DerechoMercantil

La acción de responsabilidad por deudas contra el administrador queda suspendida por el concurso y debe dejarse imprejuzgada.

2026-08-27T10:40:26.319+02:00

Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 2026

Estakol 2014, S.L. demanda a Tegola Rosso BCN, S.L., Masam 2023, S.L. y su administrador común, el Sr. Emilio, reclamando 134.541 euros por obras de rehabilitación contractuales.

En dicho proceso, la actora acumuló la reclamación del importe frente a la contratante, una acción de levantamiento del velo social frente a Masam por sospecha de sucesión empresarial, y las acciones de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC e individual del artículo 241 LSC contra el administrador.

La sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona estimó únicamente la reclamación directa de cantidad contra Tegola Rosso BCN, S.L. y desestimó el resto de pretensiones, condenando en costas a la parte actora respecto a los codemandados absueltos, lo que motivó el recurso de apelación de la demandante.

La Audiencia corrige al juzgado. Tegola había sido declarada en concurso por lo que la aplicación del artículo 139 LC imponía la suspensión de las actuaciones declarativas ejercitadas contra los administradores por responsabilidad por deudas por causa legal de disolución desde la declaración del concurso hasta su conclusión o eficacia del convenio.

El juzgado de instancia debió paralizar dicha acción en lugar de desestimarla sobre el fondo, la Sala acuerda declarar de oficio la nulidad de ese extremo del fallo y dejar la acción de responsabilidad por deudas imprejuzgada, reservando la posibilidad de que la actora la replantee una vez finalice el procedimiento concursal. .

En relación con la acción individual de responsabilidad del artículo 241 TRLSC, el tribunal confirma su desestimación al comprobar que no concurre el requisito de la relación de causalidad entre la conducta del administrador y el daño sufrido por la actora.

Los datos del informe del administrador concursal evidencian un pasivo de 3.125.648,74 euros frente a un activo de 499.315,18 euros, arrojando un déficit patrimonial de 2.626.333,56 euros. . Esta situación patrimonial demuestra que las expectativas de cobro del crédito habrían sido prácticamente nulas aun en un escenario de liquidación extraconcursal ordenada, desacreditando la existencia de la causalidad imputable a la gestión del administrador. La Audiencia rechaza expresamente la tesis de la recurrente de que existiera una liquidación de hecho clara de Tegola. Destaca que la sociedad intentó primero aprobar un plan de reestructuración con los acreedores y, al fracasar éste, solicitó concurso voluntario. La Sala utiliza este dato como argumento adicional para rechazar la acción individual..

Por último, respecto a la acción de levantamiento del velo social deducida contra Masam 2023, S.L., la actora acató la desestimación del fondo pero impugnó la condena en costas impuesta en la instancia. . El tribunal estima este motivo al verificar la concurrencia de dudas de hecho legítimas fundadas en los indicios existentes al momento de presentar la demanda, tales como la coincidencia del domicilio social, la identidad en el sector de actividad, el nombramiento del mismo administrador y la paralización de la actividad de Tegola al crearse la nueva entidad. . En consecuencia, la Audiencia revoca la condena en costas.

Coste y beneficio de los actos bondadosos: un acto se percibe como bondadoso en proporción al beneficio que genera sobre el destinatario

2026-08-26T20:30:25.853+02:00

Cómo valoran las personas la bondad de las acciones ajenas es una cuestión que depende, potencialmente, tanto de los beneficios que una acción proporciona como del coste que quien actúa asume para proporcionarlos. Una primera hipótesis sostiene que, en igualdad de circunstancias, las acciones más beneficiosas serán consideradas más bondadosas; es decir, que el beneficio será un predictor positivo de la percepción de bondad.

Una segunda hipótesis sostiene que, en igualdad de circunstancias, las acciones más costosas para el que las realiza serán consideradas más bondadosas. La razón es que el coste que A está dispuesto a asumir para beneficiar a B indica cuánto le importa B, es decir, cuánto valora su bienestar. Cuanto más se preocupa A por B, mayor será el coste que estará dispuesto a soportar para proporcionarle un determinado beneficio. Si A acepta asumir un coste elevado, realizar un gran esfuerzo o hacer un sacrificio importante para beneficiar a B, ello indica que se preocupa más por B que si sólo estuviera dispuesto a asumir un coste reducido para obtener el mismo resultado, o si no estuviera dispuesto a asumir ningún coste, o si hubiera beneficiado a B de manera accidental. Además, el grado en que A se preocupa por B es un mejor predictor de cuánto podría beneficiarle en el futuro que el beneficio derivado de una única acción presente. Desde esta perspectiva, el coste sería un predictor positivo de la bondad. Diversas versiones de esta teoría de la «señalización costosa» se han utilizado para explicar conductas como los regalos nupciales, por ejemplo los anillos de diamantes, cuyo valor objetivo para quien los recibe puede ser reducido pero que transmiten una señal de compromiso...; los intercambios que generan una pérdida neta de valor, como los regalos de cumpleaños o de fiestas, que señalan la expectativa de una relación continuada...; las donaciones benéficas poco eficaces que sirven para señalar virtud, riqueza, estatus o pertenencia a un grupo... y, en general, el denominado «altruismo ineficaz»

Una tercera hipótesis sostiene que las acciones con una relación más elevada entre coste y beneficio serán consideradas más bondadosas. Según los trabajos recientes sobre los denominados «coeficientes de intercambio de bienestar» (welfare trade-off ratios), las personas disponen de mecanismos cognitivos que utilizan el coste y el beneficio de las acciones para calcular una ratio resumida de coste-beneficio, esto es, el coste que alguien está dispuesto a asumir para proporcionar un determinado beneficio, y emplean dicha ratio para evaluar cómo las tratan los demás y cómo deberían tratar ellas a los demás... Conforme a esta teoría, asumir un gran coste para proporcionar un pequeño beneficio sería percibido como más bondadoso que asumir un gran coste para proporcionar un gran beneficio o un pequeño coste para proporcionar un gran beneficio. Esta teoría predice que la ratio coste-beneficio de una acción será un predictor importante y positivo de su bondad percibida. Como corolario, el beneficio sería un predictor negativo y el coste un predictor positivo...

Las investigaciones anteriores sobre los costes y beneficios de la bondad, y de conceptos afines relacionados con la conducta prosocial, han producido resultados dispares. Por ejemplo,

el beneficio, pero no el coste, de las acciones prosociales predice la reciprocidad
El coste, entendido como esfuerzo, predice la valoración moral de determinadas ocupaciones y la disposición a contribuir, así como el apoyo a las contribuciones de otros, en causas benéficas
El coste, pero no el beneficio, predice la percepción de heroísmo y el mérito moral atribuido a las donaciones benéficas

La investigación sobre la gratitud también ha arrojado resultados contradictorios:

el beneficio, pero no la ratio coste-beneficio, predice la gratitud
el coste de los regalos no predice la gratitud
el coste y la ratio coste-beneficio, pero no el beneficio, sí la predicen
y un aumento de la ratio coste-beneficio asumida por quien beneficia a otro incrementa la gratitud

Otros estudios han mostrado que las mentiras prosociales costosas y beneficiosas predicen percepciones de benevolencia y que los actos de misericordia que benefician a otros, aunque no aquellos que benefician al propio actor, también generan percepciones de benevolencia. El único estudio que examinó directamente la relación entre beneficio, coste y bondad, entendida como calidez o cordialidad, encontró entre adultos japoneses apoyo para las teorías basadas en el beneficio y en el coste, pero no, implícitamente, para la teoría de la ratio coste-beneficio...

El Estudio 1 encontró una fuerte relación positiva entre el beneficio percibido y la bondad percibida, una relación positiva pero pequeña entre el coste percibido y la bondad, y una relación negativa también pequeña entre la ratio coste-beneficio y la bondad. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Kawamura y sus colaboradores (2021) y respaldan la hipótesis de que la ayuda prestada por otras personas y el esfuerzo invertido en prestarla son predictores independientes de la bondad percibida. Sin embargo, no respaldan la predicción de la teoría de los «coeficientes de intercambio de bienestar» según la cual las acciones con una ratio coste-beneficio más elevada serían consideradas más bondadosas.

El Estudio 1 también mostró que los efectos del beneficio y del coste dependen en parte de quién recibe la acción. Tanto el beneficio como el coste predicen la percepción de bondad cuando el destinatario es una persona conocida, como un familiar, un amigo o un compañero de trabajo, mientras que únicamente el beneficio predice la bondad cuando el destinatario es una persona desconocida. Una posible interpretación es que asumir costes funciona como una señal de compromiso o de inversión en relaciones duraderas y repetidas, pero resulta irrelevante en interacciones breves con extraños. Sin embargo, un primer intento de replicar este efecto relacionado con los desconocidos no tuvo éxito, por lo que será necesaria más investigación para aclarar esta cuestión.

En comparación con el Estudio 1, el Estudio 2 encontró una relación positiva de magnitud similar entre beneficio percibido y bondad, una relación positiva más débil entre coste y bondad, y una relación negativa parecida entre ratio coste-beneficio y bondad. Estos resultados refuerzan el apoyo a la teoría basada en el beneficio, proporcionan un apoyo limitado a la teoría basada en el coste y no ofrecen apoyo alguno a la teoría de la ratio coste-beneficio derivada de los «coeficientes de intercambio de bienestar».

En conjunto, los dos estudios muestran que la bondad de una acción depende principalmente del beneficio percibido que genera y, en menor medida, del coste percibido necesario para producirlo. Los resultados no respaldan la predicción adicional de la teoría de los «coeficientes de intercambio de bienestar», según la cual una ratio coste-beneficio elevada sería un predictor importante y positivo de la bondad; por el contrario, los efectos observados de esa ratio fueron generalmente pequeños y negativos. Estos hallazgos sugieren que, al recomendar actos de bondad, puede ser preferible optar por aquellos que sean más eficientes en términos de coste. Dado que el beneficio fue el predictor más importante de la bondad percibida y que las acciones de bajo coste apenas sufrieron penalización alguna, los actos más eficaces son aquellos que proporcionan grandes beneficios a un coste reducido. Entre ellos se encuentran expresar gratitud, dar las gracias, mostrar respeto, escuchar con atención y simpatía, hacer cumplidos, sonreír, saludar o ponerse en contacto con alguien simplemente para hacerle saber que se está pensando en él. La bondad, por tanto, no tiene por qué consistir en acciones grandiosas o heroicas: los pequeños gestos cotidianos también importan. Además, estos actos tienen un valor especial porque otras investigaciones han mostrado que el coste es un factor decisivo para determinar si las personas están dispuestas a actuar. Las acciones de bajo coste y alto beneficio no sólo son las más fáciles de realizar y las que tienen más probabilidades de llevarse a cabo, sino también las que se perciben como más bondadosas y generan mayores beneficios.

Oliver Scott Curry, Chloe San Miguel, James Wilkinson and Mehmet Necip Tunç, The costs and benefits of kindness, J. Positive Psychology, 2026

Acción social de responsabilidad en una sociedad bloqueada al 50 % y deficiente delimitación de las conductas, daños y nexos causales

2026-08-25T20:11:05.621+02:00

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18 de mayo de 2026. SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 183/2026. Acción social de responsabilidad en una sociedad bloqueada al 50 % y deficiente delimitación de las conductas, daños y nexos causales.

Genaro y Berta, antiguos cónyuges, eran socios por partes iguales de SIMW y administradores mancomunados desde enero de 2013. Berta había sido administradora única desde la constitución de la sociedad en 2004 y continuó después al frente de sus centros de día. Genaro ejercía a su vez como administrador único de Neocortex, sociedad participada también al 50 % por ambos. En 2008 los dos habían celebrado un pacto para regular sus relaciones económicas y la gestión de esas sociedades. El pacto reconocía a Berta 100.000 euros anuales, de los cuales 52.000 remuneraban su trabajo como directora gerente y 48.000 correspondían a su condición de socia. Genaro percibiría 48.000 euros anuales como socio mediante facturas emitidas por otra sociedad. El pacto autorizaba expresamente a Berta a cobrar su remuneración mediante nómina, facturas emitidas por sociedades propias y gastos vinculados a su actividad profesional, y permitía que administrara sociedades con objeto análogo, aunque no que compitiera con SIMW en la gestión de centros de día ni en las restantes actividades reservadas.

Las relaciones entre ambos quedaron bloqueadas desde 2013. En junio de 2017 Genaro dejó de autorizar pagos de nóminas y proveedores que requerían la firma de ambos administradores. Berta solicitó en julio la disolución judicial de SIMW por paralización de los órganos sociales e imposibilidad de alcanzar el fin social. La falta de pagos, personal y proveedores impidió renovar los contratos públicos y mantener abiertos los centros, que cesaron su actividad al finalizar 2017.

Genaro demandó a Berta mediante el ejercicio acumulado de una acción social de responsabilidad y una acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC. Solicitó que Berta indemnizara a SIMW, inicialmente, con 402.818,76 euros, más otras cantidades todavía indeterminadas. Genaro atribuía a Berta retiradas y pagos injustificados desde una cuenta bancaria supuestamente oculta; retribuciones excesivas a la gestoría Nauru; pago por SIMW de cuotas de autónomos, salarios y gastos personales de Berta; indemnizaciones innecesarias abonadas a dos trabajadoras; apropiación de oportunidades empresariales y clientela mediante Amaranto y Medic-Air; competencia con SIMW; aprovechamiento de trabajadores, recursos y marcas sociales; y responsabilidad por las deudas laborales surgidas tras el cierre de los centros. Genaro reclamaba también para SIMW los 70.590,73 euros contabilizados como reservas de Amaranto y el valor de la clientela que Berta habría trasladado a sus propias sociedades.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda. El juzgado observó que el relato confundía hechos, infracciones de deberes y pretensiones indemnizatorias, y centró el examen en las partidas económicas concretas recogidas en el suplico. También destacó que Genaro había omitido el pacto de socios de 2008, decisivo para determinar qué cantidades podía cobrar Berta y por qué vías podía hacerlo.

La Audiencia confirma la sentencia.

Respecto de Amaranto, Genaro reclamaba para SIMW la totalidad de sus reservas contables con el argumento de que Berta había competido ilícitamente con la sociedad y desviado hacia aquella compañía los beneficios que correspondían a SIMW. La Audiencia señala que las reservas de otra sociedad no representan por sí mismas el daño causado a SIMW. Aunque hipotéticamente pudiera acreditarse alguna actuación contraria a la prohibición de competencia, el demandante debía probar qué negocio perdió SIMW, qué beneficio obtuvo Amaranto como consecuencia de esa conducta y qué relación causal existía entre ambos extremos. Genaro no aportó esa prueba. Además, el pacto autorizaba a Berta a administrar sociedades con objeto análogo, y Amaranto explotaba una academia de memoria, no un centro de día sometido a la actividad reglada que desarrollaba SIMW.

La Audiencia descarta también una desviación global de la clientela. SIMW perdió los contratos de plazas públicas porque el bloqueo de sus órganos, la falta de pago de nóminas y proveedores y la ausencia de personal impidieron renovar los contratos con las Administraciones.

La sentencia distingue además la prohibición societaria de competencia y la competencia desleal. La primera limita la libertad de actuación del administrador para evitar conflictos de intereses con la sociedad y protege intereses privados derivados de la relación societaria. La segunda reprime conductas que alteran el funcionamiento competitivo del mercado conforme a los tipos de la Ley de Competencia Desleal. La infracción de una prohibición societaria de competencia no constituye automáticamente un acto de competencia desleal.

La ampliación del horario del metro obliga a Transportes Ferroviarios de Madrid a retribuir a Metro de Madrid por el sobrecoste del servicio

2026-08-25T20:03:37.493+02:00

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26 de mayo de 2026. SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 196/2026. La ampliación del horario del metro obliga a Transportes Ferroviarios de Madrid a retribuir a Metro de Madrid por el sobrecoste del servicio.

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. era concesionaria de la línea ferroviaria Madrid-Rivas/Vaciamadrid-Arganda del Rey. TFM asumía frente a la Administración la financiación, construcción, explotación y mantenimiento de la línea. Metro de Madrid, S.A. era, además de socia de TFM, la sociedad que prestaba materialmente el servicio. Las acciones de Metro de Madrid en TFM llevaban aparejada una prestación accesoria, prevista en el artículo 7 de los estatutos, que obligaba a Metro de Madrid a dirigir y gestionar la explotación de la línea en los términos establecidos en la concesión administrativa y en el contrato de explotación celebrado entre ambas sociedades. La prestación accesoria tenía carácter retribuido.

En 2018 la Administración comunicó a TFM que, a partir del 1 de enero de 2019, el horario diario de la línea quedaría ampliado desde las 23.00 hasta la 1.30 y que también aumentaría el número de vagones. TFM pidió a Metro de Madrid que calculara los costes adicionales derivados de ambas modificaciones y trasladó esos cálculos al Consorcio Regional de Transportes sin formular objeciones. Metro de Madrid comenzó a emitir por separado una factura por la retribución ordinaria, otra por el sobrecoste de la ampliación horaria y otra por el aumento de vagones. TFM pagó la retribución ordinaria, pero rechazó las facturas correspondientes a los sobrecostes.

Metro de Madrid interpuso una demanda que acumulaba dos clases de pretensiones. Por un lado, impugnó varios acuerdos adoptados por la junta general de TFM el 29 de octubre de 2020, entre ellos los relativos al rechazo del reintegro de los mayores costes. Por otro lado, solicitó que TFM quedara obligada a satisfacer todos los costes generados por la prolongación del horario desde el 1 de enero de 2019 y que abonara las facturas emitidas y las posteriores.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó la impugnación de los acuerdos sociales, pronunciamiento que adquirió firmeza porque Metro de Madrid no lo recurrió. Sin embargo, el juzgado estimó la reclamación contractual. Declaró que TFM debía asumir los costes de la prolongación del horario y la condenó al reintegro de las facturas emitidas desde el 1 de enero de 2019, junto con las que Metro de Madrid emitiera posteriormente sobre la misma base. El juzgado rectificó después la sentencia para aclarar que, durante el procedimiento, determinados pagos habían reducido la cantidad inicialmente reclamada en 845.472,92 euros. Por tanto, esa cifra no identificaba necesariamente el saldo final de la condena, sino la minoración experimentada por la reclamación a causa de pagos parciales.

TFM recurrió la condena por tres motivos. Primero, sostuvo que el Juzgado de lo Mercantil carecía de competencia objetiva para conocer de una reclamación puramente contractual. Segundo, defendió que el contrato de explotación celebrado con Metro de Madrid era un contrato espejo o back to back respecto del contrato de concesión administrativa, de modo que TFM sólo debía aumentar la retribución de Metro de Madrid cuando la Administración hubiera actualizado previamente la retribución de la concesión. Tercero, alegó que la cláusula novena exigía un acuerdo entre TFM y Metro de Madrid para actualizar el precio y que ambas partes nunca habían alcanzado ese acuerdo.

La Audiencia reconoce que la naturaleza mercantil de las pretensiones de condena resulta dudosa. Aunque la prestación de Metro de Madrid aparecía configurada estatutariamente como prestación accesoria, la reclamación económica encontraba su fundamento inmediato en el contrato de explotación y tenía, por tanto, carácter contractual. Sin embargo, la reclamación estaba estrechamente conectada con la impugnación de los acuerdos sociales, cuyo conocimiento correspondía al Juzgado de lo Mercantil. La conexión permitía acumular ambas acciones y atribuía al juzgado mercantil competencia para resolverlas conjuntamente. La Audiencia relaciona esta solución con la doctrina del Tribunal Supremo sobre la atracción de competencia en los casos de acumulación y con el criterio incorporado posteriormente a la LOPJ por la Ley Orgánica 7/2022.

La Audiencia rechaza que esa correspondencia con la concesión administrativa transmitiera automáticamente a Metro de Madrid el riesgo de que la Administración no actualizara la retribución de TFM. La cláusula novena del contrato de explotación establecía que, cuando la Administración o el Consorcio impusieran modificaciones a la concesión o al plan de explotación, TFM otorgaría a Metro de Madrid condiciones análogas a las concedidas por la Administración, teniendo en cuenta la repercusión de las modificaciones sobre Metro de Madrid. La misma cláusula añadía de forma diferenciada que, cuando cambiara el plan de explotación, TFM y Metro de Madrid pactarían la correspondiente actualización de la retribución de esta última. Para la Audiencia, la cláusula no supeditaba el incremento de la retribución de Metro de Madrid al reconocimiento previo de un aumento de la retribución concesional por parte de la Administración. El contrato atribuía a TFM y Metro de Madrid la determinación de la nueva retribución correspondiente al servicio modificado. Por tanto, TFM no podía trasladar a Metro de Madrid las consecuencias económicas de su falta de acuerdo con la Administración ni obligarla a prestar durante más horas y con más vagones por el precio correspondiente al servicio anterior.

Reclamación por un antiguo consejero de un crédito reconocido y verificado en la contabilidad social

2026-08-25T19:54:48.311+02:00

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5 de junio de 2026. SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 207/2026. Reclamación por un antiguo consejero de un crédito reconocido y verificado en la contabilidad social.

Bernardo ejerció como consejero de Nyesa Valores Corporación, S.A. entre el 27 de junio de 2018 y el 13 de septiembre de 2019. El 26 de septiembre de 2018 también celebró con Nyesa un contrato de alta dirección, cuyas condiciones económicas quedaron inicialmente suspendidas hasta que existiera margen dentro de la retribución global autorizada para los consejeros. Tras la dimisión de dos consejeros, el consejo de administración nombró a Bernardo consejero ejecutivo y director general el 19 de febrero de 2019, momento en el que entraron en vigor las condiciones económicas del contrato. Por tanto, Bernardo mantuvo simultáneamente una relación orgánica como consejero y una relación contractual de alta dirección.

El 13 de septiembre de 2019, Bernardo y Nyesa firmaron un documento que resolvía el contrato de alta dirección y declaraba que las partes no tenían nada que reclamarse por esa relación. Bernardo también renunció ese día al cargo de consejero. Un juzgado de lo social anuló posteriormente el documento de rescisión por vicio del consentimiento, pues Bernardo padecía entonces una enfermedad grave que afectaba a su capacidad de autogobierno. Esa sentencia laboral no era firme y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró después la falta de competencia del orden social para conocer de la acción de anulabilidad. El litigio mercantil, sin embargo, no tenía por objeto las cantidades derivadas del contrato de alta dirección, sino 18.935 euros correspondientes a la retribución devengada por Bernardo como consejero.

Nyesa atravesaba la fase de cumplimiento de un convenio concursal aprobado en 2014. La retribución reclamada había nacido entre 2018 y 2019 y, por tanto, después de la aprobación del convenio. El crédito no tenía naturaleza concursal ni formaba parte de la lista de acreedores del concurso originario. El 24 de octubre de 2019, el consejo de administración de Nyesa elaboró un informe para proponer un aumento de capital por compensación de créditos. El anexo de ese informe identificaba a Bernardo como titular de un crédito extraconcursal vencido por 18.935 euros. Los coauditores de la sociedad verificaron, conforme al artículo 301 LSC, la exactitud de los datos a partir de la contabilidad social. Nyesa empleó ese informe para efectuar una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bernardo reclamó extrajudicialmente el pago el 17 de noviembre de 2020 y presentó posteriormente la demanda.

El Juzgado de lo Mercantil estimó íntegramente la demanda y condenó a Nyesa a pagar los 18.935 euros, con intereses desde la reclamación extrajudicial y costas. El juzgado consideró acreditado el crédito mediante el informe del consejo y la verificación de los auditores. La posterior desaparición del crédito en la documentación preparada unilateralmente por Nyesa para modificar el convenio concursal no demostraba su extinción, pues la sociedad no había acreditado el pago ni ningún otro hecho extintivo.

La Audiencia confirma la sentencia. La Sala concede valor decisivo al informe elaborado para el aumento de capital por compensación de créditos. El documento no recogía una mera provisión contable genérica para pagar dietas a los consejeros, como sostenía Nyesa, sino que identificaba concretamente a Bernardo como titular de un crédito vencido por 18.935 euros. Los coauditores habían verificado ese reconocimiento de acuerdo con la contabilidad de la sociedad. Nyesa había reconocido así la existencia, titularidad, cuantía y vencimiento del crédito.

El documento de rescisión del contrato de alta dirección no extinguió el crédito. Aquel documento regulaba exclusivamente la terminación de la relación laboral especial, mientras que los 18.935 euros procedían del ejercicio del cargo de consejero. Además, el consejo de administración y los auditores reconocieron el crédito en octubre de 2019, después de la firma del documento de rescisión. Esa secuencia temporal confirmaba que la declaración de no tener nada que reclamarse no comprendía las retribuciones del cargo orgánico. Tampoco la renuncia de Bernardo como consejero contenía una renuncia a las retribuciones ya devengadas. La Audiencia recuerda que la renuncia de derechos debe resultar clara, terminante e inequívoca.

Nyesa alegaba también que el crédito ya no figuraba en la documentación correspondiente a la modificación del convenio concursal. La Audiencia rechaza el argumento porque aquella modificación sólo podía afectar a los créditos concursales pendientes de pago. El artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2020 excluía expresamente los créditos devengados o contraídos durante el cumplimiento del convenio originario, salvo que sus titulares votaran a favor o aceptaran expresamente la modificación. El crédito de Bernardo había nacido durante el cumplimiento del convenio y quedaba fuera de su modificación. Por ello, la ausencia del crédito en una relación elaborada posteriormente por la propia sociedad no producía ningún efecto extintivo.

La Audiencia añade que el reconocimiento y la verificación contable vinculaban a Nyesa como acto propio.

La falta de capacidad natural del administrador no invalida la convocatoria de la junta

2026-08-25T19:46:28.122+02:00

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Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª, de 2 de junio de 2026 (sentencia 202/2026; ECLI:ES:APM:2026:7833).

Dos socios impugnaron los acuerdos adoptados en la junta general de ANRO 25, S.L. celebrada el 12 de diciembre de 2022. Alegaron que la convocatoria, firmada el 25 de noviembre de 2022 por una de las administradoras solidarias, era nula porque esta carecía entonces de la capacidad natural necesaria para formar y expresar su voluntad. Apoyaron su pretensión en un informe médico-forense de 27 de noviembre de 2022, dos días posterior a la convocatoria, según el cual la administradora presentaba un deterioro cognitivo grave, con una merma también grave de su discernimiento y de su capacidad para expresar libremente su voluntad. La demanda entendía infringido el artículo 166 LSC, interpretado en el sentido de que la competencia del administrador para convocar presupone su capacidad natural, y acudía además al artículo 1263 CC, en su redacción anterior.

El Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid desestimó la demanda mediante sentencia de 1 de julio de 2024. Consideró que no había quedado probado que la administradora careciera de facultades intelectivas y volitivas en el momento preciso en que firmó la convocatoria. Varias testigos presentes afirmaron que conocía el significado del acto, firmó voluntariamente y nadie guio su mano. El informe forense era posterior, no había sido ratificado en el juicio y no analizaba específicamente su capacidad el 25 de noviembre. El vídeo de la firma tampoco permitía inferir por sí solo la falta de capacidad.

Los demandantes recurrieron en apelación por error en la valoración de la prueba. La Audiencia desestima el recurso, pero no confirma el razonamiento probatorio del juzgado. Considera innecesario determinar si la administradora tenía capacidad natural cuando firmó, porque esa cuestión carece de efecto útil en una impugnación de acuerdos sociales fundada en el artículo 166 LSC que se limita a decir que la competencia para convocar corresponde a los administradores.

De manera que ese precepto no es relevante para decidir sobre la validez de la convocatoria hecha por un administrador "incapaz natural". La seguridad jurídica exige que lo único relevante es que sea administrador con el cargo vigente o, en su caso, incluso, caducado.

Cuando el art. 204 LSC dice que se pueden impugnar los acuerdos contrarios a la ley, dice la sentencia, no puede entenderse que incluya las normas del Código civil sobre la validez y nulidad de los contratos. Porque los acuerdos sociales no son contratos y su impugnación cumple una función muy distinta: es un remedio para el incumplimiento del contrato de sociedad y de las reglas organizativas de la corporación por la mayoría o para corregir los excesos de la autonomía de las corporaciones (acuerdos contrarios al orden público). Por tanto, los vicios del consentimiento o la falta de capacidad natural que sufran los socios o el administrador son irrelevantes. La sentencia cita la STS 403/2023, de 19 de mayo.

En consecuencia, aunque pudiera demostrarse que la administradora carecía de capacidad natural el 25 de noviembre de 2022, esa circunstancia no determinaría, por sí sola, la invalidez de la convocatoria ni la de los acuerdos adoptados.

En cuanto a que fuera una sola de las administradoras solidarias la que firmara la convocatoria, la jurisprudencia lo acepta - a diferencia de lo que ocurre con los administradores mancomunados - (STS 424/2019, de 16 de julio).

En el caso, no hubo otras irregularidades en la celebración de la junta, lo que apunta a que la impugnación era abusiva.

Cobro indebido de una garantía por una cooperativa de viviendas y responsabilidad personal de su liquidador

2026-08-25T19:19:06.433+02:00

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5 de junio de 2026. SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 208/2026

Los hechos

El Prado de Valdebebas, sociedad cooperativa de viviendas, promovió varias promociones inmobiliarias. AVINTIA actuó como constructora en las promociones de Valdelasfuentes y Valdehigueras. En esta última promoción, AVINTIA sustituyó a otra constructora cuando todavía faltaba por ejecutar más del 48 % de la obra. La cooperativa y AVINTIA firmaron el 15 de octubre de 2014 un acuerdo de terminación de la obra. La cooperativa declaró que recibía la edificación a satisfacción y que no tenía nada que reclamar a AVINTIA, sin perjuicio de las garantías por posibles defectos constructivos.
AVINTIA constituyó inicialmente un aval bancario en garantía de las responsabilidades que pudieran derivarse de tales defectos. El aval sólo permitía su ejecución cuando la dirección facultativa certificara un incumplimiento o defecto imputable a AVINTIA, cuantificara el coste de reparación y notificara esa circunstancia a la constructora. AVINTIA renovó posteriormente el aval y, el 5 de mayo de 2017, sustituyó la garantía bancaria por un cheque de 106.400 euros que depositó ante notario.
Los beneficiarios económicos últimos de la garantía eran los cooperativistas adjudicatarios de las viviendas y, tras la constitución de la propiedad horizontal, la comunidad de propietarios. La garantía aseguraba el cumplimiento de las obligaciones de AVINTIA como constructora frente a quienes soportaran los defectos de la edificación. La cooperativa recibió y administró la garantía dentro de la promoción colectiva, pero el importe del cheque no constituía un activo libremente apropiable por la cooperativa. La cooperativa sólo podía aplicarlo a las consecuencias patrimoniales de los defectos constructivos garantizados.
El acta notarial no expresó con claridad esta estructura. El documento afirmaba que el cheque quedaba «a disposición» de la cooperativa y que ésta podía retirarlo a partir del 16 de junio de 2017. AVINTIA podía recuperarlo antes de esa fecha si acreditaba la subsanación de determinadas deficiencias mediante un informe de la dirección facultativa. La Audiencia califica la redacción del acta de desafortunada y considera que el documento creaba la apariencia de que la cooperativa podía retirar el cheque una vez llegada la fecha indicada.
La cooperativa acordó su disolución en junio de 2017. El Juzgado de lo Mercantil nombró liquidador judicial a Camilo en noviembre de 2018. Camilo era economista y auditor, no había pertenecido anteriormente a la cooperativa y desconocía la historia de sus relaciones con AVINTIA. El liquidador retiró el cheque el 16 de enero de 2019 e ingresó los 106.400 euros en la cuenta bancaria de la cooperativa.
La comunidad de propietarios demandó posteriormente a AVINTIA y a VICOPAL, gestora de la cooperativa, por defectos constructivos. Los tribunales condenaron a ambas demandadas al pago de 85.183 euros y AVINTIA consignó la cantidad. VICOPAL obtuvo después una condena de 10.670 euros contra AVINTIA en ejercicio de su acción de regreso. La cooperativa no fue demandada ni soportó ningún desembolso por los defectos constructivos. El informe de la administración concursal de la cooperativa confirmó expresamente que aquellos litigios no habían causado ningún perjuicio económico a la cooperativa porque AVINTIA había asumido las condenas.
AVINTIA no reclamó el cheque hasta febrero de 2023, cinco años después de la fecha a partir de la cual el acta permitía retirarlo. El notario informó entonces a AVINTIA de que el liquidador ya había cobrado el cheque en 2019. AVINTIA demandó a la cooperativa para obtener la restitución de los 106.400 euros y demandó también al liquidador para exigirle responsabilidad personal por el cobro.

El Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda contra la cooperativa. El juzgado consideró que el cheque sustituía a la garantía anterior y que la cooperativa no tenía derecho a apropiarse de su importe porque nunca había afrontado ninguna responsabilidad relacionada con los defectos constructivos. El cobro constituía, por tanto, un cobro indebido. El juzgado condenó a la cooperativa a devolver los 106.400 euros con intereses. En cambio, el juzgado absolvió al liquidador porque no apreció culpa en su actuación. AVINTIA recurrió únicamente esta absolución.

La Audiencia confirma la absolución. La acción individual de responsabilidad contra el liquidador exige una conducta imputable al liquidador como órgano social, un daño directo, una relación causal y un reproche subjetivo por dolo o culpa. Los artículos 241 y 397 LSC no permiten convertir automáticamente una actuación objetivamente incorrecta de la sociedad en responsabilidad personal de quien desempeña la liquidación. El liquidador aplica una diligencia profesional ajustada a sus concretas funciones liquidatorias, no el canon empresarial propio del administrador que dirige la actividad económica de una sociedad en funcionamiento.

La Audiencia niega la culpa porque Camilo recibió el nombramiento judicial varios años después de la terminación de la obra y porque Camilo encontró una cooperativa que había desarrollado cuatro promociones, construido 286 viviendas y acumulado una extensa documentación contractual. El acta notarial constituía el antecedente inmediato del cheque y afirmaba expresamente que la cooperativa podía retirarlo a partir de una fecha ya vencida. La Audiencia considera que Camilo podía confiar razonablemente en esa apariencia documental. La averiguación de la verdadera función del cheque habría exigido reconstruir los contratos de obra, las sucesivas garantías y las relaciones mantenidas años antes entre AVINTIA, la cooperativa y otros intervinientes. El tribunal califica esa labor como una diligencia extraordinaria que excedía de la exigible al liquidador judicial.

El posterior concurso de la cooperativa reforzó esa apariencia. La administración concursal incluyó el importe del cheque en la masa activa. AVINTIA no comunicó ningún crédito por esa cantidad, no reclamó la separación del dinero ni promovió un incidente concursal. La Audiencia entiende que la actuación de la administración concursal y la pasividad de AVINTIA confirmaban razonablemente la creencia del liquidador de que el dinero pertenecía a la cooperativa. La cooperativa debe restituir el cobro indebido, pero el liquidador no responde personalmente porque su error resultó excusable.

¿A quién pueden demandar los cooperativistas?

Los cooperativistas no compran las viviendas a un promotor inmobiliario externo: los cooperativistas organizan colectivamente la promoción a través de la cooperativa y soportan sus costes. La LOE distingue esas posiciones. El artículo 9 define al promotor por su intervención material en la decisión, impulso, programación y financiación de la edificación. El artículo 17.4 extiende la responsabilidad del promotor a las personas físicas o jurídicas que, por el contrato o por su intervención decisoria, actúen realmente como promotores «bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas».

En este caso, VICOPAL actuaba como gestora de la cooperativa y la comunidad de propietarios dirigió contra ella, junto con AVINTIA, la demanda por defectos constructivos.

Sí. La Audiencia acoge sustancialmente la tesis que expuse en «El liquidador no es un fiduciario»: El administrador dirige empresarialmente el patrimonio social, dispone de discrecionalidad y soporta deberes fiduciarios; el liquidador ejecuta un programa legal de liquidación, carece de esa discrecionalidad empresarial y responde conforme a la lex artis profesional aplicable a la liquidación de patrimonios. Alfaro explica que la remisión del artículo 375.2 LSC al régimen de los administradores obedece a que ambos son órganos sociales, no a que el liquidador quede sometido sin más al estatuto fiduciario del administrador.

Dice la sentencia:

«Para el caso de los liquidadores, donde ya se ha señalado antes que el traslado de las previsiones establecidas para aquellos administradores debe hacerse con sumo cuidado, el art. 397 TRLSC exige de modo específico el dolo o la culpa...la extensión de la actuación de dichos liquidadores no es la misma que la de un administrador social, ya que se limita exclusivamente al cumplimiento de los deberes legales tendentes a ejecutar la liquidación y cancelación de la sociedad».

Y añade

«A diferencia de aquellos administradores sociales, los liquidadores ya no actúan en el tráfico jurídico para el desarrollo del objeto social bajo criterios de oportunidad y asunción prudencial e informada de riesgos económicos, sino únicamente para acometer las precisas operaciones liquidativas establecidas en la ley, vd. arts. 383 a 396 TRLSC, en el plazo legal establecido, lo que tienen impuesto como un deber por la propia legalidad».

«Esta culpa no se examinará bajo el canon de la diligencia exigible a un ordenado empresario, art. 225.1 TRLSC, ya que el liquidador no lleva a cabo el negocio empresarial que da objeto a la sociedad. El estándar requerible de diligencia al liquidador es el del profesional, ya que actúa dentro de un ámbito profesionalizado y remunerado, en el cumplimiento de concretos deberes legales, los impuestos en las normas societarias para la liquidación».

El liquidador es un técnico de la liquidación y su conducta debe medirse conforme a la lex artis profesional, no conforme al patrón del ordenado empresario.

La Audiencia afirma que las funciones del liquidador consisten en «concluir operaciones aún pendientes o realizar nuevas que tengan que ser necesarias para la liquidación», «cobrar los derechos de crédito pendientes contra terceros» y «pagar las deudas de la sociedad y realizar los bienes sociales». Después concluye que el liquidador sólo debía conocer las circunstancias necesarias para ejecutar «esas concretas operaciones liquidativas», y «no todo el conjunto de antecedentes sociales ni las primigenias causas vinculadas a las determinadas operaciones que deba concluir o activos a percibir».

Finalmente, la Sala aplica esa delimitación funcional para excluir la culpa:

«podría haberse conocido por el liquidador que el cobro de aquel cheque no respondía a deuda alguna con la cooperativa, pero ello correspondía no a una diligencia propia de la actuación de liquidador, conforme a los cánones normativos que la rigen […] sino a una diligencia extraordinaria más allá de la exigible para la ejecución de sus funciones de liquidación».

Disolución y pactos parasociales omnilaterales

2026-08-25T18:31:50.890+02:00

Foto de Gunnar Ridderström en Unsplash

Es la sentencia de 5 de junio de 2026. SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 209/2026.

OWQLO, S.L. se constituyó en abril de 2018 para comercializar programas informáticos destinados al deporte profesional. El socio mayoritario, Multibrands Store, S.L., poseía el 88,24 % del capital. Los demandantes, Trade Proservices Indauto, S.L. y Technology Business Development, S.L., habían entrado pocos meses antes mediante una ampliación de capital en la que cada uno adquirió un 5,88 %. En mayo de 2018 se había celebrado además un pacto de socios.

En marzo de 2019 la junta acordó la disolución de la sociedad, el nombramiento de liquidador y la ejecución de la liquidación. La justificación ofrecida por la mayoría fue la concurrencia de dos causas legales de disolución: la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social del artículo 363.1.c LSC y el cese de la actividad del artículo 363.1.a LSC. La sociedad sostenía que un inversor estratégico, Villa & Oñate Holding, S.L., había abandonado un proyecto de inversión de 600.000 euros y que además Pascual, impulsor principal del proyecto, había dimitido de sus funciones directivas.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda. Consideró inexistente la vulneración del derecho de información, entendió que la infracción del pacto de socios no permitía impugnar acuerdos sociales y aceptó que concurrían las causas legales de disolución invocadas por la mayoría.

La Audiencia Provincial revoca completamente esa decisión. Mantiene que no hubo vulneración relevante del derecho de información y que la mera infracción del pacto parasocial no es causa de nulidad de un acuerdo social. Sin embargo, concluye que ninguna de las dos causas legales de disolución existía realmente. La retirada del inversor estratégico podía empeorar las perspectivas de negocio, pero no hacía imposible alcanzar el fin social. OWQLO seguía disponiendo de los mismos medios materiales y financieros que tenía antes de que apareciera la posibilidad de esa inversión. Del mismo modo, la salida de Pascual no impedía continuar la actividad, pues podía ser sustituido por otros profesionales. Tampoco existía prueba de una paralización efectiva, definitiva y permanente de la actividad social, especialmente en una empresa que llevaba menos de un año operando y apenas cinco meses desde la ampliación de capital. Por ello declara nulo el acuerdo de disolución y, por conexión, también el nombramiento de liquidador y los acuerdos de ejecución de la liquidación.

El primer aspecto especialmente interesante de la sentencia es el relativo al pacto parasocial. La Audiencia reproduce sin reservas la doctrina tradicional del Tribunal Supremo según la cual la infracción de un pacto parasocial no incorporado a los estatutos no permite por sí sola anular un acuerdo social. El problema es que esa afirmación resulta algo mecánica para resolver este caso. La propia sentencia indica que el pacto de socios establecía que las decisiones trascendentales, incluida la disolución social, debían adoptarse por unanimidad. Sin embargo, la Audiencia no reproduce literalmente la cláusula ni analiza su alcance preciso.

Y precisamente ahí aparece una cuestión que la sentencia deja sin abordar. Si se interpreta racionalmente una cláusula que exige unanimidad para disolver la sociedad, parece más natural entender que está pensada para impedir una disolución voluntaria decidida discrecionalmente por el socio mayoritario. Lo que resulta mucho menos verosímil es que pretenda impedir la disolución cuando concurre una auténtica causa legal del artículo 363 LSC. En otras palabras, el pacto parece concebido para actuar frente a la disolución voluntaria del artículo 368 LSC, no para bloquear las consecuencias de normas imperativas. La Audiencia no examina este problema porque da por supuesto que basta con afirmar la inoponibilidad del pacto.

Esto conecta con la segunda cuestión interesante. Toda la discusión procesal gira sobre la existencia o no de una causa legal de disolución. Sin embargo, la propia sentencia revela que el socio mayoritario controlaba el 88,24 % del capital social. Con ese porcentaje, y salvo restricciones legales o estatutarias específicas, la mayoría podía presumiblemente promover una disolución voluntaria al amparo del artículo 368 LSC sin necesidad de alegar causa alguna. La Audiencia afirma que no existían las causas legales alegadas. Lo que no explica es por qué el socio mayoritario necesitó invocarlas. Y la explicación más plausible es que el socio mayoritario sabía que si aducía, simplemente, el artículo 368 LSC estaría infringiendo el pacto parasocial que había firmado unos pocos meses antes.

La paradoja del caso es, por tanto, que la mayoría pierde porque intentó justificar la disolución mediante causas legales inexistentes. Si la cuestión hubiera sido planteada como una pura disolución voluntaria, el litigio habría girado inevitablemente alrededor del pacto parasocial y de la eficacia de la cláusula de unanimidad. Pero la mayoría eligió otro terreno y la Audiencia la derrotó precisamente en ese terreno: la inexistencia de las causas legales invocadas.

Desde el punto de vista doctrinal, la sentencia también resulta llamativa porque reproduce la línea tradicional del Supremo sobre pactos parasociales justamente en un momento en que esa construcción está siendo sometida a una crítica intensa por parte de la doctrina. Paz-Ares ha defendido que los acuerdos sociales contrarios a pactos parasociales omnilaterales deberían poder impugnarse porque la mayoría actúa en contradicción con compromisos asumidos por todos los socios y vulnera las exigencias de la buena fe. Y yo he sostenido que, cuando todos los socios son parte del pacto, resulta artificial tratarlo como algo completamente ajeno a la relación societaria, pues en realidad existirían dos niveles de regulación de una misma relación social: uno estatutario y otro reservado.

El caso es todavía más interesante porque se trata de la disolución de la sociedad que implica a posibles terceros al pacto - los administradores que pueden ser declarados responsables de las deudas sociales ex art. 367 LSC - y los acreedores que pueden ser engañados sobre las perspectivas de solvencia de su deudor.

Prescripción de la acción individual de responsabilidad contra administradores

2026-08-25T18:11:46.410+02:00

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18 de mayo de 2026. SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 184/2026.

Pedro Antonio había obtenido una sentencia de condena contra las sociedades ACYSA Aplicaciones Contables y Servicios Auxiliares, S.L. y JAVISS Construcciones y Reformas, S.L. por importe de 28.149,67 euros. Tras iniciar la ejecución y comprobar que ambas sociedades carecían de bienes y actividad, dirigió una acción de responsabilidad contra sus administradores al amparo del artículo 241 LSC. Sostenía que los administradores habían incumplido sus obligaciones legales al no promover la disolución o el concurso de las sociedades y al no depositar las cuentas anuales. La demanda se presentó el 25 de noviembre de 2020.

Dos de los demandados opusieron la prescripción de la acción. El juzgado la apreció porque consideró que el acreedor había podido conocer mucho antes la frustración de su crédito y las circunstancias que atribuía a los administradores. Respecto del tercer demandado, que no había alegado prescripción, el juzgado entró en el fondo y desestimó igualmente la demanda por insuficiencia de la fundamentación de la acción ejercitada.

La Audiencia confirma íntegramente la sentencia. Su razonamiento gira en torno al artículo 241 bis LSC, que establece un plazo de cuatro años desde el momento en que la acción pudo ejercitarse. La Sala rechaza la tesis del apelante según la cual el plazo debía comenzar cuando quedó definitivamente acreditada la inutilidad de la ejecución o cuando se acordó el nombramiento de un administrador judicial. Afirma que el acreedor no necesita agotar todas las posibilidades de cobro frente a la sociedad para poder ejercitar la acción contra los administradores. Lo relevante es que disponga de elementos suficientes para conocer las conductas que les atribuye y el perjuicio que tales conductas le han causado.

La sentencia concede especial importancia a que el propio demandante basaba su argumentación en hechos conocidos desde muchos años antes, particularmente la falta de depósito de cuentas anuales por ACYSA desde 2014 y por JAVISS desde 2013. Lejos de favorecer su tesis, esos datos apuntaban a que el conocimiento de las circunstancias relevantes existía ya en fechas muy anteriores a la presentación de la demanda. La Audiencia añade que las averiguaciones patrimoniales practicadas al comienzo de la ejecución ya permitían apreciar tempranamente la frustración del crédito.

La existencia de un administrador de hecho no exonera al administrador de derecho de la responsabilidad por deudas sociales

2026-08-25T17:40:41.384+02:00

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Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de junio de 2026.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena de Desert Sound Festival, S.L. y de su administradora única al pago de 140.000 euros entregados por la demandante para la organización de un festival. Las demandadas sostenían que el dinero tenía naturaleza de inversión o patrocinio y que el verdadero gestor de la sociedad era el padre de la administradora, fallecido posteriormente, por lo que ella actuaba como mera administradora nominal.

La Audiencia rechaza ambos argumentos. Considera acreditado que las cantidades entregadas constituían un préstamo porque existía obligación de devolución junto con un rendimiento adicional del 20 %, con vencimiento determinado. Por ello, la denominación empleada por las partes como «inversión» o «patrocinio» resulta irrelevante frente al contenido económico y jurídico real de la operación.

Respecto de la responsabilidad de la administradora, la sentencia recuerda que la acción ejercitada no era la del artículo 241 LSC, sino la responsabilidad por deudas sociales del artículo 367 LSC. La Sala ratifica que la mera existencia de un administrador de hecho no desplaza ni atenúa los deberes del administrador de derecho. Quien acepta formalmente el cargo sigue obligado a informarse de la situación de la sociedad, ejercer efectivamente sus funciones y promover la disolución cuando concurra causa legal para ello. Si permite que un tercero administre de facto la compañía, incurre en una dejación de funciones que no elimina su responsabilidad.

Parece un caso extremadamente fácil. Quizá no lo sea tanto. Si estuviéramos en el ámbito de la responsabilidad por daños, como se ocupa de recordar la Audiencia, la respuesta podría haber sido otra. Y es que, en tal caso, el administrador de derecho podría alegar que el que causó daño al "inversor" fue el administrador de hecho, esto es, que fue la conducta personal de éste la que causó las pérdidas que hicieron imposible devolver el préstamo a la sociedad. Pero la acción ejercitada es la del 367 LSC que la jurisprudencia califica como una suerte de fianza legal a cargo de los administradores que contraen deudas estando en causa de disolución. Y, al respecto, lo que la sentencia dice es que el juzgado de primera instancia «conclu[ye] presuntivamente la existencia de causa de disolución por pérdidas cualificadas por la falta de depósito de cuentas anuales desde la constitución de la sociedad (año 2018)» y, sobre esa base, condenó a la administradora por el artículo 367 LSC respecto de las transferencias realizadas entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, lo cual parece poco convincente porque supone que la sociedad deudora estaba en causa de disolución desde su constitución.

La falta de depósito de cuentas no permite presumir que el acreedor conociera la situación patrimonial real de la sociedad

2026-08-25T17:13:35.802+02:00

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SAP Madrid 22 de junio de 2026

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena de los administradores de MILLON BUSINESS, S.L. al pago de una deuda social de 45.078 euros reclamada por CARVISA ENERGÍA, S.L. ex artículo 367 LSC.

La deuda se había generado entre 2016 y 2017, cuando la sociedad ya se encontraba, según el indicio derivado de la ausencia de depósito de cuentas desde 2013, en causa de disolución. El administrador recurrente alegaba que el acreedor había contratado con pleno conocimiento de esa circunstancia, ya que la falta de depósito de cuentas era pública y constaba en el Registro Mercantil.

La Audiencia rechaza el recurso. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abandonado la idea de que el mero conocimiento por el acreedor de la situación económica de la sociedad excluya la responsabilidad de los administradores. Esa exoneración sólo puede plantearse excepcionalmente cuando el acreedor está especialmente vinculado a la sociedad, por ejemplo como socio o administrador, o concurren otras circunstancias que hagan abusivo el ejercicio de la acción. En este caso CARVISA era un tercero ajeno a la estructura interna de la sociedad deudora.

El aspecto más relevante de la sentencia es la afirmación de que la publicidad registral de la falta de depósito de cuentas no equivale al conocimiento de una concreta situación patrimonial. Lo único que conoce un tercero es que las cuentas no se han depositado; saber si ello obedece realmente a pérdidas que determinen una causa de disolución es algo que conocen quienes están dentro de la sociedad. Por ello no puede exigirse a un acreedor ordinario que, por el mero hecho de contratar, asuma el riesgo derivado de una situación económica que sólo los administradores y socios están en condiciones de conocer realmente. La Audiencia desestima la apelación y confirma íntegramente la condena.

¿Abusaron Verónica y Martín de su hermano Genaro?

2026-08-25T17:07:08.538+02:00

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Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª) de 22 de junio de 2026 (SAP Madrid 8715/2026, ECLI:ES:APM:2026:8715).

La sociedad Tricema SL mantenía una póliza de crédito con Banco Sabadell, de la que resultó una deuda, vencida e impagada, por cuantía de 100.900€. Esa deuda contaba con el aval solidario de Marino y Genaro , de DIRECCION000 y otras dos sociedades terceras, aun del mismo grupo familiar.
La deuda fue satisfecha por Tricema Continua SL a la entidad bancaria, para lo que esa pagadora obtuvo, a su vez, un préstamo avalado por Verónica y Marino .
Tras ello, la Junta de socios de DIRECCION000 , celebrada en fecha de 6 de abril de 2021, adoptó el acuerdo de entregar como dación en pago a favor de Tricema Continua SL un local de su propiedad, por el valor de 100.000€ y con expresión de la causa de esa dación, extinción de la deuda surgida del pago al banco de lo debido por Tricema SL.
O sea, que hay tres sociedades implicadas: Tricema Continua - que paga la deuda y recibe el local - DIRECCION000 que era la sociedad dueña del local (probablemente una sociedad civil y por eso CENDOJ lo ha anonimizado) y Tricema SL que era la deudora del banco.
El capital de las sociedades estaba repartido entre tres hermanos. De Tricema Continua eran socios Marino y Verónica. De DIRECCION000, Marino, Verónica y Genaro a partes iguales y de Tricema SL, Genaro y Marino. Además, participa en el grupo la madre, Rocío.
El Juzgado estimó la demanda y anuló el acuerdo. El recurso de apelación era bastante malo a juzgar por las obviedades que dice la Audiencia sobre la irrelevancia de la regular convocatoria y celebración de la junta y sobre el objeto social.

La Audiencia dice que DIRECCION000 estaba obligada a pagar la deuda frente al Banco que canceló Tricema Continua:

Como señala el recurso de DIRECCION000 , efectivamente esta sociedad era avalista solidaria de Tricema SL por la póliza de crédito otorgada por Banco Sabadell, ya vencida por la suma de 100.900€ y pendiente de ejecución. Dicha circunstancia determina que por DIRECCION000 hubiera un interés en liquidar la deuda que pesaba sobre su patrimonio, derivada de la fianza solidaria otorgada respecto de aquella póliza de crédito, ya vencida y exigible. Se trata de un deudor solidario, ya expuesto a la reclamación del acreedor, sometido a aquel débito e interesado en el pago a fin de evitar el incremento de la cuantía por intereses moratorios y eventuales costas procesales ante la inminente ejecución. En principio, dicho interés se mantiene cuando la deuda de Tricema SL con Banco Sabadell es pagada por un tercero, Tricema Continua SL, no obligado a tal pago ni de modo directo ni como fiador. Al efectuar ese pago por este tercero se produce tanto la subrogación en la posición del acreedor original, art. 1210.2º CC, teniendo en cuenta que se trata de sociedades vinculadas, donde puede inferirse el beneplácito del deudor original en el pago por ese tercero a él vinculado societariamente; como el nacimiento de la acción de reembolso, art. 1158, pf. 2º, CC, contra el deudor original. En ambos casos, el tercero pagador recibe esas acciones tanto contra tal deudor como frente a los demás obligados solidarios, ex art. 1207 CC, incluidos entre ellos DIRECCION000 . Toda vez que se trata de una obligación solidaria, cada uno de los deudores respondía frente al acreedor, primero, y frente al tercero pagador subrogado en su posición, luego, por el total de lo debido, art. 1144 CC. Con ello, ha de concluirse que DIRECCION000 respondía frente a Tricema Continua SL del total de lo pagado por ésta a Banco Sabadell, 100.900€, por lo que estaba obligada a tal pago e interesada en su extinción, a fin de evitar el incremento de lo debido, al menos por intereses de mora, art. 1.100 CC.

Y, dado que no se ha discutido que el inmueble valiera mucho más,

el resultado patrimonial de la operación no puede ser contemplado en sí mismo como lesivo para el interés social, al responder al pago de una deuda debida, ya vencida y exigible, de lado, y al ingresar en el patrimonio de DIRECCION000 el derecho de reembolso por la cuota parte correspondiente frente a los demás obligados solidarios de la deuda original. No es que no haya contraprestación por la entrega del bien, como dice la Sentencia apelada para erigirlo en el único motivo de apreciación de la lesión del interés social, ya que no se está ante ninguna clase de acto gratuito, sino que se trata de un pago debido de una obligación solidaria.

Pero la Audiencia sabe que no es ahí donde está el problema. El problema está en si el acuerdo social es abusivo en el sentido del artículo 204.1.2º LSC: dado que el reparto del capital de cada una de las sociedades del grupo familiar es distinto, Marino y Verónica podrían haberse beneficiado en mayor medida de la transmisión del inmueble que Genaro si la deuda con el banco era, realmente, una deuda contraída en beneficio de las sociedades en las que Marino y Verónica eran socios pero Genaro no o donde Genaro tenía una participación menor que en DIRECCION000

Tricema Continua SL (tercero pagador de deuda ajena) no está participada por Genaro , sino únicamente por sus hermanos, Verónica y Marino . De tal modo, podría haberse seleccionado a esa sociedad, incluso llevándola a asumir el préstamo que pidió para poder pagar, para saldar la deuda de Tricema SL con Banco Sabadell, al solo fin de adquirir por subrogación el derecho de crédito cuyo pago justifica luego la dación del inmueble de DIRECCION000 (en la que sí participa Genaro como socio) a aquella otra sociedad, colocando fuera del alcance de aquel socio dicho activo. No obstante, examinar y asumir tal hipótesis presenta varios problemas. El primero es que, la demanda de Genaro asienta la acción de nulidad en la causa de lesión del interés social del pf. 1º del art. 204.1 TRLSC, bajo los requisitos allí determinados, lo que se asume y acota por la Sentencia apelada para cerrar así el objeto de la litis. En cambio, tal hipótesis se fundaría, más bien, en la previsión del abuso de mayoría del pf. 2º del citado art. 204.1 TRLSC, bajo unos presupuestos distintos a la anterior y que las partes no han considerado incluir en el debate.

Esta conclusión resulta discutible a la luz del artículo 1145 II del Código Civil, según el cual el deudor solidario que paga sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda. Si DIRECCION000 entrega un inmueble por valor equivalente a la totalidad de la deuda satisfecha por Tricema Continua, no parece correcto afirmar sin más que dicha transmisión encuentra causa íntegra en la deuda extinguida. Aunque Tricema Continua, como acreedora subrogada, pudiera reclamar externamente a DIRECCION000 el total de la obligación por aplicación de las reglas de la solidaridad, en las relaciones internas entre los obligados la carga definitiva de la deuda debía distribuirse entre todos ellos. Por ello, la transmisión del inmueble por el importe íntegro de la deuda sólo estaría plenamente justificada si se tiene en cuenta el simultáneo nacimiento a favor de DIRECCION000 de las acciones de reembolso correspondientes frente a los restantes codeudores. De no atribuirse relevancia efectiva a esas acciones de regreso, la dación en pago produciría que DIRECCION000 soportase una carga superior a la cuota que le correspondía conforme al artículo 1145 II del Código Civil.

En lugar de eso, la Audiencia dice

Lo segundo se refiere a la falta de acreditación probatoria de aquella hipótesis, basada en un elemento subjetivo como es la intención de extraer el bien inmueble del patrimonio de la sociedad donde sí participa el socio impugnante, para llevarlo a otra donde éste es ajeno. La prueba de ello habría de basarse en indicios, aquí no aportados, como por ejemplo, la acreditación de la capacidad de pago de la deuda original que tenía cualquiera de los deudores solidarios, Tricema SL y sus avalistas, sin tener que intervenir una sociedad tercera en la liquidación de la póliza de crédito; si no tenían capacidad de pago, al menos si la facilidad de acceder a financiación ajena por alguno de esos obligados al pago, para obtener de la liquidez con que saldar la deuda al banco, en condiciones financieras similares a las que la obtuvo la tercera pagadora; la posibilidad de pago de esa deuda al banco por parte de alguna otra sociedad el grupo, no deudora solidaria de ella, y en cuyo capital participase el socio aquí impugnante; la renuncia o abandono del derecho de DIRECCION000 de repetir contra los demás codeudores solidarios lo pagado mediante la dación del inmueble... La carga de acreditar esos indicios, u otros distintos pero conducentes a aquella conclusión hipotética, recaería en la parte demandante, quien sostiene la nulidad del acuerdo impugnado, art. 217.2 LEC.

Y, con esto, la Audiencia revoca la sentencia del Juzgado y condena en costas a Genaro. No parece que estemos ante un hecho oculto que requiera una prueba específica, sino ante una inferencia que surge naturalmente de los propios hechos acreditados.

Tricema Continua no era deudora de la póliza, no era avalista, no estaba expuesta a la ejecución anunciada por el banco y, para poder pagar, tuvo incluso que endeudarse obteniendo financiación propia.
Si una sociedad sin obligación alguna frente al acreedor desembolsa más de 100.000 euros para cancelar una deuda ajena, la pregunta relevante no es por qué alguien sospecha que perseguía un interés propio, sino cuál era exactamente ese interés.
Y la respuesta parece encontrarse en el resultado de la operación: el pago permitió que el crédito contra los obligados solidarios quedara radicado en Tricema Continua, sociedad participada exclusivamente por Marino y Verónica, y sirvió después de fundamento para recibir un activo perteneciente a otra sociedad en la que también participaba Genaro.
En esas circunstancias, la hipótesis de que Tricema Continua fue elegida precisamente porque estaba controlada por Marino y Verónica no necesita construirse a partir de indicios especialmente sofisticados; se desprende de la propia estructura de la operación. Res ipsa loquitur: si Tricema Continua carecía de interés previo en la deuda porque no era ni deudora ni avalista, el interés ha de buscarse necesariamente en las consecuencias patrimoniales que el pago generaba a su favor. Lo suyo hubiera sido que el reparto final de la deuda bancaria se hiciera conforme a los pactado entre los hermanos.

Capitalismo y democracia por Tabarrok y Geloso

2026-08-25T13:59:52.386+02:00

foto de Juan Gómez en unsplash

Definimos el capitalismo como un sistema económico en el que los individuos y las organizaciones son, en términos generales, libres de utilizar su capital, su trabajo y sus recursos como consideren oportuno. En cuanto a la democracia, la definimos como un sistema político en el que los gobernantes son elegidos mediante elecciones libres y limpias...

Nuestra tesis es que el capitalismo, entendido en sentido amplio, genera crecimiento económico... en la medida en que la relación sea causal, proporciona un vínculo entre democracia y capitalismo. Los ciudadanos que viven en democracias desean crecimiento económico y, por tanto, tienen incentivos para apoyar políticas capitalistas.

Yo creo que tienen incentivos para votar popperianamente y eso significa que apoyarán las políticas que generen crecimiento económico si entendemos que un votante de buena fe considera que "el gobierno lo ha hecho bien" si la situación económica del país es mejor ahora que cuando se produjeron las últimas elecciones. La única forma común de responder de buena fe a la pregunta "¿El gobierno lo ha hecho bien o mal?" es si ha habido crecimiento económico significativo.

Este argumento sencillo oculta numerosas complejidades. Que exista un incentivo colectivo para apoyar políticas capitalistas no significa necesariamente que exista un incentivo individual para apoyarlas o votar por ellas, porque el voto de cada individuo tiene un efecto prácticamente insignificante (Caplan 2008). Además, el incentivo para apoyar políticas capitalistas es sólo uno entre muchos, y algunos incentivos favorecen políticas anticapitalistas. Los votantes de una democracia pueden apoyar, por ejemplo, políticas restrictivas de la inmigración incluso cuando la inmigración aporta beneficios económicos. También pueden votar contra el capitalismo por envidia, animadversión o como expresión de conflicto de clases (Schumpeter 2008). Los votantes pueden incluso desconocer cuáles son sus propios intereses (Mill 1861). Por ello, el deseo de crecimiento puede proporcionar únicamente un incentivo débil para votar a favor de políticas capitalistas. Sin embargo, sea débil o fuerte, es probable que el incentivo para apoyar políticas capitalistas en una democracia sea mayor que bajo otros sistemas de gobierno.

Esta objeción no es muy persuasiva. En las elecciones no se votan políticas concretas. Es un voto de confianza o desconfianza al actual gobierno.

... el crecimiento es la única vía por la que un grupo numeroso de personas puede enriquecerse. La redistribución puede enriquecer a una minoría a costa de la mayoría, pero no puede enriquecer a la mayoría a costa de una minoría. Por tanto, la única forma en que un gran grupo de votantes puede prosperar es mediante la adopción de políticas capitalistas. En cambio, en cualquier sistema en el que gobierne una pequeña minoría, la redistribución puede generar grandes fortunas para unos pocos. Mobutu Sese Seko, por ejemplo, acumuló una inmensa fortuna personal como presidente dictatorial de la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo.

Un argumento estrechamente relacionado es que, en una democracia, la política no suele ser el camino hacia la riqueza. Personas ya ricas, como George Washington, Silvio Berlusconi o Donald Trump, pueden convertirse en políticos y utilizar el Estado para favorecer sus intereses económicos, pero pocos políticos se vuelven extraordinariamente ricos a través de la política, especialmente si se compara su riqueza con el poder que ejercen. El gobierno de los Estados Unidos gasta más de cinco billones de dólares al año y sólo una parte ínfima de esa cantidad es capturada por las élites políticas. Donald Trump pudo haber dirigido actividad gubernamental hacia sus hoteles, pero las cantidades implicadas eran insignificantes en comparación con los billones de dólares que moviliza el gobierno estadounidense. Además, las democracias han demostrado de forma convincente que estas normas e instituciones son estables y que incluso infracciones relativamente menores suelen ser mal vistas y, con frecuencia, perseguidas judicialmente.

Una democracia capitalista se beneficia de una especie de división del trabajo: la democracia deja claro que la vía hacia la riqueza no es la política, y el capitalismo deja claro que la vía hacia la riqueza son los mercados. Así, las democracias capitalistas orientan a quienes persiguen su interés económico personal hacia los mercados, donde es probable que sus acciones sean guiadas por la mano invisible hacia resultados socialmente beneficiosos, y no hacia aquellos ámbitos en los que el interés económico personal se traduce en búsqueda de rentas, monopolio y estancamiento. Un Estado socialista, por el contrario, no tiene otro lugar al que canalizar ese interés económico personal que el propio Estado.

Nuestra concepción de la democracia no es que constituya un método ideal para tomar decisiones; el teorema de imposibilidad de Arrow y la moderna economía política descartan esa visión. Más bien, sostenemos que las democracias tienden a evitar acontecimientos infrecuentes pero extremadamente perjudiciales. Amartya Sen (1999), por ejemplo, afirmó que «nunca se ha producido una hambruna en la historia del mundo en una democracia funcional». Tomada literalmente, esta afirmación es casi con toda seguridad falsa (Rubin 2015). Sin embargo, las hambrunas son menos probables en democracias funcionales, es decir, en democracias con elecciones competitivas y prensa libre (Burchi 2011; Besley y Burgess 2002). Dado que las hambrunas constituyen acontecimientos enormemente dañinos, ello representa un argumento importante en favor de la democracia. Bardhan (1999, p. 102) sostiene: «La democracia favorece el desarrollo mediante los mecanismos de rendición de cuentas que establece para limitar los abusos del poder ejecutivo y proporciona un sistema de sanciones periódicas frente a intervenciones gubernamentales indeseables en la economía y de recompensas para las intervenciones deseables... Los mecanismos de rendición de cuentas son especialmente importantes para evitar catástrofes»...

Las democracias tienen menos probabilidades de asesinar a sus propios ciudadanos y también menos probabilidades de asesinar a ciudadanos de otras democracias.

... Para Popper, la virtud de la democracia no radica en el «gobierno del pueblo», sino sencillamente en que proporciona un sistema de corrección pacífica de errores. Por ello establecía una conexión entre la democracia y el proceso científico. Nosotros añadiríamos el capitalismo a esa conexión. El sistema de beneficios y pérdidas propio del capitalismo es un procedimiento de corrección de errores análogo al voto y a la crítica científica....

El crecimiento capitalista requiere inversión, y la inversión requiere paz y estabilidad. Los inversores no desean invertir en tiempos y lugares en los que sus inversiones puedan ser destruidas o expropiadas. Como sostuvo Mises (1927): «No puede haber una mejora económica duradera si el curso pacífico de los acontecimientos se ve interrumpido continuamente…». Las democracias, en la medida en que incorporan múltiples actores con capacidad de veto, pueden ser también simplemente más lentas a la hora de introducir cambios. (Mokyr) Esa lentitud puede resultar perjudicial en determinadas circunstancias, pero la evidencia histórica reseñada anteriormente indica que, en conjunto, la estabilidad favorece el crecimiento a largo plazo. Algunos dictadores, como Pinochet en Chile o Museveni en Uganda, han ampliado la libertad económica, pero las promesas de los dictadores rara vez resultan creíbles. Por el contrario, las instituciones de las democracias liberales dificultan que los políticos cambien bruscamente de rumbo. En consecuencia, un mismo aumento de la libertad económica introducido en una democracia puede resultar más eficaz para generar crecimiento económico sostenido que si se produce bajo una dictadura. Por ello, las expectativas sobre las condiciones institucionales futuras son probablemente más estables en una democracia liberal que bajo un dictador liberal, lo que favorece un crecimiento más rápido.

Si una economía no crece, la única forma de que algunas personas se enriquezcan es que otras se empobrezcan. Una economía de suma cero genera una política conflictiva, e incluso puede desembocar en guerras civiles. Por el contrario, en una economía en crecimiento, la política puede centrarse en juegos de suma positiva, lo que contribuye a una mayor cohesión democrática y estabilidad (Friedman 2006).

El crecimiento casi siempre viene acompañado de «destrucción creativa», y la destrucción creativa en la economía implica que los grupos de interés tardan más tiempo en formarse y consolidarse (Olson 1982). Además, la destrucción creativa en la economía se refleja en desplazamientos del poder político, la aparición de nuevos grupos de interés, nuevos aliados y nuevos adversarios. La existencia de menos grupos de interés y de grupos más cambiantes da lugar a una política más fluida, lo que probablemente favorece tanto la democracia como el crecimiento económico (Olson 1982).

Del mismo modo, la inestabilidad de los grupos de interés puede producir una política más estable al recordar constantemente que mañana podrían ser necesarios nuevos aliados y que, por tanto, el compromiso y el juego limpio de hoy pueden dar frutos cuando las posiciones se inviertan.

... el capitalismo hace que los shocks exógenos resulten menos dañinos de lo que serían en otras circunstancias, reduciendo así las presiones a las que se enfrentan los sistemas democráticos durante las crisis.

(véase Lepsius)... (para que) la alternancia pacífica en el poder... funcione es necesario que quienes pierden acepten ceder el poder a quienes ganan. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Si quienes pierden pueden confiar razonablemente en recuperar el poder en el futuro, entonces la alternancia política puede convertirse en un equilibrio autosostenido.

La mayoría de los votantes no exigirá una redistribución extrema si considera que la distribución existente es justa (Scheve y Stasavage 2017). Entre quienes sostienen que la democracia socava el capitalismo, los pensadores favorables al capitalismo temían la redistribución, mientras que los partidarios del socialismo la esperaban. Sin embargo, ambos grupos partían de la premisa de que existe una conexión mecánica entre desigualdad y redistribución, una conexión que ni resulta evidente en los datos ni viene exigida por la teoría. En particular, la ideología constituye una variable mediadora fundamental entre la desigualdad y la redistribución.

Vincent Geloso/Alex Tabarrok, Two Peas in A Pod: Democracy and Capitalism, 2025

Personificación y representacion

2026-08-23T20:24:53.897+02:00

La personificación está muy relacionada históricamente con la representación. Ambas – personificación y representación – son las dos técnicas inventadas por el derecho para permitir a un grupo de individuos actuar unificadamente.

De hecho, cuando se define la personalidad jurídica por la doctrina mayoritaria, suele decirse que tienen personalidad jurídica las sociedades cuyos socios han separado un patrimonio (formado por las aportaciones y distinto del patrimonio de cada uno de los socios) y tienen voluntad de actuar unificadamente en el tráfico. A mi juicio, para que exista una persona jurídica basta con que los socios tengan voluntad de crear un patrimonio y quieran dotarlo de capacidad de obrar. Es la creación del patrimonio dotado de capacidad de obrar lo que provoca el efecto unificador sobre los socios. A través de la personificación, los socios pueden actuar como si fueran uno en relación con el conjunto de bienes, derechos, créditos y deudas que forman ese patrimonio.

Pero la actuación unificada de un grupo puede lograrse también a través de la institución de la representación. Es muy sencillo: basta con que todos los miembros de un grupo designen a un representante común, a un mandatario colectivo al que doten de un poder de representación de todos y cada uno de los miembros del grupo. A menudo esta es la descripción más acertada de ‘asociaciones’ informales de individuos que pretenden promover cualquier causa u objetivo preferido. La relación que les une, sin embargo, no suele ser jurídica, solo ‘de favor’. Pero, aunque sea jurídica, no implica necesariamente que la asociación tenga personalidad jurídica – si los miembros no quieren constituir una corporación y no forman un patrimonio al que se imputarán bienes, créditos y deudas que se adquieran o contraigan como consecuencia de la actividad de los representantes de la asociación- pero es seguro que esos miembros disfrutan de la protección constitucional de su derecho de asociación.

Esta distinción entre personificación y representación es, podríamos decir, relativamente reciente. Lo que la experiencia histórica europea nos cuenta es que hubo una ‘división del trabajo’ entre representación y personificación.

La representación se utilizó para unificar grupos societarios, es decir, grupos cuyos miembros estaban vinculados entre sí por un contrato de sociedad (o ‘compañía’ de comercio) y la personificación se reservó para los grupos ‘corporativos’, es decir, para grupos grandes de individuos a los que une, no un contrato, sino una circunstancia personal, vital o social: ser vecino (de la corporación – ciudad); ejercer una determinada profesión (miembro de una corporación gremial o de un consulado mercantil), estado religioso (ser monje o capitular de una catedral) o militar (caballero de una orden militar).

La independencia del objetivo de la corporación respecto de las preferencias de sus miembros concretos que, en cada momento forman parte del grupo hacen inidónea la representación para que el grupo pueda actuar unificadamente. Sencillamente, porque habría que estar renovando continuamente los "poderes" al representante cada vez que cambiara alguno de los miembros del grupo. Lo eficiente, cuando se trata de grupos grandes y de perseguir en común fines que trascienden a las preferencias o necesidades individuales e idiosincráticas de cada uno de los miembros del grupo es personificar el grupo. Crear una persona jurídica formando un patrimonio (los bienes que se dedicarán al objetivo del grupo) y dotándola de órganos ocupados por individuos que pueden vincular ese patrimonio entablando relaciones jurídicas con terceros. El efecto es el mismo que si todos los miembros de la corporación (universitas personarum) hubieran otorgado un poder de representación al administrador, rector, magistrado, maestre, abad, prior, obispo, cónsul… para que pueda vincular al patrimonio de la corporación con sus actos y, en esa medida, afectar a la esfera jurídica del miembro de la corporación. A la vista de lo cual, no extraña que la teoría de la persona jurídica se formulara al mismo tiempo que la teoría de la corporación y del Estado: entre los siglos XII y XVII.

Pero la personificación no era necesaria para articular la actuación unificada de un grupo pequeño de individuos vinculados entre sí por un contrato de sociedad. Bastaba con suponer que los socios se otorgaban recíprocamente poderes de representación delimitados por el negocio común (no un mandato colectivo salvo en el caso del llamado "administrador privativo" o contractual). De este modo, cada vez que uno de los socios (de una sociedad civil o colectiva) actuaban en su condición de tales, frente al tercero, se vinculaba él y vinculaba a sus socios, aunque, internamente – en las relaciones entre los socios – el acuerdo social significaba que se vinculaba el patrimonio social exclusivamente, no el patrimonio individual de cada uno de los socios. Pero, frente al tercero, que no tenía forma de evaluar la solvencia del patrimonio social como distinto del patrimonio de los socios, la ley establecía la responsabilidad de todos los socios. De este modo, cualquiera de los socios – administradores natos – representaba a todo el grupo y los códigos civiles y de comercio hablan siempre de actuación por cuenta de “la sociedad”. (arts. 1695, 1697 y 1698 CC y arts. 127, 128. 130… C de c). Por tanto, mientras no se reconoce históricamente personalidad jurídica a las sociedades civiles y a las sociedades colectivas, los socios responden de las deudas sociales porque el que las ha contraído – el socio administrador – lo ha hecho con ‘poder’ de los demás socios.

La cosa cambia cuando se reconoce a las sociedades personalidad jurídica equiparándolas, en este aspecto a las corporaciones (lo que ocurre, primero, en Francia en la primera mitad del siglo XIX, porque ‘deudor’ en el sentido del artículo 1911 CC es un ‘patrimonio’ y si la sociedad tiene personalidad jurídica, el patrimonio social está separado del patrimonio de los socios de manera que el deudor es la sociedad, no los socios, por lo que lo que ahora, que se ha prescindido del mecanismo representativo y se ha sustituido por la personificación, hay que justificar la imposición de responsabilidad ‘ilimitada’ a los socios por las deudas sociales. Y la justificación es que se trata de reforzar el crédito de la sociedad añadiendo, cual fianza, el patrimonio de los socios al patrimonio social en garantía de los acreedores.

Bien puede decirse, pues, que en la pugna entre dos instituciones jurídicas centrales, la personalidad jurídica ha ganado la batalla a la representación como mecanismo para permitir la actuación unificada en el tráfico de un grupo de individuos. El legislador, sin embargo, no impone nada. Los grupos humanos pueden seguir recurriendo a la representación sin formar un patrimonio separado.

La UTE es un magnífico ejemplo: las empresas asociadas en una Unión Temporal de Empresas designan un ‘gerente’ o mandatario común que les representará en el giro o tráfico de la empresa que van a realizar en común pero no hay personificación porque no hay un patrimonio distinto del de los miembros de la UTE al que se imputarán los derechos y obligaciones (la adquisición de los bienes o créditos, las deudas o los derechos y obligaciones contractuales) que se vayan generando en el desarrollo de la actividad común.

Es más, el desarrollo de las telecomunicaciones, permite a grupos enormes de personas pueden designar sencillamente a un mandatario común sin necesidad de constituir una corporación para coordinarse de manera que gracias a los cambios tecnológicos, la representación ha mejorado su utilidad que, como cualquier institución jurídica, consiste en favorecer la cooperación entre extraños.

Oakeshott: la idea de universidad

2026-08-23T09:02:16.700+02:00

Es una teoría que me gusta sostener: lo que la gente llama «ideales» y «propósitos» nunca son en sí mismos el origen de la actividad humana; son expresiones abreviadas de la verdadera fuente de la conducta, que es una disposición a hacer ciertas cosas y un conocimiento de cómo hacerlas. Los seres humanos no parten del reposo y se lanzan a la actividad solo cuando son atraídos por un propósito que alcanzar. Estar vivo es estar perpetuamente activo. Los propósitos que atribuimos a tipos particulares de actividad son solo abreviaciones de nuestro conocimiento sobre cómo participar en esta o aquella actividad.

Esto, por ejemplo, es claramente evidente en la actividad que llamamos «ciencia». La actividad científica no es la búsqueda de un fin premeditado; nadie sabe ni puede imaginar adónde llegará. No hay una perfección prefigurada en nuestras mentes que podamos establecer como estándar para juzgar los logros actuales. Lo que mantiene unida a la ciencia y le da impulso y dirección no es un propósito conocido que deba alcanzarse, sino el conocimiento que los científicos tienen sobre cómo llevar a cabo una investigación científica. Sus búsquedas y propósitos particulares no se superponen a ese conocimiento, sino que emergen dentro de él. O bien, un cocinero no es alguien que primero tiene la visión de un pastel y luego intenta hacerlo; es alguien con habilidad en la cocina, y tanto sus proyectos como sus logros surgen de esa habilidad. O, para tomar un tercer ejemplo, un hombre puede pensar que tiene una «misión» en la vida, y puede creer que su actividad está gobernada por esa «misión». Pero, en realidad, es al revés; su actividad misionera consiste en saber cómo comportarse de cierta manera y en intentar comportarse así; y lo que llama su «misión» es solo una expresión abreviada de ese conocimiento y esfuerzo.

Por esta razón, el discurso actual sobre la «misión» y la «función» de una universidad me resulta difícil de entender; creo que puedo captar lo que se pretende, pero me parece una forma desafortunada de hablar. Se asume que existe algo llamado «una universidad», un artificio de algún tipo, algo que se podría replicar mañana si se tuviera suficiente dinero, y sobre lo cual tiene sentido preguntar: ¿para qué sirve? Y una de las críticas a las universidades contemporáneas es que no son tan claras como deberían sobre su «función». No me sorprende en absoluto. Hay muchas cosas que podrían criticarse legítimamente en nuestras universidades, pero discutir con ellas porque no son claras sobre su «función» es cometer un error sobre su naturaleza. Una universidad no es una máquina para lograr un propósito particular o producir un resultado específico; es una forma de actividad humana. Y sería necesario que una universidad se anunciara como persiguiendo un propósito particular solo si estuviera hablando con personas tan ignorantes que hubiera que hablarles en lenguaje infantil, o si tuviera tan poca confianza en su capacidad para acoger a quienes se acercan a ella que tuviera que llamar la atención sobre sus encantos incidentales. Sin embargo, mi impresión es que nuestras universidades aún no han caído tan bajo como para que esto sea necesario. Puede que no sepan para qué están, puede que tengan una idea muy vaga de su «función», pero creo que sí saben algo mucho más importante: cómo llevar a cabo el negotium de ser una universidad. Este conocimiento no es un don de la naturaleza; es conocimiento de una tradición, debe adquirirse, siempre está mezclado con error e ignorancia, e incluso puede perderse. Pero solo explorando este tipo de conocimiento (que creo que no se ha perdido) podemos esperar descubrir lo que podría llamarse la «idea» de una universidad.

Una universidad es un grupo de personas dedicadas a cierto tipo de actividad: la Edad Media la llamaba Studium; nosotros podemos llamarla «la búsqueda del conocimiento». Esta actividad es una de las propiedades, de hecho una de las virtudes, de una forma de vida civilizada; el erudito tiene su lugar junto al poeta, el sacerdote, el soldado, el político y el hombre de negocios en cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, las universidades no tienen el monopolio de esta actividad. El erudito solitario en su estudio, una academia famosa por una rama particular del saber, una escuela para niños pequeños, todos participan en esta actividad y todos son admirables, pero no son universidades. Lo que distingue a una universidad es una manera especial de participar en la búsqueda del conocimiento. Es un cuerpo corporativo de eruditos, cada uno dedicado a una rama particular del saber: lo característico es la búsqueda del conocimiento como empresa cooperativa. Los miembros de esta corporación no están dispersos por el mundo, reuniéndose ocasionalmente o no reuniéndose en absoluto; viven en proximidad permanente unos de otros. Y, por consiguiente, descuidaríamos parte del carácter de una universidad si omitiéramos pensar en ella como un lugar.

Una universidad, además, es un hogar del saber, un lugar donde se preserva y se extiende una tradición de conocimiento, y donde se ha reunido el aparato necesario para la búsqueda del saber.

De los eruditos que componen una universidad, algunos pueden dedicarse al conocimiento con ocio ininterrumpido, sus colegas beneficiándose de su saber mediante la conversación y el mundo, quizás, a través de sus escritos. Un lugar de conocimiento sin este tipo de erudito difícilmente podría llamarse universidad. Otros, sin embargo, se dedicarán tanto a enseñar como a aprender. Pero aquí también, es la manera especial de la empresa pedagógica lo que distingue a una universidad. Quienes acuden a ser enseñados en una universidad deben aportar pruebas de que no son meros principiantes; y no solo se les muestra el saber de sus maestros, sino que se les ofrece un currículo de estudio, seguido de una prueba y la concesión de un título. Tres clases de personas, entonces, componen una universidad tal como la conocemos: el erudito, el erudito que también es maestro, y quienes vienen a ser enseñados, los estudiantes de grado. Y la presencia de estas tres clases, y las relaciones que prevalecen entre ellas, determinan el lugar distintivo de una universidad en la empresa más amplia que llamamos búsqueda del conocimiento.

hay una diferencia entre la búsqueda del conocimiento y la adquisición de información. Es una diferencia sutil, pues un hombre mal informado difícilmente puede llamarse erudito. Pero un erudito es algo más que un recolector de bagatelas sin considerar: sabe algo sobre lo que busca, y puede distinguir entre lo que sabe y lo que no sabe. El desprecio del mundo por el «pobre pedante» a menudo está equivocado; juzga la actividad del erudito por su utilidad, y la encuentra pedante cuando parece inútil. Pero este es un criterio falso; lo que es reprobable no es la búsqueda de conocimiento sin utilidad inmediata, ni esa atención al detalle que es inevitable en la erudición, sino ese tanteo ciego entre fragmentos de saber conocidos solo como fragmentos, en lo que a veces degenera la erudición...

No hay, en efecto, una forma simple de determinar qué compone el mundo del saber... No representan un propósito premeditado, sino una tradición que cambia lentamente. Con el paso de los años, nuevos estudios surgen en el horizonte y los antiguos se rejuvenecen al entrar en contacto con los nuevos.... la búsqueda del conocimiento puede parecer una empresa fragmentaria; y aunque sospechemos que esto es lo que parece solo desde fuera, no parecerá descabellado preguntarse si no se necesita alguna fuerza integradora superior que dé coherencia y proporción al conjunto.... los que sienten más intensamente esta necesidad se encuentran rellenando los intersticios entre las ciencias con una pasta pegajosa llamada «cultura», creyendo que están satisfaciendo una necesidad desesperada.

El mundo del saber no necesita un cemento externo que lo mantenga unido... La búsqueda del conocimiento no es una carrera en la que los competidores pugnan por el mejor puesto, ni siquiera es una discusión o un simposio; es una conversación...Una conversación no necesita moderador, no tiene curso predeterminado, no preguntamos para qué sirve, y no juzgamos su excelencia por su conclusión; no tiene conclusión, sino que siempre se pospone para otro día. Su integración no se superpone, sino que surge de la calidad de las voces que hablan, y su valor reside en los restos que deja en las mentes de quienes participan.

El erudito, entonces, es alguien que sabe cómo participar en la actividad del conocimiento; su voz natural no es la del predicador ni la del instructor. Sin embargo, no sorprende que entre los eruditos se encuentren maestros, y que la universidad sea un lugar donde uno pueda ir con la expectativa de aprender algo. No todo erudito tendrá la simpatía que hace a un gran maestro, pero todo erudito genuino inevitablemente transmite a quienes son capaces de reconocerlo algo de su conocimiento sobre cómo buscar el saber. Su poder de enseñar surge de la fuerza e inspiración de su conocimiento, de su inmersión en la búsqueda del saber, que puede sentirse incluso por quienes están poco tocados por las ambiciones de un erudito. Y aun aquellos cuya erudición y simpatía están listas, aquellos que son eminentemente capaces de transmitir lo que saben, deben esperarse que sean algo distintos de instructores diligentes. Pueden conocerse las reglas, pero no se preocuparán mucho por enseñar conclusiones. Uno puede ir a ciertos tipos de escuelas de arte y aprender diez formas de dibujar un gato o una docena de trucos para pintar un ojo, pero el erudito como maestro enseñará no cómo dibujar o pintar, sino cómo ver. Puede ser fácilmente articulado, o puede encontrar difícil desprenderse de sus propias dudas y vacilaciones, pero, siendo erudito, no le corresponde hablar sin voz particular, y no tendrá nada que ver con la vulgarización del saber que lo considera meramente como medio para aprobar un examen o conseguir un certificado.

Pero además, una universidad tiene algo más que ofrecer ... exclusivo de la universidad ... Un hombre puede, en cualquier momento de su vida, comenzar a explorar una nueva rama del saber o embarcarse en una nueva actividad... sin tener que reorganizar sus escasos recursos de tiempo y energía...Aquí hay una oportunidad para dejar de lado las ardientes lealtades de la juventud sin la necesidad de adquirir de inmediato nuevas lealtades que las sustituyan. Aquí hay una pausa en el curso tiránico de los acontecimientos irreparables; un período en el que mirar al mundo y a uno mismo sin sentir que hay un enemigo a la espalda ni la presión insistente de tener que decidirse; un momento en el que saborear el misterio sin la necesidad de buscar de inmediato una solución. Y todo esto, no en un vacío intelectual, sino rodeado por todo el saber heredado, la literatura y la experiencia de nuestra civilización; no en soledad, sino en compañía de espíritus afines; no como única ocupación, sino combinado con la disciplina de estudiar una rama reconocida del saber; y ni como primer paso en la educación (para quienes son completamente ignorantes de cómo comportarse o pensar) ni como educación final para preparar a alguien para el día del juicio, sino como un punto intermedio...

Sería difícil determinar el origen de esta oportunidad extraordinaria. Quizás surgió (como Lucrecio imagina que surgieron los miembros humanos) del hecho de que había personas que, en grados diversos, podían hacer uso de ella. En todo caso, creo que es lo único que toda universidad en Europa, en alguna medida, proporciona a sus estudiantes de grado. El disfrute de esta oportunidad depende de cierta preparación previa (nadie ignorante de lo que debería haber aprendido en la infancia podría esperar aprovecharla), pero no depende de ningún privilegio preexistente definible ni de la ausencia de la necesidad de ganarse la vida al final: es en sí misma el privilegio de ser un «estudiante», el disfrute de la schole —el ocio.... Casi de la noche a la mañana, un mundo de hechos ingratos se había derretido en posibilidades infinitas; nosotros, que no pertenecíamos a ninguna «clase ociosa», habíamos sido liberados por un momento de la maldición de Adán, de la onerosa distinción entre trabajo y juego. Lo que se abría ante nosotros no era un camino, sino un mar sin límites; bastaba con desplegar las velas al viento. La urgencia distraída de un destino inmediato estaba ausente, el deber ya no oprimía, el aburrimiento y la decepción eran palabras sin sentido; la muerte era impensable. Pero pertenece al carácter de un intermedio el llegar a su fin; hay un tiempo para todo y nada debe prolongarse más allá de su tiempo. El eterno estudiante de grado es un alma perdida.

¿Y cuál es la cosecha? Nadie podría salir de una universidad así sin quedar marcado. Intelectualmente, puede suponerse que ha adquirido cierto conocimiento y, más importante aún, una disciplina mental, una comprensión de las consecuencias, un mayor dominio de sus propias facultades. Sabrá, quizás, que no basta con tener un «punto de vista», que lo que necesitamos son pensamientos. No saldrá con un arsenal de argumentos para demostrar la verdad de lo que cree; pero habrá adquirido algo que lo pone fuera del alcance del gamberro intelectual, y sea cual sea el tema de su estudio, puede esperarse que sea capaz de buscar algún sentido en las cosas que han conmovido profundamente a la humanidad. Quizás incluso haya encontrado un centro para sus afectos intelectuales. En resumen, este período en la universidad puede que no lo haya equipado muy eficazmente para ganarse la vida, pero habrá aprendido algo que le ayudará a llevar una vida más significativa. Y moralmente: no habrá adquirido un conjunto de ideas morales, un nuevo traje moral de confección, pero habrá tenido la oportunidad de ampliar el alcance de su sensibilidad moral, y habrá tenido el ocio para reemplazar los absolutos clamorosos y conflictivos de la adolescencia por algo menos corruptible.

La búsqueda del conocimiento, como toda gran actividad, es inevitablemente conservadora. Una universidad no es como un bote que puede moverse de un lado a otro para captar cada soplo de viento pasajero. Los críticos a los que debería escuchar son aquellos interesados en la búsqueda del saber, no aquellos que encuentran imperfecta a la universidad porque no es otra cosa distinta de lo que es... Una universidad debe cuidarse (de)... que, en lugar de estudiar y enseñar las lenguas y literaturas del mundo, se (convierta)... en una escuela para formar intérpretes; que en lugar de dedicarse a la ciencia, está formando ingenieros eléctricos o químicos industriales; que en lugar de estudiar historia, está enseñando historia con algún propósito ulterior; que en lugar de educar a hombres y mujeres, los está entrenando exactamente para ocupar algún nicho en la sociedad...

Su primer cometido es la búsqueda del conocimiento —no hay sustituto que, en una universidad, compense la ausencia de esto— y, en segundo lugar, su preocupación es con el tipo de educación que se ha encontrado que surge en el curso de esta actividad. Una universidad habrá dejado de existir cuando su saber haya degenerado en lo que ahora se llama investigación, cuando su enseñanza se haya convertido en mera instrucción y ocupe todo el tiempo del estudiante de grado, y cuando quienes vienen a ser enseñados lo hagan no en busca de su fortuna intelectual, sino con una vitalidad tan no despertada o tan agotada que solo desean que se les proporcione un equipo moral e intelectual utilizable; cuando lleguen sin comprensión de las maneras de la conversación y solo deseen una cualificación para ganarse la vida o un certificado que les permita participar en la explotación del mundo.

Oakeshott, Michael. “The Idea of a University.” The Voice of Liberal Learning: Michael Oakeshott on Education, edited by Timothy Fuller, Yale University Press, 1989, pp. 23–30. Originalmente publicado en The Listener, 1950.

Michoud y las relaciones entre los miembros de una corporación y ésta.

2026-08-21T18:27:42.275+02:00

El gran civilista francés Leon Michoud distinguía tres tipos de relaciones entre los miembros y la corporación.

Las que tienen como terceros, es decir, cuando el miembro se relaciona con la corporación como podría relacionarse un tercero no miembro porque la corporación está personificada. Sería el caso del accionista que vende un inmueble de su propiedad a la sociedad anónima;
las relaciones “que resultan exclusivamente de la pertenencia a la agrupación y que se rigen, completamente, por la ley interior. Son relaciones jurídicas ligadas a la cualidad de miembro de la persona moral y desaparecen con esta". Aquí se incluyen también las relaciones que se refieren a la adquisición y la pérdida” de la condición de miembro: “En principio, estas relaciones se regulan por la propia persona moral en virtud de su autonomía”…. “la colectividad aparece – en estas relaciones – como superior a sus miembros…”.
El tercer grupo de relaciones son las que se refieren a los derechos individuales de los miembros frente a la corporación (“droits réservés”). Aquí, Michoud se detiene en el accionista porque en la sociedad anónima “el derecho del accionista a los beneficios sociales y a participar en los asuntos sociales está protegido enérgicamente… porque la calidad de miembro del grupo etá estrechamente ligada a un derecho sobre el patrimonio del grupo, un derecho individual representado por la acción, que forma parte del patrimonio de cada uno de los miembros y sobre el que la sociedad anónima no puede decidir” p 13 “la condición de miembro es, sin embargo, un derecho social, resultado de la propia existencia del grupo y regulado, en gran medida, por su normativa interna, que puede, por ejemplo, smedidorla transmisión de las acciones a determinadas condiciones (derecho de adquisición preferente de la sociedad, o incluso la aprobación por esta del adquirente), pero que no puede adoptar ninguna medida que tenga como resultado privar individualmente al accionista sin compensación económica. Este derecho implica el de disfrutar de las ventajas vinculadas a la propiedad de la acción, esto es, participar en el capital social y en sus frutos. De aquí derivan todos los demás derechos propios del accionista” pág. 14.

La conclusión es que la corporación - la mayoría - no puede 'tocar' los derechos patrimoniales del miembro en el caso de la sociedad anónima. Pero puede afectar a su posición como miembro de la corporación.

A continuación, compara la posición de un accionista con la de un miembro de una asociación. Recuérdese que en Francia la primera Ley de Asociaciones es de 1901. Y dice Michoud que, en la asociación

"las disposiciones legales destinadas a proteger los derechos del asociado son mucho menos numerosas, y la mayoría de las legislaciones remiten casi por completo a los estatutos para la regulación del derecho a la condición de miembro, del derecho a participar en el gobierno de la asociación o en las ventajas sociales. En lugar de las disposiciones detalladas que protegen el derecho del accionista, encontramos aquí, en nuestra legislación, únicamente la norma que reserva al asociado el derecho de separarse en cualquier momento de la asociación”

Naturalmente, si los derechos son estatutarios – dice Michoud- también pueden “ser modificados, en general, por vía de modificaciones estatutarias”.Págs. 16-17.

Como derechos “individuales” de los asociados, cita la igualdad de trato, el derecho a no ser expulsado si no es por causa prevista en los estatutos y el derecho a “exigir que la asociación desarrolle su actividad de acuerdo con su objeto social”….

Y concluye,

“Los derechos de los miembros sobre el patrimonio de la persona jurídica pueden adoptar formas muy diversas. Cuando existe una verdadera personalidad jurídica, no constituyen nunca una copropiedad, pues es el ente jurídico, y no sus miembros, el titular del derecho de propiedad. Sin embargo, no son asimilables a simples derechos sobre cosa ajena, como los derechos de uso o de usufructo, ni a derechos de crédito ordinarios, porque no se trata de derechos de una persona frente a otra persona completamente distinta de ella, sino de derechos de una persona frente a una persona colectiva de la que es miembro” p 33;

“En las asociaciones que persiguen un interés distinto del de sus miembros (asociaciones con fines ideales), los asociados solo disfrutan de los bienes en la medida en que ello sea necesario para colaborar en la actividad de interés general que la asociación persigue, salvo que existan derechos individuales en virtud de los estatutos o de otros actos jurídicos especiales en beneficio de determinados miembros. En estas asociaciones, el derecho de reparto en caso de disolución solo subsiste en una medida muy limitada”, p 38.

Léon Michoud, La théorie de la personnalité morale et son application au droit francais, segunda parte, tercera edición de Louis Trotabas, París LGDJ, 1932, págs. 8 y ss.

Citas: pantallas, libre albedrío, conciencia, papers, Olga Soffer, Substack

2026-08-21T17:54:54.667+02:00

Las pantallas se asocian a un mayor desarrollo cognitivo de los niños, al menos, de los finlandeses y por qué a los varones hay que apuntarlos a fútbol

El estudio “Associations of Physical Activity and Sedentary Time From Childhood to Adolescence With Cognition in Adolescence: The PANIC Study”, analiza la relación entre la exposición acumulada desde la infancia a la actividad física, el sedentarismo y el uso de pantallas, y el rendimiento cognitivo al final de la adolescencia. Participaron 260 jóvenes finlandeses, 124 chicas y 136 chicos, con una edad media final de 15,8 años, procedentes del estudio longitudinal PANIC.

El resultado principal es una asociación positiva entre mayor uso acumulado de pantallas y mejor procesamiento cognitivo en la adolescencia. El estudio no demuestra que las pantallas mejoren las capacidades cognitivas, sino que quienes declararon más tiempo de pantalla durante el seguimiento obtuvieron, en promedio, mejores resultados en las pruebas cognitivas finales. Petri Jalanko, primer autor del trabajo, interpreta que puede importar más el contenido de la actividad digital que su duración y menciona actividades que exigen aprendizaje, resolución de problemas, creatividad o pensamiento activo. Pero esta explicación no se desprende directamente de los datos: el estudio agrupó bajo “tiempo de pantalla” actividades heterogéneas, como televisión, vídeos, ordenador, videojuegos y teléfono móvil, y no identificó con precisión cuál de ellas explicaba la asociación.

Los resultados sobre actividad física fueron menos coherentes. En las chicas, una mayor cantidad acumulada de actividad física ligera se asoció con mejor memoria de trabajo; en los chicos, la asociación positiva apareció con la actividad física guiada u organizada. Al mismo tiempo, una menor cantidad declarada de actividad física no supervisada se relacionó con mejor procesamiento cognitivo, resultado contrario al esperado. Además, ni la actividad física ni el sedentarismo medidos objetivamente mediante el dispositivo de frecuencia cardíaca y movimiento mostraron una asociación con el rendimiento cognitivo. Los autores señalan que el dispositivo mide movimiento e intensidad fisiológica, pero no permite saber qué actividad concreta realiza el adolescente, mientras que los cuestionarios aportan contexto, aunque a costa de errores de recuerdo y clasificación. La conclusión más sólida es que el tiempo de pantalla no parece ser un indicador fiable de perjuicio cognitivo.

¿Cuál es el sentido de la vida? (David Pinsof responde a todas las preguntas importantes)

La experiencia emocional del sentido de la vida — estar casado con otra persona, tener una carrera profesional que te realiza, - cosas así... es la forma en que el cerebro te informa sobre una meta valiosa a largo plazo...

Desde una perspectiva evolutiva, tales objetivos valiosos a largo plazo incluyen criar a la descendencia hasta la madurez, convertirse en un miembro importante de una comunidad, ascender en la jerarquía social y superar a grupos rivales en la lucha por el poder y los recursos (generalmente bajo un pretexto moralizante).

Estos objetivos brindan sentido a nuestra conducta, lo que explica por qué las personas encuentran sentido para sus vidas en la familia, el altruismo, los ascensos y el odio hacia los grupos ajenos. La función del sentido es aceptar costos de aptitud (fitness) a corto plazo en la búsqueda de beneficios de aptitud a largo plazo. Cuanto más sentido parezca tener un objetivo, mayores deberían ser los sacrificios a corto plazo que deberíamos estar dispuestos a hacer para lograrlo...

Esto sugiere que tener metas valiosas a largo plazo es beneficioso desde un punto de vista evolutivo. Si no tienes hijos a quienes cuidar, ni un camino hacedero hacia un estatus social y profesional elevado, ni forma de aportar valor a tu comunidad, ni una tribu gloriosa a la que unirte contra un grupo externo traicionero, entonces estás en mala posición. Vas a la deriva, sin rumbo. Quizás esto se corresponda con sentimientos de «depresión» o «cansancio».

La moralidad, en última instancia, gira en torno a nuestras emociones: culpa, vergüenza, gratitud, ira, odio, compasión, etc. Las emociones son el motor principal del pensamiento y la acción moral, lo que las convierte en un objetivo ideal para el escrutinio ético.

... deberíamos fomentar las emociones que parecen beneficiosas para la sociedad, mientras condenamos y reprimimos las que parecen perjudiciales. Llamemos a esta perspectiva «utilitarismo emocional». Lo bueno del utilitarismo emocional es que ya forma parte de nuestra cultura. Ya lo hacemos cada vez que reprimimos nuestra irritación para llevarnos bien con algún imbécil (es decir, por cortesía) o cuando reprimimos nuestro miedo al oprobio social para decir la verdad (es decir, por valentía). Conocemos íntimamente nuestras emociones, tenemos un vocabulario rico para describirlas y, lo más importante, todos sentimos las mismas.

Las culturas han practicado el utilitarismo emocional durante milenios. Nuestros antepasados se quejaban constantemente de que la envidia es mala, la lujuria es mala, la codicia es mala, etc. Y todavía lo practicamos hoy en día, solo que ahora hablamos de que la lujuria de los hombres adultos hacia mujeres más jóvenes basada en sus características sexuales secundarias es mala, pero la lujuria de los hombres adultos hacia mujeres mayores basada en su aura general está bien, y de que odiar a ciertos grupos étnicos es malo, pero odiar a ciertos grupos políticos que parecen odiar a ciertos grupos étnicos está bien.

El libre albedrío no es un fantasma ni un poder mágico que desafíe las leyes de la física. Es simplemente la capacidad de responder a incentivos, como amenazas, multas, castigos, premios, etc. Responsabilizar a las personas por sus acciones tiene sentido porque crea un incentivo. Como resultado de este incentivo, ciertas personas, concretamente las que tienen libre albedrío, responderán a él. Quienes no pueden responder, por ejemplo, porque tienen un tumor cerebral, carecen de libre albedrío. Por lo tanto, tiene sentido castigar al primer tipo de personas, pero no al segundo. Y para recordarles, el verdadero libre albedrío es nuestra capacidad de responder a los costes que otros amenazan con infligirnos, o a los beneficios que prometen brindarnos, simulando mentalmente dichos costes y beneficios antes de actuar. La simulación de los costes y beneficios esperados, y el impacto de esas simulaciones en nuestro comportamiento, es lo que llamamos "tomar una decisión"...

Nuestro cerebro evolucionó para engañarnos y hacernos creer que (el libre albedrío) se trata de un fantasma etéreo, cuando en realidad solo son estructuras cerebrales. Estoy escribiendo un artículo académico sobre este tema titulado «Por qué todas las teorías de la conciencia son insatisfactorias». Aquí les dejo el resumen por si les interesa:

Los investigadores llevan mucho tiempo preocupados por el problema complejo de la conciencia: cómo los mecanismos neuronales dan lugar a la experiencia sentida. Sin embargo, solo recientemente han abordado el metaproblema de por qué parece existir un problema complejo (Chalmers, 2018). En este trabajo, propongo una solución al metaproblema que descarta cualquier solución satisfactoria al problema complejo. Partiendo de Jacks (2014), sostengo que nuestro concepto de conciencia está neuronalmente ligado a la red neuronal por defecto (RND), implicada en la empatía con seres queridos, el recuerdo de eventos episódicos y la simulación de posibles experiencias. La RND tiene conexiones inhibitorias recíprocas con la red neuronal de tareas (RNT), implicada en la manipulación de herramientas, objetos, modelos causales y agentes deshumanizados.

Dado que habría sido inadaptativo para los humanos ancestrales empatizar con sus presas, explotar su yo futuro, sentir el dolor de sus herramientas o tratar a sus hijos como objetos, la selección natural favoreció una relación antagónica entre estas dos redes cerebrales.

Desafortunadamente, nuestro concepto de mecanismos neuronales activa la red neuronal por defecto (TPN), mientras que nuestro concepto de conciencia activa la red neuronal por defecto (DMN).

Así, al reflexionar sobre el problema difícil, los pensamientos sobre el explanans (mecanismos neuronales) suprimen los pensamientos sobre el explanandum (experiencia consciente) y viceversa, creando la ilusión de un problema difícil de la conciencia. Utilizo mi solución al metaproblema para esclarecer diversos experimentos mentales en la filosofía de la mente, desde los zombis filosóficos hasta Mary, la científica del color. Presento un argumento que refuta las intuiciones del problema difícil, mostrando cómo cabría esperar tenerlas en ausencia de dicho problema. Concluyo presentando una teoría integradora de la conciencia que nadie encontrará satisfactoria.

Sobre la Muerte: No, y en general no la tememos, aunque sí tememos morir por cosas específicas como enfermedades o cimitarras voladoras. Nos cuesta aceptar nuestra propia mortalidad por falta de imaginación. No podemos imaginar la no existencia, así que cuando lo intentamos, imaginamos una especie de parálisis ciega y sorda —que da miedo— y luego confundimos esa parálisis imaginaria con la no existencia. Esto crea la ilusión de que la muerte da miedo, aunque literalmente no sea nada.

Pocas cosas en la vida se acercan a ser el "propósito de la existencia humana", pero si hay algo que lo logra, es tener hijos.... crear un nuevo ser humano y evitar que ese ser humano muera. Hacer eso es, básicamente, la razón de nuestra existencia, y créeme: como padre, realmente siento que es la razón de mi existencia.

Esta historia es fantástica

La antropóloga Olga Soffer (1942-2026) pasó gran parte de su carrera planteando una pregunta engañosamente simple: ¿Y si los arqueólogos hubieran pasado por alto algunas de las tecnologías más importantes de la Edad del Hielo porque no sobrevivieron en el suelo?

Olga Soffer, que falleció a los 83 años, introdujo una idea revolucionaria en la conversación sobre los pueblos prehistóricos de la era glacial: las mujeres importaban. Inspirada por su trabajo en excavaciones arqueológicas en la antigua URSS y por restos de una excavación en Moravia, en la década de 1990 presentó un caso a favor de las mujeres como fabricantes de textiles, cestas y redes, cruciales para la supervivencia en condiciones norteñas desoladas hace 30.000 años. Desafió una imagen familiar de la vida prehistórica dominada por hombres cazando grandes animales con armas de piedra. Su investigación atrajo la atención en cambio hacia tecnologías a menudo asociadas con las mujeres: tejido, cestería, cordelería, fabricación de redes y producción textil.

Trabajando con colegas en material arqueológico de Europa del Este, Soffer examinó impresiones preservadas en arcilla cocida y otras evidencias que sugerían que tecnologías sofisticadas de fibras existían ya hace aproximadamente 30.000 años. Su logro fue aún más notable por su trayectoria profesional. Para entonces, profesora de antropología en la Universidad de Illinois, había obtenido sus tres títulos a lo largo de tres décadas, en parte mientras trabajaba también como compradora de cosméticos y promotora de moda para una tienda departamental de Nueva York.
... Las implicaciones iban mucho más allá de la ropa.
Una red podía capturar peces, aves o pequeños animales. Las cestas hacían más eficiente la recolección, el transporte y el almacenamiento de alimentos. La cordelería podía usarse para trampas, refugios y innumerables tareas cotidianas. Los textiles ofrecían protección en entornos brutalmente fríos. Pero había un problema con cómo se había reconstruido tradicionalmente la prehistoria. La piedra sobrevive. Las fibras vegetales suelen no hacerlo.
Una punta de lanza puede permanecer en la tierra durante decenas de miles de años, mientras que una bolsa tejida, una red de pesca o un trozo de cuerda desaparecen. Los arqueólogos, por tanto, heredaron un registro que naturalmente hacía que algunos tipos de trabajo fueran mucho más visibles que otros.
En tales lugares, la gente construía casas parecidas a tiendas con huesos de mamut. En Mezhyrich, a 160 kilómetros al sur de Kyiv, los arqueólogos varones atribuyeron los restos a cazadores heroicos varones. Para Soffer había demasiados mamuts: una casa se ensambló con 95 mandíbulas. Argumentó en cambio que los huesos se habían recogido de sitios de muerte natural, mientras señalaba que los arqueólogos habían pasado por alto restos de animales más pequeños. “Tal vez mataban un mamut cada 10 años”, comentó, “y nunca dejaban de hablar de ello”.
Ya dudando de la existencia de comunidades de la era glacial dominadas por varones, en 1990 notó marcas en unos pocos fragmentos diminutos de arcilla excavados décadas antes en Pavlov. Se los mostró a James Adovasio, un arqueólogo en el Mercyhurst College, Pensilvania, que había excavado con ella en Mezhyrich y que sabía sobre cestería y textiles. Él reconoció impresiones de hilos tejidos. Identificaron después 79 marcas similares entre miles de trozos de arcilla, de Dolní Věstonice y Pavlov, con implicaciones explosivas.

Substack ha fracasado

Lorenz tiene unos 200.000 seguidores, una cifra mucho mayor que la de probablemente el 99% de los demás escritores en Substack, y más fama en internet que la de probablemente el 99,9% de nosotros. Y, sin embargo, según el indicador más básico de éxito en Substack, está fracasando.

Substack creó una alternativa al modelo de la prensa trasladando la financiación del periodismo desde los anunciantes directamente a los consumidores. Ahora, en lugar de subvencionar indirectamente la carrera de los periodistas comprando productos de las empresas que los promocionaban mediante anuncios en prensa y publicidad televisiva, los lectores pueden pagarles directamente a través del mercado digital de periodismo que constituye Substack. El problema de este modelo es evidente: nunca se acercará a generar ingresos en una escala comparable a la que la publicidad masiva proporcionaba a las grandes empresas de comunicación. Desde la perspectiva de los anunciantes, desde luego, eso es positivo: sus beneficios ya no son detraídos por una industria con la que no tienen ninguna relación. Pero desde la perspectiva de los consumidores de noticias, es una mala noticia. Significa menos periodismo y un periodismo de calidad mucho menor.

Jesús Fernández-Villaverde recomienda artículos de Economía para leer

Philippe Aghion y Peter Howitt (1992), “Un modelo de crecimiento a través de la destrucción creativa”, Econometrica.
George A. Akerlof (1970), “El mercado de los 'limones': incertidumbre sobre la calidad y el mecanismo de mercado”, Quarterly Journal of Economics.
Armen A. Alchian (1950), “Incertidumbre, evolución y teoría económica”, Revista de Economía Política.
William J. Baumol (1967), “Macroeconomía del crecimiento desequilibrado: la anatomía de la crisis urbana”, American Economic Review.
Gary S. Becker (1973), “Una teoría del matrimonio: Parte I”, Revista de Economía Política.
Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig (1983), “Pánico bancario, seguro de depósitos y liquidez”, Revista de Economía Política.
Xavier Gabaix (1999), “La ley de Zipf para las ciudades: una explicación”, Quarterly Journal of Economics.
Xavier Gabaix y Augustin Landier (2008), “¿Por qué ha aumentado tanto la remuneración de los directores ejecutivos?”, Quarterly Journal of Economics.
Luis Garicano (2000), “Jerarquías y la organización del conocimiento en la producción”, Revista de Economía Política.
Edward L. Glaeser, Bruce Sacerdote y José A. Scheinkman (1996), “Crime and Social Interactions”, Quarterly Journal of Economics.
Sanford J. Grossman y Joseph E. Stiglitz (1980), “Sobre la imposibilidad de los mercados informacionalmente eficientes”, American Economic Review.
Oliver Hart y John Moore (1990), “Los derechos de propiedad y la naturaleza de la empresa”, Journal of Political Economy.
Friedrich A. Hayek (1945), “El uso del conocimiento en la sociedad”, American Economic Review.
Bengt Holmström (1979), “Riesgo moral y observabilidad”, Bell Journal of Economics.
Charles I. Jones (1995), “Modelos de crecimiento económico basados en I+D”, Revista de Economía Política.
Charles I. Jones (2005), “La forma de las funciones de producción y la dirección del cambio técnico”, Quarterly Journal of Economics.
Michael Kremer (1993), “Crecimiento demográfico y cambio tecnológico: desde un millón de años antes de Cristo hasta 1990”, Quarterly Journal of Economics.
Michael Kremer (1993), “La teoría del anillo O del desarrollo económico”, Quarterly Journal of Economics.
Paul Krugman (1991), “Rendimientos crecientes y geografía económica”, Revista de Economía Política.
Robert E. Lucas, Jr. (1978), “Sobre la distribución del tamaño de las empresas comerciales”, Bell Journal of Economics.
Kevin M. Murphy, Andrei Shleifer y Robert W. Vishny (1989), “La industrialización y el gran impulso”, Journal of Political Economy.
Paul M. Romer (1990), “Cambio tecnológico endógeno”, Revista de Economía Política.
Sherwin Rosen (1981), “La economía de las superestrellas”, American Economic Review.
Alvin E. Roth (2007), “La repugnancia como restricción para los mercados”, Journal of Economic Perspectives.
Thomas C. Schelling (1971), “Modelos dinámicos de segregación”, Journal of Mathematical Sociology.
Andrei Shleifer y Robert W. Vishny (1993), “Corrupción”, Revista Trimestral de Economía.
Michael Spence (1973), “Señalización del mercado laboral”, Revista trimestral de economía.
Robert M. Townsend (1979), “Contratos óptimos y mercados competitivos con verificación de estado costosa”, Journal of Economic Theory.
Martin L. Weitzman (1974), “Precios vs. Cantidades”, Revista de Estudios Económicos

Janan Ganesh - Financial Times

Existe un desfase entre el cambio estructural en el mundo y sus frutos visibles. Hay un lapso de tiempo entre el poder económico arduamente conquistado y los bienes de prestigio que constituyen su máxima recompensa. Una ciudad debe ser rica durante siglos, no décadas, para acumular la enorme cantidad de bienes que la convierten en la mejor, o al menos en la más completa. Vivir en una, hace que la idea de la decadencia occidental parezca abstracta y lejana.

Breve

The New York Times: Muchos estudiantes no asisten a clase ni realizan las lecturas, pero siguen obteniendo altas calificaciones. la preocupación crece: ¿qué valor tienen ahora las notas? Harvard se enfrenta una inflación de notas sin precedentes: el 60 % de las calificaciones ya son A; Todos los precios son prec ios dinámicos, o deberían serlo; A Marina Pargendler no se le entiende nada. O lo que sería peor, se ha pasado al lado woke del Derecho de Sociedades. Las mujeres se casan hacia abajo... con hombres que ganan mucho; "More worrying is that his grand thesis of institutions may not reveal very much"

Si queremos más niños, hay que ayudar a los amigos que los tienen

La cultura de pares es un factor clave asociado con la fertilidad. Tener amigos que brinden mucho apoyo, en comparación con aquellos que no lo brindan, puede aumentar el tamaño de la familia deseada por los jóvenes estadounidenses en casi un hijo por familia y puede incrementar la intención de las parejas de tener otro hijo en aproximadamente 10 puntos porcentuales (un aumento de alrededor de un tercio).

Alice Evans

En la década de 1880, tanto la India como Inglaterra eran sociedades patriarcales, jerárquicas y religiosas. Sin embargo, una de ellas alcanzó una mayor igualdad de género. ¿Pueden sus observaciones de primera mano ofrecer pistas? ¡Sí! Si bien la Inglaterra victoriana era extremadamente patriarcal, estos relatos revelan que las mujeres ya gozaban de libertades que podían ampliarse y modificarse: se movían con independencia por los espacios públicos, elegían a sus propios maridos e incluso podían escapar de matrimonios terribles.

David Deutsch

La valoración moral del plagio es diferente en ámbitos donde no existe el progreso ¿Si están prohibidos los avances, las innovaciones, no es posible apoderarse del mérito de otro. Robar monedas o billetes falsos es un delito, pero no es moralmente equivalente a robar un banco.

Haldane Financial Times: el test de la promoción del crecimiento económico o por qué tenemos al gobierno más tonto de Occidente y por qué Von der Leyen no tiene capacidad intelectual para dirigir Europa y debe renunciar

Abordaría la aversión al riesgo del sector privado en su origen, reduciendo el ahorro precautorio e impulsando el gasto. Requeriría un compromiso concomitante para cubrir cualquier déficit fiscal futuro mediante recortes al gasto público en lugar de impuestos y deuda adicionales. Esto abordaría el talón de Aquiles de las finanzas públicas del Reino Unido, reduciendo el riesgo de una futura trombosis fiscal. Si bien sería políticamente complicado, el dividendo de crecimiento de tal estrategia sería grande y duradero: resolvería la paradoja del ahorro para movilizar los balances privados e impulsar el gasto, al tiempo que reduciría materialmente la precariedad y las primas de riesgo en los mercados de préstamos públicos y privados. Marcar dos goles espectaculares como este haría sentir orgulloso incluso a Messi. La "prueba de generación de crecimiento" para cada decisión fiscal: ¿la medida que quiero poner en vigor apoyará, en última instancia, el gasto, la asunción de riesgos y la contratación en el sector privado? Si se hubiera aplicado esa prueba a los presupuestos recientes, la mayoría de cuyas medidas eran demasiado pequeñas para ser macroeconómicamente significativas o directamente perjudiciales para la confianza del sector privado, se habrían reducido radicalmente y habría significado menos errores políticos. Menos habría sido más, al estilo Messi. Una medida que superaría con creces esa prueba, si se anunciara antes del próximo presupuesto, sería una moratoria sobre nuevos aumentos en la carga impositiva y regulatoria para consumidores y empresas durante el resto de esta legislatura. Esto equivaldría a un juramento hipocrático fiscal de «no perjudicar» la confianza del sector privado.

La conjura contra España (CLI): Universidades comunistas y guarderías capitalistas

2026-08-17T14:25:08.554+02:00

Un magnífico artículo del Wall Street Journal firmado por Kimberlee Josephson proponía una explicación sugestiva del desplazamiento de una parte de los universitarios estadounidenses hacia posiciones socialistas. La explicación habitual se centra en la desigualdad, la inseguridad económica o el endeudamiento. El artículo sugería fijarse en otra cosa: en la organización de la vida universitaria. Durante cuatro años al ingreso en la edad adulta, el estudiante de una gran universidad norteamericana vive en una institución donde una parte muy importante de los bienes y servicios que consume aparecen desligados de decisiones individuales de gasto. La comida, las instalaciones deportivas, las bibliotecas, el transporte interno, los servicios de apoyo, las actividades culturales, la asistencia sanitaria o psicológica y una gran cantidad de prestaciones adicionales se presentan como gratuitas.

Naturalmente, no lo son. Su coste está incorporado a las matrículas, a las donaciones, a las rentas patrimoniales de la universidad o a las subvenciones públicas. Pero eso no altera la experiencia del estudiante. Para él, buena parte de lo que consume aparece como un conjunto integrado de prestaciones financiadas colectivamente.

Es fácil comprender que alguien que ha vivido durante años en una institución organizada de ese modo considere plausible que otros ámbitos de la vida social puedan funcionar de forma semejante, es decir, que en nuestras sociedades, la provisión de bienes y servicios y la óptima satisfacción de las necesidades pueden organizarse centralizadamente como se intentó, durante setenta años, por el Partido Comunista de la Unión Soviética.

Pero el artículo da pistas para entender otro fenómeno: el extraordinario crecimiento de los costes universitarios. Cuando los usuarios no pagan separadamente por cada servicio que reciben, desaparece buena parte de la información que transmite el sistema de precios. Y cuando multitud de prestaciones se financian mediante un único pago, se multiplican las posibilidades de subvenciones cruzadas entre unos servicios y otros. El resultado es que los campus ofrecen cada vez más servicios, las plantillas administrativas crecen más deprisa que las académicas y las matrículas aumentan constantemente. La universidad deja de ser una institución dedicada principalmente a enseñar e investigar para convertirse en una organización que produce simultáneamente alojamiento, restauración, ocio, deporte, apoyo psicológico, atención sanitaria, actividades culturales y toda clase de servicios complementarios. O sea, el ámbito de lo que se gestiona por el 'partido' centralizadamente acaba por abarcar la totalidad de la experiencia del estudiante y el campus se convierte en un kibutz o en una congregación religiosa.

La matrícula universitaria debería cubrir fundamentalmente la enseñanza. Muchos de los demás servicios deberían pagarse separadamente. Y otros ni siquiera deberían ser prestados por la universidad

Esta mañana pensaba en todo esto observando en la playa a un grupo de niños de unos diez años que jugaban a la pelota bajo la supervisión de dos adultos de unos treinta años de edad. Mi impresión fue que aquellos adultos estaban remunerados. Hace cincuenta años habría sido bastante probable que fueran voluntarios de una parroquia, de los scouts o de alguna asociación juvenil. Hoy resulta más probable que sean trabajadores de una empresa o de una cooperativa especializada en ese tipo de actividades.

La paradoja es que parece que en las universidades americanas se han desplazado demasiadas actividades fuera del mercado mientras que los campamentos infantiles se han mercantilizado. Y sin embargo, la vigilancia y organización de actividades infantiles es una de esas tareas en las que los incentivos comunitarios pueden ser especialmente valiosos. Quien actúa como voluntario puede hacerlo porque disfruta trabajando con niños, porque comparte los fines de la organización, porque conoce a las familias o porque considera valiosa la actividad en sí misma. A menudo enseña habilidades al monitor que podrá aprovechar de adulto (dar clases particulares es una actividad que no debería mercantilizarse completamente sino reservarse a adolescentes inquietos).

La profesionalización modifica esos incentivos. Y no siempre para mejor. Toda actividad profesionalizada exige una remuneración suficiente para permitir a alguien vivir de ella. Pero la disposición de las familias a pagar por este tipo de servicios es limitada. Cuando los salarios resultantes son bajos, quienes disponen de mejores alternativas laborales suelen elegir otras ocupaciones. Por eso no es evidente que un monitor remunerado genere el servicio de 'mayor calidad' en comparación con un monitor voluntario (autoselección o selección adversa).

Este es un problema general de las sociedades ricas: qué actividades confiamos al mercado y cuáles a mecanismos sociales distintos del mercado. La regla por defecto es la superioridad del mercado para prestar servicios o proveer de bienes a la población. Pero los mercados de servicios son muy difíciles de formar y "sostener". En tiempos de Roma, la inexistencia de mercados de servicios hacía que éstos se obtuvieran a través de relaciones personales. Algunas adoptaban la forma de la amicitia; otras la del patronazgo (relaciones patrón-cliente); otras descansaban directamente sobre la esclavitud. Eran instituciones profundamente desiguales y en ningún caso cubrían las necesidades de toda la población. Nos recuerdan que el mercado no es la única forma de organizar la cooperación entre los individuos. Ni siquiera la más natural.

En cualquier caso, quizá los problemas se resuelvan solos (es otra gran ventaja de los mercados). La escasez de niños y los beneficios psicológicos que proporciona el trato con ellos pueden hacer que aumente la disposición a dedicar tiempo voluntariamente a actividades infantiles. No sería extraño que algunas tareas que hoy compramos volvieran a organizarse parcialmente mediante asociaciones, grupos vecinales o simples redes de ayuda mutua. Y es posible también que la decadencia de los campus universitarios de cinco estrellas haya comenzado ya. No sé quién decía que cuando contemplamos los grandes palacios del Renacimiento italiano solemos pensar que estamos viendo el culmen de una época de esplendor, cuando en muchos casos estamos contemplando su decadencia y el despilfarro en la asignación de los recursos al que lleva la concentración de riqueza en las élites políticas y financieras. Puede que algo parecido ocurra con las universidades americanas. Quizá esos campus espectaculares, cargados de servicios, instalaciones y personal administrativo, no sean el futuro de la universidad sino el signo de la decadencia de un modelo

PS. No aprendo. La IA te ayuda en la primera iteración. A partir de ahí, no hace sino empeorar las cosas.

Karsten Schmidt (III): sobre la persona jurídica

2026-08-16T22:36:49.420+02:00

Sobre la relevancia de la discusión sobre la personalidad jurídica

No debería ser indiferente al jurista la teoría de la persona jurídica, y ello por tres razones. En primer lugar, porque el examen crítico de las construcciones jurídicas constituye una de las tareas fundamentales de la ciencia del Derecho. En segundo lugar, porque sólo así puede evitarse que la figura de la persona jurídica, técnicamente muy elaborada, se desvincule de los juicios de valor que la sustentan y adquiera una autonomía incontrolada. Y, en tercer lugar, porque no deben olvidarse las exigencias de la política legislativa y del desarrollo del Derecho. En ambos ámbitos, el jurista debe volver constantemente a los fundamentos valorativos de aquellas instituciones cuyo manejo técnico domina.

Sobre la vigencia de Savigny y Gierke (estoy bastante en desacuerdo tanto en la interpretación de Savigny como en los elementos del concepto de persona jurídica / sujeto de derecho)

a) No podemos abordar adecuadamente esta cuestión sin una mirada retrospectiva al intenso debate doctrinal sobre la persona jurídica que tuvo lugar en el siglo XIX. Nos encontramos, sin embargo, ante una literatura inmensa, que oscila entre dos posiciones extremas: la llamada teoría de la ficción (la persona jurídica como sujeto de derecho ficticio) y la teoría de la corporación o asociación (Genossenschaftstheorie), que concibe a la persona jurídica como una persona colectiva organizada.

El principal representante de la teoría de la ficción fue el romanista Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), mientras que la teoría de la corporación tuvo como principal exponente al germanista Otto von Gierke (1841-1921).

Aquí sólo se analizarán estas dos doctrinas y su influencia en la evolución del Derecho, porque comparten una característica decisiva. A diferencia de la denominada teoría de los beneficiarios (Genießertheorie), que pretendía identificar a los verdaderos titulares de los derechos de la persona jurídica en sus miembros, y a diferencia también de las diversas teorías del patrimonio afectado a un fin (Zweckvermögenstheorien) desarrolladas, entre otros, por Alois Brinz, estas doctrinas se enfrentan realmente al problema de la subjetividad jurídica de la persona jurídica. Tampoco intentan sustituir esa subjetividad por construcciones alternativas.

Tanto la teoría de la ficción como la doctrina de la personalidad real de la corporación se ocupan, por tanto, precisamente de la cuestión que sigue estando en el centro del debate actual sobre la persona jurídica. En cuanto al planteamiento del problema, las teorías enfrentadas coinciden en lo esencial.

Por ello, con frecuencia se exagera el contraste entre ambas doctrinas o se interpretan los límites de su oposición como una prueba de su fracaso, como si su única función hubiera sido la confrontación recíproca. En realidad, ambas parten de una preocupación común: explicar cómo y por qué una organización colectiva puede ser considerada sujeto de Derecho.

b) Quien se ocupe de la capacidad jurídica de las personas colectivas debe tener necesariamente presentes dos cuestiones: el dato sociológico y la cuestión propiamente jurídica de bajo qué presupuestos una organización, como realidad social subyacente, puede ser reconocida por el Derecho como sujeto. Ambas cuestiones suelen distinguirse insuficientemente.

Es un malentendido atribuir a Savigny la negación de la existencia social de las organizaciones. y afirmar que su «teoría de la ficción» se refiere únicamente al plano de las consecuencias jurídicas. Del mismo modo, constituye un malentendido presentar la teoría corporativa de Gierke como si la personificación jurídica fuese una cuestión puramente sociológica; también en esta doctrina lo específico se sitúa en el plano de las consecuencias jurídicas.

Ni Gierke ni sus predecesores negaron que «una persona jurídica, en cuanto tal, sólo puede existir en virtud del Derecho objetivo». Gierke, que distinguía con gran precisión entre el Derecho y el margen de apreciación política del Estado legislador, afirmó literalmente: «Al Derecho, y sólo al Derecho, corresponde decidir si una determinada realidad, cualquiera que sea su configuración, posee o no la condición de sujeto jurídico».

Ésta es, precisamente, la cuestión: determinar bajo qué presupuestos el Derecho debe reconocer a una organización como sujeto jurídico. El problema jurídico de la persona jurídica se sitúa aquí, y no en la existencia social de la organización. Preguntarse si una sociedad anónima como Karstadt AG o una sociedad de responsabilidad limitada como Robert Bosch GmbH existen en la realidad o sólo en la mente de los juristas no constituye una cuestión científica seria desde el punto de vista jurídico. Quien reduzca el debate sobre la persona jurídica a esa pregunta no habrá comprendido la verdadera finalidad de la teoría de la persona jurídica.

Otto von Gierke desarrolló la teoría germanista elaborada por Beseler y Bluntschli bajo la forma de la «teoría de la personalidad real de las asociaciones» (reale Verbandspersönlichkeit) y la difundió reiteradamente en una obra monumental. Declaró la guerra a las teorías de la ficción: la persona colectiva es una persona real y no una mera construcción imaginaria. Parte de la realidad social de la asociación, que concibe como un organismo capaz de actuar por sí mismo. En ello radican tanto la modernidad del planteamiento de Gierke como su eficacia político-jurídica.

La teoría de la personalidad real de las asociaciones no sólo proporcionó el fundamento teórico de la capacidad de obrar de las personas jurídicas, sino que también enseñó a distinguir y relacionar adecuadamente la existencia de los entes colectivos y su capacidad jurídica.

Gierke legó en este sentido dos tesis fundamentales. La primera sostiene que únicamente la capacidad jurídica, y no la existencia misma de una asociación, constituye una cuestión jurídica. El Estado y el Derecho encuentran ya existentes las personas colectivas. La segunda tesis afirma que la atribución de personalidad jurídica a estos entes es ciertamente una cuestión jurídica, pero en modo alguno una cuestión sometida a la arbitrariedad del Estado. Por ello, las personas jurídicas pueden surgir no sólo mediante concesión estatal, sino también por efecto de una simple norma jurídica, incluso consuetudinaria.

Aquí se aprecia que la doctrina de Gierke, al igual que la de su maestro Beseler, constituye en parte una forma de política jurídica aplicada y sólo puede comprenderse plenamente si se tiene en cuenta el compromiso político liberal de ambos juristas. Al tender un puente entre el hecho social de la existencia de la asociación y la consecuencia jurídica de su personalidad, Gierke restringe el margen de discrecionalidad del legislador respecto de los entes colectivos. Precisamente ahí reside buena parte de la relevancia político-jurídica de su teoría.

No sorprende, por ello, que se invoque reiteradamente a Gierke cuando se pretende extender el reconocimiento de personalidad jurídica más allá de los ámbitos generalmente aceptados. La tesis de Thomas Raiser acerca de la personalidad jurídica de las sociedades de personas constituye un ejemplo moderno de esta tendencia.

Hecho social y consecuencia jurídica aparecen así vinculados, pero ello no altera que se trate de dos realidades distintas.

Del mismo modo que la realidad social de las asociaciones no basta para dar la razón a Gierke, tampoco basta para refutar la denominada teoría de la ficción de Savigny. Esta idea fue desarrollada particularmente por Flume.

Si hoy suele sonreírse ante la teoría de la ficción atribuida a Savigny, la responsabilidad corresponde tanto a los propios seguidores de Savigny como a la polémica de Gierke. Se trata de uno de esos casos frecuentes en los que son los partidarios de una doctrina quienes terminan desacreditándola. Así, el manual de Derecho de Pandectas de Windscheid y Kipp afirma: «Una persona jurídica es un sujeto que no existe realmente, sino sólo de forma ideal.» Y añade: «El Derecho recibe desde fuera a los titulares reales de voluntad a los que reviste de personalidad. No puede crear de la nada ni organismos naturales ni organismos sociales.»

La idea subyacente es que la personalidad jurídica es una atribución del Derecho, mientras que los sustratos humanos o sociales sobre los que recae esa atribución existen con independencia de él. Savigny no negaría, por tanto, la realidad social de los grupos o asociaciones; lo que sostiene es que su consideración como sujetos jurídicos pertenece al ámbito de la construcción normativa.

La persona jurídica es una persona concebida por el Derecho, que es tratada como sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, Savigny no sostiene que la organización o asociación carezca de existencia real, ni es correcto afirmar que construya la persona jurídica como un ser humano ficticio. Su «teoría de la ficción» significa únicamente que la capacidad jurídica de las personas físicas y la de las personas jurídicas son cosas completamente distintas y que también difieren los presupuestos de una y otra.

La denominada «capacidad jurídica natural» corresponde exclusivamente al ser humano. Por eso Savigny habla de una extensión de la capacidad jurídica a «sujetos artificiales admitidos por mera ficción». Vista desde hoy, esta formulación resulta equívoca. No pretende describir una invención alejada de la realidad. La tesis decisiva de la teoría de la ficción consiste en que la capacidad jurídica de las personas jurídicas descansa en el Derecho positivo y en la actuación del Estado, mientras que la de las personas físicas no depende de una atribución estatal previa.

Para Savigny, la diferencia entre la personificación de los seres humanos y la de las personas jurídicas tiene una dimensión tanto ético-jurídica como técnico-jurídica. Desde la primera perspectiva, los derechos subjetivos existen en atención a la libertad de la persona humana y, por ello, todo ser humano, y sólo él, debe ser necesariamente titular de derechos. Desde la segunda, la capacidad jurídica presupone la identidad y la publicidad del sujeto, cualidades que el ser humano posee por naturaleza.

Esta observación de Savigny sigue siendo hoy especialmente relevante. El Estado debe garantizar mediante un acto de publicidad que la existencia de una persona jurídica quede claramente establecida, porque el tráfico jurídico no puede desenvolverse con organizaciones cuya existencia sea incierta, afirmada por unos y negada por otros y cuya existencia deba aclararse caso por caso en los tribunales.

Las consideraciones anteriores permiten comprender la estrecha relación existente entre la teoría de la persona jurídica y los requisitos legales para la adquisición de la capacidad jurídica. El debate decimonónico sobre la persona jurídica culminó en la cuestión del papel que debía desempeñar el Estado. Por ello, el Derecho público y el Derecho privado de las organizaciones aparecían entonces estrechamente entrelazados. La cuestión era hasta qué punto podía el Estado intervenir en la vida asociativa.

En relación con el nacimiento de las personas jurídicas se desarrollaron tres modelos que todavía hoy suelen presentarse como alternativas: el sistema de la libre constitución de corporaciones, el sistema concesional y el sistema normativo.

El primero deja completamente en manos de los interesados la creación de la persona jurídica. El segundo atribuye la decisión a una autoridad administrativa, que confiere la personalidad jurídica mediante una concesión o autorización. El tercero exige que la organización cumpla determinados requisitos legales mínimos cuya concurrencia es comprobada por el Estado, normalmente a través de un procedimiento registral.

Sobre estos modelos existe mucha confusión. Ya es equívoco calificarlos como «sistemas de constitución», porque la constitución de asociaciones es libre; la cuestión no es la creación de la organización, sino la adquisición de personalidad jurídica. También es erróneo presentarlos como modelos mutuamente excluyentes, como si el legislador tuviera que escoger necesariamente entre uno de ellos. Con frecuencia se afirma que el sistema normativo se ha impuesto de forma general, mientras que el sistema concesional sólo subsiste excepcionalmente. En realidad, no existe una auténtica oposición entre estos sistemas.

La libre constitución de corporaciones, la concesión administrativa y las determinaciones normativas contienen dos elementos distintos: uno formal y otro material. El elemento formal se refiere a la cuestión técnico-jurídica del procedimiento que debe seguirse para que surja una persona jurídica. El elemento material afecta a una cuestión de autonomía privada: qué requisitos debe reunir una organización para poder ser reconocida como persona jurídica.

Pero en nota a pie de página, K. Schmidt reconoce que Savigny atribuye a las personas jurídicas sólo capacidad jurídica patrimonial: " Savigny begrenzt die Rechtsfähigkeit der juristischen Personen auf die Vermögensfähigkeit" y se remite a la tesis doctoral de 1978 de Félix Schikorski quien critica a Savigny por reducir la persona jurídica a una mera ficción legal o "un producto del pensamiento", argumentando que su enfoque individualista ignora la realidad social, organizativa y la capacidad de acción colectiva que poseen los grupos humanos reales en el tráfico jurídico. Para Schikorski, la doctrina de Savigny despoja a las corporaciones de su naturaleza orgánica propia, forzando un constructo artificial de imputación que resulta insuficiente para explicar la verdadera fisonomía y autonomía de los entes colectivos modernos. Creo y he explicado en mi trabajo La persona jurídica que Savigny tenía razón; que los grupos humanos no son equiparables ontológicamente a los individuos y que la personalidad jurídica no es una realidad mística o sustancial, sino un mecanismo técnico-instrumental: un patrimonio dotado de capacidad de obrar (organización). Desde esta perspectiva, la tesis de Savigny se valida porque entiende que el Derecho simplemente unifica y dota de capacidad operativa a un patrimonio separado para facilitar la cooperación económica, reduciendo costes de transacción sin necesidad de inventar voluntades meta-individuales ficticias. Y se verá inmediatamente que, tras toda esta exaltación de Gierke y el reconocimiento de la realidad 'sociológica' de las personas colectivas no queda nada una vez que se desciende a las normas concretas que reconocen personalidad jurídica en el derecho alemán.

Desde el punto de vista material sólo puede existir un sistema: el de las determinaciones normativas. Contra lo que suele afirmarse, todo el Derecho alemán de las organizaciones está dominado por este principio, con independencia de que la personalidad jurídica se adquiera por inscripción registral, por concesión administrativa o por cualquier otra vía. Sólo cuando se cumplen los requisitos definidos por las normas que regulan las distintas formas organizativas puede una entidad convertirse en titular de derechos y obligaciones.

Una opinión muy extendida sostiene que existe una excepción para las asociaciones religiosas e ideológicas, porque los artículos 137 de la Constitución de Weimar y 140 de la Ley Fundamental prevén que estas asociaciones adquieran personalidad jurídica conforme a las normas generales del Derecho civil. Sin embargo, esta interpretación debe rechazarse. El artículo 137 de la Constitución de Weimar pretendía únicamente garantizar que las comunidades religiosas también pudieran acceder a la personalidad jurídica prevista en el Código Civil alemán, pero no eximirlas de los requisitos establecidos por dicho Código.

De la libertad religiosa (art. 4 de la Ley Fundamental), en relación con los artículos eclesiásticos de la Constitución de Weimar incorporados por el artículo 140, no se deriva un derecho a acceder a determinadas formas jurídicas al margen de los requisitos legales. Lo único garantizado es la posibilidad de organizarse y participar en el tráfico jurídico mediante una forma jurídica configurada por la ley.

Dentro del sistema de las determinaciones normativas no cualquier conjunto de personas puede declararse arbitrariamente persona jurídica. Un matrimonio, un claustro de profesores o un grupo de viajeros no pueden atribuirse por sí mismos esa condición.

Sin embargo, debe abandonarse la idea de que todas las determinaciones normativas han de estar contenidas formalmente en leyes. Allí donde la personalidad jurídica se adquiere mediante un acto administrativo propio del sistema concesional, también pueden actuar como criterios normativos disposiciones administrativas. Esto ocurre especialmente en la concesión de personalidad jurídica prevista en el § 22 del Código Civil alemán.

Incluso la costumbre y la evolución jurisprudencial pueden generar determinaciones normativas. Cuando se haya asumido plenamente la idea de que la sociedad civil externa (Außengesellschaft bürgerlichen Rechts) constituye una persona jurídica, se verá que la conocida sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán que reconoció su capacidad jurídica no hizo otra cosa que formular tales criterios normativos. Criterios que, además, son extraordinariamente flexibles: basta la constitución de una organización estable orientada a un fin común y dotada de patrimonio propio.

Para este viaje, no hacían falta las alforjas de Gierke si la personificación jurídica solo requiere la formación de un patrimonio organizado (naturalmente que con algún objetivo, por lo que la "orientación a un fin común" es superfluo y no incluye a las fundaciones ni las sociedades unipersonales).

Si las determinaciones normativas responden a la cuestión material de cuándo una organización merece personalidad jurídica, queda aún por resolver la cuestión formal de cómo la adquiere. En principio, ello requiere la intervención del Estado. Pero no, como se sospechaba en el siglo XIX, por razones de control burocrático o autoritario, sino por razones de interés público. Según la concepción tradicional, corresponde al Estado garantizar que no surjan personas jurídicas sin la debida publicidad de su existencia.

Los Motiven del Código Civil alemán lo expresan de forma particularmente clara: «La personalidad jurídica no puede ponerse a disposición de las asociaciones de que aquí se trata mediante una regla general según la cual toda asociación organizada corporativamente y que pretenda ser persona jurídica adquiera automáticamente dicha personalidad desde su constitución. Un planteamiento semejante produciría, además de otros inconvenientes, la más grave inseguridad jurídica.» Por ello, el legislador procura que la adquisición de personalidad jurídica vaya precedida de un acto de publicidad, ya sea una inscripción registral o un acto de concesión. La elección entre uno u otro procedimiento es, en gran medida, una cuestión de oportunidad legislativa.

Compárese con el artículo 38 de nuestro Código civil que dice precisamente que las corporaciones, asociaciones y fundaciones adquieren personalidad jurídica desde su constitución.

En este contexto pueden distinguirse tres situaciones: aa) Allí donde existen regulaciones maduras y detalladas, como en el Derecho de asociaciones, cooperativas y sociedades de capital, el procedimiento más adecuado es el registro. Por ello, las asociaciones inscritas, las cooperativas, las sociedades anónimas, las sociedades comanditarias por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada adquieren personalidad jurídica mediante su inscripción en el registro correspondiente. El procedimiento registral permite verificar de forma estandarizada el cumplimiento de los requisitos normativos, casi como si se siguiera una lista de comprobación.

Pero, en realidad, el sistema de registro hace mucho más que eso porque no se limita a comprobar que se ha formado un patrimonio, que hay un fin común y que se ha organizado ese patrimonio para poder insertarse en el tráfico. El registro implica cumplir con un oneroso conjunto de requisitos materiales y formales.

bb) El sistema concesional sigue siendo apropiado cuando el control de la forma jurídica debe ir necesariamente acompañado de un control sobre la actividad que va a desarrollarse. En el Derecho de sociedades esto ocurre sólo de manera excepcional. La excepción más importante es la mutua de seguros (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit). Como su actividad exige autorización administrativa, el legislador coordina el control de la forma jurídica con el control de la actividad. La asociación adquiere personalidad jurídica precisamente mediante la autorización otorgada por la autoridad supervisora para operar como entidad aseguradora.

Pero no se entiende por qué no se puede separar la constitución de la persona jurídica de la autorización administrativa para operar como compañía de seguros.

El sistema concesional también resulta adecuado cuando todavía no existen criterios legales suficientemente desarrollados y éstos deben sustituirse por pautas administrativas o por márgenes de apreciación administrativa. En tales supuestos conviene que la decisión corresponda a una autoridad administrativa y no a un juez registrador que actúe conforme a criterios rígidos. Esto sucede, por ejemplo, con los llamados «asociaciones económicas» del § 22 BGB. Cuando no existe una forma societaria adecuada prevista por la ley, tales asociaciones adquieren personalidad jurídica mediante concesión administrativa. No hay arbitrariedad estatal, sino ausencia de criterios legales suficientemente precisos; la flexibilidad necesaria sólo puede proporcionarla el sistema concesional.

cc) La dimensión formal de la personalidad jurídica, que para el legislador del siglo XIX parecía obvia, ha ido perdiendo nitidez a lo largo del siglo XX. La evolución del Derecho ha dado lugar progresivamente a sujetos jurídicos que actúan sin un acto constitutivo estatal: las sociedades de capital antes de su inscripción, las asociaciones no inscritas e incluso las sociedades civiles externas.

No cabe un más claro reconocimiento de que el "modelo alemán" de adquisición de la personalidad por la inscripción registral debe abandonarse. La doctrina de la irregularidad y de la sociedad en formación son dos criaturas de este modelo que han causado más dolores de cabeza que ventajas al tráfico.

Aunque esta personalidad jurídica sin intervención estatal suele compensarse mediante reglas especiales de responsabilidad, cada vez resulta menos convincente la concepción tradicional según la cual corresponde necesariamente al Estado garantizar la publicidad de todos los sujetos jurídicos no naturales. Se trata de una cuestión que seguirá reapareciendo reiteradamente en el desarrollo del Derecho de las organizaciones.

Sobre todo si tienes que reconocer a las personas jurídicas de derecho extranjero.

Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4ª edición, Colonia et al. 2002, p 167 ss.

Harold Berman II: El derecho de las corporaciones en la Edad Media

2026-08-15T22:57:49.262+02:00

El término “corporación” (universitas; también corpus o collegium) se derivó del derecho romano, así como muchos de los términos empleados para definirlo y muchas de las reglas que le eran aplicables. Y, sin embargo, hay sustanciales diferencias entre el derecho corporativo de los romanos y el de los juristas de Europa occidental del siglo XII.

Según el derecho romano de tiempos de Justiniano, el Estado como tal (aún llamado populus Romanus) era considerado una corporación, pero sus derechos y sus obligaciones eran regulados administrativamente y no en los tribunales, y no estaba sometido al derecho civil; sin embargo, la tesorería imperial sí tenía derechos de propiedad y otros derechos y obligaciones civiles, y podía demandar y ser demandada en los tribunales ordinarios. También las ciudades eran corporaciones con derecho de poseer propiedades y de hacer contratos, de recibir donativos y legados, de demandar y de ser demandadas y, en general, de efectuar actos legales por medio de representantes. De manera similar, muchas asociaciones privadas, incluyendo organizaciones para mantener un culto religioso, cooperativas de entierros, clubes políticos y gremios de artesanos o comerciantes eran considerados como corporaciones, aunque sus derechos dependían de los privilegios y las libertades concedidos por el emperador. En el año 381, cuando el cristianismo pasó a ser religión oficial del Imperio —y, hasta cierto punto, desde antes de esa época— se añadieron iglesias y conventos a la lista de asociaciones con capacidad para recibir donativos y legados, así como de tener derechos de propiedad y de hacer contratos, en general, y el derecho de actuar como personas jurídicas por medio de representantes. Además, la legislación de Justiniano reconocía la capacidad legal de recibir donativos y legados de sociedades de caridad como hospitales, asilos, orfanatos, hogares para los pobres y para los ancianos, con propósitos especiales; el obispo de la diócesis conservaba la última palabra en materia de revisión. (Ni en Oriente ni en Occidente se aplicó antes de finales del siglo XI el concepto típicamente moderno de corporación.)

Los juristas romanos, con su intensa hostilidad a las definiciones y las teorías, no enfocaron en términos generales la cuestión de la relación de la universitas con el conjunto de sus miembros. El Digesto declaraba epigramáticamente: “Lo que es de la corporación no es de los individuos”, y, asimismo, “Si algo es propiedad de una corporación, no es propiedad de individuos; tampoco los individuos poseen lo que la corporación posee”. Sin embargo, los juristas romanos no analizaron muchas cuestiones: por ejemplo, si una corporación deriva su existencia y sus poderes de una concesión por una autoridad pública o por la voluntad de sus fundadores, o por su propia naturaleza como asociación; qué poderes ejercen sus funcionarios, y qué es lo que no pueden hacer sin el consentimiento de los miembros, y cómo se elegirá a esos funcionarios y cómo y por qué se les podrá destituir. Hasta los enunciados “persona legal” y “personalidad legal” rara vez fueron empleados por ellos, y nunca se analizaron. Sólo en retrospectiva podemos discernir varios principios implícitos del derecho corporativo romano que se hicieron explícitos en el pensamiento jurídico occidental en el siglo XII, cuando el derecho de las corporaciones empezó a ser sistematizado. Dos de ellos fueron el principio de que una corporación tiene capacidad legal de actuar por medio de representantes y el de que los derechos y deberes de la corporación son distintos de los de sus funcionarios.

Las reglas romanas del derecho corporativo fueron llevadas por la Iglesia a las comunidades germánicas de Europa occidental. Sin embargo, tuvieron que competir con los conceptos cristianos de la naturaleza corporativa de las comunidades eclesiásticas, y también con los conceptos germánicos de la naturaleza corporativa de las asociaciones en general. San Pablo había dicho que la Iglesia era el cuerpo o corpus de Cristo (1 Co 12:27), y escribió a los Gálatas: “…todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3:28). Otras metáforas cristianas para designar a la Iglesia eran “esposa”, “mujer” y “madre”. Todas esas personificaciones pretendían aplicarse a la comunidad de los creyentes, “la comunión de los santos”, “la congregación de los fieles”. Aunque se aceptaba que todos los cristianos de cualquier parte, formaban un cuerpo espiritual, el mayor hincapié se hacía en la unidad espiritual de iglesias y diócesis individuales. A este respecto se subrayó además que el prelado de la Iglesia individual —el patriarca o el obispo, o algún otro pastor de la grey— estaba unido con su Iglesia en un matrimonio espiritual. Así como se creía que Cristo estaba casado con la Iglesia Universal, así también creían que el obispo o el sacerdote estaba casado con la Iglesia local. La representación de un cuerpo podía estar unida a un solo cuerpo, y no a dos o más. Estas ideas cristianas eran capaces de desplazar muchas de las implícitas en el trato de las corporaciones según el derecho romano. Esto no significa que los reyes germánicos en el Imperio o bajo los emperadores y reyes germánicos de iglesias locales se rigieran por derecho romano. Por el contrario, admitieron formalmente la noción de corporación romana. No obstante, las maneras germánicas de pensar respecto a algunas de las reglas romanas de corporación eran tan fundamentalmente distintas que una corporación eclesiástica a veces operaba no para beneficio de sus miembros sino para beneficio exclusivo de los prelados y los funcionarios que, por lo general, actuaban como agentes, y no, propiamente, como miembros o socios constitutivos dentro de la asociación.

Los conceptos germánicos de asociación tenían cierta semejanza con los conceptos cristianos de la Iglesia como “una persona”, un corpus mysticum. Como lo ha subrayado Otto von Gierke, el gran historiador de derecho germánico, entre los germanos se suponía que la familia o el grupo de guerreros o el clan o la aldea tenía una personalidad de grupo, compartida por todos sus miembros; su propiedad era la propiedad común y todos tenían una responsabilidad común de cumplir con sus obligaciones. En cambio, según Gierke, la Genossenschaft (“confraternidad”) no derivaba su unidad y su propósito de una autoridad superior, fuese divina o humana, sino tan sólo de sí misma, es decir, sólo de la voluntaria unión de los miembros para alcanzar un fin que se habían propuesto por sí mismos.Los canonistas del siglo XII utilizaron antiguos conceptos romanos, germánicos y cristianos de entidades corporativas al desarrollar un nuevo sistema de derecho de las corporaciones aplicable a la Iglesia. Hasta cierto punto, armonizaron los tres conjuntos de conceptos que estaban en competencia. Sin embargo, no lo hicieron como abstracto ejercicio de razonamiento jurídico, sino para dar soluciones prácticas a conflictos jurídicos que habían surgido en la secuela de la Revolución papal entre la Iglesia y las entidades seculares y dentro de la propia Iglesia. Al mismo tiempo buscaron las interrelaciones que había entre estos conflictos y trataron de sistematizar los principios subyacentes por los cuales se les pudiera resolver.

Las siguientes preguntas muestran el tipo de cuestiones prácticas que surgieron en los litigios del siglo XII. ¿Se exige que la cabeza de una corporación (por ejemplo, un obispo) consulte a sus miembros (el cabildo) antes de tomar la decisión de demandar o de responder a una acusación en el tribunal? ¿Está obligado no sólo a consultarlos, sino también a obtener su consentimiento? ¿Y qué decir de la decisión de enajenar propiedades, o de la decisión de conferir privilegios de varias índoles ¿Puede un cabildo desconocer un acuerdo con un partido opuesto, acuerdo hecho por un obispo sin su consentimiento? ¿Cómo se expresará el consentimiento de un cabildo? ¿Quién ejercerá los poderes de cabeza de una corporación cuando haya una vacante, es decir, cuando la cabeza haya muerto o renunciado, o se le haya destituido? Si los clérigos de un cabildo pueden actuar en nombre de su obispo si éste queda incapacitado por enfermedad o vejez, ¿podrán hacerlo también si el obispo es negligente? ¿Puede una corporación cometer crímenes? ¿Puede cometer daños? ¿Es responsable por los delitos o los daños cometidos por sus funcionarios? ¿Puede formarse una corporación eclesiástica sin autorización del papa? Si una corporación pierde a todos sus miembros, ¿continúa existiendo? Y si no, ¿puede ser resucitada por uno o más solicitantes que sean aprobados como miembros? ¿Qué ocurre a la propiedad de una corporación que deja de existir? ¿Puede una corporación crear leyes para sus miembros?¿Puede seleccionar a un magistrado para ejercer poderes de legislador en su nombre ¿Puede establecer un juez para decidir casos en su nombre? Una corporación a la que se le han dado propiedades con un propósito particular, ¿puede decidir legítimamente utilizar esa propiedad con otro propósito? Y una última pregunta: ¿serían diferentes las respuestas a esas preguntas si la corporación no fuese un obispado, una abadía o algún otro organismo local, sino toda la Iglesia de Roma, encabezada por el único vicario de Cristo en la tierra?

Tales preguntas jurídicas prácticas surgieron en cuanto la Iglesia de Occidente se declaró entidad legal corporativa —universitas—, independiente de emperadores, reyes y señores feudales. Lo ms notable de estas preguntas es, primero, su formulación legal; segundo, el alto grado de consciente interrelación entre ellas, y tercero (relacionado con el segundo), el carácter sistemático de las respuestas que acabaron por dárseles, es decir, recurrir a una consciente sistematización del derecho de las corporaciones para llegar a un conjunto de soluciones satisfactorias.

El cuerpo de derecho corporativo desarrollado en la Iglesia católica romana a finales del siglo XI y en el curso de los siglos XII y XIII puede caracterizarse como un subsistema dentro del sistema del derecho canónico en conjunto. Difería considerablemente del derecho de las corporaciones de los romanos que se encuentra en los textos de Justiniano. En primer lugar, la Iglesia rechazó el concepto romano de que, aparte de las corporaciones públicas (la tesorería pública, las ciudades, las Iglesias), sólo los collegia reconocidos como corporaciones por la autoridad imperial gozaran de los privilegios y las libertades de las corporaciones. En contraste, según el derecho canónico cualquier grupo de personas que tuviese la estructura y el propósito requeridos —por ejemplo, una casa de caridad, o un hospital, o un cuerpo de estudiantes, así como un obispado o, en realidad, la Iglesia Universal— constituía una corporación, sin requerir permiso especial de una autoridad superior.

En segundo lugar, la Iglesia rechazó el concepto romano de que sólo una corporación pública podía crear nuevas leyes para sus miembros o ejercer sobre ellos una autoridad judicial. En contraste, según el derecho canónico, cualquiera de tales corporaciones podía tener ‘jurisdicción’ legislativa y judicial sobre sus miembros.

En tercer lugar, la Iglesia rechazó la idea romana de que una corporación sólo podía actuar por medio de sus representantes, y no por medio del conjunto de sus miembros. En cambio, el derecho canónico exigía el consentimiento de los miembros en varios tipos de situaciones.

Cuarto, la Iglesia rechazó la máxima romana de que ‘lo que pertenece a la corporación no pertenece a sus miembros’. De acuerdo con el derecho canónico, la propiedad de una corporación era propiedad común de sus miembros, y la corporación podía cobrar cuotas a sus miembros si no tenía otra manera de pagar una deuda.”

“Estas y otras varias reglas y conceptos del derecho canónico parecen reflejar las ideas germánicas de la corporación como confraternidad, con una personalidad de grupo y una voluntad de grupo, en contraste con la idea romana de una corporación como ‘institución’, cuya identidad es creada por una autoridad política superior.”

Harold Berman: breve historia de Occidente

2026-08-15T22:48:18.915+02:00

Durante el siglo X y comienzos del XI hubo una poderosa corriente que pretendía purgar a la Iglesia de todas sus influencias feudales y locales, y de la inevitable corrupción concomitante. Una gran parte de este movimiento fue desempeñada por la Abadía de Cluny, cuyo centro se encontraba en el poblado del mismo nombre en la Francia meridional. Cluny ofrece un interés especial desde el punto de vista jurídico porque fue la primera orden monástica en que todos los conventos, dispersos por Europa, quedaron subordinados a una sola cabeza. Antes de la fundación de Cluny, en 910, cada convento benedictino había sido una comunidad independiente, gobernada por un abate, por lo general bajo la jurisdicción del obispo local, con sólo laxas conexiones con otros conventos benedictinos. En cambio, los monasterios cluniacenses, que acaso fueran más de cien un siglo después de fundada la orden, eran gobernados todos ellos por priores bajo la jurisdicción del abate de Cluny. Por esta razón, a Cluny se le ha llamado la primera corporación translocal; a la postre sirvió, a este respecto, como modelo para la Iglesia católica romana en conjunto.

La importancia de Cluny como modelo de gobierno translocal, jerárquico y corporativo es comparable a su importancia al apoyar el primer movimiento por la paz en Europa. En buen número de sínodos celebrados en diversas partes de la Francia meridional y central a finales del siglo X...

En contra de las modernas ideas de separación de la Iglesia y del Estado, en el año 1000 la Iglesia no era concebida como una estructura visible, corporativa y jurídica que se opusiera a la autoridad política. Por el contrario, la Iglesia, la ecclesia, era el pueblo cristiano —populus christianus— encabezado por gobernantes seculares y clericales (regnum y sacerdotium).

Mucho antes de que Carlomagno consintiera en ser coronado emperador por el papa en el año 800, su devoto servidor Alcuino, erudito y eclesiástico inglés, lo había llamado gobernante del imperium christianum (“Imperio cristiano”), y el propio Carlomagno en 794 había convocado a un concilio eclesiástico “universal” en Francfort, donde decretó importantes cambios a la doctrina teológica y al derecho eclesiástico.

Algunos historiadores sostienen que el papa León III hizo emperador a Carlomagno; más cerca de la verdad estaría decir que Carlomagno hizo papa a León, y en 813 Carlomagno coronó emperador a su hijo sin intervención del clero. De hecho, posteriores emperadores germanos pidieron permiso al papa, el día de su elección, que prestara juramento de lealtad al emperador. De los 25 papas que ocuparon el solio durante los cien años anteriores a 1059 (cuando un sínodo prohibió por primera vez la investidura de laicos), 21 fueron nombrados directamente por emperadores, y cinco fueron derrocados por éstos. Además, no sólo eran los emperadores germanos los que mandaban a los obispos dentro de sus dominios. Lo mismo hacían los otros jefes de la cristiandad. En 1067, Guillermo el Conquistador promulgó una declaración en que afirmaba que el rey tenía el poder de determinar si un papa debía ser reconocido o no por la Iglesia de su reino; los jefes de Alemania y el rey hacía el derecho eclesiástico por medio de sínodos convocados por ellos; y los obispos se repelían entre...

.... los emperadores francos, y en los siglos X y XI, también los emperadores germanos así como los Reyes de Francia y de Inglaterra —más los de España, Noruega, Dinamarca, Polonia, Bohemia, Hungría y otros gobernantes—, daban órdenes a los obispos hasta en cuestiones de doctrina religiosa, como lo hicieran antes los emperadores bizantinos. Además, entregaban al clero las insignias de sus cargos clericales: emperadores y reyes francos daban a los obispos el anillo y el báculo pastoral que simbolizaban su autoridad episcopal, con las palabras Accipe ecclesiam! (“¡Recibe la Iglesia!”). Esto colocaba la espada secular y la espada espiritual en una misma mano. La justificación era que emperadores y reyes eran gobernantes consagrados, sacros, “vicarios de Cristo”. Había muchos obispos, el principal de ellos el de Roma (primero entre iguales), pero sólo había un emperador y, dentro de cada reino, sólo un rey.

La autoridad espiritual de los emperadores llegó a ser cada vez más irregular en el siglo XI, pues la simonía y el nicolaísmo estaban demasiado profundamente arraigados para vencerlos. En 1046, la subordinación de los obispos de Roma al emperador se volvió no sólo aberrante, sino escandalosa, cuando Enrique III, al llegar a Roma para celebrar su coronación imperial, hizo deponer a los tres papas rivales y elegir a un cuarto...

Un tercer nombrado, León IX (1049-1053), aunque pariente cercano y amigo de Enrique III, rehusó considerar el papado como obispado del emperador, y afirmó no sólo su propia independencia, sino también su poder sobre todos los demás obispos y el clero, aun fuera del Imperio.

Durante el reinado de León, un buen número de sus protegidos —encabezados por Hildebrando— formaron un partido que propuso e impulsó la idea de la supremacía papal sobre la Iglesia. Entre sus técnicas estuvo una amplia propaganda al programa papal. Con el tiempo, una numerosa literatura polémica que incluía varios cientos de panfletos circuló entre partidarios de varios bandos. Un historiador ha dicho que este período fue “la primera gran época de propaganda en la historia universal”.

Los panfletos papales pedían a los cristianos negarse a recibir los sacramentos de manos de sacerdotes que vivieran en concubinato o matrimonio, refutaban la validez de los nombramientos eclesiásticos hechos a cambio de pago monetario y exigían la “libertad de la Iglesia”: es decir, la libertad del clero, a las órdenes del papa, ante emperadores, reyes y señores feudales. Por último, en el año 1059, un concilio en Roma convocado por el papa Nicolás II declaró por vez primera el derecho de los cardenales romanos a elegir al papa.

... Fue Hildebrando quien en el decenio de 1070, como papa Gregorio VII, lanzó el movimiento reformista de la Iglesia contra la misma autoridad imperial que había encabezado a los reformadores cluniacenses durante el siglo X y comienzos del XI. Gregorio llegó mucho más lejos que sus predecesores. Proclamó la supremacía legal del papa sobre todos los cristianos y la supremacía jurídica del clero, a las órdenes del papa, sobre todas las autoridades seculares. Los papas, sostuvo, podían deponer a emperadores y procedió a deponer al emperador Enrique IV. Además, Gregorio decretó que todos los obispos tenían que ser ungidos por el papa, y quedarían subordinados a él y no a la autoridad secular.

Gregorio había sido bien preparado para ascender al trono papal. Fue la fuerza predominante en los reinados de los papas Nicolás II (1058-1061) y Alejandro II (1061-1073). Asimismo, en 1073, a la edad de 50 años, estaba dispuesto a ejercer la enorme voluntad, orgullo y autoridad personal por los que era célebre. Pedro Damiano (1007-1072), que había estado a su lado en la lucha por la supremacía papal desde el decenio de 1050, se dirigió a él como “mi santo Satanás”, y dijo: “Tu voluntad siempre ha sido orden para mí… mala pero legal. Ojalá hubiese yo servido siempre a Dios y a San Pedro tan fielmente como te he servido a ti.” Un estudioso moderno ha descrito a Gregorio como un hombre poseído por un abrumador sentido del compromiso, que imponía sus ideas con “aterradora severidad y heroica persistencia… sin importar las consecuencias para él o los demás [y quien] tenía, por decir poco, un temperamento de revolucionario”.

Una vez papa, Gregorio no vaciló en emplear tácticas revolucionarias para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, en 1075 ordenó que todos los cristianos boicotearan a los sacerdotes que estaban viviendo en concubinato o matrimonio, y que no aceptaran sus oficios para los sacramentos u otros propósitos. De este modo exigió a los sacerdotes escoger entre sus responsabilidades para con sus esposas e hijos, y sus responsabilidades para con sus feligreses. Como resultado de una oposición a este decreto hubo graves motines en iglesias, y se dieron palos y pedradas a quienes se oponían al matrimonio clerical...

A falta de ejércitos propios, ¿cómo podía el papado imponer sus exigenciaas?... ¿cómo ejercería el papado la jurisdicción universal que reclamaba? ¿Cómo podría imponer eficazmente su voluntad sobre todo el mundo cristiano occidental?... Un aspecto importante de las respuestas a estas preguntas fue el potencial papel del derecho como fuente de autoridad y medio de control.

En las últimas décadas del siglo XI, el partido papista empezó a buscar una constancia escrita de la historia de la Iglesia, para que la autoridad legal apoyara la supremacía papal sobre el clero, así como una independencia clerical y posible supremacía sobre toda la rama secular de la sociedad. El partido papista consiguió que estudiosos desarrollaran una ciencia del derecho que aportara una base de trabajo para llevar a cabo esas... medidas políticas. Al mismo tiempo, el partido imperial también empezó a buscar textos antiguos que apoyaran su causa contra la usurpación papal. Sin embargo, no había un foro legal al que tanto el papado como la autoridad imperial pudieran llevar su caso... excepto el papa o el propio emperador.

En 1075, el papa Gregorio VII respondió “mirando en su propio pecho”, y escribiendo un documento —el Dictatus Papae (Dictados del papa)— consistente en 27 austeras proposiciones, al parecer dirigidas a sí mismo, entre ellas las siguientes:

Que la Iglesia romana fue fundada sólo por el Señor.

Que sólo el obispo de Roma puede llamarse universal por derecho.

Que sólo el papa puede deponer y reinstalar a obispos.

Que es ley, aun si el papa la promulga sin el concurso de un concilio sobre la Iglesia en general. Puede y llama hacer contra ellos aun necesitándose de su consejo.

Que sólo el papa puede deponer a los reyes inicuos, de acuerdo con las palabras de san Pedro.

Que todos los príncipes besan sus pies.

Que sólo el papa puede nombrar obispos para todos los príncipes.

Que puede deponer y reinstalar ordinarios en las Iglesias.

Que ningún sínodo puede llamarse general sin su orden.

Que no puede cancelar sentencia ninguna capitular o libro sin su autoridad.

Que su sentencia no puede ser revisada por nadie, y que sólo él puede revisar las sentencias de todos.

Que los casos más importantes de todas las Iglesias serán tratados en la Sede Apostólica.

Que él [el papa] podrá absolver a los súbditos de un hombre injusto, liberándolos del deber de fidelidad hacia él.

Este documento fue revolucionario, aunque Gregorio se las arregló para encontrar abundante autoridad griega que apoyara cada una de sus cláusulas. En diciembre de 1075, Gregorio dio a conocer el contenido de su Manifiesto Papal, como se le llama hoy, en una carta enviada al emperador Enrique IV, en que exigía la subordinación del emperador y de los obispos imperiales a Roma.

Enrique replicó, así como 26 de sus obispos, en cartas del 24 de enero de 1076. La carta de Enrique comienza así: 'Enrique, rey, no por usurpación, sino por la sagrada ordenación de Dios, a Hildebrando, hoy no papa, sino falso monje'. Termina así: ' Tú, por tanto, condenado por esta maldición y por el juicio de todos nuestros obispos y por el tuyo propio, desciende y abandona la silla apostólica que has usurpado. Deja que otro ascienda al trono de San Pedro. Yo, Enrique, rey por la gracia de Dios, te digo a ti junto con todos nuestros obispos, desciende, desciende (Descende, descende) para ser maldito por todas las épocas'

La carta de los obispos en vena similar termina: 'Y puesto que como tú mismo lo proclamaste públicamente, ninguno de nosotros ha sido para tí, hasta hoy, obispo, así, en adelante, no serás papa para ninguno de nosotros'

Como respuesta, Gregorio excomulgó y depuso a Enrique, quien en enero de 1077 fue en peregrinación, como humilde penitente, a ver al papa en Canossa donde, según dice la tradición, tuvo que aguardar tres días para presentarse descalzo sobre la nieve, a confesar sus pecados y declararse su súbdito. Así solicitado en su capacidad espiritual, el papa absolvió a Enrique y retiró su excomunión y deposición. Esto dio a Enrique oportunidad de reafirmar su autoridad sobre los magnates alemanes, tanto eclesiásticos como seculares que se habían declarado en rebeldía contra él. Sin embargo, la lucha con el papa sólo se aplazó un breve tiempo. En 1078 el papa emitió un decreto que decía

"Decretamos que nadie del clero recibirá la investidura de un obispado o abadía o Iglesia de manos de un emperador, o rey, o cualquier laico, hombre o mujer. Pero si presumiera hacerlo, claramente deberá saber que esa investidura carece de autoridad apostólica, y que él mismo quedará bajo excomunión hasta que haya prestado la satisfacción debida".

El conflicto entre el papa y el emperador volvió a estallar, dando como resultado la Querella de las Investiduras. Las primeras víctimas de esta Querella se encontraron en los territorios alemanes, donde los enemigos del emperador aprovecharon su controversia con el papa para elegir a un rey rival, a quien Gregorio acabó por dar su apoyo. Sin embargo, Enrique derrotó a su rival en 1080, y avanzó por el sur a través de los Alpes, poniendo sitio a Roma y ocupándola (1084). Gregorio pidió ayuda a sus aliados, los dirigentes normandos del sur de Italia: Apulia, Calabria, Capua y Sicilia. Los mercenarios normandos expulsaron de Roma a las fuerzas imperiales, pero luego procedieron a saquearla con el salvajismo que los había hecho célebres. Enrique continuó enfrentándose a rebeliones de los príncipes alemanes, y, al morir, en 1106, su propio hijo encabezaba una rebelión contra él. Ese hijo, ya como emperador Enrique V, ocupó Roma en 1111 y capturó al papa.

El resultado político inmediato de la Querella de las Investiduras fue que entonces emperadores y reyes tuvieron facultad para investir a obispos y a otros clérigos con las insignias de su cargo, con sólo proferir las palabras Accipe ecclesiam! Tras esto se encontraba la cuestión de la lealtad y la disciplina del clero después de la elección y la investidura, de importancia política fundamental. Dado que el Imperio y los reinos eran administrados principalmente por el clero, afectaban la naturaleza misma de la autoridad eclesiástica y de la autoridad imperial o real. No obstante, algo más estaba en juego —algo más profundo que la política—, a saber, la salvación de las almas.

Antes, al emperador (o al rey) se le había considerado vicario de Cristo; era él quien respondía por las almas de todos en el Juicio Final. Ahora el papa, que antes se había llamado vicario de San Pedro, afirmaba ser el único vicario de Cristo con responsabilidad de responder por las almas de todos los hombres en el Juicio Final. El emperador Enrique IV había escrito al papa Gregorio VII que, según los padres de la Iglesia, el emperador no puede ser juzgado por ningún mortal; sólo él en la tierra es “juez de todos los hombres”; sólo hay un emperador, mientras que el obispo de Roma no es más que el primero entre los obispos. Ésta era, de hecho, una doctrina ortodoxa que había prevalecido durante siglos. Sin embargo, Gregorio vio al emperador como el primero entre los reyes, como un laico cuya elección como emperador tenía que ser confirmada por el papa, y que podía ser depuesto por él, por insubordinación. El argumento fue planteado en forma típicamente escolástica: “El rey es un laico o un clérigo”, y puesto que no ha sido ordenado, obviamente es un laico y, por tanto, no puede tener ningún cargo en la “Iglesia”. Esta interpretación dejó sin base la legitimidad de emperadores y reyes, pues aún no nacía la idea de un Estado secular, es decir, de un Estado sin funciones eclesiásticas; en realidad, apenas estaba naciendo. También daba a los papas poderes teocráticos, pues la división de funciones eclesiásticas en espirituales y temporales aún no nacía; una vez más, apenas estaba naciendo.

A la postre, ni papas ni emperadores pudieron sostener sus pretensiones originales. Según el Concordato de Worms de 1122, el emperador garantizó que obispos y abades serían libremente elegidos sólo por la Iglesia, y renunció a su derecho de investirlos con los símbolos espirituales del anillo y el báculo, que representaban el poder de cuidar las almas. Por su parte, el papa concedió al emperador el derecho de estar presente en las elecciones, y de intervenir cuando las elecciones fuesen reñidas.

Además, los prelados alemanes no serían consagrados por la Iglesia hasta que el emperador los hubiese investido con su cetro con lo que se llamó los “regalía”, es decir, derechos feudales de propiedad, justicia y gobierno secular, que entrañaban el deber recíproco de rendir homenaje y lealtad al emperador. (El homenaje y la lealtad incluían la prestación de servicios feudales y de pagos en los grandes feudos agrícolas que siempre acompañaban a los altos cargos eclesiásticos.) Sin embargo, los prelados de Italia y de Borgoña no serían investidos con el cetro ni rendirían homenaje y jurarían lealtad al emperador hasta seis meses después de ser consagrados por la Iglesia. El hecho de que hubiese que compartir el poder de nombramiento —que el papa o el emperador pudiesen, de hecho, ejercer un veto— hizo decisiva la cuestión de la ceremonia, de los procedimientos.

En Inglaterra y en Normandía, según el anterior acuerdo logrado en Bec en 1107, el rey Enrique I también había aceptado las elecciones libres, aunque en su presencia, y había renunciado a la investidura por el anillo y el báculo. Asimismo, como después en Alemania, recibiría homenaje y lealtad antes y no después de la consagración.

Los concordatos dejaron al papa con una autoridad sumamente extensa sobre el clero, y también con considerable autoridad sobre los laicos. Sin su aprobación no se podía ordenar a ningún clérigo. Establecía las funciones y poderes de obispos, sacerdotes, diáconos y otros dignatarios de la Iglesia. Podía crear nuevos obispados, dividir o suprimir otros, transferir o deponer a obispos. Era indispensable su autorización para instituir una nueva orden monástica o para cambiar la regla de una ya existente. Además, al papa se le llamaría el “principal dispensario” de toda propiedad de la Iglesia, concebida como “patrimonio de Cristo”. El papa también reinaba supremo en cuestiones de culto y de creencia religiosa, y sólo él podía otorgar la absolución por ciertos pecados graves (como ataque a un clérigo), canonizar santos y distribuir indulgencias (alivio del castigo divino después de la muerte). Ninguno de estos poderes había existido antes de 1075.

En palabras de Gabriel LeBras, el papa gobernaba toda la Iglesia. Era el legislador universal, y su poder sólo estaba limitado por el [derecho] natural y por el derecho divino positivo [es decir, el derecho divino detallado en la Biblia y en similares documentos de revelación]. Convocaría a concilios universales y los presidiría, y su confirmación sería necesaria para que sus decisiones entraran en vigor.

La influencia del Derecho Romano como el derecho de la Iglesia frente al derecho clanístico como el derecho feudal. Esto es extraordinario. La idea de limitar el poder se gesta en el seno de la Iglesia porque el poder del Papa afecta a la fe y, por tanto, no puede estar a disposición de un hombre. Eso crea las bases para inventarse el constitucionalismo.

Estas leyes eclesiásticas, tanto en Occidente como en Oriente, fueron muy influidas por el derecho romano. Fueron adoptados varios conceptos y reglas del derecho romano clásico y posclásico, sobre todo en cuestiones de propiedad, herencia y contratos. Además, la compilación hecha por Justiniano y sus sucesores en Oriente contenía incontables regulaciones imperiales con respecto a la liturgia y la teología, así como la autoridad eclesiástica. También en Occidente, reyes y emperadores a menudo decretaron regulaciones eclesiásticas; en realidad, los emperadores francos afirmaban haber heredado el manto de la autoridad imperial romana sobre la Iglesia. Además, en la cultura de Europa occidental, dominada por clanes, la Iglesia era considerada como portadora del derecho romano; y el “código” de los francos ripuarios, la Lex Ribuaria del siglo VIII, contenía esta cláusula: Ecclesia vivit jure Romano (“la Iglesia vive por el derecho romano”). Esto significaba que en la medida en que cada quien llevara consigo el derecho de su clan y fuera juzgado de acuerdo con él, en cualquier lugar suponíase que la Iglesia llevaba consigo el derecho romano.

En contra de lo que a veces se ha supuesto, este concepto de evolución jurídica no fue invento de Edmund Burke, Friedrich Karl von Savigny y la “escuela histórica” de los siglos XVIII y XIX; fue una presuposición básica de los juristas —y no juristas— occidentales desde fines del siglo XI y el XII, primero en la esfera eclesiástica y luego en la secular.

Estos elementos interrelacionados —1) la periodización en derecho viejo y derecho nuevo; 2) el resumen y la integración de ambas como estructura unificada, y 3) la concepción de que todo el cuerpo del derecho avanza en el tiempo en un proceso continuo— son rasgos definitorios de la tradición jurídica occidental.

... En Occidente, el derecho romano de Justiniano era considerado el derecho ideal, la encarnación escrita de la razón, ratio scripta, cuyos principios debían gobernar, por doquier, toda regulación legal, tanto en la Iglesia como en las entidades seculares. Los juristas buscaban en los textos de Justiniano, así como buscaban en la ley mosaica y después buscarían en Aristóteles las fuentes de derecho positivo. Ciertamente, desde la época de Carlomagno los emperadores de Occidente se arrogaron la sucesión de la autoridad de los antiguos emperadores romanos; y con el descubrimiento de los textos de Justiniano, los emperadores de Occidente —así como los papas— se basaron en ellos en busca de apoyo. Pero el “Sacro Imperio Romano de la Nación Germánica” estaba gobernado por leyes promulgadas por emperadores de Occidente, sobreimpuestas a leyes tribales (de clan), locales, feudales, urbanas, mercantiles, eclesiásticas y de otras órdenes particulares. Las reglas, los conceptos y las instituciones del derecho romano sólo pasaron a ser el derecho positivo del Imperio de Occidente, como habían pasado a ser el derecho positivo de la Iglesia de Occidente, si habían sido expresamente incorporadas al derecho positivo por medio de legislación o de interpretación de los juristas. Al derecho romano se le llamó “la criada del derecho canónico”; igualmente se le habría podido llamar la criada del derecho imperial y la criada del derecho positivo de los nacientes reinos, ciudades y Estados seculares. ... siempre fue una criada; se equivocan quienes suponen que los juristas de Occidente creían que el Imperio romano de Oriente de Justiniano siguió existiendo, de algún modo, en Occidente como realidad política.

... , la autocracia papal quedaba limitada por la división de funciones dentro de la burocracia en el más alto nivelasí como por el carácter jerárquico o piramidal del gobierno eclesiástico en conjunto. Estas limitaciones ciertamente no llegaban a los conceptos modernos de separación de poderes y de federalismo; y, sin embargo, constituyeron importantes frenos al absolutismo, y por lo menos fomentaron hábitos y tradiciones de gobierno que los papas, por lo general, no quisieron alterar. Se creó una estructura formal, jurídica y burocrática que fue una innovación completa en la Europa germánica. El gobierno quedó separado de la lealtad personal del hombre al señor. Se desarrollaron unas complejas relaciones interorganizativas, en notable contraste no sólo con las instituciones tribales, sino también con las feudales y aun con las anteriores instituciones imperiales, fuesen bizantinas o francas. La complejidad y especificidad mismas de la estructura fueron verdadera fuente de principios constitucionales. “Con un gobierno tan delicado y extendido como el de la Iglesia medieval, obtener un consenso era absolutamente crítico.

Además, dentro de la propia Iglesia, vista como entidad separada de entidades seculares, había limitaciones teóricas así como prácticas a la arbitrariedad, fuese del papado o de los príncipes episcopales. En primer lugar, se aceptaba que la Iglesia como institución visible había sido fundada por el propio Cristo, y que Él y los apóstoles, y después los Padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos de los siete primeros siglos, le habían dado normas definidas e inmutables de creencia y conducta. Aun en la cúspide del poder papal, una glosa común de un canonista declaró que “sería peligroso comprometer nuestra fe por la voluntad de un solo hombre” Además, dentro de la propia Iglesia, vista como entidad separada de entidades seculares, había limitaciones teóricas así como prácticas a la arbitrariedad, fuese del papado o de los príncipes episcopales. En primer lugar, se aceptaba que la Iglesia como institución visible había sido fundada por el propio Cristo, y que Él y los apóstoles, y después los Padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos de los siete primeros siglos, le habían dado normas definidas e inmutables de creencia y conducta. Aun en la cúspide del poder papal, una glosa común de un canonista declaró que “sería peligroso comprometer nuestra fe por la voluntad de un solo hombre”. Se daba por sentado que ni el papa ni un concilio general podía modificar el dogma de la Iglesia ni introducir, a voluntad, un nuevo dogma.

Las nuevas enseñanzas deberán ser puestas a prueba contra el dogma existente pero, por encima de ello, sólo serán declaradas las doctrinas que ya estaban implícitas en el tesoro existente de enseñanzas de la Iglesia y que se presentaran como desarrollo orgánico del ya existente fundamento de creencias.

Más concretamente, el alcance de la autoridad de papas y concilios generales así como de obispos y de concilios locales estaba específicamente limitado, tanto por el derecho divino como por el derecho natural. Es cierto que nadie estaba autorizado a invertir o a pasar por alto un decreto papal que violase el derecho divino o el derecho natural; el único recurso era la acción política o bien la desobediencia civil. No obstante, los canonistas echaron base legal para esa resistencia. Graciano escribió: “Un papa no puede ser juzgado por nadie, a menos que sea atrapado desviándose de la fe.” Esto allanó el camino, más tarde, para el conciliarismo, según el cual un concilio general podía juzgar y deponer al papa. Hughes considera que “uno tras otro los canonistas medievales más ortodoxos, incluso los más leales a los papas, pusieron límites a la obediencia que se debía al papa.” Ningún juez, señaló otro canonista, podía actuar en contra del “estado” (status) de toda la Iglesia, y que no podía aplicar una ley que fuese en perjuicio de su “estado general” (generalis status ecclesiae), es decir, su carácter, su bienestar general o su orden público o, como se le llamaría en siglos posteriores, su constitución. Hasta el papa Inocencio IV (1243-1254), uno de los monarcas papales más autoritarios, reconoció la posibilidad de desobedecer a un papa si ordenara una cosa injusta, que perturbara el status ecclesiae, como por ejemplo, si su orden contuviera una herejía.

Esto es extraordinario porque significa que hay un criterio racional - más allá de la voluntad de nadie - para decidir si la conducta del gobernante es legítima. Y si eso se puede hacer con el Papa, podrá acabar haciéndose con cualquier gobernante.

Las teorías de las limitaciones constitucionales al absolutismo papal se debilitaron por falta de un tribunal que pudiese desafiar al papado. No hubo ningún juicio o deposición de un papa hasta comienzos del siglo XV, cuando el Concilio de Constanza depuso a dos papas rivales y aceptó la renuncia de un tercero. No obstante, aun en el clímax del poder papal, esas teorías de la limitación tenían una sólida base en condiciones sociales, económicas y políticas que conducían claramente a la autonomía local. Citando a Tierney: “Pese a la persistente tendencia a la centralización papal, toda la Iglesia, no menos que los Estados seculares, conservó un sentido de federación de unidades semiautónomas, una unión de innumerables cuerpos mayores o menores”. Tierney menciona obispados, abadías, colegios, capillas, gremios, órdenes religiosas, congregaciones y cofradías, todas las cuales “ejercían considerables derechos de autogobierno.”

De este modo, la identificación, hecha por los canonistas, de imperium con jurisdictio correspondía a la constitución viva de una entidad eclesiástica. La Iglesia era un Rechtsstaat, un Estado basado en el derecho. Al mismo tiempo, las limitaciones puestas a la autoridad eclesiástica, en especial por las entidades seculares, así como las impuestas a la autoridad papal dentro de la Iglesia, especialmente por las estructuras mismas del gobierno eclesiástico, fomentaron algo más que la legalidad en el sentido de Rechtsstaat, algo más afín a lo que los ingleses llamarían después “rule of law"

El principio de las limitaciones jurisdiccionales al poder y la autoridad fue un principio constitucional básico subyacente en el nuevo sistema del derecho canónico de fines del siglo XI y durante el XII. Sin embargo, un análisis de los modos en que se aplicó el principio jurisdiccional exigirá una consideración no sólo del derecho constitucional como tal, sino, más bien, del derecho corporativo. Según los canonistas, era la Iglesia como entidad jurídica corporativa la que confería jurisdicción a cargos eclesiásticos particulares (papa, obispos, abades), y la ley de las corporaciones la que determinaba la naturaleza y los límites de la jurisdicción así conferida.

Citas: el fin de la sociología, cláusulas de no competencia, antiguos niveles de CO2, el Islam trasnacional,

2026-08-15T21:29:58.303+02:00

El espectador

Podemos revelar que un antiguo simpatizante de Hizb ut-Tahrir, ahora prohibido como grupo terrorista, ha sido nombrado profesor adjunto de investigación en educación en Cambridge, en la misma facultad que Arday.

Lo que tenemos aquí es una crisis de sobreprotección.

La universidad es difícil. O al menos se supone que lo es. Debería suponer un reto, no una infantilización. También debería ayudar a los estudiantes a encontrar la manera de superarlo. Las calificaciones son un medio para que los profesores comuniquen buenas, malas y duras noticias.

Occidente trata al islam como una religión,

un conjunto de creencias privadas, rituales y enseñanzas morales que pueden integrarse en el Estado-nación liberal, al igual que el cristianismo, el judaísmo o el budismo. Este enfoque es fundamentalmente erróneo. El islam funciona como un Estado. No un Estado en el sentido estricto westfaliano de una entidad soberana con límites territoriales, capital, ejército y cuerpo diplomático reconocidos por las Naciones Unidas. Es un Estado transnacional, una comunidad política sin fronteras con su propia población, constitución, lógica expansionista y mecanismos de gobierno y lealtad.

El fin de la Sociología

Para Ilana Redstone, socióloga especializada en polarización política de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, los problemas de la sociología cobraron relevancia con la sentencia del Tribunal Supremo de 1971, Griggs contra Duke Power Co., que declaró ilegales las prácticas con un impacto discriminatorio en los empleados. Según su análisis, la equiparación moral entre resultados discriminatorios y discriminación pronto se arraigó en instituciones como la academia y los medios de comunicación. La subrepresentación o la desigualdad salarial entre grupos servían como prueba de sesgo, argumenta, lo que propició la proliferación de prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), incluyendo conceptos sobre sesgo inconsciente, daño e intención.

Más rendición de cuentas para los fondos de private equity. (Gordon/Lund)

El capital privado es ahora un importante motor de la actividad económica estadounidense y ha transformado sectores enteros. Sin embargo, a medida que los activos gestionados por el sector se han disparado, los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas se han debilitado. En particular, la salida a corto plazo de una empresa de la cartera mediante una OPV o una venta a precio de mercado a otra empresa se ha vuelto cada vez más infrecuente. Hasta ahora, los académicos se han centrado en este fenómeno como un riesgo para los inversores en fondos de capital privado. Compartimos su preocupación, especialmente porque el capital privado busca captar los ahorros para la jubilación de los inversores comunes, aunque nuestro enfoque es diferente. En cambio, nuestro artículo describe la amenaza que supone para la economía estadounidense y la asignación eficiente de capital cuando los promotores de capital privado se enfrentan a una mínima disciplina externa.

Para respaldar nuestra tesis, presentamos un estudio empírico de transacciones de capital privado de las últimas dos décadas que demuestra que los periodos de tenencia de las empresas de la cartera se han alargado y la verificabilidad de las desinversiones se ha deteriorado. Cuando se producen ventas, estas se realizan cada vez más a otros miembros de la comunidad de patrocinadores privados o mediante ventas internas a través de fondos de continuidad, donde los incentivos para el favoritismo son elevados. Además, demostramos que otras fuentes de rendición de cuentas —incluidas las medidas de rendimiento generadas internamente y la remuneración basada en el rendimiento— están sesgadas o se están erosionando.

Sin rendición de cuentas, el sector del capital privado corre el riesgo de una importante mala asignación de recursos, similar a la de épocas anteriores en las que los equipos directivos crearon grandes e ineficientes conglomerados que contribuyeron al lento crecimiento económico. Además, genera un riesgo sistémico en forma de burbuja autoinflable, mediante la cual los patrocinadores pueden mantener valoraciones de cartera artificialmente altas a través de ventas con conflictos de intereses y valoraciones poco transparentes. Este riesgo creciente se ve enormemente exacerbado por la inclusión del capital minorista y exige una revisión del marco regulatorio del capital privado. La rendición de cuentas depende de que los inversores tengan la capacidad de evaluar el desempeño comparativo de los patrocinadores de capital privado y sus empresas participadas. Por lo tanto, proponemos la divulgación anual obligatoria de los resultados financieros y operativos de las empresas de cartera de capital privado consideradas "significativas". Dado que los patrocinadores suelen recopilar y proporcionar dicha información a los acreedores que financian las adquisiciones iniciales, un régimen de divulgación obligatoria no debería suponer una carga excesiva para el sector. Este cambio normativo podría adoptarse sin necesidad de nueva legislación, en virtud de la autoridad regulatoria vigente de la SEC, o podría establecerse como condición para la inclusión de un fondo en la oferta de un administrador fiduciario "prudente" de ERISA. Al mitigar el riesgo de una asignación ineficiente de recursos, dicha divulgación protegería no solo a los inversores, sino también a la economía estadounidense.

Disminución de la cubierta forestal bajo niveles elevados de CO2 durante el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno

La predicción de los efectos del cambio climático depende de complejas interacciones entre el clima y la vegetación. Si bien el aumento del dióxido de carbono proveniente de las emisiones antropogénicas podría hacer que la fotosíntesis sea más eficiente, lo que conllevaría una mayor productividad de la vegetación y un mayor almacenamiento de carbono, el calentamiento y la sequía simultáneos pueden reducir la productividad primaria. Dunn et al. examinaron cómo estos factores interactuaron para influir en la productividad forestal en otro período con niveles elevados de dióxido de carbono y un calentamiento global de 5° a 9°C, el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno, que ocurrió hace unos 56 millones de años. Basándose en un análisis de cutículas foliares de fósiles, los investigadores descubrieron que hubo una mayor apertura del dosel arbóreo al comienzo de este período, posiblemente debido a la mortalidad de los árboles, que se produjo junto con importantes cambios en la vegetación y la hidrología.
Persiste la incertidumbre respecto al impacto del rápido calentamiento antropogénico en la estructura, la biodiversidad y la función de los ecosistemas forestales. Como analogía, reconstruimos la densidad del dosel forestal y los cambios en su composición en Wyoming, EE. UU., durante el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM), un intervalo de aumento abrupto del carbono y calentamiento hace aproximadamente 56 millones de años. Desarrollamos un indicador para cuantificar el índice de área foliar y evaluar los cambios en la composición floral mediante palinomorfos. Los doseles forestales se abrieron abruptamente al inicio del calentamiento del PETM, la erosión del paisaje aumentó y la vegetación pasó de ecosistemas dominados por angiospermas de hoja ancha a ecosistemas dominados por helechos y palmeras. En combinación con datos regionales, estos patrones sugieren que los cambios a escala continental en las comunidades vegetales provocan la desestabilización del paisaje. Estos cambios también tienen implicaciones para las retroalimentaciones hidrológicas y del ciclo del carbono a escala multimilenaria en el sistema climático.

Cláusulas de no competencia

Estudiamos las cláusulas de no competencia de los trabajadores en un amplio experimento de campo con dos empresas financieras. En aproximadamente 14 000 ofertas de trabajo a reclutadores autónomos con contratos a corto plazo, aleatorizamos los salarios y la presencia, relevancia y duración de las cláusulas de no competencia (todos los contratos también incluían un acuerdo de confidencialidad). Eliminar una cláusula de no competencia aumenta la movilidad entre empleadores competidores entre un 36 % y un 52 %, y eleva los ingresos totales de los trabajadores de ambas empresas entre un 12 % y un 17 %. No encontramos evidencia —incluso rechazando efectos pequeños— de que la eliminación de las cláusulas de no competencia genere filtraciones de información confidencial. Tampoco encontramos evidencia de que los trabajadores elijan trabajos con cláusulas de no competencia por una mayor remuneración. Muchos trabajadores parecen desconocer las cláusulas de no competencia antes de la comunicación posterior a la contratación por parte de las empresas. Los resultados concuerdan con un modelo de falta de atención e incertidumbre sobre su cumplimiento.

Extractos de 'Los límites a la acción del Estado' de Wilhelm von Humboldt (el hermano de Alexander)

2026-08-15T21:09:26.237+02:00

La inteligencia artificial y la robótica quizá acaben con el tipo humano en el que pensaban los ilustrados del siglo XVIII y XIX. Wilhelm von Humboldt, muy admirado por J.S. Mill no escribía demasiado bien. El librito del que están sacados estos extractos es un ladrillo pero tiene ideas potentes. Algunas las recojo a continuación.

... cuanto más ricos en ideas sean los sentimientos del hombre y más pletóricas de sentimiento sus ideas, más inalcanzable será su altura.

Por lo dicho hasta aquí, considero demostrado que la verdadera razón no puede desear para el hombre ningún otro estado que aquel en que no solamente cada individuo goce de la más completa libertad para desarrollarse por sí mismo y en su propia individualidad, sino en el que, además, la naturaleza física no reciba de mano del hombre más forma que la que quiera imprimirle libre y voluntariamente cada individuo, en la medida de sus necesidades e inclinaciones, restringida solamente por los límites de su fuerza y de su derecho...

La variedad que se logra por la asociación de varios individuos es precisamente el bien supremo que confiere la sociedad, y esta variedad se pierde indudablemente en la medida en que el Estado se inmiscuye. Ya no son, en realidad, miembros de una nación que viven entre sí en comunidad, sino súbditos que entran en relación con el Estado, es decir, con el espíritu que impera en su gobierno; una relación en la que el poder superior del Estado entorpece el libre juego de las fuerzas. Causas uniformes producen consecuencias uniformes. Por tanto, cuanto más interviene el Estado, mayor será la semejanza, no sólo de los medios con los que actúa, sino también de todo lo realizado. Y esto es, precisamente, lo que los Estados se proponen. Quieren el bienestar y la tranquilidad. Y consiguen ambos en la medida en que los individuos luchen menos entre sí. Pero a lo que el hombre aspira, y tiene necesariamente que aspirar, es a algo muy distinto: es a la variedad y a la actividad. Sólo éstas dan personalidades amplias y enérgicas; y seguro que ningún hombre ha caído tan bajo como para preferir para sí mismo la felicidad a la grandeza... el hombre nunca considera tan suyo propio lo que posee como aquello que él mismo hace, y el obrero que cultiva el jardín es, tal vez, más propietario de él, en un sentido más verdadero, que el señor ocioso que lo disfruta.

para la solución de los problemas de que aquí se trata, interesa más el hecho de que se haga lo que debe hacerse que el de que quien lo haga sepa por qué lo hace; que importa más que la tierra se cultive que quien la cultive sea el labrador más hábil posible.

(o sea, la eficacia que la eficiencia)

Pero con una actuación excesiva del Estado sufre aún más la energía del actor en general y el carácter moral. Es ésta una afirmación que apenas necesita ser desarrollada. Quien es dirigido mucho y con frecuencia tiende fácilmente a sacrificar, de un modo espontáneo, lo que le quede de su independencia. Se considera libre del cuidado de dirigir sus actos, confiándolo a manos ajenas, y cree hacer bastante con esperar y seguir la dirección de los otros. Esto hace que sus ideas acerca de lo que es mérito y lo que es culpa se oscurezcan. La noción de lo primero ya no lo espolea, ni el sentimiento torturante de lo segundo deja en él una huella tan frecuente y tan profunda como antes, pues propende fácilmente a descargar la culpa sobre su situación y sobre las espaldas de quien la ha configurado.

Cuanto más se encomienda uno a la ayuda tutelar del Estado, así tiende, o en mayor medida todavía, a confiar a ella la suerte de sus conciudadanos. Y esto debilita la solidaridad y frena el impulso de la ayuda mutua. Pues la ayuda mutua actuará al máximo cuando más vivo sea el sentimiento de que todo depende de ella; y la experiencia demuestra también que los sectores de un pueblo que se sienten oprimidos y como abandonados por el gobierno están entre sí doblemente unidos. Y, cuando el ciudadano es más frío respecto a los ciudadanos, también lo es el esposo respecto a la esposa y el padre de familia respecto a la familia. Confiados a sí mismos en todos sus actos y manejos, huérfanos de toda ayuda ajena, fuera de la que ellos mismos se procurasen, los hombres caerían no pocas veces, por su culpa o sin ella, en perplejidad y en desgracia. Sin embargo, la felicidad que le está reservada al hombre no es sino aquella que sus propias fuerzas le procuran, y estas situaciones son precisamente las que agudizan la inteligencia y forman el carácter. ¿Y, acaso, no surgen también esos males cuando el Estado impide la independencia, con su excesiva intervención?

Aun en el mejor de los casos, los Estados... se asemejan... a esos médicos que alimentan la enfermedad y alejan la muerte. Antes de que existiesen médicos sólo se conocian la salud o la muerte.

La libertad es, indudablemente, la única condición necesaria sin la cual ni las cosas más pletóricas de espíritu pueden producir resultados saludables de esta especie. Lo que el hombre no abrace por su propio impulso, aquello en que se vea sujeto a la dirección y a las restricciones impuestas por otros, no se identifica con su ser, es siempre algo ajeno a él y no lo ejecuta, en rigor, con fuerza humana, sino con habilidad mecánica.

Los antiguos, principalmente los griegos, reputaban perjudicial y deshonrosa toda ocupación que implicase simplemente un despliegue de fuerza física o se propusiese exclusivamente la adquisición de bienes externos, sin proponerse cultivar el interior del hombre. De aquí que sus filósofos más filántropos aprobasen la esclavitud, como si con este medio injusto y bárbaro quisieran asegurar a una parte de la humanidad, con el sacrificio del resto de ella, la fuerza y la belleza supremas.

... se sigue con la idea de que sin determinados principios religiosos, o por lo menos sin la vigilancia de la religión de los ciudadanos por parte del Estado, no pueden existir paz exterior y moralidad, ni es capaz el poder civil de mantener la autoridad de la ley, y ello hace que no se preste oído a las consideraciones precedentes. Sin embargo, necesita ser analizado con mayor minuciosidad y exactitud el influjo que pueden tener los principios religiosos acatados de ese modo, como, en general, una religiosidad favorecida por la intervención del Estado. En los grupos menos instruidos del pueblo, las verdades religiosas de las que más ayuda se espera son aquellas que tienen que ver con las ideas de recompensa y castigo para la otra vida. Pero éstas, sin embargo, ni disminuyen la propensión a cometer acciones inmorales, ni fortalecen la inclinación al bien, ni, por lo tanto, mejoran el carácter; lo único que hacen es influir en la imaginación y, en consecuencia, la repercusión que tienen sobre la conducta no es otra que la que, normalmente, ejercen las imágenes de la fantasía —es un influjo que se debilita, y hasta desaparece, en la medida en que se debilita la viveza de dichas imágenes—. Si se añade que estas expectativas quedan tan lejanas e inciertas —incluso según el sentir de los más creyentes— que las ideas del posterior arrepentimiento, de enmienda para el futuro y de confianza en el perdón, que tanto se favorecen con determinados conceptos religiosos, pierden por ello una gran parte de su eficacia, resulta incomprensible que estas ideas puedan ejercer mayor influencia que la idea de las sanciones civiles, que son tan inmediatas y tan ciertas, y que no pueden ser esquivadas ni por arrepentimiento, ni por un mejor comportamiento posterior, si se familiarizara a los ciudadanos, desde la niñez, con las consecuencias diferentes que se derivan de las acciones morales y de las inmorales, la respuesta ha de ser, en uno y otro caso, negativa. La virtud concuerda de tal manera con lãs inclinaciones primigenias del hombre, los sentimientos de amor, concordia, y justicia tienen en sí un sabor tan dulce, los sentimientos del actuar de manera altruista y del sacrificio por los otros son algo tan sublime, las relaciones de la vida familiar y social que de ahí brotan producen tal satisfacción que más que ponerse a la búsqueda de nuevos estímulos para acciones virtuosas, lo único que verdaderamente hace falta es darles ocasión de ejercer su actividad, del modo más libre posible y sin trabas, a esos estímulos que, de por sí, ya abriga el alma en su interior.... Las dudas que le origina su razón atormentan al creyente, porque, al contrario de lo que ocurre en las mentes que piensan por sí mismas, no le sirven para espolearle de nuevo a descubrir la verdad; lo que hacen es robarle la certeza, sin mostrarle ningún camino, sin mostrarle ningún medio para alcanzarla de nuevo por otra vía.

... como sucede que todo engaño... presupone siempre un convencimiento previo del engañado; como sucede que la cantidad de matices hace prácticamente imposible que se pueda establecer una regla general, y como sucede también que la posibilidad de un engaño... agudiza a los hombres y los hace más prudentes, creo que es mejor y más de acuerdo con los principios, en una teoría alejada de aplicaciones concretas, extender las leyes prohibitivas solamente a aquellos casos en que se actúe sin, o incluso contra, la voluntad del otro.

El derecho de la responsabilidad extracontractual: el principio de indemnidad

Cuando alguien ha sido perjudicado por otro, tiene derecho a reparación, pero únicamente a esa reparación, ya que, en la sociedad, ha entregado en manos del Estado su venganza privada. En consecuencia, el ofensor únicamente está obligado a restituir al ofendido lo que le ha quitado o, si ello no es posible, a indemnizarle el perjuicio causado, respondiendo de ello con sus bienes o sus fuerzas, en cuanto que con ellas puede adquirir bienes. La privación de la libertad que se da entre nosotros, por ejemplo, cuando se trata de deudores sin recursos, sólo puede entrar en consideración como una medida subsidiaria, para no correr el peligro de perder la persona del deudor y además sus bienes futuros. El Estado, ciertamente, no puede denegarle a la persona perjudicada el recurso a cualquier tipo de medios legítimos de indemnización, pero debe tener cuidado de que no los utilice como pretexto para vengarse del ofensor.

Límites a la vinculación contractual

Muy otra es la situación, por el contrario, cuando se trata de contratos que obligan a una prestación personal o que generan, incluso, una auténtica relación personal. La obligación que se genera en esos contratos es perjudicial para las fuerzas más nobles del hombre, y como el resultado de los negocios que se efectúan a través de ellos depende, unas veces más y otras menos, del consentimiento continuado de las partes, una restricción de esa especie resulta en ellos menos perjudicial. Así, pues, siempre que el contrato dé lugar a una relación personal que no sólo exija determinadas acciones, sino que afecte a la persona en su sentido más propio, y su modo de vivir; siempre que lo que se ha pactado hacer o no hacer guarde una relación muy estrecha con sentimientos íntimos, habrá de permitirse su rescisión, y ello sin necesidad de aducir otras razones. Así ocurre en el caso del matrimonio. Cuando se trate de una relación menos estrecha, pero que restringe igualmente la libertad personal, creo que el Estado debería fijar un plazo —cuya extensión habría de determinarse por la importancia de las restricciones previstas y por la naturaleza del negocio—, dentro del cual no le estaría permitido a ninguna de las partes rescindir unilateralmente el contrato; una vez transcurrido ese plazo sin haberse renovado el contrato, no tendría fuerza de obligación, ni siquiera si las partes hubieran renunciado a esta ley en la celebración del contrato. Pues, aunque en un principio pueda parecer que una disposición de esta naturaleza constituye un acto de benevolencia por parte de la ley, que, como cualquier favor, no se le puede imponer a nadie por la fuerza, no se le está privando a nadie de la facultad de establecer relaciones para toda la vida, sino sólo del derecho a obligar a otro en algo, en lo que la coacción sí sería un impedimento para el logro de sus fines más elevados. Y en casos como los mencionados aquí, especialmente el del matrimonio, se trata todavía menos de un beneficio de la ley (en cuanto la libre voluntad no acompañe ya a la relación), por cuanto sólo difieren en grado de aquellos casos en que uno se convierte en puro instrumento a merced de los intereses de otro o, más propiamente, es convertido en instrumento por el otro. Al Estado, es decir, a la voluntad común de la sociedad, no se le puede negar en esto la facultad de trazar la línea divisoria entre la obligación justa e injusta, porque la cuestión de si las limitaciones derivadas de un contrato convierten a quien haya cambiado su voluntad realmente en instrumento del otro sólo podría decidirse total y verdaderamente a la vista de cada caso particular... es de preferir la voluntad del individuo, pluriforme y cambiante, a la voluntad uniforme e inalterable del Estado. También parece duro, sean cuales fueren las deficiencias que se les pueden achacar, con razón, a los testamentos, privar al hombre del noble gozo de pensar que, incluso después de su muerte, podrá hacer un bien con su fortuna a éste o a aquél.

Las personas jurídicas

Dado que poseen una entidad independiente del número de sus componentes y que, salvo modificaciones de poca monta, se mantienen idénticas a lo largo de muchos años, generan todos los males que se han señalado antes como consecuencia de las disposiciones de última voluntad. Arrastran siempre consigo una cantidad enorme de inconvenientes, aunque una gran parte de ellos tiene su origen en una peculiaridad nuestra que no les es propia por naturaleza, a saber, la de los privilegios exclusivos que les otorga expresamente el Estado o tácitamente la costumbre, y por lo que, a menudo, se convierten en auténticas corporaciones políticas. Estos inconvenientes sólo se producen, sin embargo, irremediablemente si sus estatutos obligan a todos sus miembros, incluso contra su propia voluntad, a utilizar de esta o aquella manera los recursos colectivos o si permiten a una minoría que imponga su voluntad a la mayoría por la vía de exigir una unanimidad absoluta.

Por lo demás, las sociedades y las asociaciones no sólo no tienen porqué producir efectos perjudiciales, sino que, justamente, constituyen uno de los instrumentos más seguros y adecuados para fomentar y acelerar la formación del hombre. En ese sentido, la aportación que preferiblemente habría que esperar del Estado sería, únicamente, la regulación de que en cada persona moral o sociedad no se vea nada más que la asociación de sus correspondientes miembros y que, por consiguiente, nada les pueda impedir a éstos decidir libremente, por mayoría, sobre la utilización de las fuerzas y recursos comunes. Eso sí, hay que tener buen cuidado de considerar como miembros sólo a aquellas personas que constituyan realmente la base de la sociedad, pero no a aquéllas que se sirvan de ella como un mero instrumento —una confusión que se ha dado no pocas veces, sobre todo en los derechos del clero—.

Wilhelm von Humboldt, Los límites de la acción del Estado. Estudio preliminar, traducción y notas de Joaquín Abellán

Por qué Europa se va al carajo: no necesitamos a ninguna Von der Leyen más. Necesitamos a un Elon Musk

2026-08-10T20:43:47.763+02:00

Publicado en el OBLB

La Directiva (UE) 2025/25, publicada en el DOUE el 10 de enero de 2025, modifica la Directiva 2017/1132 para ampliar y mejorar el uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades. Se presenta como una nueva fase de la digitalización societaria europea, en la estela del sistema BRIS y de la Directiva 2019/1151, que ya había introducido reglas sobre la constitución en línea de sociedades, el registro de sucursales transfronterizas y la presentación telemática de documentos ante los registros mercantiles.

La justificación oficial es la conocida: las sociedades que operan en el mercado interior necesitan que sus datos societarios puedan utilizarse de forma fiable pero poco gravosa en contextos transfronterizos.

La Comisión identifica como problema que, cuando una sociedad actúa en otro Estado miembro, a menudo debe volver a aportar documentos que ya constan en su registro nacional. Y, para aportarlos, ha de traducirlos, legalizarlos o apostillarlos de modo que la autoridad extranjera los acepte como auténticos y suficientes.

Para mejorar las cosas, a la Comisión se le ha ocurrido añadir dos instrumentos: el certificado de sociedad de la Unión Europea y el poder digital europeo.

El primero es un documento estandarizado y multilingüe que acredita la existencia de la sociedad y determinados datos registrales.

El segundo permite que una sociedad autorice digitalmente a una persona para realizar ciertas actuaciones societarias transfronterizas. No se trata de un poder general para el tráfico ordinario, ni de un mecanismo para conocer a todos los apoderados de una sociedad, ni de una base de datos pública de los representantes de las sociedades. Es un documento que acredita que una persona puede actuar por cuenta de una sociedad en procedimientos concretos ante registros o autoridades de otro Estado miembro. Los comentarios técnicos sobre la Directiva lo vinculan a actuaciones como

la constitución de sociedades filiales en otros países de la UE
el registro o cierre de sucursales, y
operaciones transfronterizas de transformación, fusión o escisión.

Por ejemplo, supongamos que una sociedad española quiere abrir una sucursal en Alemania. En el sistema tradicional, tendría que acreditar ante el registro alemán que existe, que está válidamente inscrita, quiénes son sus representantes y quién ha autorizado al abogado o gestor alemán a tramitar la inscripción. Eso puede exigir certificaciones registrales españolas, traducciones, legalizaciones, comprobaciones notariales o documentos equivalentes.

Con el nuevo sistema, la sociedad podría obtener un certificado europeo que acredite sus datos básicos (certificado de sociedad europea) y emitir un poder digital europeo a favor del profesional alemán encargado del trámite (poder digital europeo). El registro alemán debería poder verificar electrónicamente esos documentos y aceptarlos sin exigir una nueva ronda de formalidades nacionales.

La típica sociedad constituida en cualquier país europeo que compra, vende, arrienda, distribuye, financia, contrata trabajadores o presta servicios no necesita normalmente un poder digital europeo. Actúa mediante sus administradores, mediante poderes notariales nacionales, mediante certificados electrónicos o mediante los mecanismos contractuales habituales. Así que, para una pyme, el número esperable de usos es cero. Para una empresa que se internacionaliza ocasionalmente, quizá una o dos veces en muchas décadas. Para un grupo de sociedades con presencia frecuente en varios Estados miembros, puede tener una utilidad mayor, pero seguirá vinculada a operaciones de organización societaria, no al tráfico empresarial cotidiano.

La Comisión presenta la iniciativa como una reducción de cargas administrativas para las empresas. En la propuesta que desemboca en la Directiva se estimaba una reducción potencial de cargas de unos 437 millones de euros al año, cifra reproducida también por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Pero esa cifra no responde a la pregunta esencial: cuántas empresas usarán efectivamente el poder digital europeo, cuántas operaciones se beneficiarán de él, cuál será el ahorro real por operación y cuál será el coste completo de diseñar, negociar, transponer, implantar y mantener el sistema.

Los costes para los particulares no desaparecen. Cambian de forma. La sociedad deberá obtener el certificado o el poder, pagar las tasas que procedan, adaptar sus procedimientos internos, comprobar quién puede otorgar válidamente ese poder, coordinarse con asesores del Estado de destino y aprender a utilizar un nuevo instrumento que se superpone a los poderes nacionales.

Además, alguien tendrá que verificar que la persona que emite el poder tiene facultades suficientes, que el poder cubre la operación concreta, que no ha sido revocado y que la autoridad de destino puede comprobar su validez. La Directiva puede eliminar apostillas y traducciones en ciertos casos, pero no elimina la necesidad de un control jurídico. Sustituye unas formalidades por otras, quizá más rápidas, pero no gratuitas.

El coste público es todavía menos visible. Hay un primer coste, enorme, que casi nunca aparece en la contabilidad regulatoria: el coste de producción normativa. Cada iniciativa europea de este tipo exige años de trabajo de la Comisión, estudios preparatorios, consultas públicas, evaluación de impacto, reuniones con registros mercantiles, notarios, ministerios nacionales, expertos, empresas tecnológicas, servicios jurídicos, traductores y unidades técnicas. Después llega la negociación legislativa ordinaria: Parlamento Europeo, Consejo, grupos de trabajo, posiciones nacionales, enmiendas, trílogos, revisión jurídico-lingüística y publicación en todas las lenguas oficiales. Una vez aprobada la Directiva, empieza la fase nacional: transposición por los Estados miembros, adaptación de leyes, reglamentos, instrucciones registrales, sistemas informáticos y prácticas administrativas. Nada de eso es gratuito. Es trabajo de funcionarios, juristas, técnicos, traductores, asesores y responsables públicos de los Estados miembros y de las instituciones europeas.

A ese coste de producción normativa se suma el coste de ejecución. Los registros nacionales deberán adaptar sus sistemas, formularios, interfaces, protocolos de autenticación, mecanismos de verificación, reglas de interoperabilidad, canales de comunicación con BRIS y procedimientos internos. Habrá que formar personal, coordinar registros, notarios y autoridades nacionales, mantener infraestructuras técnicas, resolver incidencias y actualizar el sistema.

Y la evaluación de impacto de la Comisión se limita a reflejar los beneficios pero no incluye ninguno de estos costes.

Y si pasamos a evaluar los beneficios esperables, lo paradójico es que podemos intuir que los beneficios son mucho más reducidos que los que cree la Comisión porque las empresas con más probabilidad de usar el instrumento son las que menos lo necesitan. Una gran sociedad o un grupo multinacional que abre sucursales, constituye filiales o participa en fusiones transfronterizas ya dispone de economías de escala en cumplimiento normativo. Tiene abogados internos, despachos locales, notarios habituales, asesores fiscales, auditores y procedimientos estandarizados para gestionar certificaciones, traducciones, legalizaciones y poderes. Para esas empresas, los costes que la Directiva pretende reducir son costes marginales dentro de operaciones que ya son complejas y caras.

Como he dicho, es dudoso que las pymes sean típicas usuarias. Una pyme que no opera internacionalmente no usará nunca el poder digital europeo. Y una pyme que decide abrir una sucursal o constituir una filial en otro Estado miembro necesitará, en cualquier caso, asesoramiento local sobre Derecho societario, fiscal, laboral, administrativo y contable. El poder digital puede ahorrarle algún documento, una traducción o una legalización, pero no elimina los costes centrales de internacionalizarse. La reducción existe, pero afecta a una franja estrecha de los costes, no al núcleo del problema y, lo que es más relevante: los intermediarios - abogados fundamentalmente - tienen incentivos para minimizar los costes correspondientes para poder ofrecer el servicio a un precio competitivo.

Este es un nuevo ejemplo, minúsculo si se quiere, del activismo de la Comisión Europea que está costando miles de millones anualmente a los europeos.

La Comisión Europea tiende a convertir cualquier fricción transfronteriza en argumento suficiente para producir una nueva regulación. Se identifica una dificultad real, se formula como problema de interoperabilidad, se invoca la confianza, se promete ahorro administrativo y se construye un nuevo instrumento europeo. Pero el cálculo relevante —el coste completo de elaboración, discusión, negociación, transposición, implantación y mantenimiento frente al número real de usos y al ahorro efectivo por operación— queda sin hacer, o al menos sin hacerse de forma transparente.

Citas: libros, quinielas, magisterio, cooperación, Adam Smith, pobres europeos pobres.

2026-08-10T14:05:29.222+02:00

Tres libritos garantizados para leer en agosto

Los socialistas son peores que Franco. No respetan ni las quinielas

En esta temporada han introducido un cambio. Junto a cada partido figura entre paréntesis la letra (M) o (F) para indicar si son los equipos masculinos o los femeninos los que juegan el partido. Es realmente irritante porque expresa la voluntad de la Administración Pública y del gobierno de extrema izquierda de modelar las preferencias de los particulares. Es iliberal y contradictorio con el artículo 10 de la Constitución y la obligación de imparcialidad de la Administración.

La Quiniela no es un instrumento de política deportiva, sino un producto de apuestas basado en la capacidad de los participantes para valorar probabilidades de resultados. En España existe una asimetría enorme de información e interés entre el fútbol masculino y el femenino. El seguimiento, audiencia, cobertura mediática, asistencia, conocimiento de las plantillas y mercados de apuestas son incomparablemente mayores en el masculino. Por tanto, introducir partidos femeninos en la Quiniela no constituye una sustitución neutral de unos partidos por otros. Cambia deliberadamente el objeto sobre el que los ciudadanos pueden apostar y obliga a los participantes que quieran seguir jugando a adquirir información sobre una competición que, en promedio, no habrían elegido.

Si el criterio fuera simplemente maximizar el interés de los apostantes, habría una razón para incluir los partidos que generan mayor demanda. Si, en cambio, se introducen competiciones con menor demanda para aumentar su visibilidad y aceptación, estamos ante una política de promoción mediante un instrumento que pertenece al Estado.

El problema no es que haya fútbol femenino en la Quiniela. El problema es que un organismo público utilice la Quiniela, que debería diseñarse atendiendo a las preferencias y a la información de los apostantes, como instrumento para modificar esas preferencias. Si el fútbol femenino suscita mucha menos atención e interés que el masculino, introducirlo obligatoriamente en el producto no es una respuesta a la demanda existente, sino una forma de crear demanda mediante una decisión administrativa. Desde una perspectiva liberal, resulta legítimo preguntarse por qué el Estado debe dedicarse a moldear las preferencias deportivas de los ciudadanos en lugar de limitarse a ofrecerles los acontecimientos que ellos desean seguir y sobre los que disponen de información suficiente para apostar.

La menor información del apostante puede deteriorar precisamente la función que justifica la Quiniela. Un mercado de predicción funciona mejor cuando quienes participan tienen incentivos para recopilar y procesar información. Si una parte de los partidos incluidos carece de interés para ellos y de información suficientemente accesible, la participación en esos partidos se convierte en algo más próximo a la apuesta puramente aleatoria.

Y la conclusión no puede ser otra que esta decisión de política comercial no está basada en maximizar el atractivo de las "apuestas mutuas deportivo-benéficas" sino en ejecutar la política iliberal y woke del gobierno más progresista de la historia de España desde el del duque de Lerma.

El Real Decreto aprobado el 5 de mayo de 2026 decidió incorporar permanentemente la Liga F a la Quiniela y, simultáneamente, modificar el reparto de la recaudación de las apuestas deportivas del Estado para atribuir un 15 % a la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Se pretende fortalecer económicamente la Liga F y que el fútbol femenino constituya un «referente de igualdad, visibilidad y generación de oportunidades para las mujeres».

La cuestión es si esa utilización de la Quiniela es compatible con una concepción liberal de la función del Estado: se utiliza deliberadamente el poder de un organismo público para proporcionar visibilidad, financiación y exposición a una competición que, precisamente por tener una demanda privada considerablemente inferior, no habría obtenido esa posición dentro del producto atendiendo únicamente a las preferencias de los apostantes. En ese sentido, sí puede hablarse de una política de ingeniería de las preferencias.

La torticera intención del Gobierno se refleja en que alguien más decente e imparcial que Sánchez habría duplicado las quinielas, haciendo un boleto con los partidos masculinos y otro con los partidos femeninos. ¿Qué ocurriría? Que muy pocos apostarían su dinero a los partidos femeninos.

Lo que ocurre en España, no ocurre en los demás países europeos (ni en UK, ni en Alemania, ni en Francia ni en Italia según la IA). Porque ellos no disfrutan de un gobierno tan progresista.

Espero que haya un backlash y que el próximo gobierno suprima la inclusión de partidos femeninos en la Quiniela. Las mujeres que todavía votan al PSOE deberían pedir a gritos que el gobierno deje de "ayudarlas". La izquierda-realmente-existente es tan incompetente y malintencionada (hágase todo lo que enfade a la derecha aunque, en el camino. nos quedemos tuertos) que acabará por destrozar todas las causas que utiliza como bandera de su progresismo.

¡Qué pobres somos en comparación con los norteamericanos! Gracias a la izquierda y a von der Leyen (Cremieux)

Pero vean que nuestros pobres son muy pobres pero nuestros ricos no son muy ricos. Eso es que pagamos muchos impuestos los que trabajamos y obtenemos ingresos pero el Estado redistribuye mal, no redistribuye hacia los más pobres. Otro dato: caminamos a buen ritmo hacia el podium de honor entre los países más pobres de Europa. Pero a los españoles no les importa. Si les importara, votarían popperianamente. Seguirán haciéndolo identitaria e ideológicamente. Y eso es porque la conversación pública está dominada por los más lerdos con múltiples títulos universitarios en grados Mickey Mouse.

Y vean este cuadro de John Burn-Murdoch

los trabajadores estadounidenses que son funcionalmente analfabetos ahora ganan aproximadamente lo mismo por hora que el trabajador británico promedio.... Creo que esto ilustra un punto ciego más amplio en la formulación de políticas. La política educativa es clave para el crecimiento económico a medida que un país pasa de ingresos bajos a altos, pero después de cierto punto la fuerza opuesta se vuelve más fuerte: *la economía impulsa los resultados educativos*. El Reino Unido supera a la mayoría de sus pares en educación, ya sea medido en evaluaciones internacionales de escuelas, asistencia universitaria o medidas de habilidades adultas. Pero en las últimas dos décadas ha tenido un desempeño muy malo en la economía: crecimiento débil de la productividad, salarios estancados y pérdida continua de empleos manufactureros calificados. Así que, en lugar de que un fuerte desempeño educativo haga feliz o mejore la situación de todos, ha hecho que todos estén enojados porque se lo curraron, adquirieron las habilidades, pero terminan con resultados de mierda, a menudo peores que los de sus padres.

Los jóvenes actores como marcas

Las estrellas más destacadas de hoy no son solo actores y actrices; son marcas. El Sr. Holland y Zendaya, junto con figuras como Timothée Chalamet, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Glen Powell, protagonizan campañas publicitarias de coches de lujo, marcas de moda y empresas de bebidas. Su influencia cultural trasciende la gran pantalla.

¿Ha cometido alguien en Moncloa un delito de prevaricación al publicar una foto falsificada con intención de engañar? ¿Le queda al PSOE alguien que sepa lo mínimo de Derecho?

Adam Smith sobre los niños pequeños

Un niño muy pequeño no tiene autocontrol. . . . Mientras permanece bajo la custodia de ese protector parcial [su nodriza o sus padres], su ira es el primero y, tal vez, el único impulso que se le enseña a moderar. A veces mediante ruidos y amenazas hay que asustar al infante para que se ponga de buen humor; y se contiene en su impulso por agredir a otros porque teme por su propia seguridad. Cuando tiene la edad suficiente para ir a la escuela, o para mezclarse con sus iguales, pronto descubre que sus compañeros no tienen esa indulgente parcialidad (que muestran sus padres)… Y la preocupación por su propia seguridad le enseña a [ganarse el favor de sus compañeros y evitar su odio o desprecio]; y pronto descubre que ese objetivo sólo puede lograrlo moderando su ira y todos los demás impulsos negativos, hasta el punto en que sus compañeros lo consideren una compañía agradable. Entra así en la gran escuela del autocontrol, se esfuerza para ser cada vez más dueño de sí mismo, y comienza a ejercer sobre sus propios sentimientos una disciplina que la práctica de la vida más larga rara vez es suficiente para llevar a la completa perfección. (III.3.22)

Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, III.3.22,

La formación de relaciones de cooperación

Encuentro que una oportunidad siempre presente para formar nuevas relaciones sí lo hace no destruir la cooperación. Las estrategias simples logran el óptimo (restringido) Nivel de cooperación. Los agentes pueden mantener la cooperación de forma monótona Aumentando el nivel de intercambio dentro de una relación. Con tales estrategias, la utilidad de permanecer en la relación siempre supera la utilidad de Empezar una relación. Cualquier agente que engañe a su pareja debe empezar una nueva relación en el nivel inicial y bajo de intercambio. Básicamente, ambos miembros de la pareja pagar una "fianza de cumplimiento" de Becker y Stigler (1974) en forma de Utilidad reducida. Si algún agente engaña a su compañero, pierde los beneficios de el bono y debe pagar otro compromiso para empezar de nuevo.

R. E. Kranton, The Formation of Cooperative Relationships, J. L. Econ. & Org. 1996, p 214 ss.

Los profesores universitarios de los grados mickey mouse no hacen ciencia. Escriben "cosas"

Un estudio de 7 años sobre 3.900 artículos de ciencias sociales encontró que solo ~50% pudieron ser replicados. Sin embargo, hubo una variación significativa entre campos. Mientras que más del 60% de los artículos de ciencia política & econ fueron replicados, solo ~25% de los de sociología & 0% de los de educación lo fueron. Se ve que los académicos de pedagogía, magisterio y educación en general no hacen trabajo científico. Pero miren a las cifras de Business!!!!

https://www.nature.com/articles/d41586-026-00955-5

Los resultados del proyecto SCORE —derivados del trabajo de 865 investigadores que analizaron minuciosamente artículos publicados en 62 revistas y que abarcan campos como la economía, la educación, la psicología y la sociología— no significan necesariamente que la ciencia se esté haciendo mal, afirma Tim Errington, jefe de investigación del Center for Open Science, un instituto que coordinó parte del proyecto.

Por supuesto, algunos resultados no son replicables debido a errores honestos o a casos excepcionales de mala conducta, afirma, pero SCORE descubrió que, en muchos casos, los artículos simplemente no proporcionaban suficientes datos o detalles para que los experimentos pudieran repetirse con precisión. Los métodos o análisis novedosos pueden, legítimamente, conducir a resultados distintos. Esto significa que, en lugar de aceptar los artículos sin cuestionarlos, los investigadores deberían tratar cada estudio individual como "una pieza del rompecabezas", afirma Errington.

Breves

El primer editorial sensato sobre los MENA; La invasión de decenas de miles de migrantes en Ceuta es una consecuencia directa del vergonzoso rechazo del gobierno español a defender su soberanía, asegurar sus fronteras y proteger a su pueblo; Excelente carta a la policía del secretario de la Free Speech Union; Gracias a la inmigración, nuestra pirámide de población es todavía peor; Marco Uccellini, compositor barroco; (Dice el) Corán: “Cuando un gobernante designa a un hombre para un empleo, habiendo en el Estado otro hombre más capaz que él para desempeñarlo, este gobernante peca contra Dios y contra el Estado". Libros con una parte significativa redactada por IA suponen el 40 % de las ventas. JFV sobre el escándalo de Jason Arday. Estoy de acuerdo. Las universidades públicas españolas deberían cerrar sus facultades de Educación y dejar de dar grados en magisterio o pedagogía. "La mayoría de las células se reemplazan constantemente, pero algunas proteínas, como el colágeno, la elastina y las cristalinas del ojo, se forman en etapas tempranas de la vida y prácticamente nunca se reciclan. Son la estructura permanente del cuerpo. Todo lo que les sucede a lo largo de setenta años permanece"; Los profesores no influyen en las concepciones políticas de sus estudiantes. Trapiello sobre la memoria histórica. Esto pasaba en Madrid en los años ochenta: gente durmiendo en los coches para llegar puntual al trabajo. La incompetencia de la izquierda nos está llevando de vuelta a hace 40 años.

Anton Liubich

En el colegio estuve en una clase especial con un programa avanzado de matemáticas y física. Para entrar había que aprobar dos exámenes, uno de matemáticas y otro de física. Fueron los primeros exámenes importantes de mi vida: tenía trece años. Los aprobaron veinticinco alumnos: diecinueve chicos y seis chicas. La dirección del colegio decidió que la proporción no era adecuada y añadió tres chicas más. Ninguna de esas tres llegó siquiera al final del primer curso. Las seis chicas que habían conseguido su plaza en el examen hicieron todo el programa y se graduaron con el resto de nosotros.
Porque la finalidad de un examen no es “repartir privilegios” ni “garantizar prestigio”, como dicen ahora los progresistas en las sociedades occidentales. La finalidad de un examen es seleccionar a quienes están en condiciones de dominar la materia, para que los recursos que una sociedad destina a la educación produzcan el mayor rendimiento posible y lleguen a formarse científicos, ingenieros, financieros, farmacéuticos y demás profesionales cualificados y competentes.

Benjamin Constant - Adolphe

"Somos criaturas de tal manera dúctiles que acabamos por sentir los sentimientos que fingimos... Las mismas explicaciones que a la apasionada Leonor enfurecían convencieron a su amiga imparcial. Se hace tan fácilmente justicia cuando no hay interés propio"