DerechoMercantil

El concepto de sociedad en el Tratado de Derecho Mercantil de Garrigues

2026-06-25T13:15:21.813+02:00

El concepto de sociedad puede entenderse 1. Como un determinado acto contractual (art. 1665 del C. c.). (Así se dice: "López y Fernández pactaron una sociedad colectiva el día 12 de agosto de 1935".) 2. La relación jurídica duradera fundada entre los interesados a virtud del contrato de sociedad. (Así se dice: "López está en sociedad con Fernández".) 3. La persona jurídica resultante del contrato. (Así se dice: "la sociedad anónima X ha comprado una casa para sus oficinas".)

Llama la atención la escasa definición del concepto que refleja este párrafo: persona jurídica y contrato de sociedad se confunden. Y cómo también se confunden "acto contractual" y "relación jurídica duradera", digamos que Garrigues mezcla el contrato con los efectos del contrato. El contrato es de sociedad y los efectos del contrato son el establecimiento de una relación jurídica duradera entre los socios y la formación de una persona jurídica (porque las aportaciones forman un patrimonio al que el contrato dota de capacidad de obrar, esto es, de organización). Pero Garrigues no lo veía así y utiliza los mucho menos ortodoxos conceptos de "aspecto interno" y "aspecto externo"

De este triple significado la doctrina recoge solamente el primero y el tercero para hacerles objeto de tratamiento separado. Prescinde del segundo porque en él se mezclan los otros dos: en el aspecto interno, porque las obligaciones de los socios son obligaciones derivadas del contrato de sociedad; en el aspecto externo, porque, en el tráfico de los negocios, a las personas individuales de los socios se antepone y sobrepone la personalidad de la sociedad.

Dice, a continuación, que el artículo 116 del Código de Comercio

se refiere a la sociedad como contrato (párr. 1.°) y a la sociedad como persona jurídica (párrafo 2º). De ambos aspectos vamos a tratar ahora brevemente para no romper la unidad de la materia, aun cuando el lugar adecuado del primero sea el Tratado de las obligaciones mercantiles....

En realidad, el Código es más preciso que Garrigues. El párrafo 2º no se refiere a la sociedad como persona jurídica, sino que atribuye personalidad jurídica a las sociedades mercantiles, es decir, predica la constitución de una persona jurídica como efecto de la formación de un "fondo común" con las aportaciones de los socios.

Pero lo más llamativo es la explicación que sigue - recuérdese, estamos en 1947 - sobre lo que llama la "crisis de la doctrina contractual" de la sociedad. En pocas palabras, Garrigues expone la discusión que se había producido desde el siglo XIX acerca de si la constitución de una corporación (básicamente, de una asociación pero también de una sociedad anónima o una cooperativa) tenía lugar como consecuencia de la celebración de un contrato o el "acto constitutivo" era un negocio jurídico de distinta índole: un "acto conjunto" - Gesamtakt o un "negocio plurilateral" etc.

El lío en el que incurre Garrigues es fenomenal porque no tiene en cuenta que esa discusión no se refiere al contrato de sociedad.

Que la sociedad civil o la sociedad colectiva o la comanditaria son contratos no lo ponía en duda nadie y tampoco los codificadores que siempre incluyeron la regulación de éstas sociedades en la parte correspondiente a las obligaciones y contratos.

Ahora bien, lo que ocurrió es que, conforme se fue reconociendo personalidad jurídica a las sociedades de personas y se fueron difundiendo las sociedades anónimas y las cooperativas en el tráfico, los profesores de Derecho respondieron difuminando la clarísima previa distinción entre sociedades y corporaciones. Una asociación, una sociedad anónima y una sociedad colectiva o una cooperativa empezaron a considerarse especies del mismo género, tipos del mismo concepto y, por lo tanto, el negocio jurídico que daba lugar a su formación tenía que ser el mismo para todas ellas.

El resultado de este razonamiento, como veremos inmediatamente es que las sociedades internas (no en vano también llamadas "puramente obligatorias") que carecen de personalidad jurídica tienen su origen en un contrato - el contrato de sociedad - pero todas las sociedades personificadas se asimilan a las corporaciones con la consecuencia de que se pone en duda que se formen a partir de un contrato de sociedad. Y esta confusión fue posible porque el acento se puso en la personificación jurídica y no en la organización corporativa lo que era, probablemente inevitable porque en el Derecho alemán, los términos "persona jurídica" y "corporación" eran sinónimos como se ha explicado muchas veces.

Por tanto, para aclarar la discusión hay que afirmar lo siguiente:

1. Las corporaciones se dividen, en la terminología que prefiero, en corporaciones societarias como la Sociedad Anónima y la Cooperativa y corporaciones no societarias que son la asociación (corporación de base personal - universitas personarum - dotada de personalidad jurídica), la comunidad de propietarios de la Ley de Propiedad Horizontal (corporación de base personal sin personalidad jurídica que se constituye por consecuencia de la adquisición de la propiedad de un piso o apartamento y cuya estructura real es la de copropiedad sobre los elementos comunes) y la fundación, una universitas rerum personificada.

2. De esta clasificación se deduce claramente que la corporación es una organización, es decir, un conjunto de reglas para tomar decisiones en un grupo humano. Es un mecanismo de gobierno.

3. La conexión entre el contrato de sociedad y la corporación no es necesaria ni exclusiva. Hay corporaciones no societarias y sociedades que no son corporaciones. Hay corporaciones de derecho público y corporaciones de derecho privado.

4. Tampoco la conexión entre corporación y personalidad jurídica es necesaria y excluyente: hay corporaciones sin personalidad jurídica como el caso de la comunidad de propietarios demuestra.

Pues bien, Garrigues explica, en 1947, que la consideración de las sociedades como contratos estaba en "crisis" y mezcla indebidamente el contrato y la personalidad jurídica:

La doctrina tradicional, tanto civil como mercantil, habla sin excepción de "contrato de sociedad", y como tal contrato aparece tratada la sociedad en nuestro C. de c. Sin embargo, el hecho de que este contrato dé origen a la creación de una personalidad jurídica distinta de los socios, la cual asume frente a terceros todos los derechos y obligaciones que en otro caso serían de los socios, hace vacilar a la doctrina y lleva a algunos autores a negar para las sociedades con personalidad jurídica que existe verdadero contrato, es decir, un acuerdo de voluntades por cuya virtud se crea una relación obligatoria... Beseler y Gierke establecen a este respecto una línea divisoria entre las sociedades mercantiles individualistas y las colectivistas. El nacimiento de las primeras se debería a un puro contrato de sociedad, es decir, a un contrato que funde una relación jurídica entre los socios, aun cuando no se trate de un verdadero contrato obligatorio (Schuldvertrag), sino, al propio tiempo, de un contrato jurídico personal, supuesto que engendra una comunidad y esta comunidad doctrina germánica... El nacimiento de las segundas se fundaría, no en un contrato, sino en un acto conjunto (Gesamtakt), es decir, un acto que da vida a una asociación creando un sujeto jurídico unitario que concentra sobre si las relaciones de la comunidad...

En realidad, Beseler y Gierke están hablando de la corporación (v., La transformación del concepto de corporación en la pandectística, Derecho Mercantil, 2024 que resume a Schröder sobre Beseler). Consideran, probablemente tomando el modelo de la asociación, que el acto de constitución de una corporación - y la asociación es el prototipo de corporación - es un negocio jurídico, sí, pero no es un contrato obligatorio. Y es probable que Beseler y Gierke tengan razón en lo que a las asociaciones - hoy reguladas por la LODA en España - se refiere (v., la definición del art. 5 LODA y esta entrada sobre el origen francés de este precepto). Pero esto no puede aplicarse a las sociedades anónimas y las cooperativas. El contrato de sociedad anónima y el contrato de cooperativa son auténticos contratos de sociedad en los términos del artículo 1665 CC y 116 C de c porque los socios se obligan a poner en común. Es decir, son contratos obligatorios de contenido patrimonial. Es la ausencia de obligaciones de contenido patrimonial surgidas del negocio jurídico de constitución de una asociación lo que impide considerar a ésta como sociedad.

Garrigues cree que la forma de explicar las enormes diferencias entre una sociedad civil o colectiva y una sociedad anónima pasa por negar el carácter de sociedad de ésta última precisamente apelando a su carácter corporativo

... la vida mercantil nos está demostrando a diario la dificultad de aplicar los moldes y los dogmas clásicos del Derecho civil en materia de contratos de sociedad a ciertas formas de sociedades mercantiles. El acto fundacional de una sociedad anónima y la entrada o salida de un socio en ella resultan de difícil adaptación al Derecho de obligaciones contractuales y, en cambio, encajan sin esfuerzo en el Derecho propio de las corporaciones. Más que como contratantes los socios se manifiestan como miembros de una corporación. Quien entra en una sociedad anónima no puede, como podría en una sociedad civil, configurar especialmente sus obligaciones y adaptar su posición jurídica dentro de la sociedad a sus exigencias personales.

Aun cuando se habla de contrato de sociedad para designar el acto fundacional de la sociedad anónima, lo cierto es que resultan inaplicables la mayoría de las normas dictadas para aquel contrato. Los esfuerzos de la doctrina para configurar el contrato de sociedad mercantil como un contrato con características propias no son, en definitiva, más que una confesión de la imposibilidad de aplicar a ese contrato las normas contractuales comunes.

Pero ¿qué normas del contrato de sociedad no son aplicables a la sociedad anónima?

El elemento de la affectio societatis o el de la "comunidad de interés" y el de la "voluntad de colaboración activa", que los autores señalan como notas distintivas del contrato de sociedad, son otros tantos elementos cuya existencia real es sumamente dudosa en las sociedades mercantiles.

El requisito de la affectio societatis, es decir, la voluntad de constituir una sociedad aportando el propio esfuerzo a la consecución del fin social, conduce fácilmente a una tautología, ya que es demasiado cierto que para constituir una sociedad hay que tener la intención de constituirla, y es claro que para buscar esta intención no hay que atender sólo a las declaraciones de voluntad unilaterales que no se contraponen, como en los contratos, sino que corren paralelas tendentes a un mismo fin, sino también a la creación de un nuevo organismo social como sujeto jurídico distinto de los socios. Esas declaraciones de voluntad paralelas se dirigen sea al tráfico civil, sea al tráfico mercantil. No se trata, pues, de un verdadero contrato, sino de un acto jurídico social, el cual. sin embargo, no excluye la aplicación de las correspondientes disposiciones sobre negocios jurídicos y contratos...

Este párrafo no pasará a la historia como un modelo de claridad. La affectio societatis no es la voluntad de constituir una sociedad. Si la affectio societatis se entiende como simple “intención de constituir una sociedad”, la idea es tautológica pero la affectio societatis expresa, como la affectio maritalis la idea de que el vínculo permanece mientras se mantenga el consentimiento prestado por los socios al constituir la sociedad, de modo que, cuando desaparece, termina la sociedad. Pero el segundo párrafo empeora las cosas porque Garrigues tiene que reconocer que no hay otro conjunto de reglas al que acudir que no sean las reglas sobre contratos. Sorprende que no cite los artículos 35-39 CC. Y no puedo entretenerme en explicar por qué el hecho de que en la sociedad anónima el accionista no pueda terminar unilateralmente el contrato de sociedad ejerciendo un derecho potestativo de denuncia no es una objeción a la calificación de la sociedad anónima como (contrato de) sociedad.

El último párrafo de la exposición de Garrigues se refiere a la comparación entre el contrato de sociedad y los contratos de intercambio, típicamente, la compraventa

Otros autores señalan como nota característica del contrato de sociedad la comunidad de intereses, y en este sentido contraponen el contrato de sociedad a los contratos bilaterales, fundados económicamente en la oposición de intereses. Mientras estos contratos representan una oposición, el contrato de sociedad representaría una comunidad o solidaridad de intereses. Mientras el comprador busca el medio de obtener las mayores ventajas a costa del menor precio, el socio persigue, junto con el propio, el beneficio ajeno. En definitiva, se quiere contraponer el contrato de sociedad como contrato de organización económica a los demás contratos como contratos de lucha económica. Pero, como hace notar Wieland, fin e interés no son la misma cosa. El socio está impulsado por intereses egoístas, por el deseo de alcanzar las mayores ventajas a cambio de una aportación lo más reducida posible y los fines comunes que persiguen los socios no siempre coinciden enteramente con sus intereses.

Cuando, por ejemplo, un grupo de accionistas participantes en distintas sociedades sacrifica una de ellas en beneficio de otra, el conflicto evidente de intereses no excluye la comunidad objetiva de fines. Esto es lo que distingue el contrato de sociedad de los demás contratos obligatorios. También en los restantes contratos tiene interés cada parte en conseguir la finalidad propuesta, pero persiguiendo, además, una finalidad especial, de suerte que su interés no coincide con el interés de la otra parte, aun cuando sean ambos concurrentes. Por el contrario, en el contrato de sociedad se trata de una finalidad unitaria en cuya consecución todos los contratantes tienen el mismo interés. La comunidad de fin se descubre en la definición del art. 116 de nuestro C. de c. cuando caracteriza la sociedad por el propósito común de obtener lucro. Pero el divorcio de los intereses de los socios comienza en cuanto se trata de dividir ese lucro obtenido. Dentro de la doctrina que sitúa el contrato de sociedad al nivel de cualquier otro contrato obligatorio, hay que rechazar su incorporación al grupo de los contratos bilaterales, simplemente fundada en el hecho de que todos los contratantes se obligan como socios a realizar alguna aportación.

El primer párrafo llama la atención sobre algo que - creo - tiene un valor imperecedero para interpretar y aplicar las normas del derecho de sociedades. En efecto, la diferencia fundamental entre el contrato de sociedad - y, a estos efectos, la corporación - y los contratos de intercambio o bilaterales es que el contrato de sociedad (pero no así la corporación) es un contrato de "intercambio" pero, también, es un conjunto de reglas de gobierno - organización (y en esto se equipara a la corporación).

El socio que aporta un bien a la sociedad, lo "intercambia" por una cuota de propiedad en todos y cada uno de los bienes aportados por todos los socios si la sociedad es una sociedad interna o por una participación en el patrimonio de la sociedad si la sociedad formada es una sociedad con personalidad jurídica. Por tanto, el contrato de sociedad es también un contrato de intercambio. Pothier decía que era incluso "sinalagmático". Los socios intercambian entre sí sus aportaciones: todos realizan su aportación y todos "reciben" una cuota en la copropiedad resultante o una participación en el patrimonio que es la persona jurídica efecto de la celebración del contrato de sociedad.

De ahí que lo que dice Garrigues sea correcto:

La comunidad de fin se descubre en la definición del art. 116 de nuestro C. de c. cuando caracteriza la sociedad por el propósito común de obtener lucro. Pero el divorcio de los intereses de los socios comienza en cuanto se trata de dividir ese lucro obtenido.

"La comunidad de fin" es común a la sociedad y a la corporación. Las reglas organizativas (societarias o corporativas) persiguen facilitar a los socios-miembros la consecución del fin para el que formaron el grupo. Ahí es donde juegan los deberes fiduciarios. Ahí no hay composición de intereses individuales, hay contribución de todos a la consecución del objetivo colectivo. En el caso de la sociedad a la que se refiere el artículo 116 del Código de Comercio y, en general, a todas las sociedades mercantiles maximizar el valor del "fondo" que se ha formado con las aportaciones de los socios. Y, en el caso de las corporaciones no societarias - la asociación básicamente - el objetivo que llevó a formarla. En el caso del Real Madrid, como he dicho en otro lugar, ganar copas de Europa.

Ahora bien, en el aspecto contractual, el contrato de sociedad no es distinto del resto de los contratos: cuando se trata de dividir el lucro obtenido, cada socio ha de pasar por lo que pactó. Ese es el conteniido obligatorio de carácter patrimonial que está presente en cualquier sociedad (incluidas las corporaciones societarias como la sociedad anónima y la cooperativa) y no está presente en las corporaciones puras como la asociación. Por eso, la frase final no es correcta.

Garrigues termina resumiendo las diferencias "entre contrato de sociedad y contrato sinalagmático":

1.° Mientras en el contrato bilateral el contenido de la prestación (cosas, servicios, derechos de propiedad, de disfrute, etc.) es lo que caracteriza cada tipo de contrato, la clase y el contenido de la prestación es indiferente en el contrato de sociedad. 2.° En el contrato de sociedad no hay contraprestaciones porque el acreedor de la prestación no es el consocio, sino la sociedad y la ganancia es producto del negocio y no equivalente de la prestación. 3.° Por la misma razón, las prestaciones no ingresan en el patrimonio de los otros contratantes, sino en el fondo social. 4.º Las prestaciones no necesitan ser equivalentes, puesto que no están motivadas por una contraprestación, sino por la consecución del fin común.

De lo que he explicado se deduce fácilmente

que la primera diferencia es puramente descriptiva (las aportaciones de los socios pueden ser heterogéneas) pero errónea (lo que caracteriza a la compraventa no es el objeto. De una compraventa puede ser objeto cualquier "cosa" y la "compraventa" de un derecho de crédito no deja de ser causalmente una compraventa aunque se califique como "cesión de créditos").

La segunda es también errónea si se analiza detalladamente el "intercambio" que tiene lugar cuando varios individuos celebran un contrato de sociedad. Como he dicho, los socios intercambian entre sí la propiedad de una cosa o la titularidad de un derecho por una cuota de copropiedad o una participación en la titularidad de un patrimonio. Decir que el acreedor del socio es la sociedad es hipostasiar la personalidad jurídica. Lo propio vale para la tercera diferencia.

La última yerra también en el objeto: hay equivalencia subjetiva entre lo que el socio aporta y lo que el socio recibe. Y la equivalencia subjetiva es la única que se necesita para considerar válido un contrato (stat pro ratione, voluntas): el socio "cree" que lo que recibe a cambio de su aportación "vale" tanto (más) que su aportación porque si no fuera así, no entraría en sociedad. Exactamente del mismo modo que el comprador cree que la cosa que recibe es más valiosa que la cantidad de dinero que paga por ella y simétricamente, el vendedor cree lo contrario.

¿Por qué el vendedor no resolvió en lugar de reclamar el pago del precio dado el tiempo transcurrido y el riesgo de prescripción?

2026-06-25T12:11:21.904+02:00

Wegerich Scheckenfalter Photograph Sven Damerow

V., la STS 756/2026, de 19 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2192) comentada por Alberto Díaz Moreno en esta entrada del Almacén de Derecho.

Al leer el comentario del profesor de la Universidad de Sevilla, a uno le asalta la duda: ¿por qué el vendedor de los aparatos de aire acondicionado reclamó el pago y no pidió subsidiariamente la resolución por incumplimiento cuando era evidente, por el tiempo transcurrido y las vicisitudes que sufrió la relación entre las partes, el riesgo de que la excepción de prescripción triunfase?

En efecto, aunque el plazo de prescripción en el que "creía" el vendedor era de 15 años (el aplicable en la fecha porque ese plazo se redujo a 5 años con la reforma del artículo 1964 en 2015), era cierto el riesgo de que el tribunal aplicase el plazo trienal del artículo 1967.4º (Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico) y considerase prescrita la pretensión de pago del precio de los aparatos de aire acondicionado que es, efectivamente, lo que ocurrió.

Díaz Moreno dice con razón que no hay correspondencia entre el supuesto de hecho del artículo 1967.4º CC y las "compraventas para uso o consumo empresarial" que, por tanto, no están en el art. 325 C de c que pone el acento en el "ánimo de lucrarse en la reventa" y que ha llevado a la mejor doctrina a considerar mercantiles las compraventas para uso o consumo empresarial. El ánimo de lucro es, en realidad, ánimo de inversión (entender esto es fundamental para responder a la pregunta sobre el ánimo de lucro en el contrato de sociedad). Alguien compra con ánimo de lucro cuando la compra es un acto de inversión y, por lo tanto, pretende recuperar, aumentado, "lo invertido", es decir, el precio que ha pagado. Que obtenga ese lucro revendiendo lo comprado o integrándolo en su proceso de producción es irrelevante desde este punto de vista.

Pues bien, no es difícil saber por qué el vendedor del aire acondicionado no pidió la resolución. Como veremos inmediatamente, ni tenía sentido ni hubiera sido aceptada por los tribunales.

Todo el pleito estuvo planteado como acción de precio: reclamación de 29.891,33 euros por tres aparatos de aire acondicionado vendidos e instalados y una partida por desperfectos durante la instalación del primero. La venta del aire acondicionado se produjo en 2005 y la demanda en la que se reclama el precio es de 2019. Habían pasado 14 años. Pero en ese período, el vendedor no estuvo pasivo. En realidad, reclamó ya en 2006 mediante un proceso monitorio, que pasó a ordinario tras la oposición del comprador; ese pleito quedó suspendido porque las partes estaban “en vías de llegar a un acuerdo” y terminó por caducidad de la instancia por auto de 15 de febrero de 2010. La demora en la reclamación no va de 2005 a 2019, sino de 2010 a 2019. La Audiencia Provincial de Granada estimó la demanda al considerar entonces que, por tratarse de una compraventa que tuvo por mercantil, regía el plazo de quince años del artículo 1964 CC en su versión vigente en aquel momento.

Ahora bien, sigue sin entenderse que el vendedor no reclamase en 2010, 2011, 2012 etc. Y aquí entran los argumentos del comprador. El comprador sostuvo, en síntesis, que no tenía obligación de pagar la suma reclamada por

la prescripción de la acción por el transcurso del plazo de tres años del art. 1967.4 del Código Civil”.
porque no había contratado con la actora, sino con otra sociedad, Eunasa Granada S.L.
porque no procedía el pago de una de las dos facturas porque “no le correspondía abonar los desperfectos de uno de los aparatos durante el plazo de garantía”.
porque había existido un acuerdo verbal extrajudicial de compensación de créditos. La Audiencia habla de “un pacto verbal y extrajudicial de compensar los créditos debidos por la empresa Eunasa a Día Cash S.L., con los créditos reclamados judicialmente por Ruz Distribuciones”.
y porque la reclamación de la vendedora implicaba retraso desleal en la reclamación.

Eso ayuda a entender por qué el vendedor no optó por resolver la compraventa y pedir la restitución de los aparatos. Las sentencias no describen en ningún momento una acción resolutoria ni una petición de devolución de los bienes; discuten sólo sobre prescripción, legitimación, compensación, facturas y retraso desleal. El vendedor, por tanto, eligió mantener el contrato y exigir su cumplimiento por el comprador, no deshacerlo.

Esa elección tenía lógica práctica. No se trataba de mercancías fácilmente recuperables, sino de aparatos ya instalados en 2005 en el establecimiento del comprador. El Supremo subraya que, en un caso así, la instalación forma parte de la entrega o puesta a disposición. Una vez instalados y usados durante años, la restitución dejaba de ser la vía simple: habría exigido desinstalación, recuperación de bienes incorporados al uso empresarial del comprador y una liquidación bastante más compleja. Desde el punto de vista económico y procesal, era más sencillo para el vendedor sostener que había cumplido ya su prestación, que el contrato seguía en pie y que lo procedente era pagar el precio.

La Audiencia Provincial le dio la razón en ese planteamiento de fondo. Rechazó la falta de legitimación activa, consideró que las facturas procedían de la actora, negó que se hubiera probado el pacto de compensación y descartó el retraso desleal, precisamente porque había existido una primera reclamación judicial y el tiempo transcurrido desde 2010 hasta 2019 no bastaba, a su juicio, para generar una confianza legítima de que ya no se reclamaría. Por eso condenó al comprador a pagar.

El Tribunal Supremo no entendió, sin embargo, que el comprador hubiese probado el pago ni que la deuda no hubiera existido nunca. Lo que dijo fue otra cosa: que, para una venta como esta, hecha por un empresario a otro empresario dedicado a distinto tráfico, aunque los aparatos se destinaran a uso empresarial y su instalación formara parte de la entrega, el precepto aplicable era el artículo 1967.4 CC y no el artículo 1964 CC. Con ese criterio, la acción de reclamación del precio estaba prescrita cuando se interpuso la demanda de 2019. El comprador venció, por tanto, por prescripción, no porque hubiera quedado demostrado el pago ni porque se hubiera acreditado de forma concluyente que la deuda material nunca existió.

Si se añade la tesis de Pantaleón sobre cuándo procede la resolución, se entiende por qué no hubiera prosperado en un caso como este. En la línea formulada por Pantaleón en su doctrina y en la jurisprudencia que él mismo ha contribuido a perfilar, la resolución procede cuando el incumplimiento es resolutorio porque así lo han pactado las partes, porque el retraso o impago es esencial, o porque, aun no siéndolo de entrada, ya no puede exigirse al acreedor conforme a la buena fe que siga vinculado al contrato.

Esa misma construcción presupone además que la resolución sirve para deshacer el intercambio contractual, con alcance retroactivo y restitución recíproca de prestaciones.

Aplicado a este litigio, eso encaja bien con la conducta del vendedor. Lo que hizo desde el principio fue reclamar el precio de tres aparatos de aire acondicionado ya vendidos e instalados, primero en 2006 y luego de nuevo en 2019; no actuó como quien quiera deshacer la operación, sino como quien da la compraventa por subsistente y exige la contraprestación dineraria. Además, el Supremo subraya que, en un caso así, la instalación integra la entrega o puesta a disposición de la cosa, de modo que no se trataba de bienes aún separables del destino empresarial del comprador, sino de bienes ya incorporados al uso del establecimiento desde 2005. Por eso, desde la tesis de Pantaleón, la pregunta relevante no es sólo si el impago podía en abstracto fundar una resolución, sino si el vendedor quería realmente el efecto propio de la resolución. Y la respuesta que su conducta procesal sugiere es que no: quería cobrar el precio, no recuperar unos aparatos ya instalados y usados durante años.

En fin, desde el punto de vista de la "justicia" del caso concreto, aunque la sentencia de la Audiencia Provincial parece correcta desde la interpretación del artículo 1967.4ª (un plazo breve de prescripción como el de tres años de este artículo se justifica porque se trata de compraventas normalmente al contado y con escasa documentación, lo que hace difícil para el comprador probar, tiempo después, que ya había pagado o que no tenía que pagar y, por tanto, no debería aplicarse a las compraventas entre empresarios que puedan calificarse como compraventas "para uso o consumo empresarial" del comprador), uno tiende a simpatizar con el comprador en este caso porque las alegaciones del comprador sugieren, precisamente, que la reclamación en 2019 por una instalación realizada en 2005 colocaba al comprador en una posición probatoria muy difícil, sobre todo, si había podido existir un acuerdo de cesión de créditos con función de pago por medio cuya realidad viene indicada por el hecho de que el vendedor dejara caducar en la instancia la reclamación de 2010.

La conjura contra España (CXLVIII): el corrupto sistema de nuestras relaciones laborales y su coste en desconfianza social

2026-06-23T12:57:21.646+02:00

"Esta perspectiva permite comprender la corrupción no solo como un ilícito económico, sino como un fenómeno que afecta a la integridad de las organizaciones, tanto públicas como privadas y a la confianza en su funcionamiento"

Sentencia Ábalos-Koldo-Aldama del Tribunal Supremo de España

El actor en fecha 10 de julio de 2024, sobre las 14:30 horas le hizo una señal para que se acercara a él a la trabajadora en prácticas menor de edad, Graciela , y cuando esta se acercó la agarró de la mano y le dijo "estás bien rica mamasita", haciendo sentir a la trabajadora muy incómoda y vulnerable

STSJC 2 de marzo de 2026

La confianza social generalizada es la expectativa de que, en términos generales, los demás —incluidos desconocidos— se comportarán de manera razonablemente honesta, cooperativa y no oportunista. En 2022, los países con más confianza generalizada estaban encabezados por Dinamarca (74%), Noruega (72%), Finlandia (68%), Suecia (63%), Suiza (59%) y Países Bajos (57%); todos ellos están también entre las economías con renta por habitante más alta del mundo en 2024. En el extremo opuesto, los países con muy baja confianza suelen ser bastante más pobres. En la misma serie de 2022, Colombia aparece con 5% de confianza generalizada, Perú con 4%, Brasil con 7%, México con 10%, Chile con 13% y Turquía con 14%. Sus niveles de PIB por habitante en 2024 quedan muy por debajo de los países nórdicos y centroeuropeos de alta confianza. La correlación entre confianza generalizada y PIB por habitante sale en torno a 0,87. Además, en esa muestra, los países de alta confianza (40% o más de respuestas “la mayoría de la gente es digna de confianza”) tienen un PIB por habitante medio de 53,6 mil dólares y una mediana de 48 mil, mientras que los países de baja confianza (20% o menos) tienen una media de 10,6 mil y una mediana de 9,9 mil. Es un contraste muy grande, no una diferencia marginal. España no es una sociedad de baja confianza, pero está lejos de los niveles de confianza generalizada de los países europeos más prósperos.

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La anécdota es expresiva. El TSJ de Cataluña confirmó en marzo de 2026 la procedencia del despido del trabajador y la Sala asumió que un solo episodio de esa naturaleza bastaba, dadas la edad de la destinataria, el contexto laboral y el carácter sexual de la conducta. Y es expresiva de la extraordinaria dureza del derecho español con los comportamientos masculinos inapropiados.

Pero no es eso lo que tiene de objetable la jurisprudencia reflejada en la sentencia del TSJ de Cataluña.

Lo llamativo aparece cuando se compara esa severidad con la indulgencia que muestran otros tribunales ante conductas que destruyen la relación de confianza con el empleador. El TSJ de Madrid declaró improcedente el despido de un trabajador que llamó “gilipollas” a su superior porque fue un episodio aislado ("a ver si te atreves, gilipollas" tampoco justifica el despido) y, en otra línea jurisprudencial más antigua, el mismo tribunal consideró improcedente el despido de una trabajadora que llamó al director “ladrón e hijo de puta”, invocando el clima de tensión existente en la empresa como atenuante. La lógica subyacente es conocida: el insulto, incluso grave, puede no alcanzar el nivel de gravedad suficiente para justificar el despido si el juez aprecia contexto, tensión o falta de reiteración.

El mejor símbolo de esta inversión de prioridades sigue siendo el caso de las cajeras ladronas de supermercado. En el asunto López Ribalda, unas empleadas robaban de forma periódica y creciente; la empresa instaló cámaras visibles y ocultas para descubrir los hurtos; los tribunales españoles consideraron procedentes los despidos; el asunto llegó hasta el TEDH; y, tras una primera sentencia desfavorable, la Gran Sala acabó avalando en 2019 la actuación de la empresa, al entender que, en esas circunstancias, no hubo violación del derecho a la vida privada. Que un caso así tenga que llegar hasta Estrasburgo para que se confirme la licitud de la reacción empresarial dice bastante sobre el tipo de sospecha con la que se mira al empleador en nuestro Derecho del Trabajo.

Estas anécdotas no son casuales. Reflejan probablemente un problema institucional más profundo: un Derecho laboral construido sobre la desconfianza estructural hacia el empleador y sobre una comprensión de la relación de trabajo como si fuera, por defecto, un escenario de explotación y no una relación de cooperación repetida en el tiempo. Es un caso de “castigo antisocial”: un sistema que no solo deja prosperar al gorrón o al oportunista, sino que dificulta castigarle y, con ello, penaliza al que intenta sostener el orden cooperativo dentro de la organización. Y esa figura no es solo el ladrón o el acosador. Es también el trabajador vago, el agresivo, el cizañero, el que reduce deliberadamente su esfuerzo, deteriora el ambiente y se aprovecha de que al empleador le resulta muy costoso reaccionar.

En una relación laboral de larga duración, personal y basada en confianza recíproca, el orden jurídico debería permitir al contratante cumplidor separarse del trabajador que rompe gravemente las condiciones mínimas de cooperación: roba, insulta, acosa, holgazanea o intoxica el ambiente de trabajo. Cuando el sistema dificulta esa separación y obliga a tolerar demasiado, no protege al trabajador honesto; protege al oportunista y deteriora el ambiente en el que trabajan todos los demás.

Y el problema no está solo en la regla material sobre cuándo cabe despedir. Está también en el coste de probar el incumplimiento. El empleador soporta costes de verificación muy elevados porque la legislación y su aplicación judicial exigen requisitos formales intensos para validar el despido, de modo que un incumplimiento real puede no bastar si la carta de despido, la prueba o la descripción de los hechos no superan un estándar muy exigente. El TSJ de Cataluña ha confirmado, por ejemplo, la improcedencia de un despido por conductas de acoso porque la carta era “defectuosa” y no permitía tener por acreditados los incumplimientos, pese a la gravedad aparente de los hechos. Y el Banco de España viene reclamando desde hace tiempo una mejor definición de las causas objetivas de despido y una reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos para favorecer la reasignación laboral. Si acreditar el incumplimiento resulta caro, incierto y formalmente arriesgado, el empleador se ve disuadido de separar del grupo a los oportunistas.

No se entiende, por ejemplo, por qué no puede determinarse la corrección de la terminación del contrato de trabajo por el empleador probando las conductas incumplidoras en el procedimiento judicial. Eso es lo que ocurre cuando un vendedor resuelve un contrato de compraventa por incumplimiento del comprador y éste discute la existencia de incumplimiento. Corresponde al vendedor la prueba del incumplimiento, pero nadie le exige que lo pruebe al tiempo que emite la declaración de voluntad de resolver.

Los efectos de nuestro corrupto sistema de relaciones laborales sobre el bienestar de los españoles son gigantescos. El más grave es el de la pérdida de la confianza social que conduce a que los españoles cooperemos mal entre nosotros. Los nacionalistas y nuestro sistema de relaciones laborales son, a mi juicio, los dos principales responsables de la baja confianza social que demuestran los españoles en comparación con otros países mucho más ricos.

Varios datos económicos agregados son compatibles con esa tesis. España es una economía de salarios relativamente bajos para su entorno. El INE sitúa el salario bruto medio anual por trabajador en 29.540,26 euros en 2024, y Eurostat sitúa la remuneración anual ajustada a tiempo completo en 33.700 euros frente a 39.800 euros de media en la UE. La OCDE sitúa a España por debajo de la media de la organización en salario anual medio. La OCDE y el Banco de España explican que el gran problema estructural de la economía española es la productividad y la escasa convergencia en renta por cabeza con los países comparables. El PIB por hora trabajada de España seguía estando un 7% por debajo de la media de la UE en 2024. Si en la empresa resulta más difícil corregir al incumplidor, reorganizar equipos, reasignar tareas o separar a quien no aporta lo debido, el resultado previsible no es más justicia interna, sino menor productividad y, a la larga, salarios más bajos para todos.

También son compatibles con esa tesis la segmentación contractual y la insuficiente movilidad. Eurostat cifra la tasa media de empleo temporal de la UE en 11,0% en 2024, mientras la propia OCDE recuerda que en España, pese a la caída de la temporalidad tras la reforma, los contratos temporales seguían rondando el 16% tres años después de 2021. El BCE recuerda que las transiciones de un empleo a otro son un mecanismo central para mejorar el ajuste entre trabajador y puesto, y por tanto la productividad. Si el marco institucional hace más incierta y costosa la separación, se frena también la reasignación hacia mejores emparejamientos.

Lo mismo ocurre con el absentismo y la incapacidad temporal. El Banco de España advirtió en 2025 de que la proporción de ocupados en incapacidad temporal había pasado del 2,7% en 2019 al 4,4% en 2024, con un coste público superior a 15.000 millones de euros, en torno al 1% del PIB, y un coste directo para las empresas de 4.613 millones. El mismo análisis subrayaba que el aumento existe en toda Europa, pero con una intensidad particularmente acusada en España. No toda baja es oportunista, naturalmente. Pero en un sistema construido sobre la sospecha hacia el empleador y sobre la dificultad de controlar y reaccionar frente al incumplimiento, el oportunismo se vuelve más barato y el control más costoso. El coste del vago, del absentista estratégico o del conflictivo crónico no desaparece: se reparte entre compañeros, empresas y contribuyentes.

Nada de esto demuestra que la jurisprudencia laboral sea la causa única de los bajos salarios, la baja productividad o el crecimiento insuficiente. Pero sí permite sostener, con bastante plausibilidad, que el modelo institucional español es compatible con una economía en la que cooperar cuesta demasiado, castigar al oportunista cuesta todavía más y la desconfianza está incorporada al propio diseño jurídico. Cuando el sistema dificulta separar del grupo al acosador, al ladrón, al insultador y también al vago, los costes no recaen sobre el juez que dicta la sentencia ni sobre la doctrina que la celebra. Recaen sobre los trabajadores que cobran menos de lo que podrían cobrar en una economía más productiva, sobre los empresarios que invierten menos porque el control de la organización es más incierto y, en último término, sobre la Sociedad entera, que crece por debajo de su potencial. Eso es, probablemente, lo que explica que el beneficio del sistema se concentre en grupos pequeños cuya posición depende de la conflictividad, de la judicialización o de la hipertrofia regulatoria, mientras los costes se socializan en forma de salarios relativamente bajos, menor productividad, más desconfianza y menos cooperación social entre españoles.

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Por qué el parentesco es la base de la cooperación

Citas: los tontos tienden a corromperse (ilegalmente), las gordas ligan menos, no sabemos usar la IA para aprender, IA, cooperación y lenguaje

2026-06-23T11:01:04.535+02:00

Breves

El proyecto de CC de García Goyena de 1852, disponible en libre acceso; Corea del Sur es más rica que el Reino Unido; En China, la salud y seguridad de los consumidores no está garantizada. Una competencia feroz en costes puede ser la explicación (race to the bottom). John Lennon compuso Imagine pero era propietario de dos Rolls Royce Phantom. Esta es la inmigración que se despliega en interés del país receptor. Seguro que nuestra cognición sufre de efectos similares al efecto óptico Troxler. Dos psicólogos salen de un bar y ven a un hombre tirado en la calle, destrozado y lleno de sangre, claramente atacado. Uno de los psicólogos mira al otro y dice: —Dios mío, tenemos que encontrar a la persona que hizo esto y ayudarle.»; La izquierda tiene menos hijos: la demografía silenciosa que está inclinando el futuro hacia la derecha; La hipocresía de nuestro Derecho del Trabajo: llamas hijodeputa a tu empleador y el despido es improcedente. Dices "estás bien rica mamasita" a una compañera en prácticas, menor de edad, agarrándole la mano y "haciéndola sentir muy incómoda y vulnerable" (tócate los pies) y el despido es procedente. Y suerte ha tenido que el fiscal no ha abierto diligencias por agresión sexual TSJ CAT 02/03/2026; Warren Buffet: "la verdadera riqueza es no tener que comprar cosas que no quieres, no tener que trabajar con personas que no quieres y poder usar tu tiempo como quieras"

Por qué a Zapatero no le quedó más remedio que corromperse para hacerse rico pero a Aznar, Rajoy o Felipe González, no

Zapatero es tonto, además de carecer de escrúpulos y ser una mala persona (lean a su ex-ministro Molina). Aznar, Rajoy y Felipe González no son tontos. Sánchez acabará como Zapatero pero corregido y aumentado porque Sánchez es más tonto que Zapatero. Ya no queda nadie con un IQ superior a 95 que defienda a este gobierno. Los periodistas deberían preguntar a Sánchez si él tiene regalos de potencias extranjeras que no ha entregado a Patrimonio Nacional. Sospecho que el rey de Marruecos le ha entregado millones.

Las madres son comunistas (II): sesgos en la inversión de los padres en el éxito de sus hijos o hijas

La mayor parte de la investigación sobre la inversión parental en humanos se ha centrado en el esfuerzo global o en la asignación de recursos, dejando en segundo plano que la inversión adopta formas diversas: material, formativa y social. Esta diversidad permite analizar cómo los procesos evolutivos han configurado el cuidado parental en ámbitos distintos. Allí donde hijas e hijos han afrontado históricamente problemas adaptativos diferentes, la selección debería haber favorecido sesgos en la inversión orientados a desarrollar en cada uno las capacidades relevantes para sus respectivos desafíos (por ejemplo, afrontar mayores costes reproductivos en el caso de las hijas o la competencia en situaciones de rivalidad en el caso de los hijos). Del mismo modo, cabe esperar diferencias entre madres y padres en aquellos ámbitos en los que sus trayectorias evolutivas y vitales les han proporcionado una experiencia más específica.

Para contrastar estas hipótesis, se emplean modelos lineales de efectos mixtos aplicados a las valoraciones de 105 adultos (49,5 % mujeres) sobre la inversión parental recibida en 73 comportamientos agrupados en 13 ámbitos. Los resultados se ajustan en gran medida a las predicciones. Las hijas recibieron más inversión en orientación sobre relaciones y emparejamiento, protección y apoyo material. Los hijos varones recibieron más inversión en entrenamiento deportivo, mayor permisividad respecto a la conducta sexual y estímulo de la competencia. Las madres invirtieron más que los padres en cuidado directo, vínculo afectivo, orientación social y moral y disciplina, mientras que los padres invirtieron más en deporte y en el desarrollo de habilidades mecánicas y prácticas. En los ámbitos vinculados a desafíos adaptativos comunes a ambos sexos, como el cuidado directo, no se observaron diferencias en función del sexo de los hijos ni de los progenitores. Estos resultados son coherentes con la hipótesis de que la inversión parental se ajusta a problemas adaptativos diferenciados por sexo. La discusión examina posibles interacciones entre las prácticas de socialización de los progenitores y las predisposiciones ligadas al sexo en los hijos.

Dougan, FS, Costello, W. y Buss, DM. Sesgos de género en los patrones de inversión parental. Hum Nat (2026). https://doi.org/10.1007/s12110-026-09523-2

La IA y los estudiantes. Galiani/Sousa: The Student's Guide to Smarter Learning,

... Algunos profesores vieron (en la IA) principalmente una amenaza... (los) estudiantes... dejarían de leer, de escribir y de pensar por sí mismos. Otros vieron lo contrario, una revolución educativa que abriría el conocimiento a todo el mundo.... ... cómo cada estudiante se acercaba a ella. Algunos trataban a la IA como un sustituto del pensamiento, otros como un compañero en el pensamiento, y esa única diferencia parecía decidir casi todo lo que seguía. Este libro trata sobre la segunda forma de trabajar. La educación no va ni ha ido nunca del acceso a la información, y menos aún ahora, cuando la información está en todas partes y es fácil de invocar. Lo que sigue siendo escaso, y para lo que sirve finalmente una universidad, es el juicio, y el juicio se agudiza en lugar de reducirse al aprender a trabajar bien con una máquina que puede hacer el resto. Manejada con descuido, la IA permite que un estudiante produzca un trabajo pulido mientras comprende muy poco. Manejada bien, permite que ese mismo estudiante aprenda más rápido, reciba retroalimentación antes y dedique más esfuerzo a las partes de la vida intelectual que más importan.... Eso, al final, es todo el argumento. La inteligencia artificial debería potenciar la inteligencia humana, no reemplazarla.

Más pruebas de los salarios miserables que se pagan en España

por culpa del intervencionismo insoportable de nuestro derecho laboral y de la voracidad recaudatoria del Estado centrada en los salarios

¿Son los modelos de lenguaje susceptibles a los mismos mecanismos de persuasión que los humanos?

Probamos si principios clásicos de persuasión —autoridad, compromiso, simpatía, reciprocidad, escasez, prueba social y unidad— podían llevar a tres modelos muy usados (GPT‑5 mini, Claude Haiku 4.5 y Gemini 3 Flash) a aceptar peticiones para ayudar a sintetizar sustancias reguladas. En 126.000 conversaciones, el uso de estos principios aumentó la tasa de aceptación del 35,3% al 51,3%. Aunque los modelos no son humanos, estos resultados muestran que se comportan en parte como si lo fueran y que pueden ser manipulados para saltarse sus límites de seguridad.
L. Meincke, D. Shapiro, A.L. Duckworth, E. Mollick, L. Mollick, C. Van den Bulte, & R. Cialdini, Persuading large language models to comply with objectionable requests, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 123 (21) e2535868123, (2026).

Los modelos tienden a responder mejor cuando se les habla de una forma que, entre humanos, suele generar cooperación. Por ejemplo, si la petición se presenta como algo que pide una autoridad, o se formula como un favor dentro de una relación de confianza, o se sugiere que “todo el mundo lo está haciendo”, el modelo tiene más probabilidades de ceder. No es que “entienda” estas estrategias, pero ha aprendido de millones de textos que ese tipo de formas de hablar suelen ir seguidas de respuestas positivas. Por eso, cuando reconoce ese patrón en la pregunta, aumenta la probabilidad de que también responda afirmativamente, incluso cuando debería negarse. El riesgo es que no hace falta un fallo técnico ni trucos sofisticados: basta con formular la petición de cierta manera para aumentar las probabilidades de obtener una respuesta que el sistema, en principio, debería bloquear.

Esto probaría que la tesis de Tomasello sobre la función del lenguaje humano va en la dirección correcta.

Los medicamentos GLP‑1 - Ozempic - generan una pérdida de peso importante y también pueden modificar resultados sociales y económicos. Rebecca Diamond

Utilizando la Understanding America Study, comparo a mujeres que inician GLP‑1 para perder peso con mujeres similares que querrían iniciarlo pero aún no lo han hecho. Entre las mujeres solteras, las tasas de matrimonio o convivencia aumentan en 29 puntos porcentuales y, entre las mujeres que no estaban empleadas al inicio, el empleo aumenta en 27 puntos porcentuales tras seis o más trimestres. Las relaciones existentes no se disuelven y las mujeres que ya estaban empleadas no muestran movilidad ascendente en el empleo. El patrón sugiere que parte de la penalización asociada a la obesidad femenina opera en la formación de nuevas relaciones, y no solo a través de la salud o de la productividad en posiciones ya existentes.

Al parecer, la pérdida de peso inducida por los GLP‑1 modifica sobre todo resultados que dependen de la formación de nuevas relaciones, tanto en el mercado de pareja como en el laboral, mientras que apenas afecta a situaciones ya establecidas. La mejora en la probabilidad de emparejamiento y de entrada en el empleo se concentra en mujeres inicialmente solteras o inactivas, sin cambios apreciables en relaciones ya formadas ni en trayectorias laborales consolidadas. Esto se interpreta como evidencia de que una parte relevante de la penalización económica y social asociada a la obesidad femenina responde a la manera en que terceros valoran el cuerpo en interacciones iniciales, más que a efectos directos sobre la productividad o el bienestar dentro de relaciones existentes.

Conditio iuris de la retribución de las prestaciones accesorias fijada en un pacto parasocial

2026-06-22T12:44:21.834+02:00

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2026 (núm. 799/2026) resuelve un litigio entre dos socios (Eladio y Rubén) y el administrador y socio mayoritario de una sociedad (José Carlos), en el que se reclamaba responsabilidad individual del administrador por el impago de supuestas retribuciones derivadas de prestaciones accesorias, así como otros daños vinculados a la gestión societaria.

La sociedad, Twopart S.L., fue constituida en 2012 por varios socios, entre los que el demandado ostentaba la mayoría del capital (60,54 %) y el cargo de administrador único. Los estatutos establecían prestaciones accesorias obligatorias para ciertos socios (trabajo en la sociedad durante un tiempo), pero no preveían su retribución. Paralelamente, los socios firmaron un pacto parasocial el mismo día de la constitución, que regulaba relaciones internas, compromisos de financiación y, en particular, un sistema de compensación económica por los servicios prestados por los socios emprendedores, condicionado a futuras ampliaciones de capital.

En 2014 se acordó una ampliación de capital que no llegó a ejecutarse eficazmente porque ningún socio acudió a la suscripción. Posteriormente, la sociedad fue disuelta. Los socios demandantes reclamaron al administrador el pago de las retribuciones por sus prestaciones accesorias, alegando mala gestión, incumplimiento del pacto de socios y conducta desleal que habría llevado al fracaso de la empresa.

En primera instancia la demanda fue desestimada por inexistencia de daño y de conducta negligente, al entender el juzgado que no existía derecho a la retribución reclamada. La Audiencia Provincial revocó parcialmente esta decisión, consideró vinculante el pacto parasocial frente a la sociedad, entendió que las prestaciones accesorias eran retribuidas y apreció negligencia del administrador por no haber ejecutado la ampliación de capital, falta de ejecución que habría impedido el pago de esas compensaciones, condenándolo a 50.000 euros a cada demandante.

El Tribunal Supremo estima el recurso por infracción procesal del administrador y anula la sentencia de apelación por incongruencia. Considera que la Audiencia ha introducido como fundamento de la responsabilidad un hecho (la falta de ejecución de la ampliación de capital) que no había sido alegado por las partes ni constituía la base de la pretensión, alterando así los términos del debate y causando indefensión. Reitera que el tribunal de apelación solo puede pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes, conforme al principio tantum devolutum quantum appellatum, y que la causa de pedir delimita el ámbito de decisión judicial.

Tras anular la sentencia de apelación, el Supremo entra a resolver el fondo y concluye que no concurre el presupuesto esencial del daño, porque no existía un derecho exigible a percibir la retribución reclamada. Razona que las prestaciones accesorias solo pueden ser retribuidas si así lo establecen los estatutos, lo que no ocurría en este caso. El pacto de socios sí preveía compensaciones económicas, pero subordinadas expresamente a la realización de ampliaciones de capital y a la generación de recursos mediante ellas. Como tales ampliaciones no se produjeron, el derecho no llegó a devengarse.

El phising y la distribución de las consecuencias dañinas entre el ordenante de la transferencia y el banco - comisionista

2026-06-22T12:10:16.363+02:00

Avetisyan Ani

La sentencia es dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, el 25 de mayo de 2026 (núm. 787/2026).

El litigio tiene su origen en la demanda interpuesta por Privalia Venta Directa, S.A.U. contra Banco Santander, S.A., en la que se reclama una indemnización de 1.566.951,50 euros por incumplimiento contractual y actuación negligente del banco en la ejecución de varias transferencias fraudulentas. La relación entre las partes incluía la prestación de servicios de cuenta corriente y transferencias, así como un protocolo de instrucciones remitido por Privalia en diciembre de 2014.

Los hechos se desencadenan a partir de un fraude de suplantación de identidad sufrido por una empleada del departamento de tesorería de Privalia, que fue inducida a ordenar diversas transferencias a cuentas de sociedades en China. Estas operaciones se realizaron mediante cartas enviadas por correo electrónico que aparentaban estar firmadas por un directivo de la empresa. El banco ejecutó las transferencias sin aplicar las medidas de control previstas en el protocolo, en particular la verificación telefónica previa y la restricción a beneficiarios autorizados.

En primera instancia, el juzgado estimó íntegramente la demanda y condenó al banco al pago de la totalidad del perjuicio. La Audiencia Provincial, sin embargo, estimó parcialmente el recurso del banco y redujo la indemnización al 50%, al apreciar una concurrencia de culpas: por un lado, el incumplimiento del banco al apartarse del protocolo de instrucciones impartidas por el ordenante; por otro, la negligencia de Privalia, tanto en la insuficiente transmisión interna de las instrucciones como en la actuación de su empleada, que ejecutó operaciones anómalas sin las comprobaciones exigibles. [

Ambas partes recurren en casación, y Privalia, además, interpone recurso extraordinario por infracción procesal.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal de Privalia, el Tribunal Supremo lo desestima íntegramente. En relación con el recurso de casación de Privalia, el Tribunal examina tres cuestiones.

En primer lugar, rechaza que el artículo 254 del Código de Comercio establezca una responsabilidad objetiva del comisionista por apartarse de las instrucciones. Este precepto no impide valorar la conducta del comitente ni excluye la aplicación de los criterios generales de causalidad y de concurrencia de culpas propios de la responsabilidad contractual.

En segundo lugar, descarta la infracción de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil por parte de la Audiencia. La sentencia de la Audiencia no impone a Privalia una obligación de “autoindemnización”, sino que utiliza el artículo 1903 como criterio de imputación para atribuir a la empresa la conducta de su empleada, a efectos de apreciar su contribución causal al daño.

En tercer lugar, rechaza la tesis de que la mayor cualificación profesional del banco absorba la negligencia del cliente. Aunque al banco se le exige un estándar reforzado de diligencia, ello no elimina la relevancia causal de la conducta negligente del cliente cuando esta ha contribuido de forma significativa al daño.

En cualquier caso, ninguna de las partes puede excluir la relevancia causal de su propia conducta cuando concurren actuaciones negligentes de ambas que han contribuido de forma efectiva al resultado.

En consecuencia, desestima tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como los recursos de casación de ambas partes, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial y mantiene la distribución del daño al 50%. Se imponen a cada recurrente las costas de su propio recurso.

Análisis

La orden de transferencia se integra en la relación contractual entre el cliente y el banco como un mandato o encargo en sentido amplio, lo que sitúa el problema en el terreno de la responsabilidad contractual y no en un régimen objetivo o automático. De este modo, la ejecución de la transferencia es cumplimiento de una obligación asumida por el banco en el marco del contrato de cuenta corriente o servicio de caja, de modo que cualquier desviación debe analizarse a la luz de los artículos 1101 y siguientes del Código Civil. A partir de esa premisa, la doctrina distingue dos planos que se combinan. El primero es el de la estricta sujeción a las instrucciones del ordenante. El banco está obligado a ejecutar el encargo en los términos pactados, lo que incluye no solo el contenido material de la orden, sino también los medios de transmisión admitidos, las claves y los requisitos de seguridad acordados. La entrada subraya que cuando el banco ejecuta una transferencia utilizando un medio no pactado o sin respetar las condiciones de seguridad preestablecidas, incumple el contrato que él mismo ha predispuesto. Ese incumplimiento no depende de la mala fe ni de la gravedad del error, sino del mero apartamiento de las instrucciones contractuales.

El segundo plano es el del deber de diligencia profesional, que opera incluso cuando formalmente existe una orden. El banco no actúa como un mero ejecutor automático, sino como un profesional cualificado al que se exige la diligencia de un “comerciante experto”. Por eso, la comprobación de la autenticidad de la orden —firma, identidad del ordenante, coherencia de los datos— forma parte de sus obligaciones esenciales de gestión y custodia de los fondos. La doctrina insiste en que este deber se intensifica cuando la operación presenta elementos atípicos: medios no habituales, irregularidades en los datos, destinatarios desconocidos, importes elevados o comportamientos incoherentes con el historial de la cuenta. En estos casos, la diligencia exigible no se satisface con la mera ejecución de la orden, sino que exige una verificación adicional, que típicamente consiste en la confirmación directa con el titular de la cuenta.

Este planteamiento conduce a una regla general clara en materia de fraude: la falsedad de la orden o la suplantación del ordenante es, en principio, un riesgo que recae sobre el banco. Esto se explica porque el banco solo se libera cuando paga conforme a una orden auténtica del titular. Si ejecuta una orden falsa, debe restituir el importe. Sin embargo, esta regla se matiza inmediatamente con una excepción importante: el riesgo puede desplazarse total o parcialmente al cliente cuando este ha contribuido de forma relevante a la generación del fraude, por ejemplo mediante una conducta negligente que facilite la actuación del tercero o que aumente el riesgo de falsificación.

Esta última idea es decisiva porque introduce el elemento de imputación causal. La responsabilidad no se determina de forma automática por el incumplimiento del banco, sino mediante una valoración conjunta de las conductas del banco y del cliente. El sistema admite, por tanto, la concurrencia de culpas y la distribución del daño en función de la incidencia causal de cada comportamiento. La doctrina del blog lo formula de forma implícita al señalar que, si el cliente ha hecho posible la actuación del tercero por negligencia, el banco puede quedar total o parcialmente liberado o incluso tener derecho a ser indemnizado.

Si se proyecta esta construcción sobre la sentencia del Tribunal Supremo que hemos analizado, la coincidencia es muy estrecha. En el caso, el banco incumple claramente el protocolo de instrucciones, al ejecutar transferencias a beneficiarios no autorizados y sin realizar la confirmación telefónica pactada. Desde el primer plano —sujeción a instrucciones—, hay incumplimiento contractual. Desde el segundo —diligencia profesional—, también lo hay, porque las operaciones eran manifiestamente anómalas y exigían una verificación reforzada.

Pero, al mismo tiempo, el Tribunal Supremo aprecia que la empresa cliente contribuyó al daño por dos vías: la insuficiencia de sus instrucciones internas y la actuación imprudente de la empleada que ejecutó las órdenes sin realizar comprobaciones mínimas ante circunstancias claramente sospechosas. Esa conducta se imputa a la propia empresa y se valora como causalmente relevante.

El reparto de las "culpas" al 50 % que hizo la Audiencia no es arbitrario, por lo que los límites del control casacional se aplican y no se modifica por el Supremo aunque un análisis más cuidadoso hubiera conducido a un reparto diferente de las consecuencias de la negligencia de cada una de las partes.

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Doctrina jurisprudencial sobre la prescripción de la acción de responsabilidad por deudas sociales ex 367 LSC

2026-06-22T11:42:53.750+02:00

La sentencia es dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, el 27 de mayo de 2026 (recurso de casación n.º 4536/2023).

El litigio se origina en la demanda presentada por Unitire S.L. contra Elisa, administradora única de la sociedad Grupo NT S.L., en la que se ejercitan dos acciones: la acción individual de responsabilidad del artículo 241 LSC y, principalmente, la acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC. La demanda se basa en el impago de facturas emitidas entre marzo y septiembre de 2015 por importe de 11.616,70 euros, más otros daños derivados del impago, que elevan la reclamación a 17.161,24 euros. También se dirigió la demanda contra el cónyuge de la administradora, a efectos de responsabilidad patrimonial.

En primera instancia, el juzgado estimó parcialmente la demanda. Absolvió al cónyuge por falta de legitimación pasiva y condenó a la administradora a pagar la cantidad reclamada con base en el artículo 367 LSC, al considerar que la sociedad se encontraba en causa de disolución con anterioridad al nacimiento de la deuda y que la administradora no había promovido la disolución. Rechazó la acción individual del artículo 241 LSC por falta de prueba del nexo causal. Asimismo, desestimó la excepción de prescripción al entender aplicable el artículo 949 del Código de Comercio y no el artículo 241 bis LSC.

La Audiencia Provincial confirmó la sentencia, sosteniendo que el artículo 241 bis LSC no es aplicable a la acción del artículo 367 LSC, por tratarse de acciones de distinta naturaleza, y que el plazo de prescripción debía regirse por el artículo 949 del Código de Comercio, con inicio desde el cese del administrador.

La administradora interpone recurso de casación, centrado en la cuestión de la prescripción de la acción del artículo 367 LSC. Sostiene que, tras la reforma de 2014, debe aplicarse el artículo 241 bis LSC, lo que implicaría un régimen distinto de cómputo del plazo de prescripción.

El Tribunal Supremo aborda esta cuestión como núcleo del recurso. Parte de su propia jurisprudencia reciente y precisa el régimen aplicable. Afirma que la acción del artículo 367 LSC no se rige por el artículo 241 bis LSC, porque este se refiere exclusivamente a las acciones social e individual de responsabilidad, que tienen naturaleza de acciones de daños, mientras que la acción del artículo 367 LSC es una responsabilidad legal por deudas ajenas que convierte a los administradores en garantes solidarios de las obligaciones sociales en determinadas circunstancias.

De esta diferencia deriva el criterio esencial de la sentencia: la acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC tiene el mismo plazo de prescripción que la deuda social protegida, no el previsto en el artículo 241 bis LSC ni el del antiguo artículo 949 del Código de Comercio para sociedades de capital. Además, el inicio del cómputo del plazo debe situarse en el mismo momento en que comienza a correr la prescripción de la acción contra la sociedad deudora, y no en el cese del administrador.

Aplicando este criterio al caso concreto, el Tribunal Supremo concluye que la acción no estaba prescrita. Las facturas impagadas datan de 2015 y estaban sujetas al plazo general de prescripción de las acciones personales (cinco años), plazo que fue interrumpido por las reclamaciones judiciales previas (procedimiento monitorio y posterior juicio ordinario resuelto en 2021). Desde esa fecha hasta la interposición de la demanda contra la administradora en 2022 no había transcurrido el plazo necesario para la prescripción. Aunque el Tribunal corrige el fundamento jurídico utilizado por la Audiencia Provincial sobre la norma aplicable, considera que ello no altera el resultado del litigio, pues incluso conforme al criterio correcto la acción no había prescrito. Por ello, no procede casar la sentencia.

Entradas en el Almacén de Derecho sobre esta cuestión

García Villarrubia, El plazo de prescripción de la responsabilidad de administradores por deudas sociales (art. 367 LSC)
Fernando Pantaleón, Comentarios sobre la STS 1512/2023
Jesús Alfaro, La responsabilidad de los administradores por las deudas sociales
Jesús Alfaro, Distinción entre art. 367 y art. 241 LSC

Ejercicio abusivo del derecho de separación ex art. 348 bis LSC

2026-06-22T11:24:31.621+02:00

La sentencia es dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28.ª, el 23 de abril de 2026 (recurso de apelación n.º 599/2023).

El litigio trae causa de la demanda interpuesta por tres socias de Royal, S.L., en la que ejercitan el derecho de separación previsto en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital por falta de reparto de dividendos. Solicitan que se declare ajustado a derecho el ejercicio de dicho derecho, que la sociedad facilite la documentación necesaria para la valoración de sus participaciones y que se les reembolse su valor.

El juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda. Consideró que las socias cumplían los requisitos del artículo 348 bis, interpretando de forma amplia el requisito del voto a favor del reparto de dividendos y entendiendo que bastaba con manifestar oposición a una propuesta de aplicación del resultado que no respetaba el mínimo legal. Asimismo, concluyó que la sociedad no había repartido al menos un tercio de los beneficios propios de la explotación, al excluir indebidamente ciertos ingresos, en particular los derivados del arrendamiento de un inmueble. También rechazó que el ejercicio del derecho fuese abusivo.

Contra esa sentencia recurre la sociedad, alegando error en la valoración de la prueba, indebida aplicación del artículo 348 bis y existencia de abuso de derecho por parte de las socias. Estas también recurren por falta de pronunciamiento sobre aspectos relativos a la valoración de las participaciones.

La Audiencia examina en primer lugar la alegación de vulneración del derecho de defensa por inadmisión de prueba, que rechaza, al haberse reproducido las pruebas en segunda instancia y haberse resuelto nuevamente sobre su admisión. [

En cuanto al fondo, analiza los requisitos del derecho de separación del artículo 348 bis en la redacción vigente en 2018. Afirma que los beneficios propios de la explotación no deben identificarse exclusivamente con categorías contables, sino con los rendimientos derivados de la actividad económica ordinaria de la sociedad. Sobre esa base, considera que los ingresos por arrendamiento del inmueble deben incluirse en dicho concepto, por su carácter recurrente y normal dentro de la actividad de la sociedad.

Asimismo, entiende que concurre el requisito relativo a la posición del socio en la junta, aun cuando las socias votaron en contra de la propuesta de reparto, porque lo relevante es que se oponían a un reparto que no alcanzaba el mínimo legal.

No obstante, una vez constatado el cumplimiento formal de los requisitos, la Audiencia centra su análisis en la posible existencia de abuso de derecho. Recuerda que el derecho de separación debe ejercitarse conforme a la buena fe y que su finalidad es proteger al socio frente a una política abusiva de la mayoría de no repartir dividendos, no permitir un uso estratégico o desleal por el socio minoritario.

Aplicando estos criterios, la Audiencia concluye que en el caso concreto existe abuso de derecho. Destaca, en primer lugar, que la diferencia entre el dividendo efectivamente percibido y el que habría correspondido si se hubieran tenido en cuenta todos los beneficios de explotación era mínima, inferior a 28 euros por cada socia. En segundo lugar, subraya que en la junta las socias no plantearon una discrepancia sobre el cómputo de los beneficios de explotación, sino que reclamaron el reparto de la totalidad de los beneficios, lo que revela que la base del ejercicio del derecho de separación no se correspondía con el motivo finalmente invocado.

Añade que esa actuación fue sorpresiva para la sociedad, que no pudo corregir la situación ni adoptar una decisión distinta en la junta, pese a tratarse de una diferencia económica mínima que hubiera podido resolverse fácilmente. También considera relevante que en ejercicios anteriores las socias no habían cuestionado el criterio de cómputo de los beneficios.

En conjunto, la Audiencia aprecia un ejercicio del derecho de separación contrario a la buena fe, por su carácter oportunista, desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido y desconectado de la finalidad del precepto legal.

En consecuencia, estima el recurso de la sociedad, revoca la sentencia de primera instancia y desestima íntegramente la demanda. Como resultado, queda sin efecto la declaración de validez del derecho de separación y las condenas asociadas al reembolso del valor de las participaciones.

Efectos de la estimación de la infracción del derecho de información del socio en la impugnación de acuerdos sociales

2026-06-22T11:16:01.561+02:00

La sentencia es dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28.ª, el 17 de abril de 2026 (recurso de apelación n.º 449/2024).

El litigio se inicia con la demanda interpuesta por una socia, Celsa, contra la sociedad, en la que solicita la nulidad de los acuerdos adoptados en la junta general de 31 de mayo de 2021. Fundamenta su acción en la vulneración del derecho de información previo a la junta, así como en la infracción de la ley y del interés social. La junta había sido convocada para decidir el nombramiento de administrador único, la aprobación de las cuentas anuales de 2020 y la aprobación de la gestión social.

Antes de la celebración de la junta, la socia remitió un burofax solicitando información detallada sobre diversos extremos relacionados con las cuentas, la existencia y recuperación de créditos frente a una sociedad vinculada (AGROVILLARTA) y frente a la administradora, la remuneración de esta y otros aspectos contables y de gestión. Ante la falta de respuesta, reiteró la solicitud. La sociedad contestó de forma parcial y, según la demandante, insuficiente. Durante la junta se formularon nuevas preguntas, que se contestaron posteriormente también de forma insatisfactoria.

La demandante sostiene que la sociedad eludió informar sobre cuestiones relevantes, en particular la existencia de créditos significativos a favor de la sociedad frente a la administradora y frente a AGROVILLARTA, así como sobre la retribución percibida por la administradora pese a que el cargo era formalmente gratuito, lo que le impidió votar con conocimiento suficiente.

La sociedad se opone alegando que se facilitó toda la información necesaria y que, en todo caso, se ofreció a la socia examinar la documentación en la sede social. Añade que la discrepancia del socio con la información facilitada no equivale a vulneración del derecho de información y que la actora actuó de forma abusiva.

El Juzgado de lo Mercantil estimó íntegramente la demanda y declaró la nulidad de los tres acuerdos sociales por vulneración del derecho de información, al considerar que las respuestas dadas por la sociedad eran evasivas, particularmente en relación con la existencia de créditos relevantes y con la retribución de la administradora.

La Audiencia Provincial examina el recurso de apelación interpuesto por la sociedad. En primer lugar, confirma que se produjo una vulneración del derecho de información. Destaca que las solicitudes de la socia estaban directamente relacionadas con los puntos del orden del día y eran concretas y relevantes para el ejercicio del derecho de voto. Considera que las respuestas de la sociedad fueron insuficientes y evasivas, en especial en dos aspectos: la falta de explicación sobre la ausencia en las cuentas de créditos reconocidos en litigios anteriores y la falta de justificación de la retribución percibida por la administradora bajo la cobertura de una supuesta relación laboral.

La Audiencia rechaza los argumentos de la sociedad basados en la existencia de conflictos entre socios, el carácter supuestamente abusivo de las solicitudes o la posibilidad de examinar documentación en la sede social. Señala que el conflicto societario no justifica la falta de información y que la información solicitada debía ser facilitada de forma clara, sin respuestas evasivas ni meras remisiones genéricas a la contabilidad o a la memoria.

No obstante, la Audiencia considera que la vulneración del derecho de información afectaba a los acuerdos relativos a la aprobación de las cuentas anuales y a la gestión social, pero no al acuerdo de nombramiento de administrador, ya que la información solicitada no guardaba relación con este punto del orden del día.

Asimismo, rechaza que el nombramiento sea nulo por lesión del interés social, recordando que este no se identifica con el interés de un socio concreto ni con el conflicto entre socios, y que corresponde a la junta, en ejercicio de la autonomía societaria, designar al administrador salvo prohibición legal.

En consecuencia, la Audiencia limita la declaración de nulidad a los acuerdos relativos a la aprobación de las cuentas anuales de 2020 y a la aprobación de la gestión social.

Padre contra hija en la impugnación de acuerdos

2026-06-22T11:10:52.643+02:00

La sentencia es dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.ª, el 21 de abril de 2026 (recurso de apelación n.º 44/2025).

El litigio se inicia con la demanda de un socio, Arsenio, contra la sociedad Fiscaudi Auditores Asociados, S.A., en la que acumula dos pretensiones: la impugnación de determinados acuerdos adoptados en la junta general de 5 de mayo de 2021 y el ejercicio del derecho de información respecto de diversos extremos relacionados con esa junta. La junta había aprobado, entre otros puntos, las cuentas anuales del ejercicio 2020 y la gestión y retribución del órgano de administración.

El actor es titular de 749 acciones, aunque solo 249 tienen derecho de voto, frente a las 251 con derecho a voto de la administradora, su hija, cuyo voto resultó decisivo en la adopción de los acuerdos impugnados.

En relación con la impugnación del acuerdo de aprobación de las cuentas de 2020, el actor sostiene que estas no reflejan la imagen fiel de la sociedad. Sus objeciones se centran, en primer lugar, en la valoración de determinadas partidas del balance, especialmente inversiones financieras y tesorería, al entender que debían reflejar su valor de mercado y no el valor contabilizado. La Audiencia rechaza este motivo y confirma el criterio de la sociedad, según el cual las inversiones deben valorarse al coste conforme a las normas contables aplicables a pequeñas y medianas empresas, salvo deterioro, que no concurría. Añade que, en todo caso, la diferencia alegada no afecta a la imagen fiel de la sociedad.

El actor también invoca la supuesta existencia de operaciones con la administradora no reflejadas en las cuentas, pero no aporta prueba alguna, por lo que la alegación es desestimada. Igualmente rechaza la objeción relativa a la falta de contabilización de supuestas inversiones tras un cambio de sede, al no existir indicios de que tales inversiones se hubieran realizado ni ocultado.

Otro motivo se refiere a un reembolso parcial de un fondo de inversión realizado en febrero de 2021, que el actor considera que debía mencionarse en la memoria. La Audiencia entiende que se trata de un hecho posterior al cierre que no requiere reflejo en las cuentas ni resulta relevante para su comprensión, pues no altera sustancialmente la situación patrimonial de la sociedad.

En conjunto, la Audiencia concluye que no se ha acreditado ninguna infracción del principio de imagen fiel y confirma la validez del acuerdo de aprobación de las cuentas.

En cuanto al acuerdo relativo a la retribución del órgano de administración, el actor lo impugna porque no se habría especificado importe alguno. La sociedad explica que, tras una modificación estatutaria, el cargo de administrador es gratuito y no se ha percibido remuneración. La Audiencia considera que no hay prueba en contrario y que la impugnación carece de fundamento, señalando que no tiene sentido anular un acuerdo que no produce efectos económicos.

Respecto del derecho de información, el actor sostiene que la información facilitada tras la junta no fue suficiente en relación con diversos aspectos (reembolso del fondo, adquisición de un vehículo, evolución de partidas contables, retribuciones, etc.). La Audiencia examina cada uno de estos extremos y concluye que la sociedad cumplió adecuadamente su deber de información. Destaca que algunas de las cuestiones planteadas no se referían a asuntos incluidos en el orden del día o ya habían sido objeto de procedimientos anteriores, mientras que en otros casos el actor no formuló verdaderas solicitudes de información en la junta, sino simples comentarios. Sobre esta base, la Audiencia considera que no se ha vulnerado el derecho de información del socio, ya que la sociedad respondió dentro de los límites legales y respecto de cuestiones pertinentes.

Adjudicación mortis causa de acciones vs. transmisión inter vivos a efectos de aplicación de limitaciones a la transmisibilidad

2026-06-22T10:58:31.077+02:00

La sentencia es dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15.ª, el 16 de abril de 2026 (recurso de apelación n.º 668/2024).

El litigio se origina con la demanda presentada por Grupo Inversor Hesperia, S.A. (GIHSA) frente a varios miembros de una misma familia, en la que solicita la nulidad de determinadas transmisiones de acciones de la propia sociedad. La actora sostiene que 29.523 acciones, formalmente titularidad de la sociedad luxemburguesa ROHI, habrían sido transmitidas inter vivos al causante Eulogio sin respetar el régimen estatutario de transmisión previsto en el artículo 10 de los estatutos sociales de 1997, que exigía comunicación previa a los administradores para permitir el ejercicio del derecho de adquisición preferente por la sociedad o los demás socios.

Según la tesis de la actora, como en el momento de la aceptación de la herencia en 2013 el causante no figuraba formalmente como titular de las acciones, debía haber existido previamente una transmisión inter vivos desde ROHI, que, al no haberse comunicado, sería ineficaz frente a la sociedad.

Los demandados se oponen negando la existencia de cualquier transmisión inter vivos sujeta a ese régimen y sostienen que la titularidad de las acciones procede de una secuencia de operaciones familiares: tenencia indirecta a través de sociedades (ROHI y JIREH), fallecimiento del titular económico en 2012, adjudicación hereditaria en 2013 y posterior disolución de las sociedades interpuestas. Afirman, por tanto, que se trata de transmisiones de carácter sucesorio o derivadas de operaciones de liquidación societaria, a las que no resulta aplicable el régimen estatutario invocado. [

La sentencia de primera instancia estimó solo parcialmente la demanda: rechazó la nulidad de las transmisiones y el reconocimiento del derecho de adquisición preferente, pero condenó a los demandados a entregar diversa documentación para reconstruir el tracto de titularidad de las acciones. Ambas partes recurrieron: la actora insistiendo en la nulidad de la transmisión, y los demandados impugnando la condena a aportar documentación.

La Audiencia destaca que las acciones formaban parte de una estructura societaria instrumental en la que ROHI y posteriormente JIREH actuaban como titulares formales, mientras la titularidad económica correspondía a los miembros de la familia. Esta estructura fue regularizada fiscalmente en 2012, reconociéndose la titularidad efectiva en el causante, y tras su fallecimiento las acciones se incorporaron a la herencia y se adjudicaron a sus herederos, procediéndose después a la liquidación de las sociedades interpuestas.

Sobre esa base, la Audiencia rechaza la premisa central de la demanda. Concluye que no se ha acreditado la existencia de una transmisión inter vivos desde ROHI al causante, ni documental ni indiciariamente, y que la hipótesis de la actora es meramente conjetural. Por el contrario, entiende acreditado un proceso unitario de reorganización patrimonial dentro del ámbito familiar, en el que la atribución de las acciones a los herederos responde a la sucesión mortis causa y a la regularización de una titularidad económica preexistente.

No concurre, pues, el supuesto de hecho del artículo 10 de los estatutos, que se refiere exclusivamente a transmisiones inter vivos, por lo que no procede ni reconocer el derecho de adquisición preferente ni declarar la nulidad de transmisión alguna. Añade, además, que la propia sociedad conocía la estructura societaria utilizada por la familia y había reconocido en la práctica la condición de accionistas de sus miembros en situaciones similares, lo que refuerza la improcedencia de la pretensión.

En cuanto a la legitimación pasiva, la Audiencia declara que algunos de los demandados no están legitimados para soportar la acción de nulidad, pues no intervinieron en la eventual transmisión discutida ni ostentan la condición de adquirentes de las acciones controvertidas.

Respecto de la condena a aportar documentación, la Audiencia estima el recurso de los demandados. Señala que esa pretensión tenía carácter accesorio respecto de la acción principal de nulidad y que, al decaer esta, pierde su fundamento. Añade que gran parte de la documentación ya constaba en autos o había sido remitida previamente a la sociedad, y que no se justifica qué información adicional relevante se obtendría con una nueva aportación. Por ello, considera que la condena carece de base jurídica y de utilidad real.

La doctrina de los tribunales italianos sobre la separación del socio difiere mucho de la del Tribunal Supremo

2026-06-22T10:28:51.144+02:00

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Catanzaro, sección especializada en materia de empresa, el 6 de octubre de 2025, en el procedimiento n.º 4389/2018.

El proceso se inicia con la demanda de Francesco Marchione contra Mario Vescio, tanto a título personal como en su condición de administrador único de Scamar s.r.l. Marchione afirma que era titular del 50 % del capital social y que el 4 de agosto de 2017 ejercitó el derecho de separación respecto de la sociedad, que tenía duración indefinida. Sostiene que la sociedad no procedió a abonarle el valor de su participación en el plazo de 180 días y que, por ese motivo, el procedimiento de separación no se habría perfeccionado, por lo que él seguiría siendo socio. Sobre esta base, impugna también las posteriores transmisiones de participaciones realizadas por Vescio, alegando que este no tenía disponibilidad jurídica sobre ellas.

En sus pretensiones solicita, con carácter principal, que se declare la nulidad o ineficacia del acto de separación y de las cesiones de participaciones, con reconocimiento de que las participaciones siguen siendo de su propiedad. Subsidiariamente pide la resolución del acto de separación por incumplimiento. En un momento posterior introduce además una nueva pretensión basada en la simulación del acto.

El tribunal examina primero la admisibilidad de estas pretensiones. Declara inadmisible la alegación de simulación introducida en una fase posterior del proceso, al considerar que descansa en hechos constitutivos distintos de los inicialmente alegados y supone una modificación sustancial de la demanda incompatible con los límites del artículo 183 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, admite las pretensiones que se mantienen dentro del mismo núcleo fáctico.

En cuanto al fondo, el tribunal parte de la naturaleza del derecho de separación en las sociedades de capital. Señala que se trata de un acto unilateral que produce efectos desde su comunicación a la sociedad. La liquidación del valor de la participación no es un requisito para que el acto despliegue efectos, sino una consecuencia legal posterior.

A partir de este criterio, concluye que Marchione perdió la condición de socio en el momento en que comunicó su separación el 4 de agosto de 2017, con independencia de que no hubiera recibido todavía el importe de su participación. La falta de pago no impide la eficacia de la separación, sino que genera a favor del antiguo socio un crédito de carácter pecuniario frente a la sociedad.

Sobre esta base, el tribunal rechaza la pretensión de nulidad de las cesiones de participaciones. Considera que, una vez producida la separación, las participaciones del socio separado quedan en la disponibilidad de la sociedad, que puede transmitirlas a terceros, sin que la falta de liquidación afecte a la validez de esas operaciones.

También rechaza la pretensión de resolución por incumplimiento. Entiende que el ejercicio del derecho de separación no constituye un contrato con obligaciones recíprocas, sino un acto unilateral, de modo que no existe un vínculo sinalagmático que permita su resolución. El derecho del socio separado se reduce a reclamar el pago del valor de su participación como acreedor de la sociedad.

El tribunal concluye que todas las pretensiones del demandante son infundadas y deben ser desestimadas.

El fallo desestima íntegramente la demanda interpuesta por Francesco Marchione y lo condena al pago de las costas del proceso, fijadas en 1.700 euros en concepto de honorarios, más los accesorios legales.

Procede la acción social cuando la conducta del administrador daña al patrimonio social

2026-06-22T10:19:15.203+02:00

La sentencia fue dictada por la Corte de Apelación de Génova el 12 de febrero de 2025 en el procedimiento n.º 175/2023.

El litigio tiene su origen en la demanda presentada por la Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia contra Giovanni Berneschi, antiguo administrador de Banca Carige. La fundación alegó que Berneschi había causado un perjuicio al retrasar el reconocimiento contable de la situación real del banco, en particular mediante el retraso en el registro de deterioros de créditos por aproximadamente 1.100 millones de euros, en el reconocimiento de deterioros del fondo de comercio por unos 1.670 millones y en la comunicación al mercado de los resultados de las inspecciones de la Banca d’Italia.

Estas conductas habrían provocado el retraso de una ampliación de capital que, de haberse realizado en 2013, se efectuó finalmente en 2014 en condiciones menos favorables, cuando el valor de las acciones era inferior.

Según la fundación, ese retraso le produjo un daño directo como accionista, consistente en una mayor dilución de su participación y una pérdida de valor de su inversión. Cuantificó el perjuicio en unos 79,96 millones de euros, distinguiendo dos componentes: por un lado, una pérdida de 46,55 millones derivada de menores flujos de caja por la dilución y el valor de los derechos de suscripción; por otro, una pérdida de 33,41 millones por la reducción del valor de la participación mantenida entre 2013 y 2014.

El Tribunal de Génova, en primera instancia, declaró inadmisible la demanda al entender que la fundación había modificado la causa de pedir durante el proceso, introduciendo un fundamento distinto del inicialmente alegado. La fundación recurrió esta decisión sosteniendo que no había alterado la pretensión, sino que se había limitado a precisar y cuantificar el daño dentro del mismo marco fáctico ya expuesto en la demanda.

La Corte de Apelación examina en primer lugar esta cuestión procesal y concluye que la demanda es admisible. Considera que, pese a variaciones en la formulación, la pretensión siempre ha sido la misma: obtener una condena por la pérdida de valor de la participación accionarial derivada del retraso en la recapitalización. Entiende que no hubo modificación sustancial de la demanda, sino una especificación del daño, compatible con la normativa procesal.

Sin embargo, al examinar el fondo, la Corte rechaza la acción. Recuerda que la acción ejercitada se basa en el artículo 2395 del Código Civil italiano, que permite al socio reclamar directamente frente a los administradores solo por daños que le afecten de manera inmediata. Este tipo de responsabilidad tiene naturaleza extracontractual y exige un perjuicio directo en el patrimonio del socio.

Aplicando este criterio, la Corte afirma que la pérdida alegada por la fundación —la dilución de la participación y la disminución de su valor— no constituye un daño directo, sino un efecto reflejo del daño sufrido por el patrimonio de la sociedad. La reducción del valor de las acciones y la menor rentabilidad son consecuencias indirectas de la situación de la sociedad, por lo que no pueden fundamentar una acción individual del socio contra los administradores. La legitimación para reclamar por ese tipo de perjuicio corresponde exclusivamente a la sociedad.

En consecuencia, la Corte, aunque revoca la declaración de inadmisibilidad, desestima la demanda en cuanto al fondo. El fallo rechaza la pretensión indemnizatoria de la fundación, confirma en lo demás la sentencia de primera instancia y la condena en costas, y además condena a la fundación al pago de las costas de la apelación.

Autocontrato y conflicto de interés

2026-06-19T21:24:23.206+02:00

Por Esther González

Resolución de la DGSJFP de 18 de febrero de 2026

En una escritura de compraventa de un inmueble, la misma persona actuó como administrador mancomunado de la sociedad vendedora y como administrador único de la sociedad compradora. La registradora denegó la inscripción por considerar que era necesario aportar un acuerdo de la junta general de la sociedad compradora que autorizase expresamente la operación, al entender que existía un supuesto de autocontrato. La notaria recurrió argumentando que no había verdadero autocontrato: la empresa vendedora contaba con dos administradores mancomunados, por lo que esa persona no podía actuar en solitario en nombre del vendedor, necesitaba obligatoriamente el concurso del otro administrador mancomunado.

Tras analizar las figuras del autocontrato y el conflicto de interés, la DGSJFP estima el recurso y revoca la calificación registral.

El autocontrato exige que una misma persona represente a las dos partes del contrato. Si no se da esa coincidencia plena, no existe autocontrato, sino, en su caso, un potencial conflicto de interés. En este caso, no se celebra un contrato entre las dos sociedades representadas por una misma persona, ni por una persona y por otra que se encuentre en una relación de dependencia con aquélla: la vendedora requería la actuación conjunta de dos administradores mancomunados, por lo que no concurre el supuesto de autocontratación.

Los supuestos de conflicto de intereses entre el administrador y la sociedad deben resolverse ante los tribunales, salvo que el conflicto sea evidente y afecte directamente al poder de representación: “no puede deducirse del solo hecho de que el administrador de la sociedad compradora sea también uno de los dos administradores mancomunados de la sociedad vendedora que se haya quebrantado el deber de lealtad y se haya causado un perjuicio a la sociedad, algo que ni el registrador ni esta Dirección General pueden entrar a valorar en este caso y deberá ventilarse en el juicio correspondiente.”

Reducción parcial de la renta arrendaticia de un local de negocio por las restricciones de la normativa Covid-19 en aplicación de la doctrina rebus sic stantibus

2026-06-19T21:18:45.230+02:00

Por Esther González

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, núm. 146/2026, de 17 de abril de 2026

Decathlon, como arrendataria de un local comercial, presentó demanda solicitando, en aplicación de la doctrina jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus, la reducción hasta en un 70% de las rentas arrendaticias de los meses afectados por las restricciones derivadas de la normativa Covid-19. En primera instancia, la demanda fue desestimada.

La AP de Madrid, en esta sentencia, estima parcialmente el recurso de Decathlon. La AP hace un repaso de la doctrina rebus sic stantibus y su aplicación por el TS y destaca, en particular, que “no es bastante con comprobar que concurren circunstancias generales y extraordinarias en el mercado que justificarían acudir, en general, a aquel remedio, sino que debe acreditarse que las mismas tienen un impacto concreto en la onerosidad de las prestaciones del contrato al que se refiere”. El TS considera probado en este caso que Decathlon sufrió una reducción significativa de su facturación en los meses en los que la normativa Covid-19 impuso un cierre total. No obstante, modera la reducción de la renta solicitada por Decathlon, al considerar que la reducción de un 70% solicitada por la arrendataria supondría trasladar en su mayor parte el impacto económico de las medidas por la pandemia a la parte arrendadora, lo que no sería equilibrado. Por tanto, teniendo en cuenta que el cierre no fue durante todo el mes de marzo ni de mayo, la AP considera equilibrado aplicar a la renta de los meses de marzo, abril y mayo una reducción del 40%.

Por lo que respecta a los siguientes meses, donde se permitió la apertura al público pero con restricciones de aforo, la AP no considera acreditado por Decathlon el impacto real de las medidas sobre su actividad, por lo que no aplica ninguna reducción a la renta de estos meses.

Reducción de capital desigual en una SL

2026-06-19T20:37:52.993+02:00

Por Marta Soto-Yárritu

Es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 853/2026, de 3 de junio de 2026

El litigio se refiere a una reducción de capital en una SL por devolución de aportaciones, que no afecta por igual a todas las participaciones, y la cuestión versa en determinar si se requiere el consentimiento individual de todos los socios o sólo el de los socios cuyas participaciones se amortizan.

En junta extraordinaria de septiembre de 2017, la sociedad aprobó por mayoría (81,81% del capital social) devolver a una de las socias (la Sra. Inmaculada) el valor de sus participaciones —que representaban el 13,47% del capital—, amortizándolas y entregándole a cambio dos pisos, plazas de garaje y efectivo. Otro socio (el Sr. Abelardo), titular del 15% del capital, votó en contra y en la mostró su voluntad de poderse acoger a un sistema de reducción de capital para sus participaciones en términos similares a los de la Sra. Inmaculada. A pesar de esto, en la certificación aportada al RM se certificaba (falsamente) que el Sr. Abelardo había dado su conformidad con la operación (el secretario y el presidente del consejo fueron condenados penalmente por falsedad en documento mercantil).

El Sr. Abelardo solicitó la nulidad del acuerdo. El Juzgado Mercantil desestimó la demanda. Sin embargo, la AP de Barcelona revocó esa decisión y declaró la nulidad del acuerdo de reducción de capital, al entender que era necesario el consentimiento individual de todos los socios. El TS desestima todos los recursos de la sociedad y confirma la nulidad del acuerdo.

El art. 329 LSC exige el consentimiento individual de los titulares de todas las participaciones —y no solo de las amortizadas— cuando la reducción de capital con devolución de aportaciones no afecta por igual a todos los socios. Así se desprende de una interpretación coherente del precepto, cuyo precedente (art. 79.2 LSRL de 1995) exigía expresamente «el consentimiento de todos los socios». Este requisito es, en definitiva, una manifestación del principio de igualdad de trato entre socios que recoge el art. 97 LSC.

“Obviamente, ha de consentir el socio titular de las participaciones amortizadas o cuyo valor nominal se reduce, para impedir que, sin su consentimiento, su participación en el capital social sea suprimida o reducida («aguamiento»). Y también han de consentir individualmente los titulares de las participaciones a las que no afecta la reducción de capital por restitución del valor de las aportaciones: y se exige su consentimiento individual porque tales socios no reciben nada (no perciben la restitución del valor de sus participaciones), a diferencia del socio titular de las participaciones afectadas por la reducción, que sí obtiene la devolución del valor de su inversión en la sociedad. Es claro que esta operación (la reducción de capital con devolución del valor de las aportaciones que no afecta por igual a todas las participaciones) comporta una alteración en la posición jurídica de los socios, cuya eficacia requiere el consentimiento individual de todos ellos. Los titulares de las participaciones afectadas son los de aquéllas que se van a amortizar (cuyo nominal se va a reducir), pero también los titulares de las participaciones que se mantengan (o cuyo valor nominal no decrezca).”

La conjura contra España CXLVII. El martillo y la batería: modelos teóricos, sesgo de confirmación y el cártel lingüístico vasco

2026-06-19T12:16:42.941+02:00

Foto: Genci AL Wiki loves Earth winners 2025

A Leyre Iglesias

Lo que cuento a continuación es una historia de aprendizaje en la que interviene, como no, la IA.

La historia comienza con un proyecto de columna escrito cum ira et sine studio, o, en términos savaterianos, escrito "a golpe de indignación". Y, en lugar de analizar minuciosamente los datos empíricos para asegurarme de que encajaban en el "modelo" teórico que pretendía utilizar, di por supuesto ese encaje. Le describí a la IA cuál era mi modelo, le expuse por qué creía que se aplicaba bien al caso y le pedí que presentara los argumentos debidamente desarrollados. Di por supuesto que la IA would get the facts right. Y la IA prefirió dorarme la píldora y no revisar los datos de hecho.

El resultado fue un desastre analítico porque los hechos reales no encajaban en el modelo. Como ha explicado Dani Rodrik, eso no significa que el modelo sea inútil. No vale para explicar estos hechos concretos, pero habría sido impecable si la realidad institucional hubiera sido otra. Digamos que intenté utilizar un martillo para cambiar la batería de un ordenador portátil en lugar de un destornillador de precisión. Eso no convierte a los martillos en herramientas inservibles; simplemente erré el diagnóstico del objeto.

Para que se entienda el proceso, a continuación, reproduzco la columna tal y como pretendía publicarla originalmente, seguida de la rectificación de los hechos y la reconstrucción final de la hipótesis bajo la óptica de la teoría de juegos y de los cárteles.

La columna original o la hipótesis frustrada por la realidad

“I pretend to write and you pretend to read, and if you stop pretending you are no longer my friend” — Diego Gambetta y Gloria Origgi, L-worlds: The curious preference for low quality and its norms (2009)

En la convocatoria de la Selectividad en el País Vasco se ha producido una anomalía estadística sin precedentes: cientos de estudiantes de Vizcaya (y en menor medida de Guipúzcoa y Álava) han obtenido calificaciones de cero o cercanas a cero en el examen de la asignatura «Lengua Vasca y Literatura», la materia troncal obligatoria equivalente a Lengua Castellana y Literatura.

La inmensa mayoría de los afectados son alumnos del Modelo D (enseñanza íntegramente en euskera) matriculados en centros concertados y privados de zonas de sociología no nacionalista o de perfil socioeconómico medio-alto —lo que coloquialmente se conoce como los colegios del flanco residencial de Bilbao y su área metropolitana, como el distrito de Getxo y Las Arenas—. Este "cero" impedirá, probablemente, a estos estudiantes acceder a carreras especialmente deseadas como Medicina, Odontología o Ingenierías.

El tribunal corrector aplicó de forma estricta e inflexible los criterios de penalización ortográfica y sintáctica. Los errores reiterados de declinación (deklinabidea), sintaxis o faltas de ortografía graves se computaron de manera acumulativa, lo que reducía la nota a cero rápidamente. La respuesta de las familias no ha sido el silencio habitual frente a cualquier imposición nacionalista. Se ha desatado una ola masiva de reclamaciones —más de 1.800 impugnaciones solo en esa asignatura—, concentraciones a las puertas de los campus y una campaña de denuncia pública que exige la dimisión del tribunal por considerar que el examen no medía el conocimiento, sino que buscaba hundir deliberadamente las medias de acceso.

El conflicto sigue abierto porque las notas definitivas tras las segundas correcciones y las resoluciones de los tribunales de reclamación aún no se han publicado de forma agregada. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco y el rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) están utilizando los tiempos administrativos de la segunda corrección como un mecanismo de enfriamiento social. El objetivo es desinflar la rebelión de las familias mediante un goteo individualizado de revisiones que devuelva a los alumnos las décimas necesarias para entrar en sus carreras, evitando así la foto fija de un aprobado general sobrevenido o una rectificación pública que humillaría al tribunal ortodoxo.

Si el segundo tribunal ratifica de forma masiva los ceros de la primera corrección, el Gobierno Vasco se enfrentará a un problema de orden público y al descrédito total de su modelo educativo. Si, por el contrario, las segundas notas enmiendan la plana al primer tribunal subiendo las calificaciones de forma drástica, se hará oficial y evidente el fraude del sistema: que para mantener la paz social es obligatorio ignorar la incapacidad lingüística real de los alumnos.

¿Cómo es posible que esos alumnos sean incapaces de escribir correctamente un texto en la asignatura de euskera y, al mismo tiempo, obtengan notas elevadas cuando redactan en euskera sus respuestas en los exámenes de Ciencias, Historia o Geografía?

La explicación radica en que los alumnos afectados utilizan un euskera meramente instrumental, plagado de estructuras sintácticas calcadas del castellano (erdelizaciones) y con un léxico muy limitado. Los profesores de las asignaturas comunes se prestan al juego cooperativo y hacen la vista gorda respecto del dominio de la lengua por parte de sus alumnos. De ese modo, contribuyen a legitimar la política nacionalista de inmersión lingüística en euskera, política que no podría sobrevivir si se reconociera, con efectos en el acceso a la universidad, el fracaso de los alumnos vascos en las pruebas de acceso.

Lo que parece que ha ocurrido es que el tribunal de la asignatura de Lengua Vasca decidió no seguir cooperando en la farsa. Al aplicar a rajatabla las penalizaciones por errores de declinación y sintaxis, los correctores destaparon la cruda realidad pedagógica que las tensiones y el sutil abandono de las pruebas PISA ya apuntaban: que el nivel de competencia lingüística real del alumno medio en zonas castellanohablantes (es decir, en casi todo el territorio vasco, salvo áreas concretas de la costa e interior de Guipúzcoa) es paupérrimo y, en particular, que el sistema de inmersión perjudica relativamente a los niños castellanohablantes frente a los niños que tienen el euskera como lengua materna. No se entiende que sea Òmnium Cultural el que va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lugar de hacerlo el PP o Vox.

Mi hipótesis es que este fenómeno no constituye un mero error técnico en la corrección de los exámenes, sino que refleja la quiebra de un pacto de simulación bilateral entre nacionalistas y no nacionalistas en el País Vasco que sostenía un equilibrio de baja calidad.

El sistema lingüístico vasco ha funcionado durante décadas como un cártel. Los ciudadanos no nacionalistas y las clases profesionales urbanas tradicionales aceptaron la inmersión, no por adhesión ideológica, sino por un cálculo de maximización de valor. El requisito del euskera en la administración pública (Osakidetza, Ertzaintza, educación o justicia local) es una barrera de entrada infranqueable para los demandantes de empleo procedentes del resto de España. Las buenas familias vascas castellanohablantes aceptaron sacrificar el bienestar escolar de sus hijos y sus posibilidades de aprendizaje a cambio de asegurar para sus vástagos un mercado laboral cautivo y protegido.

Para que este equilibrio sea sostenible, el coste real de aprendizaje del idioma debe ser bajo (como lo es con el gallego o incluso el catalán). Y aquí entra en juego la simulación: las familias no nacionalistas simulan creer que el Modelo D es el óptimo para el aprendizaje de sus hijos; los colegios simulan que imparten las materias en un euskera académico estándar; y la administración simula que el nivel de competencia de los egresados es equivalente al de un bilingüe nativo.

Todas las partes del pacto colusorio "por la lengua" salían ganando. Los alumnos de entornos castellanohablantes terminaban el bachillerato con un conocimiento real muy deficiente —un bilingüismo pasivo— pero con un aprobado que les permitía olvidarse del euskera para siempre si así lo preferían. Los nacionalistas obtenían estadísticas de «éxito de la normalización» y las familias obtenían los títulos y las notas de acceso universitario sin el esfuerzo cognitivo real que requiere dominar una lengua tan arcaica como el vascuence. Los costes del pacto colusorio los soportan los vascos que compiten, fuera del País Vasco, por un trabajo al que se acceda competitivamente y, sobre todo, los que quieran trabajar en el País Vasco sin dominar el vascuence.

Pues bien, el desastre de los exámenes de la UPV representa la ruptura unilateral de este pacto colusorio por parte del sector más dogmático del nacionalismo cultural, sólidamente instalado en los departamentos universitarios y en los órganos de gobierno de la Universidad. Al aplicar el baremo a rajatabla, este grupo destruyó el velo de la simulación. Obligó a que la prueba operase como un control de calidad real, destapando que quince años de escolarización en el Modelo D en entornos urbanos no garantizan un euskera correcto. La furia de las familias y la rebelión de los estudiantes no nace de que consideren que su nivel lingüístico es excelente; la indignación es la denuncia de una traición contractual:

«Hemos cumplido nuestra parte del pacto (matricular a nuestros hijos en el Modelo D, tragar con la burocracia lingüística y validar la barrera de entrada), ¿por qué rompéis ahora la regla no escrita de que el aprobado y la nota estaban garantizados?».

Con todo, la jugada puede resultar un éxito político para el nacionalismo de izquierdas (singularmente EH Bildu, en pleno ciclo de crecimiento electoral frente al PNV). Como los ceros masivos se concentran en la burguesía urbana de Vizcaya, el coste político para la izquierda soberanista es marginal: los damnificados pertenecen a un espectro sociológico que jamás les votaría (votantes del PP o del ala más conservadora del PNV). Al contrario, para las bases del nacionalismo identitario, castigar el «mal euskera» de las élites bilbaínas se vende como un acto de justicia meritocrática y de defensa de la pureza de la lengua frente a su descafeinización. La maniobra permite fusionar resentimiento de clase y ortodoxia lingüística.

El caso ilustra a la perfección cómo los pactos colusorios basados en la simulación regulatoria son intrínsecamente inestables: basta con que un actor del ala dogmática decida aplicar la literalidad de la norma (enforcement real) para que el equilibrio de baja calidad salte por los aires, penalizando de forma asimétrica a los cooperantes pasivos del sistema.

Finalmente, este episodio confirma una intuición central de Hannah Arendt al estudiar el totalitarismo: la cooperación humana no es buena por sí misma. La misma disposición a coordinarse, conformarse y obedecer que permite sostener instituciones útiles puede también servir para estabilizar órdenes de exclusión cuando quienes participan en ellos obtienen ventajas a costa de terceros. Eso es lo que aquí importa: no un error aislado de corrección, sino un equilibrio cooperativo que durante años ha repartido beneficios entre quienes se adaptan al sistema y ha desplazado sus costes sobre quienes quedan fuera o en posición subordinada, en este caso los castellanohablantes.

Revisión metodológica y datos empíricos

El error central de la columna anterior no estaba en la idea general de que existe un cártel lingüístico en la sociedad vasca, sino en la forma concreta en que intenté aplicar esa idea a este caso. Me equivoqué al suponer que los afectados eran alumnos del Modelo D y que, por tanto, el episodio revelaba de golpe la farsa cooperativa que sostenía el sistema de inmersión.

Los hechos disponibles no encajan con esa lectura porque la anomalía se concentró de forma extraordinaria en un único tribunal de Bizkaia y en un tramo alfabético concreto de apellidos; esto es, en una cohorte definida administrativamente por el propio mecanismo de reparto de la Universidad del País Vasco. Si la hecatombe hubiera sido la simple revelación del fracaso lingüístico general del modelo de inmersión, no se habría localizado en un solo tribunal ni en un grupo administrativamente delimitado por el orden alfabético. Tampoco encaja con la explicación trivial de un error informático global. La propia universidad reconoció incidencias técnicas en la introducción de algunas notas y corrigió varios casos de alumnado que figuraba erróneamente como no presentado, pero ese problema era parcial y no explica por sí solo la anomalía masiva y concentrada que desencadenó la protesta.

Los hechos observados son, sin embargo, coherentes con una situación en la que un nodo concreto del sistema (un miembro del "cártel"), o sea un tribunal con capacidad efectiva de corrección, aplica un estándar extraordinariamente exigente o atípico a una cohorte de alumnos definida administrativamente por reparto alfabético y asignación de centros. Dado que esa cohorte está compuesta mayoritariamente por estudiantes procedentes de centros concertados del Modelo A (o de trayectorias educativas no íntegramente vehiculadas en euskera), el efecto práctico es que ese grupo soporta casi en exclusiva el impacto de la anomalía.

Conclusión revisada: la capacidad disciplinaria del cártel

De manera que los hechos han refutado la hipótesis de una quiebra del pacto colusorio - del cártel - alcanzado en la Sociedad vasca en relación con la inmersión en euskera. Pero son compatibles con una hipótesis más acotada aunque dentro del mismo marco teórico (la existencia de un cártel en la Sociedad vasca en relación con la inmersión).

Y esta consiste en afirmar que, dentro del cártel existe al menos un nodo - un miembro del cártel - con poder suficiente para operar como cartelista sancionador, utilizando su margen de discreción para imponer una sanción extraordinaria a quienes se niegan a participar en el cártel y a cumplir con lo acordado por todos los cartelistas. En términos más simples: no estamos viendo al sistema entero mostrar de repente sus vergüenzas al aire, dejar de simular, sino a uno de los miembros del cártel utilizar su capacidad de corrección para sancionar a quienes no participan plenamente en él (los colegios que siguen en el modelo A y no se han pasado, como la práctica totalidad de colegios e institutos del País Vasco, al modelo D).

Esa conclusión no está probada de forma concluyente, pero tampoco está contradicha por los hechos conocidos. Al contrario, la concentración en un solo tribunal, en un tramo alfabético preciso y sobre alumnado de centros donde predomina el Modelo A la hace compatible con la estructura del caso y descarta explicaciones más simples, como ya se ha dicho.

De modo que la teoría del pacto colusorio sigue siendo útil para describir la estructura general de incentivos del sistema lingüístico vasco y su equilibrio de baja calidad. Lo que este episodio muestra, sin embargo, no es la súbita ruptura de ese pacto por todo el sistema (habrá que esperar a que se produzcan otros "fenómenos" para comprobar si el modelo tiene validez explicativa), sino algo más concreto: la capacidad disciplinaria de uno de sus miembros. Basta con que un tribunal integrado por agentes alineados con la lógica del cártel aplique de forma excepcionalmente dura su margen de corrección para convertir un examen unificado en una sanción efectiva contra quienes han decidido permanecer fuera del modelo dominante. No es la destrucción del cártel. Es, precisamente, una muestra de su vigencia y capacidad de enforcement.

PS. El tribunal corrector ha modificado las notas pero apenas las ha subido. Los ceros han desaparecido pero se han sustituido por 0,5, 1 o 1,5

PS2: vean los efectos de la inmersión en euskera para los niños que tienen como lengua materna el español o el berber

Cuando los juristas norteamericanos sabían alemán: John Chipman Gray

2026-06-18T11:48:50.250+02:00

La invención de las personas jurídicas

La capacidad de concebir una abstracción imperceptible para los sentidos, que sin embargo tiene a hombres como sus órganos visibles y a la que, aun careciendo de voluntad y pasiones, se le pueden atribuir la voluntad y las pasiones humanas, es una de las facultades más maravillosas de la naturaleza humana. Si no es una necesidad de su propia condición, es al menos una capacidad que las comunidades humanas parecen ejercitar sin ninguna dificultad. Si hubo un tiempo en que el ser humano careció de esta facultad personificadora, lo cierto es que ya aparece en pleno apogeo en los inicios de la historia de la civilización. En ningún pueblo se desarrolló más la concepción de la personalidad del Estado que entre los griegos, y la idea de corporación fue reconocida por los romanos. A uno le disgusta calificar a tal entidad de "ficticia", porque "ficticia" es lo que Bentham llamaría un "epíteto despectivo", y la misma objeción se aplica, aunque en menor grado, al uso del término "artificial". Quizás "jurídica" sea la mejor opción.

Al fin y al cabo, no hay inconveniente en llamar ficticias a estas entidades abstractas si tenemos en cuenta la distinción de Ihering entre ficciones históricas y dogmáticas. La ficción de una entidad abstracta no es una ficción histórica —como la del hallador fortuito en la acción de trover, o la del desahuciador ficticio, inventadas para introducir un nuevo derecho o ampliar los recursos procesales—, sino que se utiliza para clasificar y ordenar el derecho ya existente y reconocido. La forma habitual de persona jurídica es la corporación. De hecho, las corporaciones son las únicas personas jurídicas que conoce el Common Law.

Sobre ficciones en Derecho:

Sobre el concepto de corporación

¿Qué es una corporación? En primer lugar, debe existir un grupo de seres humanos unidos con el propósito de promover sus intereses. En segundo lugar, este grupo debe contar con órganos a través de los cuales actuar; debe ser un colectivo organizado; unos vecinos que se unen espontáneamente para perseguir a un ladrón no forman una corporación. Los intereses de un grupo organizado de hombres no pueden promoverse de manera eficaz a menos que el Estado los proteja; y para brindar esta protección, el Estado debe crear derechos y reconocer la organización a través de la cual el grupo va a actuar. Si un grupo de hombres actúa a través de una organización que el Estado no reconoce, el Derecho no otorgará eficacia a esa actuación como si fuera de la entidad, aunque pueda ser el acto de algunos o de todos sus miembros.

Las facultades otorgadas por el Estado no constituyen derechos de los hombres cuyas decisiones individuales ponen en funcionamiento el mecanismo corporativo, ya que el Derecho no protege los intereses de esos individuos aislados; sino que, mediante una ficción dogmática, la voluntad de esos hombres se atribuye a la corporación, y es la corporación la que ostenta los derechos.

¿En qué se diferencia una corporación - persona jurídica de un incapaz?

En este punto, creo que Chipman Gray está equivocado. Para Savigny, el sujeto de derecho natural y primario es el ser humano individual. El demente o incapaz es un sujeto de derecho real, dotado de conciencia y existencia física, cuya capacidad jurídica (Rechtsfähigkeit) es intrínseca a su condición humana. Lo único que le falta al incapaz es la capacidad de obrar (Handlungsfähigkeit), es decir, la aptitud para realizar actos con eficacia jurídica por sí mismo. Por el contrario, la persona jurídica no existe en el mundo de la realidad; es un sujeto creado artificialmente por el Derecho a través de una ficción legal para fines patrimoniales. Mientras que en el incapaz el Derecho se limita a suplir una deficiencia transitoria o permanente de un sujeto real, en la persona jurídica el Derecho tiene que inventar al propio sujeto.

Llegados a este punto, debe observarse que hasta aquí no hay nada exclusivo de las personas jurídicas. La atribución a una entidad o persona de la voluntad de otra es exactamente de la misma naturaleza que la que ocurre cuando la voluntad del tutor, por ejemplo, se le atribuye al menor. Determinar hasta qué punto el derecho positivo permite esta traslación de la voluntad en uno u otro caso es una cuestión de legislación, pero el mecanismo esencial es el mismo con independencia del nombre que reciba. En todas las personas jurídicas, salvo en los seres humanos plenamente capaces, opera la misma ficción de atribuir la voluntad de un hombre a alguien o algo distinto de sí mismo; no importa quién o qué sea ese tercero. El paso es igual de difícil de dar, y no más, ya se trate de un demente, un caballo, un remolcador de vapor o una corporación. Ni el demente, ni el caballo, ni el remolcador, ni la corporación tienen una voluntad real en el sentido jurídico; los tres primeros no más que esta última. Sin embargo, con la persona jurídica nos encontramos con una ficción adicional, que consiste en crear la propia entidad abstracta a la que se le van a atribuir las voluntades humanas.

John Chipman Gray percibe la distinción entre cosas singulares y patrimonios y se retracta respecto de la equiparación del demente a la persona jurídica

Debe observarse que, incluso si una corporación fuera una cosa real, seguiría siendo una persona ficticia porque carece de voluntad propia; pero sería una persona ficticia solo en el mismo sentido en que lo son un demente o un barco. La razón por la cual a dementes y a barcos no se les ha llamado personas jurídicas ni se les ha clasificado junto a las corporaciones es que, tanto en el Derecho Romano como en el Common Law, prevaleció la idea de que las corporaciones eran entidades abstractas que solo existían por ficción. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurría con dementes y barcos, las corporaciones requerían una doble ficción: primero, crear la entidad abstracta, y segundo, atribuirle voluntad. Por eso se las ubicó en una categoría separada bajo un nombre diferente: el de personas jurídicas.

Las corporaciones son las únicas personas jurídicas que conoce el Common Law

El patrimonio por sí solo nunca se convierte en persona jurídica. Si en Inglaterra o en Estados Unidos se donan bienes para fines benéficos, la titularidad de los mismos siempre se transmite a un individuo o a una corporación que los gestiona para dicho fin, y es ese titular el sujeto de los derechos y deberes relativos a los bienes. Si un testador destina un patrimonio a un fin benéfico pero no nombra a nadie para ejecutarlo, la titularidad de los bienes corresponde al heredero o al albacea hasta que se nombre a un fideicomisario que los reciba. La noción de un derecho o un deber sin sujeto es completamente ajena al Common Law.

John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law, 1909

Nils Jansen: la vigencia de la 2ª escolástica y la obsolescencia del derecho natural racionalista

2026-06-17T21:08:01.203+02:00

Tras el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados y su referencia a la Escuela de Salamanca - a la 2ª escolástica - es pertinente y adecuado resumir este magnífico trabajo de Nils Jansen en el que reconstruye el concepto de responsabilidad y la evolución de las relaciones entre el derecho de daños y l enriquecimiento injusto. En esta otra entrada expliqué el concepto de "justicia correctiva" o conmutativa original de Aristóteles y corregida y aumentada por Tomás de Aquino y aplicada a la construcción de una teoría del derecho por los autores de la 2ª escolástica. Según Jansen, estos siguieron la consigna de Einstein y los autores iusnaturalistas racionalistas - Grocio y Pufendorf -, no.

La restitutio de la Segunda Escolástica

La primera pieza del razonamiento de Nils Jansen es la teoría escolástica de la restitutio y su transformación en la teoría moderna de las obligaciones no contractuales. Aquí todavía no estamos en la distinción moderna entre responsabilidad contractual, extracontractual y enriquecimiento injusto, sino en el momento anterior, en el que esas categorías aparecen integradas dentro de una doctrina común de la restitución.

La Segunda Escolástica (la escuela de Salamanca) de la restitutio formuló un sistema completo de obligaciones no contractuales. Ese sistema se presentaba como una parte internamente coherente del Derecho de obligaciones, separada del contrato. Pero la separación no coincidía exactamente con la actual: las reclamaciones derivadas de negocios ineficaces, por ejemplo pagos realizados en virtud de contratos nulos, se reconducían al Derecho contractual, no al enriquecimiento injusto (en sentido moderno alemán). La restitutio protegía a los ciudadanos frente a injerencias no queridas en su esfera jurídicamente protegida: cuerpo, personalidad, propiedad y otros intereses comparables, incluido el derecho a no sufrir daño económico mediante medios injustos.

El fundamento de esa doctrina era, claro, teológico. En concreto, una idea cristiana de raíz agustiniana: «No se perdona el pecado si no se restituye lo robado», formulada en latín como non remittetur peccatum nisi restituatur ablatum. Según esta concepción, quien quería obtener el perdón de Dios debía reparar antes el daño causado al prójimo. La idea era que no podía haber perdón ante Dios mientras el autor del daño no hubiera restituido al perjudicado aquello de lo que lo había privado. Aunque la regla procedía del mandamiento bíblico que prohíbe robar, fue entendida de forma muy amplia, hasta cubrir toda clase de daños causados (de ahí el requisito de "cumplir la penitencia" para obtener el perdón de los pecados). Esta ampliación del significado permitió a la restitutio convertirse en la base de una teoría general de las obligaciones no contractuales.

La regla tenía una estructura sencilla que Jansen formula como: "quien causa un daño debe repararlo y quien obtiene una ganancia debe restituirla, pero la víctima no debe recibir más de lo que perdió". Daño y enriquecimiento no aparecen como categorías autónomas y separadas. La restitución persigue restablecer una igualdad alterada. Si el demandado se ha enriquecido, ese enriquecimiento no genera per se y de forma independiente responsabilidad en el demandado. El análisis comienza por la pérdida del demandante. El enriquecimiento del demandado cumple una función semejante a la culpa: es una razón para imponer responsabilidad, no una categoría dogmática autónoma.

La incorporación de la idea de dominium

El paso decisivo hacia una doctrina jurídica está en la idea de dominium. Jansen dice que la concepción escolástica solo se transforma en un cuerpo de reglas aplicables cuando se añade un principio específicamente jurídico:

«Toda restitución se fundamenta en el derecho de propiedad» (omnis restitutio fundatur in dominio).

El término clave aquí es dominium. En el latín jurídico medieval y moderno, dominium es propiedad legítima o el derecho que alguien tiene sobre una cosa pero entendida la propiedad en sentido amplio para incluir más que el derecho real de propiedad y abarcar lo que en inglés se denomina "property right" o entre nosotros derechos subjetivos "análogos" en la expresión de la Ley de competencia desleal. En sentido contrario, no procede la restitución porque la conducta del demandado afecte de cualquier forma los intereses ajenos, hace falta que esa conducta haya producido una lesión en una esfera jurídica protegida entendida de forma amplia como dominium.

Esto permite entender el núcleo de la teoría escolástica. No parte de una lista de acciones romanas ni de categorías como contrato, delito o cuasicontrato. Parte de una idea de justicia correctiva (o conmutativa): si alguien altera la esfera jurídica de otro, debe corregirse la alteración. Esa corrección puede consistir en reparar un daño, restituir una ganancia o ambas cosas, pero siempre con el límite de no enriquecer a la víctima más allá de su pérdida. Por eso la teoría de la restitutio podía integrar bajo un mismo principio supuestos que hoy distribuimos entre responsabilidad extracontractual, enriquecimiento injusto e incluso algunas restituciones vinculadas a negocios ineficaces (v., esta entrada Tweets borrados: lesión de derechos subjetivos y responsabilidad por daños)

El puente hacia el Derecho moderno es Grocio

Jansen afirma que “the most important transmission link between the late scholastics and modern law was Hugo Grotius” (v., La verdadera historia del abogado más famoso de la Historia: Hugo Grocio). En su Introducción al derecho neerlandés de 1621, Grocio expone el Derecho romano-holandés de su tiempo, pero lo hace sin depender de las formas romanas de acción. Esto le permite construir una teoría propia del Derecho privado. Sustituye las categorías romanas de obligaciones por una división básica entre obligaciones nacidas del contrato y obligaciones nacidas de la desigualdad. Estas últimas se dividen, a su vez, en dos grupos: desigualdad que produce enriquecimiento de una parte y desigualdad causada por otra parte. Jansen dice que estas categorías de Grocio se corresponden con las categorías escolásticas de la restitutio ratione rei y la restitutio ratione acceptionis (aunque Grocio, como buen calvinista, no citará a un teólogo católico a este respecto)

La restitutio ratione rei es la obligación que nace del simple hecho de retener en el presente una cosa que pertenece a otro, por lo que el fundamento de la restitución es el derecho de propiedad del legítimo dueño que sigue vigente. Esta obligación de devolver el bien es absoluta y afecta tanto al poseedor de mala fe como al de buena fe, de modo que si la cosa existe y está en manos de quien no es su propietario, este debe restituirla en cuanto tenga constancia de ello.

Por su parte, la restitutio ratione acceptionis es la obligación que nace del acto ilícito de haber despojado a alguien de su bien, con independencia de que la cosa todavía exista o se mantenga en el patrimonio del infractor. El fundamento en este caso es la iniuria o el daño causado mediante una acción injusta como el hurto o el fraude, lo que genera una responsabilidad de carácter personal que obliga al autor del despojo a reparar la pérdida patrimonial sufrida por la víctima, incluso si el objeto físico ya ha perecido o ha sido consumido.

Esta reconstrucción permite a Grocio tratar las condictiones romanas no como cuasicontratos, sino como obligaciones derivadas del enriquecimiento. Jansen destaca que Grocio podía explicar esas acciones "mucho más convincentemente" como obligaciones surgidas del enriquecimiento. Y va más allá: la idea de una obligatio ex dominio permitía justificar responsabilidad sin culpa y sin conducta ilícitaEen el primer grupo de casos "restitutio ratione rei". La responsabilidad no depende necesariamente de que el demandado haya obrado mal; puede surgir de la lesión de una posición jurídica ajena o de una desigualdad patrimonial que debe corregirse.

En materia de enriquecimiento injusto, Grocio formula casi una cláusula general. Jansen dice que Grocio presentó las condictiones romanas como instancias particulares de un principio general y que, por tanto, defendió la construcción de una cláusula general de responsabilidad por enriquecimiento, aunque ello fuera contrario a las doctrinas predominantes del ius commune.

Ejemplos:

quien, de buena fe, se alimenta en casa de otro con comida robada a un tercero, o
el poseedor de buena fe

deben restituir el enriquecimiento derivado de frutos consumidos. En estos casos, la responsabilidad no se explica por una culpa, sino porque alguien conserva una ventaja patrimonial sin fundamento jurídico suficiente.

Como se ha dicho al principio, la teoría escolástica de la restitución era una doctrina específicamente católica, vinculada a la penitencia y al perdón de los pecados. En medio de la Reforma y de las guerras de religión, Grocio no podía apoyarse en ella para construir una teoría del derecho natural autónoma respecto de la religión así que - nos dice Jansen - sustituyó los elementos teológicos (la penitencia como requisito para el perdón de los pecados) por otros de carácter secular. Pero, al obrar así, dice Jansen, Grocio privó a su teoría de una justificación normativa última. A partir de Grocio, la necesidad de restituir el enriquecimiento o de indemnizar los daños causados culposamente se consideran evidentes y sin necesidad de justificación ulterior, al mismo nivel que la obligación de cumplir con la palabra dada (pacta sunt servanda) y la justificación reside en que la sociedad humana no podría existir sin esas instituciones.

La transformación de la responsabilidad por daños (ex delicto)

La consecuencia más importante se produce en la responsabilidad por daños. Grocio deja de concebir la responsabilidad delictual como una obligación nacida de la lesión de derechos o de una desigualdad. La explica como una obligación secundaria derivada de la violación culpable de deberes primarios de conducta (“ex tali culpa ... obligatio naturaliter oritur si damnum datum est, nempe ut id resarciatur”). La obligación de reparar surge de la culpa cuando se ha causado daño. La lesión de un derecho no desaparece de la formulación teórica, porque el daño resarcible presupone normalmente la lesión de un derecho. Pero la base normativa de la responsabilidad deja de ser la lesión del derecho y pasa a ser la culpa.

Con ello, - explica Jansen - Grocio separa dos ámbitos que antes estaban unidos por la restitutio: la responsabilidad por enriquecimiento y la responsabilidad por daño causado.

a) El enriquecimiento queda suficientemente explicado por la justicia correctiva/conmutatitva: si la ganancia del demandado corresponde a la pérdida del demandante y no hay causa jurídica que la justifique, debe restituirse.

b) Pero la responsabilidad por daño causado se vuelve más difícil de justificar cuando no hay enriquecimiento del demandado. Si el demandado no gana nada con su conducta, ¿por qué debe responder? Grocio responde: porque actuó con culpa.

¿Cómo se encajan entonces los supuestos de responsabilidad sin culpa?

Grocio no tiene una respuesta. Dice Jansen que Grocio

no dejó margen conceptual para una responsabilidad que fuera más allá de la culpa, y separó la responsabilidad derivada del enriquecimiento y la responsabilidad por los daños causados en categorías jurídicas intelectualmente inconexas.

La modernidad jurídica gana claridad clasificatoria —contrato, enriquecimiento, delito—, pero pierde la base común de la responsabilidad individual que la teoría escolástica de la restitución todavía conservaba. La conexión entre enriquecimiento injusto y responsabilidad por daños se oscurece. Y, al oscurecerse, se vuelve difícil explicar los casos en los que una persona causa lícitamente un daño a otra y, aun así, debe indemnizarla.

Estos son los casos más divertidos y fascinantes intelectualmente: ¿por qué han de indemnizarse los daños causados por alguien que actúa lícitamente? ¿Acaso no rige el principio qui iure suo utitur, neminem laedit?

A reconstruir la base común para la responsabilidad extracontractual y el enriquecimiento injusto dedica el resto del trabajo Jansen. Se trata de explicar los casos siguientes:

daños causados por conductas desplegadas en estado de necesidad (el que está en su bote en el lago, se desata una tormenta y se refugia en un muelle propiedad de un tercero y sin permiso de éste; amarra el bote y el oleaje hace que los golpes del bote contra el muelle deterioren éste. El dueño del muelle reclama al dueño del bote la indemnización)
daños lícitos (se arrojan fardos de mercancía al mar pertenecientes a un tercero para evitar que el barco zozobre - avería gruesa -)
riesgos no recíprocos y
responsabilidad objetiva

En todos estos grupos de casos, el dañante responde no por culpa, sino porque hay que corregir una ventaja injustificada obtenida mediante la afectación lícita de la esfera jurídica ajena. En esos casos, la responsabilidad por daño causado se aproxima al enriquecimiento injusto, no porque el demandado haya obtenido necesariamente una ganancia patrimonial final, sino porque ha disfrutado de un privilegio jurídico excepcional: usar, dañar o poner en peligro bienes ajenos para proteger los propios. Esa idea aparecerá con toda fuerza en la parte dedicada a la necesidad.

De Grocio a Pufendorf: la responsabilidad como sanción por incumplir deberes

El siguiente paso en la reconstrucción de Jansen es mostrar cómo, una vez rota la unidad escolástica de la restitutio, la responsabilidad por daños pasa a explicarse cada vez más como consecuencia de la culpa. En Grocio, como vimos, la responsabilidad delictual ya no nace primariamente de la lesión de una posición jurídica ajena ni de la producción de una desigualdad/desequilibrio patrimonial, sino de la infracción culpable de un deber de conducta.

Esta evolución se intensifica en Pufendorf. Jansen resume su posición diciendo que Pufendorf

«no concibió la responsabilidad civil principalmente como un incentivo para adoptar medidas de precaución eficaces, sino más bien como una sanción para imponer el cumplimiento de los deberes legales».

Es decir, la responsabilidad no se concibe como un mecanismo de distribución de riesgos ni como una corrección de desplazamientos patrimoniales injustificados, sino como una sanción civil por no haber cumplido deberes jurídicos.

Ya no se responde, como en la tradición penitencial, porque el pecado no se perdona sin restitución; ni se responde, como en una moral individual, porque uno quiera ser un agente moral. Se responde porque se vive en una sociedad civilizada y el Estado debe hacer cumplir los deberes jurídicos recíprocos. Jansen lo formula así: Responsibility was a requirement for building society; y la respuesta moderna sería: because you are living in a civilised society and the state has to enforce mutual legal duties”.

Esta concepción hace más secular y más estatal la responsabilidad, pero a cambio estrecha mucho su fundamento: si la responsabilidad sirve para hacer cumplir deberes, entonces parece que solo hay responsabilidad cuando se ha incumplido un deber, esto es, cuando hay ilicitud o culpa.

El problema es que los ordenamientos jurídicos nunca han funcionado así.

Incluso en tiempos de Pufendorf existían formas de responsabilidad que no encajaban bien en el modelo de culpa. Jansen menciona el viejo concepto de culpa levissima, la “culpa levísima”, que expresaba una especie de “negligencia sin culpa”: estándares de diligencia tan estrictos que ni siquiera ciudadanos muy cuidadosos podían cumplirlos siempre. En realidad, esos supuestos se acercaban a la responsabilidad objetiva. Pero la teoría de Pufendorf no tenía espacio conceptual para ellos. Según Jansen, Pufendorf o bien los rechazaba abiertamente, o bien los reinterpretaba forzadamente como verdaderos deberes de conducta, o bien los relegaba a la aequitas como si fueran excepciones en la teoría de la responsabilidad.

O sea que, según Jansen, las teorías de la responsabilidad de los iusrracionalistas no son suficientemente complejas (en el sentido de Einstein “Everything should be made as simple as possible, but not simpler”) para explicar las normas sobre la responsabilidad. Y, en concreto, "the complex interplay of rights and corrective justice in tort law". La justicia correctiva no solo corrige las consecuencias de conductas ilícitas. También puede corregir pérdidas y ganancias que resultan de conductas jurídicamente permitidas.

El estado de necesidad: daño lícito y deber de compensar

En una situación de necesidad, una persona puede estar autorizada a dañar o usar bienes ajenos para salvar un bien propio o ajeno de mayor valor. La conducta no es ilícita; está permitida o justificada. Pero de ahí no se sigue necesariamente que la víctima deba soportar definitivamente el daño. Para Jansen, estos casos están “entre” el enriquecimiento injusto y la responsabilidad por ilícito, y precisamente por eso son difíciles para los sistemas jurídicos modernos:

El ejemplo histórico que usa Jansen procede de la escolástica tardía: el hurto famélico o pequeño hurto en caso de necesidad. La idea tradicional era que una persona en extrema necesidad podía tomar comida ajena para sobrevivir. La toma podía estar justificada, porque el propietario no podía excluir al necesitado en esas circunstancias (in extrema necessitate omnia sunt communia). Pero eso no eliminaba necesariamente el deber de restituir si el pobre venía a mejor fortuna. Jansen explica que, si se permitiera al pobre usar la propiedad ajena sin ningún deber condicional de restitución, el desequilibrio resultante sería injustificado: Petty larceners were responsible not because their taking their fellow citizens’ food was wrongful, but rather because of the enrichment resulting therefrom”. La responsabilidad no nace de la ilicitud de la conducta, sino de la ventaja obtenida mediante el uso lícito de derechos ajenos.

Esto permite entender por qué Jansen insiste en que el principio contra el enriquecimiento injustificado opera también en el ámbito de los daños. En el hurto famélico, la conducta está permitida, pero el necesitado ha utilizado la esfera jurídica de otro para satisfacer su propia necesidad. Si después puede restituir, debe hacerlo. Los escolásticos lo trataban dentro de la restitutio ratione acceptionis: la obligación de restituir era consecuencia del uso —jurídicamente permitido— de los derechos del propietario. Jansen lo expresa así: “the obligation to make restitution was the consequence of the – legally permitted – use of the owner’s rights”. La idea es muy potente: una conducta lícita puede generar responsabilidad si desplaza a otro los costes de una ventaja propia.

Jansen generaliza esta estructura a todos los supuestos de estado de necesidad. El derecho de necesidad no anula el derecho ajeno; solo justifica una injerencia en él. El propietario no puede impedir la injerencia cuando concurren razones suficientemente fuertes, pero su derecho sigue teniendo peso normativo. Por eso, una vez pasado el peligro, puede surgir una pretensión compensatoria. La razón que justifica la injerencia —salvar un bien mayor— no justifica necesariamente trasladar el coste económico a la víctima. Hay que separar la cuestión del carácter permitido o no de la conducta de la de quién debe soportar finalmente el daño. La responsabilidad no presupone entonces culpa ni ilicitud;

El ejemplo moderno que Jansen tiene en mente es Vincent v. Lake Erie Transportation Co., al que ya se ha hecho referencia. Es el caso norteamericano del barco amarrado a un muelle durante una tormenta. El capitán actuó razonablemente al mantener el barco atado al muelle para evitar un daño mayor al buque. La conducta estaba justificada por necesidad. Pero al hacerlo, el barco causó daños al muelle. Jansen explica que, sin el peligro para el buque, atar el barco en esas condiciones habría sido ilícito, porque era previsible, incluso inevitable, que el muelle sufriera daños. La necesidad convierte la conducta en permitida, pero no transforma el daño del propietario del muelle en un coste que este deba asumir.

Jansen insiste en que estos casos pertenecen al Derecho de daños. Su lugar institucional está en la responsabilidad extracontractual porque lo que se reclama es una indemnización por daño causado. Sin embargo, su fundamento normativo se aproxima al enriquecimiento injusto: no debe permitirse que una persona aproveche un privilegio jurídico excepcional trasladando a otro los costes de proteger sus propios bienes.

La fórmula de Hand compara el coste de evitar el daño con la probabilidad y magnitud del daño. Si el demandado actuó razonablemente, no responde. Pero la fórmula funciona con los riesgos recíprocos. Todos usamos bicicletas, encendemos pequeños fuegos, conducimos, caminamos, realizamos actividades corrientes y exponemos a otros a riesgos ordinarios, al mismo tiempo que nosotros estamos expuestos a riesgos semejantes. Si no hay una conducta negligente, el daño derivado de esos riesgos recíprocos debe quedar donde cae. Sería costoso e innecesario, desde el punto de vista de la justicia correctiva, trasladarlo siempre al causante.

Cuando alguien se encuentra en estado de necesidad no hay reciprocidad. Quien actúa en necesidad obtiene un privilegio especial para imponer a otro un riesgo o un daño que excede de los riesgos ordinarios de la vida social. Por eso, ese privilegio debe compensarse con una pretensión de daños.

Esta es la pieza que permite a Jansen conectar responsabilidad por daños y enriquecimiento injusto sin confundirlos.

El razonamiento debe extenderse más allá de los estados de necesidad a las actividades extraordinariamente peligrosas para imponer responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva no debe entenderse solo como una anomalía o como una política pública de reparto de pérdidas. Su estructura se parece a la necesidad: el Derecho permite una actividad peligrosa porque es socialmente útil o porque no quiere prohibirla, pero esa autorización coloca a otros ciudadanos bajo riesgos no recíprocos. Por eso, la responsabilidad objetiva puede explicarse como una forma de justicia correctiva.

**Jansen, Nils, The Idea of Legal Responsibility (2013)**

La conjura contra España CXLVI: las madres son comunistas

2026-06-16T10:49:49.670+02:00

@shahanshahCyrus

Tu cerebro y el cerebro de los estudiantes solo reaccionan frente a la sorpresa. (“Todo lo que hace el cerebro es minimizar el error de predicción”; Nuestro sistema cognitivo es, en esencia, un detector de novedades). Como en el chiste del niño que no habló hasta los 20 años y entonces dijo: 'Mamá, la sopa está fría' y la madre - sorprendida - reaccionó preguntando, 'Pero hijo, ¡si puedes hablar! ¿Cómo es que no has hablado hasta ahora?' A lo que el niño repuso: 'Porque, hasta ahora, todo estaba bien'. O como el joven español de los años sesenta que por primera vez viaja a Europa y, por primera vez, prueba un yogur de verdad.

En esta corta entrada Vicky Brooks explica cómo hacer que nuestros estudiantes retengan - aprendan - lo que tratamos de transmitirles. Se trata, básicamente, de provocar una reacción de sorpresa o extrañeza en los alumnos que "sacuda" el modelo que tienen en su cerebro respecto de esa cuestión. El ejemplo que pone es extraordinariamente eficaz-

Si la maestra empieza diciendo: "El estómago humano renueva por completo su mucosa cada tres o cuatro días", los estudiantes no reaccionarán. Si les obligamos a escribirlo - a mano - lograremos que presten más atención pero carecerán de incentivos para incluirlo en su memoria a largo plazo porque "no tendrán dónde meterlo", o sea, con qué otras informaciones, datos, experiencias, emociones conectarlo. Por eso a los niños pequeños hay que hacerles cantar, escribir, dibujar, leer, sin ningún objetivo adicional (¿se acuerdan de la canción 'or tan chivirí'?)

Sin embargo, si empezamos la clase diciendo

El ácido de tu estómago es lo suficientemente fuerte como para disolver incluso el metal. Entonces, ¿por qué no acaba disolviéndote a ti?

La emoción que se genera en el estudiante es la de despertar su curiosidad. Necesita una explicación. Si, inmediatamente, alguno de sus compañeros suelta que la mucosa que protege las paredes interiores del estómago se renueva completamente cada tres o cuatro días, surgirá una sensación de placer - probablemente provocada por la producción de dopamina y, eventualmente, endorfinas - al "entender" y resolver el problema. La evolución nos ha debido configurar para disfrutar resolviendo problemas porque la solución de problemas favorecía obviamente la supervivencia. La curiosidad de los infantes es por eso casi infinita (otra buena pregunta es esta sobre las estatinas, el colesterol y la demencia)

Brooks pone, a continuación, otros ejemplos de 'acertijos', contradicciones, dilemas etc. Una buena clase empieza siempre con un problema que los estudiantes pueden "gestionar" (si se han leído los materiales proporcionados por el profesor, podrán gestionarlo mejor, claro) pero para cuya solución, los estudiantes carecen de la información necesaria completa. O la tienen pero no saben que la tienen porque no se les ha ocurrido relacionar la nueva - la pregunta del profesor - con la información que ya tienen.

Mis dos ejemplos favoritos. El primero es de Elías Díaz. La he contado en esta entrada: Elías Díaz y la pregunta de examen: ¿a qué orden religiosa pertenecía Lutero? Es un buen ejemplo de la productividad de la respuesta incorrecta. Los alumnos aprenderán mucho sobre la Edad Moderna si el primer estudiante que responde a esa pregunta, por caer en alguno de los 168 sesgos cognitivos identificados, lo hace diciendo que Lutero era jesuita.

El segundo es el de la invención de la agricultura. ¿Cuándo y dónde se inventó la agricultura? Los alumnos no lo saben (salvo Alejandro, al que no le gustaba que le llamase el 'historiador') pero saben que existieron los romanos y que en tiempos de Roma había agricultura y saben que existieron los egipcios y que en tiempos de los faraones existió la agricultura etc., de manera que pueden ir ajustando hasta dar una respuesta no muy disparatada.

Hay otras técnicas para 'sorprender' a los estudiantes. Una más reciente es la de formular la 'tesis' de una manera un poco escandalosa. Por ejemplo, decir, cuando se explican las ideologías políticas, que los padres son conservadores y las madres son comunistas. Las madres tratan a cada hijo de forma diferente, en función de sus capacidades y sus necesidades (percibidas por la madre), o sea, como predica el comunismo (de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad). Los padres tienden a tratar igual a todos. ¿Qué 'tratamiento' maximiza la supervivencia de los hijos? Sin duda, el tratamiento materno (por eso me parece que estamos haciendo un trabajo espantoso con los chicos y chicas 'del montón' en lo que a orientar qué deben estudiar se trata: una buena madre no habría dejado que su hijo con menos talento hiciera un grado Mickey Mouse. Le habría puesto a estudiar informática, electrónica o mecánico de aeronaves (no estoy tan seguro con las hijas).

La escandalosa idea de llamar comunistas a las madres es muy eficaz para el aprendizaje. Todos los alumnos tienen madre y sus amigos también tienen madre. Y todos tienen padre. Y la mayoría de ellos tienen hermanos - o primos - de manera que pueden rebuscar en su experiencia para confirmar o refutar la idea de que las madres tratan de forma diferente a sus hijos. Es más, conocen casos de niños con 'necesidades especiales' y cómo reciben, normalmente, más atención de sus madres etc. Pero lo importante para el aprendizaje es que abre una caja llena de nuevas preguntas y posibles respuestas. ¿Por qué es adaptativo (fitness) que las madres inviertan más recursos en unos hijos que en otros? ¿los padres de la India invierten más en sus hijas o en sus hijos? ¿Cómo favorece eso la reproducción de los genes de la madre? ¿Por qué las madres son comunistas y los padres no (o por qué podrían no serlo)? ¿Qué efectos tiene esta diferencia entre padres y madres sobre el voto en las elecciones? ¿Las mujeres votan a la izquierda en mayor medida que los hombres? etc etc.

Brooks añade que "El cerebro tiende a proteger su entendimiento actual de un problema. Cambiar ese entendimiento supone un esfuerzo que consume energía, de manera que la información nueva no se asimila, simplemente porque se explique con claridad, sino porque el receptor tiene un motivo para hacerlo". En los niños pequeños, pero también en los adolescentes y en los jóvenes adultos, ese motivo es la curiosidad implantada por la evolución ("Explorar y explotar") lo que da una ventaja al profesor. Soltar que las madres son comunista provoca un choque que los alumnos han de absorber, bien rechazando la idea, bien 'retocando' su 'modelo mental' sobre la justicia de las relaciones humanas.

Y concluye que la claridad de la explicación es el resultado de la 'clase' y del aprendizaje, no el camino para aprender. Y eso también me parece perspicaz. La explicación resulta 'clara' no porque es fácil de entender, sino porque se ha entendido.

En un mundo en el que, como decía aquel pobre profesor de alemán destinado en los EE.UU., hasta la información del tiempo es un espectáculo, donde todas las respuestas están en la punta de los dedos, donde toda la información está disponible y 'predigerida', solo podremos arrastrar a los estudiantes a clase a base de hacerles preguntas que sorprendan a sus cerebros todavía gobernados por la pulsión por 'explorar'. Como dice Will Storr, las clases deberían ser como sugería B.J.Fogg:

nunca deberíamos tener la certeza de si vamos a recibir una recompensa, ni de qué tamaño será. Ese es el secreto del poder adictivo de las redes sociales: el factor sorpresa. «El funcionamiento de las tragaperras es el ejemplo perfecto», escribió. El tintineo de las monedas al caer en la bandeja es un refuerzo de la conducta, pero es aleatorio. Ese esquema de premios impredecibles hace que el comportamiento —en este caso, apostar— se vuelva compulsivo. Hoy, nuestras aplicaciones más adictivas llevan ese azar inyectado en su ADN.

Baja voluntaria en cooperativa de productores

2026-06-15T20:03:39.199+02:00

Gerard Albanell en unsplash

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2026

En el presente caso, no consta que el socio Sr. Gaspar hubiera alegado, ni mucho menos acreditado, la concurrencia de alguna de las causas legales (o estatutarias) que, según la normativa cooperativa gallega (art. 20.3 LCoopGal), permiten calificar la baja como justificada... El Sr. Gaspar alegó «la vulneración de los derechos del cooperativista ex art. 23 Ley de Cooperativas de Galicia y art. 10 de los Estatutos Sociales de Asmecruz... La alegada infracción del derecho de información podría haber supuesto (en caso de haberse probado) la impugnación de los correspondientes acuerdos, pero no constituye causa legal (ni tampoco se ha acreditado que en los estatutos de Asmecruz se hubiera configurado como causa estatutaria) que permita calificar la baja como justificada, según lo dispuesto por el art. 20.3 LCoopGal...

... Si el Sr. Gaspar hubiera incumplido el plazo de preaviso establecido en estatutos o el compromiso de permanencia, ello habría comportado que su baja hubiera sido calificada como injustificada, salvo que el órgano rector, en atención a las circunstancias concurrentes, la hubiese apreciado como justificada (art. 20.1.III.2.II LCoopGal). Es un hecho incontrovertido que el Sr. Gaspar no ha incumplido el plazo de preaviso, ni el compromiso de permanencia. Sin embargo, de ello no se deriva que su baja sea calificada como justificada, puesto que en la normativa cooperativa gallega esta consecuencia (la calificación de la baja voluntaria como justificada) sólo se anuda a las bajas que tengan su origen en alguna de las causas legales o estatutarias expresamente establecidas. Y la normativa cooperativa gallega no contempla (como tampoco se ha acreditado que se establezca en los estatutos) que el cumplimiento del período mínimo de permanencia en la cooperativa, si procede, y del plazo de preaviso fijado por los estatutos sean supuestos que permitan calificar la baja voluntaria como justificada....

... La normativa cooperativa gallega mantiene estas deducciones sobre el reembolso de las aportaciones obligatorias. El art. 64 LCoopGal (titulado «Reembolso de las aportaciones») establece: «... Pueden establecerse deducciones sobre todas las cantidades reembolsables por los conceptos de aportaciones obligatorias, el retorno cooperativo a que, en su caso, tengan derecho y fondos de reserva repartibles que, en su caso, pudieran corresponderles, que no serán superiores al 30% en caso de expulsión ni al 20% en caso de baja no justificada;... En ningún caso se podrán aplicar deducciones sobre las aportaciones voluntarias. »... En el presente caso, al asumir la instancia, hemos calificado la baja del Sr. Gaspar como no justificada. Por ende, ... la deducción sobre las cantidades reembolsables (también, claro está, por reintegro de aportaciones obligatorias) no puede ser superior al 20 %. Se trata, pues, de un tope máximo, ya que esta norma es de ius cogens.El criterio de esta norma legal imperativa es acogido también en el art. 44.2 de los estatutos de Asmecruz.

... la norma 9.1 del reglamento de régimen interno de esta cooperativa establece que «el órgano de administración podrá aplicar una deducción del 80 % sobre el valor de la aportación obligatoria realizada por un socio en caso de expulsión o marcha voluntaria del mismo». Esta norma de régimen interior carece absolutamente de validez, puesto que se opone a una norma legal imperativa.

En consecuencia, procede declarar la nulidad del acuerdo del consejo rector de Asmecruz de 5 de marzo de 2020, en cuanto a la aplicación de una deducción que supera el 20 % de las cantidades reembolsables (también por el concepto de aportaciones obligatorias) que han de ser devueltas al Sr. Gaspar...

Contra el concepto de 'género' por Stewart-Williams

2026-06-15T10:03:11.245+02:00

Antes de entrar en materia, queda por resolver otra cuestión terminológica. Me refiero al género. Muchos científicos sociales distinguen entre sexo y género: dicho aproximadamente, el sexo se refiere a los aspectos biológicos de lo femenino y lo masculino, mientras que el género se refiere a sus aspectos sociales. La distinción sexo-género se ha popularizado enormemente en los últimos años, y muchos la consideran indispensable. Personalmente, no soy partidario de ella. Más exactamente, no soy partidario del concepto de género, que, a mi juicio, confunde más de lo que aclara.

Hay varias razones para ello. La primera es que el término tiene múltiples significados. A veces, género se refiere a las diferencias entre mujeres y hombres que, supuestamente, están moldeadas por la educación y el entorno, no por la naturaleza; a veces se refiere a la masculinidad y la feminidad; a veces, a perfiles psicológicos más frecuentes en un sexo que en el otro; a veces, a estereotipos ampliamente compartidos sobre los sexos; a veces, a los papeles que la sociedad asigna a mujeres y hombres; a veces, a la identidad de género de las personas, esto es, a la percepción que tienen de sí mismas como niño o niña, hombre o mujer; y, a veces, no es más que un sinónimo educado de sexo: un término que deja claro que uno está hablando del sexo biológico y no del sexo en el otro sentido. Esta proliferación de significados parcialmente solapados hace difícil saber de qué están hablando realmente quienes usan el término. Es como intentar hacer malabarismos con gelatina.

Una segunda razón por la que prefiero no participar del lenguaje del género es que, incluso si pudiéramos ponernos de acuerdo sobre una definición, la mayoría de las que se proponen presentan defectos profundos. Tomemos, por ejemplo, la idea de que género se refiere a las diferencias entre mujeres y hombres debidas a la educación y al entorno, no a la naturaleza. Un primer problema es que esto casi siempre se da por supuesto, en lugar de demostrarse; de hecho, describir una diferencia entre mujeres y hombres como una diferencia de género parece a menudo una forma de resolver la cuestión naturaleza-crianza mediante una estipulación definitoria, en vez de hacerlo mediante argumentos y pruebas.

Pero hay un problema más hondo: el enfoque según el cual el género es crianza presupone una dicotomía radical entre naturaleza y crianza, de modo que las diferencias entre los sexos podrían dividirse limpiamente entre las debidas solo a una y las debidas solo a la otra. ... esta presuposición es casi siempre falsa: la mayoría se deben a ambas. Por tanto, si nos aferramos a la definición según la cual «el sexo es naturaleza y el género es crianza», tendremos que decir que la mayoría de las diferencias entre mujeres y hombres son en parte diferencias de sexo y en parte diferencias de género. Es una forma poco manejable de plantear las cosas. En mi opinión, es mucho mejor describir todas esas diferencias como diferencias de sexo —es decir, diferencias medias entre hembras biológicas y varones biológicos—, pero sin implicar con ello que tales diferencias procedan de la naturaleza, de la crianza o de una combinación de ambas. La cuestión naturaleza-crianza puede abordarse entonces por separado.

Otras definiciones de género se enfrentan a problemas igual de serios. Consideremos, por ejemplo, la idea de que género se refiere a perfiles psicológicos vinculados de manera laxa al sexo: los hombres tienden, por ejemplo, a ser estoicos y asertivos, mientras que las mujeres tienden a ser cuidadoras y emocionales. Esta definición es la que presuponen quienes sostienen que existen múltiples géneros distintos, y no solo las dos opciones corrientes de hombre y mujer. De nuevo, no me parece una forma útil de plantear las cosas. El problema es que implica imponer categorías —aunque sean más de dos— sobre lo que en realidad es una variación psicológica continua. No hay dos seres humanos con perfiles psicológicos exactamente iguales, de modo que el punto final lógico de este planteamiento es que hay tantos géneros como seres humanos; y entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es de personalidad. Podría seguir, pero creo que con esto basta.

Steve Stewart-Williams, A Billion Years of Sex Differences: How Evolution Shaped the Minds of Men and Women (English Edition), 2026, pp 41-42

Citas: Gaudí, San Agustín, Adam Smith, Leibniz, Lluis Companys, Fernando Pinto, Joseph Francis, Tommy Blanchard

2026-06-14T16:08:27.568+02:00

El Papa y Lluis Companys

Resulta paradójico que, después de haber llamado en Madrid a abandonar las narrativas divisivas y la polarización, el Papa vaya a presidir una vigilia de oración en Barcelona en un estadio que lleva el nombre de Lluís Companys: un presidente de la Generalitat que en 1934 se alzó contra la legalidad republicana al proclamar el Estado catalán dentro de la República federal española, rompiendo con las instituciones centrales, y bajo cuyo mandato, durante la Guerra Civil, se produjo en Cataluña una gravísima persecución religiosa, con miles de eclesiásticos asesinados y otros ejecutados por órganos de la justicia republicana de guerra, sin que el gobierno que presidía lograra restablecer de forma temprana y efectiva el monopolio público del orden frente a milicias, comités y tribunales revolucionarios. Companys no fue el verdugo directo que describen sus detractores, pero tampoco el gobernante humanitario que presentan sus defensores; fue el presidente de una Generalitat que ayudó a salvar a algunos perseguidos mientras fracasaba en preservar el monopolio público de la violencia frente a una persecución religiosa y política masiva.

La iluminación de la Sagrada Familia, un éxito pero lo de los drones formando el busto de Gaudí, una horterada propia de Corea del Norte si los chinos le hubiesen prestado la tecnología. Y la frasecita, propia de un escaparate de Librerías Paulinas.

San Agustín,

Estos son los grados según el orden de la naturaleza; pero, según la utilidad que cada uno encuentra en una cosa, hay diversos criterios de valoración, de modo que ocurre que preferimos algunas cosas carentes de sensibilidad a ciertos seres sensibles. […]. ¿Quién, por ejemplo, no preferiría tener pan en su casa antes que ratones, monedas antes que pulgas? [Quis enim non domui suae panem habere quam mures, nummos quam pulices malit?] Pero esto no tiene nada de sorprendente, si se tiene en cuenta que incluso cuando son los propios hombres quienes valoran las cosas —y la naturaleza humana es, sin duda, la de mayor dignidad—, a menudo se paga más por un caballo que por un esclavo, por una joya que por una criada. Así, la razón de quien contempla la naturaleza emite juicios muy distintos de los que dictan la necesidad del indigente o el deseo del voluptuoso; pues la primera considera qué valor tiene una cosa en sí misma dentro de la escala de la creación, mientras que la necesidad atiende a cómo satisface su carencia; la razón busca lo que la luz de la mente juzgará verdadero, mientras que el placer busca lo que estimula agradablemente los sentidos corporales.

. Porque así como el agua no ascenderá más allá del nivel de la primera fuente de manantial de donde desciende, así el conocimiento derivado de Aristóteles, y exento de la libertad de examen, no volverá a elevarse más alto que el conocimiento de Aristóteles. Francis Bacon

Como protestante, Grocio no cita a santos católicos. Sin embargo, sus referencias son sospechosamente similares a las de Tomás de Aquino

Adam Smith

Un libre intercambio basado en una contraprestación justa debe parecer ventajoso para ambas partes. ... Porque la causa misma del intercambio debe ser que usted necesita mis bienes más que yo los necesito, y que yo necesito los suyos más que usted mismo» (Lectures of Jurisprudence)

Theocarakis, Nicomachean Ethics in Political Economy: The Trajectory of the Problem of Value", History of Economic Ideas, 2006

Leibniz

Leibniz se quejaba de los inconvenientes de vivir en una ciudad provinciana como era Hannover en una carta a un amigo (escribió más de 15.000 cartas en su vida): “Lo único que me fastidia es no vivir en una gran ciudad como París o Londres, ciudades donde hay muchos hombres cultivados de los que recibir ayuda y a los que aprovechar. Porque uno no lo puede todo. Y aquí, apenas se encuentra gente con la que hablar de temas serios, bueno, más bien es que no se considera correcto hablar de esos temas en las reuniones sociales” Apud, Marc. E. Bobro, The Optimistic Science of Leibniz que recoge esta frase “Hay muchas cosas en el Universo que nos parecen desagradables pero hay que ser consciente de que el mundo no se hizo para nosotros solos. Lo disfrutaremos si somos sabios, si lo usamos para nuestro servicio y seremos felices si queremos serlo”

Fernando Pinto - FEDEA sobre los terribles efectos de la Ley de Vivienda que el gobierno quiere que se aplique en toda España

El trabajo de Fernando Pinto, “La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda: un primer balance a partir de la aplicación desigual del control de rentas en España”, publicado por Fedea en junio de 2026, ofrece una primera evaluación descriptiva de los efectos de la Ley estatal de vivienda, aprovechando una circunstancia especialmente útil para el análisis: aunque la Ley 12/2023 entró en vigor en mayo de 2023, el control efectivo de rentas solo se ha aplicado de forma generalizada en Cataluña desde el 16 de marzo de 2024, mientras que Madrid y la mayor parte del resto de España no han aplicado esos límites durante el período examinado. Esto permite comparar un territorio tratado —Cataluña, y en particular Barcelona— con territorios no tratados, aunque el autor insiste en que el ejercicio es descriptivo y no constituye una estimación causal.

La pregunta del trabajo es doble. Por un lado, si la ley logra lo que pretendían sus impulsores, es decir, moderar el crecimiento de los alquileres en las zonas reguladas. Por otro, si produce los efectos que la teoría económica predice cuando se introduce un precio máximo vinculante: reducción de la oferta disponible, exceso de demanda y empeoramiento de las condiciones de acceso para quienes buscan entrar en el mercado. El autor subraya que la ley no debe evaluarse solo por el precio medio observado, porque el artículo 2 de la Ley 12/2023 no busca únicamente contener precios, sino también favorecer una oferta suficiente y asequible; por tanto, una bajada o moderación del precio acompañada de una retirada intensa de viviendas no puede considerarse un éxito.

El resultado principal sobre precios es que, tras la entrada en vigor efectiva del control en Cataluña, el precio medio del alquiler crece menos allí que en los territorios no regulados. Entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, el precio medio sube un 5,7 % en Barcelona y también un 5,7 % en Cataluña, frente al 8,5 % en Madrid y el 10,8 % en el conjunto nacional. Las cuatro provincias catalanas muestran la misma pauta de moderación: Barcelona sube un 5,7 %, Girona un 3,1 %, Lleida un 5,3 % y Tarragona un 4,8 %. El autor considera que esto es coherente con un control de rentas efectivo: el precio observado se modera en el territorio tratado.

Pero el reverso aparece en la oferta. En el mismo período, el número de anuncios de alquiler cae un 22,2 % en Barcelona y un 20,5 % en Cataluña. En cambio, en Madrid aumenta un 3,9 %, y en el resto de España sin Cataluña cae solo un 7,0 %. El ajuste catalán es, por tanto, mucho más intenso que el observado en territorios no tratados. El autor interpreta el número de anuncios como aproximación a la nueva oferta disponible, no como medida del stock total arrendado, pero considera que la magnitud, la concentración territorial y la coincidencia temporal con la entrada en vigor del control son coherentes con la predicción teórica de retirada de oferta ante un precio máximo vinculante.

Barcelona registra el ajuste más fuerte, con una caída de anuncios del 22,2 %; Girona cae un 16,9 %; Lleida un 14,2 %; y Tarragona un 5,0 %. El autor considera importante que el patrón se repita en provincias con niveles de renta muy distintos, porque ello hace menos probable que el resultado se deba exclusivamente a una característica local de Barcelona. Al mismo tiempo, reconoce que la intensidad no es uniforme y que Barcelona, por ser el núcleo metropolitano de mayor peso y probablemente donde el límite resulta más vinculante, concentra la mayor parte del ajuste.

El tercer indicador es la presión de la demanda, medida como contactos por anuncio durante los diez primeros días de publicación. Aquí el contraste es muy marcado: en el cuarto trimestre de 2025, Barcelona alcanza 462 contactos por anuncio, frente a 103 en Madrid y 135 en el conjunto nacional. Cataluña en su conjunto alcanza 368 contactos por anuncio. Para el autor, esta cifra muestra que la menor renta media no implica necesariamente mejor acceso a la vivienda: quienes buscan piso compiten por muchas menos viviendas disponibles, de modo que el coste real de acceso se desplaza hacia la espera, la probabilidad de ser elegido, las garantías exigidas y otros mecanismos de selección no monetaria.

Como el control de rentas no se aplica en la mayor parte de España, no tendría sentido imputar a la ley el encarecimiento agregado del mercado... esa evolución indica un déficit estructural general de oferta, que afecta tanto al alquiler como a la propiedad

La compraventa aparece así solo como telón de fondo. El trabajo recuerda que en 2024 se registraron 636.909 compraventas de vivienda, tras la caída de 2023, y que cerca del 80 % correspondieron a vivienda usada. También cita la estimación del Banco de España de un déficit acumulado de vivienda en torno a 600.000 unidades para el horizonte 2022-2025. La idea es que el mercado residencial español padece una insuficiencia de oferta nueva que se manifiesta simultáneamente en la compra y en el alquiler; la regulación catalana no explica ese fenómeno general, aunque sí puede agravar la retirada de oferta en el segmento regulado allí donde se aplica.

Y esto es lo que pasa cuando liberas a un promotor inmobiliario de todas las regulaciones excepto las de seguridad.

Breve

Kibum Moon, Adam E. Green, Kostadin Kushlev, Homogenizing effect of large language models (LLMs) on creative diversity: An empirical comparison of human and ChatGPT writing; La IA entrenada con datos generados por IA se vuelve más tonta con cada generación hasta que olvida cómo eran los datos humanos reales; Esto pasa cuando se elige a un drogadicto, terrorista como presidente de tu país; Ningún país cuya fecundidad haya caído por debajo de 1,9 ha vuelto después a situarse por encima del nivel de reemplazo; Fukuyama sobre Europa (meh!); Katharina Pistor o mantenella y no enmendalla; La decisión de Apple de no utilizar su nueva inteligencia artificial de Siri en iPhones y iPads en la Unión Europea muestra que la Ley de Mercados Digitales (DMA) cumple lo contrario de su objetivo declarado: menos competencia; El fracaso de Roosevelt y el New Deal: "el New Deal de Roosevelt no resultó en una recuperación económica. Es crítico con el New Deal como programa de recuperación... Selgin analiza "políticas particulares del New Deal para ver cómo cada una influyó en el curso de producción y empleo", y concluye que la mayoría no tuvieron éxito". Otra prueba de la creciente irrelevancia de los escritos de los académicos. Ni interés práctico ni teórico. You can get the answer without effort, but you can't get the understanding. Este es el problema del uso de la IA en la educación. La conjura contra España (XLI): un análisis darwiniano de la situación actual

Acemoglu, Johnson y Robinson criticados por Joseph Francis: sobre las constricciones al poder real en Castilla en los siglos XIV y XV en comparación con Inglaterra.

España ilustra la necesidad de esta recodificación. En los cruciales años de 1400 y 1500, AJR clasifica al país como 2 y 1, respectivamente. La base de esta clasificación se encuentra en Langer, quien, sobre Fernando e Isabel, documenta la «restauración del poder real en Castilla», bajo la cual «los grandes magnates feudales fueron despojados de muchas de sus posesiones y derechos, y se estableció gradualmente una administración real», con la Inquisición «totalmente bajo control real». No obstante, la UNESCO reconoce las Cortes de León de 1188 como el primer sistema parlamentario del mundo. En *Parlamentos medievales: un estudio comparativo* (1968), Antonio Marongiu lo describe como «los primeros indicios claros de la evolución de los antiguos concilios hacia verdaderas instituciones parlamentarias». En *Las Cortes de Castilla y León, 1188-1350* (1989), Joseph O'Callaghan escribe que las Cortes eran la corte del propio rey, pero que «una vez reunidas... a menudo actuaban por su cuenta». Y en * Parlamentos y Estados Generales en Europa hasta 1789* (1975), A. R. Myers señala que «en el siglo XIV... el rey no podía recaudar impuestos extraordinarios sin una autorización explícita de las Cortes». En mi registro, el XCONST de España aumenta, por lo tanto, a 4 en 1400 y a 3 en 1500. La puntuación disminuye porque, bajo Fernando e Isabel, la corona comenzó a controlar el aparato de representación. En las Cortes de Toledo de 1480, como recogen Steven C. Hause y William S. Maltby en Western Civilization: A History of European Society (1999), «las ciudades reales de Castilla acordaron el nombramiento de corregidores , funcionarios reales que residirían en la ciudad, protegerían los intereses de la corona y supervisarían las elecciones», lo que «garantizó un alto grado de autoridad real sobre los gobiernos municipales y sobre quienes eran elegidos para representarlos en las Cortes». Los poderes formales de la asamblea sobrevivieron en el papel, pero la corona ahora decidía quiénes la integraban. Como resultado, España aparece codificada en el puesto 3, por debajo de Inglaterra en el puesto 4, en 1500. 1 Los resultados confirman la crítica de Henriques y Palma. Al igual que en su estudio, mi recodificación completa elimina la interacción triple clave. El coeficiente vuelve a caer de 0,14 a 0,004, y de p < 0,001 a p = 0,80. El resultado que supuestamente respalda la teoría de « Por qué fracasan las naciones» queda invalidado.

La analogía y las matemáticas. Tommy Blanchard

Aplicar las matemáticas al mundo es un proceso de abstracción. Esperamos que dos pelotas caigan a la misma velocidad aunque difieran en algunos aspectos, como su color. De esta forma, no sorprende que encontremos conexiones matemáticas entre las cosas. Por ejemplo, se pueden usar modelos matemáticos similares para predecir la propagación de una enfermedad o de un rumor. Aunque las enfermedades y los rumores difieren en muchos aspectos, podemos abstraernos de esas diferencias y centrarnos en las similitudes: ambos se propagan de persona a persona e implican pasar de no infectados/ignorantes a infectados/propagadores y, finalmente, a recuperados/aburridos. Ambos presentan dinámicas en las que la enfermedad o el rumor se propagan sin control o desaparecen rápidamente. Los cálculos matemáticos muestran una profunda analogía entre los rumores y las enfermedades. Tanto la analogía como el modelado matemático implican abstraer ciertos detalles. Con las analogías, se eliminan las partes que no son iguales para revelar que, una vez suprimidos todos esos aspectos superficiales, queda lo mismo. Cuando le explico a mi hijo de 5 años que la gasolina es el "alimento" del coche, estoy usando una analogía. Podría decirle que el coche come gasolina, igual que nosotros comemos. La analogía refleja que tanto los alimentos para los humanos como la gasolina para los coches se descomponen para obtener energía.

En su libro Superficies y esencias , los científicos cognitivos Douglas Hofstadter y Emmanuel Sander sostienen que la analogía es la base de todo pensamiento. Esta abstracción de los detalles para determinar que una cosa es igual a otra es lo que nos permite crear categorías. No hay dos gatos exactamente iguales, pero abstraemos las diferencias para crear el concepto de gato . Cuando hablamos de que un plan se desmorona , establecemos una analogía entre el fracaso del plan y el desmoronamiento de un objeto físico, abstraiendo la naturaleza intangible de los planes y, en cambio, analizando el patrón subyacente de algo que pierde su estructura...

Un excelente post de Joseph Heath sobre Harari vs. Henrich

2026-06-14T15:56:28.008+02:00

Joseph Heath contrapone la concepción de Yuval Harari en su libro Sapiens y la representada por Joseph Henrich sobre la evolución humana. Joseph Heath, Harari vs. Henrich. What science actually says about human evolution, 12 de junio de 2026.

Harari atribuye prioridad explicativa a la inteligencia y Joseph Henrich y, antes que él, Peter Richerson y Robert Boyd a la cultura. En términos más concretos, los cuatro rasgos distintivos de los humanos, a saber, inteligencia superior, lenguaje gramatical complejo, cooperación a gran escala entre individuos no emparentados y cultura acumulativa se ordenan así para Harari y al revés (primero fue la cultura acumulativa, luego la cooperación a gran escala entre individuos no emparentados, luego el lenguaje y luego la inteligencia) para Henrich y sus maestros.

La hipótesis de que la inteligencia surgió primero es implausible si se tiene en cuenta el enorme coste que supone para la especie “sostener” un cerebro tan grande (aumenta los riesgos del parto) y tan ávido de energía (consume un 20 % de la energía total de un cuerpo humano). Si el problema era sobrevivir en la sabana, fabricar herramientas rudimentarias o controlar el fuego, el cerebro humano parece desproporcionado para esa función. El origen del lenguaje es tratado por Harari como una mutación accidental —la “mutación del árbol del conocimiento”— que habría permitido una forma inédita de comunicación. Heath objeta que esta explicación tiene un problema de arranque: si el primer individuo dotado de esa capacidad no tenía con quién hablar, la mutación difícilmente pudo ser adaptativa como capacidad comunicativa. Además, el lenguaje informativo presupone cierto grado de cooperación. Si individuos antisociales pudieran hablar, sus mensajes serían simples expresiones de interés estratégico y no resultarían creíbles. El lenguaje humano es en gran medida cheap talk y, aun así, transmite información; eso parece exigir previamente disposiciones cooperativas.

La explicación de Harari sobre la cooperación tampoco convence a Heath. Si el problema es que los individuos tienen incentivos para no cooperar, no se resuelve diciendo que otros difundirán información sobre los incumplidores, porque difundir esa información también es un servicio público sujeto al mismo problema de acción colectiva. Lo mismo ocurre con los “grandes dioses” o los sistemas míticos a los que recurre Harari: hay que explicar de dónde salen, por qué se cree sinceramente en ellos y por qué no se simulan estratégicamente. En ambos casos, la explicación presupone ya una cooperación que pretende explicar.

El último elemento de la crítica a Harari se refiere a la cultura. La cultura no es resultado, como pretende Harari de la cooperación, sino de la imitación del éxitoso, es decir, el que introduce una innovación que mejora la máquina o la herramienta. Una explicación mucho más plausible – la formulada por Henrich a partir de los autores citados – es empezar por la cultura, seguir con la cooperación, hacer entrar entonces el lenguaje y, finalmente, la inteligencia. ¿Cómo se extiende y desarrolla una cultura en un grupo de una especie animal? Mediante el aprendizaje social

(sobre lo cual repasando los trabajos de Henrich y Boyd sobre todo, v., con más indicaciones, estas entradas, JA, Tweet largo: aprender sin entender no es de tontos, es de listos, Derecho Mercantil, 2018; JA, La poción antibalas y la opacidad causal, Derecho Mercantil, 2017; El sentido evolutivo de los rituales humanos, Derecho Mercantil, 2020, JA, Aprendemos las normas sociales sin que nos las enseñen, Derecho Mercantil, 2019; JA, La recensión de Scott Alexander del libro de Joe Heinrich, Derecho Mercantil, 2019; JA, Del aprendizaje a la enseñanza y de las convenciones sociales a las normas, Derecho Mercantil, 2017; JA, La información social puede potenciar el conocimiento a pesar de inhibir el esfuerzo cognitivo, Derecho Mercantil, 2018; JA, Por qué los humanos ‘sobreimitamos’ y los demás primates, no, Derecho Mercantil, 2022; y estas sobre los trabajos de Kevin Laland, La imitación, el problema de la correspondencia y el valor de la sincronización, Derecho Mercantil, 2018; El lenguaje evolucionó originalmente para enseñar a nuestros parientes; Derecho Mercantil, 2017; Coevolución genes-cultura, Derecho Mercantil, 2018; Del aprendizaje a la enseñanza y de las convenciones sociales a las normas, Derecho Mercantil 2017. La innovación inicial no sería una inteligencia superior, sino un tipo específico de aprendizaje social: la imitación humana. Los niños humanos copian con fidelidad incluso conductas que no comprenden. Esa imitación aparentemente “ciega” permite que procedimientos complejos se transmitan sin que cada generación tenga que entenderlos desde cero. Así se supera el cuello de botella de la inteligencia individual. Una técnica puede acumular pequeñas mejoras y sobrevivir porque los individuos la reproducen fielmente antes de comprenderla. La cultura permite así acumular conocimientos por encima de las capacidades cognitivas de cada individuo.

El paso de la cultura a la cooperación se explica porque el aprendizaje es social, no exclusivamente familiar. Los humanos no aprenden solo de sus padres, sino también de modelos exitosos y de sus pares. Dos sesgos de aprendizaje son decisivos: imitar a los exitosos e imitar a la mayoría. El conformismo aumenta la homogeneidad dentro de cada grupo, lo que hace posible que la selección entre grupos sea mucho más eficaz en la evolución cultural que en la evolución biológica. Los grupos con normas culturales más prosociales tenderían a imponerse o a perdurar mejor que los menos cooperativos. Así, la cooperación no surge porque individuos inteligentes calculen que les conviene cooperar, sino porque ciertas normas culturales cooperativas se transmiten, se estabilizan y dan ventaja a unos grupos frente a otros.

Después, según esta teoría, la cultura cooperativa ejerce presión sobre la biología. Los seres humanos seguían siendo primates agresivos, competitivos e individualistas, pero las expectativas culturales empezaron a favorecer a quienes se ajustaban mejor a normas prosociales. Los individuos excesivamente agresivos o dominantes habrían visto reducidas sus oportunidades reproductivas. Esto inició un proceso de autodomesticación: la cultura no solo organizó la cooperación, sino que acabó influyendo en la evolución biológica mediante procesos de coevolución gen-cultura. La cooperación comenzó como patrón cultural y terminó parcialmente incorporada a nuestras disposiciones naturales. Innovaciones culturales, como la cocina, provocan cambios biológicos, como modificaciones del sistema digestivo (estómagos más pequeños).

V., De las coaliciones asesinas de machos alfas y antisociales a la docilidad y grupalidad de los humanos, Derecho Mercantil, 2023 y La domesticación del hombre, Almacén de Derecho, 2021; Todo empezó de verdad con el homo erectus que controló el fuego para siempre, Derecho Mercantil, 2020; La conspiración para el asesinato y la sumisión al grupo para evitarlo, Derecho Mercantil, 2021, todos ellos sobre los trabajos de Wrangham a los que alude Heath; v., también sobre el libro de Wrangham sobre la domesticación humana, Rob Henderson, The distinctiveness of human aggression. The Critic, 2022; Parental Selection in Human Evolution, Rob Henderson’s Newsletter, 2023.

Como explica Tomasello, el lenguaje se vuelve adaptativo cuando ya existe cierta disposición a decir la verdad, cumplir reglas o cooperar. Solo entonces un sistema de señales barato puede volverse informativo. En cuanto a la inteligencia, Heath recoge la idea de que el coste del cerebro humano es tan alto que probablemente se explica por un proceso interno de retroalimentación. Para Henrich, el crecimiento explosivo de la cultura hizo valiosa una mayor capacidad de aprendizaje, memoria y procesamiento: cuanto más rico era el entorno cultural, más útil resultaba captar rápidamente la información disponible. La cultura creó, por así decir, un mundo lleno de cosas que merecía la pena aprender, y eso aumentó el rendimiento adaptativo de cerebros más capaces.

Tres resoluciones sobre embargos y anotaciones de embargo

2026-06-12T09:35:00.965+02:00

foto: Pedro Fraile

Por Marta Soto-Yárritu

Resoluciones de la DGSJFP de 20 de enero de 2026 y de 22 de enero de 2026. La DGSJFP recuerda en estas dos resoluciones dos cuestiones importantes en relación con la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo (art. 86 LH). Por un lado, en la primera resolución (ver aquí), la DGSJFP recuerda su doctrina (y la del TS) de que la emisión de la certificación de cargas constituye una prórroga temporal de la anotación de embargo por un plazo de cuatro años adicionales, de forma que, durante este periodo, podrá hacerse valer el efecto de cancelación de cargas posteriores del eventual decreto de adjudicación dictado en esa ejecución, como también cabe extender cualquier otro asiento relativo al procedimiento (como una nueva prórroga), puesto que el asiento está vigente.

En la segunda (ver aquí), la DGSJFP recuerda que la solicitud de prórroga de una anotación de embargo es un acto de puro trámite procesal, que no tiene más trascendencia que evitar su caducidad, por lo que no es necesaria una notificación específica al deudor y demás personas interesadas.

En fin, en la (Resolución de la DGSJFP de 22 de enero de 2026) se admite la ampliación de embargo practicada en un juicio cambiario como consecuencia de la ejecución de nuevos pagarés. Se discute en este recurso si procede practicar la ampliación de un embargo anotado con anterioridad en un procedimiento cambiario, como consecuencia del vencimiento de otros pagarés distintos de los identificados en la anotación vigente. La registradora exigía un pronunciamiento judicial expreso acerca de si ha de practicarse o no otra nueva anotación, con su rango respectivo, en cuanto a los pagarés cuyo pago se reclama ahora, ya que sobre dichas fincas constaba anotado otro embargo preventivo, pero por otros pagarés distintos. Por el contrario, la recurrente alegaba que los nuevos pagarés reclamados fueron librados como consecuencia de la misma obligación que motivó el libramiento de los pagarés relacionados en la anotación preventiva de embargo ya practicada.

La DGSJFP da la razón a la recurrente. Aplica el art. 578 LEC (vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda) y el art. 613 LEC (efectos del embargo. Anotaciones preventivas y terceros poseedores) y recuerda que su doctrina

“se ha ido consolidando y concretando a lo largo del tiempo, de tal manera que ha permitido la llamada ampliación de embargo no sólo por nuevos intereses y costas generados a lo largo del procedimiento ejecutivo, sino incluso por nuevos importes del principal de la deuda que genera la ejecución, siempre que tuviesen el mismo origen que el débito original y que, por ello, pudiesen ser exigidos en el mismo procedimiento, como ocurre en los nuevos vencimientos de una deuda de duración periódica”.

Añade la DGSJFP que

“lo anterior no decae en caso de ejecución de títulos cambiarios, ya que los mismos no son sino documentos mercantiles que constituyen medios de pago de una deuda principal; su singularidad consiste en estar dotados de especiales garantías, deviniendo abstractos respecto de la deuda que los motiva a fin de facilitar su tráfico y, con ello, la financiación y la seguridad jurídica empresarial. El hecho de su abstracción respecto a la relación crediticia que los origina no impide que el vencimiento de los títulos posteriores emitidos en cumplimiento de una misma obligación constituya una partida más que incorporar al principal de la deuda que se reclama en un procedimiento ejecutivo en el que se ha trabado ya embargo sobre bienes del deudor”.

En el caso, había una resolución judicial que acuerda ampliar la demanda cambiaria y el embargo preventivo acordado en su día y que confirma el cumplimiento de los requisitos del art. 578 LEC, por lo que la registradora no puede exigir ningún requisito adicional.