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La sentencia del TJUE sobre el Reglamento de Agentes de la FIFA

2026-07-16T16:47:19.278+02:00

La sentencia de la Sala Quinta del TJUE sobre el Reglamento FIFA de Agentes, en adelante RAF, resulta decepcionante porque no enfoca el problema desde el punto de vista técnico en la dogmática de los artículos 101 y 102 TFUE.

1. El TJUE olvida que la FIFA ha regulado unilateralmente las relaciones económicas entre clubes y agentes, pero sólo una de esas partes, los clubes, está integrada en la estructura federativa que culmina en la FIFA. Los agentes no son miembros de la FIFA, ni directa ni indirectamente. Son terceros sometidos a una normativa que incluye la necesidad de licencia, obligaciones informativas, reglas de conducta y límites retributivos que ha sido elaborada por la estructura federativa en la que se integran los clubes, que son la contraparte habitual de los agentes en muchas de las relaciones reguladas.

Esa diferencia es sustancial. El RAF no es una autorregulación adoptada por todos los afectados por la norma. Es una regulación dictada desde la estructura institucional de una de las partes de la relación regulada.

Desde el punto de vista del artículo 101 TFUE, el RAF debía calificarse, en su conjunto, como una decisión de una asociación de empresas (a) restrictiva de la competencia por su objeto (b).

a) La FIFA actúa como asociación de empresas porque las federaciones nacionales que la integran agrupan a clubes y ligas que desarrollan actividades económicas.

b) Al aprobar el RAF, la FIFA adopta una decisión normativa que limita la libertad de los clubes, de los agentes y, en parte, de los jugadores para configurar individualmente sus relaciones contractuales. En efecto, el RAF fija condiciones de acceso a la actividad, limita la representación múltiple, establece reglas sobre honorarios, impone bases de cálculo de éstos, disciplina la captación de clientes por parte de los agentes estableciendo límites a la competencia entre agentes, regula los pagos y obliga a comunicar a la FIFA, y en parte a poner a disposición de otros operadores del mercado, información contractual y económica, incluida información sobre transacciones y remuneraciones (con el riesgo de crear un focal point que uniformice las condiciones y los precios de los contratos).

De manera que el RAF implica que una asociación de empresas sustituye la negociación individual en el mercado (entre un agente, un jugador y un club) por una regulación uniforme de las condiciones bajo las cuales los agentes pueden prestar sus servicios a clubes y jugadores.

Desde esta perspectiva, el RAF limita por su propia naturaleza la competencia en la contratación de servicios de agencia.

Los jugadores dejan de competir individualmente por atraer agentes en las condiciones que estimen convenientes; los agentes dejan de competir ofreciendo libremente distintas modalidades de remuneración, representación y servicio; y los jugadores ven restringido el abanico contractual disponible. Esa sustitución de la contratación descentralizada por una norma común impuesta desde la estructura federativa es, en sí misma, una restricción por objeto.

2. Que algunas de esas restricciones puedan tener una justificación atendible no elimina su entrada en el artículo 101.1 TFUE. La consecuencia correcta no era preguntarse, cláusula por cláusula, si cada una de ellas presenta aisladamente un grado suficiente de nocividad. La consecuencia correcta era declarar que el Reglamento, como marco normativo común impuesto por una asociación de empresas, queda comprendido en la prohibición del artículo 101.1, y examinar después si puede beneficiarse de la exención del artículo 101.3 TFUE.

Así pues, el artículo 101.3 era el lugar adecuado para valorar los objetivos alegados por la FIFA: profesionalización de la actividad de agente, evitación de conflictos de interés, protección de jugadores inexpertos, transparencia del sistema de transferencias, estabilidad contractual e integridad de las competiciones. Pero la FIFA no solo debía invocarlos sino probar que el RAF produce eficiencias objetivas, que una parte equitativa de esas ventajas se reserva a los usuarios, que las restricciones son indispensables y que no eliminan la competencia efectiva en una parte sustancial del mercado, como exige el artículo 101.3 TFUE.

3. La comparación útil es la de la jurisprudencia sobre convenios colectivos. En Albany, Brentjens y Drijvende Bokken, el TJUE excluyó del artículo 101.1 los convenios colectivos celebrados entre empresarios y trabajadores para mejorar condiciones de trabajo y empleo. Esos acuerdos restringen la competencia en sentido material, porque limitan la libertad individual de empresarios y trabajadores para pactar salarios y demás condiciones contractuales. Pero quedan fuera del artículo 101 porque cumplen una función social constitucionalmente reconocida y porque la negociación colectiva laboral forma parte de la estructura del Derecho social europeo.

Esa doctrina no ampara, sin embargo, los acuerdos colectivos entre empresas o profesionales independientes. Pavlov y FNV Kunsten son los casos de referencia: los profesionales autónomos son, en principio, empresas a efectos del Derecho de la competencia, salvo que se trate de falsos autónomos en una situación comparable a la de trabajadores asalariados. Por tanto, un acuerdo colectivo entre asociaciones de operadores económicos independientes entra normalmente en el artículo 101.1 TFUE. Puede ser lícito, pero no porque quede fuera de la prohibición, sino porque cumpla los requisitos del artículo 101.3 o porque sus restricciones sean accesorias y necesarias para una cooperación legítima.

Aplicado al RAF, esto significa que ni siquiera una negociación colectiva real entre clubes y agentes habría excluido automáticamente el artículo 101.1 (salvo que fuera de aplicación la doctrina de las restricciones accesorias) Pero sí habría sido un dato relevante para el análisis del artículo 101.3. Un acuerdo adoptado mediante negociación bilateral entre asociaciones representativas de ambas partes del mercado puede ser más fácilmente defendible si genera eficiencias, reduce costes de transacción, evita conflictos de interés y preserva un espacio suficiente de competencia. Lo que no puede recibir el mismo trato es una regulación unilateral dictada por la estructura federativa en la que están integrados los clubes y que se impone a los agentes, que son terceros externos.

4. Desde el punto de vista del artículo 102 TFUE, la conclusión debería ser paralela. La FIFA ostenta una posición dominante porque controla normativamente el acceso y funcionamiento del sistema internacional de transferencias. El agente que quiera operar en ese mercado necesita someterse al RAF. En consecuencia, la promulgación del Reglamento no es sólo una decisión de asociación de empresas: es también el ejercicio de poder de mercado por una organización dominante.

Ese ejercicio presenta rasgos propios de un abuso de explotación. La FIFA impone a los agentes condiciones de acceso, límites de remuneración, restricciones sobre representación, obligaciones de información, reglas sobre pagos y disciplina contractual. No son simples reglas técnicas del deporte. Son condiciones económicas impuestas a operadores que dependen de la FIFA para desarrollar su actividad. Si esas condiciones no han sido negociadas de forma equilibrada con los agentes ni están justificadas por eficiencias suficientes, deben considerarse inequitativas y abusivas.

En el análisis del artículo 102 debería exigirse a la FIFA demostrar que el Reglamento no desplaza indebidamente poder contractual desde los agentes hacia los clubes, salvo que la FIFA hubiera podido demostrar que el RAF fue producto de una negociación auténtica entre todas las partes implicadas lo que habría restaurado la presunción de "justicia del contrato", es decir, que la participación en plano de igualdad de los agentes en la elaboración del RAF habría sido un indicio muy potente de la ausencia de abuso de posición de dominio por explotación.

Aunque el artículo 102 TFUE no contiene una cláusula de exención equivalente al artículo 101.3, la jurisprudencia del TJUE ha construido una defensa de justificación objetiva y de eficiencias para las conductas de empresas dominantes cuyos requisitos se aproximan funcionalmente a los del artículo 101.3. Aplicado al RAF significa que la FIFA debía soportar una carga equivalente: probar que la imposición del RAF era objetivamente necesaria o que generaba eficiencias suficientes, beneficiosas para los usuarios del sistema de transferencias, indispensables y compatibles con el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de servicios de agentes.

Una versión en inglés de esta entrada sin el resumen puede verse aquí.

Resumen de la sentencia elaborado por la IA

El asunto C-209/23, resuelto por el TJUE, Sala Quinta, el 16 de julio de 2026, trae causa de un litigio ante el Landgericht Mainz entre FT, agente de jugadores y vicepresidente de la asociación de agentes The Football Forum, y RRC Sports GmbH contra la FIFA. Los demandantes pretendían que se prohibiera a la FIFA aplicar diversas disposiciones del Reglamento FIFA sobre Agentes, el RAF y del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, por considerarlas contrarias a los artículos 56, 101 y 102 TFUE y al artículo 6 RGPD. El RAF había sido adoptado por el Consejo de la FIFA en 2023

El Reglamento regula la actividad de los agentes en el sistema internacional de transferencias. Define, entre otras nociones, quién es “agente vinculado”, qué es una “aproximación” o approach, quién es “cliente”, qué son la entidad de llegada y la de salida, qué es la plataforma FIFA y qué son “servicios de agente”. La actividad regulada consiste sustancialmente en poner en relación, mediante remuneración, a jugadores o entrenadores con clubes, asociaciones o ligas centralizadas para facilitar una transferencia, una contratación o una transacción internacional. Para el Tribunal, esa actividad es prestación de servicios a título oneroso y, por tanto, actividad económica. Además, puede influir en la composición de las plantillas, en la estabilidad de los equipos y en la fuerza deportiva de los clubes, factores que inciden en competiciones que son, a su vez, actividades económicas. Por eso el RAF no queda fuera del Derecho de la Unión por el hecho de pertenecer al ámbito deportivo. Sólo quedan fuera del ámbito de los artículos 56, 101 y 102 TFUE ciertas reglas adoptadas exclusivamente por motivos no económicos y referidas únicamente al deporte como tal, por ejemplo reglas sobre composición de selecciones nacionales o criterios de selección de atletas. Las reglas del RAF no son de esa clase: regulan servicios profesionales de intermediación, remuneraciones, acceso a la profesión, captación de clientes y comunicación de información económica.

En relación con el artículo 101 TFUE, la sentencia considera que la FIFA puede ser calificada como asociación de empresas. La razón es que sus miembros son asociaciones nacionales que agrupan clubes y ligas que desarrollan actividades económicas, como venta de entradas, patrocinio, comercialización, derechos audiovisuales y contratación de jugadores o entrenadores. El RAF, aunque adoptado formalmente por la FIFA, puede ser una decisión de asociación de empresas, porque incide directamente en las condiciones de ejercicio de la actividad económica de clubes, ligas, jugadores, entrenadores y agentes. Además, afecta al comercio entre Estados miembros, ya que se aplica a acuerdos de representación internacionales, transferencias internacionales y transacciones internacionales, imponiéndose a la mayoría de los operadores relevantes dentro del fútbol profesional europeo.

El Tribunal examina las reglas del RAF por categorías:

restricciones a la representación múltiple,
reglas sobre remuneración de los agentes,
condiciones de licencia,
reglas sobre aproximación a clientes ya vinculados por contrato exclusivo e
información que debe comunicarse a la FIFA o ponerse a disposición de otros operadores.

La sentencia insiste en que no basta con decir que una regla limita la libertad económica del agente para considerarla restrictiva por objeto. La categoría de restricción por objeto debe interpretarse estrictamente y sólo cubre formas de coordinación que revelan por su propia naturaleza un grado suficiente de nocividad para la competencia. Si ese grado de nocividad no aparece, corresponde al juez nacional analizar los efectos reales o potenciales de la regla en el mercado.

Sobre la representación múltiple,

El artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF impide que un mismo agente, o agentes vinculados, representen simultáneamente a varias partes de la misma transacción, salvo la doble representación autorizada de jugador o entrenador y entidad de llegada, con consentimiento escrito previo. Estas reglas reducen la intensidad de la competencia porque impiden a agentes ya contratados por una parte prestar servicios a otra parte de la misma operación. Sin embargo, el TJUE no las considera, por sí mismas, restricciones por objeto. Pueden restringir la libertad económica del agente, pero no necesariamente pertenecen a una forma de coordinación inherentemente nociva para la competencia. Su ilicitud dependerá, en su caso, del análisis de efectos y del contexto del mercado, incluida su concentración

El Tribunal añade que esas limitaciones a la representación múltiple pueden estar justificadas por un objetivo legítimo: evitar conflictos de interés y proteger a los clientes de los agentes frente a conductas contrarias a la ética profesional. La regla permite la doble representación en supuestos de conflicto menos intenso, con consentimiento informado, y prohíbe la doble o triple representación cuando el conflicto es manifiesto, por ejemplo entre entidad de salida y jugador, entidad de salida y entidad de llegada, o todas las partes de la operación. Ahora bien, corresponde al juez remitente comprobar si había medidas menos restrictivas, como obligaciones de información o transparencia, que protegieran con igual eficacia a los clientes.

En materia de remuneración de los agentes,

el RAF contiene varias reglas. El artículo 15.2 establece un techo dinámico: cuando el agente representa al jugador o entrenador, o a la entidad de llegada, su remuneración máxima es del 5 % de la remuneración anual del individuo si ésta no supera 200.000 dólares, y del 3 % si supera esa cifra; en caso de doble representación autorizada de individuo y entidad de llegada, los límites son del 10 % y del 6 %; y cuando el agente representa a la entidad de salida, el límite es del 10 % de la indemnización de transferencia. El Tribunal señala que una fijación horizontal de precios suele ser, por naturaleza, nociva, pero un precio máximo proporcional no es necesariamente una restricción por objeto. El techo no es una tarifa fija, sino un límite relativo vinculado al salario o al importe de la transferencia, por lo que no impide necesariamente a los agentes competir en precio, calidad o innovación ni amortizar sus esfuerzos mediante una remuneración mayor dentro del límite.

Esto es tremendo y lanza un mensaje terrible: ahora todas las asociaciones de agentes podrán pactar límites a sus comisiones, supongo, con lo que desincentivarán la entrada de agentes que se impliquen financieramente en la carrera del jugador.

La sentencia examina también otras reglas de remuneración. El artículo 14.2 y 14.3 impide, salvo para jugadores o entrenadores con remuneración anual igual o inferior a 200.000 dólares, que un tercero pague los honorarios debidos por el cliente al agente. El Tribunal entiende que esta regla limita ciertos montajes financieros, pero no elimina por sí sola la competencia en precio o calidad.

El artículo 15.3 y 15.4 presume que otros servicios prestados por el agente o por un agente vinculado durante los 24 meses anteriores o posteriores a una transacción forman parte de los servicios de agente y, si no se destruye la presunción, las cantidades percibidas se imputan al límite de honorarios. Tampoco esta regla se considera restrictiva por objeto, porque busca evitar la elusión del techo de remuneración.

El TJUE tampoco considera restricciones por objeto las reglas que obligan a calcular la remuneración del agente sobre bases determinadas, como el salario del jugador o entrenador o la indemnización de transferencia, ni la prohibición de que el agente cobre participaciones en futuras indemnizaciones de transferencia. Esas reglas afectan a las modalidades de cálculo o pago, pero no necesariamente al importe ni a la posibilidad de competir por precios. También la regla del artículo 14.10, que en caso de doble representación impide que la entidad de llegada pague más del 50 % de la remuneración total del agente, se presenta como una regla capaz de prevenir comportamientos colusorios o conflictos de interés y no como una restricción por objeto.

Restricciones por el objeto

La excepción relevante dentro de las reglas de remuneración es el artículo 14.12 a) del RAF. Si se interpreta en el sentido de que el agente que intervino en el primer traspaso pierde la parte aún no vencida de su remuneración cuando el jugador o entrenador es transferido de nuevo antes de expirar el contrato de trabajo, incluso aunque ese agente ya no represente al jugador y no haya intervenido en la nueva transferencia, la regla es arbitraria. El Tribunal considera que una privación automática de remuneración en esas circunstancias es una forma de coordinación que, por su propia naturaleza, perjudica el funcionamiento normal de la competencia. Esa es una de las dos reglas que el TJUE identifica como susceptible de ser restricción por objeto.

La segunda categoría que puede constituir restricción por objeto es la de las aproximaciones a clientes ya vinculados por contrato exclusivo. El artículo 16.1 b) y c) sólo permite a un agente aproximarse a un cliente representado en exclusiva por otro agente durante los dos últimos meses del contrato exclusivo y le impide celebrar un nuevo contrato fuera de esa ventana temporal. En abstracto, una regla que concentre en un mismo período la negociación de nuevos contratos de representación podría favorecer la comparación de ofertas. Pero el problema es que la regla no se aplica al agente incumbente: quien ya representa al cliente puede renegociar o renovar sin esperar a esa ventana de dos meses. La norma otorga así una ventaja competitiva al agente instalado frente a los agentes rivales y distorsiona el juego de la oferta y la demanda. Por eso el Tribunal la clasifica, en esa medida, como restricción de la competencia por objeto.

Sobre las licencias de agente,

la sentencia distingue. La exigencia de licencia no se impugna como tal, sino algunas condiciones para obtenerla y conservarla. El artículo 5.1 a) ii) y iii) exige que el candidato no haya sido condenado penalmente por una lista de infracciones, como crimen organizado, tráfico de drogas, corrupción, blanqueo, evasión fiscal, fraude, manipulación de partidos, malversación, violación de deberes fiduciarios, falsificación, falta profesional, violencia sexual, crimen violento, acoso o explotación y tráfico de menores o adultos vulnerables; y que no haya sido suspendido al menos dos años, excluido o radiado por una autoridad reguladora o instancia deportiva por infracciones éticas o profesionales. El TJUE no considera estas reglas restrictivas por objeto: no parecen impedir el acceso al mercado a un número significativo de personas y pueden aplicarse de forma transparente, objetiva y no discriminatoria.

También se analizan las reglas que condicionan la licencia a aceptar las normas FIFA, el Derecho suizo por defecto y la competencia de los órganos FIFA, federaciones miembros y TAS. El Tribunal dice que esa sumisión no es, por sí sola, restricción por objeto. Sólo podría serlo si las normas materiales de FIFA o del Derecho suizo aplicables por remisión fueran ellas mismas inherentemente nocivas para la competencia. En principio, pueden justificarse por la finalidad de ofrecer un marco normativo uniforme y un mecanismo de control a escala mundial, así como por la integridad del sistema de transferencias. Pero el juez nacional debe verificar si esas reglas producen efectos restrictivos desproporcionados.

El bloque de información y transparencia

se analiza en dos planos. El artículo 16.2 j) ii) a v) y k) ii) obliga a los agentes a subir a la plataforma FIFA, entre otras cosas, contratos distintos del contrato de representación celebrados con clientes, información sobre pagos de honorarios, pagos derivados de otros acuerdos, acuerdos entre agentes para cooperar o compartir ingresos, y, si actúan mediante agencia, el número de agentes que usan la misma agencia y el nombre de sus empleados. El Tribunal dice que la mera recogida de información por la FIFA para verificar el cumplimiento del Reglamento no es, por sí misma, restrictiva de la competencia, sobre todo porque la FIFA no actúa directamente como agente en esos mercados.

El artículo 19 del RAF dispone que la FIFA pondrá a disposición nombres y datos de contacto de agentes, clientes representados, carácter exclusivo o no de la representación y fecha de expiración del contrato, servicios prestados, sanciones impuestas y detalles de todas las transacciones con agentes, incluidos los importes de las remuneraciones. El Tribunal distingue. La transparencia puede intensificar la competencia si el mercado no es oligopolístico; pero el intercambio o publicación de información confidencial y estratégica puede facilitar la coordinación si reduce la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de los competidores. En principio, los datos sobre operaciones ya realizadas no revelan necesariamente estrategias futuras, salvo que por las características del mercado puedan permitir inferirlas. El riesgo aumenta si el mercado está muy concentrado. La sentencia ve un problema particular en el artículo 19 e), porque la expresión “detalles de todas las transacciones que impliquen agentes” es muy amplia y puede permitir a los competidores conocer los importes pagados a otros agentes. Aunque cierta transparencia tarifaria puede ser útil para presentar ofertas competitivas, el Tribunal observa que datos anonimizados sobre dispersión de precios respecto de la media podrían bastar para conseguir esa finalidad. Por ello, la regla del artículo 19 e) puede no ser necesaria ni proporcionada, y no parece amparable en la justificación general que sí podría cubrir comunicaciones más limitadas, como identidad de agentes, clientes representados o duración de la representación.

En cuanto a las posibles justificaciones bajo el artículo 101.1,

el TJUE aplica la doctrina Wouters/Meca-Medina: algunas restricciones inherentes pueden quedar fuera de la prohibición si persiguen objetivos legítimos de interés general, son necesarias y no van más allá de lo necesario. Pero esa doctrina no se aplica a restricciones por objeto, porque su nocividad es demasiado intensa.

Además, los objetivos puramente económicos no bastan: corregir “anomalías de mercado”, reducir asimetrías informativas, evitar estrategias de hold-up o situaciones de gatekeeper son, en esos términos, objetivos económicos. Sólo pueden justificarse si sirven efectivamente a fines no económicos legítimos, como estándares profesionales y éticos mínimos, protección de clientes, protección de jugadores inexpertos o estabilidad contractual en cuanto vinculada a la estabilidad de los equipos durante la temporada.

Si una regla no puede justificarse por esa vía, todavía podría acogerse al artículo 101.3 TFUE, pero la carga recae sobre la FIFA.

Debe probar con argumentos y elementos de prueba convincentes cuatro condiciones acumulativas: ganancias de eficiencia, reparto equitativo de esas ganancias con los usuarios, carácter indispensable de las restricciones y ausencia de eliminación de la competencia efectiva en una parte sustancial del mercado. La sentencia subraya que esas ganancias deben ser objetivas, sensibles y, en principio, cuantificables, de modo que puedan compararse con los perjuicios competitivos. Para la regla de aproximaciones que favorece al agente incumbente, el Tribunal adelanta que no parece capaz de generar ninguna ganancia de eficiencia, por lo que difícilmente satisfaría el artículo 101.3.

En relación con el artículo 102 TFUE,

el Tribunal considera que la FIFA puede ser también una empresa. Aunque se la haya tratado como asociación de empresas para el artículo 101, desarrolla actividades económicas propias en mercados como organización de competiciones, venta de entradas, derechos televisivos, patrocinios, asociaciones comerciales y licencias de propiedad intelectual. Además, aunque no actúe directamente en el mercado de agentes, su poder regulador, de control y sanción le permite determinar las condiciones de acceso al mercado de servicios de agente y al mercado de empleo de jugadores y entrenadores. Esa capacidad basta para reconocer una posición dominante en los mercados sobre los que ejerce su poder normativo, incluida la actividad de agentes vinculada a transferencias internacionales.

La abusividad bajo el artículo 102 no se deduce automáticamente de la existencia del RAF. Debe apreciarse si la FIFA utiliza su posición dominante para imponer condiciones injustificadas, limitar el acceso o reducir la competencia en los mercados afectados. La sentencia distingue abusos de exclusión y abusos de explotación. Una regulación puede ser abusiva si, por su contenido y efectos, limita injustificadamente la actividad de los agentes, impone condiciones no equitativas, favorece indebidamente a ciertos operadores, priva de remuneración sin justificación objetiva o dificulta la prestación transfronteriza de servicios. Pero también aquí cabe justificación si la FIFA acredita necesidad objetiva, proporcionalidad o eficiencias que compensen los efectos restrictivos y beneficien a los usuarios.

Por tanto, el núcleo del reproche colusorio bajo el artículo 101 es que la FIFA, como asociación de empresas, adopta reglas obligatorias que coordinan el comportamiento de agentes, clubes y demás operadores en aspectos esenciales de la competencia: acceso a clientes, remuneración, condiciones contractuales, información y entrada en la profesión. Sin embargo, el Tribunal sólo identifica como potencialmente restrictivas por objeto dos reglas: la pérdida arbitraria de remuneración del artículo 14.12 a), si se interpreta en el sentido indicado, y las reglas de aproximación del artículo 16.1 b) y c), en cuanto favorecen al agente ya contratado. Las demás reglas no quedan libres de control: deben ser examinadas por sus efectos, y si restringen la competencia sólo serán admisibles si cumplen los requisitos de justificación o de exención.

El núcleo del reproche abusivo bajo el artículo 102 es distinto: la FIFA dispone de un poder normativo prácticamente inevitable para quienes quieran operar en el ecosistema internacional del fútbol. Si usa ese poder para imponer condiciones que no son necesarias ni proporcionadas, o que no responden a objetivos legítimos sino a fines económicos o corporativos, puede explotar abusivamente su posición dominante. La estructura del análisis es estricta: regla por regla, finalidad real, adecuación, necesidad, proporcionalidad, existencia de alternativas menos restrictivas y eventual generación de eficiencias.

La sentencia también conecta estas conclusiones con el artículo 56 TFUE. Las restricciones a la representación múltiple, a la licencia, a la posibilidad de aproximarse a clientes y a las condiciones materiales de ejercicio de la actividad pueden obstaculizar la prestación transfronteriza de servicios de los agentes. Esas restricciones sólo son compatibles con la libre prestación de servicios si se justifican por objetivos legítimos de interés general y respetan proporcionalidad. Las reglas puramente económicas o las reglas incoherentes, como las aproximaciones que favorecen al agente incumbente, tienen peor encaje justificativo.

RGPD.

Considera aplicable el artículo 6.1 f) RGPD a los tratamientos de datos personales derivados del RAF. La FIFA puede tener intereses legítimos en verificar el cumplimiento del Reglamento, proteger clientes y asegurar estándares profesionales, pero debe cumplir necesidad, minimización y ponderación con los derechos de los afectados. En particular, la publicación indiscriminada de todas las sanciones y de todos los detalles de transacciones con agentes puede ser excesiva; la publicación de información limitada sobre identidad, representación y duración contractual puede justificarse mejor que la divulgación generalizada de sanciones o importes detallados.

Una excelente sentencia de la AP Barcelona: los conflictos matrimoniales vistos a través del Derecho de Sociedades

2026-07-15T21:22:23.220+02:00

Foto de Keith Luke en Unsplash

Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de mayo de 2026

La sentencia distingue entre pacto parasocial y práctica seguida por los socios. Lusan era una sociedad holding familiar en la que Jose Ángel tenía el 59,708 % del capital y María Cristina el 40,208 %, con participaciones residuales de dos hijos. Hasta la ruptura de la pareja, ambos socios principales habían ejercido la administración mancomunada y trabajado en el grupo. La actora alegaba que existía un pacto verbal por el que los dos debían participar en la administración y percibir la misma cantidad. La Audiencia lo rechaza: “ha existido una práctica social consolidada y acomodada a las particularidades de la sociedad, constituida entre dos esposos, lo que no equivale a un pacto de socios”. Añade que “un pacto de socios presupone una voluntad de los socios de vincularse en el tiempo”, voluntad que no se había probado. La práctica seguida mientras existía la relación personal no obligaba a mantener el mismo régimen después de la ruptura. La sentencia lo expresa así: “Las prácticas no vinculan a los socios a seguir un determinado comportamiento en el futuro y se acomodan a las circunstancias personales a las que se ven sometidas las relaciones entre los socios”. Por eso, rota la relación personal, también podía cambiar la relación societaria. La Audiencia separa ambos planos: “mientras la quiebra de la relación personal se ve sometida a unas reglas, las del derecho matrimonial, las relaciones societarias se ven sometidas a las propias del derecho de sociedades. Uno y otro ámbito no interfieren, o cuando menos, no pueden confundirse”.” En realidad, puede dar igual calificarlas como conductas pactadas tácitamente o como pacto parasocial porque, en cualquier caso, se trataría de un acuerdo sin duración pactada y, por tanto, terminable ad nutum por cualquiera de los socios.

En cuanto al cese de María Cristina como administradora, la sentencia confirma que el acuerdo no era impugnable por falta de causa. El cese no necesitaba figurar en el orden del día y no requería justificación, porque corresponde a la junta decidir sobre la continuidad de los administradores. La Audiencia añade que no procede examinar si existía una causa material para cesarla, ya que “no se la ha cesado por ello sino como simple expresión de la voluntad de la junta de socios”. La misma conclusión aplica al cese de Justiniano y al cambio a un sistema de administrador único: “No tienen relevancia alguna los motivos a los que obedeció ese cese [...] de manera que resulta irrelevante que los argüidos en su momento pudieran no haber sido ciertos”.

La cuestión principal se plantea con la retribución del administrador. La junta de 28 de abril de 2022 aprobó una remuneración máxima de 150.000 euros anuales para el administrador, mantenida para ejercicios sucesivos salvo acuerdo contrario. La actora alegó que esa retribución era excesiva para una sociedad patrimonial cuyos beneficios habían sido de 29.430,07 euros en 2020 y 56.878,36 euros en 2021. Es decir, la remuneración aprobada multiplicaba por más de cinco el beneficio de 2020 y por más de dos veces y media el beneficio de 2021. Además, la sociedad tenía por objeto la tenencia de valores y productos financieros, y su única actividad era esa; en 2021 había obtenido ingresos financieros de 163.721,14 euros, cifra muy próxima a la remuneración aprobada para el administrador. Estos datos explican la apreciación de desproporción: no se trataba de una retribución elevada en abstracto, sino de una remuneración prácticamente equivalente a la totalidad de los ingresos financieros de la holding y muy superior a sus beneficios anuales recientes.

La Audiencia anula el acuerdo, en primer lugar, por una razón formal: “Del acta de la junta de 28 de abril de 2022 se deriva que la fijación de la retribución del administrador no se encontraba entre los puntos del orden del día, lo que constituye razón suficiente para que deba considerarse nulo el acuerdo”. Pero también entra en el fondo. Rechaza que el acuerdo pueda justificarse porque Jose Ángel pasara a cobrar lo que antes se abonaba a María Cristina. Lo que había ocurrido hasta entonces era otra cosa: “los socios (y administradores) habían decidido repartir dividendos a través de las retribuciones fijadas en concepto de administrador o de cualquier otro concepto. Esa situación, que resulta común en sociedades familiares, es admisible mientras todos los socios la aceptan, pero deja de serlo en cuanto se rompe el consenso entre los socios, como en el caso ha ocurrido”. Una forma de extracción de beneficios mediante sueldos o retribuciones puede mantenerse mientras todos los socios participan o consienten el sistema, pero no puede conservarse unilateralmente tras la ruptura del consenso si pasa a beneficiar sólo al socio que controla la administración.

La Audiencia añade que el cese de María Cristina obligaba a revisar el régimen retributivo, porque el sistema anterior descansaba sobre una situación que ya no existía: “La exclusión de la Sra. María Cristina del órgano de administración [...] ha determinado que todo el sistema de retribución de la sociedad debiera haber sido reconsiderado porque se basaba en presupuestos que no se seguían cumpliendo a partir del momento del cese”. Por tanto, no bastaba con decir que el importe total seguía siendo el mismo. El pago había cambiado de función económica: antes operaba dentro de un arreglo aceptado por los socios principales; después se concentraba en el administrador designado por la mayoría.

La sentencia califica la remuneración como “tóxica” por dos razones. La primera es que “no está justificada por el desempeño”, ya que se trata de “una sociedad patrimonial cuyo objeto social consiste exclusivamente en la tenencia de dos sociedades operativas, de manera que la dedicación que exige el cargo de administrador es muy limitada”. La segunda es que la remuneración es “desproporcionadamente elevada a la vista de los resultados que produce la sociedad, de forma que prácticamente absorbe todos los beneficios obtenidos, desposeyendo a los socios minoritarios de toda participación en los mismos”.

La sentencia puede resumirse así:

una práctica seguida por los socios, aunque sea estable, no equivale a un pacto parasocial si no se prueba una voluntad de vinculación para el futuro;
el cese de administradores no exige causa y puede acordarse por la junta;
pero la mayoría no puede mantener como retribución de administrador lo que antes funcionaba como mecanismo consensuado de reparto de beneficios si, tras la ruptura del consenso, esa retribución absorbe los resultados sociales y excluye de hecho a la minoría.
El carácter tóxico de la retribución se aprecia, en este caso, por la combinación de tres elementos: sociedad patrimonial con escasa exigencia de gestión, remuneración de 150.000 euros y beneficios societarios de sólo 29.430,07 euros y 56.878,36 euros en los dos ejercicios anteriores.

Morley y los conflictos intertemporales de los miembros de una corporación

2026-07-15T19:12:04.019+02:00

On Morley, John D., Generational Conflict in Business and Society (June 24, 2026).

Morley llama "business firms with impermanent equity" lo que yo he llamado corporaciones de doble vínculo, que son, a los efectos prácticos, las cooperativas - de productores, consumidores o de trabajo asociado - las mutuas - cooperativas de asegurados o de ahorradores, es decir, cooperativas de seguro y crédito - y sociedades profesionales, básicamente despachos de abogados, firmas de auditoría y consultoría.

De estas empresas me he ocupado en las siguientes entradas: Lo que podemos aprender de las mutuas para entender mejor las sociedades anónimas: «el otro vínculo» de los miembros de una corporación . Lo que podemos aprender de la cooperativa sobre el ánimo de lucro en el contrato de sociedad . El "doble vínculo" del mutualista: el acuerdo de la asamblea general no es una cláusula limitativa de los derechos de los asegurados (art. 3º LCS) . Aunque creo que la metáfora del "doble vínculo" es útil para expresar que los miembros de estas sociedades-corporaciones están unidos entre sí por un vínculo societario y con la corporación-sociedad por un vínculo de otra naturaleza (contrato de trabajo en el caso de la cooperativa de trabajo asociado o en la sociedad profesional, contrato de seguro en la mutua, contrato de compraventa en el caso de la cooperativa de vivienda, etc.), la comparación con la institución de las prestaciones accesorias podría llevar a negar que exista un doble vínculo en sentido propio y, más bien, que nos encontremos ante un tipo de organización que es idónea para los entornos en los que el contenido obligatorio de la posición de socio va más allá de la aportación de capital típica de la sociedad anónima o limitada. Los tipos corporativos o societarios señalados permiten articular jurídico-societariamente este mayor contenido obligatorio a pesar de la estructura corporativa que tiene la sociedad anónima o limitada. Los tipos corporativos o societarios señalados permiten articular jurídico-societariamente este mayor contenido obligatorio a pesar de la estructura corporativa que tiene la sociedad anónima o limitada.

No creo que Morley acierte al examinar los problemas que examina como efectos de pretendidos conflictos intertemporales de los miembros de una corporación.

Otras entradas sobre trabajos de John Morley, La sociedad anónima y el Estado y una versión en inglés en The Modern State and the Rise of the Business Corporation; Salida a cambio de voto: los fondos de inversión; La falta de teoría detrás del trust; El business trust (o la extended partnership) como sociedad anónima irregular.

Las corporaciones, a diferencia de las sociedades, constituyen un diseño organizativo que permite independizar a la organización de sus miembros. Es decir, éstos devienen fungibles y, por tanto, anónimos e irrelevantes para lograr el objetivo que llevó a la constitución de la corporación.

v., La independencia del objetivo de la corporación respecto de las preferencias de sus miembros: efectos jurídicos, Almacén de Derecho, 2025.

Gracias a esta fungibilidad, no solo las preferencias individuales de los miembros sino también sus intereses particulares devienen irrelevantes. La corporación incorpora - valga la redundancia - "de serie" en su diseño organizativo mecanismos para lidiar con estos conflictos intertemporales entre los socios. Estos mecanismos adoptan la forma de deberes fiduciarios de los administradores, privación de derechos de los miembros sobre el patrimonio social, libertad de entrada y salida de los miembros, determinación ex ante de la cuota de liquidación, acuerdos contractuales entre los miembros, 'cosificación' de la posición de miembro etc.

En definitiva, y como diría Coase, los costes de transacción entre los miembros de una corporación no son elevados y no impiden la contratación eficiente para internalizar los efectos de las decisiones de los miembros de hoy sobre los miembros de la corporación que lo serán en el futuro. Además, el carácter competitivo del 'mercado' de corporaciones (libertad de configuración organizativa y libertad de elección entre una pluralidad de tipos corporativos) y del mercado de los productos y servicios que 'producen' las corporaciones garantiza la eliminación de esas particulares externalidades.

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Morley parte de una distinción que considera fundamental entre participaciones de duración indefinida» y participaciones de duración limitada.

El prototipo de una "participación de duración indefinida" en el sentido de Morley es la acción de una sociedad anónima. Incorpora un derecho que no se extingue mientras dure la sociedad anónima de cuyo capital forma parte o ésta la amortice. Pero no está ligado a la persona del accionista y, por tanto, puede transmitirse inter vivos y mortis causa.

Frente a éstas, dice Morley, se encuentran las participaciones de duración limitada. Estas son las que no se han "cosificado" y, por tanto, permanecen vinculadas a la persona del miembro y dependen de la continuidad de la membresía de su titular porque el socio tiene otros lazos o vínculos obligatorios con la sociedad - corporación inseparables de la condición de miembro. Donde mejor se aprecia este conflicto es en un despacho de abogados.

V., estas tres entradas: ¿Son las sociedades de profesionales organizaciones eficientes? (los miembros no tienen incentivos para innovar puesto que no se apoderarán de los beneficios de la innovación y su contrato con el despacho no les remunera por eso); Los fondos de capital privado (private equity) están transformando el sistema de lockstep de las grandes firmas de abogados (sobre el lock-step como sistema de remuneración y) y Cuando la ley no te permite adquirir una empresa, la solución es siempre la misma: dividir la empresa objetivo (cómo pueden los socios de un despacho de abogados "hacer caja" con el goodwill del despacho y, en esa medida, "expropiar" a los futuros socios.

Dice Morley

Piénsese, por ejemplo, en una firma de servicios profesionales propiedad de sus trabajadores, como una sociedad de abogados, auditores, ingenieros o médicos. En una firma de este tipo, el capital pertenece a los profesionales que ejercen en ella como socios. La participación de un socio se extingue, por tanto, cuando éste deja de ejercer en la firma. Cuando una socia de Skadden Arps o de Ernst & Young se jubila, se extingue también su participación en el capital de la firma. La socia no vende su participación a otra persona ni la firma se la recompra. La participación simplemente desaparece.

Las participaciones de duración limitada aparecen también en las cooperativas de consumo y en las mutuas (de seguros y financieras)... Piénsese en REI Co-op, el mayor minorista estadounidense de equipamiento para actividades al aire libre, o en Liberty Mutual, una de las mayores aseguradoras del país. En estas empresas, si el consejo decide distribuir beneficios, los clientes o los tomadores de seguros suelen tener derecho a recibir esas distribuciones... sin embargo, a diferencia de la acción de una sociedad anónima, la participación... se extingue cuando el cliente deja de comprar o deja de renovar la póliza del seguro. Si un cliente deja de adquirir material de escalada en REI, o si un tomador decide no renovar su seguro de automóvil con Liberty Mutual, ya no tendrá derecho a percibir dividendos futuros.

Para cualquiera acostumbrado al lenguaje de la dogmática de los títulos-valor y de los derechos de crédito, el interés de semejante distinción es limitado. Refleja, simplemente, que el contenido de la posición de miembro (haz de derechos y obligaciones) es diferente en unos y otros tipos de sociedades y corporaciones.

El accionista no tiene los mismos derechos y obligaciones que el mutualista o el cooperativista en una cooperativa de consumo o de productores. En una sociedad anónima, la única obligación a cargo del accionista es la de desembolso de la acción. Y lo mismo respecto de los derechos que ostenta un accionista de Telefonica - cobro de dividendos y eventualmente, la cuota de liquidación más el de asistir y participar en las juntas anuales - permiten 'cosificar' fácilmente la membresía del accionista, más fácilmente que la posición de mutualista o del cooperativista.

En una cooperativa agrícola, el socio ha de vender su cosecha a la cooperativa cada año; en una mutua, el socio ha de contratar el seguro con la corporación cada año, en una cooperativa de trabajo asociado, el cooperativista ha de prestar sus servicios laborales cada día. Y la continuidad como cooperativista o como mutualista depende de la continuidad del 'otro vínculo', de manera que socio - miembro deja de serlo, los derechos y obligaciones que componen la posición de miembro se extinguen. Es decir, estas obligaciones específicas del "tipo" de corporación - sociedad son inseparables de la condición de miembro.

De modo que objetivar - y separar - la posición del accionista es menos costoso que la del trabajador-socio o la del productor-socio o la del asegurado-socio. La posición del accionista es casi tan simple como la de un prestamista lo que hace que sea igualmente transmisible (cesión de créditos), pignorable y heredable con facilidad. La posición del trabajador-socio o la del productor-socio o la del asegurado-socio no lo es. Alguien diría, (Hart o Demsetz), que este es un problema de insuficiente definición de los property rights. Pues bien, es la mayor o menor complejidad del contenido de la posición de miembro de una corporación, la mayor o menor vinculación de la participación al individuo concreto (intuitu personae), lo costoso de definir y delimitar el property right que ostenta el miembro lo que explica las diferencias en el régimen jurídico de la sociedad anónima, la mutua o la cooperativa o una sociedad profesional. No la duración de la participación.

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Morley, sin embargo, atribuye una capacidad explicativa trascendental al conflicto de intereses entre los miembros actuales y los miembros futuros de una corporación y cree que la emisión de participaciones de duración ilimitada - duración ligada a la de la propia corporación - es la forma más relevante de resolver este conflicto. Según Morley

"Mientras no haya diferencia entre la vida de cada participación en el capital y la vida de la empresa, no existe riesgo de conflicto generacional, con independencia de cuánto vaya a durar la empresa"... ... las participaciones de duración indefinida constituyen una solución muy importante al conflicto generacional. ... De hecho, bien pueden ser una de las tecnologías sociales más poderosas de la modernidad. Al atribuir a las acciones una duración indefinida, estas participaciones cierran la brecha entre la duración de la empresa y la duración de sus generaciones sucesivas... desaparece con ellas el riesgo de conflicto generacional. Las participaciones de duración indefinida son, por tanto, una condición importante y necesaria para el surgimiento de muchas de las innovaciones que definen el mundo moderno. Resulta difícil imaginar sin ellas los rascacielos, los aviones, las vacunas o las burocracias empresariales. Como veremos, sin embargo, las participaciones de duración indefinida también comportan costes enormes, lo que explica que muchas empresas hagan bien en evitarlas.

En realidad, las participaciones de duración indefinida son eficientes porque el inversor internaliza todos los costes y beneficios de su inversión, no porque resuelva ningún conflicto con los inversores subsiguientes. Esa internalización es fácil para el accionista de una sociedad anónima pero es imposible para el abogado que accede a la condición de socio en una sociedad profesional. Y la razón es que el accionista desembolsa su aportación en un momento determinado y el abogado-socio lo hace durante todo el tiempo en que permanezca como miembro - socio de la sociedad profesional de manera que puede ir "ajustando" su prestación a los rendimientos que recibe. El accionista puede calcular la rentabilidad esperada de su inversión y el abogado-socio no puede hacerlo porque los beneficios esperados dependen de cuál sea su propio desempeño futuro.

Morley lo explica claramente respecto de la acción

Cuando un comprador adquiere una acción de General Motors, el precio que está dispuesto a pagar suele reflejar el valor actual descontado de todos los acontecimientos que espera que afecten a la empresa durante los próximos diez, veinte o incluso cien años. [...]

pero no tan claramente respecto de la condición de miembro de una sociedad profesional

Una participación de duración limitada, por el contrario, no incorpora expectativas sobre un futuro indefinido... Su valoración se basa únicamente en el período durante el cual va a subsistir. Cuando un socio se jubila en un despacho tradicional de abogados, puede recibir una pensión o la devolución de su aportación de capital, pero normalmente no percibirá una cantidad que refleje el valor actual descontado de los flujos de caja futuros del despacho... Del mismo modo, cuando un inversor reembolsa sus participaciones en un fondo de inversión o en un hedge fund, el importe que recibe equivale únicamente al valor liquidativo inmediato de los activos del fondo, y no al valor esperado de sus flujos de caja futuros, porque la participación deja de tener derecho sobre esos flujos.... Las participaciones de duración limitada están estrechamente vinculadas a la cooperativa.... a la titularidad del capital por personas distintas de los inversores, como trabajadores, clientes o proveedores.... La única manera de preservar esa forma característica de propiedad es extinguir la participación de capital de quien deje de ser trabajador, cliente o proveedor. Los conflictos generacionales sólo aparecen cuando las consecuencias de las decisiones adoptadas por una generación se proyectan sobre las generaciones posteriores.

El principal coste de esta falta de internalización de los beneficios y de los costes futuros de la inversión en sociedades profesionales especialmente es que los socios de un despacho de abogados serán reacios a invertir en proyectos que aumenten el valor de la empresa - eficientes - si los resultados sólo se obtendrán en el largo plazo. La razón es obvia: para entonces, ellos pueden estar en otro despacho o haberse jubilado de modo que no participarán en los beneficios que resulten de esa inversión.

Una sociedad anónima cotizada no tiene ese problema porque el valor de cotización "se ajusta inmediatamente para reflejar las expectativas sobre lo que ocurrirá en el futuro". De ahí que, contra lo que han dicho algunos, las sociedades cotizadas no sufren un problema de cortoplacismo en sus inversiones. Pero, como digo, los costes de transacción no son elevados y este problema contractual se resuelve fácilmente. Morley repasa las principales soluciones que se observan en la práctica corporativa y societaria. En su tesis, la solución consiste en hacer coincidir los derechos sobre el patrimonio de la corporación o las inversiones con la duración de la empresa o con la duración de la membresía:

... una empresa puede evitar el conflicto generacional reduciendo la transmisión de efectos de una generación a la siguiente. Puede hacerlo de dos maneras: alargando la duración de las generaciones o acortando la duración de sus compromisos. La forma más extrema —y también la más común— de alargar las generaciones consiste en hacer que las participaciones en el capital tengan duración indefinida, de modo que subsistan tanto tiempo como la empresa que las ha emitido. Ésta es la razón por la que las sociedades de capital propiedad de inversores, como Microsoft o Delta Airlines, tienen participaciones de duración indefinida. La otra solución consiste en acortar la duración de los compromisos de la empresa. Por eso las empresas cuyo capital está formado por participaciones de duración limitada, como los despachos de abogados o los hedge funds, suelen evitar las inversiones a largo plazo.

Pero es que resulta que las sociedades profesionales no necesitan, normalmente, realizar inversiones a largo plazo (los despachos de abogados rara vez tienen inmuebles o maquinaria de su propiedad) lo que reduce la formación de reservas cuya 'propiedad' pueda generar conflictos entre generaciones de socios.

Donde este conflicto se aprecia especialmente es en las mutuas de seguros pero existe también en cualquier cooperativa. Si la mutua - como hace la Mutua Madrileña - acumula reservas en lugar de reducir las primas o pagar 'derramas activas', los mutualistas actuales pueden verse perjudicados si abandonan la mutua antes de que dichas reservas se repartan porque la mutua se transforme en sociedad anónima o sus administradores decidan cambiar la política correspondiente.

Mutua Madrileña presenta una acumulación muy intensa de reservas y patrimonio neto, muy superior al fondo mutual, al tiempo que ha crecido notablemente en asegurados, primas, activos y beneficio entre 2018 y 2024. Ese crecimiento no parece limitarse al aseguramiento mutual clásico: el grupo mantiene un volumen muy elevado de inversiones financieras e inmobiliarias, participaciones en sociedades del grupo y asociadas, fondos de inversión y activos intangibles vinculados a adquisiciones y alianzas estratégicas. La diversificación es explícita en sus propios informes, que destacan actividades en movilidad, salud, hogar, ahorro, inversión y patrimonio, así como alianzas como la de El Corte Inglés, la gestión de fondos a través de Mutuactivos, inversiones inmobiliarias generadoras de rentas y adquisiciones como Aurgi, Motortown, Centauro o Voltio. En conjunto, los datos sostienen la idea de que la entidad no se limita a operar como una mutua que ajusta primas y excedentes al interés directo de sus mutualistas actuales, sino como un grupo empresarial expansivo que retiene excedentes y los canaliza hacia reservas, inversiones financieras, activos inmobiliarios y negocios diversificados.

Morley se pone del lado de las mutuas porque - dice - los mutualistas que demandan que no se sigan acumulando reservas y que haya derramas activas

"no tienen en cuenta que los excedentes actuales reflejan las primas pagadas por los tomadores del pasado, más que por los actuales mutualistas"

y que destinar esos excedentes a reservas

"puede beneficiar a los futuros mutualistas en forma de primas más bajas y una mejor diversificación del riesgo"

e incluso a los actuales mutualistas, que se pueden

"beneficiar indirectamene de las inversiones en el futuro a través del reforzamiento de la solvencia de la mutua y de la mejora del servicio que derivan de las economías de escala".

Estas afirmaciones son muy discutibles. Nadie discute que la mutua de seguros debe mantener un nivel de reservas adecuado para hacer frente a los riesgos que asegura de modo que se asegure la solvencia a largo plazo de la entidad

v., esta entrada: Mutuas vs sociedades anónimas: primas, capital y solvencia, Derecho Mercantil, 2023.

Lo que se discute es que estas reservas se destinan, normalmente, a inversiones en otros ámbitos distintos del seguro y que estas mutuas incrementan su tamaño - admitiendo nuevos mutualistas sin límite - más allá de lo que las economías de escala dictan. Y, así las cosas, la pretensión de los actuales mutualistas para que se proceda al reparto del excedente y, sobre todo, para que no se generen excedentes en el futuro resulta mucho más atendible.

De nuevo, el problema que Morley enmarca en la dicotomía "permanente/transitoria" podría enmarcarse - como resulta de la litigación correspondiente en los EE.UU., en un incumplimiento de sus deberes fiduciarios por parte de los administradores de la mutua. Recuérdese que, para que se les aplique la business judgment rule es imprescindible que éstos actúen libres de conflicto de interés y el conflicto de interés es evidente: cuanto más grandes sean las reservas (empire building) mayor será la retribución y la proyección social de la posición de administrador. Esta consideración apunta en otra dirección que creo relevante: las formas organizativas 'compiten' entre sí y se adaptan mejor o peor a determinados tipos de empresas y al mayor o menor desarrollo de los mercados correspondientes. Las mutuas de seguro se inventaron porque el mercado de seguros era incipiente y los costes de transacción ligados al aseguramiento eran descomunales. La sociedad anónima no triunfó hasta que se redujeron suficientemente los costes de agencia. Las cooperativas farmacéuticas son una respuesta a una restricción regulatoria que impide crear grandes empresas de distribución de medicamentos etc.

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Soluciones más específicas son las siguientes:

1. Dar pretensiones a los miembros que no dependan de su participación en el capital, por ejemplo, convirtiendo a los socios en prestamistas

O puede fijar los derechos de las distintas generaciones mediante deuda o mediante contratos. ... la deuda está estrechamente vinculada a la temporalidad limitada de los derechos, por razones relacionadas precisamente con el conflicto generacional.

O pueden crearse "side pockets". Por ejemplo, los socios de un despacho de abogados crean un fondo que adquirirá los inmuebles donde están las oficinas del despacho y se los alquilará a éste. La participación en el fondo se desliga de la condición de socio - su valor no depende de los ingresos del despacho - y el socio partícipe en el fondo internaliza todos los costes y beneficios de su inversión. Para 'señalizar' su carácter de oportunidad de negocio ligada a la condición de socio, puede reservarse a éstos la participación en el fondo y obligarles a vender cuando dejen de serlo a otros socios, lo que permite ofrecer la oportunidad de negocio a las siguientes generaciones de socios.

O los socios prestan a la compañía y reciben una remuneración pactada. Los intereses pueden estar ligados o no a los beneficios de la empresa - préstamos participativos - pero el carácter de deuda y las condiciones pactadas eliminan el conflicto sobre la distribución de los beneficios futuros porque, por definición, los prestamistas no tienen derecho "al residuo", sino que son titulares de pretensiones fijas sobre los activos de las empresas. En relación con la deuda, Morley dice, con razón, que endeudar, sobreendeudar o no endeudar una compañía "es también un contrato entre distintas generaciones de titulares del capital"

Al obligar a la empresa a realizar pagos determinados, en momentos determinados, a favor de los acreedores, la empresa permite a los titulares actuales del capital fijar los derechos y deberes de los titulares futuros. Que ese desplazamiento beneficie o perjudique a los titulares futuros depende de cómo utilicen los titulares actuales los fondos obtenidos mediante deuda. Si las generaciones presentes los emplean para financiar distribuciones o consumos que sólo les benefician a ellas, las generaciones futuras, que tendrán que devolver la deuda, sólo soportarán el coste. Pero si las generaciones presentes destinan esos fondos a invertir en proyectos que generarán beneficios en el futuro, las generaciones futuras también pueden resultar beneficiadas. La deuda puede incluso reducir la resistencia de las generaciones actuales a invertir para el futuro. En lugar de pagar el coste de la inversión con sus propios recursos, las generaciones actuales pueden pedir dinero prestado y dejar que las generaciones futuras soporten el reembolso al mismo tiempo que disfrutan de los beneficios. Los costes pueden trasladarse al futuro junto con los beneficios, de modo que sean las generaciones futuras las que soporten tanto el valor negativo como el valor positivo de las inversiones de las que disfrutarán.

Concluye Morley que el derecho de quiebras puede verse también como una forma de lidiar con el conflicto entre "generaciones de acreedores" y que convertir a los acreedores en accionistas - típica solución a los problemas de sobreendeudamiento de empresas solventes - es una forma de resolver el conflicto entre "generaciones" de titulares de pretensiones sobre el patrimonio de la empresa pero esto tiene una muy tenue relación con un supuesto conflicto intertemporal.

2. Eliminar o reducir sustancialmente la aportación de los miembros a su entrada en la corporación

Que el socio de una sociedad profesional no tenga derecho a participar en los flujos de caja futuros de su despacho de abogados más allá de su fecha de jubilación es lo que se corresponde con el hecho de que, a diferencia de un accionista de Apple o General Motors, ese abogado-socio no pagó prácticamente nada cuando se incorporó a la sociatura. O sea, que los costes de transacción son bajos y no impiden acuerdos ventajosos para todas las partes adaptados a las diferentes características de la membresía en unas y otras corporaciones o sociedades. De esta manera se separan los flujos de caja generados por el "trabajo" de los socios - en el caso de las cooperativas y las sociedades profesionales - de los rendimientos que produzcan las inversiones en capital fijo financiadas con aportaciones financieras de los socios o de terceros.

El socio que ingresa a la sociedad realiza una aportación financiera simbólica y, en consecuencia, su remuneración como socio está vinculada a los rendimientos que produzca el ejercicio colectivo de la profesión, no las inversiones financieras de los socios. Simétricamente, recibe una cuota de liquidación simbólica cuando se jubila o abandona la firma por cualquier otra razón.

No es, como dice Morley que

"El conflicto generacional aflora siempre que el precio de entrada o de salida no coincide perfectamente con el valor actual descontado del futuro indefinido. Cuanto mayor sea la discrepancia entre ese precio y el valor futuro, mayor será también la intensidad del conflicto"

Es que el flujo de caja relevante para determinar la retribución del socio es el que resulta de la actividad profesional, no de los rendimientos del - inexistente o ridículamente bajo - capital social formado con las aportaciones que constituyen "el precio de entrada". Así ocurre también aunque en menor medida, en las cooperativas y en las mutuas, donde las necesidades de capital pueden hacer conveniente recurrir a los propios cooperativistas para cubrirlas.

Las aportaciones iniciales de los socios profesionales cumplen una función distinta de la de financiar la firma - financiación que no es necesaria -. Normalmente, la de incrementar la fidelidad del nuevo socio a la firma - si "pierde" parte de ese dinero porque no recibe nada en caso de que abandone la firma 'demasiado' pronto. Ese bonding - dice Morley - puede tener especial valor para evitar que la salida de un socio provoque una cascada de salidas y el riesgo de una debacle total de la firma. Un "pánico bancario" puede producirse sobre un fondo de inversión o en el seno de una sociedad profesional cuando hay un evento que afecta a su reputación. El ejemplo más claro en la abogacía de los grandes despachos es probablemente Dewey & LeBoeuf. Una combinación de deterioro financiero, acusaciones de manipulación contable y pérdida de confianza en la dirección provocaron en 2012 que numerosos socios abandonaran la firma. Esa salida masiva de socios aceleró el colapso, hasta el punto de que la literatura académica sobre organización de despachos habla expresamente de una partner run (una especie de "corrida bancaria" de socios). La firma acabó presentando concurso de acreedores y varios de sus directivos fueron posteriormente investigados e imputados por presuntas irregularidades contables.

Morley sugiere que las "pensiones" - donde existen -

"funcionan... como pagos directos de las generaciones actuales a las generaciones anteriores. En mis entrevistas, los socios de firmas de auditoría hablaban a menudo de estas pensiones, de forma explícita, como el precio que los socios más jóvenes pagan para adquirir el valor de la firma"

No creo que eso sea exacto. Son más bien pagos por no pasar a competir directamente con la firma porque son más frecuentes en firmas en las que los socios se jubilan a una edad relativamente temprana. En realidad, desde Gary Becker, la mejor explicación de la retribución de los socios profesionales es la de que se trata de salarios de eficiencia para inducir el nivel de esfuerzo deseado por la firma.

En las cooperativas, dice Morley que la salida de los socios es muy litigiosa. Y es verdad. Hay centenares de sentencias sobre esa cuestión a pesar de que cuentan con una regulación hiperdetallada en las leyes de cooperativas y, supongo, en los estatutos. Pero creo que la razón es más simple que el conflicto intertemporal: ni la cooperativa ni el socio que causa baja tienen incentivos para llegar a un acuerdo. Es un juego de suma cero y, para la cooperativa, por las mismas razones que para un despacho de abogados, ser demasiado generosa con los cooperativistas que se dan de baja puede provocar una "corrida de socios" que haga imposible el objetivo cooperativo (piénsese en las cooperativas de vivienda especialmente).

3. Centralizar la gestión "instruyendo" a los gestores para que sean neutrales

...centralizar la toma de decisiones y ponerla en manos de fiduciarios u otras personas que puedan actuar como mediadores neutrales entre las distintas generaciones. Puede permitir que las generaciones perjudicadas abandonen la empresa, proporcionándoles así tanto una vía de protección como un mecanismo disciplinario frente a comportamientos oportunistas.

Esto pasa por imponer deberes fiduciarios a los administradores respecto de la empresa, esto es, del 'interés social' que se independiza del interés de cada generación de miembros. Morley dice que, naturalmente, la centralización implica reducir el poder de los miembros para imponer sus preferencias a los gestores. Es significativo, en este sentido, que en los países como Alemania y EE.UU., cuyo modelo de sociedad anónima es el de la sociedad cotizada de capital disperso, los administradores tengan mucho más poder y autonomía que en los países mediterráneos. La gran ventaja de la sociedad anónima - decía Hansmann - es que los costes de gobernarla son más bajos gracias a la homogeneidad de intereses de los accionistas: una acción es igual que otra acción. Los accionistas dispersos no pueden jugar juegos de suma cero o de suma negativa con sus co-accionistas, lo que les incentiva a votar "correctamente", esto es, en interés de la sociedad de la que son miembros. Pero si hay accionistas ordinarios y accionistas privilegiados en la misma sociedad, es evidente el conflicto correspondiente.

v., esta entrada donde se resume un trabajo de Bratton, William W. y Wachter, Michael L., A Theory of Preferred Stock, 2013.

En definitiva, la centralización de la gestión y la imposición de deberes fiduciarios a los administradores no trata de resolver el conflicto entre generaciones de miembros de la corporación, sino, precisamente, mejorar las posibilidades de lograr el objetivo - común a todos los accionistas - que llevó a la constitución de la sociedad anónima o la mutua o la cooperativa como se explicó más arriba.

4. Facilitar la salida

permite reducir los conflictos entre generaciones. En las asociaciones, la inexistencia de derechos sobre el patrimonio de la asociación y la financiación de ésta a base de las cuotas que pagan los asociados convierte la libre salida de los asociados en un mecanismo eficaz para disciplinar a los gestores junto a los que hemos vistos que se utilizan en las sociedades profesionales (las asociaciones no suelen tener grandes patrimonios, los bienes de gran valor pertenecen a los socios en copropiedad o sociedad con personalidad jurídica y capital etc). Pero, de nuevo, facilitar la salida permite a cada miembro de la corporación evaluar periódicamente qué es lo que se ajusta mejor a su propio interés (quedarse, darse de baja, cambiar la membresía...) y, en ese cálculo, el conflicto entre generaciones de miembros no parece decisivo.

5. Regulación detallada en la ley o en el negocio constitutivo de los derechos de las distintas generaciones.

En las sustituciones fideicomisarias, por ejemplo. En la sustitución fideicomisaria, el causante regula anticipadamente la posición de sucesivas generaciones o llamamientos sobre los bienes hereditarios: atribuye primero los bienes al fiduciario, normalmente con deber de conservación, y ordena su ulterior transmisión al fideicomisario cuando llegue el término o se cumpla la condición prevista. De este modo, el testador disciplina por adelantado los derechos de quienes disfrutan hoy los bienes y de quienes deberán recibirlos después (arts. 781-785 CC). Morley habla de los "donative trusts". Pero este supuesto está configurado legalmente como el mecanismo para ordenar específicamente los intereses de las sucesivas generaciones en relación con determinados bienes o con un patrimonio, por tanto, tiene poco valor explicativo.

6. La propiedad familiar

La afinidad entre padres e hijos incentiva de forma natural a las generaciones anteriores a invertir en beneficio de las posteriores. También reduce los problemas de entrada y salida, al vincular a los titulares principales de derechos sobre la empresa mediante lazos de sangre... los vínculos familiares pueden, al menos, hacer que esos conflictos sean más manejables.

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Morley concluye diciendo que las participaciones de duración indefinida constituyen una innovación institucional característica de la modernidad que permite resolver el conflicto generacional en organizaciones dedicadas a inversiones de muy largo plazo. A diferencia de soluciones más antiguas como la deuda o la salida de los participantes, la duración indefinida tuvo que ser diseñada mediante mecanismos jurídicos y contractuales complejos, sostenidos por instituciones estables y por un Estado capaz de garantizar compromisos duraderos. Gracias a ella, las sociedades anónimas pueden mantener proyectos y activos que trascienden la vida de sus propietarios, lo que ha hecho posible gran parte del desarrollo económico y tecnológico moderno. Además, reduce la necesidad de vínculos personales, confianza o cohesión social entre los inversores, permitiendo la cooperación entre desconocidos a gran escala. Como tecnología social, ha otorgado a las empresas una capacidad excepcional para actuar con horizontes temporales muy extensos, aunque también ha facilitado trasladar costes y obligaciones a las generaciones futuras.

No puede uno estar de acuerdo con Morley. Lo innovador de la sociedad anónima está en la combinación de un contrato de sociedad mercantil (con partes de socio homogéneas) con la organización corporativa, lo que hizo posible acumular capital y aprovechar oportunidades de negocio muy rentable asociadas al comercio trasoceánico, lo que he explicado en otro lugar, comentando un trabajo anterior de Morley. La innovación que supuso la sociedad anónima estriba en que permitió la acumulación de capital por períodos largos de tiempo facilitando, al mismo tiempo, la liquidez de las inversiones y, para lograrlo, los ingeniosos holandeses e ingleses del siglo XVII recurrieron a la feliz idea de combinar la compañía de comercio y la corporación medieval.

La sociedad anónima y el Estado y una versión en inglés en The Modern State and the Rise of the Business Corporation.

Una versión en inglés generada por la IA puede leerse en este enlace.

El plazo para el ejercicio de la acción de anulabilidad del art. 1301 CC es un plazo de caducidad y puede ser apreciado de oficio.

2026-07-14T14:34:30.103+02:00

Foto de lalo Hernandez en Unsplash

¿Por qué la sentencia no dice eso tan bonito de prescriben las pretensiones y caducan los derechos potestativos?

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2026

El motivo denuncia la «(i)nfracción del art. 1301 del CC y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que lo interpreta en relación con el plazo de caducidad que prevé la norma [sentencia de 4 de marzo de 1999, rec. núm. 2394/1994; sentencia núm. 216/2006, de 3 de marzo; sentencia núm. 558/2010, de 23 de septiembre; sentencia de pleno núm. 652/2017, de 29 de noviembre; sentencia de pleno núm. 89/2018, de 19 de febrero; sentencia núm. 62/2019, de 31 de enero; sentencia núm. 492/2019, de 25 de septiembre]».

En el desarrollo del motivo, el recurrente alega resumidamente que la audiencia provincial yerra al afirmar que el plazo de cuatro años que fija el art. 1301 del CC es un plazo de prescripción porque, como esta sala ha declarado en reiteradas ocasiones, la acción de anulación del contrato por error en el consentimiento está sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años, no de prescripción, que es apreciable de oficio. Y la primera demanda se interpuso cuatro años y once meses después de que finalizase el swap, por lo que la acción está caducada.

... Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación... Esta cuestión la hemos resuelto en la sentencia 919/2021, de 23 de diciembre. ... es un plazo de caducidad, pues el texto del precepto permite entenderlo así, porque literalmente dice que «la acción de nulidad solo durará cuatro años». Por tanto, es un supuesto de fijación inicial del término en que se podrá ejercitar la acción. No hay una presunción legal de abandono por su no ejercicio, sino un límite temporal para su posible uso. Además, atendiendo al espíritu y finalidad de la norma y a la necesidad creciente de seguridad y certeza en el tráfico jurídico y económico, hay un interés general y no sólo particular en obtener una clara definición de los negocios y relaciones jurídicas. También recordamos -con cita de la sentencia 843/2006, de 6 de septiembre- que este plazo es aplicable a los supuestos de nulidad relativa de los contratos, esto es, cuando reúnan los requisitos del art. 1261 CC. Y advertimos que aunque hay sentencias -entre otras, en las que se apoya la audiencia- que han entendido que era un plazo de prescripción, una línea de jurisprudencia más moderna ( sentencias 216/2006, de 3 de marzo; 794/2009, de 2 de diciembre; 558/2010, de 23 de septiembre; 370/2012, de 18 de junio; 682/2013, de 5 de noviembre; 54/2014, de 21 de febrero; 157/2017 de 7 marzo; y 404/2018, de 29 de junio), ha asumido las construcciones doctrinales mayoritarias en la materia, y viene manteniendo a partir de entonces de forma invariable el término de «caducidad» para referirse al plazo de ejercicio de la acción del art. 1303 CC, «siquiera sea con el carácter incidental con el que antes se empleaba el de "prescripción"».

También razonamos que esta tesis quedaba corroborada con la modificación del Código Civil introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, que dio nueva redacción al párrafo primero del art. 1301, en la que viene a dar carta de naturaleza normativa a la tesis de que el plazo de ejercicio de la acción de nulidad en los casos a que se refiere es de caducidad y no de prescripción, según afirma ahora de forma explícita el texto reformado del precepto.

Y advertimos que aunque esta reforma no había entrado en vigor en la fecha de los hechos a que se refería la litis, como acontece en este caso, tal circunstancia carecía de relevancia a los efectos de su aplicación temporal, pues esta modificación legal tiende a aclarar el verdadero sentido original de la norma, ajustando su letra a su espíritu y finalidad, y terminando en este punto con la imprecisión de la redacción anterior y con las dudas que ello había generado.

La calificación del plazo del art. 1301 CC de caducidad conlleva que pueda ser apreciada de oficio. En este caso, la contestación a la demanda se presentó fuera de plazo. La audiencia, al considerar que el plazo era de prescripción, entendió que no podía apreciarla de oficio, decisión que no es correcta. La siguiente cuestión por resolver es el dies a quo del plazo de cuatro años del art. 1301 CC.

Como hemos recordado en otras ocasiones (entre las más recientes, en la sentencia 318/2026, de 26 de febrero), en la interpretación del art. 1301 CC, la jurisprudencia ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr «desde la consumación del contrato», y no antes ( sentencias 89/2018, de 19 de febrero, y 264/2018, de 9 de mayo). Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos financieros -por ejemplo una participación preferente-, puede ser que al tiempo de la consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.

En relación con el contrato de permuta financiera o swap, en la sentencia del pleno de esta sala 89/2018, de 19 febrero, precisamos que la doctrina de la sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, se dirigía «a impedir que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, quede fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo», pero ello no debía llevar a la consideración de que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo, porque tal interpretación iría contra el tenor literal del art. 1301 CC, que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción empieza a correr desde la consumación del contrato. En los contratos de swaps, como dice la sentencia 89/2018, de 19 de febrero, el cliente no recibe en un momento único y puntual una prestación esencial con la que se pueda identificar la consumación del contrato, a diferencia de lo que sucede en otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento. En los contratos de swaps «no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato.

Ello en atención a que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés». Por tanto, a partir de la interpretación sentada por la sentencia 89/2018, de 19 febrero, si no existe una prestación esencial con la que se pueda identificar la consumación del contrato, esta no tiene lugar hasta el agotamiento o extinción de sus efectos ( sentencia 1017/2024, de 17 de julio).

En el presente caso, la consumación del swap se produjo en la fecha de su vencimiento (el 18 de abril de 2010), que es el momento del agotamiento o extinción del contrato ( sentencias 533/2021, de 14 de julio y 1017/2024, de 17 de julio, entre otras). Y al haberse presentado la primera demanda el 23 de marzo de 2015, transcurridos más de cuatro años desde la consumación del contrato, la acción estaba caducada. 5.Por lo expuesto, procede casar la sentencia recurrida, asumir la instancia, estimar el recurso de apelación de Banco Santander, S.A., revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, desestimar la demanda interpuesta por Genil Cuarenta.

Citas: Mokyr, Albrecht, Graham, Wood, Levin, OpenAi, teletrabajo, Joanne Paul, Kling, Arthur Brooks,

2026-07-13T10:46:39.698+02:00

Somos peores que los rusos

Breves

La Audiencia de Barcelona reabre la causa contra los mossos que dejaron escapar a Puigdemont;
EL PAÍS se tira al monte y se consolida como el panfleto con más difusión de la extrema izquierda populista (no Pepa Bueno. Martínez Ahrens es tan sectario o más que la locutora del telediario);
Una obra que haya pasado a ser de dominio público puede publicarse gratuitamente en línea en un Estado miembro, aunque siga estando protegida en otro Estado miembro;
Temas para Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Master (TFM);
The European Digital Power of Attorney: The Mountain in Labour? Or How the EU Cannot Do a Cost-Benefit Analysis Even If Europe’s Survival Depended on It;
Erasmo de Rotterdam hoy;
¿Alguien tiene dudas de que hay que cerrar todas las escuelas de magisterio y convertir la formación de maestros en un posgrado? Un innovador sería aquel que cree una escuela de preparación de oposiciones a maestro y no admita a graduados en magisterio. Les puede dar el grado correspondiente como un regalo accesorio.
Cómo el Estado brasileño dañó a sus ciudadanos en más de 170.000 millones de dólares: lo que deja de ganarse forma parte de los daños (lucro cesante): ¿cuántos centenares de miles de millones hemos dejado de ganar los españoles poniendo en manos de funcionarios públicos y políticos incompetentes con incentivos perversos enormes fragmentos de nuestra vida y nuestra hacienda?
La teoría de la relatividad explicada en una hora.
La tesis de Peter Gray parece más convincente que la de Jonathan Haidt y, lo que es mejor, conduce a recomendaciones de política jurídica contrarias a la intervención del Estado en la vida privada de los niños y adolescentes.
La facultad de Derecho de Chicago elimina la IA y los ordenadores de las aulas;
Ann Widdecombe defendiendo la libertad de expresión.

Gordon S. Wood

“Estados Unidos no es una nación como las demás, y nunca lo ha sido”. Si bien la mayoría de los estados-nación surgen de grupos que tienen un sentido preexistente de su propia singularidad, Estados Unidos se formó en torno a una idea, más que a un grupo étnico.

¿El buen juicio será lo escaso en el futuro?

No estoy seguro. ¿por qué la IA no podrá proporcionarnos decisiones "con buen juicio"? Muy al contrario, si la IA se entrena con todas las decisiones que, en cada asunto se han tomado en el pasado y, aunque la decisión presente no sea idéntica a ninguna anterior, no veo ventajas en la inteligencia humana para adoptar la mejor decisión. Buen juicio es capacidad para tomar decisiones "prudentes". A Kodak, Nokia o Blockbuster no les faltó fue la capacidad para interpretar "el significado profundo de esos datos y la flexibilidad para actuar en consecuencia". Les cayó encima una roca que los aplastó. Sólo organizaciones que gestionan monopolios bien protegidos (ya saben lo del foso) perduran durante siglos. ¿La Iglesia católica ha perdurado gracias al "buen juicio" de los Papas? ¿Qué otras organizaciones han sobrevivido más de cien años? Los seis elementos del "buen juicio" son más viejos que el hilo negro en cualquier libro de management.

Paul Graham

Un profesor de la Universidad de Brown le dio a sus estudiantes un examen de mitad de semestre para hacer en casa. Después de sospechar que muchos habían hecho trampa usando IA, hizo el final presencial. Los puntos naranjas son las calificaciones del examen de mitad de semestre y los puntos grises son las calificaciones del final. Parece que todos menos 3 hicieron trampa en el de mitad de semestre.

Arnold Kling

... ya no puedo leer un ensayo largo sin decirme: «Esto suena a Claude». Puede ponerse como ejemplo a Kyle Saunders en Substack. O esta entrada. No pongo en duda la originalidad de las ideas en esos casos. Pero el ritmo de la escritura y, en cierta medida, la prolijidad, me recuerdan a Claude. O la gente está usando Claude, o escribir como Claude se ha convertido en lo normal.

Los profesores son mejores a los 60, incluso a los 70. Arthur C. Brooks

Y, de hecho, según algunos estudios... los mejores profesores tienen más de 40 años, idealmente más de 60, e incluso muchos superan los 70. Es entonces cuando se tiene la mejor capacidad para sintetizar información, reconocer patrones y expresar ideas con la mayor claridad en un lenguaje comprensible para personas no especializadas.

Brooks se refiere a Kinney y Smith, “Age and Teaching Performance”, Journal of Higher Education, 1992: estudiaron evaluaciones docentes de catedráticos y titulares en una gran universidad de investigación y hallaron que la eficacia docente parecía mejorar con la edad, aunque el efecto era significativo pero pequeño y variaba por disciplinas.

La base cognitiva más general es la distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La primera —rapidez, memoria de trabajo, resolución de problemas nuevos— tiende a declinar antes; la segunda —conocimiento acumulado, vocabulario, síntesis, reconocimiento de patrones— madura más tarde y es especialmente útil para enseñar. Hartshorne y Germine, en Psychological Science 2015, muestran que distintas capacidades cognitivas alcanzan su máximo a edades distintas: algunas pronto, otras en la treintena y otras a partir de los cuarenta o más tarde.

Brooks también dice esto en su conversación con Tyler Cowen:

“Mi presidente favorito en mi vida es George W. Bush... ¿Por qué? Porque todos los errores que cometió, probablemente yo también los habría cometido.”

No sé si es un buen criterio para elegirlo ni tampoco para que te guste. Esto me gusta más

“No, no solo igualdad de oportunidades, sino la mayor oportunidad posible para las personas marginadas de la sociedad. Probablemente ella (Oprah Winfrey) tenga más fe que yo en la capacidad del gobierno para lograrlo. Y yo tengo más fe en intentar impulsar el mercado al máximo, brindar a los pobres la mayor libertad posible.”

Jóvenes, no teletrabajéis. Michael R. Strain,

En un nuevo estudio, las economistas Natalia Emanuel y Emma Harrington, autoras de In Person: How Working Together Fuels Creativity, Productivity, and Growth, y la economista de Harvard Amanda Pallais calculan que la tasa de desempleo entre los graduados universitarios menores de 29 años fue 1,3 puntos porcentuales más alta en 2025 que en 2019 (justo antes de la pandemia y del aumento cuadruplicado de personas trabajando a distancia). Entre los graduados universitarios de mayor edad, la tasa de desempleo aumentó 0,4 puntos porcentuales en el mismo periodo. Estos hallazgos encajan con un segundo estudio nuevo. Los economistas Peter John Lambert y Yannick Schindler examinaron cuatro países anglófonos, incluido Estados Unidos, y descubrieron que el auge del trabajo remoto tras la pandemia provocó un cambio tanto en la contratación como en las vacantes que favorecía a los trabajadores más veteranos frente a aquellos con solo unos pocos años de experiencia. Además, muestran que la llegada y el aumento del uso de herramientas de IA no han tenido ningún efecto en la disminución de la demanda de talento junior.

¿Y qué pasa con los trabajadores con más de unos pocos años de experiencia? Aquí, la solución adecuada para la mayoría puede no ser volver al mundo de 2019. En mi opinión, los costes para los trabajadores de un acuerdo híbrido pueden mitigarse sustancialmente mediante sólidas relaciones laborales existentes basadas en interacciones presenciales sostenidas.

El gobierno de la ciudad de Londres estaba en manos de los gremios. Joanne Paul

“Has escrito mucho sobre la monarquía, pero ¿cómo se gobierna la ciudad de Londres? ¿Está el monarca también al mando o hay un consejo, hay un alcalde? ¿Qué sucede allí? Ese es un punto de controversia a lo largo del siglo XVI. La ciudad de Londres tiene un alcalde, entonces como ahora, hay un tribunal de concejales. ¿No electos o elegidos por un consejo?

Sí. Esa es una buena pregunta. Creo que es elegido por el consejo en esa etapa. No me cites. Tendría que comprobarlo. Es en gran medida Luego, por supuesto, existen todo tipo de requisitos en cuanto a quién puede votar. Hay que ser ciudadano, lo que generalmente significa ser un ciudadano libre de Londres, formar parte del sistema gremial de Londres. Eso es muy importante. Hay que ser nominado y aprobado por un gremio, un gremio comercial de Londres, etc. Hay todo tipo de restricciones al derecho al voto, pero está diseñado para ser un sistema bastante democrático. En teoría, la ciudad se autogobierna dentro del reino más amplio que es Inglaterra. Pero……

Conversaciones con Tyler: Joanne Paul sobre Thomas More y el mundo Tudor, 24 de junio de 2026

Joel Mokyr con Tyler

(En un entorno pre-industrial, maltusiano, de subsistencia, lo relevante no es la diferencia en el nivel de vida; lo relevante es la brecha tecnológica) ... lo que realmente define la divergencia (entre China y Europa) es que, tecnológicamente, la brecha entre los dos países comienza a hacerse visible en la época del Renacimiento, en términos de una serie de cosas que se ven crecer en Europa y estancadas en China.

Ahora bien, tengamos en cuenta que parte del crecimiento europeo se debe a que adoptaron ideas de China. La Revolución Industrial, en cierta medida, consistió en la introducción de importaciones por parte de los europeos, que intentaban imitar los productos que importaban de China, y no solo de China, sino también de la India. La cerámica es un buen ejemplo. Uno de los productos que más deseaban de China era la porcelana. De ahí su nombre. Les llevó un tiempo igualar la capacidad china en la industria cerámica, pero finalmente lo consiguieron. Entonces dejaron de importar este producto de China. Lo mismo ocurrió con el algodón y otros productos que obtenemos de Oriente.

Creo que el nivel de vida europeo debería medirse, en parte, por el hecho de que, cuando los europeos iniciaron sus viajes alrededor del mundo a finales del siglo XV y principios del XVI, pudieron traer consigo una gran cantidad de nuevos cultivos y técnicas de otras regiones, que simplemente adoptaron. Pronto se vería a los europeos cultivando tabaco, patatas, maíz y otros productos similares. Fueron agentes de cambio global. No solo cambiaron su propia dieta, sino también la de los chinos, ya que los europeos trajeron del Nuevo Mundo productos como cacahuetes, batatas y otros similares. Cambiaron la dieta china, pero los chinos mismos no fueron los responsables de este cambio.

Están aceptando algunas de las cosas que hicieron los europeos y rechazando otras, pero son los europeos quienes impulsan el cambio. Son los emprendedores. Son quienes provocan los cambios, Tyler. Creo que eso ejemplifica la diferencia entre europeos y chinos. Los europeos son más agresivos. Tienen una visión más abierta. Al final, lo que se observa en las décadas de 1830 y 1840 es que la brecha tecnológica es enorme, en cierto modo mucho mayor que la brecha en el nivel de vida. Incluso en el siglo XIX, en términos de alimentos, los chinos eran capaces de producir suficiente comida. El número de hambrunas en China probablemente no sea mucho peor que en Europa.

Cuando uno ve lo que sucede durante la Primera Guerra del Opio, un solo barco inglés destruye todo un imperio poderoso, y los chinos tienen que aceptar una paz terriblemente humillante, se puede apreciar cómo ha crecido la brecha tecnológica entre ambos. Para mí, eso es mucho más revelador que el nivel de vida. Otro aspecto que quisiera destacar es que, al observar Europa en los siglos XVI y XVII, se puede apreciar que la capacidad de ampliar el conjunto de conocimientos útiles, incluyendo la ciencia, está creciendo a un ritmo vertiginoso. Si hubo o no una revolución científica es un debate en el que quiero profundizar.

Sin duda, hacia 1700, Europa estaba a punto de transformar radicalmente nuestra comprensión de cómo funciona la creación. Y no se trataba solo de Newton y Galileo. Estaba surgiendo todo un conjunto de investigaciones. En China no existe nada comparable. China es una sociedad muy sofisticada en muchos sentidos. Los índices de alfabetización son altos. Cuentan con un sistema educativo bien financiado y organizado, pero no dan continuidad a sus incursiones anteriores en la ciencia y las nuevas tecnologías.

Alguien se dedicó a consultar los numerosos volúmenes de Joseph Needham sobre tecnología y ciencia chinas, o Ciencia y Civilización [en China] , como él mismo los tituló, y descubrió algo —que supongo que todos sabíamos, pero que ellos cuantificaron—: casi ninguna de las innovaciones que Needham señaló se produjo después de 1400. Se produjo un estancamiento total y algunas de las cosas que sabían fabricar en épocas anteriores, como los sofisticados relojes que construyeron en el siglo XI, desaparecieron. Para mí, eso es más revelador que la cantidad promedio de calorías de carbohidratos consumidas, si es que alguna vez pudiéramos calcularlo correctamente.

Un bonito caso de inducción a la infracción contractual del artículo 14 LCD y revelación - explotación de secretos (art. 13 LCD en relación con Ley 1/2019, de Secretos Empresariales)

Apple acaba de demandar a OpenAI, y lo más llamativo es cómo descubrió los hechos: pocas horas antes de una entrevista con OpenAI, un candidato hizo una captura de pantalla de archivos confidenciales de Apple en su portátil corporativo de Apple. Apple revisó los registros de sus propios servidores. El proceso de selección generó su propia cadena de prueba.

Según la demanda, el responsable de hardware de OpenAI, Tang Tan, que trabajó durante veinticuatro años en Apple, indicó a candidatos todavía empleados por Apple que llevaran a las entrevistas “piezas reales” —baterías, placas lógicas— para sesiones de demostración y explicación. Uno de los candidatos se sorprendió y dijo que ni siquiera sabía que esas piezas pudieran sacarse de la oficina.

Apple sostiene también que Tan difundió un documento interno de Apple sobre el procedimiento de salida de la compañía para instruir a los nuevos empleados sobre cómo eludir los controles de seguridad al marcharse. Añade que un ingeniero que abandonaba la empresa conservó su portátil de Apple, descubrió un fallo que aún le permitía acceder al almacenamiento en la nube de Apple y descargó decenas de archivos confidenciales de hardware después de incorporarse a OpenAI.

Está, además, el proveedor: según Apple, OpenAI persuadió a uno de sus socios fabricantes para que demostrara una técnica propietaria de acabado metálico, haciéndole creer que Apple lo había autorizado.

Más de 400 antiguos empleados de Apple trabajan ahora en OpenAI. Apple afirma que puso estos hechos en conocimiento de OpenAI en febrero y que nunca recibió respuesta. Cinco meses después, presentó la demanda.

La pretensión ejercitada revela la estrategia. Apple solicita una medida cautelar que prohíba a OpenAI utilizar sus secretos empresariales, la devolución de todos los archivos y un discovery completo justo cuando OpenAI prepara el lanzamiento de su primer dispositivo y una salida a bolsa. Si el juez accede a la solicitud, OpenAI podría verse obligada a acreditar, componente por componente, que el dispositivo se desarrolló de forma limpia antes de comercializarlo.

El dispositivo debía construirse con el mejor talento mundial en hardware. Ahora, su lista de materiales es prueba en un proceso.

¿Qué es la vida?

Los autores identifican dos grandes conglomerados que reúnen el 66 % de todas las definiciones: «Autonomía cognitiva» y «Sistemas disipativos autoorganizados».

La primera entiende la vida como un sistema autónomo orientado a fines, capaz de procesar información, adaptarse al entorno, mantener sus límites organizativos y tomar decisiones encaminadas a preservar su propia existencia. La vida aparece aquí como una forma de agencia o cognición.

La segunda entiende la vida como un proceso autoorganizado que se mantiene lejos del equilibrio termodinámico mediante el intercambio de energía e información, conservando su organización interna y adaptándose a través de mecanismos de retroalimentación.

Por el contrario, las definiciones más clásicas basadas exclusivamente en reproducción, genética o bioquímica aparecen como posiciones más periféricas. El grupo «Autorreplicación informacional», cuya formulación más extrema es la de Adami («la vida es información capaz de replicarse a sí misma»), contiene solo tres definiciones y ocupa uno de los extremos del espacio conceptual.

La lectura y la escritura cambió el cerebro humano: The End of Reading Is Here By Rose Horowitch, The Atlantic

La lectura nunca ha sido algo natural. Los seres humanos carecen de una maquinaria cognitiva innata diseñada para formar palabras a partir de letras y relacionarlas con sus equivalentes en el mundo real. Para leer, las personas tuvieron que reutilizar regiones del cerebro destinadas al reconocimiento del habla y de objetos. Esta práctica surgió hace 6000 años en Mesopotamia. Durante milenios, la mayor parte de la población fue analfabeta. La alfabetización se convirtió en un fenómeno de masas relativamente hace poco, tras la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440.

La palabra escrita es fundamentalmente diferente del lenguaje oral. La escritura separa el mensaje del mensajero, permitiendo una difusión de información más objetiva que la que era posible en las sociedades orales. Dado que escribir una frase lleva más tiempo que decirla, la escritura obliga al autor a detenerse y reflexionar. El lenguaje escrito tiende a emplear estructuras sintácticas y vocabulario más complejos que el lenguaje hablado. Y a diferencia del habla, no se desvanece en el olvido. Los lectores pueden volver a un texto y explorarlo en busca de nuevos significados y comprensión. Como la escritura perdura, las personas pueden olvidar temporalmente lo que han escrito, pero confiar en que no se perderá para siempre. Esto libera la mente para pensar en nuevas ideas y hacer nuevos descubrimientos.

«Más que cualquier otro invento, la escritura ha transformado la conciencia humana», escribió Walter J. Ong, historiador y sacerdote jesuita, en su libro de 1982, Oralidad y alfabetización. Sostenía que la alfabetización creó las condiciones para la concentración interna, la atención plena y la deducción lógica. Permitió un nuevo tipo de pensamiento racional, lineal y analítico.

Ong citó estudios de caso del neuropsicólogo Alexander Luria, quien viajó a aldeas remotas de Uzbekistán y Kirguistán en la década de 1930, cuando los campesinos comenzaban a recibir instrucción básica de lectura y escritura. Luria se reunía con sus sujetos en casas de té, campamentos y alrededor de fogatas al atardecer. Allí, les planteaba una serie de preguntas diseñadas para dilucidar las diferencias en la forma de pensar de los campesinos alfabetizados y analfabetos. Luria les decía a los campesinos: «En el Extremo Norte, todos los osos son blancos. Nueva Zembla está en el Extremo Norte». Luego les preguntaba de qué color eran los osos en Nueva Zembla. Los campesinos alfabetizados pudieron completar el silogismo. Pero los analfabetos se negaron a intentarlo, explicando que nunca habían estado en el norte y, por lo tanto, no podían responder. Al parecer, alcanzar la alfabetización implicaba la capacidad de pensar de forma lógica y abstracta, no simplemente leer palabras…

Dado que las palabras habladas se desvanecen en cuanto se pronuncian, las culturas orales valoran la repetición para facilitar la memoria. Los bardos de las sociedades orales utilizan frases hechas y mnemotecnias para mantener el hilo de su pensamiento. Recurren a epítetos y a la «descripción entusiasta de la violencia física», en palabras de Ong, porque el conflicto es más memorable que la discusión imparcial. Los oradores no pueden editar sus palabras como los escritores, así que continúan sin admitir sus errores. Si luego se contradicen, no esperan que el público recuerde sus declaraciones anteriores. El significado depende de la identidad del orador, no de ningún concepto de verdad objetiva.

Si la inteligencia abunda y se ha hecho más abundante con la IA, ¿qué es lo que se ha vuelto escaso? Brian Albrecht

Pensemos en la inteligencia como una especie de receta. Es una forma de combinar elementos comunes para crear algo que vale más que la suma de sus ingredientes. Es no rival en el consumo. Que yo conozca una receta no impide que tú también la conozcas. Un panadero transforma unos pocos dólares de harina, agua, mantequilla y calor en un cruasán por el que la gente está dispuesta a pagar mucho más. Los ingredientes no son especialmente escasos, de modo que la inteligencia, el conocimiento o la habilidad del panadero le permiten obtener una ganancia. Pero bajo la palabra “receta” se esconden dos cosas distintas. Una es la tarjeta: una lista de ingredientes y pasos, el tipo de cosa que puede escribirse y entregarse a un desconocido. Pero también está todo lo que no aparece en la tarjeta de la receta, lo que el panadero olvidó anotar o lo que se da por supuesto: el criterio sobre lo que importa, la secuencia exacta en la que deben suceder las cosas, los ajustes cuando cambian las condiciones, el sentido tácito de la calidad que distingue un buen cruasán de uno mediocre. Llamaré “tareas” a lo primero, como hacen los modelos basados en tareas, y reservaré “inteligencia” para lo segundo: aquello que integra todos esos elementos y permite generar valor. Antes de la IA, incluso la receta era fácil de copiar. El saber hacer práctico no lo era, y eso es lo que lo hacía escaso. Cualquiera puede comprar harina y mantequilla, y cualquiera puede leer una receta. Pero no cualquiera puede reproducir fácilmente el tiempo, el tacto y el juicio que hacen que un cruasán sea bueno. El panadero cobra un precio superior porque la inteligencia valiosa es inseparable de la persona que la posee. Durante la mayor parte de la historia, buena parte de esa receta permanecía oculta en la persona que la conocía. Podía enseñársela a otros, podía anotar proporciones y temperaturas, pero persistía una habilidad específica —centrémonos en el conocimiento— relacionada con el tiempo, la experiencia y el criterio. La verdadera receta seguía siendo escasa porque no podía separarse por completo de quien la poseía, aunque pudiera escribirse una receta llena de palabras. Una parte importante del saber hacer permanecía encarnada en personas, equipos y empresas. El conocimiento era difícil de transmitir. Esto, obviamente, no ha desaparecido por completo, pero la IA parece debilitar esa conexión entre el conocimiento y el lugar donde está encarnado. Como la inteligencia es no rival, puede replicarse y difundirse mucho más deprisa. Eso es claramente cierto respecto de la capa escrita, aunque empieza también a imitar la capa tácita. Puede extraer partes sutiles del oficio que nunca fueron puestas por escrito, quizá ni siquiera articuladas. Si se entrega la receta del panadero a todas las tiendas de la ciudad, la oferta aumenta y puede que más gente que nunca coma cruasanes. Pero ningún panadero obtiene ya una prima simplemente por poseer la receta, porque ahora todos la tienen...

Como ocurre en otras dimensiones, la competencia empuja el precio del cruasán hacia el coste de sus ingredientes y de su producción. La rentabilidad del conocimiento cae. Parte de la antigua prima va a parar a los consumidores en forma de precios más bajos. El resto se desplaza hacia aquellos insumos que siguen siendo escasos... Para mantenerse por delante de ese proceso, el panadero tiene que seguir inventando nuevas recetas que aún no hayan sido copiadas y que se adelanten al mercado. James Bessen lo llamó la paradoja del conocimiento técnico. Las ideas replicables nos permiten producir más con los mismos recursos, pero la riqueza resultante no va necesariamente a parar a quienes antes poseían ese conocimiento. Cuando la inteligencia se vuelve abundante, los cuellos de botella importan más. Pero el modelo de lenguaje tiene que ejecutarse en algún sitio. Requiere chips, electricidad, refrigeración, edificios, suelo y tiempo. A diferencia del conocimiento, esos insumos son rivales. Dos cargas de trabajo no pueden consumir la misma hora de GPU ni el mismo megavatio al mismo tiempo. Por tanto, el abaratamiento de la inteligencia puede elevar la rentabilidad de los complementos necesarios para utilizarla. A medida que la inteligencia se vuelve más fácil de copiar, los usuarios pujan con más intensidad por los insumos escasos necesarios para ejecutarla a gran escala. complementarios que siguen estando protegidos....

Garicano, Li y Wu desarrollan esta idea. Dado que los mercados valoran puestos de trabajo, no tareas aisladas, una tarea sólo se desvincula del trabajador o del empleo cuando puede separarse claramente de todo lo que la rodea. Una década después de que Geoffrey Hinton afirmara en 2016 que deberíamos dejar de formar radiólogos, el número de radiólogos ha aumentado aproximadamente un 17 %. La IA ha mejorado en la lectura de imágenes, pero esa lectura era sólo uno de los elementos que determinan el resultado del trabajo del radiólogo. Hasta ahora, una imagen no puede separarse por completo del juicio clínico, de la responsabilidad por la decisión ni de la conversación con el cirujano. Por eso la IA no reproduce la totalidad del trabajo que realiza un radiólogo.

Prosocialidad, optimismo social y aquiescencia

2026-07-11T16:11:29.792+02:00

El trabajo que se cita al final de esta entrada estudia cómo se forman y se estabilizan las conductas prosociales durante la infancia. Su resultado central es que la prosocialidad intuitiva —la disposición a favorecer a los demás— aparece ya en los niños pequeños y permanece estable durante el desarrollo, mientras que la prosocialidad deliberativa aumenta con la edad hasta aproximarse a aquella hacia los nueve o diez años.
Los autores identifican tres dimensiones relevantes del comportamiento social: prosocialidad, optimismo social y aquiescencia. La primera agrupa la disposición a cooperar, el altruismo y la honestidad; la segunda refleja la expectativa de que los demás cooperarán; la tercera mide la disposición a aceptar decisiones ajenas, incluso cuando son desiguales o injustas, esto es, nuestra tendencia a conformarnos con la conducta o la decisión adoptada por otros.
Los niños muy pequeños muestran, por tanto, una disposición temprana a cooperar, compartir y decir la verdad, y esa disposición no desaparece con la edad. Lo que cambia con el desarrollo cognitivo es la deliberación: los niños mayores aprenden a justificar y reproducir deliberadamente conductas cooperativas.
La hipótesis de las heurísticas sociales sostiene que los individuos interiorizan reglas prácticas cooperativas porque, en los entornos ordinarios de interacción repetida, cooperar suele ser más ventajoso que comportarse egoístamente. Pero cuando ponemos a esas personas en interacciones anónimas y únicas, como ocurre en muchos experimentos de laboratorio, las respuestas dependen de si se les fuerza a actuar intuitivamente - sin tiempo para pensar - en cuyo caso tienden a reproducir esas heurísticas cooperativas o si se les permite "pensarse" la respuesta (deliberación) en cuyo caso, adaptan su conducta al contexto concreto lo que les lleva, en algunos casos, comportarse de manera más egoísta si esa es la estrategia óptima en una interacción no repetida.

El dato relevante del estudio es que, en los niños, la intuición prosocial no se debilita con la edad. Lo que cambia es la deliberación, que al principio es menos prosocial que la intuición, pero progresivamente se alinea con ella. O sea, que Rousseau tenía razón solo a medias.
Esto sugiere que el volumen de cooperación que observamos en cualquier sociedad no depende exclusivamente —ni probablemente de forma principal— de la amenaza de sanciones ni de un cálculo externo de incentivos, sino de disposiciones tempranas implantadas en nuestra psicología por la evolución, incluida la evolución cultural, que luego son absorbidas por formas más reflexivas de razonamiento práctico.
Así, la prosocialidad aparece asociada a decisiones cooperativas y altruistas en los juegos de bienes públicos y del dictador, a la aceptación de ofertas bajas en el juego del ultimátum y a la aversión a mentir en el juego de engaño. Pero no aparece vinculada del mismo modo a la disposición a castigar a quienes incumplen normas ni a la estructura de los juicios morales de tipo deontológico o utilitarista.
Esto importa para el Derecho. Muchas teorías jurídicas explican la cooperación —o el comportamiento ajustado a la norma social— a partir de la amenaza de sanción, centralizada o descentralizada. Pero cooperar, castigar al que infringe la norma, rechazar las distribuciones desiguales, decir la verdad y prestar aquiescencia a decisiones ajenas no son variantes de una misma conducta. Son respuestas distintas, aunque todas ellas puedan haber sido favorecidas por una psicología modelada por la evolución porque aumentan la supervivencia y reproducción del grupo y, con ello, la de los individuos que forman parte de él.
La dimensión denominada “optimismo social” es especialmente interesante para el análisis del Derecho. Los niños que esperan contribuciones elevadas de los demás en el juego de bienes públicos son más proclives a contribuir ellos mismos. Es algo muy próximo a la distinción entre sociedades de alta confianza social y sociedades de baja confianza social. En las primeras —las sociedades más ricas de la Tierra— el optimismo social es elevado. En las segundas, los individuos son pesimistas respecto de la conducta que pueden esperar de sus conciudadanos. El mensaje del trabajo es, sin embargo, moderadamente optimista, porque indica que probablemente todos los grupos humanos disponen de los materiales psicológicos necesarios para construir sociedades de alta confianza social. En todo caso, un Derecho privado funcional solo es posible en sociedades de alta confianza o allí donde los individuos son suficientemente optimistas respecto del comportamiento ajeno.
En cuanto a la aquiescencia (la disposición a aceptar decisiones de otros incluso cuando son desiguales o injustas), es lo que otros llaman tendencia a la conformidad. El trabajo muestra que, en los niños, disminuye con la edad, especialmente cuando pueden decidir tras haber deliberado. En los niños mayores, la mayor capacidad de deliberar parece asociarse también a una menor disposición a aceptar resultados injustos. Este dato permite distinguir cooperación de sumisión.
La aquiescencia permite separar parcialmente el cumplimiento de la norma de la valoración individual de su contenido. Los individuos pueden cumplir una regla que consideran imperfecta o incluso injusta si el sistema les ofrece vías para modificarla y, sobre todo, si el sistema permite a los individuos dictarse sus propias reglas cuando sólo los intereses de los que participan en su 'promulgación' están en juego. De ahí que las normas de Derecho Privado deban ser, en principio, dispositivas y que los sistemas jurídicos eficientes maximicen el espacio que reconocen a la autonomía privada entendida como autonomía individual, contractual y organizativa (autoorganización en sociedades y corporaciones).
Si el Derecho reduce los costes de cooperar porque actúa como punto focal que permite anticipar la conducta ajena, este estudio aporta un indicio más de por qué puede hacerlo.
a) El Derecho es eficaz para intensificar la cooperación en el seno de un grupo porque se apoya en tendencias psicológicas innatas o desarrolladas desde muy temprana edad: heurísticas cooperativas, expectativas de reciprocidad, cierta aversión a comportamientos antisociales y disposición a cumplir reglas comunes. Los individuos que presupone el Derecho no necesitan sanciones perfectas para cooperar. Llegan ya equipados con inclinaciones al altruismo, a la honestidad y al cumplimiento de normas. El Derecho aprovecha esas disposiciones para escalar la cooperación, estabilizar expectativas y desincentivar los comportamientos más gravemente antisociales, los de gorrones y cizañeros.
b) A la evolución del Derecho hacia formas más justas contribuye también el hallazgo de que la deliberación no reduce la cooperación. La intuición —las heurísticas prosociales— empuja a la cooperación porque los individuos actúan conforme a reglas interiorizadas que maximizan los beneficios de las interacciones cooperativas. La deliberación permite identificar situaciones en las que puede resultar preferible, desde el propio interés, comportarse egoístamente; pero el trabajo muestra que, en el desarrollo infantil, ocurre también lo contrario: en los niños pequeños la intuición es más prosocial que la deliberación; con la edad, la deliberación se vuelve más prosocial. La maduración cognitiva no elimina la cooperación espontánea, sino que puede incorporarla a formas más reflexivas de conducta. Podemos esperar que la "justicia" de los intercambios y de las interacciones entre individuos en el seno de una organización gobernada autónomamente aumente progresivamente.
El Derecho, como deliberación colectiva institucionalizada, puede contribuir así a reducir los costes de interiorizar las reglas que maximizan los beneficios de la cooperación en grupos grandes, allí donde los mecanismos propios de los grupos pequeños —la repetición de las interacciones entre los mismos individuos, el parentesco, la reputación o la observación directa— no bastan para sostener la cooperación. En grupos grandes, el Derecho aumenta la prosocialidad, el optimismo social y la aquiescencia. Aumenta los beneficios de desarrollar relaciones mutualistas, es decir, relaciones que benefician a todos los que participan en el intercambio o en la organización; aumenta la confianza en que los demás se comportarán también prosocialmente; y aumenta la disposición a cumplir las normas aunque se consideren imperfectas o injustas, siempre que existan mecanismos para cambiarlas.
Margoni, F., Nava, F., Sotis, C. et al., “Stable intuition and the rise of deliberative prosociality in childhood”, Nature Human Behaviour (2026)

Net assets, activos netos en el artículo 80 RDLME

2026-07-10T10:59:56.123+02:00

1. El patrimonio se define como “conjunto unificado de bienes, derechos, créditos y deudas”, y De Castro como “masa de bienes de valor económico afectada y caracterizada por su atribución y el modo de atribuirse a quien sea su titular”. A veces se añade que la masa de bienes, derechos, créditos y deudas, de contenido económico, está unificada por su atribución a una persona o por su afectación a un fin. Pero es discutible que la afectación a un fin sea un caso especial ya que ese fin ha de estar personificado para que podamos individualizar ese patrimonio, es decir, "separarlo" de otros patrimonios porque imputar esos bienes o derechos y esas deudas a "alguien" es la forma de determinar a qué patrimonio pertenece ese bien o esa deuda.

En definitiva, toda persona - física o jurídica - tiene un patrimonio y todo patrimonio tiene un titular. Los casos residuales son los de patrimonios en formación o patrimonios en liquidación o sucesión, es decir, situaciones transitorias. Esa es la razón por la que el término español conecta persona, responsabilidad patrimonial, herencia, separación patrimonial, persona jurídica y patrimonios de destino (fundaciones).

2. En inglés existe patrimony, pero suele referirse a bienes recibidos mortis causa aunque algunos diccionarios jurídicos lo definen como totalidad de derechos y obligaciones de contenido económico de una persona. Es, por tanto, el término más cercano conceptualmente, pero no el más idiomático en inglés jurídico ordinario. Estos son los términos más usados en inglés para referirse a realidades parecidas:

Estate no es coextenso con patrimonio. Puede significar el conjunto de bienes de una persona, especialmente al morir —decedent’s estate—, y también, en Derecho de bienes, un interés o derecho sobre la tierra — estate in land. El diccionario de Cornell lo define, en el contexto sucesorio, como la totalidad de los bienes reales y personales de un individuo antes de su distribución por testamento o trust. property that passes from a decedent to his or her heirs by way of a revocable inter vivos trust. O sea, en español, la herencia. Bankruptcy estate es el equivalente funcional de la masa activa concursal en el Derecho estadounidense.
Assets designa el lado activo del patrimonio: bienes, derechos y elementos con valor económico. No incluye por sí mismo las deudas, salvo que se use dentro de la expresión más amplia assets and liabilities. En contabilidad y en insolvencia, assets son los bienes disponibles para el pago de deudas o los elementos que aparecen en el balance como activos. Por tanto, traduce bien “activo patrimonial”, pero no “patrimonio” en sentido pleno.
Liabilities es el reverso: el pasivo patrimonial, las deudas y obligaciones económicamente valorables. En inglés no suele aparecer unido conceptualmente a assets bajo una noción general equivalente a patrimonio, salvo en fórmulas como assets and liabilities, net worth, estate o balance sheet. Por eso, cuando se quiere traducir patrimonio en sentido técnico amplio, muchas veces hay que decir assets and liabilities o the totality of a person’s assets and liabilities.
Net assets o, en el caso de individuos, net worth, no significa patrimonio en sentido pleno porque no hace referencia a los bienes, derechos, créditos y deudas sino a un resultado contable, al resultado de restar el pasivo al activo: activos menos deudas. El patrimonio es la masa completa de relaciones económicas activas y pasivas atribuida a una persona; incluye bienes, derechos, créditos, deudas. Net assets no designa la masa patrimonial sino su saldo neto. Por eso, según el contexto, puede traducirse como activo neto o como patrimonio neto, pero no como patrimonio sin más.
Property es más amplio y más estrecho a la vez. Es más amplio porque comprende cualquier cosa —tangible o intangible— susceptible de propiedad; Cornell lo define como cualquier cosa o atributo que pueda ser objeto de titularidad, incluyendo bienes materiales o inmateriales. Pero es más estrecho que patrimonio porque no incluye las deudas ni expresa la idea de universalidad jurídica.
Fund es útil cuando el patrimonio está afectado a un fin. Un fund es una suma de dinero o conjunto de recursos separados para un propósito particular; puede servir para hablar de masas patrimoniales destinadas al pago de deudas, ejecución de un proyecto, inversión colectiva o administración fiduciaria. Se acerca a “patrimonio separado” o “masa afectada”, pero no al patrimonio general de una persona.
Trust fund y trust property parecen funcionalmente próximos al patrimonio separado civilista.
Pool of assets es una expresión descriptiva, no una categoría jurídica cerrada. Sirve para traducir “masa de bienes” cuando no se quiere cargar el texto con teoría civilista. Puede usarse para patrimonios afectos, fondos de titulización, masas concursales, conjuntos de activos aportados o segregados. Pero normalmente habrá que añadir la función: a pool of assets set aside for a specific purpose, a pool of assets and liabilities, a segregated pool of assets.

Activo neto y activos netos

En inglés, “activo neto” y “activos netos” significan sustancialmente lo mismo. El cambio de singular a plural en el artículo 70 del Real Decreto-ley 5/2023 subraya, remitiéndose a la expresión de las NIIF "net assets" que el límite de responsabilidad de las beneficiarias de una escisión debe calcularse separadamente para cada una de ellas y, si la escindida subsiste, también para el patrimonio que permanezca en ella.

En la terminología contable española estricta, la categoría primaria es el patrimonio neto, definido como la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. El Plan General de Contabilidad no contempla “activo neto” ni “activos netos” como categorías autónomas. Por eso, el uso de “activos netos” en el art. 70 RDL 5/2023 debe interpretarse como el valor del bloque patrimonial recibido por una de las beneficiarias de la escisión una vez deducidos los pasivos que le hayan sido atribuidos.

El antiguo artículo 80 de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales, decía que las demás beneficiarias respondían solidariamente “hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas”; el artículo 70.1 del Real Decreto-ley 5/2023 habla ahora de “los activos netos atribuidos a cada una de ellas” y, respecto de la escindida subsistente, de “los activos netos que permanezcan en ella”.

La diferencia relevante del nuevo régimen está en el alcance de la responsabilidad

El artículo 80 LME de 2009 sólo cubría las obligaciones asumidas por una beneficiaria que resultasen incumplidas; en tal caso respondían las demás beneficiarias hasta el activo neto atribuido a cada una y, si subsistía, la escindida por la totalidad de la obligación. El artículo 70.2 RDL 5/2023 mantiene ese supuesto, pero añade otro de gran importancia: las beneficiarias responden también de las deudas que permanecen en la sociedad escindida o segregada, siempre que hubieran nacido antes de la publicación del proyecto y no estuvieran vencidas en ese momento.

Lo que designa “activo neto” no es el activo bruto recibido, ni el patrimonio neto total de la beneficiaria después de la escisión, ni el patrimonio neto de su balance preexistente. Es el valor neto del bloque patrimonial atribuido en la escisión: activos atribuidos menos pasivos atribuidos o asumidos con cargo a ese mismo bloque.

Si una beneficiaria recibe bienes y derechos por valor de 10 millones y pasivos por valor de 4 millones, su activo neto atribuido es 6 millones, y ése será el techo de su responsabilidad solidaria. El artículo 64.2.º RDL 5/2023, al exigir que el proyecto contenga una descripción precisa del patrimonio activo y pasivo y de su reparto, y el artículo 65 RDL 5/2023, al establecer reglas para elementos activos o pasivos no atribuidos expresamente, confirman que el cálculo se hace comparando ambos lados del bloque patrimonial asignado.

La fórmula es la siguiente: el Activo neto atribuido a cada beneficiaria es igual al valor de los activos atribuidos a esa beneficiaria menos el valor de los pasivos atribuidos o asumidos por ella.

Y, si la escindida subsiste, el activo neto que permanece en la escindida es igual al valor de los activos que conserva menos el valor de los pasivos que permanecen en su patrimonio.

Como se ha dicho más arriba, la expresión “activos netos” no es ajena al lenguaje contable pero no se incluye en el Plan General de Contabilidad, (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007 que se refiere a activo, pasivo y patrimonio neto.

En las normas de consolidación y en el lenguaje económico-contable de las combinaciones de negocios aparece, sin embargo, la expresión “activos netos”, influida por el término net assets, para designar funcionalmente los activos menos los pasivos.

Así ocurre, por ejemplo, en el preámbulo del Real Decreto 1159/2010, que aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. También la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 sobre instrumentos financieros utiliza la expresión en su artículo 3, en conexión con la NIC-UE 32, respecto de determinados instrumentos que dan derecho a una participación proporcional en los activos netos en caso de liquidación. Con todo, la propia resolución mantiene como definición básica la de patrimonio neto: la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos.

En definitiva, el paso del singular al plural desde la Ley de Modificaciones estructurales al Real Decreto Ley de Modificaciones estructurales no ha supuesto un cambio sustantivo en el límite de responsabilidad de las beneficiarias de una escisión aunque ahora las beneficiarias respondan también de las deudas que haya retenido en su patrimonio la sociedad segregada o escindida.

Variaciones en el valor de los 'activos netos' atribuidos a la beneficiaria

Ahora bien, la valoración que resulte del proyecto de escisión para cada unidad patrimonial atribuida a una beneficiaria —los “activos netos” del artículo 70 RDL 5/2023, o el “activo neto” del antiguo artículo 80 LME— constituye el punto de partida para calcular el límite de responsabilidad, pero no puede perjudicar a los acreedores si se acredita que es artificiosa o que no expresa el valor razonable del bloque atribuido.

El artículo 64.2.º RDL 5/2023 exige que el proyecto contenga una descripción precisa del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida y de su reparto entre las beneficiarias, y el artículo 65 confirma la centralidad del proyecto al regular la atribución de elementos activos o pasivos no asignados expresamente.

Pero la valoración declarada no perjudica a terceros. Si en un litigio se prueba que la valoración incorporada al proyecto es incorrecta, cabría defender que el límite de responsabilidad debe calcularse atendiendo al valor económico neto efectivamente recibido o conservado en el momento de la escisión, pues la función de la regla es medir la garantía patrimonial que la operación desplaza a cada sociedad.

Una vez fijado ese valor en el momento relevante de la escisión, las variaciones posteriores corresponden a la beneficiaria: si los activos recibidos aumentan de valor, la plusvalía no incrementa el límite máximo de su responsabilidad; si disminuyen, la pérdida tampoco lo reduce. Para el acreedor, esas oscilaciones posteriores son res inter alios acta: ni le perjudican ni le aprovechan. El límite de responsabilidad seguirá siendo el valor razonable de los activos netos recibidos por la beneficiaria demandada en el momento de la escisión.

En consecuencia,

- “activos netos” en el artículo 70 RDL 5/2023 debe entenderse como equivalente distributivo del “activo neto atribuido” del antiguo artículo 80 LME. No se refiere a activos individualmente considerados netos de cargas, ni al valor neto contable de cada bien aislado, sino al valor neto del patrimonio recibido por cada beneficiaria o conservado por la escindida.
- La diferencia entre el artículo 80 LME y el artículo 70 RDL 5/2023 no está en la magnitud de cálculo, sino en el perímetro de responsabilidad: las beneficiarias responden ahora también por determinadas deudas que permanecen en la escindida o segregada, dentro del límite del activo neto atribuido a cada una.
- El cálculo de los "activos netos" es el que resulta del proyecto de escisión.

¿Ya no rige el pacta sunt servanda en derecho español?

2026-07-08T21:55:15.478+02:00

Foto Victoria Rachitzky - University of Salamanca Fray Luis de Leon.jpg, CC BY 2.0,

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2026.

Era un contrato negociado entre dos personas jurídicas, una de ellas una Fundación de la Universidad de Salamanca que incluía una típica cláusula de limitación de responsabilidad del abogado a los honorarios. Los patronos de la fundación no "vieron" la cláusula y la firmaron sin rechistar. La Fundación ni siquiera alegó la nulidad de la cláusula en la demanda.

El resumen de la IA

La sentencia resuelve una reclamación de responsabilidad profesional formulada por la Fundación Doctor Moraza contra el abogado que llevaba un procedimiento de división de cosa común sobre un inmueble en Madrid, el despacho Mazars al que pertenecía y las aseguradoras de ambos. La Fundación era titular del 91,515 % del edificio y pretendía adquirir el porcentaje restante mediante la subasta judicial derivada del procedimiento de división para hacerse con la totalidad del inmueble.

La Fundación había encomendado la gestión del asunto a Mazars mediante un contrato de prestación de servicios firmado en 2010. El contrato contenía dos cláusulas relevantes. La primera limitaba la responsabilidad máxima de Mazars a los honorarios percibidos por los servicios que generasen la eventual responsabilidad. La segunda establecía que la responsabilidad solo podría ser reclamada durante el año siguiente a la terminación del trabajo.

Antes de la subasta, el Patronato de la Fundación autorizó expresamente al abogado a pujar hasta 6.996.396,97 euros y preveía incluso la posibilidad de superar esa cifra previa autorización adicional. Durante la subasta, el abogado manifestó a la Fundación que no consideraba conveniente pujar por encima de ese máximo porque sospechaba que las pujas estaban siendo artificialmente elevadas por el copropietario minoritario, Carnes del Bierzo León S.L. La Fundación respondió mostrando su conformidad con ese criterio. No obstante, cuando apareció una última puja de 6.172.000 euros, el abogado no formuló una oferta superior. Alegó que no pudo hacerlo porque bloqueó su certificado digital al introducir erróneamente el código de seguridad. Finalmente el inmueble fue adjudicado a Carnes del Bierzo León S.L., que poco después lo revendió a un tercero por 6.922.000 euros.

La Fundación demandó sosteniendo que el abogado había incumplido las instrucciones recibidas y actuado negligentemente al no asegurar la participación efectiva en la fase final de la subasta. Reclamó como daño principal la diferencia entre el valor de mercado que atribuía al inmueble y el precio obtenido en la subasta y, subsidiariamente, la diferencia entre el precio máximo autorizado y el realmente alcanzado. Los demandados opusieron, entre otras defensas, la existencia del plazo contractual de un año para reclamar y la cláusula que limitaba la responsabilidad al importe de los honorarios.

El juzgado apreció responsabilidad profesional y concedió una indemnización de 523.688,83 euros. La Audiencia Provincial confirmó íntegramente la condena. Ambas instancias consideraron que el abogado debía haber agotado el margen de puja autorizado y que no había desplegado la diligencia exigible para evitar el problema informático que le impidió seguir participando. También entendieron que la Fundación había perdido una oportunidad real de adquirir el porcentaje restante del inmueble y valoraron el daño en el valor de esa participación al precio de adjudicación. Además declararon nula la cláusula de limitación cuantitativa de responsabilidad y rechazaron la excepción basada en el plazo contractual.

En casación, el Tribunal Supremo analiza principalmente las dos cláusulas restrictivas de responsabilidad. Comienza realizando una exposición general sobre las cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad. Afirma que la autonomía de la voluntad permite en principio pactarlas, pero dentro de los límites derivados de la ley, la buena fe, la prohibición del abuso de derecho, la función social del contrato y la preservación de un mínimo equilibrio contractual. Añade que son nulas las cláusulas que amparen el dolo, permitan una renuncia anticipada a derechos esenciales o desnaturalicen la finalidad del contrato.

Respecto de la cláusula temporal, el Tribunal Supremo se aparta parcialmente del razonamiento de la Audiencia. Acepta que el plazo de un año es válido y que tiene naturaleza de caducidad. Sin embargo, considera que el debate sobre la interrupción o no de la caducidad es irrelevante en este caso. La cláusula no exigía necesariamente una reclamación judicial dentro del año, sino simplemente que la responsabilidad fuera “reclamada” dentro de ese plazo. Dado que la Fundación dirigió una reclamación extrajudicial mediante burofax dentro del año siguiente a la terminación del encargo, la exigencia contractual quedó cumplida. Por ello la acción no estaba extinguida.

El núcleo de la sentencia se encuentra en el examen de la cláusula que limitaba la responsabilidad al importe de los honorarios. El Tribunal Supremo la declara nula por tres razones. En primer lugar, porque el límite quedaba indirectamente al arbitrio de Mazars: los honorarios dependían del tiempo de trabajo computado por el propio despacho y ese importe era, a su vez, el techo de la responsabilidad. En segundo lugar, porque la cláusula no distinguía entre los distintos grados de culpabilidad e incluso podría operar frente a supuestos dolosos, en contradicción con el artículo 1102 del Código Civil. En tercer lugar, porque producía una alteración radical del equilibrio contractual y vaciaba de contenido la responsabilidad profesional asumida. En el caso concreto, unos daños fijados en más de 523.000 euros quedarían reducidos a apenas 4.185 euros, es decir, al 0,8 % del perjuicio reconocido.

El fragmento de la sentencia del Supremo decisivo para el fallo

... La repetida cláusula contractual IV contempla en su párrafo primero un límite cuantitativo, al señalar que «la responsabilidad máxima de MAZARS & ASOCIADOS, por daños derivados de los servicios prestados, quedará limitada a los honorarios que percibamos, por la parte de los servicios prestados o resultados del trabajo que dé lugar a responsabilidades, impuestos y gastos no incluidos».

Al contrario de lo que sucede con la restricción de carácter temporal, la cláusula de limitación cuantitativa de responsabilidad se considera contraria a derecho porque: (i) viene a dejar a la voluntad de una de las partes, Mazars, la determinación del limite de responsabilidad, ya que se fija de atención a los honorarios que se perciban por los servicios prestados o los resultados del trabajo, pero honorarios que, según se prevé en la cláusula II, los fija la propia Mazars «en función del tiempo de trabajo efectivamente empleado, aplicando una tasa horaria de 180 €/h», es decir, Mazars es la que cuantifica los honorarios a percibir, de acuerdo con el tiempo dedicado al servicio u obra, que también determina la misma Mazars, y que configura el límite máximo de responsabilidad, de manera que basta con que, finalizada la labor contratada, en la que se incurrió en un incumplimiento o cumplimiento defectuoso, Mazars decida reclamar unos honorarios inferiores para que, automáticamente, se reduzca el límite de responsabilidad, con infracción del art. 1256 CC; (ii) no distingue en función de la naturaleza del incumplimiento, es decir, si obedece a una conducta dolosa, o imputable a culpa o negligencia grave, menos grave o leve, o a circunstancias objetivas que, por la razón que fuese, determinasen la obligación de indemnizar salvo pacto en contrario, de forma que, aun en el caso de que el daño causado fuera a título de dolo, operaría la limitación, lo que vulnera el art. 1102 CC, que declara la nulidad de la acción exigible para hacer efectiva responsabilidad procedente de dolo, sin límite alguno; y, (iii) es susceptible de alterar sustancialmente el equilibrio contractual y desnaturalizar el fin y la función social del contrato porque, teniendo éste por objeto la prestación de unos servicios de especial relevancia por parte de unos profesionales de elevado nivel técnico (se habla de asesoramiento legal en actuaciones judiciales y extrajudiciales, defensa del cliente en procedimientos judiciales y administrativos, evacuación oral y escrita de consultas, elaboración de informes y dictámenes, conferencias y reuniones con la entidad cliente, funcionarios, autoridades y otros profesionales, elaboración de contratos y documentos, redacción y revisión de estatutos, reglamentos y memorias), la cláusula cercena la posibilidad de reclamar los daños ocasionados por el defectuoso cumplimiento de las obligaciones asumidas, tanto más cuanto de mayor gravedad, hasta el punto de que, en un caso como el enjuiciado, frente a unos daños que se cuantifican en 523.688,83 €, la aplicación de la cláusula supone que solo se responde por un total de 4.185 €, es decir, un porcentaje del 0,80% del daño causado.

La parte recurrente alega que ni en la demanda ni en la audiencia previa se interesara por la demandante la nulidad de la cláusula cuestionada, por lo que tanto la sentencia de primera instancia como la de apelación incurren en incongruencia extra petita. La Audiencia, con ocasión de analizar el recurso de apelación presentado por la hoy recurrente, da cumplida respuesta a esta cuestión al señalar (pág. 19 y 20): «[...] es precisamente la apelante la que introduce en su oposición como causa limitativa de la responsabilidad civil ,la incorporada en el contrato marco suscrito entre las partes litigantes, a la que la parte demandada le confiere plena validez y en caso de que se estime que se ha incurrido en alguna responsabilidad civil, dicha cláusula aparecería como límite cuantitativo, de manera que la cuantía quedaría limitada a 4.185 euros que es el importe de la factura abonada por la demandante. »No puede en las presentes actuaciones sostenerse la validez al amparo de la autonomía de la voluntad de la cláusula sobre limitación de responsabilidad incorporada en el contrato marco suscrito por las partes litigantes, pues no tiene una adecuada justificación para ser eficaz y en consecuencia la ineficacia se produce al observar un desequilibrio injustificado de las respectivas obligaciones de los contratantes, en daño de una de las partes, que desde luego no se puede compaginar con la naturaleza de este contrato de prestación de servicios profesionales de un despacho de abogados, pues en dicha cláusula, se abandona de forma genérica e imprecisa, la facultad que le confiere la ley al que resulte dañado como consecuencia de la actividad profesional de MAZARS, sin que esté justificada por una razón concluyente, más allá del propio interés de quien incorpora dicha cláusula en el contrato, para autoprotegerse de ulteriores reclamaciones por responsabilidad profesional.»

En cualquier caso, nos hallamos ante una cláusula que, por las razones antes apuntadas, es nula de pleno derecho al resultar contraria a normas de carácter imperativo y, por tanto, no es admisible como motivo de oposición a la pretensión ejercitada por la actora, sin que pueda hablarse de indefensión en la medida que la cuestión fue objeto de debate en primera instancia y en apelación

Juntas falsamente universales: distribución de la carga de la prueba y caducidad de la impugnación de infracciones del orden público societario

2026-07-08T10:21:14.661+02:00

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2026

1.-Es objeto del litigio si el 7 de julio de 2014 se celebró una junta general de socios de la entidad mercantil Primmun Real Estate S.L. (en lo sucesivo, Primmun). Los puntos del orden del día habrían sido la aceptación de la renuncia como administrador único de D. Casiano, el nombramiento como nuevo administrador único de D. Valeriano y la delegación de facultades en favor del administrador para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados. 2.-Según la sociedad, tuvo el carácter de universal y asistieron todos los socios, que eran: D. Horacio (titular del 4% del capital social), que lo hizo personalmente; y las compañías mercantiles Dravé 97 S.L. (titular del 34%), representada por su administrador único D. Casiano , y Faelitu S.L. (62% del capital), representada por su administrador único D. Valeriano . Los mencionados puntos del orden del día se habrían aprobado por unanimidad. 3.-El mismo día 7 de julio de 2014 tales acuerdos fueron elevados a públicos por comparecencia notarial de D. Casiano y D. Valeriano . 4.-D. Horacio y Dravé 97 S.L. presentaron una demanda de impugnación de acuerdos sociales contra Primmun, con fundamento en que no habían asistido a la junta general que se dice universal. 5.-Tras la oposición de la sociedad, que alegó caducidad de la acción y que los demandantes sí habían estado presentes en la junta general, el juzgado dictó sentencia desestimatoria de la demanda, al considerar que, aunque la acción no estaba caducada, no se había probado que no hubieran asistido a la junta general todos los socios de la sociedad demandada.

6.-Los demandantes interpusieron un recurso de apelación contra dicha sentencia, que fue estimado por la Audiencia Provincial. Consideró, resumidamente, que en ausencia de acta de la junta, correspondía a la sociedad la prueba de la asistencia de los demandantes, sin que la prueba testifical ofreciera certeza suficiente. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y estimó la demanda.

A tenor de lo previsto en el art. 178 LSC, para que la junta universal de socios quede válidamente constituida debe estar presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes han de aceptar por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día propuesto ( sentencia 376/2012, de 18 de junio). El carácter universal de la junta general no releva de la obligación general de levantar acta ( arts. 202 LSC y 97 RRM) y aunque la ausencia de este documento no determina por sí misma la nulidad de la junta ni de sus acuerdos, puesto que pueden ser acreditados por otros medios de prueba ( sentencias 1138/1999, de 29 de diciembre; y 228/2002, de 18 de marzo), sí desplaza la carga de la prueba de su celebración y su contenido a la sociedad, que es quien, a través de sus órganos, tiene la obligación de documentar la junta. De lo contrario, bastaría con que los administradores comparecieran ante notario y realizaran las correspondientes manifestaciones para que pudieran ser inscribibles unos acuerdos inexistentes.

3.-De ello se colige que incumbe a la sociedad que sostiene la celebración de una junta general universal con los requisitos antes expuestos la prueba de la asistencia de todos los socios y de su voluntad común de celebrar la junta con un determinado orden del día. Tanto por aplicación de nuestra jurisprudencia sobre la prueba de los hechos negativos, según la cual cuando se trata de hechos negativos no hay que probarlos, pues el obligado a hacerlo es quien afirma los positivos contrarios (sentencias 524/1986, de 23 de septiembre; y 940/2006, de 28 de septiembre; así como las otras muchas que en ellas se citan; y STC 140/1994, de 9 de mayo), como por aplicación de lo previsto en el art. 217.6 LEC, al resultar evidente que la sociedad tiene una mayor disponibilidad y facilidad para acreditar el hecho positivo contrario, esto es, la asistencia a la pretendida junta universal de todos los socios. Sensu contrario, en aquellos casos en que la sociedad aporte el acta con las firmas de los asistentes, corresponderá a los impugnantes probar la falsedad del documento o de su firma. Así lo reconoció implícitamente la sentencia 222/2010, de 19 de abril, al confirmar las consideraciones en este sentido de la Audiencia Provincial cuya sentencia era objeto del recurso.

Y para lo anterior no es óbice la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil, puesto que la fe pública registral se extiende al documento de protocolización, pero no a la veracidad de su contenido. La certificación es suficiente para que se realice la inscripción, y ésta despliegue sus efectos, mientras que su contenido no sea impugnado o contradicho, pero la veracidad de tal certificación es de la exclusiva responsabilidad de quienes la elaboran y presentan y tendrán que acreditarla cuando sean requeridos para ello. Si uno o varios socios afirman no haber estado presentes, y cuestionan la veracidad de la certificación, no les corresponde la prueba de un hecho negativo, sino que, al contrario, es a la sociedad a quien incumbe cuidar de que quede constancia de lo sucedido, mediante el levantamiento de la oportuna acta (véase el ya citado art. 202 LSC), y correlativamente, aportarla cuando se niegue la propia existencia de la junta general.

...la certificación hace prueba de las manifestaciones de quienes comparecen ante el notario, pero no acredita su veracidad intrínseca. Es decir, el documento público acredita que en una concreta fecha unas personas comparecieron ante notario y aportaron una certificación de unos acuerdos sociales emitida por el administrador social, pero no de que la junta general se celebrara en esa fecha y con el carácter y requisitos de universal, en particular la asistencia de todos los socios... Que en la notaría comparecieran no solo el Sr. Valeriano , sino también el Sr. Casiano , no prueba por sí solo que en la junta general estuviera presente el Sr. Horacio , por lo que no cabe tachar de irracional la valoración probatoria de la Audiencia Provincial... Por lo demás, el Sr. Casiano tenía interés en asistir a la notaría en tanto que su intención era cesar como administrador.

... la valoración probatoria de los correos electrónicos remitidos por el Sr. Casiano tras la celebración de la junta general, pues de su contenido se deduce su existencia y la asistencia de todos los socios... La valoración de los documentos privados debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba... Una cosa es el valor probatorio de los documentos en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos... Los correos electrónicos en cuestión lo único que acreditarían es que el Sr. Casiano tenía interés en dejar de ser administrador y que estuvo conforme en comparecer en la notaría y que ya no se consideraba administrador, pero no revelan que se celebrara la junta ni que asistiera el Sr. Horacio ; y de hecho, el propio Sr. Casiano lo negó en su declaración testifical y dijo que creía que ya no tenía la cualidad de administrador, no por la existencia y contenido de la junta general, sino porque el Sr. Valeriano le había dicho que había hablado con el Sr. Horacio y estaban de acuerdo.

... el criterio aplicado para desestimar la excepción (de caducidad) es correcto y debe ser mantenido en casación. Conforme a la jurisprudencia de la sala, constituye vulneración del orden público societario la violación de normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario, a los principios configuradores de la sociedad y a normas relativas a derechos básicos del socio ( sentencia 913/2006, de 26 de septiembre).

La contravención del orden público, «generalmente se aplica a acuerdos, convenios o negocios que suponen un ataque a la protección de los accionistas ausentes, a los accionistas minoritarios e incluso a terceros, pero siempre con una finalidad, la de privarles de la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24.1 de la Constitución Española» ( sentencias 496/2000, de 18 de mayo, y 167/2013, de 21 de marzo)... a la hora de interpretar el concepto de orden público a los efectos de la falta de caducidad de la impugnación de acuerdos sociales, conforme al art. 205.1 LSC, la sala, con el fin de proteger el derecho de presencia o representación en las juntas de socios, ha apreciado violación del orden público en los casos de acuerdos adoptados por pretendidas juntas universales a las que no han asistido los demandantes, por faltar el requisito esencial de la presencia o representación de la totalidad del capital social, lo que vulnera «frontalmente el nivel participativo de los socios allí donde es conceptual y legalmente indispensable»; se crea una «apariencia de junta universal [que] no se ajusta a la realidad y con el propósito de eludir la intervención de los socios». Como recuerda la sentencia 222/2010, de 19 de abril, y reproduce la sentencia 942/2022, de 20 de diciembre: «la celebración de reuniones de socios como juntas universales sin cumplir la primera de las condiciones exigidas en el artículo 99 - la presencia de todo el capital - se ha considerado por la jurisprudencia viciada de nulidad y, además, contraria al orden público - sentencias de 29 de septiembre de 2.003, 30 de mayo y 19 de julio de 2.007-, con independencia de cuál sea el contenido de los acuerdos adoptados - sentencias de 19 de julio y 28 de noviembre de 2.007, no obstante la de 18 de mayo de 2.000-, ya que la nulidad de éstos no deriva de vicios o defectos intrínsecos, sino, por repercusión, de no valer como junta la reunión de socios en que se tomaron».

No estoy de acuerdo con esta última afirmación del Supremo. Creo que si los acuerdos adoptados no perjudican al socio que no asistió a la junta de manera particular, no hay infracción del orden público. Esto lo he explicado en esta entrada del Almacén de Derecho (v., también, Fingir que se ha celebrado una reunión de la junta o un consejo es ejercicio de la autonomía privada, Almacén de Derecho 2024)

Por ejemplo, si la junta se limitó a aprobar las cuentas y la gestión social, fingir una junta universal no es una infracción del orden público societario, salvo que se hubiera cometido un delito para fingir la reunión. Aplicar la excepción de caducidad permite proteger intereses legítimos de terceros que no han participado en la infracción de las reglas de convocatoria como los socios "inocentes". De modo que estos casos no implican infracción del orden público y deben aplicarse las reglas sobre legitimación activa y caducidad de los acuerdos impugnables en general. En el caso, los acuerdos no afectaban de modo particular a ningún socio y hubieran sido aprobados en una junta ordinaria por la mayoría que sí asistió ya que había un socio - que se "autonombró" administrador único tras la renuncia de Casiano tenía más de un 60 % de las participaciones. Quizá por esta razón, el juzgado desestimó la demanda.

Derecho de voto del socio cuyas participaciones se habían transformado, con su consentimiento, en participaciones sin voto

2026-07-07T19:00:29.401+02:00

Esta sentencia plantea una cuestión bien interesante: ¿en qué momento se determina si un socio tiene derecho a votar? ¿En el momento de constituirse la junta o en el momento - posterior - en el que se completa el supuesto de hecho de su derecho a votar? El Supremo parece favorecer la segunda alternativa y considera que el socio votó indebidamente los primeros asuntos del orden del día pero no los últimos.

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2026

Lomo Espacios S.L. es una sociedad constituida en el año 2016. Su capital social estaba dividido en 300 participaciones, cuya titularidad estaba repartida del siguiente modo: 100 participaciones correspondían a Inversiones Claudena S.A.; otras 100 participaciones a Lomo de las Casillas 33 S.L.; y las restantes 100 participaciones a Caro Inversiones S.L.

La junta general extraordinaria de Lomo Espacios S.L., celebrada el día 26 de marzo de 2018, aprobó por unanimidad la modificación del art. 5 de los estatutos, en el sentido de que las participaciones sociales números 1 a 100, ambos inclusive, pasaran a ser participaciones sin voto. Como consecuencia de ello se distinguía entre estas, que se denominaban «participaciones clase B», y el resto que de nominaban «participaciones clase A». Para las participaciones clase B (núms. 1-100), el art. 5 de los estatutos prescribía que «tendrán todos los derechos que ostentan las participaciones de clase A, excepto el voto en las juntas de la sociedad y se regirán por los artículos 90 a 92 de la Ley de Sociedades Anónimas para las acciones sin voto». En aquel momento regía el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, que regula esta clase de participaciones y acciones sin voto en los arts. 98 a 103, por lo que puede entenderse hecha esta referencia a esta norma.

Inversiones Claudena S.A. es la titular de las 100 participaciones sin voto (clase B).

El 27 de junio de 2019, se celebró una junta general de Lomos Espacios S.L., a la que asistieron los tres socios. Los cinco puntos del orden del día fueron los siguientes: «Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. »Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018. »Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social de 2018. »Cuarto.- Reducción, por pérdidas, del capital social de la entidad a 0,00 euros y simultáneo aumento del mismo, mediante nuevas aportaciones dinerarias y por compensación de crédito, hasta la cifra de 120.000,00 euros, completado con una prima de creación total de 480.000,00 euros, con modificación del artículo 5o de 3 los estatutos sociales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital. »Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos».

El presidente de la junta reconoció a Inversiones Claudena S.A. (titular de las 100 participaciones de la clase B) derecho de voto, de tal forma que los acuerdos aprobados en la junta (los cinco primeros puntos del orden del día) lo fueron con el voto a favor de Inversiones Claudena S.A. y de Lomo de las Casillas 33 S.L., y con el voto en contra de Caro Inversiones S.L.

Tras la aprobación de esos acuerdos, el representante de Caro Inversiones S.L. advirtió del defecto en que se había incurrido en la votación, al dejar votar a quien no tenía derecho, y que por ello el voto era nulo, y se reservó las acciones de impugnación del acuerdo.

Desde su constitución, la sociedad Lomo Espacios S.L. no había acordado ningún reparto de dividendos. El cierre de las cuentas anuales de 2017 reflejaba que la sociedad se encontraba en causa de disolución.

En la demanda que inició el presente procedimiento, Caro Inversiones S.L. impugnó los acuerdos aprobados en la junta general celebrada el día 27 de junio de 2019, porque habían sido adoptados con el voto a favor de Inversiones Claudena S.A., socia titular de participaciones sin derecho de voto, y ese voto fue relevante para alcanzar la mayoría exigida por la ley para la aprobación de esos acuerdos.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, porque en aplicación del apartado 3 del art. 99 LSC, como no se había satisfecho el dividendo mínimo, las participaciones de Inversiones Claudena S.A. tenían derecho de voto en igualdad de condiciones de que las ordinarias.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante y la audiencia provincial desestima el recurso. La sentencia de apelación ratifica el razonamiento seguido por el juzgado: en la medida en que no se ha satisfecho el dividendo mínimo, las participaciones sin voto tienen derecho de voto, por lo que la votación de los cinco puntos del orden del día de la junta de 27 de junio de 2019 fue válida y por ello son válidos los acuerdos aprobados.

La sentencia de apelación es recurrida en casación por la demandante, sobre la base de un motivo único.

El motivo se funda... en que «al reconocer la sentencia recurrida a Inversiones Claudena S.A. el derecho de voto en la junta general de Lomo Espacios S.L. celebrada el 27 de junio de 2019, no ha respetado la libertad de asociación, la libertad negocial y la autonomía de la voluntad de los socios de Inversiones Claudena S.A., quienes adoptaron en la junta general extraordinaria de dicha sociedad celebrada el 26 de marzo de 2018 el acuerdo de convertir o transformar las participaciones sociales titularidad de Inversiones Claudena S.A. en participaciones sin voto»...

Conviene advertir que la sala, en su sentencia 440/2026, de 20 de marzo, se pronunció sobre la validez de un acuerdo adoptado por la sociedad Lomo Espacios S.L., en una junta celebrada el 6 de marzo de 2019, también con el voto a favor de Inversiones Claudena...

El presupuesto de que no se satisfaga el dividendo mínimo porque no haya habido beneficios distribuibles se refiere lógicamente a los ejercicios económicos no concluidos y también posteriores al momento en que se crearon las participaciones sin voto. En este caso, tiene razón el recurrente en que si las participaciones sin voto se crearon en marzo de 2018, el dividendo mínimo sería el que proporcionalmente correspondiera de los beneficios distribuibles generados en el ejercicio económico 2018, que concluía el 31 de diciembre. »Propiamente no existe ese derecho hasta que no se aprueban las cuentas con beneficios repartibles. Razón por la cual, la previsión contenida en el último inciso del art. 99.3 LSC de que, mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, el titular de las participaciones sin voto sigue teniendo este derecho en igualdad de condiciones que las ordinarias, incluye no solo los casos en que se hayan aprobado las cuentas sin beneficios repartibles, sino también cuando ni siquiera se hubiera aprobado las cuentas, debiendo haberlo sido». 3.También en el presente caso la cuestión que suscita el recurso es si el presupuesto legal «mientras no se satisfaga el dividendo mínimo» requiere que previamente se hayan formulado y aprobado las cuentas anuales, con el resultado de inexistencia de beneficios distribuibles, o si el mencionado presupuesto se cumple con la materialidad de que no se haya cobrado el dividendo mínimo...

... El caso que ahora tenemos que resolver es todavía más singular, pues si las participaciones sin voto se habían creado en marzo de 2018, la junta en la que se discute si su titular tiene derecho de voto se celebró el 27 de junio de 2019, esto es en la misma junta general en la que se sometían a aprobación las cuentas anuales y la distribución del resultado del primer ejercicio económico afectado (2018).

De acuerdo con lo argumentado hasta ahora, en este caso, para la adopción de los tres primeros acuerdos (aprobación de las cuentas, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social), la titular de las participaciones sin voto (Inversiones Claudena S.A.) todavía no podía votar porque no se había cumplido aquel presupuesto previsto en el art. 99.3 LSC (tal y como lo interpretamos en el citado precedente), pues justo era en esa junta en la que se presentaban a aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2018, el primero respecto del que el titular de las participaciones sin voto creadas en marzo de 2018 tendría derecho al dividendo mínimo, siempre que hubiera beneficio repartible.

Pero una vez presentadas para la aprobación las cuentas anuales y, en su caso, la aplicación del resultado, aunque a la postre no fuera válida su aprobación porque había votado a favor y de forma relevante quien carecía de derecho de voto hasta ese momento; para la adopción de los demás acuerdos, y en concreto los correspondientes a los puntos 3º y 4º del orden del día, ese socio ya había recuperado el derecho a votar pues se acababa de cumplir el presupuesto del art. 99.3 LSC.

En consecuencia, en esa junta general de 27 de junio de 2019, no debería haberse permitido votar a Inversiones Claudena S.A. respecto de los dos primeros puntos del orden del día, en cuanto que era titular de las participaciones sin voto y todavía no se había cumplido el presupuesto del art. 99.3 LSC para recuperar el derecho de voto. Y, sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de los acuerdos que aprueban los puntos 3º y 4º del orden del día, pues para entonces ya se había cumplido aquel presupuesto e Inversiones Claudena S.A. había recuperado el derecho de voto

... .Por todo ello, procede estimar el recurso de casación, con el efecto de revocar la sentencia de apelación, y en su lugar acordar la estimación en parte del recurso de apelación y la revocación en parte de la sentencia de primera instancia. En su lugar procede estimar en parte la demanda de impugnación de los acuerdos que aprobaban los dos primeros puntos del orden del día de la junta de 27 de junio de 2019, que se dejan sin efecto.

Los Buddenbrook y el conflicto de interés: la regla de la abstención y la defensa del interés social

2026-07-07T18:33:58.493+02:00

Vía Pedro del Olmo

Gotthold Buddenbrook es el hijo mayor de Johann Buddenbrook padre, nacido de un primer matrimonio, y por tanto hermanastro de Jean —el cónsul Buddenbrook—, que es hijo del segundo matrimonio y socio de la casa comercial familiar. Gotthold se enemistó con su padre al casarse contra su voluntad con Mamsell Stüwing, vinculada a una tienda que el viejo Buddenbrook desprecia socialmente; el padre le entregó entonces una cantidad y lo tuvo por económicamente liquidado. Años después, con ocasión de la compra de la nueva casa familiar, Gotthold reclama una compensación por su “parte” en la casa, como si siguiera teniendo derecho a participar en el patrimonio familiar. Jean se encuentra atrapado porque, como hermano e hijo piadoso, querría evitar la ruptura familiar y podría aconsejar a su padre que pague; pero, como socio de la firma y futuro continuador del negocio, sabe que pagar a Gotthold no sólo detrae dinero del capital de explotación, sino que puede romper el principio de que Gotthold ya fue definitivamente apartado y abrir la puerta a reclamaciones hereditarias mucho mayores. De ahí el conflicto: Jean no puede aconsejar imparcialmente porque cualquier consejo afecta a su propio interés patrimonial y al interés de la empresa familiar que está obligado a proteger.

«¿Qué hacer?», repitió el cónsul, sacudiendo la cabeza inclinada. «Yo mismo he querido muchas veces pedirle a papá que cediera… No debe parecer que yo, el hermanastro, me he instalado en casa de los padres y estoy intrigando contra Gotthold… También ante mi padre debo evitar la apariencia de estar desempeñando ese papel. Pero, si he de ser sincero… al fin y al cabo soy socio. Y además Bethsy y yo pagamos, por ahora, un alquiler completamente normal por la segunda planta… En cuanto a mi hermana en Fráncfort, bueno, eso ya está arreglado. Su marido recibe ya ahora, en vida de papá, una compensación: sólo una cuarta parte del precio de compra de la casa… Es una operación ventajosa, que papá ha cerrado con mucha limpieza y acierto, y que desde el punto de vista de la firma resulta sumamente satisfactoria. Y si papá se muestra tan absolutamente contrario a Gotthold, eso es…»

«Pero ¿puedo yo aconsejarle eso?», susurró el cónsul, llevándose la mano a la frente con un gesto agitado. «Tengo un interés personal, y por eso tendría que decir: padre, paga. Pero también soy socio; tengo que representar los intereses de la firma, y si papá no cree tener, frente a un hijo desobediente y rebelde, la obligación de retirar esa suma del capital de explotación… Se trata de más de once mil táleros corrientes. Es mucho dinero… No, no, no puedo aconsejar que pague… pero tampoco puedo desaconsejarlo. No quiero saber nada del asunto. Sólo la escena con papá me resulta desagradable…»

Más tarde, cuando Jean habla con su padre, el conflicto reaparece de forma todavía más explícita:

«Querido padre, ¿qué quiere que conteste? No quiero que tenga razón en eso que dice de las “influencias”. Estoy interesado como socio, y precisamente por eso no debería aconsejarte que mantuvieras tu postura; sin embargo… Y soy tan buen cristiano como Gotthold; sin embargo…»

Y al final Jean deja de vacilar y resuelve el conflicto por cálculo empresarial:

«¿Qué haces, Jean?», preguntó Johann Buddenbrook. «Ya no te veo.» «Calculo», dijo secamente el cónsul. La vela se avivó, y se vio cómo, erguido, con unos ojos tan fríos y atentos como no habían mirado en toda la tarde, fijaba la vista en la llama danzante. «Por un lado: usted entrega 33.335 a Gotthold y 15.000 a los de Fráncfort, lo que hace 48.335 en total. Por otro lado: usted entrega sólo 25.000 a los de Fráncfort, y eso significa para la firma una ganancia de 23.335. Pero eso no es todo. Supongamos que usted paga a Gotthold una indemnización por su parte en la casa: entonces se rompe el principio; entonces resulta que en su día no quedó definitivamente liquidado; entonces, a la muerte de usted, podrá reclamar una herencia igual a la de mi hermana y a la mía, y entonces la firma tendría que contar con una pérdida de cientos de miles, con la que no puede contar, con la que yo, como futuro único titular, no puedo contar… ¡No, papá!», concluyó con un enérgico movimiento de la mano, irguiéndose aún más. «Debo aconsejarle que no ceda.»

Citas: la decadencia de Gran Bretaña, de Alemania y de Europa

2026-07-06T13:45:56.619+02:00

Ford Madox Brown’s “The Last of England.”

Breves

Dejar que las empresas en concurso elijan el juez del concurso - eligiendo el foro en el que presentan el concurso - aumenta la eficiencia de los procedimientos concursales.
Herramientas cognitivas para hacer visible lo invisible.
"A principios de este año, sugerimos que Alemania podría aprobar reformas en el mercado laboral haciendo que "los trabajadores por encima de un cierto umbral de ingresos se rijan por las normas laborales danesas". Esta mañana, Merz anunció que Alemania está introduciendo el empleo a voluntad para cualquier persona que gane más de 180.000 €". En este post, sugiero que se aplique a los trabajadores de start ups el Decreto de la relación laboral especial de alta dirección que, como es sabido, da plena libertad a las partes para configurar su relación laboral como prefieran.
Según mi rectora: "Tras la celebración de las dos convocatorias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), se ha completado el proceso de preinscripción en grados en el distrito único madrileño, observándose un descenso cercano al 10% de media en las Universidades Públicas de Madrid, y de forma algo más acusada en la UAM"
La decadencia europea vista a través del aire acondicionado

Tabarrok sobre la decadencia británica

Se refiere a un artículo de The Atlantic firmado por Idrees Kahloon "repleto de anécdotas pintorescas sobre una nación en decadencia" y añade

... Las similitudes (con EE.UU) son especialmente evidentes en las soluciones retrógradas a las que Gran Bretaña se ha aferrado torpemente, a saber, atacar a los inmigrantes y el comercio; el Brexit equivale a un régimen arancelario elevado. Las naciones en declive, al igual que las personas, tienden a arremeter contra otras en lugar de abordar sus problemas reales. Huelga decir que ni los inmigrantes ni el comercio explican la incapacidad de Gran Bretaña —ni de California— para construir trenes de alta velocidad u otras infraestructuras. Resulta inquietante ver cómo la cuna de la Revolución Industrial, los derechos individuales y la libertad de expresión —la nación que construyó los ferrocarriles, las máquinas de vapor y las fábricas que transformaron el mundo— pierde la capacidad de construir prácticamente nada, o incluso de tolerar que la gente exprese sus opiniones libremente. Paralelamente, en lugar de abordar nuestros problemas reales —casi todos de nuestra propia creación— la derecha se histérica con cuestiones simbólicas de la guerra cultural, como la ciudadanía por derecho de nacimiento, mientras que la izquierda nomina candidatos con simpatías marxistas-leninistas .

Y Louise Perry que nos cuenta que se va de Inglaterra a Australia porque...

Empecé a pensar seriamente en marcharme de Gran Bretaña en 2024, impulsada por dos cosas: mi experiencia directa del calamitoso estado de los servicios de maternidad del Servicio Nacional de Salud y mi inquietud ante el auge del sectarismo musulmán en la política. Ese fue el año en que los “Cinco de Gaza”, un grupo de políticos que concurrieron con una plataforma islamopopulista, fueron elegidos para el Parlamento. Estos candidatos ignoran los ideales universalistas liberales con los que están comprometidos otros políticos británicos y, en su lugar, apelan explícitamente a la solidaridad etnorreligiosa.

Mientras tanto, ciudades dominadas por musulmanes pakistaníes como Birmingham, Oldham y Bradford han registrado múltiples casos de ataques incendiarios contra coches de políticos en vísperas de elecciones, así como pinchazos de neumáticos y mensajes amenazantes arañados en la carrocería. La violencia forma parte de las elecciones en Pakistán. ¿Es tan sorprendente que estemos viendo ahora el mismo desorden en zonas de Gran Bretaña de mayoría pakistaní? Prestar mucha atención a la actualidad forma parte de mi trabajo, y se me hizo evidente que la política británica estaba cambiando, y no para bien.

Busqué opiniones académicas sobre la cuestión y di con la obra de David Betz, profesor de estudios de guerra en King’s College London... Utiliza modelos e ideas asentados en la disciplina de los estudios de guerra para predecir que Gran Bretaña y Francia son los países occidentales con más probabilidades de sufrir el estallido de un conflicto civil violento que se libraría principalmente siguiendo líneas étnicas. Tales conflictos serían producto de la tensión económica, la pérdida de legitimidad política, niveles indigeribles de inmigración procedente de lugares culturalmente distantes y una sensación de “degradación” entre una población autóctona que se siente perdiendo poder y estatus. Gran Bretaña, dice Betz, está “configurada explosivamente”...

Soy consciente de que contribuyo a este posible círculo vicioso al marcharme... Si los británicos con medios para marcharse empiezan a hacerlo a gran escala, podríamos estar ante una crisis de emigración masiva... Mi defensa es que no nos habríamos marchado si no fuera por nuestros hijos. Por eso el detalle de The Last of England que ahora atrae mi atención es el que está en el centro del cuadro: la madre sosteniendo la mano de su bebé.

V., observaciones adicionales de Matt Yglesias y Arnold Kling en el blog de éste.

Cuando nos 'obligan' a experimentar

En su artículo The Benefits of Forced Experimentation: Striking Evidence from the London Underground Network, Larcom et al. (2017) presentan un análisis de los desplazamientos en el metro de Londres a partir de 3,5 millones de identificadores de tarjetas de transporte —las tarjetas Oyster—. A partir de esos identificadores, localizaron a los usuarios que se desplazaban regularmente al trabajo haciendo el mismo trayecto, entrando y saliendo por las mismas estaciones, todos los días laborables entre las 7 y las 10 de la mañana desde el 15 de enero de 2014 hasta el 4 de febrero, el día anterior a la huelga. Estos usuarios habituales constituyen la población de un experimento natural. Durante los dos días de huelga, algunos pudieron seguir utilizando su ruta normal, porque la huelga no afectaba a las estaciones que usaban, mientras que otros se vieron obligados por la huelga a experimentar y probar rutas nuevas. El análisis de Larcom et al. (2017) se centra en determinar si quienes tuvieron que experimentar siguieron utilizando una ruta nueva en los días posteriores a la huelga. Si cambian a una ruta nueva pese a que, una vez terminada la huelga, su ruta anterior vuelve a estar disponible, eso sugiere que han descubierto una ruta que, por la razón que sea, prefieren. El análisis muestra un efecto pequeño pero robusto: quienes se vieron obligados a experimentar con una ruta nueva fueron aproximadamente un 5 % más propensos a cambiar a una ruta distinta después de la huelga que quienes pudieron mantener su desplazamiento habitual. Eso significa que la huelga indujo un cambio de conducta en los hábitos de alrededor de una de cada veinte personas afectadas.

La competencia entre derechos de sociedades en Europa ha empezado a funcionar. Basta con que la UE y la Comisión Europea no estorben

El primer estudio de caso se refiere al creciente número de sociedades italianas que se han reincorporado en los Países Bajos. Compañías emblemáticas —Exor, Ferrari, Campari, Mediaset, Brembo— han trasladado su sede estatutaria a Ámsterdam. Su principal motivación es el régimen neerlandés de acciones de lealtad, que permite a los accionistas de control acumular derechos de voto adicionales con el paso del tiempo. Tradicionalmente, el Derecho italiano de sociedades solo ofrecía un régimen limitado de acciones de lealtad, con un límite máximo de voto doble, es decir, una proporción de 2:1, considerablemente menos flexible que el modelo neerlandés. Las reincorporaciones responden al interés de los accionistas en obtener mayores beneficios privados de control y en asegurar estabilidad para estrategias de crecimiento inorgánico. Las consideraciones fiscales desempeñan un papel secundario.

El segundo estudio de caso examina las SPAC alemanas. Todas las SPAC que cotizaron en Alemania durante el auge de 2020-2021 se constituyeron en Luxemburgo y no conforme al Derecho alemán. La razón es sencilla: el Derecho alemán de sociedades es demasiado rígido para reproducir la estructura estándar de mercado de las SPAC desarrollada en Estados Unidos. Las normas imperativas sobre conservación del capital, las restricciones a los reembolsos de acciones y las reglas rígidas de gobierno corporativo hacen prácticamente imposible estructurar una SPAC bajo Derecho alemán. El Derecho luxemburgués ofrece la flexibilidad que esperan promotores e inversores.

A partir de estos resultados, mi artículo reconstruye la mecánica de la competencia emergente. En el lado de la demanda, quienes toman la decisión son los accionistas, no los administradores, como ocurre en Estados Unidos. La razón es que las sociedades europeas suelen presentar una propiedad concentrada. En el lado de la oferta, tanto Alemania como Italia han reaccionado mediante reformas legislativas defensivas. Italia aprobó en 2024 la Legge capitali, liberalizando su régimen de acciones de lealtad. Alemania propuso reformas legislativas para reducir las desventajas competitivas del Derecho alemán de sociedades en relación con las SPAC. Ninguno de los dos países, sin embargo, ha intentado convertirse por sí mismo en jurisdicción receptora. Su enfoque sigue siendo puramente defensivo: contener la salida de sociedades, no atraer entradas.

El autor - Ben W. Fuhrmann - explica en su artículo del que está sacado el post que acabo de extractar que la rigidez del derecho alemán de sociedades anónimas es el del parágrafo 23.5 AktG, que limita extraordinariamente la libertad de configuración estatutaria en las sociedades anónimas. Lo curioso es que, en Luxemburgo, las SPAC adoptan la forma de Sociedad Anónima Europea. Sobre las SPAC vid las entradas relacionadas al final de esta entrada.

Explica Fuhrmann:

La razón por la que todas las SPAC alemanas decidieron constituirse en Luxemburgo en lugar de constituirse en Alemania se encuentra en el Derecho alemán. Uno de los principios centrales del Derecho alemán de sociedades anónimas es que existe un gran número de normas legales imperativas que ni los fundadores ni los accionistas de una sociedad pueden modificar, ni siquiera mediante una reforma de los estatutos.

El modo en que normalmente se organiza en Estados Unidos el proceso de creación, admisión a cotización y estructuración de una SPAC se ha convertido en un estándar internacional de mercado esperado por los inversores, la mayoría de los cuales procede también de Estados Unidos. Puesto que el proceso de una SPAC ya es complejo, las SPAC tratan de seguir lo más fielmente posible el procedimiento establecido y conocido, para evitar perder el interés de los inversores como consecuencia de un mayor grado de complejidad o de una percepción de falta de transparencia. Sin embargo, algunos elementos de ese proceso no pueden reproducirse conforme al Derecho alemán, porque se apartarían de normas imperativas del Derecho alemán de sociedades.

En primer lugar, las gravosas reglas alemanas sobre formación del capital impiden transferir las aportaciones de capital de los inversores —y nuevos accionistas— de la SPAC a una cuenta de depósito bloqueada a la que la SPAC solo pueda acceder cuando se produzca la fusión. Esas reglas exigen que las aportaciones de capital estén a disposición del consejo de administración sin restricción alguna.

En segundo lugar, las normas de protección de acreedores impiden establecer derechos de reembolso, que son esenciales para la protección de los inversores en la estructura de una SPAC. Esas normas disponen, más bien, que el capital no puede devolverse a los accionistas salvo mediante un procedimiento engorroso y lento, probablemente inaceptable para cualquier inversor, que incluye una reforma de los estatutos, la constitución de garantías y un período de espera de seis meses.

En la misma línea, la liquidación de una SPAC con devolución a los inversores de todo el capital invertido se ve dificultada adicionalmente por el Derecho alemán de sociedades. Las normas legales relativas a la liquidación de una sociedad exigen un período de espera de un año para distribuir el producto de la liquidación una vez adoptada la decisión de liquidar. Tener que esperar otro año para que se devuelva el capital, después de que la SPAC no haya conseguido negociar una combinación empresarial con una sociedad objetivo en el plazo habitual de 24 meses, normalmente no satisfará el interés de los potenciales inversores en la SPAC, lo que significa que su capital quedaría inmovilizado durante un total de 36 meses. Por último, el Derecho alemán de sociedades exige una aportación mínima de capital de 1 euro por cada acción emitida. Dado que las acciones del promotor suelen entregarse a este por una contraprestación muy inferior, esta regla incrementa la contraprestación que el promotor ha de desembolsar por sus acciones y, por tanto, encarece para él la constitución de la SPAC.

En cambio, el Derecho luxemburgués no establece reglas que obstaculicen significativamente el proceso de una SPAC o, al menos, solo contiene reglas que pueden modificarse en los estatutos de la SPAC. Por ejemplo, el Derecho luxemburgués de sociedades establece pocos requisitos para implantar derechos de reembolso de los accionistas, como que las acciones estén íntegramente desembolsadas y que los reembolsos estén autorizados en los estatutos.

El factor central por el que las SPAC eligen el Derecho luxemburgués es la flexibilidad que este les ofrece para estructurar una SPAC... lo que más importaría al promotor y al consejo de la SPAC es el grado de complejidad necesario para consumar la combinación empresarial y la financiación PIPE.... En primer lugar, la fusión en Luxemburgo puede estructurarse como una aportación no dineraria utilizando el capital autorizado que puede incluirse en los estatutos de la SPAC. En tal caso, los accionistas de la sociedad objetivo aportan sus acciones a la SPAC a cambio de nuevas acciones de la SPAC. Esto presenta la ventaja de evitar el voto de los accionistas de la sociedad objetivo exigido para una fusión o para autorizar posteriormente una habilitación de capital de ese tipo, además de otros ahorros de tiempo. Los accionistas de la sociedad objetivo, o al menos una mayoría suficiente para permitir una adquisición forzosa de los minoritarios, tendrán que estar en todo caso a favor del proceso de de-SPAC, dado que deberán aportar sus acciones. Sin embargo, no tener que pasar por una votación formal de los accionistas evita añadir plazos de convocatoria al calendario, así como el cumplimiento de formalidades societarias potencialmente gravosas y otros requisitos procedimentales.

Además, el Derecho luxemburgués permite al promotor votar con sus acciones en la junta general que aprueba la combinación empresarial,mientras que muchas otras jurisdicciones, como Alemania, prohíben al promotor votar con sus acciones, sobre la base de la existencia de un conflicto de interés inherente.

Asimismo, el acuerdo para consumar la combinación empresarial requiere únicamente la aprobación de la mayoría de los votos válidamente emitidos. En muchas otras jurisdicciones, incluida Alemania, el acuerdo exigiría, en cambio, una mayoría del 75 % de los votos presentes en la junta de accionistas.

De forma más general, el Derecho luxemburgués de sociedades es singularmente flexible en otras fases clave del proceso de una SPAC, por ejemplo en materia de derechos de voto, creación de distintas clases de acciones, derechos financieros y de control especiales para los promotores, y modificaciones del marco societario de la SPAC en general...

El Derecho luxemburgués también es sustancialmente más flexible que el Derecho alemán en materia de gobierno corporativo de una SPAC. Por ejemplo, el Derecho alemán de sociedades impone una estructura dual de órganos —consejo de administración y consejo de supervisión—. En cambio, el Derecho luxemburgués permite elegir de forma más flexible entre una estructura monista y una estructura dual.

Las vías corporativas para remediar pretendidos incumplimientos contractuales

2026-07-03T16:22:47.415+02:00

Foto de The Metropolitan Museum of Art en Unsplash

La sentencia de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de mayo de 2026 confirma íntegramente la desestimación de la demanda interpuesta por dos socios, Ángeles y Jose Pedro, contra dos sociedades familiares, Promocions Frasmo, S.L. y Promocions Interbrick, S.L., y contra tres hermanas que actuaban como administradoras y luego liquidadoras, Santiaga, María Antonieta e Isidora. El procedimiento partía de una impugnación de acuerdos sociales adoptados en juntas extraordinarias de ambas sociedades celebradas el 24 de noviembre de 2022, junto con una acción de cese de administradoras por infracción del deber de no competencia y una acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC.

En enero de 2016, al tiempo de aceptar y adjudicarse la herencia, los socios suscribieron unos pactos familiares que establecían una correspondencia entre participaciones sociales y determinados lotes de inmuebles y preveían la posibilidad futura de articular una separación mediante adjudicación de bienes. Pero esa posibilidad quedaba condicionada a actuaciones posteriores, en particular a modificaciones estatutarias y acuerdos adicionales, que nunca se realizaron. La Audiencia subraya que esos pactos familiares no habían generado por sí solos un derecho de separación societario inmediatamente ejercitable.

En las juntas de 24 de noviembre de 2022 se acordó la disolución y liquidación de las sociedades con el voto favorable de todos los socios, incluidos los actores. Ese acuerdo de disolución no fue impugnado y quedó firme. La Audiencia entiende que la disolución y liquidación constituía el cauce legal ordinario para realizar el patrimonio social y adjudicar los bienes a los socios conforme a sus participaciones, y que, además, los propios pactos familiares contemplaban esa vía como mecanismo de distribución patrimonial. Por eso ve una contradicción en la posición de los actores: votaron a favor de disolver las sociedades, pero al mismo tiempo votaron en contra del criterio de reparto conforme a los pactos familiares que ellos mismos invocaban para sostener su derecho de separación. En consecuencia, no existía derecho de separación exigible, ni la negativa de la mayoría a reconocerlo podía calificarse como abuso de mayoría.

La Audiencia niega que hubiera una competencia efectiva o un riesgo relevante de perjuicio para las sociedades porque los administradores lo fueran de las dos. Se trataba de dos sociedades familiares gestionadas conjuntamente desde su fundación en los años noventa, con los mismos socios desde 2016, vinculadas por los pactos familiares y dedicadas a explotar activos inmobiliarios distintos, sin concurrir por los mismos clientes ni recursos. En ese contexto, la gestión simultánea por las mismas personas no generaba el conflicto competitivo que la norma pretende evitar.

En cuanto a las retribuciones de las administradoras, la Audiencia no acepta que carecieran de cobertura estatutaria. Consta que el artículo 16 de los estatutos de ambas sociedades preveía expresamente el carácter retribuido del cargo de administrador desde la fundación de las sociedades. Además, los propios actores habían percibido retribuciones en términos semejantes durante los periodos en que ejercieron funciones de administración. Este dato debilita la impugnación, porque la percepción retributiva que ahora se presenta como indebida respondía a un régimen estatutario existente y había sido aplicado también a los propios demandantes.

El enforcement de una cláusula de no competencia postcontractual no puede hacerse a través de una acción de competencia desleal

2026-07-03T16:09:48.114+02:00

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Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de junio de 2026 es correcta: si el demandado tenía una relación contractual con el demandante en virtud de la cual pesaba sobre él una obligación - pactada - de no competencia postcontractual, el demandante debe recurrir al contrato para remediar el incumplimiento por parte del demandado. No a la ley de competencia desleal. De otro modo, la ajustada distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual desaparecería (v., las entradas de Pedro del Olmo al respecto en el Almacén de Derecho).

Pero la "culpa" de que se sigan presentando demandas de competencia desleal para exigir el cumplimiento de obligaciones de no competencia pactadas es de la jurisprudencia que ha admitido que se presenten éstas contra empleados que se lo montan por su cuenta. Del mismo modo, la conducta de estos empleados debe valorarse como incumplimiento del contrato de trabajo, sin perjuicio de que, si se demanda a terceros (normalmente, los que han inducido a esos empleados a incumplir sus obligaciones derivadas del contrato de trabajo) proceda la acumulación o la atracción de competencia etc.

Dice la Audiencia de Barcelona,

El actor argumenta en su demanda y en el recurso que el demandado ha seguido intermediando en la contratación de seguros después de su cese. De esta forma, incumple la cláusula de no competencia, que le obligaba a abstenerse de mediar en la contratación de seguros hasta el 8 de marzo de 2021. Es decir, seis meses después de que MGS le comunicara el fin de la relación de agencia.

MGS sostiene que dicho incumplimiento constituye de por si un acto de competencia desleal que vulnera el art. 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), según el cual: "Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".

No podemos compartir dicha argumentación, como ya ha explicado motivadamente el juez de primera instancia. La violación de la cláusula válidamente pactada supone, sin lugar a dudas, un incumplimiento contractual que genera responsabilidad del obligado de responder de los daños y perjuicios. Pero por sí mismo, como hemos dicho diversas sentencias, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, no constituye un acto de competencia desleal.

Sigue la cita de la STS 25-X-2000 y la SAP Barcelona de 27-I-2016 ( ECLI:ES:APB:2016:503 )y la SAP Barcelona de 16-XII-2009 (ECLI:ES:APB:2009:14345) donde se lee que

"de los contratos no surgen normas generales de conducta, sino particulares, sólo vinculantes para quienes los otorgan. El reproche de ilicitud, desde la óptica del art. 5 LCD (actualmente art. 4 LDC ), no nace, por consiguiente, con carácter general, del quebrantamiento de una relación contractual que vincule a la persona que la realiza con aquella otra cuyo interés queda afectado por esa actuación.

La conducta que la actora imputa a la demandada se apoya en un alegado incumplimiento de unos pactos de no concurrencia postcontractuales que obran en un contrato entre las partes aquí litigantes. Es decir, la actuación comercial realizada por el demandado tras la finalización del contrato de 1 de junio de 1999 que, a juicio de la actora, atenta los pactos contractuales aludidos. Lo que excluye su enjuiciamiento como ilícito desleal y determina su examen sólo como ilícito contractual, salvo que, como señalábamos en las citadas sentencias de esta Sala, la infracción contractual esté tipificada deslealmente como un acto desleal (por ejemplo, la divulgación o explotación de secretos industriales o empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva en el sentido sancionado por el art. 13 de la LCD )».

Usura en préstamos hipotecarios extrabancarios

2026-07-03T14:12:37.852+02:00

Por Mercedes Ágreda

Es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 754/2026, de 18 de mayo de 2026.

Se discute la nulidad por usura de dos préstamos hipotecarios concedidos por una entidad no bancaria a una sociedad, a un interés anual fijo del 15% (TAE del 18,21%). La AP de Madrid estimó la demanda y consideró usurarios los préstamos al comparar el tipo pactado con las estadísticas del Banco de España para entidades de crédito (Circular 4/2002), resultando la TAE más de seis veces superior a la referencia.

El TS casa la sentencia. La Sala declara que, cuando el prestamista es una empresa profesional sujeta a la Ley 2/2009, de 31 de marzo, el criterio de comparación para determinar el «interés normal del dinero» no puede ser el de las estadísticas del Banco de España elaboradas conforme a la Circular 4/2002, limitada a entidades de crédito. Los tipos medios bancarios están condicionados por factores propios del negocio bancario ausentes en el segmento extrabancario: acceso al mercado interbancario y al BCE, bonificaciones vinculadas a productos cruzados, ratios de solvencia legalmente exigidos y economías de escala.

El registro previsto en el art. 3 de la Ley 2/2009 (Ministerio de Consumo) publica estadísticas propias de ese segmento: en 2013, el tipo de interés ordinario de los préstamos hipotecarios extrabancarios se situaba en el 16,79%. Desde esta perspectiva, una TAE del 18,21% en una operación de naturaleza empresarial no resulta notablemente superior al normal del dinero. Concurren además circunstancias contextuales: amplia negociación previa, finalidad de financiación empresarial para refinanciar deudas, entrega de oferta vinculante y perfil cualificado del administrador de la prestataria.

La sentencia recuerda que, de haberse declarado la nulidad, sus efectos son radicales, absolutos y originarios: conforme al art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, el prestatario solo estaría obligado a devolver el capital recibido, debiendo el prestamista restituir todo lo percibido que exceda de dicho importe, con inclusión de comisiones y gastos.

Imposibilidad de fundar la resolución contractual del art. 1124 CC en el incumplimiento precontractual del deber de información

2026-07-03T14:11:05.673+02:00

Por Antonio Cámara

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 891/2026, de 10 de junio de 2026

En una demanda por mala comercialización de productos complejos a minoristas, el demandado había solicitado nulidad absoluta del contrato, subsidiariamente anulabilidad por error vicio, y es segunda subsidiaria, resolución por incumplimiento contractual, todas ellas fundadas en defectos en el deber de información por parte del banco. Primera y segunda instancias accedieron a la segunda petición subsidiaria, argumentando que la venta parcial de valores por el demandante impedía la nulidad total.

El TS estima el recurso extraordinario por infracción procesal del banco, pues la sentencia de instancia habría incurrido en incongruencia en la selección de la acción a estimar. Al asumir la instancia y resolver los recursos de apelación pendientes, la sala: (1) reitera que la falta de información precontractual no puede fundar la resolución del contrato por incumplimiento del art. 1124 CC, que exige un incumplimiento contractual en sentido estricto; (2) revoca la excepción de falta de legitimación activa apreciada en primera instancia por la venta parcial de las acciones: la enajenación en condiciones normales de los títulos obtenidos en el canje de un producto financiero complejo no priva al adquirente de la acción de anulabilidad, sino que únicamente modula los efectos restitutorios. En el fallo, declara aplicable la nulidad por error vicio con los correspondientes efectos restitutorios, que si bien en la práctica son idénticos a la sentencia de primera instancia, se basan en una distinta fundamentación legal.

Citas

2026-07-02T20:31:47.318+02:00

Breves

Elon Musk; la sorprendente reducción de la demencia asociada a la vacuna del herpes-zoster; La anestesia y la conciencia: el hecho de que sustancias químicas puedan encenderla y apagarla demuestra que la conciencia es un proceso físico; Biografía breve de José Luis Rodríguez Zapatero; Cuando nuestro cerebro es consciente de objetos que no vemos, Tommy Blanchard; "Respetar la propiedad privada. Punto" Anxo Bastos; la propiedad privada reduce los conflictos sobre los bienes entre los miembros de un grupo: La explicación evolutiva de la adquisición de la propiedad por ocupación y del prior in tempore potior iure; Angus Bylsma "Pensar en el capitalismo de la Edad Moderna como un archipiélago no sugiere nada sobre los factores que impulsaron su desarrollo a largo plazo"; Hector Cebolla en EL MUNDO: "Una sociedad de 50 millones de habitantes, con uno de cada cinco nacido fuera, necesita algo más que las dosis de pragmatismo administrativo heredadas de 2003. Necesita decidir explícitamente qué parte de la ciudadanía social descansa sobre el hecho de haber contribuido al sistema y qué parte pertenece a toda persona por el hecho de residir aquí. Esa distinción no es «prioridad nacional» disfrazada. Es la condición mínima para que el Estado del bienestar conserve legitimidad política cuando los recursos escasean. Países como Dinamarca o Alemania llevan años aplicando ese principio sin que nadie los acuse de xenofobia.

Los mundos que construyó el islam

... el islam carece de un proceso formal y centralizado de ordenación o de clero. Mientras que un rabino o sacerdote autodenominado sería rápidamente expuesto por la falta de credenciales obtenidas mediante un proceso reconocido, cualquiera puede llamarse a sí mismo 'imán' o 'jeque'. Aunque ambos términos se usan como indicadores de prominencia religiosa, ninguno está inherentemente ligado a prácticas islámicas... Mucho más que sus homólogos abrahámics, el islam está por tanto construido sobre fundamentos altamente democratizados, una religión de praxis disputada entre quienes compiten tanto por moldear como guiar su trayectoria.

... el segundo desafío al que se enfrenta el islam, derivado de la historia que se cuenta a sí mismo sobre su propia existencia: que es la última oportunidad de salvación de la humanidad. Considerándose a sí misma una corrección restaurativa tanto del judaísmo como del cristianismo, la versión del islam de la historia es teleológica. La historia de su revelación se basa en la creencia de que ambos predecesores fueron en su día la 'verdadera' fe de Dios, pero que, con el tiempo, sus mensajes se diluyeron y distorsionaron demasiado. Por tanto, eran necesarias pero insuficientes. Así, al hablar de la experiencia judía y cristiana, por ejemplo, dice el Corán: 'distorsionaron las palabras de las Escrituras y descuidaron una parte de lo que se les había ordenado defender'. Esto explica la tenaz y mordaz terquedad de los reaccionarios y su rabia contra la modernidad, o la idea del compromiso religioso. Si cedes un centímetro, toda la fe corre el riesgo de condenarse al destino de sus predecesores, lo que, a su vez, niega toda la razón de la mera existencia del islam. Con la revelación del Islam, el Corán dice a los creyentes que Dios 'completó mi favor sobre vosotros'. Esta idea del islam como el testamento final y la última oportunidad de salvación de la humanidad, por tanto, subraya por qué algunos elementos dentro de él se oponen tan vehementemente a cualquier cosa que no sea el absolutismo literal.

El fascismo nacionalista vasco ha sido derrotado, por hoy

Todavía hay jueces en Bilbao y los fascistas nacionalistas vascos que gobiernan la UPV no se salen siempre con la suya. Si la UPV y todo el País Vasco no estuviera gobernado por fascistas, se extendería la medida cautelar a todos los estudiantes que han sacado un cero o una nota bajísima en la asignatura de euskera. Pero los fascistas que gobiernan el País Vasco y la UPV alegan que debe privilegiarse a los que tienen el euskera como lengua materna y a los que estudian según el modelo D. Dice EL MUNDO

...el equipo rectoral de Joxerramon Bengoetxea (del partido fascista de Euskadi, o sea, Bildu) decidió reemplazar a docentes experimentados como correctores por jóvenes profesores porque los segundos sabían euskera. El rector reconoció en una rueda de prensa que por primera vez en la historia de la EHU todos los profesores eran bilingües, una medida adoptada dentro del acelerado proceso de imposición del euskera en todos los ámbitos de la Universidad vasca.

Las bajas notas en las materias de lenguas (euskera, castellano e inglés) han condicionado las notas de ingreso de la universidad de gran parte de los 13.000 alumnos que se presentaron a la PAU. Más de 4.000 solicitaron la revisión de sus exámenes. Más de medio centenar decidieron trasladar al ámbito judicial los ceros de euskera y, de momento, la Justicia les ha dado la razón.

El crecimiento económico es condición necesaria - aunque no suficiente - de todo lo bueno que le puede pasar a una Sociedad

La mayoría de la gente, por supuesto, no pasa años leyendo a Marx y a sus críticos. Se basan en una reacción intuitiva basada en las vibras: parece incorrecto que una empresa cierre una fábrica en Indiana que pague 12 dólares la hora y abra otra en Indonesia pagando 0,50 dólares la hora.

Primero que nada, siempre me recuerdo a mí mismo que no soy más inteligente que ningún indonesio a pesar de mis títulos de prestigio. No es mi papel decirles cómo deben o no deben vivir su propia vida, ni si están siendo explotados y "engañados" para que tengan su propio empleo. Creo que es una "carga del hombre blanco" burda y tonta en la que puedes despertar accidentalmente. Pero aparte de ese sentimiento general, siempre tenemos que comparar los costes de oportunidad. La vida no nos pregunta lo que queremos; Nos presenta opciones.

Un trabajador que pasa de cultivar arroz de subsistencia —a veces ganando menos de un dólar al día durante los periodos de cosecha mientras trabaja 16 horas al día— a trabajar en fábrica, ganando varias veces eso sin elegir entre condiciones ideales y explotadoras.[23] Están eligiendo entre condiciones disponibles.

Si pudiera agitar una varita y colocar a todos en oficinas bien pagadas y con aire acondicionado, lo haría. Pero eso no es el contrafactual relevante. La comparación relevante es entre las opciones que realmente existen. Una fábrica no elimina todas las elecciones previas, simplemente añade una más, a menudo mejor que el conjunto existente.

Mientras tanto, a medida que la industria se traslada a Indonesia, podrán obtener mayores ingresos fiscales para sus propios programas sociales, y la población podrá ahorrar para crear sus propios negocios. El economista comercial galardonado con el Premio Nobel Paul Krugman ha documentado cómo la ingesta calórica per cápita de Indonesia aumentó de ~2.100 a ~2.800/día y la desnutrición infantil disminuyó.[24] La retórica de los talleres clandestinos suele exhibir al trabajador estadounidense que fue despedido, mientras descuida al tercermundista que gana el doble o triple de dinero, trabaja menos horas y ya no realiza trabajos agrícolas agotadores.

Drucker sobre la organización de la actividad económica en el capitalismo

“debe organizarse de forma que cumpla automáticamente sus funciones sociales como directa consecuencia de la búsqueda individual del interés propio. Una sociedad industrial basada en las corporaciones (como unidades de producción colectiva) solo puede funcionar si la corporación contribuye a la estabilidad social y a la consecución de metas sociales con independencia de la buena voluntad y de la conciencia social de los que las dirigen y gestionan”. Hasta el individuo con el alma más negra “no puede evitar contribuir a la promoción de los fines de la Sociedad porque va en su interés hacerlo…” Pero no es la naturaleza la que produce los éxitos de la acción colectiva. Es la organización de los humanos la que la logra: “«La supervivencia como organización es la primera ley de la corporación, como lo es de cualquier institución; y su capacidad para cumplir su propio propósito, para producir bienes con el máximo rendimiento económico, es su primer baremo de éxito. Cuando decimos que la corporación es una institución, decimos que, como toda institución, es un instrumento para la organización de los esfuerzos humanos en torno a un fin común. Este fin común no es simplemente la suma de los fines individuales de los seres humanos organizados en la corporación. Es un fin común, pero no un fin conjunto…. la esencia de la corporación es que se trata de… organización humana… La producción moderna… no se basa en materias primas o en artilugios técnicos, sino en principios de organización: organización no de máquinas, sino de seres humanos, es decir, en organización social… somos capaces de producir nuevas materias primas, de diseñar nuevas máquinas para nuevos fines y de construir nuevas plantas en un tiempo prácticamente nulo, siempre que exista la organización humana necesaria… Fue un principio de organización, y no un principio de ingeniería de artefactos, lo que hizo posible el milagro productivo… La industria se basa en la organización… en un orden deliberado y planificado de las relaciones entre los hombres entre sí y entre el hombre y el proceso mecánico… Una institución es como una melodía: no está constituida por sonidos individuales, sino por las relaciones entre ellos… La supervivencia de la corporación es su ley suprema. Naturalmente, la corporación es una institución humana y, como tal, incapaz de supervivencia definitiva. Prevalecer siquiera durante un período histórico tan corto como cincuenta años o un siglo es tan difícil para cualquier institución creada por el hombre, que la Iglesia católica, con profunda sabiduría, señala su propia supervivencia a lo largo de los siglos como prueba de que no ha sido instituida por el hombre, sino por Dios…»

Peter Drucker, The Concept of Corporation, 1946, 1993 p 21 ss.

Nils Gilman: La docencia y el aprendizaje en la Universidad dominada por la IA

¿Qué significa esto en la práctica? Empecemos por la víctima más evidente: el trabajo escrito como instrumento de evaluación ha muerto. Las tareas escritas para hacer en casa tenían como objetivo fomentar (y poner a prueba) la capacidad del estudiante para elaborar un texto bien estructurado y argumentado de forma coherente. Pero esto es exactamente lo que los grandes modelos de lenguaje (LLM) hacen sin esfuerzo y sin exigir al usuario ninguno de los procesos cognitivos subyacentes de los que el trabajo tradicional debía servir como reflejo. Esto incluía el razonamiento argumentativo continuo: la capacidad de construir y mantener un argumento complejo a lo largo de un texto extenso, distinguiendo las afirmaciones de las pruebas, rebatiendo los contraargumentos y llegando a una conclusión defendible. Las tareas escritas también exigían una autorregulación epistémica, es decir, la capacidad metacognitiva de supervisar la propia comprensión, reconocer las lagunas en las pruebas y revisar las posturas en función de lo que muestran los datos, en lugar de lo que uno esperaba encontrar. Este trabajo de gran valor pedagógico siempre se realizaba por debajo de la superficie del resultado final del trabajo; lo que hacen los LLM es ofrecer resultados que simulan estas acciones sin obligar a los estudiantes a realizar ese esfuerzo cognitivo.

Los trabajos escritos habrán de ser sustituidos... por los exámenes y presentaciones orales individuales y colectivas, el diagnóstico en tiempo real de situaciones nuevas, la crítica de diseños, el debate estructurado y el examen socrático. Estos formatos ponen a prueba la capacidad de los estudiantes para dar sentido a las cosas bajo presión, defender un marco analítico frente a una réplica en directo, revisar un modelo cuando las pruebas lo contradicen en lugar de confirmarlo y reconocer cuándo la incertidumbre es demasiado alta para continuar. En términos prácticos: los proyectos en grupo exigirán que los propios estudiantes lleven un registro de las decisiones que han ido tomando al elaborar el trabajo y de la justificación de tales decisiones. El trabajo que el alumno debe entregar ya no consistirá en un producto final perfectamente acabado, sino en que el estudiante demuestre de viva voz y en tiempo real cómo razona, y los profesores utilizarán los exámenes orales y los exámenes escritos a mano como los principales instrumentos de evaluación. Sin embargo, a pesar de este incipiente consenso entre los investigadores educativos, las instituciones apenas han modificado sus prácticas...

Es evidente que ya no tiene sentido que los profesores se planten ante un aula llena (o, con demasiada frecuencia, solo medio llena) de estudiantes para impartir lecciones magistrales... La experiencia en el aula debe centrarse en ayudar a los estudiantes a comprender cómo fijar un objetivo, en lugar de cómo generar un texto en respuesta a una consigna proporcionada por el profesor.

Esto se acerca más al sistema de tutorías de Oxbridge, a las rondas médicas hospitalarias o a los seminarios de muchas pequeñas universidades de artes liberales en los Estados Unidos... son los mecanismos idóneos para desarrollar... las capacidades cognitivas que la arquitectura de la IA no puede replicar, porque esas capacidades solo se desarrollan cuando se ejercitan, no cuando se describen. Curiosamente, esto significa que la llegada de la IA va a traducirse en una demanda de más profesores, y no de menos.

El cólera y el empirismo

El cólera era un gran problema en las ciudades en los siglos XVIII y XIX, produciendo la muerte por una terrible diarrea. El cólera sigue siendo un problema cada vez que hay gente pobre hacinada sin un buen saneamiento, ya que se transmite a través de la diarrea a través del agua potable. En los siglos XVIII y XIX, hubo varias teorías sobre cómo se causaba el cólera, esto fue antes del descubrimiento del papel de las bacterias y otros microorganismos en las enfermedades infecciosas. Algunos pensaban que la enfermedad era causada por gases fétidos, llamados miasmas, que emanaban del suelo y de los pantanos. En Londres, John Snow planteó la hipótesis de que el cólera se propagaba al beber agua. Cartografió el brote de una epidemia en Londres en 1854 y descubrió que parecía estar centrada en una bomba de agua pública en particular en Broad Street. Con gran dificultad, persuadió a las autoridades locales para que quitaran el mango de la bomba. El brote desapareció de inmediato. Este fue un acontecimiento muy importante en la historia de la medicina. Fue fundamental para el surgimiento del énfasis moderno en el agua potable limpia y el saneamiento, un movimiento que ha tenido un efecto inmenso en la salud humana y el bienestar. Este es también el tipo de caso que muestra el atractivo de incluso los puntos de vista empiristas más simples. Puede que pienses que podemos terminar el libro aquí. El empirismo gana; Buscar pruebas empíicas es una garantía segura de hacer las cosas bien.

Aquellos que se sientan tentados a pensar que no quedan problemas podrían considerar un cuento con moraleja que siga la historia de Snow. Esta es la historia del valiente doctor Pettenkofer. Algunas décadas después de Snow, la teoría de que enfermedades como el cólera son causadas por microorganismos, la "teoría de los gérmenes de la enfermedad", fue desarrollada en detalle por Robert Koch y Louis Pasteur. Koch aisló la bacteria responsable del cólera muy pronto. Pettenkofer, sin embargo, no estaba convencido. Para demostrar que Koch estaba equivocado, bebió un vaso de agua mezclada con los supuestos gérmenes del cólera. Pettenkofer no sufrió efectos adversos, y escribió a Koch diciéndole que había refutado la teoría de Koch. Se cree que Pettenkofer podría haber tenido un alto nivel de ácido estomacal, que puede proteger a las personas contra la infección por cólera. O tal vez los gérmenes del cólera habían muerto en esa muestra. Está claro que Pettenkofer tuvo suerte; Koch tenía razón sobre las causas del cólera. Pero el caso nos recuerda que las pruebas empíricas directas no son garantía de éxito.

Peter Godfrey Smith, Theory and Reality. An Introduction to the Philosophy of Science, 2003

La avería gruesa y el derecho natural

2026-07-01T16:48:39.495+02:00

foto: Pedro Fraile

La avería gruesa es el daño causado deliberadamente al buque o a su cargamento para salvar el resto de la carga y el propio buque. El ejemplo típico es la echazón: durante una tempestad, la mejor posibilidad que tenía a menudo un buque de no hundirse consistía en arrojar por la borda parte de la carga o de los aparejos para aligerar el casco y, con suerte, capear el temporal. El daño no era accidental ni afectaba aleatoriamente a mástiles y carga. Al contrario, se infligía deliberadamente sobre elementos concretos para la seguridad del resto. Para que el sacrificio fuera aceptable para los propietarios de lo arrojado al mar o cortado, era necesaria alguna forma de compensación. De ahí la regla básica que informa la avería gruesa: todo daño o pérdida de una parte realizado con el propósito directo de salvar el resto debía ser soportado por todos los interesados en el viaje.

... La regla básica de la avería gruesa aparece célebremente atestiguada como ley marítima de Rodas, más conocida como la lex Rhodia de iactu. Qué decía realmente esa lex Rhodia no lo sabemos: nada se conoce de ella antes de los romanos. Ni siquiera la inscripción con la regla general de la lex Rhodia encontrada...

La inscripción con la regla general de la lex Rhodia hallada en una columna de mármol del puerto de Rodas procede, en realidad, de un jurista romano. Los estudiosos modernos tienen poco que añadir a lo que san Isidoro de Sevilla escribió en sus Etimologías —V.17— en el siglo VI d. C.: la lex Rhodia original fue quizá una antigua costumbre mercantil de los rodios, cuyo contenido nos es completamente desconocido. Las palabras del jurista romano que encontraron lugar en el puerto de Rodas aparecen también, de forma más célebre, en el Digesto de Justiniano: el jurista es Paulo, y sus palabras abren el título del Digesto dedicado a la echazón, bajo la rúbrica lex Rhodia de iactu —D.14.2.1—. Las palabras de Paulo dicen lo siguiente:

La Ley Rodia dispone que, cuando se arrojan mercancías al mar para aligerar un buque, lo que se ha perdido en beneficio de todos debe ser compensado mediante la contribución de todos.

... La frase ... gira en torno al superlativo “lo más equitativo” —aequissimum—: la pérdida debe repartirse entre todos los participantes en la empresa no por efecto de alguna regla específicamente romana, sino porque hacerlo así es justo. Naturalmente, el modo en que la regla se aplica después en Derecho romano depende del marco jurídico propio de ese sistema. Pero, en sí mismo, el principio tiene poco que ver con esas particularidades técnicas.

... el principio se encuentra ya... en la antigua China, respecto de daños sufridos por mercancías transportadas en barcos que navegaban por el río Yangtsé;... también aparece en el Código de Hammurabi —ca. 1750 a. C.— para los daños sufridos por caravanas a manos de saqueadores al atravesar el desierto. ... algunos estatutos urbanos lo aplicaron a los daños causados por incendios en viviendas. En.. el siglo XIII... cuando se derriba una casa para impedir que el fuego se propague, la Ley municipal de Bergen de 1276 dispone que todas las casas salvadas gracias a esa medida deben contribuir a su reconstrucción. La regla comparte todos los elementos esenciales de la avería gruesa: el sacrificio intencional de una parte para salvar el resto ante circunstancias externas —como el agua o el fuego— que no pueden controlarse.

La semejanza es aún más llamativa porque la contribución solo se debe si el sacrificio de la casa consigue efectivamente salvar las demás.

...(aunque) el problema era el mismo, la solución nunca fue idéntica, sino solo aproximadamente similar. ... es difícil encontrar dos recopilaciones consuetudinarias o estatutos que ofrezcan la misma solución ante la misma cuestión. ... Entre los “condicionamientos naturales” (que explican las diferencias)... pueden incluirse los riesgos del mar, el estatuto jurídico de mercaderes y marineros en puertos extranjeros, las tareas de carga y descarga de las mercancías y su estiba segura a bordo, los caprichos del tiempo, los intereses contrapuestos de mercaderes y capitán —y de capitán y tripulación—... la tecnología naval, las técnicas de navegación, el armamento y la propulsión de los buques —vela y/o remos—.

El principio básico que subyace a la avería gruesa es la distribución del riesgo:

dejar que cada participante en una empresa común soporte individualmente cualquier pérdida derivada de ella sería ineficiente; resulta más eficiente repartir el riesgo de daño o pérdida entre todos los participantes, para reducir el riesgo de pérdida total de cada uno. Ahora bien, la distribución del riesgo es un concepto bastante general, que puede aplicarse de muchas formas distintas. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la avería gruesa. Su aplicación concreta varió de un lugar a otro....

Históricamente, la principal alternativa a la distribución del riesgo fue simplemente trasladarlo por completo a otro sujeto. En lugar de avería gruesa, seguro. ... pero la avería gruesa sigue utilizándose hoy. Basta pensar en el caso del Ever Given —el portacontenedores encallado en el canal de Suez en 2021— y en el caso del Dali —el buque que destruyó el puente Francis Scott Key en Baltimore en 2024—, por citar solo dos de los incidentes más conocidos difundidos por los medios de todo el mundo en los últimos años. En ambos casos se declaró la avería gruesa, lo que dio lugar a reclamaciones por varios cientos de millones de dólares.

La contribución del capitán y la valoración del cargamento

... ¿Es también el capitán una parte interesada? Y, si lo es, ¿debe contribuir en función de su remuneración por transportar las mercancías —es decir, el flete—, del valor de su buque, o de ambos? Del mismo modo... ¿Deben valorarse las mercancías según el valor que tenían cuando fueron compradas y cargadas a bordo, o según el valor que habrían alcanzado en destino? Y, además, ¿debe aplicarse el mismo criterio durante todo el viaje?

En Derecho romano... parece que, cuando el flete se debía también por la carga arrojada al mar, el capitán debía contribuir a la echazón en proporción a ese flete... en Derecho bizantino... el flete correspondiente a la carga arrojada al mar se debe ahora al capitán solo por la mitad. Por ello, la otra mitad del flete queda exenta de contribución.... aligerar su carga mediante la echazón había asegurado no solo la salvación del resto del cargamento, sino también, obviamente, la del buque. El buque debía contribuir, por tanto, sobre el flete correspondiente a la carga que llegaba sana y salva a destino...

Según los juristas islámicos... el flete solo se debía al capitán por las mercancías llegadas sanas y salvas a destino. El capitán tampoco contribuía por el buque. ... Los juristas islámicos lo elaboraron por analogía con las caravanas del desierto. Cuando un camello moría o quedaba inutilizado durante el trayecto, su dueño podía arrojar la carga sin deber reembolsar al propietario de la mercancía. Del mismo modo, razonaban, un buque que arrojaba parte de la carga al mar para capear una tormenta tampoco debía contribuir a una avería gruesa...

el Consulado del Mar... dejaba al capitán una opción: podía reclamar el flete íntegro por las mercancías arrojadas al mar y contribuir plenamente a la avería gruesa —es decir, por la totalidad de su flete—, o podía renunciar al flete debido por la carga echada al mar y evitar el pago de cualquier contribución por el flete restante, correspondiente a las mercancías llegadas sanas y salvas a destino. En cuanto al buque, cuya salvación dependía también de la carga arrojada al mar, según el Consulado del Mar debía contribuir por la mitad de su valor.

Una vez más, aunque el principio básico sigue siendo el mismo —el porteador debe contribuir de algún modo—, su aplicación práctica diverge considerablemente del Derecho romano y bizantino, y hace difícil imaginar una continuidad o incluso una conexión clara con la mayoría de las recopilaciones medievales.

Este desplazamiento en la decisión sobre la contribución —del capitán a los mercaderes— podría indicar un cambio correlativo en el poder de negociación de las partes en el contrato de transporte durante el período comprendido entre los siglos XIII y XV. Parece más probable, sin embargo, que el cambio se debiera al gran aumento del tonelaje de los buques del norte de Europa.

... El valor de la carga en el lugar de partida —el llamado precio de coste— era normalmente bastante inferior a su valor en destino. La elección entre esos dos valores tenía, por tanto, repercusiones económicas importantes. En Derecho romano, la respuesta era clara: lo arrojado al mar debía valorarse por su precio de coste, mientras que lo que llegaba sano y salvo debía computarse según su valor en destino —D.14.2.2.4—. El planteamiento era distinto en el mundo islámico, donde la mayoría de los juristas defendía aplicar el precio de coste corriente —es decir, el valor de mercado en el lugar de partida del buque— tanto a la carga arrojada al mar como a la que llegaba sana y salva a destino. Sin embargo, continuaba el jurista, el grano que permanecía a bordo se valoraría por su precio de coste aunque se hubiera estropeado.

Muchas de...las recopilaciones marítimas del norte de Europa... preveían la valoración de la carga conforme a su valor en destino como regla general y, por tanto, aplicable también a las mercancías arrojadas al mar. La razón, cabe suponer, se basaba una vez más en consideraciones de equidad: ¿por qué habrían de ser penalizados los mercaderes desafortunados propietarios de la parte de la carga arrojada por la borda frente a quienes tuvieron la suerte de conservar sus mercancías, tanto más cuando la echazón no era un supuesto de fuerza mayor, sino una decisión deliberada de sacrificar algo para salvar el resto?

El texto del Digesto sostenía que la distinta valoración entre la carga arrojada al mar y la carga llegada sana y salva a destino servía mejor a las consideraciones de equidad que informaban el principio de la avería gruesa. Lo que el texto describía como la solución “más equitativa” —aequissimum— era, en traducción literal, “que el daño sea común entre aquellos” —commune detrimentum fieri eorum— que se beneficiaron del sacrificio ajeno —D.14.2.2—. La finalidad de la regla era, por tanto, repartir el detrimentum —en sentido amplio, el daño— de manera igualitaria, esto es, proporcional, entre todos los interesados.

Pero si la razón de ser de la regla era repartir el daño, la pérdida de un beneficio potencial no debía influir en la valoración de las mercancías arrojadas al mar. Por eso, la carga echada por la borda debía valorarse por su precio de coste, no por su valor en destino. En cambio, puesto que el beneficio obtenido al vender en destino la carga salvada había sido posible gracias al sacrificio de las mercancías arrojadas, la carga que llegaba sana y salva debía contribuir conforme a su mayor valor en destino, y no según su menor precio de coste.

Sin embargo, el énfasis en el carácter voluntario de la echazón aparece documentado cada vez con más frecuencia con el paso del tiempo. Las Costumbres de Valencia, después de exigir el consentimiento de la mayoría tanto de los mercaderes como de la tripulación, disponían además que el primero en arrojar algo por la borda debía ser un mercader y no un marinero, para subrayar —y probar— que los mercaderes habían consentido la echazón. Las Ordenanzas de Pedro IV de Aragón exigían igualmente el consentimiento de la mayoría de los mercaderes para proceder a la echazón, y definían esa mayoría en función de la cantidad —no del valor— de la carga embarcada. Si no había ningún mercader a bordo, el capitán debía obtener el consentimiento de la mayoría de la tripulación —artículo 27—...

El Derecho romano tiene la sorprendente tendencia a reaparecer en distintos momentos del horizonte jurídico, especialmente —aunque no exclusivamente— en Europa. Hoy se podría prescindir fácilmente de toda la evolución medieval y moderna de la avería gruesa y limitarse a comparar el texto del Digesto... con la versión más reciente de las Reglas de York y Amberes —2016—, para concluir que algunas reglas mercantiles modernas no son más que una reelaboración de principios romanos... Si queremos saber cuál era la regla y cómo se aplicó durante los largos siglos que nos separan de los romanos, tenemos que rascar esa superficie y retirar esa apariencia de continuidad....

... el acercamiento medieval al Derecho romano como paralelo, pero completamente separado, del de la Antigüedad. Es a partir de ese momento, por ejemplo, cuando las opiniones de Paulo sobre la echazón adquirieron carácter normativo... Para un jurista medieval, las palabras de Paulo eran la ley sobre la echazón.

... Como lo que Paulo afirmaba formaba parte del Derecho, era necesario detenerse en ello, hubiera o no un interés real por la avería gruesa. Pocos profesores de Derecho en una universidad medieval esperaban que sus estudiantes llegaran a encontrarse profesionalmente con una avería gruesa. Pero eso no hacía menos necesario estudiar la materia: primero, porque formaba parte del Derecho y, por tanto, no podía omitirse; y, sobre todo, porque era posible utilizar esos textos con fines completamente distintos. Cuanto más se extendió el uso de la analogía en la argumentación jurídica, más fácil fue aprovechar cualquier texto, incluso para cuestiones que los juristas cuyas opiniones habían sido reunidas en la compilación justinianea jamás habrían imaginado.

La utilización analógica de una regla "justa" para resolver problemas jurídicos muy distantes

Los juristas medievales utilizaron el texto de la lex Rhodia para afirmar la soberanía universal del emperador, e incluso para justificar la imposición de tributos: al fin y al cabo, recaudar impuestos es una forma de repartir los gastos realizados para la seguridad de todos, y el buque había sido, desde tiempos de Platón, la mejor imagen para representar al Estado.... El interés de los juristas posteriores por el Derecho romano de la echazón —o su falta de interés— dependía del uso práctico que pudiera hacerse de esas fuentes. Dicho de otro modo, la cuestión de si las reglas romanas sobre la avería gruesa eran relevantes en la práctica, y en qué medida lo eran, dependía de si los jueces debían resolver los litigios basándose en ellas. La idea no es tan circular como podría parecer.

En la Europa medieval, el Derecho romano desempeñó un papel reducido en las cuestiones mercantiles marítimas y, como ha observado recientemente Albrecht Cordes, “no puede percibirse mucho más que un débil eco de la lex Rhodia en los estatutos marítimos del siglo XIII”. La situación, sin embargo, cambiaría durante la primera Edad Moderna, cuando los tribunales —integrados por juristas profesionales formados en la universidad y en el Derecho romano— fueron imponiendo progresivamente su jurisdicción también sobre el comercio marítimo. La marea romanista creció primero en el sur de Europa y después se extendió progresivamente también a Europa central y, aunque de manera menos uniforme, al norte de Europa... Esto produjo fricciones profundas en las reglas aplicables al comercio marítimo: los tribunales tenían que encontrar un equilibrio entre respetar las antiguas costumbres y aplicar el Derecho romano. Cuando no era posible conciliar ambas cosas mediante algún margen de flexibilidad, el Derecho romano cedía ante la práctica moderna...

Mientras las costumbres mercantiles marítimas evolucionaban, el Derecho romano de fondo no lo hacía.

La interpretación de la cláusula de un contrato de seguro que excluía la cobertura de la echazón

El autor cuenta un caso genovés del siglo XVI, en el que el capitán había asegurado ciertos riesgos, pero la póliza excluía expresamente la echazón y otros supuestos de avería gruesa. Después se produjo una echazón y, como consecuencia, el capitán no cobró el flete correspondiente a las mercancías arrojadas.

La regla consuetudinaria genovesa, influida por el Consulado del Mar, distinguía según el momento del viaje. Si la echazón tenía lugar cuando el buque ya había recorrido más de la mitad del trayecto, el flete se consideraba devengado: el transportista tenía derecho a cobrarlo aunque la carga no llegara. Si, en cambio, la echazón ocurría en la primera mitad del viaje, el flete no se debía. En el caso, parece que la echazón ocurrió en esta primera fase, porque la decisión indica que el flete no fue pagado.

El capitán intentó recuperar ese flete perdido reclamándolo a los aseguradores. Estos se negaron con un argumento bastante directo: si la póliza excluía la echazón, también debía excluir las consecuencias económicas de la echazón. Dicho de otro modo, si el riesgo principal estaba fuera del seguro, también debía estarlo el daño derivado de ese riesgo. La distinción entre actus immediatus y actus mediatus servía para expresar eso: el acto inmediato era la echazón; el acto mediato era la pérdida del flete causada por esa echazón. Para los aseguradores, si no respondían de lo primero, menos aún debían responder de lo segundo.

Los jueces genoveses llegaron al resultado contrario interpretando estrictamente la exclusión: si la póliza excluía la echazón, esa exclusión debía entenderse literalmente, sin extenderla a todo lo que de algún modo se relacionara con ella y añadiendo que la pérdida del flete no procedía inmediatamente de la echazón, sino de la falta de entrega de las mercancías en destino. Así, echazón y flete quedaban tratados como fenómenos distintos. La consecuencia era que la exclusión de la echazón no arrastraba necesariamente la exclusión del flete.

Con el paso del tiempo la avería gruesa dejó de ser solo una regla de reparto equitativo de pérdidas comunes y empezó a servir para desplazar costes desde los armadores y capitanes hacia los mercaderes, y desde estos hacia sus aseguradores.

La clave económica es que, en la primera Edad Moderna, los buques aumentaron mucho de tamaño y la carga transportada podía valer más que el propio barco.

A pesar de ello, el desarrollo de la avería gruesa permitió que los mercaderes soportaran no solo riesgos relativos a sus mercancías, sino también parte de los riesgos y gastos asociados a la conservación del buque. Jurídicamente se seguía hablando de contribución por avería gruesa; sustancialmente, esa contribución funcionaba cada vez más como una cobertura indirecta de costes que beneficiaban al armador.

Los Estados europeos competían por el comercio marítimo y querían proteger sus industrias navieras. Una manera de favorecer a los armadores nacionales era evitar que soportaran solos gastos extraordinarios que podían arruinarlos o paralizar su actividad.

Los mercaderes, a su vez, tenían pocas posibilidades reales de impugnar las cuentas presentadas por el capitán. La información estaba en manos de este; los hechos habían ocurrido en el mar; los gastos eran difíciles de comprobar; y las prácticas judiciales o consuetudinarias tendían a aceptar esas cuentas. Ante esa situación, la respuesta racional de los mercaderes no era litigar cada partida, sino contratar seguros sobre la carga que cubrieran también las contribuciones que se les exigieran. Así lograban desplazar el coste hacia sus aseguradores.

Guido Rossi, Continuity, legal principles and Roman law. The Case of General Average, 2025

In claris non fit interpretatio y las exclusiones de cobertura en el seguro de D & O

2026-06-29T19:29:35.404+02:00

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2026 y esta otra del mismo día en el mismo sentido y sobre la misma cláusula.

Chubb no estaría obligada a pagar pérdidas, indemnizaciones ni gastos de defensa por reclamaciones basadas en, relacionadas con o derivadas directa o indirectamente de la venta, colocación, admisión, adquisición, exclusión u oferta pública o privada de valores mobiliarios de la sociedad tomadora en cualquier mercado o bolsa de valores.

Chubb - la aseguradora - denunció infracción del art. 1281.I del Código Civil, conforme al cual, si los términos del contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas. La aseguradora sostenía que la exclusión era clara: quedaban fuera de cobertura las reclamaciones basadas en, relacionadas con o derivadas directa o indirectamente de operaciones de venta, colocación, admisión, adquisición, exclusión u oferta pública o privada de valores mobiliarios de Banco Popular. Como la pieza separada n.º 1 tenía como hecho esencial la ampliación de capital de mayo de 2016, los gastos de defensa relativos a esa pieza no estaban cubiertos.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación. Reitera su doctrina sobre interpretación de los contratos: la interpretación corresponde en principio a los tribunales de instancia y solo puede revisarse en casación cuando infrinja las normas legales de interpretación o resulte manifiestamente ilógica, irracional o arbitraria. Añade que los arts. 1281 a 1289 CC no son simples reglas orientativas, sino verdaderas normas jurídicas imperativas. Por eso, cuando una cláusula es clara, el juez no puede apartarse de su tenor literal con el pretexto de interpretar el contrato. En este caso, la Sala considera que la exclusión de cobertura era clara y suficientemente amplia. La letra a) cubría como exclusión general cualquier reclamación relacionada con operaciones sobre valores mobiliarios de la sociedad tomadora, incluidas ofertas públicas o privadas, y esa fórmula comprendía la ampliación de capital de Banco Popular de mayo de 2016.

La Sala rechaza el argumento implícito de que la mención específica en la letra b) a la ampliación de capital de 2012 pudiera limitar la exclusión general de la letra a). Según el Tribunal Supremo, ambas previsiones funcionan de manera acumulativa: la letra a) establece una exclusión general para reclamaciones relacionadas con cualquier oferta o colocación de valores mobiliarios de Banco Popular; la letra b) añade una exclusión específica para la oferta de acciones y derechos de suscripción derivada del aumento de capital aprobado en 2012. Que se mencione expresamente la operación de 2012 no significa que las demás operaciones de aumento de capital queden cubiertas. Por tanto, la ampliación de capital de 2016 estaba incluida en la exclusión general de la letra a).

El error de la Audiencia, según el Supremo, consistió en considerar que la unidad formal del procedimiento penal arrastraba la cobertura de una pieza a la otra. Para la Sala, lo decisivo no era que hubiera un único procedimiento penal dividido en piezas, sino la naturaleza de los hechos investigados y su conexión con la exclusión contractual. Si la pieza n.º 1 tenía como hecho esencial la ampliación de capital de 2016 y la póliza excluía las reclamaciones relacionadas directa o indirectamente con ofertas o colocaciones de valores mobiliarios, Chubb no debía asumir los gastos de defensa correspondientes a esa pieza. El reconocimiento de cobertura respecto de la pieza n.º 2 no implicaba reconocer cobertura respecto de la pieza n.º 1, porque cada conjunto de hechos debía contrastarse con las exclusiones de la póliza.

Terminación del contrato de agencia a instancias del agente

2026-06-29T19:02:38.453+02:00

El agente, que había denunciado el contrato, se arrepiente y reclama la compensación por clientela porque, alega que es de aplicación el artículo 30 b) de la Ley de Contrato de Agencia que preserva el derecho del agente a la compensación por clientela cuando, a pesar de haber denunciado el contrato, "la denuncia tuviera como causa circunstancias imputables al empresario"

El Supremo, en sentencia de 10 de junio de 2026, rechaza esta alegación y confirma la sentencia de la Audiencia

La razón decisoria de la sentencia recurrida se basa en la interpretación del contenido del burofax que el agente (Red Tyrel) remitió el 26 de febrero de 2019 a Vodafone, en el que expresaba su «voluntad, firme, expresa y definitiva» de cesar en la prestación de servicios como agente y no renovar el contrato con efectos del 31 de marzo de 2019.

El art. 18 b) de la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes establece en su apartado 2 que no habrá lugar a la indemnización o la reparación por la terminación del contrato de agencia prevista en el art. 17 cuando «el agente comercial haya puesto fin al contrato, a menos que esta terminación estuviere justificada por circunstancias atribuibles al empresario o por la edad, invalidez o enfermedad del agente comercial, circunstancias por las que ya no se pueda exigir razonablemente la continuidad de sus actividades»...

Sigue un largo - e irrelevante - repaso por la doctrina de la sala sobre el carácter imperativo de las normas de la LCA que protegen al agente para concluir:

La sentencia recurrida ha considerado que del documento por el que el agente se desistió del contrato se infiere que la denuncia del contrato no obedecía a un incumplimiento imputable a Vodafone. De tal manera que entiende que conforme al art. 30 b) LCA, al haber denunciado el agente el contrato y no basarlo en incumplimientos de Vodafone, no tiene derecho a la indemnización. No se infringe, por tanto, el art. 3 LCA. La indemnización es irrenunciable una vez resuelto el contrato por Vodafone, no al revés, como aconteció en este caso. No estamos ante una renuncia anticipada.

La interpretación "del documento de 26 de febrero de 2019" no permite cambiar la conclusión. Sigue una nuevamente larga e irrelevante exposición de la doctrina jurisprudencial sobre la posibilidad de modificar en casación la interpretación de instancia.

La parte recurrente no cuestiona en debida forma en casación la interpretación del citado documento realizada por la Audiencia Provincial, pues ninguno de los dos motivos se fundan en la infracción de las reglas legales que rigen la interpretación contractual. La recurrente se limita a discrepar del juicio de valoración jurídica del tribunal sentenciador sobre el alcance del referido documento, pero sin plantear, con los requisitos y bajo las estrictas exigencias que lo permiten, que por esta sala se revise el resultado interpretativo que sustenta la decisión recurrida -en este sentido nos pronunciamos en la sentencia 209/2026, de 11 de febrero-.

Esto sí podría ser relevante: que el documento enviado por el agente no contuviera una denuncia del contrato de agencia, pero dada la contundencia de su contenido, parece difícil de sostener tal cosa.

El otro argumento del agente es que la Audiencia había interpretado indebidamente el envío del documento como una renuncia a la compensación por clientela. Ahí le echó imaginación el abogado, pero téngase en cuenta ¡que el juez de lo mercantil le dio la razón! Y que Vodafone, el principal, se avino a pagar 90.000 euros. El Supremo le dice que eso es hacer

"supuesto de la cuestión y pretende una nueva valoración de la prueba que está vedada en el recurso de casación, ... se ha de partir necesariamente del respeto a los hechos declarados en la sentencia recurrida... La Audiencia Provincial entendió que el agente denunció unilateralmente, y que precisamente con el burofax posterior iba en contra de sus propios actos, y no al revés, como el recurrente pretende en este motivo de recurso. La sentencia recurrida no infringe la doctrina de los actos propios. La audiencia parte del tenor del documento de resolución del contrato (denuncia del agente), y al no basarlo en incumplimientos de Vodafone, porque entiende que no puede inferirse de la sola mención a la disposición a negociar, aplica el art. 30 b) LCA para fundar que no cabe reconocer la indemnización por clientela al no concurrir la excepción que contempla para el caso de resolución del contrato por voluntad del agente.

La falta de autorización de la junta ex artículo 160 f) LSC no impide la vinculación de la sociedad con terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave por aplicación analógica del art. 234.2 LSC

2026-06-29T18:32:57.584+02:00

El caminante sobr el mar de nubes, Caspar David Friedrich

La sentencia

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2026

El objeto de este recurso versa sobre la trascendencia que frente al comprador, en un contrato de compraventa en que por la sociedad vendedora ha intervenido su administrador, puede tener la inexistencia de un acuerdo de la junta general de la sociedad vendedora que acuerde o autorice la venta de unos bienes que son calificados como «activos esenciales», dado que el art. 160.f) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC) atribuye a la junta general la competencia para deliberar y acordar sobre la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

... i) El contrato de compraventa fue celebrado entre Cristimar S.A. (en adelante, Cristimar) como vendedora, y Atamay Promotora S.L. (en adelante, Atamay) como compradora. La compradora actuó representada por su administradora, la entidad Alicur S.L. (en adelante, Alicur), por quien compareció su administrador.

Alicur había sido socia de Cristimar hasta cinco años antes de la compraventa.

ii) El objeto de la compraventa eran 38 inmuebles. En el contrato la vendedora hizo constar que ninguno de los bienes objeto del contrato tienen la condición de activo esencial de la sociedad a los efectos previstos en el art. 160.f) LSC, y que no excede del 25% del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado por la entidad. Dichos inmuebles eran el único patrimonio que constituía una fuente de ingresos para la vendedora, que desde entonces «quedó despatrimonializada», carece de ingresos y ha paralizado completamente su actividad por lo que la compraventa supuso una liquidación de factode la sociedad vendedora, según afirma la sentencia recurrida.

iii) El precio de los inmuebles se fijó en 500 euros cada uno de ellos, en atención a las cargas existentes sobre tales inmuebles, lo que hacía un total de 19.000 euros. El precio fue retenido por la compradora «para hacer frente a las deudas que tiene la parte vendedora».

2.-Llars del Morell S.L. (en lo sucesivo, Llars del Morell), socia de Cristimar, interpuso una demanda contra Atamay y Cristimar, compradora y vendedora respectivamente, en la que solicitaba que se declarara la nulidad de la compraventa celebrada entre las demandadas el 15 de mayo de 2019 y se condenara a la compradora demandada a restituir las fincas enajenadas y/o al pago de 19.000 euros más los intereses legales correspondientes e indemnización por daños y perjuicios.

La acción de nulidad ejercitada en la demanda se basaba en el art. 160 f) LSC, en el incumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la venta de activos esenciales al no haberse convocado una junta que autorizara la venta y no haber buena fe en la compradora, pues el administrador de la compradora es la entidad Alicur que hasta el año 2014 era socia de la sociedad vendedora y conocía la condición de activo esencial de los inmuebles vendidos.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. ... La demandante apeló esta sentencia y la audiencia provincial desestimó el recurso de apelación.

El Supremo casa la sentencia de apelación y analiza en primer lugar, la "eficacia respecto de terceros del acto de disposición sobre activos esenciales realizado por el administrador sin el acuerdo de la junta general de socios"

Encontramos una significativa similitud entre la actuación del administrador que realiza actos de disposición sobre activos esenciales sin el acuerdo de la junta general de la sociedad y la del administrador que, sin acuerdo de la junta, realiza actos no comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos, pues la aprobación de actos ajenos al objeto social también es una competencia de la junta.

Los actos de disposición sobre activos esenciales suponen con carácter general una sustitución o una modificación de facto del objeto social de la sociedad, en su contenido o en su forma de ejercicio, ya que la sociedad, después de la enajenación, no dispone del activo que le permitiría desarrollar el objeto social tal como lo venía realizando. Y si la enajenación del activo esencial supone la liquidación de facto de la sociedad, como ha ocurrido en este caso, ya no podrá seguir desarrollando la actividad constitutiva de su objeto social.

Asimismo, la necesidad de un acuerdo de la junta para las operaciones de disposición sobre activos esenciales y para los actos del administrador social que excedan del objeto social constituyen límites legales y externos a las facultades representativas de los administradores. El objeto social constituye un límite legal al poder de representación de los administradores porque viene impuesto por la ley, sin que pueda ser derogado por un pacto estatutario. Pero se trata de un límite que solo cabe concretar por relación al objeto social determinado en los estatutos de cada sociedad. Es además un límite externo, porque el administrador carece de poder para llevar a cabo actos ajenos al objeto social sin el acuerdo de la junta. Pese a lo cual, el art. 234.2 LSC prevé: «La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aún (sic) cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social». Algo similar sucede con las operaciones sobre activos esenciales.

... Por esta identidad de razón, y por la existencia de una laguna legal sobre esta cuestión (la LSC no contiene una previsión expresa sobre los efectos frente a terceros de los actos de disposición de activos esenciales realizados por el administrador sin el acuerdo de la junta general) consideramos aplicable analógicamente en este caso el art. 234.2 LSC: la sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave.

Analiza, a continuación, si estamos ante un supuesto previsto en el art. 10.1 de la Primera Directiva (respecto a lo cual, puede verse esta entrada)

El art. 10.1 de la Directiva 2009/101/CE no supone necesariamente un óbice a lo anterior. Este precepto establece: «La sociedad quedará obligada frente a terceros por los actos realizados por sus órganos, incluso si estos actos no corresponden al objeto social de esta sociedad, a menos que dichos actos excedan los poderes que la ley atribuya o permita atribuir a estos órganos. »No obstante, los Estados miembros podrán prever que la sociedad no quedará obligada cuando estos actos excedan los límites del objeto social, si demuestra que el tercero sabía que el acto excedía este objeto o no podía ignorarlo, teniendo en cuenta las circunstancias, quedando excluido el que la sola publicación de los estatutos sea suficiente para constituir esta prueba».

Este precepto tiene por finalidad que los Estados miembros configuren legal e inderogablemente el ámbito del poder de representación de los administradores pues en los ordenamientos de algunos Estados miembros los socios podían hasta ese momento delimitar libremente en estatutos el contenido de ese poder, con la idea de que solo los límites legales fueran oponibles, y no los estatutarios o voluntarios. Sin embargo, ello no impide que existan límites legales que no sean oponibles a los terceros que actúan de buena fe y sin culpa grave. Tanto más cuando, como en el caso de los actos de disposición sobre activos esenciales, se trata de actos que no corresponden al objeto social (supuesto en que la norma de la directiva prevé expresamente la vinculación de la sociedad) o, al menos, de factolo modifican o sustituyen.

Tampoco constituye un obstáculo a la interpretación que mantenemos el hecho de que el artículo 160 f) LSC no establezca las consecuencias de su incumplimiento mientras que el artículo 161 LSC, al prever que «[s]alvo disposición contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de capital podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión», añada «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234».

En primer lugar, el límite a la actuación del administrador que prevé el art. 161 LSC es de carácter interno, al contrario de lo que ocurre con las operaciones sobre activos esenciales o los actos ajenos al objeto social. En segundo lugar, la remisión que se hace en este precepto es al artículo 234 LSC en su totalidad, por lo que incluye el apartado 1, y no solo el 2. Y, por último, que no se prevea en el art. 160.f) LSC una remisión expresa al art. 234.2 LSC no significa que excluya su aplicación.

Es relevante que la celebración de contratos y negocios jurídico-patrimoniales pertenecen, en principio, al contenido del poder de gestión y de representación del administrador, aunque la ley pueda limitarlo respecto de determinados negocios por los efectos que pueden tener para la estructura de la sociedad y obligue al administrador a recabar el acuerdo de la junta. El supuesto de la letra f) del art. 160 LSC se diferencia del resto de los acuerdos respecto de los cuales es competente la junta general en que prevé unas operaciones (adquisición, enajenación o aportación de activos) que son típicamente actos de gestión, cuya competencia corresponde también típicamente a los administradores, mientras que el resto de apartados del art. 160 LSC se refieren a actuaciones de carácter corporativo. Frente al tercero que contrata con la sociedad, la operación negocial que tiene como objeto activos esenciales aparece en la mayor parte de los casos como un simple acto de gestión ordinaria, muy diferente del de los otros supuestos de atribución competencial del artículo 160 LSC. Por consiguiente, los actos que prevé el artículo 160 f) LSC están formalmente comprendidos dentro de la clase de actos que toma en consideración el art. 234.2 LSC para proteger a los terceros que actúen de buena fe y sin culpa grave.

El objetivo del art. 160.f) LSC, proteger a los socios de las actuaciones del órgano de administración que supongan una modificación o sustitución de facto de su objeto social, ha de conjugarse con la tutela del tráfico que supone el art. 234.2 LSC.

Si cabe, con más razón aún que en el caso de los actos ajenos al objeto social, pues el tercero puede conocer si el administrador actúa fuera del objeto social porque los estatutos que lo definen constan en el Registro Mercantil; pero para saber si está contratando sobre activos esenciales, la publicidad del Registro Mercantil le es de poca utilidad. Los intereses de los socios resultan protegidos porque, en caso de que el administrador social, al realizar esas operaciones sobre activos esenciales sin contar con el acuerdo de la junta general, cause un daño a la sociedad, si se ejercita la acción social de responsabilidad el administrador no podrá invocar en su descargo la regla de protección de la discrecionalidad empresarial del art. 226 LSC, pues se trata de actos u omisiones del administrador contrarios a la ley, concretamente a la previsión legal de contar con un acuerdo de la junta general para realizar la operación sobre activos esenciales.

Examina entonces cuándo la contraparte de la sociedad puede ser considerada como un tercero que actúa de buena fe y sin culpa grave. Primero, reafirma la doctrina de las competencias implícitas de la junta, esto es, que los administradores no pueden liquidar de facto la sociedad con remisión a la STS 17-IV-2008 y, aplicando la doctrina expuesta al caso, concluye

... las circunstancias concurrentes excluyen que el tercero que ha adquirido los activos esenciales haya actuado de buena fe y con ausencia de culpa grave.

... Alicur, administradora de la compradora Atamay, (había) sido socia de la vendedora, Cristimar, hasta cinco años antes de la operación, lo que implicaba la posibilidad de acceder a una mayor información sobre la trascendencia de la enajenación de 38 inmuebles (que constituían la totalidad del patrimonio de Atamay) de una sola vez y sin recibir cantidad alguna, con más facilidad que la que tendría un tercero completamente ajeno a la vendedora.

Además... Cristimar transmitió a Atamay la totalidad de sus activos pero mantuvo sus deudas. No es correcta la tesis de la sentencia de primera instancia, que la sentencia de segunda instancia ha hecho suya, cuando afirma que la transmisión se produjo «asumiendo la compradora las cargas que gravaban dichos inmuebles, liberando a la compradora de los mismos que no percibe nada por ellas pero queda saneada». Para que la asunción de deuda por un tercero tenga efectos novatorios y libere al deudor originario, es preciso que así lo consienta el acreedor, conforme prevé el art. 1205 del Código Civil. La asunción de deuda por un sujeto ajeno a la relación obligatoria originaria, cuando no es consentida por el acreedor, constituye una asunción cumulativa de deuda, que no libera al deudor originario sino que supone la incorporación de un nuevo obligado que refuerza la garantía de pago, y constituye, frente al acreedor, un vínculo de solidaridad entre los deudores, el originario y el sustituto. De ahí que se le haya denominado asunción cumulativa, acumulativa o de refuerzo. El adquirente de un bien gravado con una carga (en este caso, los inmuebles transmitidos estaban gravados con hipotecas y embargos) tendrá que soportar tales cargas, pero el enajenante sigue siendo deudor. Aunque comprador y vendedor pacten que el primero asume la deuda pendiente, tal pacto produce efectos entre ellos, pero el vendedor sigue estando obligado frente al acreedor, a no ser que este último consienta su liberación, lo que no ha sucedido en este caso. Tampoco queda liberado el deudor enajenante sin el consentimiento del acreedor hipotecario cuando la venta de la finca se haga con retención o descuento del importe de las obligaciones garantizadas con las hipotecas, conforme prevé el art. 118 de la Ley Hipotecaria, o con los embargos trabados sobre tales bienes. Como hemos declarado en la sentencia 314/2020, de 17 de junio: «En tanto no medie dicho consentimiento del acreedor, la asunción de deuda por un sujeto ajeno a la relación obligatoria originaria, en que consiste el pacto de subrogación en la obligación personal garantizada por la hipoteca, constituye "una asunción cumulativa de deuda", que no libera al deudor originario sino que supone la incorporación de un nuevo obligado (generando un vínculo de solidaridad entre los deudores, el originario y el sustituto)».

Es decir, que si la adquirente era insolvente, la sociedad vendedora debería pagar a los acreedores sin disponer de los ingresos que estuvieran produciendo los inmuebles transmitidos:

Como consecuencia de la operación de enajenación de activos esenciales de Cristimar realizada por el administrador social sin contar con un acuerdo de la junta general de socios, la transmitente quedó sin activo alguno (así hay que entender las expresiones «despatrimonializada», «sin ningún género de ingresos ni de actividad» que emplea la sentencia recurrida) pues transmitió todos sus bienes sin recibir cantidad alguna a cambio, dejó de tener ingresos y cesó en su actividad, pero no quedó liberada de sus deudas pues no consta que el acreedor o acreedores consintieran esa novación subjetiva por sustitución del deudor.

Por lo que concluye,

Todo este cúmulo de circunstancias determinan que, en este caso, no pueda considerarse que el tercero adquirente de los activos esenciales actuó de buena fe y sin culpa grave. Por tal razón, no resulta protegido por la previsión del art. 234.2 LSC y le afecta la ineficacia del acto de enajenación, realizado por un órgano societario que carecía de competencia al no contar con la autorización de la junta general.

... La pretensión principal formulada en la demanda debe ser estimada. La compraventa debe ser anulada y procede condenar a la adquirente a restituir las fincas transmitidas, que es lo solicitado en primer lugar en la demanda, sin que la vendedora haya de restituir el precio puesto que no lo cobró. Y sin perjuicio de que deba realizarse la liquidación del estado posesorio ( arts. 453 y 455 CC), esto es, la sociedad vendedora tiene derecho a la entrega de frutos (en este caso, las rentas de los arrendamientos de los inmuebles) y la sociedad compradora tiene derecho a ser reintegrada de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa, tanto desde el punto de vista físico como jurídico.

Comentario

El Tribunal Supremo ha aclarado que la falta de autorización de la junta exigida por el artículo 160 f) LSC solo tiene efectos externos si la contraparte de la sociedad no es de buena fe o actuó con culpa grave respecto de la condición de "activos esenciales" de los bienes o derechos adquiridos/enajenados.

Es decir, ha optado por la tesis expuesta por David Pérez-Millán y Segismundo Álvarez y Jaime Sánchez entre otros y por la DGSJFP, de soltera DGRN.

Creo que el Supremo acierta en todos los puntos de su análisis

- la falta de autorización de la junta no tiene efectos externos porque no es un límite al poder de los administradores,
- tampoco es obstáculo el artículo 10.1 de la Primera Directiva, más bien al contrario, confirma el punto anterior
- el 160 f) supone que los administradores están sustituyendo o modificando de facto el objeto social o liquidando de facto el patrimonio de la compañía, lo que refuerza la analogía con el artículo 234 LSC
- y la información de la que disponía la contraparte y los términos de la operación son relevantes para determinar si el tercero actuó de buena fe y sin culpa grave.

No es una cuestión fácil y yo he cambiado de opinión con lo que he contribuido a la confusión, por tanto, es de alabar la aproximación "prudente" del Tribunal Supremo a la cuestión: acoge la que se puede considerar doctrina mayoritaria y permite cerrar la discusión, al menos, respecto de los puntos señalados.

Con ello, el Tribunal Supremo ha ahorrado muchos millones a las empresas españolas, que podrán realizar operaciones de adquisición y enajenación de patrimonios (M & A) con menores costes de transacción.

Sin embargo, la alegría en la casa del pobre nunca es completa. Al aplicar analógicamente el artículo 234.2 LSC, el Supremo está condenando a los terceros que adquieran o enajenen activos de envergadura a preguntar, en todo caso, por la autorización del 160 f) LSC para evitar que se les acuse de haber actuado "con culpa grave" en la apreciación del carácter de activo esencial del objeto de la operación. Sin que asegurar la "decencia" del tráfico jurídico lo exija. Los abogados más celosos del compliance advertirán rápidamente a los que pretendan adquirir activos esenciales de la necesidad de la autorización y los abogados, aún más celosos del compliance de los bancos o fondos de inversión que financien esas operaciones querrán estar seguros de que se han obtenido todas las autorizaciones necesarias.

Creo que es preferible negar la aplicación analógica del artículo 234.2 LSC y utilizar el patrón del artículo 67 de la Ley Cambiaria. (V., también el art. 489 LSC sobre la sociedad anónima europea)

A mi juicio, el tercero queda protegido en su adquisición - enajenación salvo que fuera doloso (exceptio doli), es decir, hubiera actuado a sabiendas en perjuicio de la sociedad, normalmente, en consilium fraudis con el administrador de la sociedad. Esto lo he explicado en esta entrada.

Me parece que no hay identidad de razón entre el supuesto de hecho del artículo 160 f) LSC y el del artículo 234.2 LSC.

Sí la hay en que las operaciones sobre activos esenciales conducen a una modificación o sustitución del objeto social o una liquidación del patrimonio social de facto. Pero esto es relevante para decidir si estamos ante activos esenciales o no. Es decir, para determinar si unos determinados activos son esenciales, lo que debemos preguntarnos es ¿puede continuar desarrollando el objeto social la compañía tras la enajenación de los activos? El ejemplo escolástico: una compañía de yogures vende la única fábrica de yogures de la que dispone. O, ¿se altera sustancialmente el objeto social de facto cuando la compañía adquiere unos activos determinados? El ejemplo escolástico: la compañía de yogures compra una fábrica de muebles. O, ¿supone la enajenación una liquidación de facto del patrimonio?

En esto sí que hay analogía entre el 160 f) y el 234 LSC: en ambos casos, los administradores están actuando "fuera del objeto social" dado el objeto - valga la redundancia - de la operación que están realizando. Pero ahí se acaba la analogía. No la hay en la ratio del 234.2 LSC para imponer al tercero el estándar de la "buena fe y sin culpa grave".

El artículo 234.2 LSC protege al tercero frente a la publicidad registral positiva, rebajando sus costes de información y por eso le exige que despliegue una cierta diligencia en la averiguación de la "realidad" (que se trataba de una operación fuera del objeto social tal como éste está descrito en los estatutos sociales publicados por el Registro) que le pudiera sacar de su creencia equivocada (buena fe: "creí que esta operación estaba dentro del objeto social tal como lo definen los estatutos sociales inscritos en el registro").

Pero los activos esenciales no figuran en el registro y, por tanto, no podemos aplicar el estándar de diligencia que exige al tercero el artículo 234.2 LSC. No hay identidad de razón al repsecto.

Para averiguar cuál es el estándar relevante hay que tener en cuenta que el peso y el papel que juegan determinados activos en el patrimonio de la sociedad debería ser irrelevante para el tercero y, por tanto, legítimo para él ni siquiera pensar en la posibilidad de que constituyan activos esenciales en el sentido del artículo 160 f) LSC. Es algo que "no le incumbe".

Por tanto, el estándar que hay que aplicar para anular el contrato tiene que ser menos exigente que el del artículo 234.2 LSC ("buena fe y sin culpa grave") con el tercero y más próximo al del que adquiere una letra de cambio y provoca, con ello, que el deudor de la letra no pueda oponerle excepciones - causales - que tuviera contra el librador o tenedor previo de la letra. En esos casos, dice la ley cambiaria, las excepciones solo le serán oponibles si hubiera actuado "a sabiendas en perjuicio del deudor" (art. 67 LCCh).

Porque el tercero puede ser de "mala fe" y, sin embargo, merecedor de protección. Imagínese que el tercero sabe que el objeto de la operación incluye activos esenciales y que no se ha producido la autorización de la junta pero el administrador le asegura que ha hablado ya con los socios mayoritarios y que éstos darán la autorización a posteriori (o, rizando el rizo, resulte que el administrador es, también, socio mayoritario). Parece claro que el tercero que conoce el carácter de activos esenciales es de mala fe en el sentido de tener conocimiento de la realidad pero su conducta es conforme con la buena fe objetiva en el sentido de que una persona decente se fiaría en esas circunstancias de lo que dice el administrador. El dolo empleado por el administrador debería perjudicar a sus domini, no al tercero.

O imagínese que hay varios interesados en adquirir los activos o en venderlos a la sociedad. Exigir la prueba de que no lo son o de que se ha obtenido la autorización de la junta podría hacer que el tercero perdiera frente a la oferta de otro interesado en esos activos o en proporcionarlos a la sociedad que fuera más "echao p'alante".

En definitiva, el estándar del artículo 234.2 LSC no es el apropiado. Al tercero le debe perjudicar la falta de autorización cuando el tercero - no el administrador - haya faltado a los deberes que le impone la buena fe objetiva (no la buena fe subjetiva, no lo que supiera o dejara de saber) y eso exige, dado que estamos en relaciones entre extraños que concurran los requisitos de la exceptio doli: actuación a sabiendas en perjuicio de la sociedad por parte del tercero.

La tesis de Paz-Ares

Hay una tesis alternativa a la que se acaba de exponer y que expone Paz-Ares en un trabajo no publicado y es, básicamente, que el poder externo del administrador social coincide en sus límites con el poder interno. Y si hay discrepancias entre el poder externo y el interno, prevalece este último salvo que el tercero esté protegido por la apariencia, es decir, el poderdante - la sociedad - quedará vinculado con el tercero en los términos 'internos' del poder y sólo más allá si el tercero confió en la apariencia creada de manera imputable por el poderdante - buena fe - y lo hizo sin culpa grave. Los poderes de los administradores para vincular a la sociedad no son poderes abstractos (así, en Alemania, pero no en nuestro derecho). El poder de los administradores está limitado por todas las normas legales (exigencia legal de autorización de la junta para disponer de activos esenciales; necesidad de aprobación de la junta para emitir obligaciones convertibles - art. 414 LSC - pero también, las restricciones, prohibiciones y deberes que imponen los deberes fiduciarios a los que están sometidos los administradores) y estatutarias que imponen restricciones (p. ej., exigencia de autorización de la junta para realizar determinadas transacciones; existencia de instrucciones o prohibiciones impartidas por la junta a los administradores; limitaciones estatutarias al poder de los administradores) a los administradores. La necesaria protección del tráfico no ha de ir más allá de la protección de la apariencia. Es decir, no hay que proteger en mayor medida al tercero que contrata con un administrador social que al tercero que contrata con cualquier apoderado. Y esta medida es la de la protección de la apariencia que exige al tercero ser de buena fe - ignorar la limitación que pesa sobre el poder del representante - y haber actuado sin culpa grave - que le hubiera sido escasamente costoso averiguar la realidad -. Aplicado al caso de los activos esenciales, el tercero sólo quedará protegido en su adquisición o enajenación si ignoraba que se trataba de activos esenciales o que, siéndolos, creía que se había obtenido la autorización de la junta, y esta creencia errónea no habría podido disiparse desplegando la mínima diligencia exigible a cualquiera en esas circunstancias.

La tesis de Paz-Ares es la más conforme con las reglas generales del derecho de obligaciones y contratos español. Y permite justificar la analogía en la aplicación del artículo 234.2 al caso de las operaciones sobre activos esenciales. Pero obliga a una interpretación correctora del artículo 234.1 II (que dice que las limitaciones son ineficaces frente a terceros y que no cualifica a ese tercero como sí lo hace el 234.2) y del artículo 489 LSC que están inspirados claramente en el derecho alemán. El derecho alemán concibe los poderes de los representantes orgánicos como abstractos y, por tanto, inasequibles en su eficacia frente a terceros a los límites 'internos' que el 'poderdante' o la ley o los estatutos de la corporación hayan podido imponer salvo que concurra la exceptio doli entendida ampliamente como inclusiva del dolo eventual.

En la práctica, los resultados de ambas tesis son muy parecidos porque la incertidumbre que rodea a la condición de los activos objeto de la transacción como "activos esenciales" es elevada, lo mismo que respecto a si la transacción que lleva a cabo el administrador está dentro o fuera del objeto social. Al tercero le bastaría con obtener una declaración del administrador de que no se trata de activos esenciales o de que, si se trata de tales, el administrador ha obtenido la autorización de la junta. Y solo si hay circunstancias que hagan sospechar de la conducta indebida del administrador (es decir, que el tercero pueda apreciar fácilmente que se trata de activos esenciales o que el administrador no ha obtenido la autorización de la junta), el tercero no quedaría protegido por la apariencia.

De esta cuestión me he ocupado en las siguientes entradas

La 7 contiene la tesis errónea con una advertencia del cambio de opinión. La 6 resume el trabajo de Segismundo Álvarez y Jaime Sánchez (pero todavía no había cambiado de opinión). La 5 analiza el artículo 10 de la 1ª Directiva. La 4 se ocupa en particular de la filialización y la liquidación de facto. La 3 se ocupa de negar la aplicación del artículo 160 f a las operaciones de financiación con garantías reales. La 2 explica mis cambios de opinión. La 1 explica por qué no creo que se pueda aplicar analógicamente el artículo 234.2 LSC

La discusión sobre la naturaleza del negocio jurídico de constitución de una asociación en la dogmática post-codificación

2026-06-28T20:58:17.746+02:00

Incluso en la literatura jurídica reciente, por influjo de la doctrina del Derecho común, el acto constitutivo de una asociación se concibe como un contrato. Enneccerus entiende que las declaraciones de voluntad de los fundadores de la asociación en ningún caso se emiten de forma paralela, sino que son recíprocas: cada miembro manifiesta a los demás su voluntad de unirse a ellos para constituir una asociación, de modo análogo a lo que sucede en el contrato de sociedad. Sin embargo, en la constitución de asociaciones no es factible probar que exista una declaración dirigida individualmente por cada cofundador a todos los demás. Dicha prueba solo podría lograrse, excepcionalmente, en asociaciones muy reducidas. Únicamente en estos supuestos es posible articular contractualmente la relación entre los distintos fundadores, quienes se conocen y negocian entre sí. Pero en las asociaciones de gran dimensión, ¿a quién se entiende dirigida la declaración fundacional?

Ante la manifiesta dificultad de construir un vínculo contractual intersubjetivo entre los distintos fundadores, la doctrina ha atribuido la condición de destinatarios de estas declaraciones constitutivas a diversas entidades: a la colectividad, al tráfico jurídico, a la autoridad encargada del registro, entre otras. El Reichsgericht ha mantenido esta tesis en una resolución reciente, al calificar las declaraciones de asunción y suscripción como actos de Derecho público, incardinados en la policía jurídica y emitidos frente a la generalidad. Lehmann, siguiendo la estela de Kuntze, ha dotado de formulación teórica a esta idea al sostener que la suscripción del acta fundacional debe concebirse como un negocio jurídico unilateral de naturaleza cuasiestatal. Lehmann considera que estas declaraciones de voluntad de los suscriptores se dirigen a la publicidad y configuran un acto colectivo en el sentido acuñado por Kuntze.

Examinaremos sucesivamente ambos requisitos. En primer lugar, se plantea la cuestión del significado del acto colectivo. El acto fundacional fue ya contrapuesto por Kuntze y Otto von Gierke al contrato de sociedad. La diferencia entre ambos pertenece tanto a la psicología de los pueblos como a la ciencia jurídica.

El significado del acto colectivo desde la perspectiva de la psicología de los pueblos.

El concepto de acto colectivo, tal como fue formulado por Kuntze y como se emplea hoy de manera casi unánime, guarda la más estrecha relación con la voluntad colectiva o voluntad común de las comunidades humanas.... El acto colectivo es la plasmación de la voluntad colectiva. La voluntad concordante orientada a la constitución de una corporación es un producto de la voluntad teleológica o finalista, contraponiéndose así a las asociaciones de formación histórica, que se asientan más bien en una voluntad de impulso o espontánea.

En el texto de Karl Haff, la expresión «unidades relativas de impulso» (Impulseinheiten) es un concepto de la psicología de los pueblos (Völkerpsychologie) aplicado al Derecho, acuñado para describir a aquellas comunidades humanas cuyo origen y cohesión no se deben a una planificación deliberada ni a un pacto racional orientado a un fin, sino a fuerzas sociales orgánicas, espontáneas e inconscientes, tales como la costumbre, el instinto de supervivencia compartido, los vínculos de sangre o la convivencia histórica en un territorio. El autor utiliza el término en contraposición directa a las «unidades relativas de fines» (las corporaciones modernas y las asociaciones civiles). Mientras que estas últimas nacen de un acto consciente de la voluntad humana que diseña una estructura para alcanzar un objetivo específico (voluntad finalista), las unidades de impulso se desarrollan de manera evolutiva y tradicional. El calificativo de «relativas» obedece a que, desde la perspectiva de la teoría jurídica, estas comunidades no poseen una unidad física u orgánica real —como sostendría la teoría orgánica de Otto von Gierke—, sino una unidad social y jurídica basada en la convergencia de esos impulsos e inercias históricas compartidas por sus miembros. Los ejemplos documentales citados para ilustrar estas dinámicas son las cooperativas agrarias germánicas originarias (Genossenschaften), los municipios tradicionales y los Estados de formación histórica.

No obstante, la constitución de las corporaciones en el Derecho moderno no puede concebirse, al modo de Preuß, bajo la premisa de que la voluntad común ha creado por sí misma la organización. La organización, en tanto que estructura intelectual compleja, no puede ser alumbrada por la voluntad común de los fundadores, sino únicamente por individuos singulares. La voluntad común de los fundadores de una corporación, en su condición de voluntad finalista relativamente unitaria y referida a la constitución, se dirige propiamente a la aceptación de la estructura organizativa propuesta por individuos concretos. Es posible contraponer las corporaciones del Derecho moderno, como unidades relativas de fines, a las unidades relativas de impulso características de las asociaciones históricas, tales como ciertas comunidades de pastos, municipios y Estados.

Haff critica, a continuación, la doctrina "orgánica" de las corporaciones de Gierke:

Me resulta incomprensible que Gierke, en la extensa carta que me remitió a propósito de la primera parte de esta obra, combata esta distinción cuando él mismo se encontraba ya en la senda correcta. Gierke contrapone a las comunidades de Derecho de familia las comunidades voluntarias, basadas en la fuerza creadora del libre arbitrio. Para él, los «organismos asociativos» nacen originariamente de forma inconsciente, mediante procesos volitivos más o menos involuntarios, mientras que reconduce las unidades asociativas del moderno Derecho de corporaciones de manera predominante a una acción consciente de la voluntad. Por un lado, pues, se hallan las asociaciones surgidas de forma inconsciente o cuasiimpulsiva; por otro, las creaciones finalistas del Derecho moderno.

Por ello, insisto, me resulta incomprensible que Gierke, en su detallada misiva sobre las conclusiones de la primera parte, censure mi distinción entre unidad de impulso y unidad de fines, tildándola de «dualismo». Sin esta clarificación resulta imposible desentrañar la esencia de las asociaciones. Gierke estuvo muy cerca de alcanzar la noción exacta. Se lo impide únicamente la impronta de la teoría orgánica, que concibe tanto las asociaciones históricas como las creaciones finalistas del Derecho moderno como organismos dotados de voluntad propia y capacidad de obrar. ¡Como si una asociación moderna, erigida por la voluntad finalista del ser humano, pudiera siquiera compararse con el concepto de organismo, que es el trasunto de lo que nace y se desarrolla de forma natural! La corporación del Derecho moderno, ya sea una asociación de base histórica o una nueva creación finalista, no es un organismo dotado de voluntad y capacidad de obrar en el sentido de la teoría orgánica, sino un producto de la voluntad de individuos que se asocian, un hecho incardinado en la psicología de los pueblos.

El acto colectivo frente al contrato.

El contrato requiere declaraciones de voluntad recíprocas que precisan de recepción, denominándose una oferta y la otra aceptación. Una relación contractual de esta índole entre los múltiples fundadores de una asociación, que a menudo ni siquiera entran en relación recíproca, resulta por regla general imposible de probar. Kuntze perfila la diferencia entre el contrato y el acto colectivo del siguiente modo: la coincidencia de voluntades concurre tanto en el contrato como en el acto colectivo. Sin embargo, la formación de una voluntad común y unificada sería cualidad exclusiva del contrato, no del acto colectivo.

No es posible admitir la tesis de Kuntze de que en el acto colectivo no exista vinculación de la voluntad. Las declaraciones de voluntad paralelas emitidas por los fundadores de la asociación se dirigen a los convocantes de la asamblea, a la junta provisional o a aquellos promotores que asumen específicamente la gestión de la constitución. Estos últimos se comprometen frente a los fundadores a realizar las actuaciones necesarias para consumar la constitución: la redacción de los estatutos, la convocatoria de la asamblea constituyente, la solicitud de inscripción ante la autoridad registral con aportación de los estatutos, etc. Esta relación jurídica debe calificarse como un contrato de mandato, el cual, por lo general, es aceptado tácitamente por quienes asumen la iniciativa constitutiva de la corporación. Las personas encargadas de redactar los estatutos o de instar la inscripción registral se hallan ligadas por un vínculo obligacional frente a los fundadores.

La fase comprendida entre la constitución y la adquisición de la personalidad jurídica.

En el Derecho alemán, que rechazó el sistema de libre constitución de corporaciones, toda asociación, ya sea concebida meramente como una asociación sin personalidad jurídica, ya se trate de una asociación con vocación de personificación pero aún no inscrita, queda sujeta a las disposiciones reguladoras de las asociaciones sin personalidad jurídica.

... Desde una perspectiva puramente teórica, la constitución de un ente colectivo, con independencia de que se le dote o no de personalidad jurídica, debe concebirse como un acto colectivo integrado por las declaraciones de voluntad paralelas de sus fundadores. No obstante, frente a esta construcción teórica se alzan ciertos obstáculos derivados del Derecho positivo. Gierke sostiene, en atención aparentemente al § 705 del BGB, que la constitución de una asociación sin personalidad jurídica debe calificarse de «contrato de sociedad». Gierke recalca que la creación de la asociación debe interpretarse, no como lo que sustancialmente es —un acto colectivo constitutivo—, sino como un contrato de sociedad. Esto representa una concesión de calado a las tesis contractualistas.

Procede cuestionarse si dicha concesión es verdaderamente ineludible. A mi juicio, Eccius se opone con fundamento a la postura de Gierke. Sostiene Eccius que el contenido del § 54 del BGB debe interpretarse en el único sentido de que las normas de la sociedad civil son de aplicación a las asociaciones existentes que carecen de personalidad jurídica o que aún no la han adquirido, sin que de ello pueda inferirse una regulación sobre la cuestión de cómo nace o se constituye la asociación. En mi opinión, las normas reguladoras del contrato de sociedad son ajenas al acto fundacional, por cuanto el § 54 del BGB presupone la existencia de una asociación sin personalidad jurídica ya constituida.

Idéntica conclusión resulta de la aplicación del Código Civil suizo. La regla del artículo 62, conforme a la cual las asociaciones que carecen de personalidad jurídica o que aún no la han adquirido se equiparan a las sociedades simples, es el correlato del § 54 del BGB. Eugen Huber no concibe la asociación sin personalidad jurídica como una sociedad, sino como una asociación propiamente dicha, a la cual simplemente se aplican, con carácter supletorio, las reglas de la sociedad.

El núcleo de la cuestión radica en lo siguiente: un contrato de sociedad, esto es, un negocio sinalagmático perfeccionado mediante declaraciones recíprocas e intersubjetivas de los contratantes, no puede explicar la constitución de una asociación sin personalidad jurídica o en formación que, por regla general, cuenta con un número elevado de miembros. El propio Reichsgericht destaca la presencia de esta pluralidad significativa de miembros en la asociación sin personalidad jurídica como elemento diferenciador respecto de la sociedad. Se evidencia de este modo que la tesis de quienes configuran la asociación sin personalidad jurídica como una mera relación obligacional o un vínculo contractual entre sus miembros decae por la imposibilidad material de probar la existencia de tales contratos entre la multiplicidad de partícipes. De ello se deriva, asimismo, que la inaplicación de las causas de disolución legalmente previstas para la sociedad civil —tales como la disolución por denuncia unilateral de un socio (§ 723), por muerte de un miembro (§ 727) o por concurso de acreedores de cualquiera de ellos (§ 728)— no trae su causa de un pacto de exclusión tácito entre los miembros, sino que dimana de la propia naturaleza de la asociación sin personalidad jurídica, concebida como una unidad de personas independiente de la alteración de su base subjetiva.

La jurisprudencia del Reichsgericht es plenamente coincidente con los principios aquí enunciados. Al caracterizar una asociación sin personalidad jurídica en el ámbito de una comunidad de negociación colectiva, el alto tribunal declara: «El Reichsgericht, en jurisprudencia pacífica y constante, cifra la esencia de una asociación de esta naturaleza en la unión duradera de un número elevado de personas para la consecución de un fin común, siempre que estas hayan adoptado una estructura organizativa que incorpore los rasgos esenciales de una ordenación corporativa, actúen bajo una denominación colectiva y el cambio en la identidad de sus miembros se verifique de forma fluida y natural, y no en virtud de un derecho excepcional o singular».

La esencia de la asociación sin personalidad jurídica radica, por consiguiente, en que no constituye una sociedad, sino una entidad personal independiente del cambio de sus miembros, provista de un patrimonio separado.

Múltiples supuestos de patrimonios separados, señaladamente los patrimonios recaudados mediante suscripción pública o cuestación, deben reconducirse a la categoría de las asociaciones sin personalidad jurídica. Pertenecen a este ámbito aquellas iniciativas de beneficencia en las cuales se considera que cada donante, al efectuar su aportación, deviene miembro de la asociación recién constituida o preexistente. En estos casos, los aportantes emiten ante los recaudadores un haz de declaraciones de voluntad paralelas dirigidas a la constitución de una asociación conformada por recaudadores y donantes, la cual ostenta la titularidad del patrimonio recaudado en concepto de patrimonio separado. En estos supuestos es imposible construir una obligación recíproca de dar o hacer en el sentido del § 705 del BGB entre donantes que, por regla general, carecen de relación y mutuo conocimiento. Ahora bien, de este hecho, acertadamente puesto de relieve por A. Schultze, no se deriva necesariamente que los donantes pretendieran transmitir la propiedad a los recaudadores a título de fiducia. Desde luego, puede haberse querido una propiedad fiduciaria de base germánica sujeta a condición resolutoria. Sin embargo, la prueba de dicha voluntad fundacional resultará sumamente compleja, debido a que la institución de la fiducia, en los términos reconstruidos por Schultze a partir de las fuentes jurídicas germánicas, tendría que implantarse de nuevo en la conciencia jurídica contemporánea con tal vigor que el conjunto de las múltiples declaraciones de donación que integran el patrimonio colectivo pudiera interpretarse exclusivamente como declaraciones fiduciarias.

Karl Haff, *Institutionen der Persönlichkeitslehre und des Körperschaftsrechts, zugleich ein Lehrbuch zum Personenrecht des BGB und schweizerischen ZGB**, Zúrich, 1918, p. 181 ss.

Hay varias conductas humanas que se desvían del simple egoísmo y que no se explican sino a la luz del compromiso - commitment

2026-06-28T20:35:36.363+02:00

El núcleo del mecanismo es que no comportarse de manera egoísta reduce la aptitud (fitness) del individuo, pero comprometerse a no comportarse de manera egoísta puede aumentarla. La razón es que comprometerse a no comportarse de manera egoísta puede tener un efecto en la forma en que otras personas, actuando en su exclusivo interés, se comportan contigo. Esto no requiere una estructura poblacional (la estructura poblacional abarca cualquier desviación de una configuración en la que los individuos se emparejan al azar para jugar un dilema del prisionero o un juego de bienes públicos) o parentesco entre los individuos, ni necesita que las interacciones se repitan. Puede funcionar muy bien a través de la elección de la pareja, o a través de la asunción del compromiso de no comportarse de forma oportunista en relación con el socio o pareja ya existente.

No hace falta suponer que los comportamientos prosociales exigen el sacrificio del propio bienestar (si el coste de la conducta es inferior al beneficio que proporciona al otro). La asunción de un compromiso - vinculación, commitment - de no comportarse egoístamente es, en sí mismo, un comportamiento guiado por el propio interés.

. ... los jugadores pueden beneficiarse de ser capaces de comprometerse a una conducta que podría describirse como “racionalmente irracional”, en el sentido de que la conducta en sí misma no maximiza la aptitud - fitness - pero la capacidad de comprometerse a ella sí lo hace.

En el juego del ultimátum, si el proponente sabe que el que responde aceptará cualquier cosa, el proponente propondrá quedarse con 4 para sí y dejar 0 al que responde. Si, por el contrario, el que responde ha asumido el compromiso de rechazar ofertas en las que reciba menos de, digamos, 2, y el proponente lo sabe, le convendrá proponer 2 para sí y 2 para el respondedor. Por tanto, cuando es posible, al que responde le resulta ventajoso comprometerse con la cantidad mínima más alta posible que estaría dispuesto a aceptar. La razón es que, al hacerlo, puede modificar la conducta del proponente o, dicho de otro modo, alterar el curso de la inducción hacia atrás. Una forma de comprometerse sería que, cuando el proponente opta por hacer una propuesta desventajosa, el que responde prefiera realmente irse sin nada, siempre que el proponente reciba también 0.

Un problema de compromiso similar es central en el juego de la confianza. Si el receptor de la confianza puede comprometerse a devolver 4, y quien confía lo sabe, entonces éste debería enviar el dinero, en beneficio mutuo. Como en el caso anterior, el beneficio para el receptor de la confianza de poder comprometerse a devolver dinero —una conducta que reduce la aptitud— es que, al hacerlo, cambia la conducta de quien confía de formas que aumentan la aptitud...

La capacidad de comprometerse puede ayudar a un individuo, en primer lugar... influyendo en la conducta de la contraparte. .. En el juego del ultimátum, comprometerse a rechazar propuestas muy desventajosas puede inducir al proponente a hacer propuestas más generosas. En el juego de la confianza, comprometerse a devolver dinero puede inducir a quien confía a enviar dinero en primer lugar.

Pero también es posible que los individuos puedan elegir con quién juegan... (como una forma de hacernos preferir el rechazo de propuestas injustas... nuestro gusto por la venganza sugiere que hemos logrado comprometernos al castigo, que nuestra búsqueda de sinceridad sugiere que hemos logrado comprometernos a preocuparnos unos por otros para bien o para mal, y que incluso una preferencia por la cooperación condicional en dilemas del prisionero y juegos de bienes públicos puede ser un síntoma de compromiso.

En el juego del seguro, siempre es mejor no compartir cuando uno ha tenido suerte y el otro no. Sin embargo, si ambos jugadores pueden comprometerse a compartir, ambos estarán mejor de media.

De nuevo, podría entenderse esto como una extrapolación de la reciprocidad, que evolucionó en el contexto de interacciones repetidas, y no cabe duda de que la reciprocidad ha evolucionado en los humanos. Sin embargo, es importante advertir que no sólo devolvemos favores y decimos “tú hiciste lo mismo por mí”, sino que también practicamos una reciprocidad hipotética y decimos “tú habrías hecho lo mismo por mí” en aquellos casos en que ayudamos a un amigo que no tiene la oportunidad de ayudarnos y probablemente nunca la tendrá.

Esto último sería coherente con la idea de un compromiso evolucionado en el juego del seguro, y quizá sea una explicación mejor que la idea de un desbordamiento desadaptativo procedente del dilema del prisionero repetido. También hay casos como el concepto masái de osotua, que sirve para mantener unidas a las personas e implica hacerse regalos sólo cuando hay necesidad, aunque esto acabe haciendo que la entrega de regalos sea estructuralmente asimétrica.

Si el juego del seguro se juega repetidamente, y si ayudar hoy a un amigo que ha recibido una mala mano aumenta su capacidad de ayudarte en el futuro, entonces estar comprometido a ayudar también puede estar al servicio del propio interés de una forma más directa (Eshel y Shaked, 2001). Siempre que ambas partes hayan adquirido el compromiso de ayudarse mutuamente, esa ayuda puede ser una gran inversión en recibir ayuda en el futuro, no porque se esté invirtiendo en la disposición del otro a ayudar —como en los modelos estándar de reciprocidad en juegos repetidos—, sino porque se está invirtiendo en la capacidad del otro para ayudar, asumiendo que su compromiso ya existe.

Un amigo que sabes que te salvaría la vida, por ejemplo, ya no estaría ahí para hacerlo si tú no salvaras la suya, y por eso puede merecer la pena asumir un riesgo para hacer precisamente eso.

La cooperación condicional puede interpretarse, una vez más, como un desbordamiento procedente de juegos repetidos, en los que pueden evolucionar estrategias recíprocas que dejan de cooperar si el otro tampoco coopera... Sin embargo, es importante advertir que la cooperación en dilemas del prisionero también puede evolucionar sin repetición ni estructura poblacional. Lo que se necesita en este escenario con compromiso es la capacidad de saber quién está también comprometido con la cooperación, siempre que el otro coopere también o, en los juegos de bienes públicos, siempre que cooperen suficientes otros. Para que la cooperación se produzca efectivamente, también es necesario saber que el otro cooperará, porque entre dos cooperadores condicionales esto se convierte en un juego de coordinación con dos equilibrios: uno en el que ambos juegan C y otro en el que ambos juegan D. Si los cooperadores condicionales pueden buscarse mutuamente para cooperar, entonces el mecanismo operativo sería la elección de pareja, que daría lugar a una estructura poblacional endógena.

Este mecanismo no requiere que la cooperación sea condicional; sólo exige que los cooperadores prefieran emparejarse con otros cooperadores y sepan cómo detectarlos

Pero incluso sin elección de pareja, si existe la capacidad de saber si los otros son también cooperadores condicionales, la cooperación condicional puede evolucionar. En este caso, los cooperadores condicionales cooperarán si por casualidad se emparejan entre sí, pero desertarán si se encuentran con desertores. Siempre que los jugadores condicionalmente cooperativos puedan saber con suficiente frecuencia si están jugando con otro cooperador condicional, eso les proporcionará una ventaja selectiva.

El lenguaje facilita hacer planes conjuntamente con antelación, y esos planes pueden crear problemas de compromiso que pueden resolverse mediante desviaciones respecto del simple egoísmo. Sin embargo, el papel del lenguaje en la moralidad no termina ahí. El lenguaje también nos permite hacer promesas.... cuando las personas acuerdan una forma de repartir las distintas partes de un trabajo, todas se comprometen a hacer su parte... No hacer algo que era responsabilidad de uno será después mucho peor visto que no hacer lo mismo cuando no era responsabilidad de uno.

... somos también excepcionalmente buenos en teoría de la mente, lo que significa que atribuimos a los demás deseos y creencias que pueden diferir de los nuestros.

Si los proponentes en el juego del ultimátum no pueden ponerse en el lugar de los que responden, será inútil que estos intenten cambiar el curso de la inducción hacia atrás desarrollando un “botón de ira"... Si quienes confían no pueden leer al receptor de la confianza, no habrá cantidad alguna de amabilidad o fiabilidad que llegue a generar confianza. Por tanto, la teoría de la mente es un requisito previo para las soluciones sugeridas a los problemas de compromiso, mientras que obstaculiza las explicaciones basadas en la imitación sesgada por la recompensa.

... La evidencia empírica encaja con una explicación según la cual muchos ingredientes de la moralidad han evolucionado como solución a una variedad de problemas de compromiso.

Akdeniz A, van Veelen M. The evolution of morality and the role of commitment. Evolutionary Human Sciences. 2021;3:e41. doi:10.1017/ehs.2021.36

Stewart-Williams sobre las políticas de género

2026-06-27T13:09:07.285+02:00

Podría subtitular la entrada diciendo ¡qué izquierda más tonta padecemos!

La violencia en las relaciones entre hombres y mujeres

Stewart-Williams contrasta dos teorías explicativas de la violencia "de género", "machista" o, más razonablemente, de la violencia en el seno de la pareja.

La primera es la explicación sociocultural basada en el patriarcado: los hombres ejercerían violencia contra las mujeres como parte de una estrategia colectiva de dominación.

La segunda, que él considera más plausible, parte de mecanismos psicológicos y evolutivos más próximos:

la mayor propensión masculina a la agresión física,
las diferencias de fuerza,
los conflictos de pareja,
los celos,
la búsqueda de control,
la venganza o
la reacción descontrolada ante una ofensa.

La objeción central a la teoría patriarcal es que resulta implausible presentar estas conductas como si los hombres actuaran para beneficiar a los hombres como grupo.

Los individuos no comparten intereses con todos los miembros de su sexo ni están enfrentados a todos los del otro; tienen alianzas y conflictos con personas concretas de ambos sexos.

«Contrariamente a la idea de que hombres o mujeres están unidos con todos los miembros de su propio sexo con el propósito de oprimir al otro sexo, cada individuo comparte intereses importantes con determinados miembros de ambos sexos y entra en conflicto con otros miembros de ambos sexos». (Buss)

«Los hombres no hacen estas cosas por el bien de todos los hombres, del mismo modo que los depredadores no cazan presas por el bien de toda su especie. Los hombres y los depredadores lo hacen por sí mismos».

«La sociedad no es el criminal, sino la fuerza que mantiene el crimen a raya. Cuando los controles sociales se debilitan, estalla la crueldad innata del hombre. El violador no es creado por malas influencias de condicionamiento social, sino por un fracaso del condicionamiento social». (Camille Paglia)

Stewart-Williams propone una regla de prudencia intelectual muy útil para razonar sobre diferencias entre grupos:

no deberíamos caracterizar a ningún sexo por conductas en las que no incurre la mayoría de sus miembros.

«He aquí una buena regla práctica: no deberíamos caracterizar a ninguno de los sexos por comportamientos en los que no incurre la mayoría de sus miembros».

La regla parece elemental, pero se infringe constantemente.

Es verdad que los hombres cometen la inmensa mayoría de los homicidios, pero también es verdad que la inmensa mayoría de los hombres no comete homicidios. Stewart-Williams recuerda que, aunque los hombres cometen más del 90 % de los homicidios, el hombre medio mata aproximadamente 0,00005 personas al año: unos cinco homicidios por cada 100.000 hombres. La diferencia con las mujeres es grande en términos relativos, pero se localiza en una cola minúscula de la distribución. De ahí su regla: no debemos caracterizar a un sexo por comportamientos en los que no incurre la inmensa mayoría de sus miembros.

La diferencia entre hombres y mujeres puede ser enorme en los extremos de la distribución y, al mismo tiempo, describir sólo a una minoría diminuta de individuos. El error consiste en tomar una diferencia real, localizada en la cola de la distribución, y convertirla en un rasgo definitorio del grupo entero.

Este error no es inocuo. Si pensamos sólo con el esquema “agresor masculino/víctima femenina”, dejamos de ver a los hombres víctimas, a las mujeres agresoras y a todas las situaciones que no encajan en el molde dominante. Stewart-Williams no niega que las mujeres sufran riesgos específicos ni que determinados daños recaigan con más frecuencia sobre ellas. Su punto es otro: una mayor incidencia estadística no convierte el fenómeno en exclusivo del grupo más afectado. La estadística agregada puede orientar la atención, pero no debe sustituir al individuo que padece el daño.

«El hecho, por ejemplo, de que una de cada cuatro mujeres, pero “sólo” uno de cada seis hombres, sea víctima de abuso en la pareja no implica que sólo las mujeres necesiten ayuda; implica que una de cada cuatro mujeres, pero también uno de cada seis hombres, necesitan ayuda».

La formulación es valiosa porque desplaza el análisis desde los grupos hacia los individuos. El problema no es reconocer diferencias promedio entre hombres y mujeres, sino dejar que esas diferencias borren los casos que no se ajustan al patrón dominante. Stewart-Williams insiste en que los varones victimizados, las mujeres que ejercen violencia y las víctimas de relaciones homosexuales se vuelven anomalías incómodas, casos que cuesta nombrar y atender.

«La dependencia excesiva de un paradigma agresor masculino/víctima femenina estigmatiza a los hombres victimizados, corre el riesgo de presentar a las mujeres como víctimas y desalienta la discusión de formas de abuso que contradicen el paradigma, como el abuso en relaciones homosexuales y la perpetración femenina».

La regla general que extrae Stewart-Williams puede aplicarse mucho más allá de la violencia en la pareja. Si hay más chicos que chicas con dificultades escolares, no se sigue que sólo los chicos tengan dificultades. Si hay más hombres que mujeres que se suicidan, no se sigue que el suicidio sea un problema exclusivamente masculino. En todos estos casos, pensar en términos de grupos puede ayudar a detectar patrones, pero puede también impedirnos ver a las personas concretas que necesitan ayuda.

«El hecho de que más miembros del grupo X que del grupo Y sufran el problema Z es una mala razón para actuar como si sólo los miembros del grupo X sufrieran el problema Z».

La intuición central y correcta del autor es que los grupos no sufren; sufren los individuos.

Díganselo a los malvados Estados islámicos como Egipto o Irán que pretenden que toda su población "sufre" cuando hay signos explícitos de apoyo a los derechos de los homosexuales. Y digo malvados porque esos Estados piden que no se desplieguen esos signos ¡en Estados Unidos! a la vez que torturan y encarcelan a ciudadanos por su tendencia sexual. El islam no es el problema, claro. El problema es el islam político, la falta de separación entre los Estados y las religiones. V., Del Derecho y el Islam: no son los musulmanes, son los gobiernos de los países musulmanes

El objetivo de las políticas pública, dice Stewart-Williams no debería ser corregir disparidades agregadas, sino aliviar el daño allí donde aparece. En algunos casos hará falta adaptar las respuestas a las características de cada grupo; en otros, no. Pero el punto de partida debe ser siempre el mismo: no dejar fuera a quienes padecen el problema sólo porque pertenecen al grupo en el que ese problema es estadísticamente menos frecuente y, añadiría yo, no privilegiar a quien no padece el problema simplemente porque pertenece al grupo cuyos miembros sufren en mayor número el problema. Por ejemplo, las directoras de cine o las profesoras universitarias no sufren ningún problema diferencialmente respecto a los directores de cine o los profesores universitarios, de manera que no está justificada la discriminación que sufren los varones cuando se trata de lograr una subvención, financiación pública o una cátedra.

Minimizar las diferencias entre hombres y mujeres también puede producir malos resultados

Stewart-Williams se centra en un sesgo muy estudiado por los psicólogos evolucionistas Martie Haselton y David Buss: los hombres, en promedio, tienden más que las mujeres a sobreinterpretar señales de interés sexual. El resultado es que muchos hombres detectan interés sexual por parte de una mujer donde no lo hay y muchas mujeres se ven obligadas a lidiar con esa lectura equivocada teniendo que soportar más 'babosos' de los que sería deseable.

La explicación evolucionista es sencilla: para los varones ancestrales, el coste de inferir demasiado interés era sufrir rechazos o pasar vergüenza; el coste de inferir demasiado poco era perder oportunidades reproductivas. En las mujeres, en cambio, el cálculo adaptativo era distinto, porque el número máximo de hijos no aumentaba del mismo modo por aprovechar más oportunidades sexuales, y una disposición demasiado indiscriminada podía comprometer la elección de pareja.

Al parecer, la mayor selectividad de las mujeres a la hora de emparejarse no solo se produce al nivel de cada individuo, sino al nivel de los óvulos y espermatozoides. Según un estudio

el líquido folicular, que rodea al óvulo y contiene sustancias químicas que atraen a los espermatozoides, lleva una firma química diferente en cada mujer. Este estudio ha revelado que la fertilización no es un proceso lineal en el que simplemente gana la carrera el espermatozoide que nada más rápido, sino que el óvulo participa activamente en el proceso y hace su propia elección. La lógica evolutiva fundamental detrás de este mecanismo de selección también es maximizar la calidad genética. Gracias a sus propias señales químicas, el óvulo intenta atraer hacia sí a los espermatozoides genéticamente más compatibles o de mayor calidad (aquellos con una integridad de ADN mejor) "oliéndolos". A esto se le llama "selección críptica". La célula del óvulo realiza una segunda votación a nivel bioquímico. Esto explica las situaciones en las que el perfil genético del compañero elegido por la mujer no es siempre el mejor para el óvulo. Los científicos piensan que una parte de los casos de infertilidad inexplicables podría deberse a esta incompatibilidad química entre el óvulo y el espermatozoide.

De nuevo, Stewart-Williams nos advierte de que no convirtamos esta diferencia media en un estereotipo universal. De nuevo también, apliquemos la regla general: las diferencias promedio existen, pueden ser relevantes y conviene conocerlas, pero no autorizan a tratar a todos los individuos como si fueran ejemplares intercambiables del promedio de su grupo. Que el hombre medio tienda a sobreestimar el interés femenino no significa que todos los hombres lo hagan. Algunos hacen justo lo contrario: infrainterpretan señales de interés, especialmente por timidez, inseguridad o exceso de cautela. Si a esos hombres se les repite sin matices que “los hombres siempre sobreinterpretan”, el consejo puede ser contraproducente: pueden ignorar señales reales y quedar paralizados.

«El hecho de que el hombre medio sobreestime el interés sexual de las mujeres no significa que todos los hombres lo hagan; sólo significa que lo hacen los suficientes como para desplazar la media masculina por encima del punto cero». «¿Quién sabe cuántas historias de amor nunca llegaron a contarse porque hombres tímidos recibieron consejos pensados para hombres sexualmente demasiado confiados? Lo ideal sería que los consejos de pareja se adaptaran al individuo, no a estereotipos exagerados sobre el hombre o la mujer medios».

Las políticas públicas, sin embargo, caen precisamente en el error denunciado por Stewart-Williams y acabamos condenando por agresión sexual lo que no son sino interpretaciones erróneas promovidas por la evolución de la conducta de las mujeres por parte de algunos hombres.

Citas: Hart sobre Bentham, aprendizaje social, filosofía y derecho, teoría y observación empírica, EL PAÍS y la 'cencia' científico-social; la prórroga presupuestaria

2026-06-26T14:15:26.159+02:00

Breves

Juan Luis Jiménez: "España se sitúa entre los países de la UE (el quinto peor) donde la intervención del Estado es la que menos ayuda a reducir la pobreza. Concretamente, las transferencias públicas logran reducir el 23,2% de la pobreza, 10 p.p. menos de lo que se logra en media en la UE";
«Lo que no has aprendido de los sabios, lo harás de los imbéciles…» Gregorio II Papa a Leon III, emperador de Bizancio;
La profesión más antigua del mundo.
Las historias sobre los adolescentes de hoy a los que los teléfonos móviles y las redes sociales estarían destruyendo el cerebro son falsas pero las televisiones seguirán bombardeándonos al respecto porque están interesadas en destruir a la competencia con la ayuda del legislador.
Tyler Cowen sobre los cambios sociales que va a producir la IA (los ganadores serán los emprendedores, los que "toman la iniciativa" y las iniciativas/proyectos se multiplicarán, por lo que la IA no producirá desempleo masivo, la gente se dedicará a hacer experimentos sugeridos por la IA o a recoger datos que la IA pueda analizar; no hay en el horizonte una alternativa a la IA para acelerar el crecimiento económico. No estoy de acuerdo en lo de IA y aprendizaje);
Cómo jugar más juegos de suma positiva y menos juegos de suma cero (o negativa).

Lorenzo Warby: Filosofía y Derecho

China comparte con India y la Grecia clásica dos características: tener tradiciones filosóficas muy desarrolladas, pero ser deficientes en derecho y razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico es una forma de razonamiento muy particular y poco natural. Requiere la aplicación rigurosa del razonamiento por analogía. Es necesario determinar qué se asemeja —o no se asemeja— a otros tipos de acciones humanas o cosas relacionadas con el ser humano, y qué principios se aplican, incluyendo las ventajas y desventajas pertinentes.

La filosofía exhibe con frecuencia tres vicios contrarios al buen razonamiento jurídico: un exceso de abstracción; la búsqueda de detalles insignificantes que van más allá de lo útil; y la omisión de uno o más factores clave.

La abstracción es compresión. Al carecer del fundamento del derecho, que se basa en la consideración de conjuntos específicos de circunstancias, a la filosofía le resulta muy fácil abstraer de una manera que no funciona; por ejemplo, postular una naturaleza humana uniforme.

La filosofía puede enredarse en minucias innecesarias. El derecho requiere la diferenciación y categorización suficientes para aplicarse a los hechos y circunstancias del caso en cuestión, y nada más. Al carecer de esa base, la filosofía puede perderse en minucias que se convierten en espirales de pureza inútiles, incluso tóxicas. Cuando surgen "problemas" intelectuales que son simplemente problemas dentro de, o para, algún marco teórico, uno se encuentra en el mundo de las minucias inútiles. Así es como la filosofía analítica terminó siendo una de las disciplinas más influenciadas por la ideología de género, mientras que los abogados simplemente se peleaban entre sí.

El problema final es que la filosofía, en su abstracción y minuciosidad, puede pasar por alto factores clave. Una parte fundamental del derecho consiste en determinar qué es relevante en una situación dada, teniendo en cuenta las interacciones humanas reales. En su abstracción mucho menos fundamentada, la filosofía puede, sin duda, ignorar uno o más factores clave. Por ejemplo, no abordar con precisión la variación humana, que ahora sabemos que es una consecuencia inevitable de nuestra condición de seres evolucionados con genes y culturas diversas.

Toda filosofía que postula una naturaleza humana uniforme muestra estos fallos. Por el contrario, las dos grandes tradiciones jurídicas —el derecho romano (también llamado derecho civil ) y el common law — surgen de una civilización (Roma) y una cultura (Inglaterra) profundamente prácticas que desarrollaron sus ricas tradiciones jurídicas mucho antes de desarrollar cualquier tradición filosófica local.

Tommy Blanchard:

Los modelos de lenguaje a gran escala —y presumiblemente el cerebro— no están diseñados para que las neuronas individuales realicen acciones fácilmente interpretables

"¿Por qué vemos resultados tan diferentes en experimentos tan similares? La ciencia no se limita a observar e informar, sino que consiste en reflexionar detenidamente sobre teorías que conecten el conocimiento existente con nuevas observaciones. Nunca observamos directamente el fenómeno que nos interesa; siempre está mediado de alguna manera, ya sea por un telescopio o un análisis estadístico, y siempre requiere una interpretación teórica.

La "cencia centífica" de los editoriales de EL PAÍS

Es asombroso. EL PAÍS dice en un editorial que está muy bien que se atienda a la reclamación de los profesores de primaria que piden, cómo no, aumentar sus sueldos y reducir la carga de trabajo. En este caso, reduciendo el número de alumnos por aula. Cuando yo iba al colegio, éramos 50 por aula. Ahora ¡son 20! en promedio en primaria y 25 en ESO.

Pero lo asombroso es que las marujas de ambos sexos que escriben los editoriales de EL PAÍS no leen su propio periódico. En marzo, EL PAÍS publicó "Un estudio concluye que bajar la ratio no mejora el aprendizaje, pero sí aumenta el bienestar de los profesores y reduce las clases particulares". Yo creí que las medidas de política educativa debían mejorar el bienestar y el aprendizaje de los alumnos, no de los profesores. Y creía también que las clases particulares son una bendición para los estudiantes que se desenganchan del conjunto.

Tenemos que mejorar la calidad de nuestra conversación pública. Y las marujas de ambos sexos deben dejar de escribir columnas y editoriales en los periódicos. No podemos soportar este nivel de "sociología normativa" que consiste en promover medidas que estas marujas de ambos sexos metidas a ingenieras sociales creen que mejorarán las cosas simplemente porque "les gustan" y benefician a los grupos de presión que les votan o que leen su periódico.

El Derecho y las religiones: profetas y activistas;

Notas sobre la autonomía del Derecho y lo específico de Europa Occidental

Hart sobre Bentham

todo sistema de gestión que tenga como fundamento el desinterés, fingido o real, está corrompido desde la raíz, es susceptible de una prosperidad momentánea al comienzo pero está destinado a perecer a largo plazo. El principio de acción en el que más se debe confiar es aquel cuya influencia es más poderosa, más constante, más uniforme, más duradera y más general entre los seres humanos. El interés personal es ese principio, y un sistema económico construido sobre cualquier otro fundamento está edificado sobre arenas movedizas...

Por lenta y tortuosa que fuera la conversión de Bentham a la democracia, pronto percibió que sus méritos como sistema de gobierno residían en su conformidad con el principio de conjunción entre deber e interés, ya que situar el nombramiento y la destitución de los «pocos gobernantes» en manos de la mayoría ofrecía la mejor esperanza de hacer coincidir su interés con sus deberes hacia las masas que gobernaban. Esto siguió siendo, a lo largo de toda la vida de Bentham, una vez superado el pánico provocado por los excesos de la Revolución francesa, su justificación utilitarista de la democracia.

Pedro Cruz Villalón

La Constitución, quizá ingenuamente pero en línea con otras Constituciones parlamentarias, ha considerado que no era necesario hacer constar expresamente que un Gobierno que no consiga el voto de sus presupuestos anuales se ve en la incapacidad fáctica de gobernar, debiendo consecuentemente presentar su dimisión o alternativamente disolver el parlamento. En su lugar, y no es poco, se ha limitado a consignar en su artículo 134 el ‘carácter anual’ de los Presupuestos y la consiguiente obligación del Gobierno, único capacitado para ello, de presentar unos “Presupuestos Generales del Estado” como muy tarde a 30 de septiembre de cada año. El problema es que el referido artículo 134 contiene un, a la postre ingenuo, apartado 4 del siguiente tenor: si a 1 de enero, por lo que sea, no hubiera entrado en vigor la Ley de Presupuestos para el correspondiente ejercicio, los del anterior se entienden “automáticamente prorrogados”: algo que sólo cabe entender como “interinamente” prorrogados en tanto concluye la tramitación de unos Presupuestos que habrán sido puntualmente presentados por el Gobierno. Pero la principal y en todo caso última responsabilidad del presente estado de cosas reside en el parlamento. A partir del anterior esquema constitucional, la práctica del actual Gobierno, impúdicamente consentida por el Congreso de los Diputados, ha dado la vuelta al citado artículo 134 en unos términos que, con cierto desahogo, se podrían formular de la siguiente manera: “Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan automáticamente de un año para otro, salvo que el Gobierno presente unos Presupuestos en tiempo y forma que sucesivamente obtengan la aprobación de las Cortes Generales”. Parece una broma, pero lamentablemente no hay otra forma de verlo.

y lo que dice sobre la moción de censura constructiva es todavía mejor: no es tal. Es una moción de confianza + una de investidura.

El aprendizaje social: ¡qué listos son los niños!

El artículo de Hardecker y coautores estudia cómo niños de 4 a 5 años interpretan el comportamiento de una mayoría de sus iguales, no sólo en términos de imitación, sino como posible fuente de normas. Que los niños son conformistas e imitan la conducta que observan está comprobado ampliamente. En el experimento se trata de comprobar si siguen haciéndolo cuando hay conductas "disidentes" y si siguen a la mayoría porque creen que lo que hace la mayoría es “lo correcto” y debe ser seguido también por otros.

El punto de partida es que los niños pequeños muestran una fuerte tendencia a conformarse con el comportamiento que observan en otros en distintos ámbitos, pero esa tendencia no es rígida ni automática. Sobre esa base, el artículo introduce una distinción importante entre dos niveles: copiar a la mayoría y atribuir carácter normativo a su conducta. La atribución normativa implica no sólo conformarse, sino considerar que existe una regla que todos deben seguir, lo cual se manifiesta en conductas como corregir a otros o protestar cuando alguien actúa de forma distinta.

Para analizar esta cuestión, los autores diseñan un experimento con 180 niños que consiste en una tarea sencilla en la que hay que introducir una bola en uno de tres tubos de colores. Antes de realizar la tarea, los niños observan un vídeo con el comportamiento de otros niños en tres condiciones diferentes:

una en la que hay unanimidad (tres niños hacen lo mismo),
otra en la que aparece una mayoría acompañada de un disidente (tres hacen una cosa y uno hace otra distinta)
y una condición de control en la que sólo se presentan conductas individuales diferentes.

Posteriormente, los participantes observan a tres marionetas que eligen distintas opciones, y se registra en qué medida los niños protestan contra elecciones “incorrectas”, intentan enseñar cuál es la opción correcta y qué elección realizan ellos mismos al final. Estos tres indicadores —protesta, enseñanza e imitación— se utilizan para reconstruir el grado en que los niños interpretan el comportamiento observado como una norma.

Los resultados cuando la conducta de los niños en el video es unánime

los niños copian la conducta unánime (en torno al 78%), protestan cuando alguien actúa de forma distinta y tratan de enseñar a otros a comportarse siguiendo la conducta unánime.

Esto indica que el comportamiento unánime es interpretado no simplemente como una regularidad empírica, sino como una regla normativa que define lo que debe hacerse.

Cuando se introduce un disidente en el video.

La imitación disminuye (bajando aproximadamente al 38%),
aumenta la adopción de la conducta del disidente
y se reducen tanto la protesta como la enseñanza en favor de la mayoría.

La presencia de una conducta alternativa parece erosionar la idea de que existe una única forma correcta de actuar.

En la condición en la que no hay unanimidad, los niños no interpretan lo observado como una norma. Esto refuerza la idea de que la formación de normas requiere un grado suficiente de consenso, o dicho de otra forma, la unanimidad actúa como una señal fuerte de normatividad.

Una crítica al experimento podría formularse diciendo que, tal como está construido, los niños no pueden verificar qué conducta produce el resultado correcto: el aparato no da recompensa y no hay feedback sobre qué opción “funciona”. Sin embargo, se les dice que hay un modo correcto de jugar y que acertarlo tiene premio, de modo que los niños saben que existe una solución eficaz, aunque no puedan identificarla directamente.

Decir que hay una "solución correcta" sitúa el experimento en el ámbito de las reglas técnicas, no de las reglas morales o jurídicas. Reglas técnicas son las que "funcionan", es decir, producen el resultado deseado ("así se pesca una trucha", "así se tuesta el pan" o "así se coloca una trampa"). En el experimento, el niño no puede comprobar qué funciona, pero necesita inferirlo, y en ese contexto la conducta uniforme del grupo es una señal muy potente.

Los autores interpretan que, cuando los niños copian, protestan y enseñan, están tratando la conducta uniforme como una norma en sentido moral o jurídico y parece que estamos sólo ante una norma técnica. Pero ambos tipos de normas se transmiten culturalmente a través de los mismos mecanismos porque es muy fácil pasar de "aquí pescamos los peces así" a "la forma moralmente correcta de pescar es esta".

Hardecker, S., Vreden, C., & Alcan, E. (2023). Is the majority always right? Young children's normative interpretations of majority and dissenting peer behavior. Social Development, 32, 1168–1191. https://doi.org/10.1111/sode.12682

DerechoMercantil

La sentencia del TJUE sobre el Reglamento de Agentes de la FIFA

Resumen de la sentencia elaborado por la IA

Sobre la representación múltiple,

En materia de remuneración de los agentes,

Restricciones por el objeto

Sobre las licencias de agente,

El bloque de información y transparencia

En cuanto a las posibles justificaciones bajo el artículo 101.1,

Si una regla no puede justificarse por esa vía, todavía podría acogerse al artículo 101.3 TFUE, pero la carga recae sobre la FIFA.

En relación con el artículo 102 TFUE,

RGPD.

Una excelente sentencia de la AP Barcelona: los conflictos matrimoniales vistos a través del Derecho de Sociedades

Morley y los conflictos intertemporales de los miembros de una corporación

On Morley, John D., Generational Conflict in Business and Society (June 24, 2026).

El plazo para el ejercicio de la acción de anulabilidad del art. 1301 CC es un plazo de caducidad y puede ser apreciado de oficio.

Citas: Mokyr, Albrecht, Graham, Wood, Levin, OpenAi, teletrabajo, Joanne Paul, Kling, Arthur Brooks,

Breves

¿El buen juicio será lo escaso en el futuro?

Jóvenes, no teletrabajéis. Michael R. Strain,

El gobierno de la ciudad de Londres estaba en manos de los gremios. Joanne Paul

Un bonito caso de inducción a la infracción contractual del artículo 14 LCD y revelación - explotación de secretos (art. 13 LCD en relación con Ley 1/2019, de Secretos Empresariales)

La lectura y la escritura cambió el cerebro humano: The End of Reading Is Here By Rose Horowitch, The Atlantic

Si la inteligencia abunda y se ha hecho más abundante con la IA, ¿qué es lo que se ha vuelto escaso? Brian Albrecht

Prosocialidad, optimismo social y aquiescencia

Margoni, F., Nava, F., Sotis, C. et al., “Stable intuition and the rise of deliberative prosociality in childhood”, Nature Human Behaviour (2026)

Net assets, activos netos en el artículo 80 RDLME

Activo neto y activos netos

La diferencia relevante del nuevo régimen está en el alcance de la responsabilidad

Variaciones en el valor de los 'activos netos' atribuidos a la beneficiaria

En consecuencia,

¿Ya no rige el pacta sunt servanda en derecho español?

El resumen de la IA

El fragmento de la sentencia del Supremo decisivo para el fallo

Juntas falsamente universales: distribución de la carga de la prueba y caducidad de la impugnación de infracciones del orden público societario

Derecho de voto del socio cuyas participaciones se habían transformado, con su consentimiento, en participaciones sin voto

Los Buddenbrook y el conflicto de interés: la regla de la abstención y la defensa del interés social

Citas: la decadencia de Gran Bretaña, de Alemania y de Europa

Breves

La competencia entre derechos de sociedades en Europa ha empezado a funcionar. Basta con que la UE y la Comisión Europea no estorben

Las vías corporativas para remediar pretendidos incumplimientos contractuales

El enforcement de una cláusula de no competencia postcontractual no puede hacerse a través de una acción de competencia desleal

Usura en préstamos hipotecarios extrabancarios

Por Mercedes Ágreda

Imposibilidad de fundar la resolución contractual del art. 1124 CC en el incumplimiento precontractual del deber de información

Por Antonio Cámara

Citas

Breves

El fascismo nacionalista vasco ha sido derrotado, por hoy

Drucker sobre la organización de la actividad económica en el capitalismo

El cólera y el empirismo

La avería gruesa y el derecho natural

El principio básico que subyace a la avería gruesa es la distribución del riesgo:

La contribución del capitán y la valoración del cargamento

La utilización analógica de una regla "justa" para resolver problemas jurídicos muy distantes

La interpretación de la cláusula de un contrato de seguro que excluía la cobertura de la echazón

Guido Rossi, Continuity, legal principles and Roman law. The Case of General Average, 2025

In claris non fit interpretatio y las exclusiones de cobertura en el seguro de D & O

Terminación del contrato de agencia a instancias del agente

La falta de autorización de la junta ex artículo 160 f) LSC no impide la vinculación de la sociedad con terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave por aplicación analógica del art. 234.2 LSC

La sentencia

Comentario

La tesis de Paz-Ares

De esta cuestión me he ocupado en las siguientes entradas

La discusión sobre la naturaleza del negocio jurídico de constitución de una asociación en la dogmática post-codificación

Karl Haff, Institutionen der Persönlichkeitslehre und des Körperschaftsrechts, zugleich ein Lehrbuch zum Personenrecht des BGB und schweizerischen ZGB*, Zúrich, 1918, p. 181 ss.

Hay varias conductas humanas que se desvían del simple egoísmo y que no se explican sino a la luz del compromiso - commitment

Akdeniz A, van Veelen M. The evolution of morality and the role of commitment. Evolutionary Human Sciences. 2021;3:e41. doi:10.1017/ehs.2021.36

Stewart-Williams sobre las políticas de género

La violencia en las relaciones entre hombres y mujeres

no deberíamos caracterizar a ningún sexo por conductas en las que no incurre la mayoría de sus miembros.

Minimizar las diferencias entre hombres y mujeres también puede producir malos resultados

Citas: Hart sobre Bentham, aprendizaje social, filosofía y derecho, teoría y observación empírica, EL PAÍS y la 'cencia' científico-social; la prórroga presupuestaria

Breves

Tommy Blanchard:

La "cencia centífica" de los editoriales de EL PAÍS

Hart sobre Bentham

Karl Haff, *Institutionen der Persönlichkeitslehre und des Körperschaftsrechts, zugleich ein Lehrbuch zum Personenrecht des BGB und schweizerischen ZGB**, Zúrich, 1918, p. 181 ss.