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Legitimación del comunero para resolver el arrendamiento cuando el otro comunero controla a la arrendataria incumplidora

2026-08-06T18:37:16.708+02:00

Es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1242/2026, de 21 de julio de 2026, Versa sobre si una copropietaria del 50 % de una finca rústica puede ejercitar por sí sola la acción de desahucio por falta de pago contra la arrendataria, una cooperativa controlada por el otro comunero, cuando existe oposición de éste, pero también un pacto expreso de división de la renta por mitad y una situación acreditada de retrasos e impagos reiterados.

La finca pertenecía por mitades a Patricia y Maximo. La finca había sido arrendada en 2009 por la usufructuaria, madre de ambos, a Majazul Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha; tras el fallecimiento de la usufructuaria, los dos hermanos se subrogaron como arrendadores y pactaron en 2016, con aceptación de la arrendataria, que la renta se pagaría por mitad a cada uno de ellos.

La arrendataria incurrió en retrasos sistemáticos en el pago de las rentas de varias anualidades y, cuando se presentó la demanda, adeudaba las rentas correspondientes a 2020 y 2021. Patricia ejercitó acción de resolución del arrendamiento por falta de pago y reclamación de rentas contra la cooperativa y contra el otro comunero, Maximo, que se opuso a la demanda junto con la cooperativa.

El Juzgado de Primera Instancia estimó sólo parcialmente la demanda: condenó a la cooperativa al pago de las rentas debidas, pero negó legitimación a Patricia para instar el desahucio, al considerar que no actuaba en beneficio de la comunidad, sino en interés propio, y que existía oposición expresa del otro comunero. La Audiencia Provincial de Toledo revocó esta decisión y estimó íntegramente la demanda, declarando resuelto el contrato de arrendamiento y ordenando el desahucio.

El recurso de casación de Majazul Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha y Maximo se fundaba en la infracción del art. 398 CC, en relación con el art. 394 CC, porque, según los recurrentes, un comunero sólo puede ejercitar acciones relativas a la cosa común cuando actúa en beneficio de la comunidad y no existe oposición de los demás comuneros.

El Tribunal Supremo desestima el recurso porque entiende que éste no combate la verdadera razón decisoria de la sentencia de apelación. La Audiencia no había atribuido legitimación a Patricia como comunera que actuara en beneficio de toda la comunidad, sino como titular de un interés propio derivado de su cuota indivisa y, sobre todo, de su derecho individual a cobrar la mitad de la renta conforme al pacto de 2016.

La Sala subraya que, sobre el derecho al cobro de la renta, no existía comunidad en sentido estricto, porque las partes habían pactado que la renta anual se dividiera por mitad y se abonara separadamente a cada comunero. Esa circunstancia singular diferencia el caso de los supuestos ordinarios en los que un comunero ejercita acciones relativas a una cosa común en beneficio de todos.

Además, el Tribunal destaca el conflicto de intereses entre el comunero recurrente y la arrendataria. Máximo controlaba de hecho la cooperativa arrendataria y su oposición a la acción no respondía al interés objetivo de la comunidad, que era cobrar puntualmente la renta, sino al interés de la propia arrendataria incumplidora.

Por eso, aunque la doctrina general exige cautela cuando un comunero actúa sin mayoría o con la oposición de otros comuneros, el Supremo considera que las sentencias invocadas por los recurrentes no son aplicables al caso. En ellas no concurrían circunstancias como el pacto de división de rentas, la imposibilidad de formar mayoría por existir dos cuotas del 50 %, el control de la arrendataria por el comunero opositor y el conflicto de intereses entre éste y la comunidad.

La Sala añade que, cuando no puede alcanzarse mayoría en la administración de la cosa común, el art. 398 CC permite acudir al juez. En este caso, la controversia se había planteado en un procedimiento plenario, sin limitaciones de alegación ni prueba, por lo que la decisión judicial de proteger el interés de la comunera perjudicada encontraba apoyo en ese precepto, especialmente al constatarse que el otro comunero se alineaba con la arrendataria incumplidora.

Citas: Arday, J. S. Mill, Illa, Maquiavelo y Botswana, AfD,

2026-08-05T17:44:07.131+02:00

J. S. Mill está de moda gracias a lo woke (Sobre la libertad)

muchas personas que consideran como una ofensa cualquier conducta que no les place, teniéndola por un ultraje a sus sentimientos; como aquel fanático que, acusado de tratar con demasiado desprecio los sentimientos religiosos de los demás, respondía que eran ellos los que trataban los suyos con desprecio al persistir en sus abominables creencias. Pero no hay paridad alguna entre el sentimiento de una persona hacia su propia opinión y el de otra que se sienta ofendida de que tal opinión sea profesada; como tampoco la hay entre el deseo de un ladrón de poseer una bolsa y el deseo que su poseedor legítimo tiene de guardarla. Y las preferencias de una persona son tan suyas como su opinión o su bolsa...

Como primer ejemplo, veamos las antipatías que muestran los hombres, basándose en un motivo tan ligero como la diferencia de prácticas y sobre todo de abstinencias religiosas. Para citar un ejemplo bastante trivial recordemos que, de todo el credo y las prácticas cristianas, nada envenena más el odio de los musulmanes que. el hecho de que los cristianos coman cerdo. Pocos actos hay que los cristianos y europeos miren con mayor disgusto que el que sienten los musulmanes ante este medio de calmar el hambre. En primer lugar, supone una ofensa contra su religión; pero esta circunstancia no explica, en absoluto, el grado ni la especie de su repugnancia; también el vino les está prohibido por su religión, y aunque consideran mal el tomarlo, no les produce la misma repugnancia. Su aversión a la carne del "animal inmundo" es, por el contrario, de carácter especial: una antipatía instintiva. Antipatía que la idea de suciedad, una vez que ha penetrado a fondo en sus sentimientos, se produce siempre, incluso entre quienes por sus costumbres personales no son de una limpieza escrupulosa.

El sentimiento de impureza religiosa tan vivo entre los hindúes, es un ejemplo notable. Suponed ahora, que en una región, cuya mayoría de población es musulmana, se quiera prohibir que se coma el cerdo en todo el país. No habría nada de nuevo en ello para los mahometanos. ¿ Sería esto un modo legítimo de ejercer la autoridad moral de la opinión pública? Y si no, ¿por qué no?' Tal práctica resulta realmente repugnante para un público semejante; cree sinceramente que Dios la prohíbe y la aborrece. Ni siquiera podría esta prohibición ser censurada como una persecución religiosa. Sería religiosa en el origen, pero no sería ya una persecución a causa de la religión, pues ninguna religión obliga a comer cerdo. El único fundamento sólido de condenación sería que el público no tiene por qué intervenir en los gustos e intereses personales de los individuos.

Dondequiera que los puritanos han contado con fuerza suficiente, como en Nueva Inglaterra y en la Gran Bretaña del tiempo de la república, han intentado con gran éxito suprimir las diversiones públicas y casi todas las diversiones privadas, particularmente la música, el baile, el teatro, los juegos públicos o cualquier otra reunión hecha con fines de esparcimiento. En nuestro país hay ahora un número considerable de personas cuyas nociones de religión y de moralidad condenan estos pasatiempos, y puesto que estas personas pertenecen a la clase media, que es una potencia cada vez mayor en la situación política y social presente, no es imposible del todo que un día u otro lleguen a disponer de una mayoría en el Parlamento. ¿Qué dirá el resto de la comunidad, al ver reglamentar sus diversiones por los sentimientos morales y religiosos de los severos calvinistas y de los metodistas? ¿No rogará a tales hombres, de piedad tan importuna, que se atengan a sus propios asuntos? Esto es precisamente lo que debería decirse a cualquier gobierno o público que tenga la pretensión de privar a todo el mundo de las diversiones que ellos consideran condenables. Pero si se admite el principio de la pretensión, no se podrá hacer objeción razonable a que la mayoría, o cualquier otro poder dominante en el país, la aplique según sus puntos de vista; y todos tendrán que estar dispuestos a conformarse con la idea de una república cristiana, tal como la comprendían los primeros colonos de Nueva Inglaterra, si una secta religiosa como la suya volviera a tomar posesión del terreno perdido, como se ha visto a menudo hacer a religiones consideradas en decadencia.

El catedrático de Cambridge contesta a sus críticos

Como hombre negro, autista, con retraso global del desarrollo y dislexia severa, las probabilidades (de ser catedrático de universidad) son aún menores; mi esperanza siempre ha sido que personas como yo se sientan inspiradas a dedicarse a la docencia e investigación, y que personas como usted puedan dejar sitio para ello... «En lugar de dedicar su tiempo a desmantelar el racismo y la discriminación contra las personas con discapacidad», añadió Arday, «usted ha dedicado, supongo, horas a revisar mi trabajo en busca de errores». Harris era, según él, «un monumento al hecho de que vivimos en una sociedad donde la gramática se valora por encima de la equidad». Concluyó con la advertencia: «Cualquier comunicación adicional por su parte la consideraré como acoso (y la denunciaré a la policía)».

Lo que hizo. La policía metropolitana dio traslado a la de Cornwall que archivó la denuncia sin más trámite.

Por lo que se ve, a Jason Arday se le están multiplicando los acosadores. Ni los de The Guardian, el periódico más woke de la anglosfera le creen, pobrecito. Cuando dudaron de sus afirmaciones, les contestó "Sinceramente, pensé que simplemente me creerían". Dice Kyle Smith con mucha razón que los woke - posmodernos de extrema izquierda cuentan con la complicidad de las dos instituciones que más claramente deberían destapar a estafadores, mentirosos, fabuladores y gente de esa calaña.

Hasta hace muy poco, los medios de comunicación tenían la costumbre de publicar como si fueran hechos cualquier cosa que el Sr. Arday dijera y ahí radica el verdadero problema. No se trata solo de que un profesor de una universidad de prestigio parezca ser un fabulador compulsivo (el Sr. Arday niega este calificativo), sino de que la universidad, como institución, junto con los medios de comunicación, debería ser una de las entidades más rigurosas en la búsqueda de la verdad en nuestra sociedad.

Lo que sugiere que deberíamos estar mucho más preocupados por las mentiras que publica la prensa o las que tienen éxito en la universidad que por todas las que circulan en redes sociales e internet. No como Estado, pero sí como sociedad. Hay enormes beneficios de que circulen mentiras en internet. Pero ninguno de que se publiquen en la prensa o que sirvan para obtener cátedras universitarias.

Arday ha dimitido como catedrático de Cambridge.

Illa siempre miente. Illa miente más que Sánchez. y Esther Niubó es una delincuente

Mintió sobre la pandemia (estamos absolutamente preparados), mintió sobre la amnistía (de amnistía, nada). En los últimos días, ha mentido sobre PISA y sobre el indulto a Borrás. Pero los votontos catalanes siguen votándolo (los que no lo hacen al fascismo nacionalista) porque antes se sacarían un ojo que votar al PP. ¡Qué ganas de que PP + Vox saquen 211 diputados!

Lo de PISA no es un error o una negligencia. Es fraude. Los de Iustitia Europa deberían poner una querella contra la consejera de educación catalana por prevaricación

La consellera Esther Niubó terminó admitiendo este lunes que sacaron del examen al 23% de los alumnos -casi uno de cada cuatro estudiantes- cuando PISA sólo permite un índice de exención del 5%. Son cinco veces más de lo permitido. Estos alumnos son los más vulnerables y, por tanto, los que pueden hacer que Cataluña empeore sus resultados en comparación con otras autonomías. Al retirar a estos estudiantes, la muestra deja de ser representativa del sistema y no refleja con fiabilidad al conjunto del alumnado catalán. Por ese motivo la OCDE considera que los datos no pueden utilizarse para comparar el rendimiento educativo de Catalunya con el de otros territorios.

Según cuenta la periodista, el ministerio de Educación advirtió a la administración catalana del incumplimiento de las reglas de PISA. O metemos en la cárcel a los políticos que se saltan las reglas o este país se parecerá, cada vez más, a Somaliland.

Muthukrishna

"…Modelos anteriores sugieren que la reciprocidad indirecta (reputación) puede estabilizar la cooperación humana a gran escala [K. Panchanathan, R. Boyd, Nature 432 , 499–502 (2004)]. La lógica detrás de estos modelos y experimentos [J. Gross et al. , Sci. Adv. 9 , eadd8289 (2023) y OP Hauser, A. Hendriks, DG Rand, MA Nowak, Sci. Rep. 6 , 36079 (2016)] es que una estrategia en la que los individuos ayudan condicionalmente a otros en función de su reputación por participar en un comportamiento cooperativo costoso sirve como un castigo que incentiva la cooperación a gran escala sin el problema del free riding de segundo orden. Sin embargo, estos modelos y experimentos no tienen en cuenta a los individuos que pertenecen a múltiples grupos con reputaciones que pueden estar en conflicto.

... extendemos estos modelos de manera que los individuos pertenezcan a un grupo más pequeño, "local", incrustado dentro de un grupo más grande, "global". Esto introduce estrategias competitivas para brindar ayuda a otros condicionada a su comportamiento cooperativo con el grupo local o global. Nuestros análisis revelan que la reputación de cooperación en el grupo local más pequeño puede socavar la cooperación en el grupo global más grande, incluso cuando las recompensas máximas teóricas son mayores en este último. Este modelo revela que la reciprocidad indirecta por sí sola es insuficiente para estabilizar la cooperación humana a gran escala, ya que la cooperación en una escala puede considerarse una deserción en otra. Estos resultados profundizan el enigma de la cooperación humana a gran escala.

Salvo que el entorno sea competitivo y los juegos sean de suma positiva (como los intercambios económicos). En tal caso, la cooperación a gran escala es hacedera.

Dice Arcadi Espada

"El problema de Cataluña no es la mediocridad de su educación, de su sanidad, de sus transportes, de sus empresas y de su paisaje. El problema ha sido siempre lo que se cuenta. Ni siquiera lo que cuenta a los otros, incluida aquella crédula y acomplejada generación de madrileños que llamaba a Pujol gran estadista. El problema es lo que se cuenta a sí misma: lo que le impide ser mejor. La falsificación de las pruebas de Pisa ha tenido una consecuencia que cualquier política normal juzgaría con severidad. Es la imposibilidad de comparar los resultados educativos de Cataluña con los del resto de lugares. Es, en realidad, una expulsión. La culminación del hecho diferencial. Pero ya veo al beocio coro de la tribu proclamando: «¡Somos incomparables!».

Breve

La víctima de la violencia machista era agresora de violencia hembrista. Y, además, él era dominicano y ella brasileña. La burocracia universitaria es la peor en términos de balance coste-beneficio. La Universidad española ya está al nivel de Harvard; La Revolución Papal cambió la mentalidad de los europeos; aquí está el paper; "No hay unidad completa en el hombre. Nadie obra jamás, ni con sinceridad plena, ni con plena mala fe", Benjamin Constant; Los nacionalistas vascos son odiosos. Son odiosos. Los nacionalistas catalanes menos, porque, principalmente, se hacen daño a sí mismos. Los vascos dañan a los demás; "el autocontrol es hereditario en aproximadamente un 60%, es decir, los genes explican alrededor del 60% de las diferencias individuales en sus niveles de autocontrol; El ministro de Cultura le ha soltado 13 millones de euros a la fundación del partido coaligado con Sumar, los Comuns. Un 50% más que el año pasado. Nadie ha notado el conflicto de interés. Ni siquiera el fiscal.

Archivo

¿No debería investigar ahora la policía por qué García Ortiz borró su teléfono móvil a la luz de lo que está apareciendo respecto de las relaciones entre la Fiscalía General y Leyre Díez?

Alternative für Deutschland podría sacar mayoría absoluta

Los migrantes no son inherentemente peligrosos, y la diversidad no es incompatible con la democracia. Pero, al igual que ocurre con los rápidos cambios económicos o tecnológicos, los rápidos cambios sociales requieren un gobierno fuerte y adaptable. La inmigración puede enriquecer a las sociedades, pero también puede generar conflictos, ansiedad, competencia por recursos escasos y temores sobre la delincuencia, el terrorismo, la asimilación y la identidad nacional, especialmente cuando los ciudadanos creen que su gobierno ha perdido el control sobre quién entra, quién se queda, quién se integra y quién debe ser expulsado o vigilado.

Como César Borgia según Maquiavelo, Botswana lo hizo todo bien (Cremieux)

A pesar de décadas de esfuerzos por fortalecer las instituciones y educar a la población, Botsuana solo ha logrado enriquecerse ligeramente en comparación con otros países similares, y no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse esta situación ni cómo podrá seguir creciendo a partir de ahora. A pesar de que los defensores de la reforma institucional sugieren que es posible establecer instituciones de calidad y dejar que las cosas fluyan, Botsuana parece ser el caso extremo, y es un ejemplo de cómo las buenas instituciones permiten una extracción extensiva de recursos con escasos beneficios duraderos.

El papel de los molinos de agua en la protoindustrialización

Malte Hinrichs sostiene que los molinos hidráulicos contribuyeron a la industrialización prusiana no sólo como fuente de energía, sino como mecanismo de acumulación de capital humano práctico. La tesis es que la construcción, mantenimiento y adaptación industrial de los molinos de agua generó demanda de oficios cualificados, especialmente artesanos mecánicos, y favoreció la aparición de actividades protoindustriales vinculadas a textiles, metalurgia, serrerías, batanes, aceiterías o maquinaria hidráulica. A diferencia de los molinos de viento o de tracción animal, los molinos de agua podían utilizarse más allá de la molienda de grano y crear encadenamientos productivos aguas arriba y aguas abajo. Empíricamente, el autor utiliza datos censales prusianos por condados y muestra que una mayor densidad de molinos de agua en 1819 se asocia con una proporción significativamente mayor de maestros artesanos en 1849. El efecto estimado es de al menos 1,7 maestros artesanos adicionales por cada 1.000 habitantes por cada molino hidráulico adicional por 1.000 habitantes, aproximadamente un 8 % de la mediana de maestros artesanos en los condados prusianos. La estrategia de identificación se basa en usar la rugosidad del terreno como instrumento de la presencia de molinos hidráulicos: los terrenos accidentados favorecían el aprovechamiento de cursos de agua para mover ruedas hidráulicas, mientras que eran menos adecuados para molinos de viento o de tracción animal. El autor defiende que la rugosidad no favorecía por sí misma el desarrollo económico, pues normalmente elevaba costes de transporte y dificultaba la agricultura, de modo que su efecto positivo opera principalmente a través de los molinos de agua. Los resultados son robustos a controles por industrialización previa, escolarización, religión, cultura, acceso a mercados, geografía, agricultura, minería, vapor, urbanización histórica y emancipación servil. El segundo resultado es que los condados con más molinos hidráulicos crecieron más en población entre 1821 y 1849. El efecto estimado oscila entre 3,9 y 7,8 puntos porcentuales adicionales de crecimiento poblacional por cada molino hidráulico adicional por 1.000 habitantes. El autor interpreta esta asociación como indicio de mayor dinamismo económico y atracción migratoria, más que como un simple aumento de fertilidad. El mecanismo identificado para Inglaterra por Mokyr y otros, según el cual los molinos hidráulicos favorecieron la acumulación de habilidades mecánicas útiles para la industrialización, no fue exclusivo de Gran Bretaña. También en Prusia el uso prolongado de la energía hidráulica habría generado capital humano artesanal que facilitó la industrialización temprana y el posterior catch-up alemán.

La asociación o SL mixta con fundación

2026-08-02T19:24:45.049+02:00

La distinción clásica entre asociación (entendida como tipo princeps de corporación) y fundación parece clara en términos conceptuales, pero se difumina en la práctica cuando una asociación se usa para fines fundacionales o cuando una fundación se organiza con rasgos propios de una asociación. Si el derecho español ha podido "sobrevivir" a una concepción tan estrecha de la fundación - sólo para fines de interés general - es, en parte, por la flexibilidad de la asociación y de las sociedades de capital. Una asociación puede utilizarse exactamente para los mismos fines que una fundación sin someterse al régimen de la Ley de Fundaciones.

Los trabajos que se resumen a continuación se refieren al derecho alemán y manejan “corporación” en el sentido de universitas personarum, es decir, como organización basada en miembros (entre nosotros, una asociación), mientras que la fundación responde al modelo de universitas bonorum o universitas rerum, esto es, un patrimonio afecto de forma duradera a un fin. La oposición inicial es, por tanto, entre una organización gobernada por sus miembros y una organización patrimonial sin miembros. El interés de estos trabajos está en que explican cómo se han desarrollado en Alemania formas mixtas de asociaciones-fundaciones.

Esta evolución se explica por la rigidez del Derecho alemán de fundaciones. La fundación permite vincular de modo duradero un patrimonio a un fin, pero exige reconocimiento por parte de la Administración Pública, queda sometida a supervisión fundacional y, una vez constituida, reduce drásticamente la influencia posterior del fundador, que pasa a situarse frente a la fundación como un tercero. La dotación fundacional "abandona" el patrimonio del fundador y se integra en el de la persona jurídica fundación. Pero el derecho alemán no reserva el nombre de "fundación" - Stiftung - para este tipo de corporación, de manera que pueden existir asociaciones-fundaciones y sociedades anónimas o limitadas - fundaciones.

En Derecho español hay una reserva legal de la denominación “Fundación” para las entidades inscritas como fundaciones. La regla está en el art. 4.2 de la Ley 50/2002, de Fundaciones: «Sólo las entidades inscritas en el Registro al que se refiere el apartado anterior, podrán utilizar la denominación de “Fundación”.» Además, el art. 5.1.a) exige que en la denominación de las fundaciones figure la palabra“Fundación”, de modo que opera en doble sentido: las fundaciones inscritas deben usarla, y las entidades no inscritas como fundaciones no pueden usarla. Por tanto, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, en España una SL-fundación o una asociación-fundación no podrían presentarse simplemente como “Fundación X” si no son fundaciones inscritas conforme a la Ley 50/2002. Podrían tener fines fundacionales, afectar patrimonio a fines de interés general o incluso funcionar de modo parecido a una fundación, pero no usar legítimamente la denominación reservada “Fundación” salvo que adopten e inscriban la forma fundacional.

La utilización de la asociación o incluso de la sociedad limitada permiten alcanzar una función similar, esto es, afectar un patrimonio a fines altruistas o de utilidad pública, excluir derechos patrimoniales de los miembros y organizar la administración del fondo con estabilidad, pero sin someterse al régimen público de la fundación y conservando mayor margen de configuración estatutaria. La ventaja es que la autonomía de los miembros conserva, al menos en último término, la posibilidad de modificar los estatutos, cambiar el fin o disolver la organización.

Y, en efecto, la primera observación es que, en la fundación, la autonomía está mucho más limitada que en las asociaciones. Burgard subraya que, como la fundación no tiene miembros, no constituye ejercicio del derecho fundamental de asociación del artículo 22 CE - art. 9.1 de la Constitución alemana. De ahí que las llamadas cláusulas de eternidad sean admisibles en el Derecho de fundaciones de un modo que no lo serían en el Derecho de asociaciones. En la constitución de una asociación o una sociedad de estructura corporativa hay autodeterminación de los miembros. No así en la fundación, que está “dirigida desde fuera”: primero por el fundador, que le da su constitución; después por órganos integrados por terceros; y finalmente por la autoridad de supervisión fundacional. Por eso Burgard dice que, en este sentido, la fundación nunca es autónoma (en el sentido de que no disfruta de "autoorganización" o autonomía como disfrutan las asociaciones y las sociedades - corporaciones.

Esa falta de autonomía interna no significa, sin embargo, que la voluntad del fundador deba quedar congelada de manera rígida e indisponible. El principio de respeto a la voluntad fundacional no es un fin en sí mismo, sino una forma de proteger la decisión privada del fundador. Precisamente por eso, si el fundador quiere prever en los estatutos una formación de voluntad cuasicorporativa o atribuir a órganos o terceros facultades de modificación, esa opción debería respetarse. Prohibirle esas configuraciones estatutarias supondría lesionar la misma autonomía privada que el Derecho de fundaciones pretende preservar. El principio de respeto a la voluntad del fundador significa, ante todo, que los órganos están vinculados por la constitución de la fundación, del mismo modo que los órganos de una corporación están vinculados por sus estatutos.

Wiesner parte de que la libertad del fundador comprende el “si” y el “cómo” de la constitución de la fundación. El acto fundacional, normalmente un negocio jurídico unilateral, es una manifestación de autonomía privada y, en principio, no exige equilibrar intereses contrapuestos, porque no hay miembros cuya autodeterminación colectiva deba protegerse. Pero esa misma ausencia de contrapesos justifica que el ordenamiento no acepte sin más cualquier configuración querida por el fundador. Pero el principio estructural sigue siendo la voluntad del fundador. Wiesner reconstruye la evolución histórica en términos próximos a Gierke: la fundación deja de entenderse sólo como un patrimonio afecto a un fin y pasa a verse como una objetivación de la voluntad humana. (como el testamento). De ahí que la voluntad histórica del fundador se convierta en el criterio rector del Derecho de fundaciones. Esto explica la lectura que Wiesner hace del § 81.2 BGB. La norma exige que el acto fundacional contenga una declaración vinculante del fundador de destinar un patrimonio al cumplimiento de un fin establecido por él. “Vinculante” significa definitivo también contra el fundador y no puede ser neutralizada mediante cláusulas estatutarias que dejen completamente abierta su modificación. De ahí extrae Wiesner una consecuencia restrictiva: el fundador no puede instaurar, mediante estatutos, un sistema de autoorganización análogo al de las personas jurídicas corporativas. De manera que debería admitirse que el propio fundador introduzca mecanismos de formación de voluntad e incluso poderes de modificación estatutaria atribuidos a órganos (al patronato) o a terceros, Pero Wiesner considera que el patronato no pude sustituir a la voluntad del fundador. Si la fundación pudiera autotransformarse mediante decisiones de sus órganos libres, dejaría de ser una organización patrimonial vinculada a una voluntad fundacional histórica y pasaría a asemejarse indebidamente a una asociación/corporación societaria.

Para delimitar qué cambios estatutarios son posibles en una fundación, se recurre a la distinción entre modificaciones estatutarias cualificadas y modificaciones estatutarias simples. Las primeras afectan al núcleo de la libertad fundacional, esto es, a la relación entre patrimonio y fin. Hay modificación cualificada cuando se compromete el propósito fundacional, bien de forma directa, bien indirectamente mediante alteraciones organizativas que hagan cambiar el modo de realización del fin. En estos casos, la voluntad histórica del fundador goza de protección especial. Wiesner apoya esta idea en el § 87.2, frase segunda, BGB, que permite adaptar los estatutos orgánicos cuando el cambio del fin lo exige, lo que para él revela que el propósito fundacional está en una posición jerárquica superior respecto de la organización.

Las modificaciones simples se refieren a disposiciones puramente organizativas que no afectan la vinculación entre patrimonio y fin: número de miembros del órgano de administración, denominación de un órgano, sede de la fundación u otras cuestiones de funcionamiento. En estos casos, Wiesner admite que el fundador pueda atribuir a los órganos margen de discrecionalidad. Lo explica por analogía con el mandato y con el § 665 BGB: si el mandante puede dejar al mandatario un ámbito de actuación sin instrucciones detalladas, también el fundador puede dejar a los órganos de la fundación espacio para adoptar decisiones organizativas o modificar reglas estatutarias simples. Esas instrucciones iniciales se convierten entonces en orientaciones o recomendaciones que los órganos deben tener en cuenta, pero que no les atan de manera absoluta si el interés de la fundación exige otra solución.

El art. 29 de la Ley de Fundaciones es más flexible porque permite al Patronato modificar los estatutos “siempre que resulte conveniente en interés de la misma, salvo que el fundador lo haya prohibido”. Además, cuando cambien las circunstancias que presidieron la constitución de modo que la fundación no pueda actuar satisfactoriamente conforme a sus estatutos, el Patronato debe modificarlos, salvo que el fundador hubiera previsto para ese caso la extinción. La modificación se comunica al Protectorado, que sólo puede oponerse por razones de legalidad, y debe formalizarse en escritura pública e inscribirse. La ley española permite, por tanto, una adaptación estatutaria relativamente amplia por el órgano fundacional, pero bajo dos límites: la prohibición del fundador y el control de legalidad del Protectorado. No hay, tampoco aquí, autonomía corporativa de miembros, porque la fundación carece de ellos.

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Como se ha adelantado, en tiempos recientes han aparecido en Alemania Stiftungskörperschaften. Se refieren a utilizar una asociación o una sociedad limitada, para cumplir funciones típicas de una fundación. La práctica lo hace porque estas formas no requieren autorización fundacional, no están sometidas a la supervisión fundacional estatal y permiten al fundador conservar mayor influencia después de la constitución. El término “Stiftung” no está reservado exclusivamente a la fundación de los §§ 80 y ss. BGB; también una SL-GmbH o una asociación inscrita pueden usarlo, siempre que la forma jurídica real sea reconocible para no inducir a error al tráfico. A partir de ahora, a estas asociaciones-fundaciones o SL-fundaciones las llamaré, como se hace en Alemania, corporación fundacional.

La corporación fundacional debe reproducir tres rasgos propios de la fundación. Primero, una finalidad altruista o ajena al interés patrimonial de los miembros, normalmente benéfica o de utilidad pública. Los rendimientos y prestaciones de la corporación no deben ir a parar a los miembros, socios o accionistas, sino destinarse al fin establecido en los estatutos. Segundo, debe existir una dotación patrimonial o fondo básico puesto a disposición para el cumplimiento duradero del fin. Tercero, debe haber una estructura organizativa destinada a administrar el patrimonio, aplicarlo al fin y preservar la vinculación duradera del patrimonio a ese fin.

En el caso del Stiftungsverein, esto es, la asociación fundacional, debe existir una dotación patrimonial suficiente o, al menos, una expectativa segura de aportación patrimonial que permita cumplir el fin durante un cierto tiempo. No basta remitir la financiación a futuras cuotas de miembros o donaciones inciertas. El recurso a la asociación tiene la ventaja de que es posible excluir completamente los derechos patrimoniales de los miembros. La pertenencia a una asociación no concede una cuota sobre el patrimonio asociativo; es una relación personal con débiles componentes patrimoniales. Por eso puede configurarse estatutariamente que los miembros no reciban rendimientos, no tengan derecho a reembolso al salir y no participen en el remanente de liquidación. Así, el patrimonio queda “inmunizado” frente a los intereses individuales de los miembros. De hecho, ni siquiera es necesario preverlo estatutariamente para que los miembros de la asociación carezcan de cualquier derecho sobre el patrimonio de ésta, especialmente, cuando la finalidad de su constitución es de beneficiencia. Esta observación es importante para la tesis general: una asociación puede aproximarse mucho a la fundación porque su patrimonio no pertenece económicamente a los miembros. El patrimonio de la asociación no es un patrimonio especial de los asociados, sino el patrimonio de una unidad de actuación supraindividual.

Ahora bien, como es una asociación, los miembros conservan el derecho de autoorganización y la autonomía estatutaria, de manera que pueden modificar los estatutos, modificar el fin y disolver la entidad, lo que no puede lograrse si se ha constituido una fundación. Schlüter explica que el § 33.1 BGB exige para la modificación estatutaria una mayoría de tres cuartos de los miembros presentes (en la asamblea de socios), pero esta regla es dispositiva; los estatutos pueden facilitar o dificultar la modificación e incluso exigir unanimidad. También la disolución puede someterse estatutariamente a unanimidad. Para modificar el fin de la asociación se exige, salvo disposición distinta, el consentimiento de todos los miembros, incluidos los no presentes por escrito. Pero, precisamente por eso, si todos consienten, el fin puede modificarse. No puede construirse una vinculación perpetua del patrimonio contra la voluntad de todos los miembros, porque ello chocaría con el principio de autonomía corporativa.

Tampoco se evita ese resultado atribuyendo la competencia de modificación o disolución a un tercero externo o sometiéndola a su autorización. Según la opinión dominante (va contra el principio de soberanía de la asociación) no es admisible trasladar de manera general a un tercero ajeno a la asociación la competencia para modificar estatutos, cambiar el fin o decidir la subsistencia de la corporación.

La misma idea se aplica a la sociedad limitada - GmbH utilizada con fines fundacionales. Incluso una cláusula estatutaria que declare inmodificables determinadas reglas puede ser derogada mediante acuerdo de los socios, en su caso unánime. La corporación societaria puede vincular su patrimonio a un fin, pero mientras siga siendo sociedad no puede eliminar por completo el poder último de sus miembros o socios sobre su propia constitución.

Ahora bien, si la asociación-fundación o la SL-fundación se quedan sin miembros, por salida, exclusión o muerte de todos ellos, la opinión dominante considera que se extingue sin liquidación y que la gestión del patrimonio remanente se realiza mediante un curador nombrado conforme al § 1913 BGB. La ausencia de miembros no convierte la asociación en fundación.

Esta 'mezcla de las especies' confirma que la personalidad jurídica se entiende mejor como técnica de organización y actuación de patrimonios que como simple personificación de un grupo humano. La diferencia entre fundación y corporación no es que una tenga patrimonio y la otra personas; ambas organizan patrimonios. La diferencia está en quién proporciona la capacidad de obrar y quién conserva el poder de alterar la finalidad: en la fundación, la voluntad fundacional institucionalizada y los órganos sometidos a supervisión; en la corporación, los miembros mediante autonomía estatutaria.

Otra consecuencia interesante se refiere a lo que podríamos llamar el carácter necesariamente oneroso del contrato de sociedad. Si se constituye una SL-Fundación o GmbH-Stiftung, los socios pueden configurar inicialmente la sociedad como una entidad de finalidad fundacional: excluir que los beneficios se distribuyan a los socios, afectar el patrimonio a fines altruistas o de utilidad pública, crear órganos de control, establecer mayorías reforzadas y declarar estatutariamente la conservación del patrimonio afecto al fin. Pero, mientras siga siendo una GmbH, si todos los socios consienten, podrían modificar el objeto o fin social y convertir una GmbH configurada fundacionalmente en una sociedad ordinaria con ánimo de lucro para los socios, salvo que concurran límites externos. Es decir, los socios siguen siendo domini del contrato y el patrimonio de la SL-Fundación sigue estando bajo su control. En el caso de la asociación-fundación, como se ha visto, la situación no es la misma pero el ámbito para la libertad de configuración estatutaria es más ancho que en el caso de la fundación 'pura'.

Naturalmente, si la SL-Fundación ha disfrutado de régimen fiscal de utilidad pública, la reconversión lucrativa puede activar consecuencias fiscales y reglas de vinculación del patrimonio formado bajo ese régimen. Los extractos señalan expresamente que la continuidad de la vinculación al fin se refuerza, en la práctica, por el Derecho fiscal de la utilidad pública: el patrimonio formado bajo ese estatus queda sometido a vinculación fiscal. Además, si determinados bienes fueron aportados con cargas, condiciones o destinos específicos, puede haber límites derivados del negocio de aportación, donación o financiación. Pero ésos serían límites externos o especiales, no una consecuencia de la estructura de la GmbH como tal.

Burgard, «Mitgliedschaft und Stiftung», Non Profit Law Yearbook 2005, 2006, pp. 95 ss.
Schlüter, «Stiftung und Körperschaft», Non Profit Law Yearbook 2006, 2007, pp. 75 ss.
Heermann, «Voraussetzungen und Grenzen der Inhaltskontrolle autonomen Vereinsrechts», Non Profit Law Yearbook 2007, 2008, pp. 91 ss.

Wiesner, Jens, Korporative Strukturen bei der Stiftung bürgerlichen Rechts. Zu den Möglichkeiten und Grenzen von Satzungsänderungen durch Organbeschluss, Bucerius Law School Press, Hamburg, 2012.

La sustitución del individuo o el grupo por el patrimonio y la sucesión perpetua

2026-08-02T17:59:08.102+02:00

El concepto de persona jurídica no se forma históricamente, al menos de forma primaria, para explicar un grupo de personas psicológica o moralmente unificado, sino para resolver problemas de continuidad, imputación y titularidad de patrimonios, oficios, dignidades, edificios, casas religiosas o instituciones. La idea rectora no es al principio “muchos hombres que quieren como uno”, sino que ciertos bienes, posiciones jurídicas o establecimientos deben poder conservarse, adquirir, responder, comparecer o ser representados aunque cambien, falten o desaparezcan las personas físicas que normalmente los integran o administran.

El uso del término “persona jurídica” es tardío. Bogarín recuerda que el término fue utilizado por Arnold Heise y popularizado por Savigny a partir de 1840, quien lo prefirió a “persona moral” por considerar que la referencia a la moralidad remitía a un orden de ideas distinto del jurídico. En los iusnaturalistas, como Pufendorf, la “persona moral compuesta” se define como un conjunto de hombres unidos por un vínculo moral de tal manera que lo que quieren o hacen se considera voluntad y acción únicas. Ahí sí aparece una concepción centrada en el grupo humano unificado. Pero los materiales medievales que Bogarín estudia muestran que la figura se había elaborado también desde problemas más patrimoniales e institucionales.

La noción de ficción en Bartolo no es una creación arbitraria, sino la asunción jurídica de algo posible como verdadero, contra la verdad empírica y en lugar de ella. La universitas no es propiamente una persona; es algo ficticio, puesto jurídicamente en el lugar de una persona. Por eso puede recibir ciertos tratamientos propios de una persona, pero no todos. La herencia, por ejemplo, puede ocupar el lugar de una persona (el causante que ha fallecido) a efectos patrimoniales, aunque no pueda usar ni disfrutar en sentido humano. El collegium o el populus, al estar compuestos por personas físicas, pueden ser asimilados con más facilidad a una persona para ciertos efectos, pero también en ellos la ficción sirve a fines concretos de imputación jurídica.

La herencia yacente y la fórmula según la cual la herencia “hace las veces” de una persona no significa que la herencia sea una persona real ni una colectividad. Significa que una masa patrimonial puede ocupar funcionalmente el lugar del difunto hasta que sea aceptada por el heredero o liquidada. La herencia representa al difunto, no al heredero futuro: enim non heredis personam sed defuncti sustinet. De ahí que pueda soportar responsabilidad y ser destinataria de adquisiciones. Si hay un esclavo hereditario, éste puede adquirir para la herencia. Lo decisivo es que el patrimonio persiste como centro de imputación aunque todavía no exista un titular humano actual que lo haya incorporado plenamente a su propio patrimonio.

La expresión persona repraesentata, que aparece en el siglo XIII, se inserta en ese mismo contexto. El problema es qué ocurre con los bienes de un monasterio o de una ciudad cuando mueren todos sus miembros. La respuesta es que, mientras exista esperanza de que el collegium sea restaurado y de que otros se coloquen en el lugar de los fallecidos, puede decirse que el colegio subsiste y que sus bienes siguen siendo suyos, “porque también el colegio es persona, quiero decir persona representada”. La cuestión no es sólo cómo un grupo quiere, sino cómo un patrimonio institucional puede seguir siendo titular de bienes aunque falten transitoriamente sus miembros.

Algo representado vuelve a estar presente por medio de otro: el personaje teatral por el actor, el ausente por el representante, el difunto por la herencia. En Derecho, esa “segunda presencia” no tiene interés estético sino imputativo. Permite mantener operativa una posición jurídica aunque falte la persona física que normalmente la ocuparía. Por eso Jacobo de Ravanis puede afirmar que, aunque no haya nadie en el colegio, éste representa una persona: licet nullus sit in collegio, tamen collegium repraesentat personam. Y toma como modelo la herencia yacente, que representa la persona del difunto mientras hay esperanza de aceptación: sicut hereditas, quia spes est quod adeatur, repraesentat personam defuncti.

Aplicado al collegium, esto no debe entenderse como representación individual de todos los miembros desaparecidos. El colegio no representa a cada miembro uno por uno. Representa a los miembros como soporte fungible de una posición común: un patrimonio, una organización, una dignidad o una institución. La dificultad que plantea Bogarín acerca de por qué el colegio representa “una persona” y no “las personas” de sus miembros se resuelve mejor si se entiende que la unidad no procede de la identidad personal de los miembros, sino de la unidad patrimonial e institucional del collegium. Los miembros pueden variar o desaparecer; lo que permanece es la posición jurídica común.

También Sinibaldo trabaja con esa idea de continuidad. Si algunos miembros de una universitas son ilegítimamente excluidos de una elección, la elección puede salvarse mediante su consentimiento posterior; si han fallecido, pueden consentir sus sucesores porque “se finge que son las mismas personas”. Y si se comete una injusticia contra una dignitas, como un monasterio representado por su abad, el sucesor puede hacer valer la ofensa porque se finge que predecesor y sucesor son una sola persona: la dignidad no muere. De nuevo, la ficción no sirve tanto para psicologizar al grupo como para asegurar la continuidad de una posición jurídica institucional.

El ejemplo del juramento judicial de un convento confirma la función práctica de la ficción. Sinibaldo admite que el abad pueda jurar como procurador de su convento en nombre de sus miembros. Los collegia pueden jurar por medio de uno, per unum, porque el collegium, en cuanto universitas, se finge una persona. Pero esa unidad puede entenderse en sentido cuantitativo y funcional: se trata de que el colegio actúe como uno, no de afirmar que tenga por sí mismo cuerpo, alma o voluntad natural. La ficción permite que una pluralidad organizada actúe mediante un representante único.

El cambio terminológico entre vice fungitur y repraesentat es relevante. Que la herencia “haga las veces” de una persona o “represente el lugar” de una persona significa que determinados efectos jurídicos del hombre, especialmente patrimoniales, se extienden a otros entes. La herencia no actúa, pero puede soportar responsabilidad, recibir frutos o intereses y servir de centro de imputación. Por eso Bogarín concluye que determinadas parcelas de la regulación que el Derecho da al hombre, en concreto en materia patrimonial, pueden extenderse a otros entes y que, en esas materias, tales entes pueden ser asimilados a los hombres y llamados personas.

La venerabilis domus y las piae domus radicalizan aún más la orientación patrimonial. Históricamente se llegó a llamar persona no sólo a una colectividad de hombres, sino también a edificios, casas de beneficencia, establecimientos piadosos, templos o lugares sagrados. Bogarín observa que a la sensibilidad moderna le resulta más difícil llamar persona a un edificio que a un conjunto de hombres, pero esos ejemplos muestran que la personalidad jurídica no surge sólo de la reunión de individuos. Puede surgir también de una base real o patrimonial destinada a un fin, especialmente cuando existe reconocimiento de la autoridad y un elemento institucional que sustrae ese ente a la libre disposición de quienes lo administran o aprovechan.

Sinibaldo aporta precisamente ese elemento institucional. Para que exista persona jurídica no basta siempre con una base material o patrimonial; hace falta un acto de aprobación de la autoridad, que puede ser genérico o particular, expreso o tácito, y una estructura institucional.

Sinibaldo separa la simple sociedad de la universitas: la societas no constituye por sí misma un collegium o corpus, salvo que sea constituida de otro modo por el príncipe, por senadoconsulto o mediante otra forma de autorización. La sociedad es el sustrato humano o contractual; la universitas es la colectividad institucionalizada y reconocida como unidad jurídica. Cuando se dice que la universitas es nomen iuris et non personarum, no tiene por qué significar que sea una ficción vacía. Puede significar que el Derecho no designa la suma de personas físicas, sino el conjunto de relaciones, bienes, competencias, obligaciones y posiciones jurídicas que surgen de la inserción de esos individuos en una colectividad autorizada.

Esto explica la diferencia entre sanciones personales y sanciones patrimoniales. Si la ciudad fuera simplemente el nombre de sus habitantes, habría que considerar excomulgados a niños, recién llegados o personas ajenas al hecho imputado. En cambio, si la ciudad es un nomen iuris, una estructura jurídica distinta de la suma de sus habitantes, puede ser destinataria de imputaciones patrimoniales o jurídicas sin que ello implique atribuir a cada miembro una imputación personal. Por eso puede admitirse que la universitas pueda delinquir en ciertos sentidos o sufrir consecuencias patrimoniales, pero no incurrir en excomunión, que presupone una imputación espiritual o estrictamente personal.

La evolución posterior con Beseler y Gierke desplaza el centro hacia la corporación como grupo humano organizado. Beseler resalta las figuras germánicas intermedias, en las que los derechos de los particulares penetran el derecho de la totalidad, especialmente la propiedad colectiva o en mano común. Gierke toma como modelo la Genossenschaft, la corporación germánica basada en la libre unión de individuos, con existencia, personalidad, vida orgánica y voluntad propia. En su teoría, la voluntad corporativa no es mera suma de voluntades individuales, pero tampoco voluntad ideal separada: es una voluntad colectiva organizada en unidad. Pero esa fase no debe proyectarse hacia atrás como si toda la historia de la personalidad jurídica hubiera sido desde el principio una teoría del grupo. Los materiales medievales muestran algo más complejo y, para estos efectos, más interesante. La persona jurídica se utilizó para explicar la continuidad de patrimonios, dignidades, oficios, casas, templos, hospitales, monasterios o ciudades. La reunión de personas podía ser un sustrato; pero también podía serlo un edificio, una casa piadosa, una dignidad o una herencia. Lo común no era siempre la voluntad colectiva, sino la necesidad de conservar y hacer actuar una posición jurídica unitaria.

La conclusión general es que el concepto de persona jurídica se formó, en buena medida, en torno a la idea de un patrimonio o situación jurídica separada, capaz de continuidad y de imputación, más que en torno a la idea de un cuerpo de personas psicológicamente unificado. La universitas, la herencia yacente, la venerabilis domus, la pia domus, la dignidad eclesiástica o el collegium sin miembros son figuras que obligan al Derecho a tratar algo no humano como si pudiera ocupar el lugar de una persona en determinadas materias, sobre todo patrimoniales. La personalidad jurídica aparece así como una técnica para mantener bienes, derechos, deudas, acciones y responsabilidades unidos bajo una imputación común, aunque los individuos que normalmente sirven de soporte a esa unidad sean variables, fungibles o incluso falten transitoriamente.

Jesús Bogarín Díaz, La personalidad jurídica de las comunidades religiosas. Estudio de Derecho comparado europeo, 1996

Inexistencia de vinculación causal entre un derivado de cobertura y préstamos (excepción a la regla general)

2026-08-02T13:43:52.498+02:00

Por Antonio Cámara

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1134/2026, de 13 de julio de 2026)

En 2010 el Cabildo Insular de Tenerife concertó diversos préstamos a interés variable. Ante el riesgo de subida de tipos, en febrero de 2011 solicitó ofertas de cobertura a varias entidades. Se adjudicó a La Caixa (hoy Caixabank) la cobertura de 11.000.000 € del nocional, que se documentó mediante CMOF y confirmación que incluían una ventana de salida gratuita al quinto año exigida por el propio Cabildo, categorizado como cliente profesional y advertido de que la cobertura era genérica y autónoma respecto de la financiación. El 30 de junio de 2014 el Cabildo amortizó anticipadamente parte de los préstamos en cumplimiento de una sentencia judicial. Los sustituyó por nuevos préstamos de mayor importe también referenciados al euríbor a 12 meses. Pese a ello, mantuvo vivo el swap y abonó liquidaciones por 791.710,16 € hasta cancelarlo sin coste el 22 de diciembre de 2016 en la ventana gratuita.

En diciembre de 2020 el Cabildo demandó a Caixabank pidiendo que se declarase la ineficacia sobrevenida del swap desde el 30 de junio de 2014 y la restitución de los 791.710,16 €. El juzgado estimó la demanda apoyándose en la STS 580/2016, al considerar que préstamos y swap formaban una unidad jurídico-económica cuya causa desapareció con la cancelación del bloque de préstamos. La AP confirmó el criterio y Caixabank recurrió en casación.

El TS estima el recurso, casa la sentencia y desestima la demanda del Cabildo al concluir que no concurren los presupuestos para apreciar la pérdida sobrevenida de la causa del swap, por lo que las liquidaciones abonadas hasta su cancelación anticipada no eran indebidas. Recuerda que, conforme a la STS 580/2016, de 30 de julio, la conexión funcional entre préstamo y swap (y con ella la ineficacia por desaparición de la causa) exige una verdadera unidad jurídico-económica caracterizada por la contratación entre las mismas partes, en la misma fecha, con coincidencia exacta entre el nominal del préstamo y el nocional del swap, dentro de una operación económica unitaria. En el caso litigioso ninguno de esos elementos concurre: los préstamos preexistían y estaban concertados con cuatro entidades distintas, no hubo novación con La Caixa, el nocional cubría solo 11 de los 62 millones, el plazo del swap era de 10 años con ventana de salida gratuita exigida por el propio Cabildo y, tras la amortización anticipada, el Cabildo se refinanció con nuevos préstamos a interés variable de mayor importe sin cancelar el swap. Todo ello apuntaría a un swap auténticamente autónomo.

A ello añade, con cita de la STS 426/2009, que la doctrina de la pérdida sobrevenida de la causa no puede amparar al contratante que, con su propio comportamiento provocó la desaparición de la causa que ahora invoca. En este caso, la sentencia que anuló los préstamos se basaba en irregularidades administrativas imputables al propio Cabildo, por lo que, aun si existiera conexión causal, la extinción del contrato conectado es imputable al propio demandante.

Juicio sumario de desahucio por impago de la renta sin acción acumulada de reclamación de rentas. El ejercicio de la opción de compra pactada en el contrato no impide la estimación de la demanda

2026-08-02T13:40:20.358+02:00

Por Esther González

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1039/2026, de 29 de junio de 2026)

La parte arrendadora de un contrato de arrendamiento sobre una vivienda interpuso acción de desahucio por falta de pago de la renta, sin acumular la acción de reclamación de las rentas debidas. El arrendatario admitió el impago, pero invocó el derecho de opción de compra que le otorgaba el contrato (que había ejercido con posterioridad a la interposición de la demanda de desahucio y cuya validez estaba siendo enjuiciada en otro procedimiento declarativo a instancia del arrendatario).

El juzgado de primera instancia estimó la acción de desahucio, concluyendo que el desahucio por falta de pago es un proceso sumario en el que el demandado solo puede oponerse para alegar y probar el pago de la renta o las circunstancias relativas a la enervación, según el art. 444 LEC. Por el contrario, la AP de Málaga estimó el recurso del arrendatario, al considerar que la opción de compra prevista en el contrato introducía en el juicio sumario una cuestión compleja que no era posible abordar en él y que la consecuencia aplicable debía ser la desestimación de la demanda de desahucio.

El TS estima el recurso de casación del arrendador. El TS hace un repaso de su jurisprudencia sobre el juicio sumario de desahucio, recordando que

“la sumariedad del juicio de desahucio por falta de pago de la renta y sin acumulación del importe de las rentas adeudadas determinaba que en su ámbito no pueden discutirse cuestiones que no sean las relativas al pago de la renta o la procedencia de la enervación de la acción, sin que quepa ampliar, con carácter general, los motivos de oposición a otras causas de extinción de las obligaciones previstas en el art. 1.156 del CC” y que “la limitación de los motivos de oposición y de las posibilidades de prueba es una característica consustancial a los juicios sumarios que ha sido validada por el Tribunal Constitucional y que cuenta como garantía adicional con la carencia de efecto de cosa juzgada de la sentencia que les pone fin”. El TS concluye que, en este caso concreto, “el hecho de que el contrato de arrendamiento contara con una cláusula que permitía una opción de compra no puede impedir a la parte arrendadora el ejercicio de las acciones que el ordenamiento jurídico le brinda para el supuesto de falta de pago de la renta. Lo contrario supondría dejar en manos del arrendatario el cumplimiento o incumplimiento del contrato y, con ello, la vulneración del art. 1.256 del Código Civil.”

Legitimación subsidiaria de los acreedores para reclamar a los socios de la concursada aportaciones de fondos comprometidas en un contrato de apoyo

2026-08-02T13:36:47.085+02:00

Por Esther González

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1132/2026, de 13 de julio de 2026

Se discute en este procedimiento, entre otras cuestiones, la legitimación subsidiaria de las entidades financiadoras para exigir a los socios de la sociedad prestataria (en concurso de acreedores) el desembolso de determinados fondos en cumplimiento de un “contrato de apoyo”. El contrato de apoyo se suscribió simultáneamente a la firma del contrato de préstamo y en él los socios de la prestataria (sociedad concesionaria de la construcción y explotación de una autopista) se comprometieron a hacer determinadas aportaciones de fondos ante determinadas contingencias. Ante el acaecimiento de las referidas contingencias, las entidades financiadoras interpusieron demanda frente a los socios con base en el art. 54.4 LC (actual art. 122 TRLC -legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de acciones patrimoniales que corresponderían a la concursada-).

El TS confirma la legitimación de las entidades financiadoras. Hace un repaso de la jurisprudencia dictada en aplicación del referido artículo y confirma que la legitimación se reconoce para el ejercicio de cualquier acción de contenido patrimonial que corresponda al concursado frente a un tercero: “El ejercicio de una acción en interés de la masa, en virtud de la legitimación subsidiaria que reconoce el citado art. 54.4 LC no limita esta legitimación, como mantiene el recurrente, a las acciones para incrementar la masa activa de la concursada siempre que no generen nuevas obligaciones, entendiendo por tales las que puedan generar gastos. El artículo 54.4 LC -y hoy el art. 122 TRLC- precisamente contempla en su párrafo segundo que la acción dé lugar a gastos y costas. Y por eso prevé que, si la demanda interpuesta por el acreedor es total o parcialmente estimada, este tenga «derecho a reembolsarse con cargo a la masa activa de los gastos y costas en que hubieran incurrido, hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la sentencia, una vez que ésta sea firme».”

Se han publicado recientemente dos sentencias más del TS sobre la interpretación de contratos de apoyo suscritos por sponsors en el marco de operaciones de project finance (STS núm. 1041/2026 de 30 de junio y STS núm. 1131/2026 de 13 de julio). Ambas son muy del caso concreto y de la interpretación de la redacción de cada contrato en cuestión, pero destacamos que reconocen que el contrato de apoyo cumple una función de garantía, “siquiera indirecta”: “Pese a que no se utilice el término garantía, está claro que lo pactado en dicha estipulación se trata de una superposición de obligaciones que refuerza el crédito de los bancos sindicados y, sobre todo, lo asegura en caso de insolvencia de Accesos o de extinción de la concesión.”

Los requisitos jurisprudenciales establecidos para la validez de la comisión de apertura de préstamos hipotecarios son aplicables a los préstamos personales

2026-08-02T13:29:16.662+02:00

Por Esther González

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1147/2026, de 14 de julio de 2026)

Se discute la validez de la comisión de apertura de un préstamo otorgado a un consumidor para financiar la adquisición de un vehículo. El consumidor alegaba que la comisión era desproporcionada y, por tanto, abusiva, al representar un 2,37% del capital del préstamo. La AP de Cádiz consideró válida la comisión de apertura y el TS confirma el criterio en esta sentencia. Destacamos lo siguiente:

El TS concluye que los requisitos jurisprudenciales de validez de la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios son también aplicables a los préstamos personales sin garantía hipotecaria (ver aquí el resumen de la última sentencia del TS sobre la validez de la comisión de apertura en préstamos hipotecarios – STS núm. 964/2025, de 17 de junio).

Lo esencial para que el consumidor tenga elementos suficientes para conocer el contenido y el funcionamiento de la cláusula que le impone el pago de la comisión de apertura es que disponga, antes de la celebración del contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha comisión, sin que ello implique que la entidad bancaria esté obligada a detallar con precisión la naturaleza de todos los servicios prestados como contrapartida de la comisión.

Los requisitos de transparencia que deben cumplirse son: (i) debe comprender todos los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo, u otros similares inherentes a la actividad de la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo; (ii) debe integrarse obligatoriamente en una única comisión que tiene que denominarse necesariamente “comisión de apertura”; (iii) la comisión debe devengarse de una sola vez; y (iv) su importe y fecha de liquidación deben especificarse en la propia cláusula.

En cuanto a los requisitos de proporcionalidad, las magnitudes son diferentes en los préstamos no hipotecarios, no sirviendo las establecidas para los préstamos hipotecarios (donde el TS ha constatado que las estadísticas del coste medio de comisiones de apertura en España accesibles en internet oscilan entre 0,25% y 1,50%). El TS reconoce que, en el caso de los préstamos no hipotecarios, la determinación de unos costes medios es más compleja al existir distintas modalidades de préstamos.

Atendiendo al caso concreto, el TS concluye que la horquilla de comisiones de apertura de préstamos como el de este procedimiento (financiación para adquisición de un vehículo por plazo superior a dos años) en la fecha del contrato oscilaba entre el 1,50% y el 3%.

Por lo tanto, la comisión de apertura del préstamo es válida ya que, por un lado, cumple con los requisitos de transparencia resumidos más arriba y, por otro, cumple también con el requisito de proporcionalidad, al estar dentro de la horquilla antes mencionada.

Garantías financieras: Ejercicio de los derechos de sustitución y disposición de las acciones pignoradas

2026-08-02T13:26:41.794+02:00

Por Esther González

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 1207/2026, de 20 de julio de 2026

Banco Popular concedió un préstamo a la sociedad Delta que fue garantizado con una prenda sobre determinadas acciones del propio banco, titularidad de la prestataria. Posteriormente, Delta dio a Banco Popular una orden de venta de las acciones pignoradas para que el producto de su venta se destinara a amortizar el préstamo (según la valoración de las acciones en ese momento, el producto de la venta habría sido suficiente para la cancelación total del préstamo, sobrando un remanente). Delta interpuso demanda contra Banco Santander (sucesor de Banco Popular), alegando que el banco no atendió la orden de venta y que finalmente las acciones de Banco Popular habían sido amortizadas como consecuencia de su venta a Banco Santander por un euro.

En primera instancia, se estimó la acción subsidiaria de responsabilidad del acreedor pignoraticio por la pérdida de las acciones dadas en prenda, ex. art. 1.867 del Código civil, condenando a Banco Santander a pagar a Delta el importe por el que las acciones estaban valoradas en el momento en que se cursó la orden de venta. La AP de Alicante desestimó el recurso de Banco Santander y el TS, en esta sentencia, confirma el criterio de las anteriores instancias, desestimando el recurso de casación del banco.

El TS recuerda que la prenda sobre acciones de Banco Popular se trataba de una garantía financiera y aplica el art. 9 del RDL 5/2005 (derechos de sustitución y disposición del objeto de las garantías pignoraticias). El TS establece que el acreedor pignoraticio, conforme a lo pactado y a lo dispuesto en dicho artículo, tenía, en principio, la facultad de decidir la venta de las acciones o la sustitución de la garantía:

“En la sentencia 444/2014 entendimos, conforme a lo pactado, que entraba dentro de la facultad discrecional de la demandada [parte acreedora] acceder a la orden de venta y de compra de las acciones pignoradas para sustituir el objeto de la garantía por el resultado obtenido, o denegar la autorización para vender, pues estaba pendiente la obligación garantizada. Del mismo modo, podía negarse a sustituir el objeto de la garantía. Esto es, la negativa a acceder a aquella orden de venta y de compra constituía el ejercicio de un derecho propio, como acreedor pignoraticio, sin que tal ejercicio pudiera juzgarse, como hizo el tribunal de apelación, como una actuación contraria a las exigencias que como gestora de fondos le imponía el entonces vidente art. 79 LMV.”

Ahora bien, en este caso, hay una diferencia con respecto al que se resolvía en la sentencia del TS anteriormente mencionada, que es clave para el TS: la orden de venta en este caso conllevaba la amortización total del préstamo, no parcial como en el anterior caso, en el que se pretendía una sustitución del objeto de la prenda por otros valores, lo que sí justificó la negativa de la entidad financiera:

“En un caso como este, en que la cotización de las acciones permitía amortizar el préstamo mediante su venta, el ejercicio de la facultad del banco de optar por mantener la garantía pignoraticia y denegar el consentimiento para cancelar la pignoración -al no ejecutar la venta-, y con ello el préstamo, conlleva una redistribución del riesgo de la falta de cobertura de la garantía, que se traslada al acreedor pignoraticio. De tal manera que es el banco el que asume el riesgo de la pérdida del valor de las acciones dadas en prenda por una posterior devaluación y su amortización, como aconteció en este caso.”

El TS también alude a la doctrina del TJUE sobre la resolución del Banco Popular por la que se limita la capacidad de los accionistas de reclamar a Banco Santander por ciertos eventos surgidos antes de la resolución, tales como problemas de información defectuosa en el proceso de venta de las acciones amortizadas. En este caso, el TS concluye que esa doctrina no es aplicable por basarse en incumplimientos del banco en tanto que acreedor pignoraticio, no como emisor de las acciones.

Personalidad jurídica, capacidad patrimonial y protección frente a la liquidación

2026-08-02T13:16:37.932+02:00

El trabajo de Troxler que se cita al final de esta entrada sostiene una tesis patrimonial de la personalidad jurídica, pero la formula de manera restrictiva. Su punto de partida es que la persona jurídica debe entenderse desde la Vermögensfähigkeit, que conviene traducir como capacidad patrimonial, o más precisamente, como aptitud para ser titular de un patrimonio propio: «Bei der Vermögensfähigkeit handelt es sich somit um den Nukleus, um eine conditio sine qua non der juristischen Person», esto es, la capacidad patrimonial o capacidad jurídica tout court constituye el núcleo y condición necesaria de la persona jurídica. También afirma que un ente sólo puede ser persona jurídica si «konzeptionell ein eigenes Vermögen haben kann», es decir, si puede concebirse como titular de un patrimonio propio.

Troxler no parte, por tanto, de una teoría antropomórfica de la persona jurídica. La personalidad jurídica no se agota para él en una ficción, ni en una “persona colectiva”, ni en la mera capacidad procesal. Su núcleo está en la posibilidad de imputar bienes, derechos y deudas a un patrimonio separado. En este punto, su planteamiento es próximo a una concepción patrimonial de la persona jurídica.

Además, acierta al negar que la responsabilidad limitada sea presupuesto de la personalidad. Afirma expresamente que la limitación de responsabilidad, la limited liability o owner shielding, puede ser consecuencia de la personalidad, pero no condición de ésta: «Die Haftungsbegrenzung (...) zwar eine logische Folge der eigenen Rechtspersönlichkeit einer juristischen Person ist, aber keine Voraussetzung». Una persona jurídica puede existir aunque, junto a ella, respondan los socios o terceros por sus deudas.

El problema aparece cuando Troxler define qué debe entenderse por patrimonio propio o separado. A su juicio, no basta con que exista una separación patrimonial en sentido ordinario. La personalidad jurídica exige una starke Abschirmung o starke Vermögensabschirmung. La traducción más adecuada es blindaje patrimonial fuerte o separación patrimonial fuerte. “Blindaje” refleja bien la idea económica que el autor toma de Hansmann y Kraakman: el patrimonio queda protegido frente a los acreedores que no lo sean de ese patrimonio.

Esa separación patrimonial fuerte se compone, según Troxler, de dos elementos: el vermögensrechtliches Trennungsprinzip, que puede traducirse como principio de separación patrimonial, y el Liquidationsschutz, que debe traducirse como protección frente a la liquidación.

El principio de separación patrimonial significa que los socios no tienen, antes de la disolución y liquidación, derechos individuales inmediatos sobre los bienes concretos del patrimonio social. Esto es correcto: ni los miembros de una corporación ni los socios de una sociedad con personalidad jurídica ostentan derechos reales ('señorío') sobre los bienes ni ostentan la titularidad de los créditos o derechos obligatorios que forman parte del patrimonio corporativo o social.

Troxler lo formula así: en las sociedades, el principio se cumple cuando «den Mitgliedern vor der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft keine unmittelbaren individuellen Rechte an den Vermögenswerten der Gesellschaft zukommen», es decir, cuando los miembros no tienen derechos individuales directos, reales u obligacionales, sobre los bienes sociales antes de la liquidación.

En este punto reconoce que las sociedades personalistas mercantiles se aproximan mucho a las personas jurídicas: los socios no pueden disponer individualmente de los bienes sociales, los acreedores sociales son preferentes frente a los acreedores particulares de los socios, los socios pueden contratar con la sociedad como terceros y el régimen de compensación presupone una separación entre la esfera patrimonial social y la esfera patrimonial individual.

La exclusión de las sociedades personalistas de la categoría de persona jurídica se produce por el segundo elemento: el Liquidationsschutz. Para Troxler, hay protección frente a la liquidación sólo cuando ni los socios individuales ni sus acreedores particulares pueden imponer la disolución y liquidación de la sociedad contra la voluntad de ésta. En sus términos, el patrimonio propio se caracteriza porque «nur für ihre eigenen Verbindlichkeiten haftet», esto es, porque responde sólo de sus propias deudas y no puede ser liquidado forzosamente por deudas ajenas. En el caso de las sociedades personalistas, entiende que este requisito falla porque el acreedor particular del socio puede embargar la cuota de liquidación y provocar la disolución de la sociedad.

De modo que, aunque las sociedades personalistas mercantiles tengan una esfera patrimonial diferenciada, no habría en ellas fuerte blindaje patrimonial porque el patrimonio social no queda completamente protegido frente a los acreedores particulares de los socios.

Troxler escribe que el patrimonio social «haftet mit anderen Worten immer auch für die Privatschulden der Gesellschafter mit», es decir, que responde también, en último término, de las deudas privadas de los socios. Y concluye: «Damit ist das Kriterium des Liquidationsschutzes bei den Personenhandelsgesellschaften nicht erfüllt. Es besteht somit keine starke Vermögensabschirmung. Die beiden Gesellschaftsformen können deswegen (...) de lege lata nicht als juristische Personen bezeichnet werden».

La construcción tiene un componente económico. Troxler sostiene que la fuerte separación patrimonial permite valorar el crédito contra la sociedad atendiendo sólo a la situación patrimonial, de riesgos y de ingresos de la sociedad. Si no existe protección completa frente a la liquidación, el acreedor social debe tener en cuenta también el patrimonio y el comportamiento de riesgo de cada socio, porque las deudas privadas de cualquiera de ellos pueden poner en peligro la continuidad de la empresa social. Por eso afirma que la responsabilidad personal de los socios, aunque sea ilimitada, no sustituye la función económica de la fuerte separación patrimonial. Este argumento no es muy convincente porque aunque exista plena o fuerte separación jurídica, no ocurre lo mismo con la económica: incluso en una sociedad anónima, las personas de los socios son relevantes para los que van a convertirse en acreedores financieros. Estos valorarán el "compromiso" de los socios con la sociedad y su disposición a inyectar nuevos fondos en caso de necesidad.

La crítica principal es que la Liquidationsschutz no puede servir como criterio decisivo para determinar si un patrimonio está personificado. Sencillamente porque no afecta ni a la capacidad jurídica ni a la capacidad de obrar. Afecta solo a la terminación de la personalidad, es decir, a la liquidación del patrimonio separado. Mientras el patrimonio subsista no puede decirse que la personalidad no lo hace.

Troxler incurre en una petición de principio. Parte de que sólo hay patrimonio propio, en sentido relevante para la personalidad jurídica, si ese patrimonio no puede ser afectado por deudas de otra persona; pero precisamente lo que debe demostrarse es si la posibilidad de que una persona responda por deudas ajenas niega la existencia separada del patrimonio deudor. Y no la niega. Que una persona responda de la deuda de otra puede resultar de la autonomía privada, como ocurre con el fiador, o de una decisión del legislador, como sucede en los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno (art. 1903 y ss CC). La existencia de responsabilidad por deudas ajenas no impide distinguir al deudor principal, el patrimonio primariamente obligado y el patrimonio adicionalmente responsable.

Lo mismo ocurre en las sociedades personalistas. Si el patrimonio social responde de las deudas sociales y los acreedores sociales son preferentes sobre ese patrimonio, hay separación patrimonial. Que, además, los acreedores particulares del socio puedan desencadenar, en determinados casos, un proceso que termine en la liquidación de la sociedad y en la realización de la cuota del socio no convierte al patrimonio social en patrimonio del socio ni demuestra que la sociedad carezca de personalidad. Del mismo modo que la responsabilidad de los socios colectivos por las deudas sociales no demuestra que la deuda social sea originariamente deuda de los socios (hoy la doctrina dominante es que los socios colectivos son "fiadores legales" de las deudas de la sociedad colectiva), la posibilidad de intervención de sus acreedores particulares sobre la cuota de liquidación no demuestra que el patrimonio social no esté personificado.

Una vez más, creo que el error consiste en tratar como rasgo patrimonial lo que en realidad pertenece al plano organizativo. La menor protección frente a la liquidación en las sociedades personalistas se explica porque su organización es contractual. La sociedad de personas descansa sobre la identidad y la voluntad continuada de los socios de permanecer en sociedad (affectio societatis). Si la sociedad se ha pactado por tiempo indefinido, cualquiera de los socios puede normalmente provocar su disolución y si se ha pactado por tiempo determinado, cuando concurra justo motivo; si el socio puede hacerlo, no es extraño que, bajo ciertas condiciones, también pueda hacerlo su acreedor particular colocándose en la posición económica de aquél. Pero eso no afecta a la existencia del patrimonio separado. Afecta a la estabilidad de la organización que gobierna ese patrimonio.

La diferencia con la sociedad anónima, la limitada, la asociación o la fundación no reside en que éstas tengan un patrimonio verdaderamente personificado y las sociedades personalistas no. La diferencia reside en que aquéllas tienen una organización corporativa que dota de estabilidad a la persona jurídica. Sus miembros son fungibles, la existencia del patrimonio organizado no depende de la identidad ni de la voluntad individual de cada miembro, y la actuación del patrimonio se articula mediante órganos. Por eso en las corporaciones la protección frente a la liquidación es completa: la salida, muerte, insolvencia o embargo de la posición de un miembro no compromete la continuidad del patrimonio corporativo.

Así se integra la objeción con la tesis desarrollada en el texto sobre la Gesamthand. Por eso la Gesamthand no debería utilizarse como un tertium genus entre persona física y persona jurídica. Cuando se dice que el patrimonio social pertenece a los socios “en mano común”, se intenta evitar hablar de personalidad jurídica, pero el resultado práctico es el mismo: hay un patrimonio separado, afecto a un fin, sometido a reglas propias de gestión, con acreedores preferentes y con imputación de derechos y obligaciones al grupo organizado. Como se señala en el texto adjunto, si los socios no son copropietarios de cada bien singular y sólo pueden actuar conjuntamente sobre el patrimonio, la respuesta funcional es que el titular es el grupo subjetivizado, esto es, la sociedad como sujeto.

Tizian Troxler, Rechtsformen in der Schweiz – Übersicht und Abgrenzungen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtspersönlichkeit, en Susanne Kalss, Holger Fleischer und Hans-Ueli Vogt (eds.) Neue und wiederentdeckte Rechtsformen im Gesellschaftsrecht, 2025, p 92 ss

El extraño caso de las 30 brasileñas residentes irregularmente en Bélgica que fueron a parir a Burgos: análisis jurídico

2026-07-29T17:06:49.465+02:00

Me ha costado más de media hora de "diálogo" con dos IA. Por lo de la productividad y tal.

A raíz de la alerta emitida por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) al detectar la llegada de una treintena de mujeres embarazadas de nacionalidad brasileña procedentes de Bélgica para dar a luz en un intervalo breve de tiempo, la Policía Nacional (UCRIF) abrió una investigación que sigue su curso.

A falta de un fallo judicial definitivo o de que concluyan las diligencias policiales, el análisis de la normativa y de la logística permite esbozar varias hipótesis con distintos grados de certeza.

Lo que parece estar acreditado

Hay ciertos elementos objetivos sobre los que existe bastante grado de certeza porque constan en las denuncias administrativas e institucionales:

Existió un flujo coordinado de gestantes en las semanas finales del embarazo que coincidían en empadronamientos temporales en la comarca de Las Merindades (como Medina de Pomar o Villarcayo).
El HUBU identificó que varias de estas pacientes compartían domicilios y que en algunos expedientes figuraba la misma persona como acompañante o declarante.

La hipótesis del "ahorro de costes" es poco probable

Inicialmente se especuló con que el motivo principal era evitar el pago del parto en el norte de Europa. Sin embargo, si analizamos la legislación sanitaria belga, esta teoría pierde fuerza:

En Bélgica, la atención al parto y las urgencias obstétricas están cubiertas de forma gratuita por la Aide Médicale Urgente (AMU) para personas sin recursos, incluso en situación irregular.
El desembolso en billetes de avión o carretera, el alquiler temporal en Burgos y las tarifas que presuntamente cobraba la red dificultan sostener que el viaje responda a un mero ahorro económico.

La vía de regularización documental es más probable

Con la información jurídica en la mano, parece mucho más plausible que el verdadero incentivo fuera la obtención de estatus legal en la Unión Europea, aunque el grado de éxito de esta estrategia depende de cómo la red ejecutara los trámites:

La Constitución brasileña otorga la nacionalidad ius soli en su territorio, pero exige un registro consular para los nacidos fuera. Si los padres no acuden al consulado de Brasil, se genera un vacío que permite invocar el artículo 17.1.c del Código Civil español (nacionalidad por simple presunción para evitar la apatridia) o solicitar la nacionalidad tras un año de residencia (art. 22.2.c CC). Cabe matizar que la aplicación de la simple presunción a ciudadanos brasileños ha tenido interpretaciones estrictas según la Instrucción del Registro Civil aplicable en cada momento.
La reforma de Extranjería de 2024/2025 extinguió la etiqueta tradicional de "Arraigo Familiar" para estos casos y creó una figura específica: la Autorización de Residencia Temporal para Familiares de Ciudadanos Españoles (con permiso de trabajo por 5 años). El obstáculo que la red intentaba sortear: El nuevo Reglamento exige acreditar convivencia real y efectiva con el menor en España. El empadronamiento ficticio en Burgos era la pieza indispensable que intentaba simular esa convivencia para esquivar las nuevas exigencias de control y, una vez obtenida la residencia española, permitir a la madre circular o instalarse legalmente en la UE.

Posibles ilícitos penales

Determinar el grado exacto de delictividad de la conducta de cada implicado es complejo y le corresponde a los juzgados de Burgos. No obstante, en la teoría penal caben varios escenarios:

Si las gestantes acudieron semanas antes a las consultas hospitalarias presentando volantes de empadronamiento tramitados con datos no reales para evitar la facturación como pacientes privadas, podría existir un engaño bastante para la comisión de un delito de estafa o fraude a las prestaciones públicas. Sin embargo, la delimitación entre el derecho a la atención de urgencia/maternidad y el fraude administrativo suele ser jurídicamente gris.
Parece haber indicios más sólidos de un delito de falsedad en documento oficial (art. 392 del Código Penal) en lo relativo a la obtención de los certificados de empadronamiento en inmuebles donde no existía residencia real.
Para la Policía, el volumen de 30 personas apunta con alta probabilidad a la existencia de un Grupo u Organización Criminal (arts. 570 bis/ter CP) dedicado al favorecimiento de la inmigración clandestina (art. 318 bis CP).

Una vez más, la legislación sobre nacionalidad (unida a la generosidad en la prestación de servicios públicos a los extranjeros en situación irregular) tiene un "efecto llamada" y un "efecto criminógeno" favoreciendo la formación de bandas criminales dirigidas a aprovechar el 'loophole' del artículo 17.1 c) CC

En efecto, Bélgica reformó su legislación (Code de la nationalité belge) para evitar que el nacimiento en su suelo otorgara derechos automáticos a padres en situación irregular:

Si un niño nace en Bélgica de padres extranjeros, el menor no es belga de origen. El hecho de que los padres "decidan no registrarlo" en su consulado de origen no convierte al bebé en belga automáticamente. La ley belga exige probar que el niño sería absolutamente apátrida conforme a las leyes de origen de los padres de forma objetiva, no por la mera abstención voluntaria de los progenitores.

Para que un nacido en Bélgica obtenga la nacionalidad belga por nacimiento, la ley exige que al menos uno de los progenitores haya tenido su residencia principal en Bélgica con un permiso de residencia legal ilimitado durante los 5 años anteriores al nacimiento.

Para una mujer brasileña en situación irregular en Bélgica, dar a luz en Bruselas no otorga la nacionalidad belga al bebé. En cambio, dar a luz en Burgos les abría la vía del artículo 17.1.c del Código Civil español.

Si no es así, ¿por qué viajaron hasta Burgos y no se quedaron en Luxemburgo, Ámsterdam, París, Berlín, Praga, Copenhague, Dublin, Viena, Liubliana, Bratislava, Milan o Zagreb? Todas estas capitales están a menor distancia de Bruselas que Burgos. Por lo que se ve, la UE tiene buenas razones para abrir expedientes sancionadores a España.

Citas: libros, David Friedman, Tabarrok, Musk, Heath, Baumeister, Irán, nómadas digitales, grados Mickey Mouse

2026-07-28T14:18:24.416+02:00

4 libros para este agosto

Breve

Deberíamos abandonar la OIT
¿Por qué intentamos conversar con esta gentuza?, Hablar con los nacionalistas vascos es como hablar con los islamistas. No hace ninguna falta y nada bueno puede salir para nosotros de la conversación. Son odiosos. Son odiosos; Son odiosos; Son odiosos; Y los nacionalistas catalanes, incluyendo al PSC, claro, no son mejores. Vaya pueblo de mierda.
Elige a tus administradores por su sensibilidad hacia los objetivos ambientales, sociales etc y págales por sus resultados financieros.
Searle explica clarísimamente por qué la IA 'no comprende' ¡en 1984!.
Los bonos gubernamentales se venden en subastas y los bonos corporativos mediante venta a precio fijo debido a diferencias en los costes de la información y las necesidades de transparencia del mercado. Los bonos del Estado utilizan la subasta para aprovechar alta liquidez y precios transparentes y de bajo coste. Los bonos corporativos utilizan precios fijos publicados —fijados por bancos de inversión— para evitar que los compradores paguen altos costes para investigar el riesgo crediticio de una empresa privada.
Cuando Gran Bretaña era un país meritocrático;
Houston, tenemos un problema: los chicos hacen mejor el examen de Estado en Derecho en Alemania que las chicas.
El gobierno más incompetente y corrupto de la historia desde el del Duque de Lerma.
España registra su segundo mayor déficit comercial desde 2008
UNKoreanRA vs. UNRWA
Google DeepMind argumenta que los LLM nunca podrán realizar descubrimientos científicos reales.
Mentiros-Illa. Cuando Sánchez habla de un pacto de estado es siempre un pacto con sus socios, no con la oposición.
Antonio Caño: "Durante semanas, la versión oficial dibujó unas virtudes de la selección española que se ajustaban a su esquema de valores: la diversidad territorial y racial, el origen humilde de algunos de sus jugadores, incluso el hecho de que una gran parte del equipo procediera de Cataluña. Cuando la calle silenció la propaganda, se descubrió que los méritos que la gente apreciaba eran otros muy distintos: España, fútbol, juerga y testosterona. Es decir, lo normal. Algo similar había ocurrido poco antes con la visita del Papa. El Gobierno había hecho esfuerzos ímprobos por convertirla en una oportunidad para respaldar su política migratoria y, por tanto, dejar en evidencia al PP. Cuando el viaje quedó en manos de la gente, de los católicos, lo que destacó fue la oración, la alabanza a la Virgen y la condena del aborto. Hoy el Gobierno vuelve a estar enfrentado a la Iglesia"

Los precios y la justicia: Alex Tabarrok

Hayek lo explicó con claridad en El espejismo de la justicia social: la justicia tiene que ver con la conducta de las personas, con la manera en que unas tratan a otras. Un empresario que engaña a sus trabajadores, un empleado que sustrae dinero de la empresa o quien vende un producto mediante prácticas fraudulentas merecen reproche y, en su caso, responsabilidad jurídica. Pero la estructura de precios que surge de millones de intercambios voluntarios no es la conducta de nadie. Nadie la ha elegido, nadie la ha diseñado, nadie puede ser considerado responsable de ella. La constelación de precios es, en palabras de Ferguson, el resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Exigir que los precios sean justos supone un error de categoría, como exigir justicia al clima. Los precios no sirven para recompensar el mérito; sirven para orientar la acción de los individuos. Si les pedimos que hagan lo primero, dejarán de poder cumplir eficazmente lo segundo.

Excelente David Friedman sobre la Economía del estatus

Se suele decir que el status o posición social es un bien "posicional": sólo uno puede ser el primero y, por tanto, como con la hormona del crecimiento, da lugar a juegos de suma cero donde los participantes ven las ganancias ajenas como pérdidas propias. Friedman señala que no es así. Con el status pasa como con las identidades. Si solo hay una identidad aceptable, acabarás en la guerra civil. Pero si hay muchas posiciones que proporcionan status, el juego se vuelve a convertir en uno de suma positiva.

Todos valoramos el estatus. Pero lo que me importa es mi estatus tal como lo percibo y como lo perciben las personas importantes para mí; lo que te importa a ti es tu estatus tal como lo percibes y como lo perciben las personas importantes para ti. Dado que cada uno de nosotros tiene su propio sistema de valores y su propio círculo de personas importantes, es posible que mi estatus, tal como lo veo, sea superior al tuyo, y el tuyo, tal como lo ves, sea superior al mío...
Ser enfermero no es un trabajo de gran prestigio, pero eso no importa mucho si además eres el rey del Reino Medio. Y el estatus que se obtiene al ser rey no disminuye el de los médicos, quienes saben que están en la cima de la jerarquía médica y los enfermeros en la base.

Consideremos, por ejemplo, a los maestros. Los maestros de primaria tienen una imagen pública positiva, pero no mucho prestigio fuera del aula. Sin embargo, en el aula, donde pasan gran parte de su tiempo, son reyes, reinas, madres, padres, líderes, mentores sabios, máxima autoridad durante cincuenta minutos de cada hora, o al menos pueden serlo si así lo desean y son competentes en su trabajo. Ese podría ser uno de los beneficios adicionales más importantes de la docencia.

Los profesores universitarios también lo reciben, además de un mayor estatus fuera del aula. Esa puede ser parte de la razón por la que tanto los profesores universitarios como los maestros tienen fama de ser mandones que están seguros de saberlo todo; pasan gran parte de sus vidas en un entorno donde probablemente saben más y tienen derecho, en gran medida, a mandar a los demás. También puede ser parte de la razón por la que la gente está dispuesta a aceptar esos trabajos incluso cuando pueden ganar más dinero.…

Elon Musk sobre las cosas de las que sabe y sobre las cosas de las que no sabe

Escuché los 85 minutos de la entrevista de *The Economist* a Elon Musk para que tú no tengas que hacerlo. Además, está detrás de un muro de pago.

Las predicciones de Musk son estas: en cinco años, la capacidad de cómputo de la IA superará la suma de toda la inteligencia humana; en diez años, habremos entrado en una era de abundancia. El dinero dejará de importar. Todo el mundo tendrá lo que necesite o quiera, al menos en las economías que adopten la IA.

Zanny Minton Beddoes intentó que Musk explicara cómo se produciría esa transformación económica, pero él no entró en detalles, más allá de señalar que la robótica generalizada impulsada por IA tendrá un efecto deflacionario. Según él, eso significa que los gobiernos no necesitarán subir impuestos para financiar sistemas de renta básica universal o, como a Musk le gusta llamarla, renta alta universal, porque podrán limitarse a imprimir dinero para compensar la deflación provocada por la economía robotizada.

La entrevistadora observó que Musk parece tener últimamente una visión más optimista de la IA. Él respondió que ha llegado a la conclusión de que la IA superinteligente es ya inevitable, de modo que no tiene sentido intentar detenerla ni ralentizarla: no puede hacerse. Más vale disfrutar del viaje.

La entrevistadora señaló también que Marte ya no parece ocupar el centro de las ambiciones de Musk. Él contestó que su verdadera misión siempre ha sido propagar y preservar la conciencia humana en un futuro lejano. Marte era solo un medio para ese fin. Pero ahora la IA forma necesariamente parte de ese objetivo. Cualquier plan de futuro tendrá que contar con ella.

Después llegó esa parte tan típica, y cada vez más tediosa, de muchas entrevistas largas hechas por periodistas: la entrevistadora construye una caricatura de Musk y discute contra ella. Musk explicó con cuidado que no es un extremista furioso de ultraderecha, ni un nazi racista que mata cachorros, y aun así la periodista no pareció creerle. Es agotador.

La falta de conciencia de los periodistas sobre su propio papel está por las nubes. Ella reprochó a Musk su supuesta percepción equivocada de lo peligrosa que es Londres, sin advertir el papel que ella misma desempeña, con sus propios textos, en la gigantesca percepción equivocada que existe sobre Musk como persona.

Musk defendió sus posiciones políticas diciendo que está a favor de unas fronteras seguras, de encarcelar a los delincuentes y de equilibrar el gasto público, algo que incluso ella tuvo que admitir que no sonaba disparatado.

Y eso fue todo en una entrevista de 85 minutos. No pude evitar pensar que la próxima entrevista larga a Musk debería hacerla una IA.

Joseph Heath explica por qué estaba "full of shit" en su juventud

Sin embargo, cuando terminé el instituto ya me había vuelto ateo, gracias a los efectos combinados de la concupiscencia y el estudio de la teoría de la evolución. Y, aun así, seguía viendo el mundo del mismo modo: mirase donde mirase, no veía más que inmoralidad y pecado o, como pronto aprendí a decir, injusticia. Ahí empezó a llenárseme la cabeza de disparates. Simplemente ocupé con el utopismo de izquierdas el lugar que el cielo había tenido en la cosmovisión cristiana, sin detenerme a pensar seriamente cómo podría alcanzarse una redención terrenal. Conservé una actitud de condena moral permanente hacia la sociedad, aunque no entendía por qué las cosas eran como eran. Tampoco tenía la menor idea de cómo remediarlas. Nada de eso, sin embargo, me impedía juzgar a la sociedad y a quienes me rodeaban desde una supuesta superioridad moral que, vista en retrospectiva, estaba completamente injustificada. Esto me llevó a adoptar una serie de posiciones políticas que hoy me producen una profunda vergüenza.
(Por cierto, para quienes llevan tiempo siguiendo mi trabajo, esa es la razón de mi compulsión, quizá algo insana, a criticar a Naomi Klein. Lo extraordinario de Klein, a mi juicio, es que conserva exactamente la misma visión del mundo que todos teníamos cuando éramos estudiantes universitarios de izquierdas con veinte años y, sin embargo, ha conseguido mantenerla intacta hasta la edad adulta. Por eso leer sus libros siempre me produce una sensación de viaje en el tiempo, mezclada con cierta vergüenza retrospectiva. Cuando critico a Klein, en realidad no estoy discutiendo con ella; simplemente señalo errores que yo mismo cometía cuando todavía estaba lleno de tonterías.)**

El asno de Buridán (Roy Baumeister) y la tortuga de Benalmádena

Parece que la mente del asno no pudo comprender el hecho de las opciones alternativas y la necesidad de elegir entre ellas. Mi mejor suposición sobre cómo funciona la mente del asno es la siguiente: no entiende una gama de opciones. Entiende las cosas de una en una. Así que tan pronto como vio un recipiente con comida, fue a comérselo, antes incluso de ver el otro. En el mejor de los casos, podría cambiar al otro si hubiera una buena razón. (Tal vez había una serpiente delante del primer recipiente que percibió... La lección que nos deja para la teoría del libre albedrío no es que los humanos sean los únicos capaces de tomar decisiones al azar, sino que son los únicos capaces de comprender una situación con múltiples alternativas. Incluso pueden prepararse para ambas.

El problema de Trump con Irán es el régimen

Si quiere ganar esta guerra, el Sr. Trump debe asestar golpes demoledores al gobierno iraní. Esto implica rechazar la proporcionalidad y ordenar al Comando Central que reanude la ejecución de su lista de objetivos a partir del 7 de abril. Significa ampliar los objetivos para incluir carreteras, puentes, fábricas y otras infraestructuras que sustentan la maquinaria bélica de la Guardia Revolucionaria, no una al día, sino todas a la vez. Significa obligar al general de brigada Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria, y a otros altos mandos del régimen a vivir en constante alerta. Y significa mermar la capacidad de la República Islámica para difundir propaganda, cerrando la televisión estatal de forma permanente.

Cómo acabar con los grados Mickey Mouse

Una vez implementada, la nueva norma suspenderá los préstamos estudiantiles federales y las becas Pell para los estudiantes matriculados en programas de grado asociado y licenciatura cuyos graduados ganen menos que el trabajador promedio con solo un diploma de bachillerato. Lo mismo se aplica a los programas de maestría cuyos graduados ganen menos que el trabajador típico con solo una licenciatura en el mismo campo. Las instituciones que no superen esta prueba también deberán enviar una carta a los posibles estudiantes y a los actuales matriculados advirtiéndoles sobre el bajo potencial de ingresos de su programa después de la graduación.

Consideraciones de un nómada digital

La tercera cosa que he aprendido es que esta homogeneización cultural tiene límites... Por un lado, da la impresión de que Biskek, en Kirguistán, pertenece tanto como cualquier lugar de Occidente al «país del último hombre»: cuando miro por encima del hombro de alguien, casi siempre está absorto en el desplazamiento infinito de su teléfono móvil...

Por otro lado, parece existir un umbral decisivo que la occidentalización no llega a franquear... es muy difícil conseguir que las cosas funcionen, ... Las reuniones tienden a degenerar en reproches mutuos. Es muy complicado respetar los presupuestos. Las contrataciones parecen hacerse siempre a través de contactos personales. Una cierta desconfianza impregna cualquier relación empresarial. ... La interpretación más evidente es que Kirguistán formó parte de la Unión Soviética durante setenta y cinco años. La influencia soviética sigue muy presente entre las generaciones mayores y se conserva casi intacta en cualquier oficina pública... Desde que estoy aquí me he convertido, en cierta medida, en un adepto de la teoría que Joseph Henrich expone en su libro de 2020 The WEIRDest People in the World: la idea de que Occidente constituye una auténtica anomalía, por razones relacionadas con las prácticas matrimoniales y familiares implantadas inicialmente por la Iglesia católica medieval... En un país como Kirguistán, situado muy fuera del ámbito de influencia del «plan matrimonial y familiar» de la Iglesia católica, nada de eso parece encajar del todo. Los empleos suelen conseguirse mediante vínculos familiares o personales. Quien obtiene un puesto por esa vía difícilmente lo abandona o es despedido. La lealtad se dirige menos a la tarea que la organización debe desempeñar que a la familia o a la red personal que se superpone a ella.

... justo lo contrario de lo anterior. Se trata del inmenso valor de las estructuras familiares sólidas y la gran tristeza por su desaparición en Occidente. Esa fue mi primera impresión de Kirguistán cuando llegué como estudiante universitario. La familia con la que me alojaba era numerosa y multigeneracional. Los mayores ocupaban un lugar de honor en la mesa, comiendo carne y bebiendo chupitos de vodka. Por muy insoportables que pudieran ser, no había ninguna posibilidad de que su familia se deshiciera de ellos... De hecho, esa integridad básica de la unidad familiar no ha hecho más que fortalecerse: en la década de 2000, un hedonismo desenfrenado, común en el mundo postsoviético, parecía estar imponiéndose. Veinte años después, apenas quedan vestigios de ello: un conservadurismo social, impulsado, aunque no exclusivo, por la expansión del islam, ha prevalecido con bastante claridad.

La corrupta sala de lo social de la Audiencia Nacional y el caso H&M

2026-07-27T18:11:26.295+02:00

Según el Diccionario de la lengua española de la RAE, corrupto, corrupta significa:

«Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar.» También se usa como sustantivo.
«Dañado, perverso, torcido.» (acepción en desuso).

La primera acepción es la que hoy se emplea normalmente. Es relevante que la RAE no limita el término al soborno económico: una persona puede ser «corrupta» porque se ha dejado pervertir o viciar en un sentido más amplio, moral o institucional. Sostengo que la AN se ha dejado pervertir o viciar por una cultura laboralista que protege al sinvergüenza, al cizañero, al que se niega a cooperar, al gorrón.

En esta otra entrada he dado algunos ejemplos.

La conjura contra España (CXLVIII): el corrupto sistema de nuestras relaciones laborales y su coste en desconfianza social

En esta explico la funesta manía de los jueces de lo laboral por la nulidad.

Creo que esta sentencia debería ser corregida por el Tribunal Supremo y propongo al Sr. Feijoo que suprima la jurisdicción social y la unifique con la civil. Que la Sala IV se integre en la Sala I y que ahorremos muchos miles de millones al año cuando los trabajadores que quieran litigar deban hacerlo en condiciones de igualdad con cualquier otro litigante. Lo de los sindicatos españoles es realmente escandaloso. Pero no perderé el tiempo con ellos.

Con esta sentencia, la Audiencia Nacional está ayudando a los ladrones, perjudicando a los trabajadores honrados y elevando los costes de funcionamiento de las tiendas de ropa lo que se traducirá en precios más altos para los consumidores. Sin ganancia para nadie... decente. Porque la apelación a la dignidad de los trabajadores porque les revisen el bolso es de traca. Si los trabajadores saben que les pueden revisar el bolso y desean preservar su intimidad, lo que han de hacer es no llevar al trabajo nada en el bolso que sea "íntimo", como hacemos todos los que tenemos que pasar por un detector de metales en un aeropuerto o una estación de ferrocarril. ¿De verdad que enseñar el bolso al salir atenta contra la intimidad del trabajador?

El problema es que los magistrados de la Sala de lo Social tienen la cabeza "full of shit". No saben hacer un juicio de proporcionalidad y no tienen en cuenta los costes de hacer cumplir una regla. Repasemos sus argumentos.

Aquí va el resumen de la sentencia que ha hecho el CGPJ

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado nulos el control visual diario de los bolsos de los empleados de H&M del último turno efectuado por el encargado o por el personal de seguridad de sus tiendas, así como el registro aleatorio y regular de sus taquillas.

Esto es de risa: ¿nulos? querrá decir prohibidos.

La Sala explica que, tal y como ha quedado probado, la empresa Hennes y Mauritz SL (H&M) realiza un control diario de los bolsos de sus trabajadores del último turno a la salida de la tienda que se realiza por la puerta de empleados, una vez que se ha fichado, consistente en una revisión visual del bolso que abre ante el manager o personal de seguridad que es quien lo inspecciona visualmente durante unos segundos. Añade que los trabajadores del resto de turnos no son objeto de esta revisión al salir por la puerta principal, que cuenta con arcos de seguridad.

En cuanto al control de taquillas, se produce una vez al mes y de forma aleatoria y regular, mediante la apertura de esta por el empleado, procediendo el manager o el personal de seguridad a efectuar una revisión visual.

Respecto a control de los bolsos, el Tribunal señala que si bien es cierto que el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores permite al empresario implementar las medidas de vigilancia y control que estime más oportunas, también los es que estas deben respetar la dignidad de los empleados.

El 20.3 LET dice que las medidas de vigilancia y control deben guardar "en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad". Por tanto, lo que hay que mirar es que la medida, en sí no sea contraria a la dignidad del trabajador. Y si revisar el bolso no es contrario a la dignidad de un pasajero, difícilmente puede serlo de la de un trabajador. Y el precepto se refiere a la dignidad, no a la intimidad del trabajador. Y no podemos banalizar la dignidad. Atenta contra la dignidad hacer que el empleado se quede en pelotas delante del supervisor; atenta contra su dignidad someterlo a exploraciones vaginales o anales; atenta contra su dignidad exigirle explicaciones delante de sus compañeros sobre la utilidad de determinados objetos, pero ¿revisar durante unos segundos un bolso cuando el trabajador sabe de antemano que se lo pueden mirar?

Explica que en este caso la Sala debe valorar si la práctica empresarial controvertida es estrictamente imprescindible y no existe otra medida más moderada que permita conseguir el mismo objetivo propuesto con igual eficacia, además de que sea equilibrada y ponderada por obtenerse con ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

En este sentido, indica que la empresa sostiene que la medida persigue un fin legitimo como es la existencia de pérdidas producidas, entre otras causas, por los hurtos que realizan los empleados. Frente a ello, expone la resolución, esta justificación previa no deja de ser una mera alegación de la compañía “por cuanto, primero, no ha acreditado el volumen de pérdidas de la empresa, más allá de aportar un documento ausente de firma alguna que contiene unas tablas numéricas y que carece de valor probatorio, habiendo resultado controvertido el dato de las pérdidas de la empresa”;

En segundo lugar, añade, “no ha resultado probado cuál es el montante de las pérdidas producidas por hurtos u otras prácticas de sustracción de productos por parte de los empleados; tercero, la empresa ha reconocido en fase de interrogatorio que no puede determinar la cuantía imputable a las pérdidas por hurto de los empleados/as, al declarar que no es posible determinar cuál es la cuantía de las pérdidas imputable a cada una de las cuatro posibles fuentes que las producen y que la empresa categoriza en pérdidas por hurto ajeno, por hurto interno, por fraude de proveedores y por errores administrativos”. Además, continúa, no se constata una situación fáctica caracterizada por un índice alto de pérdidas por hurtos u otras prácticas de sustracción de los empleado si se tiene presente que en los tres últimos años (2024 a 2026), el número de extinciones disciplinarias por hurtos u otras prácticas fue de 6 trabajadores de un total aproximado de una plantilla de 4.600, lo que unido a que no se aportan datos relativos a la imposición de sanciones menos graves por estos motivos, evidencia, a sensu contrario, que no se da en la empresa una situación que pueda justificar esta medida de control. Por lo tanto, concluye la Audiencia, “no resulta ajustado a Derecho la implementación de esta medida porque no se da una situación fáctica que la justifique, en términos utilizados por la empresa”. No aprecia esta Sala, agrega. la concurrencia de una concreta finalidad objetiva que ampare el controvertido control.

Esto es una sandez extraordinaria. Porque los hechos notorios no necesitan prueba. Y es un hecho notorio que los mayores causantes de daños a las empresas de retail por hurtos son los propios empleados. Basta pedirle los datos a la IA

El dato más sólido procede de la National Retail Security Survey (NRSS) de la National Retail Federation (NRF), la encuesta anual de referencia entre responsables de seguridad y prevención de pérdidas de grandes cadenas estadounidenses. En la edición que analiza el ejercicio 2022, la distribución de las pérdidas por shrink fue la siguiente: 36,15 % robo externo (shoplifting y crimen organizado), 28,85 % robo interno o de empleados, 27,29 % errores de procesos y controles, 5,88 % causas desconocidas y 1,32 % otras causas. Es decir, el robo de empleados representó casi un tercio de todas las pérdidas y aproximadamente el 80 % de las atribuidas al robo externo... Si se traduce el porcentaje a dinero, el mismo informe estimó unas pérdidas totales por shrink de 112.100 millones de dólares en 2022. Aplicando la proporción atribuida al robo interno, ello supondría aproximadamente 32.000 millones de dólares en pérdidas relacionadas con empleados.

El estudio europeo más útil para demostrar que el robo no procede solo de clientes es Retail Economics y Thruvision que estimaron que el valor total del robo en retail en el Reino Unido alcanzaría 7.900 millones de libras en 2023. De esa cifra, atribuyen el 59,5 % a clientes y el 40 % a empleados, incluidos trabajadores en tiendas, almacenes y centros de distribución. En términos absolutos, eso supone 4.700 millones de libras atribuibles a clientes y 3.200 millones de libras atribuibles a empleados. El informe es además especialmente útil porque no se limita a decir que hay hurto interno, sino que explica por qué suele quedar infrarrepresentado: se concentra en almacenes y centros de distribución, se denuncia menos, y los empleados deshonestos, aunque sean una minoría, tienden a causar pérdidas por incidente superiores a las del shoplifting ordinario. El propio informe afirma que las pérdidas medias causadas por un empleado deshonesto son unas cuatro veces superiores a las de un cliente que hurta.

Además, la literatura especializada en prevención de pérdidas suele insistir en que el robo interno presenta una característica especialmente relevante: aunque es menos frecuente que el hurto de clientes, el perjuicio por incidente suele ser mucho mayor, porque el empleado conoce los sistemas de control, los horarios, los procedimientos de devolución, los inventarios y los puntos débiles de la organización. Este enfoque aparece de forma recurrente en los estudios de la NRF y de las asociaciones profesionales de loss prevention.

El informe observa que los delitos cometidos por empleados se denuncian menos que los cometidos por clientes. Según la encuesta europea de victimización empresarial citada en el estudio, el fraude cometido por empleados es más de cinco veces menos probable que se denuncie que un fraude similar cometido por clientes, y el robo cometido por empleados es más de diez veces menos probable que se denuncie que el cometido por clientes, externos o personas no identificadas.

O sea que está justificado que las empresas se ocupen específicamente del robo por los empleados y de tomar medidas más intensas para evitarlos, por la misma razón que cuanto más difícil de descubrir y probar es un delito, mayor es la pena que el legislador anuda al delito. Los empleados tienen más y mejores oportunidades para robar que un cliente.

Pero el bullshit de la sentencia no se acaba ahí. Dice la sentencia que el número de despidos disciplinarios por robar que se habían producido en H & M eran solo 6 en 4600 empleados, de lo que deducen que son muy pocos los chorizos entre sus empleados.

¿Cuántos empleados no roban porque saben que si les pillan les despedirán? ¿Cuántos lo harían si saben que no les pillarán? Si, a pesar de la amenaza, H & M logró probar que 6 de sus empleados eran unos chorizos, ¿cuántos casos de robo de empleados quedaron impunes?

Pero es que, para que H & M esté legitimada para tomar tales medidas basta con que exista el riesgo de que se produzcan robos. No es necesario probar que ha habido robos. Si fuera así, no se podrían poner en marcha medidas preventivas del asesinato o de la violación en los centros de trabajo hasta que no se hubiera producido alguno o alguna. Por eso digo que los magistrados tienen la cabeza full of shit. Porque consideran que el empleador es el Estado legislando penas que imponer a los ciudadanos.

Pero la Audiencia cava aún más profundo cuando hace este shitty juicio de necesidad de la medida

A ello se une, según los magistrados, que no resulta una medida imprescindible puesto que existen otras menos invasivas con las que poder alcanzar el objetivo de evitar los hurtos y con la misma eficacia que la revisión visual, como es la instalación de arcos de seguridad en las puertas de acceso de los empleados, lo que haría innecesario el control de los bolsos.

¿Cómo no se le ocurrió a H & M? Al fin y al cabo, todas sus tiendas tienen arcos de seguridad. ¡Qué listos son los magistrados de la Audiencia Nacional y qué tontos los segundos empresarios del mundo de ropa! ¿Ha intentado algún magistrado robar en una tienda de ropa? Se ve que no. Los empleados pueden manipular las prendas y quitar los elementos de seguridad que "pitan" cuando pasan bajo el arco que detecta metales. Los que hacen shop lifting lo tienen más crudo. Pero no es solo eso. Le hubiera bastado a cualquiera de los magistrados hacerle la pregunta a la IA

... el arco no resuelve todos los problemas. Solo detecta productos con etiqueta activa. Si el producto carece de alarma, si la etiqueta ha sido retirada, si se sustrae dinero, si hay devolución fraudulenta, manipulación de tickets, descuentos ficticios, uso indebido de tarjetas de fidelización o colusión con clientes, el arco puede no detectar nada. Precisamente los estudios europeos sobre retail muestran que el robo interno no se limita a llevarse físicamente una prenda en el bolso, sino que incluye apropiación de caja, devoluciones falsas, anulación de recibos, manipulación de precios y otros fraudes de empleados.

Pero nuestros magistrados no tienen IA, por lo que se ve, y no se dedican - como decíamos de jóvenes - a ser manguis, así que concluyen que revisar los bolsos no supera el juicio de proporcionalidad.

Por todo ello, concluye que “el control visual del bolso supone sacrificar la intimidad de los trabajadores del último turno al irrogarse un perjuicio a los trabajadores que ven restringido de forma injustificada su derecho a la intimidad al aplicarse una medida de control que persigue una finalidad no probada, existiendo, además, otras medidas menos invasivas”.

De la dignidad dañada, esto es, de la relación entre la limitación de la intimidad y la lesión de la dignidad, los magistrados no nos dicen una sola palabra.

Pero lo que dicen del registro de taquillas es todavía más antijurídico

En cuanto al registro aleatorio y regular de las taquillas, la Sala entiende que, tal y como está diseñado y aplicado, no responde a un interés o a una necesidad acreditada de protección del patrimonio empresarial o de otros trabajadores.

Esta medida, explica, se configura como un control no reactivo a una a situación previa, sino “preventivo e intimidatorio” para que los empleados no lleven a cabo actuaciones que perjudiquen el patrimonio empresarial o del resto de trabajadores.

Además, expone, ni se han acreditado la existencia de pérdidas, ni que las posibles pérdidas sean producidas por el hurto de trabajadores, ni que las pérdidas por tal causa alcancen un significativo porcentaje del que pudiera comprometer el patrimonio empresarial o del resto de trabajadores.

“En consecuencia esta Sala considera que el registro de taquillas tal y como se diseña y practica resulta contrario a lo previsto en el artículo 18 del ET, suponiendo una invasión injustificada de su intimidad que conlleva la lesión del artículo 18.1 de la CE”, finaliza.

Yo, lo de las taquillas no lo entiendo para nada. Si fuera empleador, no tendría taquillas. Los empleados pueden meterme drogas, explosivos o joyas de valor incalculable y origen sospechoso y los daños para todos podrían ser enormes. ¡Ah! ¡que son obligatorias!

Los jueces de lo laboral deben entender que la relación laboral es un juego de suma positiva y que hay que maximizar la ganancia. Eso requiere inducir comportamientos cooperativos - prosociales - por parte del trabajador y del empleador.

Los trabajadores asociales - los vagos, los absentistas, los que racanean, los gorrones y los aprovechados y, sobre todo, los cizañeros - causan costes que soportan los demás trabajadores y la Sociedad en su conjunto. Y los jueces no pueden proteger a los trabajadores deshonestos. No pueden castigar al que coopera. No pueden exigir al empleador que se comporte como si fuera Gandhi o Santa Teresa de Calcuta y que no haga un cálculo coste-beneficio de cada medida que adopta. El derecho - si es que el derecho del trabajo quiere seguir llamándose derecho - debe limitarse a hacer cumplir los acuerdos a los que hayan llegado los particulares y a proteger esos acuerdos frente al oportunismo de ambas partes. ¿Qué tiene de reprochable que H & M revise los bolsos y las taquillas de sus empleados para prevenir la comisión de delitos?

La conjura contra España (CL): el mundo de Sofía

2026-07-26T17:43:37.413+02:00

La llamada “ley de nietos” ha planteado un problema constitucional de primer orden. La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 dispuso una cosa y la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ejecutó otra distinta, atribuyendo el derecho de opción a la nacionalidad española a personas que no cumplían los requisitos legales y provocando la tramitación indebida de cientos de miles de expedientes cuya anulación va a ser, si no imposible, enormemente difícil.

Los hijos nacidos fuera de España de aquellos españoles que conservaban la nacionalidad española en el momento del nacimiento del hijo no necesitaban ninguna ley que les permitiera adquirir la nacionalidad española (a salvo de los problemas que podía plantear la discriminación de la mujer pre-constitucional en cuanto a la transmisión de la nacionalidad por ius sanguinis a los descendientes). Los hijos eran españoles de origen desde su nacimiento.

Las leyes como las de 2007 y 2022 que daban la opción, durante un par de años, a la nacionalidad española solo tenían sentido cuando la cadena jurídica de la nacionalidad se había roto, cuando el padre, la madre, el abuelo o la abuela habían dejado de ser españoles, o cuando se trataba de corregir situaciones históricas específicas no cubiertas por el régimen común. Ambas leyes abrían una "ventana" para dar la oportunidad a esas personas de solicitar la nacionalidad española.

La Ley 52/2007 distinguía dos supuestos. El primero permitía optar a la nacionalidad española de origen a quienes tenían padre o madre originariamente español pero que habían dejado de serlo. El segundo extendía ese derecho a los nietos, pero solo si el abuelo o la abuela había perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. La innovación de 2007 no consistía, por tanto, en reconocer que los hijos de españoles fueran españoles de origen. Eso ya lo decía el Código Civil. La innovación consistía en abrir una vía excepcional y temporal de opción para quienes no podían invocar sin más la nacionalidad por filiación porque sus padres no "eran españoles" cuando ellos nacieron. Pero, en el caso de los nietos, esa vía estaba vinculada al exilio.

La Instrucción de 4 de noviembre de 2008, dictada para aplicar la Ley 52/2007, respetó esa estructura. Dijo que podían optar “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, así como aquellas cuyo abuelo o abuela español hubiera perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. Recuérdese el "así como": la expresión se justifica porque en 2007 se trataron dos supuestos de hecho distintos.

La Ley 20/2022 hablaba de nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio. Pero no reiteraba el derecho de opción para los hijos de padres originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española por cualquier otra causa.

Pues bien, a la Dirección General - presionada por las asociaciones de emigrantes - le debió de parecer mal que la ley de 2022 no reiterara el derecho de opción para los hijos y, en la Instrucción de 2022, suprimió el requisito de que los abuelos hubieran tenido que renunciar o hubieran perdido la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Así que, con desparpajo, la Instrucción de 25 de octubre de 2022 afirma que el primer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional octava

“recoge dos supuestos distintos de opción, el de los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y, además, el de los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española. De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo".

Es decir, la Instrucción consideró que la ley de 2022 tenía que decir lo mismo que la ley de 2007 aunque era evidente que no era así. Con ello, incurrió en un absurdo. En efecto, si la ley de 2022 recogiera "dos supuestos" en los términos que pretende la Instrucción, el segundo sobraría ya que todos los nietos de españoles de origen que hubieran perdido su nacionalidad por consecuencia del exilio tras la guerra civil estarían incluidos en el primer supuesto: nietos de españoles de origen que hubieran perdido su nacionalidad por cualquier razón.

La Dirección General cambió de opinión. Así lo demuestra la corrección de errores de la Instrucción de 2022 publicada en febrero de 2023. En el Anexo se advirtió un error. En la versión originalmente publicada en el BOE decía en el formulario

"que la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el/la solicitante es hijo/a de padre o madre, o nieto/a de abuelo/a originariamente español que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española como consecuencia del exilio".

Es decir, que el funcionario que preparó el Anexo se atuvo al texto de la Ley de 2022. Pues bien, la corrección de errores dice que, en su lugar debe decir

"que la presente solicitud de nacionalidad española se fundamenta en que el/la solicitante es hijo/a de padre o madre, o nieto/a de abuelo/a originariamente español o es hijo/a de padre o madre o nieto/a de abuelo/a originariamente español que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española como consecuencia del exilio"

La Instrucción es ilegal. Si se considera una disposición general encubierta, porque establece una regla general con efectos externos y vocación de aplicación reiterada, ese contenido es nulo por vulnerar una norma de rango superior y por proceder de un órgano sin potestad para innovar el ordenamiento. Si se considera una instrucción interna en sentido estricto, el resultado material no cambia: el criterio es inaplicable, no vincula al juez y no puede fundar válidamente el reconocimiento de la nacionalidad a quien no reúne los requisitos legales.

No afirmo que Sofía Puente haya prevaricado. Me conformaré con recordar que una entrada que publiqué en mi blog hace algunos años llevaba el título de "La ilegal doctrina de la DGRN sobre el depósito de cuentas: soberbia, arrogancia y crueldad del edil curul". Si Sofía Puente no prevaricó, es seguro que actuó con soberbia y arrogancia y también lo es que no es la primera vez ni la última que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública lo hace.

Jessica Hudson: el control de las potestades a través de los deberes fiduciarios. El concepto de "términos" de ejercicio

2026-07-26T17:38:00.664+02:00

Patrones vegetales de Felipe Bello Piñeiro en el Casino del Ferrol (1924-36),

Su tesis central es que el estatus del titular de una potestad (trustee, agente, administrador social, fiduciario, etc.) no explica por qué el derecho controla el ejercicio de ciertas potestades. Lo que lo explica son los términos, condiciones, objetivos en los que esa potestad ha sido atribuida. La verdadera explicación de los controles de 'justicia' (equity) es el compromiso de la equity con los términos en los que se atribuye una potestad.

Por "términos" entiende el conjunto de reglas que determinan cómo puede, debe o no debe ejercerse una potestad. Estos términos pueden provenir del establecimiento de un trust, de la celebración de un contrato, del contenido de los estatutos de una sociedad, la ley o cualquier otra fuente jurídica. Los términos delimitan un ámbito de actuación permitido y otro prohibido. El control de equity interviene precisamente para asegurar que la potestad se ejerza dentro de esos límites. Por ejemplo, el Derecho atribuye al trustee la capacidad jurídica de disponer de los bienes del trust. Pero los términos del trust establecen para qué fines y en qué condiciones puede utilizar esa capacidad. La doctrina de la desviación de poder es una de estas doctrinas basada en la equity que impide que una potestad se utilice para fines distintos de aquellos para los que fue conferida.

En cuanto al deber (fiduciario) de lealtad, según la autora, surge cuando los términos exigen que la potestad atribuida a una persona sea ejercida por cuenta de otra persona y en beneficio de ella (for and on behalf of another). Cuando una facultad se confiere para actuar en nombre y beneficio de otro, la equity añade "los términos" de los deberes fiduciarios para asegurar que el titular no la utilice en beneficio propio ni en una situación de conflicto de intereses.

Por eso los administradores sociales están sujetos a deberes fiduciarios: sus facultades deben ejercerse en interés de la sociedad. También los trustees y los agentes suelen estar sometidos a lealtad fiduciaria porque normalmente actúan por cuenta de beneficiarios o principales. Pero cuando los términos permiten actuar en interés propio, la lealtad fiduciaria desaparece aunque la persona siga siendo trustee o agente. El criterio decisivo no es el estatus, sino el contenido de los términos que regulan la facultad concreta.

La conclusión es que la equity no controla determinadas potestades porque las ejerzan fiduciarios, trustees o agentes. Las controla porque han sido conferidas bajo determinados términos. El estatus puede servir como una guía práctica para identificar casos en los que suelen aparecer esos términos, pero no constituye la verdadera justificación jurídica de los controles. La justificación última reside en la exigencia de que las potestades se ejerzan de acuerdo con las condiciones bajo las cuales fueron conferidas.

Si un contrato de obra permite al contratista elegir los materiales, esa facultad se le atribuye normalmente como parte de su propia esfera de decisión empresarial. Naturalmente, debe respetar las especificaciones contractuales, la diligencia profesional y la buena fe contractual. Pero la facultad no se le otorga para que actúe por cuenta del comitente, sino para que organice la ejecución de su propia prestación. Persigue legítimamente su propio beneficio económico al ejercerla.

La autora diría probablemente que ahí existe un poder sometido a los términos del contrato y, por tanto, susceptible de controles relativos al propósito para el que se concedió o a la obediencia de esos términos. Pero eso no basta para generar un deber fiduciario de lealtad. La lealtad fiduciaria aparece sólo cuando los términos exigen que la facultad se ejerza para (en beneficio de) y por cuenta de otro. De hecho, la autora aclara que los controles de "proper purpose" o desviación de poder son mucho más amplios y pueden aplicarse a personas que no son fiduciarias.

Según la autora, pues, si los términos permiten que la facultad se ejerza legítimamente en interés propio, aunque ello deba hacerse respetando ciertos límites y finalidades contractuales, no surge por ese solo hecho un deber fiduciario de lealtad.

Hudson J, 2023, 'Justifying Equity's Control of Power: Fiduciary Status and Beyond', in Miller P; Oberdiek J (ed.), Oxford Studies in Private Law Theory, Volume II,

Conductas desleales como ilícito antitrust

2026-07-24T16:18:57.584+02:00

Foto de Benjamin Demian en Unsplash

Fecha de la sentencia: 17 de julio de 2026. Tribunal Supremo (Sala Primera), Sentencia 1189/2026, ROJ: STS 3187/2026, ECLI:ES:TS:2026:3187.

La Sala Primera resuelve si la acción de daños derivada de actos de competencia desleal que falsean la libre competencia y afectan al interés público, previstos en el antiguo artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 y hoy en el artículo 3 de la LDC de 2007, se rige por el régimen indemnizatorio de la legislación de defensa de la competencia o por la Ley de Competencia Desleal. El litigio trae causa de las actuaciones realizadas entre 2002 y 2005 por varias mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, entre ellas Fremap, en el mercado de los servicios de prevención de riesgos laborales. ASPA, asociación de la que formaba parte Diconsal, denunció que las mutuas habían utilizado recursos de la Seguridad Social, información privilegiada y tarifas inferiores al coste real para competir con los operadores privados. La CNC archivó la denuncia en 2008, pero la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de marzo de 2014, declaró que esas conductas constituían falseamiento de la libre competencia por actos desleales conforme al artículo 7 LDC de 1989.

Diconsal reclamó a Fremap 953.410,79 euros por los daños supuestamente sufridos. Su tesis era que la infracción declarada por la Sala Tercera constituía un ilícito antitrust y que, conforme al artículo 13 LDC de 1989, la acción indemnizatoria solo podía ejercitarse una vez firme la declaración administrativa o jurisdiccional de la infracción. Por tanto, el plazo de prescripción habría comenzado con la sentencia de 4 de marzo de 2014. Fremap sostuvo, por el contrario, que el artículo 7 LDC de 1989 no transformaba los actos desleales en infracciones antitrust, sino que solo permitía a las autoridades de competencia perseguir aquellos actos de competencia desleal que, por su incidencia en el interés público, falsearan sensiblemente la competencia. En consecuencia, la acción civil seguía siendo la acción indemnizatoria de la Ley de Competencia Desleal y estaba prescrita.

El Juzgado de lo Mercantil aceptó esta segunda tesis y desestimó la demanda. La Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia, consideró que la infracción del artículo 7 LDC de 1989 tenía naturaleza de ilícito antitrust, aplicó el artículo 13 de dicha ley y condenó a Fremap a indemnizar a Diconsal. El Tribunal Supremo casa la sentencia de apelación y confirma la de primera instancia. La Sala afirma que los actos de competencia desleal que falsean la libre competencia y afectan al interés público siguen siendo actos de competencia desleal. El artículo 7 LDC de 1989 no alteraba su naturaleza, sino que extendía a esos actos, por su especial incidencia pública, las potestades de los órganos de defensa de la competencia. La acción civil de daños no se rige por el régimen propio de los ilícitos antitrust, sino por la Ley de Competencia Desleal.

El propio preámbulo del Real Decreto-ley 9/2017 dice expresamente que los actos de competencia desleal que falsean la libre competencia y afectan al interés público cuentan con un régimen específico en la Ley de Competencia Desleal.

La consecuencia es que la acción ejercitada por Diconsal era la acción de indemnización de daños y perjuicios por competencia desleal, hoy prevista en el artículo 32.1.5.ª LCD, sometida al plazo de prescripción del antiguo artículo 21 LCD, actual artículo. Ese precepto establecía un plazo de un año desde que la acción pudo ejercitarse y el legitimado conoció al autor del acto desleal, y, en todo caso, un plazo máximo de tres años desde la realización del acto. Incluso tomando como fecha más favorable para Diconsal la sentencia de la Sala Tercera de 4 de marzo de 2014, la acción estaba prescrita cuando presentó su primera demanda el 29 de febrero de 2016. Además, como las conductas habían finalizado en 2005, el plazo máximo de tres años se había agotado en 2008. La Sala añade que la tesis de la Audiencia era internamente inconsistente, porque incluso aplicando el plazo anual del artículo 1968.2 CC desde el 4 de marzo de 2014, la reclamación de febrero de 2016 también habría sido tardía.

La doctrina de la sentencia es que los actos de competencia desleal que falsean la libre competencia y afectan al interés público no se convierten en ilícitos antitrust por el hecho de que puedan ser perseguidos por las autoridades de competencia. Conservan su naturaleza de actos de competencia desleal y las acciones de daños derivadas de ellos se someten a la Ley de Competencia Desleal, incluidos sus plazos de prescripción. Al apreciar la prescripción, el Tribunal Supremo no examina los demás motivos del recurso, relativos a la culpa, la solidaridad y otros presupuestos de la responsabilidad, estima la casación de Fremap, anula la sentencia de la Audiencia Provincial y confirma la desestimación de la demanda.

Creo que el Supremo se equivoca. No era exigible a Diconsal que, habiendo archivado la CNC la denuncia, demandara por daños por competencia desleal. Probablemente, las pretensiones de competencia desleal estaban prescritas cuando se presentó la denuncia ante la CNC (2007, de unas conductas que se habían desarrollado entre 2002 y 2005). Por otra parte, es muy discutible que no se trate de ilícitos antitrust. Decir que el art. 3 LDC se remite a la ley de competencia desleal no es suficiente. Del mismo modo, dado que los cárteles son contratos de sociedad, por lo general, ¿habría que remitirse al código civil?

En infracciones del deber de lealtad, no te olvides de pedir la restitución del enriquecimiento injusto

2026-07-24T16:06:36.695+02:00

Fecha de la sentencia: 13 de julio de 2026. Tribunal Supremo (Sala Primera), Sentencia 1129/2026, ROJ: STS 3164/2026, ECLI:ES:TS:2026:3164.

La sentencia resuelve el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Pongo Self Storage, S.L. (antes Look The Box, S.L., LTB) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que había revocado una condena por acción social de responsabilidad dirigida contra Cipriano y Box Infiniti Self Storage, S.L. La cuestión de fondo gira en torno a unas operaciones realizadas entre LTB y Ruta Win, una sociedad vinculada a Cipriano, quien además era socio, consejero y director general de LTB.

LTB fue constituida en 2015 para la explotación de centros de self-storage. Emesa aportó el 51 % del capital y el resto se repartió entre Cipriano, Box Infiniti y otros socios minoritarios. Como parte del acuerdo fundacional, Cipriano y Box Infiniti asumieron funciones de dirección y gestión. El pacto de socios exigía que todas las operaciones vinculadas se realizaran en condiciones de mercado y fueran autorizadas por el consejo de administración. Paralelamente, Ruta Win, sociedad controlada por Cipriano, se convirtió en proveedor exclusivo para la construcción e instalación de los módulos de almacenamiento utilizados por LTB.

La demanda sostenía que Cipriano había incumplido sus deberes de diligencia, lealtad y evitación de conflictos de interés al contratar con Ruta Win sin la preceptiva autorización societaria, ocultando además la relación de vinculación. Según la actora, Ruta Win actuó como intermediaria innecesaria entre LTB y los proveedores reales de las obras, obteniendo un margen económico que se tradujo en un perjuicio para la sociedad. También se imputaban a Box Infiniti determinadas retribuciones consideradas indebidas y una posterior conducta obstructiva tras la terminación de las relaciones contractuales.

El Juzgado de lo Mercantil estimó parcialmente la demanda. Consideró acreditada la existencia de sobrefacturación en los trabajos realizados por Ruta Win y de determinadas cantidades cobradas por Box Infiniti fuera de los términos contractuales. Por ello condenó solidariamente a los demandados a indemnizar a LTB con 481.119,87 euros.

La Audiencia Provincial revocó íntegramente esa decisión. Aunque admitió que Cipriano estaba sometido a las reglas sobre conflictos de interés y operaciones vinculadas, entendió que las operaciones con Ruta Win habían sido conocidas y ratificadas por el consejo de administración. Además, tras valorar los informes periciales, concluyó que no se había demostrado que Ruta Win hubiera facturado por encima de los precios de mercado ni que las operaciones hubieran producido un daño patrimonial a la sociedad. También apreció falta de legitimación pasiva de Box Infiniti respecto de la acción social de responsabilidad.

Ante el Tribunal Supremo, la recurrente intentó reformular el problema. Sostuvo que la Audiencia había confundido dos conceptos distintos: el “sobreprecio” y el “sobrecoste”. Según esta tesis, aunque los precios cobrados por Ruta Win pudieran coincidir con los de mercado, la mera existencia de una sociedad interpuesta generaba para LTB un coste adicional equivalente al beneficio obtenido por Ruta Win. Ese beneficio sería el verdadero daño sufrido por la sociedad.

El Tribunal considera artificiosa la separación propuesta por la recurrente. Lo decisivo no es que Ruta Win obtuviera una ganancia por intervenir en la operación, sino si LTB pagó más de lo que habría pagado en condiciones normales de mercado. Si el precio final era un precio de mercado, no existe daño patrimonial por el simple hecho de que un intermediario obtenga un beneficio. La Sala afirma expresamente que “el daño se habrá causado si a la parte demandante le ha costado de más”. Como la Audiencia declaró probado que los precios eran de mercado, falta el presupuesto esencial de la acción social de responsabilidad: la existencia de un perjuicio para la sociedad.

El primer motivo de casación denunciaba la infracción del artículo 230 LSC y sostenía que la autorización o dispensa de los conflictos de interés debía ser expresa y otorgada por el órgano competente. El Supremo evita pronunciarse sobre el alcance de ese régimen de dispensas. Señala que, aun admitiendo hipotéticamente una infracción del deber de lealtad, la acción social de responsabilidad requiere además la acreditación de un daño. Como los hechos fijados en la instancia descartan que la sociedad pagara por encima del valor de mercado, el examen de la posible infracción del artículo 230 LSC carece de utilidad práctica para resolver el litigio.

El segundo motivo invocaba el artículo 227.2 LSC, que obliga al administrador desleal no solo a indemnizar el daño, sino también a devolver el enriquecimiento injusto obtenido. La Sala tampoco entra de lleno en el debate dogmático sobre la naturaleza de esta restitución. Lo decisivo para desestimar el motivo es una cuestión procesal: la demanda nunca reclamó la devolución de las ganancias obtenidas por Ruta Win o por Cipriano como enriquecimiento derivado de la infracción del deber de lealtad. Lo que se reclamó fue exclusivamente la diferencia entre los importes facturados y el supuesto valor de mercado.

La propiedad y el estado de derecho (Waldron)

2026-07-24T13:40:39.392+02:00

De los extractos que siguen del libro de Jeremy Waldron sobre la relación entre la propiedad privada y el estado de derecho (rule of law) quiero destacar dos ideas que me parecen productivas. La primera, que es preferible adoptar una concepción no sustantiva de las exigencias del estado de derecho. La segunda y, más interesante, es la relativa a la producción de normas jurídicas con rango de ley.

Waldron, a diferencia de nuestro desastroso Tribunal Constitucional vincula estrechamente la "calidad" del proceso legislativo con las exigencias de la cláusula de estado de derecho. Desde esta perspectiva, no debería ser dudoso que toda la legislación puesta en vigor en materia de arrendamientos urbanos es inconstitucional por violar el principio de seguridad jurídica y de 'calidad mínima' de la ley, reflejado este último en la prohibición del recurso a decretos-ley para modificar legislación contractual. La regulación legal de los arrendamientos urbanos en España ha sufrido cuatro reformas legales importantes en tan solo ocho años (Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler; Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda; Normativa posterior de desarrollo vinculada al nuevo sistema de actualización de rentas (IRAV) y a las medidas derivadas de la Ley de Viviend, que ha incidido en la aplicación práctica de la LAU aunque no siempre mediante una reforma integral de su texto) y decenas de modificaciones puntuales y normas coyunturales (especialmente las aprobadas durante la pandemia y las sucesivas prórrogas de medidas extraordinarias sobre desahucios, vulnerabilidad o actualización de rentas).

Aquí van los párrafos que me han parecido de más interés

La idea de la supremacía del Derecho (Rule of Law) es que el Derecho debe situarse por encima de toda persona o institución poderosa dentro de la comunidad política. La autoridad administrativa debe ejercerse dentro de un marco vinculante de normas públicas. El poder político debe estar sometido al Derecho y controlado por él. Como afirmó el gran jurista victoriano Albert Venn Dicey, eso es incompatible con «todo sistema de gobierno basado en el ejercicio por las autoridades de poderes amplios, arbitrarios o discrecionales»...

Además, la supremacía del Derecho exige que las personas corrientes tengan acceso al Derecho en dos sentidos. En primer lugar, las normas deben ser accesibles, es decir, promulgadas públicamente y con carácter prospectivo, de modo que los ciudadanos puedan conocerlas de antemano y calcular su impacto sobre sus acciones y transacciones. En segundo lugar, deben existir procedimientos jurídicos a disposición de los ciudadanos para protegerlos frente a abusos tanto de poderes públicos como privados.

Ésta, sin embargo, no es la posición defendida por Epstein. A su juicio, ninguna concepción razonable de la propiedad puede basarse en la premisa de que el Estado pueda conceder o negar derechos sobre las cosas a los particulares en los términos que considere oportunos. El punto de partida correcto sería más bien la posición lockeana según la cual los derechos de propiedad surgen desde abajo, a partir de los propios individuos.

Pero, en definitiva, no creo que esta tesis pueda sostenerse. En parte porque comparto el escepticismo de Hans Kelsen respecto de los propios fundamentos de la distinción entre Derecho privado y Derecho público. Todo Derecho implica algún tipo de actuación estatal, aunque sólo sea porque, en última instancia, es el Estado quien debe intervenir para garantizar los derechos de los litigantes privados. Además, no creo que la adhesión al ideal de la supremacía del Derecho deba llevarnos a ignorar o menospreciar el papel de la acción humana tanto en la creación como en la aplicación del Derecho.

Todo esto constituye una interesante señal de alarma. En el momento en que aceptamos que la supremacía del Derecho posee una dimensión sustantiva y no es únicamente un conjunto de exigencias formales y procedimentales, inauguramos una especie de competición en la que cada cual intenta incorporar al Estado de Derecho sus valores favoritos y sus ideales políticos preferidos. Quienes defienden los derechos de propiedad y la economía de mercado tratarán sin duda de privilegiar esos valores. Pero exactamente lo mismo harán quienes favorezcan otros ideales políticos...

La otra posibilidad consiste en preguntarse si puede descubrirse una dimensión sustantiva de la supremacía del Derecho a partir de la orientación material implícita en algunos de sus elementos formales y procedimentales universalmente aceptados. Es decir, determinadas exigencias formales pueden apuntar hacia ciertos valores sustantivos y conducirnos en una dirección determinada. Por ejemplo, la exigencia de generalidad de las normas propia del Estado de Derecho puede orientarnos hacia la justicia: al insistir en que los casos semejantes sean tratados de manera semejante, nos obliga a reflexionar sobre qué casos deben considerarse realmente semejantes. Del mismo modo, la exigencia de irretroactividad puede orientarnos hacia la protección de la capacidad humana de planificar y actuar deliberadamente y, por esa vía, acercarnos a una conexión sustantiva entre supremacía del Derecho y autonomía individual...

Se trata de razones generales en favor de la estabilidad jurídica, derivadas de la necesidad de que las personas puedan orientar sus acciones a corto, medio y largo plazo sobre la base de un conocimiento seguro del Derecho. Y, al menos en principio, estas razones se aplican a todas las ramas del ordenamiento: Derecho penal, mercantil, regulatorio, tributario o sectores del Derecho privado como la responsabilidad civil o los contratos.

Las personas necesitan saber a qué atenerse. Necesitan poder organizar autónomamente sus vidas teniendo en cuenta las exigencias jurídicas. Como la presencia del Derecho suele ser intrusiva, cuando no coercitiva, es importante que pueda ser calculada y prevista para incorporarla a los propios planes. Además, puesto que las acciones de otras personas también pueden afectarnos de forma intensa, necesitamos conocer de antemano cómo y hasta qué punto estarán sometidas al Derecho.

Bentham sostenía que la creación de expectativas es en gran medida obra del Derecho y que el principio de las expectativas seguras, lo que él llamaba principio de seguridad, constituye una limitación fundamental a la actuación legislativa:

«El principio de seguridad exige que los acontecimientos, en la medida en que dependan de las leyes, se ajusten a las expectativas que las propias leyes han creado.»
Hasta aquí sólo estamos hablando de estabilidad jurídica en general. Pero no es difícil comprender por qué alguien podría pensar que este interés por la seguridad y por la protección de las expectativas tiene una relación especial con la propiedad. Y ésa era precisamente la posición de Jeremy Bentham en sus Principles of the Civil Code.
Bentham escribía:
«La idea de propiedad consiste en una expectativa establecida, en la convicción de poder obtener tal o cual ventaja de la cosa poseída. (...) Esta expectativa, esta convicción, sólo puede ser obra del Derecho. No puedo contar con el disfrute de aquello que considero mío sino gracias a la promesa de la ley que me lo garantiza. Sólo el Derecho me permite olvidar mi debilidad natural. Sólo bajo la protección de la ley puedo cercar un campo y dedicarme a su cultivo con la esperanza segura, aunque lejana, de obtener una cosecha.»
Y añadía:
«La propiedad y el Derecho nacen juntos y mueren juntos. Antes de que existieran leyes no existía propiedad; si las leyes desaparecen, la propiedad desaparece con ellas. (...) En materia de propiedad, la seguridad consiste en no sufrir ninguna interrupción, perturbación o alteración de la expectativa, fundada en las leyes, de disfrutar de una determinada porción de bienes. El legislador debe el máximo respeto a esa expectativa que él mismo ha creado.»
(Continúa Waldron) De este modo, la protección de los derechos de propiedad emerge como un tema sustantivo en un razonamiento que comenzó simplemente observando el interés humano en la estabilidad jurídica, interés protegido por los principios formales y procedimentales tradicionales del Estado de Derecho. Me parece que, hasta ahí, se trata de una forma razonable y respetable de argumentar en favor de una versión sustantiva del Estado de Derecho...

La palabra «propiedad» apenas comenzaba a adquirir su significado moderno en el siglo XVII, cuando John Locke escribió sobre ella. Sabemos además que Locke utilizaba con frecuencia el término en un sentido amplio, que abarcaba la vida y la libertad, además de los intereses patrimoniales concretos. Esto es, en parte, una cuestión semántica relativa a la evolución histórica del significado de la palabra. Pero también pone de relieve algo importante sobre la propiedad: las funciones que desempeña, proporcionar seguridad a los individuos y un horizonte estable para sus expectativas, pueden ser desempeñadas igualmente por otras instituciones jurídicas....

Por su parte, Hayek no acepta que la propiedad privada, concebida según la analogía del castillo inexpugnable, sea la única forma de asegurar la libertad individual. Afirma:

«En la sociedad moderna, el requisito esencial para proteger al individuo frente a la coerción no es que posea propiedad, sino que disponga de múltiples posibilidades de acceso a los medios materiales que le permitan llevar adelante un plan de acción.»

Y añade:

«Uno de los logros de la sociedad moderna es que una persona puede disfrutar de libertad aun sin poseer prácticamente ninguna propiedad propia. Que la propiedad ajena pueda servir para la realización de nuestros fines se debe principalmente a la fuerza obligatoria de los contratos. Toda la red de derechos creada por los contratos constituye una parte tan importante de nuestra esfera protegida, y una base tan esencial para nuestros planes de vida, como cualquier propiedad que nos pertenezca directamente.»

Como ocurría ya en Bentham, esto implica que el ideal de seguridad ya no nos conduce desde el Estado de Derecho hacia la propiedad privada específicamente considerada. Nos conduce desde el Estado de Derecho hacia el Derecho en todas sus manifestaciones, en la medida en que condiciona el libre desenvolvimiento de nuestras vidas y crea el espacio que necesitamos para participar autónomamente en la actividad económica. Nos conduce a una idea de propiedad que no puede limitarse a los intereses de propiedad privada que normalmente tenemos en mente.

Quizá la conexión que estamos buscando sea simplemente una conexión entre el Estado de Derecho y el concepto de propiedad privada, y no entre el Estado de Derecho y el conjunto concreto de facultades que cada concepción particular del dominio reconoce.

Además, el contenido de nuestros derechos de propiedad, especialmente lo que podemos hacer con ellos, depende de lo que el resto del ordenamiento permita, prohíba o regule. El Derecho funciona de manera holística. Los derechos de propiedad no se definen de forma aislada respecto del resto del sistema jurídico. Lo que mis derechos de propiedad significan depende en parte de lo que ocurre en otros ámbitos del Derecho.

Robert Nozick observó una vez:

«Mis derechos de propiedad sobre mi cuchillo me permiten dejarlo donde quiera, pero no dentro de tu pecho.»

Los derechos de propiedad viven a la sombra del Derecho penal. Y no sirve invertir la relación y sostener que los derechos de propiedad limitan necesariamente la evolución del Derecho penal o impiden que el legislador prohíba determinados usos de los bienes materiales. No vale decir:

«Creía que se trataba de mi pistola» o «mi marihuana». «¿Por qué no puedo hacer con ella lo que quiera?»

No podemos permitir que el Estado de Derecho se convierta en una especie de fetiche de la estabilidad que ampare cualquier expectativa de ganancia que alguien haya concebido dentro de un determinado contexto jurídico. El Estado de Derecho no resulta vulnerado cada vez que una reforma legal altera planes de negocio previamente elaborados....

Piénsese en otro ejemplo. Si alguien compra inmuebles cerca de una prisión situada en el norte del Estado de Nueva York porque espera obtener beneficios vendiendo viviendas a funcionarios penitenciarios, no puede invocar el Estado de Derecho cuando se derogan las discriminatorias leyes antidroga impulsadas por Rockefeller y, como consecuencia de ello, disminuye la necesidad de plazas penitenciarias, reduciendo el valor de sus inversiones.

La propiedad privada, considerada como valor en sí misma, merece respeto por múltiples razones éticas, sociales, políticas y económicas. Pero, en cuanto valor protegido específicamente bajo la idea del Estado de Derecho, sólo estará protegida en aquellos aspectos en los que coincida con valores ya claramente asociados al Estado de Derecho. Y ahí aparece la dificultad: podemos tener una asociación intuitivamente plausible, o incluso políticamente conveniente, entre Estado de Derecho y propiedad privada, pero carecemos de una explicación completa y ampliamente aceptada de por qué el Estado de Derecho debería poseer precisamente esa dimensión sustantiva...

Por eso es preferible mantener la tesis de la separación. Estamos mejor situados si defendemos el Estado de Derecho en aquellos aspectos que son específicamente propios de ese ideal y que no pueden obtenerse por medio de otros valores políticos. Y estamos mejor situados si discutimos directamente sobre propiedad privada, economía de mercado y libertad económica en los términos que resulten apropiados para esas cuestiones.

Intentar defender la propiedad, los mercados y la libertad económica recurriendo al lenguaje del Estado de Derecho resulta, sencillamente, una distracción. Nos arrastra a debates sobre concepciones sustantivas del Derecho y sobre cuáles de las facultades comprendidas en la propiedad merecen una protección especial por razones de legalidad. Y nos impide decir claramente lo que queremos decir sobre la propiedad privada por temor a que alguna de esas afirmaciones no pueda presentarse como una exigencia del ideal del Estado de Derecho.

Sabemos que el Estado de Derecho es, ante todo, un ideal formal y procedimental. Protege la independencia judicial y el correcto funcionamiento de los tribunales. Exige que las personas tengan acceso al Derecho y que puedan confiar en procedimientos justos y respetuosos para la determinación de sus derechos y pretensiones. Exige que el gobierno actúe dentro de un marco jurídico en todo lo que hace y que sus actuaciones puedan ser impugnadas y controladas jurídicamente cuando exista una sospecha de actuación indebida. Exige también una determinada forma de gobernar: que las personas sean gobernadas mediante normas generales, públicas, promulgadas con antelación y relativamente estables, que sirvan de marco para determinar sus derechos.

Por el contrario, la mayoría de las personas razonables y de buena voluntad que aprecian el ideal del Estado de Derecho no tienen especiales dificultades con la legislación social, económica o medioambiental.

Si la ley está correctamente redactada, si es clara, inteligible y formulada en términos generales; si se aprueba con carácter prospectivo y se promulga adecuadamente; si los reglamentos que la desarrollan se dictan respetando los procedimientos previstos en la propia ley y en el Derecho administrativo; si esos reglamentos se publican y posteriormente se aplican imparcialmente a los casos individuales conforme a sus términos, entonces nos encontramos ante un ejercicio perfectamente legítimo del Estado de Derecho.

De hecho, para muchos autores eso es precisamente lo que significa el Estado de Derecho: que las personas sean gobernadas mediante normas generales establecidas de antemano y aplicadas por igual conforme a los términos en que han sido públicamente promulgadas.

Es mucho más razonable afirmar que quien adquiere un terreno sabe necesariamente que las facultades que puede ejercer sobre él estarán sujetas, de tiempo en tiempo, al ritmo ordinario del proceso legislativo. La gente sabe que existen preocupaciones medioambientales... Saben que esas preocupaciones se consideran importantes y urgentes, y que evolucionan con el tiempo, tanto en sus fundamentos como en las estrategias empleadas para afrontarlas. Nada de eso debería sorprender. Forma parte de la responsabilidad cívica normal mantenerse atento a estas cuestiones y ajustar las propias expectativas en consecuencia respecto de lo que puede hacerse con la propiedad.

Hayek, sin embargo, mostraba una profunda antipatía hacia la legislación y llegó a sugerir que el gobierno mediante leyes aprobadas por el legislador representa casi lo contrario del Estado de Derecho. Según Hayek, la mentalidad legislativa es inherentemente directiva y administrativa. Está orientada a organizar el aparato estatal y, cuando se proyecta sobre la política pública en general, extiende esa misma lógica administrativa con consecuencias peligrosas para la libertad y para el mercado. Precisamente eso, decía Hayek, es lo que el Estado de Derecho debería combatir.

Para Hayek, el Estado de Derecho remite a algo diferente: un orden de normas impersonales que surgen y evolucionan de forma semejante al common law, y no a normas fabricadas deliberadamente y que llegan acompañadas del nombre de sus autores legislativos.

Aun así, la idea consiste en distinguir entre la legislación como instrumento que estructura y facilita el funcionamiento autónomo de un sistema jurídico y la legislación utilizada para perseguir objetivos regulatorios o de política pública. Desde la perspectiva adoptada por el Banco Mundial en algunos de sus análisis sobre el Estado de Derecho, este segundo tipo de legislación suele contemplarse con sospecha porque puede limitar los derechos de propiedad, las relaciones de mercado y las oportunidades de inversión que el Estado de Derecho supuestamente debe proteger. Lo que se tiene en mente son ejemplos como la legislación medioambiental, la legislación favorable a los trabajadores, las restricciones a la libertad contractual, las limitaciones a determinadas inversiones o beneficios empresariales, las nacionalizaciones o los controles de precios.

A mi juicio, resulta muy extraño separar de ese modo la actividad legislativa del ideal del Estado de Derecho.

Queremos que las leyes se elaboren en una institución que represente adecuadamente a toda la comunidad. Por eso prestamos una atención constante a la legitimidad del legislador como creador de Derecho. De ese modo podemos explicar a quien se opone a una nueva ley por qué sigue siendo justo exigirle obediencia. También prestamos atención a la legitimidad de los tribunales, pero no a su legitimidad como creadores de Derecho. Nos preocupan más bien cuestiones como la igualdad de armas entre las partes en el proceso, la corrección del proceso, su duración o la racionalidad de las decisiones. Sin embargo, sabemos que la creación judicial del Derecho puede vincular a toda la comunidad a partir de un litigio entre dos partes concretas. Es una forma bastante curiosa de asegurar la legitimidad de los cambios jurídicos.

La legislación como construcción política del Derecho

En términos generales, la legislación tiene la virtud de otorgar a los ciudadanos una participación en el propio Estado de Derecho, porque los involucra, directa o indirectamente, en la producción de las normas y lo hace bajo condiciones de igualdad política.

Tocqueville observó tempranamente que, si se quiere fomentar el respeto a las leyes, pocas cosas son tan eficaces como elaborarlas mediante procedimientos electivos. Sin duda, toda ley tendrá opositores, aquellos cuyos representantes fueron derrotados en la votación correspondiente. Sin embargo, como señalaba Tocqueville:

«En los Estados Unidos todos tienen interés personal en que la comunidad entera obedezca la ley, porque la minoría puede convertirse mañana en mayoría y, por tanto, tiene interés en profesar el mismo respeto hacia las decisiones del legislador que quizá muy pronto reclamará para las suyas.»

Pero si se degrada la legislación como fuente de Derecho desde la perspectiva del Estado de Derecho, deja de estar claro de dónde debería surgir el respeto a las leyes que el propio Estado de Derecho exige.

A veces imaginamos, en defensa de determinadas concepciones del Derecho, una sociedad ordenada sin cabeza visible, sin deliberación ni decisiones conscientes, gobernada directamente por la moral o por costumbres inmemoriales respecto de las cuales nadie asume responsabilidad.

Como recordaba H. L. A. Hart, la moral es inmune al cambio deliberado. Esto es cierto tanto respecto de la moral positiva incorporada a una sociedad como respecto de los auténticos principios y valores morales.

Las costumbres pueden cambiar gradualmente, pero no como resultado de una deliberación consciente ni de una actuación humana deliberada. El Derecho, en cambio, introduce deliberadamente la posibilidad de cambiar la forma en que una sociedad está organizada. Eso forma parte de la propia definición del Derecho en Hart: la combinación de reglas primarias de conducta con reglas secundarias que permiten a la comunidad asumir la responsabilidad de su propio orden normativo, adaptarlo a nuevas circunstancias y controlar los cambios realizados. Eso es, en esencia, el Derecho. Y el ideal del Estado de Derecho no puede ser hostil a esa característica. Es esencial al Derecho que pueda modificarse deliberadamente y, aunque el Estado de Derecho supervise y discipline esos cambios, no puede entenderse como un ideal destinado a impedirlos...

... nada decisivo depende de optar entre positivismo jurídico o Derecho natural. Desde cualquiera de esas perspectivas debemos aceptar un Derecho flexible, susceptible de cambio e incluso de cambio deliberado mediante reflexión y decisión colectiva; en otras palabras, mediante legislación.

Algunos responderán que, aun aceptando todo esto, sigue existiendo una razón especial para ralentizar el cambio normativo cuando afecta a la propiedad privada y al funcionamiento de los mercados. En esos ámbitos, dirán, la seguridad de las expectativas resulta particularmente importante. Ronald Cass adopta precisamente esta posición.

Cass admite que no existe forma de impedir completamente el cambio jurídico ni de asegurar absolutamente los derechos de propiedad frente a él. El cambio forma parte de cualquier ordenamiento jurídico. Sin embargo, sostiene que la manera en que un sistema jurídico gestiona los cambios que afectan a los derechos de propiedad constituye una de las claves de la efectividad del Estado de Derecho, especialmente en ámbitos como la reforma agraria.

Puede defenderse que la definición y protección de los derechos de propiedad constituye una de las funciones paradigmáticas del Derecho. Esa función responde a algunas de las circunstancias más elementales de la condición humana: nuestra necesidad de recursos, nuestro altruismo limitado y la necesidad de evitar los conflictos derivados de la apropiación de bienes escasos. Ello forma parte de lo que Hart denominó el «contenido mínimo del Derecho natural».

No estoy defendiendo una flexibilidad jurídica basada en legislación precipitada o irreflexiva. Soy un firme partidario del debido proceso legislativo. Legislar no equivale a emitir un decreto. Es una actividad formalmente estructurada y laboriosa.

En una legislatura correctamente organizada, ese proceso incluye consultas públicas, informes, documentos de debate, deliberaciones sucesivas, votaciones, examen detallado de cada cláusula, publicidad de los debates y una participación plural de representantes de intereses diversos.

Todas estas garantías procedimentales —el debido proceso legislativo, si se quiere llamarlo así— son de enorme importancia para el Estado de Derecho. Se escribe muy poco sobre ellas.

El bicameralismo, los mecanismos de frenos y contrapesos... la elaboración de un texto sometido a discusión pública, el análisis artículo por artículo, la formalidad y solemnidad del procedimiento parlamentario, la publicidad de los debates y el tiempo concedido para la reflexión antes de la aprobación definitiva son elementos esenciales para que una norma llegue a adquirir plenamente el carácter de ley.

Quien desea vivir bajo el Estado de Derecho desea estar sometido a normas producidas mediante procesos de este tipo. Cuando afirmamos que nadie debe ser castigado sino en virtud de una norma previamente establecida —nulla poena sine lege— no pensamos simplemente en una orden emitida con anterioridad. Pensamos en una prohibición aprobada previamente mediante la solemnidad y el procedimiento propio de la legislación.

Es cierto que en ocasiones las leyes se aprueban con precipitación o por razones de urgencia. Pero precisamente eso debe ser criticado en nombre del Estado de Derecho. Y los países que convierten esa práctica en una forma habitual de legislar deberían ver reducida su valoración en los índices internacionales de calidad institucional.

Sin duda, el debido proceso legislativo ralentiza el ritmo del cambio jurídico y, en alguna medida, puede aliviar las preocupaciones de los propietarios respecto de la estabilidad de sus expectativas. Pero no creo que sea posible ir mucho más lejos.

La disciplina impuesta por el Estado de Derecho, y en particular por el debido proceso legislativo, ya limita considerablemente la rapidez con la que una sociedad puede responder colectiva y deliberadamente a circunstancias nuevas. Además, el ritmo del cambio jurídico debe acompasarse con el ritmo de la política, porque tampoco es fácil formular una propuesta, construir una mayoría y mantener una coalición de apoyo durante todo el proceso necesario para convertir un proyecto político en ley.

Jeremy Waldron, The Rule of Law and the Measure of Property, 2012

La distinción derecho público - derecho privado en Kelsen

2026-07-24T11:39:26.315+02:00

¿Cómo de anticuado se ha quedado Kelsen?

Si la diferencia decisiva entre Derecho privado y Derecho público se entiende como una diferencia entre dos métodos de creación del Derecho; si se reconoce que los llamados actos públicos del Estado son actos jurídicos exactamente igual que el negocio jurídico privado; si, sobre todo, se comprende que los actos que constituyen los hechos generadores de Derecho no son, en ambos casos, más que continuaciones del proceso de formación de la llamada voluntad del Estado y que tanto en la actuación administrativa como en el negocio jurídico privado lo que se produce es únicamente la individualización de normas generales, entonces dejará de parecer paradójico que la Teoría Pura del Derecho, desde su perspectiva universalista, siempre orientada al conjunto del ordenamiento jurídico considerado como una unidad (la llamada voluntad del Estado), vea tanto en el negocio jurídico privado como en un acto administrativo un acto del Estado, es decir, un hecho creador de Derecho imputable a la unidad del ordenamiento jurídico.

Al proceder así, la Teoría Pura del Derecho «relativiza» la contraposición entre Derecho privado y Derecho público que la ciencia jurídica tradicional había «absolutizado». La transforma de una diferencia extrasistemática, esto es, de una diferencia entre Derecho y no Derecho, o entre Derecho y Estado, en una diferencia interna al propio sistema jurídico.

La Teoría Pura demuestra así su carácter genuinamente científico al disolver la ideología asociada a esa absolutización. En efecto, cuando la oposición entre Derecho público y Derecho privado se presenta como la oposición absoluta entre poder y Derecho, o al menos entre poder estatal y Derecho, se transmite la idea de que en el Derecho público, especialmente en el Derecho constitucional y administrativo, que son políticamente los sectores más importantes, el principio de juridicidad no rige con la misma intensidad ni en el mismo sentido que en el Derecho privado, considerado, por así decirlo, como el ámbito auténtico del Derecho.

Según esta ideología, en el llamado Derecho público no gobierna el Derecho en sentido estricto, como supuestamente ocurre en el Derecho privado, sino el interés del Estado o el bien público, que debe realizarse en cualquier circunstancia. En consecuencia, la relación entre la norma general y el órgano encargado de aplicarla sería distinta en el Derecho público y en el Derecho privado. En este último habría una aplicación estricta de la ley al caso concreto; en aquél, en cambio, habría una realización libre de los fines del Estado dentro del marco jurídico y, en situaciones excepcionales, incluso contra el propio Derecho, como sostenía la doctrina alemana del Staatsnotrecht o «Derecho de necesidad del Estado».

Sin embargo, un análisis crítico pone de manifiesto que toda esta distinción carece de fundamento en el Derecho positivo, salvo en un sentido muy limitado: los órganos legislativos, gubernativos y administrativos suelen estar menos constreñidos por normas generales que los tribunales, de modo que éstos disponen normalmente de una menor discrecionalidad. Más allá de esto, la teoría que insiste en una diferencia esencial entre Derecho público y privado incurre en una contradicción, pues presenta como un «principio jurídico» precisamente la libertad respecto del Derecho que atribuye a la esfera del Derecho público.

En el mejor de los casos, podría hablarse de dos técnicas jurídicas distintas, pero no de una diferencia esencial entre la naturaleza del Estado y la naturaleza del Derecho.

Este dualismo, lógicamente insostenible, no tiene un carácter teórico sino ideológico. Desarrollado por la doctrina constitucional, persigue asegurar al gobierno y a la administración una libertad que supuestamente deriva de la propia naturaleza de los asuntos públicos. No se trata de una libertad frente al Derecho, algo imposible desde una perspectiva jurídica, sino de una libertad frente a las leyes, frente a las normas generales aprobadas por el parlamento como representación del pueblo. No sólo se afirma que una intensa sujeción jurídica de los órganos gubernativos y administrativos sería incompatible con la naturaleza de sus funciones, sino también que, cuando tal sujeción existe, puede ser ignorada si las circunstancias lo exigen. Esta tendencia refleja el antagonismo habitual entre gobierno y parlamento, observable no sólo en las monarquías constitucionales, sino también en las repúblicas democráticas.

Por otro lado, la absolutización de la distinción entre Derecho público y privado genera también la idea de que el poder político se despliega exclusivamente en el ámbito del Derecho público, especialmente en el Derecho constitucional y administrativo, mientras que está completamente ausente del Derecho privado.

Sin embargo, ya hemos mostrado anteriormente que esta diferencia entre una esfera «política» y una esfera «privada» de los derechos subjetivos no existe realmente. Los derechos privados son también derechos políticos, en el mismo sentido que aquellos que reciben habitualmente esa denominación, porque ambos permiten, aunque de manera distinta, participar en la formación de la llamada voluntad del Estado, es decir, en el ejercicio del poder político.

La separación de principio entre una esfera jurídica pública o política y una esfera jurídica privada o apolítica pretende impedir que se advierta que el ámbito privado, configurado mediante el contrato, constituye también un escenario de ejercicio del poder político, exactamente igual que el Derecho público producido por la legislación y la administración.

El llamado Derecho privado, cuyo núcleo es la institución de la propiedad individual, constituye, desde el punto de vista de la función que desempeña dentro del ordenamiento jurídico total, un método de creación de normas individuales característico del sistema capitalista. Este método de creación normativa se ajusta al principio de autodeterminación y, en ese sentido, posee un carácter democrático.

Pero la creación de normas generales dentro de un sistema capitalista puede tener un carácter tan autocrático como democrático. Los principales Estados capitalistas de nuestra época poseen constituciones democráticas, pero la propiedad privada y la creación de normas individuales mediante el principio de autodeterminación también son posibles en una monarquía absoluta y, de hecho, han existido en ella.

Por su parte, dentro de un sistema económico socialista basado exclusivamente en la propiedad colectiva, la creación de normas individuales puede revestir un carácter autocrático, en la medida en que el contrato de Derecho privado es sustituido por el acto administrativo de Derecho público. Pero este sistema también es compatible tanto con una producción democrática como autocrática de normas generales; es decir, tanto con una constitución democrática como con una autocrática.

La falta de comprensión de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico impidió advertir que distintos métodos de creación normativa pueden coexistir en diferentes niveles de un mismo sistema jurídico, y que una creación democrática de normas generales puede combinarse con una creación autocrática de normas individuales, y viceversa.

Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, pp 281-284

La conjura contra España (CXLIX): Popper, el mercado y la selección autodomesticada

2026-07-24T09:45:00.292+02:00

Benito Arruñada insiste a menudo en que los españoles elegimos a los peores para que nos gobiernen porque nos dan lo que queremos, o sea, mucha redistribución, poca meritocracia y poca competencia, pero triunfamos en el fútbol y otros deportes donde la meritocracia es implacable porque seleccionamos y elegimos a los mejores para que nos representen en las competiciones deportivas internacionales.

Hay dos razones principales que explican, a mi juicio, esta evolución.

La primera es que los españoles no votamos popperianamente. Popper sostiene que las elecciones sólo sirven para derribar pacíficamente a los malos gobernantes. En las elecciones, pues, no se debe juzgar a la oposición, solo se debe enjuiciar al gobierno. Lo contrario a votar popperianamente es votar identitaria o ideológicamente. Los vascos y catalanes - pero también los canarios, navarros o los gallegos - votan identitariamente y acabarán teniendo a Stalin como jefe político de Guipúzcoa y a una Orriols-Mussolini en Gerona. Otros cinco millones de españoles votan ideológicamente y antes se sacarán un ojo que votar al PP.

La segunda es que los españoles no creemos en el mercado, a pesar de que se ha demostrado una y otra vez que los mercados funcionan mucho mejor que las políticas públicas para resolver los problemas económicos y sociales. Las 'soluciones' políticas empeoran una y otra vez la situación. La última es el absentismo laboral. Si nadie se cree que Zapatero recibiera las joyas de su caja fuerte como un regalo de Estado, ¿por qué los españoles creen que impedir el despido de alguien que falta al trabajo aunque sea justificadamente no hace crecer el absentismo? La tasa de ausencias por Incapacidad Temporal ha aumentado de forma constante tras la entrada en vigor, en febrero de 2020, de la reforma del art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores que eliminó la posibilidad de despedir objetivamente por faltas reiteradas al trabajo aún justificadas con aplauso de la mayoría de los españoles que consideraban injusto que te pudieran despedir si faltabas mucho al trabajo.

Este análisis podría aplicarse a cualquier otra política pública. Nuestros políticos han dejado de intentar resolver los problemas reales para inventarse ocurrencias que presentan como soluciones a problemas inexistentes o irresolubles (los incendios los causa el cambio climático; el apagón fue producto de centenares de causas casi todas ellas al margen de nuestra capacidad de previsión o reacción; el tren de Adamuz descarriló porque las compañías de ferrocarriles del siglo XIX construyeron una red insegura...).

La desconfianza en los mercados lleva también a los políticos (especialmente los de la Unión Europea) a no dar tiempo al mercado para corregir sus fallos, cuando sabemos que lo más extraordinario de los mercados es que la mayor parte de sus fallos se resuelven sin necesidad de intervención externa. Los poderes públicos pueden contribuir a acelerar la desaparición del fallo de mercado simplemente, eliminando una barrera de entrada o construyendo una infraestructura pública.

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El mundial nos ha brindado a los españoles la oportunidad de aprender algo, por una vez, de nuestros aciertos, no de nuestros errores. ¡Ojalá fuéramos capaces de transferir las "buenas prácticas" de nuestra selección de fútbol a la vida pública!

¿En qué consiste este acierto? Supongo que hay muchos. No sé de fútbol. Voy a destacar uno ayudándome de Richard Wrangham.

Richard Wrangham distingue dos tipos de agresividad en la especie humana. La que llama agresividad reactiva, que aparece cuando alguien responde violentamente a una provocación, una ofensa o una frustración y es impulsiva, emocional y poco calculada. Y la que llama agresividad proactiva, que es fría, planificada e instrumental y consiste en actuar coordinada, deliberada y enérgicamente para alcanzar un objetivo superando a lo que o a los que se oponen a él. Wrangham sostiene que la evolución humana ha reducido mucho la primera, pero ha reforzado la segunda. Los seres humanos modernos serían menos propensos a las explosiones de violencia espontánea que otros primates, pero muy capaces de organizar acciones colectivas, calculadas y disciplinadas.

La explicación que ofrece Wrangham es la llamada autodomesticación humana. A lo largo de los últimos cien o doscientos mil años, las coaliciones de individuos corrientes (machos beta diríamos) habrían logrado expulsar o incluso eliminar a los individuos excesivamente agresivos y dominantes, acabando con el dominio del macho alfa que se observa en otros primates como los chimpancés (hay tesis alternativas, según algunos antropólogos, los padres "seleccionan" entre sus hijos varones los menos agresivos reactivamente y según otros, las hembras de la especie logran formar coaliciones que desincentivan la agresividad reactiva por parte de los machos tal como ocurre, al parecer, entre los bonobos).

En cualquier caso, el resultado paradójico fue una especie más competitiva cuando actuaba colectivamente frente a un riesgo externo, tal como un grupo enemigo o un depredador o un riesgo ambiental, gracias a que la agresividad reactiva, que se proyecta en el interior del grupo, quedó severamente controlada. Porque, si la agresividad reactiva se sanciona, la agresividad proactiva se premia con mayor acceso a los bienes y más posibilidades de emparejamiento (no tengo que explicarles por qué los futbolistas se llevan a las más guapas).

Pues bien, lo que llama la atención de España es la combinación de una agresividad reactiva muy baja con una elevada agresividad competitiva o proactiva. Me quedé pasmado con la tranquilidad con la que Cucurella, Rodri, del Olmo... reaccionaron a las provocaciones de algunos de los pandilleros que forman el equipo nacional argentino. ¡Qué aplomo!

Al mismo tiempo, la agresividad proactiva de nuestra selección es muy elevada. La presión organizada, la recuperación tras perder un balón, el sometimiento territorial del rival mediante la posesión, la ocupación sistemática de espacios o la circulación paciente del balón para desgastar al contrario son formas de agresión instrumental dirigidas a imponerse sobre el adversario.

Vista así, la selección española puede describirse como una coalición de machos beta en el sentido de Wrangham. No está estructurada alrededor de un macho alfa que domine a los demás mediante su personalidad o capacidad intimidatoria. La selección española funciona como una alianza de individuos relativamente iguales que cooperan entre sí y en la que los más jóvenes respetan y buscan la aprobación de los más veteranos. No en vano, la frase más famosa de Luis de la Fuente, rescatada de un argentino, es la de que «Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.» Se podría añadir que el mejor puede ser enemigo de los buenos.

¿Cuándo conseguiremos los españoles cooperar entre nosotros, en los asuntos públicos, como cooperan los jugadores de la selección española? También dice Arruñada que, quizá, la desgracia histórica española es que no hemos sido invadidos por un grupo extranjero en los últimos doscientos años. Quizá Wrangham explicaría que la ausencia de amenazas exteriores ha revitalizado la agresividad reactiva de los españoles.

* En una entrada en el blog Derecho Mercantil he resumido el trabajo de Richard Wrangham en el que expone la que llama "hipótesis de la ejecución" (y en esta del Almacén he resumido su libro sobre la domesticación del hombre y en esta y esta he resumido trabajos de Boehm que es el que sostuvo originalmente la tesis que ha elaborado y desarrollado Wrangham. En esta entrada del Almacén se resume otro artículo suyo.

Citas: el caso de Jason Arday, Arcadi Espada, San Agustín y la mentira, el párkinson, por qué todos los periodistas son de izquierdas, los odiosos nacionalistas vascos y catalanes, la constitución de 1876 y los padres felices

2026-07-23T10:48:57.411+02:00

Fraude en la Universidad de Cambridge: el caso del profesor Jason Arday

La diversity, inclusion & equity crea estos monstruos porque es imposible la refutación del bullshit que producen estos académicos que enseñan e "investigan" en grados Mickey Mouse (es la Facultad de Educación, naturalmente, la que ha contratado a este plagiador).

Breve

Un nuevo informe de Brookings encuentra: “en los últimos casi 50 años, los distritos de alta pobreza y predominantemente no blancos en los 50 estados gastaron en promedio más por estudiante”; Carlos Vives siempre ha sido muy listo;

Arcadi Espada mete la pata con su columna y, en vez de sacarla, se comporta como un forofo argentino y tira de mantenella y no enmendalla y decide culpar al público

Leyre Iglesias puede considerarse como "interpretación auténtica" de la intención de Espada. Pero gente tan inteligente como Urquizu o John Müller o un servidor hemos entendido de manera diferente la columna. Así que, quizá, el problema está en que Espada se pasó de listo y no entendió (¡el tipo que más columnas ha escrito en el periodismo español por edad y laboriosidad!) que el género de la columna, a diferencia de la ficción, no se presta a ese tipo de ironía o juego retórico. No es la primera vez que le pasa a Espada. ¿Qué le hubiera costado aclarar en el primer párrafo que los siguientes van dirigidos contra los que pretenden extraer lecciones políticas del fútbol?

Pero la cosa es peor para Espada. Aunque España hubiera perdido - a los penaltis, porque los argentinos no tiraron a puerta ni una sola vez - habríamos extraído las mismas "lecciones" sobre la calidad y la cohesión del equipo español. O sea que ni en eso tiene razón Espada. Los resultados futbolísticos no son aleatorios y también en política pierden y ganan las elecciones los que no se lo merecen y analizar por qué, es urgente e importante porque nos va la prosperidad de la sociedad española en ello.

Espada ha tenido suerte esta vez. Al final, sobre fútbol se puede decir cualquier cosa. No como sobre las mujeres, el islam, el síndrome de down o ETA.

El signo y la mentira en San Agustín por Aníbal Sabater

"Un signo es algo que, más allá de la impresión que produce en los sentidos, hace que algo más venga a la mente." "Por eso miente quien tiene una cosa en mente y expresa otra con palabras o con cualquier signo."Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire." Quapropter ille mentitur, qui aliud habet in animo, et aliud verbis vel quibuslibet significationibus enuntiat."

Para Agustín, existe un error ontológico cuando el signo exterior y la realidad no están en sintonía, y existe un tipo particular de injusticia que consiste en explotar la confianza del oyente en que el signo y la realidad corresponderán, cuando en realidad no corresponden o no corresponderán. (Aug., Contra mend. 10.24.) Fue sobre esta base que los canonistas defendieron la primacía del texto tanto en disputas contractuales como legales¹ — una primacía que nunca fue absoluta. Como toda la tradición cristiana, reconocieron que cualquier texto positivo recibe su fuerza vinculante de la ley eterna y natural, de la cual debería ser una extensión.

El parkinson quizá se inicie en el aparato digestivo

Durante mucho tiempo se pensó que el párkinson era exclusivamente un problema del cerebro. Las neuronas que producen dopamina se deterioran y aparecen los síntomas motores típicos: temblor, rigidez y lentitud de movimientos. Lo que sugiere este estudio es que, al menos en algunos casos, parte del proceso podría empezar mucho antes fuera del cerebro, en el intestino.

Los investigadores estudiaron personas que poseen una mutación genética que aumenta muchísimo el riesgo de padecer párkinson, pero que todavía estaban sanas. Si el gen fuera el único factor determinante, cabría esperar que todos o casi todos desarrollaran la enfermedad. Sin embargo, la mayoría nunca la desarrolla.

Al analizar sus bacterias intestinales, observaron que los portadores de la mutación ya mostraban cambios en el microbioma. Su composición bacteriana no era la de una persona completamente sana, pero tampoco la de un paciente con párkinson establecido. Además, las bacterias que faltaban con más frecuencia eran precisamente algunas de las que ayudan a controlar la inflamación. Eso lleva a pensar que un intestino más inflamado podría favorecer que la enfermedad llegue a manifestarse.

El mensaje del estudio es que el gen puede cargar la pistola, pero otros factores, entre ellos el estado del intestino y de sus bacterias, podrían ser los que aprieten el gatillo.

La conclusión prudente es: el intestino podría formar parte de las primeras etapas del proceso que conduce al párkinson, pero todavía no sabemos si es una causa, una consecuencia temprana o simplemente una señal asociada al riesgo de padecer la enfermedad.

Los graduados universitarios con carreras Mickey Mouse y, por tanto, con salarios bajos, son los más woke/izquierdistas: no hagáis caso a Lola Pons

No hagáis bachillerato de humanidades ni de ciencias sociales. Hacedlo de Ciencias, aunque queráis estudiar Filología Latina. Es de tontos cerrarse puertas. La inteligencia es una fuerza que trata de maximizar la libertad de acción y mantener la posibilidad de elegir. Si dejáis las matemáticas y la física, nunca volveréis a aprender nada que incluya matemáticas o física (o sea, casi todo). Siempre puedes empezar a estudiar latín o historia constitucional de México.

El estudio dice que el grupo más demócrata (o sea, más a la izquierda) de Estados Unidos no es el de renta más baja ni el de mayor nivel educativo sin más, sino el formado por personas con estudios de posgrado y rentas bajas o medias, aproximadamente entre 30.000 y 60.000 dólares anuales. Según Nate Silver, éste es también el nicho sociológico característico de la Democratic Socialists of America (DSA): personas con alta cualificación educativa pero con una posición económica menos favorable de la que cabría esperar por su nivel de estudios.

Los que hacen carreras Mickey Mouse (periodismo, relaciones laborales, antropología social, magisterio, ciencia política, nutrición, filologías, filosofía, humanidades, psicología, pedagogía, trabajo social...) acaban haciéndose de extrema izquierda y acumulando gatos y odio contra todo lo que se mueve. El estudio sostiene que la DSA capta miembros sobre todo entre individuos que combinan privilegio educativo con cierta frustración económica relativa. Muchos trabajan en profesiones como enseñanza, sector público, trabajo social o entidades sin ánimo de lucro. No suelen ser obreros manuales, pero tampoco constituyen una élite económica. Esto encaja con la hipótesis de la "sobreproducción de élites" de Peter Turchin: más titulados universitarios de los que pueden acceder a puestos especialmente prestigiosos o bien remunerados.

En el extremo opuesto aparecen los votantes más republicanos: personas con ingresos elevados pero bajo nivel educativo. Entre quienes tienen estudios secundarios o menos y rentas superiores a 60.000 dólares, aproximadamente un 60 % apoyó a Trump. El artículo identifica aquí perfiles como pequeños empresarios, contratistas independientes o propietarios de negocios.

Otro hallazgo importante es que estos patrones se mantienen en gran medida dentro de cada grupo racial. Entre los votantes blancos, negros e hispanos, el segmento más favorable a los demócratas vuelve a ser reiteradamente el de alta educación y renta baja o media. Entre los afroamericanos con estudios de posgrado e ingresos entre 30.000 y 60.000 dólares el apoyo a los demócratas alcanza aproximadamente el 95 %, convirtiéndose en uno de los grupos más demócratas de todo el electorado.

Son el grupo con mayor probabilidad de definirse como "muy progresista". Aproximadamente un 21 % de ellos se autodefine así, el doble de la media nacional. Tienden a dar más importancia a cuestiones como derechos LGBT, medio ambiente, relaciones raciales o Palestina-Israel que a cuestiones económicas clásicas.

Los nacionalistas vascos y catalanes son odiosos

Dice Leyre Iglesias sobre el éxito de la selección española entre los jóvenes vascos

decenas de miles de vascos, muchos de ellos jóvenes, han roto un tabú inmenso, para desconcierto de PNV y Bildu. Y eso es muy importante: esto sí que era la «normalización». Una «normalización» extraordinariamente defectuosa, no vayamos a frivolizar. Ha habido agresiones salvajes -también en Navarra-; han acosado a chiquillas y a familias por llevar la bandera. Esa noche, el «sola y borracha quiero llegar a casa» se tradujo allí en meter en la mochila una camiseta cualquiera y quitarse la de España al despedirse de los amigos. Violencia estructural.

Tres. Entre los seguidores de España había latinos y magrebíes: ¿a ellos qué les van a contar? Lo curioso es que varios de los atacantes que quisieron doblegar a la admirable concejal del PP Esther Martínez en Bilbao tenían rasgos magrebíes. Abertzales por asimilación, al parecer. No debería sorprender tanto. Según el Sociómetro, entre el modesto 22% de vascos que apoya la independencia, los más favorables, los que marcan el récord, son los nacidos en el extranjero: ¡el 36%! Los poderes públicos trabajan contra la radicalización yihadista de los jóvenes. Contra su radicalización nacionalista no hay, en cambio, ningún plan. Y convendría preguntarse por qué.

Iglesias se olvida de las declaraciones del jefe nacionalista del gobierno vasco y de Bildu sobre la selección y de la negativa del alcalde de Bilbao, del PNV, a poner la pantalla. Son odiosos. No hacen más que ofender, de manera que el programa del próximo gobierno debería incluir, al menos, los siguientes puntos:

suprimir la disposición adicional 1ª de la Constitución,
recuperar las competencias específicas que ostenta el País Vasco y devolverlas al Estado y lo mismo con las diferenciales de Cataluña.

Y solo cuando pasen 20 años durante los cuales los nacionalistas se hayan portado como ciudadanos españoles ejemplares y nos hayan hecho la pelota al nivel que lo haga entonces la inteligencia artificial, pensaremos en modificar, de nuevo el status quo. Solo hacen falta 210 diputados.

Roberto Villa sobre la constitución de 1876 en The Objective

La historia constitucional no es una disciplina que se cultive demasiado en España, y eso ha hecho que el examen de los códigos anteriores al de 1978 se haya realizado, en el ámbito jurídico, desde ópticas presentistas que responden a las inquietudes de un positivismo estrecho, cuando no de un ideologismo que discrimina entre textos «progresistas» y «conservadores», valorando a los primeros por sus intenciones y a los segundos por sus resultados, incluso cuando resulta difícil hacer derivar esos efectos de las propias constituciones.
La Constitución de 1876 suele emparejarse, así, con el lema costista de la «oligarquía» y el «caciquismo», como si ambos fenómenos fueran emanaciones suyas y no le hubieran precedido, y eso en la medida en que respondieran a realidades claramente definibles. Tampoco había nada en esa Constitución que estableciera o estimulara el turno pactado de los partidos, que fue un acuerdo posterior para asegurar la alternancia pacífica en un momento en que no podía hacerlo el cuerpo electoral. En definitiva, una brocha gorda que supondría, aplicado el mismo criterio, atribuir a la Constitución de 1931 el rosario de violencia política que condujo a la Guerra Civil, o a la de 1978 la persistencia de los casos de corrupción en nuestra vida pública.

Cambio asombroso en los datos sobre la paternidad: los casados con hijos son ahora los más felices por Roy Baumeister

De hecho, Rachel Wilson ha argumentado recientemente que el éxito del feminismo, que comenzó en la década de 1970 y ahora se ha extendido ampliamente, ha coincidido con un declive constante en la felicidad femenina. Ella opina que la educación feminista (que abarca la mayor parte de la educación, especialmente en las escuelas actuales) ha convencido a las mujeres de que deben ser como los hombres, lo cual, según Wilson, no es una fórmula eficaz para la felicidad femenina. (Cabe señalar que muchos comentaristas afirman ahora lo contrario: que inculcar a los hombres el comportamiento femenino y educar a los niños como niñas también ha sido perjudicial para los hombres, aunque esto podría manifestarse en hombres con menor calidad de vida en lugar de hombres infelices).

Evaluaciones de atractivo facial realizadas por personas del mismo sexo y del sexo opuesto.

Desde Darwin hasta Dawkins, diversos autores han señalado que, en la especie humana, se considera a las mujeres el «bello sexo», mientras que, en la mayoría de las especies, son los machos quienes exhiben rasgos más elaborados y vistosos. Aunque esta inversión de los roles sexuales típicos se ha debatido durante mucho tiempo en la literatura científica, nunca se había verificado empíricamente. En este trabajo, presentamos un metaanálisis transcultural a gran escala sobre las evaluaciones de atractivo facial realizadas por personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Nuestros hallazgos aportan evidencia sólida de la existencia de una brecha de atractivo de género (GAP, por sus siglas en inglés), en la que los rostros femeninos se perciben como más atractivos que los masculinos, independientemente del sexo de los evaluadores, la cultura, la raza y el grupo de edad. Sorprendentemente, esta brecha es más pronunciada entre las evaluadoras, quienes valoran a otras mujeres de forma sustancialmente más alta que a los hombres, mientras que las caras masculinas reciben puntuaciones de bajo nivel similares por parte de ambos sexos;

... esta brecha desaparece cuando se trata de autoevaluaciones. Los análisis morfométricos muestran, además, que el dimorfismo sexual de la forma facial explica una parte sustancial de la brecha. Asimismo, observamos una tendencia hacia un mayor nivel de exigencia entre los evaluadores varones. Este estudio se basa en la mayor colección mundial de datos sobre atractivo facial reunida hasta la fecha, la cual ponemos a disposición del público para facilitar futuras investigaciones. En conjunto, estos resultados demuestran que los juicios sobre el atractivo facial van mucho más allá de la elección heteronormativa de pareja y reflejan la influencia conjunta de la estructura facial, las características de quienes evalúan y el contexto sociocultural.

Eugen Wassiliwizky, Brendan P. Zietsch, Karel Kleisner, Fredrik Ullén; The gender attractiveness gap. Proc. R. Soc. B 1 May 2026; 293 (2071): 20260362.

Deming sobre aprendizaje social e inferencia inversa: los humanos cooperamos con humanos de forma mucho más eficiente que la IA

2026-07-22T13:00:19.137+02:00

A well-known principle in engineering is that one of the most powerful ways to control a system is by building a model of it

Jara-Ettinger and Dunham

David Deming defiende que la ventaja humana frente a la IA no es una que se deba medir en términos absolutos sino relativos: los humanos aprenden con mucha más eficiencia a partir de poca información, y esa ventaja es especialmente importante en tareas sociales, relacionales y en las que el contexto específico ("las circunstancias del caso") son muy relevantes (esto es a lo que llama el autor "densidad de contexto" o "alto contexto").

Deming rechaza la tesis que se ha extendido entre algunos expertos en IA según la cual los consumidores quieren relacionarse con personas, no con máquinas y estarán dispuestos a pagar por ello. No hay nada como que el que está detrás de la barra de nuestro bar o cafetería favoritos, según entramos, sepa lo que queremos. Deming concede que si esa es la ventaja de los humanos, los ricos, simplemente, tendrán más criados y "asistentes personales".

Su punto es otro. Es el de la ventaja comparativa (ya saben, la única idea valiosa que habrían formulado los economistas según Samuelson respondió a Ulam): incluso aunque Michael Jordan sea mejor cortando el cesped que su jardinero, hará bien en dedicar sus recursos al baloncesto y dejar que su jardinero le siga cortando el cesped (cambien a Jordan y al jardinero por Inglaterra y Portugal respectivamente y manufacturas y vino en el siglo XIX).

¿En qué tienen los humanos ventaja comparativa según Deming? Los humanos aprenden de manera mucho más eficiente que la IA, y las relaciones sociales son el ejemplo por excelencia de tareas densas en contexto, con información incompleta, cambiante y difícil de verificar.

Incluso en procesos productivos dominados por la IA, las habilidades humanas indicadas son complementarias.

En cuanto a la eficiencia del aprendizaje: los humanos somos muy buenos identificando patrones a partir de muestras pequeñas y comprimiendo la información de forma que pueda almacenarse eficazmente en la memoria. De hecho, creo que estas dos habilidades son dos buenos indicadores de la inteligencia de un individuo: capacidad para identificar patrones y capacidad para comprimir la información. Ambas habilidades permiten aprender más rápidamente. Deming cita a Dwarkesh Patel, quien estima que el aprendizaje humano puede ser entre varios miles y un millón de veces más eficiente en muestras que el de los modelos de IA. La IA nos aventaja en almacenamiento y distribución del conocimiento: una vez aprende una tarea, puede replicarla casi sin coste marginal. Puede compensar su ineficiencia inicial mediante escala extrema: gastar muchísimos más tokens para aprender algo y después realizarlo millones de veces. Pero esa ventaja se debilita en tareas que exigen aprendizaje continuo de contexto nuevo, porque ahí el coste de actualización no desaparece.

Deming llama tareas de alto contexto a aquellas en que la respuesta correcta depende mucho del entorno: trabajar bien en equipo, descubrir qué quieren las personas, construir confianza a través de interacciones repetidas o influir en creencias y actitudes. La interacción social humana es compleja, dinámica y dependiente de señales cuya interpretación cambia con la relación y el contexto. Hay que comprender talentos, motivaciones, expectativas, información disponible, creencias de segundo orden y estados internos latentes de otras personas, de modo que sea posible trabajar con ellas, ganarse su confianza e influir en su conducta o mentalidad: qué quiere alguien, qué sabe, qué cree que los demás pensarán de él, qué revelan sus actos sobre sus motivos, y cuáles son los costes y beneficios de revelar esos estados. Además, ese aprendizaje es muy específico de cada individuo: conocer bien a la persona A no se traslada fácilmente a la persona B.

Deming se remite a un artículo suyo publicado en Econometrica (Ben Weidmann y David J. Deming, “Team Players: How Social Skills Improve Team Performance”, Econometrica 89 (2021), pp. 2637-2657) donde los autores tratan de responder a la pregunta de si existen personas que mejoran el rendimiento de los equipos de los que forman parte más allá de sus propias habilidades técnicas o cognitivas. Para averiguarlo, miden estas habilidades por separado a los participantes en el experimento y luego los asignan sucesivamente a distintos grupos para observar el rendimiento de esos grupos en tareas equivalentes a las que han desempeñado previamente de modo individual. Así, pueden comparar los resultados de los grupos con la suma de los resultados obtenidos individualmente por cada uno de los miembros. Lo que observaron es que determinados individuos hacen que los grupos a los que son asignados rindan sistemáticamente por encima de lo esperado. O sea, un "team player" es alguien que hace que el grupo al que pertenece rinda más que lo que cabría esperar sumando las capacidades individuales de los miembros del grupo. Lo más interesante es que, entre las cualidades medidas, los autores evaluaron la inteligencia social de los participantes mediante el Reading the Mind in the Eyes Test (RMET), una prueba para medir la capacidad de reconocer y comprender el estado mental de otra persona inferir estados mentales y emociones a partir de imágenes que muestran únicamente los ojos de una persona.

El primer resultado es que los team players existen. Los autores encuentran una variación significativa entre individuos en su capacidad para mejorar el rendimiento colectivo. La magnitud equivale al 65 % del efecto asociado a las habilidades específicas directamente relacionadas con las tareas.

La segunda conclusión es que

**la inteligencia social predice quién será un buen team player.**

Pero lo fascinante es que el índice de team player está positivamente correlacionado con los resultados en el RMET. Las personas con mayor capacidad para interpretar estados mentales y emocionales de otros individuos son, en promedio, mejores mejorando el rendimiento colectivo.

Por el contrario, el cociente intelectual no predice quién será un buen compañero de equipo. La inteligencia ayuda a que una persona resuelva problemas mejor, pero no parece explicar la capacidad de hacer que un equipo funcione mejor de lo esperado. Tampoco encuentran relación significativa con el sexo, edad, raza, origen étnico, años de educación ni a los rasgos de personalidad de amabilidad, responsabilidad o extraversión medidos mediante los Big Five. Esto convierte al RMET en el único predictor individual robusto. A la combinación del RMET y el índice de team player lo denominan social skill o habilidad social. Cuando combinan ambas medidas en un indicador compuesto, descubren que esta habilidad social predice el rendimiento grupal aproximadamente tan bien como el IQ. Es decir, las habilidades sociales tienen una importancia comparable a la inteligencia cognitiva para explicar el éxito de los equipos.

La evidencia más favorable apunta al esfuerzo y la motivación. Los grupos que incluyen buenos team players son menos propensos a terminar las tareas apresuradamente y más propensos a utilizar todo el tiempo disponible. Además, en la tarea de memoria, donde los miembros suelen repartirse subtareas y trabajar prácticamente por separado, la presencia de compañeros con altas puntuaciones en inteligencia social mejora el rendimiento individual de los demás miembros, incluso cuando éstos están memorizando materiales diferentes. Como esos compañeros no pueden ayudar directamente con el contenido de la tarea, el efecto parece deberse a que generan mayor esfuerzo, concentración o motivación entre los demás.

Deming cree que la IA podría ser un buen team player y equipararse a los humanos en RMET, incluso en predecir el comportamiento de un homo oeconomicus, es decir, en lo que haría una persona racional, neutral al riesgo y que maximice su utilidad.

En lo que no sería tan buena la IA según Deming es en capacidad para la “planificación inversa” o inverse planning:

inferir metas, preferencias y creencias a partir de acciones observadas.

Esta inferencia depende de lo que la persona cree, incluso si se equivoca, y de datos contextuales que no siempre están disponibles. La IA funciona bien en planificación inversa cuando la conducta es racional y predecible, pero tienen dificultades cuando deben predecir comportamientos irracionales.

El artículo resume un experimento en el que una persona busca su camión de venta de comida (food truck) favorito en un aparcamiento, ve sólo algunos de ellos, los que están cerca porque no todos los vendedores se pasan por el aparcamiento todos los días y no sabe cuáles están presentes ese día. De manera que un observador tendría que inferir qué comida - o qué puesto - prefiere una persona concreta a partir del recorrido de la persona por el aparcamiento, de lo que vio, de lo que descartó y de cuándo se detuvo. Pues bien, la IA era tan capaz como los humanos en la habilidad para predecir el camión favorito en una tarea sin ejemplos previos, pero fue mucho peor al inferir toda la estructura de preferencias, especialmente respecto de los camiones ausentes.

Más revelador es cómo actuamos los humanos para coordinarnos "informando" al compañero de tareas sobre nuestras preferencias o intenciones. Deming describe una tarea con dos restaurantes situados en una cuadrícula: un agente prefiere uno de ellos (el restaurante A) y debe comunicar esa preferencia indirectamente a otro (es decir, no pueden hablar entre sí sino que solo pueden elegir una ruta. La mejor señal puede ser sutil, por ejemplo, acercarse al restaurante B y, a continuación, cambiar de dirección y dirigirse a A para indicar al observador que se dirige a A porque prefiere A a B, no por cualquier otra razón (está más cerca o el letrero es más visible). El 60 % de los humanos eligió estrategias de este tipo de señalización, frente al 9 % de la IA que tendió a escoger la ruta directa. En estas pruebas, los ejemplos de un solo caso mejoraron mucho más el rendimiento humano que el de la IA, lo que encaja con la tesis general de la eficiencia de aprendizaje humana. Deming menciona además un trabajo de Microsoft Research sobre conversaciones humanas y conversaciones humano-IA que muestra que los LLM son significativamente peores que los humanos en conversational grounding, el proceso colaborativo por el cual los interlocutores construyen comprensión mutua hacia un objetivo común. Los fallos tempranos de grounding predicen rupturas posteriores de la comunicación. Esta observación es importante porque las relaciones no consisten sólo en acumular datos sobre otra persona; consisten en construir una historia compartida de entendimiento, referencias comunes, atajos conversacionales, chistes internos, expectativas y confianza.

Los humanos están “cableados” por la evolución genética y cultural para el razonamiento social eficiente.

Deming recuerda que bebés de diez meses ya realizan planificación inversa al inferir que alguien que elige una acción más costosa valora más el objetivo alcanzado. Menciona también la investigación sobre thin slices, popularizada por Malcolm Gladwell en Blink, según la cual los humanos pueden emitir juicios clínicamente precisos sobre otras personas a partir de observaciones muy breves. Esto no significa que el razonamiento social sea simple; significa que la evolución lo ha convertido en una operación que nos resulta relativamente fácil, de modo parecido a la paradoja de Moravec: subir escaleras parece trivial para los humanos porque ha sido moldeado por millones de años de evolución, pero es muy difícil para las máquinas.

El texto incorpora aquí a Joseph Henrich y su tesis sobre la evolución cultural: el éxito humano como especie se debe a nuestra dependencia de la información socialmente transmitida. Tenemos acceso a muchísimo más conocimiento del que podemos almacenar en nuestras propias mentes porque lo almacenamos en otros. Las sociedades con “cerebros sociales” más eficientes han sobrevivido y prosperado. De ahí que nuestras habilidades de aprendizaje social sean producto de una presión evolutiva intensa: aprender de otros fue esencial para la supervivencia humana.

Deming comenta un trabajo reciente titulado “Can Large Language Models Infer Human Actions and Motives?”. Los autores diseñan experimentos para mostrar que los LLM pueden adivinar qué harán las personas mediante reconocimiento de patrones o reglas de homo economicus, pero no aprenden sobre individuos de forma que se transfiera bien entre contextos. En un juego de predicción social, humanos y LLM observan a una persona jugar y predicen su comportamiento. Algunos jugadores tienen rasgos intuitivos, como “avaricioso” o “averso al riesgo”; otros son versiones “inversas” que hacen lo contrario de lo que recomendaría una regla intuitiva. Los LLM predicen muy bien, incluso algo mejor que los humanos, el comportamiento de los arquetipos intuitivos. Pero son mucho peores con jugadores “predeciblemente irracionales”, porque no están aprendiendo realmente sobre el individuo, sino aplicando expectativas generales adquiridas durante el entrenamiento sobre cómo se comportaría una persona razonable.

Dos hallazgos adicionales refuerzan la tesis. Primero, los humanos mejoran su precisión tras observar varias rondas, mientras que los LLM no lo hacen de forma comparable. Segundo, cuando se pide a humanos y LLM que jueguen un nuevo juego con el mismo jugador observado, y se les dice expresamente que ciertos rasgos, como ser avaricioso o averso al riesgo, se trasladan entre juegos, los humanos comprenden que un jugador avaricioso en un juego tenderá a serlo también en el otro. Los LLM no consiguen trasladar esa información individual de un contexto a otro. Para Deming, esto ilustra la diferencia de paradigma: las máquinas aprenden por reconocimiento sofisticado de patrones sobre cantidades masivas de datos; las personas construyen modelos, en cierto modo game-theoretic, unas de otras y razonan hacia atrás desde la conducta observada para actualizar sus creencias con información incompleta y escasa.

Esta diferencia importa especialmente porque el razonamiento social real es mucho más complejo que cualquier experimento de laboratorio. La complejidad de una red social escala exponencialmente con su tamaño: en una red de diez personas hay 35 billones de estructuras sociales posibles, según la nota del propio autor. Deming cita un artículo reciente en Nature Communications que muestra cómo las personas construyen representaciones causales de redes sociales a partir de datos escasos y las usan para hacer predicciones fuera de muestra. En el experimento, los participantes observan animaciones breves de seis a ocho interacciones sociales entre cinco personas y, pese a observar sólo una pequeña parte de la red, infieren correctamente jerarquías, amistades y relaciones de mentoría, y predicen interacciones no observadas. Las predicciones humanas se parecen a las de un modelo causal bayesiano que combina conducta observada con teorías sociales, como que las invitaciones son simétricas entre amigos o que las solicitudes de consejo suelen ir del discípulo al mentor, no al revés.

Deming subraya que incluso este experimento queda muy lejos de la complejidad real de las relaciones humanas. Con el tiempo, los amigos o compañeros desarrollan abreviaturas conversacionales, referencias, bromas privadas, expectativas, confianza y modelos compartidos de cómo interpretar gestos o frases. Además, este aprendizaje es multimodal: incluye lenguaje corporal, tono, contexto compartido y acumulación de experiencias. Y, sobre todo, no escala bien: construir una relación profunda con una persona no permite saltarse los pasos necesarios para construirla con otra.

La conclusión del artículo es que los LLM no pueden compensar su ineficiencia de aprendizaje mediante fuerza bruta y escala extrema en el ámbito de las relaciones sociales, porque éstas exigen aprendizaje continuo y cuidado sostenido. En muchas tareas de conocimiento, la IA puede gastar enormes recursos para aprender una vez y luego replicar la solución millones de veces. En las relaciones humanas, en cambio, cada vínculo exige información específica, actualización permanente y construcción de contexto común. Por eso Deming cree que las personas conservarán una ventaja comparativa en la interacción social, incluso cuando los modelos mejoren mucho y quizá alcancen o superen a los humanos en muchas pruebas concretas de cognición social.

David Deming, El aprendizaje social eficiente es la ventaja humana sobre la IA

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El artículo de Julian Jara-Ettinger and Yarrow Dunham, The Institutional Stance, forthcoming, Behavioral and Brain Sciences 2025 que se resume en esta entrada: Las instituciones como sistemas de organización social basados en roles, Derecho Mercantil, 2025 encaja perfectamente en la exposición de Deming.

Hoy se me ha caído Alejo Schapire

2026-07-21T20:51:08.388+02:00

El periodista argentino afincado en París ha escrito una columna en X que comienza diciendo

Sí, Argentina se puso agresiva en una final en la que se mostraba impotente, y sí, pudo haber sido más ejemplar en lo deportivo una vez terminado el partido. Pero el sentimiento contra el seleccionado albiceleste y los argentinos en general venía de antes

Ya ustedes saben la frase que pronuncia John Snow recordando las palabras de su padre, Ned Stark en la novela Juego de Tronos:

"Nothing someone says before the word 'but' really counts."

"Nada de lo que alguien dice antes de la palabra 'pero' cuenta".

A Freud se le atribuyen un par de formulaciones similares. La versión más célebre en el ámbito anglosajón y en la literatura psicoanalítica es:

"Everything before the 'but' is bullshit."

En alemán, la cita popularizada en la psicología del discurso y basada en la idea del mecanismo de negación (Verneinung) de Freud suele formularse como:

"Alles vor dem 'Aber' ist Quatsch."

Todavía tengo la esperanza de que Schapire, como, al parecer, Arcadi Espada esté intentando gastar una broma

Nombramiento por el registrador de un valorador de participaciones en el marco del ejercicio del derecho de separación por el socio

2026-07-21T14:11:56.525+02:00

Foto de Juan Gomez en Unsplash

La sentencia 1089/2026, de 3 de julio, aborda una cuestión relevante en materia de separación de socios: cuál es el alcance de la competencia del registrador mercantil cuando se le solicita el nombramiento de un experto independiente para valorar participaciones sociales conforme al artículo 353 LSC. El problema de fondo consiste en determinar si el registrador puede proceder a dicho nombramiento cuando existe controversia entre el socio y la sociedad acerca de la propia existencia del derecho de separación.

La sociedad Atención y Servicios Asistenciales, S.L. (ASA) tenía en sus estatutos una cláusula que reconocía al socio el derecho de separación cuando la junta acordase una fusión, absorción o escisión. El 6 de octubre de 2020 la junta aprobó una operación de fusión y posterior escisión parcial. Uno de los socios, Saturnino, titular de una tercera parte del capital, votó en contra, manifestó expresamente su oposición y anunció su voluntad de ejercitar el derecho de separación. Poco después remitió un burofax a la sociedad comunicando formalmente dicho ejercicio.

La sociedad reaccionó convocando una nueva junta que se celebró el 17 de noviembre de 2020. En ella revocó los acuerdos de fusión y escisión previamente adoptados. Pese a ello, el socio insistió en que su derecho de separación ya se había perfeccionado y reiteró su voluntad de ejercerlo. Al no alcanzarse acuerdo sobre la valoración de sus participaciones, solicitó al Registro Mercantil la designación de un experto independiente conforme al artículo 353 LSC.

La registradora mercantil entendió procedente el nombramiento del experto. La sociedad se opuso alegando que el socio no tenía realmente derecho de separación, entre otras razones porque los acuerdos habían sido posteriormente revocados. La registradora rechazó la oposición y acordó el nombramiento. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública confirmó la decisión en alzada.

La sociedad acudió entonces a los tribunales. Su tesis era que si existe una controversia real sobre la existencia misma del derecho de separación, el registrador carece de competencia para intervenir. Según ASA, la valoración de si el socio tiene o no derecho a separarse corresponde exclusivamente a los tribunales, por lo que el registrador no puede nombrar un experto independiente mientras subsista esa disputa.

Tanto el juzgado mercantil como la Audiencia Provincial rechazaron este planteamiento. Consideraron que el expediente registral de designación de experto tiene un alcance limitado y no supone una resolución definitiva sobre la existencia del derecho de separación. Su finalidad consiste únicamente en verificar si concurren los presupuestos formales necesarios para el nombramiento.

El Supremo acoge este argumento y distingue entre decidir si existe o no derecho de separación y si procede o no nombrar un experto independiente para valorar las participaciones mientras esa cuestión permanece abierta. La Sala afirma con claridad que ni el registrador mercantil ni la Dirección General son competentes para resolver controversias sustantivas sobre la existencia, validez o ejercicio del derecho de separación. Tampoco pueden pronunciarse sobre eventuales abusos de derecho, mala fe o fraude. Todas esas cuestiones corresponden exclusivamente a los tribunales o, en su caso, a árbitros.

Sin embargo, ello no significa que el registrador deba inhibirse siempre que la sociedad niegue el derecho de separación. Su función consiste en realizar un examen preliminar, limitado y puramente instrumental. Debe comprobar si, desde un punto de vista formal, concurren los presupuestos necesarios para proceder al nombramiento del experto. Puede verificar la existencia de una causa estatutaria o legal de separación, la condición de socio del solicitante, el ejercicio del derecho dentro del plazo correspondiente y la inexistencia de obstáculos formales evidentes.

El nombramiento del experto no decide definitivamente nada sobre el derecho de separación. Si posteriormente un tribunal declara que el socio carecía de ese derecho o que su ejercicio fue abusivo, la designación registral quedará sin efecto.

El Tribunal también aclara cuándo sí debe detenerse el expediente registral. Eso ocurrirá cuando exista ya un proceso judicial pendiente que esté discutiendo precisamente la existencia o el ejercicio del derecho de separación, o cuando exista una conexión decisiva con otro expediente registral cuya resolución pueda condicionar el resultado del primero.

El Supremo reitera que el plazo de prescripción del pago del precio de las compraventas para uso o consumo empresarial es el de tres años del artículo 1967.4ª CC

2026-07-21T13:58:06.965+02:00

La sentencia 1075/2026, de 2 de julio, resuelve sobre el plazo de prescripción aplicable a la acción para reclamar el precio impagado de una compraventa entre dos empresarios de las llamadas "para uso o consumo empresarial".

Maquinaria Gimeno vendió a Carpintería La Talaverana una máquina lijadora con grupo de aspiración, que fue entregada el 29 de julio de 2008. El precio total ascendía a 17.400 euros, de los que solo se abonaron 2.305,60 euros. Quedaron pendientes 15.094,40 euros. La compradora adquirió la maquinaria para utilizarla en su propia actividad industrial de carpintería.

Durante años el vendedor no reclamó judicialmente el importe pendiente. No fue hasta noviembre de 2017 cuando promovió un procedimiento monitorio y posteriormente, en abril de 2018, interpuso demanda ordinaria reclamando la deuda.

La defensa de la compradora se basó principalmente en la prescripción. Sostuvo que era aplicable el artículo 1967.4.º del Código Civil, que establece un plazo de tres años para reclamar el precio de los géneros vendidos por un comerciante a otro comerciante dedicado a distinto tráfico. Si ese precepto era aplicable, la acción estaba prescrita hacía mucho tiempo.

El juzgado de primera instancia rechazó ese argumento. Consideró que la compraventa era mercantil y que debía aplicarse el plazo general de las acciones personales entonces vigente en el artículo 1964 CC, que era de quince años. Como entre 2008 y 2017 aún no habían transcurrido quince años, estimó la demanda y condenó a la compradora al pago de la deuda.

La Audiencia Provincial revocó la sentencia. Entendió que, aunque la compraventa se hubiera celebrado entre dos sociedades mercantiles, la máquina no se adquirió para reventa sino para integrarla en la actividad productiva de la compradora. Sobre esa base concluyó que procedía aplicar el plazo especial de tres años del artículo 1967.4.º CC y declaró prescrita la acción.

En casación, la vendedora intentó apoyarse en la antigua doctrina de la llamada «compraventa-inversión». Alegó que cuando un empresario adquiere maquinaria para incorporarla a su proceso productivo se está ante una compraventa de naturaleza mercantil y que por ello debía aplicarse el plazo general del artículo 1964 CC. Citó varias sentencias antiguas del Tribunal Supremo favorables a esa concepción.

El Supremo rechaza el recurso. Comienza recordando que la cuestión no consiste en determinar si la compraventa es civil o mercantil, sino en identificar cuál es el plazo de prescripción específicamente previsto por el legislador para la reclamación del precio.

La Sala señala que el artículo 1967.4.º CC contempla expresamente el supuesto de los «mercaderes» que venden géneros a otros comerciantes dedicados a distinto tráfico. Precisamente eso es lo que ocurre en este caso. Una empresa dedicada a la venta de maquinaria vende una máquina a una empresa dedicada a la carpintería. Ambas son comerciantes, pero desarrollan actividades distintas. Por tanto, encajan literalmente en el supuesto previsto por el precepto.

El aspecto doctrinal más relevante de la sentencia es que declara irrelevante el destino posterior del bien adquirido. Da igual que el comprador compre para revender, para consumir, para usar o para integrar el bien en su actividad productiva. El artículo 1967.4.º CC no distingue entre esos supuestos. Lo único que exige es que un comerciante reclame el precio de unos géneros vendidos a otro comerciante dedicado a distinto tráfico.

Creo que el Supremo se equivoca. V., la STS 756/2026, de 19 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2192) comentada por Alberto Díaz Moreno en esta entrada del Almacén de Derecho. y esta entrada de Derecho Mercantil.

Alberto Díaz Moreno tiene razón en los precedentes del artículo 1967.4º CC pero no sé si se valora suficientemente que este precepto se refiere a la compraventa de "género" o sea, de mercancías, o sea, de cosas genéricas. ("4.ª La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico).

Esas son las que, en el caso de un comprador - particular, esto es, no comerciante - o un comprador comerciante que se dedica a otro género de comercio suelen pagarse al contado y, por tanto, merecen un plazo de prescripción más breve. Cuando se trata, como en el caso, de compraventa de maquinaria, no parece que estemos en el supuesto de hecho de la norma que impone el plazo breve de prescripción.