Derecho Español

Los nuevos modelos de Cuentas Anuales

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 25 Apr 2010 08:50:00 +0000

La Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 6 de abril de 2010 acaba de modificar, si bien superficialmente, los modelos de Cuentas Anuales a presentar en el Registro Mercantil. Se puede descargar de aquí.

La web Notarios y Registradores ha publicado un resumen de la misma:

(la reforma) tiene en esencia una doble finalidad: Por una parte incorporar diversas reformas de la normativa contable a los modelos de cuentas y por otra añadir a la memoria un nuevo apartado.

Aparte de ello se aprovecha la resolución para corregir diversos errores de carácter puramente material en los modelos publicados con anterioridad, actualizando al mismo tiempo el test de definición de errores para las cuentas en soporte informático. Veamos.

A) Documentos a presentar en el Registro Mercantil.

Dentro del apartado de novedades del depósito de cuentas del 2009, tanto para los modelos normal, abreviado y pymes, se añaden, en los documentos a presentar en el Registro Mercantil, dos documentos no mencionados anteriormente que son la declaración medioambiental y el modelo de autocartera.

B) Reformas contables.

También para cuentas normales, abreviadas y pymes, se crea una nueva partida en la cuenta de pérdidas y ganancias destinada a recoger la capitalización de gastos financieros en el precio de adquisición y el tratamiento contable del concurso de acreedores.

C) Nuevo contenido de la Memoria.

Finalmente se añade a la memoria, también de los tres modelos, un nuevo apartado relativo a la “Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero”. Este último apartado es objeto de regulación especial pues deben detallarse en el mismo la cantidad de derechos asignados, el movimiento durante el ejercicio, los gastos derivados de las emisiones, las provisiones efectuadas por el mismo concepto, los contratos de futuro, las subvenciones recibidas, las contingencias de sanciones y finalmente, en su caso, si se forma parte de una agrupación de instalaciones.

Los problemas comunitarios a la propuesta española sobre la orden de protección de maltratadas

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 24 Apr 2010 08:46:00 +0000

El objetivo de la propuesta española es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. El problema es que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificulta crear un instrumento común.

Reding alegó que la propuesta española utiliza una base jurídica inadecuada y por ello perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. La vicepresidenta amenazó con llevar a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si siguen adelante con la tramitación de la orden de protección abanderada por España.

La presidencia española pretendía inicialmente que la orden de protección cubriera tanto las medidas dictadas en el ámbito penal como las del ámbito civil. Pero la Comisión sostiene que la base jurídica escogida por España sólo puede abarcar las medidas penales. La última propuesta de compromiso de la presidencia reduce la ambición inicial, pero abarca todas las medidas destinadas a proteger la seguridad de la víctima e impedir un delito, independientemente de que las dicte un juez penal o civil.

La propuesta ha sido apoyada por 15 Estados miembros.

La Agenda Digital europea se queda en generalidades

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 20 Apr 2010 18:58:00 +0000

Texto completo: Declaración Ministerial de Granada para la Agenda Digital Europea [PDF]

El documento contiene en total 23 puntos, que comienzan con un apartado relativo a las infraestructuras. Allí se plantea por enésima vez superar la famosa «brecha digital» y hacer llegar la banda ancha a todos los ciudadanos en 2013, así como una mención a una «banda ancha de velocidad ultrarrápida» con nombre de ciencia-ficción para 2020. Ese plan a diez años incluye crear un nuevo «marco regulatorio previo», lo cual vuelve a indicar que en las últimas décadas los políticos no han aprendido gran cosa: las grandes revoluciones tecnológicas, incluyendo la propia creación de Internet, o los cambios de paradigma en las formas de acceso (banda ancha, móviles, e incluso las redes sociales) no necesitaron regulaciones previas sino ideas particulares que fueron impulsadas con pasión por gente corriente y grupos de emprendedores y empresas privadas.

En el apartado sobre la Internet abierta, la seguridad y la confianza se menciona el «carácter abierto de Internet» pero aparte de esa obviedad no se utiliza en ninguna parte ni se menciona la neutralidad de la Red, que es lo que preocupa a los expertos y lo que consideran más importante. La razón es sencilla: una vez que está garantizada la neutralidad de la Red el resto vendrá dado casi automáticamente y sin cortapisas. Sin embargo, si se quieren proteger intereses particulares de empresas o grupos no se puede abrazar abiertamente esa idea puesto que de alguna forma se hará necesario «controlar Internet» en el futuro. En este mismo apartado se habla de la protección de los datos personales y del uso de herramientas como el DNI electrónico o su equivalente, algo que distará de ser trivial pues en muchos países hay grupos que se oponen a herramientas de este tipo por considerarlas una intromisión en sus libertades civiles. Otro apartado similar se refiere a los Derechos Digitales de los Usuarios, donde se plantea escribir una especie de «carta de derechos fundamentales» que a día de hoy no existe.

Respecto al Mercado Único Digital una de las ideas es fomentar un mercado único para los contenidos y su promoción y digitalización. Es algo en cierto modo paradójico pues actualmente Internet ya está repleto de contenidos, y siempre que surgen estos temas –como cuando la crisis pega una nueva cornada– da la impresión que la única solución sea promover la creación de más contenidos… como si no hubiera ya una amplia variedad para todos los gustos. La única mención en toda la Agenda a los derechos de propiedad intelectual está incluida en este punto, pero se cae nuevamente en el tópico de «promover nuevos modelos de negocio», como si la mayoría no estuvieran inventados o los empresarios no supieran idearlos, que es su labor. A la vez que se promueve el acceso a contenidos digitales la Agenda plantea también proteger la justa remuneración de los derechos de autor, algo innecesario tal vez dado que de hecho ya está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos.

Los últimos puntos se refieren a los Servicios Públicos Digitales y las estrategias de las Administraciones Públicas para llegar a la ciudadanía y las dimensiones internacionales de la Agenda Digital. Respecto a la Gobernanza de Internet el planteamiento es continuar en la línea de la Agenda de Túnez que lleva años negociándose.

Conclusión: Nada nuevo. La falta de mención de la neutralidad de la red es simplemente un aviso de por dónde quieren llevar a la red. Si precisamente la red se ha definido por algo es por ser libre, pero la libertad es imposible con una red no nuestral, esto es, controlada según los paquetes de contenido que se manden.

Otra cuestión curiosa es que no se ha redactado todavía la carta de derechos fundamentales de los usuarios de internet. Lo que no sé es si es bueno o malo que se redacte. Me explico: si no se defiende la neutralidad (y por ende, la libertad) en la red, ¿qué derechos se van a reconocer al usuario?

Se anuncia nueva Directiva sobre el trabajo estacional

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 16 Apr 2010 18:12:00 +0000

Visto en El País:

Los inmigrantes que acudan a trabajar como temporeros a algún país de la UE lo harán de acuerdo a una nueva regulación. La Comisión Europea promoverá dentro de unos meses una directiva para regular el "trabajo estacional" de extranjeros en los países miembros de la UE para evitar que se produzcan la explotación de los extranjeros. La norma permitirá el trabajo por un máximo de seis meses anuales, que podrán renovar al año siguiente. Así lo ha anunciado esta mañana la comisaria de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, en la conferencia ministerial de integración, que se celebra en Zaragoza.

Se facilitaría así la movilidad de los inmigrantes a otras zonas de la UE al terminar la temporada y el establecimiento de un régimen común a toda la Unión para este tipo de contrato de trabajo.

El DUE para autónomos

noreply@blogger.com (admin) — Fri, 16 Apr 2010 14:39:00 +0000

Se publica en el BOE, con fecha de hoy, el Reglamento que establece cómo usar el Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de empresas individuales. Se puede considerar como un DUE para Autónomos porque como veremos va dirigido a personas físicas que cumplan una serie de condiciones. Se puede descargar aquí.

Haciendo una breve exégesis podemos señalar como caracteres fundamentales los siguientes:

Se trata de poner en práctica determinadas recomendaciones realizadas por el Consejo Europeo del año 2005, en relación al Fomento Empresarial.
Tiene por objeto posibilitar que "el empresario individual utilice el procedimiento electrónico del sistema CIRCE -Centro de Información y Red de Creación de Empresas- para llevar a cabo los trámites de creación de su emrpesa mediante la utilización del DUE".
Este RD desarrolla así, en cuanto a esta cuestión:

los títulos 3º y 4º de la L 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que contemplan, respectivamente, la gestión electrónica de los procedimientos administrativos y la cooperación entre administraciones para el impulso de la administración electrónica.
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior.

Sólo se aplica a "personas físicas, mayores de edad, que realicen o vayan a realizar de forma habitual, personal, directa por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional, a título lucrativo, empleen o no a trabajadores por cuenta ajena". (artículo 1.2).
De acuerdo con artículo 3.2 el DUE podrá contener dos tipos de datos:

datos básicos: deberán cumplimentarse en el momento que se da inicio a la tramitación, en general los que incorpora el anexo I del Real Decreto 682/2003 de 7 de junio, que regula el DUE, con las especialidades establecidas en el art. 5 del RD que examinamos y cualesquiera otros que señale la legislación.
datos a incorporar en cada fase de la tramitación por las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social, inherentes a la actividad.

Trámites que puede realizar con el DUE: los establecidos en los apartados e) f) g) h) i) j) k) l) m) del art. 5.1 RD 682/2003, aunque por Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá establecerse la realización electrónica de otros trámites que complementen los anteriores.
Tramitación del DUE:

los datos referentes a la denominación social se sustituirán por el nombre y apellidos del empresario individual.
se consignarán los datos identificativos del empresario individual (nombre y apellidos, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil y fecha del mismo, representante en su caso, nacionalidad, NIF, número de afiliación a la Seguridad Social, si lo tuviera, domicilio y domicilio fiscal si no coinciden y cualesquiera otros que resulten necesarios según la legislación vigente en cada momento.
datos societarios y referidos a la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma o de la AEAT: no será de aplicación los aplicación los párrafos a) y k) del anexo I del Real Decreto 682/2003, de 7 de junio, salvo lo relativo a la forma jurídica que se hará constar que es la de "empresa individual".
cobertura obligatoria de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes, si se trata de trabajadores adscritos al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar: se consignará Instituto Social de la Marina.
datos de inscripción del empresario y apertura del Código Cuenta de Cotización (CCC): nacionalidad y nº de la Seguridad Social.
trabajador autónomo económicamente dependiente: datos de la empresa cliente.
profesionales pertenecientes a una Mutualidad o colegio profesional: se consignará su nombre y la relación con otras Entidades o autónomos, según tablas de la TGSS.

se regula, además:

la comunicación de modificaciones.
la protección de datos personales.

Modifica el RD 682/2003 y el 1332/2006.
Se declaran supletorios el RD 682/2003 y el RD 1671/2009, de 6 de noviembre por el que se desarrolla parcialmente la L 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Este RD entrará en vigor según su DF 6ª al mes de su publicación en el BOE. Esto es, el 16 de mayo.

Leer también: DUE para autónomos: A partir de ahora, se podrán realizar de forma unificada los trámites con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Seguridad Social, la reserva del dominio de Internet “.es”, la notificación de ficheros de datos de carácter personal o la solicitud del nombre o la marca comercial.

Más aquí.

El Confidencial y las escuchas

noreply@blogger.com (admin) — Wed, 14 Apr 2010 12:31:00 +0000

Este artículo de El Confidencial es peligroso por la confusión que puede producir en los lectores. No es lo mismo la intervención de las comunicaciones telefónicas decretadas por un juez para determinar si se ha cometido un delito entre los propios presuntos criminales, que si las comunicaciones electrónicas que se intervenienen son las que se producen entre el abogado y su cliente, que es lo que ha ocurrido en el caso de Garzón y el Gürtel.

En este artículo parecen confundir ambas (como bien señalan algunos comentaristas) cuando no son lo mismo:

en las comunicaciones que se producen entre presuntos delincuentes, el derecho fundamental que puede ser vulnerado es exclusivamente el del secreto de las comunicaciones, regulado en el artículo 18 de la Constitución. Se entiende, sin embargo, que en esos casos, el delito que se va a cometer o que se ha cometido es de la suficiente gravedad como para que, comparado los bienes jurídicos protegidos con esa invasión en los derechos del delincuente, sea preponderante la protección de las posibles o ya atacadas víctimas frente al secreto de las comunicaciones. Es cierto, como dice el artículo enlazado, que puede ser difícil obtener una condena basada en las escuchas, por la imprecisión de redacción del artículo que las regula.
en las comunicaciones entre el presunto delincuente -o, en su caso, imputado- y su abogado, se defiende no sólo su derecho al secreto de las comunicaciones, si no su derecho a la tutela judicial efectiva, porque de otra manera, podría estarse inculpando a sí mismo al hablar con su abogado, a quien para obtener una mejor defensa se le debe informar de lo que ha ocurrido de verdad.

La regulación de ambas no se contiene en el mismo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estando reguladas las primeras en el 579 y las segundas encontrando su base jurídica en el 416 de la misma.

Pero si hay algo importante es que, mientras que las primeras sólo son nulas cuando no concurren en ellas los requisitos establecidos en la Ley (no haya claros indicios de delito, no se hayan investigado otras posibilidades, etc.), las segundas son nulas de pleno derecho en todo caso, desde que se está produciendo indefensión del imputado, al permitirse que se acuse a sí mismo. Con una sola excepción: el caso de que se esté investigando un delito perpetrado (o que pueda perpetrarse) por grupo terrorista o banda armada, conforme a lo dispuesto por artículo 55.2 de la Constitución [que permite suspender determinados derechos (incluyendo los establecidos en el artículo 18 apartados 2 y 3) en relación a las actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas (modificación de la LECr por LO 4/1988, de 25 de mayo] y el artículo 51.2 Ley Orgánica General Penitenciaria:

Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

Otra cuestión es la existencia (y su aplicabilidad al caso) de una Directiva europea que permite suspender el secreto de las comunicaciones no sólo a los acusados de delito de financiación del terrorismo (que no de banda armada), si no también a los acusados de blanqueo de dinero, directiva que aún no está transpuesta a nuestro ordenamiento. Por el mecanismo de aplicación de las directivas comunitarias, estas carecen de aplicación directa si a) no ha transcurrido el plazo para su transposición (lo que en este caso sí se ha dado puesto que debían dictarse las correspondientes normas antes del 15 de diciembre de 2007) y b) cuando las partes, una vez que haya transcurrido el plazo y aunque la no transposición viole sus derechos, no lo denuncian en el momento procesal oportuno.

Pero además en esa Directiva sólo se permite esa intervención cuando se tengan indicios sólidos de que el abogado ha de colaborar como cooperador en el delito:

Cuando miembros independientes de profesiones legalmente reconocidas y controladas que prestan asesoramiento jurídico —como los abogados— estén determinando la situación jurídica de sus clientes o ejerciendo la representación legal de los mismos en acciones judiciales, sería improcedente imponer a dichos profesionales respecto de estas actividades, en virtud de lo dispuesto en la presente Directiva, la obligación de informar de sospechas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Deben existir dispensas a la obligación de comunicación de la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico ha de seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico para fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Es decir, que existan indicios racionales de criminalidad suficientes de que el abogado se ha convertido en delincuente (realizando actividades típicas del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo) o en cooperador necesario (realizando actividades sin la que no podría haberse efectuado el acto delictivo, según artículo 28 del Código Penal, asesorándole con esta finalidad). O bien que conozca que busca este asesoramiento y acepte su defensa procesal. De modo que el procesamiento en ese caso, se produciría porque el abogado no presta sólo asesoramiento jurídico si no que es otro presunto criminal más de la banda, usando sus conocimientos jurídicos en beneficio de los fines de aquélla.

Aquí está la sentencia sobre el caso Gürtel dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para quien esté interesado en leerla.

El TS defiende la privacidad de los titulares de móviles e Internet

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 13 Apr 2010 18:55:00 +0000

SALA GENERAL DE LA SALA SEGUNDA 23/02/10*

SEGUNDO PUNTO: Si el Ministerio Fiscal precisa de la autorización judicial para que le sea desvelada la identidad de la persona adjudicataria de la direccción IP con la que operan los ciudadanos en Internet.*
*ACUERDO: Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Por lo cual, el Ministerio fiscal precisará de tal autorización para obtener de los operadores los datos conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre. *

Hasta ahora, los fiscales y la Policía podían solicitar directamente a los operadores la identidad del titular de un número de teléfono móvil o de una dirección IP determinada.

Noticia original en El Mundo.

Publicado el Real Decreto-Ley de medidas para la recuperación económica y el empleo

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 13 Apr 2010 18:04:00 +0000

El texto completo puede leerse aquí.

El resumen que hice sobre él cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros está aquí.

Holanda debatirá el "suicidio asistido por profesionales de la salud"

noreply@blogger.com (admin) — Tue, 13 Apr 2010 12:22:00 +0000

El Parlamento holandés va a debatir esta nueva figura para casos de personas mayores de 70 años según la radio pública. El grupo "Of Our Own Free Will" (Por nuestra propia voluntad), ha presentado ante el Parlamento 125 mil firmas para ello, muchas más de las necesarias (40 mil) para que una iniciativa parlamentaria sea admitida.
Esta nueva figura es diferente a la eutanasia, para la que se necesitan varias opiniones de profesionales y que el paciente tenga un "sufrimiento irreprimible". Sin embargo, para el suicidio legal asistido sólo será necesario probar que se tiene deseo de morir por causas diferentes de una depresión profunda o presiones y que este consentimiento está avalado por los profesionales.
Para evitar abusos, se prevé la creación de una comisión de peritos, formada por médicos, psicólogos y enfermeros, que va a avalar la firmeza de la decisión.

Visto en MSN Notícias. Gracias a O Cachimbo de Magritte.

Imagino que la Ley establecerá las consecuencias en caso de precipitarse en su dictamen o cuando se descubra que el individuo en cuestión no quería "suicidarse legalmente". Pero en esto una equivocación es irreversible por necesidad, así que mejor es que se pongan las máximas prevenciones posibles.

Al parecer, les sería suministrada una inyección letal por personal cualificado.

Una página sobre cómo suicidarse en Holanda ya desató la polémica en su momento. En ella, se ayudaba a las personas a tomar decisiones relativas a "su auto-determinación" (¿no sería mejor "auto-terminación") como también en el "post-suicidio", esto es, cuando el suicidio había salido "mal".

En Holanda se registran unos 1500 casos de suicido al año, de los cuales un gran porcentaje está compuesto por mayores de 60 años. Según especifica Walburg de Jong, Se trata de personas que sienten que su vida se ha acabado pero no pueden recurrir a la eutanasia porque no tienen una enfermedad que justifique esa intervención. También son personas enfermas cuyos médicos se niegan a practicar eutanasia.

Según esta página, el sufrimiento mental debería haber sido incluido también como causa para que los médicos pudieran autorizar la eutanasia.

Absolución de los Directivos de Egunkaria: principales cuestiones

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 12 Apr 2010 15:38:00 +0000

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Javier Gómez Benítez, ha absuelto hoy a los cinco directivos del diario «Egunkaria» acusados de pertenencia a la organización terrorista ETA por impulsar la constitución del periódico, que fue clausurado por el juez Juan del Olmo en 2003.
La Audiencia considera que su línea informativa "permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos" y que su clausura en 2003 "no tenía habilitación constitucional directa". La sentencia afirma que "el cierre provisional o cautelar de 'Egunkaria', único diario que existía en euskera, no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara".

La Audiencia absuelve a los cinco directivos del periódico «Egunkaria» de pertenencia a ETA - Nacional_Tribunales - Nacional - ABC.es

El Tribunal considera que:

No se ha acreditado que hubiera fondos de procedencia ilícita ni que se produjera desvíos de fondos desde la sociedad o el diario a la banda terrorista ETA.
Tampoco se ha probado por parte de las acusaciones que "publicase editoriales como expresión de una forma determinada de pensar o de las personas que lo realizaban diariamente, sin que conste que haya defendido postulados de la banda terrorista ETA, recibido órdenes de ésta o de sus cuadros dirigentes, singularmente los procesados, fueran designados o estuvieren vinculados, colaboraran u obedecieran consignas de la citada banda".
La suspensión provisional del periódico no tiene cobertura constitucional directa, pues "en la Constitución solo se regula el secuestro como injerencia de los poderes públicos en la actividad de publicaciones y otros medios de información, medida que exige una resolución judicial motivada, protegiendo así los derechos relacionados con la libertad de expresión e información (art. 20.5 y 20.2 CE) y prohíbe todo tipo de censura previa". Le parece al Tribunal insuficiente "la cobertura del artículo 129 CP para decretar el cierre cautelar de un periódico, salvo quizás en supuestos excepcionales en evitación de nuevos delitos graves y cuando no sea posible otra medida menos gravosa, pues no estamos ante empresas o sociedades cualquiera, sino que se trata de medios de comunicación que desarrollan una actividad imprescindible en una sociedad democrática al ser el vehículo para el ejercicio de derechos fundamentales básicos de los ciudadanos". El Tribunal se basa para ello en que tras la prueba practicada en el juicio oral "no se acusaba la comisión de un delito" a los acusados.
Basándose en la jurisprudencia sobre las pruebas indiciarias, se considera que no se ha probado, por el hecho de que el periódico "estuviera en euskera" que perteneciera a la estructura criminal de ETA. Es preciso que se demuestre que la banda terrorista estaba utilizando a los interesados y que estos colaboraban con ella a sabiendas.
La sentencia rechaza como pruebas de cargo los informes de la Guardia Civil en los que se hacen expresiva mención a Egunkaria, dos cartas en poder de uno de los procesados, la difusión con el periódico de una pegatina de "Alternativa Democrática" del partido político Herri Batasuna, la difusión de los comunicados que ETA enviaba a los medios y la pertenencia o proximidad de algunos procesados a la izquierda "abertzale". Se considera que, como atestado, son simples comunicaciones el Juez de las actividades realizadas, que no modifican la naturaleza procesal de la intervención del funcionario policial, que será un testigo, no un perito, al no haberse confeccionado utilizando conocimientos científicos, técnicos o artísticos "de los que carezca el Tribunal".
No se considera que el hecho de que informes de ETA, que fueron publicados por otros periódicos y que se referían a la necesidad de que hubiera un periódico euskera, pueda ser considerado como indicativo de vinculación a ETA al no estar escritos por los procesados.
No se consideran tampoco como pruebas de vinculación a ETA:

diversos documentos incautados a la banda porque ésta "no sugiere si no que impone y manda", la información en otros de ellos no es exacta (por lo que el autor puede no tener acceso a la información interna de la banda), que no existen pruebas de que sean los autores o que, mientras que el resto de organizaciones del entramado etarra son designadas con números, en este caso, se menciona al periódico de forma completa.
Tampoco se considera como indicio de pertenencia a ETA otras cuestiones mencionadas (estar en contra de la autovía de Leizarán, por ejemplo).
Por último, tampoco se considera como tal la carta hallada en poder de la etarra Carmen Guisasola, cuyo contenido demuestra que, a juicio del Tribunal, "sólo posee información externa al periódico", ni tampoco los "documentos Garikoitz", que pudieron, a juicio del Tribunal, ser redactados "por el topo de ETA", en este caso, Xabier Alegria Loinaz, condenado en el proceso 18/98.

En cuanto a las "torturas" que denunciaron los procesados (que se sepa no acusaron formalmente a nadie), la sentencia dice que "si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente relevantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación.

La sentencia al completo puede leerse aquí.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de almacenamiento geológico del carbono

noreply@blogger.com (admin) — Mon, 12 Apr 2010 11:18:00 +0000

Visto en ADN.es:

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CO2), una norma que fija el marco jurídico necesario para desarrollar esta tecnología de mitigación del cambio climático.
La técnica consiste en captar el CO2 emitido a la atmósfera por las instalaciones industriales para almacenarlo en el subsuelo de manera permanente, según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La aplicación de esta regulación será compartida entre los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e Industria, Turismo y Comercio y las comunidades autónomas, ha informado el Gobierno.
Con esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la legislación europea y se establece una base jurídica para que se realice en condiciones seguras para el medioambiente.
El almacenamiento de carbono va a permitir "avanzar" en el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones un 20 por ciento en el año 2020, un compromiso que se elevaría hasta un 30 por ciento en caso de que se alcance un acuerdo internacional equitativo, según De la Vega.

Un resumen de la legislación comunitaria a este respecto puede encontrarse en la página oficial de la Comisión Europea. Básicamente consiste en:

proceder a la selección geológica de los lugares donde puede almacenarse el carbono (recogida de los datos relativos al emplazamiento, construcción de modelos informáticos que permitan la comparación entre los lugares, caracterización de la seguridad, la sensibilidad y los riesgos y, por último, proceder a realizar una evaluación de los riesgos considerando las anteriores características).
El órgano competente de cada Estado miembro deberá proceder a la autorización del emplazamiento si se cumplen los requisitos establecidos por la legislación comunitaria y los que, en su caso, se añadan por el Estado miembro (en nuestro caso bien por el Estado central o por las Comunidades Autónomas).
Se establecen también las condiciones de explotación, cierre y postcierre, para que el nivel del carbono almacenado no sea superior al permitido y, por tanto, pueda dañar el medio ambiente.
Por último, se obliga al titular de la explotación a constituir una garantía financiera en el momento de la presentación de la solicitud, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la explotación, cierre y postcierre del establecimiento de almacenamiento del CO2.

La Directiva en cuestión está todavía en fase de tramitación, aunque sí existe una Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para demostrar cómo se realizaría y para apoyar su introducción. Sin embargo, llama la atención la prontitud del Gobierno al transponer esta directiva, que, repito, aún no ha sido ni siquiera aprobada, según la web de la Comisión Europea.

Las obras de rehabilitación desgravables no podrán pagarse en efectivo

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 11 Apr 2010 18:20:00 +0000

Esta medida se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes y tiene por objeto luchar contra la economía sumergida.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de una nueva deducción del 10% para contribuyentes de renta inferiores a 33.007 euros, con un límite de 4.000 euros.

Esta deducción se irá reduciendo progresivamente mientras aumenten los ingresos, hasta los 53.070 euros. A partir de esa renta, no tendrán derecho a la misma. Además, las cuantías que excedan los 4.000 euros pueden deducirse a lo largo de los cuatro ejercicios, con el mismo límite anual y hasta un máximo de total de 12.000 euros.

En el mismo Real Decreto-Ley existen otra serie de medidas, que pueden estructurarse de la siguiente forma:

impulso a la rehabilitación de vivienda, con lo que se intenta recuperar la actividad en el sector de la construcción:

tipo reducido de IVA para obras de renovación y reparación de viviendas realizadas hasta finales de 2012.
se amplía el concepto de rehabilitación estructural tanto en el IVA como en el IGIC, a través de la definición de obras análogas y conexas cn las estructurales, con lo que se pretende disminuir los costes fiscales de la actividad.

estímulos a la actividad empresarial:

reforma de la Ley de Contratos del Sector Público: se permitirá:

el mantenimiento de las relaciones contractuales con la Administración Pública de las empresas que hayan solicitado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, siempre que esta haya adquirido eficacia a través del convenio,
la devolución de la garantía depositada por el contratista cuando éste no pueda ya garantizar la ejecución.

en el plano fiscal: se modifica el IVA y el IGIC para recuperar las cuotas repercutidas del impuesto en los casos de facturas total o parcialmente incobrables.
Ley del Suelo: se modifica para aplicar el coeficiente corrector vinculado a los precios del mercado del sector agrario y para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables.
regulación de seguros de crédito a la exportación: para que las coberturas otorgadas puedan instrumentalizarse mediante garantías o seguros de crédito.
tasas aeroportuarias.

Apoyo a las PYMES:

El Instituto de Crédito Oficial podrá facilitar de manera directa créditos de hasta 200.000 euros a las PYMES y a los autónomos a partir de junio, asumiendo el ICO el 100% del riesgo de las operaciones.
flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a PYMES de forma que los fondos derivados de su titulización pueden destinarse a activo circulante.
reducción de cargas administrativas: se modifica el Impuesto de Sociedades para exonerar de las obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan la cuentía de 100.000 euros por ejercicio salvo que se trate de operaciones realizadas en paraísos fiscales.

Protección a los ciudadanos:

Se elevan los límites de la inembargabilidad en el caso de las ejecuciones hipotecarias.
Se grava con el IVA superreducido a los servicios de dependencia.
Se incorpora una exención con un límite de 1.500€ de cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte colectivo.

Medidas en el sector energético y financiero:

sector energético:

medidas para el impulso de las empresas de servicios energéticos.
titulización del déficit de la tarifa del sistema eléctrico.
creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico.

sector financiero: los objetivos de la modificación a este respecto son:

clarificar el régimen aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica.
reducir los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones en el sector financiero.
permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

Finanzas.com publica un resumen.

Las escuchas del caso Gürtel

noreply@blogger.com (admin) — Sun, 11 Apr 2010 13:52:00 +0000

El País:

Si el artículo 18 de la Constitución reconoce el carácter de derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el artículo 24 de la Constitución también ampara el secreto profesional para no declarar ante los tribunales sobre hechos presuntamente delictivos; el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispensa de esa obligación "al abogado del procesado respecto a los hechos que este le hubiera confiado en su calidad de defensor".

Si a este blindaje de la confidencialidad entre el letrado y su cliente se une el ya citado derecho de los imputados a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables ante el juez, cobra una gran fuerza persuasiva el argumento del auto del TSJM a favor de la invalidez de las escuchas: esto es, la posibilidad de que el acusado niegue sus culpas ante el juez pero se las confiese a su abogado facilitándole incluso "datos sustanciales sobre la comisión del delito" (cuya revelación a terceros por el letrado sería a su vez delito) necesarios para la estrategia de defensa. Si esa confidencialidad no fuese respetada, las interceptaciones judiciales permitirían obtener por esa vía datos autoincriminadores del imputado en contra de su voluntad. Frente al razonamiento de la mayoría, el tercer magistrado justifica las escuchas carcelarias -ordenadas por el auto de 19 de febrero de 2009 de Garzón- mantenidas entre los internos del caso Gürtel y "los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos" sólo por la mera sospecha de que esos innominados abogados pudiesen servir de enlaces a personas del exterior para proseguir una actividad criminal. Pero la ausencia de necesidad, proporcionalidad y motivación en la medida, la naturaleza del delito y la remisión genérica a la lista de abogados espiables (el auto sólo cita con su nombre a López Rubal, pronto sustituido como letrado) mellan las apelaciones del voto discrepante al confuso artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para justificar unas abusivas escuchas.

Encontrado aquí.

Los enlaces a los textos legales los he añadido yo.

STS 9 de febrero de 2010: la pensión compensatoria y la de alimentos en el divorcio

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 10 Apr 2010 20:23:00 +0000

Demanda de divorcio interpuesta por el marido, D. Juan Carlos: en ella exigía:

disolución del matrimonio por divorcio.
extinción de la pensión de alimentos (que venía cobrando la mujer, Dª Amalia, desde la separación).
condena en costas en la sentencia que ponga fin al proceso, si la demandada (Dª Amalia) se opone.

Fallo:

se disuelve el matrimonio por divorcio (a. 85 del Código Civil -CC-).
se extingue la pensión alimenticia (aa. 142 y siguientes del CC), porque ya no son cónyuges y por tanto el marido no está obligado a darla. Se substituye por la pensión compensatoria del artículo 90.

Apelación (el marido apela porque se opone al pago de la pensión compensatoria): la sentencia reconoce ese extremo por falta de desequilibrio económico de la demandada.

Casación (la mujer interpone recurso de casación por considerar que la materia tiene interés casacional -a.477 de la Ley de Enjuciamiento Civil) al no haber una jurisprudencia uniforme en las Audiencias Provinciales sobre A. 97 CC). El Tribunal Supremo considera que:

el desequilibrio económico por el que nace el derecho a la pensión compensatoria se produce, según la jurisprudencia del propio TS, en el momento de la crisis matrimonial.
Los alimentos tienen como finalidad, solucionar el estado de necesidad de quien los acredita. Sin embargo, la pensión compensatoria se debe precisamente a la existencia de ese desequilibrio económico. Precisamente por eso no se requiere la prueba de necesidad que sí se requiere en ese caso, según jurisprudencia del propio tribunal.
La pensión de alimentos se pierde en el momento en que se produce el divorcio, como ya hemos dicho. Pero ocultaba la situación de desequilibrio económico que se había producido desde el momento de la separación.

Fallo: se reconoce por tanto el derecho de Dª Amalia a obtener la pensión compensatoria.

Texto íntegro de la sentencia puede leerse aquí.

1400 jueces firman un manifiesto por la independencia judicial

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 10 Apr 2010 16:46:00 +0000

Expansión informa de que 1400 jueces han firmado un manifiesto por la independencia judicial respecto de los partidos políticos.

La independencia como requisito de la función judicial se encuentra recogida en el artículo 117.1 de la Constitución Española de 1978 y se incorpora como requisito fundamental en los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se considera que no sólo los jueces son independientes, si no que el Poder Judicial como tal también lo es.

Digo se "considera" porque, como bien dice el juez decano de Valencia, el magistrado Pedro Luis Viguer Soles, el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un "Parlamento en miniatura". La razón está en que los 20 miembros (más su Presidente) son todos elegidos por el Parlamento y el Congreso, a diferencia de la primitiva regulación que permitía que 12 de ellos fueran elegidos por los propios jueces.

De modo que se entiende que los jueces añadan al manifiesto una petición:

Ante la situación en el CGPJ, reclamó una vuelta a la elección de los miembros de órgano de Gobierno contemplada en la Constitución -12 por los jueces y ocho por las Cortes- para "alejar lo máximo posible al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la disputa política".

Es discutible, sin embargo, que los partidos quieran reintroducir esa regulación, ya que ni el PP ni el PSOE lo han hecho cuando han tenido oportunidad. Ni siquiera el Tribunal Constitucional lo consideró inconstitucional, porque, por medio de una carambola jurídica, entendió que "12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica", equivalía a "12 por los Jueces y Magistrados".

Esto no quita sin embargo, la importancia a esta "revuelta judicial", que esperemos sea apoyada de forma general en nuestra sociedad.

Objetivos del blog

noreply@blogger.com (admin) — Sat, 10 Apr 2010 15:42:00 +0000

Comienzo a escribir este blog porque creo que:

es necesario razonar sobre el Derecho de una manera general y no sólo entre juristas.
los medios de comunicación muchas veces no se atienen al Derecho para juzgar lo que ocurre si no que se decantan más por una valoración de carácter político. Esta última, aunque sea muy útil, no vale desde el punto de vista jurídico. O no debería valer. Intentaré que no me ocurra lo mismo.
La discusión es necesaria pero debe atenerse a cuestiones jurídicas, no políticas.

Espero que aprendamos todos (yo también).