Derecho y RSE - Law and CSR

Contratación Pública y Responsabilidad Social

2012-02-04T08:54:00.000-08:00

El Rol del Estado en la economía

Mas allá de la visión que tengamos acerca del rol del Estado como actor y factor del desarrollo económico, es innegable que - a través de las empresas estatales y la compra / contratación de servicios por parte del Estado- constituye un actor primordial en la economía global.

The Economist nos recuerda que en años recientes se ha descontrolado el tamaño del moderno Leviatán y que el gasto público hoy representa, en muchos países, entre el 40-60% del PBI. A la vez, a nivel global, muchas empresas estatales que figuran entre las 25 más importantes del mundo según Forbes, con la venia de sus respectivos gobiernos, han salido de "shopping" a nivel mundial y hoy no solo controlan el acceso a ciertas materias primas, sino que también influyen sobre la decisión de a partir de qué materias primas se producen ciertos bienes intermedios y finales.
A caballo entre la empresa privada y el comunismo, puede afirmarse que ha surgido un nuevo modelo económico, el "capitalismo de estado".

La compra y contratación pública responsable

Las políticas y las reglas de compra pública involucran y limitan, en forma directa, el ejercicio del poder de compra por parte del Estado y la distribución de recursos y riqueza entre: distintas partes del gobierno; entre distintos niveles del gobierno; entre los ciudadanos y ante los no ciudadanos. Es por ello que estas reglas de compra pública involucran cuestiones que muchas veces son - desde el punto de vista social - altamente sensibles, particularmente en muchos de los países en desarrollo.

Si quisiéramos abordar el tema de la responsabilidad social del Estado con relación al ejercicio de la contratación pública procurando identificar a los stakeholders o partes interesadas en las compras y contrataciones públicas: en primer lugar deberíamos señalar a quienes soportan el gasto público, es decir a los contribuyentes/ financiadores internacionales; en segundo lugar podríamos ubicar a los beneficiarios del gasto público, en tercer lugar a los proveedores y contratistas (actuales o potenciales), y en cuarto lugar a la institución que denominamos "Gobierno" (aunque la connotación sea un grupo político en particular, ciertos funcionarios públicos, los ciudadanos, etc.)

Podemos preguntarnos ¿por qué hace falta una compra pública responsable? (*). Las principales razones son las siguientes:

La decisión de consumo no es neutra: implica preferencias sobre qué y de quien se compra.
Es un ejercicio de poder distributivo.
Debe ser legítimo y transparente.
El rol social del Estado incluye promover la sostenibilidad.

Las preferencias en la Contratación Pública

Como parte de sus políticas y planes económicos, los gobiernos tienden a concebir sistemas que establecen preferencias en la compra y contratación pública, con fines redistributivos y de desarrollo, privilegiando a ciertos sectores de la economía o para favorecer a ciertos grupos ante otros. Daniel Oporto - consultor en

temas de desarrollo de emprendedores y de planes de negocios y autor del blog Economía Inclusiva y Negocios Inclusivos - recientemente reclamaba en una nota publicada por La Razón, un mayor apoyo para la actividad emprendedora, sobre todo facilitar la formalización de emprendimientos.

A nivel mundial encontramos distintos ejemplos de sistemas de preferencias en la compra pública, tales como las acciones contenidas en la “American Recovery and Reinvestment Act”, promulgada en 2009, en la ley china nº 68 de 2002, que otorga preferencia a los bienes y servicios chinos, cuando estén disponibles, en las compras estatales de ese país.

En América Latina existen sistemas de compra pública que establecen preferencias tales como el Compro Argentino (instrumento de promoción y protección de la industria nacional, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas), el Compro Boliviano (incentivar la producción nacional), la ley colombiana nº 816 de 2003 (preferencia en precios a la producción nacional entre el 10% y el 20% frente a sus competidores extranjeros en licitaciones estatales) y en Brasil la ley 8666/93 (preferencia para: los bienes I. Producidos en el país, II. Producidos o prestados por Empresa brasileñas y III. Producidos por empresas que inviertan en investigación y desarrollo de tecnología en el país).

Ahora bien, cabe cuestionarse si este tipo de regímenes ¿favorecen el desarrollo económico o no?. Dentro de los problemas que se identifican normalmente con relación a los sistemas de preferencias en la compra y contratación pública, cabe destacar los siguientes:

i) incentivan la corrupción de los funcionarios públicos.
ii) disminuyen la iniciativa empresarial si se favorece habitualmente a los mismos grupos económicos.
iii) son incompatibles con o retardan la implementación de zonas de libre comercio o tratados de integración económica.
iv) fomentan una clase de empresarios rentistas que viven de la tercerización e intermediación.
v) en general fomentan conductas de escasa transparencia y discrecionalidad absoluta por parte del gobierno.

Por otra parte, también es cuestionable la "compatibilidad" de este tipo de regímenes preferenciales en materia de compra pública con las reglas y tratados sobre comercio internacional.

El Comercio Internacional y la Contratación Pública

Distintos países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en calidad de signatarios del Acuerdo sobre Contratación Publica ("ACP"), han establecido un tratado plurilateral, que comprende algunos sectores de sus respectivas economías, principios de apertura, transparencia y no discriminación, aplicables a las actividades de contratación de los estados signatarios y sus sub-divisiones (para una reseña de la evolución histórica de las normas de derecho internacional en materia de compras y contrataciones públicas ver ).

Asimismo, a nivel internacional, se han desarrollado leyes modelo sobre contratación pública con el objeto de lograr el uso óptimo de los recursos y evitar los abusos en el proceso de adjudicación. Estos modelos de leyes buscan promover la objetividad, la equidad y la participación, así como la competencia y la integridad, para cumplir tales objetivos.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que la mayoría de los estados signatarios del ACP son países desarrollados y que aun estos países han incluido reservas y excepciones al ACP con respecto a las normas en la materia, principalmente con el objeto de favorecer a sus pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Recientemente, se ha alcanzado un acuerdo para ampliar el alcance del ACP. Si consideramos a los regímenes preferenciales en materia de compra pública como una excepción al libre comercio internacional, es decir, como una forma de proteccionismo frente al libre comercio (recordando que el libre comercio tiende al bienestar general pero puede perjudicar a algunos productores / proveedores menos eficientes en particular), deberíamos abogar por la desaparición de dichos regímenes preferenciales. Por el contrario, si sostenemos que la contratación pública es una herramienta crítica para el desarrollo de la política económica nacional y que las "ganancias en términos de empleo y de desarrollo de sectores productivos estratégicos, pueden compensar con creces las pérdidas en términos de eficiencia en la maximización de los recursos del Estado", seremos menos propensos a suscribir acuerdos en principio incompatibles con este tipo de regímenes. En este sentido, siendo que las PYMES son generalmente las principales generadoras de empleo y a quienes se busca favorecer con las preferencias en la compra pública, ¿se puede afirmar que la existencia de sistemas de preferencias en la compra pública son parte del ejercicio de la responsabilidad social del Estado consistente en favorecer a las PYMES creadoras de empleo, redistribuir ingresos y reducir asimetrías en el desarrollo económico local?

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(*) En este blog ya hemos citado un sinnúmero de ejemplos sobre responsabilidad social y criterios de sostenibilidad para la decisión en materia de compras y contrataciones públicas por parte de diversos países de A. Latina como Argentina, Brasil, y Chile, entre otros. Para un análisis de la contratación pública en Colombia les recomiendo este post en el blog de Responsabilidad y Derecho.

RSE en la cadena de suministro: una (gran) puerta se abre

2012-01-22T02:22:00.000-08:00

El siguente post es un "guest post" de Carlos Javier Delgado León, abogado y autor del blawg Responsabilidad y Derecho. Pueden seguir a Carlos Javier en Twitter @derechoyrse

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Como abogado, cuando me preguntan y pienso sobre las tendencias que dominarán el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial durante el 2012, no puedo evitar centrar mi atención, casi que exclusivamente, en las repercusiones que con su entrada en vigencia a partir del pasado primero de enero, pueda traer consigo la Ley de Transparencia en la Cadena de Suministro del Estado de California (California Transparency in Supply Chains Act).

Un pequeño vistazo a la ley:

Antes de seguir con cualquier otra cosa, lo más oportuno ha de ser describir brevemente el contenido de la ley. En términos generales, se trata de una adición al Código Civil del Estado de California, cuyo objetivo inmediato es fortalecer el poder de decisión de los consumidores, pero cuyo fin último es servirse de este para contribuir a la lucha contra las prácticas de trabajo esclavo, trabajo forzoso y tráfico de personas en las cadenas de suministro de los grandes minoristas (reatilers) y fabricantes (manufacturers) que lleven a cabo negocios en territorio californiano (para efectos prácticos, la expresión "doing business" contenida en la ley, debe entenderse conforme lo dispuesto por la sección 23101 del Revenue and Taxation Code de dicho Estado).

Para tales propósitos, la norma insta a que los minoristas y fabricantes, cuyos ingresos anuales mundiales brutos, superen los cien millones de dólares, revelen y hagan públicos sus esfuerzos por "erradicar la esclavitud y el tráfico de personas en sus cadenas de suministro directas de bienes tangibles ofrecidos a la venta". Dichos disclosures deben ser publicados en la web de cada empresario, y en caso de no tener una, deben ser entregados por escrito en el término perentorio de 30 días a quien lo solicite por ese mismo medio. La información mínima que debe ser publicada, es la descrita en la subdivisión (c) de la sección tercera de la ley.

Viendo hacia el futuro (con un pie en el pasado):

En cuanto a las posibles repercusiones de la entrada en vigencia de la ley, por lo pronto, me atrevo a señalar una y a especular un poco en torno al tema: Si bien la ley empezó a regir recién este año, fue sancionada a finales de septiembre de 2010, y entre tanto, en agosto del 2011, la representante Carolyn Maloney (NY) presentó ante la Cámara de Representantes del Congreso Estadounidense, un proyecto de ley federal HR 2759 que —en palabras de Sarah A. Altschuller— fue diseñado con base en la ley californiana. Cierto es que tanto la ley como el proyecto coinciden en los objetivos que señalé antes, sin embargo, dado que este último busca hacer una adición a la sección 13 del "Securities Exchange Act of 1934" "to require companies to include in their annual reports to the Securities and Exchange Commission (...)", cambia en parte el cómo, y cambia el quiénes.

Independientemente de la suerte que corra este proyecto en el Congreso de los Estados Unidos, y dado que de un tiempo para acá, el tema de la protección de los derechos humanos en la empresa ha empezado a instalarse con mayor fuerza, tanto en la teoría como en la práctica de la RSE (especialmente a partir del informe Ruggie y la publicación de la ISO 26000); así como que el incremento del flujo de información ha permitido hacer visibles situaciones laborales irregulares antes ignoradas en empresas proveedoras de grandes multinacionales (caso Apple y Foxconn en China, por ejemplo), pienso que, la ley californiana de transparencia en la cadena de suministros ha abierto una gran puerta para que el tema empiece a formar parte de la agenda política e institucional de diferentes Estados a lo largo y ancho del mundo (ni qué decir si el proyecto de la representante Maloney llega a convertirse en ley).

De todas maneras, que la iniciativa californiana se vuelva tendencia o no, dependerá en buena parte, inicialmente, de la utilidad que den a la ley los consumidores de California, haciendo manifiesta mediante sus decisiones de compra, su intención de preferir a los empresarios que reportan por sobre los que no. Pero también, de la que podamos darle por extensión a esos reportes los consumidores del resto del mundo: no se olvide que la ley californiana contiene un interesante ingrediente de extraterritorialidad (no compete exclusivamente a las empresas de origen o con domicilio en California, sino que hagan negocios en dicho Estado, por lo que podrían verse incluídas empresas que también lleven a cabo negocios en ese Estado).

Si todo sale bien, quién dice, quizá podríamos llegar a encontrarnos con que en Junio, cuando se habrá de llevar a cabo un evento determinante para el futuro de la sostenibilidad mundial, el tema de cobijar institucionalmente la protección de los derechos humanos y del trabajo decente en la cadena de suministro de las empresas, sea también uno de los principales puntos a tratar en Rio +20.

#RSE Lo mejor de las semanas 48 y 49

2011-12-11T10:28:00.001-08:00

#RSE Lo mejor de la semana 47

2011-11-27T10:00:00.001-08:00

Empresas y donaciones con fines políticos

2011-11-26T06:18:00.001-08:00

Tal como comenté anteriormente, en América Latina con el fin de preservar la democracia y evitar que por la vía del financiamiento privado se alteren las metas de equidad, transparencia y autonomía de los partidos e indirectamente el sistema democrático de gobierno; existen normas en la mayoría de los países (por ej. Argentina: Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, México: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)) que establecen límites a los montos y a las modalidades que permiten a los partidos políticos el poder recibir en forma legítima dinero de particulares, llegando incluso a penalizar el financiamiento ilegal de los partidos políticos.

Distinta es la situación en EE.UU. - en cuanto a la discrecionalidad por parte de las empresas con relación a actividades con fines políticos - puesto que la Corte Suprema en el caso Citizens United vs. Federal Election Commission reconoció un derecho a las empresas a poder financiar a candidatos, campañas y partidos políticos; con un grado de libertad equiparable al de la libertad de expresión.

No obstante las diferencias arriba señaladas; existe un nexo desde el punto de vista de los actores privados y es que no importa que tan políticamente activa pueda ser una empresa; cabe a su directorio (en el caso de las sociedades anónimas); establecer procedimientos y procesos que permitan como mínimo: verificar cuanto se ha donado; a quién; compilar toda la información en materia de donaciones con fines políticos y eventualmente comunicar qué se ha hecho y porqué.

Reglas de una empresa comercial en cuanto a gastos con fines políticos

En primer lugar debo señalar la obligación consistente en que el gasto con fines políticos se encuadre en la estrategia de negocios de la empresa y que los principios y reglas que hayan guiado el gasto sean – como mínimo – compatibles con los intereses económicos de los accionistas de dicha empresa.

A fin de evitar el riesgo de enfrentar acciones de responsabilidad contra directores y síndicos; la empresa – normalmente a través de su directorio – debe establecer reglas (léase una política y procedimientos) que permitan decidir y conocer:

· ¿Cómo se deciden las contribuciones?

· ¿A quién se financia?

· ¿Cómo se financia?; teniendo en cuenta las obligaciones legales en la materia.

· ¿Quién y cómo se deciden los gastos?

Dado que siempre existe el riesgo de que se viole la política interna; sea porque se hagan donaciones o contribuciones sin requerir la aprobación previa o sin informar (en el poco frecuente caso de que el control se ejerza a posteriori); cabe al responsable del departamento de finanzas (control de gestión), así como a los auditores internos; externos y a los directores y síndicos la responsabilidad de establecer un sistema de control de los gastos que permita recabar la información requerida en forma efectiva: debe existir trazabilidad y transparencia en cuanto al gasto, de forma tal que si los estados financieros reflejan la realidad del negocio, siempre se pueda conocer en qué (o en quién) se ha gastado sea en forma directa o indirecta. En suma; no es necesario ni útil que el directorio controle los gastos políticos en forma distinta a cómo se controlan otro tipo de gastos o los estados financieros en general; lo que hace falta es que exista un control periódico y que se haya implementado un sistema de gestión con procesos y mecanismos de control adecuados que posibiliten al directorio desempeñar su rol de administrador.

Finalmente; no puedo dejar de mencionar – más allá de las comunicaciones y el suministro de información que obligatoriamente requieren las normas legales en la materia – la necesidad de que la sociedad sea transparente para con sus stakeholders en cuanto al gasto con fines políticos. En lo que hace a la reputación de la empresa creo nadie está exento de que sus “asuntos internos” se ventilen vía Wikileaks; máxime en sociedades democráticas que afortunadamente tienden a minimizar las actividades “secretas” a través de la posibilidad de acceder a los registros que compilan información sobre el financiamiento de actividades políticas.

#RSE Lo mejor de la semana 46

2011-11-20T13:24:00.001-08:00

Crear valor compartido y medirlo con un solo indicador

2011-10-20T05:18:00.000-07:00

One Ring to rule them all,
One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
J. R. R. Tolkien

Una nota publicada en la revista Compromiso Empresarial de la Fundación Compromiso Empresarial, señala como dos de los artículos más importantes del año en materia de Responsabilidad Social Empresarial al artículo publicado por Michael Porter y Mark Kramer a comienzos de año en Harvard Business Review bajo el título “Creating Shared Value”, y un segundo artículo, más reciente, titulado “The single bottom line”de Daniel Altman y Jonathan Berman, quienes a nivel académico, se encuentran vinculados con la Stern School of Business de la New York University.

El primer artículo propone una filosofía de negocios que busca combinar el objetivo de crear valor para los accionistas con el propósito de crear valor para la sociedad; es decir; aunar los objetivos (principalmente) económicos de la empresa con otros generalmente denominados ASG (ambientales; sociales y de gobierno corporativo) como parte de la estrategia empresarial.

El segundo artículo - al igual que este otro – refuerza el enfoque de valor compartido a través de un enfoque en la medición común: si hay un solo objetivo entonces, con mayor razón, deberíamos unificar la metodología para la medición de resultados y control de gestión; la idea es que exista un solo indicador (o mejor dicho conjunto de indicadores de gestión y resultados) que refleje tanto los objetivos económicos como los ASG. El desafío; mencionado anteriormente en este blog; radica en que generalmente se argumenta que en general la medición de los resultados con relación a los objetivos ASG no puede ser capturada a través de los indicadores financieros tradicionales: llámense ROI; ROA; ROE o similares. Sin embargo; la práctica indica que si realmente hay un objetivo común; léase “crear valor compartido” se podrían utilizar los indicadores financieros siempre y cuando reflejen el progreso con relación a los aspectos ASG; un ejemplo de cómo se puede superar este problema es el balance de Puma; que incorpora a los efectos de la medición económica los resultados de las externalidades positivas y negativas producto de su cadena de valor.

A nivel sociedad; no deberíamos cerrar los ojos y cargar toda la responsabilidad con relación a los aspectos ASG en los hombros de las empresas; quien si bien son actores principales de esta problemática no son los únicos responsables; el “sistema contable mundial” normalmente cegadamente enfocado en la medición de PBI per cápita debe aunarse con otros indicadores de bienestar o de felicidad.

#RSE Lo mejor de la semana 38

2011-10-03T13:18:00.000-07:00

#RSE Lo mejor de la semana 37 del 2011

2011-09-26T13:00:00.000-07:00

Selección de #RSE para arrancar la semana

2011-09-19T13:30:00.000-07:00

Perú: Congreso sanciona Ley de Consulta Previa

2011-08-27T04:23:00.000-07:00

El 23/8 en la noche el pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley de Consulta Previa, que otorga a los pueblos indígenas del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos de carácter extractivo en sus territorios.

La norma fue aprobada por 113 votos a favor, ninguno en contra y tampoco hubo abstenciones. También se acordó incluir una tercera Disposición Complementaria referida a la derogatoria de un decreto que era contrario a la iniciativa.

El presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola, fue el encargado de exponer el contenido de la ley, que había sido observada por el gobierno aprista por considerar que otorgaba derecho a veto en contra de los proyectos mineros e hidrocarburos.

El proyecto aprobado este martes es un texto sustitutorio elaborado tomando como base cinco iniciativas legislativas sobre el tema presentados por la bancada de Gana Perú, Alianza Parlamentaria y otro multipartidario.

La ley señala que el acuerdo al que llegue el Estado y los pueblos indígenas sobre los proyectos extractivos será vinculante u obligatorio para ambas partes. En caso no se llegue a un acuerdo, corresponderá al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sin afectar su derecho a la vida, integridad y desarrollo. Además, indica que el cumplimiento de los acuerdos puede ser exigido por la vía administrativa o judicial en caso de ser necesario.

Fuente http://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/congreso/25907-aprueban-ley-de-consulta-previa.html

Mas info http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/congreso-peruano-aprueba-postergada-ley-de-consulta-previa-y-que-apunta-a

Derecho y RSE en A. Latina - Próximos posts

2011-08-01T04:13:00.000-07:00

Sigo con el firme propósito de escribir sobre varios temas, por supuesto todos ellos relacionados con o explicando a través de ejemplos; qué es la responsabilidad social empresarial RSE. Los que aun se encuentran pendientes (cualquier colaboración o guía en la materia es bienvenida); son los siguientes:

Mediación como medio de potencial resolución de conflictos sociales relacionados con los derechos humanos en A. Latina.
Siguiendo el ejemplo de empresas como Intel; que ha cambiado sus estatutos a raíz de diversas opiniones legales que indican que el deber de responsabilidad social ya existía para sus directores y síndicos; me interesa analizar si en A. Latina podría derivarse la misma presunción. Ya he hecho el análisis del status quo en el derecho anglo-sajón;
Matricula electrónica para pequeño comerciante PYMEs. Formas de promover la iniciativa empresarial y la formalidad: el Estado de Sao Paulo ha implementado una interesante propuesta. Existen ejemplos similares en otras partes de A. Latina?
Empresa "social" como forma/razón social reconocida legalmente. Existe en A. Latina?
PPP en A. Latina con enfoque social. Ejemplos de casos exitosos/fracasos.
Responsabilidad de proveedores (ISO 8000, SG21, ISO 26000) vs. solidaridad
Otros temas relacionados con la RSE ?

Dinero de las empresas para financiamiento de campañas electorales

2011-06-27T02:18:00.000-07:00

There are two things you need for success in politics. Money and I can't think of the other.
Senator Mark Hannah (R-OH), 1903

En un post anterior sobre el rol de los accionistas, gerentes, directores y síndicos en materia de RSE, repasé los más recientes avances legislativos en EE.UU. y el Reino Unido sobre este tema y, entre otros, mencioné el fallo Citizens United vs. Federal Election Comission ("Citizens United").

El fallo de la Corte Suprema de los EE.UU. en Citizens United confirmó que las personas jurídicas tienen los mismos derechos que las personas físicas en cuanto a su libertad de expresión. En principio, pareciera que esto no debiera ser controversial ...

La decisión en Citizens United (5-4) determinó que por aplicación de la primer enmienda constitucional (libertad de expresión) no puede limitarse el financiamiento para la transmisión de los mensajes de candidatos políticos. Ahora bien, producto de esta decisión resulta que las empresas pueden en EE.UU. - potencialmente - usar gran parte de su capital operativo y activos - para financiar campañas electorales.

Investigaciones por parte del profesor John Coates, de Harvard Law School, han demostrado que las empresas con políticas de gobierno corporativo débil, y menor orientación pro-accionista, han resultado más propensas a involucrarse en actividades de tipo político y frecuentemente gastan más cuando se involucran. Asimismo, los profesores Lucian Bebchuk de Harvard Law School y Richard Squire de Columbia Law School sostienen que los intereses de los gerentes y directores de las empresas pueden diferir significativamente con respecto a los de los accionistas, y que por tanto - y como producto del fallo Citizens United - debieran promulgarse nuevas leyes con el fin de brindar un mayor rol a los accionistas en las decisiones respecto al gasto en actividades políticas, del dinero de las empresas en que han invertido. Cabe destacar que ya ha surgido un movimiento que introducir nuevas normas para tratar de poner coto a esta situación y procurar compatibilizar los distintos objetivos de las empresas, incluyendo los de connotación política.

Financiamiento privado de campañas electorales en A. Latina

En América Latina - con el fin de no acabar alterando, por la vía privada, las metas de equidad, transparencia y autonomía de los partidos - las normas de la mayoría de los países (Argentina: Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, México: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)) establecen límites a los montos y modalidades que permiten a los partidos políticos recibir en forma legítima dinero de particulares, llegando en algunos casos a criminalizar el financiamiento ilegal de los partidos políticos.

¿Qué vía es mejor: limitar los montos que las empresas pueden aportar a los candidatos, campañas y partidos políticos o dejar que las empresas actúen en forma responsable siguiendo sus propias "políticas" de RSE?

Gestión de la RSE: Del dicho al hecho

2011-06-20T05:53:00.000-07:00

Un estudio del M.I.T. Sloan Management Review que anteriormente cité señala que las fallas en la ejecución / implantación de los programas de RSE dentro de los sistemas de gestión de la empresa son frecuentes y uno de los principales desafíos que encuentran las empresas que ya han decidido – como parte de su estrategia de negocios – desarrollar y ejecutar programas de Responsabilidad Social Empresaria.

Las razones que originan dichas fallas en la ejecución de estrategias y programas de RSC, se atribuyen principalmente a las siguientes razones:

1.- Escepticismo en la organización.
2.- Dificultades para institucionalizar los cambios. Escala.
3.- ¿Quién debiera ser el responsable por la gestión de RSE?

Escepticismo en la organización

Diversas encuestas demuestran que aun no es claro el “caso de negocio” para las iniciativas en materia de RSE. Esto lleva a exacerbar la resistencia al cambio y la mentalidad retrógrada de muchos acerca de la RSE, impulsándoles a reforzar el mensaje de que la RSE es “sólo un costo”, “moda” o “una utopía”. Vencer la resistencia, desgaste y fricción que producen estas barreras mentales y convalidar el valor (económico) de la RSE frente a otro tipo de inversiones, resulta en que este tipo de conducta haya sido identificado como el principal escollo para la exitosa ejecución / implantación de los programas de RSE.

Dificultades para institucionalizar iniciativas - Problemas de escala

Muchas veces la falta de compromiso / dedicación, por parte de la alta directiva, clave para asegurar una exitosa ejecución de la estrategia empresarial, produce problemas / retrasos en la implementación. Adicionalmente, se presentan muchas veces problemas asociados a una ejecución gradual de la estrategia de RSE (es decir: primero el prototipo, luego un ensayo a baja escala, etc.) o relacionados con la imposibilidad de replicar a nivel global un programa (tipicamente problemas relacionados con atender a la demanda y necesidades de los grupos de interés en contraste con tratar de implementar un programa standard sin necesidad de adaptarlo a la realidad local).

¿Quién debiera ser el responsable por la gestión de RSE?

Finalmente, las estructuras de la mayor parte de las empresas no son propicias para determinar a ciencia cierta sobre quien debiera recaer la responsabilidad de asegurar una exitosa implementación de la estrategia de responsabilidad corporativa.

Para más información sobre ¿cómo implantar la RSE en la empresa y sus sistemas de gestión?, sigue este link.

Directores, síndicos y RSE – Estrategia para innovar e implementar la RSE en 3 pasos

2011-05-23T07:52:00.000-07:00

· ¿Porqué adoptar prácticas orientadas a la responsabilidad social empresarial?: argumentos económicos en contra y a favor.

· Directores, síndicos y RSE: estrategia para innovar la cultura empresarial e implementar la RSE en 3 pasos.

¿Porqué adoptar prácticas orientadas a la responsabilidad social empresarial?.

Esta pregunta debiera formar parte de la formulación básica de la estrategia de negocios de cualquier empresa en el supuesto caso de que la respuesta no haya sido ya proporcionada desde el punto de vista de la ética, los valores (axiología) u ontológico; incluyo en este tipo de respuestas a casi todas las fórmulas “ganar-ganar” que proponen una solución anclada en los valores compartidos ó, lo que es lo mismo, el alineamiento entre la estrategia de negocios y los valores sociales. Alternativamente a este tipo de respuestas se precisa brindar una respuesta fundada en otro tipo de valores (los económicos).

Ahora bien, analizar la conveniencia o no de adoptar una estrategia de responsabilidad social empresarial, sólo en función a los resultados económicos, es una cuestión compleja, en la que – hasta hoy – el mercado aun responde primordialmente que no brinda premios económicos a quien se proponga ser un paladín de la responsabilidad social empresarial (aunque no esta nada mal poder parecerlo y así poder cotizar junto con otras empresas selectas), si bien otros artículos señalan lo contrario y postulan que la RSE sí aumenta las ganancias: en general el consumidor aun no sabe qué es lo que quiere, no tiene capacidad para distinguir empresas responsables de las que no lo son por exceso de información y ausencia de standards. Peor aun, en los casos en los que el consumidor si sabe exactamente qué es lo que quiere, no esta dispuesto a pagar de más a la empresa socialmente responsable (incluso al extremo de llegar a mentir en las encuestas diciendo lo contrario).

Esto nos lleva nuevamente a formular la pregunta: ¿Porqué como director o síndico de una empresa, debería proponer adoptar prácticas orientadas a la responsabilidad social empresarial cuando no existe un claro mandato que lo exija por parte de los accionistas o no surge como una necesidad de reaccionar ante la competencia?.

En algunos casos la respuesta es ciertamente sencilla: existen normas jurídicas que imponen a las empresas (y por tanto a sus directivos y/o síndicos) obligaciones específicas en temas relacionados con la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Este actuar obligado – “cumplir con la ley” - puede ser considerado – por ser involuntario como una “no RSE” – y debiera ser distinguido de la RSE misma (como producto voluntario) y de aquellas conductas contrarias a la RSE misma, es decir, la “anti-RSE”. Destacamos que existe una tendencia a incrementar y ampliar los alcances de la regulación que impone a los directores y síndicos, velar no sólo por los derechos e intereses de los accionistas, sino también por los de otros interesados (ver: Rol de los accionistas, gerentes y directores respecto a la responsabilidad social de las empresas). Paradójicamente la sanción de nuevas normas / regulaciones es uno de los principales motores de la innovación en materia de RSE.

Y en los otros casos, es decir, en aquellos en que la “RSE” no surge como producto derivado de una imposición normativa: ¿porqué no es prioridad estratégica?. Siendo que este interrogante ya ha sido debatido, los invito a leer los siguientes artículos:

http://www.businessinsider.com/why-corporate-social-responsibility-is-at-the-bottom-of-the-list-2011-5#ixzz1M0bsdHcq

http://blogs.hbr.org/cs/2010/03/can_you_compete_on_sustainabil.html

http://derechoyrse.blogspot.com/2010/03/business-of-sustainability.html

3 pasos para innovar e implementar la RSE

Sea que la llamemos RSE o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en los casos en que los directores, síndicos o el equipo directivo de la empresa se proponga adoptar e implementar una estrategia en materia de RSE, no obstante que no existen “recetas mágicas” y cada situación amerita un “traje a medida”, he aquí 3 pasos para innovar la cultura empresarial e implementar la RSE:

1.- Innovación: crear una cultura de innovación en materia de RSE es tan “sencillo” como cualquier otro cambio cultural en la empresa. ¿Cómo hacerlo?. Sobre los efectos positivos: ver sostenibilidad e innovación en materia de RSE.
2.- Implementar: si les falta inspiración pueden consultar la literatura en la materia http://derechoyrse.blogspot.com/2010/07/literature-and-links-on-csr.html ó apropiarse de alguna de estas 101 ideas en materia de RSE.
3.- Mejora continua: posibles prioridades.

Medición de la RSE: "Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea"

2011-05-05T16:12:00.000-07:00

En el próximo #RSEchat se debatirá la medición de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Medir es un paso fundamental para conocer las ventajas o desventajas que implica hacer algo, es decir, calcular los efectos (o ausencia de los mismos) con relación a lo que se hace. Ya decía Lord Kelvin que nuestro conocimiento de algo es incompleto si no se lo mide.

Los beneficios de implementar mediciones periódicas (o permanentes), en materia de Responsabilidad Social Empresarial son - entre otros: permitir el Kaizen (mejora continua), la comparativa (benchmarking) con otras empresas / entre proyectos, etc. Asimismo, tal como lo señala Geoff Colvin en el libro "Talento Sobrevaluado", la retroalimentación sobre las acciones realizadas es uno de los factores clave de las prácticas conscientes ("deliberate practise"), o sea, un paso fundamental para poder alcanzar los niveles más altos en cualquier disciplina/talento, incluyendo las prácticas en materia de RSE.

Tratar de incrementar el impacto de las acciones de Responsabilidad Social de las Empresas debiera ser una meta primordial de toda estrategia en materia de RSE. Obviamente para plantearse mejorar, antes se debe haber llegado. ¿Adónde?. Al punto en el que se alinean los objetivos de la empresa con los de sus stakeholders. Hacer lo que se dice y decir lo que se hace ("Walk the talk..."). Y ¿cómo sabemos que hemos llegado o que (al menos) estamos en el camino correcto? ... nuevamente debemos recurrir a las herramientas de medición ....

Personalmente tuve la oportunidad de llevar a cabo la experiencia de desarrollar indicadores de proceso y de resultados para acciones de RSE, básicamente creé medidores en función al cuadro de mandos integral (balanced score card), como herramienta para la gestión estratégica y medición de las acciones de RSE. ¿Cómo medir y qué medir?, puede ser objeto de discusión. ¿Porqué medir? no debiera ser controversial.

¿Cual es tu opinión?. Estoy tan equivocado como Galileo Galilei cuando recomendó : "Mide lo que sea medible y haz medible lo que no lo sea".

Rol de los accionistas, gerentes y directores respecto a la responsabilidad social de las empresas

2011-04-16T16:05:00.000-07:00

Resumen sobre recientes avances en EE.UU. y el Reino Unido acerca del rol de los accionistas, gerentes y directores con relación a la responsabilidad social empresarial.

Conclusiones:

existe el riesgo de otorgar derechos a las personas jurídicas similares a los de las personas físicas, sin imponerles obligaciones equiparables.
necesidad de avanzar en la regulación de la obligación por parte de las empresas de respetar, proteger y promover los derechos humanos.
la relación entre los inversores/accionistas y las empresas públicas en los EE.UU se esta expandiendo más allá de los temas tradicionales y paulatinamente involucra temas sociales y ambientales.
el UK Companies Act 2006 obliga a los directores a velar por el valor para los accionistas ("enlighted shareholder value"), atendiendo a las relaciones de largo-plazo y no en forma exclusiva a objetivos financieros de corto-placistas

Introducción

El rol de los accionistas, gerencia, directorio y sindicatura con relación a la responsabilidad social de las empresas es un tema sobre el que he estado investigando puesto que conjuga uno de los tópicos clave de este blog: los límites e interacción entre el derecho (es decir, las obligaciones jurídicas - en contraste con las obligaciones meramente éticas o morales) y lo que comúnmente entendemos por "responsabilidad social" de la empresa (o persona jurídica).

Este artículo resume los recientes avances con relación a la visión y las lecciones aprendidas en el derecho/capitalismo anglosajón sobre el tema. Tengo la intención de trazar un paralelo, en un próximo post, con la visión latinoamericana respecto de esta la materia.

"Personas" muy peculiares

La Corte Suprema de los EE.UU. ha fallado en dos casos Citizens United (2010) y AT&T (2011) sobre un concepto básico del derecho societario: la ficción que las personas jurídicas actúan como las personas físicas. En el caso de Citizens United, la Corte Suprema confirmó que las personas jurídicas tienen el mismo derecho a la libertad de expresión que las personas físicas. Sin embargo, en el caso AT&T indicó que las personas jurídicas no tienen derecho a la privacidad personal.

The Economist, en la nota titulada Peculiar People, analiza la asimilación de las personas jurídicas a las físicas y la caracteriza como una de las claves de la evolución del capitalismo occidental. Sin embargo, también reconoce que existe el riesgo de otorgar derechos a las personas jurídicas similares a los de las personas físicas, sin imponerles obligaciones equiparables.

Si bien las empresas son económi- camente responsables por su actuar con relación a abusos a los derechos humanos, aun queda mucho camino por recorrer en cuanto a la regulación de sus obligaciones de respetar, proteger y promover los derechos humanos.

Dialogo constructivo: inversores / accionistas y empresas

La presencia de inversores institucionales como accionistas de empresas que hacen oferta pública de sus títulos valores y los efectos benéficos de su accionar respecto al gobierno corporativo es un tema que ha sido ampliamente estudiado, sin embargo, su importancia e influencia en materia de adopción de políticas pro-RSE es un aspecto que aun no ha sido analizado con similar intensidad (ver por ej. The Politics of Knowledge Dissemination: Corporate Reporting, Shareholder Voice and Human Rights).

Un informe sobre la relación entre los inversores/accionistas y las empresas públicas en los EE.UU., entre otras conclusiones, destaca que dicha relación se esta expandiendo más allá de los temas tradicionales - léase desempeño financiero y gobierno corporativo - y paulatinamente involucra temas sociales y ambientales. El informe The State of Engagement between U.S. Corporations and Shareholders menciona que con mayor frecuencia que en el pasado, los administradores de fondos de inversión con orientación a lo social contactan a las empresas en las que invierten y en particular a sus responsables en materia de RSE. Según este informe la relación entre inversores/accionistas y empresas evoluciona a medida que los inversores institucionales, cada vez más sofisticados, demandan información precisa y detallada sobre temas relacionados con la RSE. Tanto inversores como empresa, confirman que valoran el dialogo constructivo entre sí, pero lógicamente los inversores privilegian primordialmente que dicho dialogo se concrete en acciones especificas y se enfocan primordialmente en los resultados de estos procesos.

Sarah Altschuller del estudio jurídico Foley Hoag, en una nota sobre este tema menciona que por ejemplo, durante el año 2011, miembros de Interfaith Center on Corporate Responsibility han presentado en calidad de accionistas, propuestas sobre temas relacionados con los derechos humanos (tales como la adopción de o cambios a la política empresarial en materia de derechos humanos, investigación de denuncias y propuestas para la adopción de políticas especificas respecto al derecho al agua). Sin perjuicio de lo antedicho, el hecho de que inversores tengan que presentar este tipo de propuestas, muchas veces denota un fracaso en el proceso de dialogo constructivo.

Responsabilidad de los Gerentes y Directores frente a los stakeholders

En el Reino Unido el UK Companies Act 2006 ha destacado en su artículo 172, el rol de los directores de velar por el valor para los accionistas ("enlighted shareholder value"), atendiendo a las relaciones de largo-plazo y no en forma exclusiva a objetivos financieros de corto-placistas. Si bien la ley no impone la obligación de tener en cuenta las expectativas de los stakeholders, es decir no crea ningún derecho a favor de los stakeholders, plasma el principio de dialogo constructivo mencionado anteriormente, al imponer la obligación de tomar decisiones en beneficio de la empresa y sus accionistas, considerando a la vez el posible impacto social y ambiental de su actuar.

El artículo 417 del UK Companies Act 2006, impone al directorio, la obligación de informar mediante reportes que permitan realizar una evaluación, sobre cómo han cumplido los directores con el deber de cuidado creado por el artículo 172.

El artículo 172 crea una expectativa de conducta sin que exista un derecho exigible por los stakeholders. El artículo 417 brinda transparencia sobre el actuar del directorio respecto al cumplimiento del artículo 172, sin generar derechos a favor de terceros. El tiempo dirá si estas normas generan algún cambio o no, en la conducta de las empresas y sus dirigentes.

Guatemala: consulta pública, derechos de los pueblos indígenas

2011-03-13T08:02:00.000-07:00

Un reciente informe de James Anaya, Relator Espacial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la situación de los derechos de dichos pueblos en Guatemala con relación a proyectos, en sus territorios tradicionales, destaca

... "la falta de consulta a los pueblos indígenas en relación con los proyectos, fomentada por la falta de regulación interna de la consulta y a una serie de malentendidos en torno al contenido y alcances de la misma. ... Asimismo, el Relator Especial identifica otros problemas de base que, en su opinión, han contribuido también a generar la actual situación de inestabilidad. Entre estos problemas destaca la alarmante desprotección jurídica de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales, que sitúa a Guatemala a la zaga de los avances que se han producido en otros países de la región".

El informe se enfocó inicialmente en la situación de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la mina Marlin en las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, Departamento de San Marcos (Guatemala), pero luego abarcó otros proyectos tales como cementeras, proyectos hidroeléctricos, etc.

Panamá: derogan reforma minera

2011-03-08T13:20:00.000-08:00

En post anterior de este blog informé sobre la Ley 8/2011, que reformó el Código Minero de Panamá, y que fue ampliamente criticada y resistida por la población indígena por los temores que genera la minería a cielo abierto.

Como epílogo de esta situación, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció la derogación de la reciente reforma minera, ante el marcado repudio por parte de organizaciones indígenas y ambientalistas.

Are "blood diamonds" back?

2011-02-27T02:35:00.000-08:00

heartofdiamonds.blogspot.com/200...nds.html

OFFTOPIC POST (but still of interest to me):

I posted long time ago in this blog about the Kimberley Process Initiative. Unfortunatedly; I wasn't surprised to read that in reality, despite the certification process, blood diamonds have never ceased to exist. Explotation of diamonds in Central African Republic (CAR), apparently continues to be highly questionable, according to Ned Dalby who works for the International Crisis Group, an entity that has published a report under the name of "Dangerous Little Stones: Diamonds in the Central African Republic".

Minería contaminante ¿sabes lo que es? por actores famosos

2011-02-26T12:06:00.000-08:00

Does Corporate Social Responsibility pay off?

2011-02-21T08:23:00.000-08:00

The now classic sustainability question, whether Corporate Social Responsibility pays off? or not, which Michael Porter and Mark Kramer, have recently rebranded as "The Big Idea: Creating Shared Value" has been also answered by a recent study "Does Corporate Social Responsibility Pay Off?", which explores the links between CSR and business competitiveness in 4 sectors in the EU.

The report includes this chart, which clearly hits on the core topics for any CSR strategy:

The authors give a positive answer to the main question of whether CSR pays off or not, at least it does at the firm level and cite the following supporting literature:

"A comprehensive literature review has shown that various publications examine the competitive advantage of CSR on a corporate level (e.g. Lankoski, 2008; Smith, 2007; Wade, 2005). The so-called “business case for CSR” analyses CSR on the corporate level and discusses added value companies might gain through responsible behaviour (Garriga et al., 2004). According to this concept, companies view the possibility of furthering their economic success (Branco, 2006) for example through added shareholder value, enhanced market share, reputation and image gains, increased customer loyalty and trust, staff motivation and retention, increased share prices (Beckmann et al., 2006; Hansen et al., 2005). Additionally, the business case perceives CSR engagement as a source of opportunity, innovation and competitive advantage (Porter et al., 2006) as a focus on societal issues and interaction with external stakeholders leads to the development of new products, services and business models."

Finally, I found very interesting Chapter 6, pg. 70 forward, that systematizes the links between CSR and (sector level) competitiveness.

Panamá: enmienda al Código Minero y Conflicto Indígena

2011-02-13T01:12:00.000-08:00

Pueblos Indígenas en Panamá

Recientemente se ha promulgado una modificación al Código de Minería de Panamá que ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas y de defensa de los derechos indígenas

En sí el texto de la nueva ley no resulta controversial: mayormente incrementa el canon y pagos por regalías mineras, impone mayores sanciones al relevamiento, a la exploración y a la explotación mineral ilícita, e incluso condiciona el otorgamiento de concesiones mineras a la aprobación de un estudio de impacto ambiental (y social), para la concesión solicitada.

Lo que resulta controversial es que - conociendo que alguno de los principales proyectos mineros en Panamá se encuentran actualmente en territorios indígenas - el legislador haya guardado silencio sobre los derechos de los grupos indígenas e ignorado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

P.S.: hoy el presidente de Panamà, Ricardo Martinelli informó en un comunicado sobre su "firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la
explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas".

Guidelines for profit sharing

2011-01-29T06:15:00.000-08:00

The big topic of profit / revenue sharing between producers (mining companies, hydrocarbons, etc.) and a community / limited group of people, is by nature very complex and involves discussions on principles for taxation, fairness, and from the community point of view should require an analysis about equity, distribution, gender impacts, morality of “buying” consent, etc.

From: saveyourworld.com

In addition to guidelines for the negotiation of revenue sharing schemes, there are:

(i) voluntary revenue-sharing initiatives and

(ii) certain countries that require revenue sharing with indigenous communties such as Bolivia, e.g. art. 119 of Law 3058 (see my paper on public consultation of indigenous communities), and Guyana, which in addition to requiring the free prior informed consent, sets a minimum amount of revenue that must go to the community and preserves the right for the indigenous peoples in Guyana to negotiate a higher amount as they control access to all minerals on their lands. I understand that nevertheless, the effectiveness and enforcement of such rights is still highly debatable.

Do you know about other examples?. Please post your comment in this blog or here