DerechoMercantil

La sociedad anónima vista desde la corporación medieval

2026-10-27T13:05:20.187+01:00

Claussen empieza explicando que "en el principio" se personificó la fundación.

En la Edad Media,existía la tendencia a asociar la universitas rerum con su patrimonio. Esto refleja una mentalidad en la que podía parecer que los bienes tenían intereses propios. En la teoría política, esto encontró una expresión memorable en la teoría de la representación de Hobbes: este argumentaba que «las cosas inanimadas, como una iglesia, un hospital o un puente, pueden ser personificadas por un rector, un maestro o un administrador» En este pasaje, Hobbes parece haber creído sinceramente que las cosas pueden tener intereses propios y llegar a vivir en sociedad con la ayuda de un representante (Brito Vieira, 2009: 154; Runciman, 2000: 272). Los historiadores han argumentado que debió de inspirarse aquí en las fundaciones benéficas medievales destinadas a gestionar «cosas inanimadas», es decir, las universitates rerum de la época (Brito Vieira, 2021: 196; Ribarevic, 2017: 103; Skinner, 2018: 22).

Esto está muy bien porque significa que Hobbes, expresando una concepción de la realidad muy extendida, se dio cuenta de que lo que tendemos a personificar son los patrimonios, no exactamente a los colectivos o grupos de personas y, por tanto, que la función de la personificación es equiparar los patrimonios cuya titularidad no corresponde a un hombre o una mujer con los patrimonios personales de un ser humano.

Añade Claussen que las dos formas corporativas "para actividades sin fin de lucro en los países de derecho continental" que han sobrevivido son la universitas personarum, la agrupación de individuos, es decir, la asociación y la universitas rerum, la fundación. En la segunda solo hay personificación de un patrimonio, lo que implica, como intuyó Hobbes, dotarlo de un representante, esto es, de capacidad de obrar. La capacidad jurídica (la de imputación de derechos y obligaciones patrimoniales) ya la tienen, per se, todos los patrimonios. Si no la tuvieran, ¿cómo podríamos decir que un bien o un derecho 'pertenecen' o 'forman parte' de un patrimonio? Lo que le falta a un patrimonio para ser persona jurídica es la capacidad de obrar (adquirir bienes o derechos, contraer deudas, celebrar contratos, demandar... art. 38 CC).

A continuación, Claussen explica que la asociación y la fundación contemporáneas deberían compararse "con las corporaciones medievales no mercantiles". No tiene mucho sentido, dice con razón, comparar a la asociación o la fundación con la sociedad anónima (la corporación mercantil por excelencia) porque las características de ésta son esenciales para los que invierten su capital, no para los que participan en las actividades de una asociación o para los fundadores o beneficiarios de una fundación.

En efecto, para los inversores, el bloqueo del patrimonio (asset lock-in) y la separación patrimonial (asset-partitioning) eran novedades. En las sociedades colectivas (partnerships), los socios pueden retirar su capital y siguen siendo personalmente responsables.

A Claussen le sobra, a mi juicio, referirse a la responsabilidad limitada.

¿Qué es lo que buscan los que constituyen una asociación o una fundación? Nada de lo anterior. Buscan la sucesión perpetua, o sea, la vida eterna (universitas non moritur), lo que permite mantener unido el patrimonio con independencia de los cambios en los individuos que lo administran y que pueden abandonar la corporación o morirse.

Pero si comparamos con las corporaciones medievales no mercantiles, encontramos continuidad. Harris sostiene que la separación patrimonial ya existía en la época romana y que cierto grado de la misma es inherente a la propia idea de entidad jurídica separada (Harris, 2020b: 255, 294). Esto se relaciona principalmente con la protección del patrimonio de la entidad (entity-shielding). La responsabilidad limitada en el sentido moderno se estableció más tarde, siendo menos relevante para las corporaciones sin fines de lucro medievales. No obstante, también aquí hay principalmente continuidad, ya que el reconocimiento de la personalidad jurídica separada tuvo el efecto de que no existiera responsabilidad jurídica individual para los miembros de estas corporaciones (Harris, 2020a: 645).

Y, a continuación, relaciona la sucesión perpetua con la estabilidad del patrimonio de la corporación. Considera esta estabilidad un rasgo común a todas las corporaciones. Pero su análisis aquí me parece menos preciso:

Por último, el bloqueo del patrimonio también se convierte en un tema destacado en el contexto de las sociedades mercantiles; no se discute explícitamente en relación con las corporaciones medievales. Pero también aquí podemos argumentar que ya está implícito en la titularidad de los activos por parte de la corporación medieval (en contraposición a sus miembros), especialmente a la luz de la existencia perpetua de la corporación (Schwartz, 2012: 776; Stout, 2015: 696). Esta continuidad jurídica tiene sentido, ya que el reconocimiento de los atributos de propiedad resulta ventajoso tanto para las corporaciones comerciales como para las no comerciales. Eliminar la amenaza de retirada de capital o de responsabilidad ante los acreedores personales de los miembros/inversores fortalece la capacidad de la organización para operar como una unidad ante la ley. Como era de esperar, en las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro contemporáneas también encontramos estas características. Estas organizaciones cuentan con «una protección completa del patrimonio de la entidad» (Hansmann et al., 2006: 1338).

Claussen no parece tener en cuenta una diferencia fundamental entre las corporaciones societarias como la sociedad anónima y las corporaciones 'fundacionales' como la asociación y la fundación: los miembros de una sociedad anónima son domini de la corporación y titulares del patrimonio de la sociedad anónima (por eso pueden vender sus acciones y tienen derecho a la cuota de liquidación a la disolución de la SA) y los miembros de una asociación o los fundadores carecen de cualquier derecho patrimonial sobre los bienes que forman el patrimonio de la corporación 'fundacional'. Pero la preocupación de Claussen parece centrarse en que tan personas jurídicas son las sociedades anónimas como las asociaciones o las fundaciones.

(dejo los textos en inglés porque las traducciones que me da la IA me parecen confusas)

The property attributes, then, should not be represented as unique for business corporations, but as being essentially in the same category as the governmental attributes: generic features of all corporate forms. This position is compatible with arguments that these attributes assume a special importance in the context of business activity, making it more attractive for commercially motivated investors to use the corporate form. But at the same time, this position helps us to see more sharply what is really unique for business corporations: their commercial attributes.

Por "commercial attributes" Claussen entiende los derechos de los accionistas sobre el patrimonio de la sociedad anónima pero solo hace referencia al derecho al dividendo (Claussen afirma que es un derecho condicionado a la decisión de repartir por parte de los administradores lo que puede ser verdad en el derecho anglosajón pero no en el derecho continental, donde los accionistas pueden forzar el reparto de dividendos contra la voluntad de los administradores y tienen la competencia para aprobar dicho reparto). Claussen añade que se pueden entregar acciones a quienes no realizan ninguna aportación al capital, pero, de nuevo, esto es un rasgo peculiar de los derechos que carecen de una "doctrina del capital social", - legal capital - como el norteamericano. No de los derechos continentales.

El segundo "commercial attribute" de la sociedad anónima es la libre transmisibilidad de las acciones. Claussen considera que este rasgo convierte al accionista en fungible a la vez que le permite liquidar su inversión sin afectar al patrimonio de la SA.

Dice que "ambos rasgos comerciales eran desconocidos en las corporaciones sin fines de lucro medievales y siguen siéndolo en las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro contemporáneas". Lo cual es muy correcto y lleva inmediatamente a preguntarse por la procedencia de esos dos rasgos específicos de las corporaciones comerciales (business corporations). Y, naturalmente, la única respuesta posible pasa por afirmar que estas corporaciones resultaron, en la Edad Moderna, de la combinación de la corporación medieval con la 'compañía de comercio' o sociedad con ánimo de lucro. Por eso, yo las denomino 'corporaciones societarias'. Claussen es de la misma opinión:

The commercial features were imported from another legal form, the Medieval unincorporated societas (partnership), such as the Italian commenda (Harris, 2020b: 130ff). The innovation of the business corporation lies here: in its ability to distribute profits to investors (while the original contributions would remain—as with non-profits —locked inside the company), and its ability to transfer shares. Over time, the combination of the property attributes with the opportunities to extract value from the company offered by the commercial attributes proved to be an enormous advance over Medieval unincorporated partnerships. we get a shareholder-oriented hybrid for which both logics normally point in the same direction. The purpose of shareholder value maximization is not just socially beneficial; it is what the average shareholder, who is purely financially interested, wants, anyway. Membership reciprocity and societal service are, in this corporate governance regime, aligned. Governance structures reflecting shareholder primacy and the norm of shareholder value maximization reinforce each other

Siendo más precisos, se importaron de la sociedad colectiva, esto es, de la compañía de comercio, no de la societas. Y no de la commenda sino de la sociedad en comandita. Lo primero es lo que ocurrió en la East India Company y lo segundo en la VOC o Compañía de Indias holandesa. Pero la afirmación es correcta como acabo de señalar: la sociedad anónima es producto de la combinación de la corporación medieval y el contrato de sociedad mercantil.

Y la conclusión que extrae también lo es: podemos tener una corporación con personalidad jurídica sin miembros, como es la fundación, es decir, podemos agrupar conceptualmente las universitas personarum y las universitas rerum, porque los miembros de una corporación (sea ésta societaria o fundacional, esto es, sea la corporación una sociedad anónima o una cooperativa o una asociación o una fundación) son esencialmente fungibles y, por tanto, prescindibles para construir la categoría conceptual. Ahora bien, cuando los miembros ostentan derechos sobre el patrimonio de la corporación, debemos atribuirles derechos de control - como ha subrayado Hansmann - para proteger tales derechos frente a la expropiación por parte de los que gestionan el patrimonio.

If the argument above is correct, the problem lies not so much in the fact that a property corporation masks itself as a member corporation (as per Ciepley’s argument), but rather in the fact that the business corporation has a one-sided membership and a one-sided purpose. For a Medieval member corporation, extractive potential was low because the effects of corporate actions fell mainly on its members and third-party effects were relatively insignificant. For the Medieval property corporation, extractive potential was low because the value of its service mandate to outside beneficiaries could not be “tapped” by an extractively motivated membership, since it didn’t have members. For the business corporation as a hybrid, there is a relatively homogeneous member class, and there are (contractual and non-contractual) relations with various classes of outside beneficiaries. This offers extractive opportunities to the membership, and since the outside beneficiaries do not have membership status, but are dependent on the services of the corporation, they are in a vulnerable position.

No es muy exacto afirmar que la corporación societaria - la sociedad anónima - requiere de normas particulares para proteger a los terceros que se relacionan con ella como parece sugerir Claussen al final del párrafo transcrito. Está pensando en la responsabilidad limitada o en la posición de dominio de la corporación en el mercado en el que está presente. Pero ninguna de ambas razones justifica considerar con carácter general que la erección de una corporación societaria es "peligrosa" para los terceros que se relacionan con ella.

Claussen cierra explicando la función social que cumplieron las corporaciones en el Occidente precontemporáneo y la que siguen cumpliendo en una Sociedad liberal con un Estado democrático:

Member corporations and property corporations,” that is,town, guilds, monasteries, and universities was at the basis of modern societies, helping individuals to emancipate from kinship-based (tribal) relationships by providing them with a new set of social arenas where they could associate on a self-chosen basis (Black, 2009; Henrich, 2020), giving rise to new forms of citizenship (Prak, 2018) and representative politics (Stasavage, 2016). Following their accounts, it seems that corporations are a necessary requirement for a liberal society, even if they straddle the public/private divide in the way mentioned above. For corporations to provide (non-tribal) contexts for autonomous action, when—under the right conditions—individuals can voluntarily join and exit. This value of voluntary community is something stressed in accounts of liberal pluralism. Freedom of association is also a part of liberalism, and it needs corporate legal structures (Levy, 2015

Rutger Claassen, The corporation—a return to origins? European Journal of Political Theory, 2026, pp 1–27

La creación de personas jurídicas corporativas por la autonomía privada como producción de efectos cuasi-reales. A propósito de un capítulo de Economía y Sociedad de Max Weber,

2026-10-26T13:01:33.516+01:00

foto: Pedro Fraile
Thomas Raiser sobre Weber

El trabajo de Thomas Raiser, Handelsgesellschaften und politische Verbände in der Rechtssoziologie Max Webers es una reconstrucción de la sociología jurídica de Max Weber a partir de una comparación entre dos formas de organización que Weber consideraba fundamentales para entender la modernidad: las corporaciones mercantiles y las corporaciones políticas. La tesis central de Raiser es que Weber veía en ambas manifestaciones de un mismo fenómeno histórico más amplio: la racionalización de la acción colectiva. El desarrollo del capitalismo moderno y el desarrollo del Estado moderno responden, según Weber, a la misma lógica de organización racional.

Raiser comienza mostrando que, para Weber, la corporación mercantil (la SA) no debe entenderse simplemente como una institución económica. Su interés reside en que constituye un mecanismo jurídico que permite organizar de forma estable la cooperación entre individuos para la persecución de fines comunes. La corporación societaria crea una estructura de poder, atribuye competencias, distribuye riesgos y establece procedimientos de toma de decisiones. Por ello Weber la considera una institución, una corporación de base personal (Verband) y no simplemente un contrato.

Una corporación es una organización social dotada de reglas internas y de órganos capaces de aplicarlas.

Desde esta perspectiva, una corporación mercantil y una corporación política pertenecen a la misma categoría general. Lo que las diferencia no es su estructura básica sino los fines que persiguen y, sobre todo, el tipo de dominación que ejercen.

Weber describe las diferencias entre las sociedades mercantiles o compañías de comercio y las corporaciones mercantiles que surgen en la Edad Moderna (la sociedad anónima básicamente). Weber observa que las formas antiguas y medievales estaban fuertemente vinculadas a las personas de los socios. Los derechos y obligaciones dependían de relaciones personales de confianza, parentesco o pertenencia a grupos concretos. El capitalismo moderno, sin embargo, exige organizaciones que puedan subsistir con independencia de las personas concretas que participan en ellas. El desarrollo de las sociedades anónimas representa para Weber el ejemplo más acabado de este proceso.

Raiser subraya que la gran aportación de Weber consiste en relacionar esa evolución con transformaciones paralelas del Estado. Del mismo modo que las corporaciones mercantiles se independizan de las personas concretas de los socios, las organizaciones políticas modernas se independizan de quienes ocupan temporalmente los cargos públicos. Surge así una administración estable, regida por reglas impersonales y competencias definidas. El funcionario moderno desempeña respecto del Estado un papel análogo al del administrador profesional respecto de la gran sociedad mercantil.

El concepto que permite comprender este paralelismo es el de dominación legal-racional (legale Herrschaft). Tanto la corporación mercantil como el Estado moderno descansan sobre formas de autoridad basadas en normas abstractas y competencias formalmente definidas. La obediencia ya no se debe a una persona concreta, ni a una tradición, ni a un vínculo carismático, sino a un orden normativo (reglas). Weber considera que ésta es una característica definitoria de la modernidad occidental.

O sea, Weber pone en el centro de la explicación de las interacciones políticas e interacciones económicas impersonales a la corporación. Cuando se necesita escalar y racionalizar esas interacciones, el recurso a la corporación se vuelve mucho más eficaz que las relaciones de dominación premodernas. Hoy, se puede decir con tranquilidad, que esta visión de Weber de la corporación y su capacidad para organizar históricamente toda la acción colectiva (económica y política) en Europa Occidental es 'doctrina dominante'.

La personalidad jurídica (corporativa) en Weber

Aunque podría parecer lo contrario, Weber tiene una concepción de la personalidad jurídica más cercana a las doctrinas patrimonialistas que a las orgánicas - à la Gierke - o incluso a las analíticas - à la Kelsen -. Para las doctrinas patrimonialistas, una persona jurídica es un patrimonio separado y organizado, esto es, dotado de reglas sobre cómo se toman decisiones respecto del patrimonio, y dotado de capacidad jurídica y de obrar, esto es, se le pueden imputar derechos y obligaciones y puede adquirir bienes y contraer deudas). Dice Raiser:

Para una organización que no posee patrimonio propio, la personalidad jurídica propia resulta completamente superflua. También resulta inadecuada, para aquellas sociedades que por su propia naturaleza comprenden un número reducido de partícipes y tienen una duración limitada en el tiempo, la separación absoluta entre la esfera jurídica del individuo y la de la colectividad que va asociada a la figura de la persona jurídica. Dado que la solvencia específica de tales sociedades descansa ciertamente también en la existencia de un patrimonio separado, pero sobre todo en la responsabilidad de todos los partícipes por las deudas de la colectividad, la atribución de personalidad jurídica les perjudicaría desde el punto de vista crediticio. También suele ser inconveniente crear para ellas órganos especiales de representación. En lugar de ello, para tales sociedades resulta adecuado el principio de la Gesamthand (patrimonio en mano común), principio que, según Weber, «al menos en el pasado era conocido de algún modo por la mayoría de los ordenamientos jurídicos».

Característico de este sistema es que la legitimación para actuar mediante negocios jurídicos corresponde bien a todos los miembros conjuntamente, bien a la facultad de representación individual, ya sea de todos ellos o de determinados miembros; asimismo, todos responden con su persona y con su patrimonio. En términos modernos, esto significa autorganización mediante órganos propios (Selbstorganschaft) y responsabilidad personal solidaria de todos los miembros. Originalmente, el concepto de personalidad jurídica está unido a la idea de una autonomía jurídica también frente al Estado. Sólo cuando esa autonomía jurídica propia es absorbida en favor del monopolio estatal de creación del Derecho surge la pretensión del Estado de conceder a las organizaciones la capacidad jurídica y, con ella, derechos subjetivos.

Pero, para Weber, el núcleo del concepto de corporación se encuentra en la estructura orgánica, en la organización de las competencias. Lo decisivo es quién puede decidir, en nombre de quién actúa y cómo se atribuyen jurídicamente esas actuaciones. O sea, las reglas para tomar decisiones sobre el patrimonio separado.

La creación de personas jurídicas corporativas por la autonomía privada como creación de efectos cuasi-reales

En la parte correspondiente de Economía y Sociedad, (p 532 ss. especialmente, 548 ss), Weber se ocupa específicamente de la innovación jurídica a través de la autonomía privada. Utiliza para exponer su tesis el principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC).

Weber distingue entre dos formas en las que los negocios jurídicos pueden afectar a terceros. La primera consiste en los llamados «efectos reflejos». Casi cualquier contrato produce consecuencias indirectas sobre personas que no son parte en él. Si alguien contrae una deuda, los acreedores anteriores ven empeorada su posición porque ahora han de concurrir sobre los bienes de su deudor con el nuevo acreedor; si se vende un inmueble, los vecinos pueden verse afectados por el uso que el nuevo propietario haga de la finca (más ruidoso, más intenso). Sin embargo, en estos casos las reglas jurídicas aplicables siguen siendo las mismas: simplemente cambia la situación económica creada por la actuación de las partes.

La segunda forma de afectación se produce cuando la libertad contractual permite crear situaciones jurídicas que modifican el régimen jurídico aplicable no sólo a las partes, sino también a terceros. Cuando alguien se convierte en esclavo, cuando una mujer entra bajo la autoridad marital, cuando se constituye un fideicomiso o cuando varias personas forman una sociedad anónima ciertas personas o ciertos bienes pasan a quedar sometidos a un conjunto especial de reglas distintas de las que antes les resultaban aplicables que altera las expectativas y la posición jurídica de quienes se relacionan con ellos.

Weber utiliza el caso de la sociedad anónima y sus normas de protección del capital social. Según Weber el significado de estas reglas es que una parte del patrimonio social debe considerarse jurídicamente reservada en beneficio de los acreedores y de los futuros accionistas. La cifra de capital actúa como cifra de retención (art. 273 LSC) y se aplica la regla "aumenta el capital o liquida".La referencia a los futuros accionistas es discutible como se verá inmediatamente.

Pero lo que interesa a Weber es utilizar la SA como ejemplo de

cómo la autonomía privada puede crear personas jurídicas, y cómo esto supone que
mediante la autonomía privada se generan reglas que tienen efectos frente a personas que nunca participaron en el acuerdo originario.

En realidad, parece que Weber está simplemente reconociendo que la capacidad de los particulares de crear personas jurídicas corporativas supone un salto cualitativo en la expansión de la autonomía privada.

Obsérvese que, en relación con la sociedad anónima, dice que su constitución afecta a terceros porque

los acreedores deben aceptar la limitación de responsabilidad de los accionistas;
los futuros adquirentes de acciones quedan sometidos a las reglas societarias;
los administradores ejercen poderes reconocidos frente a terceros.

Como he explicado en muchas ocasiones, ni los acreedores "aceptan" la responsabilidad limitada de los accionistas (no tenían pretensiones contra ellos en primer lugar), ni los efectos sobre los futuros adquirentes de acciones son tales. El nuevo accionista se adhiere al contrato de sociedad de sus coaccionistas y caveat emptor. En cuanto al poder de los administradores, Weber parece aceptar la "teoría orgánica" de la representación de los administradores (ilimitada e ilimitable, a diferencia de su concepción como un mandato colectivo de los socios).

Pues bien, una vez rebajados los efectos exorbitantes, lo que nos queda de los efectos sobre terceros de la constitución de una corporación societaria como la sociedad anónima es - en esto tiene razón Weber - la separación patrimonial, la personificación del patrimonio separado y la organización corporativa del mismo. Los terceros han de pasar por la creación de un sujeto de derecho con patrimonio propio y distinto del de los miembros de la corporación que está administrado por el órgano de administración de la corporación y por nadie más y que la voluntad de ese sujeto de derecho se expresa por sus órganos. Se sigue la aplicación a la SA de las reglas sobre responsabilidad y sucesión patrimonial que se aplican a los patrimonios de los individuos.

Weber se dio cuenta, pues, de que incluir en la autonomía privada la capacidad para constituir corporaciones, esto es, sujetos de derecho dotados de órganos ocupados por individuos producía efectos que podríamos llamar "cuasi-reales".

O dicho de otra forma: se estaba flexibilizando el principio de eficacia relativa de los contratos o, en sentido inverso, flexibilizando la prohibición a los particulares de crear derechos reales con eficacia erga omnes. Los particulares no pueden crear derechos reales pero pueden crear sujetos de derecho con vida eterna (sucesión perpetua), capacidad y responsabilidad patrimoniales. Y esos nuevos sujetos de derecho "cambian el mundo" para todos los que participan en el tráfico jurídico e interactúan con ellos.

¿Cómo surgen las innovaciones jurídicas?

La otra idea interesante de Weber en este apartado es cómo se produce la innovación jurídica. Él no lo expresa así. Lo analiza desde el punto de vista de los límites a la autonomía privada (los ordenamientos jurídicos antiguos y modernos deciden cuáles de esas construcciones jurídicas admiten y cuáles rechazan) como si todas las instituciones jurídicas tales como las sociedades de capital, los títulos a la orden o al portador, la libre cesión de créditos o determinadas formas de gravamen perpetuo sobre bienes estuvieran "ahí" para ser reconocidas o no por el Derecho. O sea, que el Derecho Romano no reconoció la letra de cambio, no porque no se hubiera inventado, sino porque no le pareció necesario o conveniente.

Lo que creo que quería decir Weber es que las innovaciones jurídicas constituyen auténticas innovaciones (no tecnológicas, pero innovaciones) y que, para que el Derecho las incorpore, se tienen que inventar por los particulares en primer lugar. No basta con que haya una necesidad de la letra de cambio, por ejemplo, para que se invente (recuérdese que Montesquieu dijo que era el invento más importante de la Historia la letra de cambio. En L'Esprit des lois sostiene que el comercio adquirió una libertad desconocida cuando los comerciantes pudieron transferir riqueza mediante papel en lugar de mover oro o plata). Las circunstancias económicas crean demanda de instituciones jurídicas, pero no producen por sí mismas las herramientas jurídicas necesarias para satisfacerla.

Y aquí es donde brilla el genio de Weber: ¿qué entornos hacen más probable que surjan instituciones jurídicas innovadoras que aceleren el crecimiento económico y promuevan el comercio? Weber compara la Edad Antigua - Roma - con la Edad Media. Y dice que muchas instituciones especialmente adaptadas al capitalismo moderno proceden no del Derecho romano, sino del Derecho medieval. Aunque el Derecho romano poseía una racionalidad lógica superior, el Derecho medieval proporcionó ciertos esquemas técnicos extraordinariamente útiles para la vida mercantil. Entre ellos menciona la concepción del documento como portador del derecho (la 'incorporación' de los derechos a los títulos-valor), la responsabilidad solidaria de numerosos grupos sociales y la frecuente constitución de patrimonios separados o patrimonios de afectación, esto es, la 'invención de la corporación', de las personas jurídicas y su aplicación - ya en la Edad Moderna - a las compañías mercantiles.

Weber dice que esta aparente paradoja (un derecho más racional y técnico como el romano no innovó tanto como el derecho canónico y los diversos y fragmentados derechos que proliferaron en la Edad Media en Europa Occidental como ha explicado inmejorablemente Harold Berman en Law and Revolution) tiene una explicación convincente. Una mayor racionalización jurídica no siempre aumenta la riqueza de soluciones disponibles. El racionalismo jurídico puede incluso empobrecer el repertorio de formas jurídicas cuando somete toda innovación al requisito de ser construible dentro de un sistema conceptual muy elaborado.

El Derecho medieval, menos racionalizado desde el punto de vista lógico, disfrutaba a veces de una mayor capacidad de experimentación institucional gracias a su fragmentación. Lo que no dice Weber - lo dirá Berman sesenta años después - es que en el Derecho Medieval, la fragmentación no implicó incomunicación entre los distintos 'derechos' gracias, por un lado a la Iglesia y el invento del Derecho Canónico y, por otro, a la recuperación del Digesto y el renacimiento del Derecho Romano que sirvió de base intelectual para las discusiones, por los juristas medievales, de los problemas jurídicos de su época. En la Edad Moderna el proceso culminó gracias a los juristas-teólogos y a la 2ª Escolástica con la 'fusión' entre el derecho de los mercaderes y sus innovaciones contractuales y la construcción institucional basada en una teoría de la justicia impregnada del Cristianismo y el Derecho privado romano.

Weber dice mucho más y útil para construir una teoría de por qué el Derecho tiende a la justicia. Por ejemplo, el concepto de obligación no surge en el ámbito de los contratos - de los intercambios - porque el contrato obligatorio tardó muchísimo en ocupar una posición relevante en los derechos occidentales. Los intercambios lo eran de la posesión de cosas o de dinero. Todas las "obligaciones", sin excepción, eran originariamente "obligaciones provenientes del delito" (de haber causado un daño injusto). Weber nos habla de que "todavía durante la Edad Media, en Inglaterra (las) obligaciones contractuales eran enlazadas a delitos ficticios" y ni siquiera se podían explicar las obligaciones - responsabilidad - del heredero respecto de las deudas del causante hasta que no se "inventó" que podía sucederse en la condición de deudor:

"La responsabilidad del heredero por deudas de origen contractual de su causante sólo pudo construirse gracias a la admisión de la responsabilidad solidaria de los miembros del mismo clan, primeramente: luego de los miembros de la comunidad doméstica, y de los súbditos o los dueños del poder.

La protección del adquirente de buena fe frente al verus dominus (hand-wahre-hand, 464 CC) "derivó directamente de la regla fundamental según la cual sólo se tenía una acción ex delicto contra el ladrón o el encubridor". O sea, que se remitía al verdadero dueño a que reclamara al ladrón que le había robado, negándole acción frente al poseedor de la cosa que la había adquirido - la posesión - de buena fe.

La sociedad unipersonal en formación

2026-10-24T21:47:46.043+02:00

foto: Pedro Fraile

El follón alemán con la personalidad jurídica y la comunidad en mano común alcanza el paroxismo cuando un autor se pregunta por la naturaleza jurídica de la sociedad unipersonal en formación. Que no estamos ante un contrato de sociedad debería ser evidente porque no hay pluralidad de partes. El negocio jurídico, pues, por el que un individuo constituye una sociedad unipersonal no puede calificarse como contrato. Es una suerte de negocio jurídico fundacional semejante a la dotación fundacional que constituye una una fundación. Y semejante también al negocio jurídico a través del cual se constituye una asociación. Cuando el socio único aumenta capital, por ejemplo, y las nuevas participaciones las suscriben terceros, la sociedad unipersonal se "transforma" en un contrato de sociedad. Hay sociedad desde el aumento de capital. Con la sociedad unipersonal, Europa continental aproximó mucho su sistema de creación de personas jurídicas (incorporation) al sistema americano.

En cuanto al régimen jurídico concreto de la sociedad unipersonal en formación es, en principio, el general de la sociedad en formación. Hay que designar administrador, el propio socio único puede autodesignarse etc.

Lo que se preguntan los autores es si una SLU en formación - antes de la inscripción - tiene personalidad jurídica o no. Nadie duda ni en Alemania ni en España que una sociedad en formación tiene personalidad jurídica. ¿Pero la tiene también la unipersonal? Karsten Schmidt dice que sí. y Merkt nos cuenta que hay otra opinión - quizá mayoritaria - que sostiene que no. Que la SLU en formación no es persona jurídica sino "un patrimonio separado", o sea, un Sondervermogen. En derecho alemán hay tres patrimonios separados que no se consideran, sin embargo, personas jurídicas: la herencia yacente, el patrimonio conyugal y el patrimonio de la sociedad en formación.

De manera que para la doctrina mayoritaria, que se trate de una sociedad unipersonal o pluripersonales irrelevante. En ninguno de los dos casos hay personalidad jurídica. Esto significa que los bienes aportados por el socio único quedan separados del patrimonio privado del fundador, pero siguen jurídicamente atribuidos a éste. Los defensores de esta teoría consideran que sólo el legislador puede crear nuevos sujetos de Derecho y que la simple existencia de una masa patrimonial separada no basta para generar personalidad jurídica. Sin embargo, el propio lenguaje utilizado por esta doctrina revela ciertas tensiones, porque con frecuencia habla de «sociedad en formación» y de «patrimonio social» pese a negar la existencia de un sujeto autónomo.

En los derechos latinos, con una concepción más simple de la personalidad jurídica (que no la confunde con la corporación) la tesis de Karsten Schmidt parece perfectamente aceptable: la SLU en formación tiene personalidad jurídica. Se aplica, claro, la doctrina de la irregularidad (porque se trata de una sociedad no inscrita. Dice Merkt que la tesis de Schmidt explica mejor que la del patrimonio separado qué ocurre con las aportaciones. Según la teoría de la personalidad parcial, la aportación se efectúa mediante una auténtica transmisión patrimonial a la sociedad en formación. Según la teoría del patrimonio separado, en cambio, no existe una transmisión propiamente dicha, sino una afectación o segregación de los bienes dentro del patrimonio del fundador. Merkt considera que sólo la primera explicación proporciona una fundamentación plenamente satisfactoria desde el punto de vista dogmático, aunque advierte que ambas teorías exigen en la práctica actos externos inequívocos que hagan visible la separación patrimonial.

Donde Merkt encuentra una pega a la tesis de K Schmidt es en el caso de que, finalmente, la inscripción fracase, si entendemos que la SLU en formación tiene personalidad jurídica, habría que liquidarla (hablar de disolver la SLU es un poco ridículo porque se disuelven los vínculos y se liquidan los patrimonios, y en la SLU no hay ningún vínculo que 'desatar') mientras que si solo decimos que es un 'patrimonio separado' dentro del patrimonio general del socio único, simplemente lo que ocurre es que el patrimonio separado se extingue una vez que la inscripción fracasa, esto es, se produce el supuesto de hecho - entre nosotros - del artículo 39 LSC. La tesis del patrimonio separado tiene una ventaja: desaparece simplemente la afectación patrimonial y los bienes vuelven al patrimonio ordinario del fundador. La teoría de la capacidad jurídica parcial, en cambio, debería exigir lógicamente una liquidación de la entidad. Sin embargo, sus defensores suelen llegar también a la solución práctica de la extinción automática y el retorno de los bienes al fundador, lo que Merkt considera difícil de conciliar con la afirmación previa de una verdadera personalidad jurídica autónoma.

Pero la objeción no es muy fuerte. La liquidación solo se exige cuando se extingue una persona jurídica sin sucesión. Porque no puede haber patrimonios sin titular. Ocurre en la herencia: el causante desaparece, pero su patrimonio pasa al heredero. Ocurre en la fusión por absorción: la sociedad absorbida desaparece, pero su patrimonio pasa a la absorbente sin liquidación. Ocurría tradicionalmente en la sociedad colectiva cuando todos los derechos sociales se concentraban en un único socio y éste sucedía universalmente a la sociedad. Por tanto, hay que entender que si la inscripción fracasa, el socio único debería poder optar por la liquidación pero, dado el tenor del artículo 39 LSC, habría que concluir que la sucesión de la SLU en formación por el socio único se produce ope legis.

Hanno Merkt, Die Einpersonen-Vor-GmbH im Spiegel der rechtswissenschaftlichen Diskussion, en Festschrift Karsten Schmidt, 2009

Liberbank renuncia al resto del principal y los intereses que puedan adeudarse en la actualidad, liberando al deudor principal y a los fiadores solidarios de toda responsabilidad por la deuda indicada»

2026-10-22T10:27:20.951+02:00

foto: Pedro Fraile

Con IA

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 1537/2026, de 1 de octubre de 2026 (STS 4014/2026).

La cuestión litigiosa consiste en determinar si un avalista quedó liberado de una deuda porque el banco acreedor había aceptado una operación de dación en pago dentro de un contexto concursal, o si, por el contrario, esa operación nunca llegó a perfeccionarse y el banco conservaba íntegramente sus acciones frente al fiador.

Los hechos parten de unos préstamos concedidos por Liberbank (posteriormente integrada en Unicaja Banco) a varias sociedades. El demandado, identificado en la sentencia como Eloy, había afianzado personalmente esas obligaciones. Las sociedades deudoras entraron en concurso y, en ese contexto, se negoció una solución consistente en que el banco aceptara determinados inmuebles y derechos en pago de la deuda.

El elemento central del litigio es una oferta vinculante firmada por las partes. En ella se establecía que la deuda quedaría satisfecha mediante la adquisición por el banco de determinados bienes tasados, y se añadía una cláusula particularmente relevante: «Liberbank renuncia al resto del principal y los intereses que puedan adeudarse en la actualidad, liberando al deudor principal y a los fiadores solidarios de toda responsabilidad por la deuda indicada». La oferta también contenía una condición según la cual las sociedades concursadas debían obtener la correspondiente autorización judicial para la venta de los activos en el procedimiento concursal.

El avalista ejercitó una acción declarativa sosteniendo que la deuda había quedado extinguida y que, por tanto, había sido liberado de su fianza. Tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Cáceres le dieron la razón. Ambos órganos entendieron sustancialmente que, con la firma del acuerdo, el crédito había quedado satisfecho mediante la dación en pago prevista y que la cláusula liberatoria producía efectos respecto del fiador.

La Audiencia sostuvo expresamente que «con la firma de dicho documento, el crédito derivado del préstamo, avalado por el demandado, quedó saldado» y que el avalista había quedado «extinguido y liberado de toda responsabilidad». Asimismo rechazó la tesis del banco según la cual era necesaria una autorización judicial previa a la junta de acreedores. Razona que esa exigencia temporal no figuraba en la oferta vinculante y que la referencia a la autorización judicial «en el marco de los procedimientos concursales» comprendía las distintas fases del concurso.

Unicaja Banco recurrió en casación. La tesis del banco era que la eficacia del acuerdo estaba sometida a una condición que nunca llegó a cumplirse en los términos exigidos. Según esta posición, la transmisión de los bienes no llegó a perfeccionarse adecuadamente y, por ello, tampoco podía considerarse extinguida la deuda ni liberado el fiador.

El Tribunal Supremo centra su análisis en la interpretación de la oferta vinculante y en el verdadero significado de la cláusula condicional. La Sala considera que la Audiencia Provincial interpretó correctamente el documento contractual. Entiende que la exigencia de autorización judicial no constituía una condición en el sentido defendido por el banco, esto es, una exigencia de autorización previa a la junta de acreedores cuya falta impidiera el nacimiento de los efectos pactados. La referencia contractual era más amplia y estaba vinculada al desarrollo de los procedimientos concursales en los que se insertaba la operación. La sentencia concede gran importancia a la literalidad del propio acuerdo. La oferta no sólo identificaba los activos que se entregaban para cancelar la deuda, sino que contenía una declaración expresa de renuncia al resto del crédito y de liberación de los deudores y fiadores. Para la Sala, esa redacción revela de manera inequívoca la voluntad negocial alcanzada por las partes.

Otro aspecto importante del razonamiento es que el Tribunal rechaza la reconstrucción posterior del contrato efectuada por el banco. La interpretación que éste pretendía introducir en casación, basada en una supuesta condición temporal previa a la junta de acreedores, no encontraba apoyo suficiente ni en el texto de la oferta vinculante ni en la forma en que el litigio se había planteado inicialmente.

La Sala desestima los tres motivos de casación. Considera que no se produjo la infracción de las normas sobre obligaciones condicionales, que la interpretación contractual realizada por la Audiencia es jurídicamente correcta y que tampoco puede prosperar el argumento relativo a la consumación del contrato y a la teoría del título y el modo.

La conclusión de la sentencia es que el acuerdo alcanzado tuvo eficacia liberatoria. El crédito quedó satisfecho en los términos pactados mediante la operación de dación en pago prevista en la oferta vinculante, y el fiador quedó liberado de responsabilidad. Por ello, el Tribunal Supremo confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial y desestima el recurso de casación interpuesto por Unicaja Banco.

Pueden inscribirse los acuerdos adoptados por una junta de una sociedad limitada cuyo socio único había fallecido pocos días antes, sin que se hubiera liquidado la sociedad de gananciales ni tramitado todavía la sucesión.

2026-10-22T10:07:50.528+02:00

foto: Pedro Fraile

Resolución de la DGSJFP de 16 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026)

La resolución aborda si pueden inscribirse los acuerdos adoptados por una junta de una sociedad limitada cuyo socio único había fallecido pocos días antes, sin que se hubiera liquidado la sociedad de gananciales ni tramitado todavía la sucesión. El registrador había rechazado la inscripción porque entendía que, para ejercitar los derechos de socio, era necesario acreditar previamente quiénes eran los herederos mediante el correspondiente título sucesorio y justificar adecuadamente la transmisión de las participaciones.

La DGSJFP estima el recurso y revoca esa calificación.

Los hechos son sencillos. El socio único y administrador único de Mármoles Orfemar, S.L.U. falleció siendo titular ganancial de todas las participaciones. Pocos días después comparecieron la viuda y los dos hijos conocidos del causante y documentaron acuerdos por los que se tomaba razón del fallecimiento del administrador, se modificaba el sistema de administración y se nombraban dos administradores solidarios. Además, afirmaban que las participaciones habían quedado integradas en la comunidad postganancial surgida tras la muerte del socio y que dicha comunidad había designado a la viuda para el ejercicio de los derechos de socio conforme al artículo 126 LSC.

La recurrente construye una argumentación extensa basada en la distinción entre la comunidad hereditaria y la comunidad postganancial. Sostiene que no se había producido aún una transmisión individualizada de las participaciones a herederos concretos, porque ni se había liquidado la sociedad de gananciales ni se había partido la herencia. Por tanto, no tenía sentido exigir la acreditación completa de la sucesión para permitir el funcionamiento de la sociedad. Lo relevante era que existía una masa patrimonial común titular del paquete de participaciones y que, conforme al artículo 126 LSC, había designado una persona para el ejercicio unitario de los derechos sociales. La recurrente invoca especialmente la idea de que dicho precepto pretende evitar que los conflictos internos de una comunidad de titulares paralicen la vida social.

La DGSJFP no basa su decisión en toda esa construcción dogmática sobre la comunidad postganancial. Su razonamiento es más directo y se apoya en su doctrina previa sobre la constitución de las juntas generales y el alcance de la calificación registral. Recuerda que la legitimación para asistir y votar corresponde a quien ostenta la titularidad de las participaciones y que corresponde al presidente de la junta apreciar quién está legitimado para participar en ella. También recuerda que el registrador no está absolutamente vinculado por las declaraciones del presidente, pero sólo puede desconocerlas cuando exista una situación objetiva de conflicto o contradicción patente que impida tener por válidamente constituida la junta. Cita como ejemplos juntas contradictorias, libros registro incompatibles, listas de asistentes discrepantes o privaciones arbitrarias del derecho de voto.

En las sociedades anónimas se está a sus propias normas reguladoras en el supuesto de acciones nominativas (artículo 116), o representadas por anotaciones en cuenta (artículo 118.3).Por otra parte, se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes a la junta general (artículos 191, 192 y 193), para lo que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros y que pueden ser tanto estimatorias como desestimatorias (como ocurre a la hora de apreciar la existencia de representación de socios u otras circunstancias similares). El Centro Directivo tiene declarado en una dilatadísima doctrina (vid., por todas, la Resolución de 29 de noviembre de 2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la junta, lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de la condición de socio –o de representante del mismo, como ocurre en caso del presente recurso–, declaración frente a la que pueden hacerse reservas o protestas (artículo 102.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil). Asimismo, compete al presidente la declaración sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar (artículo 102.1.4.ª del citado reglamento).

No obstante, también es doctrina reiterada del citado Centro Directivo que, aun cuando en principio el presidente de la junta es la persona llamada a declarar válidamente constituida la misma, determinando qué socios asisten a ella presentes o representados y cuál es su participación en el capital social, así como proclamar el resultado de las votaciones de suerte que las manifestaciones u observaciones de los asistentes recogidas en la propia acta no pueden tener a efectos registrales el mismo valor que aquéllas, ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (cfr. Resoluciones de 9 de enero de 1991, 13 de febrero de 1998, 31 de marzo de 2003 y 5 de agosto de 2013).

De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradictoria con la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse. Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (Resolución de 20 de diciembre de 2012), o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (Resolución de 29 de octubre de 1999) o dos libros registros diferentes (Resolución de 13 de febrero de 1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho de voto (Resolución de 24 de octubre de 2016); y también cuando se prescinde de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido mientras no se haya consumado el ejercicio por los socios sobrevivientes del derecho de adquisición preferente establecido en su favor por los estatutos (Resolución de 23 de julio de 2019), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de válida constitución de la junta.

La junta quedó constituida con la asistencia de las personas que agotaban la totalidad de los intereses correspondientes a las participaciones sociales. Añade que incluso designaron un representante a los efectos del artículo 126 LSC, aunque ello ni siquiera era imprescindible para resolver el caso. A partir de ahí afirma de forma categórica: «No existe motivo alguno para entender que la junta general no se haya debidamente constituida».

La razón decisiva es que las participaciones sociales no son objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Por ello, la regularidad de su transmisión no forma parte, con carácter general, del ámbito de calificación del registrador. La resolución afirma expresamente: «No siendo objeto de inscripción en el Registro Mercantil las participaciones sociales (artículo 22.2 del Código de Comercio), la regularidad de su transmisión no es objeto de calificación por el registrador». En consecuencia, el registrador no podía denegar la inscripción de los acuerdos sociales exigiendo la acreditación de la correcta transmisión de las participaciones o de los derechos derivados de ellas.

Los poderes del presidente de la junta es una materia que merecería un trabajo monográfico (v., El presidente de la Junta, Almacén de Derecho, 2018; Op Ed: La facultad de proclamar adoptado un acuerdo y la carga de impugnarlo, Almacén de Derecho, 2021; La paradoja de Condorcet y los poderes del presidente de la junta, Derecho Mercantil, 2023; Los poderes del presidente de la junta para comprobar la regularidad de las representaciones para asistir, Derecho Mercantil, 2021; Representación para asistir a la Junta: abusa de su posición el presidente de la Junta que niega la legitimación a sabiendas de que es el representante legal del socio, Derecho Mercantil, 2013; Las facultades del presidente de la Junta de socios y los efectos sobre la impugnación de los acuerdos; Potestades del presidente de la Junta y potestades del registrador mercantil, Derecho Mercantil, 2017; La comunidad hereditaria como socio y el control de la asistencia a la Junta por el registrador mercantil, Derecho Mercantil, 2015; Javier Megías, El presidente del consejo de administración, Fernando Marín de la Bárcena, Formación y eficacia de los acuerdos sociales; 2008; Mónica Fuentes Naharro, Análisis jurídico de la figura del presidente de la junta general de las sociedades de capital, Actualidad jurídica Aranzadi, ISSN 1132-0257, Nº 960, 2020, págs. 12-12

El Tribunal Supremo avala negar las costas cuando el consumidor fragmenta artificialmente sus acciones para multiplicar las condenas en costas.

2026-10-21T14:12:13.976+02:00

Foto: Pedro Fraile

STS 1599/2026, de 9 de octubre de 2026 (Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo).

(resumen con IA)

La sentencia decide si constituye un uso abusivo del proceso que un consumidor divida en varias demandas las acciones de nulidad relativas a distintas cláusulas de un mismo contrato cuando todas ellas podían haberse acumulado en un único procedimiento. El litigio no versa ya sobre la nulidad de la cláusula de intereses de demora, que fue declarada abusiva en la primera instancia, sino exclusivamente sobre las costas procesales.

Los hechos son relativamente simples. La demandante interpuso el mismo día dos demandas referidas al mismo préstamo hipotecario suscrito en 2005. En una solicitó la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura y cesión del crédito; en otra, la nulidad de la cláusula de intereses moratorios. Esta segunda cláusula nunca había sido aplicada porque la prestataria nunca había incurrido en mora. En el procedimiento objeto de la sentencia, el juzgado declaró abusiva la cláusula de intereses de demora, pero no impuso las costas al banco porque apreció un uso abusivo del procedimiento. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión, entendiendo que la división del litigio en dos procedimientos era artificial y estaba dirigida a obtener una doble condena en costas.

La Audiencia utilizó expresiones particularmente severas. Consideró que existía una «división innecesaria y artificiosa e injustificada del contrato de préstamo en compartimentos por cláusulas» y que la finalidad perseguida era «lograr una imposición de costas». Llegó incluso a afirmar que la acción se había ejercitado «con el único y exclusivo fin de generar un crédito, las costas».

En casación, la demandante alegó la infracción de las normas procesales sobre costas y de la jurisprudencia europea relativa a la protección de los consumidores, sosteniendo implícitamente que, una vez declarada abusiva una cláusula contractual, la entidad predisponente debía soportar las costas del procedimiento.

Antes de entrar en el fondo, el Tribunal rechaza plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Razona que ya existe una jurisprudencia abundante y consolidada acerca del abuso de derecho y del fraude procesal, incluso en litigios de consumo, por lo que no resulta necesaria una nueva consulta. Además, entiende que la controversia no plantea una duda interpretativa general sobre el Derecho de la Unión, sino la valoración concreta de una conducta procesal específica.

La tesis central de la sentencia es que la fragmentación artificial de acciones acumulables con el único objetivo de multiplicar las condenas en costas puede constituir abuso de derecho y abuso del proceso. El Tribunal describe un fenómeno asociado a la litigación masiva: la presentación de una demanda por cada cláusula potencialmente abusiva de un mismo contrato para obtener varias condenas en costas donde bastaría un único procedimiento. A su juicio, cuando no existe una justificación objetiva para esa separación, el proceso deja de servir primariamente a la tutela judicial y pasa a utilizarse como instrumento para generar rendimientos económicos derivados de las costas.

La sentencia insiste en que la conducta debe valorarse atendiendo a las circunstancias concretas del caso. No proclama una regla general según la cual toda falta de acumulación de acciones sea abusiva. Expresamente afirma que «el solo hecho de no acumular determinadas acciones no constituye per se una actuación abusiva o de mala fe». Lo decisivo es la ausencia de una razón objetiva que justifique la separación y la existencia de indicios de que la finalidad perseguida es exclusivamente la obtención de varias condenas en costas.

Para llegar a esa conclusión, el Tribunal destaca varios elementos. En primer lugar, ambas demandas fueron presentadas simultáneamente. En segundo lugar, todas las pretensiones eran perfectamente acumulables. En tercer lugar, la jurisprudencia existente ya garantizaba que una eventual estimación parcial de la demanda acumulada no impediría una condena en costas al banco. En cuarto lugar, la cláusula de intereses moratorios nunca se había aplicado. Finalmente, se fijó en esta demanda una cuantía de 48.688 euros, correspondiente al máximo garantizado hipotecariamente por intereses de demora, cifra que el Tribunal considera exagerada y desconectada del interés económico real del litigio.

Una parte importante del razonamiento está dedicada a explicar la función de las costas. El Tribunal recuerda que no constituyen una sanción, sino un mecanismo de compensación destinado a restituir a la parte vencedora los gastos necesarios para litigar. En materia de consumo cumplen además una función disuasoria frente al uso de cláusulas abusivas. Sin embargo, la sentencia subraya que esa finalidad no justifica convertir las costas en una fuente autónoma de beneficio económico mediante la multiplicación innecesaria de procedimientos.

El Tribunal examina extensamente la jurisprudencia del TJUE sobre abuso de derecho. Recuerda la doctrina según la cual los particulares no pueden prevalerse «de manera fraudulenta o abusiva de las normas jurídicas del Derecho de la Unión» y que los tribunales nacionales pueden negar los beneficios derivados de dichas normas cuando, atendiendo a elementos objetivos, se constate un comportamiento abusivo incompatible con los fines perseguidos por la regulación europea.

A partir de esa doctrina, la Sala sostiene que los principios de efectividad y protección del consumidor quedaron suficientemente satisfechos porque todas las cláusulas podían haberse impugnado en un único procedimiento con derecho a costas en caso de estimación. En consecuencia, la negativa a conceder una segunda condena en costas no menoscaba la protección reconocida por la Directiva 93/13. Al contrario, evita una utilización desviada de esa protección para finalidades distintas de la eliminación de cláusulas abusivas.

Otro aspecto relevante es la construcción del concepto de «abuso del servicio público de Justicia». Aunque reconoce que la Ley Orgánica 1/2025 no era aplicable temporalmente al caso, la sentencia considera que esa ley refleja una idea ya presente en la jurisprudencia: la utilización de los recursos jurisdiccionales de manera innecesaria y sistemática puede perjudicar el funcionamiento de la Administración de Justicia y retrasar la resolución de los asuntos de otros ciudadanos. El interés protegido deja de ser únicamente el de la contraparte procesal y pasa a incluir la utilización racional de recursos públicos limitados. La Sala enlaza esta idea con varias resoluciones recientes propias relativas al abuso del proceso y a la litigación masiva. Particularmente significativa es la afirmación de que no debe promoverse «la multiplicación innecesaria de procedimientos, con el único fin de lucrar de modo indebido al propio demandante y/o a determinados profesionales que actúan en el ámbito de la litigación en masa».

Infracción de cláusula estatutaria limitativa de la transmisibilidad de las acciones y escisión total de la sociedad titular

2026-10-19T12:06:21.237+02:00

foto: Pedro Fraile

Crisos, S.L. era propietaria de las acciones n.º 21 a 28 de El Olivillo 87, S.A. Cuando en 2001 se produjo la escisión total de Crisos, el proyecto de escisión atribuía esas acciones a una sociedad beneficiaria de nueva creación llamada Gavifia, S.L. En principio, por efecto de la escisión total, todo el patrimonio de Crisos debía transmitirse en bloque y por sucesión universal a las sociedades beneficiarias.

Sin embargo, esas acciones estaban sujetas a una restricción estatutaria. El artículo 8 de los estatutos de El Olivillo establecía un derecho de adquisición preferente en favor de los demás accionistas. Para transmitir las acciones había que respetar ese procedimiento.

El problema es que, al ejecutar la escisión, nadie observó esa cláusula estatutaria. Por eso Gavifia demandó en 2006 para que se reconociera que había adquirido las acciones, pero los tribunales rechazaron su pretensión. La sentencia firme de 2006, confirmada en 2008, declaró que la transmisión no era oponible frente a El Olivillo porque se había omitido la comunicación previa exigida por los estatutos. Al mismo tiempo, rechazó que los demás accionistas pudieran quedarse las acciones mediante un retracto posterior porque los estatutos no preveían tal retracto.La consecuencia es la clave del caso. La escisión fue válida, pero la transmisión concreta de esas acciones fue ineficaz. El Supremo lo explica expresamente: la sucesión universal derivada de la escisión no permite ignorar las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones. Si esas restricciones no se respetan, la beneficiaria no adquiere eficazmente las acciones y la sociedad emisora no está obligada a reconocerla como accionista.

De la Newsletter de Cuatrecasas:

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2026, núm. 1495/2017 (ECLI:ES:TS:2026:4003) concluye que una sociedad limitada, escindida totalmente, que no trasmitió unas acciones de su patrimonio por no respetar las restricciones a la transmisión que afectaban a estas, tiene una personalidad jurídica latente o residual que permite que se conserven los derechos inherentes a su condición de accionista.

... las restricciones estatutarias a la transmisión de las acciones o las participaciones (por ejemplo, un derecho de adquisición preferente) se aplican a las acciones y participaciones que forman parte del patrimonio de la sociedad absorbida/escindida propietaria que son transmitidas a la absorbente/beneficiaria en la fusión/escisión.

La LSC no establece claramente la consecuencia jurídica de no respetar dichas restricciones. Existen tres corrientes de opinión doctrinal, que resume muy bien la SAP Madrid (Sección 28ª) de 6 de febrero de 2012, núm. 43/2012 (ECLI:ES:APM:2012:2734):La doctrina que puede considerarse corriente mayoritaria aboga por la validez y eficacia del negocio traslativo inter partes, pero entiende que es ineficaz frente a la sociedad. Otra corriente doctrinal defiende que la ineficacia no se produce solo frente a la sociedad, sino también entre las partes, de manera que no da lugar a la transmisión entre transmitente y adquirente. Una tercera línea sostiene que si bien la transmisión es ineficaz y no llega a verificarse (por falta de “capacidad de disposición del transmitente” pues sin ella, “la transmisión no existirá, ni frente a la sociedad ni frente a nadie”), el contrato causal es válido y obligatorio, generándose en el transmitente la responsabilidad por incumplimiento contractual.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, aunque esté liquidada y cancelada su hoja registral, la sociedad tiene capacidad para ser parte demandada (véase STS de 24 de mayo de 2017, nº 324/2017 —ECLI:ES:TS:2017:1991—) o demandante (SSTS de 8 de noviembre de 2023, núm. 1536/2023, —ECLI:ES:TS:2023:4623— y 27 de mayo de 2025 , núm. 823/2025—ECLI:ES:TS:2025:2382—) al pervivir latente su personalidad jurídica, aunque solo sea para atender a las relaciones jurídicas pendientes.

La escisión total no es un caso de liquidación. En su día, el art. 260.1.6º LSA consideraba a la escisión total una causa de disolución, y el Supremo indicó (entre otras, en la STS de 5 de julio de 2006, núm. 748/2006, —ECLI:ES:TS:2006:4286—) que “constituye un fenómeno de extinción”, que provoca “una disolución sin liquidación”. Tanto el anterior art. 69 Ley 3/2009 como el vigente art. 59 RDLey 5/2023 se refieren a ella como un caso de “extinción”, sin aludir para nada a la liquidación.

En su día la SAP de Madrid (Sección 28ª), de 14 de febrero de 2008, nº 51/2008 (ECLI:ES:APM:2008:2194) examinó un supuesto en el que una sociedad limitada, como consecuencia de su escisión total, transmitió acciones de una sociedad anónima, con una restricción estatutaria que no se respetó. Por ello, la “transmisión operada” resultó “inoponible” frente a la anónima. Según eso, seguía siendo el socio transmitente el que debía ejercer “los derechos inherentes a la titularidad de las acciones”. Pero en este caso “el primitivo transmitente era una persona jurídica cuya personalidad se habría extinguido como consecuencia de una operación societaria de escisión”, con lo que se constató la falta de “una solución idónea para la anómala situación creada”.

La cuestión llega ante el Supremo porque la sociedad limitada, desde 2018, litiga con el fin de que la sociedad anónima le reconozca “los derechos sociales y económicos inherentes a su condición de accionista”, “incluyendo los dividendos acordados y pendientes de pago”. Pero la anónima se niega invocando “la falta de legitimación activa” de la limitada “por ser una sociedad extinguida y cancelada en virtud de la escisión total”.

El Supremo se niega a aceptar que, al haberse extinguido la limitada, sus acciones “queden desterradas a un limbo jurídico o pasen a ser res nullius, pues este resultado es absurdo”, y resuelve el problema razonando de esta manera: La escisión total “supone el traspaso en bloque por sucesión universal de las relaciones reales y obligatorias” a las sociedades beneficiarias “mediante un único modo (la inscripción de la escisión en el registro mercantil)”, pero, en todo caso, “han de respetarse las reglas sobre la transmisibilidad de estas relaciones jurídicas”.

Como “la restricción estatutaria a la que se sujeta la transmisión de las acciones... no ha sido observada... la transmisión es ineficaz por la falta de capacidad de disponer (o falta del poder de disposición) del transmitente, que impide la transmisión, tanto frente a la sociedad, como frente al resto de afectados”. Con todo, “el negocio causal (en el presente caso, integrado en la escisión societaria) es válido” y “obligatoriamente eficaz”, ya que “el negocio causal no se ve afectado”.

La jurisprudencia del Supremo ha admitido casos “en los que la personalidad de la sociedad permanezca latente”, a pesar de que “en principio, la inscripción registral de la extinción (con la consiguiente cancelación de asientos) comporte la pérdida de la personalidad jurídica”, entendiendo que “la inscripción de cancelación en el registro mercantil no tiene efecto constitutivo, sino meramente declarativo”.

Por todo lo anterior, aunque la sociedad limitada “se haya escindido totalmente”, no se han agotado “de manera completa” sus relaciones jurídicas ya que las acciones no se transmitieron a la beneficiaria, sino que “permanecen en la situación anterior a esta ineficaz transmisión: esto es, bajo la titularidad de la sociedad totalmente escindida”. Y se reconoce “a estos efectos” que la personalidad jurídica de la sociedad limitada escindida “se mantiene de forma «latente», «prorrogada» o «residual»”, al igual que en los “otros casos excepcionales de sociedades extinguidas, cuyos asientos registrales han sido cancelados”.

Un caso israelí de terminación de un contrato de franquicia

2026-10-18T13:27:01.790+02:00

@archeostories

(con Copilot)

El artículo analiza cómo debe regularse la terminación de un contrato de franquicia de duración indefinida. La autora sostiene que las reglas sobre terminación condicionan toda la relación contractual porque determinan los incentivos de franquiciador y franquiciado a invertir, cooperar y asumir riesgos. Su tesis es que el Derecho debería reconocer como regla general que ninguna de las partes puede poner fin unilateralmente a la franquicia sin una “justificación razonable” aunque esa regla sea dispositiva y pueda ser modificada expresamente por contrato.

El punto de partida es que la franquicia es un contrato de larga duración en el que ambas partes realizan inversiones específicas (cuyo valor se pierde si termina la relación porque no pueden 'desplegarse' en otra relación contractual diferente. Piénsese en la decoración del local restaurante). Si se permite al franquiciador terminar libremente el contrato, puede apropiarse de las inversiones realizadas por el franquiciatario sin permitirle obtener plenamente el rendimiento de su esfuerzo. Pero si se dificulta excesivamente la salida, el franquiciatario puede ver reducidos sus incentivos para comportarse diligentemente y tentado de aprovecharse de la reputación común de la red. Por tanto, la regulación de la terminación estructura el equilibrio de poder durante toda la relación contractual.

El caso Blum v. Anglo-Saxon

El litigio enfrentó a Elie Blum y la red inmobiliaria Anglo-Saxon. Blum explotaba una franquicia exclusiva en Herzliya desde hacía más de veinticinco años. Cuando Blum intentó vender el negocio a un tercero, (como luego se verá, no era una franquicia exclusiva, es decir, Blum comercializaba inmuebles de otras redes inmobiliarias) Anglo-Saxon exigió que el nuevo contrato de franquicia incorporara condiciones distintas, especialmente una limitación temporal de la duración de la franquicia. Blum entendió que ello reducía sustancialmente el valor económico de su posición.

El conflicto se agravó. Anglo-Saxon acusó a Blum de descuidar la franquicia. Tras varios intentos de negociación, le comunicó la rescisión del contrato. Blum impugnó judicialmente la decisión. El tribunal de primera instancia aplicó la doctrina tradicional israelí sobre contratos de duración indefinida (la misma que en derecho español y en cualquier derecho civilizado v., art. 25 LCA, por eso no se entiende que el contrato de trabajo no pueda ser terminado ad nutum con un plazo de preaviso. De hecho, esa es la regulación alemana del 'despido': reconocer al trabajador una indemnización sustitutiva del plazo de preaviso, lo que reduce notablemente los incentivos de ambas partes, empleador y trabajador para comportarse deslealmente), según la cual, nadie puede quedar vinculado perpetuamente a un contrato. Por ello, cuando un contrato no fija una duración determinada, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante un preaviso razonable. El tribunal concluyó que Anglo-Saxon había actuado correctamente al comunicar la terminación con una antelación suficiente. Añadió, además, que la actuación de Blum podría justificar la rescisión incluso por incumplimiento.

El Tribunal Supremo casó la sentencia del tribunal de instancia. El juez Yoram Danziger revocó la decisión y sostuvo que la regla de la terminación unilateral ad nutum no es una norma jurídica sustantiva sino únicamente una presunción interpretativa destinada a descubrir la intención contractual cuando ésta no puede extraerse del contrato. (véase, Paz-Ares, La denuncia ad nutum de los contratos de duración indeterminada entre el derecho dispositivo y el derecho imperativo. Reflexiones a propósito de joint ventures y pactos parasociales» C Paz-Ares en el Liber Amicorum de Juan Luis Iglesias (2014). comentado en JA, La duración de los pactos parasociales de relación, Almacén de Derecho, 2018). Es decir, según el Tribunal Supremo israelí, se presume que si las partes de un contrato lo han pactado con duración indefinida, es porque quieren reservarse la posibilidad de darlo por terminado unilateralmente cumpliendo, naturalmente, con las exigencias de la buena fe que incluye el anuncio de su intención a la otra parte - el 'preaviso' - para permitirle adoptar las medidas que minimicen los daños que la terminación pueda causarle.

El contrato contenía cláusulas específicas sobre los casos en que Anglo-Saxon podía terminar el contrato y el Supremo entendió que esa enumeración era exhaustiva. La cláusula permitía la terminación por determinadas causas: insolvencia, condena penal, cierre del negocio, impago, utilización indebida de las marcas, incumplimiento contractual y otros supuestos similares. Como la situación de Blum no encajaba en ninguno de esos casos, Anglo-Saxon carecía de derecho contractual a terminar. Lo decisivo para el ponente Danziger era que el contrato hubiera sido redactado por la propia Anglo-Saxon. Si hubiera querido reservarse una facultad general de terminación discrecional, podría haberlo dicho expresamente. No lo hizo. Por ello debía cargarse con las consecuencias de su propia redacción.

Danziger adujo un argumento económico de interés: si el franquiciador conserva una facultad ilimitada para terminar el contrato, el franquiciatario carece de incentivos para hacer inversiones específicas a su relación con el franquiciador (“otorgar al franquiciador una facultad general de terminación reduce significativamente los incentivos del franquiciado para desarrollar la franquicia”) por lo que el que invierte durante años en el desarrollo del negocio debe estar razonablemente protegido frente a una terminación arbitraria.

La cuestión de los remedios

El franquiciatario no podía pedir el cumplimiento específico porque, en el interim, el franquiciador había concedido la franquicia a un tercero tras haber declarado terminado el contrato con Blum. El tribunal de instancia concedió inicialmente el cumplimiento específico del contrato, aunque diferido hasta la finalización de la franquicia del nuevo franquiciado. También reconoció daños y perjuicios.

Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó rechazando el cumplimiento específico. El juez Amit consideró que la franquicia es una relación intensa de cooperación continuada y confianza mutua. Además, habían transcurrido muchos años y la red había evolucionado significativamente. Por ello resultaba injustificado forzar la reanudación de la relación.

La solución final consistió en indemnizar a Blum por el valor económico de los beneficios futuros que perdió a consecuencia de la terminación, estimando que la marca Anglo-Saxon aportaba aproximadamente un 25 % del valor del negocio desarrollado por Blum.

El resto del trabajo se ocupa de la teoría económica de la franquicia que se ha elaborado por los economistas utilizando las categorías conceptuales de Oliver Williamson.

Su argumento es que la franquicia debe entenderse como un mecanismo diseñado para gestionar tres problemas: inversiones específicas; racionalidad limitada; riesgo de oportunismo. Las inversiones específicas son especialmente importantes. El franquiciado suele realizar gastos, esfuerzos comerciales y acumulación de clientela que tienen valor principalmente dentro de la red. Cuanto más específica sea la inversión, mayor será la dependencia respecto al franquiciador. En esas circunstancias, el franquiciador puede comportarse oportunistamente y expulsar al franquiciado una vez que éste ha realizado inversiones valiosas. Y el franquiciado puede aprovecharse de la reputación común de la red reduciendo sus propios esfuerzos y trasladando parte de los costes a los demás miembros (“free rider problem”.

En este contexto, la autora critica al Supremo israelí al que considera demasiado optimista respecto a la posibilidad de que el contrato, aún elaborado cuidadosamente y por anticipado por el franquiciador, sea completo y refleje un equilibrio económicamente eficiente. Más bien hay que temer que contenga una regulación de la terminación que perjudique ineficientemente a los franquiciatarios. Pero, precisamente, lo que hizo el Supremo es 'leer' el contrato en el sentido de que el franquiciador estaba renunciando a la posibilidad de terminar ad nutum el contrato, una lectura que, probablemente, sorprendió al franquiciador. El Supremo israelí está exigiendo a los franquiciadores que regulen la terminación de un contrato de duración indefinida estableciendo dos regímenes, al modo que lo hacen los artículos 25 y 26 LCA: una regulación de la terminación ad nutum que incluya el plazo de preaviso aplicable (denuncia ordinaria) y otra que regule el derecho de cada una de las partes a terminarlo por justo motivo (denuncia extraordinaria) en cuyo caso, la parte que denuncia no ha de conceder plazo de preaviso alguno.

La autora propone que la ley permita la terminación de un contrato de duración indefinida sólo si existe justo motivo, ('justificación razonable') pero esta regla sería dispositiva. Creo que la regulación de los artículos 25 y 26 de la Ley de Contrato de Agencia son preferibles.

Soroker, Iris, רגולציה של סיום הזיכיון, Regulating the Termination of a Franchise (August 7, 2019)

¿Me preguntas por qué no tenemos jueces?

2026-10-17T20:38:22.241+02:00

foto: Pedro Fraile

Cuenta Boehm que en los grupos humanos primitivos de cazadores-recolectores no existen instituciones que resuelvan los conflictos internos. Christopher Boehm, Retaliatory Violence in Human Prehistory, The British Journal of Criminology, Volume 51, Issue 3, May 2011, Pages 518–534, resumido en JA, La venganza, Derecho Mercantil, 2021). No hay un miembro del grupo al que se le asignen funciones de juez. El enjuiciamiento del comportamiento de los individuos lo realiza el grupo en su conjunto y la “ejecución de las penas” las llevan a cabo los propios miembros del grupo descentralizadamente. (v., JA, ¿Cuándo es eficiente centralizar las sanciones?, Derecho Mercantil, 2010). Es más, el que se mete a resolver una pelea puede acabar muerto. Parecería, sin embargo, que encargar a alguien la resolución de las disputas sería el primer candidato a la creación de un “órgano” en el seno de un grupo. La razón de su tardía aparición se debe a sus costes y a sus beneficios. Los costes son muy elevados en términos de preservación de la igualdad entre los miembros del grupo. (v., Los humanos son aversos a la desigualdad, no sólo a la injusticia, Derecho Mercantil, 2017 donde se resume y critica Christina Starmans Mark Sheskin & Paul Bloom Why people prefer unequal societies Nature Human Behaviour 1 (2017). Una vez que alguien decide quién tiene razón, será muy difícil evitar que se convierta en el jefe del grupo a los demás efectos y generará incentivos en los demás para sobornarlo. Y los beneficios son escasos si la formación de una “mayoría moral”, esto es, si llegar a un acuerdo sobre la “sentencia” que merece un determinado miembro del grupo es fácil. En un grupo de humanos que se pasan el día y la noche hablando entre sí sobre los demás miembros del grupo, la comunicación tan intensa facilita la formación de la opinión pública. La ejecución de la pena se asigna a aquél para el que el coste de hacerlo es menor (en términos de facilidad para ejecutarla y de evitación de represalias por parte de los familiares del “condenado”) lo que conduce, generalmente, a encargar la ejecución a un familiar del “delincuente”. Y los discrepantes siempre pueden abandonar el grupo y formar uno propio. Lo de la “salida vs voz vs lealtad” de Hirschmann es aplicable.

En una escritura de constitución de hipoteca, puede pactarse que el tipo de subasta es el 75% del valor de tasación, si no se incluye, entre los mecanismos de ejecución, el de venta extrajudicial

2026-10-16T17:03:44.180+02:00

foto: JJBOSE

Por Esther González

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1449/2026, de 17 de septiembre de 2026)

Se discute en este procedimiento si es inscribible una hipoteca (con el pacto de ejecución directa) que prevé, conforme al art. 682.2.1º LEC, que el tipo de subasta del inmueble hipotecado es igual al 75% de su valor de tasación. El Registrador denegó la inscripción amparándose en la interpretación de dicho artículo llevada a cabo por la DGSJFP en su resolución de 23 de diciembre de 2020. Según dicha resolución, la nueva redacción del art. 129.2 a) LH (que fue modificado por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario y exige que el tipo de subasta fijado en la escritura de hipoteca “no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa ni podrá en ningún caso ser inferior al valor señalado en la tasación”) modificó el criterio del art. 682 LEC, en el sentido de ser siempre exigible, para el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, que el tipo de subasta que se indique en la escritura de constitución de la hipoteca no sea en ningún caso inferior al 100% del valor de tasación. La DGSJFP concluyó, además, que esto aplicaba tanto si se incluía como si no se incluía, en la escritura de constitución de hipoteca, el procedimiento de venta extrajudicial entre los posibles mecanismos de ejecución hipotecaria.

El TS confirma en esta sentencia la interpretación de la DGSJFP pero con un importante matiz (que hace que se estime el recurso frente al criterio del Registrador):Si las partes que otorgan la escritura de hipoteca optan solo por incluir como mecanismo de ejecución la ejecución judicial (y no la venta extrajudicial), que era lo que había sucedido en el presente caso, se aplica el art. 682.2.1º LEC y, por tanto, puede pactarse un tipo de subasta inferior al valor de tasación, siempre que no sea inferior al 75% de dicho valor de tasación.

Si las partes que otorgan la escritura de hipoteca incluyen también, como mecanismo de ejecución, la venta extrajudicial,

“el valor fijado como tipo de la subasta no puede ser inferior al valor de tasación de la finca, y por la propia previsión del art. 129.2.a) LH esta exigencia se extiende a la ejecución judicial, ya que expresamente se prevé que el tipo fijado para la subasta extrajudicial no puede ser distinto al fijado para la subasta judicial”.

Se rechaza el depósito de CCAA porque el informe de auditoría es de fecha posterior a la convocatoria de la junta (art. 272 LSC)

2026-10-16T16:56:05.834+02:00

Foto: JJBOSE

Por Marta Soto-Yárritu

(Resolución de la DGSJFP de 26 de mayo de 2026)

La junta general fue convocada el 14 de noviembre de 2025 y se celebró el 17 de diciembre de 2025 en primera convocatoria, con asistencia del 75% del capital social, aprobándose las cuentas del ejercicio 2024 con el voto favorable de socios que representaban el 66,67% del capital presente. La registradora denegó el depósito porque, según la fecha de elaboración del informe de auditoría, este no estuvo a disposición de los socios en la fecha exigida por el art. 272 LSC, calificando el defecto como insubsanable.

El recurrente alegó que la convocatoria se realizó el 14 de noviembre de 2025, que el informe de auditoría es de fecha 17 de noviembre de 2025, que los socios solicitaron las cuentas y el informe el 24 de noviembre de 2025 (remitiéndose ese mismo día) y que en la junta del 17 de diciembre de 2025, con el 75% del capital presente, todos los socios disponían ya de dichos documentos sin que nadie alegara vulneración de su derecho de información. El recurrente invocó la doctrina de la propia DGSJFP según la cual el rigor de la nulidad debe mitigarse cuando los defectos son meramente formales y no comprometen los derechos individuales del socio, así como el art. 204.3 LSC, que impide impugnar acuerdos sociales por infracción de requisitos meramente procedimentales de convocatoria.

La DGSJFP recuerda que, conforme a su doctrina, la ausencia de expresión en la convocatoria de la junta del derecho reconocido en el art. 272 LSC, supone la nulidad de la convocatoria y de los acuerdos adoptados. Este derecho de información se ha configurado por la jurisprudencia como un derecho esencial, instrumental al de voto, imperativo e irrenunciable, que permite al socio actuar en defensa de sus intereses y emitir un voto consciente.

Aunque la propia DGSJFP admite que esta doctrina rigurosa debe mitigarse ante defectos meramente formales siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del socio, matiza que esa flexibilización solo opera cuando, de un análisis pormenorizado, resulte indiscutible que los derechos individuales de los socios no han sido violentados. Esta doctrina encontró respaldo legal en el art. 204.3 LSC introducido por la Ley 31/2014.

Sin embargo, en este caso, la DGSJFP concluye que la falta de puesta a disposición de los socios del informe de auditoría (aunque sea por razón de su inexistencia al no estar elaborado en el momento de convocatoria de la junta) e incluso de ausencia de información en el texto de la convocatoria, constituye una contravención frontal del art. 272 LSC. Y añade: “un administrador prudente debe abstenerse de convocar junta ordinaria ante la incertidumbre de si el informe de verificación estará emitido al tiempo de la convocatoria, habida cuenta de las graves consecuencias que de ello pueden derivarse.” En consecuencia, desestima el recurso confirmando la calificación registral.

Respecto a los argumentos del recurrente sobre que el informe de auditoría se remitió con posterioridad a los socios, que las cuentas anuales se aprobaron con una mayoría de votos cualificada, que no existió manifestación alguna por parte de los socios de que sus derechos se habían visto vulnerados o la afirmación genérica de que no ha existido lesión alguna a los derechos de los socios, la DGSJFP señala que estas cuestiones exceden el ámbito del recurso registral (limitado a valorar si la calificación se ajusta a derecho) y corresponden, en su caso, a los tribunales de justicia.

Cancelación de cargas posteriores tras el ejercicio de una opción de compra inscrita

2026-10-16T16:52:04.852+02:00

Por Esther González

Resoluciones de la DGSJFP de 8 de junio de 2026

Se discute en este procedimiento si, con la inscripción de una compraventa de dos fincas en ejercicio de una opción de compra previamente inscrita, pueden cancelarse dos anotaciones preventivas de embargo sobre las fincas posteriores a las inscripciones de la opción de compra.

La DGSJFP concluye que sí (recordando que es doctrina reiterada que, una vez ejercitado un derecho de opción, puede solicitarse la cancelación de las cargas que hubiesen sido inscritas con posterioridad al reflejo registral del mismo), pero siempre que, como regla general, se deposite el precio pagado por el ejercicio de la opción a disposición de los titulares de las cargas posteriores (por aplicación analógica del art. 175.6 del Reglamento Hipotecario). Concluye la DGSJFP que ello no afecta al precio de la compraventa: “El precio es el mismo tanto si se efectúa la consignación como si no se efectuase, lo que cambia es el destino que se da a ese precio.”

La DGSJFP recuerda que

“el principio de consignación íntegra del precio […] debe impedir pactos que dejen la consignación y su importe al arbitrio del optante, pero no puede llevarse al extremo, pues implicaría, so pretexto de proteger a los titulares de los derechos posteriores a la opción, perjudicar al propio titular de la opción, que goza de preferencia registral frente a ellos. Así pues, es necesario analizar los eventuales pactos establecidos sobre este particular en cada caso concreto. Y así, puede efectuarse la deducción del importe de la prima de la opción, es decir, de aquella cantidad que se ha abonado al concederla, o del importe de cargas anteriores a la propia opción que sean asumidas o satisfechas por el optante; igualmente no procede exigir tal consignación cuando el optante retiene la totalidad del precio pactado para hacer frente al pago del préstamo garantizado con la hipoteca que grava la finca y que es de rango preferente al derecho de opción ejercitado, o cuando se haya pactado el pago por compensación siempre que no encubra una opción en garantía. Pero en todos estos casos es fundamental que todas estas circunstancias consten pactadas en la escritura de opción y que consten debidamente inscritas.”

Por último, la DGSJFP recuerda que debe notificarse a la sociedad a cuyo favor se practicaron las anotaciones preventivas de embargo el ejercicio del derecho de opción de compra con puesta del precio a su disposición, para que pueda hacer valer su derecho de crédito conforme a su rango registral. No obstante, ello no implica que esta sociedad deba consentir expresamente la cancelación de las anotaciones de embargo.

¿Por qué existen empresas sin ánimo de lucro?

2026-10-16T13:20:55.114+02:00

foto: JJBOSE

La existencia de sectores enteros de la economía en manos de empresas sin ánimo de lucro

se ha explicado como la respuesta a un fallo de mercado. Según Hansmann, las empresas sin ánimo de lucro podían ser eficientes como un mecanismo para proteger a los clientes – los consumidores – frente a la explotación por parte de una empresa monopolística o, en general, en mercados con elevados costes de información al contratar para estos consumidores (v., también Las empresas mutualistas, Almacén de Derecho, 2017)

Por ejemplo,

1.Si se funda una ciudad y los habitantes quieren obtener suministro eléctrico, dado que será un monopolio natural, la empresa eléctrica puede explotar a sus clientes y cobrarles un precio monopolístico. Una solución es convertir a la empresa eléctrica en una cooperativa que oriente su actuación a ofrecer la electricidad al precio más bajo posible a los habitantes de la ciudad.

2. En el caso de servicios a los ancianos y a los niños, como los que pagan el servicio son terceros (los hijos o padres respectivamente), los establecimientos de atención a los ancianos o de guardería o educación pueden estar incentivados para maximizar sus ganancias reduciendo la calidad del servicio que prestan. Una forma de “prometer” a los hijos/padres que tal cosa no ocurrirá es la constituir la empresa bajo una forma no lucrativa de manera que la reducción de costes no beneficie a los individuos que están detrás de la empresa porque no podrán retirarlos. No es extraño, pues, que en estos sectores, las empresas sin ánimo de lucro (reparto de ganancias) proliferen y dominen los mercados y que órdenes religiosas dominen el mercado.

En general, cuando el comprador no puede conocer la calidad del producto o servicio que compra y teme que la empresa productora le “explote” en forma de precios altos o calidad baja, el carácter no lucrativo de la empresa constituye una especie de “promesa” o compromiso de calidad. V., Rose-Ackerman, J. Econ Lit. 34(1996) p 716 con más indicaciones; v., también Thomsen, Eur. J. L. & Econ. 7(1999) p 127. En efecto, una empresa sin ánimo de lucro subjetivo tiene menos incentivos para reducir los costes de producción a costa de la calidad de los productos que vende que una sociedad con ánimo de lucro ya que los que controlan la empresa no pueden apropiarse de tales beneficios.

Así, es frecuente que los servicios médicos o la educación o el cuidado de los ancianos sean actividades realizadas por empresas sin ánimo de lucro. E. L. Glaeser/A. Shleifer, Not-for-Profit Entrepreneurs 1998 donde se cuenta algún estudio que explica que las empresas con ánimo de lucro que regentan residencias de ancianos gastan más en sedantes que las que no tienen ánimo de lucro porque la utilización de sedantes es una forma barata de mantener quietos y callados a los ancianos; Hansmann, The Ownership of the Enterprise, p 235.

El control de la calidad del producto o servicio es muy costoso en unos casos porque se trata de “bienes de fe”, cuya evaluación por los consumidores es muy costosa (es muy difícil saber si un pleito se ha perdido porque el abogado era un incompetente o porque se tenía que perder) y en otros porque el que contrata y el que recibe el servicio no son la misma persona (los padres, en el primer caso, que no están presentes cuando su hijo está en la guardería y los hijos en el segundo caso que no pueden saber a bajo coste el trato efectivamente dado a sus padres).Hansmann, Ownership, p 229 quien añade los casos de ONGs en las que los que realizan las aportaciones – los benefactores – y los que reciben los “productos y servicios” de la compañía – los necesitados – no son los mismos.

Cabe esperar, pues, la presencia de empresas sin ánimo de lucro en el sector servicios más que en el de la producción de bienes de consumo. La razón se encuentra en que, ceteris paribus, la calidad de los servicios es más difícil de controlar por el que los recibe que la calidad de los productos porque los servicios consisten normalmente en comportamientos de personas y en éstos es más costoso asegurar que las personas trabajan duro y verificar que se han obtenido los resultados esperados o que su no obtención ha sido debida al incumplimiento por parte del deudor y no a otras razones.

Por otro lado, si muchas de las empresas no lucrativas son fundadas por gente con motivos ideológicos para hacerlo, cabe esperar que tales fundadores “traten de contratar gestores y empleados que compartan su visión del mundo y como estos empleados desean que los servicios que proporcionan al público reflejen tales valores, el coste de vigilar su conducta ha de ser menor” y, al igual que sucede con los clientes o donantes, “la falta de propietarios es una señal para los empleados de que su altruismo no está sirviendo para enriquecer a otros” En definitiva, es más fácil para una empresa no lucrativa atraer a empleados dispuestos a trabajar duro. Rose-Ackerman, J. Econ Lit. 34(1996) p 719

3. Si una empresa se financia con donaciones (p. ej., las Universidades en algunos países) y los donantes no pueden controlar gratuitamente a los gestores de la empresa, la ausencia de ánimo de lucro proporciona cierta seguridad de que las donaciones no acabarán en los bolsillos de los que controlan la empresa destinataria de las donaciones.

Una opción alternativa es, naturalmente, la provisión pública de los servicios como sucede en Europa con la asistencia sanitaria. Los hospitales públicos son empresas non profit en las que es el sector público el que tiene atribuido el control y la propiedad residual. Si el Estado se limita a financiar la asistencia sanitaria, las empresas que presten los servicios serán empresas con ánimo de lucro porque aunque los clientes sigan sufriendo elevados costes de información respecto de la calidad del producto o servicio que reciben, el Estado puede actuar como controlador de tal calidad en beneficio de los pacientes ya que no sufre los elevados costes de control que sufren los pacientes dispersos o los depositantes dispersos de una entidad bancaria y, por tanto, tiene los incentivos y la información para llevar a cabo de manera eficaz tal control.

La financiación con fondos públicos es una alternativa a la configuración como una entidad sin ánimo de lucro, puesto que el Estado puede ejercer una estrecha vigilancia sobre estos establecimientos. Resulta por eso chocante que el Estado favorezca a las ONG como prestadoras de servicios en detrimento de las organizaciones con ánimo de lucro. Parecería demostrar así su incapacidad para controlar lo que se hace con el dinero público por parte de las organizaciones privadas que auxilian a la Administración en la distribución de bienes y servicios a determinados destinatarios (inmigrantes, menores y pobres o discapacitados en general).

La ventaja contractual de las empresas sin ánimo de lucro subjetivo la comparten con las empresas familiares y es que pueden contraer compromisos a largo plazo

La razón se encuentra en que el capital invertido en esas compañías no se desplaza fácilmente a nuevas asignaciones si desciende su rentabilidad, precisamente, porque no hay a quién entregárselo (los financiadores externos) para que lo cambien de uso. Sus fuentes de financiación – como señala Hansmann – son menos flexibles que el recurso a la financiación vía capital, de forma que cuando la demanda de los servicios que presta la empresa no lucrativa crece rápidamente y se enfrenta a la competencia de otras empresas con ánimo de lucro, éstas últimas reaccionan más rápidamente y aumentan su cuota de mercado. Por el contrario, cuando la demanda de los servicios que presta la empresa no lucrativa disminuye y es débil, la más lenta reacción de la empresa no lucrativa se traduce en que se mantiene en el mercado siempre que no obtenga pérdidas, tendencia reforzada por los incentivos de los managers de la empresa sin ánimo de lucro cuyos ingresos dependen completamente de que la empresa que gestionan siga en actividad

Hansmann, (Ownership, p 240-241) concluye que, consecuentemente, las fuerzas del mercado “tardan” mucho más en expulsar del mismo a una empresa sin ánimo de lucro porque no le pueden retirar los recursos con la misma rapidez con la que lo hacen a una empresa con ánimo de lucro: “capital tends to get locked into nonprofit firms”. El mayor poder relativo de los trabajadores de las empresas sin ánimo de lucro en la toma de decisiones respecto a las empresas con ánimo de lucro ha permitido predecir y demostrar que los cierres de empresas cuando se produce una caída de la demanda son menores entre las primeras que entre las segundas.V., indicaciones en Glaeser, Governance, p 46 citando un estudio de Hansmann, Kessler and McClellan sobre los hospitales en EE.UU, estudio que indica igualmente que los hospitales religiosos responden más rápidamente a las indicaciones del mercado y cierran antes que los no religiosos porque los religiosos están controlados, en último extremo por las autoridades eclesiásticas que no pierden su trabajo si el hospital cierra, mientras que sí lo pierden los que trabajan y dirigen el hospital no religioso.

Este compromiso por el largo plazo tiene ventajas competitivas para las empresas (como ocurre en las empresas familiares, Lecciones: Introducción a las empresas familiares, Almacén de Derecho, 2015). Por ejemplo, sus trabajadores estarán más dispuestos a realizar inversiones en capital específico (en aprender cosas que sólo valen mientras permanezcan en esa empresa y que no pueden trasladar a otras) si saben que la empresa “está ahí para quedarse”.Børsting, Christa and Thomsen, Steen, Foundation Ownership, Reputation, and Labour (November 12,2018). Oxford Review of Economic Policy.

Los clientes, cuando el producto o servicio se presta a largo plazo confiarán” más de una empresa controlada por una fundación ya que no desaparecerá en un período corto de tiempo, haciendo menos costosa la contratación a largo plazo y los potenciales donantes estarán más dispuestos a serlo si pueden confiar en que lo donado no será apropiado por terceros. Los competidores potenciales se lo pensarán más antes de entrar en un mercado en el que está presente una empresa que no abandonará el mercado fácilmente etc... Thomsen, Eur. J. L. & Econ. 7 (1999) p 128-130 donde proporciona algunos datos que indican que ésta puede ser una fuente de ventajas competitivas de las fundaciones-empresas.

Esta tendencia al “largo plazo” tiene que ver mucho con las fuentes de financiación de las empresas sin ánimo de lucro. Por definición, carecen de capital y han de recurrir, para financiarse a las donaciones, a la deuda y a reinvertir las ganancias que obtengan con su actividad. A lo anterior se añade, lógicamente, que una compañía dominada por una fundación se ahorra todos los costes de gestión de la propiedad, esto es, de atribución, distribución etc de los rendimientos entre los propietarios.

Como puede suponerse, los problemas de gobierno de las empresas sin ánimo de lucro se concentran en la ausencia de monitoring por parte de quienes tienen más incentivos para ejercitar tal control, precisamente, los titulares residuales de los rendimientos de la compañía. En los estudios empíricos se trata de resolver cuestiones como la de si las empresas sin ánimo de lucro son menos eficientes que las que actúan con ánimo de lucro o si tienen ventajas competitivas asociadas a sectores de productos o servicios determinados. Si la tesis del fallo de mercado es acertada, la corrección del mismo por la evolución del mercado (o por una innovación o cambios exógenos) debería conducir a la decadencia de las empresas no lucrativas. Que florezcan las empresas con forma de "fundación" o de "asociación" no significa que estén floreciendo las empresas sin ánimo de lucro. Es evidente que los que las gestionan pueden extraer los beneficios que la actividad genere por vías distintas del dividendo (salarios y transacciones vinculadas).

La historia de la responsabilidad limitada en los EE.UU.

2026-10-15T18:49:00.742+02:00

Reggiannini

Es discutido si, en el pensamiento jurídico inglés, la corporación creada mediante charter estaba o no plenamente asociada al concepto de responsabilidad limitada. Existen algunos casos, aunque son escasos. Hay una decisión de 1441 que afirma que las deudas de una corporación no son deudas de sus miembros. Esta idea fue reiterada en el caso de la Ciudad de Londres al declararse que «por una deuda u obligación a cargo de una corporación, ninguno de sus miembros en particular responde de ella...». La autoridad más citada, sin embargo, es la decisión de la Cámara de los Lores en Dr. Salmon v. The Hamborough Company. En ese asunto se sostuvo la tesis de que, aunque los miembros de una corporación no respondían directamente de sus deudas, si la corporación tenía derecho a imponer derramas o contribuciones a sus miembros, los acreedores podían obligar a los administradores de la corporación a exigir tales aportaciones en beneficio de los acreedores, y si estas no eran satisfechas, los miembros podían ser perseguidos en su patrimonio personal. A esta doctrina se la denominó teoría de la «leviation».

Ésta era, pues, la herencia inglesa: el concepto de la corporación como un cuerpo o entidad debidamente constituido por charter; la transmisibilidad de las acciones derivada de las compañías mercantiles; la idea de responsabilidad limitada, aunque sujeta a la doctrina de la leviation cuando se asociaba a la forma corporativa otorgada por charter; y el equivalente de la responsabilidad limitada desarrollado por la Chancery en relación con el trust de carácter equitativo.

Lo cierto es que fue finalmente el ejemplo de la experiencia estadounidense el que proporcionó el modelo para el resultado inglés definitivo: la Companies Act de 1862, que permitió la creación de la corporación moderna en Inglaterra... La responsabilidad limitada parece haber sido generalmente considerada un atributo propio de la forma corporativa. Una muestra de ello puede encontrarse en el caso de un suscriptor de acciones del Banco de Nueva York que, en 1784, se negó a desembolsar su aportación porque, al haberse denegado la concesión del charter solicitado, habría quedado expuesto a los riesgos de la responsabilidad ilimitada... En Nueva Inglaterra, la respuesta legislativa a estas presiones siguió otro camino: vincular la concesión de personalidad corporativa a la supresión o denegación del privilegio de la responsabilidad limitada. Los legisladores de Nueva Inglaterra no carecían de precedentes para ello, pues la estructura de los municipios de la región hacía que sus habitantes respondieran personalmente de las deudas municipales impagadas.

Otro factor pudo ser la asociación tradicional entre el privilegio corporativo y el posible beneficio público que justificaba su concesión. Resulta interesante que los denominados limping charters («charters cojos»), que imponían responsabilidad ilimitada, se otorgaban a «aquellos grupos que parecían buscar autorización para operar en ámbitos en los que los beneficios privados parecían superar las ventajas potenciales para el público». En cualquier caso, parece existir acuerdo general en que la responsabilidad limitada, aunque extremadamente deseable como atributo de la existencia corporativa, no era indispensable en las primeras etapas de la industrialización, cuando las necesidades de capital de la industria eran relativamente reducidas. Durante algún tiempo pudo obtenerse una base suficientemente amplia de inversión sin necesidad de reconocer la responsabilidad limitada.

... en 1816, Pensilvania se pronunció sobre esta cuestión en Myers v. Irwin. El tribunal ... declaró que «la responsabilidad personal del accionista es incompatible con la naturaleza de una corporación»... y conectó esta conclusión con el concepto de personalidad separada. Sólo en el primer gran tratado estadounidense de Derecho de sociedades, el de Angell y Ames, publicado en 1832, encontramos una formulación inequívoca: «Creemos que ninguna regla jurídica está mejor asentada que aquella según la cual, por regla general, los miembros individuales de una corporación privada no responden de sus deudas, ni con su persona ni con sus bienes, más allá del importe de su participación en el capital social».

El autor explica las dificultades prácticas para hacer efectiva la responsabilidad ilimitada prevista en una ley de Massachusetts de 1809. Aparecieron los problemas clásicos derivados de la transmisión de las acciones por el socio demandado.

El tribunal tuvo que enfrentarse al supuesto de una transmisión realizada de buena fe, y la mayoría se preguntó: «¿Fue intención del legislador que una persona permaneciera expuesta durante toda su vida por haber adquirido una sola acción de esta compañía?». Surgió nuevamente la analogía con los habitantes de los municipios, pues el tribunal señaló, en apoyo de su decisión, que la responsabilidad del vecino cesaba cuando abandonaba el municipio... Más adelante se produjo un movimiento en sentido contrario que culminó en la ley de 1830, la cual concedió el privilegio de la responsabilidad limitada. El argumento utilizado para obtener este resultado legislativo fue la supuesta fuga de capital hacia otros Estados que ofrecían a los inversores una protección más amplia frente a la responsabilidad. Puede resultar significativo que Maine, poco después de separarse de Massachusetts en 1820, aprobara una ley que reconocía la responsabilidad limitada de los accionistas.

La disolución de la corporación

Una antigua doctrina procedente de la jurisprudencia inglesa sostenía que la disolución de una corporación tenía tres consecuencias respecto de sus derechos y obligaciones. En primer lugar, los bienes inmuebles revertían a quien originalmente los había transmitido a la corporación. En segundo lugar, se consideraba que los bienes muebles pasaban al Estado. Por último, y esto es lo más importante para el presente análisis, se entendía que todas las deudas de la corporación, tanto las que ésta debía como las que se le debían a ella, quedaban extinguidas por la disolución.

Entretanto puede observarse el charter de la Philadelphia Society for the Encouragement of Domestic Manufactures, cuyo artículo 8 disponía que, «si en algún momento se repartiera un dividendo superior a los beneficios reales de la institución y el capital resultase menoscabado por ello, los administradores que hubieran consentido dicho dividendo deberán indemnizar con su patrimonio personal la pérdida sufrida por el capital». Esta política se extendió después a todas las corporaciones bancarias en 1814. Pensilvania la mantuvo también respecto de las corporaciones manufactureras mediante la ley de 1849, que establecía que los administradores que consintieran tales dividendos «responderán conjunta y solidariamente, en su capacidad individual, de todas las deudas entonces existentes de la compañía y de todas las que se contraigan en adelante», salvo que hubieran manifestado su oposición al dividendo... Aproximadamente en la misma época, el recién creado Estado de Maine se ocupó de la misma cuestión. La ley de 1823, primera norma promulgada por una legislatura del nordeste que adoptó el principio de responsabilidad limitada, sometía dicho beneficio a diversas condiciones, entre ellas que la corporación «no efectuará reparto alguno del capital social, ni de ninguna parte de éste, ni de cualesquiera otros bienes o créditos pertenecientes a la corporación, hasta que todas sus deudas hayan sido satisfechas; quedando a salvo, sin embargo, el derecho a distribuir dividendos procedentes de los beneficios netos generados por el capital».

Parece que cuando se generalizó la emisión de acciones con valor nominal fijo se desarrolló paralelamente un movimiento legislativo orientado a supeditar la responsabilidad limitada de los accionistas al efectivo desembolso en favor de la sociedad del valor nominal que se habían comprometido a aportar. Las acciones sin valor nominal eran desconocidas en el siglo XIX y, de hecho, no empezaron a utilizarse hasta después de 1912.

Una vez más puede recurrirse a John Stuart Mill. Cuando escribió en 1848, Inglaterra seguía retrasada respecto de los Estados norteamericanos en materia de concesión de charters que incluyeran el privilegio de la responsabilidad limitada. Mill dedicó varias páginas a esta cuestión y recomendó la adopción de la responsabilidad limitada como estímulo para la inversión. Comprendía perfectamente que la responsabilidad ilimitada se justificaba supuestamente en beneficio de los acreedores, pero sostenía que éstos eran plenamente capaces de protegerse por sí mismos «siempre que no se les induzca a error mediante representaciones falsas». Por ello propuso que, junto con la responsabilidad limitada, se exigiera que las cuentas fueran accesibles a los particulares y, cuando fuese necesario, publicadas. Entonces, afirmaba, si una sociedad estuviera mal administrada, tal circunstancia resultaría visible para los potenciales acreedores, con la consecuencia de que esas sociedades mal administradas no podrían mantener una «competencia en igualdad de condiciones» con aquellas que estuvieran correctamente gestionadas.

Frederick G. Kempin, Jr “Limited Liability in Historical Perspective” 4 AM. BUS. L. ASS'N BULL. 11, 11 (1960)

Venta del único activo relevante de la sociedad a una sociedad controlada por la propia liquidadora

2026-10-15T13:46:03.328+02:00

foto: Pedro Fraile

Sentencia de 17 de septiembre de 2026 (SAP Barcelona, Sección 15.ª, núm. 871/2026)

(con IA)

La sentencia que se resume a continuación tiene interés porque recoge la doctrina según la cual nada impide que el socio mayoritario - y liquidador - se adjudique como pago de su cuota de liquidación los principales activos de la sociedad y el minoritario tiene derecho a que el liquidador-mayoritario respete la integridad del patrimonio y de su cuota de liquidación.

La resolución examina la liquidación de una sociedad anónima familiar, Asturpark, S.A., cuyo principal activo era un inmueble destinado a aparcamiento. El conflicto enfrentaba a dos hermanas accionistas: Carina, titular del 66,67 % del capital y liquidadora de la sociedad, y Rosa, titular del 33,33 %. La cuestión central era si la venta del único activo relevante de la sociedad a una sociedad controlada por la propia liquidadora constituía una infracción del deber de lealtad y justificaba la nulidad de la operación.

La historia de la sociedad tiene importancia para entender el litigio. Las tres hermanas habían heredado varios inmuebles y articularon su titularidad mediante distintas sociedades. En 1998 firmaron un convenio de reorganización patrimonial por el que cada una pasó a controlar individualmente determinadas sociedades e inmuebles, pero mantuvieron conjuntamente la propiedad de Asturpark, S.A.. Tras la adquisición por Carina de la participación de una tercera hermana, el capital quedó distribuido entre las dos litigantes en la proporción mencionada. El principal activo social era un inmueble en Barcelona explotado como aparcamiento.

La controversia se inició cuando fracasaron las negociaciones para que Carina comprara las acciones de Rosa. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el valor de la sociedad, la mayoría acordó la disolución y liquidación en marzo de 2023 y nombró liquidadora a Carina.

La sentencia dedica gran parte de su razonamiento a determinar si el precio de venta del inmueble fue o no inferior a su valor de mercado. Ese punto era esencial porque la demandante sostenía que la liquidadora se había aprovechado de su posición para adquirir el activo social a un precio artificialmente bajo. La Audiencia analiza minuciosamente las valoraciones disponibles. Existían tasaciones que oscilaban entre 847.054 euros y 1.507.404 euros, así como diversos informes periciales posteriores con resultados muy distintos. Además, durante el proceso de venta se recibieron tres ofertas reales de terceros por importes de 1.250.000, 1.300.000 y 1.350.000 euros. Finalmente, la sociedad vinculada a Carina, Leo 35, S.A., compró el inmueble por 1.350.000 euros, exactamente el importe de la mejor oferta recibida.

La Audiencia considera acreditado que ese precio era un auténtico precio de mercado. No se limita a observar que coincidía con la mejor oferta de terceros, sino que destaca que también era coherente con la mayoría de las tasaciones e informes periciales incorporados al procedimiento. El tribunal rechaza especialmente el informe presentado por la demandante que atribuía al inmueble un valor superior a 2,6 millones de euros sobre la base de usos urbanísticos alternativos, al considerar que sus hipótesis eran discutibles y que se apartaba de forma extraordinaria de todas las demás valoraciones. Para la Sala, el verdadero indicio del valor de mercado es el precio que compradores reales están efectivamente dispuestos a pagar. Por ello concluye que la venta no causó perjuicio alguno a la sociedad.

A continuación, el tribunal aborda la cuestión jurídicamente más relevante: si puede existir infracción del deber de lealtad aunque el precio sea correcto. La demandante sostenía que la mera compra por la liquidadora de un bien social suponía una transacción en conflicto de interés prohibida por los artículos 225, 227, 228 y 229 LSC. La sentencia acepta como punto de partida que los liquidadores están sometidos a las normas de deber de lealtad aplicables a los administradores y que, en principio, comprar para sí bienes de la sociedad que se liquida constituye una situación potencial de conflicto de interés.

Sin embargo, la Sala introduce una matización importante. Considera que esas normas deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto específico de una sociedad en liquidación con sólo dos accionistas y un único activo relevante. A su juicio, no tendría sentido excluir sistemáticamente a los propios socios de la posibilidad de adquirir bienes sociales si se establece un procedimiento capaz de neutralizar el conflicto. Según el tribunal, los socios suelen ser precisamente los principales interesados en participar en las operaciones de liquidación.

La Audiencia concluye que en este caso el conflicto quedó neutralizado mediante el procedimiento seguido. La junta fue convocada con información expresa sobre las ofertas recibidas y sobre la posibilidad de que los accionistas formularan ofertas adicionales. El precio mínimo estaba determinado por la mejor oferta de un tercero independiente. La liquidadora no fijó unilateralmente el precio, sino que ofreció a ambos socios la posibilidad de igualar o mejorar la mejor oferta existente. La sentencia describe el mecanismo como «una especie de subasta entre las dos socias». La demandante decidió no asistir a la junta ni participar en ella. Para la Sala, esa decisión no puede transformar en desleal la conducta de quien sí compareció y aceptó adquirir el inmueble en las condiciones previamente anunciadas.

Como consecuencia, la Audiencia revoca el pronunciamiento de primera instancia que había declarado la deslealtad de la liquidadora.

La única pretensión que prospera se refiere al pago de la cuota de liquidación de la accionista minoritaria. En la junta de septiembre de 2024 se aprobó atribuir a Rosa determinados créditos, saldos contables y derechos frente a terceros por valor de 390.863,60 euros como forma de satisfacer su cuota de liquidación. La Audiencia considera que esta decisión vulnera el artículo 393.1 LSC, según el cual, salvo acuerdo unánime, los socios tienen derecho a percibir la cuota de liquidación en dinero. La Sala insiste en que el liquidador tiene la obligación de realizar los bienes sociales y cobrar los créditos pendientes; no puede trasladar esa carga al socio mediante la adjudicación de créditos o partidas contables. «Por muy solventes que sean los deudores de aquellos créditos o líquido su importe, no son dinero».

Por ello declara nulo exclusivamente el acuerdo de adjudicación de esos bienes a la accionista minoritaria y ordena que su cuota de liquidación sea abonada en efectivo. La nulidad no afecta al balance final de liquidación ni al resto de operaciones liquidatorias.

De estos asuntos me ocupé en detalle en mi trabajo Conflictos intrasocietarios, de 1996 y ahí discutí, quizá con exceso de audacia sobre si la disolución otorga al socio mayoritario el derecho automático de adjudicarse la empresa social o si, por el contrario, el principio de igualdad de trato exige subastar la empresa o permitir que un socio minoritario con mejor oferta pueda retenerla. Frente a la doctrina que defiende que todos los socios deben tener la misma oportunidad de adjudicarse la empresa en la fase de liquidación si ofrecen un precio superior, el autor sostiene que el socio mayoritario tiene derecho a retener la empresa social siempre que realice una oferta justa que garantice que la cuota de liquidación del minoritario no resulte mermada. Este análisis se enmarca este análisis precisamente en la comparación económica entre los costes de la disolución (que implica liquidar y reconstituir la organización) y las ventajas de la exclusión. Argumenta que, mientras que la disolución ad nutum es una vía legítima pero costosa para el mayoritario que desea conservar el control de la empresa, la exclusión por justos motivos actúa como una alternativa más eficiente para eliminar el conflicto localizado en un socio concreto sin destruir el entramado organizativo ni obligar a soportar los elevados costes de la liquidación.

Uso descriptivo y justificado de los elementos denominativos una marca ajena

2026-10-15T13:22:11.477+02:00

Sentencia de 22 de septiembre de 2026 (SAP Barcelona, Sección 15.ª, núm. 878/2026).

con IA

Para un caso basado en hechos muy semejantes, v., Aurea Suñol, Caso: infracción de marca, Almacén de Derecho, 2023

La Audiencia desestima íntegramente el recurso interpuesto por Marisa y Logic Fitness, S.L. y confirma la sentencia que había rechazado una demanda por competencia desleal dirigida contra Julieta, el Club de Fit Kid Studio Navarrete y la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD). La demandante sostenía que los demandados se habían apropiado de la denominación «FIT KID», habían explotado su reputación y habían incurrido en diversas modalidades de competencia desleal. La Audiencia concluye que ninguno de los comportamientos denunciados encaja en los tipos de la Ley de Competencia Desleal.

El punto de partida del litigio es relevante. La actora era titular de dos marcas registradas: la marca mixta española «FITKID ESPAÑA», concedida en 2014, y una marca figurativa de la Unión Europea concedida en 2017. Además, quedó acreditado que utilizaba la denominación «FIT KID» desde al menos 1996 para promocionar competiciones y eventos de fitness infantil y que había participado en la organización de campeonatos durante muchos años. La propia Audiencia corrige aquí parcialmente la apreciación del juzgado de primera instancia y admite que la intervención de la actora en competiciones FIT KID desde la década de 1990 quedó suficientemente acreditada mediante documentos y testificales.

Sin embargo, la Sala considera igualmente acreditado algo que resulta decisivo para la resolución del caso: FIT KID no es una creación exclusiva de la demandante. Consta la existencia de un reglamento oficial de FITKID publicado en Hungría en 1997 y la celebración de competiciones internacionales desde finales de los años noventa impulsadas por organizaciones distintas de la actora. También quedó probado que varias entidades y personas ajenas a ella han organizado competiciones FIT KID durante más de veinticinco años. La Audiencia resume esta idea afirmando que FIT KID es «una actividad de danza acrobática infantil y juvenil de origen internacional» y que no consta que la demandante sea «su creadora exclusiva ni la única organizadora de competiciones bajo esa denominación desde su origen».

La Sala insiste en que poseer una marca no convierte automáticamente cualquier utilización de una denominación similar por terceros en un acto de competencia desleal. Expresa esta idea en un pasaje importante: «Que la actora sea titular de una marca no determina, sin más, que cualquier uso por un tercero de una denominación coincidente o semejante constituya, sin más análisis, un acto de competencia desleal».

La primera acusación examinada es la de engaño. La actora la basaba en un comunicado emitido por el presidente de la FEBD el 11 de abril de 2022. Según la demandante, dicho comunicado sugería falsamente que sólo la Federación podía utilizar legítimamente la denominación FIT KID. La Audiencia rechaza esa interpretación. Analiza el texto y concluye que el comunicado no hablaba de la marca FIT KID ni de la demandante, sino de la utilización de denominaciones como «Campeonato de España» o «Campeonato Autonómico», cuya utilización está legalmente reservada a las federaciones deportivas. La Sala considera que el comunicado se limitaba a recordar una realidad normativa exacta y que no contenía ninguna información falsa ni apta para inducir a error acerca de la demandante o de sus servicios.

La misma conclusión conduce al rechazo de las acusaciones de prácticas agresivas y denigración. La advertencia de que el seguro médico federativo no cubría determinadas competiciones no oficiales se considera una mera información veraz sobre el alcance de las coberturas aseguradoras exigidas por la legislación deportiva. Tampoco aprecia la Audiencia denigración porque el comunicado no menciona a la actora ni formula imputaciones negativas sobre ella; simplemente informa a los federados sobre el régimen jurídico de determinadas competiciones y denominaciones.

Un segundo grupo de alegaciones se refería al riesgo de confusión. La demandante atribuía a los demandados la organización en 2012 del «XVII Campeonato Autonómico de FITKID». La Sala destruye esta premisa fáctica. Señala que el club demandado ni siquiera existía en 2012, pues fue constituido en 2018. Además, el cartel aportado identifica como organizadores a otras entidades distintas. Incluso un testigo declaró haber organizado personalmente aquel campeonato. La Audiencia admite que algunos demandados difundieron posteriormente el cartel en redes sociales, pero considera que la mera difusión promocional de un cartel ajeno no equivale a organizar el evento ni a utilizar un signo distintivo para generar confusión en el mercado.

La cuestión más interesante desde el punto de vista doctrinal aparece al analizar la alegación de explotación de la reputación ajena y la de violación de normas. La actora sostenía que había construido durante décadas una reputación vinculada al nombre FIT KID y que los demandados se aprovechaban de ella utilizando esa denominación. La Audiencia considera insuficiente la prueba aportada. Aunque admite que la demandante organizó competiciones desde hace muchos años, entiende que no ha acreditado una posición reputacional singular que permita afirmar un aprovechamiento parasitario por terceros. Tampoco ha identificado actos concretos mediante los cuales se hubiera producido esa explotación de reputación.

La Sala dedica especial atención a la naturaleza de la expresión «FIT KID». Éste es probablemente el aspecto más relevante de la sentencia. La Audiencia considera probado que la denominación se utiliza en el lenguaje deportivo para describir una modalidad concreta de danza acrobática infantil. Señala que la disciplina es conocida indistintamente como «Fitness Infantil» o «FIT KID» y destaca que ninguna de las partes ha conseguido acreditar la autoría originaria de la expresión. Añade que se trata simplemente de la yuxtaposición de los términos ingleses «fit» y «kid», que describen directamente la actividad desarrollada.

A partir de ahí la sentencia aplica el límite al derecho de marca previsto en el artículo 37.1.b de la Ley de Marcas. Según la Audiencia, aunque la demandante sea titular de marcas registradas, los demandados pueden utilizar la expresión FIT KID de manera puramente descriptiva para identificar la modalidad deportiva practicada, siempre que no la empleen como marca indicadora del origen empresarial de sus servicios. Para apoyar esta conclusión invoca expresamente la STS 1065/2025, de 4 de julio de 2025, relativa a la denominación «Persimon», en la que el Tribunal Supremo admitió el uso descriptivo de una marca cuando ésta había pasado a identificar una variedad concreta de producto.

«la denominación FIT KID es utilizada por los demandados con ese mismo alcance descriptivo de la modalidad deportiva y no como indicación de la procedencia empresarial del servicio prestado».

Por ello, el uso queda amparado por el límite legal y no puede transformarse indirectamente, mediante las acciones de competencia desleal, en una prohibición que el propio Derecho de marcas no permite.

La vivienda no es objeto de una compraventa entre el cooperativista y la cooperativa de vivienda

2026-10-15T13:11:05.060+02:00

foto: Pedro Fraile

Sentencia de 3 de septiembre de 2026 (SAP Madrid, Sección 28.ª, núm. 274/2026, recurso 457/2023)

La sentencia aborda una cuestión que la propia Sala señala haber resuelto ya en numerosas ocasiones respecto de la misma promoción inmobiliaria: si una cooperativa de viviendas puede reclamar a un socio cantidades adicionales después de que la vivienda haya sido adjudicada en escritura pública. La Audiencia reafirma su doctrina anterior y concluye que sí puede hacerlo cuando esas cantidades responden al coste real de la promoción y a acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la cooperativa.

Los demandados se incorporaron en 2016 a la Cooperativa Boadilla Verde S.C.M. para adquirir una vivienda en una promoción inmobiliaria de Boadilla del Monte. La vivienda les fue adjudicada mediante escritura pública el 8 de marzo de 2019. Sin embargo, después de esa adjudicación la cooperativa aprobó diversas aportaciones extraordinarias destinadas a cubrir gastos de la promoción y deudas pendientes. Una de ellas ascendía a 3.000 euros más IVA por cooperativista y fue abonada por los demandados; posteriormente se aprobaron nuevas aportaciones para afrontar deudas exigibles y para repercutir determinados honorarios de la gestora de la promoción. La cooperativa reclamó finalmente 9.262,20 euros, además de determinadas mensualidades posteriores devengadas durante el proceso.

La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Consideró acreditado que todos los acuerdos que originaban las cantidades reclamadas tenían su origen en decisiones adoptadas antes de que los demandados solicitaran su baja de la cooperativa; que esos acuerdos no habían sido impugnados; que la deuda existía aunque no figurase en la escritura de adjudicación porque los gastos fueron determinados con posterioridad; y que las eventuales irregularidades contables o de gestión no eliminaban la obligación de pago.

La Audiencia confirma íntegramente ese razonamiento. El núcleo de su argumentación consiste en que la adjudicación de una vivienda por una cooperativa no es equiparable a una compraventa ordinaria con precio cerrado y definitivo. Según la Sala, el cooperativista participa como copromotor de la promoción y debe soportar todos los costes reales de ésta, incluso cuando dichos costes resulten superiores a las aportaciones inicialmente previstas.

Para los recurrentes, la reclamación obedecía simplemente a problemas de tesorería de la cooperativa y no a auténticos incrementos de costes. Alegaban además que existían irregularidades contables que el juzgado no había valorado adecuadamente. La Audiencia rechaza esta tesis. Considera especialmente relevante el informe de auditoría de las cuentas de 2018, del que resulta un déficit del plan financiero de 1.092.545 euros. Según la sentencia, ese déficit se debía principalmente al incremento de los gastos financieros derivados del retraso en la entrega de las viviendas. La Sala considera acreditado tanto el retraso de la promoción como el aumento de esos costes financieros y entiende que tales costes forman parte de los gastos de la promoción que deben asumir los cooperativistas.

La sentencia presta atención específica a la situación de la constructora. Los recurrentes reprochaban a la cooperativa no haber reflejado en determinados cuadros económicos la posible reclamación frente a la constructora OPROLER por los perjuicios causados por el retraso. La Audiencia responde que resulta lógico no contabilizar como ingreso futuro una reclamación cuya cuantía y éxito son inciertos, máxime cuando la constructora se encontraba en concurso. Añade que el eventual éxito de dicha reclamación podría generar un futuro reintegro, pero ello no altera la obligación actual de los socios de soportar los costes efectivamente generados por la promoción.

Otro argumento importante del recurso era que parte de las cantidades reclamadas procedían de acuerdos del Consejo Rector y no de la Asamblea General. Los demandados sostenían que sólo la Asamblea podía exigir nuevas aportaciones. La Audiencia rechaza esta objeción. Razona que la Asamblea ya había aprobado los honorarios de gestión correspondientes y había acordado su cobro. Los acuerdos posteriores del Consejo Rector se limitaron a calcular la cuantía concreta que correspondía a cada socio y a ejecutar las decisiones previamente adoptadas por la Asamblea. Subraya que la deuda resultante era exigible y que su pago evitaba una situación de enriquecimiento injusto de quienes habían recibido la vivienda sin soportar íntegramente los costes de la promoción.

La Sala analiza también la alegación relativa a la baja voluntaria de los socios. Los recurrentes sostenían que la cooperativa no había tramitado correctamente la calificación y liquidación de dicha baja conforme a la legislación cooperativa y a los estatutos sociales. La Audiencia considera irrelevante ese argumento para resolver el litigio. Explica que la reclamación ejercitada no tiene por objeto la liquidación derivada de la baja del socio, sino la liquidación económica de la actividad cooperativizada relacionada con la vivienda adjudicada.

Comunidad posganancial entre la viuda y las herederas y ejercicio de los derechos de socio (art. 126 LSC)

2026-10-15T12:26:20.580+02:00

foto: Pedro Fraile

Sentencia de 16 de septiembre de 2026 (SAP Madrid, Sección 28.ª, núm. 287/2026).

(con IA)

La Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por dos socias de una sociedad familiar contra la sentencia que había rechazado su impugnación de una junta general extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2023 y del acuerdo de ampliación de capital por compensación de créditos aprobado en esa junta. Confirma íntegramente la resolución de primera instancia e impone las costas a las apelantes.

El litigio surge en el contexto de la muerte del padre de las demandantes en 2013. Las participaciones sociales pertenecían en parte a la sociedad de gananciales formada por el causante y su viuda. Aunque ni la sociedad de gananciales ni la herencia habían sido liquidadas y repartidas, durante años la sociedad había funcionado atribuyendo derechos políticos a la viuda y a la comunidad hereditaria. Las demandantes consideraban que esa práctica era incorrecta porque las participaciones integradas en la comunidad postganancial no estaban divididas en cuotas individuales. A su juicio, la lista de asistentes de la junta debía haber reflejado la presencia de una única comunidad postganancial titular del 42,5 % del capital y no una distribución separada entre la viuda y la comunidad hereditaria. Sostenían además que la ampliación de capital constituía un acto de disposición que exigía unanimidad dentro de esa comunidad.

La tesis principal de la Audiencia consiste en distinguir entre la titularidad material de las participaciones y el régimen societario de ejercicio de los derechos correspondientes a participaciones en cotitularidad. La Sala parte de la doctrina jurisprudencial sobre la comunidad postganancial, que define como una comunidad sobre un patrimonio global en la que «los partícipes no tienen una cuota sobre cada uno de los bienes sino sobre la totalidad del patrimonio». Cita expresamente la STS 350/2026 y recuerda que esta comunidad carece de regulación legal específica y es una construcción jurisprudencial.

Habría que pensar que esta comunidad posganancial se parece bastante a la herencia yacente. V., con lista de otras entradas referidas al mismo tema: Un caso práctico excelente: validez del contrato, adquisición de la propiedad ex art. 34 LH, Derecho Mercantil, 2018

El tribunal acepta parcialmente una premisa de las apelantes: desde un punto de vista técnico, lo más correcto habría sido que la representación se hubiera atribuido directamente a la comunidad postganancial y no sólo a la comunidad hereditaria. Sin embargo, considera irrelevante esa observación para la validez de la junta. Lo decisivo es que existía un representante designado y que la situación reproducía la seguida en juntas anteriores celebradas en octubre y diciembre de 2022 sin impugnación alguna por parte de las recurrentes. La Sala afirma que estas no pueden desconocer ahora su propia conducta anterior.

La parte jurídicamente más importante de la sentencia se refiere al artículo 126 LSC. La Audiencia explica que, cuando existen participaciones en cotitularidad, la ley impone el nombramiento de un representante. Para designar a ese representante sí se aplican las reglas de la comunidad de bienes, en particular el régimen de mayorías del artículo 398 CC, porque se trata de un acto de administración. Pero, una vez designado, es el representante quien ejerce unitariamente los derechos sociales. Por ello, los desacuerdos internos entre los comuneros son inoponibles a la sociedad. La Sala recoge la doctrina del Tribunal Supremo según la cual el fundamento del artículo 126 LSC responde a exigencias de «simplicidad y claridad en el ejercicio de los derechos» y pretende evitar que los conflictos internos de la comunidad entorpezcan el funcionamiento societario.

De esta premisa se deriva la desestimación del segundo motivo del recurso. Según la Audiencia, aunque la ampliación de capital pudiera calificarse internamente como un acto de disposición, ello no implica que la emisión del voto por el representante exija unanimidad entre todos los comuneros. Las cuestiones relativas a la adopción de decisiones dentro de la comunidad pertenecen al ámbito interno de ésta y no afectan a la eficacia externa del voto emitido por quien ostenta la representación prevista en el artículo 126 LSC. En el caso, parece que la comunidad postganancial representaba el 42,5 % del capital social, lo que significa que había intereses de los demás socios en la aplicación estricta del artículo 126 LSC

La segunda gran cuestión debatida era la validez de la ampliación de capital por compensación de créditos. Las demandantes sostenían que los créditos utilizados para compensar el aumento no pertenecían exclusivamente a la viuda. Alegaban que correspondían en parte a la sociedad postganancial e incluso a la propia sociedad, porque procedían de rentas derivadas de varios inmuebles cuya titularidad no era exclusivamente de la viuda. Según su argumento, ésta sólo podía aportar una pequeña parte del crédito capitalizado.

La Audiencia rechaza también esta pretensión. Destaca que desde el fallecimiento del causante en 2013 la sociedad había venido abonando a la viuda las rentas correspondientes a los inmuebles y que una de las demandantes había sido administradora de la sociedad hasta 2014. La prueba contable mostraba una práctica constante mantenida durante años durante los cuales nadie cuestionó que tales rentas correspondieran a la viuda. El tribunal atribuye especial importancia al extracto del libro mayor, que arranca en 2010, es decir, antes incluso del fallecimiento del causante, y del que deduce una voluntad común de que fuera la viuda quien percibiera esas rentas. La Sala afirma expresamente que las apelantes no ofrecen ninguna razón objetiva para negar valor probatorio a esa documentación. Esa constatación destruye también el último argumento de las apelantes, según el cual tal atribución equivaldría a una donación que habría requerido la unanimidad de los comuneros. Para la Sala, la conducta mantenida durante años acredita precisamente la existencia de una voluntad común en ese sentido.

Reclamación a los socios de una deuda de la sociedad liquidada y extinguida

2026-10-15T11:51:47.426+02:00

foto: Pedro Fraile

Sentencia de 22 de julio de 2026 (SAP Madrid, Sección 28.ª, núm. 267/2026, recurso 452/2023).

(con IA)

La sentencia resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una decisión del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid que había estimado una demanda basada en el artículo 399 LSC, precepto que establece la responsabilidad de los antiguos socios de una sociedad extinguida por las deudas sociales no satisfechas, hasta el límite de lo que hayan recibido como cuota de liquidación.

El demandante reclamaba una deuda derivada de trabajos realizados en 2017 para la sociedad PLANT ORGANIC, S.L. La deuda había sido reconocida por el entonces administrador único mediante un documento de reconocimiento de deuda por 13.063,13 euros. Según la demanda, el importe total de los trabajos ascendía a 16.063,13 euros, de los que se habían abonado 9.900 euros, quedando pendiente un principal de 6.163,13 euros. A ello se añadían 2.716,84 euros por intereses, alcanzándose la cifra total reclamada de 8.879,97 euros. Como la sociedad había sido liquidada y extinguida, la acción se dirigió contra antiguos socios.

La Audiencia comienza declarando inadmisible en realidad la denominada adhesión al recurso formulada por dos de los demandados. Recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé una adhesión al recurso de apelación de otro litigante que permita eludir el plazo para recurrir. Como la sentencia había sido notificada en noviembre de 2022 y la adhesión se formuló muchos meses después, la causa de inadmisión se transforma en causa de desestimación.

En cuanto al recurso principal, la recurrente alegaba diversas modalidades de incongruencia omisiva. Sostenía, en primer lugar, que carecía de legitimación pasiva porque el crédito reclamado no figuraba en el balance final de liquidación y porque los activos sociales consistían esencialmente en cuentas corrientes de socios que no le pertenecían. La Audiencia rechaza este argumento. Considera acreditado mediante la escritura de disolución y liquidación que la recurrente recibió una cuota de liquidación de 13.562,98 euros, mientras que otros socios recibieron 18.649,10 euros y 1.695,37 euros respectivamente. Esa adjudicación basta para justificar su legitimación pasiva a efectos del artículo 399 LSC. Además, afirma expresamente que resulta irrelevante que el crédito del demandante no figurase en el pasivo del balance final de liquidación.

La sentencia examina después la alegación de litisconsorcio pasivo necesario. La recurrente defendía que debían haber sido demandadas también la sociedad extinguida y la persona que actuó como liquidador. La Audiencia rechaza esta tesis. Razona que la única acción ejercitada fue la del artículo 399.1 LSC, que se dirige exclusivamente contra los antiguos socios que recibieron cuota de liquidación. Cita la STS 982/2011, de 22 de diciembre, según la cual basta dirigir la acción contra los socios beneficiados por el saldo positivo de la liquidación. La existencia del crédito debe acreditarse, pero ello no obliga a demandar a la sociedad ya extinguida. Tampoco es necesario demandar al liquidador, pues su responsabilidad se contempla en una acción distinta, la del artículo 397 LSC. El carácter solidario de la responsabilidad permite al acreedor elegir contra qué socio dirigir su acción.

Respecto de la cuantía reclamada, la Audiencia confirma el cálculo efectuado por el demandante. Explica que los 13.063,13 euros recogidos en el reconocimiento de deuda no representaban el coste total de los trabajos, porque ya se habían abonado previamente 3.000 euros. Por ello, el importe global ascendía a 16.063,13 euros. Deducidos los pagos posteriores por un total de 9.900 euros, la deuda pendiente era efectivamente de 6.163,13 euros.

Sobre los intereses, la recurrente sostenía que tanto la fecha inicial como la fecha final del cálculo eran arbitrarias y que el documento no establecía un interés anual del 10 %. La Audiencia rechaza también esta alegación. Destaca que en el documento de reconocimiento de deuda se preveía un interés del 10 % y una cláusula que permitía reclamar la totalidad de la deuda una vez transcurridos treinta días desde el incumplimiento de los pagos pactados. Aunque el documento no especificaba expresamente que el interés fuera anual, la Sala entiende que esa era la voluntad de las partes y añade que los intereses, por su propia naturaleza, se calculan siempre en función del tiempo, siendo razonable entender que el porcentaje pactado era anual.

Otro bloque importante del recurso se refería a la existencia de diligencias penales en las que se investigaban posibles delitos relacionados con el reconocimiento de deuda. La recurrente sostenía que el proceso civil debía suspenderse por prejudicialidad penal. La Audiencia recuerda que el juzgado ya había rechazado esa petición y que tal decisión ni siquiera fue objeto de una adecuada reproducción en la segunda instancia. Añade que no existe base legal para revocar una sentencia civil simplemente porque se encuentre en curso un procedimiento penal relacionado con los hechos. Subraya además que no existe ninguna sentencia penal firme que haya declarado falso el documento de reconocimiento de deuda.

Enésima sentencia Solmiplaya: el liquidador desleal

2026-10-14T20:46:24.534+02:00

Foto: JJBOSE

Solmiplaya y Mazacruz acumulan decenas, casi un centenar de resoluciones judiciales. Conozco a las partes en los dos grupos de pleitos (a las partes que tienen razón, por supuesto) y es desalentador comprobar que tienen que pasar décadas, incluso varias décadas, para que los socios minoritarios o minorizados de una sociedad puedan llevarse lo que es suyo cuando se enfrentan a un socio mayoritario o mayorizado "depredador" y completamente desconsiderado respecto a los derechos de sus consocios.

Es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 1433/2026, de 16 de septiembre de 2026. (la otra sentencia Solmiplaya del Tribunal Supremo está aquí)

La sentencia resuelve un conflicto entre los dos únicos socios de Solmiplaya, S.L., una sociedad participada en un 60 % por Alcorax, S.L. y en un 40 % por Solo Tradicionales, S.L.

Durante la liquidación de la sociedad, el liquidador nombrado con los votos del socio mayoritario vendió a éste prácticamente todo el patrimonio social: un conjunto de inmuebles en Salou y las participaciones que Solmiplaya tenía en Oliva Oceánidas, S.L. Solo Tradicionales sostuvo que esas operaciones tenían por finalidad despojar al socio minoritario de su cuota de liquidación mediante una liquidación diseñada en beneficio exclusivo del socio mayoritario.

La cuestión central del litigio no era si existía simplemente una mala gestión de la liquidación, sino si las compraventas celebradas durante la liquidación eran nulas por simulación o por ilicitud de la causa. La tesis de la demandante era que la sociedad había sido despatrimonializada en favor del socio mayoritario mediante ventas a precio inferior al de mercado y mediante la compensación de supuestos créditos cuya existencia nunca había sido acreditada documentalmente.

Los hechos relevantes acreditados por el Supremo son los siguientes. Solmiplaya fue disuelta en 2012. El liquidador trató inicialmente de vender en bloque el complejo inmobiliario principal de la sociedad, fijando un precio de salida de 7.800.000 euros. Fracasado ese intento, se realizaron algunas ventas individuales. Posteriormente, Alcorax formuló una oferta sobre el conjunto de los activos inmobiliarios restantes por algo más de seis millones de euros y, además, ofreció adquirir por un euro las participaciones sociales de Solmiplaya en Oliva Oceánidas. La oferta establecía expresamente que la adquisición de ambos activos era conjunta e inseparable. El 1 de abril de 2015 se formalizaron ambas transmisiones. Una parte sustancial del precio de los inmuebles, concretamente 3.111.808,36 euros, se satisfizo mediante compensación de créditos atribuidos a Alcorax frente a Solmiplaya. Tras concluir la liquidación, el haber repartible para el socio minoritario se redujo a 2.087,43 euros.

El núcleo argumental de la sentencia gira en torno al efecto que debían producir dos resoluciones firmes posteriores a la sentencia recurrida.

La primera era una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15.ª) que había anulado el balance final de liquidación de Solmiplaya y que declaró acreditados varios extremos fundamentales: que los inmuebles se habían transmitido por un precio inferior al de mercado; que los créditos compensados carecían de soporte documental suficiente; y que la liquidación había lesionado el derecho del socio minoritario a su cuota de liquidación.

La segunda era la sentencia del propio Tribunal Supremo 449/2025, que estimó una acción social de responsabilidad contra los administradores y puso de relieve que determinadas operaciones con sociedades vinculadas al grupo del socio mayoritario presentaban indicios de haber servido para desviar beneficios de Solmiplaya.

Una parte importante de la sentencia está dedicada a justificar por qué esas resoluciones firmes pueden ser tomadas en consideración mediante el denominado «efecto reflejo o indirecto de la cosa juzgada». El Tribunal recuerda que una sentencia firme puede producir efectos fuera del proceso en que fue dictada cuando contiene declaraciones de hechos que constituyen el sustrato común de litigios posteriores. La Sala cita expresamente la jurisprudencia según la cual es incompatible con la seguridad jurídica que distintos tribunales lleguen a conclusiones contradictorias acerca de si unos mismos hechos ocurrieron o no ocurrieron.

A partir de ese planteamiento, el Supremo considera acreditados varios hechos decisivos. En primer lugar,

que los activos inmobiliarios se transmitieron «por un precio claramente inferior al de mercado». La sentencia de la Audiencia Provincial había comparado los 7.177.000 euros obtenidos por Solmiplaya con tasaciones independientes que situaban el valor del inmueble entre nueve y diez millones de euros. También había apreciado que el precio medio de adjudicación a Alcorax era muy inferior al obtenido en las ventas individualizadas de apartamentos.
Los créditos utilizados para compensar más de tres millones de euros del precio carecían de soporte documental suficiente. La Audiencia Provincial había señalado expresamente que no existían «facturas o contratos vinculados a ese saldo» y que el origen de la deuda se reducía a un asiento contable relacionado con anteriores ampliaciones de capital anuladas judicialmente.
Determinados contratos suscritos con sociedades vinculadas al grupo del socio mayoritario constituían, al menos en parte, un mecanismo de desvío de recursos sociales. La sentencia reproduce el razonamiento de la STS 449/2025 respecto de Rodor Apartamentos, afirmando que ciertos pagos representaban un «medio para desviar beneficios» hacia sociedades vinculadas al administrador.

Nulidad por ilicitud de la causa.

La sentencia establece expresamente que la doctrina tradicional sobre la nulidad por causa ilícita en fraude de acreedores es igualmente aplicable cuando el propósito perseguido es defraudar los derechos de un socio.

«Estas mismas consideraciones de la nulidad de un negocio por ilicitud de la causa cuando el propósito fraudulento común a los contratantes sea defraudar a los acreedores, es también aplicable cuando el propósito sea defraudar los derechos de los socios de una sociedad, como puede ser su derecho a la cuota de liquidación».

Aplicando esa doctrina al caso concreto, el Tribunal concluye que concurren una serie de circunstancias que sólo se explican por la existencia de un propósito de perjudicar al socio minoritario. Entre ellas destaca la infravaloración de los inmuebles en más de 1.500.000 euros; el empleo de créditos de origen dudoso y carentes de respaldo documental para pagar una gran parte del precio; la inclusión en la transmisión de todos los activos relevantes de la sociedad; la rapidez del proceso en las fechas navideñas de 2014; la ausencia de transparencia respecto de ofertas alternativas; la circunstancia de que el liquidador fue designado exclusivamente con los votos del socio mayoritario; y, sobre todo, el resultado final de que el socio mayoritario se quedó con la totalidad de los bienes mientras el minoritario recibió apenas 2.087.000 euros.

La conclusión del Tribunal se formula en términos inequívocos:

«la compraventa adolece de nulidad, al ser ilícita la causa del contrato, que es el propósito de defraudar la cuota de liquidación del socio minoritario mediante la despatrimonialización de la sociedad a través del socio mayoritario».

Respecto de la venta de las participaciones de Oliva Oceánidas por un euro, la Sala adopta una solución semejante. Aunque admite que no quedó acreditado que ese euro fuera necesariamente inferior al valor de mercado de las participaciones, entiende que ambas compraventas formaban un único negocio económico. La propia oferta de Alcorax condicionaba la adquisición de los inmuebles a la adquisición simultánea de las participaciones. Por ello, aprecia una «conexión causal inescindible» y considera que ambos contratos estaban integrados en una operación única dirigida a adquirir la totalidad de los bienes de Solmiplaya y privar al socio minoritario de una cuota de liquidación real. La venta de las participaciones es declarada nula por compartir la misma causa ilícita.

Como consecuencia, el Tribunal Supremo estima los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, casa la sentencia de la Audiencia Provincial y revoca la de primera instancia. Declara la nulidad de ambas compraventas, ordena la restitución de los inmuebles y de las participaciones sociales a Solmiplaya, impone las correspondientes restituciones recíprocas de prestaciones, ordena cancelar las inscripciones registrales y la transmisión de participaciones en el libro registro de socios y condena a las demandadas al pago de las costas de primera instancia.

Pero, los socios de Solo Tradicionales, como los socios de Mazacruz, siguen sin recibir lo que es suyo.

¡Ay! ¿Por qué hay abogados que defienden a los malvados? (no me refiero a la defensa penal, obviamente)

La protección de los acreedores de las asociaciones

2026-10-14T18:21:40.393+02:00

foto: JJBOSE

«La extendida idea de que en el Derecho de asociaciones no existe una afectación patrimonial destinada a proteger a los acreedores no es correcta. Desde un punto de vista sustantivo, la protección patrimonial de los acreedores en las asociaciones no es inferior a la existente en las sociedades de capital o en las cooperativas. En todos los tipos de corporación se protege a los acreedores adelantando, en cierta medida, el momento en que surge la obligación de solicitar el concurso al supuesto de sobreendeudamiento. También coincide el deber del órgano de administración, respaldado por responsabilidad por daños y perjuicios frente a los acreedores, de solicitar la apertura del procedimiento concursal tan pronto exista sobreendeudamiento. Del mismo modo, los mecanismos de protección de los acreedores durante la liquidación obligatoria tras la disolución son sustancialmente equivalentes.

En situaciones normales, la vinculación patrimonial es incluso más intensa en las asociaciones. La razón es que, cuando un socio abandona la entidad, no tiene derecho a recibir una cuota de liquidación... Por ello, no hay lugar para una regla de conservación del capital semejante a la existente en las sociedades de capital. Como los asociados no tienen ningún derecho a apropiarse del patrimonio asociativo, los intereses de los acreedores no entran en conflicto con pretensiones patrimoniales de los socios, de modo que tampoco es necesario reservar partes del patrimonio en favor de los acreedores (función de retención del capital social)

Por ello, si cabe hablar de levantamiento del velo en el ámbito asociativo, éste tendrá normalmente su origen en una confusión de patrimonios. El patrimonio de la asociación no es, en principio, un patrimonio perteneciente a los socios, sino el patrimonio propio de una organización independiente de ellos. Por eso no puede hablarse de una confusión patrimonial entre los socios personas físicas y la asociación en el sentido de que un bien pase inadvertidamente del patrimonio de unos al patrimonio de la otra o viceversa.

Además, el socio ordinario de una asociación no suele ser el causante de una eventual confusión patrimonial, sino más bien una víctima de ella. También su posición jurídica resulta perjudicada cuando la actuación económica de la junta directiva, con o sin la intervención de personas influyentes situadas entre bastidores, genera incertidumbre acerca de si determinados bienes pertenecen a la asociación o a algunos de sus socios, o de si determinados gastos deben imputarse a la asociación o personalmente a los miembros de la junta.

Si incluso en el Derecho de la sociedad limitada (GmbH) los socios que carecen de influencia efectiva sobre la gestión quedan excluidos de la responsabilidad derivada del levantamiento del velo, con mayor razón debe ocurrir lo mismo con los socios de una asociación. Por regla general, éstos sólo reciben información sobre la situación económica de la entidad una vez al año, en la asamblea general, y además la opinión dominante entiende que fuera de esa asamblea no tienen, en principio, un derecho general de información.

Si de lo que se trata es de exigir responsabilidad a los miembros de la junta directiva o a quienes realmente controlan la organización desde la sombra, aunque ni siquiera sean socios, la construcción del levantamiento del velo resulta inadecuada ya desde su propio planteamiento conceptual. ...

En consecuencia, una responsabilidad personal de los socios de una asociación inscrita, o de una asociación no inscrita que no persiga fines económicos, por analogía con los §§ 128 y siguientes del Código de Comercio alemán, sólo podría plantearse en caso de confusión entre el patrimonio de la asociación y el de sus miembros. Pero una confusión de esta clase sólo resulta imaginable dentro de estructuras asociativas complejas, como grupos de asociaciones o asociaciones matrices y filiales. Las personas físicas quedan, por tanto, en la práctica, al margen de cualquier responsabilidad por las deudas de la asociación basada analógicamente en los §§ 128 y siguientes del Código de Comercio alemán.»

Dieter Reuter, Die Durchgriffhaftung beim Verein, Hüttemann/Rawert/Schmidt/Weitemeyer (Hrsg.) Non Profit Law Yearbook 2007, 2008 p 65 ss

Andreas Schlüter sobre fundaciones y asociaciones en derecho alemán

2026-10-14T18:08:36.598+02:00

foto: JJBOSE

La fundación no tiene miembros y, por tanto, carece de autonomía. La asociación (y las corporaciones societarias como la SA, SL y Cooperativas) son autogobernadas

La fundación de los §§ 80 y ss. del Código Civil alemán (BGB) es independiente de la existencia de un conjunto de miembros. En ello reside el criterio decisivo de diferenciación respecto de la asociación y de la sociedad anónima. Estas están sustentada por la voluntad de sus miembros y es esa voluntad la que dirige permanentemente su evolución, también en lo que se refiere a sus modificaciones estructurales (por ejemplo, aumentos de capital, fusión escisión y disolución). Originariamente, la unión de varias personas (Verband, universitas personarum) constituía el presupuesto conceptual y el rasgo característico no sólo de las sociedades personalistas, sino también de las corporaciones. Como principio, sin embargo, esta idea sólo subsiste hoy con limitaciones en el ámbito de las corporaciones. Para la subsistencia de una asociación es necesaria una pluralidad de miembros (§ 73 BGB), pero no en el caso de la sociedad anónima ni de la sociedad de responsabilidad limitada (GmbH), donde la titularidad del cien por cien de las participaciones por una sola persona es un fenómeno cotidiano; en la GmbH, incluso en el momento de su constitución ya no es necesaria una pluralidad de personas (§ 1 GmbHG).»

La asociación y las corporaciones societarias dependen de sus miembros, la fundación es inmortal

No obstante, sigue siendo cierto que para la asociacion o sociedad anónima es esencial la existencia de la voluntad directiva de un miembro o, más frecuentemente, de una pluralidad de miembros. La clásica distinción entre fundación y corporación mediante la contraposición entre universitas bonorum (fundación) y universitas personarum (corporación) sigue siendo válida hoy si se tienen en cuenta las modificaciones mencionadas. La identificación de este criterio diferenciador no plantea dificultades en otros ordenamientos jurídicos. La asociación es una organización autogobernada, es decir, dirigida por sus miembros, que, como correlato de la libertad de constitución, puede en principio ser extinguida en cualquier momento mediante la voluntad de todos ellos (universitas personarum). La fundación, por el contrario, es “inmortal”. Una vez constituida por el fundador adquiere autonomía propia y se convierte exclusivamente en una organización de administración orientada a fines, sin miembros (universitas bonorum). La ausencia de miembros constituye, en el caso de la fundación con personalidad jurídica, el fundamento generalmente aceptado de la necesidad de una supervisión fundacional.»

Dos modelos ideales: la fundación sin organización y la asociación sin patrimonio (o sea, sin personalidad jurídica)

Pese a la clara delimitación conceptual entre asociación y fundación a través de la noción de miembro (universitas personarum y universitas bonorum), la comparación de la realidad jurídica muestra una separación menos nítida entre la organización corporativa, por un lado, y la patrimonialización característica de la fundación, por otro, de lo que cabría esperar a partir de los claros criterios dogmáticos de diferenciación. En un extremo se encuentra la masa patrimonial autónoma en forma de fundación (patrimonio sin miembros) y por otra la unión de personas independiente de los cambios de sus miembros pero sin patrimonio propio (agrupación de personas sin patrimonio, o sea, una asociación 'interna'). Estas formas ideales se han ido aproximando entre sí: la fundación adopta configuraciones con rasgos propios de las asociaciones muy marcados; por otro lado existen asociaciones cuyo patrimonio está sometido a una vinculación específica que deja de atribuirlo a los miembros y les concede únicamente un poder limitado de disposición sobre la finalidad de la asociación.»

... el legislador apenas se ha ocupado de la posibilidad de atenuar la separación entre fundación y asociación y de construir puentes entre ambas, la práctica contractual lo ha hecho de manera muy amplia... los límites se alcanzan allí donde los miembros quedan excluidos de toda influencia sobre la organización y el patrimonio de la asociación pasa a regirse exclusivamente por reglas propias que excluyen cualquier dirección externa.»

Cualquier fin lícito perseguido colectivamente está protegido por la libertad de asociación

«Un fin asociativo lícito puede consistir, en particular, en acumular patrimonio, distribuir los rendimientos de ese patrimonio para fines de la asociación (o fundacionales) y someter la organización de esta actividad a la formación colectiva de la voluntad de la asamblea de miembros. Por esta razón, no es necesario invocar adicionalmente, para justificar la licitud de esta configuración, el artículo 9.1 de la Ley Fundamental alemana, que garantiza la libertad general de asociación como un derecho especial de la personalidad. Siempre que concurran los rasgos constitutivos de una asociación, las restricciones a la libertad de asociación en cuanto garantía corporativa sólo pueden derivar de las estrictamente delimitadas disposiciones constitucionales correspondientes. La fijación de fines y las reglas organizativas inspiradas en objetivos fundacionales no forman parte de las limitaciones constitucionalmente habilitadas para restringir la libertad de asociación. Por ello, en la realidad alemana de las fundaciones, la configuración del fenómeno social “fundación”, es decir, la vinculación duradera de un patrimonio a uno o varios fines fijados por el fundador, ya no está limitada a la forma jurídica de la fundación regulada en los §§ 80 y ss. del BGB.»

Las asociaciones - fundaciones

A diferencia de la Ley de Fundaciones española (art. 4.2 LF), no hay reserva de la denominación "fundación" para las fundaciones de los §§ 80 y ss. del BGB.

Según la opinión dominante, también una SK o una asociación inscrita pueden añadir a su denominación la palabra Fundación... No obstante, para evitar el engaño del tráfico jurídico, cuando una corporación utiliza la denominación “fundación” debe resultar visible mediante una indicación adicional cuál es su verdadera forma jurídica (“SL” o “Asociación Inscrita”). En la práctica se hace frecuente uso de esta posibilidad. En el caso de la asociación existe además la restricción de que sólo pueden utilizar la denominación “fundación” aquellas asociaciones que dispongan de una dotación patrimonial suficiente o, al menos, de una expectativa asegurada de recibirla, de tal modo que quede garantizado durante un cierto período el cumplimiento de funciones acordes con la naturaleza de una fundación.»

«El objetivo organizativo de la asociación-fundación (Stiftungskörperschaft) consiste en crear una estructura de tipo fundacional en forma asociativa. Con ello se evita la autorización administrativa, está exenta del control estatal propio de las fundaciones y permite al fundador una influencia posterior a la constitución superior a la que tendría en una fundación, pero los rasgos estructurales perseguidos deben aproximarse a los propios de una fundación regulada por el BGB. El primero de ellos es la orientación hacia fines ajenos a los miembros, normalmente de interés general. Los rendimientos y prestaciones de la corporación, apartándose del modelo legal ordinario, no deben beneficiar a los miembros (socios de la GmbH o accionistas de la AG), sino destinarse a los fines específicos fijados en los estatutos.»

«El segundo rasgo es la existencia de un patrimonio fundacional básico puesto por el fundador al servicio del cumplimiento duradero de los fines establecidos. El tercer elemento es una estructura organizativa que sirva para la administración del patrimonio, su utilización conforme al fin previsto y, especialmente, la conservación de la vinculación duradera entre patrimonio y finalidad característica de la fundación.»

Los límites derivados de la autonomía de las asociaciones y corporaciones societarias

«Este objetivo de separar a los miembros del patrimonio y de orientar permanentemente la organización hacia un fin fundacional predeterminado encuentra límites en el principio de autonomía corporativa. La autonomía corporativa, entendida como la facultad de las asociaciones y corporaciones societarias para configurar por sí mismas su estructura y sus relaciones internas, constituye un rasgo central de todas las corporaciones. Su núcleo es la autonomía estatutaria, elemento necesario de la autodeterminación o soberanía asociativa. Dicha autonomía atribuye a todos los miembros la competencia para decidir libremente en cualquier momento sobre la finalidad y la existencia de su organización. Eso la sitúa en oposición al modelo de la fundación, donde ambas cuestiones, finalidad y existencia, quedan fijadas de manera permanente con la constitución de la entidad.»

... Desde un punto de vista económico, ese patrimonio no pertenece a los miembros, sino que queda adscrito de forma permanente a la asociación. La condición de miembro de una asociación no confiere una participación proporcional en el patrimonio asociativo, sino que constituye una relación personal con débiles conexiones patrimoniales.»

«Según las disposiciones estatutarias habituales en las asociaciones-fundación, los miembros no reciben prestaciones procedentes de los rendimientos del patrimonio, carecen de derecho a una compensación económica en caso de separación y no participan en el patrimonio resultante de la liquidación de la asociación. Este último sólo corresponde a los miembros conforme al § 45.3 BGB cuando la asociación servía exclusivamente a sus intereses, lo que normalmente no sucede en una asociación-fundación. Gracias a estas posibilidades de configuración estatutaria permitidas por el Derecho de asociaciones, el patrimonio asociativo queda, por así decirlo, inmunizado frente a los intereses individuales de los miembros. La aproximación al modelo funcional de la fundación se completa mediante reglas tomadas del Derecho de fundaciones que obligan a los órganos de la asociación a conservar permanentemente e íntegramente el patrimonio.»

«Los límites de esta aproximación al tipo ideal de fundación se manifiestan con especial claridad cuando se intenta lograr una vinculación permanente del patrimonio a una determinada finalidad mediante restricciones a la autonomía estatutaria de los miembros.»

«El punto de partida es el § 33.1 BGB, que exige para las modificaciones estatutarias una mayoría de tres cuartas partes de los miembros presentes en la asamblea. Esta norma es dispositiva y puede tanto flexibilizarse como endurecerse. En particular, es válida una disposición que permita modificar los estatutos únicamente mediante acuerdo unánime.

Asimismo, para la disolución de la asociación los estatutos pueden exigir, en lugar de la mayoría de tres cuartas partes prevista por la ley (§ 41 frase segunda BGB), una decisión unánime. La ley exige imperativamente el consentimiento de todos los miembros en caso de modificación de la finalidad de la asociación (§ 33.1 frase segunda BGB), debiendo prestar también los miembros ausentes su consentimiento por escrito (§ 33.1 frase segunda, segundo inciso BGB).

Ello significa que, siempre que exista unanimidad, la finalidad de la asociación y, con ella, el destino del patrimonio, pueden modificarse en cualquier momento. No es posible garantizar de forma permanente esa vinculación patrimonial frente a la voluntad unánime de todos los miembros. Las restricciones, en principio admisibles, a la modificación de los estatutos, a la modificación de la finalidad o a la disolución de la asociación encuentran su límite en el principio de autonomía corporativa; no es posible construir mediante disposiciones estatutarias una perpetuación de la organización contra la voluntad de todos los miembros.»

«Tampoco ofrece una solución la atribución de las competencias para modificar los estatutos, modificar la finalidad o acordar la disolución a terceros ajenos a la asociación, ni el establecimiento de una reserva de aprobación en favor de un tercero. Según la opinión dominante, la transferencia general de la competencia para modificar estatutos o fines a una persona ajena a la asociación es inadmisible.»

«En definitiva, la permanencia de la finalidad fundacional puede quedar en gran medida asegurada de hecho mediante adecuadas reglas estatutarias; sin embargo, continúa sometida a la decisión unánime de todos los miembros. La continuidad de la vinculación finalista se ve asegurada, ciertamente, por la normativa fiscal sobre entidades de utilidad pública. El patrimonio formado bajo el régimen de utilidad pública queda sometido a una vinculación patrimonial de carácter fiscal.»

Andreas Schlüter, Stiftung und Körperschaft – Körperschaften als Ersatzform der rechtsfähigen Stiftung, Walz/Hüttemann/Rawert/Schmidt (Hrsg.) Non Profit Law Yearbook 2006, 2007, p 75 ss.

Transparencia material sobrevenida en tarjetas de crédito 'revolving' según Manuel Jesús Marín López

2026-10-14T17:18:45.459+02:00

Foto: JJBOSE

Con IA

El artículo, publicado en 2026 por Manuel Jesús Marín López, analiza críticamente las SSTS 154/2025 y 155/2025, primeras sentencias del Tribunal Supremo sobre la transparencia material en el crédito revolving, y desarrolla una tesis propia y novedosa: la posibilidad de una «transparencia material sobrevenida» cuando el consumidor adquiere, tras contratar, un conocimiento suficiente de las características y riesgos del producto.

La tesis central del autor es doble. Por una parte, coincide en lo esencial con el Tribunal Supremo cuando exige que el consumidor comprenda realmente cómo funciona el crédito revolving, cuáles son sus riesgos y qué consecuencias económicas puede tener. Por otra, discrepa de aspectos importantes de la doctrina del Supremo, especialmente de la exigencia de determinados ejemplos ilustrativos y, sobre todo, de la idea de que toda la información relevante deba suministrarse necesariamente antes de la celebración del contrato. El autor sostiene que, dada la naturaleza indefinida del revolving, la información suministrada durante la ejecución puede llegar a colmar las exigencias de transparencia.

El Tribunal Supremo identifica como riesgos característicos del revolving el alargamiento indefinido de la deuda, la reducida amortización del principal cuando las cuotas son bajas, el elevado coste financiero y el posible «efecto bola de nieve».

Marín rechaza que la transparencia requiera necesariamente proporcionar «ejemplos adecuados» o simulaciones. Recuerda que ni en la jurisprudencia sobre cláusulas suelo, ni en la multidivisa, ni en otros ámbitos semejantes el Tribunal Supremo exige actualmente ejemplos numéricos para que exista transparencia.

Defiende que transparencia e información precontractual son conceptos distintos. Existen supuestos en los que la jurisprudencia considera suficiente la información contenida en el propio contrato. En su opinión, el revolving pertenece a esta categoría porque no incorpora elementos sorpresivos comparables a los de una cláusula suelo o una cláusula multidivisa.

El autor sostiene que un consumidor medio ya sabe que, si utiliza mucho crédito y paga cuotas muy reducidas, tardará más tiempo en devolver la deuda y pagará más intereses. Considera incoherente que el Tribunal Supremo presuma conocimientos complejos del consumidor en otros ámbitos, como las cláusulas IRPH o determinados acuerdos novatorios sobre cláusulas suelo, y al mismo tiempo exija una advertencia específica en el crédito revolving.

Un aspecto relevante del trabajo es su análisis de la Orden ETD/699/2020. El autor entiende que el propio Tribunal Supremo reconoce implícitamente que, para los contratos posteriores a dicha regulación, el cumplimiento de las obligaciones informativas específicas establecidas por la normativa bancaria debería bastar para considerar transparentes las cláusulas del crédito revolving.

La «transparencia material sobrevenida»

El punto de partida es la especial naturaleza del revolving como contrato indefinido o de duración indefinida en la práctica. A diferencia de un préstamo tradicional, el consumidor puede desvincularse en cualquier momento o cambiar de modalidad de pago. Por ello, la información que recibe durante la ejecución tiene un valor mucho mayor que en otros contratos de crédito.

En este punto, tiene interés el contenido de los extractos periódicos que las entidades remiten a los clientes y, especialmente, la información que deben facilitar desde la Orden ETD/699/2020. Esos extractos incluyen datos sobre el crédito dispuesto, el límite disponible, el tipo de interés, la cuota, la duración estimada de la deuda y el coste total previsible. Esa información permite al consumidor comprender perfectamente el funcionamiento y los riesgos del revolving. Desde ese momento existiría una transparencia material sobrevenida

«se supera el control de transparencia material cuando, mediante el envío de extractos informativos periódicos, el consumidor conoce las características, funcionamiento y riesgos del crédito revolving».

Ahora bien, ha de tratarse de un contrato indefinido o fácilmente resoluble por el consumidor y el equilibrio contractual ha de estar restaurado (si el consumidor ha pagado ya un sobreprecio concreto, éste deberá reintegrarse). De modo que las cláusulas podrían ser nulas durante un primer período y válidas a partir de otro momento posterior. La transparencia sobrevenida produciría efectos únicamente hacia el futuro. Las cláusulas afectadas de intransparencia pero no abusivas por su contenido serían ineficaces inicialmente pero desplegarían sus efectos cuando el consumidor adquiriera un conocimiento suficiente gracias a los extractos informativos. El autor compara esta solución con la doctrina jurisprudencial sobre usura en revolving, que admite la validez del contrato durante una fase temporal y su nulidad en otra distinta cuando se modifica el tipo de interés.

Marín sostiene que exigir a entidades que contrataron en 2006 o 2010 determinados contenidos informativos definidos jurisprudencialmente en 2025 genera graves problemas de seguridad jurídica. Señala que la normativa vigente en aquellas fechas no permitía prever muchas de las exigencias actualmente formuladas por el Tribunal Supremo.

Manuel Jesús Marín López, A vueltas con la transparencia material en el crédito revolving: análisis crítico de las SSTS 154/2025 Y 155/2025 y la transparencia material sobrevenida, Revista CESCO de Derecho del Consumo, 2026

Nulidad de hipoteca por asistencia financiera y 34 LH

2026-10-14T12:45:58.781+02:00

foto: Pedro Fraile

(resumen con IA)

Es la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) núm. 1469/2026, de 22 de septiembre de 2026 (STS 3789/2026).

La cuestión central del litigio consiste en determinar si una hipoteca constituida por una sociedad sobre un inmueble de su propiedad para garantizar la financiación empleada por terceros en la adquisición de sus acciones (asistencia financiera prohibida), puede hacerse valer frente al cesionario posterior del crédito hipotecario cuando éste adquirió el crédito a título oneroso, de buena fe y con inscripción registral.

Los antecedentes relevantes son complejos. La sociedad Zomote, S.A. era propietaria de una finca en Ibiza. En 2007, las sociedades luxemburguesas Rafa Entreprises y Fara Associates suscribieron una línea de crédito con Mitre Capital Partners Limited. Para garantizar las obligaciones derivadas de ese crédito, Zomote constituyó una hipoteca sobre su propia finca. Posteriormente, en 2013, Mitre transmitió el crédito y la hipoteca a Newgate Ventures S.à.r.l. mediante escritura pública e inscripción registral. Paralelamente, la sindicatura de la quiebra de Imsidex, S.A., accionista originaria vinculada con Zomote, inició diversos procedimientos impugnando la validez de las operaciones realizadas. Finalmente, Bastiodon, S.L., sucesora procesal de la sindicatura, ejercitó una acción de nulidad de la hipoteca alegando que constituía asistencia financiera prohibida por el entonces artículo 81 TRLSA, hoy artículo 150 TRLSC.

Resulta especialmente importante que la Audiencia Provincial, en la sentencia recurrida, sí aceptó la premisa principal de Bastiodon: la hipoteca constituía efectivamente asistencia financiera prohibida. Según la Audiencia, existía una relación causal entre la adquisición de las acciones y la garantía prestada por Zomote, de manera que el patrimonio social había sido utilizado para facilitar indirectamente la adquisición de sus propias acciones. La Audiencia afirmó expresamente que «la constitución de la hipoteca configura un supuesto de asistencia financiera prohibida».

Sin embargo, pese a reconocer la existencia de asistencia financiera prohibida, la Audiencia consideró que Newgate estaba protegida por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria como tercero hipotecario de buena fe. Esa conclusión fue confirmada por el Tribunal Supremo.

El recurso extraordinario por infracción procesal se basaba en la alegación de que la Audiencia había valorado erróneamente el contrato de crédito. Bastiodon sostenía que de la mera lectura del contrato resultaba evidente que la financiación se destinaba a la adquisición de las acciones de Zomote y que, por tanto, Newgate debía haber conocido la existencia de la asistencia financiera prohibida cuando adquirió el crédito. Según la recurrente, ese conocimiento excluía la buena fe necesaria para invocar la protección registral.

El Tribunal Supremo rechaza este planteamiento. Recuerda la doctrina consolidada según la cual la valoración de la prueba corresponde a los tribunales de instancia y sólo puede revisarse en supuestos excepcionales de arbitrariedad o irracionalidad manifiesta. Analizando el contrato, concluye que de él no se desprendía necesariamente que la financiación estuviera destinada a una adquisición prohibida de acciones. El propio contrato indicaba que los fondos se emplearían para «efectuar una nueva financiación de la estructura corporativa del dueño de la Parcela», para proyectos relativos a la finca, honorarios profesionales e impuestos. El Tribunal entiende que la expresión «refinanciación de la estructura corporativa» no equivale necesariamente a asistencia financiera prohibida y que no permitía afirmar que Newgate conociera la ilicitud de la operación.

El primer motivo de casación sostenía que Newgate no podía ser considerada tercero hipotecario porque era simplemente cesionaria del crédito originario. Según Bastiodon, al adquirir el crédito ocupó la misma posición jurídica de Mitre Capital Partners y, por tanto, dejó de ser un tercero respecto de la relación jurídica controvertida.

El Tribunal Supremo dedica una parte sustancial de la sentencia a desactivar esta tesis. Examina las sentencias invocadas por la recurrente y concluye que ninguna de ellas resulta aplicable. Por el contrario, considera decisiva la doctrina según la cual el adquirente oneroso e inscrito de un crédito hipotecario puede beneficiarse del artículo 34 LH cuando adquiere de quien aparece registralmente legitimado para transmitir y desconoce la existencia de causas de invalidez no reflejadas en el Registro. Cita especialmente la STS 1141/2004, donde se reconoció expresamente esa protección al cesionario de un crédito hipotecario.

La sentencia insiste en que la cesión de un crédito hipotecario implica simultáneamente la transmisión del crédito y de la hipoteca como derecho accesorio. Recuerda los artículos 1112, 1528 y 1878 del Código Civil, así como el artículo 149 LH, para afirmar la plena transmisibilidad del crédito hipotecario y la subrogación del cesionario en todos los derechos del cedente.

A partir de esa base, el Tribunal considera acreditados todos los requisitos del artículo 34 LH:

Newgate adquirió a título oneroso,
mediante escritura pública,
de quien aparecía registralmente como titular del derecho transmitido;
inscribió su adquisición;
y nada constaba en el Registro que permitiera conocer la eventual invalidez derivada de la asistencia financiera prohibida.

Por ello concluye que «no podemos negar a la demandada su condición de tercero hipotecario».

El segundo motivo de casación giraba en torno a la relación entre los artículos 33 y 34 LH. Bastiodon alegaba que la hipoteca era nula de pleno derecho y que una hipoteca inexistente no puede transmitirse válidamente; por tanto, el artículo 34 LH no podía utilizarse para «crear» un derecho real inexistente.

El Tribunal responde distinguiendo entre la nulidad del título previo y la validez del acto adquisitivo del tercero. Explica que el artículo 33 LH impide que la inscripción sane los vicios del propio negocio celebrado por el adquirente. Sin embargo, el artículo 34 LH sí protege frente a la nulidad del título anterior cuando el tercero ha adquirido válidamente y de buena fe. La sentencia resume esta doctrina afirmando que «el artículo 34 LH protege frente a la nulidad del acto adquisitivo anterior, no del propio».

La clave del razonamiento es que el negocio por el que Newgate adquirió el crédito hipotecario en 2013 no adolecía de ningún vicio. Aunque pudiera existir una causa de nulidad en la operación originaria de 2007, el acto adquisitivo de Newgate era válido, oneroso e inscrito. En consecuencia, opera la protección registral y la nulidad alegada no puede hacerse valer frente a ella.

Por ello, el Tribunal Supremo desestima íntegramente los recursos de Bastiodon, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y condena a la recurrente al pago de las costas del recurso.

El momento relevante para decidir sobre si la obligación es posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución, a efectos de exigir responsabilidad al administrador social con base en el art. 367 LSC, es el momento en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrador

2026-10-14T12:27:04.138+02:00

foto: Pedro Fraile

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2026

En las sentencias 246/2015, de 14 de mayo, y 144/2017, de 1 de marzo, consideramos que el momento relevante para decidir sobre si la obligación es posterior a la concurrencia de la causa legal de disolución, a efectos de exigir responsabilidad al administrador social con base en el art. 367 LSC, es el momento en que nace la obligación social de la que se pretende hacer responsable solidario al administrador... No es preciso, por tanto, que la deuda esté vencida y sea líquida y exigible... El criterio decisorio de la sentencia recurrida, que resulta impugnado en el recurso, puede resumirse en estos términos:

el cobro de lo indebido tuvo lugar el 5 de mayo de 2016, fecha en que la compradora entregó a la sociedad vendedora 42.000 euros en concepto de IVA, cantidad esta que la vendedora no debió recibir pues en esa compraventa, el sujeto pasivo del IVA, que debía ingresarlo en la Hacienda Pública o compensarlo con el IVA repercutido, era la compradora, al haberse producido una inversión del sujeto pasivo con base en el artículo 84.Uno.2.º de la Ley del IVA.

En esa fecha, la sociedad vendedora se encontraba incursa en causa legal de disolución por pérdidas agravadas porque tenía un patrimonio social negativo. Pero la fecha relevante respecto de la existencia de la deuda social, a efectos de la aplicación del art. 367 LSC, no sería esa, sino el 3 de diciembre de 2019, en que la sociedad demandada fue emplazada en este litigio y sus administradores fueron conscientes de la existencia de la deuda por el cobro de lo indebido. Dado que menos de dos meses después, el 27 de enero de 2020, la causa legal de disolución había sido removida, los administradores no responden solidariamente de la deuda social porque reaccionaron en el plazo de dos meses desde que tuvieron conocimiento de la existencia de la deuda y removieron la causa legal de disolución.

El criterio mantenido en la sentencia recurrida es erróneo. La conducta de los administradores sociales que enerva su responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones sociales es la convocatoria de la junta para adoptar las medidas encaminadas a la remoción de la causa legal de disolución en el plazo de dos meses desde que concurrió esa causa legal de disolución, más exactamente, desde que la conocieron o debieron conocerla observando la diligencia exigible a un administrador social, dado el deber legal que les incumbe de informarse diligentemente de la marcha de la sociedad y de su situación patrimonial. Pero si no han adoptado esa conducta (o alguna otra de las previstas en el art. 367.1, en relación con los arts. 365 y 366.2, y 367.2, todos ellos de la LSC) y, encontrándose la sociedad incursa en causa legal de disolución, nace una obligación social, que los administradores, en el plazo de dos meses desde que nazca esa obligación social o desde que los administradores la conozcan, adopten alguna de las conductas previstas en los apartados 1 y 3 del art. 367 LSC (en concreto, como ocurrió en este caso, la celebración de una junta universal para la remoción de la causa legal de disolución) es irrelevante y no les releva de responder solidariamente con la sociedad de las obligaciones sociales.

En este caso, es irrelevante que se tome como fecha relevante la del nacimiento de la obligación social el 5 de mayo de 2016 (que es lo correcto) o, como incorrectamente ha hecho la sentencia recurrida, el 3 de diciembre de 2019, en que se dice que los administradores sociales conocieron la existencia de tal obligación social: en ambos casos, la sociedad deudora se encontraba incursa en causa legal de disolución y en los dos meses siguientes a la concurrencia de esa causa legal de disolución los administradores sociales no habían adoptado las iniciativas previstas en el art. 367.1, en relación con los arts. 365 y 366.2, y 367.2, todos ellos de la LSC.

La posterior actuación de los administradores sociales dando cumplimiento a las exigencias de los apartados 1 y 3 del art. 367 LSC (convocar la junta de socios para acordar la disolución o la remoción de la causa de disolución, solicitar el concurso, etc.), en concreto, removiendo la causa legal de disolución, impide que siga originándose responsabilidad respecto de obligaciones futuras, pero no excluye la responsabilidad ya existente respecto de las obligaciones nacidas anteriormente. El cumplimiento tardío de sus obligaciones relativas a la realización de actuaciones tendentes a la remoción de la causa de disolución, la disolución de la sociedad o la declaración de concurso (esto es, cuando, la convocatoria de la junta general o la solicitud de disolución judicial o de concurso se producen fuera del plazo de dos meses previsto en el art. 367, en relación con los arts. 365 y 366.2, todos ellos de la LSC) no produce efectos respecto de los acreedores que en ese momento ya podían exigir la responsabilidad solidaria de los administradores respecto de las obligaciones sociales. Solo producirá efectos liberatorios de la responsabilidad del administrador social respecto de las deudas sociales que nazcan después de ese cumplimiento tardío. En este sentido... sentencia 585/2013, de 14 de octubre...

En conclusión, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida, carece de relevancia para exigirles la responsabilidad solidaria con las obligaciones sociales prevista en el art. 367 LSC cuál sea el momento en que los administradores son conscientes de la existencia de la obligación social pues lo relevante es cuándo nace esa obligación social, en relación con el momento en que concurrió la causa legal de disolución y los administradores la conocieron o debieron conocerla.

DerechoMercantil

La sociedad anónima vista desde la corporación medieval

Rutger Claassen, The corporation—a return to origins? European Journal of Political Theory, 2026, pp 1–27

La creación de personas jurídicas corporativas por la autonomía privada como producción de efectos cuasi-reales. A propósito de un capítulo de Economía y Sociedad de Max Weber,

foto: Pedro FraileThomas Raiser sobre Weber

La personalidad jurídica (corporativa) en Weber

La creación de personas jurídicas corporativas por la autonomía privada como creación de efectos cuasi-reales

¿Cómo surgen las innovaciones jurídicas?

La sociedad unipersonal en formación

Hanno Merkt, Die Einpersonen-Vor-GmbH im Spiegel der rechtswissenschaftlichen Diskussion, en Festschrift Karsten Schmidt, 2009

Liberbank renuncia al resto del principal y los intereses que puedan adeudarse en la actualidad, liberando al deudor principal y a los fiadores solidarios de toda responsabilidad por la deuda indicada»

Pueden inscribirse los acuerdos adoptados por una junta de una sociedad limitada cuyo socio único había fallecido pocos días antes, sin que se hubiera liquidado la sociedad de gananciales ni tramitado todavía la sucesión.

El Tribunal Supremo avala negar las costas cuando el consumidor fragmenta artificialmente sus acciones para multiplicar las condenas en costas.

Infracción de cláusula estatutaria limitativa de la transmisibilidad de las acciones y escisión total de la sociedad titular

Un caso israelí de terminación de un contrato de franquicia

El caso Blum v. Anglo-Saxon

La cuestión de los remedios

Soroker, Iris, רגולציה של סיום הזיכיון, Regulating the Termination of a Franchise (August 7, 2019)

¿Me preguntas por qué no tenemos jueces?

En una escritura de constitución de hipoteca, puede pactarse que el tipo de subasta es el 75% del valor de tasación, si no se incluye, entre los mecanismos de ejecución, el de venta extrajudicial

Por Esther González

Se rechaza el depósito de CCAA porque el informe de auditoría es de fecha posterior a la convocatoria de la junta (art. 272 LSC)

Por Marta Soto-Yárritu

Cancelación de cargas posteriores tras el ejercicio de una opción de compra inscrita

Por Esther González

¿Por qué existen empresas sin ánimo de lucro?

La existencia de sectores enteros de la economía en manos de empresas sin ánimo de lucro

La ventaja contractual de las empresas sin ánimo de lucro subjetivo la comparten con las empresas familiares y es que pueden contraer compromisos a largo plazo

La historia de la responsabilidad limitada en los EE.UU.

Frederick G. Kempin, Jr “Limited Liability in Historical Perspective” 4 AM. BUS. L. ASS'N BULL. 11, 11 (1960)

Venta del único activo relevante de la sociedad a una sociedad controlada por la propia liquidadora

Uso descriptivo y justificado de los elementos denominativos una marca ajena

La vivienda no es objeto de una compraventa entre el cooperativista y la cooperativa de vivienda

Comunidad posganancial entre la viuda y las herederas y ejercicio de los derechos de socio (art. 126 LSC)

Reclamación a los socios de una deuda de la sociedad liquidada y extinguida

Enésima sentencia Solmiplaya: el liquidador desleal

Nulidad por ilicitud de la causa.

La protección de los acreedores de las asociaciones

Dieter Reuter, Die Durchgriffhaftung beim Verein, Hüttemann/Rawert/Schmidt/Weitemeyer (Hrsg.) Non Profit Law Yearbook 2007, 2008 p 65 ss

Andreas Schlüter sobre fundaciones y asociaciones en derecho alemán

La fundación no tiene miembros y, por tanto, carece de autonomía. La asociación (y las corporaciones societarias como la SA, SL y Cooperativas) son autogobernadas

La asociación y las corporaciones societarias dependen de sus miembros, la fundación es inmortal

Dos modelos ideales: la fundación sin organización y la asociación sin patrimonio (o sea, sin personalidad jurídica)

Cualquier fin lícito perseguido colectivamente está protegido por la libertad de asociación

Las asociaciones - fundaciones

Los límites derivados de la autonomía de las asociaciones y corporaciones societarias

Andreas Schlüter, Stiftung und Körperschaft – Körperschaften als Ersatzform der rechtsfähigen Stiftung, Walz/Hüttemann/Rawert/Schmidt (Hrsg.) Non Profit Law Yearbook 2006, 2007, p 75 ss.

Transparencia material sobrevenida en tarjetas de crédito 'revolving' según Manuel Jesús Marín López

La «transparencia material sobrevenida»

Manuel Jesús Marín López, A vueltas con la transparencia material en el crédito revolving: análisis crítico de las SSTS 154/2025 Y 155/2025 y la transparencia material sobrevenida, Revista CESCO de Derecho del Consumo, 2026

Nulidad de hipoteca por asistencia financiera y 34 LH

foto: Pedro Fraile
Thomas Raiser sobre Weber