DERECHO GLOBAL

Audiencia en el Parlamento Europeo sobre el Sistema Interamericano

noreply@blogger.com (IL) — Fri, 27 Jan 2012 15:26:00 +0000

El pasado miércoles 25 de enero de 2012, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo llevó a cabo una audiencia sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación transcribo la descripción oficial del evento y las ponencias que se presentaron:

“The Inter-American human rights mechanism is a well established regional system of human rights protection that coexists with the UN-level universal mechanisms. However, it does face real challenges in terms of resources and sometimes also with regard to real political backing from its Member States. The concerns of the Inter-American Court of Human Rights have increased in recent years due to the increase in the number of cases that the Inter-American Commission has been able to submit to the Tribunal. Consequently, there has been a marked increase in the number of cases on stage of monitoring compliance with the Court's judgements – thus requiring appropriate follow-up. The European Parliament’s Subcommittee on Human Rights has from time to time raised cases that have been adjudicated by the Inter-American System. Most recently this was the case in the joint hearing with FEMM Committee on feminicide. With a view to the proposed new EIDHR regulation due to be presented in this same meeting 25/1, the question of further EU support to and cooperation with the Inter-American Court and the Commission is also very timely to consider.*

*¨tomado de: http://corteidhblog.blogspot.com/2012/01/audiencia-en-el-parlamento-europeo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CorteIdhBlog+%28Corte+IDH+Blog%29

Conferencia UNCTAD-UAM: Responsible Sovereign Financing

noreply@blogger.com (IL) — Fri, 06 Jan 2012 23:19:00 +0000

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) has released in 2011 a set of “Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing”. The purpose of these Principles is to fill in a crucial gap in international sovereign financing - the non-existence of a set of essential principles, for all types of sovereign debt contracting, that is globally agreed on. The Principles are conceptualized in a holistic way and are thus meant to be applied to sovereign borrowers, developed or developing countries alike, as well as their lenders.

In the context of the Campus of Excellence status awarded to the UAM-CSIC, UNCTAD and the University Autónoma of Madrid (UAM), through its schools of Law and Economics, are organizing the Conference "Responsible Sovereign Borrowing and Lending: The Search for Common Principles”.*

*http://www.uam.es/otros/unctad-uam/

Tribunal ecuatoriano ratifica millonario fallo contra Chevron

noreply@blogger.com (IL) — Fri, 06 Jan 2012 22:07:00 +0000

Una corte de apelaciones en Ecuador ratificó una sentencia que ordena a la compañía petrolera estadounidense Chevron pagar una suma que podría llegar a más de US$18.000 millones como indemnización a las personas que la acusan de causar daños ambientales en la Amazonía y afectar su salud*.

Más información sobre algunos hechos del caso aquí

Facts About Chevron and Texaco in Ecuador

* Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/01/120103_ultnot_ecuador_fallo_chevron.shtml

Nacimiento de la Comunidad de América Latina y el Caribe - Celac

noreply@blogger.com (IL) — Tue, 06 Dec 2011 14:33:00 +0000

"Culminó en Caracas la Cumbre constitutiva de la Comunidad de América Latina y el Caribe - Celac con la aprobación de la Declaración de Caracas, el Plan de Acción de Caracas 2012 y el Estatuto de Procedimiento para el funcionamiento de la Celac.

Luego de una semana de trabajo, las delegaciones de los 33 países aprobaron una Declaración especial sobre la Defensa de la Democracias, y 18 comunicados especiales, entre ellos la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba, el compromiso para la inclusión social en la Celac, sobre seguridad alimentaria y nutricional, las islas Malvinas y Solidaridad con Haití.

Se someterán al estudio de la presidencia Pro témpore, Chile, y la Troika, Venezuela y Cuba, las propuestas de incorporar al caribe oriental en la Troika y la creación de una secretaría general de la Celac."*

Ver Plan de Acción Caracas 2012 aquí
Ver Declaración de Caracas aquí
Ver Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la CELAC aquí
*fuente: http://www.cancilleria.gov.co/news/news/node/2074

Acción innominada de control de constitucionalidad contra fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

noreply@blogger.com (IL) — Tue, 01 Nov 2011 21:56:00 +0000

A partes de la decisión de la Sala Constitucional que declara inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre de 2011:

El 26 de septiembre de 2011, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la “acción innominada de control de constitucionalidad” formulada por los abogados Carlos Escarrá Malavé, Neguyen Torres López, Ismar Correa Melo, Chistian Michel Colson y José Luis Durán González, inscritos en el Inpreabogado con los números 14.880, 66.497, 75.502, 98.556 y 91.424, respectivamente, actuando en su carácter de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA el primero de ellos, Gerente de Litigios de ese órgano la segunda de los nombrados, y de sustitutos del Procurador General de la República los restantes, contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre de 2011, en el que se condenó al Estado Venezolano a que a través “de los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional Electoral (CNE),” asegure “que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de (sic) que desee inscribirse como candidato en procesos electorales”; se anuló las Resoluciones del 24 de agosto de 2005 y 26 de septiembre de 2005, dictadas por el Contralor General de la República, por las que se inhabilitó al referido ciudadano para el ejercicio de funciones públicas por el período de 3 y 6 años, respectivamente; y se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de costas y a la adecuación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.

(...) A juicio de esta Sala, la parte actora no pretende la “nulidad” de la Convención Americana de Derechos Humanos ni del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el recurso de nulidad como mecanismo de control concentrado de la constitucionalidad no resulta el idóneo.

Tampoco se trata de una colisión de leyes, pues de lo que se trata es de una presunta controversia entre la Constitución y la ejecución de una decisión dictada por un organismo internacional fundamentada en normas contenidas en una Convención de rango constitucional, lo que excede los límites de ese especial recurso, pues la presunta colisión estaría situada en el plano de dos normas de rango constitucional.

En primer término, es necesario advertir que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado multilateral que tiene jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno solo “en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables” a las establecidas en la Constitución, de conformidad con lo pautado en el artículo 23 de nuestro texto fundamental.

Dicho artículo 23 constitucional, dispone a la letra:

“Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Por otro lado, es importante referir que Venezuela ratificó dicha Convención el 23 de junio de 1977, y los días 9 de agosto de 1977 y 24 de junio de 1981 reconoció expresamente las competencias de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. En concreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Convención, el Estado parte puede declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de su texto, lo cual efectivamente fue hecho por nuestro país.

(...) es preciso referir que la Convención Americana no es el único tratado suscrito por Venezuela relativo a derechos humanos y, en consecuencia, de rango constitucional a tenor de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Nacional, que debe ser tomado en consideración para resolver sobre la ejecución del fallo de la Corte Interamericana.

En efecto, nuestro país ha suscrito y ratificado con posterioridad a la aludida Convención otros tratados de cuyo texto pueden inferirse conclusiones muy distintas a las vertidas en el fallo del 01 de septiembre de 2011, objeto de análisis, en la presente decisión.

Así, la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, obliga a los Estados Americanos a “tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio”, sin exigir que tales medidas sean necesariamente jurisdiccionales. Asimismo, el artículo II precisa los propósitos de la Convención en los siguientes términos:

“1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (subrayado de este fallo).

Como puede advertirse de esta disposición se insta a los Estados a promover y fortalecer los “mecanismos” necesarios (no exclusivamente judiciales) para sancionar los actos de corrupción. Igualmente, el artículo III, referido a las medidas preventivas alude a la “aplicabilidad de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales” por parte de los Estados Partes, lo cual en el caso de Venezuela implica el reconocimiento dentro del marco constitucional del poder sancionador del Poder Ciudadano (artículo 274) entre cuyos órganos está la Contraloría General de la República. En este mismo artículo (cardinal 9) se exige fortalecer los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas” (subrayado nuestro). Obviamente, estos mecanismos modernos deben ser entendidos como aquellos que se apartan y diferencian de los tradicionales, que exigen una sentencia penal firme por la comisión de un delito.

No se trata de interpretar el contenido y alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de desconocer el tratado válidamente suscrito por la República que la sustenta o eludir el compromiso de ejecutar las decisiones según lo dispone el artículo 68 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino de aplicar un estándar mínimo de adecuación del fallo al orden constitucional interno, lo cual ha sucedido en otros casos y ejercer un “control de convencionalidad” respecto de normas consagradas en otros tratados internacionales válidamente ratificados por Venezuela, que no fueron analizados por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de septiembre de 2011, como lo son las consagradas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que ha obligado a esta Sala a ponderar un conjunto de derechos situados en el mismo plano constitucional y concluir en que debe prevalecer la lucha contra la corrupción como mecanismo de respeto de la ética en el ejercicio de cargos públicos, enmarcada en los valores esenciales de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Ese mecanismo de “control de convencionalidad” ha sido señalado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el voto contenido en la sentencia del 24 de noviembre de 2004, caso: Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, donde tal función se despliega “en lo que toca a otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los derechos humanos de los que es parte el Estado”, entre los que se encuentran las Convenciones contra la corrupción, ratificadas por Venezuela, por lo que no puede ejercerse una interpretación aislada y exclusiva de la Convención Americana de Derechos Humanos sin que con ello se desconozca el “corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, a los que aluden también las Opiniones Consultivas de la CIDH Nº OC-16/99 y Nº OC-17/2002.

(...) Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos persiste en desviar la teleología de la Convención Americana y sus propias competencias, emitiendo órdenes directas a órganos del Poder Público venezolano (Asamblea Nacional y Consejo Nacional Electoral), usurpando funciones cual si fuera una potencia colonial y pretendiendo imponer a un país soberano e independiente criterios políticos e ideológicos absolutamente incompatibles con nuestro sistema constitucional.

Ver texto de la decisión

LEY 1418 DE 2010 aprobatoria de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Thu, 06 Oct 2011 18:39:00 +0000

Corte Constitucional Colombiana

EXPEDIENTE LAT-363 - SENTENCIA C-620/11 (Agosto 18)

M.P. Juan Carlos Henao Pérez

Apartes del comunicado de prensa:

"El articulado del Convenio se estructura en tres partes sin titulación. La primera, relacionada con aspectos sustanciales y procesales del Convenio, compuesta por 25 artículos. La segunda, referente a la constitución de un Comité contra la desaparición forzada, la asignación de sus funciones y los posibles instrumentos no contenciosos que puede adelantar frente a los Estados partes, contenida en 11 artículos. Por último, la tercera parte conformada por 9 artículos, establece las reglas de aplicación del tratado en el derecho interno de los Estados partes, la solución de controversias, la aplicación complementaria del Derecho Internacional Humanitario, la posible convocatoria a una Conferencia y los idiomas y copias del Convenio.

Para la Corte, esta sencilla estructura pone de manifiesto que constituye un tratado internacional que desde la comunidad de las Naciones Unidas, viene a complementar el conjunto de herramientas existentes como formas de proteger los derechos humanos en general y específicamente, los derechos a la libertad personal, a la seguridad y a la personalidad jurídica que, entre otros, se afectan tan seriamente por la práctica del delito de desaparición forzada. Además del establecimiento de derechos específicos, la definición de la naturaleza del delito, elementos procesales y garantías de distinto orden en procura de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, se crea una instancia internacional de seguimiento con poderes importantes, aunque sustancialmente supeditados a la aceptación expresa de los Estados partes, para hacer efectivo el cumplimiento de sus compromisos. Se trata entonces, de una convención internacional relacionada con la protección de derechos humanos que lejos de contrariar la Constitución, se suma a las garantías en ella consagradas directamente en el artículo 12 constitucional y a través de la suscripción de otros compromisos de carácter internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y el Estatuto de Roma (...).

De manera específica, el Convenio precisa (art. 4º) cómo cada Estado parte debe tomar las medidas necesarias para tipificar en la legislación penal la desaparición forzada, disposición que reitera el mandato de la citada Convención Interamericana (art. 3º), el cual ya se había cumplido por parte de Colombia a través de su penalización inicialmente mediante la Ley 589 de 2000 y luego incorporada en el Código Penal expedido en el mismo año por medio de la Ley 599. Al mismo tiempo, los artículos 5º, 8º y 13, numeral 1 de la Convención Internacional describen elementos determinantes de la forma cómo debe ser configurado el delito por los Estados partes".

Leer comunicado completo

Fuente: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2033%20comunicado%2017%20y%2018%20de%20agosto%20de%202011.php

Formas de lograr una globalización socialmente sostenible

noreply@blogger.com (IL) — Tue, 20 Sep 2011 19:02:00 +0000

Según una publicación conjunta de la Oficina Internacional del Trabajo y la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio presentada el 20 de septiembre de 2011, la protección social, la inversión en bienes públicos y el buen funcionamiento de los mercados son fundamentales para que la globalización sea socialmente sostenible (1).

Se considera en general que la mundialización es un potente motor que podría promover el crecimiento y el desarrollo, pero se han planteado preocupaciones en cuanto a sus efectos en el empleo y los salarios. En esta publicación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio se examinan las formas de lograr una mundialización socialmente sostenible(2).

Descargue la publicación

(1) http://www.wto.org/spanish/news_s/pres11_s/pr640_s.htm

(2) http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/glob_soc_sus_s.htm

Sociedad Civil propone crear Consejo de Participación Ciudadana a la CAN

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Mon, 19 Sep 2011 17:28:00 +0000

"La conformación de un consejo andino de participación ciudadana que integre y articule los consejos consultivos y las mesas andinas existentes y otros sectores de la sociedad civil, fue propuesta ...por los cerca de tres mil participantes en las Jornadas de Participación Ciudadana en la Integración Regional, que se desarrolló entre el 16 y 18 de septiembre en la ciudad boliviana de Cochabamba.

La propuesta está contenida en la Declaración emitida por los ciudadanos andinos y representantes de los Pueblos Indígenas, Pueblos afrodescendientes, trabajadores, mujeres, jóvenes, productores, empresarios de Bolivia y de los Países Miembros de la Comunidad Andina que participaron en dichas Jornadas".

fuente: http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np18-9-11.htm

Decisión judicial confirma tendencia sobre el uso de internet para el conocimiento del derecho extranjero por jueces en Costa Rica y hace aplicable Convenciones de Derecho Internacional Privado no ratificadas por dicho país:

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Tue, 09 Aug 2011 16:40:00 +0000

Por: Asociación Americana de Derecho internacional Privado

Una nueva sentencia emitida el mes de junio pasado por el Juzgado de Familia de la ciudad de Heredia, determinó la aplicación del derecho extranjero, en éste caso de Nicaragua, a raíz de la investigación realizada por el juez por medio de correos electrónicos enviados a una jueza de familia de Managua y siguiendo las respuestas dadas por ella por ése mismo medio.

(…) Igualmente, resulta de importancia que el juez escogiera la aplicación de la ley de la residencia habitual de la menor para los aspectos de autoridad parental, pues es un punto de conexión inexistente en la ley de Costa Rica que no cuenta con normas de conflicto para dicho tema. Se construyó con ello judicialmente la solución del conflicto de leyes, con base en lo que se estimó la solución más acorde con los instrumentos de derechos humanos reconocidos por el país siendo que incluso se aplicó al efecto el Convenio de La Haya de 1996, no firmado ni ratificado por Costa Rica.

fuente: http://asadip.wordpress.com/2011/08/01/decisin-judicial-confirma-tendencia-sobre-el-uso-de-internet-para-el-conocimiento-del-derecho-extranjero-por-jueces-en-costa-rica-y-hace-aplicable-convenciones-de-derecho-internacional-privado/

Centro regional de Solución de Controversias

noreply@blogger.com (IL) — Wed, 08 Jun 2011 14:45:00 +0000

Representantes de los presidentes que conforman los estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), excepto Surinam, participan en la primera reunión del grupo de trabajo de solución de controversias del organismo regional que se instaló desde el mediodía del lunes en Quito.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, inauguró el encuentro que tiene previsto discutir y aprobar la resolución para crear el Centro de Solución de Controversias.

“En América del Sur es posible establecer nuestro propio mecanismo de solución de controversias. Tenemos capacidades, fortalezas, juristas para hacerlo”, dijo Patiño al inaugurar la cita que terminará el miércoles.

Recordó que en Guyana, el 26 de noviembre de 2010, Ecuador presentó la propuesta, que fue aprobada por los jefes y jefas de Estado. En el documento constan: Creación de un Centro de Arbitraje; Constitución de un Centro de Asesoría Legal para Controversias en Materia de Inversiones; y Código de Conductas para Árbitros y Mediadores de Unasur (...).*

* fuente: ANDES/AR

en: http://andes.info.ec/politica/paises-de-la-unasur-delinean-en-quito-la-creacion-de-centro-de-solucion-de-controversias-regional-65791.html

Latin American Approaches to International Dispute Resolution

Abstract:

The presentation studies some actions taken by Latin American States against ICSID and also offers information about the latest developments in Latin America regarding the creation of a regional Dispute Regional Center.

Number of Pages in PDF File: 24
Keywords: Investments, Latin America, Arbitration, ICSID
JEL Classifications: K33

El tema de los robos de celulares se llevará a la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

noreply@blogger.com (IL) — Wed, 18 May 2011 14:52:00 +0000

" Una comisión del Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicaciones viajó a República Dominicana para hacerse presente en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), un organismo de la Oea en donde se pretende poner sobre la mesa el tema de los robos de celulares. El ministro de esta cartera, Diego Molano, le explicó a Semana.com de qué se trata la propuesta.

´El robo de celulares no solo pasa en Colombia, sino en el mundo entero. Nosotros al ser miembros de la OEA, y ahí está Citel, presentaremos una propuesta para que empecemos a generar un trabajo mancomunado con otros países. Lo que estamos pidiendo es que esta instancia recomiende a todos los países de la región que hagan bases de datos con el registro de celulares robados para que no puedan ser activados´, señala el ministro Molano.

La idea también será presentada ante Unasur. ´Es sencillo. Se trata de que un teléfono celular robado en Colombia no se pueda activar, por ejemplo, en Argentina”, dice el ministro Diego Molano. Solo el año pasado tres millones de celulares robados terminaron en el exterior.´*

"La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) es una entidad de la Organización de los Estados Americanos establecida por la Asamblea General en 1994, que se centra en la promoción del desarrollo de las Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las Américas.

La CITEL sirve como un foro permanente que reúne a los gobiernos y el sector privado para la coordinación de las distintas perspectivas políticas, económicas, sociales y técnicas necesarias para ayudar a satisfacer sus necesidades específicas en materia de infraestructura. Las actividades de la CITEL incluyen el examen de las cuestiones de naturaleza técnica, jurídica y regulatoria de las Telecomunicaciones/TIC, tales como el acceso universal, normas comunes, inteoperabilidad de redes, el uso compatible del espectro radioeléctrico, entre otros".**

* http://www.semana.com/nacion/cruzada-contra-robo-celulares/156897-3.aspx

**http://portal.oas.org/Topic/CITEL/tabid/378/Default.aspx

Colombia es el primer país latinoamericano que firma Acuerdo de Ejecución de Sentencias con la CPI

noreply@blogger.com (IL) — Tue, 17 May 2011 22:44:00 +0000

¨Bogotá (May.17/11) (SIG). El Presidente Juan Manuel Santos destacó este martes que Colombia es el primer país latinoamericano en suscribir el Acuerdo de Ejecución de Sentencias con la Corte Penal Internacional, que permitirá que los condenados por el tribunal paguen sus condenas en el país.

Durante la suscripción de esta iniciativa, que se cumplió en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, con la presencia del Presidente de la Corte Penal Internacional Sang-Hyun Song, el Mandatario destacó la labor que desarrolla el organismo internacional.

“Somos el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de esta naturaleza, y lo hacemos porque estamos convencidos de que, en tan pocos años de existencia, la Corte ha logrado consolidarse como un destacado actor de la comunidad internacional”, dijo Santos.

El Mandatario recordó que este encuentro estaba previsto desde el pasado 6 de diciembre en Nueva York, cuando asistió como el primer presidente en el mundo en hacerlo, a la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional.

“Hoy –tan sólo 5 meses después- estamos reunidos para cumplir ese compromiso y por eso lo hemos invitado a usted, señor Presidente Song, a visitar a Colombia para suscribir este Acuerdo de Ejecución de Sentencias entre el Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional”, dijo.

Explicó que este tribunal se constituye en un referente de alta importancia para Colombia, un país que busca la paz sin dejar atrás el reconocimiento de los derechos de las víctimas y los pedidos de la justicia.

“Su creciente legitimidad y prestigio la han convertido en un referente obligado para aquellos países que, como Colombia, buscan una transición de la violencia a la paz sin olvidar las exigencias de la justicia y el imperativo de reconocer y hacer efectivos los derechos de las víctimas¨*

fuente * ver fuente

El mundo consumiría tres veces más recursos naturales para mediados de este siglo que en la actualidad

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Fri, 13 May 2011 20:36:00 +0000

El mundo consumiría tres veces más recursos naturales para mediados de este siglo que en la actualidad, según un informe de Naciones Unidas.

Se predice que la humanidad utilizará cada año alrededor de 140 mil millones de toneladas de combustibles fósiles, minerales y metales para el año 2050.

Los autores llaman a que el consumo de recursos sea "desconectado" del crecimiento económico, y a que los productores hagan "más con menos".

El crecimiento de la población y de la prosperidad son los principales impulsores del crecimiento en el uso de recursos naturales, observan los creadores del estudio.

El informe es el último de una serie de reportes del Panel Internacional de Recursos, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

"La disociación tiene sentido en todas las esferas económica, social y ambiental", dijo el Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner.

fuente: bbc

El Banco Mundial impulsará la participación de organizaciones civiles y el fortalecimiento de las instituciones

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Tue, 12 Apr 2011 15:51:00 +0000

La crisis que envuelve a Oriente Medio y el Norte de África demuestra que una mayor participación de los ciudadanos y una mejor gobernabilidad son cruciales para el desarrollo económico, por lo que el Banco Mundial redoblará sus esfuerzos por fortalecerlos a ambos, aseguró el presidente de la institución, Robert B. Zoellick.

En un discurso previo a las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, Zoellick señaló que el Banco no solo promovería reformas institucionales sino que también intentaría proporcionar más apoyo a la sociedad civil como una forma de mejorar la rendición de cuentas del Gobierno ante la gente.

“El mensaje para nuestros clientes es que, cualquiera sea su sistema político, no se puede lograr un desarrollo favorable sin buena gobernabilidad y sin la participación de sus ciudadanos”, dijo Zoellick ante una audiencia congregada en el Peterson Institute for International Economics de Washington. “Alentaremos a los Gobiernos a publicar información, promulgar leyes de libertad de información, dar a conocer sus procesos presupuestarios y de adquisiciones, establecer funciones de auditoría independientes y promover reformas del sistema judicial. No concederemos préstamos directos para financiar presupuestos a países que no los den a conocer públicamente o, en casos excepcionales, que no se comprometan al menos a publicarlos dentro de un plazo de 12 meses”. (...)

ver: comunicado de prensa Nº:2011/407/EXC

fuente: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22880273~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html?cid=EXT_BoletinES_W_EXT

OMC - OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Tue, 12 Apr 2011 15:17:00 +0000

En la reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (...) se plantearon en total 45 preocupaciones comerciales específicas, de las cuales 16 se planteaban por primera vez. La reglamentación del tabaco para proteger la salud pública siguió siendo una de las principales preocupaciones. Si bien los Miembros no ponían en tela de juicio los objetivos de salud pública, aducían que la elaboración de dicha reglamentación podría tener un efecto negativo innecesario en el comercio.

Tobacco: specific trade concerns

Brazil has introduced a new draft regulation establishing the maximum permissible levels of tar, nicotine and carbon monoxide in tobacco products, and prohibiting the use of all additives in these products (G/TBT/N/BRA/407 — notified to the WTO on 29 November 2010).

Producers and exporters of Burley and Oriental varieties of tobacco perceive the ban on additives to be a de facto prohibition on 'blended' tobacco products (conventionally produced by blending these varieties of tobacco with a number of additives) in the Brazilian market. About 15 members said that this regulation was more trade restrictive than necessary to achieve Brazil's objective. This was particularly important for some countries, including African and least-developed countries (Zambia, Tanzania, Dominican Republic, Mozambique, Kenya), which depend on the sale of Burley and Oriental tobacco for national revenue.**

**http://www.wto.org/spanish/news_s/news11_s/tbt_24mar11_s.htm

ONU aprueba zona de exclusión aérea

noreply@blogger.com (IL) — Fri, 18 Mar 2011 16:41:00 +0000

El Secretario General de la ONU calificó como “histórica” la decisión del Consejo de Seguridad de autorizar todas las medidas necesarias y declarar una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles en Libia y confió en su implementación inmediata.

En un comunicado, Ban Ki-moon dijo que la resolución del Consejo afirma de manera clara e inequívoca la determinación de la comunidad internacional de cumplir con la responsabilidad de proteger a la población civil de la violencia que ejerce contra ella su propio gobierno (1).

Tras haber visto la resolución, y tomando en consideración que Libia es un miembro pleno de la ONU, aceptamos que es obligado aceptar la decisión del Consejo de Seguridad", afirmó el ministro [de Exteriores libio].

El ministro expresó la "tristeza" de su Gobierno con que la resolución incluya operaciones contra Libia como el establecimiento de una zona de exclusión aérea, que incluye a los vuelos comerciales y civiles. (...)

Kusa considero "muy extraño" que la ONU permita en su resolución el empleo de la fuerza militar contra Libia y señaló que "hay signos" de que esa acción "podría llevarse efectivamente a cabo". "Esto va claramente en contra de la Carta de Naciones Unidas y es una violación de la soberanía nacional de Libia", afirmó (2).

(1) Centro de noticias ONU
(2) El país

Medida Provisional contra Libia

La fusionada Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos emitió el pasado 25 de marzo su primera, en toda la historia de la institución, medida provisional contra Libia con el objetivo de que se abstenga de cualesquiera acciones que resulten en la pérdida de vidas humanas o la violación de su integridad física que puedan infringir las normas de la Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos u otros instrumentos de derechos humanos en los que sea parte. La Corte da un plazo de quince días a Libia para que informe de las medidas adoptadas como consecuencia de la medida provisional.* Ver orden de medida provisional

* tomado del blog aquiescencia

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que regula el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

noreply@blogger.com (IL) — Wed, 02 Mar 2011 19:24:00 +0000

El 1 de marzo de 2011 entra en vigor el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que regula el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este Reglamento fue elaborado por la CIDH teniendo en cuenta los aportes recibidos en el proceso público de consulta que se realizó durante 2010 con los Estados Miembros de la OEA, representantes de la sociedad civil y otros expertos interesados.

(...)

El Reglamento establece que la CIDH podrá conceder recursos del Fondo de asistencia legal, cuando éstos estén disponibles, a peticionarios y peticionarias en denuncias que hayan sido declaradas admisibles por la Comisión, o respecto a la cual la Comisión haya comunicado su decisión de acumular el análisis de admisibilidad con el fondo del asunto. Asimismo, establece que los fondos serán concedidos a aquellas personas que demuestren la carencia de recursos suficientes para cubrir total o parcialmente gastos relativos a la recolección y remisión de documentos probatorios, así como los gastos relacionados con la comparecencia de la presunta víctima, testigos o peritos a audiencias ante la Comisión, y otros gastos que la Comisión estime pertinentes para el procesamiento de una petición o de un caso.

(...)

La creación del Fondo de asistencia legal tuvo su origen en una Resolución adoptada en junio de 2008 por la Asamblea General de la OEA, que estableció que el objetivo de dicho Fondo es “facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen recursos necesarios para llevar su caso al sistema”. La Asamblea General decidió que el Fondo se compondría de dos cuentas separadas, una para la Comisión Interamericana y otra para la Corte Interamericana, y que se alimentaría de contribuciones voluntarias. Asimismo, el Consejo Permanente de la OEA aprobó en noviembre de 2009 el Reglamento para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en que se determinaron los criterios a ser adoptados por la Comisión y la Corte para la elaboración de sus respectivos reglamentos. El 4 de febrero de 2010 la Corte Interamericana aprobó su Reglamento sobre el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de junio de 2010.

Tomado de comunicado de prensa No. 17/11 de la CIDH

Ver reglamento

Parlamento Andino pide a la CAN que evite dar refugio a corruptos

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Mon, 28 Feb 2011 21:44:00 +0000

"Los integrantes del Parlamento Andino, reunidos en La Paz, decidieron que los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) adopten medidas conjuntas para evitar que un corrupto de un país se refugie o ampare en otro de los países miembros de ese organismo."

Parte de la declaración del Parlamento Andino:

Artículo primero: Ratificar la importancia de contar en la Comunidad Andina con un Plan de Lucha contra la Corrupción.

Artículo segundo: Exhortar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores reactivar el Comité Ejecutivo Andino del Plan de Lucha contra la Corrupción en el menor plazo posible.

Artículo tercero: Felicitar a los Estado de los Países miembros que han adoptado medidas constitucionales que determinan la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y anexos, y solicitar a los Estados que no lo han hecho adopten medidas legislativas que garanticen la imprescriptibilidad de esos actos.

Artículo cuarto: Exhortar a los Países Miembros para que adopten medidas que eviten que los corruptos de un país miembro se refugien o amparen en otro país de la Comunidad Andina.

Artículo quinto: Promover la cooperación judicial, la armonización y simplificación de los procedimientos y la asistencia judicial mutua, con el fin de avanzar en la consolidación de una política judicial común para combatir la impunidad y garantizar una justicia efectiva y rendición de cuentas en los países.

Artículo sexto: Acompañar a los gobiernos de nuestros países en el fortalecimiento de las leyes que garanticen la transparencia y la implementación de mecanismos de participación y de control ciudadano.

Artículo séptimo: Recomendar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores adoptar un lineamiento para que la cooperación internacional y multilateral que recibe la Comunidad Andina sea priorizada para apoyar financiera y técnicamente los planes y proyectos encaminados a promover la transparencia y el acceso a la información en los planes nacionales de lucha contra la corrupción.

Artículo octavo: Recomendar a los gobiernos y poderes legislativos adoptar políticas para monitorear los procesos de descentralización.

Tomado de: http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-02-26&idn=39739

CPI carece de jurisdicción en Libia

noreply@blogger.com (Derecho Global) — Wed, 23 Feb 2011 17:29:00 +0000

"El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) aclaró (...)que como Libia no es uno de los Estados parte del Estatuto de Roma, la intervención de la alta instancia sólo es posible si las autoridades de ese país aceptan su jurisdicción.
Luis Moreno Ocampo añadió que en ausencia de esa medida, el Consejo de Seguridad de la ONU puede referir el caso a la Corte".

Tomado de:Centro de noticias ONU

El control de convencionalidad

noreply@blogger.com (IL) — Thu, 10 Feb 2011 01:40:00 +0000

Estos son algunos apartes que nos parecen interesantes del post "Control de convencionalidad difuso: los límites de la armonización"

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH), al establecer en el 2006 el Control de Convencionalidad (CC) en el caso Almonacid Arellano c/ Chile, partió de una intuición correcta: la necesidad de armonizar el sistema americano de derechos humanos y los derechos internos de los Estados. Ahora bien, todos sabemos lo que hay del dicho al hecho. Para comenzar a hablar de ese trecho, analizaremos en este post la última sentencia de la CIADH en el período 2010: el caso Cabrera García y Montiel Flores c/México, fallado el 26/11/10. En ella, la Corte actualiza su doctrina del Control de Convencionalidad en un supuesto en el cual el Estado demandado (México) aduce haberlo ya realizado en el ámbito interno. Esto plantea interesantes cuestiones referentes a la naturaleza “coadyuvante o complementaria” (Preámbulo de la Conv. Am. Der. Hum.) de la actuación de la CIADH. Adicionalmente, la sentencia cuenta con el voto razonado del Juez ad-hoc mexicano, Eduardo Ferrer Mac-Gregor quien en las 30 páginas finales (de las 130 totales) desarrolla una vision complexiva del instituto del Control de Convencionalidad.

(...)Este CC ha ido reafirmando la CIADH en sucesivas intervenciones es obligatorio para todo el aparato del Estado, no sólo los Tribunales Constitucionales o Supremos, sino todos los jueces y debe ser ejercido de oficio. Así dice en el par. 125 de la sentencia que estamos comentando:

“cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.”

(...)En este sentido, además de las necesarias interpretaciones normativas y corrimientos conceptuales que el CC supone, hay una cuestión que se juega en la práctica del sistema y que tiene que ver con los límites concretos que el CC asume. O sea, lo que en algunos derechos internos se conoce como “deferencia” o en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos como “margen de apreciación nacional” y que remite a cómo se ejerce ese control: con rienda corta o rienda suelta. El punto va al centro de la cuestión y hace al principio de subsidiariedad que subyace como estructura a todo el sistema internacional de Derechos Humanos (vid. en este sentido,Carozza) y que se encuentra consagrado en el Preámbulo de la Convención al hablar de la naturaleza “coadyuvante o complementaria” que el sistema de protección convencional tiene respecto de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. El hacer el CC difuso es un movimiento en ese sentido descentralizador y respetuoso del pluralismo nacional. Sin embargo, y he aquí la paradoja, el modo en que la CIADH revisa la aplicación del CC por las jurisdicciones nacionales pareciera desmentir esa dirección inicial.

En el caso Cabrera García y Montiel Flores c/México se plantea el primer supuesto en que un Estado sometido a la jurisdicción de la Corte declara haber ejercido ese CC por medio de las autoridades judiciales intervinientes.

(...) Las alegaciones de Mexico respecto a la excepción de 4ta instancia están en los par. 12 a 15 y las consideraciones de la Corte, rechazándola están en los par. 16 a 22. Su lectura muestra la tenue línea que separa lo subsidiario de la revisión plena y cómo su determinación se juega más en la práctica decisoria que en la teoría, y en este caso la Corte no demuestra mayor deferencia hacia la actividad de los tribunales nacionales. Realiza una revisión plena y no aplica, como lo sugiere Sagüés en el artículo antes referido, una presunción de “interpretación conforme” por parte de aquéllos (en principio, habría que presumir una acción del Estado ajustada a las normas convencionales)."**

** tomado de: http://todosobrelacorte.wordpress.com/2011/02/04/control-de-convencionalidad-difuso-los-limites-de-la-armonizacion/

La UE como una organización de derechos humanos

noreply@blogger.com (IL) — Wed, 02 Feb 2011 21:29:00 +0000

"Piet Eeckhout presentó (...) en la Universidad Autónoma de Madrid unas ideas muy interesantes sobre la UE como una organización de derechos humanos en un seminario impartido en el marco del Máster de Derecho de la Unión Europea y organizado estupendamente por la profesora Irene Blázquez Navarro. Piet Eeckhout armó su discurso sobre dos temas centrales:

(1 ) la autonomía del Derecho de la UE, el principio de jerarquía normativa y la relación/diálogo entre tribunales; y

(2) la cuestión federal. Piet sostuvo que la UE es ya una organización de derechos humanos y que ahora tocaba indagar qué clase de organización de derechos humanos será y qué tipo de contribución hará a los derechos humanos.

En la UE se consideran seriamente los derechos humanos desde hace tiempo, pero a partir de ahora ciertamente se puede hablar, en la gráfica expresión de Piet, de derechos humanos en 3D, ya que una vez que se concrete la adhesion a la Convención Europea de Derechos Humanos deberán convivir en la UE los derechos humanos provenientes de la Carta de Derecho de Derechos Fundamentales de la UE, la Convención Europea de Derechos Humanos y los principios fundamentales de la UE. Piet avanzó su visión sobre las relaciones entre estas fuentes normativas, en buena medida abiertas a la interpretación"(...)*.

*Fuente: http://aquiescencia.net/2011/01/19/la-ue-como-una-organizacion-de-derechos-humanos/

CIDH Condena asesinato de Defensora de Derechos Humanos en México

noreply@blogger.com (IL) — Tue, 21 Dec 2010 20:01:00 +0000

Tomado de: Comunicado de Prensa - No. 123/10 de la CIDH

"El 16 de diciembre de 2010 Marisela Escobedo fue asesinada en la puerta del Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua, donde reclamaba justicia por la muerte violenta de su hija, Rubí Marisol Frayre, que fue asesinada en septiembre de 2008, a los 16 años de edad. Su pareja, Sergio Rafael Barraza, habría confesado la autoría del crimen. Barraza fue absuelto en primera instancia y puesto en libertad; un mes después fue condenado a 50 años de cárcel por un tribunal de segunda instancia, pero permanece prófugo. Pese a las amenazas recibidas, Marisela Escobedo luchó para que el asesinato de su hija no quedara en la impunidad.

La Comisión urge al Estado mexicano a investigar el asesinato de Marisela Escobedo para llevar a la justicia y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, la Comisión insta al Estado mexicano a adoptar todas las medidas a su alcance para ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del asesinato de Rubí Marisol Frayre.

En su Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007), la CIDH señaló que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando su repetición y la aceptación social de este fenómeno. En este marco, recomendó a los Estados garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación oportuna, completa e imparcial, que sus responsables sean sancionados, y que las víctimas tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial.

La Comisión Interamericana urge una vez más al Estado de México a adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto incluye la necesidad de implementar una política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas; fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través de investigaciones penales efectivas, a las que se dé un seguimiento judicial consistente, garantizando así una adecuada sanción y reparación; y continuar adoptando políticas públicas y programas institucionales destinados a superar los estereotipos sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden el acceso pleno de las mujeres a la justicia, incluyendo programas de capacitación para funcionarios públicos en todas las ramas de la administración de la justicia y la policía, y políticas integrales de prevención".

Dos petroleras se retirarán de Ecuador tras fracasar en una renegociación de contratos

noreply@blogger.com (IL) — Sat, 27 Nov 2010 01:25:00 +0000

Fuente: EFE

El mandatario, en su habitual informe semanal de labores, aseguró que "se ha logrado concretar con la mayoría de compañías" la renegociación de los antiguos contratos de participación en la renta petrolera por unos nuevos convenios de prestación de servicios (...)

Correa advirtió de que es posible que las compañías que no han aceptado los nuevos contratos podrían plantear demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.

Si esas petroleras "nos ponen una demanda ante el Ciadi, el país se defenderá y veremos que decide el Ciadi... Sabemos que siempre (ese Centro) está a favor de las compañías, pero nos defenderemos con todo", apostilló Correa.

"Si no quieren seguir en el país con las nuevas reglas del juego, tratemos de llegar a un acuerdo amistoso y si no, pues bueno, sabremos defender al país", reiteró el mandatario.

Recordó que el proceso de renegociación concluirá el próximo martes y dijo que la mayoría de operadoras extranjeras han aceptado los nuevos contratos de prestación de servicios.

Luego de cumplido el plazo "se firmarán los contratos con la gran mayoría de empresas que aceptaron los contratos y, tal vez, con unas dos compañías que quieren irse del país, se terminará la concesión y que les vaya bonito", añadió Correa.

(...)

Hace una semana, Correa ya advirtió de que estaba "duro" el proceso de renegociación de los contratos, aunque remarcó su país no se someterá "a las condiciones de las trasnacionales".

Actualmente, Ecuador recibe el 65 por ciento del beneficio por la venta del petróleo extraído en su territorio por las empresas privadas y con el nuevo contrato pretende elevar ese porcentaje a entre el 85 y el 90 por ciento*.

*tomado de: http://es.noticias.yahoo.com/9/20101120/twl-dos-petroleras-se-retiraran-de-ecuad-e1e34ad.html

Información relacionada:

Pástor: “Nuevos contratos darán más ingresos al Estado y garantizan la soberanía”

Ecuador impone la ley de hidrocarburos a las multinacionales petroleras

¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?

Un derecho global o universal que sirva para dar respuesta a los problemas de justicia que plantea la globalización

noreply@blogger.com (IL) — Wed, 20 Oct 2010 01:10:00 +0000

"Los juristas del mundo hispánico que han participando en el VII Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de España, Iberoamérica y Filipinas reclaman arbitrar un ordenamiento jurídico supraestatal, un derecho global o universal que sirva para dar respuesta a los problemas de justicia que plantea la globalización.

En la ponencia de "derecho global" que ha abordado el Congreso las conclusiones alcanzadas destacan que dicho ordenamiento jurídico global "no debe limitarse al ámbito económico de la globalización", y advierten de que la actual crisis "ha puesto en evidencia que los mecanismos estatales de supervisión son insuficientes".

Recuerdan también que fenómenos nuevos por su intensidad como la preocupación por la sostenibilidad del medio ambiente o por la extensión del terrorismo "confirman la necesidad de afrontar un derecho que cuente con la cooperación de los estados, pero que ha de desarrollarse en un ámbito supraestatal".

Los juristas que han participado en los debates de la ponencia concluyen que un derecho global "ha de referirse a la Humanidad y colocar en su centro a la persona, con igual dignidad, cualquiera que sea el lugar en que viva".

En este sentido ratifican que las declaraciones de Derechos Humanos elaboradas a lo largo de la historia en distintos lugares del mundo pueden ser el punto de partida para ese derecho global.

"La Idea fundamental que debe presidir la formación del derecho global no es tanto la homogenización de estructuras heterogéneas sino la asunción de principios de validez global", señalan las conclusiones. EFE "-*

*fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=554485

Declaración del Grupo Global sobre Migración (Global Migration Group, GMG), sobre los derechos humanos de los migrantes en situación irregular

noreply@blogger.com (IL) — Fri, 08 Oct 2010 15:58:00 +0000

"El 30 de septiembre se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la Reunión de Principales del Grupo Global sobre Migración (Global Migration Group, GMG), presidida por la Sra. Navanethem Pillay, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El GMG es un grupo interagencial que reúne a doce agencias de las Naciones Unidas, incluyendo a las Comisiones Regionales, y además al Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Fue creado con el fin de promover la aplicación de los instrumentos y normas internacionales más importantes en materia de migración, así como la adopción de enfoques más coherentes, comprensivos y mejor coordinados en los temas de migración internacional. Desde agosto de 2010, y por el lapso de un año, la CEPAL coordina la representación de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas en el grupo.

Como resultado de un intenso intercambio de opiniones y reflexiones entre los miembros del Grupo durante las semanas previas, el GMG acaba de adoptar en Ginebra una “Declaración conjunta sobre los derechos humanos de los migrantes en situación irregular”. Con sus aportes y sugerencias, la CEPAL tuvo un activo papel en este proceso.(...)

La Declaración indica que, dado que frecuentemente a los migrantes en situación irregular se les niega el acceso a la más elemental protección laboral, las garantías del debido proceso, la integridad personal y el cuidado de la salud, la protección de sus derechos fundamentales internacionalmente garantizados no solo es una obligación legal sino también un tema de interés público que está intrínsecamente vinculado al desarrollo humano.

Por ello el GMG llama a los Estados a revisar la situación de estos migrantes en sus territorios y a trabajar en conjunto con el fin de asegurar que sus leyes y regulaciones estén acordes con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos en todas las etapas del proceso migratorio. (...)

Ver Declaración

Tomado de: http://www.eclac.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/noticias/8/41068/P41068.xml&base=/tpl/top-bottom.xsl