DerechoMercantil

La responsabilidad de los accionistas por las deudas sociales en las compañías de seguros por acciones en Cádiz en el siglo XVIII

2026-05-14T21:49:12.241+02:00

En su magna obra sobre el comercio gaditano con América en el siglo XVIII, García-Baquero dedica unas páginas a las compañías por acciones que no eran las Compañías Privilegiadas de Comercio, es decir, que no se constituían como corporaciones mediante una carta real, sino como sociedades o compañías de comercio.

Lo primero que hay que decir es que, para un jurista - no un historiador - su "aspecto" no es el de una sociedad anónima contemporánea. Los rasgos que va describiendo el autor son los de una sociedad de capital repartido en acciones, más parecida a la contemporánea sociedad limitada.

Y lo segundo que García-Baquero nos revela es que todos los estatutos que ha podido examinar son de compañías de seguros. Creo que esto es lo más iluminador para entender las cláusulas que contienen los estatutos examinados y preferible a compararlas con las contemporáneas sociedades anónimas con sus rasgos corporativos y capitalistas (libre transmisión de las acciones, responsabilidad limitada).

Comienza explicando que la cláusula estatutaria relativa al capital es muy detallada en estas sociedades. Así,

"en la escritura fundacional de la compañía de seguros dirigida por don Francisco Rodríguez Marzo, ya en el preámbulo se especifica que para el desempeño de las actividades de esta sociedad "han señalado, y señalan por ahora la cantidad de quinientos mil pesos escudos de a ciento veinte y ocho quartos repartidos en cincuenta acciones de a diez mil pesos de la propia moneda cada una, adjudicadas y divididas entre los otorgantes para su responsabilidad y demás efectos que convengan en la conformidad que adelante se expressará"

Dice el autor que esta fórmula se repite "en la totalidad de las escrituras analizadas".

He destacado la conexión entre las acciones que suscribe cada uno de los "otorgantes" y que eso genera "su responsabilidad" lo que ya sugiere que, probablemente, el desembolso se difería en el tiempo. O sea que los otorgantes - los accionistas - solo desembolsaban a la constitución de la sociedad una pequeña proporción del nominal de las acciones suscritas. Esa era la práctica en Europa en la Edad Moderna.

Añade el autor que estas compañías carecían de una razón social formada con los nombres de los socios. En su lugar, se recurría a la Virgen y a los santos.

en la totalidad de las escrituras estudiadas... se especifica únicamente en la razón social el objeto de la sociedad (que por cierto es el mismo para todas) los seguros y la advocación religiosa bajo la que se pone ésta. Así, por ejemplo, "Compañía española de seguros Jesús, María y Joseph", H "'Compañía española de seguros Nuestra Señora del Rosario", Compañía española de seguros María Santísima Nuestra Señora de la Merced", etc.

Lo que sorprende es que al autor no le sorprendiera que todas las escrituras examinadas lo fueran de compañías de seguros. Sin duda que el objeto social tiene mucho que ver con la estructura organizativa utilizada por los socios.

Añade García-Baquero que, "por lo que respecta a la transmisibilidad", comprueba

que se permitía la transmisión mortis causa

es evidente que se admite aunque hemos de advertir que "con reparos". En efecto, si exceptuamos la compañía titulada "María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes", fundada en 1777, en la que se estipula lisa y llanamente que en caso de muerte de cualquiera de los asociados sus acciones pasarán a sus herederos, en las restantes se señala esta posibilidad aunque siempre supeditada a ciertas condiciones, tales como una averiguación previa de la situación en que se halla la economía de los posibles nuevos accionistas, además de la aprobación y conformidad al ingreso por parte de la junta de accionistas.

¿Cuáles eran estas condiciones? Tienen interés porque nos pueden indicar si los socios respondían o no limitadamente por las deudas de la sociedad.

Tal es el caso, entre otros muchos que podrían citarse, de la compañía titulada "María Santísima Nuestra Señora en el Misterio de su Purísima Concepción y del Glorioso Patriarca señor san Joseph", que por la cláusula 17.º de su escritura social establece "que si alguno de los socios muriera antes de fenecerse el plazo de esta Compañía, se subrogarán en su lugar sus herederos.·· y en el caso de que los herederos de los hayan fallecido sean muchos, y no quieran todos tomar participación en esta Compañía, sino solamente alguno, o algunos de ellos, serán éstos admitidos, debiendo preceder, que el Director se informe del estado del caudal, y abono de los que se hayan de subrogar, y entrar en ella, y _dar cuenta en la primera junta para que se acuerde, y deter, mme sobre dicha admisión lo que se tenga por conveniente, en quanto a la precaución, y seguridad, que se les haya de pedir,, y deban _dar los tales nuevos interesados, quienes siempre habran de ratificar esta escritura por Instrumento público, suxetándose a la obligación mancomunada, y demás condiciones que comprehende". Es más, incluso se estipula la posibilidad, si así lo creyeren conveniente los asociados, de suprimir las acciones de los fallecidos, tal como se hace constar en la cláusula 15.º: "... y si tubieren los otorgantes por más conveniente suprimir las acciones de los que hayan muerto natural, o civilmente, también lo podrán executar, o repartirlas entre sí a proporción del· interés de cada uno, o cederlas a alguno, o algunos de los interesados, y para tomar qualquiera de estas determinaciones siempre se deberá convocar una junta a fin de que se proceda de común acuerdo".

Leído con ojos del siglo XX o XXI, esta cláusula parece sugerir que los socios respondían ilimitadamente de las deudas de la compañía y, por tanto, estaban muy preocupados porque los socios entrantes fueran insolventes lo que acarrearía, como veremos, que su responsabilidad debiera ser cubierta por los demás accionistas. Eso les lleva, naturalmente, a limitar severamente la transmisibilidad de las acciones. Se requiere la autorización de la junta, diríamos hoy, previo informe de los administradores. García-Baquero subraya el intuitu personae que desprenden estas cláusulas que es poco compatible con el modelo que nos hacemos de una sociedad anónima. Intentaré, más adelante, una interpretación distinta. V., esta entrada sobre la transmisibilidad de las acciones de los bancos escoceses en el siglo XIX donde los autores dicen que los accionistas respondían ilimitadamente de las deudas del banco.

Respecto a la transmisión inter vivos

Nos dice el autor que los estatutos examinados guardan "silencio.. absoluto... sobre el particular"

con la única excepción de la correspondiente a la ya... compañía Nuestra Señora de las Mercedes... Semejante silencio no puede interpretarse más que como una negativa a dicha posibilidad de negociación de las acciones, puesto que es evidente que si se hubiese querido permitirlo no podía faltar una cláusula que así lo estableciera, tal como ocurre en la compañía citada más arriba.

La deducción es plausible, sobre todo, a la vista de la regulación estatutaria de la transmisión mortis causa. Si ésta se permite solo limitadamente, haría falta, en efecto, una cláusula estatutaria expresa para permitir la transmisión inter vivos. García-Baquero concluye que nos encontramos ante

una especie de híbridos, como unas sociedades de transición en las que se dan ya algunas notas típicamente capitalistas (división del capital social en acciones, ausencia de los nombres de los socios en la razón social, transmisibilidades aunque sea bajo ciertas limitaciones de la condición de socio), pero en las que falta el trazo definitivo que sirve para distinguir a estas sociedades de las personalistas, a saber: la libre disposición por parte de los asociados de sus acciones con vistas a su posible negociación o venta.

La responsabilidad limitada

¿En qué medida participaron los miembros de las sociedades por acciones gaditanas en las pérdidas de sus respectivas compañías? ¿Fue su responsabilidad realmente limitada, tal como señalan los tratadistas actuales, o por el contrario acaso a este respecto también existen diferencias sustanciales entre las modernas sociedades por acciones y aquellas otras que les precedieron en el siglo XVIII?

La cláusula estatutaria es estándar:

Excepción hecha de la compañía Nuestra Señora de las Mercedes, todas las restantes escrituras recogidas se expresan al respecto en términos similares, como si hubiesen sido redactadas de acuerdo a un único y común formulario.

De estas cláusulas, García-Baquero deduce lo siguiente:

... es evidente que hemos de contestar de forma negativa a la pregunta que nos formulábamos sobre si las sociedades por acciones que funcionaron en Cádiz durante el período de este estudio compartieron con las actuales el principio de responsabilidad limitada. Por el contrario, como aparece claramente especificado, estas sociedades se rigieron todavía en materia de responsabilidad por los mismos principios y regla que informaban a las sociedades de personas, es decir respondiendo los socios por las deudas sociales de un modo solidario e infinito.

Las expresiones "quedan y se constituyen los otorgantes juntos de mancomún a voz de uno, y cada uno de por si, y por el todo insolidum" y "a cuya firmeza obligan sus "bienes y rentas presentes y futuros", no creo que permitan la mas mínima vacilación al respecto.

Creo que las cláusulas transcritas y reproducidas en la imagen pueden interpretarse de otra forma. En las compañías de seguro, la cifra de capital suscrito tiene que ser muy elevada porque, de otro modo, cualquier siniestro mínimamente significativo daría con la compañía en la quiebra. Pero el capital cumple una función de garantía, no de explotación. Es decir, la compañía no necesita tener el dinero en su caja para poder desarrollar su negocio. De ahí que lo eficiente sea comprometer a los accionistas en una cuantía muy elevada pero exigirles el desembolso de una cantidad mucho menor para que el capital no esté "ocioso" en la caja social. Recuérdese que la LSC vigente, en su artículo 299 dispone, cuando el aumento de capital se hace con aportaciones dinerarias nuevas, es requisito previo que estén totalmente desembolsadas las acciones anteriormente emitidas salvo para las entidades aseguradoras. Esta misma regla estaba en vigor ya en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 (Artículo 89): el objetivo es no impedir el reforzamiento de la solvencia de las compañías de seguro si los accionistas están dispuestos a incrementar la "suma de responsabilidad" por utilizar los términos propios de los socios comanditarios.

En los estatutos citados por García-Baquero lo que observamos no es una responsabilidad ilimitada por las deudas de la compañía de sus accionistas sino varias capas de financiación a cargo de los accionistas. La primera capa es la asunción de responsabilidad hasta la "suma" prometida por cada accionista pero no desembolsada: obligarse a desembolsar, a petición de los directores, la totalidad de lo prometido al suscribir las acciones.

La segunda capa es la asunción de responsabilidad por la morosidad o incumplimiento de cualquiera de los demás accionistas. A eso se refiere la primera de las cláusulas reproducidas, a que si un accionista falta a su obligación de desembolso cuando se le reclame, los demás tienen que cubrir al "moroso". Eso es lo que quiere decir "en caso de omission y morosidad de alguno de los compañeros en contribuir su contingente". Se entiende así que puedan repetir contra él y que el objetivo sea que "no padezca detrimento ni decadencia el crédito" de la compañía.

Las tercera "capa" de responsabilidad, muy típica del mundo del comercio pre-contemporáneo es la que recae sobre los socios por haber permitido a "Director" - o sea, al administrador - que "siga firmando las pólizas que se presenten" una vez que se "hayan firmado seguros por todo el importe de las cincuenta acciones", es decir, se haya comprometido todo el capital suscrito. Los accionistas dan poder al Director para obligarles.

De esta forma interpretadas las cláusulas, no hace falta considerar el caso de la compañía Nuestra Señora de las Mercedes como una excepción.

La única diferencia - me parece - con las anteriores, es que se establece una suma máxima de responsabilidad. Tendríamos que ver si, en los estatutos de la compañía Nuestra Señora de las Mercedes se autorizaba al Director a seguir firmando pólizas una vez agotado el fondo de la compañía.

En definitiva, la cuestión de si los socios de una sociedad respondían por las deudas sociales no puede resolverse sólo con los estatutos. Sigo convencido de

1. Que los miembros de una corporación no respondían de las deudas de ésta porque, en las corporaciones pre-modernas, tampoco tenían derechos sobre el patrimonio de ésta (los miembros de un gremio, una ciudad, una orden militar...).
2. Cuando se utiliza la corporación para el desarrrollo de actividades empresariales - a partir del siglo XVII - ça va de soi que como son corporaciones que han recibido un charter real o parlamentario, sus miembros siguen sin responder de las deudas de la corporación, que es un sujeto de derecho independiente de sus miembros. Por tanto, no es un privilegio.
3. Se discute sin embargo vivamente hasta la Codificación - y en Inglaterra hasta las leyes generales de sociedades - sobre la responsabilidad de los accionistas (o de los members de una joint-stock company) porque el carácter corporativo de estas sociedades no elimina que tienen en su origen un contrato de sociedad (y en el caso de Inglaterra, porque la mayoría de las joint-stock companies no estaban duly incorporated) y, en el siglo XVII, la compañía de comercio es el único "tipo" disponible (partnership, sociedad colectiva, offene handelgesellschaft).
4. En el siglo XIX, se reconoce personalidad jurídica a todas las sociedades de personas (o, al menos, se les reconoce el carácter de 'sujetos de derecho' con capacidad jurídica y de obrar) lo que, lógicamente, debió haber transformado la pregunta: si las deudas contraídas por la sociedad son deudas "de otra persona" ¿por qué habrían de responder los socios de la sociedad de esas deudas? Y lo que hay que justificar es, precisamente, por qué respondían los socios de una compañía de comercio - de una sociedad de personas - de las deudas contraídas a nombre y por cuenta de la compañía.
5. Para esa pregunta hay dos respuestas.

a) Antes de la Codificación, la explicación es sencilla: porque el socio actuante tenía poder de sus consocios para obligarlos. Exactamente, como el Director de la Compañía de Seguros María Santísima Nuestra Señora en el Misterio de su Purísima Concepción y del Glorioso Patriarca señor san Joseph tenía poder de los accionistas para seguir firmando pólizas una vez agotado el fondo.
b) Después de la Codificación, porque el legislador convierte a los socios colectivos en fiadores legales de las deudas sociales dado que no disponen de capital en garantía de los acreedores, la contabilidad no estaba desarrollada y el derecho de quiebras no funcionaba.

Antonio García-Baquero González, Cadiz y el Atlántico (1717-1778), tomo I , 1976 pp 412 ss

Asociación en sentido lato entre dos comerciantes como forma más básica de “empresa”: entre la puesta en común y la agencia

2026-05-14T11:29:10.024+02:00

Ferrer-Dalmau, Cortés en Technotitlán

El uso de la IA para redactar este post ha reducido la productividad. Gemini ha decidido condensar y exponer a su manera el texto en inglés que le he pedido traducir (que eran extractos del artículo que figura al final), lo que me ha obligado a repasar el texto original para comprobar que no se había olvidado nada. Y, sí, había omitido un párrafo que tenía algún interés. A continuación, ha sido incapaz de insertar adecuadamente las partes omitidas en el texto de la entrada

El trabajo que resumo a continuación tiene el interés de que ofrece una taxonomía de las formas más simples de colaboración entre dos comerciantes que se corresponde, bastante bien, con las que quedaron recogidas en los Códigos de comercio en el siglo XIX. Lo más convincente de esta taxonomía es que se basa en dos criterios únicamente:

1. Si el que actúa en el comercio lo hace identificando que actúa por cuenta de otro (art. 246 C de c)

2. Si el que actúa por cuenta de otro ha realizado una aportación al fondo común, es decir, si hay puesta en común y, por lo tanto, sociedad entre el que actúa y el otro comerciante.

Esta división encaja con la función económica del contrato de compañía y del contrato de comisión a partir de la "revolución comercial" del siglo XIII: servir de infraestructura jurídica al comercio a distancia. Los comerciantes se hacen sedentarios y emplean a comisionistas o a corresponsales o, genéricamente, "factores" o "sirvientes" que comercian por su cuenta en las distintas plazas europeas. Y, a la vez, no se limita a las relaciones societarias bajo la forma de sociedad colectiva porque incluye relaciones en las que las partes no utilizan una razón social común o ni siquiera ponen en común un fondo (art. 126 y 116 C de c, respectivamente). La autora trata de captar todas las formas de colaboración entre comerciantes y "los mercaderes cooperaban con frecuencia sin utilizar el mismo nombre comercial o incluso sin poner en común su capital". Si queremos excluir solo los casos de colaboración esporádica e incluir los de colaboración estable, hay que ampliar el foco más allá de la constitución de compañías de comercio. La autora pone dos ejemplos de compañías de comercio típicas de los siglos XV y XVI (para las semejantes en España, v., entradas relacionadas)

1491: Wilhelm Weißhaupt, Hans Schreiber (Bibrach) y Valentin Dietmar (Ulm) invirtieron 1,000 florines cada uno para formar una compañía (gesellschafft), uniendo recursos para el comercio entre el sur de Alemania e Italia por cuatro años.

1558: Kraft Stalburg (Fráncfort) y Jacob von Botzheim (Hagenau) acordaron trabajar juntos por diez años; Stalburg comerciaba entre Fráncfort e Italia, y Botzheim entre Fráncfort y Estrasburgo. Cada parte aportó 14,000 florines.

Pero había formas más sencillas de cooperación estable entre dos o más comerciantes: las basadas en una relación de agencia (comisión, mandato) y las basadas en la formación de una relación societaria (puesta en común, creación de un fondo con las aportaciones de todos los socios).

La unidad mínima de cooperación es la asociación entre dos mercaderes donde uno representa al otro. Si un mercader quería hacer negocios en lugares donde no estaba físicamente, debía confiar en un representante.

Este representante podía ser su comisionista o su socio. Si era lo primero, se le denominaba factor. Pero el factor podía ser, a su vez, un comerciante que realizaba negocios por cuenta propia o por cuenta de otros comerciantes.

un mercader podía participar en varias sociedades a la vez. Lazarus Tucher, por ejemplo, trabajó para varias grandes casas (Fugger, Welser, etc.) mientras fundaba la sucursal en Amberes de su propia empresa familiar... Por ejemplo, Hans Pruner llevaba a cabo negocios en Lisboa y Andalucía para su hermano Joachim Pruner, un mercader que era de Berlín pero estaba radicado en Amberes. En 1525, Joachim Pruner entró en sociedad... con Kilian Rietwieser de Leipzig. Luego emplearon a Hans para llevar a cabo el comercio en Lisboa. En el contrato correspondiente, a veces se menciona a Hans como alguien que trabaja para Pruner y Rietwieser, y otras veces como alguien que actúa en nombre de la compañía de Pruner y Rietwieser. Evidentemente, el notario no veía ninguna diferencia entre describir a Hans como agente de dos personas o como agente de una compañía.

Si era socio es porque aportaba capital. "en la práctica mercantil de los territorios alemanes de la Baja Edad Media, no existía una distinción clara entre capital y agencia".

Sobre estas bases, la autora ofrece la siguiente clasificación:

La clasificación se basa en dos preguntas clave: ¿Sabía el tercero que el mercader representaba a otro? (¿Sociedad oculta o manifiesta?). ¿Invirtieron todos capital o solo algunos? (Solo la compañía con capital común se consideraba una sociedad mutua).

De esto se derivan cuatro tipos de colaboración:

1. Comisión: el comisionista actúa en nombre propio y solo el principal aporta capital. (Ej: Mercaderes de Colonia enviando vino a posaderos en Amberes).
2. Societas Hanseática: el socio actúa en nombre propio - oculta que actúa para la sociedad que ha contraido con otro comerciante y ambos aportan capital. Un socio toma el dinero, compra/vende y rinde cuentas. La sociedad hanseática parece una forma de commenda evolucionada (porque en la commenda simple el tractator no ponía capital).
3. Compañía de comercio: (Ej: Ravensburger Handelsgesellschaft). Sociedad manifiesta; los socios ponen el capital en común y se distribuyen para comerciar en distintos lugares, usan letras de cambio para equilibrar suministros y rindiendo cuentas periódicamente.
4. Factor: El comerciante que actúa es reconocido como parte de la compañía pero no aporta capital. No participa en ganancias/pérdidas y suele tener un contrato de empleo. Parece una figura próxima al socio industrial.

La autora nos cuenta que en el siglo XIV predominan las asociaciones tipo 1 y 2 y que con el fin de la revolución comercial, el mercader se vuelve sedentario y necesita cooperar con otros que residen o viajan a otras ciudades. En el siglo XV surgen las asociaciones de Tipo 3 tanto en el norte como en el sur de Alemania y a finales del XV y XVI las compañías refinan su jerarquía interna. Se limita el número de socios que invierten y deciden la estrategia (Tipo 3), delegando el trabajo operativo en puestos avanzados a un número creciente de empleados (Tipo 4). El ejemplo más famoso es la Compañía Fugger (en español, Fúcar)

También tiene interés cómo se va separando el patrimonio de la compañía del patrimonio de los socios, es decir, cómo se va personificando la compañía mercantil. La separación tiene sentido cuando los que se asocian son extraños. Recuérdese que la compañía mercantil se inicia como un asunto familiar: los hijos del comerciante continúan el negocio del padre y lo amplían geográficamente. El patrimonio familiar y el patrimonio de la compañía son uno. Pero cuando un comerciante se asocia con un extraño, como ocurre singularmente en la commenda en el ámbito del comercio marítimo, la contabilidad de las relaciones ha de llevarse de forma separada:

¿Cuándo se convertía un grupo de mercaderes en una entidad única? La respuesta no era teórica, sino pragmática: ¿Quién paga la cuenta? Un factor pasaba a ser "de la compañía" cuando su salario, comida y alojamiento se pagaban con el capital común y no por un socio individual. La compañía se convertía en propietaria de activos costosos, como los caballos.

Tiene sentido, pues, que se observe una tendencia a la personificación de la compañía mercantil (tipo 3 y 4). Y aquí viene lo interesante de lo que nos cuenta la autora: que el factor o el socio residente en una plaza, a menudo, no actuaba por cuenta de los socios de la compañía a la que representaba, sino por cuenta de la compañía misma. Es decir, que el nomen que "expendía" no era el de los socios sino directamente el de la compañía. Así ocurría cuando el que actuaba era uno de los socios y lo hacía ‘in nomine societatis’. Esto ocurría con las grandes compañías que dominaban el comercio y las finanzas en los siglos XV y XVI, empezando por los Medici pero también con las menores. De modo que

En la práctica, no se percibía una gran diferencia entre "un mercader que emplea a un servidor" y "una compañía que emplea a un servidor". Las actas notariales de Amberes muestran que un mercader podía actuar: en nombre de otra persona, en nombre de una persona y sus consocios y en nombre de una compañía.

Ulla Kypta, What is a Small Firm? Some Indications from the Business Organization of Late Medieval German Merchants en The Company in Law and Practice: Did Size Matter? (Middle Ages–Nineteenth Century) Edited by D. De ruysscher A. Cordes S. Dauchy H. Pihlajamäki, 2017

Entradas relacionadas

La sociedad en comandita
Las cuentas en participación
Un pleito comercial en el siglo XIV: Mazetti contra Peruzzi
La Compagnia italiana como prototipo de la sociedad mercantil de personas
Dos ejemplos de sociedades de la Edad Moderna (finales XVI principios XVII)
El socio industrial y su participación en el capital y en los beneficios
La construcción de la personalidad jurídica: la formación del patrimonio separado de las sociedades mercantiles
Ordenanzas y práctica mercantil: las sociedades en Amberes en el siglo XVI
Commenda y préstamo a la gruesa (ventura o riesgo de mar)

Una breve historia del Derecho de sociedades inglés desde la perspectiva de un jurista continental

2026-05-13T14:05:56.978+02:00

fuente: The Railway Magazine

He usado la IA para elaborar esta entrada en la traducción de párrafos del texto del artículo, en la explicación de alguno de los casos que cuenta el autor y para localizar más rápidamente artículos de leyes españolas. No la he utilizado para que me resuma el contenido del artículo

Comienza el trabajo comparando la concepción actual de la corporación mercantil (de una corporation o una company inglesas) con la concepción de la corporación que tenían los tratadistas ingleses pre-contemporáneos. Mientras los primeros (Armour et al) se fijan en la personalidad jurídica, la responsabildiad limitada, las acciones transmisibles, la gestión concentrada en los administradores y la separación de la gestión y de la propiedad (que corresponde a inversores dispersos), Blackstone (y también aquí) explicaba que las cinco características de las corporaciones eran la de "sucesión perpetua", capacidad procesal (demandar y ser demandado), capacidad para la propiedad y su adquisición ('to purchase land and hold them'), poder ser representada ante terceros ('a common seal') y autonomía organizativa ('to make by-laws or private statutes'). Curiosamente, el artículo 38 CC está más cerca de Blackstone que de Armour et al., como debe ser, ya que mientras Armour et al hablan de la sociedad anónima, Blackstone y el Código civil - y todos los Códigos civiles - se refieren a las personas jurídicas corporativas, que incluyen, naturalmente, las asociaciones y las fundaciones además de las sociedades anónimas y las cooperativas. La explicación se encuentra, en parte, en la distinta historia de la corporation respecto de la de la sociedad anónima.

Rossi explica que

muy al contrario de nuestros expertos modernos, Blackstone no asociaba la personalidad jurídica independiente con la responsabilidad limitada. Para él, la personalidad jurídica era un elemento fundamental de las corporaciones; la responsabilidad limitada no lo era. Esto podría resultar desconcertante para un jurista moderno,

Yo creo que no lo era porque la cuestión no se planteaba. Si se reconocía a la corporación como un sujeto distinto de sus miembros - si los tenían -, la responsabilidad de éstos por las deudas de la corporación no se planteaban. Es lógico, pues, que la discusión se centrara en determinar qué era necesario para que la corporación pudiera considerarse como un sujeto distinto de sus miembros. De ahí que toda la discusión posterior (hasta la codificación y las leyes de sociedades generales inglesas del siglo XIX) se centre en la personalidad jurídica de las joint-stock companies que no habían recibido un acta parlamentaria de incorporación y que

La conexión... entre personalidad jurídica y responsabilidad limitada se desarrollase únicamente después de que se concediera la personalidad jurídica independiente a todas las sociedades a mediados del siglo XIX, y de que los tribunales de justicia comprendieran todas sus implicaciones en el famoso caso Salomon hacia finales de ese siglo.

Rossi explica el proceso de equiparación, a los efectos de reconocimiento de personalidad jurídica independiente de sus miembros y responsabilidad limitada de éstos por las deudas de la compañía, entre "incorporated and unincorporated companies". Subraya la utilización del trust para lograr la separación patrimonial (entre el patrimonio social y el patrimonio de los socios) que Maitland declaró como explicación central de por qué en Inglaterra no utilizaron la idea jurídica de la personalidad jurídica. Como dice Rossi, si el objetivo de considerar la joint-stock company como una persona jurídica era permitirle

celebrar contratos y poseer activos, delegar autoridad en otros (en efecto, la representación o agency) y demandar o ser demandada en su propio nombre.

había estrategias disponibles alternativas a la de reconocerles personalidad jurídica: el trust. Antes, Rossi hace un resumen excelente de la evolución de las corporaciones entre los siglos XV y XVIII, de la estrecha relación entre la concesión de cartas de incorporación - charters - a compañías de comercio por parte de los reyes y la "venta" de monopolios comerciales y cómo esos monopolios fueron perdiendo valor (los reyes practicaban la "doble" venta y a veces la triple venta de un mismo monopolio) y provocando la expansión del número de compañías "incorporadas" para finales del siglo XVII que incluían muchas otras además de las tres grandes: East India, South Sea y el Banco de Inglaterra. Luego vino la Bubble Act que, como explica Rossi, no fue tan importante como se ha pretendido y tiene una explicación basada en el rent seeking más convincente que la de acabar con la especulación (v., entradas relacionadas).

El trust y la jingle rule (regla de la prioridad cruzada) + las reglas estatutarias sobre el desembolso como estrategia autónomoprivada para lograr la responsabilidad limitada sin charter.

Sobre el papel del trust en la organización de las compañías de comercio, este párrafo del trabajo de Rossi me parece muy ajustado: el trust permitía atribuir existencia independiente de los socios a la compañía. Bastaba con asignar todos los activos de ésta al trust.

«Los extranjeros», dijo Maitland en su famosa frase, «se las arreglan para vivir sin trusts. No tienen más remedio». Durante las últimas décadas, nosotros, los extranjeros, felizmente hemos comenzado a progresar en ese frente. Al menos, nos hemos habituado moderadamente a la idea de que el trust no es simplemente un plato típico inglés. Pero quizás no lo asociaríamos con las sociedades (partnerships). Y, sin embargo, en retrospectiva, incluso un extranjero podría ver la lógica de la operación: la personalidad jurídica era un bien escaso, mientras que los juristas estaban acostumbrados a lidiar con trusts. Lo sorprendente habría sido que a los ingleses no se les hubiera ocurrido aplicar los trusts a las sociedades.

Una primera y obvia ventaja del recurso al trust se manifiesta en el ámbito procesal: articular la estructura empresarial bajo esta figura permitía comparecer en juicio —tanto en calidad de actor como de demandado— a través de los fiduciarios (trustees), evitando así la necesidad de litigar frente a la totalidad de los socios individualmente. La ventaja de tratar con unos pocos fiduciarios en lugar de con decenas —o cientos— de socios no era menos relevante en el tráfico mercantil ordinario, por cuanto numerosas operaciones exigían formalmente la firma de todas las partes interesadas. Cabe advertir que ambos extremos figuran entre los cinco elementos esenciales de Blackstone para la existencia de una corporación; de hecho, el segundo de ellos resulta funcionalmente idéntico al «sello común» (common seal) blackstoniano.

Rossi explica que, en efecto, el recurso al trust permitía la separación patrimonial en que consiste, básicamente, la personificación jurídica entre el patrimonio social y el de los socios.

A más tardar a principios del siglo XVIII, apenas había duda de que los acreedores personales de los beneficiarios del trust no podían forzar la liquidación del patrimonio dado en trust,

o sea, que los acreedores de los accionistas-socios no podían atacar el patrimonio social, que estaba "dado" en trust

ni los acreedores personales del trustee podían instar la ejecución contra los activos mantenidos en trust por ese mismo trustee.

o sea, las deudas personales del trustee no podían cobrarse con los bienes que formaban el trust.

Un poco de lío había para articular la transmisión de acciones: los socios no cedían sus acciones, cedían su "interés" en el trust.

Rossi explica muy bien cómo la jingle rule permitía dar prioridad a los acreedores sociales (en el caso de quiebra de la compañía) sobre los acreedores de los socios y viceversa (en el caso de quiebra del socio)

Dependiendo de si la insolvencia se originaba en la sociedad o en el socio, la regla otorgaba prioridad, respectivamente, a los acreedores sociales o a los del socio. Fundamentalmente, si era la sociedad la que resultaba insolvente, el Chancellor privilegiaba a los acreedores personales del socio, mientras que si el insolvente era el socio, los acreedores sociales tenían prelación. Al menos en principio, la regla pretendía ser exhaustiva: ningún acreedor social podía dirigir su pretensión contra los activos particulares del socio hasta que todos los acreedores individuales de este hubieran sido satisfechos íntegramente; asimismo, ninguno de los acreedores que contrataron con el socio a título personal podía reclamar contra los activos de la sociedad —incluso cuando estos pertenecieran legalmente a ese mismo socio— hasta que todos los acreedores sociales hubieran cobrado en su totalidad.

La combinación de las reglas del trust con la jingle rule permitieron que, prácticamente, las joint-stock companies tuvieran el "privilegio" de la responsabilidad limitada sin haber recibido un charter de incorporación: "aunque la ley no hablara formalmente de responsabilidad limitada para las sociedades colectivas, las partes actuaban como si el patrimonio social fuera distinto del patrimonio individual de los socios".

Esta estructura contractual - private ordering - para que las compañías no incorporadas se "autoproporcionaran" responsabilidad limitada de sus socios se completa, cuenta Rossi, con la extensión, por silencio, de la regla hoy generalizada en todas las leyes de sociedades anónimas que impide a la sociedad reclamar a los socios la realización de aportaciones suplementarias sin su consentimiento (art. 291 LSC). Esto es muy interesante. Hasta el siglo XIX, lo normal es que los suscriptores de acciones solo desembolsaran una ínfima parte del nominal de la acción (4-5 %). De este modo, si la compañía fracasaba rápidamente, los accionistas perdían muy poco (porque era prácticamente imposible para los acreedores perseguir a los accionistas) y si producía ingresos, la compañía no tenía necesidad de reclamar a los accionistas sucesivos desembolsos. De manera que en los estatutos se preveía el derecho de la compañía a reclamar estos "dividendos pasivos". Cuando, en el siglo XVIII, se multiplica la constitución de compañías de pocos socios, "rentaba" a los acreedores sociales en caso de quiebra de la compañía dirigirse contra los accionistas por vía subrogatoria, esto es, reclamando el pago de los dividendos pasivos a los accionistas por cuenta de la compañía (art. 1111 CC). Y la reacción de las compañías fue la del desembolso total del nominal de la acción en el momento de la suscripción y la eliminación, de los estatutos, de la cláusula que se ocupaba de la reclamación de los 'dividendos pasivos' (artículos 81 a 85 LSC).

El aislamiento patrimonial no era perfecto, de manera que las leyes que concedieron la incorporación con carácter general a mediados del siglo XIX promovieron la constitución de sociedades. Rossi resume así la evolución del derecho inglés:

El derecho de trusts y la regla de la prioridad cruzada (jingle rule) permitieron cierta separación patrimonial entre los socios y la sociedad; sin embargo, dicha separación se debía a reglas jurídicas elaboradas en sede de Equity y aplicadas posteriormente también a las sociedades por acciones (joint-stock companies). Por lo tanto, respecto al derecho de sociedades, tales reglas tenían un origen exógeno: un origen que residía en otra parte. No obstante, durante finales del siglo XVIII y, especialmente, principios del XIX, un conjunto distinto de reglas comenzó a emerger de la propia estructura de las sociedades por acciones. Dado que dicha estructura era idéntica tanto para las sociedades incorporadas como para las no incorporadas, la aparición de estas reglas condujo progresivamente a la difuminación de las diferencias entre ambas: cuanto más se trataba a la organización empresarial como una entidad jurídica separada y autónoma, menos relevante resultaba la falta de personalidad jurídica. Dicho de forma más precisa: la ley comenzó a reconocer la trascendencia de la autonomía de la estructura societaria y, por ende, a tratar a dicha estructura cada vez más como a una persona jurídica, independientemente de si estaba formalmente incorporada.

Más interés si cabe tiene la exposición de Rossi sobre

La naturaleza jurídica de las acciones

porque, la verdad, es que no había leído nada anteriormente sobre cómo las acciones pasaron de ser "derechos" o "intereses", esto es, en terminología moderna, derechos de crédito u obligatorios, a ser "cosas", o sea parecido a los bienes muebles en cuanto a su régimen jurídico aunque se tratase de bienes "inmateriales". También es interesante cómo los bienes inmuebles propiedad de compañías se liberaron de las cargas y límites a su transmisibilidad (que persistieron hasta casi el siglo XX en Inglaterra) gracias al derecho de sociedades.

El primer problema era que los "aumentos de capital" se hacían, normalmente incrementando el valor nominal de las acciones previamente emitidas, no emitiendo nuevas acciones. En realidad, como he dicho, el capital aumentaba porque se reclamaban desembolsos sucesivos a los accionistas. Este mecanismo no facilitaba la acumulación de grandes capitales lo que forzó que se dividieran las acciones existentes, de manera que el accionista que no quería realizar nuevos desembolsos podía ceder algunas de ellas.

En cuanto a la naturaleza jurídica de las acciones, los casos relevantes los cuenta Rossi como sigue:

En el caso Ex parte The Lancaster Canal Co., en vía de apelación, el letrado (Sir Edward Sugden, más tarde Lord St Leonards) argumentó que, aun cuando el "acta" parlamentaria por el que se incorporó la compañía guardara silencio al respecto, la acción debía considerarse en cualquier caso como propiedad mueble (personal property), por oposición a la propiedad inmueble (real property). El punto es relevante: al estar incorporada, solo la compañía ostenta un derecho de propiedad sobre sus activos. Como tal, lo que los accionistas pueden poseer es simplemente un interés (y no la propiedad) sobre una parte de los beneficios sociales. Tres años más tarde, The Attorney-General v Giles (1835) llegó a la misma conclusión, y Bligh v Brent (1837) marcó un hito en esta materia —bastante disputada—. Bligh v Brent estableció claramente que el interés de los accionistas de una compañía incorporada se circunscribía únicamente a los beneficios de la corporación, y no —al menos directamente— a sus activos.

Lo cual es un reconocimiento clarísimo aunque implícito de la personalidad jurídica independiente de la compañía. Estas reglas se extendieron a las compañías no incorporadas en el siglo XIX: el "interés" o derecho del accionista sobre el patrimonio social era de la misma naturaleza estuviera o no incorporada la compañía. El accionista se convirtió en "propietario" de acciones, no de los bienes que formaban el patrimonio social y las acciones devinieron objeto de propiedad autónomo.

V., no obstante el caso Myers v. Perigal, que parece una regresión pero que se explica porque no era un litigio mercantil sino sucesorio y era de aplicación la "Mortmain Act" (Ley de Manos Muertas) de 1736 que trataba de impedir la amortización de la propiedad inmueble porque se legara en testamento a instituciones religiosas o de beneficiencia. En tal caso, si las acciones del banco se consideraban personal property (muebles), el legado era válido. Si se consideraban inmuebles, el legado era nulo. Al carecer la compañía de personalidad jurídica (era unincorporated), los inmuebles eran de los accionistas y las acciones representaban la cuota-parte del accionista en cada inmueble

La conversión de las acciones en valor mobiliario

A lo largo del siglo XVIII, en la bolsa solo cotizaba la deuda pública y unas pocas compañías. Las cosas cambiaron drásticamente a partir de mediados de la década de 1820 con el auge de las inversiones ferroviarias. Para 1842, el Railway Times alcanzaba los 27.000 ejemplares. El éxito excepcional (y excepcionalmente rápido) del ferrocarril en Gran Bretaña aseguró un crecimiento extraordinario de la inversión en sociedades por acciones y su consecuente despersonalización. Las acciones se convirtieron en una mercancía negociable, y ya no en la manifestación tangible de la pertenencia a una sociedad.

Conclusión

Decir que «el derecho importa» es, históricamente, una perogrullada vaga. Vaga, porque primero habría que definir qué se entiende por «derecho»; y perogrullada, por razones —al menos para un jurista— demasiado obvias para ser discutidas. Con la Ley de de Sociedades de 1844, el número de compañías se duplicó con creces en un año. Diez años después, con la introducción de la responsabilidad limitada general en 1855-56, su número se triplicó. El derecho importa. Sin embargo, abogar por una reevaluación de la centralidad de la personalidad jurídica en el desarrollo tanto de la economía como del derecho mercantil no significa defender la marginalidad del derecho. Es simplemente una invitación a observar el desarrollo y la aplicación de todas las reglas (y no solo las dictadas por el legislador) dentro de su contexto histórico, institucional y, especialmente, económico. No existe una razón jurídica o económica clara para la supremacía de la corporación moderna frente al trust o la sociedad colectiva. Razones geopolíticas (y, por tanto, esencialmente contingentes) llevaron a los gobiernos a favorecer inicialmente a las corporaciones hasta principios del siglo XVII; las guerras y los conflictos políticos provocaron su relativo declive y el resurgimiento de los trusts y las sociedades en el siglo siguiente. Para cuando estalló el auge del ferrocarril, la brecha entre las corporaciones, por un lado, y los trusts y sociedades, por otro, se estaba cerrando, aunque las corporaciones aún gozaban de una ventaja marginal. No es descabellado pensar que un retraso de treinta años en el auge ferroviario del siglo XIX habría llevado a los actuales estudiosos del derecho de sociedades a defender el triunfo progresivo pero irresistible del trust como la mejor forma jurídica para una empresa mercantil... la historia de la mayoría de las sociedades inglesas de ese periodo (previo al siglo XIX) es, en efecto, una aplicación específica de los trusts a las compañías de comercio, mientras que el objeto tradicional de los trusts eran las tierras.

Guido Rossi, Companies and Company Law in England, 16th to 19th Centuries: Legal Personality, Limited Liability and Pink Unicorns, p. 177-196

Entradas relacionadas

Watson sobre la evolución de la sociedad anónima
¿Hicimos la revolución industrial sin sociedades anónimas?
El business trust (o la extended partnership) como sociedad anónima irregular
El trust y la sociedad
Standard Oil Trust
Cuando el Derecho de Sociedades y el Derecho de Asociaciones eran uno solo: EE.UU en el siglo XIX
Grandes debates en el Derecho de Sociedades: la personalidad jurídica y la corporación*
La construcción de la personalidad jurídica: la formación del patrimonio separado de las sociedades mercantiles
El trust, la persona jurídica y el patrimonio de afectación
La historia de la sociedad anónima alemana

Gierke sobre las asociaciones no inscritas

2026-05-12T11:48:31.324+02:00

A la vez, un ejemplo de cuándo utilizar la inteligencia artificial reduce la productividad

Gierke dedicó un artículo bastante largo a explicar las asociaciones sin personalidad jurídica del § 54 del B.G.B, norma de la que me he ocupado ya en otras ocasiones en el blog. El § 54 ha sido derogado pero decía solo dos cosas. Que a la asociación no inscrita se le aplicaba el régimen de la sociedad civil y, en su segunda frase, que, como sociedad irregular, de sus deudas respondían los actuantes. Gierke resume la segunda frase del § 54 del B.G.B. diciendo algo así como lo que decimos de la publicidad registral: que está ahí para beneficiar a los terceros. El tercero que contrata con la asociación no inscrita puede considerarla como una "nada" y hacer que respondan del contrato los actuantes. Pero también puede considerarla como una asociación con capacidad jurídica en cuanto "a la posibilidad de ser demandada, la ejecución forzosa sobre el patrimonio y el concurso". (v., también, esta entrada del Almacén).

El artículo de Gierke tiene mucho interés porque dice mucho de la concepción de la asociación y la sociedad que tenía el gran jurista alemán. Y como el artículo está en letra gótica y resulta difícil leerlo, he tratado de que gemini me lo transcriba. Ha sido imposible. Varias horas después, no estoy seguro de que la transcripción se corresponda con el original. El problema, me ha explicado Gemini, es que en su "memoria" Gemini tiene todos los artículos escritos por Gierke y los utiliza, probabilísticamente para adivinar qué palabra viene a continuación cuando el texto original que ha de transcribir es difícil de leer como ocurre con los escritos en letra gótica. Te da un resultado que no falsifica el pensamiento de Gierke pero que no reproduce el texto que se le ha entregado.

Lo más interesante del artículo de Gierke es cómo "pasa" del legislador. Aunque el legislador dice expresamente que a la asociación no inscrita se le apliquen las reglas del contrato de sociedad, Gierke dice que no se quiere decir eso. Con Gierke empezó una tradición en la dogmática alemana que llevó a la derogación del precepto, primero material y finalmente, más de un siglo después de su promulgación, formal. Gierke se explaya en describir cómo pueden aplicarse las normas del contrato de sociedad a una asociación sin que ésta deje de serlo.

Tras describir qué asociaciones renunciarán a la inscripción en el registro con más probabilidad (muchas recreativas y sobre todo las religiosas y políticas) explica que la falta de inscripción no altera la naturaleza jurídica de la asociación. Y aduce, como prueba, por ejemplo, que el § 54 se aplica también a las asociaciones que actúan antes de la inscripción y a las que pierden su "capacidad jurídica" "por apertura de concurso (§ 42) o porque se le retira la capacidad jurídica (§§ 43-44, 73-74) y es evidente que, en ambos casos, la asociación sigue existiendo. Si se procede a la liquidación, dice Gierke que puede ocurrir que el patrimonio se asigne a los socios existentes en ese momento lo que ocurrirá si así lo prevén los estatutos y que se les asigne "en mano común", es decir, no como cuota de liquidación individual. De manera que una asociación sin personalidad jurídica "sucedería" a la asociación liquidada:

"Con ello se satisface el mandato de una sucesión jurídica, exigido inexorablemente por la desaparición de la persona jurídica que hasta entonces era sujeto del patrimonio, tan bien como si el patrimonio recayera en todos los miembros existentes por partes iguales". Es más, "si por previsión de los estatutos se hubiera excluido la adjudicación a la totalidad de los miembros, o incluso si los estatutos se hubieran redactado de forma tan imprudente que la adjudicación se produjera a favor del Fisco, la asociación aún podría continuar existiendo sin patrimonio".

O sea, que Gierke admite que existen las asociaciones "internas". En ambos casos,

"A pesar del cambio de subjetividad jurídica así inevitable, la asociación sin capacidad jurídica sucede a la asociación con capacidad jurídica no es una asociación nueva, sino la antigua asociación degradada por la retirada del reconocimiento legal de su personalidad. Exactamente igual al caso inverso, en el que la asociación sin capacidad jurídica sigue siendo la misma asociación cuando adquiere capacidad jurídica por inscripción o concesión, aunque con su elevación la persona jurídica ahora reconocida suceda en los derechos y obligaciones a los miembros tomados conjuntamente (como comuneros de una comunidad en mano común).

De estos extractos se deduce ya que Gierke considera que hay asociación con independencia de la inscripción registral. Que de esta inscripción sólo depende la adquisición de la condición de Persona Jurídica, pero esta condición no es imprescindible para que la asociación disfrute de capacidad jurídica y de obrar porque ambas la tienen las sociedades de personas a través de la "comunidad en mano común" o Gesamthand.

En todo caso, para que las disposiciones sobre asociaciones sin capacidad jurídica puedan encontrar aplicación, debe existir una asociación. ¡Una asociación, no una mera sociedad! En la medida, ciertamente, en que solo esté en cuestión la regla fundamental que somete a la asociación sin capacidad jurídica al derecho de sociedades, esta distinción no tiene una importancia inmediata.

Pero para la asociación sin capacidad jurídica rigen, en efecto, disposiciones especiales divergentes que, naturalmente, solo pueden aplicarse a asociaciones y nunca a sociedades. Y estas son lo suficientemente importantes como para asegurar a la delimitación entre asociación y sociedad una relevancia práctica considerable.

Obsérvese que Gierke niega al legislador el "poder" para cambiar la "naturaleza jurídica" de la asociación. A pesar de que el precepto dice que a la asociación no inscrita se le aplica el régimen de la sociedad civil, Gierke niega que eso "transforme" una asociación en sociedad. Y, a partir de ahí, explica

las diferencias de esencia entre una asociación y una sociedad.

Aquí, Gierke se pone "oscuro". Comienza explicando que no hay definición legal de la asociación y que la "definición legal" de sociedad que se oculta tras la dicción del § 705 BGB es tan abstracta que también encaja con las asociaciones. Niega que la "característica decisiva" de la asociación tenga que ver con la "naturaleza del fin".

Tanto las sociedades como las asociaciones pueden perseguir fines ideales o materiales, de utilidad pública o de utilidad particular; pueden establecer una explotación comercial económica como fin o como medio, o no establecerla en absoluto;

Tampoco es decisivo aunque sí importante, la existencia de una denominación para la asociación ni el número de miembros. Incluso es concebible una sociedad que se abra a la entrada de nuevos socios como es típico de las asociaciones. Tampoco considera lo esencial la independencia de la asociación respecto de sus miembros, esto es, respecto de cambios en su membresía. Dice que "también puede acordarse la continuación de una sociedad cuando se produce el cambio de los socios". Ni siquiera la estructura organizativa le parece lo esencial. La asociación tiene órganos, sí, una junta directiva y una asamblea, pereo también la sociedad puede organizarse así y puede establecer la adopción de acuerdos por mayoría.

Por lo tanto, solo queda considerar como característica decisiva de la asociación una institución que aparezca, según el conjunto de su contenido, como una constitución corporativa. Un vínculo es una asociación cuando está organizado de tal manera que se presenta frente a sus miembros como un todo unitario especial y se manifiesta y es tomado como tal en el tráfico jurídico. En otras palabras: una asociación sin capacidad jurídica es una corporación no reconocida como corporación por el ordenamiento jurídico, una formación que sería corporación si rigiera el sistema de libre formación de corporaciones.

En alemán:

Ein Verband ist ein Verein, wenn er so organisiert ist, dass er seinen Mitgliedern als besonderes einheitliches Ganzes gegenübertritt und im Verkehr als solches sich gibt und genommen wird. Mit anderen Worten: ein nicht rechtsfähiger Verein ist eine von der Rechtsordnung nicht als Körperschaft anerkannte Körperschaft, ein Gebilde, das Körperschaft wäre, wenn das System der freien Körperschaftsbildung gälte.

Y añade:

Siempre se ha alegado como razón principal contra el sistema de libre formación de corporaciones que este provoca una incertidumbre insoportable sobre si existe o no una persona jurídica. Esta incertidumbre ha sido ahora, ciertamente, eliminada por el sistema del B.G.B., pero surge de nuevo en otro lugar bajo una nueva forma. El poder de la vida acredita su superioridad sobre el arte legislativo formal.

En estos párrafos se encierra la discusión dogmática sobre la naturaleza de las personas jurídicas. Recuérdese que Gierke (Deutsches Privatrecht, I, p 472 apud, Karl Haff, Institutionen der Persönlichkeitslehre und des Körperschaftsrechts, zugleich ein Lehrbuch zum Personenrecht des BGB und schweizerischen ZGB, Zurich, 1918) concebía a las corporaciones - personas jurídicas como auténticos seres vivos, organismos: «Al igual que la unidad vital del individuo, también la asociación humana debe considerarse una "unidad vital natural e igualmente real". Una asociación de seres humanos "articula una suma de individuos en un todo nuevo y autónomo". Las corporaciones de base personal (no las fundaciones, solo las asociaciones) son un "ser vivo que, como tal, tiene voluntad y actúa"».

"Wie die Lebenseinheit des Individuums, so soll auch der menschliche Verband eine 'natürliche und ebenso wirkliche Lebenseinheit' bilden. Der menschliche Gattungsverband soll 'eine Summe von Individuen zu einem neuen und selbständigen Ganzen zusammenfügen". Las corporaciones de base personal (no las fundaciones, sólo las asociaciones) son un "lebendiges Wesen, das als solches will und handelt"

Haff critica con razón a Gierke cuando este acepta que estos organismos «desde luego, solo pueden actuar como unidad no sensible que son a través de órganos constituidos por hombres individuales». Si es así, dice Haff, resulta que «un organismo de tal naturaleza, en cuanto ser que actúa y tiene voluntad de forma autónoma, representa una ficción; es decir, la suposición de algo inexistente. Si la persona social realmente solo puede actuar "a través de sus órganos", ¿qué queda entonces de la autonomía, de lo viviente del organismo social?». Se finge un ser vivo que tiene voluntad y capacidad de actuación.

Pero me interesa destacar que encierran también la relación entre los conceptos de "corporación" y "persona jurídica". Gierke acusa al Código de confundir ambos conceptos que él separa: la asociación sin personalidad jurídica es una corporación. Pero no es una persona jurídica. Pero tiene capacidad jurídica y de obrar, solo que la adquiere a través del Derecho de sociedades. Así, dice Gierke que, aunque el § 54, diga que "A las asociaciones que no son capaces jurídicamente se les aplican las disposiciones sobre la sociedad".

La asociación no es una sociedad. Es, más bien, según su verdadera esencia, una corporación. El B.G.B. reconoce esto de forma inequívoca al denominarla con el mismo nombre que a las corporaciones reguladas por él y al ocuparse de ella en medio de la doctrina de las personas jurídicas. Las asociaciones con y sin capacidad jurídica son asociaciones; se distinguen por la medida desigual de eficacia que el ordenamiento jurídico otorga al mismo supuesto de hecho, pero siguen siendo esencias de la misma clase; la misma asociación puede pertenecer temporalmente a una o a otra clase en el curso de su existencia sin perder su identidad como asociación.

Que el BGB diga que debe ser tratada "como si fuera una sociedad" implica reconocer implícitamente que la asociación no inscrita no es una sociedad. Es una asociación.

A pesar de ello, la asociación debe ser tratada como si fuera una sociedad. El ordenamiento jurídico establece conscientemente el mandato contradictorio de juzgarla como si fuera algo que no es.

Con ello,

Obliga a una reinterpretación jurídica de la relación vital real y al sometimiento de todas las relaciones jurídicas que de ella emanan a conceptos que no fueron proyectados originalmente para ellas y que no son adecuados para ellas en sí mismos. De esto se deduce que la aplicación de las disposiciones sobre la sociedad debe ocurrir de la manera en que mejor se concilie con la esencia verdaderamente corporativa de la asociación, que mejor haga justicia a la intención de los interesados dirigida a la creación de una corporación y que más asegure en el tráfico con terceros el resultado que se espera según las reglas de la buena fe.

Con esta introducción, Gierke se aplica a explicarnos cuál es la esencia de una asociación pero antepone que la remisión a la sociedad no daña demasiado porque "la sociedad misma ha sido moldeada por el BGB de tal forma que, incluso en su configuración normal, se aproxima a una corporación". Esta afirmación sorprende al lector que no haya leído cuidadosamente la frase que he transcrito más arriba:

Un vínculo es una asociación cuando está organizado de tal manera que se presenta frente a sus miembros como un todo unitario especial y se manifiesta y es tomado como tal en el tráfico jurídico.

La asociación es, para Gierke un "ente" - un organismo - que se presenta frente a sus miembros y frente a terceros como "un todo unitario" separado de cualquier otro. Y, si se reconoce que la Gesamthand es una forma de personificación, algo parecido pero más leve puede predicarse de la sociedad civil o de la sociedad colectiva:

Pues aunque está regulada en la parte del Codigo dedicada al derecho de contratos, aparece —en virtud de la ejecución del principio de la "mano común" [gesamte Hand]— no como una relación puramente de derecho de obligaciones al igual que la societas romana, sino al mismo tiempo como una relación correspondiente al derecho de la personay, por consiguiente, dotada también de una eficacia inmediata de derecho de cosas.

Ermöglicht wird ein derartiges Verfahren vor Allem dadurch, dass die Gesellschaft selbst vom B.G.B. in eine Form gegossen ist, vermöge deren sie auch bei normaler Ausgestaltung sich einer Körperschaft nähert. Denn obschon sie im Recht der Schuldverhältnisse geregelt ist, erscheint sie doch kraft der Durchführung des Prinzips der gesamten Hand nicht gleich der römischen societas als rein obligationenrechtliches, sondern zugleich als personenrechtliches und folgeweise auch mit unmittelbar sachenrechtlicher Wirksamkeit ausgestattetes Verhältnis.

La última frase es muy reveladora: porque la asociación y la sociedad son, en alguna medida, "personas", pueden poseer cosas, o sea, disfrutar de la condición de propietario y titular de derechos reales. La doctrina patrimonialista de la personalidad entra por la ventana cuando Gierke la quiere expulsar por la puerta de la "entidad".

Pero esta no es la única consecuencia de la aplicación del régimen de la sociedad a la asociación. A continuación, Gierke desarrolla todo el régimen jurídico de la asociación no inscrita en aplicación de las normas del contrato de sociedad. De modo que

1.- El negocio jurídico por el que se constituye una asociación (inscrita) no es un contrato de sociedad, sino un "acto conjunto constitutivo". Pero, en la asociación no inscrita... "debe concebirse como un contrato de sociedad" porque lo dice el legislador. Sucede, sin embargo que "este contrato, al establecer una vinculación de derecho de personas, contiene algo de un acto de unión". O sea, que el contrato de sociedad "nos vale" como algo semejante a un "acto conjunto constitutivo".

2.- Los estatutos de una asociación inscrita no son cláusulas contractuales. Son "estatutos". Los de una asociación no inscrita "no son, en sentido jurídico, estatutos, sino un conjunto de disposiciones contractuales". Pero, de nuevo, da igual "la fijación contractual adquiere un carácter autónomo a través del poder que se le confiere de provocar y normar una comunidad de voluntad duradera".

3.- Los miembros de una asociación inscrita son "integrantes de un todo superior a ellos", pero los de una asociación no inscrita, como se les aplica el contrato de sociedad, son "socios". Lo que pasa es que, tampoco importa porque, como socios "son los cotitulares de un ámbito de poder común separado de sus ámbitos individuales", es decir, también en la sociedad hay separación entre el patrimonio personal del socio y el patrimonio social.

4. Los órganos de una asociación inscrita no son meros mandatarios o apoderados, esto es, no son representantes voluntarios. Ahora bien, por mandato legal, los de una asociación no inscrita "aunque son órganos, no deben ser tratados como órganos, sino solo como mandatarios y apoderados; pero su posición se aproxima a la posición de órganos debido a que su principal (o sea, los socios) es una pluralidad de personas vinculadas en mano común" (o sea, los socios son cotitulares del patrimonio social porque éste es, no una comunidad romana sino comunidad en mano común, v., infra 6).

5. La asociación inscrita es persona jurídica. La asociación no inscrita, "no tiene personalidad, no es en absoluto un sujeto de derecho, sino una relación jurídica; pero esta relación jurídica une a los participantes en una unidad personal". O sea que, a efectos prácticos, también da igual.

6. El patrimonio de la asociación inscrita es de la asociación y el de la asociación no inscrita es el patrimonio de una sociedad "no pertenece a la asociación como tal, sino a los miembros respectivos; pero, como patrimonio social, es un patrimonio especial separado del resto del patrimonio de los socios para el fin social, común a los socios en participaciones no divididas, que se aproxima a un patrimonio corporativo".

Esto es lo que se llama "desarticular" una norma jurídica. Pero el ingenio de Gierke no se agota ahí. A continuación explica que, como el régimen jurídico de la sociedad civil es tan flexible y como la asociación no inscrita es por esencia un organismo (que "se presenta frente a sus miembros como un todo unitario especial y se manifiesta y es tomado como tal en el tráfico jurídico"), la aplicación de las normas del contrato de sociedad no daña. Basta con prescindir de ellas cuando convenga, apelando a la voluntad hipotética de los miembros de la asociación o apelando a su carácter dispositivo.

Que las disposiciones legales sobre la sociedad sean lo suficientemente flexibles como para permitir al contrato de sociedad romper el marco de la sociedad, es una peculiaridad que debe aceptarse como una consecuencia absolutamente inevitable del sometimiento de las asociaciones al derecho de sociedades.

Así que la estrategia es la de "pasar" de las normas de la sociedad civil y aplicar supletoriamente las de la asociación. Como las normas de la sociedad civil son dispositivas, no hay ningún obstáculo y se respeta mejor la voluntad hipotética de los miembros de la asociación.

Así, por ejemplo, a Gierke le parece obvio que los miembros de una asociación no inscrita carecen de la facultad de denuncia unilateral que es de la esencia del contrato de sociedad (art. 1705 - 1707 CC) y que la entrada y salida de miembros es libre, de manera que si los miembros de la asociación no inscrita no lo regulan expresamente en sus estatutos, derogando las normas legales del contrato de sociedad, hay que "darlos por pactados tan pronto como conste la intención de formar una asociación". Es imprescindible para dotar

"a la asociación una existencia independiente de la individualidad de los miembros y que permanezca igual ante su cambio... ...Para la asociación no inscrita resultaría una construcción jurídica verdaderamente monstruosa y que se burlaría de la vida si se considerase necesaria su disolución y creación de una nueva ¡cada vez que se admite a un miembro!

Tampoco es imaginable

Una participación transferible... Más bien, se crea una nueva participación. Pero la concesión de tal participación es una pieza conceptualmente necesaria del contrato de admisión.

Y, en cuanto a la adopción de acuerdos

De la naturaleza asociativa del vínculo se deriva, además, que la voluntad común se forma mediante acuerdos de la asamblea de miembros. El B.G.B. [Código Civil Alemán] prevé para la sociedad el principio de la unanimidad (§ 709). Sin embargo, este principio es absolutamente incompatible con la esencia de una asociación de mayor tamaño. Por lo tanto, en toda asociación no inscrita debe considerarse acordada la validez de los acuerdos por mayoría, al menos para los asuntos de la administración ordinaria, siempre que el estatuto no disponga expresamente lo contrario. La mayoría se determina, a falta de otra disposición, según el número de cabezas de los miembros presentes en la asamblea convocada conforme a los estatutos.

Y en cuanto a la representación de la asociación

Igualmente necesaria es la formación de una junta directiva. Mientras que en la sociedad, según la regla legal, todos los socios son gestores y representantes, en la asociación estas funciones se transfieren regularmente a individuos o a un comité más estrecho. El nombramiento de la junta directiva constituye un otorgamiento de poder por parte de la totalidad de los miembros. Dado que los miembros de la asociación están vinculados en mano común [gesamte Hand], la junta directiva actúa con efecto inmediato para y contra todos los miembros en lo que respecta al patrimonio social.

El alcance del poder de representación se rige por el estatuto. Sin embargo, frente a terceros, la limitación del poder de representación de la junta directiva solo es eficaz si el tercero la conocía o debía conocerla.

Como se ve, la asociación no inscrita no es, para Gierke, una sociedad. Es una asociación y su régimen supletorio no es el del contrato de sociedad. Es el mismo que el que rige para las asociaciones inscritas salvo en las reglas del § 54 que he incluido al comienzo.

El patrimonio de la asociación no inscrita

pertenece, según Gierke, a los miembros "en mano común".

Esto significa que los miembros son cotitulares de todos los derechos que componen el patrimonio, pero de tal manera que ningún miembro puede disponer individualmente de su participación ni exigir la división del patrimonio mientras dure la asociación. Todo lo que se adquiere para la asociación mediante negocios jurídicos de la junta directiva, o lo que los miembros aportan a la asociación, se convierte en patrimonio en mano común. El cambio de miembros no afecta la unidad del patrimonio. Mediante la cláusula de continuación implícita en todo estatuto asociativo, el miembro que sale pierde su posición de cotitular y el miembro que entra la adquiere automáticamente. En el tráfico jurídico, el patrimonio social responde de las deudas de la asociación.

El acreedor de la asociación puede dirigirse contra el patrimonio en mano común. Para ello, según el nuevo derecho procesal (§ 50 Z.P.O.), basta con demandar a la asociación bajo su nombre. La sentencia obtenida contra la asociación permite la ejecución forzosa en el patrimonio de la asociación (§ 735 Z.P.O.).

¿Responden los miembros de la asociación no inscrita de las deudas de la asociación?

Gierke dice que el § 54 solo impone - como ocurre en todas las sociedades de capital no inscritas - la responsabilidad de los actuantes

Esta disposición tiene como objetivo proteger al tercero que contrata con una formación que carece de personalidad jurídica. Dado que la asociación no es un sujeto de derecho, el legislador vincula la responsabilidad a la persona física que manifiesta la voluntad en el tráfico jurídico... Todo aquel que realice un negocio jurídico "en nombre de la asociación" queda obligado personalmente. No importa si es un miembro de la junta directiva, un apoderado o un simple miembro; lo decisivo es la actuación externa en nombre del grupo. Si son varios los que intervienen en el acto, su responsabilidad es solidaria.

Sobre el destino del patrimonio a la liquidación de la asociación no inscrita, Gierke dice que "el patrimonio de la asociación disuelta puede someterse a los mismos destinos que el patrimonio de una asociación con capacidad jurídica"

Otto Gierke, Vereine ohne Rechtsfähigkeit nach dem neuen Rechte, Zweite, ergänzte Auflage. Berlin, 1902.

Citas: Fukuyama, Montesquieu, David Reich, Popper, Nada es Gratis,

2026-05-12T10:58:01.694+02:00

Breve

Es posible que el TEDH dé un revolcón merecido a los cuatro magistrados del TC desequilibrados e ignorantes que denigraron en su sentencia a un padre inocente y a una magistrada ejemplar.

“Un método que permita detectar y eliminar las noticias falsas podría destruir con facilidad las ilusiones en las que está basado el progreso”.

"La libertad de enriquecerse es un derecho para todos, y el Estado no tiene el deber de enriquecer a nadie, sino de dejar a todos la libertad de enriquecerse a través de su trabajo y su industria" Juan Bautista Alberdi, padre de la constitución argentina de 1853

Fukuyama sobre las sociedades de alta confianza

Sostengo que España evolucionó hacia una sociedad de alta confianza a partir de la transición y que la izquierda y los nacionalistas nos han precipitado hacia lo que siempre fuimos, una sociedad cuyos miembros - los españoles - desconfían unos de otros y, sobre todo, de las instituciones (v., esta, esta y esta entradas). La comparación entre Madrid y Barcelona en este punto es significativa. La entrada masiva de individuos procedentes de sociedades de baja confianza en sociedades de alta confianza es letal para ésta. Dice Fukuyama:

No todas las sociedades tienen la bendición de contar con altos niveles de confianza institucional o de una confianza generalizada entre sus ciudadanos. Hace muchas décadas, el científico social Edward Banfield describió un pueblo en el sur de Italia que, según él, se caracterizaba por lo que denominó “familismo amoral”. En una sociedad de este tipo, las personas solo confiaban en los miembros de su familia nuclear inmediata; los extraños eran vistos como amenazas potenciales y se les mantenía a distancia.

Como resultado, el sur de Italia carecía en gran medida de la clase de asociaciones voluntarias que abundaban en el norte: clubes de fútbol, periódicos, sociedades de autoayuda, sindicatos y otras organizaciones que daban textura a la vida cívica. Las dos organizaciones que prosperaron en el sur fueron la Iglesia Católica y la Mafia. Esta última fue el resultado directo de la desconfianza: debido a un débil Estado de derecho y a la desconfianza en el gobierno, los socios comerciales no podían confiar en que el Estado hiciera cumplir los contratos o protegiera sus derechos de propiedad. Tenían que recurrir a los mafiosi —también conocidos como “hombres de honor”— para amenazar con el uso de la violencia en su nombre.

Este tipo de ejecución privada de la ley conduce naturalmente a una mayor violencia general, a medida que los protectores se convierten en extorsionadores. Esta patología es evidente no solo en el sur de Italia, sino en muchas partes de América Latina y Asia. Por el contrario, Dinamarca y el resto de Escandinavia se entienden correctamente como sociedades de “alta confianza”. Esa confianza se extiende tanto horizontalmente entre los ciudadanos, como verticalmente en la relación de los ciudadanos con el Estado. Cualquier persona que viva en esta región sabe que el crimen, la corrupción, el fraude, la traición y la deshonestidad existen allí como en cualquier otra sociedad, pero el nivel agregado de estas disfunciones es mucho menor que en, digamos, el sur de Europa.

El cierre de Nada es Gratis

Nada es Gratis había perdido lectores pero - decían - había ganado en rigor y diversidad. Sus críticos decían que había perdido interés y se había hecho woke. Y, finalmente, ha cerrado. (Cerró en marzo pero me he enterado hoy 8 de mayo). Dicen Cabrales y Bentolilla

"Pero Nada es Gratis y hacer esto cuesta dinero. Hay que pagar el servidor y otros gastos operativos. Aunque los socios ponemos nuestras cuotas de la Asociación, no es suficiente. Y las donaciones no alcanzan. En realidad, es natural. Los medios de comunicación cambian. Y las formas son diferentes. Ahora los jóvenes se informan y discuten de otras maneras

Hacer un blog no cuesta apenas dinero. El Almacén de Derecho y este blog se mantienen prácticamente del aire. El problema será, más bien, que Nada es Gratis ha dejado de ser interesante para los lectores. En este blog, la última referencia a una entrada en Nada es Gratis es de 2014. Y la sospecha es que, quizá, lo que ha dejado de ser interesante es lo que estudian los académicos que publicaban los resultados de su trabajo en el blog. Pero son todo especulaciones porque, como digo, prácticamente no he vuelto a visitar Nada es Gratis desde 2014.

¿La teniente fiscal de la fiscalía general no sabe lo que hay que hacer cuando uno se encuentra en conflicto de interés?

La culpa la tiene el Supremo por permitir que la fiscalía actuara como el segundo abogado defensor de García Ortiz. Y el Tribunal Constitucional debería amparar a la víctima del delincuente García Ortiz e impedir la participación de la fiscalía en el proceso de amparo. ¿Qué creen que va a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando la víctima de García Ortiz acuda a él denunciando que no tuvo un juicio justo porque el Estado - a través de la Abogacía del Estado - y el fiscal - órgano encargado de defender la legalidad y perseguir el delito actuó como abogado del delincuente en un intensísimo conflicto de interés que se ha mantenido con el nombramiento de la sectaria Peramato quien, ya desde su nombramiento, expresó su admiración y gratitud al delincuente fiscal general.

Hoy presentamos una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro de España.

La acusación es clara: España transfirió componentes de doble uso vinculados a explosivos al régimen iraní. Estos no son materiales inofensivos. Son partes críticas que permiten que las armas funcionen, y su uso contra civiles era previsible. Bajo el derecho internacional, proporcionar tales componentes puede convertir a los responsables en cómplices de crímenes de guerra. Irán arma a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes, todos ellos atacando a civiles. Al mismo tiempo, la demonización de Israel por parte de España ha hecho que el antisemitismo no solo sea tolerado, sino políticamente legitimado. Un gobierno no puede pretender defender los derechos humanos mientras suministra a un régimen terrorista. La responsabilidad no alcanza solo a quienes disparan las armas. Llega a quienes lo hacen posible. La ley debe aplicarse a todos.

Karl Popper

Cuando pensaba en el futuro, soñaba con fundar algún día una escuela donde los jóvenes pudieran aprender sin aburrirse; en los que se les animaba a plantear y debatir problemas; una escuela en la que no se les obligara a escuchar respuestas no solicitadas a preguntas no formuladas, en las que no se estudiaba para aprobar exámenes sino para aprender algo.

Montesquieu

La mejor aristocracia es aquella en la que la porción de personas que no tiene parte del poder es tan pequeña y tan pobre que la porción dominante no tiene interés en oprimirla.

«El poder del clero es tan conveniente en una monarquía —especialmente en aquellas que tienden al despotismo— como peligroso resulta en una república. ¿Qué habría sido de España y Portugal tras la pérdida de sus cuerpos intermedios sin este poder, el único capaz de refrenar la autoridad arbitraria? Siempre constituye una barrera útil cuando no existe otra; pues dado que el despotismo inflige males terribles a la naturaleza humana, incluso el mal que lo limita resulta un bien.»

«Es evidente que en una monarquía, donde el encargado de ejecutar las leyes se cree por encima de la ley, se necesita menos virtud que en un gobierno popular, donde quien las ejecuta sabe que está sometido a ellas y que sufrirá su peso.»

«Es manifiesto que un monarca que, por mal consejo o negligencia, deja de vigilar la ejecución de las leyes, puede reparar fácilmente el mal: solo tiene que nombrar a otros consejeros o corregir su negligencia. Pero cuando en un gobierno popular las leyes han dejado de ejecutarse, como quiera que esto solo puede proceder de la corrupción de la república, el Estado está ya perdido.»

... Hay dos clases de corrupción: una, cuando el pueblo no observa las leyes: otra, cuando es corrompido por las leyes, mal incurable este último porque radica en el remedio mismo... La atrocidad de las leyes impide su ejecución. Cuando la pena es desmedida, es preciso muchas veces optar por la impunidad...

«Un impostor (4), llamado Constantino Ducas, promovió un gran levantamiento en Constantinopla. Fué preso y condenado á azotes; pero, habiendo acusado á personas principales, le condenaron á ser quemado vivo como calumniador.» Es extraño que se proporcionaran de este modo las penas entre el delito de lesa majestad y el de calumnia. Esto nos hace recordar una frase de Carlos II, rey de Inglaterra, el cual, viendo, al pasar, á un hombre puesto en la argolla: «¿Por qué está allí? dijo,—Señor, le contestaron, porque ha escrito libelos tonta los ministros de V. M.—¡Valiente tonto! exclamó el rey. ¿Por qué no los escribió contra mí? Nada le hubieran hecho». Setenta personas conspiraron contra el emperador Basilio. (1) Mandó éste que las azotasen y les quemaran el pelo y la barba. Habiéndole cogido con sus astas un ciervo por el cíngulo, uno de su séquito sacó la espada, cortó el cíngulo y libró al emperador. Basilio le hizo decapitar por haber, dijo, sacado la espada contra él. ¿Quién podría pensar que en tiempo del mismo príncipe se dictaran estas dos sentencias?

Es contrario á la razón y á la naturaleza que las mujeres manden en la casa, como ocurría entre los egipcios, pero no lo es que gobiernen un imperio. En el primer caso, la debilidad propia de su sexo no les permite ocupar el primer lugar; en el segundo, esta misma debilidad les da más dulzura y moderación, cualidades más á propósito para constituir un buen gobierno que las virtudes rudas y feroces.

Brian Albrecht nos recuerda que no somos caballos que seremos desplazados por los automóviles

El argumento de que la inteligencia artificial convertirá a los trabajadores humanos en obsoletos, tal como el tractor hizo con los caballos, ignora la complejidad de la contabilidad económica y el comportamiento del consumidor. Para que el "escenario del caballo" se cumpla, la demanda de trabajo humano debería llegar a cero absoluto, lo que significaría que ni un solo centavo de cualquier gasto en la economía terminaría en manos de una persona en ningún punto de la cadena de suministro. Sin embargo, la economía no es un modelo estático de una sola función de producción, sino un ecosistema de diversas actividades donde el ahorro generado en un área necesariamente se desplaza hacia otra.

A nivel de tareas, si bien la IA demuestra una capacidad impresionante para reducir tiempos en programación o redacción, un empleo es mucho más que una lista de deberes. La implementación real enfrenta barreras de confianza, responsabilidad legal y reorganización institucional. En sectores de alto riesgo como la cirugía o la ingeniería estructural, el costo de un error es tan elevado que el ahorro de la automatización no compensa el riesgo, lo que mantiene al humano como un componente esencial de control. Además, la evidencia histórica en sectores intensivos en software muestra que la automatización no ha destruido el empleo; por el contrario, estas industrias suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos a salarios humanos que las industrias menos digitalizadas, ya que el efecto de escala y la expansión de la producción terminan tirando de la demanda laboral.

Un punto crucial es hacia dónde se dirige el dinero que las empresas y consumidores ahorran gracias a la IA. Históricamente, cuando la producción de bienes físicos se volvió barata, el gasto migró hacia los servicios, como la salud, la educación y el ocio, que son sectores con una alta intensidad de mano de obra. Este desplazamiento se debe a la ventaja comparativa: el capital fluye hacia aquello que sigue siendo difícil de automatizar. Aunque teóricamente la IA podría expandir su variedad de servicios hasta competir en casi todo, existen fuerzas psicológicas que protegen el trabajo humano. Los datos sobre el comportamiento del consumidor indican que, a medida que las personas se enriquecen, prefieren gastar en bienes "relacionales" y experiencias donde la presencia humana aporta un valor de exclusividad y estatus que la IA, por su naturaleza de replicabilidad infinita, no puede ofrecer.

En última instancia, incluso si la IA llegara a dominar el 85% de la economía, el gasto restante en cuidados, educación presencial, artes o servicios de estatus sería suficiente para sostener una demanda laboral significativa. La caída en la participación del trabajo dentro del pastel económico no equivale a una caída en la demanda total si el tamaño del pastel crece lo suficiente. El desenlace tipo "caballo" requeriría que el dólar ahorrado no encontrara absolutamente ningún destino con un humano vinculado, una posibilidad que contradice la evidencia histórica de cambio estructural, los efectos de ingreso y la preferencia humana por la escasez auténtica.

David Reich y la evolución humana desde la revolución agrícola en el podcast de Dwarkesh Patel

Él y su colaborador Ali Akbari acaban de publicar un artículo que derriba un consenso de larga data sobre la evolución humana: que la selección natural ha estado inactiva en nuestra especie desde la revolución agrícola. Al escalar la secuenciación de ADN antiguo y desarrollar un nuevo método estadístico, encontraron que la selección natural en la especie humana en realidad se ha acelerado. La selección se desbocó especialmente durante la Edad del Bronce (hace unos 3.000 años). Fue entonces cuando las frecuencias génicas de todo, desde la función inmune hasta la grasa corporal y la inteligencia, se mostraron más dinámicas. En los últimos 10.000 años, la selección impulsó el predictor genético del rendimiento cognitivo hacia arriba en aproximadamente una desviación estándar completa —la mayor parte de ello entre hace 4.000 y 2.000 años. Después de terminar la grabación, David esbozó en una pizarra su nuevo modelo herético sobre quiénes eran realmente los neandertales... Él piensa que la historia estándar (que los neandertales son alguna línea arcaica separada con la que nos entrecruzamos un poco) simplemente no encaja con la evidencia. En cambio, propone que los neandertales son esencialmente humanos modernos asimilados genéticamente. Una pequeña población en algún lugar alrededor del Cáucaso inventó la tecnología de la Edad de Piedra Media hace aproximadamente 300.000 años y se expandió. Los que se mudaron a Europa desde Africa se entrecruzaron con humanos arcaicos locales, fueron genéticamente asimilados y se convirtieron en neandertales.

Genéticamente asimilados significa que su composición biológica fue reescrita por una oleada migratoria. Bajo esta perspectiva, el neandertal no es el "primo lejano", sino una versión de humano moderno temprano que se adaptó al frío europeo tras mezclarse con los habitantes que ya estaban allí.

La misma expansión entró en África, se encontró con africanos arcaicos mucho más divergentes y esa mezcla nos convirtió en nosotros. Esto significa que los neandertales y los humanos modernos comparten el mismo ancestro cultural —la única diferencia es con qué humanos arcaicos se mezclaron después.

La "narrativa de género dominante" en la ciencia

sostiene que el sesgo contra las mujeres es generalizado y ocurre en todos los ámbitos, incluyendo la contratación para puestos de profesor universitario (tenure-track), cartas de recomendación, premios, subvenciones, publicaciones en revistas, asignación de autoría, citas, salarios, ascensos y evaluaciones de la enseñanza. Muchas de estas afirmaciones se difunden repetidamente a pesar de haber sido refutadas por estudios y metaanálisis más amplios y robustos que no encuentran sesgo de género.

Debido a que estos estudios más sólidos se citan con menos frecuencia, existe una creencia falsa entre muchos académicos de que el sesgo de género es omnipresente en la academia de carrera titular. Como ejemplo de esta falsa creencia, se encuestó a 248 profesores estadounidenses sobre sus opiniones respecto al sesgo de género; el resultado es que sobreestimaron el alcance de dicho sesgo en todos los ámbitos.

La colisión entre el reloj biológico de las mujeres y las exigencias y tiempos de las decisiones de titularidad (tenure) resulta en una lamentable pérdida de talento que la sociedad debería esforzarse enérgicamente por remediar. Se han probado muchas innovaciones y algunas podrían adoptarse de forma generalizada, como hacer que el cronograma de titularidad sea más favorable para la vida familiar.

Sin embargo, es esencial distinguir esta fuente de la subrepresentación femenina de la afirmación de que las mujeres están subrepresentadas en la carrera académica titular debido a un sesgo de evaluación —como la afirmación de que el profesorado prefiere contratar a hombres por encima de mujeres con logros idénticos, o la afirmación de que las candidatas deben haber publicado significativamente más que sus homólogos masculinos, o en revistas de mayor prestigio, o ser más citadas que ellos.

El programa Docentia y la Revista Economía Industrial como indicios de quantum pro degeneramus a patribus nostris

2026-05-11T13:58:16.736+02:00

A la vez, un ejemplo de cómo aumentar la productividad utilizando la inteligencia artificial

Desde que están los socialistas en el gobierno, no solo se ha deteriorado, en general, la capacidad estatal de España, no solo se ha reducido la confianza social entre españoles, no solo ha aumentado la pobreza infantil, no solo se han reducido los salarios netos, no solo hemos dejado de ser un estado de derecho (tres años sin presupuestos es un fallo suficiente por sí solo para descalificarnos como tal ya que implica que no hay control parlamentario de lo que se hace con nuestros impuestos) sino que la "tensión" por hacer bien las cosas que proporciona la meritocracia y la cultura del esfuerzo se ha desvanecido. Ha desaparecido de la Universidad (que nuestros estudiantes universitarios copien generalizadamente y que no sientan que están cometiendo un delito me parece gravísimo) y de las administraciones públicas en general, como lo demuestra la "colonización" - el fiscal anticorrupción dixit - de las empresas públicas, en manos de gente del partido sin conocimientos, formación y experiencia en términos relativos (esto es, superior a la que tienen muchos otros individuos que podían haber sido designados para ocupar el cargo que okupan estos funcionarios de partido).

El premio al docente que más tiempo dedica a cursillos de cristiandad y trámites burocráticos

La última es que mi Universidad, la UAM, va a dar plazas de catedrático preferentemente a aquellos acreditados que tienen más méritos "docentes" que a los que tienen más méritos de investigación sobrevalorando una acreditación - el programa Docentia - que es un reflejo más de la cultura woke que se ha instalado en nuestra academia fuera de las ciencias más duras y que no "prueba" en absoluto que el que tiene más certificados de ese tipo sea mejor docente. Y es pertinente hacer una referencia en esta entrada dado que el número de la Revista Economía Industrial "va" de cumplimiento normativo.

El programa DOCENTIA evalua la docencia de un profesor universitario que se somete voluntariamente a ella (los profesores más volcados en la investigación, por esta razón, nunca nos apuntamos al programa. Bastante burocracia tenemos ya que soportar). Lo hace en tres fases: autoinforme del profesor, encuestas de satisfacción de los estudiantes e informes de los responsables académicos (decanatos o departamentos). El resultado se traduce en una calificación (favorable, excelente, etc.) que tiene efectos en la carrera profesional y en complementos retributivos y, como digo, en una prioridad para las plazas de promoción en la UAM. Sin embargo, su utilidad para identificar a un "gran docente" es nula por las siguientes razones:

(1º) El peso de la evaluación recae en las encuestas de los alumnos, las cuales miden la satisfacción —o incluso la popularidad—, pero no necesariamente el aprendizaje o la calidad pedagógica. Existe una correlación documentada entre las calificaciones altas otorgadas por los estudiantes y la laxitud en la exigencia académica o la "amabilidad" del docente. Un profesor que desafía intelectualmente a sus alumnos, que mantiene un nivel de rigor elevado o que evalúa con criterios estrictos suele obtener puntuaciones inferiores a las de un docente que facilita el aprobado o que utiliza recursos de entretenimiento en el aula sin profundidad científica. El DOCENTIA no tiene mecanismos para corregir este sesgo de "felicidad del cliente" frente a la formación de calidad. Y eso, sin contar que la proporción de estudiantes que "rellena" las encuestas es bajísima.
(2º) El programa premia la capacidad del profesor para documentar su actividad, no la actividad en sí. El docente mediocre que dedica horas a rellenar formularios, a detallar planes docentes ajustados milimétricamente a las guías y a recoger evidencias de "innovación" (aunque sean superficiales o inanes), obtendrá una valoración superior al docente que dedica ese tiempo a la investigación de su materia y a la preparación de sus lecciones. Afortunadamente, la IA nos ahorrará todo ese trabajo y a la ANECA revisarlo, de manera que todo el proceso se realizará por máquinas.
(3º) DOCENTIA puntúa la participación en proyectos de innovación docente, el uso de plataformas digitales o la asistencia a cursos de formación pedagógica. (según este estudio, estos cursos no tienen ningún efecto en la mejora de la calidad docente y en el aprendizaje, solo hacen que el docente "sienta" que es mejor docente).
(4º) Esto genera un incentivo perverso: el profesorado acumula certificados de cursos de escaso valor intelectual. Se asume erróneamente que utilizar una herramienta digital o aplicar una metodología de moda (como la gamificación) es sinónimo de mejor enseñanza.
(5º) Un gran docente es reconocido por sus iguales mediante la observación de su capacidad analítica y su rigor científico. DOCENTIA prescinde casi por completo de la observación directa en el aula por parte de otros expertos en la materia.

Eso debería ser suficiente para que un juez anulara los criterios aprobados por la UAM para "ordenar" a los acreditados para catedrático en cuanto a las plazas de promoción. Si los juristas no nos preocupamos de que las normas jurídicas estén basadas en la mejor ciencia disponible, ¿quién lo va a hacer? ¿los politólogos? ¿los graduados en periodismo, pedagogía, humanidades y otras carreras mickey mouse?

Docentia premia al docente que hace cursillos de cristiandad

Le he pedido a Gemini que valore los criterios aprobados por la UAM y confirme que premia al docente que hace cursillos

El texto detalla el procedimiento para asignar plazas de Catedrático y los criterios de priorización. Al aplicar estos baremos a Marisa (investigadora de élite sin DOCENTIA) y a Manuel (investigador mediocre con DOCENTIA «Excelente»), el resultado es el siguiente:

La docencia suele representar un 30% o 35% del total de la puntuación. Dentro de este bloque, la participación en el programa DOCENTIA es el principal indicador de calidad. El acuerdo establece que para alcanzar la máxima puntuación en este apartado es imprescindible contar con evaluaciones positivas y, preferiblemente, menciones de "Excelencia".

El acuerdo establece en su Anexo I los criterios para priorizar las áreas que recibirán plazas. Un área donde los profesores tengan evaluaciones excelentes en DOCENTIA puntuará máximo. Manuel aporta puntos directos al área y Marisa, que carece de calificaciones DOCENTIA, resta competitividad a su propia área en la fase de asignación de plazas. En un sistema de suma de puntos, la «excelencia» burocrática de Manuel es numéricamente equivalente —o superior— a la «excelencia» científica de Marisa: su negativa a participar en el «teatro de la innovación» y el «cumplimiento» del DOCENTIA hace que el departamento pierda puntos en los indicadores de calidad institucional.

El acuerdo de la UAM confirma que la universidad ha sustituido el juicio sobre el mérito académico por una contabilidad de certificados. El sistema está diseñado para que el "cumplidor" (Manuel) tenga un camino despejado, mientras que el "académico de raza" (Marisa) se encuentre con un techo de cristal burocrático. Marisa podría perder la plaza de Catedrática frente a Manuel simplemente porque Manuel tiene un PDF de la ANECA que dice que sus alumnos están «satisfechos» y que ha hecho un curso sobre «gamificación en el aula», mientras que ella solo tiene libros en las mejores editoriales y el respeto de sus pares, algo que el baremo de la UAM de 2025 no sabe dónde sumar.

Vamos con el último número de la Revista Economía Industrial

Esta revista era algo grande, grande, grande en el pasado. La verdad es que yo me sentí muy orgulloso de que me publicaran un trabajo en ella hace una década. Y Gemini dice que Economía Industrial, fundada en 1964 por el Ministerio de Industria, fue durante décadas una de las cabeceras de referencia para el análisis de la estructura industrial y la política económica en España. Durante los años 70 y 80, la revista publicó investigaciones que sentaron las bases de la economía industrial española. Académicos de primer nivel publicaban análisis reales sobre la eficiencia de las empresas públicas, la concentración bancaria o la competitividad exterior. Es el caso de Juan Velarde, Luis Ángel Rojo o José Luis Feito, entre otros. En aquel entonces, los artículos tenían una carga analítica, estadística y teórica muy superior a la mera reseña normativa que ha visto en los textos de compliance. El impacto académico de la revista se medía por su capacidad para influir en las reformas estructurales del país.

El último número, en efecto, se dedica al compliance.

He ojeado algunos de los artículos. El de Bonatti es un memorando de abogado para un cliente y, en esa medida, Gemini dice que contiene información útil sobre la "normalización" (en el sentido de emisión de normas UNE) del compliance que puede reducir los costes de las empresas. El siguente lo describe Gemini como sigue

Si el texto anterior se movía en el terreno de la normalización técnica y las bondades de la gestión ética, este segundo artículo se desplaza hacia un plano puramente descriptivo y de recopilación normativa que, para alguien con un dominio sólido de la materia, no aporta absolutamente nada. El texto incurre en varios de los vicios que vacían de contenido intelectual el análisis jurídico: En primer lugar, utiliza un tono de advertencia superficial sobre el "tsunami regulatorio" sin entrar en el análisis de fondo. Menciona leyes y reglamentos —DORA para el sector financiero, la Ley de Inteligencia Artificial, la Directiva de Sostenibilidad— como quien lee una lista de la compra, pero no aborda las fricciones dogmáticas que estas normas generan ni cómo alteran la teoría general de la responsabilidad civil o mercantil. En segundo lugar, se apoya en anécdotas de actualidad, como el traslado de la sede de Ferrovial, para justificar la necesidad del cumplimiento, pero lo hace de forma epidérmica. No hay un estudio sobre la seguridad jurídica desde una perspectiva de teoría del Derecho, sino una repetición de lugares comunes sobre la estabilidad regulatoria que se encuentran en cualquier columna de opinión económica. Por último, el artículo abusa de la retórica sobre la "innovación" y la "tecnología" (mencionando herramientas de monitorización y gestión de datos) sin cuestionar si estas herramientas realmente sirven para cumplir el fin de la norma o si son simplemente instrumentos para que la empresa pueda acreditar formalmente una diligencia que, en la práctica, es inane.

Pero es que el siguiente empieza así

Al igual que las consecuencias por la violación de Derechos Humanos no pueden depender de la voluntad del ordenamiento jurídico de un país, los atentados (dolosos o imprudentes) contra el medio ambiente han venido a convertirse en una materia de gobernanza global. En el ámbito de la Unión Europea, a lo largo de los años se ha observado una asimetría entre, por un lado, los tipos penales previstos que castigan estas conductas, así como la capacidad de los sistemas judiciales para juzgarlas y ejercer un control eficaz; y, por otro lado, el nivel de supervisión de la cadena de valor de grandes organizaciones.

Se lo he dado a Gemini que me ha respondido lo siguiente:

Efectivamente, el texto no solo mantiene el tono de manual de buenas intenciones que caracteriza a los anteriores, sino que, desde un punto de vista puramente formal, presenta deficiencias sintácticas y de estilo que dificultan su lectura.

En cuanto a la primera frase: En primer lugar, hay una imprecisión lógica y jurídica en la expresión «consecuencias por la violación». Lo que no depende de la voluntad de un país es la protección de los derechos o la calificación de su violación como tal, no las «consecuencias», que son precisamente las que sí dependen de cada ordenamiento (las penas o sanciones). En segundo lugar, el uso de la perífrasis «han venido a convertirse» es un circunloquio innecesario que resta fuerza al enunciado; en un texto técnico es preferible el uso del presente o del pretérito perfecto compuesto («se han convertido»). Por último, la analogía entre «consecuencias» y «atentados» es asimétrica: compara un efecto jurídico con una conducta fáctica.

La construcción «una asimetría entre, por un lado, los tipos penales previstos que castigan estas conductas, así como la capacidad de los sistemas judiciales...; y, por otro lado, el nivel de supervisión» es gramaticalmente incorrecta. El nexo «asimetría entre» exige dos términos comparados de forma clara. Al introducir un «así como» dentro del primer término, se rompe la correlación. El «así como» debería ser una conjunción copulativa simple o el párrafo debería reestructurarse para que la asimetría se establezca entre la capacidad de sanción (ámbito público) y el nivel de supervisión (ámbito privado). Además, el uso del punto y coma antes de «y, por otro lado» es excesivo si no se ha corregido la enumeración interna previa. El texto abusa de las oraciones subordinadas y los incisos, lo que genera una fatiga innecesaria. Una versión corregida y más limpia del fragmento sería:

«Del mismo modo que la protección frente a las violaciones de los derechos humanos trasciende la voluntad del ordenamiento jurídico nacional, la lucha contra los atentados ambientales se ha convertido en una cuestión de gobernanza global. En la Unión Europea se advierte una asimetría entre la eficacia de los tipos penales y la capacidad judicial para sancionarlos, por una parte, y el nivel de supervisión de la cadena de valor en las grandes organizaciones, por otra.»

Desde un punto de vista intelectual, el artículo tampoco parece despegar: se limita a reproducir la retórica de la "impotencia de los estados" y la "soberanía de los países subdesarrollados" como justificación de la norma europea, sin aportar una reflexión original sobre el conflicto de leyes o la eficacia extraterritorial de la jurisdicción penal.

Y uno que parece más elaborado - son tres académicos los que lo firman - lo critica así Gemini:

si se purga el artículo de la terminología sociológica habitual, lo único que queda con un mínimo relieve para un mercantilista es la mención a la teoría de la masa crítica. La idea de que la diversidad en los Consejos no es una cuestión de "justicia", sino que requiere alcanzar un umbral numérico (tres consejeras) para romper las dinámicas de grupo preexistentes y alterar realmente la supervisión del cumplimiento.

Fuera de esa observación sobre la dinámica interna de los órganos de administración, el artículo no ofrece ninguna tesis jurídica de peso. Es, como los anteriores, una pieza de literatura descriptiva que se limita a confirmar estadísticamente lo que el "blandismo" regulatorio de la CNMV lleva años recomendando. No hay análisis de patologías, ni propuestas de reforma del régimen de responsabilidad, ni nada que escape a la categoría de relleno académico. No aporta nada que un lector con criterio no sepa ya de antemano.

El resumen de otro de los artículos tiene efectos psicodélicos

La creciente complejidad del marco legal y la globalización de los mercados han llevado a las empresas a implementar sistemas de cumplimiento o compliance que aseguren la conformidad con las regulaciones internas y externas (Xi, 2024), en un contexto de gran incertidumbre. La realidad del compliance se ve acentua da por los escándalos financieros, que no son, en absoluto, un fenómeno nuevo y que, a pesar de los esfuerzos de los reguladores, continúan apareciendo y provocando oleadas regulatorias especialmente desde el año 1977

Dice Gemini que el artículo (¡cuatro autores!) presenta varios problemas estructurales y sintácticos. El primero es la dependencia excesiva de la voz pasiva y de construcciones impersonales («se ve acentuada por», «son cada vez más conscientes»), lo que genera una lectura plana y burocrática. Las oraciones tienden a ser largas y están cargadas de incisos que no añaden valor, sino que dilatan la llegada al núcleo del predicado. Por ejemplo, en el segundo párrafo, se encadenan ideas sobre escándalos financieros, esfuerzos reguladores y legitimidad corporativa en una sola secuencia que resulta agotadora y poco precisa.

Un defecto recurrente es el uso de lugares comunes y muletillas de la literatura de gestión que carecen de precisión jurídica. Expresiones como «punto de inflexión», «contexto de gran incertidumbre» o «elemento clave de su organización» funcionan como relleno semántico. Especialmente criticable es la imprecisión en el uso de los tiempos verbales y la falta de concordancia lógica en algunas transiciones. Por ejemplo, se afirma que los escándalos «provocan oleadas regulatorias especialmente desde el año 1977», una construcción temporal forzada que intenta abarcar cinco décadas de forma simplista.

Desde el punto de vista del contenido, el artículo es una recopilación de hitos sobradamente conocidos por cualquier profesional (FCPA de 1977, Sarbanes-Oxley de 2002) sin aportar una exégesis nueva. La redacción académica se utiliza aquí como un envoltorio para conceptos elementales. Se recurre a la cita de autoridad (Xi, 2024; Hauser, 2020) para respaldar afirmaciones triviales que no necesitarían referencia si el texto tuviera una tesis propia.

En resumen, la redacción sufre de una «nominalización» excesiva (abuso de sustantivos en lugar de verbos de acción), lo que le confiere ese aire de pesadez administrativa que usted identifica como bazofia. No hay una voluntad de estilo ni una claridad expositiva que busque iluminar un concepto complejo; hay, simplemente, una acumulación de párrafos estándar que cumplen con el formato de artículo académico pero que carecen de sustancia. Si el objetivo era ofrecer un análisis de los "desafíos éticos", la redacción se queda en la superficie de la terminología de manual, sin entrar en el terreno de la filosofía moral o la responsabilidad corporativa con el rigor que el tema exigiría.

Le he preguntado ¿quién es Xi? (me temía lo peor, que los autores estuvieran citando al dictador chino). Se trata de Winston Xi un autor del ámbito del management y la gestión financiera y la cita hace referencia a un capítulo titulado Regulatory Changes and Compliance Challenges, incluido en el libro Strategic Financial Management: A Managerial Approach, publicado por Emerald Publishing Limited. (Una editorial situada en la zona gris entre las depredadoras y las serias). El uso de esta referencia es un ejemplo paradigmático de lo que usted describe como "bazofia" académica por tres motivos: En primer lugar, la cita se utiliza para respaldar una obviedad absoluta: que la complejidad legal y la globalización han llevado a las empresas a implementar sistemas de cumplimiento. Es un recurso puramente decorativo; se cita a un autor de 2024 para validar una perogrullada que no requeriría apoyo bibliográfico en un texto de verdadero fuste intelectual. En segundo lugar, denota una pereza bibliográfica considerable. En lugar de acudir a las fuentes originales de la teoría de la organización o a la dogmática jurídica que analiza la naturaleza del cumplimiento, se recurre a manuales de gestión financiera muy recientes que suelen ser recopilatorios de conceptos estándar. Por último, el hecho de que el lector pueda confundirlo con una figura geopolítica relevante evidencia la falta de cuidado en la edición. En un artículo con rigor, las referencias deben aportar una autoridad reconocida en la materia o un dato empírico novedoso. Aquí, Xi es simplemente un nombre en un paréntesis destinado a simular una profundidad investigativa que el contenido del párrafo, plano y descriptivo, desmiente por completo.

Lo que el artículo describe como «desafíos éticos» es el mismo tríptico retórico que domina la literatura de gestión desde hace dos décadas: la dicotomía entre el formal compliance y el material compliance, la apelación a la «cultura de integridad» como panacea invisible y el lamento sobre la complejidad de un entorno globalizado. Desde un punto de vista analítico, el texto se mueve en la tautología: Dice que el desafío es no ser formalista, pero no explica cómo se mide jurídicamente la "cultura empresarial" más allá de los protocolos formales que critica. Dice que la ética es fundamental, pero la reduce a una herramienta de "supervivencia" y "legitimidad", es decir, a un cálculo de conveniencia económica, vaciándola de contenido moral real. Dice que el entorno es incierto y complejo, utilizándolo como una cláusula de estilo para justificar por qué los sistemas de cumplimiento fallan sistemáticamente a pesar de su creciente sofisticación.

Triebwollen y Zweckwollen

2026-05-11T11:42:52.759+02:00

foto: Pedro Fraile

Gemini:

La distinción entre Triebwollen querer instintivo o voluntad impulsiva y Zweckwollen querer finalista o voluntad orientada a fines constituye un pilar fundamental en la dogmática alemana clásica sobre la capacidad jurídica y la teoría del sujeto de derecho, especialmente desarrollada por autores como Savigny y posteriormente refinada en el proceso de codificación del BGB.

Triebwollen se refiere a la manifestación de deseos o necesidades biológicas. Es una forma de voluntad que carece de una estructura racional orientada a fines jurídicos y se encuentra presente tanto en seres humanos con capacidad de discernimiento mermada como en los animales. No implica una comprensión de las consecuencias normativas de la acción. No constituye un acto de autonomía privada.

Por el contrario, el sujeto que actúa bajo el Zweckwollen comprende el "para qué" de su acción y es capaz de vincular su voluntad a la producción, modificación o extinción de efectos jurídicos. La dogmática alemana exige esta forma de voluntad para la plena capacidad de obrar, pues solo a través del propósito racional puede el individuo integrarse en el tráfico jurídico como un sujeto autónomo.

Esta diferenciación fue crucial para resolver el problema de la representación y de las personas jurídicas. Mientras que el ser humano individual puede poseer ambos tipos de voluntad, la persona jurídica carece por definición de Triebwollen al no poseer una existencia biológica. Sin embargo, el ordenamiento le atribuye la capacidad de manifestar un Zweckwollen a través de sus órganos. Con ello, las personas jurídicas pueden ser responsables

Papers interesantes en la página de Kevin Lewis en National Affairs

2026-05-11T11:33:45.673+02:00

Lo que se hace en/tras una epidemia (y no solo el número de muertos) afecta al crecimiento económico posterior

Este artículo utiliza la economía evolutiva para analizar cómo las pandemias y las instituciones coevolucionan, tomando como caso de estudio dos brotes de peste en la Florencia del siglo XIV. La tesis principal es que la mortalidad por sí sola no explica el rumbo económico posterior a una epidemia, sino que son las respuestas institucionales y la redistribución del poder político las que determinan si una sociedad se recupera o se estanca. Al comparar los brotes de 1340 y 1348 en el mismo entorno geográfico, los autores aislan las variables políticas que produjeron resultados opuestos ante choques biológicos similares.

El análisis revela que la epidemia de 1340 debilitó la legitimidad de las autoridades vigentes, lo que permitió una fase de experimentación fiscal y el ascenso temporal de coaliciones reformistas.

En contraste, la Peste Negra de 1348 fue aprovechada por las facciones oligárquicas supervivientes para reconsolidar su dominio. La drástica reducción de la población había otorgado a los trabajadores supervivientes un mayor poder de negociación debido a la escasez de mano de obra, lo que impulsó los salarios al alza pero los grandes mercaderes impusieron una legislación laboral restrictiva que fijaba techos salariales, obligando a los trabajadores a aceptar remuneraciones similares a las niveles previos a la plaga, bajo amenaza de sanciones. En segundo lugar, se manipuló el Monte. Las élites, que eran las principales acreedoras del Estado, aseguraron el pago de altos intereses por sus títulos de deuda mediante la creación de nuevos impuestos indirectos sobre el consumo, como gabelas sobre la sal y otros bienes básicos. Esta estructura fiscal era regresiva, Además, endurecieron el acceso a los cargos públicos y a los gremios mayores. Mediante el uso de la "amonestación" (ammonizione), la élite podía declarar a cualquier oponente político como sospechoso de deslealtad y excluirlo de la vida política de por vida. Esto cerró los canales de movilidad social

Selection pressure and institutional adaptation: An evolutionary comparison of the 1340 and 1348 epidemics in Florence, Italy, Beniamino Callegari & Christophe Feder, Journal of Evolutionary Economics, April 2026

El uso de IA por estudiantes de derecho

los participantes que utilizaron IA para ayudar a redactar memorandos de síntesis produjeron trabajos sustancialmente más sólidos y completaron esa tarea más rápidamente. Pero, contrariamente a nuestra hipótesis preregistrada, la exposición a la IA en esta etapa inicial no disminuyó la comprensión posterior de los principios legales subyacentes. Al contrario, los participantes que usaron IA en la tarea de síntesis superaron al grupo de control en la tarea de aplicación posterior, incluso cuando ninguno de los dos grupos tenía acceso a IA. Sin embargo, cuando todos los participantes usaron IA para revisar sus memorandos de razonamiento, los que comenzaron con memorandos más débiles mejoraron, mientras que los que empezaron con memorandos más fuertes retrocedieron. Estos hallazgos sugieren que la IA no erosiona ni promueve inevitablemente el razonamiento jurídico independiente, sino que sus efectos dependen de cuándo y cómo los estudiantes de derecho y abogados junior usen la IA.

Artificial Intelligence and Human Legal Reasoning, Nicholas Bednar et al. University of Minnesota Working Paper, April 2026

El coste del cumplimiento normativo y el tamaño de las empresas

"Una cuestión fundamental para el estudio del dinamismo empresarial es si los costes del cumplimiento normativo recaen de forma homogénea sobre las pequeñas y las grandes empresas. Utilizando microdatos ocupacionales exhaustivos a nivel de establecimiento e información sobre las tareas de cada ocupación, cuantificamos los costes de cumplimiento de una empresa como la proporción de la masa salarial destinada a realizar tareas de cumplimiento normativo (RegIndex). Revelamos una relación de U invertida entre el RegIndex de las empresas y su tamaño: de media, el RegIndex de las empresas medianas con unos 500 empleados es aproximadamente un 47% mayor que el de las empresas más pequeñas y un 18% mayor que el de las empresas más grandes. Además, desarrollamos una metodología de shift-share (análisis de cambio-participación) para desglosar la influencia de los requisitos normativos y de su aplicación (enforcement) en el impulso de los costes de cumplimiento de las empresas."

The Cost of Regulatory Compliance in the United States, Francesco Trebbi, Miao Ben Zhang & Michael Simkovic, Review of Financial Studies, forthcoming

El mercado y la competencia resuelven hasta lo que no parecen tener por qué resolver

"Examinamos la eficacia de la disciplina del mercado de productos como un elemento disuasorio ante la conducta empresarial indebida. Las empresas que están sujetas a mayores amenazas competitivas en el mercado de productos tienen menos probabilidades de cometer infracciones y pagan multas más bajas. Los grupos de interés (stakeholders) reaccionan negativamente ante diversos tipos de violaciones, y la competencia en el mercado de productos amplifica dichas reacciones. En respuesta, las empresas bajo presión competitiva son más propensas a incorporar incentivos vinculados a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la remuneración de sus directivos, demostrar mejores prácticas de seguridad laboral, invertir en innovación ecológica y contratar auditores de confianza. Nuestros hallazgos sugieren que la competencia en el mercado de productos desincentiva las conductas indebidas al aumentar los costes esperados asociados a las infracciones".

Do product market threats discipline corporate misconduct?, Jie Chen et al. Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming

Las reformas pro-mercado aumentan la tasa de crecimiento económico

¿Las reformas orientadas al mercado generan crecimiento económico? Este artículo revisita esta cuestión utilizando un panel de países con episodios de reforma identificados a partir de diversos cambios en conocidos índices de libertad económica y reformas estructurales. Explotamos la cronología de las reformas mediante marcos de retardos distribuidos (distributed-lag) y estudios de eventos (event-study) que rastrean la respuesta dinámica del PIB per cápita.

Hallamos poca evidencia de ganancias de crecimiento inmediatas y algunos costes de ajuste a corto plazo tras la reforma. Sin embargo, el crecimiento aumenta de forma gradual y persistente con el tiempo, surgiendo efectos económicamente significativos después de varios años.

Estos patrones son robustos ante medidas de reforma y especificaciones alternativas. Los resultados concilian hallazgos contradictorios en la literatura al demostrar que las reformas de mercado generan ganancias de crecimiento a largo plazo a pesar de las perturbaciones a corto plazo. En conjunto, la evidencia respalda la visión de que la liberalización institucional opera a través de canales de evolución lenta que se acumulan en mejoras sostenidas del desempeño económico".

Do Market Reforms Cause Growth? Jonathan Hartley, William Pallan & Brian Wheaton, University of California Working Paper, April 2026

Los remedies consistentes en desinversiones que se imponen para autorizar una fusión hacen más mal que bien a los consumidores

Este artículo investiga si los remedios ante fusiones, tales como las desinversiones, pueden causar más daño que beneficio utilizando un modelo de comportamiento empresarial. El modelo se estima aprovechando la variación generada por una desinversión a gran escala en el mercado de la cerveza en los Estados Unidos.

En primer lugar, hallo que la coordinación de precios, materializada a través de parámetros de conducta, actúa como una fuerza compensatoria que limita los efectos pro-competitivos de una desinversión. La coordinación de precios elimina entre el 80% y el 133% de las ganancias de bienestar derivadas de una desinversión. En segundo lugar, basándome en simulaciones contrafactuales, demuestro que una fusión autorizada con desinversión tiene más probabilidades de reducir el excedente del consumidor que una fusión aprobada sin desinversión".

Can merger remedies cause more harm than good?, Yann Delaprez, Journal of Law, Economics, and Organization, forthcoming

Amazon no reduce la competencia

El doble papel de Amazon, como propietario del mercado (marketplace) y vendedor de marca propia (1p), le otorga poder sobre los vendedores externos (3p) que comercializan artículos similares. Esta dualidad puede debilitar la capacidad competitiva de los vendedores 3p, perjudicando potencialmente tanto a estos como a los consumidores.

Examinamos tres aspectos de la competencia en el mercado. Primero, analizamos las dependencias en los cambios de precios. Hallamos que el precio de 1p baja tras registrarse precios más altos en la Buy Box (es decir, el botón 'Añadir a la cesta' o el cuadro de ventas por defecto en la página del producto) o tras grandes aumentos de precios de 3p; posteriormente, los precios de 3p disminuyen.

En segundo lugar, analizamos la selección del vendedor para la Buy Box, ya que este es un conducto crítico para la demanda. Observamos que tanto los precios altos de 1p como los de 3p son penalizados en la selección de la Buy Box. Los vendedores 3p con baja reputación o intermitentes no logran ganar la Buy Box incluso con precios significativamente más bajos. Ante precios iguales, en ciertos niveles de precio la Buy Box favorece a 1p sobre el 3p, y viceversa en otros casos.

En tercer lugar, para determinar si las barreras de entrada debilitan la competencia, estimamos un modelo de entrada de vendedores 3p. Los precios más altos de 1p se asocian con un mayor número de vendedores 3p, lo que sugiere barreras de entrada bajas.

En conjunto, nuestros resultados sugieren que el doble papel de Amazon no debilita la competencia en su plataforma. Discutimos las implicaciones para los participantes del mercado, la política de defensa de la competencia (antitrust) y la investigación académica".

Sharmistha Sikdar, Vrinda Kadiyali & Giles Hooker, Does Amazon’s Dual Role Weaken Marketplace Competition?, Journal of Marketing, forthcoming

Fusiones e innovación

"Estudiamos el efecto de una fusión sobre la actividad de I+D en un modelo dinámico con incertidumbre sobre la viabilidad de la innovación. La fusión tiene tres efectos: puede reducir el número de innovaciones posteriores (efecto de canibalización), aumentar la probabilidad de la primera innovación disruptiva o decisiva (efecto de apropiabilidad) y adelantar cronológicamente dicha innovación (efecto informacional).

El modelo sugiere que las fusiones son más deseables cuando los resultados de la I+D son altamente inciertos, pero menos recomendables cuando el camino hacia la innovación es más claro. Una implicación de política económica sorprendente es que el beneficio de la fusión puede ser mayor si la primera innovación y las siguientes son sustitutos cercanos".

The Effect of Mergers on Innovation, Kaustav Das, Tatiana Mayskaya & Arina Nikandrova, American Economic Journal: Microeconomics, May 2026, Pages 348-394

La continuidad genética y cultural entre Roma y hoy

Según un estudio arqueogenético, la transición del mundo romano al medieval en Europa central no se explica tanto por grandes migraciones masivas, sino por procesos de movilidad más limitados y una rápida integración social.

Tradicionalmente, la aparición de nuevas estructuras políticas y sociales en Europa occidental y central tras la caída de Roma se ha atribuido a grandes desplazamientos de pueblos (“las invasiones bárbaras”), pero las pruebas genéticas indican que las transformaciones fueron el resultado, en gran medida, de la llegada de grupos relativamente pequeños que se mezclaron de forma intensa con las poblaciones locales del Imperio romano.

Los autores analizan 258 genomas antiguos procedentes de la antigua frontera romana en el sur de Alemania, comparándolos con unos 2.500 genomas antiguos adicionales y 379 genomas modernos. Los análisis genéticos muestran un cambio demográfico claro a finales del siglo V, coincidiendo con el colapso de las estructuras estatales romanas en la región. En ese momento aparece una población fundadora con ascendencia del norte de Europa que se mezcla con grupos provinciales romanos genéticamente muy diversos. Es decir, no hay sustitución de población, sino mezcla.

Mediante la reconstrucción de parentescos y el uso de una técnica llamada filia (que permite inferir la ascendencia de familiares no muestreados), el estudio concluye que hubo abundantes matrimonios mixtos y muy poca diferenciación cultural entre los grupos. La genética sugiere que no existían comunidades cerradas ni una segregación duradera entre “romanos” y “bárbaros”. Durante el siglo VI persiste cierta estructura genética, pero el mestizaje continúa y, a comienzos del siglo VII, la población ya se parece mucho a la de los europeos centrales modernos.

Los autores estiman la una duración media de la generación de 28 años, esperanzas de vida relativamente bajas (unos 40 años para las mujeres y 43 para los hombres), una mortalidad infantil muy elevada y una sociedad en la que casi una cuarta parte de los niños perdían al menos a uno de sus progenitores antes de los 10 años. Aun así, muchos crecían con abuelos vivos, lo que indica redes familiares extensas que amortiguaban esas pérdidas.

Quizá lo más llamativo es lo que revela sobre la organización social y familiar. Los árboles genealógicos muestran una sociedad centrada en la familia nuclear, con monogamia de por vida, una evitación estricta del incesto, continuidad flexible de los linajes y ausencia de prácticas como el levirato (el matrimonio obligatorio con la viuda de un pariente). Estos rasgos indican una notable continuidad con las prácticas sociales del Bajo Imperio romano, y sugieren que las formas familiares que acabarán caracterizando a Europa medieval y moderna no nacen de cero tras las migraciones, sino que se desarrollan a partir de patrones romanos ya existentes. En suma, el artículo defiende que la transición del mundo romano al medieval en esta región fue menos una ruptura provocada por invasiones masivas y más un proceso gradual de mezcla biológica, integración social y continuidad cultural, en el que pequeños grupos de origen septentrional se integraron rápidamente en sociedades moldeadas por herencias romanas.

Demography and life histories across the Roman frontier in Germany 400–700 CE, Jens Blöcher et al., Nature

El fuerte aumento de los diagnósticos de TDAH en todo el mundo desde los años noventa no se explica principalmente por diferencias entre países

en riqueza, nivel de desarrollo, sistema sanitario o calidad de la atención médica, sino por cambios culturales globales. En las últimas tres décadas el diagnóstico de TDAH ha crecido de forma muy notable a escala mundial. Con una perspectiva “macro-sociológica”, es decir, centrada en procesos globales, analizan datos de 135 países entre 1996 y 2019 y concluyen que el aumento global de los diagnósticos de TDAH está vinculado a dos procesos culturales interrelacionados a escala mundial.

El primero es la expansión y consolidación de una visión de la infancia centrada en el niño, que pone el acento en su bienestar, su desarrollo psicológico y su rendimiento educativo, y que tiende a vigilar de forma cada vez más intensa su conducta y sus capacidades.

El segundo es la difusión global de relatos y marcos interpretativos que definen el TDAH como un problema de salud que perjudica el bienestar y el desarrollo del niño, y que por tanto requiere identificación, diagnóstico y tratamiento.

La conclusión general es que las tasas de diagnóstico de TDAH en el mundo reflejan, en gran medida, la influencia de ideas y prioridades culturales que se han globalizado, más que condiciones nacionales específicas.

The global rise in children's attention-deficit/hyperactivity disorder prevalence: A macro-sociological explanation, Irem Tuncer-Ebetürk, Jessica Kim & Yasemin Nuhoğlu Soysal, Social Forces, June 2026, Pages 1607-1629

Estar cerca de bebés hace que la gente quiera tener bebés

Formalizamos esta observación como el canal de empatía: la exposición a los bebés en el entorno social activa mecanismos neurobiológicos que aumentan el deseo de ser padres. A medida que los niños se vuelven más escasos, este estímulo afectivo se debilita, erosionando aún más la motivación para tener hijos. Integramos el mecanismo en un modelo de cantidad y calidad de dos grupos con solapamiento generacional. El canal de empatía genera una externalidad positiva, ya que cada nacimiento aumenta el deseo de tener hijos en los demás, haciendo ineficiente el equilibrio descentralizado.

Le he pedido a la IA que explique la última frase

Imagina que en tu círculo de amigos nadie tiene hijos. La idea de la paternidad te resulta lejana, abstracta o incluso estresante. Sin embargo, si tus amigos empiezan a tener bebés y tú pasas tiempo con ellos (exposición social), se activan respuestas neurobiológicas y afectivas. Ver la interacción, el cuidado y la gratificación de los demás reduce tu resistencia y aumenta tu propio deseo de ser padre/madre.A esto se llama canal de empatía: el deseo de tener hijos no es algo puramente interno e inmutable, sino que "se contagia" socialmente.

La "Externalidad Positiva" Cuando tú tienes un hijo, estás beneficiando a la sociedad (según este modelo) porque estás "estimulando" el deseo de los demás de tener los suyos. El problema es que, cuando una persona decide si tener un hijo o no, solo piensa en sus propios costes y beneficios. No tiene en cuenta que su hijo hará que otros también quieran tenerlos. Como los padres no valoran ese "beneficio extra" que dan a los demás (solo deciden tener hijos en función de sus propios costes y beneficios), el resultado es que nacen menos niños de los que la sociedad realmente desearía o necesitaría. El equilibrio resultante es ineficiente: el número total de nacimientos es menor al óptimo. Como los padres no reciben un "premio" por contagiar esas ganas a los demás, la gente termina teniendo menos hijos de los que querría si todos se pusieran de acuerdo. Por eso, el autor sugiere que el Estado debería intervenir (con subvenciones) para corregir esa falta de motivación y alcanzar un equilibrio más saludable para la sociedad.

Caracterizamos la subvención óptima por hijo y mostramos que la tasa pigouviana de primer orden supera sustancialmente el óptimo de equilibrio general. La regla de segmentación óptima sigue una lógica similar a la de Ramsey, dirigiendo la subvención al grupo con mayor externalidad por dólar fiscal, no al grupo con mayor externalidad por hijo. El modelo calibrado sugiere que el canal de empatía puede explicar entre el 3 y el 33 % del descenso de la fertilidad, con un 13,4 % en el punto inicial. En esta línea base, el sobrepaso pigouviano es del 23-32% y la subvención óptima eleva el bienestar en un 0,22% en términos equivalentes al consumo.

Esto quiere decir que el cálculo "ingenuo" o directo (Si un hijo genera un beneficio social de 1.000€ a los demás, el gobierno da 1.000€ de subsidio a la madre) supera sustancialmente el óptimo. ¿Por qué? Porque en un "equilibrio general", cuando incentivas los nacimientos, cambian otras cosas en la economía (como los salarios, los impuestos para pagar esas ayudas o el precio del cuidado infantil). Frank Ramsey determinó que, para ser eficientes, los impuestos (o subsidios) no deben repartirse por igual, sino basándose en la elasticidad (la capacidad de respuesta), es decir, hay que dar más dinero al grupo que genera más "contagio" (mayor externalidad por hijo). Por ejemplo, a los influencers o a personas muy sociables o, como propone el autor, al grupo que sea más "barato de convencer". Imagina el Grupo A y el Grupo B. El Grupo A genera mucha externalidad, pero es muy caro convencerlos de tener un hijo. El Grupo B genera menos externalidad, pero con un subsidio pequeño reaccionan inmediatamente teniendo más hijos. La lógica de Ramsey dice: invierte en el Grupo B, porque obtienes más "externalidad total" por cada dólar gastado del presupuesto público (dólar fiscal).

El autor "calibra" su modelo (lo prueba con datos reales) y llega a tres conclusiones clave: El peso del canal de empatía (13,4%): De toda la caída de la natalidad que hemos visto en las últimas décadas, el hecho de que "ya no vemos bebés y se nos quitan las ganas" explica un 13,4% del problema en el escenario base. Es una cifra muy significativa para un factor puramente psicológico/social. El error del 23-32%: Si el gobierno aplicara una política pigouviana simple (dar el valor exacto de la externalidad), estaría sobreestimando la ayuda necesaria entre un 23% y un 32%. Mejora del bienestar (0,22%): Si se aplica la subvención "perfecta" (la de Ramsey), la sociedad en su conjunto sería un 0,22% más rica/feliz en términos de consumo. Aunque parezca un número pequeño, en términos de PIB nacional, el 0,22% representa miles de millones de euros.

The Empathy Channel in Fertility Sebastian Galiani & Raul Sosa NBER Working Paper, April 2026

Las prácticas remuneradas señalizan (informan del valor del trabajador)

Las prácticas remuneradas destacan claramente. Están asociadas con mayores ingresos tanto a uno como a cuatro años de la graduación, con mayor probabilidad de tener un empleo que requiera titulación universitaria y con mejores trayectorias de progresión profesional. Esto sugiere que no se trata solo de “quién es el estudiante”, sino que hay un efecto propio de este tipo de prácticas.

En cambio, las prácticas no remuneradas y otras experiencias similares sí se asocian con mejores resultados en términos de tipo de empleo —más probabilidad de acceder a trabajos de nivel universitario y de progresar profesionalmente—, pero no con salarios más altos. Es decir, parecen ayudar a “entrar” y avanzar en el mercado de trabajo cualificado, pero no necesariamente a ganar más dinero, al menos en los primeros años tras la graduación.

Para explicar por qué el aprendizaje basado en el trabajo podría mejorar los resultados laborales, el estudio propone tres mecanismos. El primero es el desarrollo de habilidades transferibles: competencias prácticas, organizativas o sociales que se adquieren en entornos laborales reales y que son útiles en muchos empleos. El segundo es el networking: las prácticas permiten conocer a profesionales, supervisores y organizaciones que pueden facilitar información, recomendaciones y oportunidades de empleo. El tercero es la señalización en el currículum: el simple hecho de haber hecho prácticas comunica a los empleadores cualidades que no son fácilmente observables en un expediente académico, como la capacidad de trabajar en un entorno profesional, la responsabilidad o la familiaridad con la cultura organizativa.

El análisis empírico ofrece apoyo parcial a los tres mecanismos, pero concluye que el más sólido es el de la señalización. Las prácticas, especialmente las remuneradas, parecen funcionar sobre todo como una credencial simbólica valiosa para los empleadores, que distingue a los candidatos y reduce la incertidumbre sobre su “tipo” como trabajador. El efecto sobre salarios más altos, además, se concentra en las prácticas pagadas, lo que refuerza la idea de que el mercado laboral interpreta ese tipo de experiencia como más creíble o más exigente.

Work-Based Learning and Early Career Outcomes: Evidence on Earnings, College-Level Employment, and Career Progression, Nichole Torpey-Saboe, Hee Song & Mindi Thompson, Research in Higher Education, March 2026

Diferencias individuales en los grandes simios

El rendimiento de cada individuo, entre los grandes simios, se explica sobre todo por características estables propias de ese individuo, y no por factores circunstanciales, momentáneos o de grupo (como el contexto inmediato o la especie a la que pertenece). Esto significa que un mismo simio tiende a rendir mejor o peor que otros de forma consistente a lo largo del tiempo, lo que apunta a la existencia de diferencias cognitivas duraderas entre individuos, y no simples fluctuaciones aleatorias.

Cuando los autores analizan la relación entre distintos tipos de tareas, encuentran un patrón interesante. Las tareas no sociales (razonamiento sobre cantidades, inferencia, control cognitivo, etc.) están positivamente correlacionadas entre sí.

En términos sencillos, los individuos que lo hacen bien en una de estas tareas suelen hacerlo bien en las demás. Esto sugiere la existencia de algún tipo de capacidad cognitiva general o, al menos, de mecanismos compartidos que afectan a varios dominios no sociales.

En cambio, las tareas de cognición social no muestran ese mismo patrón. No están correlacionadas ni entre sí ni con las medidas de cognición no social. Es decir, un simio que destaca en tareas sociales no tiene por qué destacar en otras tareas sociales ni en tareas no sociales, y viceversa. Esto apunta a que la cognición social podría basarse en procesos más específicos, menos integrados con otras capacidades cognitivas generales.

Individual Differences in Great Ape Cognition Across Time and Domains: Stability, Structure, and Predictability Manuel Bohn et al.Psychological Science, forthcoming

Assabiya

Los grupos con vínculos de parentesco fuertes poseen una ventaja competitiva en conflictos de baja intensidad o cuando los intereses en juego son limitados, logrando expandir su control territorial de manera más eficaz en esos contextos. Sin embargo, esta ventaja desaparece cuando el conflicto involucra territorios de gran valor o escala, donde las estructuras estatales modernas con vínculos de parentesco más débiles resultan más efectivas para la expansión.

Kinship, group loyalty and conflict, David Le Bris & Petros Sekeris, European Economic Review, April 2026

Un juez pregunta al TJUE si la notificación previa al deudor de una cesión de créditos es requisito procesal obligatorio para poder iniciar la acción judicial de reclamación, de conformidad con la Directiva de NPLs (no transpuesta todavía en España y con plazo de transposición vencido)

2026-05-08T13:42:09.735+02:00

foto: Pedro Fraile

Una entidad dedicada a la adquisición y gestión de créditos interpone procedimiento monitorio en reclamación de cantidad por impago de un crédito que le había sido cedido por Caixabank. El Tribunal de Instancia le requiere para que aporte la escritura de cesión del crédito y de la notificación a la parte demandada, conforme establece la Directiva de NPLs.

La Directiva (UE) 2021/2167 impone expresamente la obligación de comunicar al deudor la cesión del crédito cuando el crédito dudoso se transmite a un comprador y este no es una entidad de crédito. La obligación se establece en el artículo 10, que regula la relación con el prestatario. La directiva exige que, tras la cesión, el prestatario sea informado sin demora indebida de la transmisión y, en todo caso, antes de que el nuevo acreedor o el administrador de créditos inicien cualquier contacto o actuación frente al deudor. La comunicación debe identificar, como mínimo, al comprador del crédito, a la persona o entidad encargada de la gestión (credit servicer, si lo hay), los datos de contacto pertinentes y la información necesaria para que el deudor sepa a quién debe dirigirse y cómo cumplir sus obligaciones. Además, la directiva subraya que la cesión no puede empeorar la posición jurídica del prestatario. En concreto, el deudor conserva íntegramente los derechos que le asistían frente al acreedor originario, incluidas las normas de protección del consumidor, los mecanismos de reclamación y las garantías contractuales o legales aplicables. La comunicación de la cesión es precisamente uno de los instrumentos destinados a hacer efectivo ese principio de protección. En fin, la directiva no pretende sustituir ni alterar las reglas civiles nacionales sobre la eficacia de la cesión frente al deudor, sino superponer una obligación regulatoria mínima de información. Por ello, la exigencia de comunicación opera con independencia de que, conforme al Derecho civil interno, la cesión produzca efectos frente al deudor desde un determinado momento o bajo determinados requisitos formales.

Al no aportar el documento, se dicta auto de inadmisión. La entidad interpone recurso de apelación, por entender que la notificación de la cesión no es requisito indispensable para su validez ex art. 1.527 CC. La AP estima el recurso de apelación y concluye que la cesión de créditos no requiere consentimiento ni notificación al deudor, sin perjuicio de que la cesión no le sea oponible hasta que le sea comunicada.

El litigio vuelve al Tribunal de Instancia, que eleva al TJUE las siguientes peticiones de decisión prejudicial:

1. ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva de NPLs en el sentido de que la notificación al deudor de la cesión del crédito constituye un requisito previo obligatoria para que el comprador del crédito pueda iniciar un procedimiento judicial de reclamación frente al deudor?

2. En caso de respuesta afirmativa, ¿debe interpretarse dicho precepto en el sentido de que, a falta de acreditación de dicha notificación previa, el órgano jurisdiccional nacional debe declarar la inadmisión de la demanda por incumplimiento de un requisito de procedibilidad conforme a su normativa procesal interna?

3. ¿Se opone el artículo 10 de la Directiva NPLs, en relación con el principio de efectividad del Derecho de la Unión, a una normativa o práctica judicial nacional que permita al comprador del crédito ejercitar acciones judiciales de reclamación sin haber notificado previamente al deudor la cesión del crédito?

Le he planteado la primera pregunta a Copilot (y luego a Gemini) y me han dado la siguiente respuesta (levemente corregida para suprimir lo que no me parece relevante)

En una interpretación sistemática y teleológica del artículo 10 de la Directiva (UE) 2021/2167, la respuesta debe ser negativa: la notificación al deudor de la cesión del crédito no constituye, en el Derecho de la Unión, un requisito previo obligatorio para que el comprador del crédito pueda iniciar un procedimiento judicial de reclamación.
La razón de fondo es que el artículo 10 no disciplina la eficacia civil o procesal de la cesión, ni las condiciones para la legitimación activa en un litigio, sino que establece una obligación regulatoria de información y de conducta en el marco de la protección del prestatario y de la supervisión del mercado de NPLs.
En primer lugar, el artículo 10 no conecta la comunicación con la validez de la cesión ni con la posibilidad de ejercitar acciones judiciales. La Directiva guarda silencio absoluto sobre consecuencias procesales tales como la inadmisión de una demanda o la falta de legitimación activa en caso de incumplimiento del deber de notificación.
En tercer lugar, desde una interpretación funcional, el incumplimiento del artículo 10 genera consecuencias regulatorias y supervisoras, no civiles ni procesales automáticas. La propia Directiva encauza el control del cumplimiento a través de la supervisión administrativa, los poderes sancionadores de las autoridades competentes y los mecanismos de reclamación del prestatario, previstos en los títulos IV y V lo que indica que el legislador de la Unión ha optado por un modelo de enforcement administrativo, no por condicionar la legitimación judicial del comprador del crédito.
La Directiva no prejuzga las normas nacionales sobre la oponibilidad de la cesión al deudor ni sobre la necesidad de notificación como requisito de eficacia frente a terceros. Si, conforme al Derecho civil de un Estado miembro, la notificación al deudor es necesaria para que la cesión produzca efectos frente a él —por ejemplo, a efectos de pago liberatorio o de legitimación procesal—, esa exigencia deriva del Derecho nacional, no del artículo 10 de la Directiva. A la inversa, en los ordenamientos en los que la cesión produce efectos inter partes y frente al deudor sin notificación, como es el caso del derecho español, la Directiva no introduce subrepticiamente una condición adicional para demandar. El propio resumen oficial de la Directiva insiste en que su finalidad es armonizar el régimen de los credit servicers y compradores, no el Derecho sustantivo de créditos.
En consecuencia, la interpretación correcta es la siguiente: el artículo 10 impone una obligación imperativa de información al deudor, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas, medidas correctoras o responsabilidades regulatorias, pero no convierte la notificación en un presupuesto procesal europeo para el ejercicio de acciones judiciales por el comprador del crédito. Cualquier exigencia de notificación como requisito previo para demandar solo puede fundarse en el Derecho nacional aplicable, no en la Directiva de NPLs. Dicho de otro modo, el artículo 10 protege al deudor; no condiciona la acción del acreedor en los tribunales.

Salida fraudulenta de bienes como producción de una merma patrimonial

2026-05-08T13:27:37.670+02:00

foto: Pedro Fraile

Por Esther González

Es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, núm. 40/2026, de 6 de febrero de 2026.

El concurso de la sociedad P3000 Trading fue declarado culpable por, entre otros motivos, la salida fraudulenta de bienes en los dos años anteriores a la declaración de concurso (art. 443.2º TRLC). El juez consideró salida fraudulenta la venta por parte de la concursada de dos fincas registrales por 500.000 euros, siendo su valor catastral de 895.600 euros aproximadamente.

La AP de Madrid confirma el criterio del juez del concurso. Por un lado, hace una interpretación amplia del término “salida” de bienes o derechos del patrimonio del deudor, en línea con la jurisprudencia del TS:

“En suma, el concepto de "salida" se identifica mejor si atendemos a sus efectos -la producción de una merma patrimonial- que a su causa jurídica, que tanto puede ser la transmisión del dominio -compraventa, donación- como la constitución, gravamen, modificación o extinción de un derecho real o personal. De esta forma integrarían el concepto de salida fraudulenta de bienes o derechos la constitución de una garantía real por deuda ajena, la constitución de un derecho real (usufructo, p. ej.) o personal (como una opción de compra, un arrendamiento de larga duración sobre un activo a cambio de una renta inferior a la de mercado o la constitución de un precario), la transacción, la concesión de una fianza o aval y también la renuncia de derechos (la repudiación de una herencia o legado, la condonación de una deuda) o, incluso, su dejación. En todo caso, la "salida" del bien o derecho del patrimonio de la concursada, aunque sea temporal, ha de ser efectiva; sólo las salidas en grado de consumación integran la presunción que analizamos.”

Por otro lado, la AP de Madrid interpreta que esta salida de bienes fue fraudulenta porque, en línea con lo señalado por el TS,

“lo determinante para concluir la existencia de fraude no es que el deudor haya tenido el propósito de dañar a los acreedores, sino la mera conciencia de que con el acto que se realiza no le quedarán bienes suficientes para atender los derechos de sus acreedores”.

La AP concluye que

“en el caso de autos resulta indiscutido que se vendió por un precio muy por debajo del valor catastral, que, por máxima de experiencia, es (muy) inferior al de mercado, lo que convierte en irrelevante el precio pagado en su día, pues lo determinante es el precio que cabalmente se podía obtener y no se obtuvo, con clara conciencia de que, con semejante precio de venta, se causaba un menoscabo notable de las expectativas de cobro de los acreedores. Resulta asimismo irrelevante que la operación de venta estuviera comprendida en el objeto social o se ajustara a la legalidad societaria [ art. 160 f) LSC)], pues su tacha de ilicitud no deriva de su falta de ajuste a la normativa societaria, sino del precio obtenido, muy inferior al que un administrador podría haber conseguido de haber obrado de forma diligente”.

La adjudicación de la finca arrendada como pago de la cuota de liquidación no desata el derecho de retracto del arrendatario

2026-05-08T13:23:05.702+02:00

foto: Pedro Fraile

Por Marta Soto-Yárritu

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2026

El art. 25 LAU vincula el nacimiento de los derechos de tanteo y retracto a la «venta de la vivienda arrendada», lo que exige una transmisión onerosa susceptible de ser sustituida por el retrayente sin alteración de la contraprestación propia del negocio del que trae causa. En este caso, la adquisición de la vivienda no trae causa de un contrato de compraventa ni de un negocio oneroso equiparable, sino de la operación de liquidación de la entidad mercantil de la que era socia, como pago de la cuota de liquidación. No existe un precio en sentido propio ni una contraprestación autónoma que permita calificar la operación como onerosa en los términos exigidos por el art. 25 LAU, siendo la valoración de los bienes adjudicados un elemento meramente instrumental para asegurar la equivalencia entre las cuotas de los socios, pero no la expresión de un verdadero precio de transmisión.

Por tanto, el TS concluye que la adjudicación de la finca arrendada a la socia en satisfacción de su cuota de liquidación no integra el supuesto de hecho del art. 25 LAU, por lo que no nace a favor del arrendatario el derecho de retracto que se invoca. Rechaza así la interpretación sostenida por la parte recurrente, basada en una pretendida aplicación analógica del precepto a cualquier transmisión de dominio, por cuanto supone una extensión de un derecho de carácter excepcional más allá de sus estrictos términos legales, en contra de la doctrina jurisprudencial que impone una interpretación restrictiva de los retractos legales (sentencia del TS, núm. 276/2026, de 23 de febrero).

Doux commerce: la mayor participación en relaciones de mercado transforma la psicología y las normas sociales

2026-05-08T12:21:09.159+02:00

Esta idea se remonta a Montesquieu ([...] partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce ; et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. C’est presque une règle générale) y Smith, y fue estudiada por Hirschmann (v., El deseo de mejorar su condición para ganar el respeto y la consideración ajenos, Una historia chilena sobre la impuntualidad y el análisis económico; y esta recensión de Las pasiones y los intereses, el libro de Hirschman, de Angus Vylsma)

La extensión de los mercados transforma las sociedades para bien y, a decir de algunos, para mal cuando se extienden más allá del intercambio de bienes y servicios para alcanzar los factores de la producción.

En el trabajo que resumo a continuación se analiza cómo la extensión de los mercados en EE.UU. como consecuencia de la expansión del ferrocarril entre 1850 y 1920 produjo cambios en la psicología de los individuos y en las normas sociales. Cuando economías previamente aisladas se interconectan, las personas se vuelven más interdependientes y participan con mayor frecuencia en intercambios mutuamente beneficiosos con individuos ajenos a su círculo familiar o local. Estas interacciones generan incentivos para internalizar valores universalistas, confianza generalizada y tolerancia hacia normas diferentes a las propias, rasgos que facilitan la cooperación con personas socialmente distantes y que resultan adaptativos en sociedades amplias e integradas.

El marco teórico se apoya en el modelo seminal de Tabellini (2008), que conceptualiza el intercambio social como un dilema del prisionero de una sola jugada entre dos individuos separados por cierta distancia social. En este contexto, cooperar es óptimo socialmente, pero desviarse es racional desde el punto de vista material. La cooperación se sostiene no por expectativas de recompensa futura, sino por una utilidad psicológica adquirida culturalmente, derivada del acto de cooperar. El modelo distingue dos tipos ideales de moralidad: Moralidad tribal, centrada en la lealtad al grupo estrecho (familia, comunidad), que genera utilidad al cooperar solo con allegados. Moralidad impersonal, basada en confianza, equidad y tolerancia hacia extraños, que extiende esa utilidad a interacciones con individuos lejanos.

Cuando aumenta la probabilidad de interactuar con individuos distantes, crece el retorno económico de invertir en rasgos que facilitan esas interacciones. Además, a medida que aumenta la proporción de individuos con moralidad impersonal, también lo hace la probabilidad de que una interacción con un extraño sea cooperativa, lo que refuerza la inversión en esos rasgos (moralidad impersonal, esto es, universalismo, tolerancia y confianza generalizada, comportamiento cooperativo o prosocial, esto es, acciones costosas individualmente pero beneficiosas socialmente, tanto en dominios impersonales como basados en parentesco e interacciones impersonales, esto es, contactos en mercados laborales, producción en equipo, hogares multifamiliares y vida cívica). La expansión del ferrocarril y la integración del mercado interno estadounidense (1850-1920) incrementó las oportunidades económicas que implicaban tratar con desconocidos y el desarrollo de los rasgos que facilitan esas interacciones y su productividad

Estados Unidos experimentó una transformación profunda entre 1850 y 1920. Pasó de una economía local fragmentada a una “sociedad de mercado” en el sentido de Polanyi. La integración nacional alteró tanto la organización económica como la estructura social. Así, la producción agrícola se orientó al mercado en lugar de a cubrir las necesidades locales (hacia 1890, la región del Midwest producía el 71 % de los cereales del país, cuatro veces más que su consumo local. Este excedente se distribuía a través de redes comerciales nacionales e internacionales, llegando a decenas de mercados secundarios. La viabilidad de la producción dependía del acceso a transporte: según Fogel, tierras situadas a más de 40 millas de un ferrocarril o vía navegable eran prácticamente inviables para la agricultura comercial). Además, las actividades manufactureras pasaron de realizarse en talleres artesanales locales, con escasa división del trabajo, a fábricas de gran escala con alta especialización. Esta evolución fue posible gracias a la caída de los costes de transporte y al aumento de la integración de mercados, que permitió a las fábricas vender productos y adquirir insumos en mercados lejanos. En fin, los hogares abandonaron la autosuficiencia para depender crecientemente del mercado. Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, se generalizó el consumo de alimentos procesados y manufacturados (conservas, productos lácteos, carnes), y la ropa pasó de ser confeccionada en casa a comprarse lista para usar. El auge de grandes almacenes urbanos y, sobre todo, de catálogos por correo como Montgomery Ward y Sears Roebuck —facilitados por el servicio de entrega rural— llevó bienes de mercado incluso a zonas remotas. Montgomery Ward fue fundada en 1872 en Chicago como el primer gran negocio de venta por correspondencia de mercancía general, con su célebre catálogo dirigido sobre todo a agricultores y consumidores rurales. Richard W. Sears inició su negocio de venta de relojes por correo en 1886 en Minneapolis, y la empresa que acabaría llamándose Sears, Roebuck and Company se constituyó formalmente en 1892, cuando Sears se asoció con Alvah C. Roebuck en Chicago y amplió el catálogo a mercancía general.

Dos factores impulsaron esta transformación, por un lado, la expansión del ferrocarril. La red creció de menos de 9.000 millas en 1850 a casi 238.000 en 1920, reduciendo drásticamente los costes de transporte y conectando regiones distantes, incluidas la costa pacífica y el Oeste. Por otro, el crecimiento demográfico: la población pasó de 23 millones en 1850 a 106 millones en 1920, alimentada por la “Edad de la Gran Migración” con unos 30 millones de inmigrantes europeos y movimientos internos masivos. La combinación de estos dos factores multiplicó el acceso al mercado para productores y consumidores, impulsando el desarrollo económico, la urbanización, la industrialización y la productividad agregada.

En este contexto,

las interacciones de mercado —a diferencia de las que tienen lugar dentro de la familia o de los grupos de pertenencia— fomentan normas prosociales impersonales

que sostienen la cooperación más allá del parentesco y de las redes locales. En estos marcos, la cooperación se mantiene gracias a valores y normas interiorizados: las personas obtienen beneficios no monetarios por ser dignos de confianza y comportarse honradamente. Las mismas reglas morales, la misma moralidad puede ser 'parroquial' - parrochial - o particularista, cuando sostiene la cooperación dentro de un grupo de pertenencia (parientes) reducido, o impersonal o universalista, cuando extiende valores y normas de justicia y extiende la confianza a los extraños y desconocidos. A medida que las economías se integran más y las personas disponen de mayores oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos fuera de sus redes de pertenencia, aumentan los rendimientos de los rasgos culturales cooperativos impersonales, lo que los hace más adaptativos y amplía el ámbito de la cooperación. En contraste, los críticos… y la investigación de laboratorio que debate si los mercados erosionan las preocupaciones morales… han sostenido que la expansión de los mercados puede mercantilizar las relaciones sociales, desplazar las motivaciones morales intrínsecas y fomentar la alienación.

Combinamos una medida, a nivel de condado, del potencial de integración en los mercados con una amplia gama de indicadores de cultura cooperativa impersonal, de comportamientos cooperativos dirigidos tanto a parientes como a no parientes, y de interacciones sociales impersonales y mutuamente beneficiosas, construidos a partir de microdatos censales completos, periódicos históricos, patentes y otras fuentes. Obtenemos tres resultados principales del aumento de la integración de mercado

- fomentó un conjunto de rasgos culturales impersonales interrelacionados: universalismo, tolerancia y confianza generalizada.

- incrementó las formas impersonales de comportamiento cooperativo.

- redujo el apoyo basado en el parentesco.

Además, una mayor integración de mercado se tradujo en un incremento del comercio local y la prevalencia de interacciones impersonales y mutuamente beneficiosas en los lugares de trabajo, los hogares y la vida cívica

Y ¿cómo establecen relaciones de causalidad entre la extensión de los mercados y la moralidad universalista?

Utilizando datos censales individuales enlazados sobre migrantes internos, constatamos además que estos cambios se debieron principalmente a la adaptación cultural y no a la migración selectiva. Esta respuesta cultural se concentra entre los migrantes que trabajan en sectores intensivos en comercio, parece haber generado beneficios materiales para quienes se adaptaron y no puede explicarse fácilmente por cambios concomitantes en factores como la renta o el contacto con poblaciones más diversas. En conjunto, estos resultados respaldan un mecanismo según el cual

la integración de mercado reconfigura la cultura y las formas de cooperación a través de una mayor exposición a intercambios impersonales y mutuamente beneficiosos, y contribuyen a conciliar las visiones contrapuestas sobre las consecuencias sociales de los mercados.

Mostramos que el aumento del universalismo se concentra entre los migrantes empleados en sectores intensivos en comercio —aquellos cuyos medios de vida dependían en mayor medida de interacciones con extraños y de intercambios basados en el mercado—, incluidos la manufactura, la agricultura, el comercio mayorista y minorista y el transporte, sin que se observe efecto alguno entre los trabajadores de sectores orientados al ámbito local como la construcción, los suministros, el entretenimiento y la recreación, y la administración pública. Esto sugiere que la adaptación está relacionada con una mayor exposición a interacciones impersonales impulsadas por el comercio... este efecto... heterogéneo no puede explicarse fácilmente por diferencias observables preexistentes entre los individuos de estos grupos (por ejemplo, origen rural frente a urbano, tamaño de la familia o rasgos culturales previos).

Y esta adaptación cultural provocada por la expansión de los mercados mejoró la vida de la gente

Al comparar familias que se trasladaron desde el mismo origen al mismo condado de destino en la misma década, constatamos que aquellas que se volvieron más universalistas tras mudarse a un condado con mayor acceso a los mercados experimentaron mayores mejoras: las tasas de supervivencia de sus hijos son 0,12 desviaciones estándar más altas y las tenencias de propiedad inmobiliaria real de los progenitores 0,21 desviaciones estándar superiores a las de los migrantes que se volvieron menos universalistas. Aunque estas correlaciones no identifican rendimientos causales de la adaptación, muestran que los migrantes que se adaptaron culturalmente a un entorno con mayor acceso a los mercados obtuvieron resultados económicos y demográficos sustancialmente mejores. Considerados en conjunto, estos hallazgos sugieren que la integración de mercado configuró directamente la cultura cooperativa impersonal al incrementar la exposición a interacciones impersonales basadas en el comercio, y no únicamente a través de transformaciones más amplias del entorno socioeconómico local.

Para medir el comportamiento cooperativo... utilizamos la participación electoral en las elecciones presidenciales como proxy estándar de civismo y empleamos la proporción de ingresos fiscales recaudados a nivel municipal y de condado, en lugar de a nivel estatal, para captar la disposición a asumir costes privados con el fin de financiar bienes públicos locales que benefician a poblaciones amplias y no emparentadas (Putnam et al., 1993).

Para la cooperación basada en el parentesco, siguiendo a Ghosh et al. (2023), nos centramos en individuos vulnerables —huérfanos, personas con discapacidad y ancianos— y medimos la proporción atendida por familiares en el hogar, utilizando los censos completos.

... Trasladarse a un condado con mayor acceso a los mercados (en relación con el condado de origen) incrementó el universalismo de los progenitores en 0,13 desviaciones estándar, en comparación con traslados que redujeron el acceso a los mercados, apareciendo el efecto dentro del primer año tras la migración y persistiendo durante al menos una década... Estos resultados indican que los migrantes que ganan acceso a los mercados adaptan sus rasgos culturales cooperativos de un modo coherente con una respuesta rápida a los incentivos económicos y a las oportunidades de intercambio impersonal propias de entornos más integrados en los mercados, y concuerdan con hallazgos recientes que documentan una adaptación cultural rápida a cambios ambientales.

Max Posch/Itzchak Tzachi Raz, Doux Commerce: Markets, Culture, and Cooperation in 1850-1920 U.S. December, 2025

Más sobre la EU.Inc: Los asuntos internos de una sociedad deben quedar a la libre disposición de sus socios

2026-05-07T15:34:59.851+02:00

Foto: Pedro Fraile

la primera parte

En primer lugar, el diseño del marco legal debería partir de la premisa de que los asuntos internos de la sociedad deben quedar a la libre disposición de sus socios. Esto es aplicable, por ejemplo, a ámbitos como el gobierno corporativo y los procedimientos de toma de decisiones dentro de la compañía. En algunas de estas áreas, la redacción del EUIncR es, como poco, demasiado ambigua; el reglamento debería, más bien, especificar claramente hasta qué punto la voluntad de los socios prevalece sobre conceptos divergentes del derecho nacional. Esto se desarrollará más adelante en relación con el gobierno de la sociedad y las juntas de socios.

El Art. 7(2) EUIncR, que exige que los estatutos sociales aborden todos los temas enumerados en el anexo, podría utilizarse para ampliar la autonomía estatutaria. Se asemeja al concepto de "mandato regulador" (Regelungsauftrag) desarrollado en el debate sobre la SPE (Sociedad Privada Europea) para evitar estatutos incompletos. Por ahora, sin embargo, el anexo del EUIncR solo contiene los essentialia negotii (p. ej., denominación social, objeto social, detalles sobre las acciones, ejercicio económico). Podría ser una herramienta mucho más potente para permitir la autonomía de los socios en los estatutos si enumerara más cuestiones relevantes, como la organización de las juntas de socios o el procedimiento para ejercer el derecho de información de los socios. La extensa lista de elementos contenida en el Anexo I de la Propuesta de SPE podría servir de inspiración.

Dada la prevalencia de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas —ya sean de origen europeo o nacional— solo son necesarias cuando entran en juego intereses de terceros. En el pasado, las normas adoptadas en interés de los acreedores han sido a menudo un obstáculo importante. El EUIncR, sin embargo, sigue un concepto innovador: protege a los acreedores mediante una regla de distribución que es más protectora que muchas normas nacionales y, de ese modo, crea la libertad necesaria para otorgar a los socios una flexibilidad considerable en materia de financiación.

Las instrucciones de la junta a los administradores

La cuestión de si la junta general debe tener el derecho de dar instrucciones a los administradores de la sociedad ha sido objeto de frecuentes disputas en el contexto europeo. Se previó originalmente en la propuesta de la SUP (Societas Unius Personae), pero fue posteriormente eliminada. El asunto también fue polémico en el marco de la Sociedad Privada Europea SPE. A primera vista, parece evidente que la dirección debe respetar la voluntad de los socios. Del mismo modo, resulta evidente que una instrucción de los socios solo es legalmente vinculante en la medida en que no vulnere el derecho imperativo. En consecuencia, por ejemplo, los administradores de una EU Inc. no estarían obligados a cumplir una instrucción que ordene un reparto de dividendos a los socios si no existen fondos líquidos disponibles para tal distribución.

En algunos sistemas jurídicos, el derecho de instrucción de los socios está expresamente regulado. En otros países, la ley guarda silencio. En su lugar, se confía en la premisa de que un administrador que puede ser destituido en cualquier momento cumplirá, en la práctica, con los deseos de los socios. Aunque esto pueda ser cierto en la práctica, deja sin resolver la cuestión de si un administrador que se opone a los socios incurre por ello en un incumplimiento de sus deberes. Por tanto, un derecho de instrucción regulado estatutariamente no solo sirve a los intereses de los socios, sino que también genera seguridad jurídica para los administradores. Al fin y al cabo, la destitución por justa causa debida a un incumplimiento de deberes conlleva, por lo general, consecuencias legales distintas a la destitución sin causa. También debe tenerse en cuenta que —especialmente en un contexto transfronterizo— no siempre es una opción sensata destituir a un administrador simplemente porque este se niegue a seguir una instrucción. No siempre se dispone fácilmente de personas cualificadas con conocimiento del mercado local.

Además, un grupo transfronterizo está sujeto a numerosos requisitos de cumplimiento (compliance), los cuales, por cierto, suelen basarse en el Derecho de la UE. Desde el punto de vista de una matriz diligente, la cuestión de si los administradores de una filial deben seguir sus instrucciones deja de ser meramente académica. La sociedad matriz no tiene otra alternativa que garantizar el cumplimiento dentro de sus filiales; de lo contrario, las infracciones de cumplimiento que se produzcan a nivel de la filial pueden dar lugar a la responsabilidad solidaria de la sociedad matriz. Al regular expresamente la emisión de instrucciones, el EUIncR mejora, por tanto, el atractivo de la EU Inc. para su uso dentro de estructuras empresariales transfronterizas. Por las mismas razones, el derecho de dar instrucciones ha sido defendido por el grupo de expertos que redactó el EMCA (European Model Company Act) y por el grupo de expertos internacionales Forum Europaeum on Corporate Groups.

Business judgment rule

Es un buen ejemplo de la obsesión por la fragmentación. Dicen los autores

La [BJR] tiene el valor de ofrecer un "puerto seguro" (safe harbour) en relación con las decisiones empresariales, siempre que se tomen de buena fe, con la diligencia de una persona razonablemente prudente y bajo la creencia razonable de que la acción era en el mejor interés de la sociedad. Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, el derecho alemán o el EMCA, el Art. 44(3)(a) del EUIncR no incluye una dimensión de adecuación de la información; esto solo se complementa en el considerando 34, frase 3 del EUIncR. Se recomienda encarecidamente incluir esto directamente en el texto del Art. 44(3)(a) para garantizar que la regla del juicio de negocios proporcione un verdadero puerto seguro para los administradores.

Además, es crucial establecer una infraestructura institucional que garantice que las sentencias en casos individuales se basen en conceptos legislativos similares. Actualmente, si bien es cierto que la business judgment rule es conocida en la mayoría o en todos los Estados miembros de la UE, su aplicación varía según la jurisdicción: un enfoque comparativo basado en casos revela que la aplicación de este estándar a un mismo supuesto no siempre produce resultados idénticos.

La intención de armonizar los estándares legales para los administradores se ve aún más socavada por el Art. 44(4) del EUIncR, que establece que la responsabilidad de los administradores se "regirá además por el derecho nacional aplicable". Esta remisión parece convincente en áreas como el cálculo de daños o los plazos de prescripción, cuestiones que están estrechamente relacionadas con conceptos del derecho civil nacional. Pero podría abrir la caja de Pandora en muchos otros aspectos. La responsabilidad de los administradores plantea una multitud de cuestiones importantes, como la carga de la prueba o su aplicación a los administradores de hecho (shadow directors). Si el EUIncR quisiera aumentar su efecto armonizador respecto a los deberes de los administradores, podría ser aconsejable considerar el enfoque de los Capítulos 9 y 10 del EMCA, que incluyen disposiciones sobre administradores de hecho y oportunidades de negocio.

Esto no es importante para los operadores. Si su derecho nacional no les gusta, en todas estas materias, tienen incentivos para regular estatutariamente o en el pacto de socios o en el contrato con el administrador sus deberes y su responsabilidad. Lo mismo respecto de las operaciones vinculadas.

En relación con el

derecho de grupos,

los autores, sin embargo, pretenden imponer una regla en toda Europa que es muy discutida y, probablemente, errónea, ya que proponen reconocer el interés del grupo:

La solución a este dilema podría ser el reconocimiento expreso de que una filial EU Inc. está autorizada a tener en cuenta el interés del grupo al sopesar los pros y los contras de una medida concreta inducida por la dirección del grupo. En este punto, de nuevo, el EMCA podría servir de modelo.

Esto es un error pero un error evitable. De nuevo: si tener en cuenta el interés del grupo es valioso para las partes ¿qué les impide pactarlo? El respeto por parte del derecho europeo al pacta sunt servanda es suficiente. Lo que tiene que establecer el legislador europeo es el deber de los legisladores nacionales de respetar lo acordado por los socios unánimemente en todas estas materias. Es deseable que, a través de estatutos-modelo y pactos de socios - modelo, el legislador proporcione derecho supletorio pero, dado el entorno en el que se constituyen start ups, los particulares tienen incentivos y la capacidad para regular detalladamente todas las cuestiones relacionadas con la toma de decisiones, deberes de los administradores, operaciones vinculadas y relaciones con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo.

En relación con la

codeterminación - cogestión -

alemana que ha envenenado la discusión europea durante los últimos cincuenta años, uno se pregunta acerca de la escasísima confianza recíproca entre los Estados que esta cuestión revela: ¿acaso hay derechos nacionales que no respetan los derechos de los trabajadores? ¿Cuánto nos cuesta a todos los europeos el régimen alemán en términos de regulaciones europeas ineficientes y rígidas?

La crítica puede dirigirse igualmente con

la transmisión de las participaciones.

La propuesta prohíbe a los estados miembro exigir la escritura pública. Pero los alemanes dicen:

Los Estados miembros tienen prohibido imponer formalidades adicionales, incluido el requisito de escritura pública notarial, para que la transmisión sea legalmente válida (Art. 59(5) EUIncR). Esta disposición se dirige contra normas como el § 15(3) de la GmbHG (Ley alemana de sociedades de responsabilidad limitada), según la cual la eficacia de una transmisión de participaciones requiere de protocolización notarial. Sin embargo, los autores del Art. 59(5) del EUIncR podrían haber pasado por alto el hecho de que, según el derecho alemán —y posiblemente también bajo otros sistemas jurídicos de la Europa continental— la transmisión permanente e irrevocable de una participación de una GmbH requiere de dos contratos: un contrato que establece la obligación de transmitir (normalmente un contrato de compraventa) y un segundo contrato mediante el cual se efectúa la transmisión real. Basándose en su redacción actual, se podría interpretar el Art. 59(5) del EUIncR en el sentido de que solo el segundo contrato no debe estar sujeto a protocolización notarial, y que para el primer contrato la legislación nacional aún podría exigir la intervención de notario (ya que no es estrictamente necesario para la eficacia de la cesión). No obstante, bajo el derecho alemán, si falta el primer contrato, se produce un... enriquecimiento injusto, y el transmitente podría, por tanto, exigir que el adquirente le retransmita la participación.

Más interés tiene la propuesta consistente en permitir que los estatutos puedan remitir al notario el procedimiento de transmisión:

En cualquier caso, el Art. 59 del EUIncR, tal como está redactado actualmente, plantea la duda de si no deja de hecho a la dirección de una EU Inc. entre la espada y la pared. El registro digital de acciones desempeña un papel central a la hora de determinar la eficacia jurídica de los derechos de los socios. Dado que cada asiento que registra una transmisión de acciones tiene un efecto constitutivo, la sociedad debe, de conformidad con el Art. 59(7) del EUIncR, verificar siempre el título legal del transmitente para transferir la participación y el cumplimiento de los estatutos de la sociedad. Es probable que una evaluación jurídica de tal calibre, de la que depende tanto para los socios afectados, haga que más de un administrador sude frío.

Además, siempre debe examinarse si la transmisión de acciones conlleva un cambio en el titular real (beneficial owner) en el sentido de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, lo cual tendría que notificarse al registro correspondiente. Por último, las autoridades fiscales deben ser informadas de la transacción. En Alemania, todas estas tareas las realiza el notario como una "ventanilla única" (one-stop shop). Por supuesto, este modelo no puede trasladarse a todos los Estados miembros de la UE. Como mínimo, no obstante, se debería conceder a la EU Inc. la posibilidad de delegar las actividades legalmente relevantes asociadas al registro digital de acciones en proveedores de servicios (como empresas privadas o notarios) que asumirían entonces la responsabilidad correspondiente. Esta es una práctica habitual, por ejemplo, en el caso del registro de acciones de las AG alemanas (Aktiengesellschaft) o de los registros de acciones en otros sistemas jurídicos.

A la vista de cómo funciona el libro registro, no creo que los administradores estén muy preocupados al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la transmisión de participaciones en sociedades cerradas tiene lugar muy raramente y el cambio de "titular real" - al menos el 25 % del capital - aún más raro. En cuanto a la notificación a Hacienda, puede hacerse automáticamente.

En relación con

el capital,

la EU.Inc copia el derecho norteamericano que ha suprimido el "legal capital". Las participaciones no representan partes alícuotas del capital social, este no existe ni contablemente ni tiene relación con la aportación realizada por el socio. Por tanto, la propuesta se "carga" todo el régimen imperativo del capital social: la prohibición de emisión bajo par, la formación 'integra' del capital social (y, por tanto, el deber de mantener activos en cuantía suficiente para cubrir todas las deudas y la cifra de capital) y el principio de 'recapitaliza o liquida' y la prohibición de reparto.

Schmidt, Jessica J and Teichmann, Christoph, The EU Inc. -half European, fully digital, and genuinely innovative (April 25, 2026)

Más sobre la Eu.Inc: la base jurídica para la promulgación del Reglamento

2026-05-07T12:44:11.488+02:00

foto: Pedro Fraile

El análisis de los autores es excelente aunque su punto de partida es diferente del mío. Comienzan valorando positivamente la Societas Europeaea - SE como un éxito en la medida en que "se ha convertido en un tipo societario atractivo para grandes compañías" como lo probaría que "en 2025, el 30 % del DAX de Frankfurt y el 16 % de las compañías cotizadas en el Euro Stoxx 50 eran SE o SE & Compañía, Sociedad Comanditaria por acciones". Pero estos datos son engañosos para valorar el éxito de la SE. Todas las sociedades cotizadas con esa forma son alemanas porque las grandes compañías alemanas no tenían otra salida para "eludir la aplicación de las reglas sobre cogestión" impuestas por el derecho alemán. Europa echó un cable cuando el legislador alemán fue incapaz de hacerlo. Además, el 'crecimiento' de la SE parece agotado. En los últimos diez años sólo BMW se ha convertido en SE. Por tanto, no es que la SE haya tenido éxito. Es que la Aktiengesellschaft (AG) es un fracaso debido a su rigidez (no hay autonomía estatutaria en la AG) y a la Mitbestimmung (cogestión).

Tampoco puedo compartir el presupuesto de los autores respecto a que la "fragmentación" del derecho de sociedades en Europa sea un problema que impida el "establecimiento y el funcionamiento del mercado interior" (art. 114 TFUE). Los autores dicen que la jurisprudencia Centros y la competencia entre derechos de sociedades "ha generado valiosas innovaciones en muchos derechos nacionales pero ha hecho todavía más complicado tener una visión general del panorama europeo del derecho de sociedades". El derecho de sociedades en Europa se ha convertido en un "zoo" en el que hay cada vez más especies de "animales". Se me escapa por qué eso es un problema para los operadores económicos. Es cierto que el legislador europeo debería haber armonizado las normas de derecho internacional privado pero no puede aceptarse la equiparación entre fragmentación jurídica y fragmentación del mercado interior. La variedad de normas jurídicas en función de la ley aplicable a cada sociedad no es un obstáculo al funcionamiento del mercado interior si hay - como hay en Europa desde la sentencia Centros - pleno reconocimiento mutuo de la personalidad jurídica de una sociedad constituida válidamente conforme a la legislación de un Estado miembro. Lo demuestra el derecho norteamericano cuyos operadores económicos han de lidiar con más de 50 legislaciones societarias distintas, por muy parecidas que sean unas a otras. Si las sociedades pueden elegir "con los pies", el derecho de sociedades de los Estados miembro que adopten reglas ineficientes caerá en la irrelevancia (¿es eso lo que está pasando con el derecho alemán de sociedades anónimas?). Lo que ha de armonizarse, si se me permite, son las reglas sobre las personas jurídicas, es decir, las reglas sobre representación y sobre responsabilidad. Y estas reglas, como digo, ya están armonizadas (la antigua 1ª Directiva) o lo están de facto por el principio de reconocimiento mutuo de la personalidad jurídica (lo que implica la responsabilidad del patrimonio de la sociedad por las deudas contraidas por sus representantes).

El artículo se vuelve menos discutible cuando analiza la base jurídica de la propuesta de Reglamento de la EU.Inc, los autores explican que

Para su propuesta de un Reglamento sobre la EU Inc., la Comisión Europea utiliza el artículo 114 TFUE como base jurídica. Esta disposición permite la adopción de medidas destinadas a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 26 TFUE, es decir, al funcionamiento del mercado interior tal como se configura a partir de las cuatro libertades fundamentales. Alternativamente, podría haberse considerado el artículo 50.2 g) TFUE, que hasta ahora ha servido de fundamento a la armonización normativa en materia de Derecho de sociedades, en particular a través de las Directivas de Derecho de sociedades. También podría haberse tomado en consideración el artículo 352 TFUE, que ha sido la base jurídica de las formas jurídicas supranacionales existentes, como la Sociedad Europea (SE), la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) y la Sociedad Cooperativa Europea (SCE).

El artículo 114 TFUE ha sido el elegido por la Comisión como base jurídica de la propuesta de Reglamento de EU.Inc y los autores concuerdan que era la mejor opción. Los problemas de las otras dos posibles bases jurídicas se exponen a continuación. Uno, es que el art. 352 exige unanimidad. Otro, es que el TJUE ha dicho que no se puede usar el art. 114 TFUE para implantar tipos societarios supranacionales. Estos dos argumentos excluyen el recurso al art. 352. Y el recurso al art. 50 también porque, sencillamente, el objetivo de la propuesta de Reglamento EU.Inc no es hacer equivalentes las garantías de socios y terceros en el Derecho de Sociedades. El Art. 50(2)(g) que legitima la intervención legislativa de la Unión "coordinando, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 54, para proteger los intereses de socios y terceros", los autores descartan que el objetivo del EU.IncR sea "hacer equivalentes" las garantías "para proteger los intereses de socios y terceros". Más bien, lo que pretende la propuesta es impedir que los Estados obstaculicen la formación y funcionamiento de las start ups poniendo trabas sobre la base de su competencia sobre el derecho de sociedades (y, en menor medida, fiscal y de la insolvencia).

Veámoslo con más detalle.

El problema con el art. 114 TFUE es que su apartado 2 no permite adoptar medidas en relación con los derechos de los trabajadores. En mi propuesta de reforma de la EU.Inc se pretendía incluir una regulación del contrato de trabajo de start-up en la línea del contrato de alta dirección. No sé si el hecho de que se trate de un "sandbox" permitiría salvar la exigencia de unanimidad. En todo caso, no creo que el hecho de que se requiera la unanimidad debiera determinar la base jurídica elegida. El TJUE no debería permitirlo. De hecho, los autores citan la sentencia del TJUE es la de 2 de mayo de 2006 y en ella se lee:

La base jurídica adecuada sobre la que debe adoptarse un acto ha de determinarse en función de su contenido y de su objeto principal... A este respecto, sólo está justificado recurrir al artículo 308 CE como base jurídica de un acto, cuando ninguna otra disposición del Tratado confiere a las instituciones comunitarias la competencia necesaria para adoptarlo... En cambio, se excluye utilizar el artículo 308 CE como base jurídica cuando el acto comunitario controvertido no crea un nuevo régimen jurídico de protección, a escala comunitaria, sino que sólo armoniza las normas establecidas en el Derecho de los Estados miembros para otorgar y proteger dicho régimen...

Por lo que se refiere al art. 114, (antiguamente, el artículo 95 CE), éste faculta al legislador comunitario para adoptar las medidas destinadas a mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento del mercado interior, las cuales deben tener efectivamente dicho objeto, contribuyendo a eliminar obstáculos a las libertades económicas garantizadas por el Tratado, entre las que figura la libertad de establecimiento ... Es posible recurrir, asimismo, al artículo 95 CE como base jurídica para evitar la aparición de futuros obstáculos a los intercambios comerciales derivados de la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales, siempre que la aparición de tales obstáculos sea probable y que la medida de que se trate tenga por objeto su prevención.

En el presente asunto, resulta del contenido y del objetivo del Reglamento impugnado que éste debe establecer una forma jurídica nueva que se superponga a las formas nacionales de sociedades cooperativas... debe ser considerada una forma jurídica europea de sociedad cooperativa, de carácter específicamente comunitario... (que)... se rige... prioritariamente por este Reglamento (que)... remite, sólo con carácter subsidiario... al Derecho... del Estado miembro... (de lo que se deduce que)... la figura de la sociedad cooperativa europea coexiste con la de las sociedades cooperativas de Derecho nacional... En estas circunstancias, no puede considerarse que el Reglamento impugnado, que deja intactas las distintas normativas nacionales existentes, tenga por objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros aplicables a las sociedades cooperativas, sino crear una nueva forma de sociedad cooperativa que se superpone a las nacionales... (de lo que)... resulta que el artículo 114 CE no puede constituir una base jurídica adecuada para la adopción del Reglamento impugnado, que fue adoptado, con toda legalidad, sobre la base del artículo 308 CE.

El problema, pues, para la Comisión y para la EU.Inc es que, si tengo razón y la "fragmentación" del derecho de sociedades no es un obstáculo para el funcionamiento del mercado común, más bien la armonización genera costes de transacción, el artículo 114 no sería una base jurídica para la introducción de la figura de la EU.Inc (en adelante EU.IncR). Los autores, sin embargo, son de otra opinión:

El problema del desarrollo heterogéneo de los Derechos nacionales es precisamente la razón por la que la Comisión quiere introducir la EU Inc. La diferencia clave entre esta propuesta y una forma jurídica supranacional radica en que el Reglamento de la EU Inc. (EUIncR) no exige la existencia de un elemento transfronterizo. El EUIncR se aplica también a situaciones puramente internas y, en esa medida, desplaza la competencia normativa de los Estados miembros. Sustituye a todo un conjunto de disposiciones relativas a la constitución y a la financiación que, de otro modo, serían aplicables a la forma jurídica nacional de referencia. Ello ilustra un rasgo característico de la armonización jurídica.

La conclusión de los autores es que la base del artículo 114 TFUE es adecuada. Y eso libera a la Comisión parcialmente de la acusación de hipocresía: necesitamos la EU.Inc para lograr el "establecimiento y el funcionamiento del mercado interior" pero no porque la fragmentación actual impida o dificulte el funcionamiento del mercado interior sino porque las normas (o doctrinas) imperativas de muchos estados miembro elevan los costes de crear y crecer para una start up que quiera proyectarse mundialmente. El problema para el crecimiento de las start ups en Europa no está en la "fragmentación" del derecho de sociedades o del derecho de la insolvencia. Está en el contenido imperativo e ineficiente de muchas normas y doctrinas del Derecho de los Estados miembro.

Schmidt, Jessica J and Teichmann, Christoph, The EU Inc. -half European, fully digital, and genuinely innovative (April 25, 2026)

Congreso UAM Derecho de reestructuraciones

2026-05-07T10:12:15.102+02:00

13-05-2026 08:30

Calle del Caballero de Gracia, 28, Madrid, España (sede de CECA)

Área de Derecho Mercantil - UAM - Patrocina CECA

Citas: UAM, primera en Derecho, prórroga presupuestaria, mendigos racionales, consumidores irracionales, niños y pantallas, hatajo de delincuentes en el gobierno, Spirit y crowdreestructuring, AJP Taylor y mucho breve

2026-05-06T21:15:46.625+02:00

Europeana en Unsplash

Breve

La UAM, primera en Derecho y segunda en Derecho-ADE.
Maria Eugenia Rodríguez Palop no es más tonta que la media, pero, a diferencia de la gente de su inteligencia, ocupa una posición social y dispone de un 'altavoz' para sus sandeces. Rodríguez Palop carece de la capacidad de análisis que se requiere para publicar artículos sobre los problemas sociales fundamentales.
Excelente Ventoruzzo, Visual Comparative Corporate Law Series ;
Los dilemas morales en la película 'Proyecto Salvación';
Excelente Ricardo Cayuela: la ficción en la literatura y en la política;
El cerebro entra en el sueño no con un "interruptor general" sino de forma regional y asincrónica;
Estudio comparando cuánto retienen estudiantes que han usado una IA vs estudiantes que no.
La eliminación del impuesto sobre sucesiones se vincula a un mayor crecimiento de las empresas privadas con herederos: "Tras la eliminación de los impuestos sobre sucesiones y donaciones en Suecia en 2005, las empresas privadas con posibles sucesores familiares crecieron más rápido, invirtieron más y pagaron impuestos de sociedades más altos que las empresas sin herederos naturales, según un nuevo informe de la Escuela de Economía de Estocolmo"
Los bonos-bebé funcionan
Video killed the radio star y el teléfono móvil acabó con los embarazos adolescentes.
Tener hijos durante los estudios universitarios STEM no perjudica tu carrera
Los CEO son cada vez más viejos porque las empresas otorgan mayor peso a la experiencia gerencial diversificada, ya que los entornos operativos se han vuelto cada vez más inciertos y complejos.
Teoría de la gacela: Los responsables políticos que quieran hacer más atractivas las salidas a bolsa de las start ups no lo conseguirán haciendo más fácil la OPV; deben hacer que las OPV sean más atractivas para inversores y emprendedores que la vía de vender la empresa a un incumbente en el sector.
La provisión institucionalizada de apoyos educativos individualizados para estudiantes con discapacidades reconocidas tiene efectos positivos y medibles sobre el aprendizaje, una vez que el alumno entra en el sistema de educación especial.
La probabilidad de que una táctica de interrogatorio legal termine en una condena injusta por confesión falsa suele situarse cerca del 1%. Aunque parece un número bajo, representa un volumen significativo de personas inocentes condenadas.
Adquirimos la propensión al riesgo a una edad temprana, y esa característica guía nuestras decisiones vitales. Incluso grandes cambios profesionales o familiares no alteran la propensión al riesgo.
Seguir y observar contenido deportivo refuerza el pensamiento de suma cero
La dinámica cerebral aperiódica (ruido neuronal) cumple una función cognitiva específica al desestructurar patrones de pensamiento rígidos, permitiendo así la generación de conceptos verdaderamente novedosos.
Los reyes itinerantes, como Isabel y Fernando, lo eran por un por qué.
Efectos de la incorporación al mercado laboral de mujeres sobre su comportamiento político: votan menos y se hacen más conservadoras.
márgenes de victoria mayores pueden empoderar a los partidos políticos para adoptar políticas más extremas
El análisis de 600.000 resúmenes mediante modelos de lenguaje demuestra que la investigación en ciencias sociales ha mantenido una orientación predominante de izquierda desde 1960, tendencia que se intensificó y homogeneizó a partir de 1990, especialmente en el ámbito sociocultural.

La prórroga de los presupuestos limita extraordinariamente el margen de maniobra del gobierno si el gobierno de España fuera un gobierno que actúa con sometimiento a la ley y al Derecho. Jorrín en El Confidencial

El Pleno del Tribunal de Cuentas reconoce que, al menos, existe "una laguna jurídica" respecto a la capacidad para contraer nueva deuda. El motivo es que la Constitución Española señala claramente en el artículo 135 que "el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito". Esa autorización se incluye anualmente en los presupuestos, pero ¿qué ocurre cuando no hay nuevos presupuestos? Esto no se contempla en ningún sitio.

El Gobierno ha interpretado que la prórroga presupuestaria cubre plenamente la autorización para elevar la deuda pública. Sin embargo, el consejero del Tribunal de Cuentas Javier Morillas Gómez plantea que el Gobierno necesitaría la autorización legal para elevar la deuda pública. "La prórroga presupuestaria no sustituye a la necesidad de contar con autorización legal para la emisión de deuda, pues se prorroga el presupuesto y no la ley de presupuestos que lo contiene", señala. Bajo esta interpretación, el Gobierno también se habría saltado la Constitución al contraer nuevas deudas.

La determinación de las partidas que se prorrogan y las que ya se han completado es competencia exclusiva del Consejo de Ministros, pero la información que ha publicado es escasa o nula. De ahí que el consejero Morillas Gómez denuncie que ni siquiera el Tribunal de Cuentas tiene una justificación completa de las partidas que se han prorrogado. "El auditor se encuentra con una incertidumbre que afecta al punto de partida del ciclo presupuestario", denuncia.

¿Son los mendigos racionales?

Los Mendigos fueron objeto de un estudio en las estaciones del Metro de Washington D.C. A pesar de que los mendigos suelen ser percibidos como erráticos, con problemas de salud mental o adicciones, el estudio reveló que hay más mendigos en las estaciones más concurridas, en las más "cómodas" y en aquellas con barreras de entrada bajas (como cercanía a refugios). Pero el hallazgo más sorprendente es que el promedio, la mediana y la varianza de las ganancias por hora son prácticamente iguales entre todas las estaciones. Es decir, que si una estación es muy lucrativa, atrae a más mendigos. Esa mayor competencia reduce las ganancias individuales hasta que la rentabilidad se iguala con la de otras estaciones menos concurridas pero con menos competencia.

¿Y los consumidores? Sí. Salvo cuando la escasez aprieta, entonces estamos a lo urgente, no a lo importante

cuando los consumidores han de optar, especialmente entre el acceso inmediato a los fondos y el coste, los efectos difieren drásticamente. Los participantes con estrés financiero tienen más probabilidades de elegir opciones de alto coste y precio que ofrezcan acceso inmediato a fondos que los participantes menos estresados.

y, entonces, informar a los consumidores no solo no mejora las decisiones sino que las empeora

las informaciones destacadas aumentan la probabilidad de que los participantes con dificultades financieras y de bajos ingresos elijan opciones de alta tarifa que proporcionen acceso inmediato a fondos en comparación con los participantes con menos estrés financiero y mayores ingresos. Estas opciones son costosas. En algunos casos, implican tasas anualizadas que superan el 200 por ciento, y en experimentos posteriores, los participantes siguen eligiendo la inmediatez incluso cuando las comisiones alcanzan el 40 por ciento del valor de la tarjeta. Este patrón es difícil de conciliar con una explicación puramente racional de elección intertemporal.

Nuestros resultados sugieren el funcionamiento de un mecanismo basado en la escasez. Una amplia literatura muestra que el estrés financiero puede activar una 'mentalidad de escasez', reduciendo la atención y aumentando el enfoque en las necesidades inmediatas.

La evolución nos hizo así.

Los niños pequeños pasan más horas en internet y menos jugando en los EE.UU. Pero es que los padres norteamericanos son unos fascistas

Las niñas y niños estadounidenses pasan mucho tiempo en línea. Incluso los padres que describirían su estilo de crianza como de baja tecnología y que fomentan el juego libre permiten a sus hijos de tres años, en promedio, 3.5 horas por semana de tiempo en dispositivos con acceso a internet. Los niños de tres años de padres que fomentan la tecnología promedian 6 horas por semana usando dichos dispositivos.

Los niños estadounidenses obtienen sus dispositivos a una edad temprana con pocas restricciones serias. A la edad de 11 años, los teléfonos inteligentes se convierten en el medio principal para el acceso a internet entre los niños estadounidenses, con más del 60% que poseen un teléfono inteligente. Generalmente, se colocan pocas restricciones parentales en estos teléfonos. Mientras tanto, casi el 50% de los niños de tres años usan una tableta, iPad o Kindle; y muchos de estos niños tienen pocas o ninguna restricción.

Los niños estadounidenses generalmente no tienen libertad para moverse sin supervisión. De hecho, a los 17 años, alrededor del 60% de los niños estadounidenses todavía no tienen permiso para salir de su vecindario sin supervisión.

Los padres con un título de posgrado son más propensos a establecer límites de tiempo de pantalla o reglas de entrega de teléfonos para niños mayores de 10 años que los padres con menos formación; y los padres con un título de posgrado también son menos propensos a apoyar que los niños de 8 a 12 años deban tener más supervisión.

El problema de España con una Constitución que jamás imaginó que alguien como el PSOE de Sánchez y su banda de apandadores - incluyendo tres Fiscales Generales del Estado - gobernaría España

Las democracias constitucionales modernas dependen de mecanismos institucionales para restringir el poder político. Sin embargo, estos mecanismos presuponen formas de restricción ética que ellos mismos no pueden generar. El orden constitucional, en este sentido, depende no solo de cómo se estructura el poder, sino de cómo se ordenan los objetivos humanos.

El poder (artha) y el deseo (kāma) no se vuelven legítimos simplemente a través de la regulación institucional; su legitimidad surge solo cuando se fundamentan en el dharma, entendido como un principio internalizado de orden ético. Bajo esta visión, el dharma no se limita a restringir la acción política, sino que constituye las condiciones bajo las cuales esta se vuelve significativa y estable. Opera no solo como un freno a la acción incorrecta, sino también como una fuente positiva de orientación, permitiendo e inspirando formas de conducta alineadas con el orden ético. Rohit Viswanath

Spirit 2.0: ¿podemos utilizar el crowdfunding para reestructuraciones? (Jessica Karl, Bloomberg) sobre la quiebra de la línea aérea low cost Spirit

“Innumerables familias vuelan solo unas pocas veces al año, si es que lo hacen alguna vez”, escribe Thomas Black. “Están dispuestos a apretar sus pertenencias en mochilas e incluir lo que no cabe en una maleta grande que conlleva una tarifa de equipaje considerable. Traerán bocadillos y botellas de agua que llenan en la fuente pública de la terminal. Les parece bien que el billete no incluya ninguna prestación accesoria. Pero quieren despegar y aterrizar puntualmente. Quieren reglas claras sobre cargos extra. Les gustaría ser tratados con cortesía”. Spirit les daba todo eso y más, y ahora ha desaparecido.

¿O... no? La aerolínea es tan querida que los usuarios de TikTok han organizado una campaña de financiación colectiva para crear “Spirit 2.0”. Existe incluso un sitio web llamado letsbuyspiritair.com. La plataforma estaba tan saturada que se cayó hoy mismo — a diferencia de los aviones de Spirit, que cuentan con un historial intachable en materia de seguridad. A las 15:00, hora de Nueva York, 124.755 personas habían prometido 88 millones de dólares para salvar esos atroces aviones amarillos. Increíble. Pero me imagino que una aerolínea propiedad de los pasajeros sería mucho más compleja de gestionar que, por ejemplo, los Green Bay Packers, propiedad de sus aficionados, que comparten la misma espantosa paleta de colores amarillos (ellos lo llaman oro, pero no lo es).

Extractos de la primera parte de AJP Taylor, Los orígenes de la 2ª Guerra Mundial

Los hombres no pueden disputar indefinidamente sobre una cuestión que ha quedado zanjada, aunque haya sido grande la cólera experimentada en los primeros momentos.

“Es peligroso deducir, intenciones, políticas de planes militares” página 13 Cuando otros países pensaban que Hitler estaba preparando una guerra de agresión contra ellos, Hitler estaba también convencido de que estos otros intentaban impedir la restauración de Alemania como un gran potencia independiente. Su creencia no era del todo infundada. Tanto el gobierno francés como el británico habían sido criticados por no iniciar una guerra preventiva a tiempo. Aquí, me parece, está la clave del problema acerca de si Hitler pretendía deliberadamente iniciar una guerra. No era tanto que tuviera tal objetivo como que esperaba que hubiera una guerra a menos que él pudiera evitarlo con algún truco ingenioso como había evitado la guerra civil en Alemania. Los que tienen motivos malvados se los atribuyen fácilmente a los demás y Hitler esperaba que los otros, los demás, hicieran lo que él habría hecho en su lugar. Inglaterra y Francia eran antagonistas inspirados por el odio; la Rusia soviética estaba conspirando para destruir la civilización europea, una amenaza vacía que los bolcheviques habían hecho a menudo; Roosevelt, quería arruinar Europa. Por supuesto que Hitler ordenó a sus generales prepararse para la guerra. Pero también lo hizo Gran Bretaña y puestos en eso cualquier otro gobierno. Es el trabajo del Estado mayor prepararse para la guerra. Las instrucciones que reciben de sus gobiernos indican la posible guerra para las que se están preparando pero no son prueba alguna de que los gobiernos afectados hubieran decidido nada al respecto. Todas las instrucciones británicas desde 1935 en adelante se dirigían exclusivamente contra Alemania; las de Hitler estaban concentradas solo en hacer a Alemania más y más fuerte. Si tuviéramos que juzgar, por tanto las intenciones políticas a partir de los planes militares, nos aparecería que el gobierno británico estaba preparando la guerra con contra Alemania y no al revés. Pero naturalmente, a la conducta de nuestros gobiernos le aplicamos una generosidad interpretativa que no extendemos a los demás. Como la gente ve a Hitler como un monstruo encuentra pruebas de su monstruosidad en hechos que no usaría contra otros por qué se aplica este doble estándar, solo porque asumimos la monstruosidad de Hitler en primer lugar.

... Fui un anti-apaciguador desde el día en que Hitler llegó al poder; y sin duda lo sería de nuevo bajo circunstancias similares. Pero el punto no tiene relevancia en la escritura de la historia. En retrospectiva, aunque muchos fueron culpables, nadie fue inocente. El propósito de la actividad política es proporcionar paz y prosperidad; y en esto todos los estadistas fracasaron, por la razón que fuera. Esta es una historia sin héroes; y tal vez incluso sin villanos. … La primera guerra destruyó viejos imperios y dio existencia a nuevos estados. La segunda guerra no creó nuevos estados y destruyó solo a Estonia, Letonia y Lituania. Si uno se hace la pregunta más bien burda de «¿de qué trató la guerra?», la respuesta para la primera es: «para decidir cómo debía reconstruirse Europa», pero para la segunda simplemente: «para decidir si esta Europa reconstruida debía continuar». La primera guerra explica la segunda y, de hecho, la causó, en la medida en que un acontecimiento causa otro.

.…Orígenes… Con ello volvían al viejo y obstinado problema. Si se colocaba a Alemania en igualdad de condiciones con los demás, sería la potencia más fuerte de Europa; si se adoptaban precauciones especiales contra ella, no recibiría un trato igual. Lo que los Aliados querían en realidad era un sistema de tratados dirigido contra Alemania que los propios alemanes aceptaran voluntariamente. Resulta extraño que alguien creyera posible algo así; pero aquel fue un momento de la historia en el que las abstracciones ejercieron una poderosa influencia sobre las relaciones internacionales.

Las viejas monarquías habían valorado los tratados en la medida en que otorgaban derechos; nunca les habían preocupado demasiado los tratados que imponían obligaciones.

La nueva actitud respondía a la “santidad del contrato”, elemento fundamental de la civilización burguesa. Los reyes y los aristócratas no pagan sus deudas y rara vez cumplen su palabra.

El sistema capitalista se derrumbaría si quienes lo practican no respetaran, sin discusión, incluso el más casual de sus compromisos; y ahora se esperaba que los alemanes observaran la misma ética.

Había razones más prácticas para confiar en los tratados; la más práctica de todas era que no había alternativa alguna. Aquí residía el gran contraste entre el período posterior a la Primera Guerra Mundial y épocas anteriores de naturaleza similar. El problema de que una gran potencia europea fuese manifiestamente más fuerte que las demás no tenía nada de nuevo. Al contrario, se había planteado una y otra vez a lo largo de los últimos cuatrocientos años. Nunca se había confiado en las cláusulas de los tratados ni en las promesas del más fuerte de abstenerse de emplear su poder. Las potencias más débiles y más pacíficas habían tendido a agruparse, casi de forma inconsciente. Habían formado alianzas y coaliciones que derrotaron o disuadieron al agresor. Así fue frente a España en el siglo XVI; frente a la Francia borbónica en el XVII; y frente a Napoleón en el XIX. Y así fue también, a la postre, en la Primera Guerra Mundial.

Balfour dijo al gabinete de guerra Imperial el 21 de marzo de 1917 “si… Separamos radicalmente Rusia respecto de occidente, Rusia deja de ser un factor en la política occidental o deja de serlo en términos prácticos.” Y así fue. Rusia no podía jugar ningún papel en los asuntos europeos, incluso si hubiera querido, pero por qué iba a querer participar en los asuntos europeos. El cordón sanitario funcionó en ambos sentidos, aunque no se percibió tan claramente durante algunos años. El cordón sanitario excluyó a Rusia de Europa, pero también excluyó a Europa de Rusia. En una forma perversa, la barrera diseñada contra Rusia se convirtió en un mecanismo de protección de Rusia,

En tanto Hitler se mostrase deseoso de restablecer los acuerdos de Brest-Litovsk, podía considerarse como el paladín de la civilización europea frente al bolchevismo y frente al peligro rojo. Puede ser que sus ambiciones se limitasen realmente al Este, pero, tras su conquista, tal vez hubiese venido la de la Europa occidental o la del mundo entero. ¿Quién podría decirlo? Únicamente los acontecimientos habrían dado una respuesta; mas, por un extraño concurso de circunstancias, nunca llegaron a hacerlo. Contra lo que hubiera podido esperarse, Hitler se encontró en guerra con las potencias occidentales antes de haber conquistado el Este. Sin embargo, su expansión en aquella dirección fue el fin primordial, por no decir el único, de su política….

Por sus principios y por su doctrina, Hitler no fue peor que la mayor parte de los demás estadistas de su época. Pero, por su conducta (que puso en práctica esos principios y doctrinas) de perversidad, los aventajó a todos ellos.

Seamos paranoicos con el hantavirus: es lo más prudente

2026-05-06T17:48:02.623+02:00

foto: Wikipedia

Le he pedido a Gemini y a Copilot mucha ayuda con la redacción de esta entrada. Le he dado el título que, a su vez, me lo ha inspirado Jared Diamond

1. La racionalidad de ser paranoico

Jared Diamond ha escrito sobre la racionalidad de ser paranoico (extremadamente averso al riesgo) cuando se vive en un entorno peligroso y el riesgo que acecha es un riesgo catastrófico (un cero, o sea la muerte del individuo o del grupo). Si el coste de las medidas de precaución no es extraordinariamente elevado, es preferible ser paranoico y adoptar medidas de seguridad que no resistirían un análisis coste-beneficio. Diamond se refiere a un pueblo primitivo de Nueva Guinea que visitó cuando estudiaba ornitología. Andaban por la jungla y debían montar el campamento. Diamond montó su tienda debajo de un gran árbol. Los autóctonos le dijeron que no era una buena idea porque el árbol podía quebrarse y caer sobre su tienda de campaña. Diamond reaccionó con una sonrisa de superioridad occidental. La probabilidad de que una cosa así sucediera era muy pequeña. Pongamos, una entre cien mil. Pero los autóctonos replicaron que ellos dormían en la jungla a diario, de manera que, dado que no costaba mucho instalar la tienda en otro sitio más seguro, era de idiotas hacerlo bajo un gran árbol al que, según su edad, le podía haber llegado la hora de caer o podía estar infestado de termitas. De manera que, en estos casos, la acusación de incurrir en el sesgo retrospectivo es infundada. Si pudieron adoptarse medidas “paranoicas” que habrían evitado el siniestro, podemos reprochar a los que debieron adoptarlas el no hacerlo.

2. El hantavirus y la posibilidad de una pandemia

El virus Andes es un hantavirus con genoma de ARN segmentado en tres fragmentos independientes.

Esta arquitectura constituye su principal fuente potencial de variabilidad genética: cuando dos cepas distintas coinfectan un mismo huésped, pueden intercambiar segmentos completos del genoma. Este proceso, conocido como reordenamiento genético, permite modificaciones estructurales abruptas, cualitativamente distintas de las mutaciones puntuales que caracterizan la evolución de otros virus de ARN. En términos teóricos, esta es la vía más plausible para la adquisición rápida de nuevas propiedades biológicas, incluida una eventual mejora de la transmisión interhumana.

Sin embargo, en el estado actual del virus, esta misma segmentación opera más como un freno evolutivo que como una ventaja adaptativa. Para convertirse en una amenaza pandémica, el virus Andes tendría que optimizar su afinidad por los receptores celulares humanos sin comprometer su eficiencia replicativa. Hoy por hoy, se encuentra fuertemente especializado en su reservorio natural, el roedor Oligoryzomys longicaudatus, con el que mantiene una relación evolutiva estrecha y estable.

Los cambios genéticos que favorecerían una transmisión sostenida entre humanos suelen implicar un coste adaptativo significativo en el reservorio original. Dado que el virus Andes no ha conseguido establecer cadenas de transmisión humana suficientemente largas y autónomas como para prescindir del ciclo zoonótico, las variantes hipotéticamente más contagiosas en nuestra especie tienden a extinguirse con el brote local que las genera. La persistencia a largo plazo del virus depende de su estabilidad biológica en el roedor, y esa estabilidad resulta incompatible con las transformaciones profundas que requeriría una propagación aérea eficiente en humanos.

Desde esta perspectiva, el riesgo pandémico es marginal porque el virus tendría que resolver un dilema evolutivo complejo: adaptarse de manera extremadamente precisa a un nuevo huésped hasta el punto de no necesitar regresar jamás al reservorio animal. Hasta ahora, la selección natural ha favorecido de forma consistente la permanencia del virus en su nicho ecológico original, relegando la transmisión interhumana al rango de evento accidental, ineficiente y autolimitado.

El largo periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta sesenta días, introduce una dificultad adicional en el análisis del riesgo, aunque su impacto suele interpretarse de forma equívoca. En muchos patógenos respiratorios, una incubación prolongada facilita la dispersión geográfica; en el caso del hantavirus, esa ventaja potencial se ve neutralizada por la dinámica de la carga viral.

Durante la fase de incubación, la replicación es fundamentalmente intracelular y la excreción viral en fluidos externos es mínima. El portador no es, en términos prácticos, contagioso. La transmisión interhumana solo se vuelve biológicamente viable con el inicio de la fase prodrómica, caracterizada por fiebre elevada y un deterioro respiratorio rápido. En ese momento, la carga viral aumenta de forma abrupta, pero el empeoramiento clínico es tan intenso que el individuo queda funcionalmente incapacitado para sostener la interacción social necesaria para una diseminación amplia.

Así, un individuo infectado puede desplazarse largas distancias durante la incubación sin generar casos secundarios pero cuando aparece la capacidad de contagio, la gravedad del cuadro actúa como un mecanismo de contención espontáneo. A diferencia de los virus con alta proporción de transmisión asintomática o presintomática, el Andes revela su presencia mediante un colapso clínico inmediato del huésped.

Por ello, el verdadero escenario de riesgo requeriría que el virus lograra desacoplar la transmisibilidad de la fase aguda de la enfermedad. El problema no es la duración de la incubación en sí, sino la posibilidad de una excreción viral significativa en ausencia de síntomas incapacitantes. Mientras el contagio siga estrictamente vinculado a la fase crítica, el potencial de expansión global permanece restringido por la propia dinámica letal del patógeno, que elimina o aísla a sus vectores humanos más rápido de lo que estos pueden propagar la infección.

Con tasas de mortalidad que oscilan entre el 25 % y el 35 %, el virus opera bajo una lógica de consumo rápido del huésped. Desde el punto de vista epidemiológico, esta agresividad reduce drásticamente el número reproductivo efectivo, al disminuir las oportunidades de contacto con individuos susceptibles. Los brotes observados adoptan la forma de clústeres familiares o locales que se extinguen por la hospitalización obligada o el fallecimiento del portador antes de que la transmisión resulte autosostenida.

Desde la óptica de la planificación de contingencias, el principal riesgo teórico no reside en una exacerbación de la virulencia, sino en su eventual atenuación. Una variante menos letal permitiría a los infectados mantener una vida normal durante la fase de máxima excreción viral. Esa forma atenuada, y no la actual, sería la que dispondría del potencial real para desbordar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Mientras se mantenga el patrón actual de alta mortalidad y progresión rápida, la propia letalidad del virus actúa como un mecanismo de control biológico que impide la consolidación de una red de contagio continua fuera de los focos geográficos vinculados al reservorio animal.

El cuarto factor de contención es de naturaleza geográfica y ecológica. La mayoría de los casos se concentran en entornos rurales de baja densidad poblacional, donde el contacto entre humanos y roedores es esporádico y localizado. Esta desconexión estructural respecto de los grandes núcleos urbanos limita la transformación de brotes locales en episodios de alcance sistémico. Un enfoque prudente exige contemplar el escenario en el que el virus alcance un centro urbano de alta densidad antes de que se manifieste el cuadro clínico incapacitante. En ese supuesto, la infraestructura de transporte y la conectividad podrían compensar parcialmente la ineficacia biológica del virus. Si el patógeno lograra introducirse en un sistema altamente interconectado —como un aeropuerto o una red de transporte metropolitano—, el factor geográfico dejaría de funcionar como mecanismo de contención. De ahí que la atención estratégica no deba centrarse exclusivamente en la evolución del virus, sino también en la exposición estructural de las redes de transporte, que pueden extraer el patógeno de su entorno rural relativamente controlado y situarlo en un ecosistema urbano donde la velocidad de propagación supere la capacidad de respuesta sanitaria.

En este contexto, el traslado inmediato de los pasajeros del crucero a instalaciones terrestres de aislamiento constituye una medida de mitigación particularmente robusta en comparación con el confinamiento a bordo de buques. Los barcos operan como entornos cerrados de amplificación, en los que el control estricto de contactos es inviable y la capacidad asistencial resulta inadecuada para un síndrome cardiopulmonar de evolución fulminante. Mantener a los infectados en ese entorno incrementa el riesgo de transmisión cruzada por fallos en ventilación o espacios comunes y añade un obstáculo crítico al traslado urgente de pacientes graves a unidades de cuidados intensivos especializadas. La evacuación controlada a tierra permite una supervisión clínica individualizada, interrumpe la cadena de transmisión y evita que la precariedad asistencial agrave artificialmente la letalidad del patógeno, impidiendo que un foco localizado se convierta en un evento incontrolable.

3. Comparación con el SARS‑CoV‑2

SARS‑CoV‑2 tiene un genoma de ARN monocatenario continuo, no segmentado, su evolución procede de forma incremental mediante mutaciones puntuales acumulativas que no exigen coinfección ni intercambio de segmentos completos. Esa arquitectura no segmentada permite una optimización progresiva de la afinidad por receptores humanos (ACE2) sin perder viabilidad replicativa. La estructura genética en SARS‑CoV‑2 le permitió adaptar finamente la transmisibilidad humana sin necesidad de independizarse radicalmente de un reservorio animal concreto. Este contraste explica por qué el “salto” adaptativo que sería excepcional y autolimitado en el Andes fue, en el caso del covid, gradual, silencioso y acumulativo.

SARS‑CoV‑2 perdió muy pronto cualquier dependencia funcional de su reservorio original: la transmisión humano‑humano fue eficiente desde el inicio y no necesitó regresar al animal para sostenerse en el tiempo.

Aunque ambos virus pueden presentar periodos de incubación relativamente largos, el efecto epidemiológico es opuesto. En el Andes, el portador puede desplazarse, pero no transmite. La capacidad infectiva aparece bruscamente cuando se inicia la fase prodrómica, al mismo tiempo que un deterioro clínico que incapacita al individuo. En SARS‑CoV‑2 ocurre exactamente lo contrario: la carga viral en vías respiratorias alcanza su máximo cuando los síntomas son leves o inexistentes, y desciende cuando el cuadro se agrava. Por eso, el largo periodo de incubación del Andes no amplifica el riesgo, mientras que en SARS‑CoV‑2 fue uno de los motores centrales de la propagación global. El Andes carece de esa fase silenciosa infectiva: mientras no hay síntomas graves, no hay transmisión relevante.

Debe recordarse, no obstante, que los expertos no creían, a comienzos de 2020, que hubiera transmisión entre personas que no presentasen síntomas en el caso del SARS‑CoV‑2 Conviene subrayarlo, porque ese supuesto era razonable a la luz del conocimiento disponible entonces y de la experiencia acumulada con otros coronavirus, pero resultó decisivo en la orientación de las políticas públicas iniciales. El problema no fue que se actuara conforme a lo que se sabía, sino que se actuara como si eso fuera todo lo relevante, en un contexto marcado precisamente por la incertidumbre y la posibilidad de mecanismos de transmisión aún no identificados. El error fue prudencial: se diseñaron estrategias de contención basadas en certezas parciales, cuando la magnitud de lo desconocido exigía incorporar explícitamente escenarios adversos plausibles, aunque no estuvieran probados, y gobernar desde la cautela frente a lo que todavía no sabíamos.

SARS‑CoV‑2 explotó desde el principio la alta densidad urbana y la conectividad global. No necesitó romper un aislamiento geográfico previo porque ya estaba insertado en redes metropolitanas densas.

En SARS‑CoV‑2, aunque los buques funcionaron como amplificadores, la enfermedad permitía un margen mucho mayor de manejo sanitario básico y no dependía de cuidados intensivos inmediatos para la mayoría de los casos. Así, la evacuación sanitaria temprana es una medida crítica para el Andes, mientras que en el covid la contención a bordo podía, en ciertos contextos, formar parte de la estrategia sin aumentar de forma directa la mortalidad.

Entradas relacionadas

Una pandemia es un problema complejo: los problemas complejos se tratan por gobernantes inteligentes con planes de contingencia
La racionalidad del paranoico y el atentado de las Ramblas
El informe de evaluación de la gestión de la pandemia por la Comisión de Expertos
Carta de un jurista a un científico sobre la toma de decisiones en una epidemia
Científicos españoles se salen de la fila
¿Qué grado de confianza tiene usted en esa opinión Sr. Experto? y otras citas
¿Qué grado de confianza tiene usted en esa opinión Sr. Experto? (continuación)
Heurísticas “que siempre funcionan” menos cuando no lo hacen
La conjura contra España (LVII): cuatro expertos que no hicieron su trabajo y “cuatrocientos y pico wassaps congratulándose por su nombramiento”

«Los acuerdos impugnados no son contrarios a la ley ni a los estatutos, no lesionan el interés social y no constituyen un abuso de la mayoría, al limitarse a ejecutar un pacto de socios válidamente suscrito por la totalidad del capital social».

2026-05-06T14:29:17.627+02:00

foto: Pedro Fraile

Es la SAP Madrid 3708/2026, de 5 de marzo (Sección 28.ª)

El procedimiento tiene su origen en una acción de impugnación de acuerdos sociales ejercitada por Ideas e Inversiones CBL, S.L.U., con intervención como coadyuvante de Lakut Inversiones, S.L.U., frente a la sociedad Desarrollos PBS, S.L.

Los acuerdos impugnados consistían en el reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2017, articulado no mediante entrega de efectivo, sino mediante entrega de activos patrimoniales, en ejecución de un pacto de socios omnilateral suscrito el 5 de mayo de 2015 por la totalidad de los socios.

La demanda sostenía que dichos acuerdos eran contrarios a la ley y a los estatutos, infringían el artículo 277 LSC por inexistencia de liquidez suficiente para el reparto a cuenta, vulneraban el artículo estatutario relativo a la aplicación del resultado al no prever el reparto de dividendos en especie y lesionaban el interés social al imponerse abusivamente por la mayoría.

En primera instancia, la demanda fue desestimada con imposición de costas a la actora y a la coadyuvante.

La Audiencia Provincial confirma íntegramente la sentencia. Parte como presupuesto interpretativo de la relevancia jurídica del pacto parasocial, recordando la doctrina del Tribunal Supremo sobre su validez obligacional y su eficacia cuando es omnilateral, así como su función para valorar la actuación del socio impugnante a la luz del principio de buena fe cuando el acuerdo social ejecuta lo pactado entre todos los socios. La Sala considera probado que el reparto impugnado se integra en el proceso progresivo de división patrimonial previsto en el pacto de socios, cuyo objeto era la separación patrimonial entre ramas familiares y la extinción del vínculo societario, sin que el plazo de seis meses fijado en el pacto tenga naturaleza de condición esencial o resolutoria. El pacto preveía un mecanismo preciso de valoración, no dejándolo al arbitrio de la mayoría:

En relación con la alegada infracción del artículo 277 LSC, la Sala distingue entre reparto a cuenta de dividendos en efectivo y reparto mediante entrega de bienes. Entiende que el requisito de “liquidez suficiente” exigido por el precepto opera únicamente cuando el anticipo se satisface en dinero, con la finalidad de evitar enajenaciones forzadas de activos para obtener liquidez, y que no impide el reparto en especie cuando este responde a una finalidad patrimonial coherente con lo pactado por los socios. En consecuencia, rechaza que se haya producido infracción legal.

Tampoco aprecia infracción estatutaria por ausencia de previsión expresa de reparto en especie, al considerar que, cuando concurre un acuerdo unánime de los socios, este puede suplir la falta de previsión estatutaria, siendo irrelevante que dicho acuerdo se haya plasmado en un pacto parasocial y no en los estatutos. Añade que resulta contrario a la buena fe que quienes participaron en el pacto pretendan después impugnar los acuerdos que lo ejecutan invocando la literalidad estatutaria.

Finalmente, rechaza la existencia de lesión del interés social, al no apreciarse infravaloración de los activos ni irregularidades en las tasaciones utilizadas, valorando de forma preferente los informes emitidos por la sociedad tasadora designada conforme al pacto de socios frente a los informes aportados por la demandante, carentes de inspección directa de los inmuebles. El recurso es desestimado con imposición de costas a las apelantes.

Algunos extractos de la sentencia

«Cuando el acuerdo social ha dado cumplimiento al pacto parasocial, la intervención del socio en dicho pacto puede servir, junto con los demás datos concurrentes, como criterio para enjuiciar si la actuación del socio que impugna el acuerdo social respeta las exigencias de la buena fe».

«Los socios suscribieron un pacto omnilateral el 5 de mayo de 2015, con el que pretendían establecer una hoja de ruta para el reparto gradual de los activos de las sociedades y para la disolución de los vínculos societarios y la separación patrimonial entre las dos estirpes».

«Los acuerdos impugnados traen causa de dicho pacto de socios. Si bien es cierto que en él no se hacía referencia expresa al reparto de cantidades a cuenta de dividendos, el acuerdo constituye un anticipo del reparto posterior acordado y se encuentra indisolublemente unido a él como una de las fases del proceso progresivo de división patrimonial».

No puede otorgarse al plazo de seis meses la naturaleza de condición o elemento esencial que determine la vigencia del pacto, sino que ha de interpretarse como un criterio organizativo del reparto patrimonial, conforme a la finalidad perseguida por los socios». «La voluntad que se desprende del pacto no es la de supeditar su eficacia a dicho plazo, sino la de ordenar y facilitar la separación patrimonial sin causar perjuicio al valor de los activos».

«El requisito de liquidez suficiente exigido por el artículo 277 LSC se refiere exclusivamente a los supuestos en que el reparto a cuenta se realiza en efectivo, con la finalidad de evitar que la sociedad se vea obligada a enajenar activos para obtener liquidez y proceder al reparto». «El precepto no impide que el reparto a cuenta de dividendos se realice mediante entrega de bienes, ni exige que en tal caso la sociedad disponga de liquidez suficiente».

«La interpretación sostenida por la recurrente llevaría a impedir cualquier reparto patrimonial en especie, incluso cuando forma parte de un proceso ordenado de división patrimonial acordado por todos los socios». «La ausencia de previsión estatutaria sobre el reparto de dividendos en especie no constituye un obstáculo cuando existe un acuerdo unánime de los socios que lo habilita».«Ese acuerdo unánime no tiene por qué adoptarse necesariamente en el seno de una junta general, sino que puede plasmarse válidamente en un pacto parasocial omnilateral».

«Resulta contrario a la buena fe que los socios que suscribieron y aceptaron el pacto parasocial pretendan posteriormente impugnar los acuerdos sociales que lo ejecutan invocando la literalidad estatutaria».

«No se aprecia lesión del interés social cuando el reparto patrimonial se realiza conforme a lo previsto en el pacto de socios y sobre la base de valoraciones efectuadas por la sociedad tasadora designada por el consejo consultivo». «El mero transcurso del tiempo no priva de valor a los informes de tasación, salvo que se acredite la irracionalidad de sus conclusiones o la pérdida efectiva de vigencia, lo que no ha sido probado». «No puede apreciarse infravaloración de los activos cuando los informes periciales aportados por la parte actora no se apoyan en inspección directa de los inmuebles ni en su realidad registral y urbanística».

Inexistencia de daño en acción social

2026-05-06T14:09:37.743+02:00

SAP Madrid 3189/2026, de 23 de febrero

El litigio tiene su origen en una acción social de responsabilidad ejercitada por un socio de JIVA SHIPPING FORWARDING, S.L. contra Pascual y Adela, a quienes atribuía la condición de administrador de hecho y administradora de derecho, respectivamente. La demanda sostenía que los demandados habían infringido el deber de lealtad, al desviar el supuesto cliente único de la sociedad, SPACE CARGO, hacia otras sociedades constituidas por ellos, provocando la pérdida total del valor de JIVA. A ello se añadía una reclamación adicional por gastos personales cargados a la sociedad y una pretensión fundada en enriquecimiento injusto.

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda tras considerar que el presupuesto fáctico de la acción era incorrecto: SPACE CARGO no era cliente de JIVA, sino que JIVA había sido utilizada como instrumento para canalizar subcontrataciones de transporte sin consentimiento de aquella, aprovechando información obtenida por Pascual en su condición laboral. Partiendo de este contexto, se concluyó que no existía un interés social digno de tutela ni un daño imputable a una conducta desleal de los administradores, y que la pretensión por gastos personales carecía de autonomía razonada y quedaba neutralizada por las aportaciones económicas realizadas por los demandados para sostener a la sociedad en situaciones de iliquidez.

La Audiencia Provincial niega que pueda calificarse como daño indemnizable la pérdida de un “cliente” cuya relación con la sociedad nacía de una operativa ajena a la buena fe contractual y consentida por el propio actor. Añade que el cálculo pericial del daño parte de la hipótesis de una continuidad indefinida de esa situación irregular, incompatible con la ruptura del vínculo laboral que la hacía posible. En relación con los gastos personales, considera que formaban parte de un modo de operar asumido por ambos socios y que no puede reconducirse a una infracción del deber de lealtad. El recurso se desestima con imposición de costas.

En pleitos de impugnación de acuerdos no se decide sobre la titularidad de las acciones

2026-05-06T14:02:45.970+02:00

La SAP Madrid 3187/2026, de 20 de febrero, se refiere a una impugnación de acuerdos sociales en una sociedad anónima, PUERTOMENOR, S.A., cuyo capital está representado por acciones al portador no emitidas, lo que obliga a un sistema estatutario de legitimación anticipada para la asistencia a junta. Los demandantes impugnaron la Junta celebrada el 26 de julio de 2017 alegando vulneración de sus derechos esenciales como socios (asistencia, voto e información), al habérseles impedido el acceso por el presidente de la Junta. Los actores pretendían acreditarse como socios mediante una declaración jurada propia y la aportación del testamento de su causante, depositados solo dos días antes de la Junta, cuando los estatutos exigían cinco.

La Audiencia confirma íntegramente la desestimación de la demanda. En primer lugar, considera suficiente por sí sola la inobservancia del plazo estatutario de legitimación anticipada, previsión plenamente válida conforme al artículo 179.3 TRLSC.

Pero, además, entra al fondo y respalda la decisión del presidente de la Junta al considerar razonable y no arbitraria la apreciación de insuficiencia de la documentación aportada.

Resulta decisivo el contexto litigioso: con anterioridad a la Junta ya existía un pleito civil sobre la titularidad de las mismas acciones, resuelto posteriormente con sentencia firme que negó eficacia traslativa al testamento invocado por los demandantes.

La Sala niega que en un proceso de impugnación de acuerdos sociales pueda realizarse una valoración prejudicial sobre la titularidad dominical de las acciones ya decidida con fuerza de cosa juzgada.

Rechaza igualmente las alegaciones sobre supuesta inveracidad de las cuentas anuales y sobre irregularidades en la lista de asistentes, destacando la falta de prueba concreta y la confusión entre valores contables y valoraciones administrativas.

En definitiva, afirma que no se produjo vulneración alguna de derechos del socio y que la actuación de la sociedad fue conforme a Derecho, imponiendo las costas de la apelación a los recurrentes.

La persona física representante de la persona jurídica administradora responde en el marco de la acción individual y de la responsabilidad por deudas sociales ex art. 367 LSC

2026-05-06T13:58:28.529+02:00

Es la SAP Madrid 3178/2026, de 10 de marzo,

El litigio tiene su origen en una deuda generada en 2021 a favor de COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U., previamente reconocida judicialmente frente a la sociedad deudora EXCLUSIVE MARKETING HOTELS TOURISM LEISURE, S.L. La demanda posterior se dirigió contra GESTIÓN Y ALQUILERES HOTELEROS, S.L., administradora única de EXCLUSIVE, y contra Don Cornelio, como persona física representante de dicha sociedad administradora.

En primera instancia se estimó la acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC únicamente respecto de la administradora persona jurídica, absolviendo al representante persona física con el argumento de que solo podría responder si se acreditaba su condición de administrador de hecho, lo que no había ocurrido. La Audiencia revoca este pronunciamiento y condena a la persona física representante del administrador persona jurídica en virtud del artículo 236.5 LSC. Esta responsabilidad alcanza tanto a la acción social y a la individual como a la responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC. En consecuencia, la Sala declara la responsabilidad solidaria de Don Cornelio por todas las cantidades debidas.

La sociedad en programación y la sociedad en formación no se "tratan" como una sociedad colectiva irregular

2026-05-06T13:38:09.352+02:00

La SAP Madrid 2888/2026, de 20 de febrero aborda la cuestión siguiente: ¿quién está vinculado y responde por los contratos firmados por socios de una sociedad en constitución?

La sentencia distingue entre los actos dirigidos a la inscripción de la sociedad limitada - en este caso - de los que responde, en principio, exclusivamente el patrimonio social y los actos dirigidos al desarrollo del negocio que habría de constituir el objeto social, de los que responderán los que hubieran celebrado los contratos correspondientes si no quedaba claro que se celebraban por la futura sociedad, ahora en formación (desde el otorgamiento de la escritura pública).

El problema planteado en el litigio es el de la responsabilidad asumida por quienes realizan gestiones y contratos con el fin de iniciar una actividad económica, la cual, más adelante, terminará por dar objeto a una sociedad limitada, frente a los contratantes con aquellos y en un momento anterior incluso al del otorgamiento de la escritura pública de constitución. En concreto, se trata de determinar quién debe satisfacer los honorarios derivados de contrato de presentación de servicios de asesoramiento jurídico encargados y recibidos en un tiempo donde se está pergeñando el negocio que finalmente se cobijará bajo la sociedad a constituir.

Nicanor es el demandante y el que había prestado servicios jurídicos a la SL antes de su constitución. Teófilo (vinculado a la sociedad Inmobiliaria Solalancha SL) es el que le hace el encargo a Nicanor

Esa sociedad limitada, Mercado Sol Gourmet SL, terminó por constituirse en forma, con la participación del propio demandante, Nicanor, aun simbólica, para más adelante disolverse y liquidarse sin haberes repartibles entre sus socios. Esta última situación hace que la reclamación de los honorarios aquí exigidos frente a la sociedad no se considere viable, por lo que la demanda ha explorado otras posibilidades.

La Audiencia rechaza que la SL fuera una sociedad colectiva irregular en el período anterior a su inscripción.

Tal planteamiento ha llevado a la Sentencia recurrida a entender, conforme la propuesta de la demanda, que antes de los actos preparatorios para la constitución de la sociedad de capital, existieron otras actuaciones, aun vinculadas al negocio que terminaría por dar objeto a esa sociedad, bien preconstitutivas, bien ajenas a ello, que fueron realizadas al amparo de una sociedad colectiva irregular. La aplicación de este régimen jurídico es lo que se combate en el recurso de Ruperto, al entender que es aplicable lo previsto para la sociedad de capital en formación.

Ruperto es otro prestador de servicios. En este caso, un agente inmobiliario pero es también socio del proyecto que habría de explotar la SL

En cuanto a los hechos que dan origen a la controversia, todo parte de un encargo efectuado a Ruperto por una tercera entidad, Legends Collection Europe SL, a fin de que realice gestiones para buscar un local en el centro de Madrid donde ubicar por esa sociedad... una oferta de restauración y de comercio. A finales de septiembre de 2018, Teofilo contactó con Nicanor, abogado, a fin de que éste efectuara labores de asesoramiento profesional a largo plazo respecto de un proyecto inmobiliario y de restauración a desarrollar en las inmediaciones de la Puerta del Sol, en Madrid,

Antes de la inscripción se incorporó al proyecto la sociedad Benjamyn Capital SL, de Teodosio .

Entre septiembre y diciembre de 2018, los correos electrónicos intercambiados entre Nicanor y Ruperto y, en otras ocasiones, con Teofilo, se refieren a la redacción de los contratos de subarriendo, así como a un contrato de comisión por intermediación entre la propiedad del inmueble y la futura arrendadora, donde se habla de que el precio del arrendamiento pedido por la propiedad rondará los 2 millones de euros anuales. Ya el día 7 de febrero de 2019 se firma un denominado "Acuerdo de Entendimiento"entre Benjamyn Capital SL (de Teodosio), Inmobiliaria Solalancha SL (de Teofilo) y Ruperto . En tal acuerdo se exponía inicialmente la implicación activa que ya habían tenido los firmantes en todo el proyecto de denominado Legends, con gestiones con esa futura arrendataria, con la propiedad del inmueble y con los futuros subarrendatarios, y se proyectaba la formalización de una sociedad limitada y de un pacto de socios relativo a ella, entre esos tres firmantes o las personas jurídicas a las que éstos cedieran la posibilidad de integración en ella.

La sociedad se constituye y se inscribe Mercado Sol Gourmet SL.

Son socios Benjamyn Capital SL (de Teodosio), con un 33,30% del capital social; Inmobiliaria Solalancha SL (de Teofilo), con el 33,34%; además de Spawer Oil SL, titular de un 33,30% del capital; y el propio Nicanor, titular del 0,06% de ese capital, ya que aportó la denominación social que había reservado a título particular. La sociedad dispuso de un consejo de administración integrado por Teodosio, presidente y consejero delegado y dos consejeros más, órgano en el cual el citado Nicanor constó como secretario no consejero.

La sociedad no dura mucho

En fecha de 26 de diciembre de 2019 se adoptó en junta de la citada Mercado Sol Gourmet SL acuerdo de disolución y simultanea liquidación, con aprobación del balance final sin cuota de liquidación alguna repartible entre los socios, lo que se elevó a escritura pública el día 9 de enero de 2020.

Nicanor, el abogado reclama a Ruperto y a Inmobiliaria Solalancha SL,

al primero la suma de 6.171€ y de 5.406€, tras rectificación, a la segunda, por concepto común a ambas de "asesoramiento y trabajos llevados a cabo desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2019 en la participación en el proyecto Legends/Mercado Sol".

Los servicios por los que reclama el pago están temporalmente acotados entre "septiembre de 2018 y diciembre de 2019"y conceptualizados al "proyecto Legends/Mercado Sol",según la factura emitida.

Para resolver, la Audiencia distingue

una cosa son los actos estrictamente preparatorios para la constitución de la sociedad de capital (v. gr., borrador de estatutos, precontrato de sociedad, pactos presociales, apertura de cuenta para aportaciones, consulta o reserva de denominación social, encargo de escritura en notaría, búsqueda de domicilio social, encargo de web corporativa...), de aquellos otros actos ejecutados ya por los que prevén ser futuros socios con los que empiezan a desarrollar externamente el negocio que quieren sea objeto de la sociedad a constituir (v. gr, encargo de producto a proveedores, contratos con clientes....).

Y dice que lo que se le encargó a Nicanor tenía que ver con lo segundo, no con lo primero

Este es el supuesto de los encargos efectuados a Nicanor sobre la redacción y preparación de contratos de arredramiento sobre el inmueble que se eligió, de los de subarriendo, el de comisión por la negociación entre la futura arrendadora, Legends Collection Europe SL, y la propiedad...

Por lo que no se aplica el art. 37.1 TRLSC, que atribuye esas deudas

a la sociedad en formación, con el patrimonio que disponga y, en su caso, a los socios personalmente pero solo hasta el límite de su aportación comprometida, art. 37.2 TRLSC, y asunción final de tales gastos por la sociedad una vez verificada su inscripción, art. 38 TRLSC.

¿Quién responde pues? La Audiencia dice que responde de esos contratos

o bien se subsumen en el art. 36, si fueran efectuados ya en nombre de la sociedad a constituir, pero antes de su inscripción, con el resultado de una responsabilidad solidaria por los que hubiesen celebrado tales actos o contratos, salvo caso de condicionamiento de su eficacia a la inscripción de la sociedad o asunción expresa de dicha responsabilidad por la sociedad una vez constituida;

o bien, de no cumplir con aquel requisito de ser celebrados en nombre de la sociedad, quedan sometidos a las reglas generales del tráfico jurídico. La previsión del art. 36 TRLSC busca habilitar la posibilidad de que la sociedad de capital en formación pueda ya explotar el objeto social en un momento aun previo a su inscripción, mientras que protege los intereses de terceros que se relacionan con ella y la seguridad jurídica del propio tráfico mercantil.

Pero lo que no se puede hacer - como hizo el juzgado - es presumir la constitución de una sociedad colectiva irregular dado que no hay forma de encajar tal resultado en la voluntad de las partes. Hubo "voluntad electora del tipo" de la SL y, finalmente, la SL se constituyó regularmente.

No consta en modo alguno de la prueba que por Ruperto y los demás sujetos interesados tuvieran voluntad o intención de crear una sociedad colectiva con la que actuar en el tráfico, ni siquiera de hacerlo temporalmente hasta encontrar una forma jurídica más estable en la que englobar sus intereses y fines comunes. Prácticamente desde el inicio de la denominada operación Legens, pensaron en constituir más pronto que tarde la sociedad de capital, constitución que fue en paralelo con la cristalización del negocio proyectado, la intermediación en el contrato de arrendamiento entre Legens Collection Europe SL y la propiedad del inmueble, y la gestión posterior de contratos de subarriendo.

Tampoco es aceptable que la situación transitoria por la que se celebran algunos contratos para la puesta en marcha de lo que luego será el negocio que da objeto a la sociedad se ubique sistemáticamente bajo una veste de sociedad colectiva irregular, ya que aquella situación es puramente instrumental de la puesta en marcha de la actividad social...

.... Por ello, al no contratarse con Nicanor en nombre la sociedad de capital en formación (de los correos aportados no consta ese extremo, ni se invoca), ni haberse aun otorgado escritura pública de constitución que estuviera pendiente de su inscripción dentro del año siguiente a tal otorgamiento, el régimen aplicable será el general del tráfico jurídico, esto es, hacer responder por cada contrato o encargos a los sujetos que personalmente se hubieran obligado en ellos, art. 1257, pf. 1º, CC. Esto es, además, lo que encaja perfectamente con el comportamiento antes del litigio de Nicanor al emitir las facturas dirigidas separadamente a Ruperto y a la otra demandada, Inmobiliaria Solalancha SL, cada una por su propia cuantía. Esa parte actora ha facturado a cada uno de los con él contratantes por los conceptos que considera devengados a solicitud de cada cual, los que aquí ya no son discutidos.

El efecto práctico de lo anterior sobre el alcance de la condena impuesta en la primera instancia es que Ruperto no responderá solidariamente con Inmobiliaria Solalancha SL por las sumas que le fueron facturadas a esta codemandada, al no poder acogerse el tratamiento de obligaciones solidarias que se postulaba por aplicación del régimen de la sociedad colectiva, sino únicamente por la suma que le fue girada a él por los servicios que encargó, 6.171€.

Entradas relacionadas
La irregularidad de las sociedades mercantiles y la sociedad en formación (I)
La irregularidad de las sociedades mercantiles y la sociedad en formación (II);
La responsabilidad del actuante, de la sociedad y los socios en la irregularidad
La responsabilidad de los actuantes por cuenta de una sociedad "en programación"

Efectos colaterales de una mala jurisprudencia: calificación concursal del crédito del socio separado

2026-05-06T12:34:07.134+02:00

La SAP Madrid 2102/2026, de 13 de febrero, se pronuncia en materia concursal sobre la clasificación del crédito derivado del ejercicio del derecho de separación del socio, ejercitado con anterioridad a la declaración de concurso pero pendiente de reembolso en el momento de apertura de este.

El apelante, socio de DUERNA, S.L., pretendía que su crédito fuese clasificado como ordinario y no como subordinado.

La Audiencia desestima el recurso y confirma la clasificación como crédito subordinado.

El tribunal se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que el socio que ha ejercitado el derecho de separación no pierde efectivamente su condición de socio hasta el cobro del reembolso, por lo que, mientras tanto, su crédito tiene la consideración de crédito de persona especialmente relacionada con el deudor y debe ser subordinado.

Se rechaza también el argumento de la exigibilidad inmediata del crédito y la supuesta incompatibilidad entre la titularidad del crédito y la titularidad de las participaciones, precisamente porque la doctrina jurisprudencial construye esa situación transitoria hasta el pago efectivo.

En materia de costas, la Audiencia afirma que no concurren dudas de hecho ni de derecho que justifiquen una excepción al criterio objetivo del vencimiento, dada la claridad y estabilidad de la doctrina aplicable, y condena igualmente en costas de la alzada al apelante, con pérdida del depósito constituido.

V., El ejercicio del derecho de separación según Nuria Bermejo

Artículo 1124 CC y concurso de la suministradora

2026-05-06T10:53:50.796+02:00

La SAP Barcelona (Sección 15.ª) núm. 154/2026, de 5 de febrero (SAP B 1471/2026) aborda un incidente concursal derivado de la resolución de un contrato privado de suministro de energía eléctrica y la posterior declaración de concurso de la suministradora.

La sentencia revoca la resolución de primera instancia y estima parcialmente la demanda de la entidad contratante, GITPA y examina la eficacia de la resolución unilateral del contrato por la suministradora, la alegación de fuerza mayor y las consecuencias concursales del incumplimiento.

1. La Sala niega que la comunicación de noviembre de 2021 por la que la contratista suspendió el suministro pueda calificarse como resolución válida: conforme al artículo 1124 CC, la facultad resolutoria corresponde a la parte cumplidora, no a la incumplidora.

«No podemos compartir con la resolución recurrida que Aura estuviera facultada para resolver unilateralmente el contrato cuando solo ella lo había incumplido. El art. 1124 II del Código Civil solo concede la facultad de instar la resolución del contrato al perjudicado, esto es, a la parte que lo había cumplido; por tanto, no a la parte incumplidora. Por consiguiente, no podemos reconocer eficacia alguna resolutoria a la comunicación que Aura remitió a la actora el 22 de noviembre de 2021, antes de la declaración del concurso. La existencia de fuerza mayor, en el caso de que la apreciáramos, que no es el caso, no justificaría la resolución del contrato sino exclusivamente que pudiéramos considerar que el incumplimiento no es imputable a Aura.»

2. Además, rechaza que el aumento extraordinario del precio de la energía constituya fuerza mayor en sentido jurídico, al tratarse de un riesgo propio de la actividad asumido contractualmente por el suministrador en un contrato a precio fijo. Ese incremento puede excluir la imputabilidad subjetiva, pero no legitima por sí solo la extinción del contrato.

3. La resolución del contrato por parte de GITPA frente a la concursada es procedente conforme a los artículos 160 y 163 TRLC y los daños derivados tienen la consideración de crédito concursal ordinario.

4. En cuanto a su cuantía, acepta el cálculo del sobrecoste soportado por la actora al tener que acudir a un suministrador de último recurso, descontando las cantidades debidas por suministros no pagados. El resultado es el reconocimiento de un crédito concursal ordinario por importe de 68.972,03 euros, con rectificación del inventario y de la lista de acreedores, sin imposición de costas en ninguna de las instancias.

Más sobre la posición de los socios de una partnership comparados con los socios de una sociedad de personas

2026-05-05T21:44:15.731+02:00

Joseph Story

En el trabajo que se cita al final de esta entrada, el autor explica la sociedad como un contrato de puesta en común. Opone su tesis a la de Hansmann y Kraakman. Según estos, como es sabido, las corporaciones y las sociedades dotadas de personalidad jurídica son un mecanismo de "asset partitioning", es decir, de separación de patrimonios. Tras la constitución de la sociedad, el patrimonio de ésta se separa del patrimonio de los socios. Ricks sostiene que, en realidad, el objetivo de las partes es 'asset relinquising', es decir, crear un patrimonio que genere rendimientos superiores a los que generarían los activos aportados por separado.

Supongamos que cinco activos únicos pueden combinarse para producir flujos de caja cuyo valor neto presente (VNP) excede la suma del valor de todos ellos en su uso actual. Cada uno de los cinco activos es propiedad de un individuo diferente. Los individuos firman un contrato (supongamos que no existe el derecho de sociedades) por el que acuerdan combinar los activos y repartir los beneficios futuros. La propiedad de los activos no se transmite. ¿Que pasa si uno de los individuos descubre más tarde que puede obtener una rentabilidad mayor para su activo invirtiéndolo aliunde? Puede decidir retirar su activo de la combinación, incumpliendo así el contrato e indemnizando a los demás.... En teoría los otros cuatro quedan indemnes porque reciben el interés positivo, esto es, quedan como si el incumplidor hubiera cumplido por lo que son indiferentes a la conducta del incumplidor. Este escenario no es realista. Condenar a la indemnización de daños requiere una valoración precisa del negocio común, lo que no es tarea para la que estén preparados los jueces, al margen de lo costoso del cálculo.

Además de que en España, los cumplidores tendrían acción de cumplimiento específico que impediría al socio retirar su activo, lo que es eficiente en casos como éste en los que "el riesgo de infracompensación es elevado".

Continúa Ricks imaginando que los socios han acordado someter las decisiones sobre los activos combinados a la regla de la mayoría y que uno de los socios decide que ya no quiere que la mayoría decida sobre su activo. De nuevo, se trataría de un incumplimiento de contrato pero en este caso, calcular los daños sería aún más difícil. Y el socio continúa siendo propietario del activo.

La conclusión del autor es que "el derecho de propiedad de cada socio sobre su activo prevalece sobre las obligaciones contractuales asumidas", de manera que si los socios quieren comprometerse creíblemente, esto es, prometer que cumplirán lo acordado de forma fiable para sus consocios, lo más conveniente es que, sobre los activos "puestos en común" se forme una copropiedad. Tras la celebración del contrato y el "desembolso" de las aportaciones, los socios dejan de ser propietarios de su activo y pasan a ser copropietarios de cada uno de los cinco activos aportados.

Ricks añade los costes de la copropiedad para lograr el objetivo de los socios de explotar conjuntamente los activos puestos en común y repartir las ganancias: las reglas de la copropiedad pueden ser incompatibles con lo pactado. Pero, de nuevo, la respuesta legal es fácil: prevalecen los pactos (art. 392 CC) sobre las reglas aplicables a la copropiedad y la actio communi dividundo se excluye por la duración del contrato. Y, de nuevo, la posibilidad de reclamar el cumplimiento específico resuelve los problemas de enforcement que el autor considera insuperables en el common law.

Si uno de los comuneros-socios muere, naturalmente, la sociedad se extingue y ha de procederse a la división de las cosas comunes. Lo mismo si quiebra.

Tras esta "terrible" descripción de la ineficiencia de la copropiedad + sociedad en los EE.UU., el autor explica que la solución está, claro, en formar un patrimonio con las aportaciones de los socios y personificarlo. En definitiva, que el derecho tradicional de la partnership (que concibe a éstas como sociedades internas) no permite separar patrimonios con efectos reales, esto es, erga omnes, porque los bienes sociales siguen siendo propiedad - sociedad meramente obligatoria - o copropiedad de los socios. Pero, a continuación nos cuenta que el derecho moderno de la partnership la ha dotado, también en el common law de los rasgos de la personificación jurídica. Si la sociedad está personificada, entonces los socios dejan de ser propietarios de los activos que forman el patrimonio de la sociedad aunque, en el common law se considere, por ejemplo, a los socios como beneficial owners. V., esta entrada, La naturaleza jurídica de los derechos de un 'partner' sobre la 'partnership property': el 'equitable interest' o 'equitable right' semejante al trust, Derecho Mercantil, 2025. Y recoge una cita del gran Joseph Story, que vivió en la primera mitad del siglo XIX.

"Los socios difieren de los meros copropietarios en varios aspectos", escribió en su tratado sobre sociedades, publicado originalmente en 1841. Pues mientras que en el joint tenancy y el tenancy in common "cada parte tiene un interés separado y distinto, aunque proindiviso" en cada activo, "en la sociedad, los socios son propietarios conjuntos de la totalidad del patrimonio".

El remedio de la acción de enriquecimiento o disgorgement a favor de la sociedad partnership - como existe en el artículo 136 C de c español - indica claramente una protección "real" de aquella frente al incumplimiento del socio. El mismo remedy existe en el common law.

Según Story, cualquier socio en tal situación "será responsable, no solo de los intereses de los fondos así detraídos... sino también de todos los beneficios que haya obtenido con ellos".

Y, en caso de que un socio vendiera a un tercero "su" activo aportado a la sociedad, el "vínculo societario" seguía al bien si el tercero conocía la existencia de la sociedad

Es decir, el comprador estaba obligado a utilizar el activo para los fines de la sociedad —si es que, de hecho, se consideraba que el comprador hubiera adquirido titularidad alguna—. El derecho de los socios a que el activo se destinara a fines sociales era, por tanto, oponible frente a terceros con los que no existía nexo contractual alguno (privity of contract): el derecho "seguía al activo" (ran with the asset).

Y, a la terminación de la partnership se ha de proceder a la liquidación, no a la división de los bienes sociales. Y, en fin, los acreedores de los socios solo pueden ejecutar la parte de éste en la sociedad, no los bienes de la sociedad. Con lo que la conclusión es que la partnership moderna empieza a parecerse mucho a las sociedades de personas personificadas del derecho continental.