Derecho Penal y sociedad

Ivan Salvadori: “La lucha contra el cibercrimen no es una guerra perdida”

2012-11-17T15:44:00.000-05:00

Además de los beneficios para la economía, la innovación y el desarrollo, los avances tecnológicos traen consigo retos para disciplinas que, como el Derecho, están en permanente evolución. En materia jurídica, los desafíos más evidentes se presentan en temas civiles, comerciales, constitucionales y penales, entre otras ramas.

La tipicidad de conductas delictivas que se producen por cuenta de la tecnología es uno de los temas que genera más debate entre los estudiosos del Derecho Penal. Con ocasión de su reciente visita a Colombia, ÁMBITO JURÍDICO conversó sobre el fenómeno de la cibercriminalidad con Ivan Salvadori, profesor de Derecho Penal Informático de las universidades de Barcelona (España) y de Verona (Italia).

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Es eficiente la lucha contra la criminalidad informática en los países europeos?

Ivan Salvadori: En los últimos años, los legisladores europeos, impulsados por la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa (CE), han hecho muchos esfuerzos para luchar contra la criminalidad informática. Así, todos los países tienen normas ad hoc en materia de cibercriminalidad. Muchas de las legislaciones penales europeas están en línea con los estándares supranacionales y, en particular, con el Convenio sobre el Cibercrimen del CE y la Decisión Marco 2005/222/JAI del CE, relativa a los ataques contra los sistemas informáticos.

Sin embargo, la cifra negra de criminalidad, esto es, la tasa de delitos y delincuentes que no son descubiertos o condenados, sigue siendo elevada. Esto explica, en parte, que sea escasa la aplicación jurisprudencial de los delitos informáticos en muchos ordenamientos jurídicos europeos.

Á. J.: ¿A qué se debe esa impunidad?

I. S.: A menudo, las víctimas de delitos informáticos no denuncian los hechos, porque no saben que han sido víctimas, no conocen la existencia de soluciones legales o creen que es inútil poner una denuncia. Las empresas y los bancos prefieren resolver internamente los incidentes informáticos de los que son víctimas (phishing, espionaje informático, estafas, etc.), en lugar de denunciarlos, por miedo a dañar su imagen y perder la confianza de los clientes.

A todo esto hay que añadir que, a veces, las autoridades de law enforcement (de aplicación de la ley) no tienen los instrumentos legales y los conocimientos técnicos necesarios para averiguar y perseguir de manera eficaz los criminales informáticos. En este sentido, es oportuno que se siga en el camino de la armonización no solamente del Derecho Penal sustantivo, sino también del Derecho Procesal Penal de los países europeos, de conformidad con los estándares internacionales más avanzados, para facilitar la cooperación entre las autoridades competentes nacionales y garantizar la persecución de estos delincuentes.

Á. J.: ¿Es coherente el Derecho Penal y la legislación en esta materia con el constante avance de la tecnología?

I. S.: El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las facilidades con las que es posible conectarse a internet desde cualquier lugar del mundo, además de haber facilitado la realización de ataques a bienes jurídicos tradicionales (patrimonio, honor, intimidad y libertad sexual, en particular de los menores, etc.) ha favorecido la comisión de actos ilícitos que afectan a nuevos intereses jurídicos, como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos.

Frente a estas nuevas amenazas, se han evidenciado los límites del Derecho Penal tradicional. Con el fin de superar estas lagunas que existen en los ordenamientos jurídicos, sectores de la jurisprudencia han intentado extender el ámbito de aplicación de los delitos informáticos a través de interpretaciones analógicas en malam partem. Paradigmática, por ejemplo, es la tentativa de subsumir en el delito tradicional de hurto las conductas de los empleados infieles (o insider) que, de manera abusiva, copian los datos informáticos almacenados en los ordenadores de las compañías con las que trabajan, sin tener en cuenta que los datos informáticos, por su carácter intangible, no pueden ser equiparados a una cosa mueble.

Á. J.: ¿Y qué debe hacer el legislador?

I. S.: La rápida obsolescencia del Derecho Penal frente al incesante desarrollo de las TIC ha llevado a los legisladores nacionales a reformar repetidamente su propia normativa penal en el área de la criminalidad informática, con el fin de eliminar los vacíos que no permitían castigar los nuevos fenómenos criminosos que se realizan en el ciberespacio (phishing, hacking, cracking, ataques de denegación de servicio, difusión de programas malware, botnet, etc.).

Para evitar continuas reformas penales, los legisladores, en línea con los estándares de las organizaciones supranacionales, tendrían que emplear un lenguaje neutro en la formulación de los delitos informáticos en cuanto a la tecnología, de manera que los nuevos tipos puedan aplicarse, tanto a las tecnologías actuales como a las futuras. Sin embargo, esto no significa que se pueda emplear un lenguaje indeterminado o recurrir a normas penales en blanco. En línea con los principios de legalidad, taxatividad y precisión, los legisladores tendrán que introducir tipos delictivos claros y delimitados, para evitar la multiplicación de normas contiguas y los consiguientes conflictos entre ellas.

Á. J.: ¿Existen herramientas adecuadas de investigación para hacer frente a la criminalidad informática, en especial en los organismos estatales?

I. S.: El aumento exponencial de la utilización de las TIC hace que los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos (CIA offences) sean más frecuentes. Las TIC facilitan, además, la comisión en internet de delitos tradicionales (difamaciones, difusión de contenidos de pornografía infantil, racismo, etc.). El trabajo de la policía y de las autoridades de law enforcement implica el descubrimiento, la recogida y la conservación de pruebas electrónicas para la averiguación y persecución de los criminales.

Para una lucha eficaz contra el cibercrimen, es importante proporcionar a la policía, fiscales y jueces los instrumentos legales y los conocimientos técnicos necesarios sobre el funcionamiento de las tecnologías.

Á. J.: ¿Y cómo se deben preparar las autoridades frente a este tema?

I. S.: En los últimos años, muchos países, con la asistencia técnica de las organizaciones internacionales, han empezado a realizar cursos específicos en materia de digital forensics para formar a las autoridades competentes sobre las técnicas más avanzadas de investigación. Muy importante resulta también la creación a nivel nacional de una red de contacto 24/7, con el fin de garantizar una asistencia inmediata en materia de criminalidad informática y fortalecer la cooperación judicial entre los Estados.

Los países a la vanguardia en la lucha contra el cibercrimen han creado, dentro de sus fuerzas de policía, grupos de investigadores (cybercrime unit) y los han dotado de las herramientas hardware y software más avanzadas. Es deseable que estas reglas de good practice en la lucha contra el cibercrimen se extiendan a todos los países del mundo. En este sentido, hay que apreciar los esfuerzos realizados por el CE y la UE que, en los últimos años, han promovido la organización de cursos específicos para formar policías, fiscales y jueces; han elaborado reglas de good practice para la búsqueda y recogida de pruebas electrónicas y han formulado líneas guías para investigar y perseguir ciberdelitos.

Á. J.: De acuerdo con el carácter de ‘ultima ratio’ del Derecho Penal, ¿es necesario involucrar esta área del Derecho en aspectos referidos a los ámbitos informáticos?

I. S.: El incesante avance de las TIC ha favorecido las relaciones sociales, económicas y jurídicas en el ciberespacio y ha facilitado la circulación de las informaciones en internet. Así, en la sociedad de la información han emergido nuevos bienes jurídicos, como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos. Para proteger estos intereses jurídicos, muchos legisladores han introducido, en línea con las recomendaciones internacionales, nuevos delitos para castigar el acceso ilícito a un sistema informático (hacking), los daños informáticos, la interceptación de datos y la difusión de malware.

Sin embargo, el legislador penal no puede justificar la introducción de nuevos tipos delictivos únicamente por la necesidad de superar las lagunas que existen en el ordenamiento o para aplicar las obligaciones internacionales. Antes de introducir nuevos delitos, el legislador tendrá que evaluar si existen otros instrumentos técnicos o medidas preventivas de naturaleza extrapenal idóneas para proteger los nuevos intereses jurídicos.

Muy a menudo, las TIC ofrecen la posibilidad de adoptar medidas de seguridad y dispositivos técnicos de protección idóneos para garantizar el nivel necesario de protección. Paradigmático es el fenómeno del spamming, esto es, el envío en masa de correos electrónicos que contienen publicidad no deseada. Si bien algunos Estados castigan el spamming con una sanción penal, como EE UU, más oportuno sería adoptar, de conformidad con el principio de ultima ratio del Derecho Penal, medidas de protección técnica o sanciones administrativas.

Á. J.: Es evidente una tendencia hacia el control de la información difundida en la red. ¿Esto supone la criminalización de aquellos medios de comunicación encargados de su administración, inclusive cuando se trate de opiniones de terceros?

I. S.: En la sociedad de la información, se está manifestando la tendencia hacia el reconocimiento a administradores y gestores de blogs, gestores de forum, news-group y proveedores de servicio de internet de nuevas posiciones de control preventivo sobre los contenidos y las informaciones que se difunden mediante los servicios que ponen a disposición de los internautas.

Sin embargo, estas razones, sobre todo de carácter técnico-organizativo, conducen a la exclusión de la oportunidad de introducir nuevas posiciones de control y de garantía. La interactividad que caracteriza internet hace casi imposible un control sobre los contenidos que se difunden en la red.

La previsión de una gravosa y, a veces, inexigible obligación de control sobre los contenidos llevaría el riesgo de limitar la libertad de comunicación y de información de los internautas, puesto que los administradores y gestores de blog, news-group, periódicos telemáticos, entre otros, tendrían que actuar como verdaderos censores, sin tener, muchas veces, conocimientos profesionales y jurídicos para apreciar el carácter ilícito de los contenidos, opiniones o comentarios que se publican en los espacios web que gestionan.

A eso hay que añadir que si estos sujetos tuviesen la obligación de controlar previamente todo lo que se publica en sus medios telemáticos de comunicación, se limitaría notablemente la posibilidad de actualizar en tiempo real los contenidos en el web.

Á. J.: ¿Y cómo hallar responsabilidades?

I .S.: Esto no significa que el administrador del medio de comunicación no pueda responder penalmente por los delitos que se han cometido por parte de terceros mediante el medio que dirige, puesto que se le aplicaría la normativa en materia de autoría o de participación, cuando se demuestre, por ejemplo, que haya colaborado con terceros en la comisión de un hecho ilícito, como difamación, instigación a la comisión de delitos, etc.

Para garantizar un equilibrio entre la libertad de pensamiento, que incluye el derecho a la información por parte de los internautas, y la protección de los derechos inviolables del hombre en el ciberespacio (honor, dignidad, intimidad etc.), parece más correcto introducir en perspectiva de lege ferenda la obligación para los administradores de los medios en internet de comunicar a las autoridades competentes aquellas informaciones que puedan ser útiles para facilitar la investigación y la averiguación de los criminales y la obligación de bloquear los datos ilegales publicados en sus espacios web, si tienen conocimiento de su existencia.

Á. J.: ¿Que percepción tiene del Derecho Penal colombiano en materia de criminalidad informática?

I. S.: Con la Ley 1273 del 2009, el legislador introdujo el Título VII Bis en el Código Penal, dedicado a la protección de la información, para incriminar, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, los atentados contra la confidencialidad, la intimidad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos.

Lo que más llama la atención de la normativa penal colombiana en materia de cibercriminalidad es, en primer lugar, su severo tratamiento sancionatorio, que en muchos casos resulta desproporcionado. Por ejemplo, el delito de acceso abusivo a un sistema informático (art. 269A, C.P.), que pese ser un punible básico para la comisión de otros delitos más graves, como el espionaje, la manipulación de datos o el sabotaje informático, se castiga con la misma pena de prisión (de 48 a 96 meses) prevista para los daños informáticos (arts. 269B y 269D, C. P.), cuyo desvalor es ser más grave.

A veces, el legislador parece no haber tenido en cuenta el desvalor de cada acto ilícito, como en la normativa en materia de daños informáticos. En contra de las recomendaciones internacionales, que de manera implícita requieren que se castigue de manera diferente los daños a los datos y los daños a sistemas informáticos, el legislador colombiano ha equiparado el tratamiento sancionatorio. Sería oportuno distinguir sobre la base del desvalor de las conductas.

Á. J.: ¿Qué otras contradicciones ha encontrado?

I. S.: También hay dudas respecto a la excesiva anticipación de la tutela penal. Como ejemplo están los “delitos obstáculo”, previstos por el artículo 269E del Código Penal (uso de software malicioso) y por el artículo 269G de la misma norma (suplantación de sitios web para capturar datos personales). Se castiga con una pena muy elevada, de prisión de hasta 96 meses, la simple conducta de quien produzca, distribuye, envíe e, incluso, de quien adquiera un software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos o de quien diseñe, desarrolle, ejecute o programe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes.

El legislador ha anticipado excesivamente la tutela penal respecto a conductas que se ponen en una fase preparatoria respecto a la efectiva puesta en peligro de bienes jurídicos, con lo que se violan los principios de proporcionalidad y de lesividad de los delitos. La verdadera finalidad de estas incriminaciones, más que proteger bienes jurídicos, parece ser la de facilitar las actividades de investigación por parte de la policía. Pienso que sería oportuno que el legislador diseñe estos delitos en línea con las recomendaciones de las organizaciones internacionales, requiriendo que los programas maliciosos sean objetivamente diseñados o adaptados con el propósito de cometer un delito y en donde se requiera, además, la intención por parte del autor. Esto evitaría una indeseable sobre-criminalización, permitiendo, al mismo tiempo, el empleo de estas herramientas software para actividades de investigación y para fines de seguridad informática.

Á. J.: ¿Qué se puede esperar de la criminalidad informática hacia el futuro y, especialmente, de la lucha de los Estados por atacarla?

I. S.: El incesante desarrollo de las TIC creará nuevas posibilidades para la comisión de delitos, como el hacking, el espionaje y el fraude informático, los sabotajes, el robo de identidad, el phishing, el terrorismo, etc. La accesibilidad a internet a nivel mundial favorecerá no solamente la difusión de informaciones entre internautas, sino también el intercambio de contenidos ilícitos (pornografía infantil, material protegido por derechos de autor, contenidos racistas y xenófobos, etc.).

Internet es muy difícil de vigilar por parte de las autoridades de policía y puede proporcionar un elevado nivel de anonimato a los criminales informáticos, lo que dificulta su persecución penal. No hay duda de que la criminalidad informática representa uno de los mayores desafíos a nivel global. Sin embargo, la lucha contra el cibercrimen no es una guerra perdida.

Á. J.: ¿Y cómo utilizar la tecnología para combatir estos delitos?

I. S.: Las TIC constituyen un poderoso instrumento no solamente para los delincuentes, sino también para las autoridades de law enforcement, que pueden emplear esta tecnología para investigar y perseguir a los criminales. Una lucha eficaz contra el cibercrimen requiere de un elevado conocimiento tecnológico por parte de los expertos y respuestas comunes a nivel global. Es indispensable promover la armonización tanto del Derecho Penal sustancial como procesal en el área de la criminalidad informática, de conformidad con los estándares de las organizaciones internacionales y, en particular, con el Convenio sobre el Cibercrimen del Consejo de Europa, que sigue siendo el instrumento más importante en la materia. Habrá que impulsar, además, la cooperación judicial internacional e introducir a nivel global nuevos mecanismos para resolver los conflictos de jurisdicción.

Tomado de: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-121017-14%28ivan_salvadori_la_lucha_contra_el_cibercrimen_no_es_una_guerra_perdida%29/noti-121017-14%28ivan_salvadori_la_lucha_contra_el_cibercrimen_no_es_una_guerra_perdida%29.asp?Miga=1&IDobjetose=13559&CodSeccion=96

Cibercriminalidad: la delincuencia en “el otro espacio”

2012-09-11T12:33:00.000-05:00

“Dime qué haces en internet y te diré qué te puede pasar en el ciberespacio. A mayor interacción e introducción de objetivos en el ciberespacio, mayor posibilidad de ‘cibervictimización’. A mayor autoprotección, menos probabilidad de victimización”.

Así lo afirmó el profesor Fernando Miró Linares, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de Alicante (España), durante el VI Congreso Internacional de Derecho Penal, que se lleva a cabo en la Universidad de Los Andes, en Bogotá.

De acuerdo con Miró, el término “cibercriminalidad” no es un concepto esencialmente jurídico, sino criminológico, que se refiere al ámbito en el cual se realiza la infracción. “Estamos en dos ámbitos a la vez. Estamos en el espacio físico o material y estamos en el ciberespacio. Esto es tan simple como que el delito cometido en el espacio físico es el delito físico material, y el delito cometido en el ciberespacio, usando las tecnologías de la información, es el cibercrimen”, señaló.

Según el catedrático, hoy por hoy existen tres clases de faltas relacionadas con internet. En primer lugar, está el “ciberdelito” económico, que abarca el fraude y el phising, es decir, adquirir información confidencial de manera fraudulenta, como una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otro tipo de información bancaria.

Por otro lado, están los delitos políticos e ideológicos, entre los que se destaca el “hacktivismo”, (entendido como la utilización no violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas, en procura de fines políticos), el “ciberterrorismo” y las acciones raciales, entre otras.

Otro tipo de delito, que también está en alza y es cada vez más preocupante, es el “cibercrimen” social. En esta línea, el “ciberacoso”, el bullying y la persecución en internet son los más comunes.

Una oportunidad criminal

El crimen, señaló Miró, se produce porque hay un agresor motivado, un objetivo adecuado y ausencia de un guardián capaz.

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“En el ciberespacio esto es exactamente igual, por lo menos en cuanto a la presencia de los tres elementos. Sin embargo, la forma en la que se producen estos tres elementos, en la que interaccionan, es diferente,porque aumentan las posibilidades de contacto entre agresor y objetivo, crece el protagonismo de la víctima en la ecuación y disminuye la importancia de los vigilantes”, indicó.

El experto aclaró que para que un objetivo sea adecuado en el ciberespacio, tiene que ser introducido, tener valor e interactuar, pues esa interacción representa la visibilidad.

“La clave para ser victimizado en el ciberespacio es la interacción. A mayor interacción, mayor posibilidad de victimización. Según los bienes que introduzcamos, podemos ser victimizados por un delito o por otros. Finalmente, dependiendo de la autoprotección de la persona, la victimización se produce o no. A mayor autoprotección, menor victimización. Quien no tiene antivirus, quien no actualiza o cambia sus contraseñas puede ser victimizado”, explicó.

Finalmente, señaló que el uso del correo electrónico, las compras por internet, escribir en foros y blogs, consumir pornografía o realizar transacciones bancarias son elementos de interacción que, si se hacen al mismo tiempo, incrementan el riesgo de ser victimizados.

Tomado de:http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120910-14(cibercriminalidad_la_delincuencia_en_el_otro_espacio_)/noti-120910-14(cibercriminalidad_la_delincuencia_en_el_otro_espacio_).asp?Miga=1&IDobjetose=13235&CodSeccion=40

Declaran que es inconstitucional condenar a perpetua a menores

2012-08-22T14:50:00.001-05:00

El máximo tribunal penal nacional analizó las condenas que recibieron en 1999 tres menores acusados de delitos gravísimos. Así, se adecua el Derecho argentino a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

La Cámara Federal de Casación Penal determinó que la condena a prisión o reclusión perpetua para imputados que cometieron delitos cuando eran menores es inconstitucional. El fallo, firmado por los integrantes de la Sala II, Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, adecua el Derecho argentino a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos. Y lo hace en consonancia con una decisión de la Comisión Interamericana de DD HH que consideró que el Estado había violado la Convención sobre los Derechos del Niño.

El fallo, de 137 páginas, tiene aristas controvertidas, porque trata los casos de tres menores condenados por delitos gravísimos en 1999. Hoy son mayores y están en prisión, pero a partir de la sentencia de la Casación, el tribunal que los condenó hace más de una década deberá mensurar nuevamente la pena, que –queda claro– tendrá que ser inferior a la de perpetua. Y además deberán analizarse nuevas circunstancias como denuncias sobre torturas por parte de los reclusos.

César Alberto Mendoza fue condenado por el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de Capital el 28 de octubre de 1999 por dos homicidios calificados, tres asaltos a mano armada, una tentativa de robo y lesiones varias. Claudio David Núñez escuchó la sentencia del mismo tribunal el 12 de abril de 1999 como responsable de cinco homicidios, ocho asaltos –dos en grado de tentativa– tenencia ilegal de armas de guerra y asociación ilícita.

La condena contra Lucas Matías Mendoza –sin parentesco con César Alberto–, lo halló coautor de dos homicidios calificados, ocho robos agravados y otros delitos menores.

Las tres condenas estaban firmes: habían sido revisadas por la propia Cámara y también por la Corte Suprema. Es decir que tenían fuerza de "cosa juzgada". Sólo en circunstancias muy excepcionales un fallo de tal naturaleza puede ser revisado. El ejemplo clásico es un imputado condenado por homicidio y, después de que la sentencia quedó firme, la presunta víctima aparece con vida.

Aquí ocurrió que los tres casos llegaron hasta la instancia de la justicia supranacional de la Corte Interamericana de DD HH. Ese tribunal todavía no se pronunció, pero existe la posibilidad cierta de que el Estado argentino sea sancionado.

Los camaristas subrayaron que el informe 172/10 de la CIDH establece "un estándar de reconocimiento de derechos fundamentales mayor al que rige en el orden interno", lo cual implica una severa contradicción: el Estado adhiere en su Constitución a tratados internacionales que se contraponen con la legislación interna.

Los camaristas realizaron lo que en la jerga judicial se denomina una "interpretación pretoriana", y declararon la inconstitucionalidad de las condenas. Ello no significa que los condenados saldrán mañana en libertad; no se anuló la responsabilidad sino el "quantum" de la condena. Sin embargo, fuentes judiciales reconocieron que un abogado podría presentarse ante el juez de ejecución penal que tenga bajo su supervisión a los tres condenados y pedir sus excarcelaciones hasta tanto se cuantifique la nueva pena.

El fallo subraya la ausencia de un régimen penal juvenil acorde a los tiempos que corren: "Se impone la necesidad de una reforma integral del sistema que permita el adecuado cumplimiento de los derechos de orden superior que han sido lesionados para evitar que se produzcan situaciones análogas en el futuro." «

otros casos en Mendoza

Además de los tres casos que alcanzó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, hay otros tres jóvenes que fueron condenados a perpetua siendo menores de edad. Se trata de Diego Arce, Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández, cuyas sentencias fueron dictadas por la justicia mendocina y por eso no fueron incluidas en este fallo. Los dos primeros continúan detenidos mientras que Videla Fernández apareció colgado en la Penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005, cuando tenía 20 años.

Arce fue condenado a los 17 años y lleva más de diez años preso. En tanto, Roldán Cajal fue sentenciado en 2000. Las condenas fueron avaladas por la Cámara Penal de Menores de Mendoza.

Tomado de: http://tiempo.infonews.com/2012/08/22/policiales-83997-declaran-que-es-inconstitucional-condenar-a-perpetua-a-menores.php

¿Se la fumó verde? por: Rodrigo Uprimny Yepes

2012-08-18T14:22:00.001-05:00

La propuesta de Petro de crear centros controlados de consumo para adictos a drogas ilegales amerita ser evaluada y debatida en forma reposada, pues está bien orientada, aunque su sustentación no haya sido buena.Su justificación esencial es que muchos de los problemas más graves de los adictos a drogas ilícitas derivan del consumo en condiciones de ilegalidad.

Esto no significa que las drogas ilícitas, como la marihuana o la cocaína, no tengan riesgos. Obviamente los tienen, como también los tienen el alcohol y el tabaco. Tampoco se trata de banalizar el drama de quienes caen en la adicción, que puede destruir vidas y familias. Se trata simplemente de enfatizar que esos problemas son mayores cuando el usuario tiene que acceder a la sustancia en un mercado ilegal y tiene que consumirla en la marginalidad.

Muchas veces esta marginalidad, más que el uso de la droga en sí misma, es la que provoca los más graves efectos al usuario. Así, la marginalidad obliga al consumidor de heroína a utilizar jeringas usadas, lo cual incrementa el riesgo de contagio de hepatitis B o VIH.

La ilegalidad evita también un control de la calidad de los productos, lo cual es muy grave para la salud pública. Si el alcohol estuviese prohibido, un alcohólico no podría comprar licor certificado en expendios controlados, sino que tendría que recurrir a compras clandestinas ¿Imaginan ustedes las cantidades de muertes o de personas ciegas por trago adulterado? Algo semejante sucede en el mercado de drogas ilícitas. Muchas muertes por supuesta sobredosis no derivan de un exceso del consumidor, sino de la pésima calidad de la droga ilegal.

Finalmente, las condiciones de marginación e ilegalidad reducen la posibilidad de que un adicto decida acceder a un programa de apoyo y rehabilitación.

Las llamadas salas de consumo han sido entonces creadas, en el marco de las llamadas políticas de reducción del daño, como una estrategia para disminuir la marginalidad de los adictos y atenuar así su sufrimiento.

Estas experiencias son diversas. En algunos casos, como las salas que existen en Bilbao o Frankfurt, simplemente se ofrece un espacio protegido y seguro para que la persona pueda consumir más tranquilamente la droga que consiguió en el mercado ilegal. Este espacio es entonces aprovechado por las autoridades sanitarias para atender eventuales sobredosis y orientar a los usuarios a formas menos riesgosas de consumo. Algunos de ellos deciden incluso participar en programas de rehabilitación.

En otros casos, como las salas de heroína en Zúrich, se va más lejos, pues el Estado suministra, bajo supervisión médica, heroína a consumidores que no han logrado superar su adicción con otros programas. Este suministro médico de la heroína permite entonces que esas personas tengan una vida mejor, a pesar de su adicción, lo cual no sólo reduce su sufrimiento personal, sino que disminuye los problemas sociales asociados a estos consumos problemáticos. Algunos deciden incluso dejar la heroína.

Estas salas de consumo han salvado vidas y atenuado los sufrimientos de muchos adictos. No entiendo entonces cómo pueden ser contrarias a la dignidad humana, como lo sostuvo el procurador. Y a la larga son además un buen negocio para la sociedad, pues los costos en que incurre el Estado son ampliamente compensados por la prevención de crímenes o de enfermedades más graves y costosas para el sistema de salud, como el sida.

Es obvio que una propuesta audaz como esta no debe ser improvisada y debe estar integrada a políticas globales frente a las drogas, por lo que es desafortunado que Petro la haya soltado sin un buen sustento. Pero es una opción que Colombia debe evaluar seriamente y que no debe ser descalificada con un mal chiste, como lo hizo el procurador al acusar al alcalde de habérsela fumado verde.

Tomado de: http://dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=estado_de_derecho&publicacion=1257

Corte Suprema aclara diferencia entre dolo eventual y preterintención

2012-08-02T10:30:00.000-05:00

La Sala de Casación Penal aclaró que el dolo eventual se genera cuando una conducta implica un riesgo y puede causar otros, cuya producción no es impedimento para que continúe el comportamiento. Por su parte, en la conducta preterintencional, el agente orienta su actuación consciente y voluntaria hacia un resultado típico, del cual se deriva un segundo resultado distinto y más grave.

En ese sentido, concluyó que la diferencia entre estos delitos consiste en que en el dolo eventual, el resultado no excede el propósito del agente, porque actúa a sabiendas del riesgo que asume y de que el resultado lesivo se producirá, si no hace nada para evitarlo.

De esta forma, la corporación negó que se configurara el delito de homicidio preterintencional en la muerte de una mujer causada por el suministro de grandes dosis de opiáceos con fines distintos a quitarle la vida, pues el victimario no solo omitió prestarle ayuda oportuna, sino que mintió a los médicos sobre la sustancia suministrada.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia 30485, mar. 28/12, M. P. Augusto Ibáñez Guzmán)

Tomado de: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120730-01(corte_suprema_aclara_diferencia_entre_dolo_eventual_y_preterintencion)/noti-120730-01(corte_suprema_aclara_diferencia_entre_dolo_eventual_y_preterintencion).asp?Miga=1&IDobjetose=12926&CodSeccion=84

Miguel Ángel Pedraza Jaimes: “El sistema acusatorio está desdibujado legalmente”

2012-06-19T12:04:00.000-05:00

Los males de la sociedad, expresados en sus altos índices de delincuencia, no se pueden curar a partir del Derecho Penal. Así lo asegura Miguel Ángel Pedraza Jaimes, uno de los abogados penalistas más destacados de Santander.

A Pedraza, litigante, docente y tratadista, le preocupa el afán por criminalizar y judicializar diversas conductas, que ha generado toda una inflación legislativa. El Derecho Penal, a su juicio, debe ser congruente y dinámico, antes que un legajo de normas dispersas y paralelas.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué es lo que más le apasiona del Derecho Penal?

Miguel Ángel Pedraza: En esencia, el estudio. Entender y comprender la teoría de la conducta punible y sus categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Conocer los tipos penales de la parte especial y la determinación de la pena. Y además, concebir adecuadamente la estructura del proceso penal colombiano, con independencia de si se trata del sistema inquisitivo, mixto o del sistema acusatorio.

Á. J.: ¿Algo por lo que haya pensado en “tirar la toalla”?

M. Á. P.: Sí, en los inicios de la implementación del sistema acusatorio. Eso era un caos, nadie sabía cómo operaba, todo era improvisado, tanto por los fiscales como por los jueces y los abogados. La mayoría de jueces eran autoritarios. Las garantías procesales no eran tales, imperaba una absoluta reserva investigativa, y solo a partir de las primeras sentencias de la Corte Constitucional se empezó a despejar el panorama.

Á. J.: ¿Es cierto que el sistema acusatorio está a punto de colapsar?

M. Á. P.: Es cierto. El sistema acusatorio está desdibujado legalmente. Todo parece indicar que la congestión, la carga laboral, la mora judicial y la inflación legislativa acabarán con el sistema.

Á. J.: ¿Qué haría usted para solucionar la crisis?

M. Á. P.: Considero que la Fiscalía General debe implementar una política de selección de casos, para que no todo conflicto se resuelva por medio del Derecho Penal. El Congreso debe moderarse en su afán de reformas al procedimiento penal, pero se requiere una sustancial modificación de la etapa del juicio, debido a su excesivo formalismo, sobre todo en materia probatoria. También se debe discutir el régimen de libertad, en cuanto la propia ley lo ha vuelto antigarantista y antidemocrático, por haber convertido la detención preventiva en la regla general.

Á. J.: ¿Es partidario de que se faculte a las víctimas para el ejercicio de la acción penal?

M. Á. P.: No. Nadie discute que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y a la garantía de no repetición, pero no las concibo con poder absoluto sobre el ejercicio de la acción penal. Ello conduciría a la privatización de la justicia y asistiríamos a lo que alguien llamó “la dictadura de la víctimas”. Es más, desde el punto de vista procesal, no estoy de acuerdo con la facultad que la ley otorgó a las víctimas para solicitar medida de aseguramiento en contra del imputado, suplantando el poder de la Fiscalía.

Á. J.: ¿La justicia, en particular la penal, se ha mediatizado?

M. Á. P.: Los casos de impacto público y connotación nacional siempre han sido seguidos por los medios de comunicación. No resulta prudente que se produzcan notificaciones y condenas a través de la prensa, pero es indudable que la labor investigativa de los medios ha contribuido enormemente a enterar a la opinión pública de los sucesos penales importantes.

Á. J.: En días pasados, un colega suyo afirmó que abogado que no filtre información a los medios no existe. ¿Qué opina al respecto?

M. Á. P.: (Risas). El abogado que dijo eso, a propósito, también es santandereano, y profeso por él un gran aprecio. Creo que su afirmación fue exagerada en relación con el resto de los abogados. Pienso que no se trata de filtrar, sino de tener la libertad de entregar a los medios la información o la opinión que nos soliciten, sin poner en riesgo la labor de la Fiscalía o la imparcialidad de la autoridad judicial.

Miguel Ángel Pedraza Jaimes

Estudios realizados: Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Cargos desempeñados: Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, profesor universitario, cofundador y asesor del Instituto de Victimología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.

Cargo actual: Abogado asesor en Derecho Penal y capacitador del Departamento de Justicia de EE UU en los seminarios regionales de atención a víctimas.

Tomado de> http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120613-06%28miguel_angel_pedraza_jaimes_el_sistema_acusatorio_esta_desdibujado_legalmente%29/noti-120613-06%28miguel_angel_pedraza_jaimes_el_sistema_acusatorio_esta_desdibujado_legalmente%29.asp?Miga=1&IDobjetose=12605&CodSeccion=84

¿Es aún posible mejorar la reforma judicial?

2012-06-13T10:00:00.000-05:00

Rodrigo Uprimny

La llamada reforma judicial me despierta sentimientos muy encontrados, pues un ajuste constitucional a la justicia es necesario, ya que el sistema judicial colombiano, aunque tiene enormes virtudes, presenta profundas deficiencias, algunas de las cuales tienen origen constitucional. La reforma tiene además algunas cosas buenas, como la apertura a la colegiatura de abogados o la supresión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido un desastre. Pero el trámite de esta reforma ha sido muy errático, lo cual le resta mucha legitimidad. Además, los textos aprobados tienen graves ausencias (como la falta de regulación de la tutela contra sentencias) y tienen implicaciones muy riesgosas para el Estado de derecho en Colombia.

En otras columnas o blogs he expresado mis críticas a la manera como se ha desarrollado el debate de esta reforma. También he cuestionado la falta de sustento empírico de la reforma y la carencia en el gobierno de una visión clara de qué es lo que pretende con la reforma. Igualmente he intentado mostrar elementos que le restan legitimidad, o al menos estética, a esta reforma, como la idea de ampliar el período de los magistrados que ya están en ejercicio, o las tentativas de algunos congresistas de usar la reforma para blindarse de las investigaciones judiciales.

No soy pues un fanático ni un admirador de esta reforma y realmente preferiría que se volviera a tramitar con mayor seriedad. Pero dado que todo indica que se va a aprobar la próxima semana, quisiera centrarme en tres propuestas, que me parecen muy problemáticas, pero que pueden corregirse, si el Congreso y el Gobierno tienen la voluntad política de hacerlo, pues existen formulas técnicas buenas para enfrentar esos problemas. Aún es tiempo de realizar esos ajustes.

Primer tema: ¿El fin de la parapolítica?

Tal vez lo más grave, la reforma, como fue aprobada en séptimo debate, es que acaba con el importante papel que ha tenido la Sala Penal de la Corte Suprema en la investigación de la parapolítica. Esto es, la reforma podría liquidar estas investigaciones judiciales.

El tema es complicado pero podría resumirse así: hasta ahora, la Sala Penal ha investigado y juzgado en única instancia a los congresistas y ha hecho una labor importantísima en el esclarecimiento y sanción de la parapolítica. Pero los congresistas se han quejado, con razón, de que ellos tienen derecho a la doble instancia y a que haya una distinción entre acusación y juzgamiento. Entonces, para corregir esos defectos, se aprobó que habría en la Corte Suprema una “Sala de Investigación y Acusación”, que se encargaría de investigar y acusar, ante una “Sala de Juzgamiento”, para que luego pudiera haber apelación de las eventuales condenas ante la Sala Plena.

Hasta ahí la cosa parece correcta. Pero, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y tres “detallitos” de la regulación del proceso a los congresistas acaban con el papel de la Sala Penal en la parapolítica.

Primero porque la apelación no se hace ante la Sala Penal sino (sin ninguna justificación clara) ante la Sala Plena, con lo cual la Sala Penal queda desvinculada formalmente de cualquier proceso de la parapolítica.

Segundo, y más grave aún, el origen de la nueva Sala de Investigación y Acusación es muy riesgoso pues se establece dicho órgano será conformado por 6 magistrados elegidos por la Corte Constitucional de seis ternas, dos provenientes del presiente, dos del Fiscal General y dos del Procurador. Dos de esos magistrados los pone entonces el presidente pues quien hace la terna, condiciona la elección; a su vez, el Procurador es elegido por el Congreso de una terna, uno de cuyos nombres proviene del presidente; y el Fiscal es elegido por la Corte Suprema pero de una terna presidencial. Si uno tiene en cuenta todos esos elementos, queda claro que el presiente tendrá una influencia determinante en la conformación de esta “Sala de Investigación y Acusación”. Y como será esa sala la que determine si una investigación contra un congresista avanza o no, entonces esa influencia presidencial en su composición aparece injustificada y riesgosa, pues los compromisos políticos pueden llevar a un presidente a querer bloquear esas investigaciones, como lo intentó reiteradamente el entonces presidente Uribe.

Tercero, el nombramiento de los magistrados de las dos nuevas salas es por sólo cuatro años, con lo cual carecen de un período suficientemente largo para ser realmente independientes.

Esta regulación de la integración de estas nuevas salas de la Corte Suprema es no sólo muy riesgosa sino contradictoria con muchas de las cosas que ha dicho el Gobierno. Así, se pretende aumentar el período de los magistrados de las altas cortes a 12 años, con el argumento de que así se refuerza su independencia, ¿por qué entonces se elige a los magistrados de estas nuevas salas únicamente por cuatro años? Y si se decía que había que evitar involucrar a las cortes en elecciones, pues se corría el riesgo de politizarlas, ¿por qué se pone a la Corte Constitucional a dedicar mucho de su tiempo a elegir a los integrantes de estas nuevas salas?

Ahora bien, este tema parece tener una solución técnica bastante simple. Si lo que se quiere es independizar la acusación y el juzgamiento de los congresistas, y que exista apelación, pues puede ser razonable crear estas dos nuevas salas. Pero no veo ningún motivo para que los magistrados de estas salas no sean elegidos de la misma manera que los demás magistrados de la Corte Suprema y que tengan su mismo período. Tampoco veo razón para que la apelación de las sentencias condenatorias no se haga ante la Sala Penal. Basta entonces que la reforma diga que los integrantes de esas dos nuevas salas, serán elegidos con el período y el procedimiento de cualquier magistrado de la Corte Suprema y que corresponde a la Sala Penal resolver las apelaciones contra las sentencias, Así se solucionarían los defectos del actual juicio de los congresistas, sin afectar la labor independiente y trascendental de la Sala Penal en la investigación de la parapolítica.

Segundo tema: los riesgos de “corporativismo judicial”.

Es importante defender la independencia judicial y el autogobierno de la rama judicial. Sin embargo, el diseño propuesto para los nuevos órganos de gobierno de la rama confiere un poder excesivo a la cúpula judicial, que podría generar, junto con la cooptación, una suerte de corporativismo judicial. Por ello, en un estudio disponible en nuestra página web hemos propuesto una estructura más amplia de ese órgano de gobierno. Creemos que es necesario que voces distintas a las de las altas cortes y del gobierno, como las de los usuarios de la justicia y de la academia, hagan parte de esos órganos de gobierno. Igualmente hemos advertido sobre la inconveniencia de reestablecer la cooptación plena en las altas cortes y por ello hemos propuesto una combinación de cooptación limitada y concurso de méritos, que permitiría una mejor composición de las altas cortes.

Tercer tema: los riesgos de rigidez presupuestal sin autonomía suficiente para la rama.

La propuesta presupuestal de la reforma para la rama judicial no es la mejor, pues no garantiza verdaderamente autonomía ni recursos suficientes para la rama peor en cambio podría introducir rigideces presupuestales inconvenientes. Por ello, en otro estudio, también disponible en nuestra página web, proponemos una regulación alterna, fundada en la idea de crear un “situado judicial”, de base constitucional pero de desarrollo legal. Esta fórmula creemos que es suficientemente flexible para evitar rigideces presupuestales de orden constitucional, pero suficientemente vigorosa para amparar la autonomía de la rama judicial.

Como vemos, al menos en estos tres temas, es posible introducir a la reforma judicial a punto de ser aprobada algunos ajustes que eviten estos tres riesgos innecesarios. Las fórmulas existen. ¿Tendrán el Gobierno y el Congreso la voluntar de enfrentarlos?

Tomado de: http://www.lasillavacia.com/elblogueo/dejusticia/33843/es-aun-posible-mejorar-la-reforma-judicial

La inflación legislativa penal

2012-06-12T10:00:00.000-05:00

Las riñas en un estadio que muestran los noticieros de televisión. El escándalo de corrupción que destapa la prensa. La radio relata la tragedia de niños que mueren en piscinas o en el transporte escolar. El despliegue que todos los medios de comunicación les dan a los menores abusados sexualmente.

Del escándalo mediático surge el reclamo ciudadano de una reacción punitiva fuerte. Luego, los congresistas o el Gobierno presentan un proyecto de ley para aumentar las penas. Finalmente, se expide la norma.

Este mismo ciclo de influencia de los medios de comunicación y de reacción coyuntural del órgano legislativo ocurre cuando una persona estafa a miles de ciudadanos con una pirámide de dinero, si una modelo es agredida en la cara con ácido, cuando un conductor borracho atropella a varios transeúntes o si un futbolista patea a una lechuza en un partido.

Lo descrito no es ficción. Es la realidad colombiana. A cada problema social, se reacciona modificando el Código Penal. De todos los códigos, el más reformado es el Penal. En la última década, 33 leyes se han expedido, para hacer más expansivo el Derecho Penal. ¿Por qué ocurre esto?

Fenómeno global

La punición como respuesta legislativa y estatal a los conflictos sociales es una tendencia mundial que, por esta razón, ha sido muy estudiada por numerosos académicos.

En el contexto americano y europeo, por ejemplo, son conocidos los estudios de criminólogos como David Garland, Roberto Gargarella y Roberto Bergalli, entre otros.

Todos ellos coinciden en afirmar que el expansionismo penal obedece a sociedades con un alto índice de desigualdad económica, con órganos legislativos débiles y poco preparados, con medios de comunicación que se financian vendiendo lo escandaloso y con una ciudadanía poco o mal informada.

Iván González Amado, presidente de la Comisión Asesora de la Política Criminal, no discrepa de este diagnóstico. Además, manifiesta su oposición a este fenómeno, que denomina “populismo punitivo”.

La manifestación más drástica de este populismo punitivo fue el intento de establecer, mediante reforma constitucional, la cadena perpetua para algunos delitos cometidos en contra de los menores de edad.

Para González, propuestas como estas solo dejan réditos electorales, pero no solucionan el problema real de la violencia contra los menores. En su opinión, peor que el diagnóstico son las consecuencias de esta inflación legislativa penal.

Las consecuencias

Un país sin política criminal, el aumento de la población reclusa y del hacinamiento carcelario y la no resolución de los problemas sociales son los resultados de este populismo, asegura González.

Por esa razón, tanto el nuevo Fiscal General de la Nación como el Gobierno Nacional han insistido en establecer, por primera vez, una verdadera política criminal que no dependa de expedir muchas leyes para aumentar penas.

Sin embargo, el Congreso insiste en su odisea punitiva. En la actualidad, por ejemplo, se tramitan proyectos de ley para penalizar el maltrato animal y la conducción en estado de ebriedad y para aumentar los castigos en delitos que lesionen con sustancias químicas o las víctimas sean adultos mayores.

ÁMBITO JURÍDICO muestra el inventario de leyes de reforma penal expedidas en la última década. La inflación legislativa es evidente.

Leyes que tipificaron nuevos delitos

Número Tema

L. 747/02 Trata de personas.

L. 759/02 Comercio de minas antipersonales.

L. 1028/06 Delitos sobre hidrocarburos.

L. 1032/06 Nuevos tipos en materia de telecomunicaciones y derechos de autor.

L. 1273/09 Delitos informáticos.

L. 1311/09 Uso de sumergibles.

L. 1329/09 Explotación sexual de menores.

L. 1356/09 Ilícitos cometidos en eventos deportivos.

L. 1357/09 Nuevas formas de captación ilegal de dineros del público (“pirámides”).

L. 1453/11 La Ley de Seguridad Ciudadana creó varios tipos penales.

L. 1474/11 El Estatuto Anticorrupción tipificó nuevas modalidades de corrupción pública y privada.

L. 1482/11 Nuevo delito de discriminación.

Normas que han incrementado penas

En total, 24 leyes ha expedido el Congreso aumentando penas de varios delitos. Ninguna las ha rebajado.

Número Delitos

L. 679/01 Omisión de denuncia.

L. 733/02 Secuestro, terrorismo y extorsión.

L. 747/02 Tráfico de migrantes.

L. 777/02 Tráfico de moneda falsa.

L. 788/02 Delitos asociados a las materias de impuestos y aduanas (reforma tributaria).

L. 813/03 Hurto y falsedades.

L. 890/04 Aumentó penas para todos los delitos.

L. 985/05 Tráfico de personas.

L. 1098/06 Agravó penas de algunos delitos en los que son víctimas los menores (Código de la Infancia y la Adolescencia).

L. 1121/06 Financiación del terrorismo, el lavado de activos y el concierto para delinquir.

L. 1181/07 Inasistencia alimentaria.

L. 1142/07 Hurtos y otros delitos.

L. 1220/08 Delitos contra la salud pública.

L. 1236/08 Delitos sexuales.

L. 1257/08 La mayoría de delitos en los que son víctimas las mujeres.

L. 1273/09 Delitos informáticos.

L. 1326/09 Agrava penas para lesiones y homicidios culposos en transporte escolar.

L. 1329/09 Tráfico sexual de menores.

L. 1336/09 Explotación sexual.

L. 1357/09 Delitos asociados a las “pirámides”.

L. 1393/10 Delitos en materia de salud, por emergencia social.

L. 1426/10 Crímenes contra defensores de derechos humanos y periodistas.

L. 1453/11 Aumentó penas para varios delitos.

L. 1474/11 Delitos de corrupción pública.

L. 1482/11 Delitos cometidos por razones discriminatorias.

Leyes de reducción de beneficios penales y garantías procesales

Una serie de normas ha reducido los beneficios que se les conceden a los condenados y limitado los derechos fundamentales procesales de las personas enjuiciadas, como las leyes 1142 y 1154 del 2007, 1312 del 2009 y 1453 y 1474 del 2011.

Así, se han aumentado las prescripciones para muchos delitos y en otros ya no proceden las rebajas de pena por confesión ni la concesión de subrogados penales. Del mismo modo, en esos punibles quedaron proscritas las vigilancias electrónicas, las prisiones domiciliarias, las ejecuciones condicionales de la pena y otras medidas favorables a los condenados.

En materia procesal, por ejemplo, se han aumentado los términos para que se decreten las libertades.

Crecimiento de población carcelaria

Año Presos

2001 49.816

2011 115.626

Tomado de> http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120515-14%28la_inflacion_legislativa_penal%29/noti-120515-14%28la_inflacion_legislativa_penal%29.asp?Miga=1&CodSeccion=84

Fundamentos de declaración de inexequibilidad del parágrafo del artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la Ley 1453 de 2011.

2012-05-22T19:35:00.000-05:00

III. EXPEDIENTE D-8798 – SENTENCIA C-365/12

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

1. Norma acusada

LEY 1453 DE 2011

Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad

ARTÍCULO 27. Adiciónese a la Ley 599 de 2000 el artículo 447A, el cual quedará así:

Artículo 447A. Comercialización de autopartes hurtadas. Quien comercie con autopartes de vehículos automotores hurtados incurrirá en la misma pena del artículo anterior.

PARÁGRAFO. El que transfiera o utilice a cualquier título los documentos, licencias, números de identificación de los vehículos automotores declarados en pérdida total, incurrirá en la pena de prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Decisión

Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 447-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 27 de la Ley 1453 de 2011.

3. Fundamentos de la decisión

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Le correspondió a la Corte determinar si el parágrafo del 447-A del Código Penal, vulnera los principios básicos del ius puniendi y la libertad económica de la actividad aseguradora al sancionarse con la misma, conductas permitidas por el ordenamiento jurídico.

Indicó que una de las obligaciones del asegurado en el contrato de seguros es el deber de salvamento, consistente en la obligación de aminorar las consecuencias del siniestro. Este deber está contemplado en el artículo 1074 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual “Ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas”. La doctrina ha señalado que el salvamento se inscribe en el deber recíproco de colaboración o cooperación de las partes de la relación sustancial en el contrato de seguro, para evitar el daño o disminuir sus consecuencias. Se ha sostenido que de no existir esta carga, ningún asegurador querría afrontar el riesgo, si el asegurado no asumiera el deber consistente en hacer cuanto pudiera para atenuar los daños del siniestro. Las previsiones sobre las que se calculó la tarifa de las primas quedarían desvirtuadas y al arbitrio del asegurado, si pudiera él inejecutar la carga. Observó que en virtud de lo anterior, después de ocurrido el siniestro pueden permanecer indemnes algunos objetos que en el derecho de los seguros son también denominados salvamentos y que pueden transferirse de acuerdo a lo señalado en el contrato, actuación que se funda en la subrogación que opera a favor del asegurador, contemplada en el artículo 1096 del Código de Comercio. Esto significa que la venta de un salvamento es una actividad plenamente admitida en el derecho de seguros, si bien no se encuentra regulada de manera específica en el citado Código.

En el caso específico de los eventos de siniestro relacionados con el seguro de vehículos, la Corte señaló que se encuentran la pérdida definitiva y la pérdida total, cuyas definiciones se han tomado tradicionalmente de la resolución 4995 de 2009 del Ministerio de Transporte, si bien el objeto de esta norma es el registro de vehículos y no la definición del siniestro. Precisó que la pérdida total puede permitir la realización de transacciones comerciales y no da lugar a la cancelación de la matrícula del vehículo automotor, de forma que en Colombia no se encuentra prohibida la enajenación de vehículos por pérdida total, sino en otra serie de eventos en los cuales sí debe proceder la cancelación de la matrícula.

Para la Corte, la redacción del parágrafo demandado puede llevar a tres situaciones insostenibles que vulneran claramente el principio de legalidad: (i) asumir que el concepto de pérdida total mencionado en el parágrafo del artículo 447 A es el contemplado en la Resolución 4995 de 2009 del Ministerio del Transporte. Esta solución genera una grave contradicción interpretativa, pues de acuerdo a esta resolución, la pérdida total sería aquella en la cual se pueden efectuar transacciones, mientras que el parágrafo del artículo 447 A sanciona a quien efectúe estas transacciones. (ii) No asumir la definición de pérdida total contemplada en la Resolución 4995 de 2009 del Ministerio del Transporte y al no existir ninguna otra norma que la defina, su interpretación dependería de la redacción de cada contrato de seguros, lo cual vulneraría claramente el principio de reserva legal, pues no se configuraría un tipo penal en blanco que remita a una norma extrapenal, sino una conducta punible que depende de la mera liberalidad de las partes. (iii) No asumir la definición de pérdida total establecida en la Resolución 4995 de 2009 del Ministerio del Transporte y construir una definición de pérdida total por el juez en cada caso concreto lo cual además de vulnerar gravemente el principio de legalidad afectaría la seguridad jurídica y el principio de igualdad, pues en cada caso los jueces podrían adoptar conceptos diversos.

A juicio de la Corte, la norma demandada es inconstitucional porque vulnera principios constitucionales esenciales del derecho penal: en primer lugar, no cumple con el principio de necesidad, pues no desarrolla el carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del derecho penal. El parágrafo no solamente no es subsidiario frente a otras formas de control social menos gravosas, sino que contradice lo establecido en el propio derecho de seguros, penalizando una conducta admitida, regulada y desarrollada por otro sector del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la norma tampoco desarrolla el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, pues su tipificación no se orienta directamente a la protección de los bienes jurídicos que podría tutelar el delito de receptación como la administración de justicia o el patrimonio económico, sino que se dirige a facilitar la sanción de otras conductas punibles a través de un mecanismo que lesiona de manera desproporcionada e innecesaria la libertad económica, pues los salvamentos emitidos en virtud de la pérdida total del vehículo se presentan en el marco de la actividad aseguradora que ninguna relación tiene con la comisión de las conductas punibles que se pretenden reprimir. El contrabando o la receptación de vehículos o autopartes hurtadas son conductas punibles muy graves que deben ser sancionadas penalmente, pero para ello existen en el Código Penal otros delitos específicos para sancionarlos. En tercer lugar, la norma no cumple con el principio de taxatividad, pues señala una descripción tan amplia y ambigua que no permite definir el supuesto de hecho, pues no establece la relación de esta conducta punible con la comercialización de autopartes hurtadas, sin que pudiera señalarse con certeza, por ejemplo, que exista un nexo entre el uso o la transferencia del documento y la comercialización de la parte de un vehículo hurtada. Tampoco existe plena claridad sobre el concepto de pérdida total. Una interpretación estricta del parágrafo implicaría que desde un punto de vista netamente subjetivo, el agente que comete este delito puede ni siquiera tener el conocimiento de que con su conducta está favoreciendo la receptación de la parte hurtada de un vehículo, mientras que una interpretación amplia orientada al bien jurídico exigiría que sí la conociera, situación de duda que no puede permitir de ningún modo el principio de legalidad.

Por último, la Corte señaló que un criterio de razonabilidad exige que el Estado utilice de manera racional las conductas punibles que trae el Código Penal que permiten sancionar de manera estricta a quienes participan en el robo de partes de vehículos, tales como los delitos de favorecimiento, receptación, concierto para delinquir y hurto, pero no autorizar el derecho penal como una herramienta simbólica frente a comportamientos que ya puede reprimir sin necesidad de desconocer las garantías de terceros que no tienen ninguna relación con la conducta punible. Tampoco la norma demandada cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la restricción de la libertad económica. Establece una restricción que no es potencialmente adecuada para conseguir el fin propuesto, al no tener una relación directa con la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos de la administración de justicia ni del patrimonio económico, ser manifiestamente desproporcionada, pues afecta una actividad lícita y permitida por el ordenamiento sin que la misma se relacione directamente con los fraudes que pretende evitar y resulta innecesaria ante la existencia de otros tipos penales, como la falsedad, la receptación, el fraude procesal o la modalidad básica del comercio de autopartes usadas consagrada en el primer inciso del artículo 447 A del Código Penal.

Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar inexequible el parágrafo del artículo 447 A de la Ley 599 de 2000.

Wrong man was executed in Texas, probe says

2012-05-15T11:15:00.000-05:00

He was the spitting image of the killer, had the same first name and was near the scene of the crime at the fateful hour: Carlos DeLuna paid the ultimate price and was executed in place of someone else in Texas in 1989, a report out Tuesday found.

Even "all the relatives of both Carloses mistook them," and DeLuna was sentenced to death and executed based only on eyewitness accounts despite a range of signs he was not a guilty man, said law professor James Liebman.

Liebman and five of his students at Columbia School of Law spent almost five years poring over details of a case that he says is "emblematic" of legal system failure.

DeLuna, 27, was put to death after "a very incomplete investigation. No question that the investigation is a failure," Liebman said.

The report's authors found "numerous missteps, missed clues and missed opportunities that let authorities prosecute Carlos DeLuna for the crime of murder, despite evidence not only that he did not commit the crime but that another individual, Carlos Hernandez, did," the 780-page investigation found.

The report, entitled "Los Tocayos Carlos: Anatomy of a Wrongful Execution," traces the facts surrounding the February 1983 murder of Wanda Lopez, a single mother who was stabbed in the gas station where she worked in a quiet corner of the Texas coastal city of Corpus Christi.

"Everything went wrong in this case," Liebman said.

That night Lopez called police for help twice to protect her from an individual with a switchblade.

"They could have saved her, they said 'we made this arrest immediately' to overcome the embarrassment," Liebman said.

Forty minutes after the crime Carlos DeLuna was arrested not far from the gas station.

He was identified by only one eyewitness who saw a Hispanic male running from the gas station. But DeLuna had just shaved and was wearing a white dress shirt -- unlike the killer, who an eyewitness said had a mustache and was wearing a grey flannel shirt.

Even though witnesses accounts were contradictory -- the killer was seen fleeing towards the north, while DeLuna was caught in the east -- DeLuna was arrested.

"I didn't do it, but I know who did," DeLuna said at the time, saying that he saw Carlos Hernandez entering the service station.

DeLuna said he ran from police because he was on parole and had been drinking.

Hernandez, known for using a blade in his attacks, was later jailed for murdering a woman with the same knife. But in the trial, the lead prosecutor told the jury that Hernandez was nothing but a "phantom" of DeLuna's imagination.

DeLuna's budget attorney even said that it was probable that Carlos Hernandez never existed.

However in 1986 a local newspaper published a photograph of Hernandez in an article on the DeLuna case, Liebman said.

Following hasty trial DeLuna was executed by lethal injection in 1989.

Up to the day he died in prison of cirrhosis of the liver, Hernandez repeatedly admitted to murdering Wanda Lopez, Liebman said.

"Unfortunately, the flaws in the system that wrongfully convicted and executed DeLuna -- faulty eyewitness testimony, shoddy legal representation and prosecutorial misconduct -- continue to send innocent men to their death today," read a statement that accompanies the report.

Taked to: http://news.yahoo.com/wrong-man-executed-texas-probe-says-051125159.html

“Las evidencias digitales son las más manipulables”: Experto en información forense

2012-05-10T14:15:00.000-05:00

Andrés Guzmán, experto en información forense, aseguró que la información de los computadores y las USB encontradas tras la operación ‘Sodoma’ se podrá mantener inalterada.

Explicó que la cadena de custodia, en la cual están los computadores, es una garantía constitucional que certifica que una evidencia no ha sido manipulada por nadie, desde el momento que es recogida hasta que es presentada ante un juez.

Guzmán dijo que las evidencias digitales son las más manipulables, “pues con sólo el hecho de prender un computador hay cambios en la información”.

Sin embargo, dijo que hay métodos para que esta información se pueda mantener inalterable, dijo que es necesario un embalaje físico y que antes de sacar la información se realice algo así como una “bolsa” donde estén los datos y no se puedan cambiar.

Finalmente dijo que es muy probable que se pueda saber si alguien manipuló la información contenida dentro de los computadores.

Tomado de: http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/las-evidencias-digitales-son-las-mas-manipulables-experto-en-informacion-forense/20100927/nota/1363341.aspx

Escuche aqui la entrevista al experto en manejo de evidencia digital

Imagen tomada de: http://www.flickr.com/photos/65851038@N02/6832262416/in/photostream/lightbox/

Ex agente de la CIA reabre polémica sobre la eficacia de la tortura en EE.UU

2012-05-08T10:55:00.000-05:00

El ex agente puertorriqueño de la CIA José Rodríguez, el interrogador de los principales líderes de Al Qaeda presos en Guantánamo, ha reabierto la polémica sobre la eficacia de la tortura con la publicación esta semana de un libro en el que detalla su trabajo.

Rodríguez, que está siendo entrevistado por las principales televisiones de Estados Unidos, ha defendido tanto en su libro “Hard Measures” como de viva voz la utilidad de métodos de interrogatorios agresivos para obtener información en la lucha contra Al Qaeda.

Las revelaciones del libro de Rodríguez, retirado en 2007 de la CIA tras 31 años, justifican el tratamiento que recibieron líderes de Al Qaeda capturados como Jalid Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que estuvo recluido en prisiones clandestinas entre 2003 y 2006.

Sheij Mohamed, que confesó haber ideado los atentados del 11S de la “A a la Z” y uno de los más importantes presos de la Base de Guantánamo, fue sometido 183 veces a ahogamientos simulados, alojado en celdas frías y sin ventanas y privado de sueño hasta 180 horas seguidas.

Sheij Mohamed comparecerá este sábado ante una comisión militar en Guantánamo junto con otros cuatro terroristas islámicos para responder por cargos que le podrían acarrear la pena de muerte.

Rodríguez, que dirigió el programa de prisiones clandestinas e interrogatorios de la CIA estadounidense tras el 11S, dirigió los que se hicieron al pakistaní a través del ahogamiento simulado, en el que el reo es colocado boca abajo y se le rocía continuamente con agua con el rostro cubierto por una toalla.

El proceso militar de Guantánamo contra Sheij Mohamed, que promete ser largo, estará condicionado por las alegaciones de confesiones bajo torturas aprobadas y consentidas por la administración del presidente George W. Bush.

Por su parte, las revelaciones de Rodríguez han alimentado de nuevo la controversia, entre otras cosas por reconocer que decidió eliminar las grabaciones de interrogatorios, ya que esas “feas imágenes” pueden poner a agentes en peligro, algo que le valió una reprimenda de sus superiores.

Ayer, en una entrevista en Fox News, Rodríguez defendió que “estas técnicas ayudaron a salvar vidas y permitieron detener complots contra Estados Unidos” o detener a los principales responsables de la red de Al Qaeda.

En una entrevista este domingo con CBS, Rodríguez aseguró que el supuesto cerebro del 11S y hombre fuerte de Al Qaeda solo comenzó a dar información útil tras ser interrogado con las técnicas agresivas.

“El programa consistía en instalar una sensación de desesperación y desasosiego en el terrorista, en el detenido, con lo que concluiría que era mejor cooperar con nosotros”, relató Rodríguez.

En su opinión, Sheij Mohamed era “uno de los más duros asesinos” de Al Qaeda y sabía cómo lidiar con la tortura e incluso contaba los segundos mientras era rociado con agua, ya que conocía que el ahogamiento no duraba mucho más de diez segundos.

No obstante, en la entrevista del programa “60 Minutes” Rodríguez reconoció que Shaij Mohamed le mintió sobre quién era la persona de confianza que transportaba los mensajes de Bin Laden.

Pese a ello, el puertorriqueño, que también fue agente en Latinoamérica, asegura que su trabajo y el de otros agentes de la CIA contribuyó a que hace un año se diera muerte al líder de Al Qaeda en su refugio de Pakistán.

Este fin de semana, la senadora demócrata por California Dianne Feinstein criticó en un comunicado la “poca precisión” que supone vincular el éxito en la muerte de Osama Bin Laden a técnicas de tortura, ya que el “correo” del saudí se localizó por otros medios de espionaje.

Pese a todo, el relato de Rodríguez permite arrojar algo más de luz al lado más oscuro del papel de la CIA en la persecución de la cúpula de Al Qaeda en los primeros años de la “guerra contra el terrorismo”, como los vuelos secretos, las prisiones clandestinas y las torturas. EFE

Tomado de: http://www.lapatilla.com/site/2012/05/02/ex-agente-de-la-cia-reabre-polemica-sobre-la-eficacia-de-la-tortura-en-ee-uu/

Otro estado elimina la pena de muerte

2012-05-04T11:44:00.001-05:00

Connecticut se convirtió hoy en el decimoséptimo estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte después de que su gobernador, el demócrata Dannel Malloy, firmase el decreto que sustituye la pena capital por la de cadena perpetua.

“Esta tarde acabo de firmar la ley que reemplaza, con carácter inmediato, la pena de muerte por la cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional como el mayor castigo legal en Connecticut”, afirmó Malloy tras firmar el decreto.

Durante un acto celebrado en Hartford, la capital del estado, el gobernador Malloy dijo que éste es un momento “histórico” porque Connecticut se une a otros 16 estados del país y al resto de países industrializados del mundo que han abolido la pena de muerte.

Sin embargo, Malloy señaló que ahora toca hacer una reflexión “sobria” sobre la pena capital más que celebrar su abolición, y reconoció que es un asunto que sigue dividiendo y “que no conoce fronteras” ni políticas, ni de género, ni raza o religión.

El gobernador de Connecticut recordó que siendo joven era partidario de la pena de muerte, una posición que fue cambiando con los años cuando se dio cuenta, siendo fiscal, de que el sistema de justicia está “lleno de imperfecciones”.

“Aunque es un buen sistema diseñado con los mayores ideales de nuestra sociedad democrática en la mente, está sujeto a la falibilidad de quienes participan en él, como en cualquier experiencia humana”, añadió.

En los últimos 52 años sólo dos personas han sido ejecutadas en el estado de Connecticut, “y ambos lo pidieron voluntariamente”, según Malloy, quien lamentó que el dinero de los contribuyentes se ha seguido destinando para pagar “apelación tras apelación”.

“Ahora que nuestro estado logra ir más allá de este debate divisorio, confío en que todos podamos redoblar nuestra esfuerzos y trabajar juntos para mejorar la integridad de nuestro sistema de justicia y no minimizar su falibilidad”, sentenció.

El pasado 13 de abril, la Cámara de Representantes de Connecticut aprobó en una histórica votación y después de varios intentos fallidos por la oposición de una parte importante de la población la abolición de la pena capital en el estado.

Desde 1976 los jurados de Connecticut han dictado 15 sentencias de muerte, de las cuales solo una se ha ejecutado, la de Michael Ross, condenado por varios homicidios y quien recibió las inyecciones letales en 2005 después de que renunciara a apelar.

La última ejecución llevada a cabo en el estado de Connecticut fue el 13 de mayo de 2005, cuando un hombre de 45 años fue ejecutado con una inyección letal en cumplimiento de una condena por asesinato.

En Estados Unidos la pena de muerte es legal en todo el país para delitos federales y militares, y se aplica tanto en el ámbito estatal como el federal, aunque ya son 17, con Connecticut, los estados que se han convertido en abolicionistas.

Desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976 han sido ejecutadas más de 1.280 personas en los 34 estados donde se aplica esa condena.

Tomado de: http://www.lapatilla.com/site/2012/04/25/otro-estado-elimina-la-pena-de-muerte/

Declaración de la víctima no basta sola

2012-04-23T11:37:00.003-05:00

Foto: The Dark Thing

La Justicia absolvió a un imputado por dos robos por falta de certeza. El fiscal había pedido la absolución por insuficiencia de las pruebas y el Tribunal destacó que no existía "ninguna prueba independiente susceptible" de dar por válidas los dichos del único testigo.

La Cámara en lo Penal de Jujuy, con el voto de los magistrados Luis Ernesto Kamada y Antonio Llermanos, absolvió a un hombre, imputado por dos hechos de robo, en virtud del pedido realizado por la Fiscalía y ante la falta de certeza sobre la autoría del acusado. Las pruebas reunidas en relación a la comisión de ambos delitos fueron consideradas como insuficientes.

En particular, la Sala II del Tribunal de Alzada destacó que, en torno a uno de los hechos objeto de la acusación, sólo se había aportado como prueba la declaración del damnificado y que no existía ninguna "prueba independiente susceptible de provocar la convicción necesaria en orden a robustecer las afirmaciones vertidas por el único testigo".

Entre tanto, con relación al otro hecho de robo por el que se imputó al acusado, los jueces señalaron que, si bien se encontró documentación de las víctimas en la casa del supuesto autor, esto era "insuficiente para autorizar que se le endilgue la autoría de los injustos por los que viene acusado".

En el caso, un hombre fue investigado, acusado y llevado a juicio oral por dos delitos: robo calificado por el uso de arma y robo calificado por el número de intervinientes. Llegado el momento de los alegatos, la Fiscalía –finalmente- decidió solicitar la absolución del imputado por falta de certeza ante el Tribunal de Alzada.

La solicitud de absolución del Fiscal se fundó en la falta de pruebas que generaran la convicción de que el imputado había sido el autor de los delitos. Respecto de uno de los robos, sólo se reunieron escasas declaraciones testimoniales y el secuestro de los documentos de identidad de las víctimas en casa del acusado. Por su parte, en relación al otro hecho, la única prueba colectada fue la declaración del damnificado.

Primero, la Cámara Penal manifestó que el efecto procesal de la petición del Fiscal era vinculante y que por ende "no le es posible a este Tribunal emitir un fallo condenatorio en esta causa". No obstante, los magistrados decidieron analizar los fundamentos que brindó el funcionario del Ministerio Público al solicitar la absolución del imputado, para determinar si el pedido estaba adecuadamente motivado.

Luego, los magistrados jujeños analizaron detalladamente las pruebas colectadas en ambas causas, principalmente, las testimoniales aportadas y la declaración del propio imputado, quien negó su participación en sendos hechos.

Acto seguido, respecto de uno de los robos, el Tribunal de Alzada manifestó que no estaba clara "la exacta ubicación de los documentos de identidad de las víctimas, hallados como resultado del allanamiento, habiéndose limitado la autoridad policial a consignar que se encontraban en el interior de la habitación del imputado".

Dicho eso, la Cámara provincial aclaró que, si bien no estaba en duda que los documentos fueron sustraídos a las víctimas y que "fueron hallados en el domicilio del demandado, en ocasión del allanamiento practicado", "la sumatoria de tales elementos resulta insuficiente para autorizar que se le endilgue la autoría de los injustos por los que viene acusado".

No se puede considerar que el imputado sea el autor del robo del que se lo acusa por el hecho de que los documentos fueran hallados en su domicilio, pues las pruebas son insuficientes y "no se han producido otras probanzas destinadas a demostrar dicho extremo", agregaron después los jueces provinciales.

Entre tanto, con relación al segundo hecho que se le imputó al acusado, el Tribunal de Alzada destacó que "la única probanza producida fue la declaración del damnificado, sin que medien otros elementos acreditantes que la robustezcan".

No se trata de "una minusvaloración de los dichos del único testigo y, a la vez, damnificado en la causa, pues sus afirmaciones guardan verosimilitud", lo que ocurre es que en este caso era necesario adjuntar alguna "prueba independiente susceptible de provocar la convicción necesaria en orden a robustecer las afirmaciones vertidas por el único testigo", precisó la Cámara.

Por lo tanto, el Tribunal Penal de San Salvador de Jujuy decidió absolver al imputado por ambos hechos delictivos, en consonancia con la petición del Fiscal, debido a la falta de certeza sobre su autoría y la insuficiencia de las pruebas.

Dju

"M.A.C.V. s/robo calificado por el uso de arma y robo calificado por el número de intervinientes".-

Tomado de: http://diariojudicial.com/contenidos/2012/04/11/noticia_0006.html

El conductor pudo haber frenado

2012-04-12T17:43:00.003-05:00

La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del chofer de una ambulancia en emergencia que chocó a un colectivo y produjo varios heridos. Pese a ir con balizas encendidas, “ello no lo eximía del deber de detener la marcha".

La sala IV de la Cámara del Crimen, integrada por Alberto Seijas y Julio Marcelo Lucini, confirmó el procesamiento por lesiones culposas del conductor de una ambulancia que, mientras se dirigía a una emergencia, provocó un choque con un colectivo en el que resultaron heridos varios pasajeros.

Se trata de la causa “C., L. s/lesiones culposas” que se inició en octubre del 2010 cuando se produjo la colisión entre ambos rodados. Según consta en la causa, la ambulancia se trasladaba con sus sirenas y balizas encendidas, convocada al efecto.

Sin embargo, los camaristas consignan que el artículo 61 de la ley de tránsito 24.449, en lo que aquí interesa, establece que “los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver”.

Señalan, además, que “ante una emergencia las ambulancias tienen permitido no respetar determinadas reglas” pero “deben extremar los recaudos para evitar producir daños mayores que aquél que están llamados a neutralizar”.

Agregando que tampoco pueden desconocer lo que establece el artículo 39 inciso “b” de dicha Ley 24.449 que ordena “circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito”.

Por ello, los jueces explican que en el caso el imputado “creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se tradujo en la afectación al bien jurídico protegido”, ya que más allá de que transitaba con las sirenas y balizas encendidas, “ello no lo eximía del deber de detener la marcha cuando la situación así lo exija”.

Asimismo destacan que el Manual Operativo del Departamento de Transporte del SAME reza que “un equipo de emergencia no sólo tiene que estar al tanto de todo lo que hace a la conducción del móvil al lugar de los hechos, sino que tiene que saber llegar rápidamente y sin exponer la vida de la tripulación, suya, ni la del paciente… Tener sirenas y luces de emergencia no significa que se pueda ir a cualquier velocidad o conducir en forma irresponsable”.

Por todo ello confirmaron el procesamiento del conductor de la ambulancia por lesiones culposas y trabaron embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50 mil pesos.

Tomado de: http://diariojudicial.com/contenidos/2012/03/30/noticia_0003.html

El in dubio pro reo no siempre llega a buen puerto

2012-04-03T09:00:00.000-05:00

Foto: Luca Zappa

Un Tribunal anuló una sentencia absolutoria, –basada en el beneficio de la duda y a favor de un abogado-, pues no se valoraron todas las pruebas de la causa. El letrado había sido acusado de aprovecharse de la relación de confianza con una clienta, mediante abuso de firma en blanco y falsificación de documentos.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió los recursos del Fiscal de Cámara y la querella particular, e invalidó la sentencia que había absuelto, por el beneficio de la duda, a un abogado. El letrado estaba imputado de cometer los delitos de falsificación de instrumento privado, defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal en grado de tentativa.

En particular, la Sala Penal del Alto Tribunal provincial indicó que "más allá de las imprecisiones y distorsiones sobre los hechos en que habrían incurrido los familiares de quien había suscripto los documentos", tenían razón los recurrentes "en lo relativo a la denuncia de omisión de ponderación de determinadas probanzas en el plexo en que se insertan".

Existió una "absoluta falta de consideración de determinadas evidencias que, de haberse integrado debidamente al análisis, la conclusión dubitativa no hubiese podido mantenerse razonablemente", precisaron las vocales María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc de Arabel. Las juezas agregaron, también, que el fallo absolutorio poseía "un defecto captable como fundamentación omisiva, que vicia la validez de la sentencia impugnada".

En el caso, un abogado fue imputado por la comisión de los delitos de falsificación de instrumento privado, defraudación por abuso de firma en blanco y estafa procesal en grado de tentativa. En concreto, los familiares de una clienta fallecida denunciaron al letrado porque habría hecho firmar a la difunta mujer una serie de hojas en blanco, que luego completó él mismo en forma ilícita.

El abogado, habría asentando en los papeles en blanco, firmados por la clienta, un negocio de compraventa de un inmueble de la difunta mujer a su favor, para defraudar a los sucesores. Además, el letrado presentó ese documento privado, en calidad de boleto, ante un juez civil junto con dos recibos faltos que acreditaban supuestos pagos parciales por el bien.

La denuncia fue radicada por los familiares de la mujer, quienes se constituyeron como querellantes particulares. No obstante, la Cámara decidió absolver al acusado, por aplicación del beneficio de la duda. Entonces, el Fiscal y la querella interpusieron un recurso contra dicha sentencia absolutoria, alegando que en el fallo se habían omitido ciertas probanzas fundamentales.

Para comenzar, las juezas indicaron que "el estándar de revisión de la absolución por duda debe acotarse sólo a los supuestos de falta de fundamentación, fundamentación ilegal o fundamentación omisiva o ilógica", y no se pueden atacar sentencias absolutorias con base en "agravios enderezados a procurar el control de la aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la determinación del valor conviccional de las pruebas".

Acto seguido, la Corte provincial señaló que tenían razón los recurrentes "en lo relativo a la denuncia de omisión de ponderación de determinadas probanzas en el plexo en que se insertan y en la absoluta falta de consideración de determinadas evidencias que, de haberse integrado debidamente al análisis, la conclusión dubitativa no hubiese podido mantenerse razonablemente".

Está acreditado que "el imputado se había ganado la confianza de la clienta" pues "esa confianza surge de la propia relación abogado-cliente y de los propios dichos del imputado, quien dijo haber sido amigo de los herederos de la mujer y haber tenido una amistad con esta que perduró treinta y cinco años hasta su muerte", precisaron las vocales del Alto Tribunal.

Dicho eso, el Máximo Tribunal local analizó en forma exhaustiva las pruebas aportadas a la causa y determinó que numerosos elementos importantes habían sido omitidos en la sentencia absolutoria, por lo que no era aplicable el beneficio de la duda.

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Córdoba admitió los recursos interpuestos por el querellante particular y el Fiscal de Cámara y, en consecuencia, anuló la sentencia absolutoria de Cámara y ordenó el reenvío de las actuaciones para que se realice un nuevo juzgamiento de la causa.

Tomado de: http://diariojudicial.com/fuerosuperiortribunalprovincial/El-in-dubio-pro-reo-no-siempre-llega-a-buen-puerto-20120327-0005.html

¿Hacia dónde va el sistema penal acusatorio?

2012-03-24T09:00:00.000-05:00

Whanda Fernández León
Profesora asociada Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia

“Un sistema penal es vicioso cuando se apoya en tres presunciones falsas: la culpabilidad del acusado, la veracidad de los testigos y la infalibilidad de los jueces”.

Carrara

Todo indica que si el sistema penal acusatorio no es sometido, lo antes posible, a rigurosas rectificaciones por parte de una comisión de juristas, expertos en derecho penal y disciplinas análogas, este colapsará. Tal como opera en la práctica, el modelo derivó en una rutinaria, tediosa y anticuada lectura de memoriales, inexplicablemente escritos antes de las audiencias –como si sus autores adivinaran todo lo que va a suceder en ellas–, frustrando de esta manera las expectativas ciudadanas sobre la instauración de un proceso oral, de partes, moderno, con debate jurídico, argumentación sólida, oposición dialéctica, sesudos análisis probatorios y razonamientos inteligentes.

La justicia punitiva de hipotética vocación acusatoria que se imparte desde el año 2005, no protegió los legítimos derechos y garantías del acusado; no efectivizó la tutela judicial de los intereses de la víctima; no se apropió de los atributos y experiencias de un sistema milenario, menos imperfecto y arbitrario que el inquisitivo medieval; por el contrario, socavó el régimen de libertades y estimuló el regreso de estilos judiciales de merecido desprestigio.

O el país se decide a instaurar un paradigma adversarial cimentado en sus más proverbiales cualidades –el juez plural, en primer lugar, para delitos de alto impacto–, o se resigna a perpetuar el singular trámite en vigencia: impróvido, lento, inelegante, decadente, permeado de la hibridez que genera la coexistencia de dos estatutos históricamente incompatibles.

No hace falta un gran esfuerzo para comprender que una estructura procesal secreta, simplificada al máximo, con severas restricciones al derecho de defensa, sin contradictorio, sin equilibrio entre las partes, sin fase intermedia, sin controles materiales al libelo acusatorio, con jueces contaminados que deciden la suerte de las personas enjuiciadas, es arbitraria y retrógrada.

Bastó que en algunas sentencias, las cortes aclararan que el prototipo creado por la Ley 906 del 2004 no correspondía a un proceso acusatorio puro, para que muchos magistrados, jueces, fiscales, delegados del Ministerio Público, abogados defensores y operadores en general, asumieran que esa obvia evolución y esa mixtura natural del método, antes que comprometerlos con su consolidación, los autorizaba para desnaturalizarlo, descomponerlo, tergiversarlo, hasta convertirlo en este trámite ignominioso, que a diario desafía los ideales de una justicia penal de calidad.

Y si este preocupante panorama no es suficiente para justificar la ineludible enmienda del sistema, es imperativo agregar que los fiscales tienen facultades jurisdiccionales; que un gran número de jueces de conocimiento, “independientes e imparciales”, decretan pruebas de oficio, intervienen en las conversaciones previas a los preacuerdos o permiten que procesados analfabetos o incautos estipulen su responsabilidad; no hay investigación integral; además de las dos partes legitimadas para el examen cruzado de testigos, todos los intervinientes y el mismo juez, contrainterrogan con exhaustividad al acusado y, en otras ocasiones, cuando este, indefenso y carente de recursos, exhibe la desnudez de su pobreza (como ocurre en la mayoría de los casos), se le seduce o intimida para que a ciegas admita culpabilidad, aun siendo inocente.

En síntesis, la Fiscalía no debe “formar parte” de la Rama Judicial, ni ser órgano “administrador de justicia”; la Procuraduría no debe participar en el proceso penal. Urge restaurar la etapa intermedia e implementar controles sustanciales a la acusación; preguntar al acusado cómo se declara solo después de la formulación de cargos y del consiguiente descubrimiento probatorio; reimplantar la declaración libre y voluntaria del imputado y/o acusado, tan arraigada en la cultura jurídica latinoamericana; dar humana y justa solución a la práctica de pruebas de la defensa y sin fingidos espantos, reglamentar la institución juradal.

TOMADO DE: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120314-03%28hacia_donde_va_el_sistema_penal_acusatorio%29/noti-120314-03%28hacia_donde_va_el_sistema_penal_acusatorio%29.asp?Miga=1&CodSeccion=53

Pena capital en EE.UU.: ¿cuánto vale una muerte?

2012-03-22T09:00:00.000-05:00

El Estado de Texas, en Estados Unidos, gastó unos US$1.286,86 en su última pena capital: la ejecución a comienzos de marzo de Keith Thurmond.

Thurmond, un técnico en aires acondicionados de 52 años, fue sentenciado a muerte en 2002 por haber estrangulado a su esposa y a su amante durante una discusión por la custodia de los niños.

El miércoles 7 de marzo, funcionarios de la prisión de Texas inyectaron una serie de tres drogas en su brazo.

El costo de estas drogas aumentó 15 veces su valor desde el año 2010, cuando el Estado las pagaba en US$86.

Esto se debe a que la droga que se utilizaba para sedar al paciente, thiopental sodium, fue sacada del mercado ese año.

Como resultado, Texas y otros estados debieron recurrir a otro sedante, pentobarbital. Esta droga es significativamente más cara y puede ser que pronto sea imposible de adquirir por las prisiones donde se ejecuta a los condenados a muerte.

"Aunque sea una cantidad pequeña si uno la mira en relación a todo el proceso, esto representa otro incremento en el costo que hace a la ejecuciones menos confiables y más caras", dice Richard Dieter, el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Washington DC.

"En un análisis costo-beneficio, la balanza se inclina en contra del mantenimiento de la pena capital".

Más caro que lo normal

Extensas investigaciones han sugerido que la pena de muerte es mucho más cara para los contribuyentes que la cadena perpetua, debido sobre todo al eterno proceso legal involucrado.

Este proceso está originado, fundamentalmente, en lo que los críticos de las ejecuciones califican como un modo barbárico y anticuado de castigo en un sistema legal sofisticado, orientado de forma ostensible a proteger los derechos del acusado, prevenir el castigo de un inocente y ejecutar seres humanos sin causarles demasiado dolor físico ni sufrimiento.

Más allá de Texas, la mayoría de los 34 estados que incluyen en sus leyes la pena capital rara vez la aplican. Pero incluso éstos deben gastar miles de millones de dólares para mantener la condena a muerte en contra de las apelaciones del condenado, así como también en ubicar al interno en un lugar seguro y -en los que ellos consideran- humano.

California, por ejemplo, ha gastado unos US$4.000 millones desde 1978 en el financiamiento de su sistema de ejecuciones, pero solo ha ejecutado a 13 prisioneros, según publicaron en un estudio el juez federal Arthur Alarcon y la profesora en Leyes Paula Mitchell.

En esa investigación se indica que en ese mismo periodo, al menos 78 condenados a muerte murieron de causas naturales, suicidio u otras razones mientras esperaban su ejecución.

En el estado de Washington, un fiscal indicó ante un comité de abogados que los casos de pena capital son al menos cuatro veces más costosos de presentar para la Fiscalía que un proceso por homicidio que no incluya la ejecución del condenado.

"La enrarecida naturaleza de los casos de pena de muerte provoca la presentación de más recursos y la existencia de un mayor apoyo para el acusado, que suma más tiempo y dinero al proceso", informó esta comisión estatal en 2006.

Sin oferta

El costo de la ejecución en sí varía de estado en estado, pero es relativamente pequeño en relación a lo que las autoridades estatales gastan en el camino a dicha ejecución.

El estado de Washington gastó US$97.814 para ejecutar a Cal Brown en 2010.

La mayoría de esa suma fue para pagar al personal, pero las autoridades también tuvieron que contratar iluminación y nuevas vallas para la demostración en las afueras de la prisión, una carpa para los medios de comunicación, comida para los equipos de seguridad especial y asistencia psicológica para sus empleados, detalló Maria Peterson, vocera del Departamento de Penales de Washington.

Incluso el thiopental sodium usado para sedar al acusado de homicidio costó US$861,60 señaló Peterson.

El fusilamiento de Ronnie Lee Gardner en 2010 le costó a Utah US$165.000. La mayoría del dinero también fue en este caso para los empleados del penal, pero US$25.000 fueron destinados a los materiales utilizados en la ejecución, incluyendo la silla donde fue colocado y el uniforme que vistió, dijo un vocero penitenciario al diario Salt Lake Tribune.

La ejecución del violador y asesino Robert Coe en 2000 le salió a Tennessee US$11.668, según un informe del contralor del estado. La cifra incluye suministros médicos, personal y las drogas utilizadas ese día.

El costo de las drogas para las ejecuciones en Texas, Ohio, Oklahoma y otros estados se ha elevado, ya que los productores sacaron sus productos del mercado porque no deseaban suministrar fármacos que se utilizaban para terminar con vidas.

Texas y otros estados cambiaron el sedante para hacerle perder el conocimiento al ejecutado de thiopental sodium a pentobarbital el año pasado luego de que el único laboratorio en Estados Unidos que manufacturaba la droga, Hospira, dijo que la retiraba del mercado para evitar una pelea con las autoridades en Italia, donde se producía la droga.

En diciembre, la Comisión Europea ordenó a las compañías de la Unión Europea que querían exportar drogas que podían ser usadas en inyecciones letales que se aseguraran que sus productos no iban a ser usados en ejecuciones.

La compañía india Kayem Pharmaceuticals también ha informado que no venderá más thiopental sodium a las prisiones estadounidenses.

No está claro por cuánto tiempo estará en el mercado el pentobarbital, el actual reemplazo de esa droga.

La única compañía aprobada por los reguladores de drogas en Estados Unidos para comercializar ese sedante en el país, el gigante farmacéutico danés Lundbeck, acaba de vender esa droga a la compañía Akorn, con sede en Illinois. Akorn se comprometió a poner restricciones al producto para que no termine en prisiones de estados que aprueban la pena capital.

Ahora, los compradores deben firmar un documento afirmando que utilizarán esa droga, usada normalmente para tratar la epilepsia y otras condiciones, en sus propios pacientes y no la revenderán sin autorización.

"Barbitúricos"

La dificultad para obtener estas drogas ilustra los problemas inherentes a la inyección letal como método de ejecución, dice Kent Scheiddeer, director legal de la Fundación Legal para la Justicia Criminal, que apoya la pena de muerte.

"Se debe a un procedimiento que cada vez se vuelve más médico cuando no tendría que tener nada que ver con la medicina", agrega.

"Se supone que tiene que ser un castigo. Me parece que estamos equivocados y ahora tenemos todas estas complicaciones adicionales. Compañías, especialmente en Europa, tratando de suspender la oferta e interferir así en temas que no son en absoluto asunto de ellos", señala Scheidegger, quien no cree que las ejecuciones se detendrán por la ausencia de drogas.

El abogado piensa que en las ejecuciones simplemente se pueden cambiar los ingredientes del coctel letal.

"Cualquier barbitúrico puede hacerlo", concluyó.

Tomado de: http://www.semana.com/economia/pena-capital-eeuu-cuanto-vale-muerte/174051-3.aspx

Holanda cerrará prisiones por falta de criminales

2012-03-19T17:33:00.000-05:00

Holanda está por cerrar ocho prisiones debido a que no llena la capacidad de 14 mil personas que tiene su sistema penitenciario. Actualmente existen 12 mil presos en este país que en los noventas tenía sobrecupo. Una de las razones de la disminución en el índice criminal parece tener que ver con la legalización de algunas drogas (acompañado seguramente de una política educativa con respecto a sus usos y efectos).

El ministro de justicia Nebahat Albayrak anunció que las prisiones se cerraran y se perderán 1200 trabajos, aunque se está considerando utilizar las prisiones para alojar a prisioneros belgas.

En Estados Unidos, el país que tiene mayor promedio de encarcelamiento y un total de más de 2.3 millones de presos, una de las objeciones que se hace se ante la legalización de la marihuana es que generaría mayor crimen y mayor consumo, algo que los casos de Portugal y Holanda desmienten.

Holanda tiene una población de 16.6 millones y solo 12 mil prisioneros, California, por ejemplo, tiene una población de 36.7 millones y una población de prisioneros de 171 mil, muchos de ellos precisamente en la cárcel por fumar o vender marihuana. Pero tal vez algunas personas prefieren llenar las cárceles de jóvenes que tenerlos en las calles.

Scorned Attorney Threatens to Take Down Lawyer-Review Site

2012-03-13T10:50:00.000-05:00

By David Kravets

A Florida lawyer unhappy with poor reviews posted in an online attorney review site is threatening legal action to shutter the LawyerRatingz.com site.

In response to the threatened legal action, the Electronic Frontier Foundation asked a federal judge Thursday to declare the website immune from any threatened legal action on the matter. The EFF contends that, even if third-party comments about attorneys are defamatory, federal law immunizes the Sunnyvale-based website from being sued for the speech of its users.

The legal flap began last year, when a representative of Fort Lauderdale, Florida, lawyer Adrian Philip Thomas demanded that his poor reviews be removed from the site. The representative said the anonymous reviews, which among other things gave him “bad” marks in knowledge, communication, tenacity, work quality and value, have led to a loss of business. Another said Thomas’ firm “accomplished nothing” and “DO NOT HIRE THIS LAW FIRM!” However, not all reviews of Thomas were negative.

A proposed lawsuit by Thomas forwarded to the review site, which sports some 42,000 lawyer ratings, sought to shutter the entire site, or, at the very least, have his reviews removed.

The EFF, in a complaint filed in San Francisco federal court, said LawyerRatingz.com is protected by the Communications Decency Act of 1996, which says “interactive computer services” cannot be “treated as the publisher or speaker of any information” provided by a third party.

“Mr. Thomas’s claims are meritless and run afoul of bedrock legal principles protecting website operators,” EFF senior staff attorney Matt Zimmerman said in a statement. “Section 230 of the Communications Decency Act categorically protects providers of ‘interactive computer services’ from suits such as this one seeking to make them responsible for the speech of their users. Without such protections, valuable sites like LawyerRatingz.com — or Facebook or Yelp or individual blogs that rely upon user comments — simply could not exist.”

Thomas did not immediately respond for comment.

The CDA does not, however, immunize the reviewers from a potential defamation suit. Theoretically, Thomas could try to sue the individuals who posted on the site. Generally, websites are not ordered to turn over users’ identifying information until after it has been proven that the statements are, indeed, defamatory.

The original article: http://www.wired.com/threatlevel/2012/02/attorney-threatens-take-down/?utm_source=Contextly&utm_medium=RelatedLinks&utm_campaign=Interesting

Dos nuevas denuncias complican la situación judicial de Cuevana

2012-03-12T09:00:00.000-05:00

Son clave para la investigación que busca determinar si el portal es culpable de defraudación a la propiedad intelectual. La Motion Picture Association of America y Telefe dieron su último golpe y abrieron una nueva investigación que promete definirse en semanas más. Estas acciones pueden derivar en medidas cautelares contra el sitio para que no siga violando los derechos de autor

Por Sabrina Santopinto

http://www.diariobae.com

El mediático caso Cuevana se transformó en uno de los más relevantes del 2011, y dio lugar a que recrudeciera el debate sobre los límites que deben reinar en la íntima relación que existe entre los contenidos que se publican en la Red y la protección de la propiedad intelectual o los derechos de autor.

En este marco, el sitio de carga y descarga de contenidos Cuevana finalmente tendrá que hacer frente –según pudo conocer BAE Judicial– a dos denuncias que complicarían su situación. Por un lado, el 20 de diciembre pasado Julián Subías –apoderado especial de Twentieth Century Fox Film Corporation, Disney Enterprises Inc., Paramount Pictures Corporation, Columbia Pictures Industries Inc., Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLLP, y Warner Bros. Entertainment Inc.– radicó una denuncia contra los responsables del sitio de Internet www.cuevana.tv por la posible comisión de delitos de defraudación a la propiedad intelectual –previstos en la ley 11.723–.

En diálogo exclusivo con BAE el fiscal general Ricardo Sáenz confirmó que se encuentra investigando la actividad del sitio Cuevana desde diciembre del año anterior, en virtud de las denuncias de los principales estudios de cine de los EE.UU. y de Telefe. La actuación del fiscal se realiza en el marco de dos investigaciones preliminares que tienen por finalidad establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos denunciados, previo a ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial.

Con ese alcance, Sáenz explicó que tiene probado y demostrado el funcionamiento del sitio, y prima facie quiénes son sus operadores responsables. La prueba pendiente de producción –cuya filtración a la prensa ya ha ordenado realizar por separado– es la referida a las personas físicas que contrataron el alojamiento del sitio www.cuevana.tv en un servidor de la ciudad de Rosario, y a nombre de quién o quiénes ese servidor registró el dominio de cuevana.tv.

Según trascendidos judiciales, se apunta como responsables del sitio a Tomás Escobar, Mario Cardosio, y David Fernández, señalando que las maniobras denunciadas como violatorias de los derechos de propiedad intelectual de sus mandantes se llevarían a cabo a través de la principal actividad del sitio Cuevana, esto es, la distribución de películas y programas de televisión, mediante la modalidad de streaming, sin el permiso, autorización o licencia de los titulares de los derechos de autor de dichas obras.

Por otro lado, la segunda denuncia fue radicada el 29 de diciembre de 2011 por la Apoderada de Televisión Federal S.A. (Telefe). En la acción se apunta también a investigar la posible responsabilidad penal de los tres responsables de Cuevana por defraudar la ley de propiedad intelectual; en este caso, se trata de infracciones por carencia de autorización que tendrían un doble origen: en primer lugar, la reproducción ilegal e indebida de los programas de televisión Algo habrán hecho (por la Historia Argentina), Clase Turista, Lo que el viento nos dejó, Los Simuladores, y The Simpsons. En segundo término, se adjudica a Cuevana la reproducción ilegítima, en vivo y en tiempo real, de la señal oficial de LS82 TV Canal 11, cuya licenciataria y propietaria de derechos es Telefe.

Lo cierto es que, según pudo investigar BAE Judicial, este panorama impulsó a que la fiscalía dispusiera la apertura de sendas investigaciones preliminares que buscan determinar los alcances de la operatoria del sitio Cuevana en lo que refiere tanto a su funcionamiento técnico como a la información correspondiente al alojamiento del portal, entre otras cuestiones que hacen al fondo de la investigación.

EL RUMBO DE LA INVESTIGACIÓN.

Lo cierto es que frente al abrumador escenario donde la proliferación diaria de Internet trae consigo la necesidad de delimitar nuevas reglas de juego, el manejo de los contenidos dentro de la inmensa Red es, desde hace algún tiempo, foco de duras polémicas en el sector no sólo judicial sino que también político, donde se buscan establecer límites más claros en lo que respecta a la regulación del uso de los contenidos que muchas veces chocan con legislaciones vigentes como las referidas a responsabilidad civil, derechos de autor, propiedad intelectual, libertad de expresión, entre tantos otros preceptos legales.

Cuevana nació como un emprendimiento llevado a cabo por tres amigos y que en la actualidad alcanzó un tráfico diario que supera las dos millones de visitas. Con algo más de 12 millones de usuarios, Cuevana se establece como un sitio para mirar películas y programas de televisión sin cobrar por esto costo alguno. El problema radica en que, según trascendidos extraoficiales, “se estima que el 98% del material de Cuevana está protegido por derechos de autor, mientras que más del 50% del contenido es propiedad de los miembros de MPAA”.

Para explicar la cuestión operativa, se debe señalar que Cuevana pone a disposición de los usuarios un hipervínculo hacia otra página, que es la que aloja el contenido, y éste es uno de sus principales argumentos para cubrirse de las posibles responsabilidades legales que la puedan implicar en la violación de la propiedad intelectual (lo que ya se conoce informalmente como “linkear no es delito”, concepto que resulta muy discutible desde la óptica jurídica). La realidad es que el mismo argumento fue utilizado el pasado año por el portal de descargas Taringa!, cuyos responsables resultaron procesados por la Justicia. En el caso de Cuevana el material estaría alojado en los denominados cyberlockers, entre los que al momento pudo comprobarse que Bitshare, un denominado “paraíso fiscal de la tecnología”, le presta este tipo de servicios.

En el marco de la investigación se pudo comprobar que el hosting del sitio se halla alojado en la firma Dattatec (ver recuadro) en la ciudad de Rosario, aunque asimismo existen otros servidores en Canadá, los Estados Unidos o Europa en donde se almacenan los datos, lo cual dificulta aún más el proceso judicial.

Otro de los puntos sobre los que se sugiere avanzar es el componente publicitario, dado que se pudo verificar en el sitio la existencia de firmas como Despegar.com, empresa que –en el marco de la investigación judicial– advierte no haber publicitado en Cuevana, sino que contrata publicidad en Google, quien se encarga de distribuir la misma en sitios de interés. Es decir, que las empresas que contratan publicidad con Google no deciden el destino de sus banners, sino que esta elección corre por cuenta de Google, incluso cuando se trate de un sitio de dudosa legalidad como Cuevana.

En síntesis, esta investigación judicial –de la que participa la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal– apunta a determinar no sólo los alcances de la operatoria de Cuevana sino también a establecer el lugar físico desde el que funciona, la relación con Google y el tipo de contratación publicitaria que entre ambos existe, entre otras líneas de averiguación que apuntan a determinar la posible violación de derechos de terceros.

Así avanzan por los carriles de la Justicia dos denuncias que abren paso a nuevos avances en la causa Cuevana, que no deberán soslayar el componente económico de estas operaciones, ya que los investigadores no creen estar frente a un grupo de estudiantes que armó una plataforma para ver películas gratis con amigos, sino que Cuevana aparecería más bien como un importante negocio, con capacidad no sólo de vender publicidad sino de recibir donaciones. Cabe señalar que todavía resuena en el ambiente de la fiscalía que una de las acusaciones que pesa sobre el sitio Megaupload en los Estados Unidos (uno de los cyberlockers utilizados por Cuevana), es nada más y nada menos que la figura de lavado de dinero.

UN COMPLEJO PANORAMA LEGAL

El debate por la propiedad intelectual y los derechos de autor recrudece a medida que crece y se afianza el uso de las nuevas tecnologías. En este marco, según coinciden los especialistas en la materia, Internet es a la percepción de la sociedad una especie de “limbo jurídico” donde parece reinar el “todo vale” aunque, según advierten los abogados, “rigen en este espacio las mismas leyes que para el resto de los ámbitos de la sociedad”.

Lo cierto es que en los últimos tiempos los índices de piratería y de violaciones a las leyes que defienden los derechos de los autores han venido en franco ascenso. Así es que, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, el 50% de los usuarios que descargan contenido considera que el pago a su proveedor de Internet le permite este tipo de procedimiento.

Si bien en la Argentina la ley de propiedad intelectual (11.723) determina que es delito penal la reproducción de toda obra no autorizada y regula el comportamiento en el territorio nacional, lo cierto es que la falta de regulación específica en la Red complica el panorama y deja a los jueces muchas veces expuestos al no contar con las herramientas específicas para entender sobre las denuncias que involucran a Internet. En este marco, la jueza civil Virginia Simari –quien tuvo a su cargo la primera demanda contra Google y Yahoo! en la región– advirtió oportunamente a BAE que si bien “los artículos 15 y 16 del Código Civil establecen que los jueces no pueden dejar de fallar ni aún frente a ausencias o lagunas de la ley, sin dudas una norma específica cubriría lo que se puede percibir como un vacío legal, ya que no hay norma que regule puntualmente los daños derivados por el uso de las redes sociales y de Internet en general, por lo que es importante que la legislación que se dicte se adecúe al marco constitucional”.

RESPONSABILIDAD. Uno de los debates más recientemente instalado en el país gira en torno de la responsabilidad de los buscadores de Internet respecto de los contenidos publicados por terceros. Si bien en el país rige la ley de delitos informáticos (26.388) no existe al momento legislación específica que regule la responsabilidad de los Internet Services Provider (ISP).

Ante esto, los jueces se rigen mediante la aplicación del Código Civil o Penal –creados en épocas en las que no existía Internet– debiendo forzar sus interpretaciones por lo que de esta manera resulta muy dificultoso establecer criterios al respecto lo cual deja abierto el camino a la creciente inseguridad jurídica en la materia.

Según advierten los expertos consultados es de imperiosa necesidad trabajar en una legislación que se adecúe a la problemática actual y que brinde herramientas a los jueces para fallar de forma específica dado que, “frente al avance de la tecnología, el derecho penal es una respuesta desproporcionada e inadecuada a los conflictos que plantea la defensa de los derechos de autor”.

LA POLICÍA FEDERAL PUSO A DATTATEC SOBRE LAS CUERDAS

En el marco de la investigación federal por la presunta comisión de hechos de piratería por parte de Cuevana, la Justicia intimó días atrás a la firma Dattatec, donde se encuentra registrado el dominio Cuevana.tv, a entregar toda la información sobre las personas físicas que contrataron el servicio de hosting, fecha de contratación y modo de pago del servicio. Se trata de un dato clave para la investigación dado que una vez que Dattatec entregue los nombres al fiscal, resulta un final anunciado que éstos deberán someterse a indagatoria abriéndose entonces la posibilidad de un procesamiento, como ocurrió con los responsables de Taringa!

Tomado de: http://www.diariobae.com/diario/2012/03/07/9029-dos-nuevas-denuncias-complican-la-situacion-judicial-de-cuevana.html

El 11% de los mexicanos justifica golpear a la mujer “por desobedecer”

2012-03-07T10:00:00.000-05:00

El 11 por ciento de la población en México cree que es justificable golpear a la mujer, por desobedecer a esposos o padres, cuando se lo busca o cuando los provocan, indicó el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Antonio Bucio Mújica.

Al participar en la conferencia “Derechos de las mujeres en México; avances y desafíos contra la discriminación de género”, en la Universidad de Guanajuato, indicó que el segmento de la población que justifica más la violencia contra las mujeres son los jóvenes de 14 a 17 años.

Estos datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, realizada por el Consejo Nacional Prevenir la Discriminación.

“Se le preguntó a los encuestados, en qué ocasiones se justifica pegarle a una mujer, el 78 por ciento dice que a la mujer no se le pega, ocho por ciento no sabe si se le tiene que pegar, seis por ciento por infidelidad, 11 por ciento lo justifica por desobedecer a esposo o padres, cuando se lo busca, cuando lo provocan”, indicó.

Cuando se les preguntó que si creían que las mujeres son violadas por provocar a los hombres, 76 por ciento estuvo en desacuerdo, pero 22.5 por ciento cree que sí, es decir, uno de cada cuatro creen que la culpa de violación la tienen las mujeres.

Dijo que el 95 por ciento de la población en México cree que se golpea a las mujeres.

De acuerdo con la encuesta, el problema de la discriminación es tan grave, que 3.4 millones de mujeres piden permiso a su pareja o esposo para decidir por quién votar, por lo que Bucio Mejía advirtió que esa cifra representa un alto porcentaje del padrón electoral y es mucho más del número de votos que determinaron la última elección presidencial en 2006, que resolvió por 254 mil votos.

En entrevista posterior, Bucio Mejía fue cuestionado sobre el tema de la criminalización del aborto.

“La decisión en principio, más íntima y más profunda de abortar, siempre le toca de alguna manera, lo diga la ley o no, le toca a la mujer que lo hace, que en el fondo asume no sólo esa decisión, sino la responsabilidad”, dijo.

Señaló que lo que tendría que hacer el Estado es garantizarle derechos y mecanismos de protección.

Planteó que alguna ley antiaborto debe someterse a un debate público, pero no a un debate ideológico.

“No puede ser un debate de posturas ideológicas, lo único que se debe garantizar desde la acción del Estado es el marco legal. Al Estado no le toca decidir por las percepciones morales o personales de nadie, le toca decidir sobre el marco legal, abrirse el debate, conforme al nuevo marco constitucional”, sostuvo.

Tomado de: http://www.sinembargo.mx/06-03-2012/173750

"Me extrañaría que un país serio le diera asilo a Restrepo" Rodrigo Uprimny Yepes

2012-02-27T08:00:00.000-05:00

Director DeJuSticia analiza el tenso clima público que se vive por los recientes fallos judiciales que afectan a altos exfuncionarios del gobierno Uribe y al estamento militar. Cecilia Orozco Tascón.- Ha hecho carrera en Colombia el término “guerra jurídica”. Con esa denominación se quiere dar a entender que los jueces son enemigos de los militares y del uribismo. ¿Cree que esa “guerra jurídica” es real?

Jurista Rodrigo Uprimny Yepes.- Durante muchos años pertenecí a la Rama Judicial y mi impresión es que la mayoría de los jueces son bastante conservadores. Contrario a lo que se dice, no hay evidencias objetivas de una Rama Judicial infiltrada por la izquierda, ni menos aún por sectores cercanos a la guerrilla. Simplemente si un juez encuentra pruebas que demuestren que hubo, por ejemplo, falsos positivos, y esas pruebas conducen a la responsabilidad penal de un miembro de la Fuerza Pública, lo condena. Pero de esa decisión individual no se puede deducir la existencia de una “guerra jurídica”.

C.O.T.- Sin embargo, esa sensación persiste porque no se condena sólo a un uniformado, sino a muchos, según se dice en los círculos militares. ¿La frecuencia de los fallos adversos a ellos no justifica la sospecha de que hay enemigos de la Fuerza Pública en los juzgados?

R.U.Y.- Unos días antes de que se conociera el fallo del caso Plazas, un juez de Cali condenó a 25 años de prisión a Timochenko como determinador del asesinato de monseñor Isaías Duarte. El juez también halló responsable de ese crimen al resto de la cúpula de las Farc. El autor material del homicidio ya fue condenado a 36 años de prisión y está purgando su pena. Todo esto, a pesar de que en Cali hay quienes insisten en que ese asesinato fue cometido por el narcotráfico. Una justicia infiltrada por la guerrilla no habría llegado a este tipo de conclusiones tan drásticas.

C.O.T.- Que “la justicia se politizó” es una afirmación que hoy se acepta como real en buena parte de los círculos de poder. Usted es un experto en esa materia. ¿La justicia dejó de ser judicial y ahora es política?

R.U.Y.- No. Otra cosa es que las decisiones judiciales tengan impacto político. Si la Corte Constitucional declara inexequible un proyecto de ley o si la Corte Suprema condena a un congresista, obviamente las implicaciones son políticas; es posible que los jueces sean sensibles al contexto que se vive alrededor de un determinado caso o que si hay distintas interpretaciones posibles de una norma, el juez se oriente por una u otra. Sucede en todas partes. Pero hay una enorme exageración en concluir por eso que la Rama Judicial se concierta para perseguir a determinadas personas.

C.O.T.- El hecho es que, refiriéndonos a civiles, hay varios de los colaboradores más notables del expresidente Uribe que hoy están siendo procesados. Visto desde el exterior, ese panorama puede dar la sensación de persecución.

R.U.Y.- Los tres casos que se suelen citar en ese sector para justificar la crítica a la justicia y que son los del exministro Arias, la exdirectora del DAS y ahora el del excomisionado Restrepo, observados imparcialmente, justifican las medidas que han tomado los fiscales o los jueces porque hay evidencias de corrupción, conductas ilegales o falsedades que comprometieron recursos del Estado. Todos esos hechos son punibles y pueden tener consecuencias políticas. Pero los procesos siguen siendo netamente judiciales.

C.O.T.- El asilo concedido a una implicada y el posible otorgamiento de otro asilo a un segundo procesado, el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, ¿afecta la credibilidad de la democracia de Colombia en el exterior?

R.U.Y.- Que haya fugitivos de la justicia no cuestiona el sistema judicial de ningún país del mundo. Muchos investigados tratan de evadir las decisiones judiciales. El asilo político concedido por Panamá a la exdirectora del DAS habla mal de Panamá y no de Colombia, porque la investigación contra esta exfuncionaria busca esclarecer judicialmente unos abusos, ya comprobados, que se cometieron bajo su dirección. Por eso me extrañaría que un país serio le diera asilo al excomisionado. Es claro que él está evadiendo su deber, como responsable que era, de un hecho presuntamente ilegal.

C.O.T.- Le insisto: la acumulación de procesos en contra de personas cercanas al exmandatario puede dar la impresión de que efectivamente hay una estrategia de ataque contra Uribe y sus colaboradores.

R.U.Y.- Puede haber dos sensaciones: la primera, que hay una persecución como usted dice. La segunda, que el gobierno anterior se involucró masivamente en actos ilegales. Un observador internacional serio que lea sobre lo ocurrido y sobre las acciones por las cuales están siendo juzgados esos funcionarios, tiene que llegar a la segunda conclusión. Por cierto, la justicia ya había empezado a investigar ilegalidades de personas cercanas a Álvaro Uribe antes de que se terminaran sus gobiernos.

C.O.T.- Esos ataques recientes contra los jueces y sus fallos, en particular del presidente actual, ¿constituyen una reedición del enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo que se vivió en época reciente?

R.U.Y.- El actual enfrentamiento es distinto al anterior, a pesar de que es serio. En el caso de las declaraciones del presidente Santos frente a la sentencia del Palacio de Justicia, hay que decir que fueron muy desafortunadas. Pero uno no ve por parte del Gobierno el ataque sistemático a la Rama Judicial que se vivió en la etapa anterior. Ahora, esto en nada minimiza el carácter negativo de las afirmaciones del mandatario ni la crítica desproporcionada a ese fallo. Un jefe de Estado puede valorar y discutir una sentencia, pero no creo que deba hacerlo de manera tal que mine la independencia judicial.

C.O.T.- Usted opina que el presidente puede criticar los fallos aunque con mesura. Pero, siendo él el primer mandatario, ¿no debería estar obligado, más bien, a ser discreto y a acatar a los jueces?

R.U.Y.- Como le dije, desde mi punto de vista él puede plantear las discrepancias que tenga con un fallo. No obstante, debe cuidarse de poner en riesgo la labor de los jueces o a ellos mismos. Precisamente por el gran poder que tiene un jefe de Estado, cualquier pronunciamiento suyo puede enviar mensajes equivocados. Por eso él debe tener extrema prudencia al criticar los fallos y, en este caso, no la tuvo.

C.O.T.- Juan Manuel Santos había prometido respetar la autonomía judicial, pero terminó apoyando a los condenados. Su actitud pareciera heredada.

R.U.Y.- Más que una herencia de un gobierno a otro, hay una tendencia profunda a no aceptar que todos somos iguales ante la justicia. A esto se debe la resistencia a que la justicia penal ordinaria decida casos en los que estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas.

C.O.T- La reacción del mandatario en el caso de la retoma del palacio, en particular en cuanto al rechazo a la orden al Ejército de pedir públicamente perdón por la desaparición de personas, contó con el respaldo de un gran sector del país. ¿Intimidarán esas presiones a los jueces para decidir sobre casos futuros?

R.U.Y.- El núcleo de la independencia judicial consiste en que el juez sienta que puede decidir lo que le parece más justo en un caso, conforme a su entendimiento del derecho y de las pruebas, y no condicionado por presiones sociales o factores de poder. Hay que insistir en que los debates sobre determinadas sentencias pueden darse, pero sin coartar la libertad de conciencia de los jueces. La manera desproporcionada como se plantearon los ataques en el caso que usted menciona, fue riesgosa para la autonomía judicial.

C.O.T.- ¿Están desamparados los jueces frente a esos dos grandes poderes que son las Fuerzas Militares y el grupo del expresidente Uribe?

R.U.Y.- Espero que no sea así. El país tiene, de todos modos, una larga tradición de respeto a las decisiones judiciales y la independencia de sus jueces ha evitado graves desbordes autoritarios. Quisiera creer que la sociedad entiende la importancia de preservar la justicia como un elemento esencial del Estado de Derecho sin perjuicio del libre ejercicio de la crítica.

C.O.T.- Pero no se puede ignorar que la crítica a la justicia está altamente contaminada por las pasiones políticas de unos grupos de poder bien identificados.

R.U.Y.- Ejemplos como los de Venezuela y Ecuador, en donde con el argumento de que había problemas en la rama, esos dos gobiernos coartaron la autonomía de la justicia, muestran los riesgos que se corren cuando no se toma en serio el respeto por la tarea de los jueces.

C.O.T.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudió el caso de los desaparecidos del Palacio y se lo acaba de enviar a la Corte Interamericana para que ésta decida si sanciona a Colombia por lo ocurrido durante la retoma. ¿El traslado de ese proceso a la Corte es un respaldo de la justicia internacional a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que fue tan polémica en Colombia?

R.U.Y.- En cierto sentido la Comisión lo que hizo fue confirmar los hallazgos fundamentales del fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Aunque el trámite llevaba allá años, la coincidencia con lo que se decidió aquí respecto del mismo proceso es significativa. Lo que la Comisión hizo en días pasados fue poner esos casos en conocimiento de la Corte Interamericana. Y si lo hizo, no sólo es porque considera que hubo desaparecidos, sino porque cree que miembros de la Fuerza Pública estuvieron involucrados. La CIDH no se pronuncia sobre responsabilidades penales individuales, porque no le corresponde. Pero su traslado a la Corte sí implica que cree que no hubo debida justicia en Colombia.

C.O.T.- ¿Qué opina sobre la propuesta de realizar una constituyente para reformar el marco constitucional del país? ¿Es legítima?

R.U.Y.- Claro que no. Admitir ahora propuestas de ese tipo sería caer en lo que cayó Italia con Berlusconi: cada vez que había posibilidades de iniciar una nueva investigación contra su gobierno, se modificaban las leyes para privar a los funcionarios judiciales de sus facultades de investigación.

C.O.T.- La reforma a la justicia, que se está discutiendo en el Congreso y que incluye la eliminación de la función de investigación de la Corte Suprema, por ejemplo en los nuevos procesos de la parapolítica, ¿resulta inoportuna por el momento tan enrarecido que vive el país?

R.U.Y.- No es la mejor oportunidad. El contexto actual se presta para que algunas propuestas sean vistas con suspicacia. Sin duda hay aspectos del sistema judicial que requieren reforma. Pero se necesita la mayor de las prudencias para no terminar afectando la tradición de la función esencial de la justicia. Es obvio que no es perfecta. Pero no está colapsada como quieren hacerla parecer.

C.O.T.- Por estos días también se discute el reforzamiento del fuero militar en el Congreso con el argumento de que los jueces civiles no entienden los procedimientos castrenses. ¿Ese cambio constitucional no es desafortunado en medio del agitado clima político que se siente en estos días?

R.U.Y.- Es desafortunado y contrario a los compromisos internacionales firmados por Colombia, en cuanto indican que las violaciones graves a los derechos humanos no deben ser investigadas ni juzgadas por la justicia penal militar. Si el argumento que se tiene en esa materia es que los jueces penales ordinarios carecen de formación en Derecho Internacional Humanitario o en procedimientos militares, la solución es muy sencilla: que se cree una especialización en la justicia ordinaria que se encargue exclusivamente de los asuntos en que se vean involucrados miembros de la Fuerza Pública.

C.O.T.- Grupos que están apoyando al actual gobierno y grupos que apoyaron al gobierno anterior han puesto al estamento militar en la mitad de la discusión. ¿Tratar de ganarse el favor de las Fuerzas Armadas no resultará peligroso?

R.U.Y.- Un elemento definitivo en las democracias es el control civil sobre sus estamentos militares. Aupar a los militares a que no acaten decisiones judiciales para ganarse su favor, en beneficio de uno u otro grupo político, incrementa los riesgos sobre la democracia. Por eso es importante defender la idea de que todos los responsables de delitos, sean o no militares, sean o no hombres poderosos, deben acatar las decisiones judiciales. La esencia de la democracia reside en la igualdad de todos ante la ley. Otro activo de ella aquí es que los militares no han sido aquí actores políticos. Sería nefasto acabar con esa tradición.

Académico e investigador

Rodrigo Uprimny es abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestría en Sociología del Desarrollo, de la Universidad de París I, y doctorado en Economía de la Universidad Amiens, Francia. Además tiene un posgrado en resolución de conflictos de la Universidad de Uppsala, Suecia. Ha sido profesor titular de la Universidad Nacional desde 1989 en temas constitucionales. También es profesor visitante de otras universidades colombianas y del exterior, entre ellas la American University de Washington, la de Grenoble, Francia, y la de Utrecht, Holanda. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional durante 11 años y magistrado encargado del mismo tribunal. Además ha sido perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Y ejerce como director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia), creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios. Uprimny ha publicado numerosos artículos y libros de administración de justicia y derechos humanos. Por sus conocimientos es invitado permanente de los medios de comunicación y sus conceptos son escuchados con atención tanto en el mundo académico como en el político y judicial.

Respaldo internacional a fallo nacional

Coincidiendo con la honda discusión que generó en el país la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena a 30 años de prisión del coronel (r) del Ejército Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que revisó este caso durante varios años— acaba de decidir que enviará el proceso a la Corte Interamericana para que resuelva si sanciona o no a Colombia. La sanción que ese tribunal puede imponerle al Estado depende de si los magistrados de la Corte Interamericana encuentran que aquí no hubo debida aplicación de justicia. Y que, en consecuencia, los familiares de las víctimas tampoco encontraron protección jurídica. Es decir, que no existieron investigaciones ni fallos concluyentes sobre la responsabilidad de los agentes oficiales que participaron en el rescate de los rehenes civiles del M-19, pero también en su retención sin orden judicial, torturas y desaparición. La decisión de la Comisión Interamericana puede ser interpretada como un respaldo a la que tomó el Tribunal de Bogotá, que fue ampliamente criticada por círculos nacionales de poder.

Tomado de: http://dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=sistema_judicial&publicacion=1152

Alyssa Bustamante, de 18 años, condenada a cadena perpetua por el asesinato de una niña

2012-02-22T09:00:00.000-05:00

Alyssa Bustamante escucha al juez (AP Photo/Kelley McCall)

Alyssa Bustamante protagonizó un momento verdaderamente emotivo pocos minutos antes de saber que había sido condenada a cadena perpetua. Estaba en el tribunal del juez Pat Joyce en Jefferson City, Missouri (Estados Unidos) y se levantó de su silla para dirigirse a los padres de la niña de nueve años que ella misma había asesinado. La misma gente que al comienzo de su juicio la había tildado de "monstruo". Sobre el sonido de las cadenas que le ataban los brazos a la cintura y los tobillos, empezó a hablar.

"Estoy extremadamente... muy arrepentida de todo. Sé que las palabras...", aquí hizo una pausa para tomar aliento y recuperar las compostura. Entonces añadió "... no pueden ser suficientes y que no pueden describir lo terriblemente mal que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para devolverles [a su hija] lo haría. Lo siento".

Fue el momento más emotivo de un triste juicio por asesinato en el que se intentó esclarecer qué había ocurrido una fatídica noche de octubre de 2009. Cómo Alyssa, que entonces tenía 15 años, había cavado la tumba con días de antelación para enterrar en ella a Elizabeth Olten, una niña de nueve años que vivía cerca de St. Martins, un pueblo al oeste de Jefferson City.

Bustamante,
tras confesar el asesinato
de una niña de nueve años

Cómo la decidida asesina había usado a su hermana pequeña para que la niña fuera a su casa a jugar porque "tenía una sorpresa para ella" mientras escondía un cuchillo en su mochila. Cómo esa noche escribió en su diario: "Las he estrangulado y degollado y apuñalado y ahora están muertas. No sé cómo me siento ahora mismo. Ha sido increíble. En cuanto superas el momento de 'oh Dios mío, no puedo hacerlo', es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa ahora mismo. Bueno, me tengo que ir a misa... jaja".

No fue a misa, sino a un baile en un centro de juventud de su iglesia mormona y no eran varias las víctimas, sino sólo una, Elizabeth. Mientras, cientos de voluntarios empezaban a buscar a la niña. Alyssa empezó mintiendo sobre el paradero de su víctima. Luego confesó a la policía y les indicó dónde estaba la tumba.

Alyssa Bustamante en 2009,
año en que cometió el asesinato

El caso no podía estar más claro. El abogado de Alyssa sólo pudo argumentar que la chica había nacido cuando sus padres eran unos adolescentes que consumían drogas y que su infancia había sido, cuanto menos, problemática. Su padre estaba en la cárcel y su madre las había abandonado a cargo de su abuela. Ella se había intentado suicidar en 2007 y desde entonces tomaba Prozac, el famoso antidepresivo. Pero esto no se sostuvo como prueba ante el tribunal que tuvo que juzgar el caso.

Ahora, a esta chica sólo le queda pasar el resto de su vida en prisión. El juez Joyce ha admitido la posibilidad de libertad condicional, pero sólo porque Alyssa había admitido ser la responsable del asesinato, por lo que se le rebajó a segundo grado. Quizás en la cárcel encuentre las palabras que se le escapaban ante el juez.

Tomado de: ttp://co.noticias.yahoo.com/blogs/gaceta-trotamundos/alyssa-bustamente-18-a%C3%B1os-condenada-cadena-perpetua-por-155446521.html