DerechoMercantil

Una sentencia sensata de ascensores

2026-04-24T19:52:20.107+02:00

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2026

1.El art. 62 TRLGDCU establece en sus apartados segundo y tercero determinadas garantías de protección en los contratos celebrados con los consumidores. En particular: «2. Se prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato.»3. En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor y usuario a poner fin al contrato».

Por su parte, el art. 87.6 TRLGDCU establece que son abusivas: «Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva [...] o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados».

2.La doctrina de esta sala sobre la aplicación de las normas citadas a los contratos de mantenimiento de ascensores se expuso en la sentencia del pleno 469/2019, de 19 de septiembre, que analizó un contrato de la misma empresa recurrida que se incluía en la modalidad «a todo riesgo» y cuya duración era de cinco años prorrogables tácitamente por periodos sucesivos de la misma duración, salvo denuncia de cualquiera de las partes con una antelación de tres meses antes de cada vencimiento. El contrato incluía una cláusula penal para el caso de resolución anticipada por la comunidad que le obligaba al pago de una indemnización equivalente al 50% del importe del precio pendiente hasta la fecha de finalización pactada. En el apartado de "condiciones particulares" se incluían tres previsiones: dos mecanografiadas, en las que se establecía un descuento del 25% sobre el precio y otra manuscrita, que refería una carencia de efectos económicos de seis meses. La comunidad comunicó la resolución del contrato cuando habían transcurrido dos años aproximadamente y Enor presentó la demanda en reclamación del 50% de las cuotas correspondientes a los cuarenta meses que restaban de los cinco años de duración del contrato. En primera instancia se desestimó la demanda, por apreciar la abusividad de las cláusulas de duración, prórroga y penalización, pero en segunda instancia se estimó el recurso de la empresa por entender que, sin dudar de la calificación del contrato como contrato de adhesión, la estipulación que establecía una duración de cinco años no era abusiva.

Fueron estos los hechos sobre los que se pronunció la sentencia del pleno. Antes de resolver la cuestión principal, restó importancia a la alegación de Enor -que reitera también en la oposición a este recurso- acerca de que la cláusula de duración era una estipulación negociada, pues, además de que no existía prueba al respecto, «el hecho de que la cláusula [...] hubiera sido negociada no excluye que pueda controlarse su legalidad y declararse su nulidad si la duración se considerara excesiva: «La interdicción de las cláusulas de duración excesivas en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado no resulta solamente de la previsión del art. 87.6 TRLCU (ubicado en el capítulo II sobre "cláusulas abusivas" [...]. El art. 62.3 TRLCU (ubicado en el capítulo I, de "disposiciones generales", del título I, sobre "contratos con los consumidores y usuarios", del libro II), refiriéndose a los "contratos con consumidores y usuarios" en general (art. 62.2 TRLCU), y no solo a los integrados por cláusulas no negociadas, [...] redunda en la idea de que la prohibición no exige que la duración esté fijada en una cláusula no negociada. [...]

»En definitiva, con esta norma imperativa ("se prohíben") se introduce una limitación a la autonomía de la voluntad en este sector de la contratación, al excluir la validez de los plazos de duración excesiva de los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado celebrados con consumidores, "en coherencia" con la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y sin necesidad de que el plazo excesivo se contenga en una condición general».

Esto que se acaba de transcribir es una barbaridad del legislador que debería considerarse inconstitucional. ¿Por qué no van a poder obligarse los consumidores por un plazo largo de tiempo si eso les permite obtener mejores condiciones? Que la vinculación prolongada resulte de una condición general o cláusula predispuesta es una cosa. Pero si es un pacto individual, no hay ninguna razón para limitar la autonomía privada y, por tanto, la norma legal correspondiente debería ser considerada inconstitucional.

El fundamento de la nulidad de las cláusulas de duración excesiva en los contratos de tracto sucesivo celebrados con consumidores se explicó en la sentencia 469/2019 en estos términos: «[U]na vinculación excesiva del consumidor al contrato de prestación de servicios de tracto sucesivo le impide aprovecharse de las mejores prestaciones que otros empresarios o profesionales, en especial los que intentan introducirse en el mercado, puedan ofrecerle. Las autoridades de la competencia han puesto de relieve la importante restricción de la competencia que suponen estas cláusulas que prevén una vinculación extensa del cliente al prestador de servicios o al suministrador de bienes. Esa restricción de la competencia supone que el cliente, en este caso el consumidor, pague un precio excesivo por el bien o servicio».

Esto es así cuando la cláusula esté extendida en el mercado o la imponga un empresario con posición de dominio, fuera de esos casos, la competencia no se ve afectada por la cláusula que establece una duración prolongada del contrato.

4.Para decidir cuándo una duración es excesiva deben tomarse en consideración los factores que se enumeraron en la sentencia 469/2019: la naturaleza de los servicios prestados, lo que depende del sector de actividad en el que se encuadren tales servicios, las obligaciones que para el prestador de los servicios resulten del contrato concertado, la interrelación de la cláusula de duración con otras cláusulas, como las que establecen la prórroga tácita del contrato, la revisión de precios, las consecuencias del desistimiento, etc. En el caso enjuiciado en aquella sentencia de pleno, cuyas características ya se han explicado, se entendió que era razonable que el empresario exigiera un tiempo mínimo de duración del contrato «que le permitiera, de una parte, organizar los elementos materiales y humanos necesarios para la prestación del servicio y, de otra, recuperar, mediante la percepción de ingresos durante un periodo de tiempo, el gasto que le supone el desembolso que en un momento determinado tenga que realizar para afrontar una reparación de envergadura que le exija reponer piezas costosas»....

En el caso, la duración de lcontrato

... está dentro del límite de duración de tres años que la sentencia consideró razonable en línea con el criterio de la autoridad de competencia y la mayoría de las audiencias provinciales. Aunque no se trata de contratos que puedan incluirse estrictamente en la modalidad «a todo riesgo», forman parte de una categoría mixta que se asemeja más al sistema de distribución de riesgos propios de esta modalidad que al modelo más básico de contrato de mantenimiento. En efecto, la empresa estaba obligada a sustituir, a su cargo, un porcentaje muy relevante de las piezas necesarias para que el ascensor siguiera funcionando... iii)A ello se une que la cobertura de reposición de piezas constituyó una mejora sobre los contratos firmados en 2015 y que además fue acompañada de una reducción del precio vigente hasta la firma de los nuevos contratos. iv)También es relevante el alcance de la cláusula penal establecida en los contratos, pues, aunque el límite se fijara en el precio correspondiente al periodo incumplido, el importe de la indemnización realmente solo alcanzaba, y así lo ha entendido la sentencia recurrida, a la devolución de las bonificaciones de precio básicas (ni siquiera a las bonificaciones denominadas adicionales) y a un porcentaje razonable del precio dejado de percibir por el periodo contractual incumplido, que la audiencia ha establecido en un 15% del precio pactado.

Pacta sunt servanda. Stat pro ratione voluntas. La validez de una cláusula de un contrato negociado no debería depender de su razonabilidad.

v) Como la cláusula de duración de los contratos no es abusiva, la forma en la que la audiencia provincial ha establecido la indemnización procedente, interpretando la cláusula contractual en beneficio de la comunidad, no implica en modo alguno una integración de una cláusula nula, porque tal nulidad no ha sido declarada. La recurrente aborda la cuestión de la indemnización como si la sentencia recurrida hubiera estimado íntegramente la demanda, cuando evidentemente no es así, por las razones ya explicadas.

Citas: crédito al consumo y reconocimiento de sentencias, leer novelas no te hace especial y muchos breves

2026-04-23T12:16:47.437+02:00

Fuente

Breve

China no hará el sorpasso a los EE.UU. en las próximas décadas; "La forma más rápida de encontrar respuestas incorrectas en internet es publicar la correcta". Blanco Valdés: Armengol no puede continuar. El marido no logró suicidarse, sigue vivo y ahora detenido. Un genocidio de los de verdad. "Nadie expulsa ni impide entrar a las mujeres. Simplemente no están interesadas". ¿Qué va a pasar si los humanos volvemos al analfabetismo? ¿"Cómo tiene que ser la plantilla de un equipo de fútbol para que todos los jugadores firmen la camiseta del líder político de un grupo terrorista que asesinó en Guipúzcoa a 120 personas"? . La prohibición de redes sociales para menores en Australia no está funcionando: el 61% de los niños aún accede a cuentas, mientras que 4,7 millones fueron cerradas. Mientras tanto, el 27% se mudó a plataformas más peligrosas. La prohibición no está ayudando a los niños, los está perjudicando. Este Preciado es un pionero en un par de cosas. Esta es la segunda. Ojalá gane; Aunque los ataques ucranianos han provocado un descenso notable en el volumen físico de las exportaciones de petróleo ruso, el aumento de precios lo ha compensado con creces.

Malta es extraordinaria

En junio de 2023, Malta introdujo una nueva disposición en la Ley maltesa de juegos de azar mediante una enmienda presentada en el Parlamento como proposición de ley n.º 55. 1 En virtud de dicha disposición, 2 los órganos jurisdiccionales malteses, como cuestión de orden público, deben denegar el reconocimiento o la ejecución en Malta de cualquier resolución judicial extranjera que, en esencia, estime una demanda contra un operador de juegos de azar con licencia maltesa mediante la que se invoque la ilicitud de los servicios prestados por dicho operador en un Estado miembro, 3 cuando esos servicios sean lícitos con arreglo a la legislación maltesa.

Un órgano jurisdiccional austriaco ha preguntado al Tribunal de Justicia si la citada disposición es compatible con el Derecho de la Unión, concretamente con las normas del Reglamento Bruselas I bis 4 sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales. Dicho órgano jurisdiccional debe determinar la responsabilidad de un abogado que elaboró, para una sociedad que financia reclamaciones judiciales de consumidores que quieren recuperar las apuestas que realizaron con operadores malteses de juegos de azar en línea, un informe precisamente sobre esa cuestión de la compatibilidad.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nicholas Emilíou considera que la petición de decisión prejudicial es inadmisible, ya que no parece necesaria una respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas para resolver el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional austriaco. En efecto, la cuestión central del litigio no es si la nueva disposición de la Ley maltesa de juegos de azar es compatible con el Derecho de la Unión, sino si la valoración del asesor jurídico fue diligente en el momento en que se realizó.

Dicha valoración se rige por el Derecho nacional y, por lo general, implica una comparación con la conducta que cabría esperar de un operador jurídico razonablemente prudente y bien informado. Lo importante en este contexto no es si el informe se revela finalmente correcto, sino si era razonablemente defendible atendiendo al marco jurídico y a la información disponible en el momento pertinente. Dicha valoración no está comprendida en la competencia del Tribunal de Justicia en materia prejudicial. Este puede interpretar el Derecho de la Unión, pero no determinar si un informe jurídico concreto era plausible o suficientemente diligente.

Por lo tanto, según el Abogado General Emilíou, el Tribunal de Justicia no debe responder a las cuestiones prejudiciales planteadas. No obstante, en caso de que este adopte otra postura, y en aras de la exhaustividad, el Abogado General examina el fondo de las cuestiones. En su opinión, una medida nacional como la nueva disposición de la Ley maltesa de juegos de azar controvertida es manifiestamente incompatible con la normativa de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales establecida en el Reglamento Bruselas I bis.

... con carácter general, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden denegar el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro, basándose en dicha cláusula de orden público, por el mero hecho de que consideren que el Derecho de la Unión —incluida la libre prestación de servicios— se ha aplicado incorrectamente en dicha resolución. Las cuestiones sustantivas de Derecho de la Unión no pueden volver a examinarse en la fase de reconocimiento y ejecución, ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro requerido, amparándose en dicha cláusula.

Además, el legislador maltés no podía basarse legítimamente de manera abstracta y general —como hace la nueva disposición de la Ley maltesa de juegos de azar— en la premisa de que toda resolución en materia civil y mercantil que declare ilícitos, en un Estado miembro, los servicios prestados por un operador con licencia maltesa, aun cuando sean lícitos con arreglo a la legislación maltesa, es necesariamente incompatible con la libre prestación de servicios.

En efecto, la disposición en cuestión parece basarse en una interpretación de la libre prestación de servicios especialmente amplia. Según esa interpretación, los operadores titulares de una licencia de juego maltesa tienen derecho a prestar sus servicios libre y lícitamente en toda la Unión, siempre que cumplan la legislación maltesa. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha rechazado sistemáticamente dicha interpretación. En efecto, en principio, los Estados miembros pueden aplicar también sus respectivas legislaciones de juegos de azar a los operadores que presten servicios a consumidores en su territorio desde otro Estado miembro, como Malta. El principio del país de origen no se aplica en el ámbito de los juegos de azar en línea. Además, en el estado actual del Derecho de la Unión, los Estados miembros no están obligados a reconocer las licencias de juego concedidas por otros Estados miembros. En consecuencia, las licencias de juego maltesas solo son válidas, en principio, en Malta y, en su caso, en aquellos Estados miembros que decidan reconocerlas.

Por lo tanto, por regla general, los demás Estados miembros están facultados para aplicar sus respectivas legislaciones de juegos de azar a los operadores con licencia en Malta. Por consiguiente, habrá casos en que los servicios prestados por un operador de juegos de azar con licencia maltesa sean ilícitos en un Estado miembro pese a ser lícitos con arreglo a la legislación maltesa, sin que esa disparidad sea en sí misma contraria a la normativa de la Unión sobre libre prestación de servicios.

Para terminar, el Abogado General observa que la nueva disposición de la Ley maltesa de juegos de azar controvertida tiene, en el fondo, una finalidad protectora.

Importe del crédito y coste del crédito en la Directiva de crédito al consumo

La Directiva 2008/48/CE distingue tres magnitudes distintas: el importe total del crédito, el coste total del crédito y la TAE. El importe total del crédito es el capital o principal, es decir, la cantidad de dinero que el consumidor quiere recibir del banco y que este se compromete a prestar. El coste total del crédito comprende todo lo que el consumidor debe pagar para obtener ese préstamo. La TAE es un porcentaje que expresa ese coste total en términos anuales.

El objetivo es que el consumidor pueda comparar préstamos sin tener que examinar cómo cada banco estructura jurídicamente el contrato. Para ello, el capital debe tener siempre el mismo significado: la cantidad de dinero que el consumidor recibe del banco para su propio uso. Los costes del crédito pueden ser diversos, pero no pueden incorporarse al capital solo porque el banco los adelante o los financie.

El banco polaco trató como capital la prima de un seguro que el consumidor contrató simultáneamente al préstamo, calculando intereses también sobre esa cantidad. La operación tiene cierta lógica económica, ya que el banco adelantó el importe de la prima, que el consumidor debía devolver junto con el capital prestado de forma aplazada. Sin embargo, la Directiva no admite que la cantidad correspondiente a la prima del seguro, aunque sea financiada, forme parte del principal o del importe total del crédito, pues no es una suma puesta a disposición del consumidor para su uso, sino un coste vinculado a la obtención del préstamo.

Supongamos un préstamo de 10.000 euros, con un plazo de cinco años y un tipo de interés nominal del 4 % anual. El banco exige además la contratación de un seguro con una prima única de 150 euros, que el banco paga al inicio a la aseguradora y que el consumidor devuelve junto con las cuotas del préstamo.

Si el banco actúa como en el caso polaco, trata el préstamo como si el capital fuera 10.150 euros y calcula intereses sobre esa cantidad. De este modo, el consumidor paga intereses no solo sobre los 10.000 euros que solicitó y recibió, sino también sobre los 150 euros destinados a pagar la prima del seguro.

Conforme a la Directiva, y como recuerda el TJUE, el tratamiento debe ser distinto. El capital del préstamo sigue siendo 10.000 euros, porque esa es la cantidad que el consumidor quiso recibir y que el banco puso a su disposición. Los 150 euros correspondientes al seguro constituyen un coste del crédito. Ese coste puede exigirse al consumidor y debe tenerse en cuenta al calcular la TAE, pero no puede integrarse en el capital ni servir de base para el cálculo de los intereses.

Desde el punto de vista económico, la diferencia en el importe total que acabará pagando el consumidor puede ser reducida. El banco puede, si lo desea, ajustar el tipo de interés para mantener el mismo rendimiento global del préstamo. La Directiva no impide esa posibilidad ni limita el precio del crédito.

La Directiva prohíbe que el banco trate como capital la prima del seguro y aplique intereses sobre esa cantidad. Si se admitiera esa práctica, el “importe total del crédito” dejaría de ser una magnitud estable y comparable y pasaría a depender del modo en que cada entidad decida estructurar el contrato.

La finalidad de esta solución es permitir que el consumidor pueda comparar ofertas de crédito partiendo de un dato claro y uniforme: el capital es siempre la cantidad de dinero que recibe para su uso. Las diferencias en el precio del préstamo deben reflejarse en los costes y, en último término, en la TAE, no en una ampliación artificiosa del capital.

Desde esta perspectiva, la sentencia no introduce un control de los tipos de interés ni un juicio de valor sobre la licitud económica de financiar una prima de seguro. Se limita a aplicar una regla de presentación del producto crédito: el capital y los costes deben mantenerse separados, para que la comparación entre préstamos no dependa de técnicas contables o contractuales, sino de diferencias reales en el precio.

Pablo Malo y los juntaletras con púlpito

Voy a decir algo impopular pero creo que igual sobrevaloramos los libros. Hay libros que son toda una visión del mundo y que te cambian la vida, no lo discuto, pero también hay muchos, muchos libros que dicen cosas que se podían haber dicho en un artículo mucho más breve. Yo a veces encuentro más ideas y más profundidad en gente que escribe en Substack, por ejemplo, que en algunos libros que me han decepcionado y los he dejado por la mitad (o antes). Y también se aprende mucho en podcasts y entrevistas.

Pero los periodistas que querrían haber sido escritores, no dejan de darnos el tostón. Sobrevalorar la lectura de novelas, como hacen Pedro Simón y muchísimos otros juntaletras con púlpito es un indicio seguro de pocas luces. Leer novelas es una forma de entretenimiento algo más elevado intelectualmente que jugar a videojuegos pero no es una forma de aprender comparable al estudio. Como dice Tyler Cowen de sus Conversations with Tyler. Es entretenimiento, no producción de conocimiento. Naturalmente, del mismo modo que el niño que juega con un mecano o con quimicefa puede adquirir habilidades que le ayuden a convertirse en un ingeniero o un científico, un niño (más probablemente una niña) que lea muchas novelas adquirirá habilidades - lectura rápida y sostenida en el tiempo, ejercicio de la curiosidad...- que le pueden ayudar, de adulto, a desarrollar actividades intelectuales si, de las novelas, pasa a los libros de "estudio" (aunque no sabemos la dirección de la causalidad). Pero mi abuela dedicaba un par de horas diarias a leer novelas románticas escritas por Corín Tellado durante décadas sin llegar a convertirse en una intelectual. Pero quizá los Antonio Lucas, Héctor García Barnés y Pedro Simón son más listos que mi abuela.

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La referencia a la buena fe en el artículo 2º de la LO 1/2025

2026-04-22T10:21:28.997+02:00

Me cuentan algo sorprendente: la definición del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2025 incluye la exigencia de que las partes de un MASC, medio adecuado de solución de controversias, se comporten de buena fe. Dice el precepto:

A los efectos de esta ley, se entiende por (MASC)... cualquier tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral

En efecto, si el artículo 5º de la misma ley impone como requisito de procedibilidad haber acudido previamente a un MASC, la referencia a la buena fe es absurda.

Yo acudo al MASC porque usted, legislador, me obliga. Si por mi fuera, no acudiría. Así que no acudo "de buena fe" con la intención de llegar a un acuerdo sino con el objetivo de cumplir con el requisito de procedibilidad de la forma más económica posible en tiempo, esfuerzo y dinero. Si creyera posible llegar a un acuerdo, no tendría que presentar la demanda. Habría llegado al acuerdo con la otra parte y no necesitaría que ninguna norma definiera lo que es un "medio adecuado" para resolver una controversia. ¿Hay medios inadecuados? El legislador es tan cursi que, en lugar de decir medios "lícitos", dice "adecuados" como si los particulares necesitaran de tutela porque son incapaces de diseñar y poner en marcha medios idóneos para lograr su propósito.

Imponer la obligación de actuar de buena fe tiene sentido cuando se trata del ejercicio de un derecho (art. 7 CC) o del cumplimiento (ejecución) de una obligación voluntariamente asumida y a eso es a lo que se refiere el artículo 1258 CC. Si te has obligado a hacer X, debes hacerlo "de buena fe", es decir, como lo haría una persona decente. Si me has vendido un coche, me tienes que entregar las llaves.

Así que creo que lo que hay que decir es que, una vez más, el legislador español ha actuado chapuceramente, llenando el BOE de definiciones y olvidándose de la función que las definiciones tienen cuando se contienen en una norma. La del artículo 2º es una definición escolástica, propia de un manual de derecho escrito por un cursi, no de una ley.

Para empezar, lo de leyes "estatales" y el in fine mueven a la risa. Pero que se exija que el MASC esté reconocido en una ley es más grave, dado que precisamente un MASC se define como un medio al que acuden las partes de un conflicto para evitar tener que ir al medio más adecuado de resolver controversias que es un juzgado. El legislador ni siquiera permite a las partes elegir el MASC que les parezca oportuno. Por ejemplo, una justa o una ordalía. Eso sí que sería interesante.

El precepto está redactado por alguien que no sabe derecho y no hubo nadie en todo el procedimiento legislativo que propusiera su modificación. Esta es la calidad del procedimiento legislativo en España, los conocimientos de nuestros diputados y senadores y el apoyo que reciben de los que - se supone - saben Derecho.

Dirán ustedes que no hay que ponerse así. Que no daña. Sí daña. Ya hay quien está sacándole 'jugo' a la referencia a la buena fe y sugiriendo que si el demandante ha actuado "de mala fe" podría darse por no cumplido el requisito de procedibilidad. Y es que las leyes - como decía Peter Ulmer - desarrollan su propia dinámica o, en términos coloquiales, las estupideces del legislador casi nunca son inocuas.

Sustainability Auditors: Woke Homeopathy

2026-04-21T18:57:00.005+02:00

Today, many companies are legally required to disclose information relating to sustainability and, in particular, to climate change. This information includes data on how climate change may affect the profitability of the company’s business (for example, our business depends on the narrow strip of land of the Mar Menor, an area that may be flooded by sea‑level rise in twenty years) and, at the same time, on how the company’s activity affects the climate and the environment (how much CO₂ we produce through our operations). This is known as “double materiality”: financial materiality in the first case, and impact materiality in the second.

To ensure that the information disclosed by companies is reliable, so‑called “sustainability assurance providers” (SAPs) have emerged. They are to sustainability what auditors are to annual accounts. Just as auditors must certify that a company’s accounts present a true and fair view of its financial position, SAPs review the climate and environmental information published by companies and certify whether it has been prepared in accordance with certain rules and standards and whether it is reasonably reliable.

But this is where the similarities end. As the authors cited at the end of this post explain, financial auditing has existed for over a century and is governed by highly detailed rules and stable protocols that have been validated by practice. This means that when an auditor issues a qualified opinion or states that the accounts do not present a true and fair view of the company’s financial position, there is a correspondence with reality—a reality check—because companies with qualified audit opinions are riskier investments and go bankrupt more often. Frequently, such qualifications even signal the existence of embezzlement, tax fraud, or other criminal or disloyal conduct by management. This means that financial auditing has real value for investors and the general public because it reveals information that affects decisions about whether to invest in a company and how much one is willing to pay for its shares.

Things could hardly be more different in the case of SAPs, an invention of the super‑regulator—and “over‑regulator”—that the European Union has become.

In theory, the function of SAPs is to review climate information and issue an opinion on whether it has been prepared in accordance with certain standards; formally, therefore, they perform the same function as financial auditors: independent third parties who certify information that others cannot or do not wish to verify themselves. However, as the authors explain, the analogy does not hold.

First, in the United States SAPs are consultancy firms, engineering firms, and the like, which do not rely on a common method validated by experience.

Second, accounting principles and rules have been “verified” through a century of application and are continuously refined to improve the accuracy with which they capture the company’s true financial position. There are no comparable principles or rules for measuring how sustainable a company is from the perspective of “double materiality.” Both the type of information reviewed and the rigor applied vary, which makes the “certificates” issued by SAPs of very limited value and, above all, hardly comparable to one another—yet comparability is essential if such certifications are to help investors make rational investment decisions.

But the central argument of the article is that, in the ESG domain, several conditions converge that erode both the incentives of SAPs and the mechanisms that should discipline them.

First—and this is the most interesting point—the value of this information for the market, that is, for third parties, is, in the case of impact information, largely symbolic. Like a homeopathic remedy, these audits “work” (they produce the expected effect) even when they lack any real capacity to adjust a company’s share price. In other words, they “work” not because they convey reliable information, but because they perform a symbolic function: they allow investors and companies to construct a narrative of environmental responsibility, to feel aligned with certain values, or to comply formally with regulatory or reputational expectations, regardless of whether the information is relevant in the strong sense—that is, capable of affecting the price of the company’s shares or bonds.

As for the technical complexity of climate information, the authors rightly do not emphasize complexity as an obstacle that prevents the market from processing it. If information is financially relevant—that is, if it can affect share prices—the market will generate specialists to process it. But, as noted, this is often not the case with ESG information. Complexity reduces the likelihood of ex post scrutiny, not because “the market does not understand,” but because no one has economic incentives to understand.

Third, and this is perhaps the most important argument: what happens if the information is incorrect—for example, if the impact of the company’s activity on third parties is greater or smaller than what is stated in the sustainability report? In many cases, the answer is: nothing. Why? Because users of the information do not bear significant private costs when an assurance is wrong. This is particularly true for climate impact information. If a company understates its emissions or overstates its environmental commitments, but that information is not financially material (that is, it does not affect the company’s profits), the investor who has purchased its shares does not suffer a direct economic loss. In the absence of private harm, there are no incentives to litigate, investigate, or sanction the assurance provider. Once again, the system can continue to function—apparently—even if the information is inaccurate.

This leads the authors to the following conclusion: the reputation of SAPs plays nothing like the same disciplinary role as reputation does for financial auditors (on the disciplinary role of auditors’ reputation and on how economies of scale in reputation explain why audit firms are extremely large companies, see Paz‑Ares Rodríguez, José Cándido, *La ley, el mercado y la independencia del auditor*, 2016). If SAPs do not lose clients when they “get it wrong” because there is no clear way to verify failure and no consequences for having failed, they have little incentive to preserve their reputation—or to build one in the first place.

Nor does it appear that regulation—securities law and supervision by the CNMV and similar authorities—or litigation against large companies can solve the problem. In the United States, the route would be to impose liability on these SAPs vis‑à‑vis investors for false or misleading information (prospectus liability and the like), but this approach is ill‑suited to climate information. First, if the information does not affect firm value (financial materiality), investors will be hard‑pressed to claim they have suffered harm, and impact information in particular lacks financial effects, as already explained. But even if it did, the claimant would still have to prove that the climate information was false or misleading. This typically requires demonstrating errors in climate models, impact projections, transition scenarios, or emissions calculations. These are technically complex, contestable issues with a high degree of uncertainty. For a private plaintiff, assembling sufficiently robust evidence—and persuading a judge—is extremely difficult and costly, and those who produce the information have every incentive to avoid making strong or categorical claims.

In the article from which the post cited at the end of this entry is drawn, the authors show notable insight in identifying that the problems with SAPs do not end there. In particular, many SAPs—whom they call “green gatekeepers”—simultaneously perform two functions that are kept separate in financial auditing: they not only verify compliance with certain criteria, but also actively contribute to defining those criteria. When proprietary, opaque, or weakly tested standards are used, this dual role generates conflicts of interest, because the issue is no longer merely whether the company complies, but whether the standard itself is demanding, relevant, or lenient (motivated reasoning and the “warm glow” effect).

The authors acknowledge that European regulation has improved the formal structure and homogeneity of information, but alongside these potential benefits it would be desirable to have an explicit assessment of the costs associated with that institutional design. The article is deliberately cautious in not claiming that those benefits are large or conclusive. But if, as the authors themselves argue, incentives to produce truthful information remain weak in the sphere of impact materiality and control mechanisms remain structurally ineffective, relatively modest regulatory costs—in terms of administrative burden, resource misallocation, organizational complexity, or the risk of purely formal compliance and, above all, rent‑seeking—would suffice to call the model’s desirability into question.

Second, and relatedly, the authors appear to take as a given that improving the formal quality of information—greater standardization, greater completeness, broader coverage—is an objective that is valuable in itself. From a critical standpoint, however, one could argue that if impact information does not generate private costs or effective discipline and its verification is methodologically fragile, regulatory expansion on that front risks producing mainly bureaucratic box‑ticking rather than substantive improvements.

Finally, the article’s more original regulatory proposals—in particular, the idea of allowing assurance providers to confer “positive regulatory licenses” or normative benefits, and the suggestion of encouraging non‑profit providers—reveal a certain underlying distrust in the ability of market mechanisms to generate endogenous solutions. If there were a genuine and sustained demand for ESG certifications capable of delivering credible regulatory benefits, one might expect private forms of quasi‑licensing to have emerged spontaneously, as they did in the case of credit ratings.

Similarly, the appeal to non‑profit providers, while consistent with the literature on credence goods, raises significant risks of agency costs, capture, opacity, and “soft” corruption—for example, through donations, sponsorships, or informal influence—that the article barely considers. These criticisms do not refute the authors’ analytical framework, but they do call into question the direction of some of their normative proposals, suggesting that the problem of ESG assurance lies less in insufficient public intervention than in the currently weak link between that assurance and real economic incentives.

Luca Enriques, Alessandro Romano, Andrew Tuch, Sustainability Assurance, OBLB, abril 2026

La conjura contra España (CXLII): las ocurrencias de la izquierda subnormal avaladas por Inés Herreros que nos arruinarán

2026-04-21T18:32:00.001+02:00

foto: Pedro Fraile

Hay izquierda caviar, izquierda nacionalista, izquierda socialista, izquierda a la izquierda del PSOE pero lo que más abunda es la izquierda subnormal en el sentido literal de describir a alguien o a un grupo cuya inteligencia está por debajo de lo que es "normal", es decir, lo más frecuente en la población con la que los de izquierdas interactúan

Informa la Cadena Ser de una encuesta de "The Left" de la que se desprendería que los españoles son partidarios de prohibir que nadie tenga más de tres viviendas.

La siempre disparatada y osada Inés Herrero, fiel escudera de cualquier caballero de extrema izquierda y, por ello, vocal del CGPJ, ha publicado varios tweets aplaudiendo la medida. Cree que la "sociedad española está preparada para una intervención fuerte en el mercado inmobiliario" como la que sugiere la encuesta. Esta señora es jurista, una mala jurista y, por ello, ha sido premiada con ascensos, como muchas otras mujeres que han ascendido gracias a su lealtad a los postulados más disparatados del feminismo jurídico-woke. Una buena jurista no podría tragar tanta bazofia como la producida por la extrema izquierda gobernante en los últimos ocho años pero una buena jurista, sobre todo, descartaría una propuesta semejante como inconstitucional (aunque gracias a que otras malas juristas están ahora en el Constitucional, - Segoviano, Montalban, Balaguer - ni siquiera es seguro que el TC se cargara una medida así)

Le he preguntado a Chat GPT y a Gemini qué consecuencias podría tener una medida semejante y tras una algo larga conversación me la ha resumido como sigue.

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El núcleo del análisis es que una medida como limitar a tres viviendas por propietario no cambia el número total de casas, pero sí altera profundamente quién las posee, cómo se usan y qué incentivos tienen.

Eso, en un mercado tan heterogéneo como el español, no produce un efecto único, sino una fuerte segmentación: mientras que en el interior rural —donde la demanda es inexistente— la medida condena a miles de inmuebles al abandono definitivo al eliminar al comprador con capacidad de reforma, en las grandes ciudades el impacto se desplaza íntegramente hacia el mercado del alquiler.

Al forzar la salida de inversores profesionales con horizontes temporales largos, el mercado queda fragmentado en manos de pequeños propietarios con decisiones mucho más erráticas y una mayor aversión al riesgo.

Esta atomización de la oferta transforma la naturaleza misma del acceso a la vivienda, forzando un tránsito del intercambio impersonal al intercambio personal (Arruñada). En un mercado profesionalizado, el acceso se rige por la capacidad de pago y contratos estandarizados; sin embargo, un propietario amateur, para quien el piso que alquila concentra buena parte de su riqueza, no busca necesariamente el precio más alto, sino el riesgo más bajo. El resultado es una barrera de entrada donde el alquiler ya no lo consigue quien puede pagarlo, sino quien ofrece mayores garantías de cumplimiento (conexiones personales o estabilidad de un puesto en la administración pública), excluyendo de facto a jóvenes, inmigrantes, a familias con hijos pequeños y trabajadores temporales, justo los que necesitan recurrir al alquiler.

Es decir, aunque no desaparezca el mercado de alquiler, sí se reduce y fragmenta: menos inversores con carteras amplias, más pequeños propietarios con decisiones menos estables (uso propio, cambios de idea, venta). Esa reducción de oferta de alquiler no tiene que ser enorme para generar efectos grandes, porque la demanda es rígida. En consecuencia, una caída del 10–20% en la oferta puede traducirse en subidas muy superiores del alquiler, precisamente porque el ajuste se produce en el margen: el último piso disponible fija el precio para todos los demás. El resultado es un mercado más caro, más volátil y más excluyente, incluso si la propiedad se ha “democratizado”.

Además, los agentes no son pasivos: intentarán adaptarse mediante estructuras contractuales, acuerdos privados o selección estratégica de compradores. Esa “astucia” no elimina el efecto de la norma, pero sí lo distorsiona: hace el mercado más complejo, menos transparente y, en muchos casos, menos eficiente. A la vez, la inversión en vivienda para alquiler se reduce, lo que refuerza el problema a medio plazo. En conjunto, la política no solo redistribuye arbitrariamente, sino que reconfigura el sistema con efectos secundarios importantes, algunos previsibles y otros no. A largo plazo, la prohibición de la especialización impide capturar economías de escala en el mantenimiento y la gestión, lo que deriva en una obsolescencia acelerada del parque inmobiliario. El capital profesional no espera a un cambio de ciclo, sino que huye hacia otros activos, dejando tras de sí un mercado de "viviendas zombis" y una inseguridad jurídica que se filtra a toda la estructura productiva.

Una medida así es, en la práctica, un experimento a gran escala sobre un mercado muy sensible. El problema es que los costes de equivocarse no recaen sobre quien diseña la política, sino sobre terceros: inquilinos que pagan más, jóvenes que no pueden emanciparse, propietarios que ven alterado el valor de sus activos, o territorios que se degradan aún más. La responsabilidad política existe en términos formales (elecciones, rendición de cuentas), pero no hay un mecanismo claro que internalice esos daños de forma directa. Por eso, en economía se insiste tanto en la prudencia: cuando los efectos son inciertos y potencialmente amplios, el coste de “probar” puede ser muy alto y, además, difícil de revertir una vez que el mercado ha cambiado de equilibrio. Es el problema de la histéresis: el daño institucional es difícil de revertir incluso si la ley se deroga, ya que la confianza y el tejido empresarial destruidos no se recuperan automáticamente.

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Stalin no tenía reparos ni escrúpulos en matar de hambre a los campesinos ucranianos en el altar de la colectivización y la industrialización a marchas forzadas de la Unión Soviética. Ningún dictador los tiene. Sánchez no es Stalin pero tiene tan pocos escrúpulos como él. Si cree que una medida así, que empobrecería mucho a los españoles, le puede proporcionar unos cientos de miles de votos de gente tan ignorante y osada como Inés Herreros, sin duda, lo hará.

Lo acaba de demostrar con la regularización masiva. Es una medida cuyos efectos son inciertos y potencialmente amplios. El coste de "probar" puede ser muy alto y los efectos pueden ser irreversibles. Exactamente lo mismo que la ocurrencia de las tres viviendas como máximo.

Donde Sánchez se asemeja más a un dictador es en realizar la gran regularización por medio de la modificación de un reglamento y contra la voluntad mayoritaria del parlamento. Pero, al igual que con esta ocurrencia, la izquierda subnormal ha aplaudido la medida y ha insultado a la derecha tildándola de "inhumana" (el subnormal de Pedro Simón), de "racista" (el subnormal de Antonio Lucas) por oponerse a la regularización.

Si los opinadores de extrema izquierda se permiten insultar a los de derechas, creo que es justo denunciar que muchos de ellos son unos ignorantes cuya escasa inteligencia les condenó al periodismo (no podían ser astronautas, matemáticos o ingenieros, ni siquiera juristas), que opinan sobre cuestiones de las que ignoran todo y lo hacen desde una altura moral que ríete tú de Tomás Moro.

Auditores de sostenibilidad: homeopatía woke

2026-04-21T13:52:00.003+02:00

Hoy, muchas empresas están obligadas — por ley — a informar sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y, en particular, sobre el cambio climático. Esa información incluye datos sobre cómo el cambio climático puede afectar a la rentabilidad del negocio de la empresa (ej., nuestro negocio depende de la manga del Mar Menor que es una zona que puede quedar inundada por la subida del nivel del mar en veinte años) y, al mismo tiempo, sobre cómo la actividad de la empresa afecta al clima y al medio ambiente (cuanto CO2 producimos con nuestra actividad). A esto se le llama “doble materialidad”: materialidad financiera a lo primero y materialidad de impacto a lo segundo.

Para asegurar que la información desvelada por la empresa es fiable, existen los llamados "proveedores de garantía de sostenibilidad" (PGS). Son, a la sostenibilidad, lo que los auditores a las cuentas anuales. Si los auditores han de certificar que las cuentas de una empresa reflejan la imagen fiel de su patrimonio, los PGS revisan la información climática y ambiental que la empresa publica y certifican si ha sido elaborada conforme a determinadas reglas y estándares y si es razonablemente fiable.

Pero aquí acaban los parecidos. Explican los autores que se citan al final de esta entrada que la auditoría de cuentas existe desde hace más de un siglo, dispone de normas muy detalladas, protocolos estables y verificados por la práctica. Esto significa que, cuando un auditor incluye salvedades o afirma que las cuentas no reflejan la imagen fiel del patrimonio, hay una correspondencia con la realidad (un reality check) ya que empresas con salvedades en su auditoría son más arriesgadas para invertir en ella y caen en quiebra con más frecuencia. A menudo, incluso, esas salvedades son indicio de la existencia de apropiación indebida, fraude fiscal u otras conductas delictivas o desleales por parte de los que gestionan. Esto significa que la auditoría contable tiene valor para los inversores y para el público en general porque revela información que afecta a sus decisiones de invertir o no en una empresa y su disposición a pagar más o menos por las acciones de esa empresa.

Las cosas no pueden ser más distintas con los PGS, un invento del superrregulador - y 'sobrerregulador' - en el que se ha convertido la Unión Europea.

Teóricamente, la función de los PGS consiste en revisar la información climática y emitir una opinión sobre si ha sido elaborada conforme a determinados estándares, es decir, formalmente, tienen la misma función que los auditores de cuentas: terceros “independientes” que certifican información que otros no pueden o no quieren verificar por sí mismos. Sin embargo, los autores explican que la analogía no procede.

1º Los PGS son, en EE.UU. empresas de consultoría, ingeniería etc, que no disfrutan de un método común validado por la experiencia.

2º Los principios y reglas contables están 'verificados' por un siglo de aplicación y se modifican continuamente para ajustarlos y mejorar su precisión en la valoración de la 'imagen fiel' del patrimonio de la compañía. No hay principios y reglas comparables que midan cuán sostenible es una compañía desde el punto de vista de la "doble materialidad". Cambia la información que se revisa y el rigor que se aplica, lo que hace muy poco valiosos los 'certificados' que emiten los PGS y, sobre todo, los hace difícilmente comparables entre sí, que es una característica imprescindible para servir al inversor para decidir racionalmente en qué invertir.

Pero el argumento central del artículo es que en el ámbito ESG, confluyen varias condiciones que erosionan tanto los incentivos de los PGS como los mecanismos que deberían controlarlos.

En primer lugar, y esto es lo más interesante, es que el valor de esta información para el mercado - para los terceros - es, en el caso de la información de impacto - simbólico, de manera que, cual medicamenteo homeopático, estas auditorías “funcionan” (producen el efecto esperado) aun cuando carezcan de valor para 'ajustar' el precio de cotización de la compañía. Es decir, 'funcionan' pero no porque transmitan información fiable, sino porque cumplen una función simbólica, la de permitir a inversores y empresas construir una narrativa de responsabilidad ambiental, sentirse alineados con ciertos valores o cumplir formalmente con expectativas regulatorias o reputacionales, sin que importe demasiado si la información es relevante en sentido fuerte, es decir, capaz de afectar al precio de las acciones o de las obligaciones emitidas por la compañía.

En cuanto a la complejidad técnica de esta información climática, los autores, correctamente, no ponen el acento en su complejidad técnica que impediría su procesamiento por el mercado. El mercado generará especialistas que procesarán la información si esa información es financieramente relevante, esto es, puede afectar al precio de la acción. Pero, como se ha dicho, tal no es el caso a menudo con la información ESG. La complejidad reduce la probabilidad de control ex post, pero no porque “el mercado no entienda”, sino porque nadie tiene razones económicas para entender.

En tercer lugar, y este es quizá el argumento más importante, ¿qué pasa si la información es incorrecta? (si el impacto sobre terceros de la actividad de la empresa es mayor o menor que lo afirmado en el informe de sostenibilidad). En muchos casos, la respuesta es: nada. ¿Por qué? Porque los usuarios de la información no soportan costes privados relevantes cuando una garantía es incorrecta. Esto ocurre especialmente con la información de impacto climático. Si una empresa subestima sus emisiones o exagera sus compromisos ambientales, pero esa información no es financieramente material (es decir, no afecta a los beneficios de la compañía), el inversor (el que ha comprado acciones de esa compañía) no sufre una pérdida económica directa. En ausencia de daño privado, no hay incentivos para litigar, investigar o castigar al proveedor de garantía. De nuevo, el sistema puede seguir funcionando —en apariencia— aunque la información sea inexacta.

Esto conduce a los autores a la conclusión siguiente: la reputación de los PGS no juega, ni de lejos, el mismo papel como elemento disciplinador de su conducta que juega en el caso de los auditores (sobre el papel disciplinador de la reputación de los auditores y sobre cómo las economías de escala en reputación hacen que las auditoras sean empresas de enorme tamaño, Paz-Ares Rodríguez, José Cándido, La ley, el mercado y la independencia del auditor, 2016). Si los PGS no pierden clientes cuando "meten la pata" porque no hay forma de verificar con claridad ni consecuencias de haberla metido, los PGS no tienen incentivos para preservar su reputación o crearla en primer lugar.

Y no parece que la regulación - el Derecho del mercado de valores y la supervisión de la CNMV y semejantes - y la litigación contra las grandes empresas pueda resolver el problema. En los EE.UU., la vía sería atribuir responsabilidad frente a los inversores de estos PGS por información falsa o engañosa (responsabilidad por folleto y semejantes) pero esta vía no está adaptada a la información climática. Primero porque si no tiene efectos sobre el valor de la empresa ('materialidad financiera'), difícilmente podrá el inversor alegar que ha sufrido un daño y la información de impacto, especialmente, carece de impacto financiero como se ha explicado. Pero incluso si lo fuera, el demandante debería probar que la información climática era falsa o engañosa. Esto suele requerir demostrar errores en modelos climáticos, proyecciones de impacto, escenarios de transición o cálculos de emisiones. Se trata de cuestiones técnicamente complejas, discutibles y con alto grado de incertidumbre. Para un demandante privado, reunir pruebas suficientemente sólidas —y convencer a un juez— resulta extremadamente difícil y costoso y los que emiten la información tienen todos los incentivos para no realizar afirmaciones contundentes.

En el artículo del que está extraido el post que se cita al final de esta entrada los autores muestran una perspicacia notable al identificar que los problemas de los PGS no acaban ahí. En particular, muchos PGS ('green gatekeepers' los llaman) desempeñan simultáneamente dos funciones que en la auditoría financiera están separadas: no solo verifican el cumplimiento de unos criterios, sino que contribuyen activamente a definirlos. Cuando se recurre a estándares propios, opacos o poco contrastados esta doble función genera conflictos de interés porque el problema ya no es solo si la empresa cumple, sino si el estándar mismo es exigente, pertinente o indulgente (motivated reasoning y el warm glow)

Los autores reconocen que la regulación europea ha mejorado la estructura y la homogeneidad formal de la información, pero, junto a esos beneficios potenciales, sería bueno disponer de una evaluación explícita de los costes asociados a ese diseño institucional. El artículo es deliberadamente prudente al no afirmar que tales beneficios sean elevados o concluyentes, pero si, como ellos mismos sostienen, los incentivos para producir información veraz siguen siendo débiles en el ámbito de la materialidad de impacto y los mecanismos de control continúan siendo estructuralmente ineficaces, bastarían costes regulatorios relativamente modestos —en términos de carga administrativa, desviación de recursos, complejidad organizativa o riesgo de cumplimiento meramente formal y, sobre todo, rent seeking— para poner en cuestión la conveniencia del modelo.

En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, puede señalarse que los autores parecen aceptar como dato de partida que la mejora de la calidad formal de la información —mayor estandarización, mayor exhaustividad, mayor cobertura— es un objetivo valioso en sí mismo. Desde una perspectiva crítica, podría sostenerse que, si la información de impacto no genera costes privados ni disciplina efectiva y su verificación es metodológicamente endeble, la expansión regulatoria en ese frente corre el riesgo de producir sobre todo cumplimiento burocrático, (box ticking) sin mejoras efectivas.

Por último, las propuestas regulatorias más originales del artículo —en particular la idea de permitir que los proveedores de aseguramiento confieran “licencias regulatorias positivas” o beneficios normativos, y la sugerencia de fomentar proveedores sin ánimo de lucro— revelan una cierta desconfianza de fondo hacia la capacidad de los mecanismos de mercado para generar soluciones endógenas: si existiera una demanda real y sostenida de certificaciones ESG capaces de generar beneficios regulatorios creíbles, cabría esperar que formas privadas de cuasi‑licenciamiento hubieran emergido espontáneamente, como ocurrió con las calificaciones crediticias.

Del mismo modo, la apelación a proveedores sin ánimo de lucro, aunque coherente con la literatura sobre bienes de confianza, plantea riesgos significativos de costes de agencia, captura, opacidad y corrupción blanda —por ejemplo, a través de donaciones, patrocinios o influencias informales— que el artículo apenas considera. Estas críticas no refutan el marco analítico de los autores, pero sí cuestionan la dirección de algunas de sus propuestas normativas, sugiriendo que el problema del aseguramiento ESG no reside tanto en una insuficiente intervención pública como en la escasa conexión, hoy por hoy, entre ese aseguramiento y incentivos económicos reales.

Luca Enriques, Alessandro Romano, Andrew Tuch, Sustainability Assurance, OBLB, abril 2026

La asociación-fundación en derecho alemán y en derecho español

2026-04-20T20:48:00.005+02:00

foto: Pedro Fraile

La diferencia entre la asociación y la fundación

La fundación de los §§ 80 y ss. del BGB es independiente de la existencia de miembros. En ello reside el criterio decisivo de delimitación frente a la corporación. La corporación (que incluye las sociedades anónimas, las limitadas, las cooperativas y las mutuas en Derecho alemán) se asienta sobre la voluntad de sus miembros y es dirigida permanentemente por esa voluntad también en lo que respecta a su modificación (por ejemplo, aumento de capital, transformación o extinción).

O sea que la fundación es, en Alemania, una universitas rerum o universitas bonorum y la corporación la universitas personarum. Ambas son "personas jurídicas", es decir un tipo de sujeto de derecho (titular de un patrimonio y capaz de adquirir bienes y contraer obligaciones) pretendidamente diferente del sujeto de derecho que es también una sociedad civil o colectiva (que, en Derecho alemán no se consideran 'personas jurídicas').

Esto es más interesante

Originariamente, la unión de varias personas (verband, universitas personarum) constituía el presupuesto conceptual y el rasgo definitorio no solo de las sociedades de personas, sino también de las corporaciones. Como principio general, este presupuesto sigue rigiendo para las corporaciones, aunque hoy solo con matizaciones.

¿Por qué? porque aunque no cabe la asociación unipersonal, sí que cabe la SA o la SL unipersonales.

Para la subsistencia de la corporación es cierto que, en el caso de la asociación, se requiere una pluralidad de miembros (§ 73 BGB), pero no así en la sociedad anónima ni en la sociedad de responsabilidad limitada, en las que la titularidad al cien por cien de las participaciones por una sola persona es un fenómeno cotidiano; en la GmbH incluso deja de ser necesaria una pluralidad de personas ya en el momento de la constitución (§ 1 GmbHG).

Lo que caracteriza a una corporación, sin embargo, es que la voluntad de la corporación - o sea, la voluntad colectiva o, normalmente, del sujeto de derecho - se forma con la participación de los miembros

No obstante, sigue siendo característico de la corporación que exista una voluntad rectora de uno de los miembros o, con mayor frecuencia, de una pluralidad de ellos... La identificación de este criterio distintivo no plantea dificultades en otros ordenamientos jurídicos. La corporación es la organización gobernada por sí misma, esto es, por sus miembros, que –como correlato de la libertad de fundación– puede, en principio, ser disuelta en cualquier momento por la voluntad de todos los miembros (universitas personarum).

Frente a ello, la fundación es «inmortal». Queda autonomizada con su constitución por el fundador y se convierte en una organización puramente administrativa orientada a fines y sin miembros (universitas bonorum). La ausencia de miembros es, en el caso de la fundación con personalidad jurídica, la base reconocida de la necesidad de una supervisión de fundaciones.

La aparición de las asociaciones-fundaciones en derecho alemán

Sin embargo, la evolución del derecho alemán ha emborronado la distinción. Esta se basa en la idea de que la asociación - y las corporaciones societarias - son básicamente un grupo de personas 'organizado' (esto es, que se han dado reglas para tomar decisiones) mientras que la fundación es un patrimonio 'organizado' (es decir, que se gestiona de acuerdo con reglas sobre cómo se toman esas decisiones de gestión)

De un lado se sitúa la masa patrimonial autónoma en la forma de la fundación (patrimonio sin miembros) y, de otro, la unión de varias personas independiente del cambio de miembros, pero sin patrimonio propio (vínculo personal sin patrimonio).

En la práctica alemana, sin embargo, las fundaciones presentan rasgos corporativos (órganos, adopción de acuerdos colegiados, participación en su gobierno de grupos de 'interesados'...) y las corporaciones se asemejan a las fundaciones en cuanto que el patrimonio de la asociación queda sujeto

... a una vinculación específica que deja de atribuirlo a los miembros de la corporación y que solo les concede una facultad de disposición limitada sobre la determinación del fin de la corporación. Mientras que el legislador apenas se ha ocupado hasta ahora de la posibilidad de atenuar la separación entre fundación y corporación y de desarrollar puentes entre ambas, la práctica contractual lo ha hecho de manera extensa.

De manera que el "límite" para que podamos seguir hablando de "corporación" es que "los miembros de la organización queden excluidos de toda influencia y el patrimonio de la corporación" pase a gestionarse exclusivamente en atención al fin que llevó a la constitución de la corporación. Probablemente esa sería una buena interpretación de la exigencia - exagerada - de la LODA de que consten en los estatutos (Art. 7 g) LODA) "Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación"

¿Se infringe la libertad de asociación cuando se constituye una asociación como la "Constructora benéfica. Asociación de Caridad?

El autor dice que no. Si una asociación se diseña de forma muy similar a una fundación —esto es, con un patrimonio afecto a un fin duradero y sin beneficios para los miembros como ocurre con todas las asociaciones constituidas para la beneficiencia —, sus miembros están ejerciendo su derecho o libertad de asociación en el sentido del art. 22 CE y del artículo 9.1 de la Ley Fundamental de Bonn. Estas asociaciones son perfecta y obviamente lícitas. Lo que hace que no sean 'fundaciones' es su estructura: tiene miembros - los asociados - que participan en la formación de la voluntad colectiva. Por tanto, lo que la Constitución prohíbe es una norma del Código civil o de la LODA que limitase los fines a los que pueden dedicarse las asociaciones y que obligara a los particulares a constituir una fundación en vez de una asociación cuando quieren constituir una "asociación de caridad" o de beneficiencia. Dicho de otra forma: si se cumplen los rasgos constitutivos de la asociación, el legislador civil no puede decir que ciertos fines “no le gustan” porque se parezcan demasiado a los de una fundación. Estas son las asociaciones cuyas decisiones durante su vigencia vienen excesivamente condicionadas por los promotores que concurrieron a su constitución. En sus manos está - como Ulises - atar a los socios futuros dificultando extraordinariamente la modificación de los estatutos o la disolución. Lo que dice el autor es que estas restricciones no impiden la calificación como asociación ni constituyen limitaciones al derecho de asociación (de los asociados), sino justamente, ejercicio del derecho de asociación que los poderes públicos han de respetar.

Se explica así, dice el autor, que "la vinculación duradera de un patrimonio a fines determinados por el fundador" pueda lograrse no solo a través de la fundación sino también a través de la asociación. En España, donde se restringe el derecho de fundación a fines de interés general, la posibilidad de constituir una asociación aparece como una alternativa muy atractiva ya que, afortunadamente, el legislador de la LODA es bastante respetuoso con la libertad de autoorganización (como no lo es el legislador de sociedades anónimas y limitadas). En España eso no ha sido nunca un problema. Más bien, la dificultad ha estado en explicar el régimen de las asociaciones recreativas, es decir, aquellas que se constituyen en "interés de sus miembros". No las asociaciones de beneficiencia, de promoción de la educación, la ciencia y la cultura.

Pero en Alemania la cosa es distinta. A diferencia de España (arts. 3 y 5 Ley de Fundaciones),

El término «fundación» no está reservado a la forma jurídica de la fundación prevista en los §§ 80 y ss. del BGB. Según la opinión dominante, también una GmbH o una asociación inscrita pueden llevar el añadido “fundación”. El concepto de “fundación” no está reservado, ni desde el punto de vista de la historia del desarrollo ni desde el uso lingüístico actual, a las fundaciones autorizadas por el Estado. Para evitar engañar al tráfico jurídico, no obstante, cuando una corporación utiliza el término “fundación” debe hacerse reconocible la forma jurídica ( “GmbH” o “e. V.”) mediante un añadido en la denominación o la razón social. En la práctica se hace amplio uso de esta posibilidad.

Y, si se trata de una asociación - y supongo que por una razón parecida -

En el caso de la asociación rige además la restricción de que, para la protección del tráfico jurídico, solo pueden llevar el añadido “fundación” aquellas asociaciones que dispongan de una dotación patrimonial en términos de capital o, al menos, de una expectativa asegurada de una dotación de ese tipo, de modo que se garantice, al menos durante un cierto período, el cumplimiento de tareas conforme a la naturaleza de la fundación.

Recuérdese que la LODA no exige a los promotores de una asociación que realicen ninguna aportación de "capital". Simplemente han de indicar en los estatutos "j) El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso". Ese patrimonio inicial puede ser simbólico o proceder de donaciones de terceros o de los propios promotores pero, dado que se realizan a título gratuito, no pueden considerarse como aportaciones.

¿Por qué los alemanes recurren a la "asociación-fundación"?

Porque se evitan la supervisión pública (el protectorado) pero conservan todas las ventajas de la fundación (los promotores pueden configurar la asociación de forma que su influencia se mantenga prolongadamente durante toda la vida de la asociación). Y, al tiempo, privan a los socios de cualquier derecho sobre el patrimonio de la asociación. Y aquí, justamente al contrario que en España, es donde empiezan los problemas: ¿es contrario al principio de autonomía de las asociaciones que los asociados no puedan modificar el fin al que se destina el patrimonio de la asociación?

La autonomía asociativa, entendida como la facultad de las asociaciones para configurar por sí mismas su estructura y sus relaciones internas, es un rasgo central de todas las corporaciones. El núcleo de la autonomía asociativa lo constituye la autonomía estatutaria como elemento necesario de la autodeterminación (soberanía de la asociación). Esta autonomía fundamenta la competencia de todos los miembros para decidir libremente en todo momento sobre el fin y la existencia de su asociación, y se opone así al tipo de la fundación, en la que ambas decisiones (fin y existencia) quedan fijadas de manera permanente con la constitución.

En cuanto al patrimonio, la asociación-fundación exige

... una dotación patrimonial en términos de capital o, al menos, la perspectiva de una aportación financiera suficiente al patrimonio asociativo que asegure un cumplimiento de tareas de tipo fundacional al menos durante cierto tiempo. El carácter fundacional de la asociación debe manifestarse ya en su estructura de financiación. Ello no exige un capital mínimo; pero no basta con remitirse a futuras cuotas de miembros o a donaciones que aún deban recaudarse.

En cuanto a los derechos patrimoniales de los socios, éstos pueden excluirse completamente en cualquier asociación

La exclusión de derechos patrimoniales de los miembros es admisible sin restricciones en la forma jurídica de la asociación, a diferencia de lo que ocurre en la GmbH. La autonomía asociativa y estatutaria permite excluir desde el inicio cualquier acceso de los miembros al patrimonio de la asociación (o fundación). El patrimonio no corresponde en valor a los miembros, sino que queda atribuido de manera permanente a la corporación. La pertenencia a la asociación no confiere una participación proporcional en el patrimonio asociativo, sino que constituye una relación de Derecho personal con solo débiles vinculaciones patrimoniales.

pero es que, aunque no se excluyan, los derechos patrimoniales de los miembros de una asociación son prácticamente inexistentes salvo en las asociaciones a las que se refiere el § 45, apartado 3, BGB, es decir, a las que "sirven exclusivamente a los intereses de sus miembros". O sea, las asociaciones recreativas.

A mi juicio, en derecho español, los miembros de una asociación carecen de derechos patrimoniales lo que no excluye que puedan celebrar entre determinados miembros "pactos societarios" (¿paraasociativos?) en virtud de los cuales realicen aportaciones a la asociación reservándose el derecho de propiedad o el derecho a recuperar la propiedad de los bienes aportados en determinadas circunstancias (disolución de la asociación o abandono por parte del asociado aportante).

En todo caso, la asociación-fundación no es una celebrada en interés exclusivo de sus miembros. Justo al contrario por lo que no hay duda alguna de que los socios carecen de derechos sobre el patrimonio de la asociación.

Mediante opciones de configuración estatutaria admisibles en el Derecho de asociaciones, el patrimonio asociativo queda, por así decirlo, inmunizado frente a los intereses individuales de los miembros. La aproximación al tipo funcional de la fundación se completa con la adopción, tomada del Derecho de fundaciones, de exigencias dirigidas a que los órganos de la asociación conserven el patrimonio, en su existencia, de forma permanente e íntegra.

De nuevo, creo que en derecho español este es el derecho aplicable sin necesidad de previsión estatutaria alguna para todas las asociaciones, incluso las recreativas.

Modificación del propósito-fin de la asociación y disolución

Se plantea el autor la posibilidad de que los estatutos prevean una mayoría tan amplia para modificarse - y, por ejemplo, eliminar la vinculación del patrimonio al fin establecido por los promotores -

El punto de partida es la regulación del § 33, apartado 1, BGB, que exige para las modificaciones estatutarias una mayoría de tres cuartas partes de los miembros presentes en la asamblea. Esta regulación es dispositiva; el acuerdo puede tanto facilitarse como endurecerse. En particular, es admisible una disposición que solo permita modificaciones estatutarias sobre la base de un acuerdo unánime.

a algunos profesores españoles, a la vista del artículo 200 de la LSC se le habrán puesto los pelos de punta y más todavía cuando lean que la misma unanimidad se puede exigir para la disolución de la asociación. El asociado que no quiera seguir en la asociación, tiene pista libre para abandonarla, de modo que no hay problema alguno de vinculaciones perpetuas u opresivas.

Hay más, parece razonable que si para transformar el fin oneroso de una corporación societaria - una sociedad anónima - en un fin de beneficiencia es necesario el consentimiento de todos los accionistas, viceversa, debería exigirse el consentimiento de todos los asociados para transformar una asociación en sociedad anónima o, en general, para modificar el fin común (la causa del negocio jurídico que dio lugar a su constitución v., § 33, apartado 1, frase 2, BGB: "Se requiere el consentimiento de todos los miembros para cambiar el propósito de la asociación; El consentimiento de los miembros que no comparecieron debe ser escrito").

Ahora bien,

siempre que exista unanimidad, la posibilidad de modificar el fin de la asociación en cualquier momento y, con ello, la vinculación del patrimonio. Una protección duradera de esa vinculación frente a la voluntad de todos los miembros no puede imponerse.

(sin perjuicio de lo que se dijo más arriba sobre la prohibición de transformación y la ausencia de derechos de los miembros sobre el patrimonio de la asociación).

¿Corporaciones sin miembros?

La constitución de una asociación sin miembros no es admisible conforme al Derecho alemán. La inscripción en el registro de asociaciones –y, con ello, la adquisición de la personalidad jurídica– solo se produce cuando existe un número mínimo de siete miembros fundadores (§ 56 BGB). Es cierto que la asociación puede quedar sin miembros por dimisión, exclusión o fallecimiento de todos ellos. Según la opinión dominante, ello conlleva, no obstante, la extinción de la asociación sin liquidación. La gestión del patrimonio se lleva a cabo entonces mediante un curador nombrado conforme al § 1913 BGB.

Andreas Schlüter, Stiftung und Körperschaft – Körperschaften als Ersatzform der rechtsfähigen Stiftung, Walz/Hüttemann/Rawert/Schmidt (Hrsg.) Non Profit Law Yearbook 2006, 2007, p 75 ss

El Tribunal Supremo transforma el art. 28.3 LCA que deja de decir "la indemnización no podrá exceder, en ningún caso" para pasar a decir "la indemnización consistirá, en todo caso...."

2026-04-20T18:03:00.003+02:00

Es la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2026

Lo terrible de esta sentencia es que considere que una cláusula pactada en la que las partes explican qué consideran "equitativo" a efectos de la aplicación del - imperativo - artículo 28 Ley del Contrato de Agencia sea considerada por el Supremo como nula por contraria a una norma imperativa.

El contrato de agencia contenía una cláusula (la 18.ª) que, para la determinación de la procedencia y cuantía de la indemnización por clientela, establecía -entre otros extremos- la necesidad de tomar en consideración las actuaciones de publicidad, promoción y marketing que desarrollaba Vodafone para la captación y fidelización de sus clientes, así como el reconocido prestigio e imagen de la marca Vodafone, que contribuía de forma decisiva a la captación y fidelización de clientela.

Esto es una obviedad. Si los clientes eran atraidos por la marca y los esfuerzos de promoción del fabricante (Sogwirkung de la marca Vodafone, en el caso, en alemán) no puede decirse que fueron clientes aportados exclusivamente por el agente.

Además, el apdo. 2 de esta cláusula establecía una prohibición de competencia postcontractual al agente de un año....

La discrepancia entre el juzgado y la Audiencia se refería a la comprobación de si el agente había "aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente" de modo que "su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario".

El juzgado considera "acreditado este pronóstico... en atención a los informes periciales aportados por el agente y las... declaraciones de los testigos" pero rechaza el informe de Vodafone que explicaba "el descenso constante en las operaciones por las bajas en la cartera de clientes" (¿estaba desviando clientes el agente hacia otra operadora móvil?).

La Audiencia - el Supremo ya anticipa su propio juicio -

En cambio, la audiencia provincial se ha limitado a transcribir ciertos pasajes de estos medios de prueba, para más adelante señalar, sin mayor concreción, que le suscitan serias dudas los informes periciales aportados por el agente, cuyas conclusiones han quedado ampliamente desvirtuadas por el dictamen del principal.

Pero esas apreciaciones de la Audiencia no determinaron, al parecer, el fallo

Con todo, la audiencia provincial no niega el derecho a la indemnización por clientela, sino que estima en parte el recurso de apelación del agente, «en el sentido de establecer la indemnización por clientela... tomando en consideración como duración del contrato desde marzo de 2013, pero moderando la cantidad solicitada (en el 50 % de 2.372.344,83 €)». Por tanto, la audiencia provincial afirma la procedencia de conceder al agente la indemnización por clientela, e incluso eleva su importe respecto al establecido por el juzgado, al considerar el promedio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años (2.372.344,83 €), y no durante los últimos tres años, como había hecho el juzgado.

Lo que ocurrió es que la Audiencia redujo al 50 % la cuantía máxima prevista en el artículo 28.3 LCA. El Supremo vuelve a aplicar su discutible doctrina acerca de que, probados los requisitos del artículo 28.1 LCA, hay que conceder el máximo legal previsto y, por tanto, que el juez de apelación no puede reducir la compensación máxima basándose en criterio alguno. La decisión de la Audiencia de Badajoz fue todo menos arbitraria:

Sin embargo, la audiencia provincial sigue aplicando a este importe la minoración del 50 %, en atención a: (i) las referidas «serias dudas» que le suscitan los informes periciales aportados por el agente (sobre el mantenimiento de ventajas sustanciales por el principal, se supone); y, a mayor abundamiento, añade: (ii) la consideración de las tarifas y los paquetes promocionales como el principal motivo para elegir operador del 61 % de los usuarios en 2018; y (iii) la moderación de la indemnización pactada en el contrato, por el liderazgo de Vodafone en el mercado, la popularidad de sus productos y las costosas campañas publicitarias realizadas por el empresario principal.

Y le reprocha incurrir en contradicción

... si no considera suficientemente acreditados los requisitos legales para el nacimiento del derecho a la indemnización por clientela ( art. 28.1 LCA) y, en particular, la circunstancia de que la actividad anterior del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, debería haber desestimado esta pretensión indemnizatoria. Sin embargo, a pesar de aludir la audiencia provincial a las «serias dudas acerca del resultado de las periciales aportadas por el agente» (de manera totalmente opuesta a la apreciación que realizó el juzgado), la audiencia provincial incrementa el importe de la indemnización. Esta contradicción valorativa lleva a considerar que se tienen por suficiente y razonablemente acreditados los presupuestos para el nacimiento del derecho a la indemnización por clientela.

Pero que se reconozca el derecho a la compensación por clientela no significa que se deba conceder en la cuantía máxima prevista en el artículo 28.3 LCA. Si el legislador hubiera querido tal cosa habría dicho que la cuantía "se corresponderá con el importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior" y no "no podrá exceder, en ningún caso..." de dicha cuantía. Es evidente que el legislador ha dejado en manos del juez la determinación concreta de la cuantía y que el juez ha de tener en cuenta todos esos factores que el Supremo desdeña

Así las cosas, la controversia se circunscribe a dilucidar si es admisible moderar o corregir judicialmente la cantidad máxima resultante (el promedio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante el período legalmente determinado) por concurrir cualesquiera criterios, pactados en el contrato o acreditados en el correspondiente procedimiento o tenidos como hechos notorios: v.gr.las actividades de promoción del principal para la captación de clientela, la importancia, prestigio y difusión de la marca, la volatilidad de la clientela en el mercado de referencia (en el caso, el mercado de la telefonía móvil), la duración de la relación contractual... Criterios de los que pudiera inferirse la falta de adecuación o de equidad de la indemnización por clientela resultante, en consideración de las particulares circunstancias del caso.

Y la respuesta es negativa..

Se larga a continuación el ponente un repaso de sentencias anteriores del Supremo que no apoyan semejante negativa. Ni estamos ante una limitación preestablecida de la cuantía de la compensación, ni estamos ante ninguna derogación contractual de una norma imperativa. ¿Por qué esa aversión a la libertad contractual? El artículo 17 de la Directiva, de una forma más clara que el artículo 28.1 LCA exige que el cálculo de la compensación al agente se haga según equidad (que el pago "fuere equitativo" teniendo en cuenta "todas las circunstancias"). La interpretación del Supremo es contraria al artículo 17 de la Directiva, por lo que espero que, en la próxima ocasión, el juzgado o la Audiencia que le toque un asunto de estos presente una cuestión prejudicial.

Los argumentos del Supremo carecen de fuerza de convicción. Se limita a remitirse, como digo, a sentencias anteriores, tan discutibles como esta

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la sala en reiteradas ocasiones. Así, muy recientemente las sentencias n.º 1209/2025, de 3 de septiembre, y n.º 1777/2025, de 3 de diciembre, las dos referidas también a una demanda contra Vodafone España S.A.U., así como la sentencia n.º 1776/2025, de 3 de diciembre, han estimado los correspondientes recursos de casación que versaban sobre una controversia similar, y a tal fin recogen las resoluciones más relevantes dictadas por la sala al respecto. Para empezar, la sentencia n.º 582/2010, de 8 de octubre, ya declaró que, en atención al carácter imperativo de la norma que regula la indemnización por clientela, es nula toda cláusula que, de forma anticipada, impida llegar a la indemnización máxima legalmente prevista cuando se extinga el contrato.

Y añadir que la norma que establece la compensación por clientela es imperativa y a equiparar la inclusión en el contrato de criterios para determinar la cuantía de la indemnización a un pacto anticipado que limita el derecho del agente a obtener la indemnización. Esto es incorrecto. La cláusula que puso Vodafone y aceptó el agente se limitaba a exponer los criterios que ambas partes consideraban equitativos a efectos de determinar la cuantía de la indemnización. Por tanto, en modo alguno pueden considerarse como limitativos de nada si la ley no fija la cuantía de la indemnización, solo su cuantía máxima. Cuestión distinta es que la cláusula contradijera los criterios del artículo 28.1. Por ejemplo, porque obligara a considerar como clientes del principal los que habían sido realmente aportados por el agente.

La referencia al DCFR es gratuita e inapropiada porque este "frame" dice lo mismo que la ley española.

Y, por tanto, la conclusión del Supremo es una barbaridad:

Así las cosas, la cláusula litigiosa debe considerarse nula, en aplicación del art. 6.3 CC, por contravenir la referida prohibición...»...

En atención al carácter imperativo de la norma, si concurren los presupuestos legales para el nacimiento del derecho a la indemnización por clientela ( art. 28.1 LCA), no se puede minorar judicialmente la cantidad que corresponde al agente (el importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante el período legalmente considerado: art. 28.3 LCA), en consideración de criterios como, por ejemplo, las actividades promocionales del principal para la captación y fidelización de la clientela y la importancia, el prestigio o la difusión de la marca (que fueron los elementos recogidos en la cláusula contractual y utilizados por la sentencia recurrida en el presente caso), la volatilidad del mercado de referencia, o la duración de la relación contractual, ni aun cuando se trate de criterios pactados en el contrato. No cabe, pues, la reducción de la cuantía de la indemnización por clientela, ni siquiera con el recurso a tales parámetros.

La consecuencia de esta doctrina es que el 28.3 LCA deja de decir

La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior.

y dice,

La indemnización consistirá, en todo caso, en el importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior.

¡Vaya con el activismo del Supremo!

Complaint concerning the counterproductive effects of Regulation (EU) 2019/2144 on road safety due to the intrusiveness of ADAS systems

2026-04-20T16:34:00.002+02:00

Subject: Complaint concerning the counterproductive effects of Regulation (EU) 2019/2144 on road safety due to the intrusiveness of ADAS systems

I am writing to the European Commission in order to submit a complaint and, at the same time, to draw attention to the practical effects of Regulation (EU) 2019/2144, concerning vehicle type‑approval requirements in relation to general safety, in particular as regards the mandatory nature and functional design of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

As a regular driver of a recently registered vehicle, fully compliant with the current European regulatory framework, I have been able to verify first‑hand that certain mandatory ADAS systems — especially Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assistance, and driver attention or distraction detection systems — generate a continuous stream of acoustic, visual and tactile warnings, with repeated activations even in safe and controlled driving situations.

My concern does not relate to the purpose of the Regulation, which I fully share, but rather to its practical outcome. Real‑world driving experience shows that the constant accumulation of warnings, automatic corrections, beeps, on‑screen messages and flashing signals can induce anxiety, cognitive overload and additional distraction for the driver. Paradoxically, the driver is compelled to devote attention not only to the road, but also to the continuous need to deactivate, confirm or counteract the system’s interventions.

Under these conditions, the system ceases to function as assistance and becomes a disruptive factor in driving. The risk involved is not merely subjective: a driver exposed to constant stimuli, many of them irrelevant or repetitive, may suffer a reduction in effective attention to the road, adopt defensive reactions or even perform abrupt manoeuvres triggered by surprise or irritation. From this perspective, it is reasonable to fear that, in certain contexts, these systems may contribute to creating more risk than they prevent, particularly for experienced drivers, on secondary roads, or in situations that require sustained concentration.

According to information provided by the vehicle manufacturer itself, the design of these systems strictly follows the requirements imposed by European legislation, which would preclude both permanent deactivation and any substantial reduction in the frequency or intensity of warnings. This suggests that the issue is not a case of isolated poor implementation, but rather a structural effect of the regulatory framework that has been adopted.

I therefore respectfully request that the Commission:

First. Empirically assess, rather than merely theoretically, the real impact of the intrusiveness of mandatory ADAS systems on driver behaviour and on effective road safety.

In this regard, the following recitals of the Regulation are unconvincing:

“Advanced emergency braking systems, intelligent speed assistance, emergency lane keeping systems, driver drowsiness and attention warning systems, advanced driver distraction warning systems and reversing detection are safety systems that have a high potential to reduce accident casualty figures.”

Has this reduction been empirically evaluated? What is the proportional cost for low‑end vehicles?

(11) “It should be possible to disable the intelligent speed assistance, for example when the driver receives false warnings or inadequate information as a consequence of adverse weather conditions, contradictory temporary road signs in roadworks, or confusing, defective or missing road signage. This deactivation function should be under the control of the driver. It should allow the intelligent speed assistance to be deactivated for as long as necessary and easily reactivated by the driver. When the system is deactivated, information on the speed limit may be provided. The system should always be active when the vehicle is started and the driver should be informed at all times of whether the system is activated or not.”

Second. Consider whether the current regulatory approach, centred on permanent activation and constant warning, adequately complies with the principles of proportionality and effectiveness and, above all, whether it does not produce effects contrary to those intended by irritating the driver and, eventually, distracting the driver from the driving task. In such a case, the European Union would bear responsibility for accidents caused by the implementation of these safety systems.

Third. Explore the possibility of introducing greater regulatory flexibility in the design of the human‑machine interface, allowing for less intrusive configurations without jeopardising safety objectives. In particular, by removing the obligation that the system be “always active from vehicle start‑up”. It would suffice for the vehicle, upon being started, to “ask” whether the driver wishes to activate driver assistance systems. This would be a less intrusive measure and not only equally effective, but also less dangerous for road safety.

Road safety does not depend solely on the presence of technical systems, but also on the driver’s confidence, calmness and concentration. Regulation that systematically degrades the driving experience and generates constant anxiety runs the risk of producing counterproductive effects.

The European Union has earned a reputation for over‑regulation, which often produces effects contrary to those intended and is turning the peoples of Europe into increasingly less free societies.

Un ejemplo más de la sobrerregulación europea: Reglamento (UE) 2019/2144 de homologación de seguridad de los coches

2026-04-20T16:32:00.001+02:00

Asunto: Queja sobre los efectos contraproducentes del Reglamento (UE) 2019/2144 en la seguridad vial debido a la intrusividad de los sistemas ADAS

A la atención de la Comisión Europea

Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes

(o Dirección General de Movilidad y Transportes)

Me dirijo a la Comisión Europea para formular una queja y, al mismo tiempo, una llamada de atención sobre los efectos prácticos del Reglamento (UE) 2019/2144, relativo a los requisitos de homologación de los vehículos en materia de seguridad general, en particular en lo que se refiere a la obligatoriedad y al diseño funcional de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Como conductor habitual de un vehículo de reciente matriculación, plenamente conforme con la normativa europea vigente, he podido comprobar de primera mano que determinados sistemas ADAS obligatorios —especialmente el asistente inteligente de velocidad, el mantenimiento de carril y los sistemas de detección de atención o distracción— generan un flujo continuo de advertencias acústicas, visuales y táctiles, con activaciones reiteradas incluso en situaciones de conducción seguras y controladas.

Mi preocupación no se refiere a la finalidad de la norma, que comparto plenamente, sino a su resultado práctico. La experiencia real de conducción muestra que la acumulación constante de avisos, correcciones automáticas, pitidos, mensajes en pantalla e intermitencias puede provocar un estado de ansiedad, sobrecarga cognitiva y distracción adicional en el conductor. Paradójicamente, el conductor se ve obligado a prestar atención no solo a la vía, sino también a desactivar, confirmar o compensar continuamente la actuación del sistema.

En estas condiciones, el sistema deja de ser una ayuda y se convierte en un factor perturbador de la conducción. El riesgo no es meramente subjetivo: un conductor sometido a estímulos constantes, muchos de ellos irrelevantes o reiterativos, puede experimentar una disminución de la atención efectiva a la carretera, reacciones defensivas o incluso maniobras bruscas motivadas por la sorpresa o la irritación. Desde esta perspectiva, es razonable temer que, en determinados contextos, estos sistemas puedan contribuir a generar más riesgo del que pretenden evitar, especialmente en conductores experimentados, en vías secundarias o en situaciones que exigen concentración sostenida.

Según la información facilitada por el propio fabricante de mi vehículo, el diseño de estos sistemas responde estrictamente a exigencias de la normativa europea, que impediría tanto su desactivación permanente como la mitigación sustancial de la frecuencia o intensidad de los avisos. Ello sugiere que el problema no es una mala implementación aislada, sino un efecto estructural del marco regulatorio adoptado.

Por ello, me permito solicitar respetuosamente a la Comisión que

Primero. Evalúe de manera empírica y no exclusivamente teórica el impacto real de la intrusividad de los sistemas ADAS obligatorios sobre el comportamiento del conductor y la seguridad vial efectiva.

En este sentido, estos considerandos del Reglamento son muy poco convincentes

Los sistemas avanzados de frenado de emergencia, los asistentes de velocidad inteligentes, los sistemas de emergencia de mantenimiento del carril, los sistemas de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor, los sistemas avanzados de advertencia de distracciones del conductor y el detector de marcha atrás son sistemas de seguridad que tienen un elevado potencial de reducción de las cifras de víctimas de accidentes.

¿Se ha evaluado empíricamente esa reducción? ¿Cuál es el coste proporcional para vehículos de baja gama?

(11) Debe disponerse de la posibilidad de desactivar el asistente de velocidad inteligente, por ejemplo, cuando el conductor reciba advertencias falsas o información inadecuada como consecuencia de las inclemencias del tiempo, de indicaciones viales provisionales contradictorias en los tramos de obras, o de señalización vial confusa, defectuosa o inexistente. Esta función de desactivación debe quedar bajo control del conductor. Debe permitir la desactivación del asistente de velocidad inteligente por el tiempo que sea necesario y su fácil reactivación por el conductor. Cuando el sistema esté desactivado, puede facilitarse información sobre el límite de velocidad. El sistema debe estar siempre activo a partir del encendido del vehículo y se debe indicar en todo momento al conductor si el sistema está activado o no.

Segundo. Considere si el actual enfoque normativo, centrado en la activación permanente y en el aviso constante, respeta adecuadamente los principios de proporcionalidad y de eficacia y sobre todo, si no tiene efectos contrarios a los pretendidos al irritar al conductor y, eventualmente, a distraerle de la conducción. En tal caso, la Unión Europea sería responsable de los accidentes que la implantación de estos sistemas de seguridad causase.

Tercero. Explore la posibilidad de introducir mayor flexibilidad regulatoria en el diseño de la interfaz hombre‑máquina, permitiendo configuraciones menos intrusivas sin comprometer los objetivos de seguridad. En particular, eliminando la obligación de que el sistema esté "siempre activo a partir del encendido del vehículo". Bastaría con que al encenderse, el vehículo "pregunte" si el conductor quiere activar los sistemas de asistencia a la conducción. Esta sería una medida menos intrusiva y no solo igualmente eficaz, sino menos peligrosa pra la seguridad vial.

La seguridad vial no depende únicamente de la presencia de sistemas técnicos, sino también de la confianza, serenidad y concentración del conductor. Una regulación que degrade sistemáticamente la experiencia de conducción y genere ansiedad constante corre el riesgo de producir efectos contraproducentes.

La Unión Europea tiene una ganada fama de sobrerregulación que, a menudo, tiene efectos contrarios a los pretendidos y que está convirtiendo a los pueblos de Europa en sociedades cada vez menos libres.

Y, last but not least, resulta que uno no puede quejarse ante la Comisión Europea al respecto. Otro ladrillo en el muro de la pérdida de libertad de los europeos.

Una sentencia terrible del Tribunal Supremo: incluir una cláusula de fijación del precio de reventa hace nulo de pleno derecho un contrato de franquicia entre un señor de Mérida y una señora de La Coruña. Quantum pro degeneramus

2026-04-20T13:39:00.001+02:00

Es la sentencia de 9 de abril de 2026

Considerar nulo de pleno derecho un contrato de franquicia porque incluya una cláusula de fijación de precios a favor del franquiciador es una barbaridad. Ni siquiera la muy reaccionaria jurisprudencia del TJUE sobre las restricciones verticales llega tan lejos como puede deducirse del caso Super bock y, sobre todo, a partir del caso Cartes Bancaires. Muchas jurisdicciones admiten ya la validez de la fijación de los precios de reventa en general (v., entradas relacionadas) y eso es una señal indudable de que una cláusula que imponga precios no puede ser nula de pleno derecho por contradicción con el orden público, ya que el orden público contractual es semejante en todos los derechos civilizados.

(i) Distribuciones La Botica de los Perfumes S.L. (en adelante, «Disboper»), como franquiciadora, y D.ª Adriana (en lo sucesivo, la «Sra. Adriana »), como franquiciataria, celebraron el 24 de mayo de 2013 un contrato de franquicia...

El objeto de la franquicia era la autorización para la venta en exclusiva de perfumes de equivalencia a granel, colonias frescas, jabones y otros efectos similares... La franquiciataria se obligaba a adquirir los productos de la franquiciadora (con la imposición de dos distribuidores) y requería la autorización de ésta para que se pudieran vender en la tienda otros productos que no fueran de la franquicia (pacto 7.º). El contrato tenía una duración de cinco años, con posibilidad de prórroga anual comunicada con una antelación de dos meses a la fecha de finalización (pacto 15.º.I). También contenía un pacto de no competencia con una duración de cinco años tras la expiración del contrato (pacto 6.º). En particular, el pacto 8.º determinaba la fijación de precios por el franquiciador: «El franquiciado no es libre a la hora de aplicar los precios y debe seguir los fijados por el franquiciador. ... el pacto 20.º contenía una cláusula penal (de)... 12.000 euros por año no cumplido de contrato...

(ii) El 23 de marzo de 2018, la Sra. Adriana remitió un burofax a la franquiciadora Disboper en la que aquélla daba por extinguida la relación contractual.

(iii) El mismo mes de la extinción contractual, la Sra. Adriana había abierto una nueva tienda denominada «Zahara Fragancias y Cosmética» en la calle Juan Flórez de A Coruña, en la que se vendían productos similares a los de la franquicia.

Por tanto, la concurrencia se produjo durante el periodo contractual o, en todo caso, antes de que transcurriera un año de la finalización del contrato.

Disboper reclama 12.000 €, más intereses y costas... La Sra. Adriana se opuso a la demanda, solicitó su desestimación por la ilicitud del objeto del contrato y, además, formuló demanda reconvencional, en la que pedía que se declarase el incumplimiento contractual por la franquiciadora, al exigir a la franquiciada que se adaptase a un modelo de negocio distinto al que contrató.

El Juzgado... consideró acreditado el incumplimiento del pacto de no competencia por parte de la franquiciada. Y en cuanto a la fijación de precios, consideró que el contrato ya se había extinguido, por lo que no podía declararse nulo un contrato que ya no existía.

... en apelación... la Audiencia Provincial de Badajoz... estima el recurso, desestima la demanda principal formulada por Disboper y estima la demanda reconvencional interpuesta por la Sra. Adriana... y ... declara la nulidad del contrato de franquicia por la cláusula de fijación de precios... y dicho pacto de imposición de precios por parte de la franquiciadora a la franquiciada comporta la nulidad total del contrato, pues altera el conjunto de la economía del contrato, ya que el franquiciado no puede disponer en su establecimiento de otros productos que no sean los adquiridos o autorizados por el franquiciador y que, en definitiva, le han sido suministrados por éste».

Dice el Supremo que la fijación de precios por parte del franquiciador al franquiciatario es fijación de precios en el sentido del artículo 101.1 TFUE. Eso es una barbaridad que ya no sostiene ni el propio TJUE a partir de Cartes Bancaires.

Así pues, una estipulación como la prevista en el pacto 8.º del contrato de franquicia celebrado entre las partes (con la imposición de precios por el franquiciador Disboper) es nula de pleno derecho. Y puesto que afecta a un elemento esencial del contrato, como es el precio de venta de los productos a que se refiere la franquicia, ello determina la nulidad radical del contrato.

Extrae las consecuencias - no importa que el contrato nulo se hubiera extinguido -.

... Como esta sala ha recordado en la referida sentencia n.º 843/2025, de 27 de mayo, según doctrina jurisprudencial reiterada y constante, se puede ejercitar la acción de nulidad contractual (o de alguna de sus cláusulas), aunque el contrato se haya extinguido o consumado, en el bien entendido de que exista un interés legítimo..

Y cita una sentencia ¡sobre cláusulas-suelo! (y la jurisprudencia del TJUE sobre cláusulas abusivas) como si existiera alguna relación entre declarar la nulidad de una cláusula por abusiva - o falta de transparencia - en la relación enter un consumidor y un empresario y la cláusula de fijación de precios. Pero, en todo caso, lo que reclamaba el franquiciador era el pago de la cláusula penal.

En el presente caso, la petición de nulidad de pleno derecho opera como presupuesto necesario para impedir la aplicación de la cláusula de penalización por la competencia post-contractual, en la que se apoya la acción de reclamación de cantidad ejercitada por la franquiciadora demandante, y, por tanto, la petición de condena de la franquiciada demandada al pago de 12.000 €, que fue estimada en primera instancia. Además, en este litigio la franquiciada ejercitó en su demanda reconvencional una pretensión resarcitoria contra la franquiciadora. Por ende, sí se aprecia la existencia de interés legítimo de la franquiciada en el ejercicio de la acción de nulidad.

No entiendo qué tendrían que devolverse recíprocamente si el contrato ya se había extinguido y era uno de tracto sucesivo. O sea que no entiendo a qué condenó la Audiencia de Badajoz concretamente.

Lo ridículo de la situación es que ¿de qué modo puede afectar a la competencia - bien jurídico protegido por el artículo 101.1 TFUE y art. 1 LDC - una cláusula de fijación del precio de reventa en un contrato que afecta a una minúscula tienda en La Coruña que vende perfumes a granel? ¿Qué cuota de mercado tiene 'La Botica de Perfumes SL' en el mercado español para que pueda afirmarse que se cumple el requisito objetivo del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia que exige, como ha repetido una y otra vez el Abogado General Wahl, especialmente en sus Conclusiones en el asunto Cartes Bancaires, que ¡incluso para un cártel de precios, esto es, un acuerdo horizontal entre empresas competidoras!:

Se presume que (un cártel de precios) produce una de las restricciones de la competencia más grave… Aun cuando está ampliamente reconocido que estos acuerdos son en general muy nocivos para la competencia, no sería obligado llegar a esa conclusión en el caso de que, por ejemplo, las empresas implicadas dispusieran únicamente de una cuota mínima del mercado de referencia.

La Audiencia de Badajoz y el Supremo deberían haber justificado el carácter "muy nocivo" para la competencia del pacto de fijación del precio de reventa. Lo exige el artículo 1º LDC en su interpretación jurisprudencial más atendible. Y es imposible que un acuerdo entre La Botica de Perfumes y la Sra. Adriana pueda tener efecto alguno sobre el mercado de distribución de perfumes.

Sospecho que el Supremo ha querido evitar la incoherencia con su anterior sentencia con la misma recurrente. Pero la doctrina que sienta es terrible.

En España es muy difícil ganarse la vida honradamente sin infringir la legalidad. El Tribunal Supremo debería ser el principal valedor del pacta sunt servanda cuando es evidente que las partes no quieren ni robar ni matar a nadie.

¿Un restaurante por 4000 euros? Lo que tiene simular el precio en la escritura pública de compraventa de participaciones

2026-04-20T12:44:00.006+02:00

Es tremendo el formalismo de algunos tribunales italianos. ¿Cabe alguna duda de que el precio pactado fue 80.000 euros y no 4000? ¿Se avino el vendedor a poner esta última cifra en la escritura porque tenía en su poder un cheque por 65.000 euros firmado por el comprador?

Es la sentencia del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata impresa, de 21 de mayo de 2025 (caso Botta – Dragusanu c. Aliona Cataraga)

La sentencia resuelve un procedimiento de oposición a una orden de pago (opposizione a decreto ingiuntivo) promovido por los adquirentes de la totalidad de las participaciones de una sociedad de restauración. La vendedora reclamaba 65.000 euros como saldo de un precio que, según su tesis, se había fijado originalmente en 80.000 euros. La orden de pago inicial se sustentaba en un documento privado de julio de 2019 y en un cheque bancario por dicho importe, que la demandada pretendía hacer valer como una promesa de pago (ex artículo 1988 del Codice civile).

El tribunal fundamenta su decisión en la distinción entre el contrato preparatorio y el contrato definitivo. Califica el documento de julio de 2019 como un contrato preliminar de cesión de participaciones, dado que, pese a recoger un acuerdo sobre el precio, remitía expresamente a una formalización posterior. El contrato definitivo se otorgó mediante escritura pública ante notario el 6 de agosto de 2019, fijando un precio de 4.000 euros y conteniendo una carta de pago por la que la vendedora declaraba haber recibido la totalidad del importe y liberaba de toda obligación a los compradores.

El juzgador aplica el principio de prevalencia del contrato definitivo: este sustituye al preliminar y constituye la fuente única de la relación obligatoria, salvo prueba escrita en contrario. En cuanto a la alegación de simulación parcial del precio invocada por la vendedora, el tribunal la rechaza por aplicación del artículo 1417 del Codice civile. Esta norma impone la carga de la prueba de la simulación a quien la alega y exige, además, que se trate de una prueba documental mediante una contraescritura (controdichiarazione). El contrato preliminar no puede cumplir esta función, pues es anterior y no refleja una discrepancia consciente y actual con el contrato definitivo.

Al confirmarse la validez de la escritura pública, la eficacia del cheque como indicio de deuda queda desvirtuada. Una vez extinguida la obligación mediante el contrato notarial y su correspondiente finiquito, desaparece la presunción de la existencia del crédito.

Finalmente, se desestiman las acciones de responsabilidad precontractual y enriquecimiento injusto: la primera por falta de prueba de un daño resarcible y la segunda por existir un contrato válido que justifica la atribución patrimonial. El tribunal estima la oposición, revoca la orden de pago y condena en costas a la vendedora.

Una solicitud de medida cautelar cuando ha pasado un año... se desestima con seguridad y se puede volver contra ti

2026-04-20T12:18:00.002+02:00

Foto: Maurizio Carlotti

Es un Auto del Tribunale di Milano, dictada por la Sección Especializada en materia de Empresa el 23 de octubre de 2024 que trae causa de un recurso cautelar interpuesto por la sociedad suiza Graetz Industrie SA contra Graetz Italia Srl al amparo del artículo 700 c.p.c. La pretensión de la actora se centraba en la obtención de tutela inmediata sobre el signo distintivo “GRAETZ”, alegando que la transferencia de los registros internacionales y europeos a favor de la sociedad italiana, inscrita ante la OMPI, carecía de validez al sustentarse en documentación con firmas apócrifas. Sobre esta premisa, la demandante solicitó un abanico de medidas que incluían desde la declaración de nulidad de la cesión y la inhibitoria de uso, hasta la retirada de productos, la reasignación del dominio y la condena al pago de daños y perjuicios bajo apercibimiento de penalidad económica.

En su razonamiento, el tribunal analiza años de negociaciones y la gestión administrativa de los registros y desestima la pretensión principal porque la demandante tuvo conocimiento tanto de la inscripción registral como de la actividad comercial de la demandada desde inicios de 2023, dejando transcurrir aproximadamente un año antes de acudir a la vía judicial. Esta inactividad, sumada a la ausencia de una intimación previa, se considera incompatible con la urgencia intrínseca a la tutela cautelar. El tribunal recalca que la publicidad del registro internacional y la notoriedad del uso del signo —operativo en canales de comercio electrónico desde tiempo atrás— evidencian una tolerancia de hecho que desvirtúa la existencia de un peligro actual o irreparable. Al no haberse acreditado además ninguna agravación sobrevenida del daño, el tribunal considera innecesario entrar a valorar el fumus boni iuris sobre la validez de la cesión.

Por el contrario, el tribunal sí estima la demanda reconvencional de Graetz Italia Srl relativa a la competencia desleal por denigración. La actora había remitido comunicaciones a proveedores y clientes tildando la conducta de la sociedad italiana de estafa, receptación y comercio de productos falsos. Siguiendo la doctrina de la Corte di Cassazione, el juez concluye que tales afirmaciones son objetivamente difamatorias y desproporcionadas, al divulgar hechos delictivos no declarados judicialmente entre los operadores del sector. En este punto, se aprecia un periculum evidente derivado del descrédito reputacional, lo que motiva la prohibición de enviar nuevas comunicaciones de similar tenor bajo multa de 3.000 euros por infracción. Finalmente, tras rechazar por falta de riesgo de enajenación o deterioro la solicitud de secuestro judicial de las marcas, el tribunal impone la condena en costas a la parte actora, cerrando así la ordenanza.

Estudios de interés: sentimiento anti-alemán e inversión en educación; efectos de la inmigración irregular; IA y precio de la electricidad; el coste del clientelismo en probabilidad de insolvencia; los que desconfían de los bancos, desconfían del gobierno; IA en EE.UU. y en Europa,

2026-04-17T18:24:00.007+02:00

Efectos de la entrada masiva de inmigrantes en los EE.UU.

Este estudio analiza el impacto del auge y posterior freno de la inmigración no autorizada en Estados Unidos entre 2021 y 2024, concluyendo que estos flujos migratorios impulsaron el empleo local de manera proporcional sin provocar caídas significativas en los salarios de los trabajadores residentes. No obstante, el estudio señala que esta llegada masiva de personas elevó los precios de la vivienda y los alquileres debido a una oferta inmobiliaria rígida, al tiempo que redujo los ingresos laborales per cápita por un efecto de composición salarial y disminuyó considerablemente el gasto en transferencias gubernamentales. El efecto de composición salarial ocurre cuando el salario promedio de una zona o sector cambia no porque los sueldos de los individuos hayan subido o bajado, sino porque ha cambiado el perfil de las personas que trabajan allí. Imagina una oficina donde hay diez directivos que ganan mucho dinero; si de repente contratan a diez becarios con sueldos bajos, el salario promedio de la oficina caerá drásticamente aunque a los directivos no les hayan tocado ni un céntimo de su nómina. En este caso, la media baja por una cuestión estadística de "mezcla" o composición: ahora hay más personas en el tramo bajo de la escala salarial, lo que arrastra el promedio general hacia abajo.

En el contexto del estudio, este efecto explica por qué el ingreso per cápita disminuye a pesar de que los salarios locales se mantienen estables. Al incorporarse una gran cantidad de trabajadores inmigrantes que suelen ocupar puestos con remuneraciones más bajas, el promedio estadístico de la región desciende. Es fundamental distinguir este fenómeno de una reducción salarial real, ya que el efecto de composición es una ilusión óptica de los datos agregados: los trabajadores que ya estaban antes siguen ganando lo mismo, pero el promedio se "diluye" al sumar a muchos trabajadores nuevos con ingresos menores. En definitiva, los autores sugieren que la inmigración irregular actúa como un choque de demanda en el sector inmobiliario y una fuente de mano de obra que dinamiza el empleo, alterando las finanzas públicas y la estructura de ingresos local sin perjudicar necesariamente los sueldos existentes.

Daniel J. Wilson and Xiaoqing Zhou, The Impacts of Unauthorized Immigration on U.S. Labor and Housing Markets: New Evidence from Administrative Microdata, 2026

Centros de datos para IA y precios de la electricidad

Los centros de datos impulsados por inteligencia artificial están revertiendo dos décadas de demanda eléctrica estancada en EE. UU. y han generado preguntas sobre cómo este crecimiento afectará a los precios de la electricidad. Cuantificamos este efecto utilizando un modelo de despacho de menor coste a nivel de unidad por horas, que cubre los mercados mayoristas de electricidad en los Estados Unidos continentales. Observamos que los centros de datos existentes ya han aumentado los precios mayoristas entre un 3 y un 5% de media a nivel nacional, con efectos sustancialmente mayores en las regiones que albergan los principales corredores de centros de datos. Extendiendo el modelo hasta 2028, mostramos que si la construcción propuesta avanza bajo escenarios de alta utilización, los precios mayoristas podrían aumentar drásticamente (50%), mientras que una construcción más moderada produce efectos menores (20%) pero aún significativos. Los impactos varían debido a la utilización y las suposiciones de construcción. Por último, utilizamos el modelo para abordar varias discusiones políticas, incluyendo decisiones óptimas sobre la ubicación de centros de datos y la incertidumbre sobre la construcción de energías renovables.

Owen Kay, Robert Reaser and Reid Taylor, Processing Power: The Effect of Data Centers on Wholesale Electricity Markets, 2026

La brecha salarial entre afroamericanos y blancos y la evolución de la tecnología

se redujo en las décadas de 1960 y 1970, pero se estancó tras 1980. Este estudio sostiene que el cambio tecnológico sesgado hacia la rutina (RBTC) contribuyó a esta estancación al afectar de manera diferente a trabajadores negros y blancos a lo largo de la distribución salarial. Utilizando nueva evidencia empírica sobre patrones ocupacionales y determinantes salariales para estos trabajadores, racionalizo estos patrones con un nuevo marco teórico RBTC. Contrariamente a las expectativas, el empleo de los trabajadores negros en ocupaciones rutinarias intensivas aumentó, mientras que los trabajadores blancos experimentaron un descenso significativo. Aplicando la descomposición de Oaxaca-RIF, demuestro que la clasificación ocupacional amplifica las brechas salariales, especialmente en el extremo inferior de la distribución salarial. Estos hallazgos, interpretados a través del novedoso marco teórico, ofrecen nuevas perspectivas sobre los mecanismos que impulsan las brechas salariales raciales a finales del siglo XX.

El concepto de "cambio tecnológico sesgado hacia la rutina" se refiere a una transformación en el mercado laboral donde el progreso técnico, como la informática y la automatización, no afecta a todos por igual, sino que actúa como un sustituto de los trabajadores que realizan tareas repetitivas y mecánicas mientras actúa como un complemento que aumenta la productividad de quienes realizan tareas cognitivas y abstractas. En el contexto de tu texto, esto explica por qué la convergencia salarial entre trabajadores negros y blancos se detuvo tras 1980: mientras que los trabajadores blancos lograron desplazarse hacia ocupaciones no rutinarias de mayor remuneración, los trabajadores negros se concentraron cada vez más en empleos de alta intensidad rutinaria que estaban perdiendo valor económico debido a la automatización. Esta dinámica creó una especie de trampa ocupacional donde la estructura del mercado, analizada mediante la descomposición de Oaxaca-RIF, revela que el simple hecho de estar "clasificados" en estos puestos rutinarios ensanchó la distancia salarial, especialmente en los niveles de ingresos más bajos, convirtiendo a la tecnología en un motor de desigualdad racial indirecta al penalizar las funciones en las que el grupo afroamericano quedó sobrerrepresentado.

Vittoria Dicandia, Technological Change and Racial Wage Gaps, 2026

Disparidades en la adopción de la IA en EE.UU y en/a lo ancho de Europa

Este artículo analiza datos de encuestas internacionales realizadas a trabajadores y empresas entre 2025 y 2026 para documentar las marcadas disparidades en la adopción de la Inteligencia Artificial entre Estados Unidos y Europa, así como las brechas existentes entre los propios países europeos. Los hallazgos sugieren que una parte fundamental de estas diferencias se debe a la demografía de los trabajadores y a la estructura empresarial de cada región. Además, la adopción de la IA está profundamente ligada a las prácticas de gestión de personal y a la proactividad de las firmas al incentivar el uso de estas tecnologías entre sus empleados. A nivel micro, la evidencia indica que la IA permite un ahorro de tiempo significativo para los trabajadores. En una escala macro, aquellas industrias con mayores niveles de implementación han experimentado un crecimiento de la productividad más acelerado en años recientes. Si bien esta relación es estadísticamente significativa y presenta magnitudes similares en ambos lados del Atlántico, no se han hallado pruebas concluyentes de que la adopción de la IA a nivel industrial esté afectando los niveles de empleo. Resultados parecidos en este otro estudio.

Alexander Bick/Adam Blandin/Nicola Fuchs-Schündeln/David J. Deming/Jonas Jessen, Mind the Gap: AI Adoption in Europe and the US, 2026.

Ingresos laborales y nivel de estudios

Este estudio explica que, aunque sabemos que estudiar más suele traducirse en mejores sueldos, hasta ahora no teníamos datos suficientes para ver cuánto dinero gana realmente una persona a lo largo de toda su vida según su nivel de estudios. Los autores han conseguido acceso a registros administrativos de 45 generaciones diferentes en Estados Unidos, lo que les permite ver la "foto completa" de los ingresos acumulados durante 20 años de carrera profesional. Para entender por qué unas personas acumulan más dinero que otras, el estudio analiza dos factores clave. El primero es el margen intensivo, que se refiere a cuánto dinero gana alguien mientras tiene un empleo. El segundo es el margen extensivo, que mide cuánto tiempo total de esos 20 años la persona estuvo realmente trabajando y no desempleada o fuera del mercado laboral. Además, no se limitan a mirar los promedios, sino que también observan la dispersión de ingresos, es decir, qué tanta diferencia de sueldo hay entre personas que tienen el mismo nivel educativo.

Lo más relevante del estudio es que muestra cómo el mercado laboral ha cambiado para las nuevas generaciones. Al comparar las cohortes de nacimiento sucesivas, los autores demuestran que las trayectorias de ingresos se están separando cada vez más según el título que se tenga y el género. Título quiere decir aquí que, por ejemplo, para las generaciones más antiguas la diferencia de ingresos entre un graduado de secundaria y uno universitario no era tan abismal, pero que para las generaciones nacidas más recientemente, tener el título universitario es mucho más determinante.

Pinghui Wu and Annie Liu, Educational Attainment and the Evolution of Cumulative Earnings across 45 US Birth Cohorts, 2026

Sentimiento anti-alemán y aumento del gasto en educación

Este estudio analiza el impacto que tuvo el enorme aumento del gasto en educación pública en las ciudades de Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Para que te hagas una idea de la magnitud, el gasto por cada alumno subió más de un 70% en apenas unos años, llegando a 1924 con una inversión educativa sin precedentes. Lo interesante de este estudio es cómo demuestran que ese dinero realmente sirvió para algo. Los autores descubrieron que este aumento de recursos logró que los niños estudiaran durante más años y que, cuando se hicieron adultos, tuvieran salarios más altos. Estos beneficios fueron especialmente notables en el caso de los niños de familias con menos recursos, lo que sugiere que la inversión pública actuó como un motor de movilidad social.

De hecho, los investigadores calculan que este aumento del gasto explica casi la mitad (un 40%) del gran salto en el nivel educativo que dieron las generaciones nacidas entre 1895 y 1913. Para llegar a esta conclusión, utilizaron un método curioso: aprovecharon que el sentimiento anti-alemán de la época provocó de forma indirecta un crecimiento en el gasto escolar en ciertas zonas, lo que les permitió aislar el efecto real del dinero invertido de otros factores económicos de la época.

Tras la Primera Guerra Mundial, se desató una auténtica histeria colectiva en Estados Unidos contra todo lo alemán (se prohibieron periódicos, se cambió el nombre al chucrut por "liberty cabbage" e incluso se prohibió hablar alemán por teléfono en algunos estados). En este clima, el gobierno y las élites locales empezaron a ver a las grandes comunidades de inmigrantes alemanes como una amenaza a la seguridad nacional y a la unidad del país. La respuesta de las ciudades para "solucionar" este problema consistió en utilizar la escuela como herramienta de control: Se decidió que la mejor manera de neutralizar la influencia extranjera y "fabricar" ciudadanos 100% estadounidenses era a través de la educación pública, de modo que, para atraer (u obligar) a los niños de familias inmigrantes a abandonar sus escuelas privadas parroquiales (donde a menudo se enseñaba en alemán) y entrar en el sistema público, las ciudades invirtieron masivamente en mejorar las escuelas, contratar más profesores y ampliar los años de escolaridad obligatoria. Al mismo tiempo, se aprobaron leyes que prohibían la enseñanza en alemán. La inversión masiva servía para asegurar que el sistema público fuera capaz de absorber a toda esa población y "americanizarla" rápidamente mediante el uso exclusivo del inglés y un currículo patriótico.

Ethan Schmick/Allison Shertzer, The Impact of Early Investments in Urban School Systems in the United States, 2026

¿La gente desconfía específicamente de los bancos tradicionales o es una desconfianza generalizada hacia cualquier institución, incluyendo al gobierno o a las plataformas de pago digitales?

Este texto parte de una realidad preocupante: en 2023, más del 18% de los hogares en Estados Unidos se encontraban en una situación de exclusión financiera, ya sea por no tener ninguna cuenta bancaria o por tener un acceso muy limitado a servicios financieros básicos. El estudio señala que la falta de confianza es una de las razones principales de este fenómeno.

Los autores realizaron encuestas directas a personas desbancarizadas y analizaron sus respuestas mediante técnicas estadísticas. Identificaron que la confianza se divide principalmente en tres factores: una desconfianza general hacia todo el sistema, miedos específicos hacia la banca tradicional y una marcada preferencia por empresas que tengan oficinas físicas donde poder acudir.

Además, el estudio analiza cómo influyen factores como el nivel de ingresos, la edad, la educación, la raza y la filiación política en estos niveles de confianza. Por ejemplo, los datos del sector muestran brechas raciales persistentes, donde aproximadamente el 11% de los hogares afroamericanos y el 9% de los hispanos carecen de cuenta bancaria, frente a solo el 2% de los hogares blancos,

Según el estudio, el problema no se limita únicamente a los bancos tradicionales, sino que existe una falta de confianza de amplio espectro en el sistema en su conjunto. A través de su análisis estadístico, los autores descubrieron que el factor más determinante es lo que llaman "confianza de alcance general", lo que significa que las personas que desconfían de los bancos suelen desconfiar también de las entidades gubernamentales y de otros proveedores de servicios financieros.

Esto implica que la solución para reducir la exclusión financiera no es tan sencilla como simplemente ofrecer cuentas a través de correos o de empresas tecnológicas. La presencia física de las oficinas sigue siendo un factor de confianza vital para este grupo.

Paola Boel/Daniela Puzzello/Peter Zimmerman, Beyond Banks: Trust Among the Financially Underserved, 2026.

Clientelismo, instituciones y default soberano

Los autores utilizan un indicador llamado Rendición de Cuentas Horizontal (HA), que mide la intensidad con la que los tribunales, el parlamento y otros organismos independientes pueden frenar las decisiones del presidente o el poder ejecutivo. Para demostrar que este índice realmente refleja lo que ocurre con los fondos públicos, lo comparan con datos reales de Argentina e India.

En el caso de Argentina, analizan las "Transferencias No Automáticas" (NAT), que son fondos que el gobierno nacional reparte a las provincias a su antojo, fuera de la ley de coparticipación. El estudio revela que, durante las presidencias de Menem o Cristina Kirchner, estas transferencias se concentraban masivamente en sus provincias de origen (La Rioja y Santa Cruz, respectivamente) cuando los controles institucionales eran más débiles. Esto valida que, a menor control horizontal, más se usa el dinero público para "comprar" apoyo político regional.

El núcleo del artículo es un modelo donde los políticos negocian el presupuesto. Si la rendición de cuentas es baja, el grupo en el poder es pequeño, el presupuesto nacional se convierte en un fondo de reptiles que puede saquear para dar beneficios a sus seguidores.

Este comportamiento distorsiona los incentivos de deuda de dos formas.

En épocas de bonanza, los gobiernos de países con instituciones débiles no ahorran, sino que piden prestado aún más para alimentar su red de clientelismo.

En épocas de crisis, como el dinero se gasta en transferencias políticas y no en bienes públicos productivos, el país tiene menos capacidad de pago, lo que dispara el riesgo de impago y hace que los intereses (spreads) suban justo cuando la economía cae.

El estudio utiliza la comparación entre Argentina y Chile para demostrar que la diferencia no es cuánto dinero tienen, sino cómo son sus instituciones. Aunque ambos salieron de dictaduras militares en los años 80 con condiciones similares, sus caminos se separaron.Chile logró construir instituciones con mayor rendición de cuentas, lo que redujo drásticamente el uso de fondos para clientelismo (estimado en un 1.5% del PIB frente al 6.9% de Argentina). El modelo demuestra que, si Argentina hubiera adoptado las instituciones chilenas manteniendo todo lo demás igual, sus crisis de deuda y sus altísimos intereses habrían desaparecido casi por completo.

Un hallazgo muy interesante del artículo completo es que las autocracias puras (con poder absoluto pero sin rotación política) a veces tienen menos riesgo de impago que las democracias débiles. Esto sucede porque, aunque el dictador no tenga controles externos, sabe que se va a quedar en el poder mucho tiempo y, por tanto, no tiene prisa por saquear el país hoy mismo. En cambio, en una democracia con instituciones débiles, los políticos saben que pueden perder las próximas elecciones, por lo que piden prestado y gastan todo lo posible ahora, dejando la factura del impago para el que venga después.

By Marina Azzimonti and Nirvana Mitra, Clientelism, Institutions and Sovereign Default, 2026

¿Por qué unas tiendas se llenan y otras no? Un nuevo método para entender los altibajos de los negocios en Nueva York"

Este artículo utiliza datos de movilidad (tráfico de personas) obtenidos mediante teléfonos móviles para entender cómo cambian las ventas y la afluencia en los negocios de Nueva York. El problema que intentan resolver los autores es que, cuando ves que una tienda está llena, no sabes si es porque mucha gente decidió ir de repente (un choque de demanda externo) o porque la tienda puso una oferta increíble o cambió su horario (una estrategia de la empresa).

Para limpiar este "ruido", los autores crean un modelo que separa lo que es un imprevisto del mercado de lo que es una decisión del dueño del negocio. Utilizan inteligencia artificial (aprendizaje automático no supervisado) para agrupar las tiendas no por su barrio o por lo que venden, sino por cómo se comportan sus clientes. Por ejemplo, podrían descubrir que una cafetería en Brooklyn y una zapatería en Queens se comportan igual ante la lluvia o los eventos, aunque no tengan nada que ver en sector o ubicación.

Los resultados del estudio arrojan tres conclusiones principales. Primero, que la duración de estos choques de demanda varía muchísimo: para algunos negocios el efecto de un imprevisto dura días, mientras que para otros desaparece en horas. Segundo, que las tendencias de estos grupos son muy diferentes entre sí. Y tercero, lo más importante estadísticamente: si intentas analizar todos los negocios juntos como si fueran una sola masa (una muestra agrupada), acabas ignorando la volatilidad extrema que sufren algunos establecimientos. En definitiva, el estudio demuestra que las métricas promedio engañan, ya que ocultan los riesgos reales que enfrentan los comercios individuales frente a los cambios en el comportamiento de los consumidores.

By Marina Azzimonti, David Wiczer and Yang Xuan, Estimating Demand Shocks from Foot Traffic: A Big-Data Approach, 2026

Francina Armengol o el tango de la Menegilda y otras citas. Sánchez, el que miente hasta en el Financial Times

2026-04-17T16:36:00.006+02:00

Francina Armengol o el Tango de la Menegilda

Armengol no solo es corrupta en sentido lato - y eso ya está probado, falta por probar si lo es también en el sentido del código penal - sino que es tonta, como todas las mujeres que han triunfado en el PSOE con Sánchez. Hay que ser lerda para decir que no recuerda haber tenido una relación con Koldo cuando le han encontrado 65 wassap y varias conversaciones telefónicas que se sabe que han existido pero que no han podido ser recuperadas por ahora.

Pero decir que ella no ha dado instrucciones para que su Administración contratara con una empresa es como la chacha que sisa y, cuando le preguntan, dice muy ofendida que ella jamás, jamás le ha cogido dinero del bolso a la señora.

Nadie la acusa de haber dado instrucciones a nadie. De lo que se le acusa es de haber facilitado las cosas a la trama. De haber influido para que el director del departamento correspondiente del gobierno balear comprara las mascarillas a la empresa de la trama criminal PSOE-Abalos-Koldo-Aldama. El informe de la UCO prueba que Armengol influyó, en el sentido del tráfico de influencias (art. 428 CP: "influyere para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero·). Y es que, en efecto, no es normal que alguien se dirija a un ministro o a un presidente de una comunidad autónoma pidiéndole que le ponga en contacto (¿con quién tengo que hablar?) con el jefe del departamento encargado de comprar lo que el corruptor quiere vender y que el ministro o el presidente, en lugar de ofenderse y mandar a Parla al corruptor, le proporcione el teléfono de dicho jefe de departamento y, más tarde, comunique al corruptor que "le han dicho" que ha ido todo bien. ¿Cuándo van a imputar a Armengol? Por cierto, siguen sin acabar la instrucción de la corrupción en el puerto de Mahón en la que también está implicada esta señora. Cuando el que llama es otro cargo público que tiene competencias sobre la materia, la cosa es distinta, claro. Entonces se llama cooperación entre Administraciones. Pero Armengol tenía que saber - puede que no lo supiera porque, como digo, es una mujer de pocas luces - que Koldo García no tenía nada que ver con la producción o distribución de mascarillas ni el Ministerio de Transportes, tampoco.

Bolaños, el desaforado, ha dicho que en su casa, o sea en el PSOE, eso es lo normal. Que viene alguien y te dice que quiere vender algo a la señora de la casa y tu llamas a tu madre y le pides que reciba a ese señor. Y eso está muy bien según Bolaños. Y este no es tan tonto, este es, simplemente un desvergonzado.

Los vascos siguen con sus conductas repugnantes y, como ha ocurrido en Cataluña, el PSOE ya está en el zurrón nacionalista

No solamente no se contiene en esas cartas ningún juicio o condena moral sobre los actos realizados por el agente-redactor-firmante, sino que ni siquiera nos informan del contexto social y personal en que los realizó (terrorismo nacionalista, fines objetivos y subjetivos perseguidos, razones personales de la adhesión, visión del mundo implicada, valoración de la violencia, situación de opresión...). De esta forma, no podemos valorar el juicio que en su momento hizo el terrorista para explicarse en conciencia el acto (que lo tuvo que hacer, no se engañen) y el que hace ahora años después, para ver en qué han cambiado esos juicios, si es que han cambiado. Porque puede que hayan cambiado en ciertos aspectos (ahora veo sufrimiento humano personal, ahora soy consciente de que ya no es útil, ahora hay otros caminos, ahora tengo al alcance la libertad) y no en otros: en aquel contexto era necesario, aquello sirvió, no fue algo malo en sí mismo.

En definitiva, siguiendo a Bernard Williams sobre el arrepentimiento, las cartas de los reclusos se las arreglan bastante bien para cumplir con el nivel de agent-regret (lo lamento de verdad y profundamente), pero sin revisar el otro nivel, el de justificación del acto y revisión de la propia narrativa vital.

Lo cual, dicho sea de paso, concuerda bastante bien no sólo con una interpretación lingüística laxa de los requisitos legales para obtener los beneficios penitenciarios, sino también con la comprensión social más difundida y hegemónica en el País Vasco, que prefiere no entrar en juicios de valor sobre el inmediato pasado, siempre conflictivos, y en cambio prefiere reencontrarse todos en el océano comunal de las emociones compartidas sobre el sufrimiento, el dolor y la violencia.

Por qué sobreviven las empresas de propiedad estatal en países cuyo sistema jurídico no garantiza los derechos de los particulares

En contextos en los que no existe un Estado de Derecho efectivo —esto es, donde los derechos de propiedad no están firmemente protegidos frente al poder público, la aplicación de la ley es discrecional y los compromisos regulatorios no son creíbles— la propiedad privada puede resultar extraordinariamente costosa. El problema central no es la “incompletitud” abstracta de las normas, sino el riesgo permanente de expropiación de hecho: los particulares pueden perder sus activos en cualquier momento si no satisfacen de manera continua y cambiante las exigencias de los poderes públicos.

En estas condiciones, ser propietario no significa disponer de un derecho estable, sino verse obligado a demostrar constantemente lealtad regulatoria, política o administrativa para evitar sanciones, revocaciones, cargas sobrevenidas o apropiaciones directas o indirectas del valor del activo. La defensa de la propiedad privada exige entonces un gasto continuo en prevención del riesgo estatal: negociación permanente con la Administración, cumplimiento excesivo, captura política, litigios defensivos y estructuras contractuales complejas destinadas no tanto a crear valor como a protegerse del poder expropiatorio.

Bajo este tipo de arreglos institucionales, la propiedad estatal puede sobrevivir —e incluso dominar— no porque sea intrínsecamente superior ni porque maximice la eficiencia productiva, sino porque internaliza el riesgo de expropiación y reduce los costes totales de gobernanza. Al coincidir en el Estado la titularidad del activo y el poder regulatorio, desaparece el conflicto fundamental entre propietario y regulador y se elimina la necesidad de que agentes privados gasten recursos en protegerse frente a una amenaza expropiatoria constante.

Toda la historia de los avances tecnológicos está impulsada por los usos frívolos. Regular lo "frívolo", despreciar lo "frívolo", es cortar el pipeline de financiación del progreso. Brivael

1440 — La imprenta. Gutenberg imprime la Biblia, muy noble. Pero ¿qué financia las imprentas y hace bajar los costes? Los panfletos satíricos y el erotismo. Sin esa demanda "vulgar", la imprenta sigue siendo una herramienta de nicho para las élites religiosas. No hay Ilustración.

1839 — La fotografía. Inventada para la ciencia. Financiada por la vanidad. Los retratos comerciales y los desnudos estereoscópicos crean el mercado de masas en París. Esa demanda financia la mejora de los objetivos y las películas. Sin ella, no hay fotoperiodismo, no hay imagen médica.

1976 — VHS vs Betamax. EL caso de escuela. Sony rechaza el porno en Betamax. JVC lo acoge en VHS. El porno elige VHS. VHS gana la guerra de formatos. No porque sea mejor técnicamente — Betamax era superior. Sino porque el volumen de contenido disponible estaba masivamente impulsado por la industria adulta. Resultado: el video se democratiza en el hogar.

1993 — Internet. ARPANET es una red militar y académica. Cuando la web se abre al gran público, los sitios adultos son los primeros en monetizar. Inventan el pago con tarjeta en línea, el streaming de video adaptativo, los CDN, los muros de pago, los sistemas antifraude. Cada innovación del comercio electrónico fue probada y financiada primero por la industria del porno. Sin eso, no hay Amazon, no hay Netflix, no hay Stripe.

1999 — La GPU. Lo más espectacular. NVIDIA crea la GPU para que los gamers puedan jugar a Quake en 1080p. Miles de millones en I+D financiados por adolescentes que quieren 60 FPS en Counter-Strike. En 2012, Krizhevsky usa dos GTX 580 para entrenar AlexNet — el paper que relanza todo el deep learning. Sin los gamers → no hay GPU para consumidores. Sin GPU para consumidores → no hay CUDA. Sin CUDA → no hay PyTorch. Sin PyTorch → no hay GPT. La cadena es directa e ininterrumpida.

2007 — El smartphone. El iPhone se vende como una herramienta de comunicación. Pero ¿qué impulsa la iteración del hardware? Candy Crush, los selfies, Instagram, TikTok. La vanidad y el entretenimiento financian cada ciclo de mejora: mejor sensor de foto, mejor GPU móvil, más RAM. Esa infraestructura hace luego posible la banca móvil en África, la telemedicina, la navegación GPS global.

2009 — La blockchain. Bitcoin nace de un whitepaper cypherpunk. ¿Qué le da su valor y liquidez? Silk Road y luego la especulación pura. Los NFTs — burlados por todo el mundo — financian la infraestructura de Ethereum, las Layer 2, las billeteras. Sin los degens, no hay stablecoins que hoy sirven como rieles de pago en países emergentes.

2020 — La IA generativa. Los transformers nacen en Google para la traducción. Pero ¿qué crea 100M de usuarios en 2 meses y desata $100B+ de financiación? ChatGPT usado para escribir chistes. Los deepfakes. Los memes generados por IA. Los avatares. Es esa demanda "frívola" la que financia la carrera por los modelos, los datacenters y la optimización de inferencia — la infraestructura que hace posible AlphaFold, el descubrimiento de medicamentos y el código asistido.

... el porno financió el VHS → que financió Internet → que financió el streaming → que financió los CDN → que permitió el gaming online → que financió las GPU → que crearon la IA → cuyos usos "frívolos" financian ahora los datacenters que harán posible la próxima revolución. Uso frívolo → Demanda de masas → Infraestructura escalada → Usos "serios" imposibles sin esa infra. Lo frívolo es el capital de riesgo de la humanidad.

Y los bienintencionados que quieren privar a los pre-adolescentes del acceso a redes sociales. The West Australian vía Pablo Malo

Adolescentes suicidas, "muy angustiados", discapacitados y aislados han estado entre los que han llamado al servicio de crisis Kids Helpline tras la prohibición de las redes sociales en Australia para menores de 16 años. Pero no solo los adolescentes buscan apoyo, padres preocupados que lidian con "conflictos crecientes, crisis, angustia y comportamientos regresivos" en casa también contactan con el servicio. El responsable de servicio, Leo Hede, dijo que en las primeras tres semanas de transición tras la entrada en vigor de la prohibición el 10 de diciembre, los orientadores de Kids Helpline habían recibido casi 100 llamadas expresamente preocupadas por la prohibición. "Un joven citó que había utilizado herramientas online y redes sociales como una forma de gestionar los impulsos de autolesión y que les preocupaba no tener acceso a esa herramienta", dijo. "Algunos compartían la sensación de que se les cortaría de sus redes de apoyo y estaban angustiados por perder amistades digitales a largo plazo"

Y hay gente comentando que eso es síndrome de abstinencia y que ya se desintoxicarán. Que aguanten. Y si hay algún suicidio entretanto, oye, pues más se perdió en Cuba!

Sánchez miente hasta en el FT

Y Pedro Sánchez en el Financial Times anunciando que va a prohibir las redes para los menores. El artículo es obsceno. La comparación entre la miseria infantil en la Revolución Industrial con el uso o abuso de las redes sociales por los menores sólo se le puede ocurrir a alguien que carece completamente de escrúpulos como Sánchez. Los artículos que cita no detectan una relación de causalidad entre el uso del móvil y la depresión, sino solo una correlación. Y lo que se acumulan son los estudios que indican lo contrario (vean la cuenta de Pablo Malo en X que reporta periódicamente novedades).

El decreto de regularización admite presentar el pasaporte caducado. Los antecedentes policiales no excluyen del proceso. España ejecuta menos del 10% de las órdenes de expulsión que dicta

PRIMERO.- El decreto publicado ayer en el BOE permite regularizarse con un pasaporte caducado, es decir, con un documento que el país emisor ya no reconoce como válido y de cuyos datos no responde. El Gobierno dice que regulariza, pero lo que hace es abrir la puerta sin preguntar quién llama

SEGUNDO.- Los antecedentes policiales tampoco excluyen, porque el propio decreto establece que los informes policiales "se valoran de forma casuística y circunstanciada", lo que en la práctica significa dejarlo al criterio de la Administración. Da igual que haya detenciones o investigaciones previas. Entra quien la Administración decida que entre. ¿Dónde está el filtro de seguridad? Yo no lo veo

TERCERO.- Si el expediente se deniega, tampoco pasa nada, porque el Gobierno de Sánchez no expulsa: 8,2% de órdenes ejecutadas en 2022, 9,3% en 2023 y 9,7% en 2024, tres años consecutivos por debajo del 10% frente a una media europea que ronda el 20% (no lo digo yo, lo dice Eurostat)

El alcalde de Cannes

Si la soberanía de España es plena y le permite regularizar como le parezca a medio millón de clandestinos, la nuestra debe permitirnos rechazar sufrir las consecuencias de ello. En un espacio Schengen diseñado para la libre circulación de los europeos, una decisión de ese tipo crea mecánicamente un efecto llamada hacia Francia que no podemos aceptar. En el estado actual, cuestionar la libre circulación automática de los extranjeros extracomunitarios en Schengen, que nunca fue concebido para eso, y restablecer los controles en la frontera con España, se vuelven imperativos.

Breve

Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más despacio te mueves en el tiempo. ... "el universo probablemente contiene dimensiones extra más allá de las tres del espacio y una del tiempo tan pequeñas y tan enroscadas que son invisibles para nuestros sentidos". Una visión excesivamente optimista la de Ventoruzzo de la EU.Inc; la de Ring es más cautelosa: "la propuesta solo satisface parcialmente las preferencias de las empresas de alto crecimiento que buscan escalar y de los inversores de capital riesgo". La cadena de supermercados comunista en la ciudad de Nueva York: "Los progresistas suenan bien hasta que te das cuenta de que nunca han hecho nada en toda su vida. Sanders, AOC y Mamdani nunca han trabajado en nada y se dedican a vituperar a lo que tienen una carrera laboral o empresarial detrás. Pero ellos saben perfectamente qué es lo que hay que hacer para ayudar a los pobres". Igual que nuestro gobierno. Entre todos, y salvo los que son funcionarios públicos, no juntan un año de cotización a la seguridad social. Pero, recuerden que fue Garmendia la que puso a María Blasco al frente del corrupto CNIO, a pesar de que había muchos otros candidatos más capacitados que ella según ha contado Barbacid que era el presidente saliente. Garmendia debería dar explicaciones públicas de sus querencias y malevolencias cuando toma decisiones desde un cargo público. Porque de aquellos barros vinieron estos lodos en los que delincuentes profesionales y prostitutas acaban ocupando cargos públicos. Los costes de la paz a toda costa: la multiplicación de los asesinatos de civiles por parte del régimen islamista de Teherán

¿Afecta la IA a los deberes fiduciarios de los administradores?

2026-04-16T21:09:00.001+02:00

La respuesta es clarísimamente, no. La IA no crea un nuevo tipo de negligencia ni un nuevo tipo de deslealtad; crea nuevas formas posibles de incurrir en negligencia o deslealtad.

Pero las autoras de esta entrada en el blog de Oxford sostienen lo contrario. No me parecen convincentes

Afirman que el Reglamento europeo de la inteligencia artificial AI Act, “decisively reshapes directors’ fiduciary duties” y da lugar a “two novel fiduciary duties”. Pero esto no se sostiene ni a la luz de la dogmática de los deberes fiduciarios ni del significado de la AI Act. Simplemente, si en la compañía se utiliza la IA, pesa sobre los administradores el deber de supervisión que se extiende a toda la actividad de la compañía.

La AI Act es un reglamento de seguridad y gestión del riesgo aplicable a los proveedores, a los que implantan y desarrollan la IA y a los usuarios de sistemas que la incorporen. Es un marco regulatorio que impone nuevas cargas de cumplimiento a la sociedad de modo que, como digo, el estándar de diligencia se concreta ex post respecto de un nuevo objeto, como ocurrió antes con los riesgos financieros complejos, el compliance penal o la ciberseguridad.

Que ahora existan sistemas algorítmicos complejos no crea un “AI due care duty”. El administrador ya estaba obligado a informarse adecuadamente, a comprender los riesgos relevantes del negocio y a organizar sistemas de control razonables incluidos los programas informáticos que utilizase la compañía. Si hoy una decisión estratégica relevante se apoya en modelos algorítmicos, la exigencia de comprensión mínima del instrumento utilizado no es una nueva obligación fiduciaria, sino una aplicación trivial del viejo estándar: quien decide con ayuda de X debe entender X lo suficiente como para no decidir a ciegas. Eso era cierto cuando X era un derivado financiero, una operación de M&A estructurada o un modelo actuarial; la IA no introduce nada conceptualmente distinto.

Por la misma razón, la supuesta “AI loyalty oversight” es doctrinalmente artificial. El deber de lealtad protege contra conflictos de interés y conductas de desvío del interés social. Si un proveedor de software introduce en la herramienta incentivos contractuales o funcionales contrarios al interés de la sociedad y el administrador lo acepta sin control, el problema no es un nuevo tipo de lealtad algorítmica, sino una infracción clásica del deber de lealtad o, más probablemente, de diligencia organizativa en la contratación y supervisión de terceros. No hay aquí ampliación del concepto de conflicto de interés, sino un cambio en su manifestación empírica. El Derecho societario siempre ha tratado como imputables al órgano de administración las decisiones delegadas en terceros cuando la delegación es negligente o desleal.

La falta de sistemas razonables de información y control sobre riesgos centrales del negocio puede constituir infracción del deber de diligencia. Nada en esa línea jurisprudencial depende de que el riesgo sea algorítmico, sanitario o financiero. Decir que “omission is liability” no convierte el fenómeno en una innovación fiduciaria; simplemente recuerda que la pasividad ante riesgos conocidos y relevantes es incompatible con la diligencia debida.

El tratamiento de la Business Judgment Rule es quizá donde el texto incurre en la mayor exageración retórica. Si un consejo de administración no entiende mínimamente el instrumento del que se sirve, si no documenta por qué confía en él o si se limita a aceptar outputs automáticos, ya hoy quedaría fuera del amparo de la BJR. Business as usual bajo la BJR. La BJR siempre ha exigido actuación informada, de buena fe y sin conflicto de interés. La utilización de IA es un caso paradigmático de confianza en outputs algorítmicos, y esa confianza, como cualquier confianza fiduciariamente relevante en un input decisorio, siempre ha requerido —cuando es controvertida o compleja— poder ser explicada y reconstruida ex post. Es una consecuencia obvia de aplicar un estándar informativo a decisiones complejas. No hay necesidad alguna de una “BJR 2.0”, porque la regla ya distingue entre decisión empresarial protegida y falta de control, ignorancia culpable o delegación irresponsable. Si un administrador no puede explicar mínimamente por qué confió en determinada herramienta, ya hoy queda fuera del amparo de la BJR, con o sin IA.

Nihil novum sub sole iuris. – “Nada nuevo, jurídicamente hablando”. El Derecho de deberes fiduciarios está precisamente diseñado para absorber cambios tecnológicos sin necesidad de reinventarse

O como dice Pier Luigi Matera

"la IA no modifica el estándar legal que rige la responsabilidad de los administradores, sino que modifica el terreno probatorio a través del cual se demuestra que los administradores y ejecutivos han han actuado diligentemente y de buena fe en la supervisión... La cuestión es qué requiere el deber de diligencia cuando la supervisión en sí misma está parcialmente automatizada"

y, en cuanto a las señales de alerta que deben mover a los consejeros a actuar,

En entornos mediados por IA emerge una categoría específica de red flags: indicios de que la propia infraestructura de supervisión puede no estar funcionando correctamente. La deriva del modelo, la degradación progresiva del rendimiento, una estabilidad inexplicada en las tasas de alerta o la divergencia entre los resultados algorítmicos y señales externas —como actuaciones de las autoridades de supervisión o denuncias de informantes— pueden operar como señales de alerta de segundo orden. ... lo determinante para inferir la mala fe no es la complejidad tecnológica, sino la ausencia de mecanismos efectivos que permitan que la información llegue al consejo y que este pueda adoptar decisiones.

Publicidad de la información privilegiada

2026-04-16T20:45:00.002+02:00

Fréderic Bazille

Es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de abril de 2026, asunto C‑229/24, Brännelius.La sentencia resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Tribunal Supremo de Suecia) en el marco de un proceso penal seguido contra dos accionistas, TK y OP, por una presunta infracción de la normativa sobre abuso de mercado, en concreto por la realización de operaciones con información privilegiada. El litigio tiene su origen en un procedimiento de contratación pública convocado en la primavera de 2018 por una empresa municipal sueca para la adquisición de autobuses eléctricos y estaciones de recarga. Una sociedad cotizada, Hybricon Bus Systems AB, participó en la licitación, pero finalmente no resultó adjudicataria del contrato.

El 14 de mayo de 2018, la empresa municipal adoptó formalmente la decisión de no adjudicar el contrato a Hybricon y lo adjudicó a otra empresa. Ese mismo día, a las 14:34, comunicó el resultado mediante correo electrónico a las empresas interesadas y a otras personas que habían manifestado su interés en el procedimiento. Poco después, un directivo de Hybricon que había recibido ese correo electrónico recomendó a OP deshacerse de sus acciones en la sociedad; OP trasladó la recomendación a TK. Ambos ordenaron la venta de sus acciones en bolsa a las 14:37 y a las 14:40 respectivamente. A las 15:22 Hybricon hizo público un comunicado de prensa en su sitio web informando de que no se le había adjudicado el contrato, lo que provocó una caída significativa de la cotización. Las ventas anticipadas permitieron a TK y OP limitar las pérdidas.

Las autoridades judiciales suecas de primera instancia y de apelación consideraron que la información relativa a la no adjudicación del contrato constituía información privilegiada hasta la publicación del comunicado de prensa, y condenaron a ambos acusados por delito de utilización de información privilegiada. Frente a ello, en casación, los recurrentes sostuvieron que dicha información dejó de ser información privilegiada en el momento en que la empresa municipal la comunicó a los interesados, puesto que, conforme al Derecho sueco sobre acceso a los documentos públicos, esa decisión era desde ese momento accesible al público a solicitud de cualquier persona. El Ministerio Fiscal, por el contrario, defendió que la información seguía siendo privilegiada hasta su difusión pública por la propia sociedad emisora.

El Tribunal Supremo sueco planteó al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales. La primera, esencial, consistía en determinar si, para que una información deje de ser “información privilegiada” en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 596/2014, es necesario que haya sido difundida públicamente conforme a los requisitos del artículo 17 del mismo Reglamento. La segunda, formulada de manera subsidiaria, se refería a los criterios que permitirían considerar hecha pública una información por vías distintas, en caso de que la primera cuestión recibiera respuesta negativa.

El Tribunal de Justicia comienza recordando los elementos constitutivos del concepto de “información privilegiada”: se trata de información concreta, no hecha pública, que se refiere directa o indirectamente a uno o varios emisores o instrumentos financieros y que, de hacerse pública, podría influir de manera apreciable en el precio de dichos instrumentos. El asunto se centra exclusivamente en el segundo de estos elementos, esto es, en cuándo puede considerarse que una información se ha hecho pública y, por tanto, ha perdido su carácter privilegiado.

A partir de ahí, el Tribunal subraya que el Reglamento n.º 596/2014 no define expresamente qué requisitos debe cumplir la “publicidad” de la información a efectos del artículo 7, ni remite esta cuestión al Derecho nacional. Ello implica que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe interpretarse de manera uniforme, atendiendo a su contexto normativo y a los objetivos perseguidos por la regulación sobre abuso de mercado.

Desde un punto de vista contextual, el Tribunal concede un papel central al artículo 17 del Reglamento, que disciplina de forma detallada la obligación de los emisores de difundir públicamente la información privilegiada que les concierne. Dicha difusión debe realizarse tan pronto como sea posible, debe permitir un acceso rápido y una evaluación completa, correcta y oportuna de la información por el público, y debe producirse de forma no discriminatoria. El Tribunal insiste en que esta regulación atribuye al emisor una función determinante, en atención a su posición privilegiada y a su conocimiento directo de la información relevante, y en que los inversores basan legítimamente sus decisiones en la información que el propio emisor hace pública.

El razonamiento se refuerza mediante la referencia al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1055, que concreta los medios técnicos de difusión pública y exige, entre otros extremos, que la información se divulgue a un público lo más amplio posible, de manera gratuita y simultánea, y que se transmita a medios de comunicación en los que el público confíe razonablemente. De este marco normativo el Tribunal deduce que la publicidad relevante a efectos del artículo 7 exige una difusión amplia, efectiva y no discriminatoria, destinada a situar a todos los inversores potenciales en condiciones de igualdad.

Sobre esta base, el Tribunal rechaza expresamente que determinados modos de divulgación acreditados en el litigio principal puedan considerarse equivalentes a una auténtica difusión pública. En particular, considera que la comunicación del resultado de la licitación a un círculo limitado de destinatarios específicamente identificados no constituye una divulgación no discriminatoria al público en general. Tampoco acepta que el hecho de que la información sea accesible al público mediante una solicitud individual de acceso a documentos administrativos, conforme al Derecho sueco, pueda equipararse a haber sido “hecha pública” en el sentido del Reglamento sobre abuso de mercado. El Tribunal distingue con claridad entre la mera accesibilidad potencial de una información, condicionada a una iniciativa individual y a un procedimiento específico, y la difusión pública efectiva, simultánea y generalizada a un número indeterminado de destinatarios.

El Tribunal admite, no obstante, de forma matizada, que la difusión por terceros cualificados podría, en determinadas circunstancias, satisfacer los requisitos exigidos, siempre que dichos terceros actúen por encargo del emisor y la información se difunda de forma eficaz, legítima y conforme a los estándares de amplitud y no discriminación fijados por el Derecho de la Unión. Sin embargo, deja al órgano jurisdiccional remitente la apreciación concreta de si en el caso litigioso concurrían tales circunstancias, sin que ello altere la respuesta general a la primera cuestión prejudicial.

En consecuencia, el Tribunal responde afirmativamente a la primera cuestión planteada y declara que, para considerar que una información se ha hecho pública y ha dejado de constituir información privilegiada, es necesario que sea objeto de difusión pública conforme a la forma y a los requisitos establecidos en el artículo 17 del Reglamento n.º 596/2014 y en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2016/1055. Dado este pronunciamiento, considera innecesario responder a la segunda cuestión prejudicial.

Citas: Valdecantos, Sánchez, Krier, control de alquileres, juegos de azar, Irán,

2026-04-16T13:20:00.005+02:00

Breve

Musk sobre la universidad; Feijoo debería escuchar atentamente a Magyar; El Papa condena los asesinatos de cristianos en África y Asia;

El futuro de la IA, Séb Krier

aunque la IA mejore su propio desarrollo de forma recursiva, existen barreras estructurales que impedirán un cambio instantáneo o "explosivo" porque hay que diferenciar entre modelo y despliegue: Una cosa es que el software sea capaz de mejorarse a sí mismo (I+D asistida por IA) y otra muy distinta es que esa mejora se traduzca en cambios sociales. El desarrollo de modelos depende de inteligencia, pero su aplicación depende de capital, energía y adopción institucional.

Amedida que se automatizan los procesos técnicos, los componentes que aún requieren intervención humana (burocracia, criterios éticos, marcos legales) se convierten en los principales limitadores de la velocidad del progreso.

La economía de agentes: Se plantea un escenario donde las máquinas interactúan entre sí para construir infraestructuras masivas sin intervención humana directa. No obstante, esta actividad sigue anclada a objetivos humanos y debe operar en un mundo físico regulado y limitado por la infraestructura existente.

El autor sostiene que las mismas capacidades que permiten mejorar la inteligencia de los modelos también facilitarán su control y supervisión. La seguridad no es una disciplina aislada, sino una parte integral de la ingeniería de calidad del modelo.

El artículo 1798 CC no es contrario a las libertades de circulación

el Derecho de la Unión no impide que un Estado miembro prohíba determinados servicios en línea autorizados en otros Estados miembros y que extraiga las consecuencias de esa prohibición en el Derecho civil (Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-440/23 | European Lotto and Betting y Deutsche Lotto-und Sportwetten);

¿Nos hemos hecho más listos - en sentido contemporáneo - en los últimos 10.000 años al hacernos agricultores?

Aaplicando un nuevo método a casi 16.000 individuos de Eurasia occidental de los últimos diez mil años, los autores encuentran que, frente a la rareza de los barridos selectivos “clásicos” a lo largo de la evolución humana, en este periodo reciente cientos de variantes han experimentado una selección direccional intensa, sobre todo de carácter poligénico, y que combinaciones de alelos asociadas hoy a rasgos complejos muestran cambios de magnitud comparable a una desviación estándar de la variación moderna, con descensos en las puntuaciones genéticas ligadas a grasa corporal y esquizofrenia y aumentos en las relacionadas con rendimiento cognitivo

El superávit comercial de China con el bloque de 11 naciones de la ASEAN alcanzó un récord de 276.000 millones de dólares en 2025 FT

— un aumento del 45 % respecto al año anterior — con un fuerte crecimiento en bienes intermedios, incluyendo la electrónica y bienes de capital como la maquinaria utilizada por los fabricantes. Los sectores manufactureros, intensivos en mano de obra, como el calzado y la confección, se han visto especialmente afectados. En Indonesia, alrededor de 60 fábricas cerraron entre 2022 y 2025, según la Asociación Textil de Indonesia.

Cómo justificamos la pena de muerte

las personas que han cometido males extremos y que rechazan de forma persistente cualquier remordimiento o posibilidad de reforma moral pueden considerarse, en un sentido normativo, post-personas. La maldad deshumaniza.

El discurso de Sánchez en la Universidad de Pekin-Tsinghua.

Milanovic lo ha alabado como una perfecta pieza retórica. Destaco en negrita las medias verdades y mentiras que Sánchez pronuncia con tanta frecuencia. Diego Rubio, su ghost writer le ha venido como un guante porque ha mejorado la calidad retórica de sus mentiras.

En 1583, un jesuita italiano llamado Matteo Ricci llegó a China. En su austero equipaje llevaba varios libros, un astrolabio y un mapa del mundo. Era un mapa europeo. Correcto en sus proporciones, muy avanzado en nivel de detalle, pero sesgado en su perspectiva. Porque lo que hizo fue mostrar el mundo tal y como lo veía Occidente: con Europa en el centro y Asia en su margen derecho. En los confines del mundo. Al verlo, los cartógrafos de la corte imperial preguntaron al jesuita por qué China aparecía en ese extremo del mapa. Y el erudito europeo comprendió por primera vez que el mar Mediterráneo era el centro de su mundo, pero no del de otros. Cada mundo tenía su propio centro, así que Matteo Ricci rehizo su mapa por completo. Esta vez, usando el Océano Pacífico como eje y capturando dentro de él todo el continente euroasiático.

La pregunta es por qué Ricci fue a China y no vino a Europa un chino. O, si se quiere, por qué Europa conquistó el mundo y no China. Ni en el siglo X antes de cristo, ni en el siglo V de nuestra era, ni en el siglo XIII, ni en el siglo XVI ni en el XIX.

Han pasado más de 400 años desde entonces — más de 400 años. Y, sin embargo, todavía quedan, lamentablemente, personas que siguen viendo el mundo tal y como apareció en ese primer mapa, distorsionado por Ricci. Digo distorsionado porque sé que el mundo no era así. Sé que en el año 1583, China ya era una gran potencia que representaba una cuarta parte de la población mundial y del PIB mundial. Que comerciaba con la mitad del planeta. Y que lideró la ciencia y la tecnología en muchos campos.

Lo sé porque en aquel momento, España... también era un gran imperio. Un imperio que intercambiaba materias primas y bienes manufacturados con la dinastía Ming a través del corredor de Manila. Y que cruzaron los océanos con brújulas magnéticas, mosquetes y timones de popa — todas tecnologías de origen chino.
La España de esa época conocía la grandeza de China. Sabía que Pekín no estaba en la periferia del mundo, sino que era uno de sus centros.

Y la España actual también lo sabe. Sabe que China está reconstruyendo su grandeza. Que ya es el principal exportador mundial de bienes y el cuarto en servicios. Que su industria y ciencia están transformando la lucha contra el calentamiento global y la reducción de la pobreza. Y que, como tal, China está llamada a desempeñar un papel esencial en el futuro del mundo.

Hay quienes insisten en interpretar la realidad en términos de suma cero. Sobre narrar el crecimiento de algunos como una pérdida para el resto. O argumentar que profundizar ciertas relaciones implica renunciar a otras.
Pero creo que esta interpretación no solo es errónea. También es peligroso, porque es paralizante. Porque nos convierte en prisioneros del pasado y limita las posibilidades que nos ofrece el futuro. Porque cae en el error de asumir que el mundo que vemos — el mundo de los mapas antiguos — es el único mundo posible.
En mi opinión, lo que ocurre hoy no es una transferencia de hegemonías. Es una multiplicación de polos — no solo de poder, sino también de prosperidad. Y esto es una noticia maravillosa para Europa. Porque, por primera vez en la historia contemporánea, el progreso está germinando simultáneamente en muchos lugares del planeta. Lugares además, que no se parecen entre sí. Que no comparten la misma cultura. Ni el mismo sistema político, ni las mismas condiciones sociales. Y que no necesitas pedir permiso a nadie para crecer. Esto está ocurriendo aquí en China, en Asia. Pero también en el continente africano, y en una región muy cercana a España: América Latina.
La multipolaridad que describo no es una hipótesis. Tampoco es un deseo. Ya es una realidad. La nueva realidad en la que vive el mundo. Y por eso debemos aceptarlo. No podemos cambiarlo. Solo podemos elegir entre negarlo o aceptarlo.
Y el Gobierno de España — toda la sociedad española — elige abrazarla. Lo hace desde el realismo, también desde el pragmatismo y, sin ninguna duda, desde la responsabilidad. Pero me gustaría subrayar que también lo hacemos desde la esperanza. Porque creemos que si España, Europa y China pudieron prosperar juntas en el pasado, no hay razones para pensar que no podamos hacerlo de nuevo.
Evidentemente, no será fácil. Lo sabemos. Hay asuntos que también nos dividen. Cuestiones sobre las que no compartimos la misma opinión. En la que competimos. Donde también discrepamos. Puntos en los que no estaremos de acuerdo — quizá nunca lleguemos a ponernos de acuerdo.
Pero la humanidad avanza cuando construimos sobre lo que nos une. No cuando profundizamos las trincheras que nos dividen. Con ese espíritu trabajamos desde España junto a muchos otros países — Brasil, India, Sudáfrica, México. Y, por supuesto, también en nuestras relaciones con China.
Por tanto, la propuesta de España es clara: construir una relación basada en el respeto mutuo. Un respeto que nos permita, entre otras cosas, cooperar en todos los ámbitos posibles. Competir cuando fuera necesario. Y gestionar nuestras diferencias cuando son inevitables.
Y España defiende esa misma visión en todo el mundo y en todas las capitales. Lo hace en Madrid, nuestra capital. En Bruselas, la capital de Europa. Y lo hace en el resto del mundo de la misma manera.
Pero para que esa visión funcione y para que el mundo prospere bajo el nuevo orden multipolar, necesitaremos tres cosas muy importantes en los próximos meses y años. Tres elementos que me gustaría compartir con todos vosotros.
La primera es que una multipolaridad eficiente no es posible sin un multilateralismo reforzado.
Hay quienes creen que el sistema multilateral está muerto. Estamos viendo, lamentablemente, muchos casos en los medios — crisis, guerras que se libran en el mundo. Creen que, en efecto, este mundo multilateral está muerto, que pertenece al pasado. Y quiero decir aquí que discrepo profundamente de ese análisis. Y lo hago con fuerza.
Creo que los instrumentos de gobernanza global funcionaron en el siglo XX y son hoy más necesarios que nunca. Que las normas y la cooperación transfronteriza son las únicas herramientas que permitirán a la humanidad superar la emergencia climática y otros desafíos de esta era.
Creo que el mundo multipolar necesita un sistema multilateral robusto — no para imponer una visión única, sino para convertir el crisol de nuestras perspectivas en una fortaleza para toda la humanidad. No para eliminar nuestras diferencias, sino para afrontarlas pacíficamente y con respeto.
Porque la multipolaridad sin reglas conduce a la rivalidad, y de la rivalidad solo surgen guerras, conflictos comerciales y ruinas.
Por eso España pide una profunda renovación de la arquitectura multilateral. Debemos hacerla más eficiente, más transparente, más responsable y también más inclusiva y plural.
Porque si el multilateralismo quiere seguir siendo útil, debe cambiar y reflejar mejor los equilibrios de poder y las sensibilidades del mundo actual. No podemos permitir que el pasado asfixie el futuro de los organismos multilaterales.
Por eso creo que Occidente debe renunciar a parte de su parte de representación en favor de la estabilidad global y la confianza de los países del Sur Global.
Por eso creo que debemos transformar las Naciones Unidas lo antes posible — con una Asamblea General mucho más fuerte, un Consejo de Seguridad más representativo y un sistema de toma de decisiones más democrático en el que todas las regiones tengan verdaderamente voz y voto, y que las potencias medias también puedan desempeñar un papel unificador y armonizador, que es lo que se espera de ellas.
Y desde España también creemos que sería apropiado que, por primera vez en la historia, una mujer liderara la Secretaría de las Naciones Unidas.
El segundo elemento que quiero compartir con vosotros es que este nuevo orden multipolar debe funcionar con relaciones comerciales equilibradas y recíprocas. No podemos pasar de los desequilibrios del siglo XX a otros diferentes en el XXI.
Para que ese desarrollo sea estable, sostenible y saludable, el orden multipolar necesitará una economía más horizontal y justa — una en la que no haya regiones perdedora ni ganadoras, sino verdaderamente cadenas de suministro globales que creen empleo y riqueza en todas las latitudes del planeta y compartan externalidades negativas de forma proporcional.
¿Por qué digo esto? Porque la Unión Europea está haciendo su parte. Se puede debatir si lo hace lo suficientemente rápido o despacio, con dificultades — ciertamente, lo reconozco — pero está cumpliendo su parte.
Sólo en la última década, hemos firmado acuerdos comerciales con 25 países. Hemos incrementado nuestras importaciones desde el llamado Sur Global en un 80%, y hemos creado más de 25 millones de empleos anualmente fuera de nuestras fronteras.
Necesitamos que China haga lo mismo. Abrirse, para que Europa no tenga que cerrarse. Para ayudarnos a corregir el déficit comercial actual que tenemos con ella.
Un déficit que no está equilibrado — uno que volvió a crecer un 18% el año pasado — y que es insostenible para nuestras sociedades a medio y largo plazo. Es insostenible debido a los movimientos aislacionistas que alimenta y a las quejas y dificultades sociales que causa. Para que te hagas una idea de la escala: nuestro déficit comercial con China ya representa el 74% del déficit total de nuestro país.
Por eso creo que es importante que corrijamos esto, que cooperemos y que construimos conjuntamente una economía globalizada y equilibrada que genere prosperidad compartida.
El tercer elemento que necesitaremos para que el orden multipolar funcione es una mayor implicación de las potencias principales y medias en la gestión y provisión de lo que los académicos llaman bienes públicos globales — por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la seguridad, la defensa y la lucha contra la desigualdad.
En resumen, tanto las potencias emergentes como las establecidas deben proporcionar estos bienes públicos globales.
El tamaño implica no solo poder, sino también una responsabilidad que no puede ser delegada. Porque los grandes problemas del siglo XXI no requieren visados — cruzan fronteras y nos pertenecen a todos.
Pienso, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, o los desafíos que plantea la salud global, el desarrollo de inteligencia artificial responsable, el control de armas nucleares, la erradicación de la pobreza y la salvaguardia — como mencioné — de la salud global. Estas son áreas en las que la financiación ha caído un 23% solo en el último año — un 23%.
Sin la colaboración de las grandes potencias, y por supuesto de China, estos objetivos no solo son difíciles, sino simplemente inalcanzables. Sé que China es plenamente consciente de esto y está haciendo mucho, y lo agradezco con satisfacción. Pero creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo —como ya se está haciendo— que se respete el derecho internacional y que los conflictos en Líbano, Irán, Gaza, Cisjordania y también Ucrania terminen. Porque el derecho internacional es la base de todo. Compartiendo su tecnología con los países más desfavorecidos. Cancelando deuda y contribuyendo a la financiación del sistema mediante la participación en mecanismos de swap de deuda.
Naturalmente, Europa también tendrá que redoblar sus esfuerzos, especialmente ahora que Estados Unidos ha decidido retirarse de muchos de estos frentes. La contribución de Europa es y será esencial. Por tanto, humildemente os pido que lo veáis de la misma manera — que no caéis en el error de Matteo Ricci y os permitáis ser engañados por los mapas.
Porque Europa puede parecer pequeña en un mapa mundial, pero en realidad es todo lo contrario. Las cifras son estas: la Unión Europea es en este momento el mayor bloque comercial del mundo y la segunda economía más grande. También es el principal receptor de inversión extranjera directa. Es el segundo ecosistema más innovador. Cuenta con una plantilla altamente cualificada. Es la segunda economía más productiva del planeta y la primera en niveles de satisfacción con la vida, cohesión social y bienestar.
No lo digo para presumir ni para ocultar nuestras muchas carencias — de las que tenemos de sobra. Lo que quiero decir es que Europa es un actor clave en la estabilidad, prosperidad y paz del mundo, y que sin una Europa unida —y por tanto sin una fragmentada— no puede haber un orden internacional estable ni un futuro próspero para la humanidad. Ni puede haber uno sin la participación de este gran país, China. Por eso estamos llamados a entendernos y a cooperar.
Estimados profesores y estudiantes, permítanme concluir ahora.
Cuatro siglos después de que Matteo Ricci llegara a China y tuviera que corregir su mapa, la humanidad sigue buscando el ángulo más preciso desde el cual ver el mundo tal y como es realmente — no como dicten el poder o los prejuicios.
Hace unos días, cuatro astronautas estadounidenses viajaron más lejos de la Tierra que cualquier ser humano jamás lo haya hecho. Y a partir de ahí, quizá obtuvieron ese ángulo. A partir de ahí, vieron la Tierra tal y como es realmente: una esfera sin bordes ni fronteras. Una esfera azul única e irrepetible, en el entorno más hostil para la vida que podría existir. Nosotros, los seres humanos, somos el resultado de ese milagro. Quizá el único de esos milagros en el universo. Y por eso nuestro deber es entendernos y cooperar para que este milagro siga prosperando.
Muchas gracias. Xie xie.

Alex Imas. El futuro del trabajo y la IA

El sector que absorbe el gasto a medida que la IA hace barata la producción de commodities es uno donde la procedencia humana es parte del valor, y la demanda de él crece más rápido que el ingreso. NO estoy diciendo que la participación agregada del trabajo deba aumentar. Puede caer. La afirmación es sobre la composición sectorial, es decir, adónde van el gasto y el empleo una vez que las commodities se abaratan, y el hecho de que el sector que absorberá el trabajo reasignado se corresponde con un componente sustancial de las preferencias y el deseo humano.

¿Por qué los ciudadanos apoyan los controles de precios (alquileres) a pesar de que saben que destrozan el mercado del alquiler y dejan a todo el mundo peor?

Porque les hace "sentirse bien" por lo que es necesario que experimenten personalmente los resultados perjudiciales de la política legislativa para cambiar de opinión

Los autores plantean que este apoyo no se explica solo por desinformación, sino por la presencia de creencias motivadas: quienes son favorables a la intervención pública obtienen una satisfacción psicológica de creer que los controles de precios aumentan el bienestar. Para estudiar esta hipótesis combinan un modelo teórico con un experimento de laboratorio en el que más de 800 participantes compran un bien en un mercado simulado, bajo incentivos monetarios reales, y eligen entre un régimen de mercado libre y uno con precios máximos.

El diseño experimental permite distinguir entre tres factores: la información factual sobre los efectos del control de precios, la experiencia personal directa de sus consecuencias (escasez), y la responsabilidad efectiva en la decisión. Los resultados muestran que tanto la información como la experiencia reducen el apoyo a los precios máximos, pero la experiencia directa es mucho más eficaz.

En el experimento, “información” significa recibir una descripción externa de los efectos del precio máximo: se comunica a los participantes que, bajo ese régimen, se intercambian menos unidades y que aparecen episodios de escasez. “Experiencia”, en cambio, significa vivir personalmente esos efectos: el participante entra en el mercado con el precio intervenido, intenta comprar y, en la mitad de los periodos, no puede hacerlo aunque esté dispuesto a pagar. La diferencia es que, en este segundo caso, la escasez no es una proposición abstracta sino un coste sufrido en primera persona.

Ambas cosas reducen el apoyo al control de precios porque ambas corrigen, al menos en parte, la creencia optimista inicial según la cual el precio máximo abarata el bien sin consecuencias relevantes. Pero la experiencia es mucho más eficaz porque afecta directamente a la percepción del bienestar, no solo al entendimiento intelectual.

El participante no solo “sabe” que hay menos compras; ve que él mismo se queda sin comprar en cuatro de ocho periodos y que su ingreso esperado es menor. Eso hace que la revisión de creencias sea más intensa: la probabilidad de compra pasa de ser algo que se estima mentalmente a algo que se constata repetidamente.

Además, la experiencia reduce el margen para el autoengaño motivado. El artículo entiende el apoyo a los precios máximos como parcialmente sostenido por creencias motivadas: a quienes simpatizan con la intervención pública les resulta psicológicamente gratificante creer que funciona. Frente a información abstracta, esa creencia puede resistir (“sí, dicen que hay escasez, pero quizá no sea tan grave, quizá esté exagerado”). Frente a la experiencia reiterada de no poder comprar, sostener la creencia optimista exige ignorar hechos propios, lo que resulta psicológicamente más costoso.

En el tratamiento experiencial, menos unidades intercambiadas es exactamente igual a “yo no compro”. Esa identificación entre el mecanismo económico y su consecuencia personal explica por qué la actualización de creencias es mayor.

El resultado empírico refleja todo esto con bastante claridad. Tras recibir información factual, el apoyo al precio máximo cae, pero sigue siendo mayoritario. Tras experimentar escasez, la caída es el doble de intensa y una amplia mayoría reconoce ya que el precio intervenido reduce la probabilidad de compra. Aun así —y esto es importante— una parte significativa sigue apoyando el control incluso después de sufrirlo, lo que refuerza la tesis central del artículo: la experiencia corrige mucho, pero no elimina del todo las creencias motivadas.

La principal conclusión es que la persistencia del apoyo a políticas ineficientes se debe en parte a que los ciudadanos suelen estar protegidos de sus consecuencias. La información por sí sola tiene una capacidad limitada para corregir creencias autoindulgentes, mientras que la experiencia y la responsabilidad disciplinan más eficazmente las creencias y las preferencias. El artículo sugiere que este mecanismo puede extenderse a otras políticas populares pero ineficientes y tiene implicaciones generales para el diseño institucional y el debate público.

Los comentaristas de la guerra de Irán: cómo detectar a un piernas. Lorenzo Warby

¿Es consciente el comentarista de que una buena estrategia militar adopta la forma de un árbol de decisiones? Si haces X y sucede Y, entonces pasas a Z; si haces X y ocurre A, entonces sigues con B. Si no entienden esto, si conciben una estrategia bélica exitosa como la simple ejecución de un plan con independencia de cómo reaccione el adversario, entonces no entienden la guerra y se les puede ignorar. Una de las formas clásicas de fracasar en el ámbito militar consiste precisamente en no tratar la acción bélica como un árbol de decisiones y perseverar en el plan original pese a que se hayan producido cambios cruciales en las circunstancias.

Avi Avidan: Irán jugó a cerrar el estrecho de Ormuz y se ha pegado el último tiro disponible en el pie

El cierre del Estrecho de Ormuz por parte del IRGC no ha sido una victoria táctica sino un suicidio estratégico. Durante décadas, Irán utilizó la amenaza de bloquear esta vía como un escudo económico contra Occidente; sin embargo, la realidad de los flujos comerciales en 2025 demuestra que los verdaderos rehenes de esta maniobra han sido los mercados asiáticos ya que China e India absorben la gran mayoría del crudo que circula a su través, mientras que Estados Unidos y Europa apenas recibían una fracción mínima (los datos de la primera mitad de 2025 revelan que el 89% de ese flujo se dirigía hacia Asia. China recibió el 37.7%, seguida de India con el 14.7%, Corea del Sur con el 12% y Japón con el 10.9%. En contraste, Europa y Estados Unidos solo recibieron el 3.8% y el 2.5%). Al ejecutar esta amenaza, el régimen iraní no solo ha dañado a sus socios comerciales, sino que ha forzado una reconfiguración permanente de la infraestructura energética global que vuelve al estrecho una ruta prescindible.

La consecuencia inmediata ha sido la consolidación de rutas de escape en la región. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han acelerado el uso de oleoductos terrestres hacia terminales en el Mar Rojo y el Golfo de Omán, lo que degrada el estatus de Ormuz de punto de control global a simple inconveniente regional. Paralelamente, Estados Unidos ha emergido como el gran ganador, alcanzando récords históricos de exportación de crudo en 2026 y convirtiéndose en el proveedor de seguridad energética para Asia, llenando el vacío dejado por el crudo bloqueado en el Golfo. Estados Unidos alcanzó un récord de exportación de 4.9 millones de barriles diarios en abril de 2026, proyectando superar los 5 millones en meses posteriores. Este volumen estadounidense cubre el 23% del tráfico normal de Ormuz y un tercio del segmento de crudo y condensados, permitiendo a las refinerías asiáticas sustituir el déficit de entre 7.5 y 9.1 millones de barriles diarios provocado por el cierre.

A largo plazo, el panorama para Irán es de un aislamiento absoluto y colapso económico, enfrentando una hiperinflación y la pérdida definitiva de sus ingresos petroleros frente a competidores que han redirigido sus cadenas de suministro. Para China, aunque el impacto inicial fue costoso, la crisis ha servido como catalizador para diversificar sus fuentes de energía, aunque a costa de exponer su profunda dependencia del suministro estadounidense. En resumen, el IRGC quemó su última carta para ganar un tiempo que no obtuvo, transformando lo que creía una posición de fuerza en una trampa que garantiza su declive estratégico y fortalece la hegemonía de Estados Unidos en el mercado energético global.

Valdecantos: «Conocer la religión para poder conocernos», en EL PAÍS

Antonio Valdecantos sostiene que las creencias religiosas no son un residuo del pasado ni un mero asunto privado, sino un elemento central para comprender la cultura moderna y, en particular, las formas contemporáneas de malestar humano. El punto de partida del artículo es la idea, muy asumida en la modernidad, de que la ciencia desplazó definitivamente a la teología como “reina de las ciencias”. Valdecantos cuestiona la autocomplacencia de ese relato secularizador, subrayando que la modernidad no eliminó los contenidos religiosos. El cristianismo fue “metabolizado” por la modernidad occidental: perdió su estatuto explícitamente teológico y se replegó al ámbito de lo sentimental y lo privado, pero sus categorías fundamentales siguieron operando en el núcleo mismo del pensamiento y de la vida social modernos. De este modo, nociones como Dios, redención, providencia o bienaventuranza no desaparecen, sino que se secularizan y reaparecen transformadas como soberanía política, revolución, progreso, transgresión o bienestar. La consecuencia es que las sociedades modernas pueden considerarse laicas, pero lo hacen sin haber dejado realmente atrás los dogmas religiosos que dicen haber superado, ahora operativos de manera inconsciente y, por ello, más difíciles de identificar y criticar.

Es curiosa la coincidencia, porque en una clase del master de acceso de la UAM poco antes de Semana Santa, explicaba a los estudiantes que tener cultura religiosa-cristiana en España es imprescindible para entender el entorno en el que un español se mueve. Desde la arquitectura y las obras artísticas hasta el lenguaje o el calendario laboral, pasando por las jerarquías morales, las relaciones familiares y la organización de la política.

Pero hay más. Como he explicado en muchas entradas de este blog, es imposible entender el Derecho Occidental y la organización política contemporánea sin el Cristianismo, el derecho canónico y la Revolución Papal descrita y analizada por Harold Berman. Una muestra espectacular es este capítulo del libro de Ada Palmer, Inventing the Renaissance que he extractado en esta entrada.

El problema de los juniors y la inteligencia artificial

2026-04-16T11:35:00.002+02:00

La formación en el puesto de trabajo y el aprendizaje mediante la práctica se encuentran entre los determinantes más importantes de la acumulación de capital humano. Como sostuvo Arrow (1962), el aprendizaje es el producto de la experiencia y solo puede producirse a través del intento de resolver problemas. Mientras que las escuelas y las universidades proporcionan los fundamentos conceptuales, los trabajadores desarrollan su pericia trabajando. Los mercados internos de trabajo de las empresas (Doeringer y Piore, 1971; Baker, Gibbs y Holmström, 1994a) ofrecen la estructura en la que tiene lugar esta progresión: los trabajadores más jóvenes acumulan capital humano a través de las tareas que realizan en su puesto de trabajo y, gradualmente, ascienden a posiciones de mayor responsabilidad

A medida que la IA automatiza muchas de las tareas que tradicionalmente realizaban los trabajadores junior, como la recopilación de datos o la redacción de documentos rutinarios, empresas de muy distintos sectores están empezando a contratar menos personal de entrada. Esta tendencia sugiere que la pirámide tradicional está dando paso a una figura en forma de diamante: menos trabajadores jóvenes en la base y una concentración de trabajadores experimentados en el centro.

Es curioso esto porque tradicionalmente, los despachos de abogados sufren más rotación - salida de trabajadores - es en el "centro" (al nivel de abogados de entre 5 y 8 años de experiencia) porque es, con esa experiencia, con la que los abogados están en mejores condiciones de "dar el salto" en su carrera profesional (pasar del despacho a trabajar en la asesoría jurídica de una empresa o cambiar a otro despacho donde las posibilidades de llegar a socio sean mayores)

El director de IA de PwC predice que la “colaboración humano‑IA podría aumentar la productividad y la velocidad en un 50 %” y que “lo que emergerá será un desplazamiento de la pirámide laboral tradicional hacia una forma de diamante” (Priest, 2025).

Sin embargo, si las tareas que antes servían como los primeros peldaños de la carrera profesional están desapareciendo, ¿qué ocurre con el conducto que produce a los futuros trabajadores sénior? Directivos con una visión a largo plazo han advertido que reducir la contratación de personal junior es peligrosamente miope. Como lo expresó el CEO de AWS, Matt Garman, la idea de despedir a los trabajadores jóvenes porque la IA puede hacer su trabajo es “lo más estúpido que he oído nunca… ¿cómo se supone que va a funcionar eso cuando dentro de diez años no haya nadie que haya aprendido nada?” (Sharwood, 2025).

Mi impresión es que ese papel lo deberían asumir los masteres - en el caso de la universidad española -. Es decir, durante la carrera de Derecho, deberíamos concentrarnos en el aprendizaje conceptual: pocas y grandes asignaturas anuales (mucho, mucho, mucho derecho civil, historia del derecho, algo de derecho penal, algo de administrativo, muy poco constitucional y bastante procesal) en las que los estudiantes tengan que leer mucho, resumir mucho, analizar mucho y discutir mucho. Y dejar para el master las asignaturas que proporcionan saberes accesorios: un curso de contabilidad, uno de estadística, diez dictámenes y mucha IA, mucha inteligencia artificial (aplicada a la elaboración de los dictámenes, sobre todo). Con esa formación (el master, en su caso, podría alargarse a dos años) que se asemeja bastante, creo a la que proporcionaba Arthur Andersen hace cincuenta años a los que superaban el proceso de selección, los despachos no tendrían que someter a sus recién ingresados a una etapa junior tan larga. Podría limitarse a un par de meses en los que el nuevo se hace ducho en manejar el know-how del despacho. Pero lo que estudia este trabajo es más interesante:

En el núcleo del problema existe una única tensión: los puestos junior cumplen una doble función. En el corto plazo, los trabajadores jóvenes realizan tareas y generan producción. En el largo plazo, constituyen el terreno de formación a través del cual la empresa repone su fuerza de trabajo sénior. Una empresa que recorta la contratación de personal junior obtiene ganancias de eficiencia inmediatas, pero puede estar socavando su propio futuro. La reducción de la contratación de trabajadores de entrada plantea, por tanto, un conjunto de cuestiones interrelacionadas que va mucho más allá del ahorro inmediato de costes. ¿Qué ocurre con la estructura del mercado interno de trabajo?: ¿la pirámide se convierte de forma permanente en un diamante o se trata de un fenómeno transitorio? ¿Qué sucede con la acumulación de capital humano en la economía cuando menos trabajadores pasan por los puestos de entrada en los que se adquieren las competencias? ¿Cómo se ven afectadas las trayectorias profesionales y los salarios de los trabajadores? ¿Y qué sucede con la propia rentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, especialmente cuando los trabajadores experimentados acumulan conocimientos que no pueden sustituirse fácilmente desde el exterior?

El modelo:

Un CEO asigna un conjunto fijo de tareas a trabajadores sénior y junior, siendo los sénior más productivos porque han acumulado capital humano. Los trabajadores junior aprenden en el puesto de trabajo y, con cierta probabilidad, adquieren las cualificaciones necesarias para convertirse en sénior. La empresa debe, por tanto, gestionar la disyuntiva intertemporal entre la producción actual y la oferta futura de trabajadores experimentados. El planteamiento es deliberadamente simple, pero capta los rasgos esenciales de las organizaciones piramidales en las que cohortes de trabajadores de entrada sostienen un conducto de talento hacia los rangos superiores. Un rasgo clave del modelo es que la ratio entre trabajadores junior y sénior se determina endógenamente y no está fijada en una proporción uno a uno. Esta flexibilidad es la que nos permite estudiar la forma del mercado interno de trabajo y cómo responde esa forma a la introducción de la IA.

Distinguimos tres canales a través de los cuales la IA puede afectar al lugar de trabajo: puede aumentar la productividad de los trabajadores sénior, aumentar la productividad de los trabajadores junior o acelerar el ritmo al que los jóvenes aprenden y se cualifican para puestos sénior. Se trata de perturbaciones distintas que conducen a resultados diferentes. El trabajo realiza tres aportaciones principales.

... si el principal efecto de la IA es sobre la productividad, ya sea de los trabajadores sénior o de los junior, las empresas pueden cambiar de tamaño, pero su estructura interna no se altera. De manera quizá sorprendente, esto es así incluso cuando la disrupción a corto plazo en la contratación de personal junior es intensa. En esencia, las pirámides siguen siendo pirámides a largo plazo. Sí cambia, en cambio, la ratio salarial entre sénior y junior: cuando los sénior se vuelven más productivos, la brecha salarial se amplía; cuando los junior se vuelven más productivos, se estrecha.

.... si el principal efecto de la IA recae sobre la velocidad a la que los trabajadores junior aprenden y pueden convertirse en sénior, se produce un cambio estructural permanente. Las pirámides se transforman en diamantes. Este es el único tipo de perturbación asociada a la IA que remodela de forma permanente la jerarquía organizativa.

... Cuando la perturbación es lo suficientemente grande, la transición no es suave. Las empresas oscilan entre estructuras piramidales y en forma de diamante antes de asentarse en el nuevo estado estacionario: una congelación inicial de la contratación ahoga el conducto de talento, lo que desencadena un aumento posterior de la contratación de personal junior, que a su vez produce una mayor oferta de trabajadores sénior, y así sucesivamente.

Estas oscilaciones erosionan temporalmente el stock de capital humano específico de la empresa y reducen su valor. También generan una “cohorte perdida” de trabajadores junior que entran durante una congelación de la contratación y se enfrentan a oportunidades muy reducidas de trabajar y acumular competencias, mientras que la cohorte siguiente se beneficia de la escasez resultante de trabajadores sénior.

Extendemos el modelo para permitir la existencia de capital humano específico de la empresa, de modo que los sénior promovidos internamente sean más productivos que las contrataciones externas. En este contexto, las empresas contratan exclusivamente desde dentro, lo que hace que el conducto de talento sea aún más decisivo: cuando se rompe, la empresa no puede simplemente cubrir el vacío acudiendo al mercado externo, y su valor disminuye.

Surge además un resultado adicional en relación con la estructura salarial. Cuando la IA acelera el aprendizaje, la ratio salarial entre sénior y junior se comprime. Un aprendizaje más rápido eleva el valor de la capa junior —cada trabajador joven genera ahora capital específico de la empresa con mayor rapidez—, lo que reduce la prima salarial de la que disfrutan los sénior.

... Aunque en nuestro modelo los directivos con visión de futuro contraen la capa junior para capturar ganancias inmediatas de eficiencia, hacerlo puede perturbar el suministro interno de talento de la empresa y reducir su valor futuro. Por ello, cuando la estabilidad del flujo futuro de talento es importante, un CEO puede necesitar suavizar estas fluctuaciones gestionando activamente el conducto de talento.

Guido Friebel, Yao Huang, Jin Li, Andrew Zhang, Soumitra Shukla, Pyramids, Diamonds, and Oscillations: AI and the Structure of Internal Labor Markets, 2026

Fernández Torres sobre la Directiva de acciones de voto múltiple

2026-04-16T10:44:00.000+02:00

Frédéric Bazille

¿Puede decirse que estamos ante una iniciativa completamente novedosa? La respuesta es sencilla, no. No y no sólo porque, como es por todos conocido, el Informe sobre el principio de proporcionalidad de 2007 ya señalaba que algunos Ordenamientos de nuestro entorno —aunque pocos— habían introducido las «loyalty shares» con las que comparte algunos rasgos, sino porque también advertía que ya en aquel entonces un 20 % de las compañías en EEUU tenían Dual Class shares y que algunos países de nuestro entorno las tenían reconocidas. Más aún, el estudio posterior llevado a cabo por ISS, Shearman&Sterling y el ECGI en 2016 concluía no solo que de la muestra analizada un 17 % de las sociedades contaban con acciones de voto múltiple sino que no era necesario, en absoluto, prohibirlas. Por su parte, el Informe de la OCDE de 2023 puso de manifiesto que en el 55 % de los Ordenamientos jurídicos analizados (de una muestra de 49) se admitían ya sea el voto múltiple, sea un voto reforzado, constatándose desde el año 2021un incremento en el número de países que habían ido introduciendo estos instrumentos mediante las oportunas reformas legislativas.

Hoy, como si de un movimiento pendular se tratara, se constata que la flexibilidad del modelo regulatorio de algunos ordenamientos de nuestro entorno ha llevado a su admisión, al menos desde una perspectiva práctica, dando lugar al llamado arbitraje regulatorio (17) ; esto es, las compañías optan por trasladar su sede social a otros países movidas por la necesidad de buscar un régimen más flexible. Uno de los supuestos más emblemáticos es, como todos sabemos, el de los Países Bajos, donde Fiat trasladó su domicilio social en 2014 (y al que han seguido otras muchas compañías) (18). Junto al arbitraje regulatorio no podemos dejar de mencionar el efecto competitivo que se ha producido entre países que, temerosos de quedarse atrás, han optado por modificar su legislación y admitir expresamente las acciones de voto múltiple en su ordenamiento (tal es el caso de Portugal, de Francia, de Italia, del Reino Unido y de Alemania, entre otros), alineándose así con los países asiáticos, en los que las estructuras de voto duales gozan de un amplio reconocimiento (Singapur, Hong‐Kong o Shangai) y cuentan con unos mercados de capitales relevantes y atractivos para los inversores.

... Cuestión distinta es si realmente las acciones de voto múltiple son la solución para la dinamización de nuestros mercados financieros. Más aún, en algunos países en los que las acciones de voto múltiple cuentan con una larga tradición, como Suecia o Dinamarca, se constata una clara disminución en el interés que las compañías muestran por su incorporación sin que ello responda a una reforma legislativa. Tampoco debemos perder de vista el hecho de que ordenamientos más liberales y que cuentan con mercados más dinámicos como es el caso de los Países Bajos, en los que no encontramos limitaciones ni para la incorporación de acciones de voto múltiple ni de «loyalty shares», solo hacen uso de estas estructuras sociedades extranjeras (27) ; ninguna sociedad holandesa de origen las incorpora. La conclusión que de ello puede extraerse es que, quizás, el problema de la falta de competitividad que preocupa al legislador europeo no esté tanto en la incorporación de estos mecanismos sino en la necesidad de flexibilizar el régimen societario

El fenómeno de la sobrerregulación y el endurecimiento de los requisitos podrían ser alguna de las razones por las que las compañías se resisten a solicitar su admisión a cotización al mismo tiempo que podrían ser la causa de que compañías que cotizan decidan abandonar los mercados...

... las acciones... de voto reforzado, podrían no cotizar. No existe ningún impedimento legal y sería más coherente con la propia finalidad del instrumento. Porque, en realidad, ¿cuál es la finalidad de la incorporación de una estructura accionarial dual? Simple y llanamente atribuir el control a un determinado grupo accionarial y garantizar ese control tras la admisión a cotización (ésa es la idea que subyace en la Directiva)... La medida tiene, en nuestra opinión, un cierto carácter «defensivo» desde el punto de vista de la competencia con respecto a ordenamientos no europeos que cuentan con una larga tradición en el recurso a las acciones de voto múltiple; pero también constituye un instrumento que busca, desde la perspectiva del mercado interior, poner un freno a los traslados de domicilio social (algo que resulta incongruente con la propia Unión de los Mercados de Capitales)...

La Wertpapierhandelsgesetz de 9 de septiembre de 1998, establece en el parágrafo 49.1 que en la convocatoria anual de la Junta deberán constar el número total de acciones y derechos de voto, indicando por separado las acciones con derechos de voto múltiple y los derechos de voto atribuibles a las mismas al tiempo de dicha convocatoria... En nuestra opinión... quizás fuera conveniente pensar en un modelo que se inspirase en el régimen previsto para las acciones con derecho estatutario adicional doble por lealtad. Esto es, debería figurar en la página web de la sociedad la estructura de las acciones conlos derechos y obligaciones vinculados a cada clase, el número total de acciones que representa cada clase, el número total de votos, así como la identidad de quienes representen más del 5 % de los derechos de voto... Sólo así podrá el mercado conocer cuál es la estructura de poder de la sociedad

El intento de establecer un level playing field se compadece mal con el modelo de armonización de mínimos y el margen de discrecionalidad que reconoce que van a dar lugar , a buen seguro, a una diversidad de regímenes y a una aplicación heterogénea en el seno de la UE.

... la limitación de la aplicación a los mercados Growth planteaba el problema de que no todos los Estados Miembros disponen de uno (lo que hubiera condicionado la virtualidad de la Directiva) sino que, además, en aquellos otros en los que se admiten ya las estructuras de acciones duales en sus mercados regulados, surgía y surge la dificultad de conciliar dos regímenes diferentes: el propio de los mercados regulados y, uno más estricto, para los SSMN y los mercados Growth. La cuestión es si esto tiene sentido

... no tiene sentido que nos anclemos a viejos dogmas que impedirían que una sociedad de responsabilidad limitada pueda cotizar en un mercado.

A la luz de lo previsto en el art. 1 de la Directiva, estarán excluidas aquellas sociedades que ya estuvieran cotizando en el mercado. Es decir, sólo sería aplicable a las sociedades de nueva cotización. Pero ¿tiene sentido impedir que sociedades que ya cotizan en esos mercados no puedan beneficiarse de esas estructuras accionariales de voto múltiple?

De cara a su transposición, sin embargo, entendemos que podría no ser oportuna (la) incorporación (de las sunset clauses o pérdida del voto múltiple por el transcurso del tiempo o por transmisión de las acciones) en términos imperativos; en este sentido, podrían eliminar o reducir las ventajas asociadas a las acciones de voto múltiple especialmente en aquellos supuestos en que se opte por extender a las sociedades cotizadas en el mercado secundario. Por ello, consideramos que cada compañía debería valorar la conveniencia de su incorporación o los términos en que deban introducirse. Desde la perspectiva de los derechos de la minoría parece que las salvaguardias obligatorias unido al régimen ya existente sobre operaciones con partes vinculadas así como los deberes de lealtad a que están sujetos los administradores actúan como mecanismos de protección en este ámbito. Todo ello sin tener en cuenta, además, que los propios índices o mercados bursátiles podrían introducir restricciones adicionales

Los estudios empíricos llevados a cabo, principalmente, por la doctrina norteamericana revelan que las ventajas asociadas a las estructuras duales de voto se pierden transcurrido un cierto tiempo) de ahí que algunos consideren las «time‐based sunset clauses» oportunas. Sin embargo, esta virtualidad es más aparente que real. Lo cierto es que el plazo se fija de manera arbitraria y puede resultar, en función de los casos, demasiado corto o, por el contrario, excesivamente extenso. Es decir, la fijación a prioristica del plazo, sin un análisis o estudio que lo sustente, puede llevar a que la extinción se produzca antes de que las 15 / 34 acciones con derechos de voto múltiple hayan podido contribuir plenamente al desarrollo del proyecto empresarial o, por el contrario, cuando el fundador ya ha iniciado un proceso de desinversión o desvinculación de la entidad. Por ello, quizás fuera más adecuado, diseñar unas cláusulas de extinción más adaptadas a las especificidades de cada entidad y de cada proyecto empresarial; así, parece que pueden tener más sentido aquellas cláusulas de extinción especialmente vinculadas a la posición del fundador y titular de las acciones con derecho de voto como, por ejemplo, supuestos de dilución o de desinversión de su posición en la entidad, y, por supuesto, incapacidad, fallecimiento o transmisión de su parte...

Si al legislador europeo le preocupa la falta de competitividad de algunos mercados europeos... (y) observamos, por un lado, que en los países nórdicos como Suecia y Dinamarca, en los últimos años, el recurso a las acciones de voto múltiple se ha reducido sustancialmente sin que dicha reducción responda a un cambio normativo. ¿qué explica esa pérdida de interés? En parte los fondos de pensiones daneses no están por la labor de invertir en sociedades con acciones de voto múltiple, y esos fondos son fundamentales para lograr una salida a bolsa exitosa. Más en general, se advierte que, en algunos casos, los fondos inversión que invierten en una compañía exigen el abandono de las acciones de voto múltiple antes de la salida a bolsa. El caso quizás más paradigmático es el de los Países Bajos. La flexibilidad de su régimen jurídico le ha llevado a admitir, como sabemos, tanto las acciones de voto múltiple como las llamadas «loyalty shares». Lo que resulta llamativo es que ninguna de las sociedades que cotizan en la bolsa de Ámsterdam y que cuentan con alguno de estos instrumentos, sea holandesa de origen; todas son extranjeras. El estudio empírico llevado a cabo por la profesora Joti Roest así lo demuestra. ¿Cuál sería la conclusión a extraer? pues que, quizás, la solución al problema de la falta de competitividad no esté tanto en la introducción de estos mecanismos sino en repensar el régimen societario y flexibilizar el régimen de cotización... en los últimos años el legislador se ha ocupado principalmente de la sociedad cotizada y se han trasladado a las Sociedades anónimas no cotizadas una parte de las medidas previstas para aquella que se han traducido en mayores cargas y mayores restricciones, sin que eso esté justificado.

Isabel Fernández-Torres, La Directiva de voto múltiple: reflexiones generales y contradicciones internas y externas, RDBB 175(2025)

¿Qué pasa cuando se muere uno de los dos socios de una sociedad de personas?

2026-04-16T10:39:00.006+02:00

Sentencia: Tribunal Ordinario de Ancona, sentencia de 4 de noviembre de 2024 (RG 3094/2021)

Los demandantes —Antonella, Elisabetta y Fausto Bernacchia—, en su calidad de herederos de Gianfelici Mauro, quien fuera socio al 50 % de una sociedad civil (società semplice) integrada únicamente por él y por Leonardo Salvatore Ponzio, interpusieron demanda contra la sociedad y el socio supérstite. Solicitaron la liquidación de la cuota social correspondiente al causante (fallecido el 22 de julio de 2020), así como el pago de otros créditos derivados.

La pretensión se fundamentaba en los artículos 2284 y 2289 del Código Civil italiano, alegando que, ante la falta de acuerdo tras un periodo prolongado, tenían derecho a percibir el valor de la cuota, estimado en 168.515,48 euros según un informe pericial de parte.

El articulo 2284 Codice civile establece que, salvo pacto contrario en el contrato social, en caso de muerte de un socio, los socios supervivientes deben liquidar la cuota a los herederos, a menos que los supervivientes prefieran: disolver la sociedad o continuar la sociedad con los herederos, si estos consienten. El articulo 2289 por su parte establece cómo se calcula el valor a pagar en caso de disolución del vínculo social respecto a un socio (fallecimiento, exclusión o retirada) y dice que los herederos tienen derecho únicamente a una suma de dinero que represente el valor de la cuota. La liquidación se basa en la situación patrimonial de la sociedad en el día en que se produce el fallecimiento. Si hay operaciones en curso, los herederos participan en las ganancias o pérdidas inherentes a dichas operaciones. El pago de la cuota debe realizarse dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento.

La parte demandada se opuso argumentando que el 1 de enero de 2021 —dentro del plazo legal de seis meses desde el fallecimiento— el socio sobreviviente acordó la disolución y liquidación voluntaria de la sociedad. Sostuvieron que este hecho extingue el derecho de los herederos a una liquidación inmediata de su cuota, limitándolo exclusivamente a participar en el resultado final del proceso de liquidación.

El tribunal coordina el régimen general de los preceptos explicados con el supuesto de pérdida de la pluralidad de socios (art. 2272 n.º 4 C.C.). Citando la jurisprudencia de la Corte de Casación, señala que la disolución por falta de pluralidad es un supuesto de formación progresiva. Durante el plazo de seis meses concedido por ley para reconstituir dicha pluralidad, el socio supérstite mantiene intacta su facultad de optar por la disolución anticipada.

En este caso, al haberse acordado la liquidación voluntaria dentro del plazo semestral, los herederos no ostentan un derecho de crédito por el valor de la cuota a fecha del fallecimiento, sino el derecho a percibir el 50 % del haber líquido resultante tras concluir el proceso de liquidación.

El tribunal desestima la demanda de los herederos, declarando que estos solo tienen derecho a la cuota que resulte de la liquidación final de la sociedad y no a un pago inmediato basado en el valor de la cuota al momento del óbito. Se acuerda la compensación de las costas procesales entre las partes y se atribuyen los gastos de la pericia judicial (CTU) a ambas de forma solidaria.

La aplicación del artículo 1700 CC o del 221 C de c conduce a soluciones semejantes en España.

El Código de Comercio dispone la disolución de la sociedad en los casos de quiebra, incapacidad y muerte del socio. Nada impide, sin embargo, que el contrato enerve ese efecto previendo la continuación de la sociedad entre los demás socios. En caso de muerte de un socio, caben tres tipos de pactos derogatorios de la regla legal de la disolución: la continuación de la sociedad entre los sobrevivientes; las cláusulas de sucesión facultativa y cláusulas de sucesión obligatoria es que, como los contratos vinculan a los que los celebran y a sus herederos (art. 1257 CC), si el heredero acepta la herencia y el causante asumió un compromiso patrimonial - en este caso, continuar en sociedad - la vinculación persiste tras la muerte del causante y el heredero 'sucede' al causante.

La RDGRN 13-I-2014 se ocupa de una cláusula estatutaria en una SL que establecía que “Por la muerte de todos los socios actuales y cónyuges de los mismos la sociedad se disuelve”. La DGRN considera válida la cláusula. La DGRN, a diferencia del Registrador, interpreta la cláusula en el sentido de que la sociedad debía disolverse cuando falleciera el último socio de los que lo eran en el momento de introducir la cláusula, con independencia de quienes fueran los socios en ese momento como consecuencia de las transmisiones que se hubieran podido producir. El hecho de que los estatutos previeran, además, un derecho de adquisición preferente a favor de los socios supérstites cuando uno de ellos fallezca tampoco es un obstáculo a la validez de la cláusula interpretada como se ha hecho aquí: en el momento de la disolución, el último socio supérstite podría haber adquirido todo el capital social y, si el derecho de adquisición no se ejercitara, los herederos del socio fallecido adquirirían, por herencia, las participaciones sociales.

La sentencia del Tribunale di Venezia 14-XI-2024 dice que no hay incompatibilidad entre aceptar la herencia a beneficio de inventario y que el heredero suceda al causante como socio de una sociedad colectiva si en los estatutos de ésta se incluye una cláusula de "sucesión automática" del heredero en la participación del causante o si se ha alcanzado un acuerdo con este contenido entre los socios supérstites y el heredero.

V., Guillermo Caballero, Comentario. Sociedad Colectiva Comercial. Pacto de Continuación. Solidaridad. Revista Chilena de Derecho Privado, 24(2015) resumido y comentado en JA, La cláusula de continuación de la sociedad con los herederos del socio colectivo fallecido, Derecho Mercantil 2022

Método simplificado para usar las inteligencias artificiales crítica e innovadoramente

2026-04-15T19:16:00.001+02:00

En los últimos meses han proliferado propuestas para “integrar” la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria. Entre ellas destaca el método desarrollado por Moliní y colaboradores (cuyo título he utilizado para titular esta entrada), que propone un método de uso de las IAs generativas en los trabajos académicos, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la innovación y el uso ético de estas herramientas.

Vale la pena examinar con calma qué ofrece realmente esta propuesta, qué presupone y hasta dónde llega (lo que sigue lo he redactado siguiendo el método del "diálogo crítico" con la IA, en este caso, con Copilot).

El núcleo de la idea: el alumno como gestor del enfrentamiento entre discursos

La propuesta concibe la IA no como un nuevo “profesor”, ni como un entorno de aprendizaje autónomo. No pretende sustituir la docencia tradicional ni reorganizar el proceso completo de enseñanza–aprendizaje. Su ambición parece ser reemplazar el trabajo académico clásico (el essay o trabajo de curso) en un contexto en el que las IAs generativas ya están presentes y son prácticamente imposibles de excluir y se han venido usando para que los estudiantes hagan un "corta y pega" de materiales que no han analizado o "digerido" previamente. Cualquiera que haya dirigido TFG o TFM estará de acuerdo con que este es el uso, a menudo, que nuestros estudiantes menos interesados hacen de la IA.

El método propuesto consiste en que los estudiantes trabajen simultáneamente con al menos dos IAs distintas, enfrentándolas entre sí y confrontando sus respuestas relacionadas con la bibliografía científica. De este modo, la IA deja de funcionar como una fuente única y el estudiante interactúa críticamente con las IA enfrentándolas entre sí y apoyándose en una para criticar a la otra etc. Es decir, no es un receptor pasivo de contenido, sino un gestor, editor y árbitro.

La habilidad que se pretende entrenar no es la producción de contenido nuevo. Es la capacidad de discriminar calidad del contenido suministrado, detectar incoherencias, identificar respuestas triviales bien redactadas, descubrir omisiones relevantes y, finalmente, ser capaz de elaborar una síntesis razonada. Y para verificar y contrastar lo que dice la IA es para lo que se utiliza la bibliografía científica. Por ejemplo, el estudiante puede comparar cómo han resumido un artículo científico las dos IA y señalar las omisiones o las discrepancias para que las IAs las justifiquen, consultando directamente, en su caso, el artículo académico o pidiendo a la IA que proporcione citas literales o que explique las contradicciones etc, para finalmente, pedirle que, como yo he hecho con este post, le proporcione un resumen de la "conversación".

Una herramienta auxiliar, no una pedagogía basada en IA

Los autores no proponen una metodología integral de educación mediada por inteligencia artificial. No se trata de aprendizaje adaptativo, tutorías algorítmicas ni secuenciación dinámica de contenidos. La IA interviene fundamentalmente en el momento del trabajo escrito, no en el conjunto del curso.

En ese sentido, la propuesta funciona como una herramienta auxiliar, diseñada para sustituir o redefinir los trabajos tradicionales que los alumnos realizan habitualmente en bachillerato y universidad. Lo importante no es el resultado sino el proceso - el viaje a Ítaca - . El estudiante "entrena" su capacidad para detectar errores, omisiones, contradicciones y para valorar ideas o la calidad de una exposición de un problema o de la 'narración' de una historia.

Uno de los puntos menos problematizados en el texto, pero decisivos para evaluar su alcance real, es el siguiente:

El método presupone que el estudiante ya tiene conocimientos sustantivos previos sobre el tema trabajado

Esto se ve con claridad en la exigencia de que los alumnos elaboren un índice propio antes de consultar a la IA, o de que puedan valorar la calidad de las respuestas, detectar omisiones y contrastarlas con bibliografía académica. Nada de eso es posible si el estudiante se enfrenta por primera vez a un campo que desconoce casi por completo.

Por eso, el método funciona mucho mejor, creo, si se aplica a mitad o al final del curso, una vez que los alumnos han recibido clases, leído materiales básicos y adquirido un marco conceptual mínimo. En ese contexto, la IA puede servir como provocación, contraste y complemento, y el alumno puede ejercer realmente el papel de gestor crítico que la propuesta le asigna.

¿Leen los alumnos la literatura científica?

El método exige formalmente el uso de bibliografía científica, pero su diseño apunta menos a la lectura profunda de textos que a su utilización instrumental como criterio de contraste. Muchas de las tareas propuestas se resuelven comprobando si una tesis aparece o no en una obra, si una fuente existe realmente o si una idea ha sido formulada con anterioridad. Eso permite avanzar sin una lectura exhaustiva de la literatura, especialmente si la IA resume previamente los artículos.

Se trata de una respuesta inteligente a un problema muy concreto, el de los trabajos académicos en la era de la IA generativa.

Vives sobre la inescindibilidad de las acciones y participaciones

2026-04-15T16:55:00.007+02:00

Frédéric Bazille

El artículo 90 de la Ley de Sociedades de Capital dispone (128) que «Las participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada y las acciones en la sociedad anónima son partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social». Según una doctrina y jurisprudencia, sorprendentemente unánimes en este punto, este artículo recoge «[…] la inescindibilidad, o imposibilidad de disociación, de los derechos que conforman la posición jurídica del socio, la cual se compone de un conjunto de derechos y facultades que forma un todo orgánico […]»
A este respecto, la doctrina ha señalado que, en su aplicación, no «[…] puede el accionista desgajar algunos de los derechos integrantes de la condición de socio y cederlo separadamente, o reservárselo al transmitir la acción, de manera que quede atribuido a una persona distinta del titular de la acción y los restantes derechos del socio. Ni puede tampoco la propia sociedad consagrar o admitir en modo alguno un total desgajamiento […]».
Siempre según esta doctrina, la regla se extiende tanto a los derechos políticos o administrativos como a los económicos o patrimoniales, aunque respecto de estos últimos el debate sea más teórico que práctico porque, por un lado, el artículo 306 de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la transmisión separada del derecho de preferencia en los aumentos de capital y, por otro, parece haber un importante consenso en el sentido de que son admisibles no solo la cesión de los derechos de crédito correspondientes a los dividendos y a la cuota de liquidación social aprobados sino, también, la de los futuros.
La admisión explícita de la cesión en el supuesto del derecho de preferencia, la falta de un reconocimiento expreso de los derechos patrimoniales abstractos y la alternativa, económicamente equivalente, de transmitir los créditos presentes y futuros, ha motivado que las principales discusiones doctrinales se hayan referido a la inescindibilidad de los derechos administrativos o políticos y, singularmente, del derecho de voto, lo que reenvía el problema a la regla «ningún voto sin acción».
La inescindibilidad del derecho de voto se ha pretendido sustentar en los siguientes argumentos que, en mi opinión, carecen de la solidez que se les ha querido atribuir:
(i) La normativa vigente lo prohíbe expresamente, pues el artículo 90 de la Ley de Sociedades de Capital establece de forma imperativa el principio de la unidad esencial de la participación o, en otros términos, de la indivisibilidad de las acciones y participaciones sociales. Desde los primeros y más autorizados comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 se ha defendido doctrinalmente este criterio con fundamento en que el derecho de voto es un derecho personal del socio que, por su naturaleza especial, solo puede ser ejercitado por el legítimo titular de la cuota de participación en la sociedad, bien sea por sí o por medio de representante. De esta forma, a diferencia de los derechos patrimoniales, «[…] el derecho de voto no puede separarse de los demás que integran la condición o estado de socio para ser enajenado a título oneroso o gratuito y ejercitado así por quien no siendo titular de la acción no tenga la condición de accionista».
... se ha señalado, que, aun con la falta de claridad de la norma, no cabe una interpretación distinta si se considera el mencionado precepto en conexión con los que regulan los derechos de asistencia y voto a las juntas generales, que siempre tienen al socio como sujeto de referencia (por ejemplo, el artículo 93 de la Ley de Sociedades Capital). No obstante, tampoco este argumento parece sólido si se considera que la Ley de Sociedades de Capital (como antes hacía la Ley de Sociedades Anónimas) utiliza la expresión «derechos del socio» para referirse a los derechos mínimos (tanto políticos como económicos) que atribuyen las acciones y las participaciones sociales y porque los que consideran, con este fundamento común, admisible la cesión de los derechos económicos, no parece que puedan negar la licitud de la cesión de los derechos políticos.
Además, esta interpretación haría legalmente inadmisible la regla procedimental establecida para las sociedades cotizadas en el artículo 105.2 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que establece que las obligaciones de notificación al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los derechos de voto se extienden a «[…] cualquier persona que, con independencia de la titularidad de las acciones, tenga derecho a adquirir, transmitir o ejercer los derechos de voto atribuidos por las mismas […]» . En este mismo sentido , se ha pronunciado el Tribunal Supremo (138) . Lo expuesto hasta ahora no priva de funcionalidad económica a la inescindibilidad de los derechos de voto, sino que limita su eficacia al ejercicio de los derechos del socio frente a la sociedad.
(ii) Las excepciones de los supuestos del usufructo y de la prenda de acciones y participaciones (artículos 127 al 133 de la Ley de Sociedades de Capital, que admiten, cuando así lo dispongan los estatutos sociales, la atribución del derecho de voto al usufructuario o al acreedor pignoraticio), deben entenderse como excepciones que confirman la regla general de la inescindibilidad del derecho de voto. Sin embargo, estas reglas son de atribución frente a la sociedad y no pretenden regular las relaciones internas entre, por ejemplo, usufructuario y nudo propietario, que se regirán por lo determinado en su título constitutivo, en la ley y, supletoriamente, en el Código Civil (artículo 127.2 de la Ley de Sociedades de Capital). Se trata de normas que, por tanto, no prohíben la cesión del derecho de voto al usufructuario o al acreedor pignoraticio, sino que se limitan a establecer su inoponibilidad frente a la sociedad, salvo que así sean reconocidas estatutariamente.
A este respecto, la doctrina mayoritaria, respaldada por los pronunciamientos judiciales y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, considera que esta norma configura un sistema de numerus apertus, pudiendo —por tanto— extenderse su régimen jurídico a otros negocios de garantía sobre acciones o participaciones.
(iii) Justificaciones funcionales relacionadas con la ecuación riesgo‐beneficio‐poder, que sostienen que el voto debe ser ejercitado por el titular de la cuota de participación en el capital social y, por esta razón, que solo deben participar en las decisiones sociales aquellos que asumen, como titulares residuales, el riesgo de la empresa y participan en sus beneficios o pérdidas y que enlazan con el principio general de «una acción, un voto». En consecuencia, no cabría desgajar el voto de la participación en el capital
... Sin embargo... no puede ignorarse el distinto valor del voto para los diferentes accionistas y la conveniencia de disociar ambos derechos para una mejor asignación del binomio «riesgo‐poder» y para una mejor valoración de las acciones y participaciones en función de las preferencias de los distintos tipos de inversores. En las últimas décadas esta disociación se ha revelado como necesaria para proteger el capital relacional y humano vinculado al proyecto de negocio de empresas innovadoras o en fases de crecimiento, lo que puede traducirse, además, en estos casos, en un menor coste de capital...
... existen múltiples mecanismos... mediante los que se consiguen resultados funcionalmente equivalentes a la cesión separada del derecho de voto. El problema es que lo hacen con menor eficiencia, mayor coste, tanto directo como indirecto, y menor transparencia... el voto vacío o «empty voting»... pactos parasociales... (a traves de los que) el socio (queda obligado a)... emitir el voto en el sentido predispuesto en el pacto parasocial... De esta forma, como ha señalado la doctrina, en el caso que nos ocupa, la «transmisión» del voto no tiene eficacia real... Esta separación... puede también producirse mediante la utilización de diversos instrumentos financieros derivados y, en particular, los denominados equity swaps. En virtud de este instrumento, el titular de una acción intercambia los flujos económicos de esta (dividendos y revalorización/depreciación de la acción en el plazo del instrumento) con un tercero a cambio de una rentabilidad fija... El pacto de equity swap puede incluir igualmente la cesión contractual del derecho de voto (en los términos del punto anterior) al tercero, pero no es necesario. El préstamo de valores o compraventas con pacto de retro, utilizados con la finalidad de ceder el voto. En estos casos, el accionista, con ocasión de la celebración de una junta general, presta sus acciones a un tercero (o se las vende con pacto de retro compra, a un precio que refleje un interés) durante el plazo estrictamente necesario para que dicho tercero pueda disponer del derecho de voto y ejercitarlo en la referida junta general.
Esta fórmula, al contrario de las anteriores, sí supone una transmisión real del derecho de voto, puesto que, de hecho, se transmite la titularidad plena de la acción con todos sus derechos (a título de préstamo o con pacto de retro compra) pero, por la configuración de la operación (de carácter meramente temporal y con la finalidad exclusiva de capturar el derecho de voto para su ejercicio en una junta general de accionistas), el efecto pretendido es el de la cesión del derecho de voto al margen del riesgo/beneficio de la titularidad de la acción.
Por lo expuesto, y tanto por consideraciones dogmáticas como prácticas, creo que debe admitirse en nuestro derecho la posibilidad de escisión obligacional del derecho de voto y su cesión al margen de las acciones o participaciones que lo atribuyen, como negocio jurídico inter‐partes. Como también debe admitirse su eficacia frente a la sociedad cuando así lo prevean los estatutos sociales.

Fernando Vives, ¿Qué queda del principio «una acción, un voto»? Especial referencia a las sociedades no cotizadas, Revista de Derecho Mercantil 336 (2025)

Citas

2026-04-15T13:51:00.002+02:00

Breve:

Von der Leyen no puede ser más ignorante. Óscar Gómez Barbero, del PNV de toda la vida, jesuitas, PWC hasta alcanzar su nivel de corrupción. Y el otro Ignacio Zaldívar, subdirector de gestión administrativa de ADIF. . Y Amparo Monterrey,

la actual secretaria general de Ineco, Amparo Monterrey, ha dicho que "a todos los ojos" de la empresa pública ella trabajaba, y que no constaba "ninguna sospecha" de que no lo hiciera. "Fue una sorpresa su declaración", ha dicho.

Y Maria Dolores Tapia

Tampoco la jefa de proyecto de Jéssica Rodríguez en Ineco, María Dolores Tapia, detectó incidencias, pues no era responsable de controlar su trabajo; sólo recibía partes, pero no verificaba si eran reales

Y Taboas. Dice Maite Rico

Qué menos, si el mismísimo presidente de Renfe, Isaías Táboas, se preocupaba por garantizar la comodidad de las amigas del ministro. A lo mejor por eso se le pasó lo de los nuevos trenes que no cabían por los túneles en Asturias y Cantabria. O los avisos del paulatino deterioro de las vías del AVE. Pero los leales apparatchiks y fontaneros siempre encuentran acomodo y ahora Táboas es alto cargo en la Generalitat de Cataluña.

Habrá que poner una querella a la mesa del Congreso por prevaricación continuada ¿no?

No, porque los políticos no pueden delinquir cuando actúan como políticos. Lean el art. 404 CP. ¿Por qué esa desigualdad entre políticos y funcionarios? ¿Por qué esa bula a los miembros de los órganos colegiados de los parlamentos? ¿Por qué pueden privar arbitrariamente de sus derechos a otros parlamentarios sin que su comportamiento doloso y continuado tenga consecuencias personales? ¿Cómo puede ser eso conforme con el estado de derecho? ¿No es acaso una expresión evidente de las inmunidades del poder? ¿Qué pasa con los ciudadanos representados por los parlamentarios a los que se les ha negado el derecho a que se discutan y aprueben o rechacen sus proposiciones de ley? ¿Cómo espera el Tribunal Constitucional que sus sentencias se acaten si, la semana que viene, la mesa del Congreso volverá a prorrogar el plazo de enmiendas a sabiendas de que su comportamiento es ilícito sin que les pase nada?

Luis Miller:

"Según el último CIS, partidos como Sumar, Podemos o ERC destacan por concentrar el mayor porcentaje de votantes entre profesionales científicos e intelectuales. En España solo los superan, en este perfil, Bildu y Junts. En el caso de Sumar, aproximadamente la mitad de sus votantes son o bien estos profesionales socioculturales o jubilados, mientras que los obreros -operarios y trabajadores manuales- apenas alcanzan el 10%. En ERC el patrón es muy similar: los obreros tampoco alcanzan uno de cada diez votantes.

Daniel P. Gross

Quizás sea útil señalar que la historia rima: esto es efectivamente lo que pasó con las operadoras telefónicas, hace 100 años. Operadoras jóvenes, de nivel inicial, cuyo trabajo consistía principalmente en conectar llamadas locales —la versión más simple del trabajo— y poco más, fueron eliminadas por el conmutador automático de llamadas. Operadoras más senior, que tenían una gama más amplia de tareas y realizaban trabajos más complicados como el servicio de información, el servicio de emergencias y las llamadas de larga distancia, no se vieron tan afectadas. Incluso cuando las operadoras telefónicas locales fueron efectivamente eliminadas en toda la red de AT&T, las demás permanecieron. Mucho tenía que ver con la complejidad del trabajo y cómo estaba entrelazado con el resto de la organización.

Konstantin Kisin

En un experimento, pusieron cicatrices en los rostros de mujeres que iban a pasar una entrevista laboral… pero se las quitaron antes de ésta sin que las mujeres lo supieran. Es decir, las mujeres entraron a la entrevista creyendo que tenían desfiguraciones visibles —y salieron reportando una discriminación brutal, y contando que los entrevistadores se refirieron a sus cicatrices.

... decirles constantemente a las personas que están oprimidas o en desventaja las predispone a ver discriminación en todas partes, incluso cuando no exista.

... La ideología de la victimización no solo describe la realidad —la moldea activamente.

Vasily Grossman, Todo fluye (apud Angus Bylsma)

... para un observador superficial no cabía duda de que Rusia se aproximaba a Occidente y avanzaba en la ilustración. Pero cuanto más la superficie de la vida rusa se asemejaba a la vida occidental, cuanto más el rugido de las fábricas rusas, el traqueteo de sus vagones, el golpeteo de las ruedas del tren, el batir de las velas de sus barcos y el brillo cristalino de las ventanas de sus palacios evocaban a Occidente, tanto más profundo se hacía el abismo oculto que separaba la esencia íntima de la vida rusa de la vida occidental. La evolución de Occidente fue fertilizada por el crecimiento de la libertad; la evolución de Rusia se vio alimentada por el crecimiento de la esclavitud. Ese es el abismo que separa a Rusia de Occidente.

La historia de la humanidad es la historia de la libertad humana. El crecimiento del potencial humano se expresa, ante todo, en el crecimiento de la libertad. La libertad no es, como afirmaba Engels, «el reconocimiento de la necesidad». La libertad es lo opuesto a la necesidad; la libertad es la necesidad superada. El progreso, en su esencia, es el progreso de la libertad humana. ¿Qué es la vida misma, si no libertad? La evolución de la vida es la evolución de la libertad.

Rusia siempre ha evolucionado de un modo peculiar: lo que ha evolucionado ha sido el grado de no libertad. Año tras año, la servidumbre se hizo más dura y el derecho de los campesinos a la tierra más precario... El campesino ya no podía elegir pasar de un terrateniente a otro.

A partir de entonces, el número de «errantes» libres fue disminuyendo; el número de siervos, en cambio, no dejó de crecer; y Rusia empezó a sentirse parte de Europa. Cansado de la tierra, el campesino quedó atado primero al propietario y después a los funcionarios que representaban al Estado y al ejército. Mientras tanto, al terrateniente se le concedió primero el derecho de juzgar a sus siervos y luego el derecho a someterlos a la llamada «tortura de Moscú»... que consistía en atar las manos de un hombre a la espalda, alzarlo del suelo por las muñecas y azotarlo. Y la metalurgia rusa siguió progresando; los graneros crecieron; el Estado y su ejército se fortalecieron; el mundo asistió al amanecer de la gloria militar rusa; y la alfabetización aumentó. La extraordinaria obra de Pedro el Grande, que sentó las bases del progreso científico e industrial de Rusia, supuso también un progreso igualmente notable en la dureza de la servidumbre... Luego llegó la deslumbrante época de Catalina la Grande: la época de un extraordinario florecimiento de las artes y de la ilustración rusas, y al mismo tiempo la época en que la servidumbre alcanzó su culminación... Cada avance hacia la luz no hacía sino ahondar el pozo negro de la servidumbre.

Sin embargo, el siglo XIX... hizo tambalear... el vínculo entre progreso y servidumbre. Los pensadores revolucionarios rusos no comprendieron la importancia de la emancipación de los siervos en 1861. La emancipación de los siervos —como muestra la historia del siglo siguiente— fue más verdaderamente revolucionaria que la Revolución de Octubre. Sacudió los cimientos milenarios de Rusia... Tras la emancipación, los dirigentes revolucionarios, los estudiantes y la intelectualidad lucharon con violencia, pasión y abnegación por una dignidad humana que Rusia nunca había conocido, por un progreso sin esclavitud...

En febrero de 1917, el camino de la libertad se abrió para Rusia. Rusia eligió a Lenin.... Lenin destruyó el modo de vida de los terratenientes; destruyó a los propietarios de fábricas y a los comerciantes. Sin embargo, Lenin estaba destinado a la historia... la historia rusa le asignó la misión de preservar la antigua maldición rusa: el vínculo entre progreso y no libertad...

Es verdaderamente trágico que un hombre que amó con tanta sinceridad a Tolstói y a Beethoven contribuyera a imponer una nueva esclavitud a campesinos y trabajadores y desempeñara un papel central en la reducción a la condición de lacayos —lacayos del Estado— de figuras eminentes de la cultura rusa como el escritor Alekséi Tolstói, el físico-químico Nikolái Semiónov o el compositor Dmitri Shostakóvich... Una vez más, la esclavitud rusa resultó invencible.

Pero la tragedia de Lenin no fue solo una tragedia rusa: se convirtió en una tragedia mundial... El mundo percibió la simplicidad hipnótica de ese camino. El mundo percibió la fuerza de ese Estado popular construido sobre la no libertad... La síntesis leninista de no libertad y socialismo asombró al mundo más que el descubrimiento de la energía nuclear. Los apóstoles europeos de las revoluciones nacionales vieron la llama en Oriente. Primero los italianos, luego los alemanes, empezaron a elaborar a su modo el concepto de nacionalsocialismo. Y la llama siguió propagándose. Se apoderó de Asia y de África. Las naciones y los Estados podían desarrollarse en nombre del poder; podían desarrollarse en desprecio de la libertad. No era un alimento para los sanos, sino un narcótico para los fracasados, para los enfermos y los débiles, para los atrasados y los derrotados...

El «alma» no está aquí ni allá; sencillamente no entra en la historia. Si franceses o alemanes, italianos o ingleses hubieran sido situados hace mil años dentro de los mismos parámetros de bosque, estepa, turbera y llanura, en la fuerza desplegada entre Europa y Asia, en medio de la trágica inmensidad de Rusia, entonces el curso de su historia no habría sido distinto del de la historia rusa.

Charles Lane sobre la derrota de Orban y el triunfo de Magyar

Los partidos liberales y progresistas de Hungría prácticamente desaparecieron durante las dos últimas décadas. El único partido, aparte de Fidesz y Tisza, que ganó escaños el domingo fue el pequeño Movimiento Nuestra Patria, que es aún más derechista y nacionalista que Fidesz. Por supuesto, el giro a la derecha del país reflejaba los esfuerzos decididos de Orbán por manipular el sistema político a su favor, pero esa no es la única causa. Muchos húngaros estaban genuinamente desencantados con sus políticos de tendencia izquierdista; muchos también se sintieron repelidos por la incapacidad de la UE para frenar el aumento migratorio y preocupados por los mandatos poco realistas de energía verde que emanan de Bruselas. El posible desbordamiento de la guerra en la vecina Ucrania generó una preocupación adicional.

Existe una analogía aproximada entre Hungría en la era de Orbán e Israel durante los últimos 15 años de dominio político del primer ministro Benjamin Netanyahu. El centro de gravedad político de este último país se desplazó hacia la derecha; los únicos desafíos exitosos o potencialmente exitosos a Netanyahu provienen ahora de políticos—algunos anteriormente afiliados a su partido—que se autodenominan "de derechas".

Steven Pinker sobre Trivers

Las bases de la revolución teórica que culminaría en Trivers se sentaron en los años sesenta con los trabajos de George Williams y William Hamilton. Ambos recordaron a sus colegas biólogos que la selección natural opera a través de la competencia entre replicadores. De ello se sigue que el beneficiario último de las adaptaciones evolutivas —la respuesta a la pregunta de para qué sirve un órgano o un rasgo conductual— no es el grupo ni siquiera el individuo, como sostenía la comprensión popular, sino el gen. Hamilton formuló con claridad una consecuencia central de este planteamiento: los genes pueden perpetuarse no solo a través de la descendencia directa, sino también favoreciendo a hermanos y otros parientes consanguíneos, puesto que cualquier gen que beneficie a un pariente cercano tiene una probabilidad significativa de estar beneficiando copias de sí mismo presentes en los cuerpos de esos parientes.

La aportación decisiva de Trivers consistió en mostrar que esta superposición parcial de intereses genéticos entre individuos da lugar necesariamente a un conflicto también parcial de intereses psicológicos. El concepto clave es el de inversión parental: el tiempo, la energía y el riesgo que se dedican a aumentar la condición física y las probabilidades de supervivencia de un hijo. Los padres deben repartir esa inversión entre todos sus hijos, que son igualmente valiosos desde su perspectiva. Sin embargo, aunque cada progenitor comparte aproximadamente la mitad de sus genes con cada uno de ellos, cada hijo comparte el cien por cien de sus genes consigo mismo; por ello, su interés en su propio bienestar supera inevitablemente al de sus padres. Lo que el padre desea implícitamente —mitad para Jack, mitad para Jill— no coincide con lo que desean Jack y Jill: cada uno preferiría recibir dos tercios y que el hermano se conforme con el tercio restante. Trivers denominó a esta situación conflicto entre padres y descendencia. Su corolario es el conflicto entre hermanos: cada hijo tiene interés en el bienestar de sus hermanos, puesto que comparte con ellos la mitad de sus genes, pero ese interés queda superado por el doble interés genético que tiene en sí mismo.

El conflicto puede surgir incluso antes de que exista un hermano concreto sobre el que discrepar. El bebé Jack puede querer mamar de su madre hasta agotarla, mientras que la madre necesita reservar parte de sus recursos para Jill, aún no nacida, y para otros posibles descendientes futuros. Este conflicto se despliega a lo largo de toda la vida y se manifiesta en fenómenos tan diversos como las patologías del embarazo —por ejemplo, la preeclampsia o la diabetes gestacional—, la depresión posparto, el infanticidio, las conductas de ternura, el destete, el mimo excesivo, las rabietas, la rebeldía adolescente, la rivalidad entre hermanos y las disputas por la atención, el apoyo y la herencia parental. Al menos desde la historia de Caín y Abel, los conflictos familiares han constituido una fuente inagotable de material narrativo. No es casual que los repertorios de tramas recurrentes en las tradiciones literarias de todo el mundo incluyan sistemáticamente categorías como la rivalidad entre parientes o la enemistad familiar.

y cuándo los padres deberían invertir en hijos y cuándo en hijas. La lógica es la siguiente. Un hijo varón criado con abundantes recursos, buena nutrición, protección y capital social tiene la posibilidad de situarse en la parte alta de la distribución reproductiva masculina y dejar muchos descendientes; en ese caso, la inversión genera un retorno genético muy elevado. Pero un varón criado en malas condiciones tiene muchas probabilidades de quedar excluido de la competencia reproductiva y no dejar descendencia alguna, con lo que la inversión se pierde casi por completo. En cambio, una hija incluso en condiciones modestas suele conservar una probabilidad razonable de reproducirse al menos una vez; su éxito reproductivo es menos espectacular, pero también menos volátil. Desde el punto de vista del gen del progenitor, invertir en hijas es una estrategia más segura cuando los recursos son escasos.

Solo para la AEAT, el porcentaje de los recursos de reposición (previos a la reclamación económico-administrativa) que se estimaron en 2022 fue del 35,7%

Y a todo ello han de sumarse las estimaciones obtenidas en vía judicial por los contribuyentes que siguen recurriendo tras agotar sin éxito la vía administrativa; para los actos administrativos dictados por la AEAT esa cifra fue del 39,7% en 2022. El porcentaje de estimaciones es alto y pone de manifiesto una elevada tasa de error en los actos administrativos impugnados.

La función de la indemnización de daños en la disuasión de conductas abusivas por parte del empleador

2026-04-14T10:27:00.002+02:00

Es la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de abril de 2026

La indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un límite de doce mensualidades, se corresponde en el Derecho español con la prevista para la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas derivadas de necesidades empresariales, por lo que cabría considerar que no es una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos derivados de (la).. utilización (abusiva de contratos de duración determinada para articular relaciones laborales indefinidas). En tal caso, se pregunta si el pago de la máxima indemnización legal prevista en el Derecho español, correspondiente al despido improcedente (treinta y tres días de salario por año de servicio, con un límite de veinticuatro mensualidades), podría constituir una medida adecuada.

Es cierto, como observa el órgano jurisdiccional remitente, que la indemnización tasada que se abona en caso de extinción de la relación laboral indefinida no fija presupone que el trabajador de que se trate haya sido víctima de una utilización abusiva e ilegítima de sucesivos contratos de duración determinada. Sin embargo, no es menos cierto que se trata de una indemnización tasada que solamente se abona al trabajador afectado cuando esa relación laboral se extingue como consecuencia de que se adjudique a otra persona la plaza que él venía ocupando.

Debe asimismo señalarse que, cuando la reparación pecuniaria es la medida elegida por un Estado miembro para prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, en virtud de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, ese Estado está obligado a compensar íntegramente el perjuicio sufrido por el trabajador que ha sido víctima de tal utilización abusiva. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de reparación íntegra del perjuicio sufrido y el principio de proporcionalidad obligan a los Estados miembros a establecer una reparación adecuada, que no se limite a una indemnización meramente simbólica, sin sobrepasar, no obstante, la compensación íntegra del perjuicio sufrido por tal trabajador (sentencia de 8 de mayo de 2019, Rossato y Conservatorio di Musica F. A. Bonporti, C‑494/17, EU:C:2019:387, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

Para determinar la cuantía de una indemnización destinada a reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, han de tenerse en cuenta, en principio, todas las circunstancias del asunto, en especial la naturaleza de las funciones desempeñadas por el trabajador de que se trate y el número y la duración acumulada de los contratos en cuestión. La cuantía de la indemnización debe también valorarse en función de las ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso, así como del perjuicio sufrido como consecuencia de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado.

Aunque los Estados miembros, a los que corresponde adoptar medidas proporcionadas, eficaces y disuasorias para garantizar la plena eficacia de las disposiciones adoptadas en aplicación del Acuerdo Marco, tienen permitido concebir regímenes de sanciones y de reparación que adopten la forma de pagos de naturaleza tasada, es preciso asimismo que tales regímenes no solo permitan garantizar una reparación adecuada de los perjuicios sufridos por la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, sino que también puedan sancionar convenientemente los incumplimientos comprobados.

En el presente caso, la indemnización tasada a la que tiene derecho el trabajador indefinido no fijo cuando se extingue su relación laboral está sujeta a un doble límite máximo: el tope de los veinte días de salario por año de servicio y el tope de las doce mensualidades. Por consiguiente, semejante indemnización no puede constituir ni la reparación proporcionada y efectiva de las situaciones de abuso que superen una determinada duración en años ni la reparación adecuada e íntegra de los daños derivados de tales abusos (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 2024, DG de la Función Pública de la Generalidad de Cataluña y Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, C‑331/22 y C‑332/22, EU:C:2024:496, apartado 81). Lo mismo cabe decir de la indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio, con un límite de veinticuatro mensualidades, prevista para el despido improcedente, que el órgano jurisdiccional remitente considera que puede prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de duración determinada, puesto que esa indemnización también tiene un doble límite máximo.

Asimismo, como ha señalado esencialmente el Abogado General en los puntos 111 y 117 de sus conclusiones, habida cuenta de que tales indemnizaciones únicamente se abonan en el momento en que la relación laboral se extingue por la culminación del proceso selectivo, no resulta que su abono permita remediar efectivamente todos los casos de abuso, puesto que no parece que tengan derecho a ellas los trabajadores que se jubilen, dimitan o sean despedidos antes de que finalice el proceso selectivo.

En vista de lo anterior, no resulta que tales indemnizaciones permitan eliminar, en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión, en violación de las exigencias mencionadas en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia.

Si uno lee hasta aquí, se pregunta si el TJUE está dando carta de naturaleza en el derecho europeo a los punitive damages, ya que el texto transcrito está lleno de referencias a la necesidad de que las medidas nacionales "disuadan" a las Administraciones Públicas de utilizar abusivamente la contratación temporal para cubrir necesidades "fijas".

Pero no es así. El TJUE dice, a continuación, que

Como ha señalado esencialmente el Abogado General en los puntos 78 y 79 de sus conclusiones, un mecanismo nacional que permita que se genere la responsabilidad individual del personal de la Administración Pública puede constituir una medida que sancione debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, siempre que vaya acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas que permitan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión. A este respecto, tal mecanismo no puede reducirse a una mera posibilidad abstracta o puramente teórica, sino que debe basarse, en particular, en disposiciones nacionales precisas y ser previsible y aplicable en la práctica. En efecto, si así sucede, el Derecho nacional establece medidas sancionadoras con garantías efectivas de protección de los trabajadores, como exige el Derecho de la Unión, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 46 de la presente sentencia.

Pues bien, el Tribunal de Justicia consideró, en un asunto referente a unas disposiciones nacionales similares, o incluso, como indicó la Comunidad de Madrid en la vista, idénticas a las controvertidas en el litigio principal, que el tenor de las disposiciones controvertidas parecía tener un grado de ambigüedad y de abstracción tal que no resultaban comparables a las disposiciones nacionales reguladoras del mecanismo italiano de responsabilidad de las Administraciones al que se refirió el Tribunal de Justicia en la sentencia de 7 de marzo de 2018, Santoro (C‑494/16, EU:C:2018:166) (véase la sentencia de 22 de febrero de 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y otros, C‑59/22, C‑110/22 y C‑159/22, EU:C:2024:149, apartado 113).

Y es que la legislación italiana establecía

5 quater. Los contratos de trabajo de duración determinada que infrinjan el presente artículo serán nulos y generarán responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. Los directivos que actúen contraviniendo las disposiciones del presente artículo también serán responsables, a los efectos del artículo 21. No se concederán complementos salariales vinculados a los resultados […] al personal directivo responsable de irregularidades en la utilización del trabajo flexible.»

DerechoMercantil

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Citas: crédito al consumo y reconocimiento de sentencias, leer novelas no te hace especial y muchos breves

Breve

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Sustainability Auditors: Woke Homeopathy

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La asociación-fundación en derecho alemán y en derecho español

foto: Pedro Fraile

La diferencia entre la asociación y la fundación

La aparición de las asociaciones-fundaciones en derecho alemán

¿Se infringe la libertad de asociación cuando se constituye una asociación como la "Constructora benéfica. Asociación de Caridad?

¿Por qué los alemanes recurren a la "asociación-fundación"?

Modificación del propósito-fin de la asociación y disolución

Andreas Schlüter, Stiftung und Körperschaft – Körperschaften als Ersatzform der rechtsfähigen Stiftung, Walz/Hüttemann/Rawert/Schmidt (Hrsg.) Non Profit Law Yearbook 2006, 2007, p 75 ss

El Tribunal Supremo transforma el art. 28.3 LCA que deja de decir "la indemnización no podrá exceder, en ningún caso" para pasar a decir "la indemnización consistirá, en todo caso...."

Complaint concerning the counterproductive effects of Regulation (EU) 2019/2144 on road safety due to the intrusiveness of ADAS systems

Un ejemplo más de la sobrerregulación europea: Reglamento (UE) 2019/2144 de homologación de seguridad de los coches

Asunto: Queja sobre los efectos contraproducentes del Reglamento (UE) 2019/2144 en la seguridad vial debido a la intrusividad de los sistemas ADAS

Una sentencia terrible del Tribunal Supremo: incluir una cláusula de fijación del precio de reventa hace nulo de pleno derecho un contrato de franquicia entre un señor de Mérida y una señora de La Coruña. Quantum pro degeneramus

¿Un restaurante por 4000 euros? Lo que tiene simular el precio en la escritura pública de compraventa de participaciones

Una solicitud de medida cautelar cuando ha pasado un año... se desestima con seguridad y se puede volver contra ti

Estudios de interés: sentimiento anti-alemán e inversión en educación; efectos de la inmigración irregular; IA y precio de la electricidad; el coste del clientelismo en probabilidad de insolvencia; los que desconfían de los bancos, desconfían del gobierno; IA en EE.UU. y en Europa,

Efectos de la entrada masiva de inmigrantes en los EE.UU.

Centros de datos para IA y precios de la electricidad

La brecha salarial entre afroamericanos y blancos y la evolución de la tecnología

Disparidades en la adopción de la IA en EE.UU y en/a lo ancho de Europa

Ingresos laborales y nivel de estudios

Sentimiento anti-alemán y aumento del gasto en educación

¿La gente desconfía específicamente de los bancos tradicionales o es una desconfianza generalizada hacia cualquier institución, incluyendo al gobierno o a las plataformas de pago digitales?

Clientelismo, instituciones y default soberano

¿Por qué unas tiendas se llenan y otras no? Un nuevo método para entender los altibajos de los negocios en Nueva York"

Francina Armengol o el tango de la Menegilda y otras citas. Sánchez, el que miente hasta en el Financial Times

Francina Armengol o el Tango de la Menegilda

Toda la historia de los avances tecnológicos está impulsada por los usos frívolos. Regular lo "frívolo", despreciar lo "frívolo", es cortar el pipeline de financiación del progreso. Brivael

Y los bienintencionados que quieren privar a los pre-adolescentes del acceso a redes sociales. The West Australian vía Pablo Malo

Sánchez miente hasta en el FT

Breve

¿Afecta la IA a los deberes fiduciarios de los administradores?

Publicidad de la información privilegiada

Citas: Valdecantos, Sánchez, Krier, control de alquileres, juegos de azar, Irán,

Breve

El futuro de la IA, Séb Krier

El artículo 1798 CC no es contrario a las libertades de circulación

¿Nos hemos hecho más listos - en sentido contemporáneo - en los últimos 10.000 años al hacernos agricultores?

El superávit comercial de China con el bloque de 11 naciones de la ASEAN alcanzó un récord de 276.000 millones de dólares en 2025 FT

El discurso de Sánchez en la Universidad de Pekin-Tsinghua.

¿Por qué los ciudadanos apoyan los controles de precios (alquileres) a pesar de que saben que destrozan el mercado del alquiler y dejan a todo el mundo peor?

Porque les hace "sentirse bien" por lo que es necesario que experimenten personalmente los resultados perjudiciales de la política legislativa para cambiar de opinión

Valdecantos: «Conocer la religión para poder conocernos», en EL PAÍS

El problema de los juniors y la inteligencia artificial

Guido Friebel, Yao Huang, Jin Li, Andrew Zhang, Soumitra Shukla, Pyramids, Diamonds, and Oscillations: AI and the Structure of Internal Labor Markets, 2026

Fernández Torres sobre la Directiva de acciones de voto múltiple

Isabel Fernández-Torres, La Directiva de voto múltiple​: reflexiones generales y contradicciones internas y externas, RDBB 175(2025)

¿Qué pasa cuando se muere uno de los dos socios de una sociedad de personas?

Método simplificado para usar las inteligencias artificiales crítica e innovadoramente

El núcleo de la idea: el alumno como gestor del enfrentamiento entre discursos

Una herramienta auxiliar, no una pedagogía basada en IA

El método presupone que el estudiante ya tiene conocimientos sustantivos previos sobre el tema trabajado

¿Leen los alumnos la literatura científica?

Vives sobre la inescindibilidad de las acciones y participaciones

Fernando Vives, ¿Qué queda del principio «una acción, un voto»? Especial referencia a las sociedades no cotizadas, Revista de Derecho Mercantil 336 (2025)

Citas

Breve:

Habrá que poner una querella a la mesa del Congreso por prevaricación continuada ¿no?

Luis Miller:

Vasily Grossman, Todo fluye (apud Angus Bylsma)

Solo para la AEAT, el porcentaje de los recursos de reposición (previos a la reclamación económico-administrativa) que se estimaron en 2022 fue del 35,7%

La función de la indemnización de daños en la disuasión de conductas abusivas por parte del empleador

Isabel Fernández-Torres, La Directiva de voto múltiple: reflexiones generales y contradicciones internas y externas, RDBB 175(2025)