al acuerdo, sea con el consentimiento o el disentimiento de la medida que se consulta?, y aclarar hasta el cansancio de que este proceso no implica veto a las medidas que se consultan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En todos los casos, la decisión final sobre la aprobación o desaprobación de la medida, prevista en el artículo 15 de la ley de consulta previa, necesita ser clara, sencilla pero debidamente fundamentada. Porque esta decisión gubernamental va a ser trascendental para evitar que se produzca un conflicto o al contrario, para complejizarlo más.  En alguna de las propuestas se llega a mencionar que las decisiones para que haya acuerdo total o consentimiento requieren de mayoría absoluta; ello es un tema que puede ser discutible porque, según las costumbres en algunas comunidades indígenas amazónicas (Awajun, Ashaninkas, etc.), las decisiones se toman por consenso o por unanimidad y esto después de un proceso previo de discusión entre los jefes de los clanes familiares que están al interior de las propias comunidades, de modo que cuando llegan a las asambleas ya vienen con las decisiones casi adoptadas. Luego también puede ser discutible que se entiende por mayoría absoluta: más de la mitad o mayoría calificada de dos tercios; y cuando es acuerdo parcial, es cualquier numero o más del tercio, o como se interpreta esto. Claridad, sencillez, eso es lo que se requiere sobre todo en esta etapa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tema que tiene que ser desarrollado es el tema de los recursos que van a cubrir el costo de las consultas. No se puede pensar en replicar procesos de referéndum, porque serian muy caros y porque no corresponden con las costumbres de las comunidades; y sobre todo hay que garantizar la independencia de los fondos, que el gobierno no los va a destinar a fines diferentes para los cuales ha sido constituido, aplicar principios de transparencia y de rendición de cuentas; y debe incluir por ejemplo la posibilidad del pago de asesores e intérpretes de la elección de los pueblos a ser consultados, pero aplicando un arancel determinado por el gobierno y no en forma discrecional, porque se corre el riesgo de que existan asesores e intérpretes que fijen honorarios exorbitantes. También es legítimo preguntarse si se justifica que participen veedores nacionales o internacionales, ¿no se complicaría el proceso de consulta previa con ello?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También se tiene que preguntar ¿qué hacemos con el tema mismo del consentimiento? En mi opinión, se trata de uno de las temas más elaborado de la teoría del acto jurídico, de la doctrina del derecho. Los especialistas concuerdan en que el elemento fundamental para la validez del acto jurídico es la voluntad expresada de algún modo (la declaración) y que se requiere la concurrencia de ciertos requisitos tales como: agente capaz (persona mayor de edad con discernimiento), objeto jurídicamente posible, fin lícito y la observancia de la forma prescrita o no prohibida por la ley, bajo sanción de nulidad. Además, en los actos jurídicos se requiere el consentimiento, es decir la confluencia de voluntades de todas las partes que lo celebran, que lo realizan. Entonces, el concepto del consentimiento no es un concepto generado expresamente para la consulta previa a los pueblos indígenas; existe en la teoría de todo acto jurídico, en todo contrato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algunos sectores de la sociedad civil han cuestionado la eficacia de la segunda disposición complementaria final de la ley de consulta previa, que dice que “la presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.” En mi opinión, la norma está bien dada porque el principio de retroactividad benigna sólo se aplica en materia penal y tributaria y este no es el caso; en consecuencia debe ser explicitado en el reglamento que no es posible aplicar esta norma a supuestos que se produjeron anteriormente a la entrada en vigor de la ley de consulta previa, ya que pretender hacer eso seria inconstitucional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antecedentes del consentimiento previo libre e informado en el campo médico&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ahora bien,  la cuestión del consentimiento informado es un tema ampliamente desarrollado en el campo médico. El consentimiento informado es la manifestación voluntaria, libre y racional realizada por un paciente, de aceptación a un tratamiento, luego de haber sido informado del mismo y de habérsele respondido todas sus dudas de manera adecuada y suficiente. El consentimiento informado es la aceptación de una intervención médica por el paciente, en forma libre, voluntaria y consiente después que el médico le haya informado de la naturaleza de la intervención con sus riesgos y beneficios, así como de las alternativas posibles con sus respectivos riesgos y beneficios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Condiciones que debe reunir el paciente para que el consentimiento informado sea considerado válido:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Competencia: solo una persona competente puede dar un consentimiento informado válido legalmente, ya sea el paciente y/o familiar. En el caso de menores de edad o de enfermos mentales corresponde asumir esta competencia al familiar o tutor responsable. &lt;br /&gt;2. Información.- es el medio con que cuenta el paciente para poder opinar y tomar libremente las decisiones que considere pertinentes. La información debe ser previa a los procedimientos y/o tratamientos que se deben efectuar al paciente. &lt;br /&gt;3. Voluntariedad.- para que el consentimiento sea válido debe ser otorgado libremente y sin ninguna coerción, sobre el proceso de decisión del paciente. Ejemplo un médico no puede solicitar el consentimiento de su paciente planteándole la disyuntiva de firmar o no ser atendido. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿En qué casos no procede el consentimiento informado?&lt;br /&gt;1. Renuncia expresa del paciente.- en este caso debe existir algún familiar o sustituto legal dispuesto a asumir la responsabilidad de las decisiones.&lt;br /&gt;2. Tratamientos exigidos por la ley.- ejemplo vacunaciones nacionales como parte de una política sectorial o en caso de epidemias o desastres naturales. &lt;br /&gt;3. Posibilidad de corregir una alteración inesperada en el seno de una intervención quirúrgica inesperada. Situaciones de emergencia en salud, en las cuales el profesional se obliga a actuar con tiempos cortos. Hasta hace poco tiempo la toma de decisiones médicas había dependido del criterio exclusivo del médico. Los médicos en su afán científico debían de intentar por todos los medios de aplicar los tratamientos indicados, podían manejar u ocultar la información, valerse de la coacción o del engaño bajo un manto de cientificismo. Todo ello en el declarado propósito de beneficiar al enfermo y su familia. En los últimos años se ha comenzado a pensar que el paciente debe de participar en la toma de decisiones médicas. El paciente debe de decidir de acuerdo con sus propios valores y prioridades que no necesariamente pueden de coincidir con los del médico. Este es un derecho que pretende reconocer el consentimiento informado y está recogido en la ley de salud vigente en el Perú. Este nuevo contexto replantea toda la relación médico paciente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reglamento tiene que tener anexos, con flujo gramas que ayuden a ver, gráficamente, los pasos que se tienen que dar en los diferentes escenarios y en los diferentes tipos de consultas, que grafique los pasos que hay que dar desde el inicio de la consulta previa hasta la decisión y si hay instancias a las que se puede recurrir por parte de los interesados, en caso se discrepe de la decisión. El reglamento debe traer formatos y formularios de cómo se deben hacer por ejemplo las actas de la consulta, como se puede solicitar someter una medida a consulta, etc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temas que no deben olvidarse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posteriormente, una vez que el reglamento sea aprobado, se debe anticipar que el gobierno nacional, para poder implementar la ley y el reglamento, requiere capacitar a los funcionarios públicos que van a encargarse de hacer la consulta previa y de los propios indígenas que va a ser consultados. Entonces, se requiere que existan manuales que indiquen paso a paso como se aplica la ley y el reglamento. Que sean algo que ayude a aplicar, con sano criterio, ¿cómo se consulta? , sobre todo pensando en aquellos lugares donde no hay a quien preguntar cómo se hacen estas cosas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y debe pensarse también en una campaña en medios que enseñe la respuesta a las famosas preguntas básicas: ¿qué se consulta?, ¿a quién se consulta?, ¿cómo se consulta?, ¿dónde se consulta, ¿cuánto cuesta la consulta?, ¿cuándo sí y cuando no se consulta?, ¿por qué se consulta?, en qué idioma o en que lengua se consulta?  Si bien la campaña puede usar todos los medios de comunicación y de enseñanza al alcance, pienso que hay que privilegiar la radio y los audiovisuales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No hay que olvidar también que la consulta debe ser realizada pensando en que quienes van a intervenir y quienes van a ser consultados no son ingenieros, no son médicos ni son abogados, es gente sencilla; los documentos que se desprendan de la consulta deben ser redactados en un lenguaje breve, directo y simple. No debe de contener palabras abreviadas ni terminología científica ni técnica. Debe de estar de acuerdo al nivel socio-cultural de la población a la que está dirigida en nuestro país y, con ejemplos propios del lugar donde se realiza la consulta, y en muchos casos, sin querer ser peyorativo con esto, los términos empleados no debería de ser mayores a los que se emplearían para explicar conceptos en el nivel de educación primaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las preocupaciones internacionales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Relator Especial sobre la situación de los derechos de los indígenas, James Anaya, ha afirmado en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en julio de 2011 (6), que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre los proyectos de extracción de recursos naturales que les afecten y participar en su ejecución. Estas consultas son consideradas como un derecho establecido en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional, una medida pragmática, y una medida preventiva para evitar oposición a los proyectos y conflictos sociales que pudieran dar como resultado la interrupción de las operaciones extractivas, sobre todo porque con frecuencia existe cada vez mayor preocupación y sensibilización por los efectos negativos de tales operaciones extractivas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En resumen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En síntesis el proceso de consulta previa, y los documentos que de él se deriven, deben de ser realizados aplicando los siguientes criterios:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Redactando en lenguaje sencillo y hasta donde sea posible no utilizando lenguaje técnico.&lt;br /&gt; Evitando frases que comprometan o manipulen a los sujetos que participan en la consulta previa.&lt;br /&gt; Explicando claramente el propósito de la consulta.&lt;br /&gt; Definiendo el periodo en el cual los sujetos participarán en la medida que está siendo sometida a consulta.&lt;br /&gt; Describiendo y explicando los procedimientos a los cuales serán sometidos los sujetos por participar en la consulta previa, así como también, señalando los posibles beneficios, riesgos o molestias que se pueden presentar.&lt;br /&gt; Explicando sobre otras posibles alternativas a los procedimientos que implementaría la medida que está siendo consultada, y los posibles riesgos y beneficios de estos.&lt;br /&gt; Explicando las posibles alternativas de mitigación en el caso de presentarse alguna complicación durante o después de la aplicación de la medida consultada. &lt;br /&gt; Contestando cualquier pregunta o duda con respecto a la medida consultada y listando las personas a las que puede acceder para resolver cualquier orientación posterior a la consulta previa realizada.&lt;br /&gt; Indicando la posibilidad de retirarse en cualquier momento de la aplicación de la medida consultada, sin perjuicio para el sujeto participante en la consulta previa.&lt;br /&gt; Indicando que la participación es confidencial, excepto para las autoridades responsables de llevar a cabo las etapas de consulta previa, y para los asesores e intérpretes que participen (quienes también deben mantener el secreto de la confidencialidad de los sujetos participantes y la privacidad de la información, bajo sanción).&lt;br /&gt; Especificando el tipo y  monto de compensación o indemnización en caso se produzcan daños que afecten los derechos de los sujetos consultados, y que la entidad que se responsabilizó de la consulta previa cubrirá el costo de dicha compensación o indemnización.&lt;br /&gt; Indicando el número telefónico que le permita a los sujetos participantes en la consulta previa comunicarse con los funcionarios que serán responsables de la consulta previa en caso de que requiera.&lt;br /&gt; Incluyendo la firma, la fecha, y el número de documento de identidad de los sujetos participantes en la consulta previa o de sus representantes legales o representantes designados, de testigos y de los funcionarios que realizan la consulta previa.&lt;br /&gt; Listando los nombres de las instituciones que participan, invitados por los funcionarios públicos que realizan la consulta y por los propios sujetos que son consultados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espero que estas reflexiones ayuden en el proceso de todos los que tienen interés de contribuir a la elaboración de  un buen reglamento de la Ley de Consulta Previa, tratando de que se comprenda a las diversas comunidades, andinas y amazónica, tomando los pensamientos de los pobladores de las zonas. No está demás reiterar que este trabajo se debe efectuar como un trabajo conjunto de todos los sectores, en busca del bienestar común de los pueblos indígenas de nuestro país.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lima, 8 de noviembre de 2011&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.  En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Véase en la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, EXP. N.° 0022-2009-PI/TC, en la que Gonzalo Tuanama demanda la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N.°  1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.&lt;br /&gt;2.  Constitución Política del Perú. Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho.&lt;br /&gt;3.  Constitución Política del Perú. Artículo 118.- Atribuciones del Presidente de la República.- Corresponde al Presidente de la República: [...] 8) Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.&lt;br /&gt;4.  El Título de Propiedad de la Comunidad de Llanavilla se encuentra como Título de Adjudicación y Posesión a perpetuidad protocolizado ante el Archivo General de la Nación el 31 de marzo de 1923, conforme lo disponen los Decretos Supremos 008-91-TR, 008-92-JUS y la Ley 253230, S005-93-JUS y el Código Civil.&lt;br /&gt;5.  Esto tiene que ver con la forma de los actos jurídicos, con la forma prescrita por la ley: formas ab solemnitatem y ab probationem. La forma documental tiene la ventaja de facilitar la prueba tanto de la existencia del acto jurídico como del contenido de la manifestación de la voluntad, siendo ésta su función fundamental y configura en general a la forma ab probationem (por ejemplo, las partidas de nacimiento). Pero, en algunos casos, la forma es consustancial al acto jurídico y el único modo de probar su existencia y contenido es el documento mismo, en estos casos la forma es ab solemnitatem y no cumple sólo la función probatoria sino que viene a ser el documento mismo, que deviene, en el único y excluyente medio probatorio respecto al acto jurídico celebrado (por ejemplo los actos que requieren de escritura pública)&lt;br /&gt;6.  Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 11 de Julio de 2011, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante el 18 periodo de sesiones, sobre las industrias extractivas que realizan operaciones dentro de territorios indígenas o en proximidad a ellos. Tema 3 de la agenda. Referencia: A/HRC/18/35.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/8144743900392680675'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/8144743900392680675'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2011/11/comentarios-sobre-el-reglamento-de-la.html' title=''/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-7516856158766664367</id><published>2011-09-19T16:50:00.004-05:00</published><updated>2011-09-19T16:53:32.273-05:00</updated><title type='text'>protocolo para consulta y consentimiento desarrollado por Forest Peoples Program y los pueblos indígenas de Paraguay</title><content type='html'>http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/05/fapi-protocols-fpic.pdf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;protocolo para consulta y consentimiento desarrollado por Forest Peoples Program y los pueblos indígenas de Paraguay</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/7516856158766664367'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/7516856158766664367'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2011/09/protocolo-para-consulta-y.html' title='protocolo para consulta y consentimiento desarrollado por Forest Peoples Program y los pueblos indígenas de Paraguay'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-4061073621161670229</id><published>2011-09-15T12:49:00.000-05:00</published><updated>2011-09-15T12:49:34.814-05:00</updated><title type='text'>Evento en PERUMIN 2011</title><content type='html'>&lt;a href=&quot;http://blog.pucp.edu.pe/item/142614/evento-en-perumin-2011&quot;&gt;Evento en PERUMIN 2011&lt;/a&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/4061073621161670229'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/4061073621161670229'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2011/09/evento-en-perumin-2011.html' title='Evento en PERUMIN 2011'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-1845557543163965502</id><published>2011-09-06T10:41:00.002-05:00</published><updated>2011-09-06T10:44:32.991-05:00</updated><title type='text'>La consulta previa a los pueblos indígenas en el Perú</title><content type='html'>La consulta previa a los pueblos indígenas en el Perú&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Aroca (1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se promulga la ley.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente Ollanta Humala ha decidido promulgar la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas este martes 6 de septiembre en Imacita. Resulta emblemática esta decisión porque este gesto gubernamental se realiza en Bagua, el lugar en el que ocurrieron hace poco más de 2 años atrás las protestas de los pueblos indígenas que se produjeron por una injusta interpretación de los derechos de estos pueblos por parte del gobierno anterior. Dicho gobierno prefería la explotación de los recursos naturales sobre los derechos fundamentales y la protección del ambiente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es importante hacer una reflexión sobre este importante derecho de los pueblos indígenas, sobre todo porque una vez que la ley de consulta previa sea promulgada, deberá ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y se abrirá un periodo de 90 días para que las entidades estatales responsables de llevar a cabo los procesos de consulta, cuenten con presupuesto y la organización requerida para ello. Incluso se habla de la necesidad de reglamentar la ley. Y todos estos temas son realmente temas relevantes, porque muchas personas confían en que la ley de consulta previa se convierta en un instrumento para disminuir los conflictos socio-ambientales en el país. Pero, si la implementación de la ley no se hace adecuadamente, se puede producir el efecto contrario, lo cual sería muy lamentable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizó a comienzos de septiembre de 2011 un conversatorio para reflexionar sobre este tema, y ha sido un evento clave. Se buscaba responder dos preguntas. ¿Cómo entender la consulta previa en el Perú? Y ¿Qué tener en cuenta para implementarla? Creo que han sido dos preguntas claves, sobre las cuales vale la pena volver y profundizar en la reflexión.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entonces, hay que reiterar que la consulta previa a los pueblos indígenas es un derecho y un proceso. Es el derecho que tienen estos pueblos, que en el Perú son comunidades campesinas y nativas(2). Por consiguiente, antes de hablar sobre el derecho a la consulta previa, hay que hablar un poco acerca de los pueblos indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los pueblos indígenas en el Perú.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ha habido en los últimos años mucha insistencia en la opinión pública de que las comunidades campesinas no son  pueblos indígenas. No es cierto. Las comunidades campesinas, en el campo jurídico tienen antecedentes constitucionales muy importantes. La Constitución de 1920 reconocía la existencia y los derechos de las comunidades de indígenas, ubicadas en los andes y la costa. La palabra indígena en esa época era considerada como un insulto por muchos sectores por lo que durante la reforma agraria de los años sesenta se les cambió el nombre por ‘comunidades campesinas’. Esta denominación fue recogida en la Constitución de 1979 y luego en la Constitución de 1993. De modo que las comunidades campesinas han tenido y tienen un reconocimiento como pueblos indígenas de larga data e incluso varias de ellas tienen registrados sus títulos de propiedad sobre sus tierras en el Archivo General de la Nación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Distinta ha sido la situación de las comunidades nativas. Mientras que las comunidades campesinas tenían derecho a ser reconocidos, las comunidades de la selva no existían; solo se les mencionaba en el Código Penal, pero para sancionarlos. Fue hasta 1974 que la ley de comunidades nativas les reconoció derechos, lo que fue ratificado en otra ley de 1978, y que fue elevado a categoría constitucional en la Constitución de 1979 y después en la Constitución de 1993.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con las nuevas tendencias internacionales, la palabra ‘indígena’ dejo de ser considerada insultante y se doto de nuevo contenido programático; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobada en 1989 y ratificada por el Perú en 1993, trajo al país esa nueva tendencia que poco a poco ha ido ganando un espacio importante. Actualmente, después de 18 anos el Perú aprueba uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del país: la consulta previa, y ahora se abre la gran tarea de implementar ese proceso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entendiendo la consulta previa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta previa es un derecho que permite a los pueblos indígenas participar en el proceso de toma de decisiones en donde viven y en lo que se refiere a las cuestiones que pueden afectarles directamente: leyes, reglamentos y proyectos de desarrollo. Este derecho debe permitir que los pueblos indígenas hacerse escuchar y tratar de influir en las decisiones que el Estado pretende adoptar y que les puede afectar. Y para que esto funcione, se necesitan mecanismos que funcionen, adaptados a la situación de los propios pueblos indígenas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El derecho a la participar en el desarrollo y en la definición del modelo de desarrollo se encuentra reconocido a favor de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT, y reafirmado en la ley de consulta previa que será promulgada por el presidente. Los pueblos indígenas deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de desarrollo, en la medida en el que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo. Además, los pueblos indígenas deben participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aspectos a tener en cuenta para implementar la consulta previa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eso hace que el principal mecanismo, por excelencia, para garantizar la participación de los pueblos indígenas sea la consulta previa. Existen algunos temores y preocupaciones que el gobierno tiene que disipar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por ejemplo, que si se va a requerir un reglamento marco que establezca lineamientos generales y metodológicos o, se van a querer aprobar tantos reglamentos como sectores públicos existan. Lo primero serian necesario para echar a andar los mecanismos; en cambio lo segundo puede ser contraproducente porque puede convertirse en una suerte de candados para evitar que en la practica la ley vaya a ser cumplida por los funcionarios públicos encargados de aplicarla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Estado debe ser claro en señalar, por ejemplo, que la consulta previa no da derecho a veto. Ni el Convenio 169 de la OIT ni la ley de consulta previa implican que los pueblos indígenas tienen el derecho a vetar las políticas de desarrollo. Ningún segmento de la población nacional del país tiene derecho a vetar tales políticas. La ley exige al gobierno realizar verdaderas consultas, en las que los pueblos indígenas tengan el derecho de expresar su punto de vista y, como se ha dicho antes, de influir el proceso de toma de decisiones. Lo anterior significa que el gobierno tiene la obligación de crear las condiciones que permitan a estos pueblos contribuir activa y eficazmente en el proceso de desarrollo. En algunos casos, esto puede traducirse en acciones dirigidas a ayudar a los pueblos indígenas a adquirir el conocimiento y las capacidades necesarias para comprender y decidir sobre las opciones de desarrollo existentes. Eso significa que la entidad pública que se encargue de impulsar las consultas debe no solo velar por adecuados procesos de consultas, sino que también debe preocuparse por capacitar a los consultados pero también a los consultantes: los funcionarios públicos, para evitar que se cometan errores que luego afecten el proceso de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las consultas deben de realizarse de &quot;buena fe&quot; y por medio de &quot;procedimientos apropiados&quot;. Esto significa que, al consultar a los pueblos indígenas, el gobierno debe proporcionarles información apropiada y completa, que pueda ser comprendida plenamente por los pueblos indígenas. Asimismo, El gobierno no puede consultar a cualquiera que declare representar a las comunidades indígenas. Las consultas deben emprenderse con organizaciones e instituciones genuinamente representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas. Por consiguiente, el gobierno, antes de iniciar las consultas, debe identificar y verificar que las organizaciones e instituciones con las que tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos. Eso me hace recordar también que las consultas no son procesos nuevos para las propias comunidades; ellas están acostumbradas a realizar consultas de acuerdo a sus propias costumbres. He sido testigo de cómo las comunidades awajun en la zona de Cénepa, y las ashaninkas de selva central, realizan estas consultas y eso es algo que deben tener en cuenta quienes diseñen el futuro reglamento general de la ley de consulta previa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algo que debe responder la reglamentación de la ley de consulta previa es ¿cuándo se aplica el consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa? De acuerdo al Convenio 169 de la OIT (artículo 16.2), los pueblos indígenas tienen ese derecho en el caso de traslado y reubicación de sus tierras. En el caso de otras medidas que puedan afectarles directamente, incluyendo los programas de prospección y explotación de recursos naturales en sus tierras, se determina la obligatoriedad de la consulta, que deberá efectuarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta previa se constituye en un mecanismo relevante para la participación en la definición de políticas públicas con impacto en los derechos, y su implementación en el plano jurídico y conceptual tiene que permitir que se respeten los derechos ambientales y colectivos de los pueblos indígenas, como debe ser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El reconocimiento pleno del derecho de las comunidades indígenas a que no se aprueben políticas que afecten el ambiente ni que vulneren sus derechos, si el gobierno no cuenta con su consentimiento o acuerdo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tema de renovado interés es que se debe subrayar el interés y preocupación por la explotación de los recursos naturales, particularmente, los que se encuentran bajo el sub-suelo de las tierras de los pueblos indígenas. En consecuencia se necesita prestar atención al tema de las tierras de los pueblos indígenas, exigiendo al gobierno respeto por la importancia especial que para las culturas de dichos pueblos guarda su relación con ellos. En ese sentido, el gobierno, en cooperación con los mismos pueblos indígenas debe tomar medidas para proteger y preservar el medio ambiente de las tierras que habitan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De igual manera, deben quedar garantizados los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras, incluyendo el derecho de esos pueblos a participar en su utilización, administración y conservación. Hay que recoger las diferentes experiencias que se han producido entre los pueblos indígenas awajun, ashaninkas, quechuas, aimaras, yaneshas, wampis, etc., etc. Tal vez, un caso emblemático podría ayudar a darse cuenta lo que se necesita ajustar, lo que cuesta el proceso, lo que dura, y la validez de muchas de las hipótesis que hoy se tienen y que ayudarían a los funcionarios públicos que llevarán a cabo los procesos de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Temas importantes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otro componente relevante de la ley es la consulta previa a la aprobación de leyes y reglamentos. En este campo, se debe exigir que se consulten a los pueblos indígenas mediante procedimientos adecuados y sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que pueden afectarles directamente. Las consultas llevadas a cabo en aplicación del Convenio 169 de la OIT y la ley de consulta previa,  deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otro componente importante a desarrollar, con lineamientos metodológicos claros, es lo que requieren los procesos de las consultas precias a los pueblos indígenas, que son obligatorias antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las tierras de dichos pueblos. Que son obligatorias también cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales a otro lugar. Y que se necesitan hacer antes de diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigidos a los pueblos. Como se puede notar, todos estos son temas importantes y claves para la gobernabilidad del país. Genera expectativas y esperanzas. Ojala y no se defraude a los pueblos indígenas y logren visualizar que esta vez son también ciudadanos del país, en forma entera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lima, 6 de septiembre de 2011 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Javier Aroca es Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene algunos estudios en la Maestría de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con 29 años de experiencia en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas y Nativas. Ha sido Jefe del Programa de Comunidades Nativas de la Defensoría del Pueblo y ha facilitado la resolución de conflictos socio-ambientales en los últimos anos, vinculados con los impactos de las industrias extractivas, especialmente minería y petróleo. Actualmente Coordina el Programa de Industrias Extractivas de Oxfam.&lt;br /&gt;2. Entendiendo que ‘comunidades campesinas y nativas’ es una de las formas en que se organizan los pueblos indígenas, de modo que no se agota aquí. También están los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y otros pueblos.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/1845557543163965502'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/1845557543163965502'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2011/09/la-consulta-previa-los-pueblos.html' title='La consulta previa a los pueblos indígenas en el Perú'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-5827928586509346302</id><published>2010-11-22T10:22:00.000-05:00</published><updated>2010-11-22T10:23:45.240-05:00</updated><title type='text'>Minería, Hidrocarburos y Comunidades Indígenas: ¿Qué respuestas tiene el Derecho a los conflictos socios ambientales?</title><content type='html'>Minería, Hidrocarburos y Comunidades Indígenas: ¿Qué respuestas tiene el Derecho a los conflictos socios ambientales?&lt;br /&gt;América Latina &lt;br /&gt;Se ha favorecido para el corto plazo, la exportación de materias primas de bajo costo a expensas de opciones alternativas que incluyen la industrialización nacional. En la última década la región ha experimentado la expansión de las industrias extractivas como la minería metálica, el gas y el petróleo, favorecida por la demanda de metales y combustibles para la gran industria China y las emergentes economías de los países BRIC, así como por el alza sin precedentes en los precios internacionales de los metales y el barril de crudo de petróleo, generando un falso e insostenible bienestar en los países productores. &lt;br /&gt;Industrias Extractivas y Comunidades Indígenas &lt;br /&gt;El incremento de la explotación minera, petrolera y del gas, favorecida por el Estado por sobre los intereses de las comunidades indígenas, ocupa cada día más áreas habitadas por comunidades indígenas. Un estimado de 70% de la producción mundial de cobre se extrae de territorios de pueblos indígenas. En el Perú, 30% de las comunidades andinas afronta concesiones mineras dentro de sus territorios. En la actualidad, más de 150 lotes hidrocarburíferos cubren más de 650,000 km2 en la Amazonía oriental, lo que representa más de las dos terceras partes de la Amazonía ecuatoriana y peruana. En el Perú, existen 18 lotes que se yuxtaponen a 13 Áreas Naturales Protegidas y 4 reservas territoriales y cientos de comunidades nativas (algunos de pueblos en aislamiento voluntario). &lt;br /&gt;Industrias Extractivas y Comunidades Indígenas &lt;br /&gt;En el Perú se han incrementado las concesiones mineras en la selva peruana. En Bolivia más de 100 comunidades andinas han reportado daños directos provenientes de la contaminación química causada por las actividades mineras. Las concesiones de petróleo y gas cubren cerca de 18% de la Amazonía boliviana. En Ecuador, las zonas petroleras, sobre todo en la Amazonía, fueron divididas en 25 &quot;bloques&quot;, que se han otorgado en concesión a una variedad de compañías transnacionales y a la estatal PetroEcuador. En general, el impacto de estas actividades sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales, sobre todo indígenas, ha sido considerable y ello ha generado situaciones de tensión y conflicto entre algunas comunidades indígenas, las empresas petroleras y el estado . &lt;br /&gt;Problemática &lt;br /&gt;Un total de 50 países del mundo se caracterizan por su dependencia de la exportación de hidrocarburos y minerales. Juntos registran 1,500 millones de habitantes que viven con menos de dos dólares al día. La distribución del ingreso en estos países es excepcionalmente sesgada en comparación con países pares con Producto Bruto Interno (PBI) similares pero menor dependencia de la exportación de materias primas. &lt;br /&gt;En el periodo 1960 – 2000 los países en vías de desarrollo con recursos naturales limitados mostraron consistentemente un incremento del PBI per cápita de 200% a 300% más alto que otros países con amplios recursos naturales. &lt;br /&gt;La lista de países pobres altamente endeudados (HIPC, sigla en inglés) incluye 12 países dependientes de minerales y seis países dependientes del petróleo; todos con los más bajos puntajes en la lista del Índice de desarrollo humano del PNUD. Bolivia se uno de los países latinoamericanos que aún forma parte de de esta lista. &lt;br /&gt;Es menos probable que los países dependientes de exportaciones de minerales e hidrocarburos alcancen las Metas de Desarrollo del Milenio, puesto que la mayoría de ellos carece de acceso a fuentes de agua potable, o más bien padece tendencias aceleradas –antes que decrecientes- en mortalidad maternal y de infantes, como también creciente incidencia de VIH/SIDA. &lt;br /&gt;Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidades 2007 – 2008 Perú, Ecuador y Bolivia continúan presentando un desarrollo humano medio: pobreza humana y de ingresos. Perú ubicado en el puesto 28 en clasificación de IDH aún mantiene altas tasas de pobreza para la población indígena (70% aproximadamente de las mujeres y hombres indígenas es clasificado como pobre, y más de la mitad de ellos como pobres extremos). Bolivia, ubicado en el puesto 32 del IDH, los índices de pobreza extrema afecta a 62% de su población indígena. En Ecuador, la población indígena está compuesta por 14 nacionalidades oficialmente reconocidas, y se estima que representa el 30% de la población total.  &lt;br /&gt;Estos ejemplos confirman la paradoja de la “maldición de los recursos”, es decir que los estados dependientes de las ganancias del petróleo, gas y minería son más propensos al conflicto, a la poca gobernabilidad y a un crecimiento económico reducido, que aquellos sin tales recursos. Perú, Ecuador y Bolivia no son la excepción. Si bien estos países recibieron en efecto ingresos fiscales adicionales de la explotación de la minería y los hidrocarburos entre 1992 y el 2005, gracias a la inesperada ganancia por los altos precios de exportación, ambos muestran un incremento real del número de ciudadanos que vive con menos de dos dólares al día. &lt;br /&gt;A la creciente presión sobre los recursos naturales, en particular agua y tierra, por estos procesos, se suman los conflictos derivados por los impactos ambientales y sociales y la percepción que las actividades extractivas no generan desarrollo. Es por ello que desde la perspectiva de las comunidades, la minería y las actividades hidrocarburíferas, produce beneficios limitados. &lt;br /&gt;Las ganancias económicas que generan no llegan a la gente que vive en las comunidades circundantes. Los mecanismos existentes como el canon y las regalías, que deberían servir como compensación por daños y una contribución al desarrollo local, en muchos casos son ineficientemente utilizados por los gobiernos locales en obras no prioritarias. A la falta de capacidades para la gestión, el uso del canon y las regalías vienen generando conflictos entre las comunidades que se consideran legítimamente beneficiarias. &lt;br /&gt;Las rentas generadas por las actividades extractivas han propuesto un nuevo reto a estos países. Las reformas en la estructura del Estado necesarias para el manejo administrativo de estos recursos han comenzado. En el Perú, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y el proceso de descentralización de competencias, representan los mejores ejemplos del camino a seguir. Sin embargo, el principal inconveniente es la falta de capacidades y concertación para el desarrollo sostenible. &lt;br /&gt;Empresas extractivas &lt;br /&gt;América Latina presenta un amplio espectro de industrias extractivas, desde tradicionales a hipermodernas. La explotación del petróleo y el gas está exclusivamente a manos de grandes empresas (principalmente extranjeras), junto con su procesamiento y transportación: la propia naturaleza del negocio deja muy poco espacio para las pequeñas empresas. De otro lado, la minería presenta un amplio espectro en organización y dirección, desde artesanos individuales y cooperativas locales (que recogen oro, carbón, plata, estaño y tungsteno), empresas familiares, a empresas conjuntas nacionales e internacionales, muchas de las cuales incluyen corporaciones transnacionales. &lt;br /&gt;Las empresas transnacionales establecidas desde 1990 se han vuelto de lejos el segmento más importante en términos de cifras de exportación e ingresos tributarios. No todas son igual de grandes. Unas cuantas empresas pequeñas exploran con moderna tecnología, identifican algunas localidades excepcionalmente prometedoras, hacen el papeleo para las concesiones, y luego las venden a una empresa más grande a cambio de una ganancia rápida. Las empresas pioneras tienden a ser particularmente agresivas en sus tratos con las comunidades, pero algunas de ellas carecen de la experiencia que caracteriza a las grandes compañías. &lt;br /&gt;Responsabilidad Social &lt;br /&gt;Una tendencia positiva reciente de varias empresas multinacionales es su motivación a observar y aplicar estándares de responsabilidad social corporativa y a ser percibidas como tales. En la actualidad esta noción tiende a generar confusión al significar diferentes cosas para diferentes actores. No obstante, este interés sirve como un posible punto de entrada para forjar nuevos modos de compromiso y explorar nuevas formas no confrontacionales de cambiar el status quo. De manera general, las buenas prácticas empresariales son mínimamente replicadas por otras empresas. &lt;br /&gt;Se percibe que las empresas han comenzado a afinar sus relaciones con la población, compuesta casi exclusivamente por aquel círculo crítico caseríos o comunidades que se encuentran justamente al lado de la zona de operaciones. Son estos caseríos o comunidades donde las empresas consideran que sus estrategias comunicacionales deben fortalecer los vínculos entre comunidad y empresa, bajo una perspectiva de shareholder, ya no de stakeholders. Es posible afirmar que las comunidades reciben información de parte de las empresas y sus operaciones, pero esta es insuficiente y selectiva. &lt;br /&gt;La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) constituye un fenómeno relativamente nuevo en América Latina. Existen algunas entidades que hacen seguimiento al tema. El Instituto Ethos de Brasil, Acción Empresarial de Chile, la organización mexicana Cemefi, Perú 2021, y Empresa, la organización cuya sede central está en Sao Paulo y que trata de vincular internacionalmente a organizaciones nacionales y promover el establecimiento de organizaciones nacionales allí donde no existen. Estas organizaciones han establecido una red con ONG, agencias gubernamentales, organizaciones multilaterales, universidades (como Harvard y John Hopkins), centros de reflexión (think tanks), centros de investigación y fundaciones. Ellas participan, promueven y albergan conferencias y talleres nacionales e internacionales. &lt;br /&gt;También es relevante mencionar a la Red Puentes, una alianza internacional constituida por organizaciones sociales de América Latina y Europa, para promover el desarrollo de los conceptos e instrumentos de Responsabilidad Social Empresarial en América Latina, desde la perspectiva de la sociedad civil. &lt;br /&gt;¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial? No existe una definición totalmente aceptada sobre el significado de la responsabilidad social empresarial (RSE). Una definición empleada por Business for Social Responsibility (BSR) dice que “ La RSE se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa. &lt;br /&gt;Tres conceptos claves sustentan estas definiciones:  &lt;br /&gt;La relevancia social de una empresa. La responsabilidad social implica que una empresa cumple en la sociedad un papel que va más allá de su mera función económica. &lt;br /&gt;Gestión de impactos. Las empresas deben identificar y asumir responsabilidad sobre el espectro total de impactos que genera su cadena de valores, por ejemplo, desde la compra de materia prima hasta el uso del producto final por el consumidor.   &lt;br /&gt;Consulta y comunicación con públicos interesados. Cada empresa posee un conjunto de públicos interesados. Si la empresa tiene relevancia social, los intereses, expectativas y preocupaciones de sus públicos interesados, además de los de la empresa, definen las responsabilidades sociales de la misma. &lt;br /&gt;¿Cuáles son los temas claves de la RSE? La responsabilidad social empresarial comprende varios temas. Idealmente, la empresa que aspire a ser socialmente responsable deberá considerar todas estas dimensiones cuando diseñe su propia estrategia de responsabilidad social.&lt;br /&gt;Ética, Valores y Principios de los Negocios. El primer paso que debe tomar una empresa para desarrollar una estrategia de responsabilidad social es definir con precisión los valores que rigen sus negocios. Con la importancia que cobra la RSE, la ética corporativa ha pasado del énfasis tradicional en el mero cumplimiento de las exigencias legales, hacia la adopción de un código ético basado en los valores. &lt;br /&gt;Derechos Humanos, Trabajo y Empleo. Esta es quizás la dimensión más desarrollada de la responsabilidad social empresarial, debido a la temprana evolución de los estándares formulados en 1919 por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los cuales son internacionalmente aceptados. Los estándares de trabajo de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se consideran las bases de esta área, y se incorporan dentro de los códigos de conducta más confiables. &lt;br /&gt; Gobernabilidad Corporativa. La gobernabilidad corporativa se define como el conjunto de prácticas, políticas y mecanismos que usa una empresa para administrarse a sí misma y tiene que ver especialmente con la manera como la junta directiva cumple con las responsabilidades que tiene frente a sus accionistas y públicos interesados. La gobernabilidad corporativa ha adquirido relevancia conjuntamente con la preocupación pública por el creciente poder de las empresas. Entre los temas claves de la gobernabilidad corporativa se encuentran la capacidad de rendir cuentas de sus actividades, la consecuente responsabilidad, el monitoreo, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales. &lt;br /&gt; Ambiente. Existen estrategias diversas y bien desarrolladas para manejar el impacto ambiental directo de las empresas. Esas estrategias se enfocan, tradicionalmente, a administrar los recursos naturales, a controlar la contaminación, a manejar los desechos y a gerenciar el ciclo de los productos. El tema ambiental, que es un componente intrínseco del diálogo sobre responsabilidad social empresarial, busca que las empresas vayan más allá de la mera administración de sus impactos ambientales y que reconozcan cómo dichos impactos inciden en los problemas ambientales y sociales del entorno. &lt;br /&gt;Cadenas de Proveedores y Productos. La responsabilidad social insta a las empresas para que además de reconocer y manejar sus propios impactos y responsabilidades directas, descubran de qué manera sus negocios generan impactos sobre todo el ciclo de productos (o cadena de valores), desde el proveedor de materia prima hasta el consumidor final. &lt;br /&gt;Filantropía hacia Inversión Social. Muchas compañías han descubierto que una política “filantrópica” paternalista y estrecha, basada en realizar donaciones en dinero, no responde a lo que el público espera de ellas en materia de responsabilidad social empresarial, ni garantiza que esas contribuciones voluntarias produzcan resultados sostenibles. &lt;br /&gt; Desarrollo Económico, Salud y Educación. La RSE motiva a las compañías a que busquen nuevas formas para ayudar a resolver los problemas sociales y económicos que enfrentan sus públicos interesados. &lt;br /&gt; Capacidad para rendir cuentas y apertura a la verificación externa. Al igual que sucede con los principios inherentes a la gobernabilidad corporativa, la RSE insta a las compañías a asegurarse de que todos los niveles de la jerarquía de la empresa —desde los empleados hasta la junta directiva— adopten los principios establecidos y se responsabilicen de su cumplimiento. Los sistemas a través de los cuales se gobierna la empresa, deberán darles seguimiento a las acciones tendientes a alcanzar las metas en materia de RSE y medir y reportar sus efectos. &lt;br /&gt;Comentarios finales &lt;br /&gt;Las empresas mineras no pueden funcionar siendo ajenas a las necesidades de las comunidades vecinas a su entorno, que en realidad son parte de sus negocios. La tendencia hacia el desarrollo de acciones de RSE, cada día crece en todos los segmentos del mercado. La experiencia que compartimos se basa en el seguimiento del tema de las industrias extractivas, particularmente de la responsabilidad de las empresas mineras en el Perú. Por ello, las ideas que aquí comento se refieren a esta experiencia y, tal vez, algunos de estos principios pueden ser aplicables a aquellas empresas que quieran cumplir realmente con su responsabilidad social empresarial: &lt;br /&gt;Negociando con propietarios de tierras tradicionales. Creemos que las empresas mineras deberían respetar los derechos de los propietarios tradicionales para negociar acuerdos sobre la exploración y explotación minera en sus tierras, y su derecho a decidir sobre esas propuestas para ver si están o no están de acuerdo. Las negociaciones deben realizarse con permiso para que una empresa explore o explote en sus tierras y no transferir su propiedad a la empresa. Las empresas deben consultar con los propietarios tradicionales desde el inicio de cualquier actividad propuesta (por ejemplo, exploración o explotación minera). Las consultas deben ser abiertas y transparentes para que los propietarios estén informados para poder negociar si es que aprueban o no una propuesta de exploración o explotación y sobre cualquier tema de preocupación. &lt;br /&gt;Reasentamiento y rehabilitación de las comunidades. Las personas tienen derecho a un medio de vida que les permita alcanzar sus necesidades básicas. Ya que la minería induce a desplazar y restablecer a las poblaciones existentes, amenaza seriamente este derecho, por lo tanto las operaciones mineras deben ser diseñadas para que se minimicen los reasentamientos o se eviten, donde sea posible. Si se tiene que desplazar personas, entonces aquéllos afectados deben tener el derecho de negociar cómo se llevará a cabo el reasentamiento y la subsecuente rehabilitación, y prevenir que prosiga hasta que, o a menos que se llegue a un acuerdo que es aceptable para ambos lados. &lt;br /&gt; Minimizando impactos ambientales. Los proyectos mineros deben diseñarse e implementarse en forma tal que la alteración al ambiente físico sea mínimo. Las personas que dependen del ambiente físico (tierra, agua, bosque) para su sustento o bienestar no deben tener este sustento o bienestar amenazado. Las personas quienes serán directamente afectadas por la propuesta del método de desecho de los desperdicios (sobrecarga, relaves, etc.) de la mina deben tener el derecho de negociar con la empresa sobre que método debe utilizarse y la manera correcta de desechar los desperdicios (y por lo tanto las operaciones de la mina) hasta que se acuerde un método común por todas las partes. &lt;br /&gt;Compensando a aquéllos que sufren pérdidas. Cualquier grupo, individuo o comunidad que sufre la pérdida de sus bienes, ingresos o comodidades como resultado directo de las operaciones de la empresa minera debe recibir compensación de la empresa. Esto incluye: &lt;br /&gt;Aquéllos cuya tierra o propiedad es dañada por las operaciones mineras; &lt;br /&gt;Aquéllos que pierden la fuente de sus ingresos tal como trabajo, acceso a productos forestales, o al derecho de vincularse con la minería de pequeña escala; &lt;br /&gt;Aquéllos que pierden el acceso al agua, peces, etc. como resultado de la contaminación de los pasos de agua por las operaciones de la empresa; &lt;br /&gt; Evitando abusos contra los derechos humanos. Cualquiera que viva cerca de una mina tiene el derecho de vivir libre de la amenaza de la violencia. Las empresas mineras no deben iniciar, alentar o involucrarse en acciones con la policía o las fuerzas armadas del país anfitrión, que probablemente conlleven a abusos de derechos humanos. A pesar que las empresas tienen el derecho de protegerse a sí mismas, a su personal y su propiedad, éstas no deben depender de la acción de la policía o las fuerzas armadas para solucionar problemas relacionados con la comunidad y deben desalentar activamente a los gobiernos anfitriones de usar tales métodos. Donde se hayan deteriorado las relaciones con la comunidad al punto que existe amenaza de daño o violencia, la respuesta básica debe ser la negociación, no la fuerza, para solucionar la situación. &lt;br /&gt;Provisión de empleos y servicios. Las empresas deben aceptar que tienen la obligación de ofrecer empleos, servicios y otros beneficios de desarrollo y que deben diseñar los proyectos para maximizar estos beneficios directos hacia las comunidades en el área minera, quienes deben soportar la mayoría de los impactos negativos. Los proyectos mineros deben ser diseñados para crear la máxima cantidad de empleos para la población local. Los habitantes originales deben tener preferencia sobre los nuevos o sobre los que vienen de afuera cuando se distribuyen los empleos. &lt;br /&gt; Protegiendo los derechos de las mujeres. En la mayoría de las sociedades, las mujeres están en una posición social y económica desventajosa. La exploración y actividades mineras, deben ser diseñadas para asegurar que las mujeres no sean más marginalizadas ni incrementen su ya pesada carga. Las mujeres tienen el derecho de ser libres de discriminación y hostigamiento. Las empresas deben asegurar que, desde el inicio, los puntos de vista de las mujeres sean escuchados en el área del proyecto, y que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta en el diseño del proyecto, al igual que en su implementación. &lt;br /&gt;En síntesis, las empresas extractivas deberían aplicar los más altos estándares de responsabilidad social empresarial, según las directrices de las instituciones financieras internacionales y organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID; el Consentimiento Previo Libre e Informado; la Iniciativa Global del Global Compact; la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas; los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos; etc.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/5827928586509346302'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/5827928586509346302'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2010/11/mineria-hidrocarburos-y-comunidades.html' title='Minería, Hidrocarburos y Comunidades Indígenas: ¿Qué respuestas tiene el Derecho a los conflictos socios ambientales?'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-589034731666213143</id><published>2010-09-16T16:44:00.003-05:00</published><updated>2010-09-16T16:44:49.769-05:00</updated><title type='text'>Derecho de propiedad y derechos de los pueblos indígenas</title><content type='html'>Derecho de propiedad y derechos de los pueblos indígenas &lt;br /&gt;Agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en este conversatorio en el marco del VI Encuentro de Derechos Humanos [conversatorio organizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) en el marco del VI Encuentro de Derechos Humanos, el cual forma parte de la Feria de Organizaciones de Derechos Humanos, organizada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP)].&lt;br /&gt;El evento busca reflexionar sobre la tensión que existe en nuestro país sobre el derecho de propiedad en general y los derechos de los pueblos indígenas, particularmente sus derechos a la tierra y a ser consultados en todo aquello que les afecte. &lt;br /&gt;El principal derecho real es el derecho a la propiedad, que tiene varias características: se trata del derecho real por excelencia, de un derecho completo y exclusivo. La propiedad no es un derecho absoluto porque, como cualquier derecho fundamental, se encuentra limitado por disposiciones constitucionales expresas o por delimitaciones tácitas. &lt;br /&gt;¿Qué nos dice la Constitución? El derecho de propiedad se encuentra reconocido por el artículo 70°, a tenor del cual: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza”. Se ejerce en armonía con el bien común en y dentro de los límites de ley. &lt;br /&gt;Hace más de veinte años se hablaba en términos de los derechos humanos de los individuos. En cambio, hoy día este enfoque individualista ha dado lugar a un mayor énfasis colectivo, sobre el &quot;pueblo&quot;. Este cambio de énfasis se debe al surgimiento de movimientos indígenas en el mundo que han insistido de ser tratados como &quot;pueblos&quot;.&lt;br /&gt;Cuando los europeos llegaron a las Américas, existía un diálogo legal complejo entre el Papa y los Reyes, que justificaba la empresa de la conquista. Varias Bulas Papales, documentos del Papa concedidos con el propósito de proteger a las poblaciones indígenas locales y de difundir entre ellos el Cristianismo, les entregaron a los españoles un monopolio efectivo sobre sus recién establecidas colonias. Dichas bulas se fundamentaban en un debate legal y filosófico de varios siglos y abarcaban la condición de los Indígenas en el ‘Nuevo Mundo’.&lt;br /&gt;Los frailes dominicanos Montesinos y Bartolomé de las Casas, aportaron pruebas de la brutalidad con que los conquistadores españoles arrasaban las poblaciones indígenas locales, forzándolas a trabajar en las minas de oro. &lt;br /&gt;Vittoria proyectó los fundamentos del derecho natural al plano internacional, con el argumento de que todas las naciones y pueblos del planeta estaban sujetos al Ius Gentium, al derecho de las gentes. De acuerdo con su teoría, los pueblos indígenas eran los dueños legítimos de sus tierras, por lo que los indios no podían ser despojados de sus tierras sin una causa justa.&lt;br /&gt;En Australia y en otros lugares, se recurría a la doctrina de “terra nullius”, tierra de nadie, para apropiarse de las tierras de los indígenas. De acuerdo con esta teoría, las tierras que no tuvieran dueños podían pasar a manos de naciones que manifestaran la intención de apropiárselas. &lt;br /&gt;Otra teoría que se utilizó para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras fue la teoría del descubrimiento. De acuerdo con este modo de adquisición de tierras, en el contexto del pensamiento legal europeo un territorio era propiedad de la nación que lo descubría. &lt;br /&gt;La empresa de la conquista que llevaron adelante los europeos en el ‘Nuevo Mundo’ también adquirió matices legales mediante tratados internacionales celebrados con pueblos locales y, al menos, es posible señalar tres modalidades: primero, ciertos tratados determinaban la cesión de tierras indígenas a naciones e, incluso, a particulares; segundo, otros tratados contemplaban la creación de un régimen dual, que concedía los derechos y obligaciones relacionados con el gobierno externo a los poderes imperiales, pero que mantenía la autonomía de los indígenas sobre sus tierras y sus asuntos internos; por último, la tercera categoría la componen los tratados que fijaban límites o fronteras entre los conquistadores y los pueblos indígenas, y que, por lo tanto, demarcaban esferas de soberanía y jurisdicción.&lt;br /&gt;Estas tres categorías de tratados generaron distintos efectos legales, los que, para efectos de este análisis, pueden reducirse a dos: (1) algunos tratados tenían por efecto que a los pueblos indígenas se les despojara de sus tierras y que se les impusiera un sistema externo de autodeterminación. De acuerdo con estas disposiciones legales, los pueblos indígenas cedían sus tierras o quedaban sujetos al gobierno que ostentara el poder de la ocupación, con lo cual perdían su personalidad internacional. En contraparte, (2) los tratados que fijaban límites generaban el reconocimiento de la personalidad internacional de las comunidades indígenas que los suscribían. De hecho, en la práctica legal de los poderes europeos de la época, estos tratados limítrofes gozaban de un mismo status que los demás tratados. Los pueblos indígenas eran sujetos de derecho internacional entre los siglos XV y XVIII.&lt;br /&gt;Durante el siglo XIX, las naciones-estado europeas que se habían consolidado luego del fin de la era medieval, habían ingresado a una nueva etapa en el progresivo desarrollo de sus leyes y convenciones sociales. Los nuevos soberanos pusieron énfasis en las dimensiones del consenso del derecho internacional, cuya principal fuente eran la voluntad y la aceptación del estado. En la pugna por desechar antiguas teorías, durante el siglo XIX el derecho internacional fue considerado como la ley que regía los vínculos entre países civilizados. El derecho internacional sólo reconocía como sujetos internacionales a los estados europeos Entonces, los estados europeos no consideraban a los pueblos indígenas soberanos ni civilizados, con lo cual éstos quedaban marginados.&lt;br /&gt;El Arbitraje de los Indios Cayuga de 1926 entre el Reino Unido y EE.UU. entrega pruebas de este giro del sistema legal hacia la exclusión de los pueblos indígenas. En este caso, el Tribunal Internacional concluyó que los Cayuga carecían de status bajo el derecho internacional. No obstante, sostuvo que los Cayuga de Canadá tenían derecho a recibir una pensión vitalicia acordada con el Estado de Nueva York en un tratado de 1875, y determinó que tenían derecho a US$ 247,9 millones.&lt;br /&gt;En el siglo XX, el principio de la autodeterminación generó una transformación radical en el entorno político internacional, el cual fue testigo de la creación de nuevos estados. El principio Uti Possidetis Iuris fue utilizado para dar cuenta de la demarcación de las fronteras de los nuevos estados independientes. Al mismo tiempo, este principio constituía una réplica de las estructuras desiguales del dominio colonial sobre los indígenas que ocupaban sus territorios, ya que éstos se veían artificialmente separados por fronteras ajenas.&lt;br /&gt;El establecimiento de estas fronteras afectó a las comunidades locales más vulnerables al interior de los territorios de los nuevos estados. A los grupos culturalmente diferentes de la sociedad dominante se les “expropiaban” los recursos naturales sobre los cuales habían edificado su civilización por varios siglos. &lt;br /&gt;La aparición de las normas de derechos humanos y de sus mecanismos de supervisión transformó las estructuras del sistema legal internacional. El debate en torno a los límites y la aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación sigue siendo el tema más controvertido en la discusión. En este debate se ha perfilado la dimensión referida al derecho de estos pueblos a tener autonomía en su gobierno y en sus asuntos locales, que incluye la tierra y los recursos naturales.&lt;br /&gt;La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo especializado más activo en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. No obstante la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio OIT 169 sigue siendo, el único tratado internacional que aborda el tema de los pueblos indígenas y los derechos a la tierra. &lt;br /&gt;Este instrumento, el 169, contiene varias garantías esenciales y procesales para los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, entre las que se incluye, por ejemplo, el Artículo 15: “deberá existir una especial protección de los derechos de los pueblos relativos a los recursos naturales que formen parte de sus tierras”. &lt;br /&gt;Además, los derechos de propiedad cuentan con la protección especial del Convenio 169, que señala que deben reconocerse los derechos de pertenencia y posesión de los pueblos en relación con las tierras que tradicionalmente han ocupado. El Convenio incluye la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas aún cuando los recursos naturales permanezcan bajo propiedad estatal. &lt;br /&gt;De acuerdo a la norma internacional, las tierras indígenas se consideran como suyas por haberlas detentado sus ancestros; los pueblos indígenas tienen derechos de propiedad sobre las tierras y los recursos naturales basados en sus propios patrones tradicionales y ancestrales de uso y ocupación. Se trata, de un derecho de propiedad basado en el derecho consuetudinario indígena, y que tiene un fundamento cultural e histórico y no solo económico.&lt;br /&gt;Algunos hitos jurídicos de este reconocimiento de los derechos indígenas sobre sus tierras, recursos y territorios, han sido:&lt;br /&gt;• La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975 en el caso de Sahara occidental, que estableció que la doctrina de terra nullius es insostenible;&lt;br /&gt;• La sentencia de la Corte Suprema de Australia en el caso Mabo versus Queensland en 1992, reconociendo la vigencia del “titulo nativo” y desechando la doctrina de Terra Nullius;&lt;br /&gt;• La sentencia de la Corte Suprema de Canadá en el caso Delgamuukw versus British Columbia, en 1997, que reconoció el título indígena a la tierra y la validez de las tradiciones y memorias orales, así como la pruebas históricas, lingüística y arqueológicas, como evidencia admisible en juicio; &lt;br /&gt;• La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2001, en el caso de la Comunidad Awas Tingni versus Nicaragua, reconociendo la posesiones indígenas como fuente de los derechos de propiedad indígena, y estableciendo el deber positivo de los Estados de reconocer tales derechos;&lt;br /&gt;• La decisión  de la Corte Constitucional de Sudáfrica en el caso Richtersveld, de octubre de 2003,  reconociendo el derecho de la comunidad a la restitución de las tierras de las cuales habían sido desposeídos en la década de 1920;&lt;br /&gt;• 2005. Nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias del mes de Junio en el Caso de la Comunidad Moiwana Vs Suriname y Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs Paraguay; y en el 2006 la sentencia a favor de la Comunidad Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.&lt;br /&gt;La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sistematizado la doctrina internacional acerca de los derechos de propiedad indígena, postulando que “los derechos humanos de los indígenas incluyen: &lt;br /&gt;• el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento legal de sus formas y modalidades variadas y específicas de control, propiedad, uso y usufructo de los territorios y bienes; &lt;br /&gt;• el reconocimiento de su derecho de propiedad y posesión con respecto a tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente; y &lt;br /&gt;• en los casos en que los derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas deriven de derechos previamente existentes a la creación de sus Estados, el reconocimiento por los Estados de los títulos permanentes e inalienables de los pueblos indígenas y a que ese título sea modificado únicamente por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo cuando tengan pleno conocimiento y apreciación de la naturaleza o los atributos de ese bien. &lt;br /&gt;El consenso global acerca de los derechos de propiedad sobre la tierra de los pueblos indígenas, convertido en derecho consuetudinario internacional, se sintetiza en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.&lt;br /&gt;En el Perú, diversos factores han obstaculizado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En los últimos meses se ha discutido la aprobación de una ley que obligue a la consulta previa para todos aquellos asuntos que les afecte, sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la norma, aprobada en el Congreso el 19 de mayo pasado, y aun sigue pendiente la aprobación de este importante mecanismo, que puede contribuir a solucionar muchos de los conflictos que se producen en el país debido al avance de proyectos extractivos que se superponen con las tierras de estos pueblos. Hay que recordar que, la Constitucion se refiere a las “Comunidades Campesinas”, para las comunidades ubicadas en la costa y sierra, y a las “Comunidades Nativas” a los de la selva.&lt;br /&gt;De acuerdo a información proporcionada por COFOPRI, en los últimos cuatro años sólo se han titulado 62 comunidades campesinas y 7 comunidades nativas. A diciembre del 2009 existen 6,068 comunidades campesinas reconocidas; de las cuales 5,108 están tituladas y 960 faltarían titular. Cabe resaltar que existen comunidades campesinas en la costa, sierra y selva. En el caso de la Amazonía existen 1,461 comunidades nativas reconocidas, de las cuales 1,267 están tituladas y 194 faltaría titular. &lt;br /&gt;Desde hace dos años, virtualmente, están paralizados los tramites de titulación de tierras debido a que no existe claridad de que organismo debe continuar con estos procedimientos, si el Ministerio de Agricultura o los Gobiernos Regionales. Y estas cifras no muestran el drama por el que han tenido que pasar muchas de estas comunidades. Años de espera, trámites burocráticos largos, tediosos y recortes unilaterales de las tierras que tradicionalmente han ocupado, bajo el argumento de que se trata de tierra que estas comunidades mantienen ociosa y que no necesitan de tanto terreno, que luego no podrá ser puesto en valor.&lt;br /&gt;Sigue habiendo un importante número de comunidades que carecen de títulos de propiedad sobre sus tierras, la mitad de éstas no han culminado los procesos de titulación iniciados. Es importante mencionar esto porque una comunidad sólo podría tomar decisiones de parcelación sobre tierras que son legalmente suyas y que, por ende, el saneamiento del título comunal sería una condición previa para cualquier toma de decisión sobre dichas tierras. Esto explica muchas veces el desinterés del Estado por culminar los procesos de titulación, porque las tierras no tituladas siguen siendo consideradas como tierras del Estado, y al contrario, cuando están tituladas y en el subsuelo hay minerales o petróleo, el interés que existe porque estén dispuestas a vender sus tierras.&lt;br /&gt;El derecho de propiedad general contrasta con lo dicho en octubre del 2007 por el presidente Alan García, cuando dio a conocer su pensamiento con relación a los derechos de los pueblos indígenas, cuando publicó ‘el síndrome del perro del hortelano’. &lt;br /&gt;García afirma que existen comunidades campesinas “artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de &#39;mano muerta&#39;, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador”. Y agrega que “la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados. &lt;br /&gt;García toma partido a favor de las inversiones y de la explotación minera y petrolera. Sobre este último recurso dice que “contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático &#39;no conectado&#39;; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril”. &lt;br /&gt;Para los pueblos indígenas, la tierra no es sólo un bien económico; en ella ejercen sus derechos ancestrales, pues sus antepasados la habitaron y la explotaron sin causar el desequilibrio ecológico causado por los colonos de los últimos tiempos. Los pueblos indígenas ocupan sus territorios en forma distinta al resto de la sociedad. Sus asentamientos se dispersan para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, respetando el equilibrio ecológico, y disfrutando de una relación espiritual tierra-indígena poco comprendida en el concepto de propiedad. &lt;br /&gt;El concepto de propiedad es un concepto extraño para las comunidades, pero necesario para defender uno de sus derechos fundamentales: el derecho a la tierra, en donde habitan, cazan, pescan y efectúan algunas actividades agrícolas, todas estas basadas en relaciones de reciprocidad. &lt;br /&gt;Lamentablemente, la opinión que se está generalizando en varios sectores políticos y sociales del país es que los pueblos indígenas son un rezago de nuestro pasado; que lo hay que hacer es incorporarlos definitivamente a la sociedad. &lt;br /&gt;Se dice que las comunidades indígenas-nativas no son dueñas de los recursos naturales (minería, hidrocarburos, tala de madera para comercio, etc.) pues la administración de los recursos naturales son potestad del Estado, que realiza acuerdos con empresas privadas para otorgarles concesiones (entiéndase bien la diferencia entre concesión y propiedad privada.&lt;br /&gt;En la práctica, se están produciendo múltiples problemas. Las comunidades no son consultadas sobre la explotación minera o petrolera que se pretende hacer en sus territorios. No participan en los procesos de aprobación de los estudios de impacto ambiental. Se construyen minero ductos, oleoductos y grandes obras de infraestructura vial, sin tomarlos en cuenta. &lt;br /&gt;Muchos problemas que ocurren en Lima, se parecen a los que sufren las comunidades. En Barranco construyen edificios en el acantilado de la Costa Verde sin obedecer las regulaciones ambientales y municipales, como pasa en las comunidades en las que con frecuencia se construyen presas de relaves, diques, gasoductos, minero-ductos, sin tomar medidas que puedan evitar poner en riesgo la vida y seguridad de los que habitan la comunidad. Y en este caso, la gran ausente es la consulta y participación ciudadana. &lt;br /&gt;Si queremos un país democrático, que sea viable y donde haya más gobernabilidad, se requiere respetar los derechos de las comunidades indígenas, aprender a respetar su postura.&lt;br /&gt;Es importante ampliar el criterio legislativo para el tratamiento que se debe brindar a los pueblos indígenas sobre los derechos de propiedad sobre sus tierras. Consultarles de modo sincero sobre todos aquellos asuntos que les afecte. Indemnizarlos por todas aquellas acciones que les perjudique. Estas tareas son importantes para la preservación, la supervivencia y el desarrollo de las comunidades.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/589034731666213143'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/589034731666213143'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2010/09/derecho-de-propiedad-y-derechos-de-los.html' title='Derecho de propiedad y derechos de los pueblos indígenas'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-6293333959836231919</id><published>2009-08-22T11:30:00.001-05:00</published><updated>2009-08-22T11:32:40.686-05:00</updated><title type='text'>Sobre el “Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”</title><content type='html'>SEMINARIO&lt;br /&gt;DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS&lt;br /&gt;Marco Normativo y Experiencias de Aplicación&lt;br /&gt;Miraflores, 12 de agosto de 2009&lt;br /&gt;EL DERECHO A LA CONSULTA EN EL CONVENIO 169 OIT Y EN LA DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS&lt;br /&gt;Una opinión sobre los alcances y límites del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas&lt;br /&gt;Javier Aroca&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es un gusto participar en este Seminario sobre el “Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”, organizado por el Ministerio del Ambiente y el Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales –PROJUR. Me han pedido que comparta una opinión sobre los alcances y limites del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, basado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).&lt;br /&gt;Situación de los pueblos indígenas &lt;br /&gt;Las Naciones Unidas encargaron en 1970 a la Subcomisión sobre la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías a que desarrollara un estudio sobre el problema de la discriminación contra los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;El Relator de Naciones Unidas, de esa época, el señor José Martínez Cobo propuso la siguiente definición:&lt;br /&gt;Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasivas y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintas de otros sectores de las sociedades actualmente dominantes en estos territorios o en parte de ellos. Ellas son actualmente un sector no dominante de la sociedad y están determinadas a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su continuidad como pueblos, en acordancia con sus propias instituciones sociales, sistemas legales y cultura.&lt;br /&gt;El Convenio 169 de la OIT es un Tratado Internacional de Derechos Humanos &lt;br /&gt;Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho Internacional y que se encuentra regido por éste, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que lo define en su Artículo 2.1. &lt;br /&gt;Lo más común suele ser que los acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse entre Estados y Organizaciones Internacionales o, entre organizaciones internacionales, tales como: las Naciones Unidas, la OIT, la Organización de Estados Americanos, entre otras. &lt;br /&gt;Según la Constitución de 1993, un tratado firmado, ratificado y en vigor pasa a ser parte de la legislación interna; sin embargo, en la legislación interna no todas las normas son de igual jerarquía, sino que obedecen a la pirámide jerárquica del derecho, la cual sitúa en la cúspide a la Constitución, y, a partir de la Constitución vienen las demás normas en orden de jerarquía e importancia. Los tratados tienen el rango de las leyes.&lt;br /&gt;¿Qué sucede con los tratados a nivel interno? En el derecho peruano la autoridad capaz de obligarse a expresar el consentimiento del Perú para vincularse y obligarse por medio de un tratado es el poder ejecutivo. Sin embargo, existen ciertas materias que debido a su importancia requieren ser aprobadas por el Congreso antes de que el poder ejecutivo pueda obligar al Estado. Estas materias son: derechos humanos, soberanía e integridad territorial, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. En estos casos para que se produzca la ratificación por parte del Estado tiene que existir una aprobación previa del tratado en el Congreso. &lt;br /&gt;Una vez que el Congreso aprueba el tratado, recién el poder ejecutivo puede ratificar el tratado, es decir, dar el consentimiento final en obligarse; estos procedimientos internos están regulados también por la propia Convención de Viena. &lt;br /&gt;La Constitución de 1993 ha establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.&lt;br /&gt;¿Qué sucede en caso de conflicto entre un tratado y una ley? Lo que puede verse es que ambos, tratado y ley, están al mismo nivel jerárquico normativo; entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el Estado se ha obligado a cumplir con el tratado, deberá aplicar preferentemente el tratado, mientras el tratado se encuentre en vigor. Por lo tanto, si surgiera una controversia sobre que normas se aplica, tratado o ley, el juez o la autoridad preferirá aplicar el tratado antes que la ley porque, si bien la ley es un mandato interno del Estado, el tratado es una obligación internacional del Estado que, además, ha adquirido la característica de mandato interno. &lt;br /&gt;Si se aplicara la ley antes que el tratado, estaríamos incumpliendo con el tratado porque el tratado se suscribe para aplicarse, el incumplimiento del tratado generaría la responsabilidad internacional del Estado; otros Estados podrían demandar al Estado peruano por el incumplimiento del tratado, y este incumplimiento puede producir diversas consecuencias.&lt;br /&gt;El Convenio 169 de la OIT es un tratado de derechos humanos, con rango constitucional, vinculante para el Perú. A este respecto es relevante la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009 (EXP. N.° 03343-2007-PA/TC), en el que se declaró fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por Jaime Hans Bustamante Johnson contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 926, su fecha 10 de mayo de 2007, que declaraba infundada la demanda de amparo interpuesta contra las empresas Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú (hoy Talismán Petrolera del Perú, LLC Sucursal del Perú), REPSOL y Petrobras, por considerar que se amenazaban sus derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; a la vida, el libre desarrollo y el bienestar; a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa; a exigir del Estado la promoción de la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; alimentación; y al agua. Solicitando que se repongan las cosas al momento en que se inició la amenaza de violación de dichos derechos y se suspenda la exploración y la eventual explotación de hidrocarburos en el área natural protegida “Cordillera Escalera”.&lt;br /&gt;El párrafo 31 de la sentencia del Tribunal Constitucional mencionada, del EXP. N.° 03343-2007-PA/TC, señala lo siguiente:&lt;br /&gt;Previamente, debe destacarse que “nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades” (STC N.° 0047-2004-AI/TC, Fundamento 22). Asimismo, este Tribunal ha afirmado que los “tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional”. De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio 169 mediante Resolución Legislativa N.° 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993, su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes.&lt;br /&gt;El Convenio 169 de la OIT&lt;br /&gt;El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (169) resultó adoptado en junio de 1989 cuando la Conferencia General de la OIT lo aprobó por 328 votos en favor, uno en contra y 49 abstenciones.&lt;br /&gt;El Convenio 169 señala un cambio en la concepción de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. Su protección continúa siendo el objetivo principal, pero basada en el respeto de sus culturas, formas de vida, tradiciones y costumbres propias. Lo que lo convierte en un tratado de derechos humanos.&lt;br /&gt;A la fecha, el Convenio 169 ha sido ratificado por 20 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Países Bajos, Noruega, Paraguay, Perú y Venezuela).&lt;br /&gt;El Convenio 169 es el mejor instrumento para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Existen 350 millones de indígenas en más de 70 países en el mundo que están marginados en casi todos los aspectos de la vida diaria. En América Latina existen 30 millones de indígenas, más de 660 pueblos, históricamente excluidos y discriminados. &lt;br /&gt;Los pueblos indígenas tienen grandes potencialidades de articularse, con su identidad propia y en el ejercicio de sus derechos, a la sociedad y a la economía global, aportando al desarrollo.&lt;br /&gt;El Convenio 169 transforma el pensamiento jurídico en materia indígena porque recoge las aportaciones de la antropología moderna y de algunas experiencias constitucionales. La identidad indígena se define principalmente por el criterio de la conciencia, una propuesta que remite al Estudio del problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas de Martínez Cobo, que antes se ha mencionado. Además, las comunidades son consideradas pueblos; aunque con la importante restricción de que la utilización de este término no debe interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.&lt;br /&gt;El Convenio 169 brinda un instrumental internacional que rebasa ampliamente los límites legales propuestos por el sistema de la ONU.&lt;br /&gt;Algunos cuestionan a la Organización Internacional del Trabajo de por qué se ocupa de los pueblos indígenas, ya que las cuestiones indígenas no se incorporan fácilmente en el marco de las relaciones laborales. ¿Por qué se ocupa la OIT de los derechos sobre la tierra?&lt;br /&gt;Existen diversas respuestas a estas preguntas. Una es que el sistema de las Naciones Unidas ha concedido un mandato a la OIT, aprobado por la Conferencia General de Trabajo en 1957, y de nuevo en 1989, para que apruebe normas en nombre de todo el sistema, sobre una cuestión en la que es obvio que las Naciones Unidas no han logrado progresar. &lt;br /&gt;Pero otra respuesta es que los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo también son los mandantes de la OIT. Son trabajadores, a menudo de la economía informal, y si han entrado en economías monetarias, son los trabajadores más excluidos y más explotados de todos los países donde viven. Esa no es una cuestión marginal para el trabajo, la pobreza o el desarrollo: es crucial.&lt;br /&gt;Cuando se estudian casos de discriminación, trabajo forzoso o trabajo infantil, en la mayor parte del mundo son temas que afectan principalmente a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas también les afecta la política de empleo, la cuestión de la igualdad de género, seguridad y salud, condiciones de trabajo, seguridad social, entre otros temas.&lt;br /&gt;A continuación presento la estructura del Convenio:&lt;br /&gt;I. Política General &lt;br /&gt;II. Cuestiones Sustantivas o de Fondo &lt;br /&gt;III. Aspectos Administrativos&lt;br /&gt;Allí se desarrollan los criterios fundamentales:&lt;br /&gt;Auto identificación: conciencia de su propia identidad indígena o tribal. Esto incluye un criterio objetivo: reconocimiento de una persona como parte del grupo y un criterio subjetivo: reconocimiento propio como parte del grupo.&lt;br /&gt;Autodeterminación: La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. El convenio no toma una posición en cuanto a que este término implique la autodeterminación, que es un asunto a ser resuelto por las Naciones Unidas.&lt;br /&gt;Autogobierno: implica la oportunidad y posibilidad real de administrar y controlar sus vidas. Por ejemplo en Panamá una ley de 1953 les permite que el Consejo General de Kuna apruebe los proyectos de desarrollo sobre su pueblo.&lt;br /&gt;Responsabilidad: Los gobiernos deben ser responsables de: a) la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. b) El cumplimiento del Convenio. c) La creación de organismos especializados sobre las cuestiones indígenas y tribales. d) El mantenimiento de fondos para esos organismos. Por ejemplo: FUNAI, Fundación Nacional del Indio de Brasil, la Dirección General de Asuntos Indígenas de Colombia. E) Además la creación de mecanismos para la administración de programas: la consulta y la participación.&lt;br /&gt;El Convenio 169 no da una definición de indígena sino una descripción para evitar que el concepto sea limitativo. No se establecen diferencias entre indígena y tribal porque se busca el respeto por los derechos de manera igualitaria. &lt;br /&gt;Sobre pueblos tribales, se señala que son aquellos: (1) con condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional; y (2) las costumbres, las tradiciones o la legislación que los rigen son especiales.&lt;br /&gt;Sobre pueblos indígenas, se expresa que: (1) descienden de poblaciones que habitaban anteriormente (conquista, colonización) en el país o la región geográfica; y (2) con sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.&lt;br /&gt;La Consulta en el Convenio 169&lt;br /&gt;La consulta es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. El Convenio 169/OIT hace referencia de la consulta, con el objetivo de lograr acuerdo o consenso. &lt;br /&gt;La Consulta, es el proceso por el cual los gobiernos consultan a pueblos indígenas y tribales, como las comunidades campesinas y nativas en el Perú, sobre propuestas de política y programas de diversas materias, donde la manifestación de éstos tenga la oportunidad de influenciar en la toma de decisiones.&lt;br /&gt;La consulta es un derecho de los pueblos indígenas que se deriva del derecho a la autonomía. Es un mecanismo para la protección de los derechos de los pueblos, sobre todo cuando se van a ejecutar obras o proyectos de desarrollo que puedan afectarlos directamente y cuando se pretenda explotar los recursos naturales existentes en sus tierras, fundamentalmente los recursos no renovables o del subsuelo.&lt;br /&gt;Elementos de la consulta: &lt;br /&gt;a. Se debe realizar bajo el principio de buena fe y esto significa que los gobiernos deben brindar información apropiada y completa, que pueda ser comprendida por los pueblos indígenas y tribales. &lt;br /&gt;b. Se debe realizar según las circunstancias y las características propias de cada pueblo.&lt;br /&gt;El Convenio 169 no implica que los pueblos indígenas tengan el derecho a vetar las políticas de desarrollo. Ningún segmento de la población nacional de cualquier país tiene derecho a vetar las políticas de desarrollo que afecte al país. &lt;br /&gt;El artículo 7 del Convenio exige a los gobiernos realizar verdaderas consultas en las que los pueblos indígenas tengan el derecho de expresar su punto de vista y de influenciar el proceso de toma de decisiones. Lo anterior significa que los gobiernos tienen la obligación de crear tales condiciones que permitan a estos pueblos contribuir activa y eficazmente en el proceso de desarrollo. En algunos casos, esto puede traducirse en acciones dirigidas a ayudar a los referidos pueblos a adquirir el conocimiento y las capacidades necesarias para comprender y decidir sobre las opciones de desarrollo existentes.&lt;br /&gt;Al consultar a los pueblos indígenas, los gobiernos deben proporcionarles información apropiada y completa, que pueda ser comprendida plenamente por los pueblos indígenas y tribales. Asimismo, los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que declare representar a la(s) comunidad(es) afectada(s). Las consultas deben emprenderse con organizaciones instituciones genuinamente representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas, como por ejemplo Consejos de Ancianos o los Parlamentos de Pueblos Indígenas y Tribales. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar las consultas, deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con las que tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos. El Convenio establece claramente cuándo las consultas son obligatorias.&lt;br /&gt;Los artículo 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT establece los fundamentos para las consultas a los pueblos indígenas:&lt;br /&gt;* Tiene el propósito de determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados y en qué medida.&lt;br /&gt;* Se debe determinar la participación en beneficios a favor de las comunidades y las indemnizaciones por los posibles daños que puedan sufrir.&lt;br /&gt;El Convenio 169 establece que, antes de emprender cualquier medida o proyecto de desarrollo, se deben realizar estudios en cooperación con las comunidades con el fin de determinar la incidencia social, espiritual, cultural y medio ambiente de los proyectos que se pretende ejecutar y que los resultados de los estudios deben considerarse como los criterios esenciales para la ejecución de los proyectos.&lt;br /&gt;La consulta tiene como marco el análisis de los impactos sobre los pueblos indígenas de la obra o proyecto que se pretende ejecutar y su conveniencia o inconveniencia, siendo necesario admitir que se puede llegar a la decisión de que un determinado proyecto no se debe realizar porque puede causar daños graves a la integridad de las comunidades y que no podrían ser reparados.&lt;br /&gt;Sin embargo, si la obra o proyecto se aprueba durante la consulta, se deben definir las condiciones para su ejecución, las medidas para evitar, corregir, mitigar o reparar los daños que puedan ocasionar y definir la participación de las comunidades en los beneficios que genere el proyecto.&lt;br /&gt;El modo cómo hacer la consulta, los estudios que se deben realizar en cada caso, las actividades que se consideran necesarias, los tiempos que va a durar el proceso y los costos deben ser parte del primer proceso de negociación entre las comunidades y el gobierno o en su caso, entre las comunidades y la empresa; además, el gobierno o en su caso la empresa, debe garantizar los recursos económicos para realizar todo el proceso.&lt;br /&gt;El artículo 6.1.a del Convenio establece la consulta a los pueblos indígenas al obligar al Gobierno a consultar a dichos pueblos antes de adoptar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. La amplitud de esta norma vienen dada por la infinidad de tópicos en qué medidas legislativas o administrativas del Estado pueden causar afectaciones directas a los pueblos indígenas: aspectos culturales, económicos, políticos, sociales, ambientales, etc. La consulta debe hacerse “cada vez que se prevean” dichas medidas legislativas o administrativas. Es decir que para que las consultas sean hechas con oportunidad, de acuerdo al Convenio, su realización debe tomar lugar antes de que las medidas sean tomadas. &lt;br /&gt;El Convenio exige que las consultas deban realizarse mediante procedimientos que garanticen la transparencia en armonía con las particularidades culturales de cada pueblo. Está implícito la necesidad de que las consultas sean hechas en un idioma que las haga plenamente comprensibles a los consultados, con el tiempo necesario y brindando todas las facilidades para garantizar que puedan expresarse con entera libertad y conocimiento de causa.&lt;br /&gt;Existen mecanismos de reclamo por incumplimiento del Convenio 169. Los afectados por la violación del Convenio pueden acudir a la OIT para reclamar se tomen medidas que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos. El artículo 24 de la Constitución de la OIT establece una posibilidad concreta de reclamo abierta a las organizaciones de trabajadores cuando dice que, toda reclamación dirigida a la OIT en que se alegue que cualquiera de los Miembros incumple el Convenio.&lt;br /&gt;Este mecanismo es interesante en la medida de que está abierto a que organizaciones de la sociedad civil reclamen contra el Estado infractor. La limitación es que solamente pueden utilizar el mecanismo las organizaciones de trabajadores, pero, en la práctica, existe la posibilidad de contar con la solidaridad de las organizaciones de los trabajadores para presentar en su nombre, reclamaciones sobre violaciones al Convenio 169, como viene ocurriendo en los últimos años con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), con la saludable presentación de informes alternativos, los mismos que han originado que en la 98ª. Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en junio de 2009, se difundan importantes comentarios de la Comisión de Expertos de la OIT.&lt;br /&gt;En esa importante reunión internacional de la OIT de junio de 2009, se conoció que la Comisión de Expertos ha formulado comentarios en los que expresa preocupaciones acerca de los problemas persistentes en la aplicación del Convenio en el Perú, en particular en la necesidad de establecer criterios armonizados para la identificación de los pueblos indígenas, la necesidad de desarrollar una acción sistemática y coordinada para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto de su integridad así como a la necesidad de establecer mecanismos adecuados de consulta y participación, que son proporcionados con los medios necesarios para efectuar sus funciones, incluso con respecto a la adopción de medidas legislativas y la explotación de los recursos naturales. A propósito de los sucesos de Bagua del 5 de junio de 2009, la Comisión de Expertos observó que está situación surgió en relación con la promulgación de decretos legislativos relativos a la explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas, y que dicha legislación se había promulgado sin consultar a los pueblos indígenas afectados, lo que es contrario al Convenio 169. &lt;br /&gt;En resumen, la consulta se debe realizar:&lt;br /&gt;* Al considerar medidas legislativas o administrativas &lt;br /&gt;* Antes de la exploración o explotación de recursos del subsuelo&lt;br /&gt;* Antes de ser reubicados, lo que sólo tendrá lugar con el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas &lt;br /&gt;La obligación de consultar debe leerse a la luz de otro principio fundamental del Convenio 169 (artículo 7.1) que dice:&lt;br /&gt;“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.&lt;br /&gt;La Participación: Implica el derecho de decidir sobre sus propias prioridades. Además el formar parte en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales y regionales donde estos pueblos se vean afectados.&lt;br /&gt;Los elementos a considerar en la participación son:&lt;br /&gt;a. Es libre.&lt;br /&gt;b. Se debe buscar la igualdad de condiciones en relación con otros sectores no indígenas de la población.&lt;br /&gt;c. Se debe realizar por medio de las instituciones propias o por organismos representativos de estos pueblos, nunca impuestos.&lt;br /&gt;d. El objetivo es buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, de salud y educación.&lt;br /&gt;Como mecanismo de ejercicio del derecho a la participación, la consulta orientada al consentimiento informado previo, fortalece la vigencia del derecho al desarrollo, concebido en los términos del artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por las Naciones Unidas en 1986 como “un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. “Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos.”&lt;br /&gt;Por ejemplo en Brasil con varios proyectos hidroeléctricos en Vale do Ribeira se vieron afectadas las regiones guaraníes. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente es el responsable de aprobar los estudios sobre los efectos en los pueblos indígenas y tribales, pero se dieron anomalías y esto entonces llegó a la vía judicial por lo que el proyecto fue suspendido. Todo programa debe buscar un mejoramiento de la situación económica y social de los pueblos indígenas. Es necesario realizar estudios sobre las repercusiones de cualquier programa. &lt;br /&gt;En cuanto a las, cuestiones de fondo, voy a comentar brevemente algunas de ellas. &lt;br /&gt;Tierras: abarca todo el territorio que utilizan los pueblos indígenas y tribales, como son los bosques, ríos, montañas, mares y el subsuelo. Sobre todo se consideran todos estos elementos como parte del concepto porque en algunos casos estos recursos tienen el carácter de sagrados o un significado especial. Ejemplo: En Colombia los Páez consideran los árboles como sagrados; para los Apaches en Estados Unidos tiene gran importancia el Monte Graham.&lt;br /&gt;Protección frente a extraños y abusos: Los gobiernos deben impedir que extraños a esos pueblos se aprovechen de sus costumbres o desconocimiento de la ley para arrojarlos de sus tierras. Deben crearse sanciones legales contra intromisiones no autorizadas. Por ejemplo en Brasil se presentó una invasión del territorio Yanomami por los buscadores de oro ilegales.&lt;br /&gt;Recursos naturales: El derecho sobre los recursos naturales debe considerarse según las situaciones nacionales. Principalmente atendiendo a la existencia de dos sistemas jurídicos en relación con los recursos del subsuelo. El anglosajón señala que el derecho de propiedad implica el derecho de subsuelo; el sistema romano hispánico no, porque estos recursos son del Estado, son bienes públicos.&lt;br /&gt;Derecho de retorno: Principalmente en el caso en que las causas de reubicación fueron un desastre ecológico, una guerra, un conflicto armado, etc. y haya cesado dicha circunstancia. Si no es posible el regreso debe existir un plan para el reasentamiento y la rehabilitación, por ejemplo: la comunidad wanniyala aetto (seres de la selva) de Sri Kanka en 1983 fueron trasladados porque en sus tierras se conformaría un Parque Nacional. Con el traslado su dieta varió y se afectó la salud de muchos: diabetes, obesidad y alta tensión arterial. En 1997 se realizó un estudio sobre las consecuencias y luego el gobierno les devolvió a sus bosques y dictó normas para evitar la explotación excesiva del bosque; este pueblo negoció junto con el gobierno el retorno y las condiciones.&lt;br /&gt;En resumen, el Convenio 169 puede ser analizado desde un enfoque basado en los cinco derechos principales que demandan los pueblos indígenas:&lt;br /&gt;* El derecho a ser reconocidos como pueblo, con identidad propia y con derechos históricos que se derivan de esa condición. &lt;br /&gt;* El derecho a la tierra y al territorio.&lt;br /&gt;* El derecho a ejercer formas de autogobierno y administración, propias. &lt;br /&gt;* El derecho al reconocimiento y el ejercicio de un derecho consuetudinario, propio. &lt;br /&gt;* El derecho a participar y decidir en la determinación de las políticas nacionales que les afectan.&lt;br /&gt;La consulta en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP)&lt;br /&gt;La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU habla del consentimiento libre, previo e informado en áreas específicas:&lt;br /&gt;* Traslado fuera de sus tierras.&lt;br /&gt;* Adopción previa de medidas legislativas y administrativas.&lt;br /&gt;* Aprobación previa de proyectos que afecten sus tierras, territorios y recursos.&lt;br /&gt;La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) es una declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y este tipo de declaraciones no están sujetas a ratificación y por ende no son legalmente vinculantes. &lt;br /&gt;Una declaración adoptada por la Asamblea General refleja las opiniones colectivas de las Naciones Unidas que deben ser tenidas en cuenta por todos los miembros de buena fe. A pesar de no tener carácter vinculante, la Declaración tiene relevancia legal. Por ejemplo, puede reflejar las obligaciones de los Estados en virtud de otras fuentes del derecho internacional, como por ejemplo el derecho consuetudinario o los principios generales del derecho.&lt;br /&gt;Con relación a la consulta, la UNDRIP, que contó con el voto favorable del Perú en la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, establece que los Estados “celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (Art. 19).&lt;br /&gt;La jurisprudencia de los órganos de tratados de Naciones Unidas ha elaborado la obligación de consulta a los pueblos indígenas en su interpretación de algunos de los principales internacionales de derechos humanos sostenidos en tratados de los que el Perú es parte. Otro tanto ha ocurrido en la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano de Derechos Humanos. Al respecto la Corte Interamericana en una interpretación evolutiva de la Convención Americana de Derechos Humanos en su sentencia del Caso Saramaka vs. Surinam, ha establecido que “los Estados parte deben garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas, para lo cual el Estado debe consultar con [los pueblos indígenas] de conformidad con sus propias tradiciones”. Además, que “se debe consultar con [los pueblos indígenas] en las primeras etapas del plan…y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad”. &lt;br /&gt;La UNDRIP es parte de las normas universales de derechos humanos. Los principios básicos de la Declaración son idénticos a los de los principales pactos de derechos humanos. Así pues, en el artículo 3 de la Declaración se afirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en términos que constituyen la reformulación de las disposiciones comunes del artículo 1 de los dos pactos internacionales de 1966. Como lo indica la práctica, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos se remiten a la UNDRIP cuando se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración no es un instrumento de un organismo especializado que obliga únicamente a los Estados partes, sino un instrumento general de derechos humanos.&lt;br /&gt;La Declaración es una norma de derechos humanos basada en los derechos fundamentales de aplicación universal y elaborada en el contexto cultural, económico, político y social de los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;La UNDRIP es un instrumento que se elaboró con un procedimiento que le confirió su condición especial de declaración. Se preparó durante un decenio de negociaciones entre representantes de los Estados y representantes de los pueblos indígenas, período en el que los representantes de los Estados utilizaron la palabra “negociaciones” a menudo. &lt;br /&gt;El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia estipula que las fuentes de derecho internacional que la Corte aplica incluyen “los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. Uno de esos principios es el consentimiento previo libre e informado mencionado en la UNDRIP. La Declaración se ha formulado a partir de principios del derecho.&lt;br /&gt;Reflexiones finales&lt;br /&gt;El Convenio 169 es un tratado internacional derechos humanos vinculante para los Estados que lo han suscrito.&lt;br /&gt;A diferencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración no es un tratado y, en consecuencia, no tiene la fuerza vinculante de un tratado. No obstante, ello no significa en absoluto que la Declaración deje de tener efecto jurídicamente vinculante alguno. Al aprobar los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se aspira a que tengan cierto efecto vinculante. &lt;br /&gt;La consulta no debe ser vista como una actividad ad-hoc – es un proceso. La consulta y la participación requieren de mecanismos sistemáticos, regulares e institucionalizados y de marcos coherentes dentro de los cuales operar. &lt;br /&gt;Los mecanismos de consulta deben, siempre que sea posible, funcionar a través de estructuras existentes con el fin de asegurar su permanencia en el tiempo, sostenibilidad y legitimidad.&lt;br /&gt;Se deben adaptar las metodologías eficaces a la estructura y capacidad de las organizaciones y comunidades indígenas. 36) Existe un gran desconocimiento del Convenio 169 y de la UNDRIP en todos los sectores: gobiernos, sector privado, sociedad civil y organizaciones indígenas. Por eso, es importante apoyar y mejorar la difusión y la utilización del contenido y los principios del Convenio 169 y de la Declaración. Se necesita apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas para defender sus propios intereses, así como la capacidad de los funcionarios públicos encargados del cumplimiento e implementación del Convenio, así como del desarrollo de los principios generales contenidos en la UNDRIP.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/6293333959836231919'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/6293333959836231919'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2009/08/sobre-el-derecho-la-consulta-de-los.html' title='Sobre el “Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-665598290058609050</id><published>2009-03-11T17:24:00.002-05:00</published><updated>2009-03-11T17:26:52.973-05:00</updated><title type='text'>La Discriminación y la Pobreza</title><content type='html'>La Discriminación y la Pobreza en el Perú:&lt;br /&gt;Los pueblos indígenas andinos y amazónicos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Aroca Medina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Antecedentes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cerca de 40 millones de personas pertenecientes a cuatrocientas culturas diferentes distribuidas entre América Latina y el Caribe conforman la mayor parte de la diversidad cultural del continente. Sólo en el Perú, se estima que los indígenas y descendientes de indígenas son aproximadamente 10&#39;000,000 de personas, cerca de la mitad de la población y en la Amazonía se estima en 200,000 los indígenas de 48 grupos étnicos diferentes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el pasado los indígenas fueron discriminados y llamados &quot;salvajes&quot;, con una carga peyorativa que contrasta con los términos empleados en los últimos treinta años de &quot;campesino&quot;, &quot;nativo&quot;, &quot;indígena&quot; u “originario”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante la república los indígenas continuaron siendo discriminados. Se suprimió el tributo y se prohibió que se usara el término “indios”. Luego Bolívar dictó el Decreto de abril de 1824, de nefastas consecuencias para los indígenas, que declaró que podían vender de cualquier modo las tierras que poseían, y disponía el fraccionamiento de las tierras comunales y el restablecimiento del tributo indígena. Los indígenas accedieron a la independencia política pero no a la económica y terminaron como siervos de los terratenientes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ley de reforma agraria de 1969 rebautizó a las comunidades de indígenas por comunidades campesinas, pero no se ocupó de las llamadas “tribus selvícolas”, que continuaron siendo vistas como “salvajes”. En los últimos treinta años, las organizaciones sindicales agrarias nacionales bloquearon el desarrollo de la dimensión étnica, censurando el término “indígena” y valorando más lo campesino. Una de las pocas excepciones fue el caso de AIDESEP, que tuvo en cuenta la dimensión indígena y que sufrió en carne propia los ataques de Sendero Luminoso y del MRTA, que afectaron a los pueblos ahaninka de la selva central.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. La Discriminación en el Perú &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoy en día, los pueblos indígenas siguen sometidos a la discriminación. Continúan enfrentándose a invasiones de sus tierras; son víctimas de etnocidio, del saqueo de sus recursos, de la discriminación cultural y la falta de reconocimiento de sus instituciones. Los indígenas viven bajo condiciones precarias, amenazados cultural, social y económicamente por procesos de desarrollo ajenos a sus formas de vida. El poder judicial continúa disponiendo el arresto de personas de estos pueblos bajo la sospecha de haber cometido algún delito, sin poder defenderse en su propia lengua ni aplicarse la legislación especial de la materia. Rara vez interviene cuando se denuncia un crimen contra un indígena andino o amazónico. Estos graves abusos de sus derechos aceleran la extinción de la diversidad cultural en el Perú. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Constitución garantiza la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y de manera específica prohibe la discriminación fundada en el origen étnico, la raza, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones o la condición económica y garantiza los derechos de todos los ciudadanos a hablar su lengua. Sin embargo, la discriminación contra los indígenas andinos y amazónicos continúa existiendo y todavía deben enfrentar prejuicios sociales generalizados.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Muchos factores impiden que los pueblos indígenas puedan participar en la toma de decisiones de asuntos que afectan sus tierras, su cultura, sus tradiciones y la forma en que se utilizan los recursos naturales y por el contrario, estos factores favorecen su exclusión de esta toma de decisiones. La Constitución y una legislación posterior promulgada para implementar las disposiciones relacionadas con las tierras indígenas son menos explícitas en relación con su inalienabilidad y su condición de invendibles que anteriores garantías estatuían. La discriminación intensifica los sentimientos de inferioridad y la sensación de ser ciudadanos de segunda categoría. Muchos indígenas no cuentan con documentos tan básicos como una partida de nacimiento o una libreta electoral que normalmente los identificaría como ciudadanos y les permitiría jugar un rol activo en la sociedad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los pueblos indígenas continúan sufriendo las condiciones de la marginación y la exclusión social, y presentan los peores indicadores sociales y económicos, un escaso reconocimiento cultural y prácticamente sin mayor acceso a las instancias de decisión, aún cuando en este último punto hubo un intento del presidente Toledo al apelar a los derechos de los pueblos andinos y amazónicos. Dentro de la población indígena, la población bajo la línea de pobreza es comparativamente mucho mayor que en el caso de la población no indígena (79% a 50% en el caso de Perú). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las dos principales organizaciones que representan los intereses de la población nativa de la Amazonía son la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). A ellos se suma la presencia nacional activa y destacada que ha alcanzado la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). AIDESEP y CONACAMI consideran que la minería y otras actividades extractivas (forestal y petrolera) están diseñadas en contra del desarrollo de los pueblos indígenas, que son fuente de mayor marginación y pobreza y que las comunidades no comparten ningún beneficio de estas actividades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los pueblos indígenas cuentan a su favor con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyas normas se incluye el concepto de territorio asociado al de pueblo, conceptos importantes para una comprensión integral de las sociedades indígenas. Estas nociones de pueblo y territorio son fundamentales para el reconocimiento de los derechos indígenas, pero son rechazadas por el gobierno y los sectores empresariales que ven alarmados que se pueda impedir la inversión privada y el florecimiento de las industrias extractivas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Los peruanos de ascendencia indígena de la zona andina hablan aymara y quechua, idiomas que son reconocidos como oficiales. Asimismo, ellos son étnicamente distintos que los diferentes grupos indígenas que viven en la amazonía. Los maestros de escuela deben contar con un título que les confiera un estatuto profesional y los acredite como tales; esto creó el temor de que los maestros indígenas perderían sus puestos de trabajo y que el uso continuado del aymara y el quechua como idiomas utilizados para la enseñanza, así como la propia supervivencia de las culturas indígenas, están en peligro. Sin embargo, debido a que muchos maestros titulados no desean trabajar en las zonas rurales, los maestros aymara y quechua hablantes continúan en sus puestos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La población nativa de la Amazonía debe hacer frente a la discriminación. La mayoría de las comunidades mantiene una relación espiritual con sus tierras y el concepto de que sea como un objeto que puede venderse es algo que les es ajeno. A pesar de esto, el único derecho que aún les concede la ley es el de la &quot;imprescriptibilidad de sus tierras&quot;, lo cual evita que el título de tierras pueda ser entregado a algún ocupante no-indígena, por el simple hecho de que este haya vivido en esas tierras por un tiempo considerable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchos otros factores también contribuyen a la marginalización de las personas indígenas dentro de la sociedad. Una infraestructura deficiente en el transporte y en las comunicaciones en la zona andina y en la región de la amazonía dificulta la movilización y la organización política. El aislamiento geográfico de buena parte de la población indígena y la centralización del aparato de gobierno en Lima limitan aún más el acceso y la participación de los indígenas en la sociedad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la amazonía la invasión de las tierras tiene diversos orígenes: colonos intentando ganarse la vida y obtener algún provecho y los últimos focos terroristas en busca de nuevas bases de operación e intereses financieros buscando recursos naturales explotables. Por ejemplo, existen más de 25 yacimientos petroleros y el gas de Camisea puede afectar vitalmente a los pueblos en aislamiento voluntario de la zona. De otro lado, numerosas empresas mineras transnacionales están operando en tierras pertenecientes a los indígenas dentro de la región andina y amazónica, lo que puede determinar la desaparición de sus comunidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En los últimos años, el Estado ha dado una baja prioridad a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas y a la consulta sobre asuntos que afectan su bienestar; durante el actual gobierno del presidente García, la actitud del Gobierno se ha puesto aun más intolerante con los derechos de los pueblos indígenas, desconociéndolos y señalando que defender sus derechos es la aplicación del dicho popular “el perro del hortelano, que ni come ni deja comer” (para el gobierno, dejar comer es dejar que las empresas extractivas se apoderen de los territorios de los pueblos indígenas, sin mayor consulta ni reconocimiento de derechos, en el nombre del progreso y desarrollo del país). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los conflictos de las comunidades campesinas con la actividad extractivo minera tienen tres perspectivas: ambiental, social y económico. En promedio son 13 regiones del país que están en conflicto con la minería y vienen denunciando y exponiendo &quot;los abusos&quot; de las empresas mineras contra las de comunidades campesinas que se han visto impactadas por la actividad minera. En razón de la falta de mecanismos de concertación y diálogo que contribuyan a generar alternativas de solución. Los conflictos se extienden a lo largo del país, sin que hayan logrado resolverse, a pesar del anuncio de la creación de una comisión de alto nivel para resolver estos problemas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;3. Los retos del futuro &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sería importante que la sociedad tenga un mayor conocimiento acerca de la situación de los pueblos indígenas andinos y amazónicos y de las causas que origina la discriminación por razones de raza o etnia. Se podría explicitar este tema en el Acuerdo Nacional y en una futura Reforma Constitucional. Esto supone escuchar a las organizaciones de los pueblos indígenas y no sólo hablar en su nombre, demostrando voluntad política e instituciones que promuevan el respeto de sus derechos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es importante que se impulsen acciones relativas a la mitigación de la pobreza existente entre los pueblos andinos y amazónicos. Esto permitiría abordar las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y su participación en el ejercicio del gobierno local y regional. Se podría sensibilizar a la sociedad y abordar el problema de la falta de representación en la vida pública. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También se debería abordar la cuestión de la seguridad en la tenencia de tierra. Se requiere promover una legislación que proteja los derechos de los pueblos indígenas y ayude al fortalecimiento de sus organizaciones.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se deben realizar acciones encaminadas a apoyar la gestión de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, preservar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y fortalecer la producción y comercialización de productos artesanales tradicionales de las comunidades indígenas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y se necesita impulsar actividades tripartitas para promover la igualdad de oportunidades en el plano nacional, impulsando la realización de consultas a los pueblos indígenas acerca de la aplicación de los instrumentos nacionales e internacionales. Se podría buscar la aprobación de una ley contra la discriminación de los miembros de los pueblos indígenas. Una experiencia en este campo podría ser la revisión de mecanismos alternativos de control y de estándares en actividades extractivas para las comunidades afectadas por la minería que hagan justicia a estos pueblos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lima, 11 de marzo de 2009</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/665598290058609050'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/665598290058609050'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2009/03/la-discriminacion-y-la-pobreza.html' title='La Discriminación y la Pobreza'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-4232748849218490828</id><published>2008-11-20T14:14:00.002-05:00</published><updated>2008-11-20T14:16:17.602-05:00</updated><title type='text'>El derecho a la consulta dentro del marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas</title><content type='html'>El derecho a la consulta dentro del marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Aroca&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Convenio 169 es tratado internacional&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Convenio 169 es un convenio internacional ratificado por el país; entonces tiene carácter de tratado internacional. Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por éste, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Lo más común suele ser que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; los segundos, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De acuerdo al derecho internacional, se aplica el principio “pacta sunt servanda”, locución latina que se traduce como &quot;lo pactado obliga&quot;, que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho internacional, que señala que: &quot;todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe&quot; (según lo señala el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y mismo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986). Este principio, acuñado en épocas de la antigua Roma y según el cual “los pactos deben honrarse”, es una de las bases fundacionales de la confianza que la sociedad deposita en sí misma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobre la aplicación adecuada del Convenio 169, conviene examinar lo que la Comisión de Expertos de la propia OIT ha comentado. La Comisión de Expertos es un órgano de control, compuesto por juristas independientes. Actúa de forma tripartita, compuesto por gobierno, empleadores y trabajadores, una de las principales características de la OIT. Es un órgano de juristas independiente que tiene el objetivo de guiar a los gobiernos, a los estados miembros en la aplicación adecuada de un Convenio, una vez ratificado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pueblos Indígenas&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Convenio 169 se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y tribales. ¿Qué significa “Pueblos Indígenas? ¿Dónde está la diferencia entre pueblos indígenas, grupos étnicos y minorías? No existe una definición internacionalmente aceptada del término “Pueblos Indígenas”. Esta denominación ha alcanzado difusión internacional en el contexto de los debates globales relativos a los derechos de las “minorías étnicas”, “los pueblos tribales”, los “nativos”, los “aborígenes” y las “poblaciones indígenas, que han sido, y siguen siendo, discriminados y marginados como resultado del colonialismo, de los procesos pos-coloniales de constitución de las naciones, del desarrollo y la modernización. A pesar de que no existe una definición única y libre de ambigüedades, el término “pueblos indígenas” ha sido adoptado por un gran número de gobiernos, agencias internacionales y, sobre todo, de movimientos de pueblos que se auto-identifican como indígenas para lograr el reconocimiento de sus derechos en el marco de la jurisdicción internacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De los análisis y los informes producidos por instituciones académicas, bancos internacionales, organizaciones internacionales y redes indígenas emergen algunos criterios aplicados a menudo para caracterizar a los a “pueblos indígenas”:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Grupos humanos que ocupaban un determinado territorio antes de la colonización por parte de un Estado.&lt;br /&gt;• Grupos que viven en una área incluida en el territorio de un Estado-Nación, anteriores a la formación de dicho Estado, y que no se identifican con la cultura nacional dominante.&lt;br /&gt;• Los descendientes de unos de esos dos grupos.&lt;br /&gt;• Grupos que se Auto-denominan indígenas.&lt;br /&gt;• Continuidad histórica con las sociedades pre-coloniales.&lt;br /&gt;• Vínculos fuertes con el territorio y la naturaleza.&lt;br /&gt;• Sistema social, político y económico distinto del sistema dominante.&lt;br /&gt;• Distinto idioma, cultura y sistema de creencias.&lt;br /&gt;• Grupos que forman sectores no-dominantes de las sociedades.&lt;br /&gt;• Vínculo con un territorio específico, ancestral y con los recursos peculiares de ese territorio.&lt;br /&gt;• Mantenimiento de identidades culturales y sociales, y de instituciones políticas, económicas y culturales distintas de las sociedades o culturas dominantes.&lt;br /&gt;• Descendencia de grupos de población presentes en un área específica, sobre todo antes de la creación de los modernos Estados y el diseño de las fronteras actuales.&lt;br /&gt;• Auto-identificación como parte de un grupo cultural indígena específico y deseo de preservar esa identidad cultural.&lt;br /&gt;En general, estos criterios reenvían a dos líneas teóricas principales: por una parte la caracterización de los pueblos indígenas como pueblos “nativos”, originarios de un determinado territorio; por otra parte la definición de “indígena” a partir de la auto-identificación y del concepto básico de auto-determinación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Artículo 1 del Convenio 169 establece que “La auto-identificación como indígena o tribal deberá considerarse el criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplicarán las provisiones contenidas en esta Convención”. Este criterio ha sido retomado en muchos otros instrumentos internacionales y por muchos pueblos indígenas y tribales. El uso, tanto en los instrumentos oficiales como en la auto-denominación, de los términos “indígena” o “tribal”, (u otros como “nativo”, “aborigen”, “minoría étnica”), varía de una Región del mundo a otra. En general, el uso de la palabra “indígena” se refiere particularmente a los habitantes de las Américas, Australia y el Pacífico, mientras que el término “tribal” es más común en África y Asia. La expresión “pueblos tradicionales”, también utilizada en la Convención de la OIT, se refiere a “comunidades locales con estilos de vida tradicionales”, así como aparece en el Artículo 8j del Convenio sobre Diversidad Biológica. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la cultura política contemporánea reciente ha venido creciendo la importancia por el respeto a los derechos humanos en general. Hay una toma de conciencia creciente acerca de los pueblos indígenas, de sus derechos particulares y no solamente de los derechos humanos en general. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir del estudio y del análisis de las principales demandas de los indígenas, tanto las de carácter ancestral como las que han surgido, reformuladas o vigorizadas en los últimos años en foros nacionales e internacionales y recogidas en documentos de ese origen, les presento un resumen desagregado de los derechos de los pueblos indígenas, los cinco derechos que, se considera, constituyen la síntesis de estas demandas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Son cinco conjuntos de derechos, de múltiple derivación, ordenados en secuencia lógica y con un sentido de filiación interior:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;i) El derecho a ser reconocidos como pueblo, con identidad propia y con derechos históricos que se derivan de esa condición. &lt;br /&gt;ii) Como consecuencia de lo anterior, el derecho -que su reconocimiento como pueblo de larga presencia histórica- les da a la tierra y al territorio.&lt;br /&gt;iii) Como consecuencia de los dos anteriores, el derecho a ejercer formas de autogobierno y administración, propias. &lt;br /&gt;iv) Como consecuencia de los tres anteriores, el derecho al reconocimiento y el ejercicio de un derecho consuetudinario, propio. &lt;br /&gt;v) Finalmente, como efecto de todo lo anterior, el derecho a participar y decidir en la determinación de las políticas nacionales que les afectan. Como puede verse, este conjunto de reivindicaciones no admiten una clasificación tradicional y aunque tienen que ver de manera directa e inmediata, como contenido, con los llamados derechos humanos, que se interesan básicamente por el derecho a la vida y a la seguridad, a la vida con dignidad y reconocimiento social, están más allá y más acá. Atender y respetar los cinco derechos de los indígenas contribuiría a crear condiciones para la vida de ellos, con respeto y dignidad. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los derechos de los pueblos indígenas constituyen una unidad comprensiva de los llamados derechos de primera, segunda o tercera generación, y que respaldan los derechos económicos, sociales, los políticos, lo relativo a un medio pacífico, a un ambiente limpio, etc. Pero todos ellos tienen esencialmente un carácter individual. Estos otros, como unidad compleja y múltiple, son reivindicaciones histórico-colectivas que, al instrumentalizarse, tendrían efectos particulares y sin duda revolucionarían las relaciones entre la sociedad, y su correspondiente Estado, con los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Consulta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El artículo 6 del Convenio 169 es un artículo central, como el artículo corazón del Convenio. Este artículo tiene dos disposiciones o requerimientos. Una es la necesidad de hacer participar a los pueblos indígenas interesados en todas las medidas que podrían afectarle directamente. Entonces, se necesita un programa, una disposición de carácter administrativo que es susceptible de afectar directamente. Eso es muy importante. No se necesita consultar sobre todos los temas que el Gobierno podría discutir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La segunda condición es la consulta. Esa es una condición con la que tienen muchos problemas todos los Estados miembros para su aplicación, porque el Convenio mismo no dice cómo se lleva a cabo una consulta. Solo dice que se deberían llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas y tribales interesados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si se examinan los comentarios de la Comisión de Expertos, es evidente que no dice cómo se hace una consulta. Explica más o menos el marco para mantener debates y negociaciones entre el Gobierno y los pueblos indígenas y tribales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Cuál es el objetivo de la consulta? El objetivo es llegar a un acuerdo, a un consenso. Dicho esto, al contrario, no indica que los pueblos indígenas y tribales tienen un derecho de veto. Eso es muy importante saberlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta no es un evento único. Es un proceso. Este proceso debería iniciarse antes de adaptar una norma legal, una disposición administrativa o programas. ¿Cuáles son los elementos de una consulta? Primero, para entrar en estos procesos de consulta, los pueblos indígenas y tribales necesitan tener a su disposición la información debida y completa. Con frecuencia, eso es un problema porque solo reciben el último desarrollo, una información muy fragmentada que no les permite influenciar una decisión que esté por tomar el Gobierno. Este proceso de consulta debe ser específico para cada circunstancia y características especiales de un determinado grupo o comunidad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No hay una receta específica sobre la consulta. Depende mucho de las características, de las circunstancias que viven los pueblos indígenas en el país. Se puede necesitar diferentes medidas para iniciar un proceso de consulta en un pueblo indígena, por ejemplo, en los andes del país puede ser de un modo distinto que en la amazonía del país. Entonces depende realmente de cada pueblo indígena como se entra en un proceso de consulta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una consulta necesita varias reuniones; no solamente una. Varias, porque es un proceso. La reunión que forma parte de la consulta podría ser, por ejemplo, con los ancianos de una comunidad nativa awajún o ashaninka. Como ellos, con frecuencia, no hablan castellano se necesita una traducción. Esta condición de ofrecer una traducción en su idioma materno, es la expresión del requisito de buena fe que indica específicamente el Convenio. Además, respecto del principio de buena fe, supone mandar u ofrecer a los representantes de los pueblos indígenas y tribales documentos que contienen toda la información completa que indica cuáles son las verdaderas metas de una acción; cuáles son los antecedentes, el desarrollo de los acontecimientos en el tiempo, todos estos elementos se deben ofrecer a los representantes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un elemento que representa o que tiene más problemas en todos los países que han ratificado el Convenio 169 es el problema de la representatividad. La representatividad es determinar quién representa una comunidad, en particular. Puede ser un consejo de indígenas. Puede ser un consejo en el seno de una comunidad. Depende de la estructura de cada pueblo indígena y tribal. Por eso es que el Gobierno, antes de entrar en consultas, necesita establecer criterios para determinar la representatividad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con mucha frecuencia en algunos países, el gobierno lleva a cabo consultas con personas que reclamaban la representación de los indígenas, pero en realidad no eran representantes de los indígenas. Entonces, si el gobierno no consulta con las buenas personas todo el proceso de consulta queda inválido. Por último, la Comisión de Expertos dice que se debería determinar un mecanismo de consulta. Antes el gobierno debería establecer un programa, una metodología de cómo piensa llevar a cabo estas consultas para dar efecto y aplicar esta condición del Convenio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Convenio 169 tiene una filosofía muy clara que se puede resumir en dos o tres palabras. Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, tradiciones y el derecho de los pueblos indígenas de vivir según sus costumbres. Para llegar a esta meta los gobiernos y los pueblos indígenas tienen que encontrar un acuerdo, un consenso, para vivir de manera pacífica y en armonía dentro de un Estado. Es un Convenio muy completo que se refiere a todos los aspectos de la vida de los pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, para llegar a una adecuada aplicación de todos estos componentes, siempre es importante consultar, entrar en contacto y discutir cómo llegar a un consenso. De esta manera, el mero hecho de consultar —según la filosofía de este Convenio— muestra el respeto para las culturas distintas, tradiciones distintas a nuestra vida moderna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si me permiten, quisiera subrayar la importancia de que el proyecto de ley sea consultado previamente a las comunidades indígenas del país. Para no violar la Resolución Legislativa 26253, que ratificó el Convenio 169 de la OIT. Los artículos 6 y 7 del Convenio 169 establecen la obligación de los gobiernos de consultar “previamente” a los pueblos indígenas, siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente, y consagra el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La consulta tiene como objeto asegurar la protección de la integridad étnica, económica, social y cultural de las comunidades indígenas, y éste derecho se hace efectivo a través del derecho a su participación efectiva y activa en la toma de decisiones que puedan afectarlas. Se debe realizar la consulta creando relaciones de comunicación y entendimiento signadas por el respeto mutuo y la buena fe, tendientes a buscar que la comunidad tenga conocimiento pleno del proyecto, que sea enteramente ilustrada sobre la manera como este puede afectar su cohesión social, que se le dé la oportunidad para valorar libremente y a conciencia las ventajas y desventajas del proyecto sobre su organización social, ser oídas sus inquietudes para lograr una activa y efectiva participación en la toma de decisión que se haga; y no una intervención tangencial y parcial en el proceso. Además la decisión debe ser razonada y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la integridad social, cultural y económica de la comunidad indígena&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No tienen valor de Consulta la información o notificación que se haga a la comunidad sobre un proyecto de ley o, por ejemplo, de actividad extractiva, sino que deben cumplirse las directrices señaladas, ya que están de por medio los altos intereses públicos. Igualmente la OIT establece que sólo puede considerarse Consulta previa el procedimiento que “dé a los consultados la oportunidad de manifestar sus puntos de vista e influenciar la toma de decisión” y que se debe asegurar que las comunidades “comprendan cabalmente las consecuencias de los programas de desarrollo sobre sus estrategias de vida, organización social, económica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El veto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La palabra veto procede del latín y significa literalmente [yo] prohíbo. Se utiliza para denotar que una determinada parte tiene el derecho a parar unilateralmente una determinada pieza de legislación. Un veto, por tanto, proporciona poder ilimitado para parar cambios, pero no para adoptarlos. En los Estados Unidos, el presidente tiene la capacidad de vetar la legislación que ha pasado por el Congreso, pero este derecho no es absoluto. Una mayoría cualificada de 2/3 de ambas cámaras puede aprobar una ley, incluso contra un veto presidencial; no obstante, si la ley propuesta tiene solamente mayoría simple, el veto del presidente es decisivo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el Consejo de Seguridad de la ONU, los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) tienen derecho a veto. Si alguno de estos países vota contra una propuesta, la misma queda rechazada, incluso aunque el resto de miembros haya votado a favor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es claro que el Convenio 169 no confiere derecho a veto alguno a los pueblos indígenas. El Convenio especifica que no debe tomarse ninguna medida contraria al deseo de los pueblos indígenas y tribales, pero esto no significa que en caso de desacuerdo nada puedan hacer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De lo que se trata en virtud del Convenio, es de establecer un canal de comunicación y que se conozca cuál es la posición de las comunidades, la doctrina jurídica en ese sentido está sustentada también por el derecho comparado en esta materia, no le da a la consulta la condición de posibilidad de veto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En otras palabras, el derecho a la consulta no equivale al derecho de veto, el derecho a una consulta es el espacio abierto por los instrumentos internacionales, que en este caso han sido además aprobados en el Perú, ratificados por el Estado peruano para que las comunidades intervengan, participen, se conozca su posición, se tomen las medidas correspondientes y se desista, por ejemplo, del proyecto extractivo, si en efecto existen razones de fondo, que obligarían razonablemente a desistir de eso. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Consentimiento Previo Libre e Informado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como ha sido reafirmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, realizada en la ciudad de Viena en 1993, los derechos humanos son indivisibles. Los derechos políticos, sociales, culturales, económicos y civiles están todos interrelacionados y constituyen la base para la justicia, la equidad y la dignidad humana. También los derechos de los pueblos indígenas son de considerarse indivisibles. De ahí que el derecho a la tierra representa sólo uno de los elementos cruciales para su existencia y su desarrollo. Para los pueblos indígenas, la posesión, el control y el acceso a sus tierras, territorios y recursos naturales es sólo un aspecto de su derecho a la auto-determinación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La propiedad indígena de la tierra no puede ser analizada sin tomar en cuenta el contexto más general en que se enmarca ya que el funcionamiento de los sistemas de posesión colectiva de la tierra son directamente influenciados por la medida en que las comunidades tienen un reconocimiento legal, la cultura indígena es respetada y el derecho tradicional es aplicado. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cabe destacar que el reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos indígenas al territorio y a los recursos naturales pasa por garantizar el derecho de las comunidades indígenas a participar en los procesos decisorios en los ámbitos que les afectan. El derecho a al participación es afirmado en la Convención de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos y en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Asimismo, la declaración de 1986 sobre Derecho al Desarrollo afirma (en el artículo 2) que éste incluye “la participación activa, plena y libre en el desarrollo”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el caso de los pueblos indígenas, el principio básico para garantizar su participación en las decisiones que les afectan es el Derecho al consentimiento previo, libre e informado, (CPLI) que ha sido reconocido y aceptado por un buen número de organizaciones internacionales e intergubernamentales y que, cada vez más, forma parte del derecho de los Estados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchos de los proyectos creados para desarrollar los recursos, ejecutados por los estados o por empresas privadas, representan una amenaza particularmente aguda para los derechos de los pueblos indígenas y su bienestar. Estos proyectos y operaciones han tenido y siguen teniendo un impacto devastador en los pueblos indígenas, menoscabando su capacidad de auto-sostenimiento físico y cultural. Normalmente, las decisiones respecto a cuándo, dónde y cómo explotar los recursos naturales se justifican en nombre de los intereses de la nación, los cuales suelen ser interpretados como el reflejo de los intereses de la mayoría. Sin embargo, tal como anota el Informe del Banco Mundial sobre la revisión de las Industrias Extractivas del año 2004, “cuando un gobierno le concede a una empresa el derecho legal para explotar los recursos en territorios específicos, los lugareños y pueblos indígenas suelen ser desalojados de sus tierras tradicionales o pierden el derecho de acceso a la tierra que quizá posea un significado cultural y de sobrevivencia para ellos. Siempre que esto suceda sin un proceso de diálogo y sin el consentimiento de quienes viven en dichos territorios, se pone en riesgo la continuidad de la vida de las comunidades y sus normas culturales, además de desunirlos de sus fuentes de subsistencia&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El proceso CPLI garantiza el reconocimiento y respecto de los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Asimismo, establece los fundamentos para asegurar que los pueblos indígenas se vayan a beneficiar de todo proyecto extractivo o de desarrollo ejecutado en sus tierras y que los impactos negativos vayan a ser adecuadamente evaluados, evitados y mitigados. El CPLI también conforma una parte integral del requerimiento expreso del sector privado, de obtener una ‘licencia social’ para poder operar. La obtención de dicha licencia social no es posible sin el acuerdo mayoritario de las personas afectadas, comunidades y pueblos indígenas, y por lo tanto, de no conseguir este ‘permiso’, la industria estaría operando en contravención de sus propios principios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De acuerdo al derecho internacional, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones y de prestar o denegar su consentimiento a todas las actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o derechos en general. Reconociendo el papel clave del derecho a la participación en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo (Art.23) y que tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos y los Estados que ratificarán la Convención deberán celebrar consultas con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado (Art. 19).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Finalmente, quiero mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, del 28 de noviembre de 2007, como un importante precedente jurídico internacional relacional al CPLI. La Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones. Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones. Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/4232748849218490828'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/4232748849218490828'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2008/11/el-derecho-la-consulta-dentro-del-marco.html' title='El derecho a la consulta dentro del marco del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-2496503831032691608</id><published>2008-11-01T11:59:00.005-05:00</published><updated>2008-11-03T09:18:03.010-05:00</updated><title type='text'>Las Industrias Extractivas en América Latina</title><content type='html'>Las Industrias Extractivas en América Latina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Aroca&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Preparado para el Seminario Internacional “Cambio y continuidades en la era ‘postneoliberal’: Estado, economía y desarrollo”, realizado en La Paz, Bolivia, los días 29y 30 de octubre de 2008, en la Mesa sobre ‘Crisis del neoliberalismo y el nuevo rol del Estado (RR.NN, transnacionales y procesos de nacionalización)’&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Introducción&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La extracción de los recursos naturales es una de las actividades económicas más importantes que ocurre en muchos de los países de la Región de América Latina. Con frecuencia, esas zonas están caracterizadas por la degradación ambiental, el desplazamiento de comunidades aledañas a las operaciones extractivas y la violación de los derechos humanos. En estas circunstancias, los países económicamente fuertes apoyan a sus empresas transnacionales en negociaciones cuestionables para extraer recursos naturales en los países de la Región. Este es el escenario de las industrias extractivas, donde se produce una disputa por la extracción de los recursos naturales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El neoliberalismo en América Latina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El neoliberalismo hace referencia a una política económica que considera contraproducente el excesivo intervencionismo estatal en materia social y defiende el libre mercado como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. El neoliberalismo es la ideología política y económica de las grandes empresas transnacionales que ha distorsionado la realidad para favorecer intereses concretos de países desarrollados y grupos económicos emergentes que efectuaron saqueos de empresas estatales en América Latina, hace 30 años. En el contexto actual las empresas transnacionales de origen estadounidense y europeo han evolucionado como las impulsoras de las agendas políticas, privilegiando relaciones inequitativas y poco beneficiosas para los países en desarrollo. Mientras los gobiernos del norte han extendido su apoyo político y económico a sus empresas transnacionales, las Naciones Unidas han perdido relevancia y las alianzas sur-sur han perdido espacio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;América Latina ha crecido a ritmos decepcionantes durante las últimas décadas. Mirando los últimos dieciocho años, tras la implementación de las políticas de estabilización macroeconómica, liberalización de mercados y privatización, América Latina no ha crecido en términos per cápita. Por ello, los planteamientos provenientes de los organismos multilaterales, que responden a soluciones técnicas, han demostrado ser ineficientes para impulsar un crecimiento sostenible en el tiempo. El modelo neoliberal orientado hacia las exportaciones, combinado con las políticas de ajuste estructural, es el responsable de la pérdida de la seguridad alimentaria a nivel nacional y del empobrecimiento de sectores como los campesinos e indígenas. Las políticas neoliberales no han sido convenientes para los latinoamericanos. En varios países de la Región esas políticas se han traducido en un viraje hacia propuestas contrarias al bienestar general.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay que recordar que varios gobiernos latinoamericanos durante los años noventa estuvieron marcados por políticas neoliberales y aplicaron políticas económicas producto del “Consenso de Washington”, iniciando una época que ha caracterizado a países como Perú, Colombia, Chile y Uruguay hasta ahora. Con el “Consenso de Washington”, se determinó el manejo público de gestiones económicas y la definición de políticas internacionales, dentro de las cuales se terminó favoreciendo la explotación de recursos naturales por parte de empresas transnacionales extractivas. El “Consenso de Washington” surgió para procurar un modelo más estable, abierto y liberalizado para los países de América Latina; pero el tiempo ha demostrado el fracaso de esas políticas neoliberales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La crisis financiera mundial ha provocado una desaceleración del crecimiento económico. En efecto, el crecimiento económico de América Latina en el 2009 podría reducirse más de lo previsto, en medio de una caída de los precios de las materias primas que constituyen los motores de varios países de la Región, según ha reconocido el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que en octubre del 2008 ha anticipado que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina se desaceleraría a un 3,2 % en el 2009. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Además, parece que se ha llegado al término del &quot;superciclo&quot; global en los precios de las materias primas, que ahora amenaza con golpear a América Latina más fuertemente, disminuyendo los ingresos por exportaciones y presionando los gastos fiscales de la Región. Por ejemplo, el precio del cobre, el pilar del crecimiento de Chile en los últimos años, ha caído sustantivamente; durante tres años tuvieron precios alrededor de los US$ 3.00 la libra, pero ahora, el precio está en US $ 1.80 la libra de cobre. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Banco Mundial, el FMI y el G-8 impusieron medidas integrales que apuntan a acelerar el pago de las deudas externas; estas medidas han implicado reformas en los países en desarrollo, incluidos programas de ajuste estructural, liberalización económica, reducción de impuestos, y privatización de empresas y activos públicos. Los principales beneficiarios de estas medidas han sido las empresas transnacionales. Hay un número cada vez mayor de personas pobres y una mayor polarización entre ricos y pobres. La carga cada vez más grande de la deuda externa empuja a los países en desarrollo a volverse exportadores de capital. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antes del estallido de la crisis financiera mundial, el auge de la globalización financiera había dado paso a una renovada globalización comercial, debido a la aparición de China e India como crecientes demandantes de bienes primarios (como petróleo, metales, productos agrícolas producidos en América Latina), y que impulsaron los precios de los commodities. Estados Unidos ha sido hasta ahora otro factor mundial, con gran cambio tecnológico y mayor productividad, mientras que las guerras del petróleo en Medio Oriente, han llevado, en su momento, al precio del crudo a récords de precios insospechados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ahora, el FMI teme que las economías exportadoras de petróleo, en América Latina, serán duramente afectadas. El FMI ha advertido que los gobiernos de América Latina deben poner en práctica medidas compensatorias para evitar que 26 millones de latinoamericanos caigan en la indigencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La industria del petróleo pertenece al área de la crisis financiera mundial. Hasta hace sólo unos meses, los precios habían alcanzado niveles récord. Los precios del crudo de petróleo superaron los US$ 140 el barril en julio de 2008. Sin embargo, las recientes noticias son preocupantes; a mediados de octubre de 2008, el crudo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) se cotizaba a US$ 63,34 por barril.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El nuevo rol de Estado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mayoría de los estados latinoamericanos se han basado en los principios de la democracia liberal y representativa. Esta misma concepción ha servido de sustento legal al “Consenso de Washington”. En ese sentido los estados han sido concebidos y funcionado dentro de la estructura de separación de poderes, con una tendencia hacia el reforzamiento institucional de los presidentes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La democracia representativa es formal; en ella, el pueblo sólo puede votar por un “representante”, al cual termina entregando un “cheque en blanco” para 5 ó 6 años, el tiempo que duran los mandatos de los presidentes en América Latina. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El rol de los congresos hace tiempo ha dejado de ser real porque son los consejos de ministros los que aprueban las leyes al amparo de delegaciones legislativas; esto supone que las leyes terminan siendo elaboradas, discutidas y aprobadas por tecnócratas. Los congresos deberían ser foros de debate en función del interés del pueblo porque el acto legislativo debe ser público. Esta condición del proceso legislativo debería asegurar la participación ciudadana, en la medida que facilita el acceso a la información a través de la prensa, de las sesiones públicas, de la invitación a sectores representativos o interesados por la legislación para ser consultados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mayoría de los estados latinoamericanos se han caracterizado por poseer una estructura poco democrática, más bien centralista y con gobernantes inclinados a hacerse de la vista “gorda” de los serios problemas de discriminación que han afectado a campesinos e indígenas. Habría que recordar que los Estados, en el pasado, asumían un papel regulador con control sobre sus recursos a través de las empresas energéticas estatales. Posteriormente, y por imposición de los programas de ajuste estructural, derivados del “Consenso de Washington”, cedieron este control a empresas transnacionales mediante contratos leoninos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;América Latina requiere, entonces, de que se adopten decisiones que permitan un desarrollo más cabal, no sólo económico sino desarrollo social y político. El neoliberalismo no ha podido responder a los problemas centrales de la Región: la pobreza, el pluralismo cultural y la diversidad racial y la violencia. Ante el declive del modelo económico neoliberal, en los últimos años se ha venido caminando a una estrategia económica &quot;neodesarrollista&quot;, post-Consenso de Washington, que quiere apostar al regreso del Estado dentro de la economía; a la diversificación desde un modelo de exportación primario basado en exportaciones de gas y minería hacia un modelo de desarrollo económico de base más ancha. Se espera que ese otro modelo resulte en una mayor solvencia fiscal y en una mayor capacidad estatal para enfrentar la pobreza, la desigualdad y la redistribución de la riqueza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El “neodesarrollismo” es una corriente de pensamiento que está empezando a servir para encarar al neoliberalismo en América Latina. Esta corriente es seguida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que propone una política soberana y de integración regional. Esto está en la línea bolivariana, también conocida bajo el nombre de “Socialismo del Siglo XXI”, puesta en marcha por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. A su vez, algunos analistas identifican al presidente Chávez con una &quot;izquierda nacionalista&quot; a la que también pertenecería el presidente de Bolivia, Evo Morales. Los anteriores gobernantes tienen alguna afinidad con los presidentes Lula da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Bolivia se está aplicando una política de hidrocarburos que ha supuesto la recuperación de los recursos y la refundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ha suscrito contratos de operación aprobados por el Congreso y por lo tanto, contratos transparentes, con empresas petroleras privadas, al amparo de la legislación vigente desde el año 2005. La nacionalización de los recursos bolivianos supone la recuperación de la propiedad para combinar una política interna que garantice el abastecimiento nacional de gas, petróleo y derivados, así como una política externa que consolide sus mercados de exportación y afirme a Bolivia como centro gasífero en América Latina. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El problema de la disputa por el control de los recursos naturales&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;América Latina es una Región extractiva. El “boom” de los hidrocarburos ha producido que diferentes empresas se ubiquen en poblados rurales a fin de explorar y luego extraer minerales, petróleo o gas. Como consecuencia de su accionar, las poblaciones que viven alrededor de las operaciones extractivas, han sufrido contaminación de sus recursos naturales. Las industrias extractivas suelen ocupar áreas habitadas por comunidades indígenas. Un estimado de 70% de la producción mundial de cobre se extrae de territorios de pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por ejemplo, en el Perú, la tercera parte de las comunidades andinas afronta concesiones mineras dentro de sus territorios. En las tierras amazónicas peruanas, las concesiones de gas y petróleo cubren 30 millones de hectáreas (equivalente a 39% de los bosques húmedos tropicales del país). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Bolivia más de 100 comunidades andinas han reportado daños directos provenientes de la contaminación química causada por las actividades mineras. Las concesiones de petróleo y gas cubren cerca de 18% de la Amazonía boliviana. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Ecuador, las zonas petroleras, sobre todo en la Amazonía, fueron divididas en 25 &quot;bloques&quot;, que se han otorgado en concesión a una variedad de compañías transnacionales y a la estatal Petro Ecuador; el impacto de estas actividades sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales, sobre todo indígenas, ha sido considerable y ello ha generado situaciones de tensión y conflicto entre algunas comunidades indígenas, las empresas petroleras y el estado ecuatoriano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las comunidades afectadas por las industrias extractivas son persistentemente pobres. En Bolivia, Ecuador y el Perú las comunidades afectadas por la explotación minera y de hidrocarburos suelen ser rurales, indígenas y pobres. La pobreza en estas comunidades es crónica. Si estas comunidades afectadas lograran salir de la pobreza de una manera sostenible, esto cambiaría el rostro de la pobreza en América Latina. Sin embargo, las comunidades rurales, sobre todos los pueblos indígenas, vienen sufriendo de condiciones de marginación y exclusión social, presentando los peores indicadores sociales y económicos, un escaso reconocimiento cultural y sin mayor acceso a las instancias de decisión.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En la base de esta situación se ubica la disputa redistributiva. El modelo económico neoliberal acreciente esta disputa e incrementa la vulnerabilidad de las personas afectadas. La disputa por el territorio y los recursos naturales (agua, tierra, minerales, petróleo y gas) que ponen en riesgo los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones rurales, al priorizar a las grandes inversiones privadas, haciendo insostenible a los países de América Latina en el largo plazo. La principal disputa está planteada por el control de los recursos naturales no renovables, que cada día son más escasos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las más serias implicancias son el incremento de la pobreza y la exclusión, junto con la creciente polarización entre ricos y pobres, tanto entre países como dentro de ellos. La desigualdad social está creciendo especialmente rápido en los países en desarrollo que dependen de la explotación minera y de hidrocarburos como principal sector exportador. Un total de 50 países del mundo se caracterizan por su dependencia de la exportación de hidrocarburos y minerales. Juntos registran 1,500 millones de habitantes que viven con menos de dos dólares al día. La lista de países pobres altamente endeudados incluye 12 países dependientes de minerales y seis países dependientes del petróleo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todo lo dicho confirma la paradoja de la “maldición de los recursos”, es decir que los estados dependientes de las ganancias del petróleo, gas y minería son más propensos al conflicto, a la poca gobernabilidad y a un crecimiento económico reducido, que aquellos sin tales recursos. La “maldición de los recursos” o “la paradoja de la abundancia” se refiere al hecho de que la mayoría de Estados que dependen de los ingresos generados por la exportación de petróleo o minerales, se encuentran económicamente inestables, corruptos y conflictivos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque son diversos factores que explican esta “maldición”, la falta de transparencia en las industrias extractivas es un punto de partida importante. Estas actividades se ubican entre las más lucrativas del mundo, pero también entre las menos transparentes. La mayoría de empresas en estos sectores no publica lo que paga a los gobiernos, y la mayoría de los Estados exportadores no revela lo que recibe ni lo que gasta. Esto significa que grandes cantidades de dinero son virtualmente imposibles de fiscalizar –la receta perfecta para la corrupción y el despilfarro–. La corrupción en los países exportadores de petróleo es notablemente mayor que el promedio mundial. Esta corrupción, a su vez, aumenta los costos de transacción para hacer negocios, influye negativamente en el nivel de inversión extranjera directa, reduce la productividad del gasto y afecta a las decisiones de inversión en forma perversa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La abundancia de recursos extractivos de exportación también se asocia con la presencia de la denominada “enfermedad holandesa”, concepto que ayuda a explicar por qué las economías que no se diversifican en períodos de bonanza, pueden sufrir consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo en los ingresos de un país. Para evitar esas malas consecuencias, los países deben dotarse de los medios necesarios para amortiguar el impacto de las crisis internacionales.&lt;br /&gt;Los países de América Latina que dependen de los recursos naturales como los minerales, el petróleo y el gas, podrían evitar los efectos de la “enfermedad holandesa” si aplican las políticas públicas apropiadas, para administrar la bonanza económica. Lamentablemente, la mayoría de países que basan sus ingresos en rentas provenientes de actividades extractivas de exportación suelen padecer de severas deficiencias institucionales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El rol de las empresas transnacionales de hidrocarburos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las empresas transnacionales son las que no solo están establecidas en su país de origen, sino que también se constituyen en otros países, para realizar sus actividades mercantiles no sólo de venta y compra, sino de producción en los países donde se han establecido. Las empresas transnacionales acumulan o reproducen su capital, en un espacio compuesto por varios países. Aseguran mediante flujos de inversión extranjera directa, el control sobre las unidades reproductivas situadas en el exterior y derivando de ellas un flujo estable de ganancias. Actualmente, proceden en su mayoría de las economías de los Estados Unidos y de la Unión Europea.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;América Latina presenta un amplio espectro de industrias extractivas, desde tradicionales a hipermodernas. En estos países la explotación del petróleo y el gas está en manos de grandes empresas extranjeras. Las empresas transnacionales se han vuelto el segmento más importante en términos de cifras de exportación e ingresos tributarios. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La industria petrolera en América Latina, en general, ha estado en manos de transnacionales británicas y estadounidenses. Las relaciones entre éstas y los gobiernos de la Región han sido conflictivas. Para la década de 1970, esa industria ya había sido nacionalizada; sin embargo, ello no implicó mayores pérdidas para las transnacionales, ya que éstas controlaban la tecnología y el mercado y mantuvieron una presencia en el proceso. Posteriormente, en varios países latinoamericanos, se concedieron lotes petroleros para la explotación por parte de empresas transnacionales. En no pocos, casos, las empresas transnacionales petroleras han estado vinculadas a escándalos, contaminación ambiental, daño a la salud de la población, problemas de corrupción que aumentan los costos de transacción para hacer negocios, e influyen negativamente en el nivel de inversión extranjera directa, reducen la productividad del gasto y afecta a las decisiones de inversión en forma perversa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Algunos casos negativos en los que han estado involucradas empresas transnacionales que se pueden mencionar son los siguientes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El caso Texaco. Cuando Texaco, una empresa petrolera estadounidense, se retiró del Ecuador, dejó tras de sí una contaminación de tal magnitud que ha merecido el título de “el crimen ambiental del siglo”. Hoy en día los habitantes afectados por esta catástrofe exigen justicia. Las provincias del noreste ecuatoriano padecen aún las consecuencias del desastre ambiental y de salud pública causado años atrás por la empresa petrolera Texaco. Un grupo de abogados, en representación de unas 30,000 personas afectadas por el desastre ambiental, han presentado demandas judiciales en los Estados Unidos y en Ecuador en contra de la que hoy se denomina Chevron-Texaco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los demandantes afirman que durante 20 años la compañía depositó cuatro millones de galones de agua con desechos tóxicos en varias fuentes de agua de esta región amazónica y en depósitos que no contaban con membrana aislante de protección. Se estima además que la petrolera dejó abiertos 600 depósitos de desechos y 339 pozos de petróleo y derramó 16.8 millones de galones del crudo directamente en el medio ambiente. Esta última cifra equivale a seis millones de galones más que la cantidad de crudo derramada en Alaska por el buque petrolero Exxon Valdez, en 1989. Existe ahora la esperanza de que la justicia ecuatoriana haga justicia a los demandantes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El caso Enron. Enron Corporation fue una empresa de energía estadounidense que empleaba cerca de 21.000 personas hacia mediados de 2001 (antes de su quiebra). Una serie de técnicas contables fraudulentas, apoyadas por su empresa auditora, Arthur Andersen, permitieron a esta empresa estar considerada como la séptima empresa de los Estados Unidos, y se esperaba que siguiera siendo empresa dominante en sus áreas de negocio. En lugar de ello, se convirtió en el más grande fraude empresarial de la historia y en el arquetipo de fraude empresarial planificado. En Bolivia, los cuestionamientos sobre las operaciones de Enron no se hicieron esperar; se cuestionó seriamente la participación de la empresa en el gasoducto Bolivia-Brasil. De hecho, se ha denunciado que la empresa obtuvo una importante participación accionaria en este proyecto sin haber hecho grandes esfuerzos, sólo se presentó como el socio estratégico del Estado boliviano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El caso Discover Petroleum. El 5 de octubre de 2008 –con la presentación pública de audios de conversaciones entre un ex ministro del Primer Gobierno del Presidente García en el Perú y actual lobbysta y un miembro del Directorio de PerúPetro (la entidad estatal encargada de asignar en concesión de 5 lotes para exploración y explotación de hidrocarburos)- explotó un escándalo de corrupción. Los lotes habían sido entregados en concesión de a la empresa noruega Discover Petroleum, asociada a la empresa estatal PetroPerú, encargada de la refinación de petróleo y la distribución interna de gasolina a parte del mercado nacional, y ahora interesada en regresar a las actividades de exploración y explotación de las que fue retirada en el marco de la privatización de los 90. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De los audios se desprende que ambos personajes habían buscado favorecer a la Discover Petroleum a cambio de pagos mensuales. Pero se desprende también que el Ministro de Energía y Minas estaba al tanto de estos hechos y aconsejaba a los involucrados en cómo proceder mediante testaferros, y se insinúa que el Primer Ministro podría haber estado involucrado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como consecuencia del escándalo se generaron las renuncias del Ministro de Energía y Minas y del Presidente del Directorio de PetroPerú y, después, del Primer Ministro y todo el gabinete. Se suspendió la suscripción de los contratos con Discover Petroleum, la misma que ha anunciado su retiro definitivo del Perú. Por su parte, desde la Presidencia de República se nombró a un nuevo Primer Ministro que es conocido por su honestidad personal y se anuncia que la lucha contra la corrupción será central en la agenda política del gobierno. Sin embargo, se han planteado también interrogantes sobre si el cambio de Ministro en el sector de energía y minas significará cambios en las políticas en el sector. No parece porque el nuevo Ministro Pedro Sánchez, tuvo un rol preponderante en las privatizaciones energéticas de los 90 y apunta a mantener en pie las políticas en curso de fomento a las grandes inversiones privadas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Más allá de la crisis política resultante de este escándalo interesa resaltar algunos temas que se han colocado en la agenda política del sector extractivo a raíz de estos hechos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El primero tiene que ver con la transparencia en el proceso de concesiones de lotes para exploración y explotación. ¿Con que criterios se califica a las firmas interesadas? ¿Con que criterios se les asigna lotes? ¿Quiénes tomas estas las decisiones? Al respecto, la sociedad civil en la Iniciativa Para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) ha planteado la necesidad de incluir este tema en la agenda del EITI Perú, hasta ahora solo centrada en los tributos y otros pagos que las empresas hacen y en su uso por las autoridades centrales y sub-nacionales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;También en el terreno de la transparencia, han surgido otras voces que reclaman auditar todas las licitaciones de los últimos años, argumentando que lo más probable es que el ahora destapado no sea ni el primer mi el único caso de corrupción en este campo. Ciertamente, también han surgido voces contrarias a esta propuesta, que argumentan que esto traería inseguridad a las inversiones en el país. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En esta misma línea, hay una iniciativa impulsada por Oxfam America que abona a favor de la transparencia. Con los altos precios del petróleo poniendo en apuros a los consumidores y la inestabilidad global haciendo estragos en la industria petrolera en todo el mundo, el Presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presentó un proyecto de ley clave cuyo objetivo es reducir la corrupción y la inseguridad en las industrias extractivas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ley de Acceso a la Información y Transparencia en Industrias Extractivas presentada en mayo de 2008, en el Congreso de los Estados Unidos solicitaría a las empresas de petróleo, gas y minería que hagan de dominio público los pagos que hacen a los países donde desarrollan sus actividades. Con más de la mitad de la población mundial en extrema pobreza viviendo en países ricos en recursos naturales, esta legislación permitiría a los ciudadanos contar con información vital para exigir que sus gobiernos rindan cuentas acerca del uso de los ingresos generados por las industrias extractivas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La corrupción prospera en espacios caracterizados por el secreto. El acceso a la información es un aspecto fundamental del desarrollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con los precios del petróleo alcanzando récords históricos y reservas que decrecen, las empresas transnacionales están incrementando sus operaciones en nuevas regiones en desarrollo en el mundo. Dada la debilidad de la supervisión de los gobiernos en muchos de estos países, es aún más importante que la transparencia de las empresas petroleras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Angola, por ejemplo, más de 4 mil millones de dólares en rentas del estado originadas por el gobierno entre 1997 y 2002 no han podido ser auditadas, una cantidad similar al monto gastado en programas sociales por parte de donantes extranjeros y el gobierno durante el mismo período. Los países que dependen de la riqueza proveniente del petróleo también enfrentan una alta tasa de conflictos internos y violencia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El rol de las empresas estatales, problemas y posibilidades en el sector hidrocarburos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se entiende por empresa estatal a toda aquella que es propiedad del Estado, sea este nacional, municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. En el caso de propiedad parcial, el criterio para determinar si una empresa debe o no ser considerada pública no es tanto el porcentaje de acciones detentado por el sector privado como el control efectivo que el Estado tenga sobre el proceso de toma de decisiones en la empresa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El accionista mayoritario es el Estado, con unos objetivos que pueden ser muy diversos. Hay muchas similitudes entre las grandes empresas privadas y las grandes empresas públicas. La gran mayoría de los estados del mundo controlan empresas con diferentes fines, que pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la producción del país o generar empleo, por nombrar algunos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es importante mencionar esto porque en los países que siguen modelos neoliberales en América Latina, se han demonizado a las empresas estatales Hace algún tiempo atrás el Banco Mundial publicó un informe sobre el estado empresario, haciendo una evaluación mundial de este quehacer; a la luz de los esfuerzos realizados en las reformas ejecutadas entre distintos países en esta rama del sector público.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En ese documento del Banco Mundial se dice que muy pocos países lograron buenos resultados con las reformas emprendidas; más bien la mayoría continua con empresas ineficientes, comprometiendo la salud de las finanzas públicas por las pérdidas generadas por ellas. El informe hizo hincapié en la asociación existente entre la ineficiencia y falta de competitividad en las empresas públicas, lo cual tiene consecuencias adversas para los países. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Según ese informa del Banco Mundial, en los países industriales, la magnitud de la actividad empresarial del Estado tiende a ser menor; porque el sector privado se desempeña bien e inhibe el crecimiento del sector público. Situación que no ocurre en mucha de las actividades tomadas por el sector público de los países de menor desarrollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo que se sostiene es que las empresas estatales son ineficientes y que no es conveniente que el Estado tenga un rol de empresario. La ineficiencia y las fallas de competitividad de las empresas públicas, están condicionados por factores internos y externos; en lo legal y lo institucional también hay problemas provenientes de la intervención de las diversas autoridades del sector público que tienen influencia sobre ellas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin embargo, no hay que tener miedo a que haya &#39;estado empresario&#39;. El Estado no puede ser condenado al rol subsidiario. Frente a una situación económica que busque El Estado tiene que ser más fuerte, más presente en las diferentes zonas de los países de America Latina, capaz de garantizar derechos y redistribuir los recursos para aminorar las brechas sociales entre los diferentes sectores sociales. El Estado tiene que ser promotor para expandir el mercado. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo que pocos comentan es que, en el mundo, las reservas de petróleo están cada vez más dominadas por las grandes petroleras estatales. América Latina tiene países con grandes reservas y empresas estatales. Es el caso de las petroleras estatales Petrobras (Brasil) y PDVSA (Venezuela), que además, están empleando diferentes estrategias para la internacionalización de sus negocios. Es que los hidrocarburos representan uno de los insumos clave para la organización económica por lo que poseen una importancia estratégica para cualquier plan de desarrollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A manera de conclusión &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las empresas vinculadas a las industrias extractivas –privadas ó estatales– pueden tener un potencial muy importante para América Latina y, al mismo tiempo, pueden representar una oportunidad para enfrentar la pobreza, en especial de los sectores y estratos sociales menos favorecidos, respetando los derechos de los pueblos indígenas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin embargo, para que ello se produzca, se requiere que se establezcan gobiernos con normas claras de gestión soberana de sus recursos naturales y de control de esas industrias extractivas, con políticas públicas de redistribución socialmente equitativas de los beneficios de las industrias extractivas y que garanticen la participación institucionalizada temprana de la población en los procesos de adjudicación de los derechos de exploración y explotación.&lt;br /&gt;Se requiere de estados que promuevan una economía de base ancha, que la renta petrolera sirva para que se establezca una base productiva en aquellos sectores y empresas que generen riqueza para el Estado y la sociedad. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se necesitan de marcos institucionales y legales, así como de recursos económicos suficientes para asegurar una gestión ambiental pública que dé transparencia al rol del Estado como responsable último de la protección del medio ambiente, le dé capacidad de control preventivo y sanción efectiva a empresas contaminadoras, y brinde mecanismos de presentación de quejas y solución de conflictos a las comunidades afectadas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es importante que los gobiernos de la Región y las empresas –privadas y estatales- reconozcan y promuevan el derecho de los ciudadanos, en particular de las poblaciones locales, a estar informados sobre el desarrollo de los proyectos extractivos y que el derecho al consentimiento previo, libre e informado es esencial para promover el desarrollo sostenible, los procesos democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bibliografía&lt;br /&gt;Milton Friedman, “Libertad de elegir”, Editorial Planeta-Agostini, (España), 1992.&lt;br /&gt;Gómez López, A. “¿Cuáles son los países desarrollados?&quot; en “Contribuciones a la Economía”, Nº 82, julio 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/2007b/aglc.htm&lt;br /&gt;Ramón Casilda Béjar. “América Latina y el Consenso de Washington”. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN 0214-8307, Nº 2803, 2004, Págs. 19-38. Véase en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=864212&lt;br /&gt;Joseph E. Stiglitz. El Consenso Post-Consenso de Washington. The Initiative for Policy Dialogue, 2005. Véase en: http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/Stiglitz_PWCC_SPA.pdf&lt;br /&gt;CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Véase en: http://www.eclac.org/&lt;br /&gt;Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe” 136 páginas. Santiago, Chile, 2007, página 12.&lt;br /&gt;Fondo Monetario Internacional. “Perspectivas económicas: las Américas. Lidiando con la Crisis Financiera Mundial”. Washington, D.C. Octubre de 2008, 94 páginas. ISBN 978-1-58906-778-3. Véase en: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2008/whd/wreo1008s.pdf&lt;br /&gt;Marcial Rubio Correa. El Estado peruano. En: &lt;br /&gt;Jorge Rosa. La disputa por el control de los recursos naturales. Véase en: http://www.larepublica.com.uy/editorial/267162-la-disputa-por-el-control-de-los-recursos-naturales&lt;br /&gt;Michael Ross. Extractive Sectors and the Poor. Oxfam America, 2001.&lt;br /&gt;Magnus Blomstrom y Patricio Meller. Algunas lecciones del desarrollo comparado de la Escandinavia y America Latina, en “Trayectorias divergentes, comparación de un siglo de desarrollo económico latinoamericano escandinavo”. Ed. Pedagógico. Chile, 1990.&lt;br /&gt;Guillaume Fontaine. Geopolítica del petróleo en América Latina. Ecuador Debate 58, Flacso, Quito, Ecuador, 2003. Véase en: http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate733.htm&lt;br /&gt;Carlos Monge y otros. Análisis Quincenal Regional sobre las Industrias Extractivas del 24 de septiembre al 8 de octubre de 2008. de DESCO-GPC-RWI. Lima. Documento interno.&lt;br /&gt;Carlos Acuña y Guillermo Castro. Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1988, Universidad de Texas.&lt;br /&gt;World Bank. Bureaucrats in business. The economics and politics of government ownership. Washington D.C., 1995. 64 páginas.&lt;br /&gt;Diego Mansilla. Petroleras estatales en América Latina: entre la transnacionalización y la integración. Junio de 2008. Véase en: http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1545&lt;br /&gt;Humberto Campodónico. En: CISEPA, Estudio de Impacto del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam America. Lima, julio de 2008, versión preliminar, Pág. 31. (documento interno).</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/2496503831032691608'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/2496503831032691608'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2008/11/las-industrias-extractivas-en-amrica.html' title='Las Industrias Extractivas en América Latina'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-812060213385870804</id><published>2008-09-26T14:39:00.002-05:00</published><updated>2008-11-03T09:18:03.011-05:00</updated><title type='text'>Para reformar la empresa privada: el caso de las mineras</title><content type='html'>Para reformar la empresa privada: el caso de las mineras&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier Aroca&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En septiembre del 2008, la Defensoría del Pueblo reportó 161 conflictos sociales en el país; varios de ellos en zonas mineras, afectando importantes operaciones de empresas privadas. Los problemas que se hallan a la base de estos conflictos son la falta de confianza entre los actores; las expectativas generalmente insatisfechas de poblaciones que esperan ser beneficiadas por la actividad minera a la cual perciben como su más cercana posibilidad de mejorar su condición ante la débil presencia del Estado y la falta de suficiente conocimiento por parte de las propias empresas del entorno y de los aspectos sociales y culturales de las comunidades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchas veces, la falta de confianza hacia las empresas se debe a la falta de comunicación de los tributos que pagan las empresas mineras: alrededor de la tercera parte de sus rentas y, de eso, la mitad se destina al canon. Sin embargo, la población no culpa al gobierno sino a las empresas por la falta de capacidad de gasto eficiente en obras que tanto se reclaman. Para que esa distorsión empiece a cambiar, hace falta lograr que aumente la confianza entre los diferentes actores y, una forma de hacerlo, es mediante la adopción y práctica de políticas de responsabilidad social empresarial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El respeto a los derechos humanos implica reconocer que la responsabilidad social empresarial tiene que ver con la toma de decisiones vinculadas a valores éticos, salud, seguridad ocupacional, prácticas laborales, respeto a las personas y al medio ambiente. Las empresas deben asumir que están legalmente obligadas a respetar los derechos humanos bajo las prácticas corporativas de la responsabilidad social.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tradicionalmente, las empresas se debían a sus accionistas. Pero, en los últimos años, se han dado cuenta que también tienen que responder a un amplio número de públicos: accionistas, clientes, trabajadores, administración, comunidades locales del entorno, la sociedad en general, proveedores y medios de comunicación. Y es que las decisiones de las empresas cada vez tienen mayor profundidad y ámbito de influencia en la vida de miles de personas. Esto supone un desafío a la legitimación social de las empresas. Hacer esto puede constituir una verdadera reforma en la cultura organizacional de las empresas en el país, lo que favorecerá el cambio de su imagen pública y de su comportamiento en la comunidad. Para que sean más estimadas, las empresas deben ser coherentes con sus culturas organizacionales, de tal suerte que generen una imagen de empresas creíbles y consistentes. Su relación con el entorno debe adoptar una nueva perspectiva, mayores oportunidades y un rol más activo en la construcción de un mejor país. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que una empresa tome conciencia de su responsabilidad social y actúe consecuentemente, es relevante. Eso les permitirá cohesión interna, mayor motivación a sus propios trabajadores, prestigio, mejor imagen, nuevos clientes, fidelización de sus actuales clientes y justificiacion de sus incentivos fiscales.</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/812060213385870804'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/812060213385870804'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2008/09/para-reformar-la-empresa-privada-el.html' title='Para reformar la empresa privada: el caso de las mineras'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-2163185657199772800</id><published>2008-09-02T21:17:00.000-05:00</published><updated>2008-11-03T09:18:03.012-05:00</updated><title type='text'>El agua vale tanto o más que el oro</title><content type='html'>&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;El agua vale tanto o más que el oro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Javier &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_0&quot;&gt;Aroca&lt;/span&gt; (1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Perú es uno de los países con mayor abundancia de recursos naturales que vive una etapa de expansión de las industrias &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_1&quot;&gt;extractivas&lt;/span&gt; como la minería metálica, el gas y el petróleo (2). Se ha reforzado el modelo de desarrollo basado principalmente en la extracción de materias primas, particularmente mineras para la exportación. Como resultado, los compromisos de inversión minera en el 2007 superaron los 10 mil millones de dólares. En el sector de hidrocarburos el panorama ha sido similar, especialmente por las enormes expectativas generadas por la explotación del gas de &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_2&quot;&gt;Camisea&lt;/span&gt; (lote 88), acrecentadas por el anuncio de que se han encontrado 2 trillones de p3 de gas en el lote 57, próximo a &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_3&quot;&gt;Camisea&lt;/span&gt;, lo que equivale a un incremento del 20% en las reservas certificadas y que, para algunos cálculos optimistas, aseguraría un horizonte de 40 años para el consumo local.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin embargo, lo que pocas veces se revela es que las industrias &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_4&quot;&gt;extractivas&lt;/span&gt; se desarrollan en áreas rurales, con frecuencia habitadas por comunidades indígenas, donde hay preocupación por la contaminación en el agua. “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” (3). Según algunas estimaciones, una sola mina de cobre puede utilizar alrededor de 1,500 litros por segundo en la explotación de agua, cuando toda la población de Lima en su conjunto usa 2,000 litros por segundo. Esta es una de las razones por las que las mineras mantienen conflictos con las comunidades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde la perspectiva de las comunidades, la explotación &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_5&quot;&gt;extractiva&lt;/span&gt; produce mínimos beneficios, pero sí daños que amenazan sus medios de vida. Las industrias &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_6&quot;&gt;extractivas&lt;/span&gt; generan ganancias pero éstas no llegan a la gente que vive en las comunidades &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_7&quot;&gt;circundantes&lt;/span&gt;. Si no se adoptan medidas apropiadas, en menos de una década se pueden secar los manantiales que existen en las comunidades aledañas como resultado de la explotación minera de oro, plata y cobre, con la seria amenaza de contaminar las &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_8&quot;&gt;microcuencas&lt;/span&gt; que abastecen de agua.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No se trata de oponerse a las industrias &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_9&quot;&gt;extractivas&lt;/span&gt;, sino de considerar que esta actividad se debe realizar respetando los derechos humanos y el medio ambiente; con responsabilidad social.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pensamos que una buena manera de desarrollar la actividad &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_10&quot;&gt;extractiva&lt;/span&gt; es, precisamente, tratando de que no se contamine el agua. Por ejemplo, se podría diseñar e implementar los proyectos mineros de modo tal que minimicen las perturbaciones al medio ambiente. También es importante que las comunidades, directamente afectadas por el método propuesto para eliminar los deshechos de las minas (sobrecarga, relaves, etc.), tengan el derecho de negociar con las empresas sobre el método a utilizar y el derecho a evitar que el procedimiento para eliminar los deshechos se active hasta que todos acuerden el uso de un método satisfactorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actualmente, hay operaciones que aplican métodos &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_11&quot;&gt;extractivos&lt;/span&gt; que necesitan grandes cantidades de agua, donde el cianuro utilizado en el proceso no se descompone del todo; en consecuencia, las empresas y el propio estado deben observar los estándares más elevados de manejo ambiental. Se debe aplicar el principio de precaución ambiental, según el cual, las empresas deben asumir el costo de utilizar tecnologías adecuadas al medio ambiente y no utilizar tecnologías que puedan poner en riesgo la seguridad o &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_12&quot;&gt;sostenibilidad&lt;/span&gt; de las comunidades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las empresas deben mantener un sistema de &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_13&quot;&gt;monitoreo&lt;/span&gt; ambiental, incluyendo los sistemas &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_14&quot;&gt;hídricos&lt;/span&gt;, y contar con mecanismos rigurosos. Es necesario mejorar el marco legal para afrontar los diversos conflictos socio ambientales provocados por las industrias &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_15&quot;&gt;extractivas&lt;/span&gt;, especialmente los pasivos ambientales producidos por las empresas mineras. Es urgente instaurar la autoridad ambiental independiente como lo han recomendando tantas veces la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las comunidades rurales denuncian que, el agua está contaminada y que se está secando. En varios casos (&lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_16&quot;&gt;Tambogrande&lt;/span&gt;, &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_17&quot;&gt;Majaz&lt;/span&gt;, La Oroya, &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_18&quot;&gt;Tintaya&lt;/span&gt;, &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_19&quot;&gt;Camisea&lt;/span&gt;, &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_20&quot;&gt;Quellaveco&lt;/span&gt;, Cerro Verde, Río Corrientes, etc.), las quejas de las comunidades se repiten. Varios estudios &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_21&quot;&gt;hídricos&lt;/span&gt; son consistentes en señalar que se presentan niveles altos de contaminación de cobre, arsénico, cadmio y plomo en el agua que las comunidades consumen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hay pocas historias de éxito que validen una teoría sostenida por el sector privado, que la explotación temporal de recursos no renovables es “la chispa que enciende” el progreso para beneficio de las economías locales. Sería conveniente hacer el seguimiento de algunos asuntos para vigilar que se cumplan los compromisos ofrecidos y averiguar si se convierten en historias exitosas, por ejemplo, a la planta de procesamiento de agua de la fundición de La Oroya; la planta instalada por &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_22&quot;&gt;Southern&lt;/span&gt; que busca reducir la emisión de azufre en &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_23&quot;&gt;Toquepala&lt;/span&gt;; el procedimiento que emplea la mina &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_24&quot;&gt;Tintaya&lt;/span&gt; para el mejor uso del agua; y, los micro &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_25&quot;&gt;reservorios&lt;/span&gt; de agua que &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_26&quot;&gt;Yanacocha&lt;/span&gt; ha construido en &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_27&quot;&gt;Cajamarca&lt;/span&gt;. Los compromisos de la empresa petrolera con las comunidades nativas ubicadas en el Río Corrientes. El &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_28&quot;&gt;gasoducto&lt;/span&gt; de &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_29&quot;&gt;Camisea&lt;/span&gt;. El agua vale tanto o más que el oro. El tiempo dirá si el gobierno y las empresas atendieron estas sugerencias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Notas:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1) Javier &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_30&quot;&gt;Aroca&lt;/span&gt;, abogado especialista en derecho de pueblos indígenas.&lt;br /&gt;(2) Banco Mundial “Análisis Ambiental del Perú (&lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_31&quot;&gt;AAP&lt;/span&gt;): Retos para un Desarrollo &lt;span class=&quot;blsp-spelling-error&quot; id=&quot;SPELLING_ERROR_32&quot;&gt;Sostenible&lt;/span&gt;”. Resumen Ejecutivo, Lima, 2007.&lt;br /&gt;http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/Resumen_Ejecutivo_FINAL_publicado_corregido_Junio_11.pdf&lt;br /&gt;(3) Véase en: Cuestiones Sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002). El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/2163185657199772800'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/2163185657199772800'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2008/09/el-agua-vale-tanto-o-ms-que-el-oro.html' title='El agua vale tanto o más que el oro'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7550749105128898199.post-8978042848202530367</id><published>2008-08-28T16:00:00.000-05:00</published><updated>2008-11-03T09:18:03.012-05:00</updated><title type='text'>Diálogo y no violencia</title><content type='html'>Diálogo y no violencia:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En el nombre del respeto a los pueblos indígenas amazónicos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por Javier Aroca&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El 9 de agosto las comunidades nativas iniciaron una protesta en varios lugares de la Amazonia en contra de la aprobación por parte del Ejecutivo de un conjunto de decretos legislativos que afectan sus derechos, fundamentalmente su derecho a la tierra. Aunque las movilizaciones en distintas ciudades de la selva alta y baja lograron que el Congreso derogara el 22 de agosto los decretos 1015 y 1073, que reducen los niveles mínimos de votación para que las comunidades campesinas y nativas decidan sobre sus tierras, todavía hay el peligro de que el Ejecutivo decida no aceptar el fallo parlamentario.&lt;br /&gt;Esto es consecuencia de la aplicación de las ideas del presidente Alan García planteadas en un artículo publicado en octubre del año pasado el diario El Comercio, titulado “El síndrome del perro del hortelano” en el que afirma que “existen verdaderas comunidades (…), pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 Ha en el papel pero sólo utilizan agrícolamente 10,000 Ha y las otras son propiedad ociosa, de &#39;mano muerta&#39;, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas”.&lt;br /&gt;Lejos queda el pensamiento del mismo presidente García, quien en 1986, durante su primer gobierno, impulsó los “Rimanakuy” (asambleas) y conversó con los presidentes y jefes de las comunidades campesinas y nativas, sobre los principales problemas que hoy siguen plenamente vigentes.&lt;br /&gt;Entonces, el presidente García decía a las comunidades: “Yo les digo aquí, en este evento histórico nunca ocurrido en el Perú, nunca ocurrido en la República, ni en el coloniaje, en esta reunión, por primera vez, de presidentes de comunidades, vamos a echar las bases de un trabajo. Todo esto es un proceso de lo que va a ser el despegue de nuestra agricultura, de nuestra comunidad, de las fuerzas sociales históricas profundas que ustedes tienen en sus manos”. (Rimanakuy de Piura, 1986).&lt;br /&gt;Sin embargo, las ideas expresadas por el presidente García ahora no son nuevas en nuestra historia, se asemejan a las que existían hace más de 180 años en el Perú, cuando los indígenas fueron discriminados y llamados “salvajes”, olvidando que estuvieron primero en este territorio que luego fue conquistado por el imperio español.&lt;br /&gt;En 1824 Simón Bolívar dictó el decreto del 8 de abril, que declaró que los indígenas podían vender de cualquier modo las tierras que poseían. Ese mismo decreto dispuso el fraccionamiento de las tierras comunales.&lt;br /&gt;Esas medidas, a la larga, fueron perjudiciales para los indígenas porque se dijo que no tenían derecho a poseer tierras y se las arrebataron. Durante el siglo XIX se produjeron grandes despojos de tierras indígenas. Fue tan grave la situación, que surgieron movimientos —como el de Pedro Atusparia— que se sublevaron y fueron cruelmente reprimidos.&lt;br /&gt;La Constitución de 1920 reconoció la existencia de las comunidades de indígenas y declaró que sus tierras estaban protegidas por un régimen especial. Han pasado los años, y los indígenas más ancianos deben estar sintiendo una especie de “déjà vu”, la sensación de haber vivido esto antes porque la historia se está repitiendo: los indígenas observan ahora con temor la posibilidad de que nuevamente se les despoje de sus tierras.&lt;br /&gt;Como se puede verificar, la pérdida de sus territorios —esenciales para su modo de vida— ha sido una constante en la historia indígena en el Perú. La búsqueda para que se respeten sus derechos está en la base de los reclamos de las organizaciones indígenas.&lt;br /&gt;Este es un momento delicado, que pone en evidencia una serie de desencuentros entre los indígenas y el resto de la sociedad peruana. Mientras que la inmensa mayoría de peruanos ven a la tierra, los bosques, el agua, al subsuelo sólo como recursos económicos, para los indígenas son bienes comunales que no sólo deben ser explotados sino también protegidos.&lt;br /&gt;Al mismo tiempo, mientras que el sistema legal los reconoce sólo como propietarios del suelo, los indígenas conciben que su territorio abarca no sólo la tierra sino también el agua, el aire, los bosques, los animales e incluso los minerales, el petróleo y el gas.&lt;br /&gt;El Estado necesita llegar a acuerdos con los indígenas sobre estos puntos, de lo contrario lo más probable es que los conflictos continúen. Los pueblos indígenas merecen respeto. Éste es momento de reflexionar si, a la larga, el país se beneficia más al favorecer el crecimiento económico, la consolidación de propiedades privadas, las concesiones mineras y de hidrocarburos, la intensa actividad forestal, o si es necesario que escuchemos con seriedad lo que los indígenas tienen que decir con relación al manejo de recursos.&lt;br /&gt;Es pertinente preguntarse si beneficiar únicamente a los inversionistas no es contraproducente para el interés nacional, que incluye el de los pueblos indígenas amazónicos. Esta situación necesita ser atendida por las autoridades del gobierno con madurez, en democracia. El camino siempre debe ser el del diálogo y no la violencia.</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://javieraroca.blogspot.com/feeds/8978042848202530367/comments/default' title='Enviar comentarios'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment/fullpage/post/7550749105128898199/8978042848202530367' title='0 comentarios'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/8978042848202530367'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7550749105128898199/posts/default/8978042848202530367'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://javieraroca.blogspot.com/2008/08/dilogo-y-no-violencia.html' title='Diálogo y no violencia'/><author><name>JAVIER AROCA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/02438144765730189600</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='32' src='//2.bp.blogspot.com/-6VFDyLvbI9E/XRFC6_Z7iMI/AAAAAAAAUI4/eCc8nFhWtkQZWwQU75K-0FcTJBVMnVJ5ACK4BGAYYCw/s220/javier-aroca1.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>