ProfeDPC

La hipoteca

2023-08-08T07:25:00.004-07:00

https://juristapy.wordpress.com/2015/08/30/la-hipoteca/

PRIVILEGIOS DE LOS GASTOS DE JUSTICIA FRENTE A LOS DEMAS ACREEDORES PRIVILEGIADOS:

2023-08-08T07:21:00.002-07:00

PRIVILEGIOS DE LOS GASTOS DE JUSTICIA FRENTE A LOS DEMAS ACREEDORES PRIVILEGIADOS:

"La facultad de disponer de un derecho es una cosa distinta del derecho que se dispone". (CHIOVENDA, Instituciones, t. I, p. 303).

En el presente trabajo, pretendemos expresar nuestra posición respecto al privilegio emergente de los gastos de justicia devengados en el juicio ejecutivo frente a los demás créditos privilegiados. El Art. 502 del Código Procesal Civil establece: "Preferencia.- Mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación". La norma así redactada parece no ofrecer reparos, sin embargo, a la hora de determinar la graduación de los privilegios emergentes de los gastos de justicia previstos en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Código Civil, surgen diversas interpretaciones tanto de los órganos jurisdiccionales como de los profesionales interesados, dado que en dichos gastos de justicia se integran los honorarios profesionales de los Abogados (Patrocinante y Procurador) del ejecutante.

Antes que nada no es ocioso recordar la clasificación de los privilegios; que pueden ser: Generales cuando se verifican sobre el producto de todos los bienes muebles o inmuebles del deudor, o Particulares, cuando recaen sobre algún bien mueble o inmueble determinado. El efecto jurídico de esta clasificación es que los privilegios generales sólo pueden hacerse valer en concurso del deudor, es decir cuando todo el patrimonio del deudor está en liquidación, en tanto que los privilegios especiales entran en acción en cualquier ejecución individual, tal es así v.g.: que el acreedor con privilegio especial de hipoteca debe presentarse en la ejecución individual a hacer valer su crédito (por la vía de la tercería de mejor derecho) sobre el precio obtenido en la subasta, puesto que el privilegio subsiste sobre el precio de venta, produciéndose la extinción de la hipoteca (Art. 2402 C.Civil), quedando en su caso, el saldo de su crédito convertido en quirografario.-

Privilegio de los Gastos de Justicia: Por gastos de justicia debemos entender aquellos gastos ocasionados por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus derechos bajo la mano de la justicia. El privilegio así establecido se refiere a todos los gastos que los acreedores del deudor no hubieran podido liberarse de realizar si otros no lo hubieran anticipado a los fines de la subasta de los bienes del deudor, es decir todos aquellos gastos realizados en el interés común de los acreedores.

El privilegio de los Gastos de Justicia previsto en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Cód. Civil, que recae sobre determinados bienes muebles o inmuebles del deudor -es el caso de las ejecuciones particulares sobre determinados bienes del deudor-

En este caso, el privilegio emergente de los gastos de justicia pueden oponerse a determinados acreedores a quienes esos gastos hayan resultado útiles; es así que el crédito del acreedor con privilegio de hipoteca prevalece sobre todos los demás créditos de menor rango, con excepción de los gastos de justicia que se encuentra en primer orden conforme a las normas mencionadas, pero toda vez que se trate de gastos que beneficien al acreedor privilegiado.

Esto significa que los gastos de justicia que insume honorarios profesionales correspondientes a la realización de la subasta (cumplimiento de la sentencia de remate) son privilegiados frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido del inmueble.

Estos gastos de justicia, -a nuestro criterio- incluyen los gastos propios de la etapa de cumplimiento de la sentencia, incluyendo honorarios profesionales de los Abogados del ejecutante por dicha etapa del proceso de ejecución, por cuanto que cualquier acreedor que hubiera querido hacer efectivo su privilegio sobre el producido en la subasta ineludiblemente tendría que haber realizado esos mismos gastos, dado que, además la actividad de los profesionales que llegaron a la subasta beneficia a los demás acreedores privilegiados.

A contrario sensu no son privilegiados los gastos de justicia hechos en el propio interés del acreedor ejecutante: los referidos a la etapa de preparación de la acción ejecutiva, los de la ejecución propiamente dicha, los referentes a las medidas cautelares y los de tasa judicial, que resultan ser gastos necesarios para el reconocimiento del derecho de quien los solicita.

Por ejemplo: Si el remate se realiza en un juicio que corresponde a un acreedor quirografario que llega primero a esa etapa (cumplimiento de la sentencia), podría ocurrir que su crédito de 10.000.000 más 2.000.000 de gastos de justicia (por la preparación de la acción, la ejecución y la medida cautelar, incluyendo honorarios profesionales de Abogados), se viera acrecentado en 1.000.000 por gastos de Justicia correspondiente a la etapa de cumplimiento de la sentencia referente a la subasta. En este caso, se cobran en primer término estos 1.000.000 con lo que se abonan los honorarios de los Abogados del acreedor quirografario y demás gastos propios de la subasta, con lo cual dicho acreedor se ve beneficiado, por haber su crédito procurado ventaja a todos, pudiendo oponer los gastos de justicia a todos los demás acreedores. Luego cobra el acreedor hipotecario su crédito completo por capital, intereses (Art. 2374 C.Civil) y gastos de justicia propios realizados en el juicio respectivo, si los hubiera promovido, sino, sólo los primeros, y a seguir los restantes acreedores con mejor derecho que el ejecutante quirografario; luego los gastos de justicia de la ejecución quirografaria y a seguir el capital e intereses a que hubiere lugar: Graficando el ejemplo:

1.- CRÉDITO QUIROGRAFARIO EJECUTADO: Gs. 10.000.000.-

2.- GASTOS DE JUSTICIA:(DE LA EJECUCIÓN DES DE LA PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN HASTA LA SENTENCIA DE REMATE): Gs. 2.000.000.-

3.- GASTOS DE JUSTICIA DE LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: Gs. 1.00.000.-

TOTAL OBTENIDO EN LA SUBASTA: Gs. 12.000.000.-

1er. pago: x Gastos de Justicia de la etapa de cumplimiento de la sentencia: 1.000.000.-

2do. Pago: a los acreedores Hipotecarios incluyendo gastos de justicia de la ejecución hipotecaria si los hubiere: 5.000.000.-

3er. pago: a los demás acreedores con mejor derecho que el ejecutante: 1.000.000.-

4to. pago: Gastos de Justicia de la ejecución del acreedor quirografarrio: 2.000.000.-

Sub - Total: 9.000.000.-

SALDO: 3.000.000.-

5to. pago: Al acreedor quirografario ejecutante, el saldo, es decir: 3.000.000.-

TOTAL: 12.000.000.-

De lo expuesto, cabe concluir que los gastos hechos judicialmente, pero que no son privilegiados, son aquellos realizados por un acreedor en su interés particular, para adquirir un título ejecutivo, o para hacer ejecutivo su crédito, en cuyo caso dichos gastos se colocan en el mismo grado del crédito, de modo que siendo éste privilegiado, ellos también deben serlo (véase la nota del Codificador al Art. 3879 del Cód. Civil de la Rca. Argentina, a mayor abundamiento).

Es decir el privilegio proveniente de los gastos de justicia es una preferencia de carácter especialísimo, que los coloca sobre todo otro privilegio, bastando que hayan sido útiles para el acreedor a quien se oponga.

La pregunta obligada que surge es indudablemente para saber cuándo los gastos de justicia resultan útiles a los demás acreedores.

En el caso que nos ocupa, específicamente en el proceso de ejecución, -a nuestro criterio- los gastos de justicia irrogados al acreedor quirografario con motivo de la preparación de la acción ejecutiva, a los fines de adquirir un título ejecutivo, o para hacer ejecutivo su crédito, no pueden ser considerados útiles frente a los demás acreedores con derecho de preferencia de mayor rango, llámense estos hipotecarios, prendarios o con embargo de mejor rango, puesto que dichos gastos, no benefician sino a aquel.

Del mismo modo, los gastos de justicia acaecidos en el proceso de ejecución y hasta la sentencia de remate, sólo beneficia al ejecutante/acreedor, porque tal beneficio no se extiende a los demás acreedores del mismo deudor, ya que estos pueden hacer valer sus privilegios recién en la etapa de cumplimiento de la sentencia y luego de la subasta, sin perjuicio de iniciar dichos acreedores sus propias acciones a los fines de cobrar sus respectivos créditos; es que, al acreedor ejecutante que llega a la sentencia de remate, y que bien puede llegar a la subasta de los bienes de su deudor, su derecho no sufre desmedro alguno frente a los demás acreedores privilegiados y de mejor rango que el suyo sobre el producido en la subasta, puesto que con la misma sentencia de remate dictada a su favor, podrá inesitablemente perseguir a su deudor hasta el cobro total de su crédito, de lo que se sigue, que la utilidad de la ejecución promovida lo es sólo para el que lo ejecuta, no pudiendo cargársele a los demás acreedores con mejor derecho que el suyo, dado que ello constituiría un acto de enriquecimiento indebido al tener que hacer soportar a terceros el perfeccionamiento de su título ejecutivo en el caso de la preparación previa, y de la propia ejecución de su respectivo título para tornarlo ejecutorio.

Es por ello que cuando los gastos de justicia se hicieren en el interés común de todos los acreedores resulta lógico que sean imputados a todos ellos.-

CONCLUSIÓN:

a) La cuestión referente a los privilegios puede hacerse valer por vía del incidente de tercería de mejor derecho, instaurada en la ejecución en que se produjo la subasta.-

b) El privilegio especial de la hipoteca (o prenda en su caso) prevalece sobre todos los demás créditos de menor rango y quirografarios, con excepción de los gastos de justicia.-

c) El privilegio establecido en los Arts. 437 inc. a) y 438 inc. a) del Cód. Civil, referentes a los "Gastos de Justicia", que se da sobre determinados bienes muebles o inmuebles del deudor, es el caso de las ejecuciones particulares sobre determinados bienes del deudor, por oposición a los privilegios determinados sobre la generalidad de los bienes del deudor que se produce en el concurso o quiebra del deudor. Estos "Gastos de Justicia" constituye un privilegio de primer orden, que se antepone al crédito reclamado.-

d) En la ejecución de créditos quirografarios, los Gastos de Justicia correspondientes a la etapa del "Cumplimiento de la Sentencia" (Subasta), se anteponen y son oponibles a todos los demás créditos privilegiados que pesan sobre el bien subastado, llámense éstos hipotecarios, prendarios y/o embargantes de mejor rango al quirografario ejecutado.

e) Abonados los Gastos de Justicia correspondiente a la etapa de cumplimiento de la sentencia, los acreedores con privilegio especial con sus respectivos Gastos de Justicia irrogados en las ejecuciones respectivas, y los demás acreedores con mejor rango que el del ejecutante quirografario; el saldo de lo obtenido en la subasta deben imputarse en primer término a los que corresponde a los Gastos de Justicia correspondiente a la ejecución del acreedor quirografario ejecutante y el remanente se imputará al crédito reclamado por éste último con sus accesorios.-

Bibliografía:

- Monografías:

"Cuestión de privilegios en el juicio ejecutivo,..", Dra. Elena I. Higton, El Derecho, Tomo 114, pg. 962.-

"El tratamiento de los privilegios en el Proyecto de unificación legislativa", Dres. Julio Cesar Rivera y Graciela Medina, El Derecho, Tomo 127, pg. 693 y sigtes.-

"Extensión y funcionamiento del privilegio por gastos de justicia..", Dra. Elena I. Higton, El Derecho, Tomo 128, pg. 705.-

CSJ - Consulta sobre constitucionalidad del Art. 5 de la Ley 1626/2000 Inconstitucionalidad de aplicación del Código Civil a la relación del Contratado

2020-12-04T05:12:00.001-08:00

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Lección 6 - Prueba documental

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Lección 5 - Jurisdicción

Lección 7 Competencia DPC1

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BIBLIOTECAS VIRTUALES

Lo que no te enseñaron en la escuela de derecho sobre la riqueza. Por Miguel Ángel Reyes el October 23, 2014 en Éxito y Toga La escuela de derecho y la riqueza

2014-10-24T19:14:00.001-07:00

La escuela de derecho y la riqueza

Poco se habla en las escuelas de derecho sobre la riqueza, sea éste material o espiritual, y es aún menor la cantidad de veces que se habla de finanzas.

Escuela de derecho y la riqueza

Por alguna razón, las universidades entienden que es más importante (tratar) aprender asuntos básicos de derecho tributario, sin antes saber cómo se maneja una tarjeta de crédito, la importancia del ahorro o la diferencia entre ingresos pasivos y activos. Por consiguiente, la mayoría de los abogados son pésimos administradores de su dinero y tienen una concepción de la riqueza que se limita a la obtención de dinero a través del empleo o el auto empleo.

El 99% de los abogados trabaja por dinero. El noventa y nueve por ciento (99%) de los abogados en principio son empleados o auto empleados. Ello implica que sus ingresos dependen del tiempo que le dediquen al ejercicio de su carrera y a medida que aumenta el trabajo también aumentan sus ingresos, pero disminuye su calidad de vida, en virtud de que se envuelven en jornadas de trabajo muy extensas.

La verdadera riqueza no se mide en dinero sino en tiempo. Es decir, la riqueza es la cantidad de tiempo que podemos mantener nuestro estilo de vida actual sin trabajar físicamente. Por tanto, para sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo debemos aprender a construir ingresos pasivos.

Esto se logra a través de aprender a formar a otros y creer en ellos, apalancarse en la tecnología, descentralizar funciones, etc… Es una labor que no obstante ser un poco compleja, cuando se aprende a ponerla en práctica sus frutos son maravillosos.

Tal vez esto explica por qué son tan pocos los grandes bufetes que trascienden a la presencia física de sus dueños. No es suficiente ganar mucho dinero, sino aprender a utilizarlo para que éste trabaje para nosotros.

Si tu interés es ser millonario: olvídate de la judicatura

Tengo que confesar que nunca he sentido el más mínimo deseo de ser juez o procurador, puesto que no tengo vocación para ello. No obstante, siento gran admiración por aquellos a quienes el espíritu de justicia los ha llevado a hacer carrera en la judicatura.

Sin embargo, he observado como los jueces y fiscales, se pasan el día trabajando en los juzgados; luego, en las noches, dedican su tiempo a impartir clases en las universidades, y los fines de semanas dictan cátedras en diplomados.

Hay que tener mucha pasión para siempre estar inmerso en labores relacionadas con el derecho, o en su defecto tener que acudir a actividades complementarias para hacer un balance en el presupuesto familiar.

La mayoría de las legislaciones sólo le permiten a los jueces y a los funcionarios del ministerio público, impartir docencia mientras ejercen sus funciones. Cualquier otra actividad económica les está prohibida.

Asimismo, siempre he sido un crítico de los que ven la judicatura como un medio para hacer dinero. Siempre que esa sea la intención entiendo que se debe renunciar al cargo y declinar por el ejercicio privado.

No condiciones tu éxito profesional a la lotería

Cuando hablo de la lotería no me refiero a comprar tickets para sorteos. Aunque tampoco comulgo con esta actividad.

Es a la cultura del azar que se ha apoderado de los letrados como forma para alcanzar el éxito económico. Es común escuchar de labios de los colegas que algún día llegará un caso que te permitirá mejorar tu situación económica.

Es cierto que él éxito se produce cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, pero no podemos soslayar que se trata de un proceso en el cual las probabilidades de tener “la suerte” de encontrar un buen cliente aumentará a medida que estés bien preparado y te preocupes por hacer que tus logros sean más fuertes que tus opiniones.

Además, los medios para amplificar tus acciones se han multiplicado en nuestros tiempos y aquello de participar en un caso con mucha prensa, con la finalidad de “brillar” y llegar a más clientes ya no es la única opción viable.

El dinero no lo es todo

Aprendí de un gran líder empresarial que el ser humano tiene tres grandes necesidades en la vida:

La supervivencia:

Este es uno de los problemas más primitivos en la historia del hombre, pues procura satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. Todos necesitamos alimentos, dormir, vestimenta, sexo, etc…

De manera que, para cubrir dichas necesidades y tener un buen estilo de vida en la sociedad actual se requiere dinero. Por consiguiente, la mayoría nos dedicamos y nos formamos con el sólo objetivo de producir y gastar dinero.

Sin embargo, ignoramos que la vida no se limita a aprender formas de obtener ingresos económicos, ya que éste es sólo un problema que hay que resolver, a fin de tener tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa y nos permite avanzar y trascender.

La convivencia:

Los humanos somos animales sociales por naturaleza, y los abogados por profesión, por consiguiente debemos tener bien claro la forma en que vamos a satisfacer nuestras necesidades sociales básicas y cuáles son los aportes que le queremos hacer a nuestra familia, a nuestra pareja; y por último, pero no menos importante a la sociedad.

Es menester definir objetivos claros y establecer los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestras metas. Puesto que, para quien no hay un norte claro, la intrascendencia es el objetivo.

El afán por conseguir dinero no nos debe hacer perder de vista que hay que apartar tiempo para dedicarlo a conocer a nuestros seres queridos;

La autovivencia:

Estar feliz contigo mismo es uno de los placeres que pocos disfrutan en el mundo. Luchar contra el ego, el orgullo y la autocompasión que nos afecta, es un imperativo para encontrar conformidad con nuestro propio yo.

“Hay gente tan pobre, que solo tiene dinero”. Anónimo

En conclusión, considero que debemos diversificar nuestro aprendizaje y no sólo vivir para estudiar sino estudiar para vivir. El trabajo es un medio para la vida y no debe sustituir a la vida misma que es tan preciosa.

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7 recomendaciones para el estudiante de derecho

2014-09-21T14:44:00.000-07:00

Por Miguel Ángel Reyes - September 11, 2014 en Éxito y Toga

1-Construye tu marca personal: !HOY!

Usualmente, los primeros clientes de todo abogado son sus familiares y relacionados. Por tanto, necesitas que las personas de tu entorno empiecen a verte como alguien a quien pueden confiar sus asuntos jurídicos. Para lograrlo debes empezar a verte y comportarte como tal: tu vestimenta, tu lenguaje y la manera en que gestionas tus redes sociales, deben proyectar una imagen más profesional.

Siendo sinceros, y sin pecar de puritanos ¿le confiarías tus asuntos legales a alguien que tiene una foto con una hookah en su perfil de Facebook?… :) ya me lo imaginaba. En Roma decían lo siguiente: la mujer del Cesar no solo debe ser seria sino que debe aparentarlo.

2-Haz networking

Esto puede ser un poco radical, pero olvídate de los diplomados teóricos hasta que te gradúes. Ya debes tener suficiente con la teoría recibida en la universidad y quienes asisten a los diplomados suelen ser estudiantes de derecho como tú. Mejor invierte tu tiempo y dinero participando en eventos y seminarios de emprendimiento, puestas en circulación de libros de derecho, actividades organizadas por el Poder Judicial, etc.

Allí tendrás la oportunidad de conocer clientes potenciales y construir un activo intangible que es fundamental para el éxito de todo profesional, y más de un abogado: relaciones.

3-Aprende inglés

Anteriormente, todo abogado que preciara de mantenerse actualizado debía estudiar francés, pues al igual que nuestra legislación, las principales doctrinas provenían de dicho país. Sin embargo, hoy gracias al desarrollo de las escuelas de derecho en hispano américa, hay suficiente doctrina en español. Lo que le ha quitado fuerza a la necesidad de aprender francés como segundo idioma.

Por otro lado, el inglés es el idioma del comercio a nivel mundial, y Estado Unidos es nuestro principal socio de negocios. Asimismo, salvo raras excepciones la mayoría de extranjeros que requieren servicios jurídicos en nuestro país, hablan el idioma de Shakespeare. De modo que aprender inglés debe ser una de tus principales prioridades. Ya luego tendrás tiempo para aprender francés, por cultura general.

4- Emprende

Si estás interesado en ser parte de un gran despacho o abrir uno propio, tus conocimientos técnicos son necesarios, pero no suficientes. Necesitas desarrollar habilidades comerciales y de liderazgo, conocimiento que no son parte del pensum universitario, sino que para adquirirlos debes estar involucrado en el mundo de los negocios. Además, a menos que tus padres puedan y estén dispuestos a mantenerte por mucho tiempo, vas a necesitar un ingreso complementario hasta que tu profesión sea capaz de cubrir tus gastos.

5- Trata de trabajar en tu área antes de graduarte

Esta es una de las decisiones más importantes que debes tomar. Es difícil para quien trabaja en otra área y tiene un ingreso decente, desprenderse de éste para trabajar por un salario de miseria en un despacho de abogados o en el Poder Judicial. Pero mientras más postergues esta decisión más te va a pesar, pues la experiencia tiene más peso a la hora de acceder a un despacho que cualquier postgrado o maestría.

Yo tuve que dejar un salario de alrededor de 600 dólares mensuales para trabajar como paralegal, por un salario de 250 dólares. No fue fácil, pero hoy estoy recogiendo los frutos de esa decisión.

6- Involúcrate en actividades políticas, pero no seas politiquero

Sin duda alguna el abogado tiene una función social, lo que de una forma u otra lo ata al ámbito político. Además, en países tan politizados como el nuestro, las actividades políticas se prestan para conocer abogados de renombre, jueces, fiscales y funcionarios estatales, por tanto involucrarse en algún partido político o una organización de la sociedad civil es una buena idea, pero evita fanatizarte y que esto te lleve a descuidar tus estudios por el proselitismo constante en que se vive en nuestro país.

7- Identifica un mentor y rodéate de gente con talento

Identifica un abogado exitoso, que esté ejerciendo, y solicítale que sea tu mentor. Tal vez sea difícil para ti encontrarlo, pero no desmayes hasta que lo encuentres. El éxito deja huellas y es más fácil encontrarlo cuando alguien que lo ha logrado te puede dirigir en el camino. Por más que creas en tus padres, si ellos no son abogados no son los más adecuados para aconsejarte.

Por último, quiere mucho a tus amigos, pero busca relacionarte con gente talentosa y que esté constantemente en la búsqueda de oportunidades para construir un mejor futuro y que te empujen a crecer.

2014-08-26T12:38:00.003-07:00

LIBERTAD DE EXPRESIÓN vs. DERECHO A LA INTIMIDAD.

BlasER

La libertad de expresión constituye una conquista del derecho, frente a la censura previa que han sometido y aún someten en la actualidad los regímenes autoritarios y dictatoriales de muchos países del mundo.
Conviene recordar que ningún derecho, ni siquiera aquellos considerados derechos fundamentales son absolutos, todos los derechos y garantías individuales pueden ceder, así el derecho a la vida cede ante un injusto ataque, el derecho a la propiedad cede ante el interés común o la utilidad pública, y las garantías individuales ceden ante un estado de excepción; del mismo modo el derecho a la libertad de expresión cede al derecho de la personalidad humana de la intimidad, toda vez que la existencia de las personas se fundamentan en el secreto de su vida privada que es personalísima por pertenecer a su propia personalidad psicológica.
Este derecho, el Derecho a la Intimidad, siendo inherente a la persona humana constituye el fundamento y la garantía de protección que debe proporcionar cualquier régimen democrático, que a su vez se construye a partir de la pública opinión y decisión de todas las personas que participan, construyen y sostienen la propia democracia, tanto es así que si los actores democráticos deciden sostener el Derecho a la Intimidad de ellos mismos, el régimen democrático debe asumir su irrestricto respecto, que el propio Estado debe garantizar.
Es posible afirmar entonces que ambos derechos, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad constituyen bases de las sociedades democráticas, la primera para la formación de la opinión pública, para que la comunidad bien informada pueda ejercer y decidir libremente (una sociedad desinformada no es libre, ni puede decidir libremente); en tanto que el derecho a la intimidad, en cuanto significa entre otros, los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia de cualquier clase incluida las electrónicas o de las comunicaciones telefónicas, conversaciones o imágenes emitidas por cualquier medio, de la propia imagen de la persona, honor y fama; del domicilio privado, de las preferencias personalísimas como la religión, la inclinación u opción sexual, entre otros derechos que hacen a la personalidad humana configuran materia de protección jurídica de la vida privada de las personas.
La vida privada de las personas puede ser violada de diversas formas, tal el caso de: la intromisión en la intimidad de una persona, de aquello que ocurre puertas adentro de su domicilio; la divulgación publica de hecho de la vida privada de las personas, como sería el caso de la difusión del carácter moroso de una persona por la falta de pago de una deuda; la exposición pública para desacreditar en la sociedad o en la comunidad a una persona atribuyéndole hechos o actos que pertenecen a su vida íntima; y en los casos como se da en el derecho americano, de la apropiación de elementos de la personalidad de un individuo con fines de lucro, como aquellos elementos del nombre, la imagen, la voz, la conducta para utilizarlos indebida y desautorizadamente en anuncio publicitarios; etc. Los ejemplos pueden ser infinitos, y dependen mayormente de las costumbres variables en el tiempo y en el espacio o lugar determinado.
Cabe sin embargo señalar que el derecho a la intimidad hace referencia a la vida privada de las personas, no así a la vida o actividad pública de esas mismas personas, de este modo no podría catalogarse de un acto de vida privada la circunstancia de la obtención y utilización de la imagen de una persona privada realizando un acto obsceno o escandaloso en un lugar público; del mismo modo los actos de las personas públicas (funcionarios públicos) referentes aspectos de su vida pública están al margen de la protección del derecho a la intimidad, en tanto que tal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió por unanimidad, un fallo contra la Argentina de gran trascendencia en materia de libertad de expresión que ratificó que no se viola el derecho a la intimidad de los funcionarios cuando la prensa da a conocer aspectos de su vida personal que son de interés público. En tal fallo se expuso que: "los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica", una vieja doctrina internacional, y explicó que si bien como cualquier persona tienen derecho a que se respete su vida privada, su "umbral de protección" es diferente dado que voluntariamente se expusieron y sus actividades están insertas "en la esfera del debate público".
En conclusión, el Derecho a la Libertad de Expresión encuentra su límite natural en el derecho a la Intimidad, siendo sin dudas el más importante como derecho humano el Derecho a la Intimidad.
Abog. Blas Eduardo Ramírez P.

2014-08-26T12:37:00.003-07:00

CRITERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

BlasER

En el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), la Corte Suprema de Justicia aprobó el “Código de Buen Gobierno”, que contiene además de las estrategias sobre políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, los fundamentos teleológicos (fines) y axiológicos (valores) adoptados y/o asumidos por el Poder Judicial, como herramienta de gestión institucional, en el marco del programa UMBRAL (que es un acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID) y el gobierno del Paraguay) cuyos ejes estratégicos se centran en reducir corrupción e impunidad, e incrementar la formalización de la economía).

El Código de Bueno Gobierno del Poder Judicial contenido en la Acordad Nº 783/2012, establece en el art. 2º como compromiso de la institución, cuanto sigue: “El Poder Judicial se compromete a orientar sus acciones a fin de Administrar Justicia, dirimir conflictos con miras a consolidar la paz social, interpretar leyes y administrar recursos, con independencia, eficacia y eficiencia, equidad y transparencia”, lo cual concuerda con los fundamentos de la Constitución contenidos en su Preámbulo que reconoce “la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia..”; y reconoce como principio ético en art. 3º, num. 1: “La aplicación de la Ley, entendida como dar a cada uno lo que le corresponde en derecho, constituye un principio cardinal para todas las actuaciones dentro del Poder Judicial”.

Esta normativa axiológica concreta un lineamiento principalísimo (principio cardinal) que conjuga el derecho natural de la justicia (dar a cada uno lo que le corresponde en derecho) con el derecho positivo contenido en las leyes, de lo que se sigue que el Poder Judicial paraguayo adopta un sistema de derecho positivo moderado, es decir del contenido mínimo de derecho Natural en el derecho Positivo[1].

El fundamento del derecho es reconocer la naturaleza de la dignidad humana, que se traduce en la justicia entendida como la virtud de dar a cada uno lo suyo.

Es que la justicia no puede basarse meramente en la tesis contractualista (pacto o Ley) porque puede derivar en arbitrariedades en nombre de las leyes, esto es, si la ley positiva deja de apoyarse en una noción de justicia preexistente y se establece como criterio de justicia la mera legalidad (solo la ley), el Estado sería una fuerza coercitiva que impondría que ley debe obedecerse más allá de la justicia (la equidad).

Al negar la posibilidad de fundar la ley (legislativo) y su propia aplicación (Judicial) sobre un razonamiento ético objetivo, que se establece en base a juicios universales válidos en torno a lo que es justo e injusto, resultaría en la suplantación de la ley justa por una parodia legal que entronizaría la voluntad de la mayoría como único criterio legitimador (Ej. Probar leyes injustas sin otro fundamento que el poder de hacerlas conforme a un interés meramente coyuntural o como se suele escuchar: “leyes a medida”).

La ley sin el sometimiento a los principios universalmente validos degeneran en la institucionalización de la injusticia; cuya primera consecuencia de la dislocación del concepto de justicia es la mala administración de la justicia, que no es solo un servicio público, sino el ejercicio de un Poder del Estado que no es ni apéndice ni está sometido a otro Poder del Estado.

En conclusión: El Código de Ética del Poder Judicial, refuerza la convicción de que en un Estado Social de Derecho, como lo es el Paraguay, en la administración de justicia para dirimir los conflictos de intereses –públicos o privados- las Leyes deben ser aplicadas con criterios de justicia y equidad.

[1] Hart, H.L., El positivismo jurídico y la separación entre el Derecho y la Moral", en Derecho y Moral. Contribuciones a su análisis, Depalma, Buenos Aires, 1962. Trad. cast, de G. R. Carrio, p. 45.

Las condiciones de privacidad de las aplicaciones móviles en el punto de mira de la GPEN y la AEPD

2014-05-22T14:18:00.001-07:00

Las condiciones de privacidad de las aplicaciones móviles en el punto de mira de la GPEN y la AEPD

2014-03-29T12:37:00.002-07:00

Sentencia amparo

VIOLENTA LA PRUEBA DEL ALCOHOTEST LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES?

2013-10-07T09:01:00.000-07:00

VIOLENTA LA PRUEBA DEL ALCOHOTEST LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES?

1. DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE.

El derecho a no declarar contra sí mismo es una garantía que proviene del derecho fundamental a la defensa del derecho al estado inocencia, que implica que es el acusador el que debe probar la culpabilidad del imputado “este” no debe probar su inocencia y, menos, cooperar en la determinación de su culpabilidad.

Sema que las pruebas de alcohotest o alcoholemia transgrede el derecho a no declarar contra sí mismo, al estimarse que del cuerpo de sujeto involuntariamente sale una información que puede ser usada en su contra; estos es: “…la obtención de prueba que emana de la persona lo convierte en sujeto de prueba, a quien no puede obligársele a prestar su colaboración para la de la dicha prueba, sino que debe aportarla por su propia voluntad, asistido por un defensor que le asesore y en pleno conocimiento de sus derechos .

En la jurisprudencia comparada en relación a la incompatibilidad entre la inspección corporal y el derecho a no ser obligado a declarar, el Tribunal Constitucional Español considera que es ilícito y utilizable en el proceso de información obtenida mediante aquella y que la prueba biológica no supone declarar contra sí misma, (sino que) estamos ante una prueba pericial y ante un análisis de datos biológicos que escapan al conocimiento del interesado. Se sostiene, pues, el criterio de que las inspecciones corporales no vulneran el derecho a no declararse culpable (el test de alcoholemia, por ejemplo), porque no se obliga al imputado a emitir una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia que tanto pueda dar un resultado favorable como desfavorable, exigiéndose una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos de no incriminación.

Como manifestación de la doctrina científica más generalizada, se sostiene que el derecho del imputado a no declarar contra sí mismo implica la no colaboración en la investigación de hechos propios, en virtud de lo cual no se puede en ningún caso exigir al imputado la realización de una conducta positiva, ni aún incluso la relativa a un ofrecimiento veraz de los datos personales tendentes a su identificación, pero si se puede conforme al art. 81 del CPP, “imponer al imputado el deber de soportar pasivamente cualquier tipo de intervenciones corporales o prueba del alcohotest, siempre y cuando su comportamiento en tales casos le fuera únicamente negativa, esto es, que no se le requiera colaboración activa de ninguna clase.

La razón por el cual los tribunales no consideran la prueba del alcohotest como prueba en el proceso radica en que la Policía o el Ministerio Público lo realiza de forma coactiva, es decir, que obliga al imputado a someterse a la prueba sin la presencia de un abogado defensor.

El Tribunal Constitucional Español ha declarado en sucesivas ocasiones que la realización obligatoria de prueba de detección de droga tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas no vulneran el derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable ni, en sentido amplio, los derechos de defensa y a la presunción de inocencia, afirmando que el sometimiento a tale pruebas no equivale a una compulsión al imputado para la aportación de elementos de prueba incriminatoria y que es legítima la compulsión “mediante la advertencia de las consecuencias sancionadoras que puede seguirse de su negativa y de la valoración que de ésta quepa hacer en relación con los indicios ya existentes.

El Tribunal Europeo de los Derecho Humanos, afirmándose reiteradas veces que el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración.

2. DERECHO A LA INTIMIDAD

Se sostiene que la prueba de alcohotest o de alcoholemia recae sobre el cuerpo del investigado, y por ello invade esfera de su intimidad.

En realidad con ese derecho el legislador ha querido garantizar el núcleo íntimo de la vida privada de las personas en su esfera personal y familiar. El derecho fundamental de la libertad contiene al derecho de privacidad; y, que dentro de los componentes de este último están; el derecho al honor y a la intimidad personal; que se invade la esfera de la intimidad, en la realización de las inspecciones corporales, que deben ser limitadas por la necesidad de salvaguardar la dignidad humana, la intimidad persona.

La prueba con alcohotest o alcoholemia, se trata de un acto de investigación contemplado en el art. 81 del CPP, de “examen corporal” por cuanto recae sobre el cuerpo del investigado.

La afectación del derecho intimidad personal debe ser constitucionalmente relevante, porque misma carezca de una justificación objetiva y razonable. Pero dado que el peligro real (no hipotético) que entraña la conducción bajo el efecto del alcohol susceptible de causar daños a la vida e integridad física de terceros, el fin legítimo que justifica que se impongan el examen corporal que puede afectar al ámbito de la intimidad personal debe ceder ante el peligro en la seguridad del tráfico, por lo que es indudable la existencia de un interés general en evitar que se conduzca en estas condiciones. Constitucionalmente conforme al Artículo 128: “DE LA PRIMACIA DEL INTERES GENERAL Y DEL DEBER DE COLABORAR. En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general…”

3. DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

La presunción de inocencia es un derecho de carácter procesal previsto en el art. 4º del CPP, que acompaña al imputado y/o acusado durante todo el proceso, y que solamente se destruye por una sentencia definitiva firme de carácter condenatorio.

No se afecta la presunción de inocencia con la realización de exámenes corporales (o en su caso con examen mental o de internación para observación, cfr. Arts. 79 y 80 del CPP). La presunción de inocencia hace referencia a la prohibición de presentar públicamente al imputado/acusado como culpable, lo que se resuelve con la información de la existencia de mera sospecha en su contra.

2013-09-04T13:49:00.003-07:00

PLATAFORMA: EDMODO 5º DERECHO UNI:
http://www.edmodo.com/
Contraseña para Estudiante: ad7oba

2013-09-01T13:12:00.002-07:00

Palacio de Tribunales Encarnación-Py

La oralidad en el proceso civil

2013-06-04T13:54:00.003-07:00

INTEGRANTES: ROCÍO ANDREA CAMPUZANO YEZA.-

LAURA ROLON.-

CURSO: 5TO. AÑO 9NO. SEMESTRE.-

INTRODUCCION:

Un sistema procesal civil eficiente debe construirse sobre los principios fundamentales, como la economía (de gastos y esfuerzo), de ahí que muchos códigos adopten diversas previsiones que apuntan a la simplificación y abreviación del proceso.

Íntimamente ligados a la economía están también los principios de concentración y celeridad que procuran reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos y de tiempo, evitando su dispersión con el consecuente dispiendo inútil de la actividad jurisdiccional.

Muchos legisladores coinciden en reconocer en la oralidad el mecanismo para lograr la concentración o centralización del debate en una o varias audiencia sucesivas, separadas por corto lapsos temporarios con lo que asumen se optimizaría el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

Para que la oralidad no termine como un avance simbólico del derecho nacional, como la mera adscripción a una moda procesal o como un mero maquillaje externo del sistema de administración de justicia, debe asumirse como un complejo de reformas estructurales del proceso civil que se articulen con los principios como la inmediación y que permitan a los magistrados acceder a un mayor conocimiento y a un mejor seguimiento de cada caso.

La oralidad en el proceso civil. Necesidad ventaja y desventajas

El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica. La presentación gramatical del sistema escrito sería un gran error por las deficiencias ya apuntadas, por ello lo que e trata es de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración, distribuyendo el proceso entre actos orales y escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de justicia.

Palabas claves: oralidad, proceso, derechos, procedimiento, ley y sentencia.

Cuando decimos oralidad se hace empleando un término de común aceptación en el lenguaje de los procesalistas aunque es sabido que no hay ningún régimen en el derecho positivo (salvo algún caso raro, como puede ser en el tribunal de aguas de valencia) exclusivamente oral no mixto.-

En el proceso mixto, esto es con una fase de proposición escrita (demanda y contestación) luego una o dos audiencias (orales) y después con apelaciones también escritas. En este proceso lo esencial es la comunicación entre el juez y las partes. Reconociendo que dentro del proceso no puede despreciar un medio de comunicación tan preciso como la escritura. Lo que se rechaza es el proceso escrito y secreto, sin la concentración e inmediación que proporciona la celebración de la audiencia de prueba y del debate oral.

En todas las épocas se ha pedido una aceleración del proceso con el fin de ahorrar ese tiempo durante en el cual se producen los gastos que demanda el procedimiento. Según COUTURE “la justicia lenta no es justicia”… la excesiva demora contradice la esencia de la función jurisdiccional que se ha erigido en los principios constitucional- obtener la decisión de la causa en un plazo razonable- pues se considera que la demora excesiva de la justicia implica la violación de los derechos humanos de los justiciables.

No obstante, en la búsqueda de la justicia rápida no se debe olvidar las debidas garantías procesales debiendo existir un límite en la supresión o disminución de trámites, constituidos por aquellos que son imprescindibles para garantizar los derechos de las partes en juicio.

En general se proclama la garantía del debido proceso legal que requiere que las partes sean oídas, o sea, que tengan la posibilidad al contradictorio en un plazo razonable para ofrecer y producir sus pruebas y esgrimir sus defensas.

En la aplicación de soluciones concretas para cada caso debemos tener en cuenta los principios de aceleración y mantenimientos de las garantías indispensables para que pueda entenderse que existe el debido proceso legal.

El proceso oral se entiende en la aplicación de los siguientes principios:

-Predominio de la palabra como medio de la expresión contemperada con el uso de escritos de preparación y documentación.-

Si se mira solo el elemento exterior de la oralidad y de la escritura puede conducir a equívocos en cuanto a la índole del proceso pues es difícil concebir un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad y un proceso oral que no admita algún grado de escritura.

El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia. Para Chivenda, la oralidad, atenuada por los escritos que preparan el debate, garantiza, por el contrario, una justicia intrínsecamente mejor; la misma hace al juez participe de la causa y le permite dominarla mejor, evitando los equívocos tan frecuentes en el proceso escrito, en que el juez conoce por lo general la existencia de un proceso en el momento en que es llamado a decidirle; la misma excita el espíritu del magistrado y del abogado y lo hace más sagaz, más rápido, mas penetrante.

El desarrollo del procedimiento civil tiene condicionado por la existencia de mayor sencillez en los actos procesales dada la naturaleza de las cuestiones que son objeto de debate de esta jurisdicción, por la necesidad del incremento de la oralidad en los debates civiles a fin de aumentar la publicidad del proceso, al acceso de las partes y el impacto social de estos.

Como desventajas del proceso oral se oponen:

La falta de actuación escrita provoca que el tribunal de instancia superior tenga que producirlas.-

La posibilidad de errores u omisiones es mayor por la falta de registro escrito de actuaciones.-

- Otro de los argumentos que se plantea contra el proceso oral es su costo (que es mucho más caro que el escrito); sin embargo esto no es exacto pues no se trata de comparar dos extremos diferentes; un mal sistema escrito con un régimen oral ideal, en el que se deberían contar con todos los medios y un sinnúmero de jueces.

Se plantea que este sistema es más propenso a sentencias superficiales y precipitadas, que es proclive a las sorpresas porque se permite a las partes hasta la última hora modificar y cambiar sus pretensiones; además que requieren u n gran aumento de personal en los órganos jurisdiccionales.

Es cierto que se necesitan más jueces, sin embargo se requieren de menos funcionarios, menos burocracia, lo que presenta un notable avance.

Dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar:

1. Menor formalidad.-

2. Mayor rapidez.-

3. Propicia la sencillez.-

Al concentrarse las actuaciones, se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias,

Permite la relación directa del Tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar a cualquier aspecto que suscite duda.

El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso, si director. Mediante el principio de inmediación en la práctica de pruebas permitiéndole al juez captar con facilidad a quien le asiste la razón en el debate.

En la oralidad se suprimen incidentes (que se disuelven en su mayoría, en una mima audiencia), hay menos recursos, se logran muchos más acuerdos y transacciones que eliminan procedimientos.

El principio de la oralidad no excluye la escritura. En el proceso por la audiencia la oralidad se complementa armónicamente con la escritura. Los sistemas procesales más avanzados tratan de combinarlas, tomando las ventajas que cada sistema posee. La oralidad es importante en la práctica de pruebas, alegaciones y fallos; sin embargo la escritura es útil para preparar la sustanciación (demanda y contestación), todo depende del tipo de proceso que se trate.-

Estamos convencidos que la reforma del modelo procesal paraguaya es una necesidad que debe afrontarse con el mismo entusiasmo demostrado a propósito de la reforma procesal penal. El deficiente funcionamiento de la justicia civil, maniatada por un modelo procesal profundamente escrito, asi lo viene exigiendo, principalmente atendiendo al excesivo e injustificado tiempo que de ordinario debe transcurrir desde el comienzo del proceso hasta el logro de una resolución eficaz, vale decir, con capacidad de producir transformaciones reales en la vidas de quienes ha acudidos a los tribunales.

Hemos sostenido en otros lugares que la reforma procesal civil nacional debe saber introducir el modelo de proceso civil por audiencia, donde el predominio formal sea de la oralidad. Identificamos en el modelo oral una serie de facilitadores formales que permitirán superar la situación actual. Ahora bien, hemos advertido también sobre la necesidad de proceder en esta materia exquibando los excesos puramente teóricos que han salidos que han salido a acompañar a una manoseada y en ocasiones deperfilada “ideas símbolo” de la oralidad. Tanto los mitos como las autopias, desgraciadamente, han estado “a la orden del día”, olvidando la realidad práctica y mezclando una cuestión de carácter técnico con consideraciones de carácter político.

Unos de los puntos más relevantes a abordar en esta señalada reforma procesal civil liga con la necesidad de determinar con la extendida imagen de una justicia lejana y distante, donde el juez aparentemente figura y se sitúa al final de los dilatados trámites que comprende el proceso civil. Consideramos que el modelo oral estructura el trabajo jurisdiccional, de modo que cada asunto puede ser mejor seguido y conocido por el tribunal desde su inicio, cuestión especialmente relevante en lo que vincula con la práctica y valoración de la prueba.-

CONCLUSION:

Concluimos que cualquier reforma procesal no debe construirse sobre la defensa de la oralidad por la oralidad, sino que debe relacionar y cohesionar dicha oralidad con la consecución de objetivos de eficiencia y efectividad de la tutela jurisdiccional que se alcanza finalmente con la presencia del juez en la actuaciones judiciales y con la emisión de la resolución sin dilaciones indebidas en el tiempo.

Apostar por la oralidad, hace necesario tomar conciencia de la triple interdependencia de oralidad, inmediación y publicidad y es la consecución de la inmediación en la actuación del juez y de la publicidad.

A través de la implementación de la oralidad en el proceso civil se puede lograr la comprensión de las pretensiones que dieren o no a derecho y que efectivamente nos encontraremos con muchas dificultades que es normal dentro de cualquier cambio procesal que debe implementarse inicialmente y que en forma gradual se ira subsanando a medida que prosiga el proceso judicial.

INVESTIGACIÓN: Oralidad en el proceso civil

2013-05-21T14:14:00.001-07:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

ALUMNOS RESPONSABLES:

- Diego Ramón Benítez Delgado

- Deybi Ramón Cácerez Sanabria

- Julia Beatriz Galloso

- Marco Antonio Irala Ortellado

- Jose Amado Pereira Cuevas

“ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL”

MATERIA: DERECHO PROCESAL CIVIL

CATEDRATICO:

Ø Abg. BLAS EDUARDO RAMIREZ

AÑO: 2013

INTRODUCCION

La oralidad se ha ido introduciendo en el ámbito jurídico, empezando por áreas como la penal y la laboral, y de esto no escapa el sistema civil, pues se considera que la oralidad garantiza el principio de eficacia del derecho.

Dicho procedimiento nace como un nuevo método en el sistema jurídico, debido a la burocratización de los juicios, a fin de implementar un nuevo sistema, más ágil, más beneficioso y transparente para las partes que forman el litigió.

Este método tiene varios principios que benefician al sistema como el Principio a la Inmediación, Concentración, Publicidad entre otras que se desarrollan más adelante. Así mismo, las ventajas y desventajas, los efectos dentro y fuera del proceso.

Muchos países han implementado este método otros en cambio, se encuentran en camino a la sistematización del procedimiento oral en su legislación.

Para que la oralidad no termine como un avance “simbólico” del derecho nacional, como la mera adscripción a una “moda procesal” o como un mero maquillaje externo del sistema de administración de justicia, debe asumirse como un complejo de reformas estructurales del proceso civil que se articulen con otros principios como la inmediación y que permitan a los magistrados acceder a un mayor conocimiento y a un mejor seguimiento de cada caso.

LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL.

En todas las épocas se ha pedido una aceleración del proceso con el fin de ahorrar ese tiempo durante el cual se producen los gastos que demanda el procedimiento. Según Couture “la justicia lenta no es justicia... la excesiva demora contradice la esencia de la función jurisdiccional que se ha erigido en principio constitucional, obtener la decisión de la causa en un plazo razonable- pues se considera que la demora excesiva de la justicia implica la violación de derechos humanos de los justiciables”. No obstante, en la búsqueda de la justicia rápida no se debe olvidar las debidas garantías procesales debiendo existir un límite en la supresión o disminución de trámites, constituidos por aquellos que son imprescindibles para garantizar los derechos de las partes en juicio.

En general se proclama la garantía del debido proceso legal que requiere que las partes sean oídas, o sea, que tengan la posibilidad del contradictorio y un plazo razonable para ofrecer y producir sus pruebas y esgrimir sus defensas.

El modelo procesal civil oral debe instalarse en nuestro país para satisfacer la necesidad de estructurar el trabajo jurisdiccional más racionalmente, de modo tal que cada asunto sea mejor seguido y conocido por el tribunal, especialmente en lo que liga con la práctica y valoración probatoria, cambiando así la imagen de una Justicia lejana y distante, aparentemente situada al final de dilatados trámites, tras los cuales en muchas ocasiones resulta difícil que se perciba el real interés y esfuerzo de los Tribunales y de quienes los integran. A su turno, un diseño formal oral y concentrado del proceso civil, sostenido efectivamente en esta implicación inicial y permanente del juez con la causa, sin intermediarios, ha de constituir un importante reto para los jueces al imponerles un profundo cambio de hábitos, viéndose éstos forzados a abandonar su habitual distancia generada y fomentada, no caben dudas, por un modelo escrito reconocido multiplicador de la intermediación y de la dispersión procesal, posibilitando por fin un encuentro que se asume muy complejo e irreal en un modelo escrito como el consagrado en el CPC, no otro que entre la inmediación judicial y el proceso civil.

Con solo implementar la oralidad no basta, es apenas el punto de partida, pues la reforma deberá ir acompañada de un agudo cambio de mentalidad en todos los operadores del servicio de justicia, bregando por la toma de conciencia, la especialización y la formación integral de aquellos que aplicarán el nuevo método de litigación.

El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica. La preparación radical del sistema escrito sería un grave error por las deficiencias ya apuntadas, por ello lo que se trata es de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la justicia.

El proceso oral se entiende en la aplicación de los siguientes principios: El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia. Para Chiovenda, la oralidad, atenuada por los escritos que preparan el debate, garantiza, por el contrario, una justicia intrínsecamente mejor; la misma hace al juez partícipe de la causa y le permite dominarla mejor, evitando los equívocos tan frecuentes en el proceso escrito, en que el juez conoce por lo general la existencia de un proceso en el momento en que es llamado a decidirlo; la misma excita el espíritu del magistrado y del abogado y lo hace más sagaz, más rápido, más penetrante.

El desarrollo del procedimiento civil viene condicionado por la exigencia de mayor sencillez en los actos procesales dada la naturaleza de las cuestiones que son objeto de debate en esta jurisdicción, por la necesidad del incremento de la oralidad en los debates civiles a fin de aumentar la publicidad del proceso, el acceso de las partes y el impacto social de estos.

Motivos que justifican la implementación de la oralidad: A esta altura, corresponde explicar cuáles son a nuestro criterio, los motivos que justifican la implementación de la oralidad en el proceso civil, que permitan sacar en limpio la necesidad de cambiar la imagen del deteriorado servicio de justicia. Extraemos las siguientes conclusiones:

a) El proceso basado en lo escritural, no tiende a la agilización ni a la simplificación de los procesos. Es más, agudiza el burocratismo procesal, convirtiendo a los litigios en pleitos interminables en el tiempo; en los que de acuerdo a la casuística presentada, tiene que obligatoriamente aplicarse un tipo procesal especial y predeterminado por Ley.

b) El sistema escrito propende a la justicia delegada. La justicia delegada en funcionarios judiciales, no es justicia. Hay que erradicar la prestación del servicio de justicia por los funcionarios de menor rango, como ocurre en la actualidad, de ahí que se pregone un juez de audiencia.

c) El proceso actual glorifica la obtención de la verdad formal por sobre la verdad real. Ya nadie habla de la verdad real, como diría Muñoz Sabaté: “(…) cada vez más se insiste en la búsqueda de la verdad histórica, pero al mismo tiempo un hipergarantismo judicial secundariza a veces el valor de la misma. Al paso que vamos ya no resulta escandaloso afirmar pues, que el mayor enemigo de la prueba es el derecho probatorio”20. A estos extremos hemos llegado con el sistema escritural.

d) El sistema actual no posiciona al hombre como centro del derecho, sino que da mayor trascendencia a las formas procesales, lo formal es más importante que la justicia. El proceso parece como una “casa embrujada”, a la cual es mejor no entrar, no siendo una herramienta sencilla y de eficaz resultado. Calamadrei decía: “debemos retornar a la simplicidad”. El formalismo basado en lo escritural es bueno si sirve para un objetivo, no cuando es exagerado, inútil; la formalidad por el formalismo mismo no tiene sentido. El proceso actual se ahoga en las formas, no rescata al hombre como su fin último y primordial. El proceso no fue ideado para servir a las formas, sino para que estas sirvan para hacer justicia; esto es lo que se ha olvidado.

e) El proceso escrito puro ha fracasado como sistema procesal. Se ha tocado fondo, esto es así porque el sistema que se implementa en Paraguay es un cuasi-puro proceso escritural. No existe en el mundo un modelo procesal donde el sistema escrito puro funcione. Aunque algunos se esmeren en defender este sistema, es una guerra perdida de antemano, quizás la idea reformista actual bregando por la oralidad pueda ser trabada y estancada, pero no lo podrán parar en el futuro, porque es una necesidad transparentar el sistema procesal y porque el sistema escritural puro se ha quedado sin defensores en la ciencia procesal. Lo ideal es bregar por la oralidad, es hacia oralización de actos escritos hacia donde apuntar, y no hacia la escrituralización de los actos orales, como se realiza en nuestro sistema procesal vigente.

f) El proceso escrito no coadyuva a que se recupere la confianza en la administración de justicia y en la magistratura. A gritos la sociedad clama por volver a confiar en el servicio de justicia; en el ámbito civil con el modelo actual, esa confianza no se podrá recuperar. Los cambios no se originan desde la cordura, sino desde un arrebato de convencimiento y un efusivo intercambio de ideas.

g) La crisis de la justicia, donde la crisis procesal es un apéndice importante, ¿se encuentra en el centro de la escena social de nuestro país. ¿Por qué seguir resistiendo adherido a un sistema en crisis? Los aires renovadores no deben hacerse esperar, no pueden demorarse, cuanto más tiempo tardemos más acuciante será el problema, sobre todo porque el servicio de justicia es pilar fundamental de la democracia. Una democracia sin un buen servicio de justicia, no se consolidará nunca como un sistema político viable para ningún país.

Desventajas del proceso oral:

La falta de actuación escrita provoca que el tribunal de instancia superior tenga que reproducirlas.

La posibilidad de errores u omisiones es mayor por la falta de registro escrito de las actuaciones.

- Otro de los argumentos que se plantea contra el proceso oral es su costo (que es mucho más caro que el escrito); sin embargo, esto no es exacto pues no se trata de comparar dos extremos diferentes: un mal sistema escrito con un régimen oral ideal, en el que se deberían contar con todos los medios y un sinnúmero de jueces.

Se plantea que este sistema es más propenso a sentencias superficiales y precipitadas, que es proclive a las sorpresas porque se permite a las partes hasta la última hora modificar y cambias sus pretensiones; además que requieren un gran aumento de personal en los órganos jurisdiccionales.

Es cierto que se necesitan más jueces, sin embargo se requieren de menos funcionarios, menos burocracia, lo que representa un notable avance.

Dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar:

Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias,

Permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda.

El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso. Mediante el principio de inmediación en la práctica de pruebas permitiéndole al juez captar con facilidad a quien le asiste la razón en el debate.

En la oralidad se suprimen incidentes (que se resuelven, en su mayoría, en una misma audiencia), hay menos recursos, se logran mucho más acuerdos y transacciones que eliminan procedimientos.

El principio de la oralidad no excluye la escritura. En el proceso por audiencia la oralidad se complementa armónicamente con la escritura. Los sistemas procesales más avanzados tratan de combinarlas, tomando las ventajas que cada sistema posee. La oralidad es importante en la práctica de pruebas, alegaciones y fallo; sin embargo, la escritura es útil para preparar la substanciación (demanda y contestación), todo depende del tipo de proceso de que se trate.

El proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica. La preparación radical del sistema escrito sería un grave error por las deficiencias ya apuntadas, por ello lo que se trata es de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentra ción; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la justicia.

Plena vigencia del principio de inmediación. "El proceso se realiza, así, en forma dialogal y conforme su naturaleza humana", pues se encuentran presentes en la audiencia el juez, las partes procesales, sus abogados, testigos, peritos, todos participando y dialogando en un mismo acto procesal, para llegar a la verdad material.

La directa asunción del Juez o Tribunal de las aportaciones probatorias, con la intervención directa de las partes.

Se elimina la dispersión de los actos procesales y, se verifica, por el contrario, una concentración de los mismos en la audiencia, que evita ciertos actos procesales como continuas notificaciones a las partes.

La eficaz publicidad de la actuación judicial, puesto que las audiencias son abiertas al público, salvo ciertas excepciones.

La corrupción en caso de haberla, queda reducida a su mínima expresión, puesto que la concentración de los actos procesales y el inmediato pronunciamiento del fallo, imposibilitarían efectivizarla.

El juez pasa a ser parte importante dentro del proceso, puesto que tiene facultades de gran importancia, como por ejemplo, dirige, impulsa e impide la paralización del proceso, puede sancionar el dolo o fraude de los abogados, debe adaptar la demanda a la vía procesal apropiada, puede ordenar diligencias probatorias de oficio u ordenar la comparecencia personal de las partes, cuando lo creyere oportuno, puede expulsar de las actuaciones a quienes alteren o perturben el desarrollo del proceso, inclusive puede ordenar la detención, por un tiempo limitado, de las personas que se resistan, sin justificación alguna, a cumplir sus mandatos. Revisado lo anterior, creo que la mayoría debemos concluir que resultaría beneficioso para nuestro país que efectivamente se hagan las reformas legales necesarias y las adecuaciones físicas indispensables para implementar la oralidad o juicio por audiencias en el Paraguay.

DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE LA ESCRITURALIDAD

Los jueces y tribunales de justicia pocas veces participan en las actuaciones judiciales esenciales del proceso como en las juntas y audiencias de conciliación, declaración de testigos, exhibición de documentos y bienes, etc.

El desarrollo del proceso es desconcentrado y en fases preclusivas. Cada acto procesal es independiente y generalmente, el uno se da mucho tiempo después que el anterior.

El proceso debe ser público para que sea la propia sociedad la que vigile la actuación de los jueces dentro de los procesos. Esto no se cumple por la serie de barreras que los propios empleados judiciales crean. Más aún, con las nuevas adecuaciones físicas de los llamados juzgados pilotos, que impiden que personas que no sean abogados no puedan ingresar a los juzgados.

El proceso debe buscar ahorro de tiempo, energías y recursos. Ninguno de éstos se da en el actual sistema.

Los juicios son lentos. Por un lado, da origen a que los jueces que inician y tramitan los procesos, en muchos de los casos no los sentencien y, por otro, que las partes procesales se desgasten anímica y físicamente, llegando inclusive a angustiarse.

Congestión excesiva de la justicia ordinaria: debido a que el número de causas se incrementa año tras año, mientras que el número de jueces no, lo que conlleva a que de un año a otro queden acumulados para resolución más y más causas.

Corrupción: Es generalizado el criterio de que esta existe en la administración de justicia.

La oralidad y su vinculación con otros principios

El sistema de la oralidad, como ya fuera explicitado va más allá de una simple descripción como principio del procedimiento, sino que es una estructura formal de cómo hacer el proceso, que lo convierte en un sistema autónomo, con principios y objetivos propios, características particulares y consecuencias específicas. En este parágrafo, nos proponemos describir a los otros principios que tienen vinculación con el proceso oral y que son de cumplimiento indefectible para que este pueda cumplir con sus fines.

a) Inmediación: La inmediación tiene consecuencias muy significativas en el desarrollo de un proceso judicial, incidiendo en la calidad de la justicia, siendo un hecho conocido por todos aquellos que están vinculados con el quehacer judicial. Asimismo, que es uno de los principios más claramente consagrados por la legislación, y el que menos se cumple, es también un hecho notorio, para desgracia de toda la sociedad. Es por ello que sostenemos tajantemente, que la inmediación, es un principio incompatible con el proceso escrito, sencillamente es un desacierto, un equívoco, no se puede cumplir.

La combinación escritura-inmediación, no tiene eficacia práctica, es solamente una mera declaración de intenciones que no logrará cumplirse en la praxis forense; se escribirán excelsas tesis, tratados sobre el tema, pero se chocará indefectiblemente con la realidad, ya que la inmediación es inconciliable y refractaria con el sistema escrito. La característica esencial de la inmediación se pone de manifiesto cuando el proceso se desarrolla entre presentes, en una relación directa del órgano decisor con las partes, con los testigos, con los puntos y con el objeto del juicio, de modo que puedan ser apreciadas estas declaraciones de manera directa por el Juez.

.Mediante este principio se propugna: 1) Presencia del juez en audiencia; 2) Activa participación del juez en la práctica de la prueba; 3) El Juez que recepciona pruebas, es el que dicta Sentencia; 4) Plazo razonable, entre recepción de pruebas y la sentencia. La inmediación se producirá efectivamente solo en un proceso oral, y viceversa, la oralidad se cumplirá sólo en un proceso que admita la inmediación como uno de sus vértices angulares.

b) Concentración: Otra de las características de los procesos orales es que se desenvuelven dentro de un ámbito de concentración de las actuaciones, todo lo contrario a lo que ocurre con el proceso escrito, cuya principal deficiencia es la segmentación del procedimiento con interminables parcelamientos del proceso, dividiéndolo en una serie de etapas no propiciadas por el orden procesal. La praxis amparada por el sistema escrito, lleva indefectiblemente a la bifurcación del procedimiento en innumerables etapas, seriándolo en múltiples partes, para cada una de ellas es necesario un tiempo, un plazo de realización del acto, del control del acto por la adversa, dándole posibilidad del contradictorio; lo cual tolera que el proceso se detenga a cada instante, haciendo extremadamente lento su avance. La oralidad transige que el principio de concentración se cumpla a cabalidad, pues en un solo momento procesal, como es el caso de la audiencia, se aglutinan ad-eventum, una cantidad de actos procesales. Así tenemos que en la audiencia convergen la conciliación, el saneamiento del proceso, la recepción de las pruebas con su respectivo diligenciamiento, los alegatos e inclusive la posibilidad del dictado de la sentencia definitiva de la causa; lo que expone un grado tal de concentración imposible de alcanzar con otro tipo de sistema procesal, que no sea el predominantemente oral.

c) Publicidad: Si un principio se halla garantizado con la oralidad, con seguridad este será el de publicidad, mediante el proceso oral se difunde e irradia la transparencia del litigio que se produce de puertas abiertas hacia la sociedad, asintiendo el control ciudadano sobre el quehacer judicial. Todo lo contrario ocurre con el proceso escrito, que nos da la idea de un juzgamiento obtenido en cuatro paredes, en donde el secretismo es su principal virtud. El ideal de democracia republicana, profesa la aceptación de un sistema controlado por todos aquellos que tienen intención de hacerlo, de modo que el control popular sobre la administración de justicia sea eficaz y efectivo, no una simple consagración normativa que en la práctica es de imposible cumplimiento, como ocurre con el proceso escritural. En definitiva el ideal de publicidad y control popular, fue la de sustraer al individuo de los arbitrios secretos y de las inquisiciones que se provocaban en el juzgamiento de antaño, bregando por un proceso que se celebre a la luz del sol14, en audiencia pública y de puertas abiertas a la sociedad. El principio de publicidad, no es más que la consagración efectiva de los lineamientos propulsados desde el Derecho Internacional, que impone garantizar al individuo ser escuchado públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. En puridad el objetivo esencial del principio de publicidad, es que la sociedad tenga la oportunidad de controlar el ejercicio de la función jurisdiccional, que solo podrá cumplirse con la oralidad del proceso, de ahí que la vinculación entre oralidad-publicidad sea tan estrecha y umbilical.

d) Tiende a la moralización del proceso: Es indudable que el proceso escrito es un campo fértil donde prolifera con abundancia la semilla de la corrupción, al ser un ámbito propenso donde se verifican incidencias dilatorias y obstruccionistas de toda índole, el secretismo en el cual se desenvuelve hace que lo judicial parezca un objeto “intramuros”, mientras la sociedad se posiciona “extramuros”. Al lograr que en medio de un ambiente de inmediación se desarrolle el proceso, con una inocultable publicidad, se logra moralizar el servicio que se muestra más transparente, como también hostil a la aparición de inconductas procesales.

e) Propicia la inmediación: Ya no más montañas de papel entre el juez y los litigantes, sino un acercamiento directo entre todos los intervinientes de la actividad procesal. Se confina con la oralidad que los intervinientes del proceso tropiecen separados por expedientes judiciales, que solo ocultan la verdad. Asintiendo que el juez en un contacto directo con el objeto del juzgamiento resuelva la litis, evitando las cortinas de papel (propias del proceso escrito) se interpongan entre el Juez y la realidad jurídica, entre los abogados y la autoridad que debe resolver. También se obliga mediante la inmediación, evitar la delegación del servicio de justicia en funcionarios inferiores, siendo el Juez quien resuelva el conflicto. La justicia delegada no es justicia, la delegación en las funciones jurisdiccionales debe erradicarse procurando un juez de audiencias en contacto inmediato con las partes sin posibilidad de delegar o transferir en otro ese poder o facultad jurisdiccional.

f) Permite la efectiva aplicación del principio de concentración: El proceso oral se caracteriza por admitir la aplicación en concreto del principio de concentración procesal, ante la necesidad de la celebración de una audiencia para la discusión oral de la causa, aglutinando en este momento procesal una gran cantidad de actos, plasmando una efectiva concentración de actuaciones, como se da con la conciliación, recepción de pruebas, diligenciamiento de las pruebas, alegatos orales, saneamiento del proceso e inclusive perspectiva de dictamiento de la sentencia definitiva, esto implica que en un solo acto se debería coronar todo el proceso15, culminándolo en ese momento, todo lo contrario a lo que ocurre con el proceso escrito que permite la dispersión de los actos procesales, conspirando contra la vigencia de la concentración.

g) Conciente una amplia preponderancia en la búsqueda de la verdad real: La oralidad da una mayor perspectiva al órgano jurisdiccional de acceder a la verdad real de los hechos, al impedir que se oculte la veracidad de cómo sucedieron los acontecimientos. La máxima aspiración de justicia es darle la posibilidad al juez de llegar a obtener la verdad real. La búsqueda de la verdad real es uno de los objetivos del método de juzgamiento.

h) Fortalece la simplificación del proceso: Al concentrar los actos procesales se fortalece la idea de simplificación del proceso, ya que en una sola audiencia puede culminar el litigio haciéndolo más sencillo y preciso, con pocos trámites procesales. Evita la proliferación de formalismos, característicos del proceso escrito.

i) Economía: Se reducen al mínimo los gastos en un proceso oral, no siendo necesaria

una gran erogación en la obtención de los medios probatorios, al ser diligenciados en forma oral, por otro lado no son frondosos los documentos que se requieren en su tramitación, como sí ocurre en el proceso escrito.

Diferencia entre el proceso vigente y los modernos modelos procesales

PROCESO VIGENTE PROCESO MODERNO

Predominio escritura Predominio oralidad

Dispersión procesal Concentración procesal

Justicia delegada Presencia del juez en audiencia

Sin etapa de resolución incidentes Etapa de saneamiento

Carga prueba tradicional Cargas probatorias dinámicas

Muchas estructuras procesales Simplificación estructuras

Juez espectador Juez director del proceso

Facultad de prueba oficiosa Deber de prueba oficiosa

Privilegia las formas Informalismo

Proceso segmentado Audiencia centro del proceso

Ineficacia para evitar dilaciones Mecanismos eficaces contra dilaciones

Principios no se cumplen Efectivo cumplimiento de principios

Recursos con efecto suspensivo Recursos sin efecto suspensivo

Escrituralización de actos orales Oralización de actos escritos

CONCLUSIÓN

La implementación de la oralidad en el proceso civil de nuestro país, sin duda, requiere de una decisión política, puesto que la misma requiere de una transformación compleja en todos los campos, entre otros, el humano, el económico, mental, además esta transformación no va a llegar si cada uno de nosotros, luego de entender los beneficios de ella, no la divulguemos como una necesidad que permitirá mejorar y humanizar nuestro sistema judicial.

Asimismo, la oralidad no implica dejar la omisión total de la escritura, existen actos procesales donde la escritura siempre permanecerá en el tiempo debido a la importancia y su formalidad. En síntesis, hoy en día no existe una verdadera oralidad en el sistema procesal, donde existen ciertas pinceladas pero todavía no abarca la totalidad de este término, por la falta bien sea de concentración o de inmediación.

Sin duda alguna sería un gran avance en lo jurídico-social que la legislación paraguaya implementaría por los mencionados motivos que suscitan más adelante y así lograra una justicia rápida, eficiente y transparente.

BIBLIOGRAFÍA

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Giacometo Ferrer, Ana. “Tendencias Actuales del Derecho Procesal Civil Iberoamericano”. Revista Cubana de Derecho No. 14. Julio-Diciembre, 1999.

INVESTIGACIÓN: La oralidad en el proceso civil

2013-05-21T14:11:00.002-07:00

Universidad Nacional de Itapúa

Facultad de Ciencias Jurídicas

Integrantes:

ü Lourdes Mabel Vera Fariña.

ü Alfredo Ramón Acosta Cardozo.

ü Elvy Rossanna Britez Ramirez.

ü Ada Mabel Oliveira Martínez.

ü Marcela Alejandra Heredia Martinez.

ü Nancy López Vera.

ü Juan Ángel Palacios Amarilla.

La Oralidad en el Proceso Civil

Materia: Derecho Procesal Civil

Profesores de la materia:

Dr. Blas Ramírez.

Abg. Patricia Barboza.

Año 2.013

La Oralidad en el Proceso Civil

La implantación de los Juicios Orales en el Proceso Civil Paraguayo es un tema que se ha tratado en cuanto a la conveniencia o no de su instauración en el ámbito nacional.

Este sistema que se caracteriza por el dinamismo de la ciencia procesal, implica de alguna manera una gran ventaja, es por ello la importancia de su implementación en nuestro país.

La posibilidad de su establecimiento, observando tanto las implicaciones positivas como las negativas que traería aparejado, ya que nuestra legislación ha sido el sistema inquisitivo, a través del medio escrito, en donde lo que importa y tiene relevancia es lo que está en el expediente, todas las valoraciones deben de verse reflejadas en los “autos”, para que de su lectura final se pueda dictar una sentencia.

Al apuntar este sistema, en realidad no estamos sugiriendo un método totalmente oral, sino a un proceso mixto con preeminencia de la oralidad, un juicio con una etapa de debate oral. Se refiere al interés delineada en el proyecto de Código Procesal General; de manera que es el régimen imperante, el que marcará las pautas para que el proceso se vuelva eficaz, más allá de aquellos factores externos, que también inciden en el mejoramiento del sistema.

El tema que en particular nos convoca en esta investigación, es precisamente con el objetivo de describir la realidad actual del derecho procesal civil y de analizar una futura reforma como alternativa para una mejor justicia y cumplir de tal forma el Principio tan anhelado de la Economía Procesal.

Desde tiempo atrás se viene evidenciando la necesidad de adecuar el proceso civil insertándolo en el camino que lleve a la modernización de las teorías, a una política judicial que permita el emprendimiento de reformas, poniendo al día un proceso que en la actualidad no da las respuestas esperadas por la sociedad. Así como el derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana, el proceso es el medio para que esas conductas sean reencauzadas y respetadas mediante un sistema de dirimir el conflicto intersubjetivo puesto por el Estado al servicio de la sociedad.

En el ámbito universal el derecho procesal oscila con una agilidad asombrosa, en cuestión de años han cambiado los paradigmas generales sobre los que se asentaba el proceso civil, solo con analizar instituciones como el debido proceso, la tutela jurídica efectiva, plazo razonable, proceso basado en principios, constitucionalismo, ya se puede apreciar que el grado de evolución es incesante, que incluso alienta la aceptación de tecnología para una mejor justicia.

Esta evolución constante del derecho procesal, sobrevenida en ciencia desde los comienzos del siglo XX, encuentra a los juristas abocados en la búsqueda de la implementación de un proceso civil más eficaz, dinámico, práctico y humanizado, que rescate al hombre como centro del derecho, y que otorgue respuestas sencillas y alcanzables al ser humano y a la comunidad. El devenir jurídico brindará a los involucrados una alternativa de solución al problema procesal, con una mentalidad dinámica que supere a la quietud que en estos tiempos propone la actividad procesal.

Es indudable que el ideal del proceso civil, es aquel que se celebra en una sola audiencia y en forma oral, los más ilustrados procesalistas coinciden con esta afirmación. Pero es necesario realizar algunas puntualizaciones previas a los efectos de dejar centrada la cuestión.

Cuando apuntamos a la oralidad, en un sentido puro, se hace relación a aquello que es expresado verbalmente, o más precisamente a un sistema gobernado totalmente por la oralidad sin injerencia de la escritura. Ahora bien, este tipo de modelo procesal es casi desconocido en el mundo, por los inconvenientes que presenta con respecto a la seguridad jurídica documental, según nuestra investigación en la actualidad el único país con un sistema totalmente oral de la es España.

Al evaluar sobre la misma, estamos significando la existencia de un proceso mixto con clara inclinación hacia la predominancia del principio de la oralidad, que permite la existencia de un debate oral de la causa.

Un primer beneficio, que cuando a la oralidad singularizamos, le estamos otorgando una indicación técnico-jurídica de consecuencias previsibles en el mundo jurídico, que merecen una especial atención, al adquirir el concepto repercusiones que trascienden a la simple expresión verbal, para figurar un proceso mixto con una etapa principal de debate oral de la causa.

No podemos hablar de la oralidad sin vincularla con la escritura, son los dos principios opuestos y antagónicos, el uno no tendría razón de ser sin la existencia del otro. Ocurre que tanto la oralidad como la escritura, generan a su vez consecuencias, nuevos principios procedimentales, que merecen ser analizados de forma particular

Nos referimos en uno de los temas más polémicos de la ciencia procesal, cual es la antigua discusión sobre si los procesos deben sustanciarse en forma oral o escrita, o como en la actualidad se precisa más puntualmente, si el sistema tiene que ser estructurado con una preeminencia de la oralidad o de lo escritural, y llegamos a cierta conclusión ventajosa para nuestro país al menos lo ideal seria la oralidad, es decir en esta predilección enfocamos hacia lo oral, donde se centra el debate

Exteriorizado en la mayoría de los países latinoamericanos, concretándose en la idea que el proceso civil del modo que está concebido ha venido demostrando una inoperancia absoluta como estructura para solucionar conflictos. Si bien es cierto, que las causas de la ineficiencia, no están únicamente ligadas a la legislación vigente, sino que también inciden otros factores en su funcionamiento, como los económicos y políticos, y que estos dos factores escapan de la perspectiva de este estudio, conveniente es reconocer que muchas de las dificultades a enfrentar tropiezan insertas en el modo de regulación legal.

Es por eso que precisamos que, si no tenemos una eficiente forma de dirimir los conflictos, no habremos dado el primer paso necesario para el mejoramiento del servicio. De nada valdría obtener un gran apoyo económico y político, o al menos un mejoramiento de estos factores, si seguimos inmersos en el actual método de juzgamiento, ya que una de las características primordiales del mismo es su lentitud.

Si a la forma sobre como sustanciar el proceso le otorgamos una clara preeminencia de los actos orales, estaremos combatiendo por un sistema más eficiente, más transparente, asi como mencionamos antes una mejor forma de justicia en el país.

Modernamente ya no se discute, si la oralidad es mejor o no que la escritura, éste es un tema superado, teniendo en cuenta que la oralidad pasó a convertirse en una de las aspiraciones de los sistemas procesales. Lo que sucede es que esta aspiración teórica tiene que asumir una concreción en la faz práctica para que se refleje en la mayor efectividad del proceso, no se cuestiona su utilidad para la calidad de la justicia, sino que la implementación pragmática muchas veces sucumbe ante diversos factores que exigen ser superados, para que así puedan aprovecharse sus beneficios en una medida adecuada.

Para delinear una estructura de solución de controversias recurriendo al principio de la oralidad, es fundamental el entendimiento del sistema por parte del legislador; luego, es preciso el conocimiento científico por parte de los operadores jurídicos sean partes, jueces, fiscales y ciudadanía en general; por último, prever un ordenamiento jurídico que sea lo suficientemente capaz y dinámico como para dar las respuestas que la oralidad requiere, sea desde el punto de vista legal, como en su faz práctica, evitando ahogarse en las deficiencias administrativas y burocráticas, para que el orden procesal no sea justamente la causal de sus defectos.

No está en duda que el sistema oral de justicia presta un mejor servicio para dirimir conflictos, lo que sí se cuestiona es que muchas veces la implementación del proceso oral tiene sus complicaciones prácticas, por las innumerables previsiones que deben tomarse para que el método funcione eficazmente. Es la falta de modelos teóricos al trasladarlos al ámbito jurídico, la noción que tiene que analizarse, para así aplicar los antídotos correctos e implementar un tipo procesal, sin duda alguna, más eficaz que el juzgamiento escrito.

Debemos mencionar también que un código procesal constituye una obra política, un modelo de política procesal que para resultar útil debe atender a las circunstancias y a las realidades del medio en que se insertará. Pero sobre todo, cuando un país o la sociedad deciden pasar de un tipo procesal a otro, así como es en nuestro sistema.

Menciona Berizonce: “Debe superarse la ilusión que la sola sanción de la norma procesal pueda por puro voluntarismo modificar la realidad. Todo cambio debe empezar por los hombres, como enseñaba Carnelutti, pero resulta más fácil hacer una revolución que cambiar los hábitos También es cierto que no hay un modelo único en el ámbito jurídico y solo en términos muy imprecisos.

Cuando apuntamos a la oralidad, en un sentido puro, se hace relación a aquello que es expresado verbalmente, o más precisamente a un sistema gobernado totalmente por la oralidad sin injerencia de la escritura. Ahora bien, este tipo de modelo procesal (el proceso oral puro) es casi desconocido en el mundo, por los inconvenientes que presenta con respecto a la seguridad jurídica documental. Quizás el único totalmente oral de la actualidad sea el denominado Proceso del Tribunal de Aguas de Valencia, España.

Sin embargo, al evaluar sobre la oralidad, estamos significando la existencia de un proceso mixto con clara inclinación hacia la predominancia del principio de la oralidad, que permite la existencia de un debate oral de la causa.

Un primer beneficio, que cuando a la oralidad singularizamos, le estamos otorgando una connotación técnico-jurídica de consecuencias previsibles en el mundo jurídico, que merecen una especial atención, al adquirir el concepto repercusiones que trascienden a la simple expresión verbal, para figurar un proceso mixto con una etapa principal de debate oral de la causa.

El nombre de la oralidad es asumido por la necesidad de expresar en una fórmula simple y representativa, un conjunto de ideas y caracteres, que indican un sistema de principios inseparables, dándole al proceso oral su aspecto específico. Es difícil imaginar hoy un juzgamiento oral que no admita en algún grado la escritura.

El modelo no exige que se prescinda de la escritura, pero es necesario que esta última asuma el lugar que le corresponda de acuerdo a las condiciones modernas, respondiendo con utilidad a los requerimientos del sistema. Al referir a la oralidad, se está simbolizando mucho más de lo que el simple concepto encierra, concibiéndolo como un verdadero sistema de principios inseparables, al cual es necesario extenderse para comprender la amplitud de la expresión.

Mayoritariamente el apoyo procesal considera a la oralidad como una mejor forma de hacer el procedimiento, porque contribuye a su humanización y al acercamiento de la justicia al justiciable, además de garantizar una justicia de mejor calidad que la que se ofrece por los medios escriturales.

En una primera aproximación, afirmamos y compartimos con un notable sector del procesalismo moderno, que la misma se configura como un principio, determinando de esta manera una apreciación clara al sentido atribuido al concepto. Sin embargo la cuestión ya no es tan clara cuando intentamos profundizar si se trata de un principio del procedimiento o de un principio del proceso.

Advertimos que no se plantea discusión alguna en cuanto a la admisión como principio, atento a que la doctrina procesal así lo considera, pero si se presentan controversias en cuanto pretendamos encuadrarlo como principio del proceso, dejando de ser pacífica la visión, pues la función de la oralidad excede de la concepción de principio procesal, denominador solo aplicable en supuestos especiales en que un instituto adquiera este atributo característico.

Es evidente que cuando nos referimos al principio de la oralidad, se hace en el sentido de procedimiento, que es la opinión doctrinaria mayoritaria. Se descarta que sea un principio del proceso, puesto que no constituye un criterio base, o un punto de partida para comprender el método de juzgamiento, o la función jurisdiccional en general, al no tener una característica de esencialidad nuclear para el proceso como si lo tienen otros principios, tal el de igualdad y el dispositivo. Pero como antes señalamos, sí se constituye en un principio del procedimiento, que orienta la forma en que se realizarán los actos procesales, pudiendo regir en un sistema y en otros no. En esta formulación pone de manifiesto, que es un principio existente dentro del procedimiento y no un principio que desde fuera, orienta el proceso.

Sin desconocer su virtualidad como principio de procedimiento, la oralidad debe ser interpretada con mayor amplitud aún, sus bondades van más allá, pues también implica un sistema procesal, una forma de hacer proceso.

Esta naturaleza se concibe, al profundizarla desde lo teórico y lo práctico, autorizando sintetizar que no estamos ante un simple método de comunicación entre partes y el Juez, o de una anodina expresión verbal en el proceso, sino que la cuestión es más profunda al constituirse en un modo de hacer el proceso, que además cuenta con principios, características, consecuencias y objetivos propios.

Este género o modo de hacer el proceso, se difunde en la oralidad cuando analizamos la audiencia, que sería incompatible sin la comunicación intelectual verbal de las partes y el juez. También repercute en la técnica utilizada por los jueces al orientar, dirigir y conducir el proceso, en especial la audiencia, concediendo el manejo del debate al juez, ha abrirlo, impulsarlo y cerrarlo. Transige en eliminar las trabas preclusorias, facilitar el ataque y la defensa, excluyendo las habilidades leguleyas e intento de lucha desleal. En la etapa probatoria, todos los medios probatorios son conocidos vía oralidad, así las testimoniales, declaración de parte, periciales, etc., confiriendo a las partes y al juez un acceso directo a las mismas. Inclusive en lo que respecta a la sentencia con sus fundamentos, esta será dictada en forma oral, creándose en torno al método un ambiente favorable para el diálogo y el entendimiento, con mayor razón si en la audiencia se previsiona el saneamiento del proceso, a más de introducir una etapa conciliatoria dialogada, otorgando al juez una mayor comprensión de la casuística presentada.

La concepción de la oralidad como sistema, más allá de entenderlo como una profusión de la palabra hablada, de la expresión verbal en la mayoría de los actos procesales que domina, también dota de una calidad estructural y formal específica, en la que la palabra hablada no es más que una circunstancia. Excede la concepción de la oralidad, la simple utilización de la expresión verbal, para constituirse en un modo y forma estructurada de llevar adelante el proceso que tiene un funcionalismo propio, tal cual ocurre con un sistema, por eso apuntalamos que la oralidad debe comprenderse en su concepción amplia de sistema procesal.

Parece indiscutible que al decir proceso oral, sin pretender entrar en sutilezas y disquisiciones teóricas, estamos significando por un lado al proceso oral puro, es decir, aquel que no tiene ningún atisbo de oralidad; y por el otro, aquel proceso mixto, mezcla de lo escritural con lo oral, en donde predomina claramente la oralidad en el debate de la causa.

Cappelletti sostiene con ironía que el proceso oral no significa aquel proceso que transporta la fantasía al tiempo arcádico del buen rey sentado bajo una encina. Al contrario se explayaba: “En todos los procesos modernos en los cuales domina la oralidad, como también en los proyectos y propuestas de reforma más serios inspirados en el principio de la oralidad, las demandas de las partes normalmente se proponen o presentan en forma escrita. Ella es más apta, dados el actual estado de la cultura y la complejidad de las relaciones jurídicas hodiernas, para puntualizar el ámbito y para fijar y conservar el significado de esas demandas”.

Es cierto que no es la forma oral, sino la escrita la más idónea para proponer las demandas y sus alegaciones; como también es cierto, que la forma oral es la mejor para debatir la causa mediante el contacto directo entre el Juez y las partes, y del juez con los medios de prueba. De lo que se trata entonces es de comprender a cabalidad que cuando sostenemos la existencia de un proceso oral, en puridad nos referimos al proceso mixto con un debate oral de la causa, en el cual se produce un contacto inmediato con el juez, con las partes, con los demás intervinientes del litigio y con los medios probatorios en forma oral, llevadas a cabo mediante una o varias audiencias.

De modo que, lo que hará configurar a un proceso regido por el principio de la oralidad es que tenga una etapa especial, en donde el debate de la causa pueda realizarse mediante la expresión oral, en una manifestación verbal pura, sin injerencias de la escritura.

Sintetizando, al expresar proceso oral, significamos aquel proceso mixto, mezcla de la escritura con la oralidad, en el cual, el debate sustancial de la causa logre realizarse en una o varias audiencias eminentemente orales y de ser posible culmine en esa audiencia con el dictado de la sentencia oral que resuelva el litigio. Proceso oral es igual a sistema mixto con predominio de la oralidad en el debate de la causa en audiencia.

Siguiendo a Chiovenda en la descripción de las primordiales características del sistema de la oralidad, se descompondrán las principales aplicaciones y virtudes que se obtienen una vez implementadas en el proceso.

Predominio de la palabra como medio de expresión: No figura erradicar lo escrito, pues es difícil concebir un proceso que no admita en mayor o menor grado, actos escritos11, pero otorgándole a la escritura el sitio que le corresponde no dándole ni más ni menos importancia que la que se merece. La inclinación es que internamente en el proceso se asuma una etapa especial donde se produzca el debate oral de la causa, en el que por medio de la palabra hablada, de la expresión verbal, se discuta la causa y de ser factible se resuelva la misma.

Relación directa entre órgano decisor y las personas que intervienen en el proceso: Es lo que la doctrina denomina inmediación, permitiendo al juez un contacto directo y dialogado

Cappelletti,

Conclusión

Es factible implementar la oralidad en el proceso civil, en una etapa llamada “de transición”, exclusivamente para aquellos procesos que en la actualidad son los que más necesitan la agilidad de este tipo de juicio, como lo son los que hubieren de seleccionar los miembros del Poder Legislativo, sugiriéndose entre ellos los procesos propios del Derecho de Familia, divorcio, alimentos, acciones posesorias y otras, para posteriormente, luego del aludido período de transición, promulgar un Código Procesal Civil, a semejanza del vigente en el Uruguay, que contemple la oralidad en todos los juicios de la jurisdicción civil.

Para el éxito del sistema propuesto deben preverse asesores itinerantes, que brinden asistencia en cuanto a capacitación y consejo a todos los órganos jurisdiccionales en las etapas iníciales de la implementación del proceso oral en el país.

No cabe duda de que la oralidad es una asignatura pendiente en nuestro país, asignatura con la que debemos ponernos al día antes de que pase mucho tiempo.

Consideramos que la población en general y en especial las personas encargadas del trabajo de repartición de justicia debemos dejar a un lado el miedo al cambio e implementar un procedimiento con predominio oral a fin de satisfacer los requerimientos toda la población, puesto que es de conocimiento de todos que con el sistema oral se ahorraría tiempo en los procedimientos y he aquí que se estaría cumpliendo con el verdadero propósito del principio de la economía procesal.

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CHIOVENDA, José. Principios del Derecho Procesal. Tomo I.

INVESTIGACIÓN: Paraguay y su Proceso Civil, camino a la oralidad.

2013-05-21T14:06:00.002-07:00

Universidad Nacional de Itapúa.

Facultad de Ciencias Jurídicas.

Alumnos: Fernando Sosa Scocería, Verónica Zorrilla Villanueva.

Paraguay y su Proceso Civil, camino a la oralidad.

Materia Derecho Procesal Civil.

Año: 2013.

INTRODUCCIÓN

El tema a que me aboco en este ensayo es la problemática actual sobre el proceso civil escrito y la reforma hacia la oralidad del mismo. Nuestro proceso civil netamente escrito adolece de muchas falencias, que necesitan ser eliminadas, corregidas, y modificar el actual proceso de acuerdo con el dinamismo del derecho y adaptarse a las necesidades de la sociedad, introduciendo la oralidad en el proceso y eliminar el excesivo formalismo actual, que existe. Lo que se busca es que con el procedimiento sea oral. Eso quiere decir que la mayor parte de los actos son realizados en la audiencia; que la parte del procedimiento que tiene de hecho influencia preponderante sobre la opinión del juez y el resultado del litigio, es la que consiste en los debates orales llamados alegatos, plaidoiries; y que se han suprimido o tornado facultativos los escritos, que no parecen tener una utilidad práctica cierta.

Existen movimientos de reformas que se inician con el objeto de aceptar la oralidad en forma más racional y completa. En nuestro país se desconoce en el proceso Civil un sistema oral, o por lo menos un sistema mixto con predominancia en la oralidad, considerándose esto materia pendiente en el derecho procesal, por la resistencia que existe a la asimilación de la oralidad manifestada por los estudiosos del derecho procesal nacional. Se desea que oralidad se instalé efectivamente en la actividad de la prueba. Para que el desarrollo oral quede en especial evidencia tratándose de la práctica de las pruebas personales, donde la intervención en el proceso se realiza, por regla general, sin recurrir a la escritura. En efecto, tanto en el interrogatorio de las partes y testigos, como en la prueba de peritos (en el caso que deban exponer su informe y someterse a examen contradictorio de las partes) la opción del legislador está representada por la oralidad del diálogo. Es oral la forma de expresión de las partes, del juez y de los sujetos de prueba en los medios personales. Las ventajas de la forma oral en el campo de la actividad probatoria no pueden negarse. En lo que respecta al orador, sus objetivos primordiales son el de lograr la comprensión y la adhesión del auditorio a las tesis u lo que quiere sustentar. Debe tener claridad y precisión; se debe seleccionar las palabras en forma cuidadosa. Pues bien debe tener una buena dicción el empleo de palabras correctamente, es necesario pronunciar correctamente, acentuar con elegancia y el abogado se debe caracterizar por eso. Saber usar el lenguaje es algo más que conocerlo. La producción lingüística tiene que estar adaptada a la situación, lo que supone un buen conocimiento de las normas sociales y culturales del grupo. Es decir, comunicar supone el desarrollo de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales.-

Si hablamos de oralidad debemos enfocarnos a otro punto esencial que es la inmediación. El procesalista ALSINA sostiene que: “El principio de inmediación significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre éstas las que se encuentren bajo su actuación inmediata”. El Juez debe conocer la actividad de las partes, su conducta y su solvencia moral y que los actos que realicen, los cumplan en su presencia, lo que le permitirá, si llegara el caso, hacerles conciliar, transar y finalmente emitir una valoración justa de los hechos que aporten. La inmediatividad en el proceso civil paraguayo debe enfocarse en que "todos los actos del proceso inclusive el rendimiento de las pruebas, tienen que realizarse ante el tribunal en forma inmediata".-

Al desarrollar, el tema de la oralidad en el proceso se busca la interacción con el juez, una mayor sencillez, se trata de suprimir los incidentes, para resolverlos en la misma audiencia. Pero hay que tener en cuenta que con el principio de oralidad, no excluye la escritura. En el proceso por audiencia la oralidad se complementa armónicamente con la escritura.

Paraguay y su Proceso Civil, camino a la oralidad.

Inicio esta exposición sobre los motivos que justifican la reforma del proceso Civil. La justicia en Paraguay, y en especial el proceso civil, es lenta, cara, poca transparente no igualitaria, propensa al secretismo y a la corrupción, de escasa accesibilidad, de distanciamiento y conservadurismo de los Juzgadores, de pobre calidad y por último, como poder del estado ha sido utilizada maltratada y manipulada desde siempre por los poderes de turno. A pesar de estos deplorables síntomas existen quienes defienden al reinante esquema de litigación, como desconociendo todas sus falencias, intentando mantener el “status quo” conservador de la actualidad.-

Se podrá decir que esta desalentadora situación no es propiedad exclusiva de nuestro país, sino que es algo que en la actualidad está en boga en Latinoamérica y algunos países del viejo continente. Pero esto no debe ser una traba para intentar aplicar modelos de superación, como se ha hecho en otros países que han mejorado sustancialmente el servicio de justicia, como se puede citar en el caso de Uruguay. Desafortunadamente para nosotros como estudiantes y futuros abogados en el Paraguay aunque exista una imperiosa necesidad de la reforma, la misma no se concreta, y cuando mas esperamos es mayor el daño causado a la sociedad, esa es una responsabilidad que pesa sobre los doctrinarios y procesalistas que deben comprender la urgentes necesidades de la comunidad. Al efecto traigo a colación, la afirmación hecha por Zagrebelsky quien expresa que: “Ninguna ley y ninguna constitución son tan sagradas como para no poder ser cambiadas”, pues toda generación es independiente de la que le precede siendo dueña de decidir como mejor administrarla, en especial si de justicia se trata, por cuanto las leyes deben ser mantenidas con vida solo mientras sean de utilidad y sean aplicables razonablemente, si durasen más sería un acto de fuerza y no de derecho.-

Por todo lo expuesto precedentemente se evidencia que el proceso civil actual, necesariamente debe ser modificado en los siguientes puntos:

Excesivas Estructuras Procedimentales

El proceso civil vigente contiene una gran cantidad de estructuras procedimentales, estableciendo que para cada litigio y de acuerdo a los casos, se cuentan con estructuras procesales particulares, originando de esta manera una proliferación de tipos procedimentales, tornándose de esta manera ineficaces en materia judicial, cayendo al olvido el hecho de que la función de juzgar es en general la misma, por lo que todas esas estructuras procesales creadas se pueden reducir a unos pocos modelos, como ser, proceso ordinario, procesos ejecutivos y procesos cautelares, para de esta manera, alcanzar el máximo beneficio para el sistema, utilizando formas simples y desprovistas de trámites innecesarios, reemplazando la gran cantidad de tipos de juzgamientos vigentes, buscando englobar en pocas estructuras el máximo de casos y para todas las materias.-

Eliminando ese particularismo procesal, los mayores beneficiarios serán los ciudadanos, los estudiantes y los juristas en general, pues se trata de construir un modelo procesal comprensible para el ciudadano común.-

Falta de equilibrio entre lo escrito y lo Oral

La discusión entre la predominancia de la oralidad o lo escritural como base del proceso es una de las polémicas más antiguas. En el transcurso de la historia, en algún momento predominó la oralidad, que luego fue reemplazada por el sistema escrito, predominando siempre uno sobre el otro. Lo ideal no se da en un proceso eminentemente oral con prescindencia de la seguridad en las actuaciones, ni un proceso solamente escrito, sino que exista un equilibrio entre ambos. Nuestro proceso civil es escrito con un atisbo de oralidad, pero lo escritural es su rasgo característico, convirtiéndose de este modo en un proceso interminable, no aportando el órgano jurisdiccional un aporte significativo para la resolución inmediata de las divergencias entre las partes, tornándose de esta manera estático e inerte el proceso, por lo que es urgente la necesidad de lograr una conciliación entre lo mejor de lo escrito y lo oral, para lograr un régimen procesal eficaz.

Inmovilismo del servicio

En las últimas décadas el servicio de justicia se fue deteriorando, tanto en los regímenes penal, civil y laboral. En los ámbitos laboral y penal se han realizado modificaciones que han resultado exitosas, con el proceso civil no se dieron estos fenómenos a pesar de estar vigente un nuevo Código Procesal Civil este no estuvo inspirado por las nuevas corrientes del Derecho Procesal. El inmovilismo del sistema se agudizó a niveles increíbles, en normas inertes sin perspectiva de agilización en el futuro.-

Rigidez de principios procesales

El fenómeno procesal se encuentra sumido en una concepción de rigidez de los principios procesales, derivado de lo estático del sistema procesal, debiendo cambiar esto por una política procesal que admita la movilidad de principios, adecuados a los designios marcados desde lo internacional.-

Excesivo formalismo

En el método judicial en uso, antes que la obtención de la verdad y de la realización de la justicia imperan las formas debiendo sustituirse esta visión por otra orientadora de una necesaria des formalización del esquema de juzgamiento en el que las formas sirvan de manera útil al proceso, extirpando el excesivo ritual. Un ejemplo de este excesivo formalismo es la prueba de Absolución de posiciones, en que la prevalencia de lo formal por sobre lo real conduce a la obtención de una verdad procesal, alejada de la realidad.-

Segmentación procesal

La actuación considerada individualidad permite incidencias independientes que por su transcendencia impiden el avance del proceso hacia la decisión final. Estas demoras son las que precisan evitarse mediantes técnicas que no consientan, ni la segmentación, construyendo un modelo de avance dinámico y equilibrado, ni las dilataciones, el mayor mal del proceso.-

Los Jueces Fugitivos de la Realidad

El juez debe dejar de ser un espectador sostenido en un proceso escritural, segmentado, donde predominan las formas y debe ser un claro exponente de la realidad basado en la verdad y la justicia buscando incumbirse en conocer lo que realmente ocurrió aplicando la ley conforme a hechos veraces, de no ser asi el sistema pierde su razón de ser.-

La oralidad como regla en el proceso civil:

Es indudable que el ideal del proceso civil es aquel que se celebra en una sola audiencia y en forma oral. Existe un modelo procesal, el proceso oral puro y este es casi desconocido en el mundo ya que presenta inconvenientes con respecto a la seguridad jurídica documental, por lo que al evaluar sobre la oralidad, estamos significando sobre un proceso mixto con clara inclinación hacia la predominancia del principio de la oralidad, que permite la existencia de un debate oral de la causa. No se puede hablar de oralidad, sin vinculara a la escritura, ya que son dos principios opuestos y antagónicos que no tienen razón de ser el uno sin el otro.-

El modelo oral no exige que se prescinda de la escritura, pero es necesario que esta última, asuma el lugar que le corresponda de acuerdo a las condiciones modernas, respondiendo con utilidad a los requerimientos de la litigación.-

El proceso oral se caracteriza, por un predominio de la palabra como medio de expresión sin llegar a erradicar lo escrito. Existe una relación directa entre el órgano decisor y las personas que intervienen en el proceso, admite con esto la percepción directa de los hechos desencadenados en el expediente, siendo el Juez que recepciona las pruebas el encargado de dictar sentencia. Las sustanciación de la causa se da en un momento único influyendo positivamente en la brevedad de los litigios y con relación a las cuestiones incidentales estas no pueden ser separadas de las cuestiones de fondo, debiendo resolverse con la sentencia definitiva.-

La oralidad, como principio, está vinculada a otros principios, los cuales son, el principio de inmediación, de concentración y de publicidad, con los cuales se vincula y que son de cumplimiento indefectible para el cumplimiento de sus fines. El principio de inmediación, incide positivamente en la calidad de justicia, con relación al sistema escrito es totalmente incompatible, ya que la característica principal de la inmediación se observa cuando existe una relación directa entre el órgano decisor con las partes, con los testigos y con el objeto del juicio, ya que de esta manera el Juez puede apreciar directamente todas las declaraciones. Este principio propugna y busca la presencia del Juez en la audiencia, la participación del mismo en la práctica de la prueba, que el mismo Juez que recepciona dichas prueba, sea el que dicte sentencia en un plazo razonable. Por todo lo expuesto, es que entendemos que la inmediación se produce y de manera efectiva solamente en el Proceso Oral, y, esta oralidad se cumple solo cuando en el proceso se admita la inmediación.-

El principio de la concentración se da en los procesos orales, en un proceso de concentración de actuaciones, lo contrario a lo que sucede en el proceso escrito, cuya principal deficiencia es la segmentación del procedimiento. La oralidad transige que el principio de concentración se cumpla a cabalidad y en un solo momento procesal.-

Otro de los principios es el de la publicidad, este se halla garantizado con el principio de oralidad. Mediante el proceso oral, se destaca la transparencia del litigio, asistiendo el control ciudadano sobre las actuaciones judiciales, lo contrario de lo que ocurre con el proceso escrito.-

La oralidad en el proceso civil aporta celeridad, publicidad y favorece la dirección del proceso, tiende a la moralización y a la inmediación, permite la efectiva aplicación del principio de concentración y consiente una amplia preponderancia en la búsqueda de la verdad, reduciéndose los gastos y fortaleciendo la simplificación del proceso.

En nuestro país se desconoce en el proceso Civil un sistema oral, o por lo menos un sistema mixto con predominancia en la oralidad, considerándose esto materia pendiente en el derecho procesal, por la resistencia que existe a la asimilación de la oralidad manifestada por los estudiosos del derecho procesal nacional. Pareciera que no se puede abandonar la vieja estructura de la escritura que rige hasta hoy día. Se trata de un temor aparentemente no manifestado públicamente, al cambio procesal ya que con la implementación de la oralidad es indefectible que se produzca una transformación dentro del ambiente procesal. Esta circunstancia no es suficiente para seguir postergando la evolución de la estructura del proceso civil, impidiendo de esta manera su avance postrándolo a seguir sumido dentro de un sistema escrito deficiente y que no funciona.-

El proceso oral implica los siguientes postulados:

Concentración de la substanciación del pleito, de ser posible en un único período (debate) a través de la celebración de una o de pocas audiencias próximas comprendiendo los incidentes que deben ser resueltos conjuntamente con la cuestión principal;

Identidad física del órgano jurisdiccional o lo que es lo mismo, el juez debe ser la misma persona desde la iniciación del juicio hasta el pronunciamiento de la sentencia, ya se trate de juez único o colegiado;

Inmediatividad en la relación entre el juzgador y las personas cuyos testimonios tiene que apreciar, lo que significa que las pruebas nunca deben rendirse ante juez delegado;

Autoridad suficiente del juez en la dirección del proceso, el cual no se encamina sólo a la satisfacción de los intereses particulares sino también al aseguramiento de los fines del Estado que en toda democracia deben aspirar a la realización de una justicia social;

Publicidad de las audiencias en los negocios, con excepción de las que se refieren a divorcio, nulidad de matrimonio y las demás en que, a juicio del tribunal convenga que sean secretas; e,

Irrecurribilidad de las interlocutorias como medida para liberalizar el proceso. Por ello expresamos algunas ventajas los cuales son múltiples y diversas.-

ü Asegura el principio del contradictorio de partes, testigos y peritos mediante confrontaciones que sólo operan eficazmente en el proceso oral, pues en el escrito pierden valor;

ü Permite apreciar mejor las pruebas, ya que el juez las recibe directamente;

ü Obtiene un mayor número de elementos de convicción con menos trámites

y realiza efectivamente las leyes sustantivas;

ü Contribuye a una mayor efectividad de la regla moral en el proceso;

ü Elimina solemnidades innecesarias y acarrea una economía procesal apreciable;

ü Significa un mayor control de la administración de justicia, a través de la observación directa de su funcionamiento y con ello, el mejoramiento de dicho servicio público.

Conclusión

De lo tratado pueden extraerse las siguientes conclusiones:

· Es urgente e imperiosa la implementación del proceso oral en nuestro sistema, es decir, de un sistema mixto por audiencias. La oralidad es la mejor opción para la organización de los procesos judiciales, ya que solo con esta se podrá cumplir con la vigencia de los principios de inmediación, concentración y publicidad que son las bases para un buen sistema procesal, ya que estos principios procesales no se pueden adaptar al proceso escrito.Nuestro proceso escrito necesita nuevos aires que introduzcan en las modificaciones, para evitar que se continúe con un proceso lento, pesado y burocrático, alejado de la realidad, debiendo reemplazarlo por un modelo de justicia más transparente, eficiente y de cara al pueblo.

· La oralidad ha sido y debe ser considerada central no solo desde el punto de vista externo del proceso para su celeridad y transparencia, sino además desde lo interno para el logro más coherente de la incorporación y apreciación de la prueba: el juez debe apreciar y valorar la prueba según los cánones de la sana crítica.

· A su través, el proceso se libera de una de las peores lacras derivadas del carácter totalmente escrito del procedimiento recogido en la normativa anterior, el excesivo y en gran medida innecesario formalismo, que atentó, por ejemplo, contra de la eficacia de los interrogatorios sujetos a unos pliegos rígidos, añadidamente cerrados, y rara vez ampliados por la crónica inasistencia judicial. La oralidad que ahora se logra imponer constituye la evidente opción del legislador por las ventajas y posibilidades que viene a aportar la mayor flexibilidad y espontaneidad en el diálogo y procedimiento probatorio.

· La oralidad no excluye (ni debe excluir) la posibilidad de actuaciones escritas de las partes y del tribunal. El rol del juez dentro del proceso civil oral es más activo. Se trata de un juez visible y presente, pero también más activo desde la perspectiva de su rol ante la prueba.

· Y la necesidad de incorporar la oralidad en el Proceso Civil Paraguayo para evitar la morosidad.

Bibliografía.

· Proceso civil, actualidad y futuro de Pablo Darío Villalba. Edición Bijupa.

· Diccionario Osorio.

· Código Procesal Civil.

· http://www.eumed.net/rev/cccss/07/eerb3.ht.

INVESTIGACIÓN: PRINCIPIO DE ORALIDAD

2013-05-21T14:00:00.001-07:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

INTEGRANTES

FEDERICO GASTON REYES
ABRAHAM JIMENEZ
GUILLERMO BENITEZ
GABRIEL GIMENEZ
MANUEL MARTINEZ

Título del Trabajo de Investigación

PRINCIPIO DE ORALIDAD

Materia

Derecho Procesal Civil

INTRODUCCIÓN

La oralidad o escritura son las dos formas externas que pueden adoptar las actuaciones procesales. En consecuencia los principios de oralidad y escritura podrían definirse como aquellos en función de los cuales la sentencia debe basarse solo en el material procesal aportando en forma oral o escrita, respectivamente. Sin embargo, en al actualidad, no existe un proceso totalmente oral o escrito, por lo que se hace necesario buscar un elemento que permita determinar cuando un proceso esta inspirado por el principio de oralidad o el de escritura.

En la doctrina, suele ser frecuente entender que estamos ante un proceso oral cuando existe un predominio de la palabra hablada como medio de expresión, si bien puede atenuarse por el uso de escritos o alegaciones y de documentación, por lo que debemos analizar la concreta regulación de cada procedimiento para advertir la vigencia del principio de oralidad, y especialmente, la existencia de audiencias en las que existe un contacto directo del juez con las partes, tanto para debatir oralmente cuestiones jurídicas o fácticas, como para apreciar directamente los elementos sobre los que deberá fundamentar su sentencia.

Principios Procesales

Principio de Escritura- Oralidad

Constituye un par de opuestos y consiste el primero de ellos en el predominio de la palabra hablada sobre la palabra escrita.

Los modos oral y escrito de exponer el pensamiento dan origen a dos tipos procesales. El proceso oral y el proceso escrito, aunque en la realidad no existen tipos procesales puros, los procesos orales tienen una parte escrita, y los procesos escritos tienen una parte oral.

Oralidad

Las pretensiones de las partes, la producción de las pruebas y las alegaciones de derechos tienen en una o mas audiencias con la presencia del juez, señalando el principio de inmediación.

Se da una mayor concentración de actos en menor tiempo (declaraciones, examen de documentos, diligencias periciales), facilita la vinculación entre el juez y los litigantes.

Nuestro procedimiento civil hasta ahora es esencialmente escrito, lo conveniente seria un proceso mixto, donde la proposición seria escrita; así como los recursos, la parte medular seria oral. Podría incluirse una audiencia preliminar en búsqueda de la conciliación de las partes y en su caso, depurar el proceso. Escritura en la etapa preparatoria y oralidad en la producción de pruebas y decisión.

Aplicación en el proceso civil.

Según el Art. 256 de la Constitución Nacional” de la forma de los juicios”. Los juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida que la ley lo determine.

Y de acuerdo al Art. 372 del Código Procesal Civil la demanda se formulara por escrito, expresara el nombre y domicilio del demandante y demandado; relacionara concretamente los hechos y dará los fundamentos de derecho, formulara las peticiones en términos claros y precisos, acompañara todos los documentos que se refieren a la acción entablada o señalara en su defecto, el lugar, archivo u oficina en que se encuentren.

Garantías para la efectividad del Principio de oralidad

Inmediación

Para que la oralidad despliegue su máxima eficacia, las actuaciones procesales realizadas oralmente deben efectuarse ante el destinatario de las mismas, esto es con la inmediación del juez. El contacto directo de este con los sujetos intervinientes en el proceso da seriedad al acto oral, y en cierta medida, hace que la justicia sea mas cercano al justiciable, ya que se permite a las partes (ver la cara al juez), quien en definitiva han confiado la resolución de su conflicto.

Publicidad.

Finalmente para asegurar que la oralidad se cumple en realidad, es menester garantizar el acceso de todo ciudadano a los trámites orales. La publicidad debe entenderse así, no tanto como acceso a los autos que, en la medida que hagan referencia a intereses privados, deberán reservarse solo a los afectados, sino como garantía de la efectiva oralidad.

Reflexión Crítica

El establecimiento de la oralidad en el proceso civil es relativamente sencillo desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, si se desea su verdadera implantación en el foro judicial por entender en que se trata de un elemento de calidad de la justicia, caracterizado por el contacto directo entre el juez y el justiciable, es preciso que se den unas condiciones objetivas mínimas que deben respetarse:

En primer lugar; debe existir el necesario número de jueces para hacer efectiva la oralidad, pues esta exige tiempo para la adecuada dedicación al estudio de las causas en todos aquellos trámites en los que existe un contacto directo del juez con las partes.

En segundo lugar; debe haber un cambio de mentalidad, una plena concienciación de las ventajas de la oralidad en los dIferentes sujetos que deben hacerla efectiva, esto es, los jueces y los abogados.

Y finalmente en tercer lugar; es preciso establecer mecanismos de control y sanción que permitan disuadir la infracción de la oralidad, como puede ser, por ejemplo, la grabación de las audiencias o la nulidad de las actuaciones cuando se vulnere la oralidad.

CONCLUSIÓN

El establecimiento de la oralidad en el proceso Civil es relativamente sencillo, desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, si se desea su verdadera implementación, en foro judicial por entender que se trata de un elemento de calidad de la justicia, caracterizada por el contacto directo, entre el juez y el justiciable, es preciso que según unas conclusiones objetivas mínima que deben respetarse.

BIBLIOGRAFÍA

· CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARAGUAYO

· CONSTITUCIÓN NACIONAL PARAGUAYO

· LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

INVESTIGACIÓN: ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL

2013-05-21T13:57:00.001-07:00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

ALUMNOS RESPONSABLES:

“ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL”

Por

- RUBEN DARIO BENITEZ ZORRILLA

- MANUEL RAMON DUARTE BARBOZA

- SANDRA ROMINA GOMEZ SILVA

- PETTI ARTURO PIRIS SORIA

- SHUNJI YAMADA YAMANAKA

AÑO: 2013

INTRODUCCiÓN

Rememorando y remontándonos a cuatro años atrás aproximadamente, aquella época en que tomábamos la iniciativa y la decisión de seguir una carrera más noble, digna y a la vez sacrificada que es la carrera de Ciencias Jurídicas, en aquella época que teníamos el mínimo conocimiento, aquella época en que creíamos que en todas las contiendas, divergencias de intereses de las partes incluyendo el fuero civil, se resolvían explayando nuestro conocimiento y capacidad por medios orales frente al honorable y excelentísimo magistrado, y de acuerdo a nuestro fundamento y capacidad de convencer a la otra parte y al Juez lograríamos el triunfo y que se podía finiquitar en un periodo de tiempo no tan extenso. Reflexionándolo, probablemente sin conocimiento teórico acerca de los principios procesales, o en nuestro inconsciente, o en nuestro instinto percibíamos acerca de la relación y dependencia directa entre el principio de oralidad con los principios de inmediación, economía procesal y congruencia. Pero a medida que avanzamos de curso hemos constatado que la contienda en el fuero civil no se procede por medio oral, más bien desde el inicio hasta la sentencia definitiva es netamente escrito.

El presente trabajo es el resultado de un debate e intercambio de ideas entre los integrantes del grupo luego de una investigación minuciosa acerca de la oralidad en el proceso civil, partiendo desde el antecedente del juicio oral, que indudablemente hemos tomado del Derecho Romano; posteriormente hemos identificado algunas disposiciones de nuestro ordenamiento positivo que prescribe la oralidad en cierto tipo de juicio, específicamente el juicio de interdicto, una breve explicación de éste, y; en la última parte del presente trabajo, hemos llegado a comentar acerca de las posibles ventajas y desventajas de la oralidad en el proceso civil y las tendencias actuales y las que se avecinan.

Para finalizar, les aseguramos que no se arrepentirán en tomarse unos minutitos de su valioso tiempo para la lectura de nuestro modesto ensayo, porque de esa manera podemos todos juntos; catedrático y alumnos y sociedad en general, analizar y reflexionar acerca de la inminente necesidad de la oralidad en nuestro proceso civil.

ORALIDAD EN EL DERECHO-FUNDAMENTO

Desde tiempos muy remotos las personas se han relacionado con los demás a través de la palabra, han solucionado sus diferencias por medio del diálogo y se han destacado muchos grandes oradores en toda la historia de la humanidad, como Socrates, Cicerón, Hitler, etc.

Como decía Rousseau que el pueblo renuncia a algunos derechos a favor del Estado para que este pueda gobernar y dirigir las relaciones sociales, esto también tiene relación con la justicia ya que el ciudadano común espera que el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales resuelva las controversias que se suscitan entre ellos. Lo que pasa suele ser que la justicia pronta y barata que espera la gente a veces no suele llegar y las pretensiones que se reclaman no son satisfechas por la excesiva burocracia estatal, por la ineficiencia de los funcionarios de los órganos, o por la negligencia de muchos abogados.

La lentitud que se manifiesta en los procesos judiciales, según los partidarios de la oralidad se debe a que se exagera con la escritura en el desarrollo de los juicios, ya sea por escritos excesivamente extensos o el planteamiento de excepciones, incidentes o recursos puramente dilatorios por los abogados “picapleitos”, y también por la sobrecarga de trabajo en los juzgados.

Cuando decimos oralidad se hace empleando un término de común aceptación en el lenguaje de los procesalistas aunque es sabido que no hay ningún régimen de derecho positivo (salvo algún raro caso, como puede ser, el del Tribunal de Aguas de Valencia) exclusivamente oral sino mixto.

En referencia al proceso mixto, nos referimos a que existe una fase de proposición escrita (demanda y contestación) luego una o dos audiencias (orales) y después con apelaciones también escritas. En este proceso lo esencial es la comunicación entre el juez y las partes. Reconociendo que dentro del procedimiento no puede despreciarse un medio de comunicación tan preciso como la escritura. Lo que se rechaza es el proceso escrito y secreto, sin la concentración e inmediación que proporciona la celebración de la audiencia de pruebas y del debate oral.

Si se mira sólo el elemento exterior de la oralidad y de la escritura puede conducir a equívocos en cuanto a la índole del proceso pues es difícil concebir un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad y un proceso oral que no admita algún grado de escritura.

El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia. Para Chiovenda, la oralidad, atenuada por los escritos que preparan el debate, garantiza, por el contrario, una justicia intrínsecamente mejor; la misma hace al juez partícipe de la causa y le permite dominarla mejor, evitando los equívocos tan frecuentes en el proceso escrito, en que el juez conoce por lo general la existencia de un proceso en el momento en que es llamado a decidirlo; la misma excita el espíritu del magistrado y del abogado y lo hace más sagaz, más rápido, más penetrante.

Cierto magistrado solía decir que al Juez no le interesa el juicio, que solo debería interesarles a las partes. En cierta forma tiene razón ya que las partes deben impulsar el proceso pero como dijimos ut supra existen magistrados que solo toman contacto con el expediente solo cuando hay que dictar la sentencia y todos los actos anteriores que se realizaron ni siquiera lo ha revisado o controlado, con lo que no se cumple el principio de inmediatez. Así que de cierta forma dicho magistrado asumió que a las personas en quienes recae la jurisdicción no cumplen a cabalidad su función.

Como cualquier propuesta novedosa existen detractores que dicen que existen numerosas desventajas en el proceso oral por lo que se oponen a que se implemente por que la falta de actuación escrita provocaría que el tribunal de instancia superior tenga que reproducir las actuaciones; también existe otro argumento que se plantea contra el proceso oral que es su costo; sin embargo, esto no es exacto pues no se trata de comparar dos extremos diferentes: un mal sistema escrito con un régimen oral ideal, en el que se deberían contar con todos los medios y un sinnúmero de jueces.

Se plantea que este sistema es más propenso a sentencias superficiales y precipitadas, que es proclive a las sorpresas porque se permite a las partes hasta la última hora modificar y cambias sus pretensiones; además que requieren un gran aumento de personal en los órganos jurisdiccionales.

Es cierto que se necesitan más jueces, sin embargo se requieren de menos funcionarios, menos burocracia, lo que representa un notable avance. Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias.

El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso, su director. Mediante el principio de inmediación en la práctica de pruebas permitiéndole al juez captar con facilidad a quien le asiste la razón en el debate.

En la oralidad se suprimen incidentes (que se resuelven, en su mayoría, en una misma audiencia), hay menos recursos, se logran mucho más acuerdos y transacciones que eliminan procedimientos.

El ilustre jurista italiano José Chiovenda decía al respecto: “Exclusivamente oral solo puede ser un proceso primitivo: cuando los pleitos y los medios de prueba son sencillos, simples y no admiten las impugnaciones o apelaciones y los medios de reproducción de la palabra son difíciles. En los pleitos de una civilización más avanzada la escritura tiene siempre una parte. Todo proceso moderno es por lo tanto mixto; y será oral o escrito, según la importancia que en él se dé a la oralidad y a la escritura, y sobre todo según el modo de verificar la oralidad”.

Según Chiovenda en el escrito de la demanda, es aquel donde se indican los fundamentos de la pretensión y los medios de prueba. La escritura es para los ausentes pero para los presentes se debería preferir la oralidad.

El mismo jurista decía que la oralidad no es el fin sino el medio para lograr resolver una controversia en el menor tiempo y con la mayor eficiencia posible, ya que lo que necesita la ciudadanía es que el sistema judicial del país sea más útil, más inocuo, sumario y económico.

LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL PARAGUAYO ACTUAL

El procedimiento civil actual en nuestro país está legislado por la Ley Nº 1337, del año 1988, que establece el régimen procedimental y de aplicación de la ley de fondo o código civil. En la misma podemos, respecto al tema que nos ocupa, notar que nuestro procedimiento es predominantemente escrito, encontrándose en ella excepciones a lo antes dicho al establecerse algunos tipos de juicios en los cuales se establece un principio de escritura y otra de oralidad.

Al respecto indicamos que uno de los tipos de juicios en el cual predomina la oralidad es en los juicio de Interdictos, (de adquirir, de retener, de recobrar y el de obra nueva), en los que se presenta una parte inicial escrita, que acontece con la presentación de la demanda en la que se expone toda la relación de hechos, el derecho que invoca el accionante junto con las pretensiones sobre las que se pretende que el órgano juzgador se expida. Seguidamente éste, el juzgador, al darle trámite a la demanda y según lo dispone el TITULO VIII del código de procedimientos, deberá correr traslado de lo planteado al demandado y en la misma resolución, generalmente una providencia, ya fija fecha y hora de audiencia en la cual deberán comparecer tanto la parte accionante, como así mismo la parte demandada a fin de proceder a sustanciar el juicio. En la celebración de la audiencia y antes de cualquier actuación, se le cede la palabra al actor a fin de que éste se ratifique o rectifique o inclusive desista de la pretensión formulada, en el caso de que el mismo se ratifique en los términos de la demanda planteada ya de ello seguidamente se procede a correr traslado de lo formulado al demandado, quien en el mismo acto deberá proceder a esgrimir su defensa y plantear las excepciones si lo estima conveniente al derecho que defiende.

Una vez concluida la ponencia de la defensa y si el juez lo estime con2veniente dispondrá de la apertura de la causa a prueba y en el mismo acto procederse al diligenciamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y una vez diligenciadas las mismas se pasara a la ponencia de los alegatos y se llamara autos para sentencia. Al respecto la legislación procesal refiere que el juez deberá dictar resolución en el plazo de diez días, contados desde la realización de la audiencia.

Cabe formular una aclaración respecto a lo planteado en el párrafo anterior; que si el jugador lo estima conveniente, atendiendo al principio de economía procesal y a petición de parte podrá disponer la agregación de escritos elaborados por las partes, ya sea de la contestación de la demanda dentro de la audiencia o la misma presentación de los alegatos, siempre atendiendo al principio de publicidad y de acceso de la información que rige a favor de las partes.

Éste grupo de trabajo acuerda realizar la anterior presentación a fin de hacer notar, que si bien nuestro procedimiento es predominantemente escrito y dispositivo, también encontramos figuras jurídicas con mucha influencia y desarrollo oral y sobre la cual coincidimos que en forma acertada fueron introducidas por los legisladores.

En los juicios de interdictos, específicamente, que hemos estudiado en líneas anteriores encontramos que la misma ofrece algunas ventajas relevantes como la del logro de un pronunciamiento respecto a lo planteado en el menor tiempo posible, así mismo, el juzgado posee una mayor apreciación de las pruebas producidas y los argumentos esgrimidos por las parte, atendiendo a los principios procesales de inmediatez y celeridad sumados a los demás principios ya mencionados más arriba.

Hoy en día en el proceso civil existen algunos casos en que se utiliza la oralidad como un medio para dilucidar una duda que se presente dentro de la controversia, este es el caso de la prueba pericial.

La prueba pericial es uno de los medios de prueba más utilizados dentro del proceso paraguayo, el cual consiste en que el juez solicita a una persona entendida en una ciencia, arte u oficio le dé su parecer sobre un punto oscuro o en el cual el juez no está capacitado para pronunciarse correctamente.

El art. 359 del Código de Procedimientos Civiles establece que el Juez podrá disponer de oficio o a pedido de parte la comparecencia del perito a una audiencia para que aclare o amplie algunos puntos contenidos en su dictamen. Esta facultad que posee el Juez incluso se extiende a que podrá sancionar al perito que no se presentare a la audiencia o no diere las explicaciones por escrito, con la pérdida del derecho a percibir sus honorarios.

Finalmente exponemos que también en los procedimientos civiles de juicios ordinarios convencionales y si bien predomina la escritura en la mayoría de las actuaciones, existen también, actos procesales meramente orales como las que se presentan en las audiencias de declaraciones testificales o en las de absolución de posiciones, entre otras.-

CONFRONTACIÓN CON EL DERECHO PROCESAL PENAL

En este punto queremos referenciar lo estipulado en el código de procedimientos penales, en las cuales se establecen que los juicios deberán ser orales y públicos. Las audiencias preliminares, así como otras diligencias son realizadas en forma oral, sin embargo cabe resaltar que de dichos actos se labran escritos como constancias de los mismos.

En el proceso penal predomina la oralidad pero solo como etapa final, todo el proceso antes de la audiencia preliminar y autos que eleva la causa a juicio oral es escrito. Realizando una comparación con otras legislaciones que propugnan la oralidad, en el proceso civil el inicio del proceso con la interposición de la acción por el actor y la litis-contestatio del demandado será escrito y la sustanciación de las pruebas y alegatos deberán ser orales y la sentencia será escrita, para darle un tiempo razonable al juez para deliberar aunque desde nuestra postura si el juez está capacitado para ejercer la función jurisdiccional no es necesario dicho lapso.

La oralidad en el proceso paraguayo se encuentra legislada en la Constitución del Paraguay de 1870 en el art. 118, establecía que los juicios penales se terminarán por jurados. Con la evolución de nuestro país, el proceso civil por influjo de las normas procesales adoptadas se tornó en un procedimiento predominantemente escrito con algún componente de oralidad para determinados juicios, pero siempre manteniendo el registro escrito. Así como también hemos sido influidos por los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados como la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado de 1889 y 1939 de Montevideo.

Asimismo, cabe resaltar lo estipulado en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 256, que reza: “De la forma de los juicios: los juicios podrán ser orales y públicos en la forma y en la medida que la ley determine. Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la Ley. La crítica a los fallos es libre. El proceso laboral será oral y estará basado en los principios de inmediatez, economía y concentración”.-

CONCLUSION

A través del presente ensayo consideramos que queda planteada la cuestión de profundizar en estudio el sistema más conveniente para llevar adelante nuestro proceso civil, planteándose dos postulados; por un lado aquellos que sostienen que el sistema oral es más propenso a sentencias superficiales y precipitadas, que es proclive a las sorpresas porque se permite a las partes hasta la última hora modificar y cambias sus pretensiones; además que requieren un gran aumento de personal en los órganos jurisdiccionales, sin embargo, es cierto que se necesitan más jueces, pero también se requieren de menos funcionarios, menos burocracia, lo que representa un notable avance.

Así podemos decir que; concluimos en afirmar que dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar: menor formalidad, mayor rapidez, propicia la sencillez, aumenta la publicidad del proceso, así también al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias y permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda.

Cabe resaltar que en el proceso oral el juez se vuelve como un director, mediante el principio de inmediación en la práctica de pruebas permitiéndole captar con facilidad a quien le asiste la razón en el debate.

Por último hacemos hincapié en que el proceso oral requiere de jueces y abogados de gran capacidad mental, experiencia y preparación jurídica como lo hemos mencionado anteriormente.

2012-04-21T12:55:00.002-07:00