El pasado 3 de julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer su opinión consultiva (la OC/32) con relación a una serie de preguntas que le formularon Chile y Colombia en el mes de enero del 2023 (véase texto integral de la solicitud): se trataba de preguntas relacionadas al alcance de las obligaciones que en materia de derechos humanos derivan del cambio climático, en las que una y otra vez ambos Estados referían tanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 como al Acuerdo de Escazú adoptado en el 2018.

Es de notar que otra opinión consultiva fue solicitada en materia de cambio climático a otra jurisdicción internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: véanse las preguntas formuladas al final de la solicitud hecha en marzo del 2023, y el comunicado oficial  de la CIJ sobre la finalización de las audiencias orales de diciembre del 2024. Se calcula que en próximos meses la CIJ debería de estar dando a conocer su opinión consultiva, y que es muy probable que integre en ella el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 21 de mayo del 2024, fue el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (más conocido por sus siglas en inglés de ITLOS) el que dió a conocer su opinión consultiva, solicitada por un grupo de Estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar, siempre relacionada a los efectos del cambio climático (véase texto en francés y en inglés).

Como se puede observar, la justicia internacional está siendo solicitada por Estados en aras de clarificar los alcances de las obligaciones internacionales existentes en materia de lucha contra el cambio climático, dada la emergencia en la que se encuentra el planeta.

Chile y Colombia: una valiosa iniciativa conjunta

Esta opinión consultiva permite en particular ayudar a quienes denuncian, desde muchos años, la inacción de sus autoridades estatales para proteger a comunidades de los efectos del cambio climático, efectos que han sido advertidos y modelizados desde mucho tiempo por la comunidad científica: desde la autorización y los permisos otorgados en zonas inundables, o propensas a derrumbes, pasando por permisos para megaproyectos en zonas en las que se prevé una sequía acentuada o que impactarán negativamente las fuentes de agua de una comunidad y la biodiversidad circundante, hasta la inacción a nivel estatal (y municipal) ante la elevación del nivel del mar en ciertas costas particularmente vulnerables o la falta de regulaciones para limitar sustancialmente el uso de sustancias contaminantes que acentúan el cambio climático y contribuyen al calentamiento global.

Son reiteradas éstas y muchas otras más, las situaciones que a menudo terminan en manos de la justicia nacional con datos e informes técnicos sobre los efectos del cambio climático ignorados por las autoridades estatales.

Desde este y otros puntos de vista, hay que agradecer la iniciativa conjunta que tuvieran Chile y Colombia en aras de consolidar el régimen de la protección del ambiente y de los derechos humanos, mediante el procedimiento consultivo previsto por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. No cabe duda que esta gestión conjunta y varias otras más recientes, realzan su liderazgo en la región en materia ambiental: su comunicado oficial conjunto al conocerse la opinión consultiva de este 3 de julio así lo refleja (véase texto).

En el caso de Chile, es de señalar un ambicioso plan de implementación del Acuerdo de Escazú desde el 2022 (véase enlace) por parte de sus autoridades ambientales. En el caso de Colombia, es de notar además la adopción, en mayo del 2025, de un decreto por parte del Poder Ejecutivo (Decreto 488-2025) que establece una serie de regulaciones en los territorios indígenas y obliga a las diversas entidades del Estado colombiano a consultas previas: una postura que debería poder inspirar a muchos otros Estados en América Latina (véase texto del Decreto 488-2025).

Las preguntas en breve

Algunas de las preguntas formuladas de manera conjunta por Chile y Colombia al juez interamericano de derechos humanos se leen de la siguiente manera:

“ 1. ¿Cuál es el alcance del deber de prevención que tienen los Estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, incluyendo eventos extremos y eventos de desarrollo lento, de conformidad con las obligaciones convencionales interamericanas a la luz del Acuerdo de Paris y el consenso científico que alienta a no aumentar la temperatura global más allá de 1,5°C40? 

2. En particular, ¿qué medidas deben tomar los Estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Americana? Frente a ello, ¿qué medidas diferenciadas deben tomarse respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad o consideraciones interseccionales? 

2.A. ¿Qué consideraciones debe tomar un Estado para implementar su obligación     de (i) regular, (ii) monitorear y fiscalizar; (iii) requerir y aprobar estudios de impacto social y ambiental, (iv) establecer un plan de contingencia y (v) mitigar las actividades dentro de su jurisdicción que agraven o puedan agravar la emergencia climática? 

    2.B. ¿Qué principios deben inspirar las acciones de mitigación, adaptación y respuestas a las pérdidas y daños generados por la emergencia climática en las comunidades afectadas?

Teniendo en cuenta el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia, recogidas en el artículo 13 y derivadas de las obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, a la luz de los artículos 5 y 6 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú): 

¿Cuál es el alcance que deben dar los Estados a sus obligaciones convencionales frente a la emergencia climática, en lo que refiere a: 

i) la información ambiental para que todas las personas y comunidades, incluida la vinculada a la emergencia climática;

ii) las medidas de mitigación y adaptación climática a ser adoptadas para atender la emergencia climática y los impactos de dichas medidas, incluyendo políticas específicas de transición justa para los grupos y personas particularmente vulnerables al calentamiento global; 

iii) las respuestas para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños económicos y no económicos asociados con los efectos adversos del cambio climático. 

iv) la producción de información y el acceso a información sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de aire, deforestación y forzadores climáticos de vida corta, análisis sobre los sectores o actividades que contribuyen a las emisiones u otros; y 

v) la determinación de impactos sobre las personas, tales como, la movilidad humana -migración y desplazamiento forzado-, afectaciones a la salud y la vida, perdida de no económicas, etc.? 

¿En qué medida el acceso a la información ambiental constituye un derecho cuya protección es necesaria para garantizar los derechos a la vida, la propiedad, la salud, la participación y el acceso a la justicia, entre otros derechos afectados negativamente por el cambio climático, en conformidad con las obligaciones estatales tuteladas bajo la Convención Americana?“

Con relación a la situación de los niños/niñas en el hemisferio americano, Colombia y Chile formularon las dos siguientes preguntas:

“1. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de adoptar medidas oportunas y efectivas frente a la emergencia climática para garantizar la protección de los derechos de los-las niños y niñas derivadas de sus obligaciones bajo los Artículos 1, 4, 5, 11 y 19 de la Convención Americana? 

2. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de brindar a los niños y niñas los medios significativos y eficaces para expresar libre y plenamente sus opiniones, incluyendo la oportunidad de iniciar, o de otra manera participar, de cualquier procedimiento judicial o administrativo concerniente a la prevención del cambio climático que constituye una amenaza a sus vidas?”

Con relación a los defensores del ambiente, y a la crítica situación que muchos sufren por levantar la voz en defensa de la protección del ambiente, ambos Estados formularon las siguientes preguntas al juez interamericano:

“De conformidad con las obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y a la luz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú: 

1. ¿Qué medidas y políticas deben adoptar los Estados a fin de facilitar la labor de personas defensoras del medio ambiente? 
2. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio de las mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática? 
3. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio en virtud de factores interseccionales e impactos diferenciados, entre otros, sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes ante la emergencia climática?
4. Frente a la emergencia climática, ¿qué información debe producir y publicar el Estado a fin de determinar la capacidad de investigar diversos delitos cometidos contra personas defensoras, entre otros, denuncias de amenazas, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados, violencia de género, discriminación, etc.? 
5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?”

De algunas de las observaciones remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como se puede observar, la formulación de estas y varias otras preguntas debió permitir al juez interamericano precisar el alcance de las obligaciones de los Estados en materia ambiental de cara a las obligaciones que derivan tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como del mismo Acuerdo de Escazú.

Con relación a este último instrumento, es de notar que desde el 5 de junio pasado (Día Internacional del Ambiente), el Acuerdo de Escazú registró la adhesión de Bahamas, con los cual son 18 Estados del hemisferio americano los que son Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firmas y ratificaciones entre las que se contabilizan las de Chile y Colombia). Al respecto, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior (véase enlace), editada en junio del 2025, y titulada precisamente: “Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas“.

De las distintas observaciones (opiniones jurídicas) recibidas por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de este procedimiento consultivo, resultan de particular interés las que fueron remitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase documento), así como por la REDESCA de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase extenso  documento de 119 páginas).

De interés más limitado resultan las observaciones enviadas por Costa Rica (véase documento) al provenir de un Poder Ejecutivo que se opone a la aprobación del Acuerdo de Escazú desde su entrada en funciones en el mes de mayo del 2022: nótese que lo remitido al juez interamericano por Costa Rica no incluye el criterio de entidades del Estado costarricense a cargo del cambio climático, del ambiente o de los derechos humanos, sino que remite a opiniones de las autoridades migratorias y autoridades a cargo de la niñez e incluyen las de su Poder Judicial. Resulta oportuno recordar que este último procedió a una interpretación totalmente inédita de una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para dificultar innecesariamente su trámite de aprobación, en marzo del 2020: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la subsección “El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones” de nuestra nota editada en abril del 2022, y titulada: “Acuerdo de Escazú. Breves apuntes sobre su primera COP (Conferencia de Estados Parte) y una ausencia notoria: Costa Rica (y Chile)“. También remitimos a la subsección “La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros poderes judiciales en América Latina ” contenida en esta nota publicada en el portal de la UCR en junio del 2022, titulada “La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile“.

El extraño texto compuesto enviado por Costa Rica puede ser comparado a las extensas obervaciones elaboradas por el aparato diplomático de Colombia (véase documento), así como por el de Chile (véase documento), o bien por el de México (véase documento). Además de Costa Rica, en América Central, envió sus observaciones El Salvador (véase documento): se trata de uno de los Estados que, al igual que Honduras, no ha tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú.

De las pocas entidades costarricenses que remitieron observaciones, podemos citar a la Universidad Nacional / UNA) (véase escueto documento).

La opinion consultiva en breve

El comunicado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de junio del 2025 (véase texto) refiere a las principales conclusiones de la Corte, que se encuentran en la página 232 de la OC/32.

Es de notar que en varios de los puntos resolutivos (véase texto completo, página 232), la jueza costarricense, la jueza chilena y el juez colombiano se apartaron del criterio de sus homólogos.

Es de indicar, antes de entrar a detallar parte de su contenido que, en vez de responder a cada una de las preguntas solicitadas por Chile y por Colombia, el juez interamericano procedió a una total “reformulación” (párrafo 28) con lo cual, las preguntas quedaron reducidas a la siguiente formulación:

“1. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos sustantivos tales como el derecho a la vida y la salud (artículo 4.1 de la Convención Americana y artículo 10 del Protocolo de San Salvador), a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), la vida privada y familiar (artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y artículo 15 del Protocolo de San Salvador), la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), el derecho de circulación y residencia (artículo 22, de la Convención Americana), a la vivienda (artículo 26 de la Convención Americana), al agua (artículo 26 de la Convención Americana), a la alimentación (artículo 26 de la Convención Americana y 12 del Protocolo de San Salvador), al trabajo y la seguridad social (artículo 26 de la Convención Americana y artículos 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador), a la cultura (artículo 26 de la Convención Americana y 14 del Protocolo de San Salvador), a la educación (artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador), y a gozar de un ambiente sano (artículo 26 de la Convención Americana y 11 del Protocolo de San Salvador), frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática?

2. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos de procedimiento tales como el acceso a la información (artículo 13 de la Convención Americana), el derecho a la participación (artículo 23.1.a de la Convención Americana) y el acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática?
3. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos sin discriminación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de San Salvador) los derechos de la niñez (artículo 19 de la Convención Americana y artículo 16 del Protocolo de San Salvador), las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática?“

Un lector familiarizado con las preguntas hechas por Colombia y Chile notará inmediatamente la ausencia de toda referencia al Acuerdo de Escazú en las preguntas “reformuladas“, lo cual debería poder ser explicado en algún momento al no serlo del todo en el texto de la opinión consultiva.

Es de notar que al contestar a Colombia a una solicitud de opinión consultiva en el 2017 sobre daño ambiental transfronterizo y los derechos de las comunidades afectadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no “reformuló” las preguntas colombianas, sino que más bien, fue mucho más allá de lo que le solicitaba expresamente Colombia: véase texto completo de la OC/23 (Nota 1).

Con relación al cambio climático, la innovación jurisprudencial a la que procede la Corte en los párrafos 299-300 en su texto dado a conocer este 3 de julio merece mención (las negritas son nuestras):

“299. El sistema climático hace parte de ese conjunto y, por ende, aunque está indefectiblemente ligado a otros componentes del ambiente, su protección debe ser entendida como un objetivo específico en el marco de la protección del ambiente. En efecto, la protección del sistema climático adquiere rasgos específicos y diferenciales en atención a las funciones que éste cumple a nivel global, a los elementos que lo componen y a las dinámicas necesarias para asegurar su equilibro. La Corte resalta, en ese sentido, que la afectación del sistema climático constituye una forma de daño ambiental que, aunque relacionada, puede y debe distinguirse de otras formas de daño ambiental como aquellas resultantes de la contaminación o de la afectación de la biodiversidad.

300. La distinción señalada adquiere particular relevancia en el contexto de la emergencia climática, habida cuenta de la urgencia, especificidad y complejidad de las acciones requeridas para proteger el sistema climático global. Ante esta situación, la Corte considera que el reconocimiento de un derecho humano a un clima sano como un derecho independiente —derivado del derecho a un ambiente sano— responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento, además, se alinea con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional, en la medida en que fortalece la protección de las personas frente a una de las amenazas más graves que enfrentan y seguirán enfrentando sus derechos en el futuro. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas“.

Con respecto al derecho a la ciencia, el juez interamericano se muestra particularmente sensible a otras formas de saber (los saberes locales, tradicionales e indígenas) y señala de una manera que nos parece destacable que:

“476. La Corte destaca que junto al conocimiento científico coexisten otras formas de conocimiento tales como los saberes locales, tradicionales e indígenas. Los saberes tradicionales o ancestrales son aquellas concepciones, habilidades, innovaciones, prácticas y filosofías que las comunidades indígenas, locales o, de otro tipo, han desarrollado a lo largo de generaciones como resultado de su actividad intelectual, experiencias, medios espirituales en o desde un contexto tradicional, gracias a su interacción con su entorno natural. Los saberes locales, a su vez, son habilidades desarrolladas por las personas y poblaciones, que son específicos de los lugares donde viven. Finalmente, los saberes indígenas son todos aquellos conocimientos que poseen estos pueblos sobre las relaciones y prácticas con su entorno; integran su patrimonio intelectual colectivo y forman parte integral de sus sistemas culturales, constituyendo la base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de la vida, desde actividades cotidianas hasta acciones a largo plazo.

477. Teniendo en cuenta el valor intrínseco y las características propias de cada tipo de saber, este Tribunal considera que, de acuerdo a una interpretación evolutiva, el “derecho a la ciencia” no solo comprende el acceso a beneficios que se deriven de la ciencia en sentido estricto, sino también, como lo indica el título del artículo 14 del Protocolo de San Salvador, el acceso a la cultura o, más precisamente, a los beneficios que puedan derivarse de las formas de conocimiento relacionadas con ésta; es decir, de los saberes locales, tradicionales e indígenas.

478. Estos saberes cobran especial relevancia en el contexto de la emergencia climática debido a que, ante la urgencia y complejidad de las medidas que deben ser emprendidas para enfrentarla, es necesario que las decisiones correspondientes sean adoptadas con fundamento en el mejor conocimiento disponible. En otras palabras, ante la grave amenaza que supone la emergencia climática para los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de medidas basadas en la mejor ciencia disponible y en el reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas“.

Muchos en América Latina y en el Caribe tienen en mente al leer estos tres párrafos situaciones o casos en los que un profesional suscribe un dictamen técnico “basado sobre la ciencia” que cuestionan ecologistas, pero también habitantes y comunidades de pescadores o locales, campesinas o indígenas, que conocen mejor sus costas, sus ríos, sus lagos, pero también sus montañas y su clima. Gran parte de los escándalos ambientales a repetición que se observan en América Latina se explican por la total omisión de los Estados con relación a estos saberes locales. Desde este punto de vista, estos tres párrafos interpelan de ahora en adelante a muchos en América Latina y hay que saludar que el juez interamericano haya considerado que los Estados no pueden continuar ignorando estos valiosos saberes en su opinión consultiva.

Con respecto a la consulta a poblaciones indígenas y tribales afectadas por el cambio climático, se lee que:

“539. Adicionalmente, el Tribunal reitera lo señalado en relación con la vigencia y características de la consulta en tanto mecanismo esencial para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, especialmente en contextos donde los proyectos de desarrollo o políticas públicas pueden afectar sus territorios, cultura y medios de vida (infra párrs. 608-612). Asimismo, agrega que, en el contexto de la emergencia climática, además de la consulta previa, el Estado debe incentivar la participación de los pueblos indígenas y tribales y de las comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores, teniendo en cuenta su particular vulnerabilidad frente a la emergencia climática y la importancia de contar con los saberes tradicionales, locales e indígenas en los procesos de decisión necesarios para responder a dicha emergencia. Asimismo, debido a la necesidad de basar las decisiones en la mejor ciencia disponible, el Estado debe incentivar la participación de personas, organismos e instituciones científicas independientes“.

En otra parte de la opinión consultiva, se lee, siempre con relación a la consulta a las poblaciones indígenas, y también al derecho de acceso a la justicia, cuatro párrafos (610-614) que, de seguro, interesarán a muchas organizaciones sociales que luchan desde muchos años por el respeto a los derechos de las poblaciones indígenas:

“610. La Corte estima que, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas, originarios y tribales a la consulta previa, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para suministrar, bajo un estándar de máxima divulgación, información actualizada, clara y accesible, suficiente y oportuna sobre los posibles impactos ambientales, climáticos, sociales y culturales de cualquier ley, política, reglamento, proyecto, iniciativa pública y medida que pueda afectar sus derechos territoriales u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, incluyendo aquellos relacionados con el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, los cuales constituyen asuntos de interés público.

611. De igual forma, la Corte recuerda que los Estados deben diseñar e implementar mecanismos para garantizar la consulta previa, conforme a las instituciones representativas y procedimientos de los pueblos indígenas, desde las primeras etapas de planificación o elaboración de cualquier proyecto o medida que pueda afectar sus derechos territoriales u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, como es el caso del desarrollo de las actividades de extracción o exploración de recursos naturales.

612. En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas y tribales no sean obviados en cualquier actividad o acuerdo que haga con terceros, entre terceros, o en el marco de decisiones del poder público con impacto sobre sus derechos e intereses, inclusive aquellas adoptadas con el propósito de protegerlos o de fortalecerlos, en especial cuando tengan cualquier tipo de efecto sobre el territorio colectivo. Por ello, en su caso, corresponde también al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control oportunas y efectivas. En cuanto a las características de la consulta, la Corte reitera que ésta debe ser realizada con carácter previo, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo, adecuado, accesible e informado“

613. En cuanto al derecho de acceso a la justicia, los Estados tienen la obligación de garantizar que los pueblos indígenasy tribales, así como las comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores tengan acceso efectivo a la justicia en el marco de la emergencia climática. Para ello, deben implementar, de forma progresiva, las medidas necesarias para: (i) identificar y eliminar las barreras normativas u operativas que impiden el acceso directo a la justicia de estos pueblos y comunidades; (ii) facilitar vías de acceso a la justicia adaptadas a los conocimientos y modos de vida ancestrales, indígenas y locales; (iii) instaurar el acceso efectivo de estos pueblos y comunidades a representación letrada gratuita y adecuada, así como a los servicios de interpretación y traducción necesarios para promover los procedimientos administrativos y judiciales requeridos para defender sus derechos humanos frente a afectaciones provocadas por el cambio climático; (iv) fortalecer los mecanismos especializados de protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, tales como las defensorías u ombudspersons, y procurar que cuenten con la independencia, competencias y recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para ejercer su mandato. Esto incluye la facultad de actuar procesalmente en defensa amenazados por los efectos de la emergencia climática, y (v) eliminar la condena en costas de los procesos interpuestos por estos pueblos y comunidades para salvaguardar sus derechos humanos frente a daños ambientales o climáticos“.

Con relación al punto específico de la protección de los defensores del ambiente, un aspecto sobre el que nos permitimos detallar el razonamiento seguido por el juez interamericano, se lee que:

“566. En el mismo sentido, este Tribunal destaca la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el marco de la emergencia climática y, en consecuencia, reconoce la existencia de un “deber especial de protección” del Estado respecto de ellas. Este “deber especial de protección” derivado de las obligaciones de respeto y garantía del derecho a defender los derechos humanos impone al Estado los deberes de:

(i) reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras, afirmando la relevancia de su papel en una sociedad democrática y procurando proveerles de los medios necesarios para que ejerzan adecuadamente su función. Esto conlleva la necesidad de abstenerse de imponer a las personas defensoras obstáculos que dificulten la efectiva realización de sus actividades, estigmatizarlas o cuestionar la legitimidad de su labor, hostigarlas o, de cualquier forma, propiciar, tolerar o consentir su estigmatización, persecución u hostigamiento;

(ii) garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas defensoras puedan actuar libremente, sin amenazas, restricciones o riesgos para su vida, para su integridad o para la labor que desarrollan. Lo anterior entraña la obligación reforzada de prevenir ataques, agresiones o intimidaciones en su contra, de mitigar los riesgos existentes, y de adoptar y proveer medidas de protección idóneas y efectivas ante tales situaciones de riesgo^[2], y

(iii) investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras puedan sufrir en el ejercicio de sus labores y, eventualmente, reparar los daños que podrían haberse ocasionado. Ello se traduce en un deber reforzado de debida diligencia en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que les afecten, que en el caso de las mujeres defensoras repercute en una obligación doblemente reforzada de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia, en virtud de su doble condición, de mujeres y de personas defensoras.

567.A la postre, ese deber especial de protección impone a las autoridades, además de abstenerse de imponer límites o restricciones ilegítimas a la labor de las personas defensoras, una obligación reforzada de formular e implementar instrumentos de política pública adecuados, y de adoptar las disposiciones de derecho interno y las prácticas pertinentes para asegurar el ejercicio libre y seguro de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos.

568. Este Tribunal advierte que las personas defensoras de derechos ambientales corren un riesgo acentuado de sufrir violaciones a sus derechos en razón de las actividades que desempeñan en el marco de la emergencia climática. Este riesgo se manifiesta a través de la censura de los debates sobre el ambiente y el clima, la violencia en línea y en otros espacios, la represión de protestas y reuniones públicas, la detención arbitraria y acciones judiciales estratégicas contra la participación pública por parte de actores privados y autoridades públicas (conocidas como “SLAPP” por sus siglas en inglés)”.

Más adelante, el juez interamericano es enfático en señalar que:

“575. En razón de lo expuesto anteriormente, la Corte considera que los Estados tienen la obligación de: (i) recabar y mantener actualizados datos desglosados sobre el número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros actos lesivos contra las personas defensoras del ambiente, considerando factores socioeconómicos, así como de género, edad, sexo y etnia; (ii) diseñar e implementar políticas y estrategias orientadas a atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras del ambiente y prevenir futuros eventos de violencia e intimidación. Estas políticas y estrategias deberán contar con la participación de las personas defensoras del ambiente y tener en cuenta los impactos diferenciados de la violencia basados en factores interseccionales y estructurales de discriminación, y (iii) adoptar las medidas adecuadas para impulsar el reconocimiento y protección del derecho a defender los derechos humanos ambientales en todas las esferas del Estado, así como en la sociedad en general.

576.Los Estados también tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para establecer, o en su caso reforzar, programas nacionales de protección que incluyan un enfoque interseccional. Estos programas deberán servir para promover el diálogo social y ser diseñados y adoptados con la participación efectiva de todos los actores sociales relevantes incluyendo, al menos, a las empresas, sindicatos, ONGs y personas defensoras. Además, deberán incluir estrategias específicas para garantizar la vida, integridad y buen nombre de las personas defensoras del ambiente, considerando la situación de riesgo adicional que experimentan las personas defensoras mujeres, periodistas, miembros de comunidades rurales, afrodescendientes y de pueblos indígenas”.  

Se recomienda la lectura pormenorizada de la opinión consultiva como tal, dado que en materia de acceso a la información, derecho de la participación en materia ambiental, protección de las comunidades indígenas, protección y resguardo de los saberes tradicionales, protección especial de la niñez, así como de los adultos mayores, derecho a la ciencia,  el juez interamericano procede a enunciar una serie de principios jurídicos y de obligaciones que derivan de estos mismos principios para los Estados. Muchas de estas obligaciones estatales constituyen a la vez una protección para los derechos enunciados por el juez interamericano en su opinión consultiva.

A modo de conclusión

Este 3 de julio del 2025, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dieron a conocer su respuesta a Chile y a  Colombia, y en realidad a gran cantidad de Estados y de organizaciones que, en el hemisferio americano, observan los efectos devastadores causados por la inacción climática.

En el caso de varias organizaciones de la sociedad civil, esta inacción se debe a sus mismas instituciones públicas: en muchos casos, estas organizaciones intentan, ante los tribunales nacionales de justicia, obtener decisiones en favor del ambiente y de las personas que lo defienden, y que se condene a sus autoridades por no querer tomar decisiones urgentes que derivan del cambio climático.

A partir de este 3 de julio, estas organizaciones cuentan con una opinión consutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les permitirá sin lugar a dudas confortar sus posiciones en la defensa del ambiente y en defensa de los derechos de las comunidades más impactadas por el cambio climático.

Pese a una clara omisión con respecto a las disposiciones del Acuerdo de Escazú en las preguntas “reformuladas“,  y a referencias esporádicas al mismo en el texto, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería permitir a los jueces nacionales reforzar sus decisiones desde el punto de vista jurídico.

En cuanto a las autoridades de los Estados, cuentan desde esta fecha con una muy completa guía que puede servirles de base para elaborar políticas públicas y regulaciones nacionales mucho más acordes con la situación de emergencia climática, en particular para los Estados como Costa Rica, que persisten en no aprobar el Acuerdo de Escazú, exhibiendo de paso (en el caso de Costa Rica), su total inconsistencia en materia ambiental ante el mundo (Nota 2). El estado oficial de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú (véase enlace) evidencia que mientras Chile y Colombia (así como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Panamá, Nicaragua y Uruguay) cuentan desde varios años con una valiosa herramienta para elaborar estas políticas públicas, otros Estados de América Latina continúan desaprovechándola por completo.

Nota 1: Con relación a la OC 23 del 2017, véase: BOEGLIN N., “Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos“, publicado en DebateGlobal (Colombia), 26 de febrero del 2018. Texto disponible aquí;  PEÑA CHACÓN M., “Desafíos y oportunidades de la Sala Constitucional de cara a la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos”, publicado en Derechoaldia (Costa Rica), 17 de febrero del 2018. Texto disponible aquí. Así como el programa Era Verde (Programa semanal del canal de televisión Canal 15, UCR), “Corte IDH nos jala el mecate en materia ambiental“, Emisión completa disponible en Youtube en este enlace.

Nota 2: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional de febrero del 2023 haciendo ver la total incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado “Costa Rica resta puntos como ´país verde´ “; o bien esta nota de France24 titulada “Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir“; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada “Le Costa Rica fait passer à  la trappe un traité de défense de l environnement“; o este cable de la agencia  internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra “retroceso“).  De igual manera se puede citar este artículo titulado “Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests” publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos, que detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa  de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: “Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente“.

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“Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them” (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9). 

“Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne”. 

Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de”Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable”. Texto completo disponible aquí. 

El pasado 12 de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas examinó y votó un proyecto de resolución sobre el drama indecible que se vive en Gaza, presentado a iniciativa de España.

Este proyecto de resolución fue apoyado por un significativo grupo de Estados durante su elaboración, a modo de reacción colectiva ante el veto por parte de la delegación de Estados Unidos observado días antes: véase al respecto nuestra nota anterior sobre la votación registrada en el Consejo de Seguridad el 4 de junio del 2025, con 14 votos a favor y un solitario voto en contra (el de Estados Unidos) (Nota 1).

El proyecto inicial presentado por España contó con el apoyo formal, por parte de América Latina, de los siguientes Estados co-auspiciantes del mismo: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

Desde la perspectiva jurídica internacional, resulta de interés observar cómo, poco a poco, los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando; y cómo las vociferaciones y gesticulaciones de las máximas autoridades israelíes y su abierto desafío a la autoridad de los diversos órganos de Naciones Unidas (jurisdicciones incluídas), están llevando a los demás Estados de la comunidad internacional (con la notable excepción de Estados Unidos, así como de Argentina, Hungría y Paraguay) a considerar a Israel como un verdadero Estado paria.

Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio sobre estas y muchas otras vociferaciones en el marco de una emisión radial, en compañia de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: “La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza” (audio en Spotify disponible aquí). Este próximo 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspiciará una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa e inscripción).

En las líneas que siguen, procederemos a analizar el contexto en el que se dió esta votación en Naciones Unidas el pasado 12 de junio,  así como el detalle del voto registrado, no sin hacer ver la extraña actitud de la diplomacia costarricense durante todo el mes de mayo (y en lo que va del mes de junio): una diplomacia bastante discreta si se compara a la de otros tiempos, cuando se manifestaba en contra de la violación a los principios del derecho internacional público y de la justicia internacional, en particular de la justicia penal internacional. Una omisión que debiera interpelar a muchos en Costa Rica.

El contexto de esta votación del 12 de junio en breve

La catástrofe humanitaria provocada por Israel en Gaza, al mantener un bloqueo a la ayuda humanitaria, y al romper la tregua acordada con el Hamas en enero del 2025 desde el pasado 18 de marzo, con bombardeos diarios indiscriminados sobre esta misma población civil, ha sido ampliamente reportada, provocando reacciones de profundo repudio de Estados usualmente cercanos a Israel como por ejemplo Australia, Alemania, Canadá, Francia o bien Reino Unido.

– Algunas de las reacciones oficiales de Estados

Por ejemplo, en el mes de mayo por ejemplo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjunto del 19 de mayo). En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:

“Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes en réponse“.

Como corrolario a todo lo anterior el “asedio contra niños” en Palestina por parte de Israel fue denunciado el pasado 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió el 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros :

“Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra” (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).

España condenó por su parte los nuevos asentamientos en Cisjordania autorizados por Israel el pasado 30 de mayo (véase comunicado); y suscribió una declaración conjunta firmada por 23 Estados el 19 de mayo (véase texto) sobre la inaceptable privatización de la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza decidida por Israel. A inicios de mayo, España suscribió una declaración conjunta (véase texto) condenando la expansión de la operación militar de Israel en Gaza decidida por Israel el 5 de mayo, conjuntamente con Eslovenia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega.

Chile por su parte el 28 de mayo decidió retirar parte de su personal diplomático en Israel, en señal de repudio ante la catástrófica situación humanitaria en Gaza (véase comunicado de su aparato diplomático), que había condenado en términos vehementes en un comunicado anterior, el pasado 16 de mayo (véase texto), no sin antes (5 de mayo), condenar el plan de expansión de las operaciones militares en Gaza (véase comunicado), de igual manera condenado por Bolivia (véase comunicado del 7 de mayo): nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar si sus respectivas cancillerías alzaron la voz como Chile, Bolivia, y otros tantos Estados durante el pasado mes de mayo, o si alguna oscura razón puede explicar el mutismo absoluto de sus autoridades diplomáticas ante el drama indecible que se vive en Gaza.

Sudáfrica por su parte condenó en un extenso comunicado con fecha del 1ero de junio (véase texto) las víctimas mortales palestinas que cayeron durante la entrega de ayuda humanitaria, un texto antecedido por otro del 16 de mayo (véase texto) en el que condenó la muerte de 143 personas en 24 horas en Gaza debido a los bombardeos del ejercito israelí.

– Algunas condenas provenientes de órganos de Naciones Unidas

El 3 de junio del 2025, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado de prensa (véase texto) pasado desapercibido en la mayoría de los medios de prensa internacionales, señaló que:

“Deadly attacks on distraught civilians trying to access the paltry amounts of food aid in Gaza, are unconscionable. For a third day running, people were killed around an aid distribution site run by the “Gaza Humanitarian Foundation”. This morning, we have received information that dozens more people were killed and injured.

There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks, and those responsible held to account. Attacks directed against civilians constitute a grave breach of international law, and a war crime.

Palestinians have been presented the grimmest of choices: die from starvation or risk being killed while trying to access the meagre food that is being made available through Israel’s militarized humanitarian assistance mechanism. This militarized system endangers lives and violates international standards on aid distribution, as the United Nations has repeatedly warned“.

El último informe al 11 de junio elaborado por Naciones Unidas  sobre la situación en Gaza (véase enlace), completado por el anterior informe al 5 de junio del 2025 (véase enlace), y el informe trasanterior al 28 de mayo del 2025 (véase enlace) dan una idea de la violencia que ejerce Israel sobre la población civil de Gaza, objeto de bombardeos indiscriminados diarios desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, (con una breve tregua registrada entre el 19 de enero y el 18 de marzo del 2025).

Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, circula un informe realizado por una comisión internacional de invesigación, que detalla  los crímenes de guerra perpetrados por Israel, en el que se enfatiza la destrucción deliberada de toda la infraestructura pública existente en Gaza: véase informe A/HRC/59/26 con fecha del 6 de mayo del 2025, muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales. Este informe concluye con un vehemente llamado a los Estados Miembros de Naciones Unidas:

“101. The Commission recommends that all Member States: 

(a) Comply with all international law obligations, including those set out in the July 2024 advisory opinion of the International Court of Justice, the Geneva Conventions of 12 August 1949, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; 

(b) Cease aiding or assisting in the commission of violations; and explore measures to ensure the accountability of perpetrators of international crimes, grave human rights violations and abuses in Israel and the Occupied Palestinian Territory“.

Durante la sesión del mismo 4 de junio del Consejo de Seguridad, el Sub Secretario General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas imploró al Consejo de Seguridad a tomar decisiones valientes en aras de gestionar la llegada de la ayuda humanitaria que Israel bloquea y concluyó indicando (véase texto de su intervención):

“No one should have to risk their life to feed their children. As I have repeatedly stressed, we must be allowed to do our jobs: We have the teams, the plan, the supplies and the experience. Open the crossings – all of them. Let in lifesaving aid at scale, from all directions. Lift the restrictions on what and how much aid we can bring in. Ensure our convoys aren’t held up by delays and denials. Release the hostages. Implement the ceasefire.We value the support of more and more Member States who are joining our call: Let us work”.

– Tramitación de casos contra Israel ante la justicia internacional y ante la justicia nacional

El pasado 9 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por infundada la enésima solicitud de Israel para intentar dejar sin efecto las órdenes de arresto contra su actual primer Ministro y su ex Minsitro de Defensa (véase texto, en particular conclusiones a párrafos 46-49); al tiempo que Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido anunciaron este 10 de junio sanciones contra dos ministros del actual gabinete que gobierna en Israel (véase comunicado oficial del Reino Unido y artículo publicado en el TimesofIsrael).

Cabe precisar que la CPI no es una jurisdicción internaconal  que juzge a Estados, sino que busca enjuiciar a personas a título individual, desde el punto de vista penal, por ordenar, instigar o bien cometer actos particularmente graves debidamente tipificados desde 1998 en el Estatuto de Roma (véase texto) como lo son: el crimen de genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7) y los crímenes de guerra (artículo 8). La lectura detallada de este último artículo 8 se recomienda, más particularmente de cara a las dramáticas imágenes que provienen de Gaza pero también de Cisjordania, y ello desde más de un año y medio. En este enlace oficial nuestros estimables lectores podrán revisar el detalle de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma.

Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual esta vez juzga a Estados (y no a indidivudos), realizó entre el 28 de abril  y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado  Miembro de Naciones Unidas (Nota 2): unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales hicieron ver a los 15 integrantes de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y detallaron ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado. Por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.

En el ámbito de la justicia nacional, recientemente la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo y nota sobre acciones llevadas a cabo por la Fiscalía peruana). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a “gestiones” de  la embajada de Israel en Brasil, que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa): se lee en esta nota de CNN del 5 de enero del 2025 que, en un comunicado oficial de Israel, se indicó que: “el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, activó inmediatamente al Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que el ciudadano israelí no corriera peligro”.Según se entiende, Israel procedería ahora a “activar inmediatamente” a sus funcionarios diplomáticos nombrados en embajadas en el exterior para permitir a sus nacionales buscados por la justicia local… ¿escapar de ella?  … ¿Cómo así? Como se lee. A menos que haya que interpretar lo de “activar inmediatamente” al aparato diplomático israelí de alguna otra manera que nos escapa.  En diciembre del 2024, una denuncia interpuesta esta vez en Chile buscaba también la captura de un soldado israelí paseando en Chile (véase nota de prensa).

Ahora bien, si militares israelíes de batallones particularmente violentos en Gaza están viendo la manera de salir a vacacionar como turistas hacia América Latina, cabría preguntarse porqué no escogerían como destino también a las hermosas playas costarricenses. Desde el punto de vista del derecho penal costarricense, ¿contará la justicia costarricense con herramientas que le permitan accionar investigaciones y órdenes de captura similares a las de sus homólogas en Brasil y en Perú o darle seguimiento a la intentada ante la justicia chilena?

El proyecto de resolución presentado por España

El texto votado (véase texto al final repoducido del proyecto de resolución A/ES-10/L.34/rev.1) se compone de 21 puntos operativos que  recogen en detalle la violaciones reiteradas observadas en Gaza por parte de Israel.

Su lectura es recomendada, y desde ya se puede señalar que serán de gran utilidad para los Estados que apoyan la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como para los abogados de víctimas palestinas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Ante el bloqueo a la ayuda humanitaria por parte de Israel, en los párrafos operativos 9 y 10 se señala que la Asamblea General:

“9. Demands that Israel, the occupying Power, immediately end the blockade, open all border crossings and ensure that aid reaches the Palestinian civilian population throughout the Gaza Strip immediately and at scale, in line with its obligations under international law and humanitarian principles; 

10. Stresses the need for accountability in order to ensure Israel’s respect of international law obligations, and in this regard calls upon all Member States to individually and collectively take all measures necessary, in line with international law and the Charter of the United Nations, to ensure compliance by Israel with its obligations”.

El detalle del voto en breve

En el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, el detalle de la votación registró las siguientes cifras este 12 de junio: 149 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones.  Costa Rica votó a favor.

Estados Unidos e Israel pudieron contar con el voto en contra de únicamente 10 Estados: de los cuales Argentina y Paraguay en el caso de América Latina y de Hungría en el caso del continente europeo.

Con relación a las dos fichas con las que cuenta Israel en América Latina en estos momentos, cabe seeñalar lo siguiente: al tiempo que en La Nación de Argentina una extensa entrevista a un ex diplomático de Israel se titulaba de la siguiente manera: “Si los únicos amigos que tiene Netanyahu son Orban y Milei, tiene un problema” (véase artículo cuya lectura completa se recomienda), Paraguay informaba del reforzamiento de sus lazos bilaterales con Israel (véase comunicado oficial del 9 de junio).

Es de notar que la República Checa esta vez optó por abstenerse, cuando usualmente su delegación vota con Israel y Estados Unidos. Los demás Estados que votaron en contra fueron los que acostumbran votar como Israel en Naciones Unidas desde muchos años, en este tipo de contiendas diplomáticas, a saber: Fiji, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Tonga y Tuvalu.

Al tiempo que abstenciones observadas en el pasado por Alemania, Australia, Austria, Canadá, Italia, Reino Unido o Ucrania en ejercicios muy similares, esta vez se materializaron en un voto a favor de la resolución propuesta.

Entre las 19 abstenciones, se puede notar por parte de América Latina la solitaria abstención de Panamá.

De manera a poder visualizar con mayor precisión los votos en contra y abstenciones con las cuales no contaron esta vez Estados Unidos e Israel, remitimos a continuación al voto de la resolución del 27 de octubre del 2023 (120 votos a favor,14 en contra, 45 abstenciones) que recogía el texto objeto de un veto por Estados Unidos 9 días antes en el seno del Consejo de Seguridad,que también tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 3).

Los periodistas y comunicadores: un blanco militar de Israel en Gaza

Este reciente  reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel y de sus círculos de influencia según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario.

Este reportaje (véase enlace) realizado en Francia por periodistas de Le Monde y otros medios europeos en este inicio del mes de junio del 2025, ofrece evidencia documentada de los ataques deliberados de Israel a comunicadores, operadores de drones y periodistas palestinos en Gaza, en abierta violación a las reglas del derecho internacional humanitario.

El Committee to Protect Journalists denunció la muerte de tres comunicadores el pasado 5 de junio en Gaza (véase nota) y circuló una petición pidiendo acceso a Gaza para la prensa internacional (un acceso que prohibe Israel), reuniendo 200 firmas de medios de prensa de todo el mundo: véase texto y, para nuetros estimables lectores costarricenses, en el número 46, el único medio costarricense firmante de esta petición (el director del medio digital Delfino.cr.).

Con relación a Costa Rica y al mutismo de su aparato diplomático para repudiar con un simple comunicado de prensa lo que gran parte del mundo está condenando, el pasado 11 de junio se informó de una petición de cientos de ciudadanos exigiendo a sus autoridades alzar la voz ante la intercepción realizada por Israel de una flotilla humanitaria (véase nota de ElMundo.cr). Entre estos ciudadanos, podríamos preguntarnos  si aparece (o no) también la firma de ilustres juristas costarricenses, expertos en derechos humanos, ex diplomáticos, ex cancilleres, ex embajadores de Costa Rica, ex jueces costarricenses en jurisdicciones internacionales, … O si, algo que merecería ser conocido, les impide externar algun tipo de crítica hacia Israel, sea de manera individual, sea de manera colectiva.

En este breve acápite sobre la eliminación física deliberada de periodistas y de comunicadores por parte de Israel en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, invitamos a los periodistas y comunicadores costarricenses a revisar qué manifestación de repudio ha externado su colegio gremial, el Colegio de Periodistas (COLPER): salvo error de nuestra parte, llevamos más de 20 meses de mutismo absoluto al respecto por parte de esta entidad con relación a Gaza y a sus comunicadores.

La justicia penal internacional en la mira de Estados Unidos

Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma : véanse al respecto el anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio yel  comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio.

En febrero del 2025, se habían manifestado en defensa de la CPI y contra estas sanciones más de 80 Estados (véase texto colgado por el aparato diplomático de Países Bajos): se notará la ausencia en América Latina de Argentina, Ecuador, El Salvador, Haítí, Paraguay así como de Venezuela. No resulta de más recordar que en América Latina dos Estados (que no se citan en la precitada lista), persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998: Cuba y Nicaragua.

Como muchos otros, en este mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronunció la Unión Europea / UE (véase nota del TimesofIsrael).

En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de sanciones, se pudo leer este comunicado de prensa, al igual que este otro comunicado oficial emitido esta vez por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto).

Ya en el 2020, habíamos tenido la oportunidad de analizar la sanciones tomadas por parte de Estados Unidos contra el personal de la CPI, motivadas también para proteger a Israel, sin que ello fuera explícitado por las autoridades norteamericanas (Nota 4): en aquel momento (setiembre del 2020), sí pudimos referirnos al comunicado oficial de Costa Rica en defensa de los principios y de los valores contenidos en el Estatuto de Roma.

En este mes de junio del 2025, la ausencia de toda manifestación por parte de Costa Rica pareciera formar parte del mutismo absoluto al que se ve sometido su aparato diplomático con relación a Israel, observado en los últimos meses.

A modo de conclusión

Mientras el mundo observa horrorizado la extrema violencia que Israel le impone a la población civil de Gaza desde largos meses y mientras que se multiplican las manifestaciones oficiales de repudio al accionar de Israel desde inicios de mayo, Israel continúa sus operaciones militares diarias sobre Gaza.

A la vez, mantiene el bloqueo a la ayuda humanitaria a Gaza, aventurándose a una entrega personalizada por parte de una fundación privada que ha demostrado ser incapaz ante el desafío que supone entregar ayuda humanitaria a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas.

En esta entrevista a uno de los grandes especialistas israelíes del Holocausto publicada el pasado 9 de junio por la BBC (véase texto cuya lectura completa se recomienda), se puede leer por parte de este experto israelí que:

“Cuando se considera la cantidad de periodistas que mataron, de personal médico, cuando se leen informes de niños que recibieron disparos de francotiradores en la cabeza o en el pecho*, incluso esta mañana leía otro informe sobre esto, es difícil encontrar una equivalencia para esto que ha ocurrido en un espacio tan pequeño con una población de más de dos millones de personas.

Solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia y Grozni era terrible. Pero esto es a mayor escala. Es difícil compararlo con nada. Para el siglo XXI, ciertamente no hay precedentes“.

Como ya viene siendo costumbre, en aras de desviar la atención internacional sobre el drama que se vive Gaza, y cohesionar a sus aliados cuando se distancian de Israel, después de este nuevo fracaso diplomático en Nueva York, Israel optó por ir a bombardear sitios nucleares en Irán horas después, arriesgándose a una respuesta militar iraní inmediata o casi (Nota 5). No está de más recordar que días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2024, que se alistaba a examinar la dramática situación en Gaza, Israel lanzó una operación militar en el Líbano con la explosión a distancia de miles de beepers el 17 de setiembre del 2024, iniciando una conforntación con el Hezbollah más allá del Sur del Líbano. Es con este misma idea de distraer a la opinión pública internacional, que horas antes de que la CIJ diera lectura a su primera ordenanza sobre Gaza en La Haya el 26 de enero del 2024, Israel informó al mundo de informes de inteligencia sobre supuestos “nexos” entre funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas que asiste a los refugiados palestinos (más conocida por sus siglas UNRWA) con el Hamás: la UNRWA sigue desde entonces esperando evidencias y pruebas al respecto (véase sección titulada “UNRWA: Claims versus facts” en este enlace oficial de la UNRWA).

De paso, la ofensiva militar sobre Irán por parte de Israel de este 12 de junio también obligó a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado.

Para volver en estas últimas líneas a la apacible Costa Rica y a sus majestuosos parajes tropicales, el título de este reportaje de una cadena de televisión costarricense de marzo del 2024 plantea una interrogante sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo en Gaza ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica a todo visitante extranjero?

– Notas –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Gaza / Israel: reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad y al silencio de Costa Rica“, 4 de junio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., ” Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa“, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., “Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil“, 18 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., “Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional  (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones“, 2 de setiembre del 2020. Texto disponible aquí. Una versión fue publicada en el sitio de la UCR el 24 de setiembre, en la sección Voz Experta, disponible en este enlace. Sobre las saciones dictaminadas en este mes de junio por la actual administración norteamericana, véase GALBRAITH J.,  “US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern”, Verfassungsblog, 7 d ejunio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 5: El riesgo para Israel y sus habitantes es significativo al no haber podido el 13 de abril del 2024 interceptar todos los misiles y drones enviados en esta misma fecha  por Irán sobre su territorio. Es muy probable que misiles más modernos y perfeccionados sean lanzados desde Irán sobre Israel a partir del 13 de junio del 2025, luego del envío de una gran cantidad de drones desde Irán obligando en un primer momento a la defensa antimisil israelí a disparar.

Material / Documento.

Texto del proyecto de resolución A/ES-10/L.34/Rev.1 aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 12 de junio del 2025:

Algeria, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile, Colombia, Egypt, Iceland, Indonesia, Ireland, Jordan, Lebanon, Malaysia, Morocco, Nicaragua, Norway, Qatar, Saudi Arabia, Slovenia, South Africa, Spain, Türkiye, Uganda, Venezuela (Bolivarian Republic of) and State of Palestine:* 

draft resolution 

Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations 

The General Assembly, 

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and recalling its resolutions regarding the question of Palestine, and all the relevant resolutions of the Security Council, 

Reaffirming also that all parties to armed conflicts must comply with their obligations under international law, including the Charter, international humanitarian law and international human rights law, and underscoring the importance of holding accountable all those responsible for violations of international law, 

Strongly deploring the end of the ceasefire and the decision of the Israeli Government, since 2 March 2025, to block access to humanitarian aid, including life – saving supplies, notably food, medicine, fuel and cooking gas, for over 2 million people, and expressing its deep alarm over the ongoing catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip, including the severe lack of adequate healthcare services and the extreme state of food insecurity, creating a critical risk of famine, and its grave impact on children, women, elderly persons and other civilians, 

Expressing grave concern at the latest and prolonged escalation of violence since the 7 October 2023 attack and the war in the Gaza Strip and the grave deterioration of the situation, including the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip, 

Condemning all attacks against civilians, including all acts of terrorism and indiscriminate attacks, deploring all attacks against civilian objects, acts of provocation, incitement and destruction, reaffirming its rejection of forced displacement of the civilian population, and recalling that the taking of hostages is prohibited under international law,

Expressing support for the mediation efforts of Egypt, Qatar and the United States of America to immediately restore the implementation of the ceasefire agreement in all its phases, leading to a permanent end to hostilities, the release of all hostages, the exchange of Palestinian prisoners, the return of all human remains and the full withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip as well as the start of a major multi-year reconstruction plan for Gaza, 

Recalling the orders of provisional measures of the International Court of Justice in the case concerning the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1 in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), indicated by the Court on 26 January, 28 March and 24 May 2024, given its determination that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the Court to be plausible, namely the right of the Palestinians in the Gaza Strip to be protected from acts of genocide and related prohibited acts mentioned in article III of the Convention, 

Recalling in particular the determination by the International Court of Justice on 28 March 2024 that “the State of Israel shall, in conformity with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and in view of the worsening conditions of life faced by Palestinians in Gaza, in particular the spread of famine and starvation … take all necessary and effective measures to ensure, without delay, in full co-operation with the United Nations, the unhindered provision at scale by all concerned of urgently needed basic services and humanitarian assistance, including food, water, electricity, fuel, shelter, clothing, hygiene and sanitation requirements, as well as medical supplies and medical care to Palestinians throughout Gaza, including by increasing the capacity and number of land crossing points and maintaining them open for as long as necessary”, which has remained unheeded to date, 

Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences arising from Israel’s policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and from the illegality of Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory, as well as the urgent request of the General Assembly for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of Israel in relation to the presence and activities of the United Nations, other international organizations and third States in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Noting that, in accordance with international humanitarian law, if the whole or part of the population of an occupied territory is inadequately supplied, the Occupying Power shall agree to relief schemes on behalf of the said population, and shall facilitate them by all the means at its disposal, 

Recalling Articles 100, 104 and 105 of the Charter, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 3 and the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 4 Security Council resolution 2730 (2024) of 24 May 2024 and all relevant resolutions concerning the safety and security of United Nations and humanitarian personnel, including General Assembly resolution 79/138 of 9 December 2024, 

Expressing deep alarm at the number of humanitarian workers killed in the Gaza Strip, including personnel of the United Nations, the majority of them staff of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 

Reiterating its demand that all parties to the conflict comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, including with regard to the protection of civilians, humanitarian access, the safety and security of humanitarian personnel and their freedom of movement, and the protection of United Nations and humanitarian facilities and other civilian objects, 

Expressing grave concern at the escalation of violence and violations of international law in the West Bank, including East Jerusalem, which has witnessed the intensification of forcible displacement, settlement activity, settler violence, unlawful use of force by Israeli forces, arbitrary arrests and the demolition or seizure of Palestinian homes and essential infrastructure, 

Recalling that the General Assembly established the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East as a subsidiary organ of the United Nations in its resolution 302 (IV) of 8 December 1949, and acknowledging the essential role that the Agency has played for more than seven decades since its establishment in alleviating the plight of the Palestine refugees by provision of services, including emergency assistance, for the well-being, protection and human development of the Palestine refugees and for the stability of the region, pending the just resolution of the question of the Palestine refugees in line with the relevant resolutions, 

Emphasizing the imperative of ensuring accountability for all violations of international law in order to end impunity, ensure justice, deter future violations, protect civilians and promote peace, 

1. Demands an immediate, unconditional and permanent ceasefire, to be respected by all parties; 
2. Recalls its demand for the immediate, dignified and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups; 
3. Demands that the parties fully, unconditionally and without delay implement all the provisions of Security Council resolution 2735 (2024) of 10 June 2024, including an immediate ceasefire, the release of hostages, the return of the remains of hostages who have been killed, the exchange of Palestinian prisoners, the return of Palestinian civilians to their homes and neighbourhoods in all are as of the Gaza Strip and the full withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip; 
4. Also demands that all parties to the conflict comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, in particular with regard with the conduct of hostilities and the protection of civilians, and stresses the need for accountability for violations by all parties; 
5. Strongly condemns any use of starvation of civilians as a method of warfare and the unlawful denial of humanitarian access, and stresses the obligation not to deprive civilians in the Gaza Strip of objects indispensable to their survival, including by wilfully impeding relief supplies and access; 
6. Stresses that an occupying Power is obliged under international law to ensure that humanitarian aid reaches all the population in need, and demands the immediate and permanent facilitation of full, rapid, safe and unhindered entry of humanitarian assistance at scale, including food and medical supplies, to and throughout the Gaza Strip and its delivery to all Palestinian civilians, as well as fuel, equipment, shelter and access to clean water, in accordance with international humanitarian law, with full respect for the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, in coordination with the United Nations; 
7. Demands that the parties fully comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, in relation to persons they detain, including through the immediate, dignified and unconditional release of all those arbitrarily detained and the return of all human remains; 
8. Recalls its decision, in its resolution 79/232 of 19 December 2024, to request the International Court of Justice, on a priority basis and with the utmost urgency, to render an advisory opinion on the obligations of Israel, as an occupying Power and as a member of the United Nations, in relation to the presence and a ctivities of the United Nations, including its agencies and bodies, other international organizations and third States, in and in relation to the Occupied Palestinian Territory, including to ensure and facilitate the unhindered provision of urgently needed supplies essential to the survival of the Palestinian civilian population as well as of basic services and humanitarian and development assistance, for the benefit of the Palestinian civilian population, and in support of the Palestinian people’s right to selfdetermination; 
9. Demands that Israel, the occupying Power, immediately end the blockade, open all border crossings and ensure that aid reaches the Palestinian civilian population throughout the Gaza Strip immediately and at scale, in line with its obligations under international law and humanitarian principles; 
10. Stresses the need for accountability in order to ensure Israel’s respect of international law obligations, and in this regard calls upon all Member States to individually and collectively take all measures necessary, in line with international law and the Charter of the United Nations, to ensure compliance by Israel with its obligations; 
11. Calls upon all Member States scrupulously to respect the privileges and immunities of all officials of the United Nations, the specialized agencies and related organizations and to refrain from any acts that would impede such officials in the performance of their functions, thereby seriously affecting the proper functioning of the Organization; 
12. Calls upon all States to respect and protect humanitarian personnel and United Nations and associated personnel, including national and locally recruited personnel, in accordance with their obligations under international law; 
13. Stresses the obligation, in accordance with international humanitarian law and national laws and regulations, as applicable, to respect and protect medical personnel, as well as humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities, in all circumstances; 
14. Also stresses the obligation of the parties to armed conflict to respect and protect civilians and to exercise constant care to spare civilian objects, including objects necessary for food production and distribution, and to refrain from attacking, destroying, removing or rendering useless objects that are indispensable to the survival of the civilian population, and to respect and protect humanitarian personnel and consignments used for humanitarian relief operations, in accordance with the relevant provisions of international law; 
15. Welcomes and expresses support for the United Nations-Coordinated Plan to Resume Humanitarian Aid Deliveries to Gaza;
16. Reiterates its call to all States and the specialized agencies and organizations of the United Nations system to continue to support and assist the Palestinian people; 
17. Underscores that the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East remains the backbone of the humanitarian response in the Gaza Strip, rejects actions that undermine the implementation of the mandate of the Agency, welcomes the commitment of the Secretary-General and the Agency to fully implement the recommendations of the Independent Review of Mechanisms and Procedures to Ensure Adherence by UNRWA to the Humanitarian Principle of Neutrality (Colonna Report), also welcomes the commission by the Secretary-General of a strategic assessment in order to review the Agency’s impact, implementation of its mandate under present political, financial, security and other constraints and consequences and risks for Palestine refugees, and calls upon all parties to enable the Agency to carry out its mandate, as adopted by the General Assembly, in all areas of operation, with full respect for the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and to respect international humanitarian law, including the protection of United Nations and humanitarian facilities; 
18. Welcomes the League of Arab States-Organization of Islamic Cooperation recovery and reconstruction plan as the basis to address the horrific humanitarian situation in the Gaza Strip, calls upon all Member States, the United Nations and international donors to cooperate and provide assistance to ensure the effective implementation of the plan, with a leading role for the Palestinian Authority, and encourages the international community to participate in the international conference that Egypt plans to convene to address recovery and reconstruction in the Gaza Strip; 
19. Reiterates its unwavering commitment to the two-State solution, with the Gaza Strip as part of the Palestinian State and where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace and security within their secure and internationally recognized borders, in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions, and in this regard firmly rejects attempts at demographic and territorial change in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, as well as all measures violating the historic status quo of the holy sites of the city, reiterates its unequivocal rejection of actions that aim at forcibly displacing the Palestinian people and at unlawfully seizing Palestinian territory, including any such actions in the Gaza Strip, and demands the immediate and complete cessation of such actions, condemns all plans of individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory, demands an immediate halt to all settlement construction, expansion, land confiscation, home demolitions, forced evictions and settler violence in the West Bank, including East Jerusalem, and calls for immediate and concrete steps to preserve the territorial integrity of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and towards unifying the Gaza Strip with the West Bank under the Palestinian Authority; 
20. Reaffirms the permanent responsibility of the United Nations with regard to the question of Palestine until it is resolved in all its aspects in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions; 
21. Decides to adjourn the tenth emergency special session temporarily and to authorize the President of the General Assembly at its most recent session to resume its meeting upon request from Member States.

Project Officer