desco opina

Una historia repetida

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 17 Apr 2026 22:43:00 +0000

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

desco Opina / 17 de abril de 2026

Por un voto consciente y con memoria

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 10 Apr 2026 16:34:00 +0000

Entramos a la recta final rumbo a la primera vuelta de las elecciones 2026 en medio de dudas sobre quiénes lograrán pasar a la segunda vuelta. Mientras los principales medios de comunicación tradicionales ya tienen a su dupla ganadora para este domingo 12 de abril, tal como lo demostraron en sus recientes dominicales, alrededor del 30% de la ciudadana aún no logra definir su voto, como lo evidenció la reciente encuesta del IEP.

Creemos que el país no solo se enfrenta a la decisión de elegir autoridades, lo hace, sobre todo, a una realidad incómoda que nos lleva a cuestionarnos a qué estamos dispuestos para que las cosas cambien. Eso implica que decidamos con consciencia crítica, abandonando la vaga y tibia apuesta que ha justificado la opción de un “mal menor” y que descartemos de plano a aquellos partidos políticos que han sido parte del pacto mafioso que ha creado las bases para institucionalizar el crimen, la corrupción y la impunidad que tanto daño nos hacen hoy.

Hablar de ello implica hacer memoria para llegar a las urnas con una decisión más clara, considerando, además, la historia viva de los últimos años, aquellos hechos que la prensa, y cómo no, los fake news, se han encargado de pasar por agua tibia. No en vano aún seguimos asumiendo la responsabilidad de rechazar cada 5 de abril, uno de los sucesos más críticos de nuestra historia reciente que, junto a los crímenes perpetrados por el régimen fujimontesinista, significaron un quiebre para la supervivencia de nuestra democracia y el estado de derecho.

Más allá del protagonismo individual que asumió Alberto Fujimori y que hoy lo hace Keiko frente a ese bolsón electoral fiel que recuerda con vehemencia el pasado albertista y que ve en ella la oportunidad de reivindicar la promesa mesiánica que se introdujo en los 90, como lo analiza el historiador José Ragas, lo que debe inquietarnos es la vigencia de una forma de hacer política que no ha desaparecido: la idea de que el autoritarismo puede ser necesario, incluso deseable, si promete orden o estabilidad. Esa narrativa, lejos de ser superada, tiene nuevos voceros y nuevas formas de legitimación facilitadas por el difícil contexto de inseguridad. La zozobra en la que vive gran parte de la población, temerosa y sin poder asegurar un mínimo de estabilidad económica, laboral y emocional, se ha vuelto el motor para anhelar un orden que priorice la mano dura, antes que políticas seriamente pensadas.

De ahí que personajes como Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y la propia Keiko Fujimori resalten como prioridad el retiro del Pacto de San José, responsabilizando de la actual crisis de seguridad a las políticas pro derechos humanos que fueron trabajadas y defendidas por diversas instituciones de la sociedad civil, alejando del meollo del asunto al autoritarismo y el abuso de varios sectores políticos hoy en carrera, impulsando las leyes pro crimen, a cambio de asegurarse la impunidad para seguir operando en los márgenes de la ilegalidad.

No es casual que, en los últimos años, sectores políticos que manejan el Congreso de la República, y desde ahí el país, hayan reivindicado ese pasado funesto, relativizando sus consecuencias que hasta hoy lamentamos. El pacto mafioso opera más allá de alianzas formales o de coincidencias ideológicas; de ahí que sean también herederos del fujimorismo. Para ellos, fue más útil apelar a la necesidad de sobrevivencia, imponiendo sus intereses particulares compartidos, para llevar adelante el desmontaje y captura institucional que sufrimos, asegurando su impunidad total, sin importar que con ello dejaban en la mayor desprotección a la mayoría de la población, que tiene suficiente con sobrevivir diariamente en la informalidad y la precariedad.

Las gestiones de Boluarte, Jerí y Balcázar, han evidenciado una forma de gobernar desde las sombras que rinde frutos al menor costo posible. Esa es una lección aprendida que seguirán aplicando los que logren pasar la valla electoral, así no lleguen a segunda vuelta. Saben que desde el Congreso hoy se gobierna porque ellos cambiaron el sistema político, construyendo una forma basada en la precarización de la democracia, que demandará un compromiso político de largo aliento para desbaratarla. Pero este proceso no se sostiene únicamente desde las élites políticas, también se alimenta de un clima social y cultural en el que los discursos de odio han ido ganando terreno gracias a candidatos como López Aliaga o Fujimori, pero también de otros como Carlos Espá y Carlos Álvarez, que hoy sale n a negar sus dichos o a arrepentirse de lo afirmado en su momento. Todos ellos y otros más, no desaprovecharon oportunidad para terruquear a quienes protestaban frente al atropello del poder político y económico. Que hoy salgan a querer atenuar sus afirmaciones, no niega la tibieza con la que afrontaron ese momento crítico que demandó madurez y claridad política para enfrentar los discursos de odio pululantes.

Ese discurso que comparten, construido sobre la base de diferencias culturales, justificando actos racistas, clasistas e incluso, machistas, no es fenómeno reciente, pero se ha convertido en herramienta política válida para descreditar al opositor, delimitando quiénes merecen derechos y quiénes no; erosionando lentamente la idea misma de ciudadanía.

No se puede ignorar el desencanto que atraviesa a buena parte de la ciudadanía. La desconfianza hacia la clase política, la sensación de que “todos son lo mismo” y el agotamiento frente a las crisis sucesivas que han debilitado el vínculo con lo político. En ese contexto, el voto puede sentirse vacío, sin dimensionar el impacto real que tiene en nuestras vidas. La indiferencia no neutraliza el poder, al contrario, lo deja en manos de quienes saben organizarse para capturarlo.

Por ello, el llamado no es a un optimismo ingenuo ni a una defensa superficial de la democracia como discurso desgastado que resuena en varios medios. Es, más bien, una reflexión apelando a la memoria. Que votar no solo sea un acto de elegir entre opciones disponibles, que implique preguntarse quiénes han contribuido a este escenario, quiénes han guardado silencio frente a los abusos y quiénes han promovido activamente retrocesos en nuestros derechos. Se trata de recuperar la memoria como herramienta política, no como un acto de resentimiento, sino para evitar que los sucesos que vivimos se repitan sin control ni sanción. En un escenario en el que las reglas del juego han sido trastocadas, la responsabilidad ciudadana no puede reducirse a la resignación. Toca decidir qué prácticas no estamos dispuestos a legitimar, qué discursos no queremos normalizar y qué tipo de país estamos dispuestos a sostener, incluso en contextos adversos.

desco Opina Regional / 10 de abril de 2026

Votemos por el estado de derecho

noreply@blogger.com (DESCO) — Wed, 01 Apr 2026 16:28:00 +0000

Mucho de la manera cómo funciona nuestra ruinosa democracia, se evidenció en el reciente debate entre los candidatos presidenciales. El esfuerzo por acercarle a la ciudadanía las propuestas de los candidatos con el afán de facilitar y mejorar los canales de representación, arrojaron como resultado la exposición de una absoluta orfandad de argumentos e ideas. El problema, una vez más, tiene mucho de forma, pero es bastante mayor en materia de contenidos.

Para 33 candidatos, de los 36 en competencia, el estado de derecho, es decir, el marco normativo, la debida gestión y los procesos transparentes en los que debieran competir, no interesan. En esa línea, los que buscan alejarse de los actuales partidos congresales, señalaron que una prioridad que tendría un eventual gobierno suyo, era la derogación de las leyes pro crimen que aprobaron los integrantes del actual Parlamento.

Que los candidatos de los tres partidos, “dueños” actuales del Congreso, que hicieron del Ministerio Público la destrozada institución que vemos ahora, pasando del 18% de desaprobación ciudadana el 2022 a 35% en el 2025, nos juren por todos los santos que la Fiscalía debería tener presupuesto autónomo (Acuña), ser blindada de injerencias políticas (López Aliaga) o que se le debe garantizar su independencia funcional (Fujimori), fue sólo una aburrida manera de llenar el tiempo que se les asignó en el debate, porque todos sabemos de los enormes problemas que tienen los tres con esa institución y su escenario soñado es probablemente que ni siquiera exista.

Este apego por la desinstitucionalización, poniendo de lado cualquier atisbo de estado de derecho, hace que, en términos generales, los candidatos entiendan la inseguridad ciudadana, el mayor problema que nos aqueja hoy, como un tema policial-militar que podríamos manejarlo mejor “saliéndonos del Pacto de San José”, expresando claramente sus limitaciones y su falta de creatividad. Peor aún, un candidato autodefinido de izquierda, supone que esta situación amerita, incluso, auspiciar la creación de “comandos de aniquilamiento”.

A estas alturas, deberíamos estar convencidos de que estamos ante un problema estructural que requiere reformas profundas en justicia, participación ciudadana, policía, coordinación interinstitucional y políticas sociales.

Sin embargo, lo planteado está lejos de enfoques integrales, participativos y territoriales. Por ello, las propuestas terminan siendo populistas, fragmentadas e inviables legalmente, lo que explica por qué no logran convencer a la ciudadanía ni ofrecer soluciones sostenibles.

De este decepcionante panorama, escapan posiblemente Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Nieto propone además de una reforma integral de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización, la coordinación y articulación con gobiernos locales para reforzar la prevención comunitaria, algo que escapa totalmente a la lógica represiva de los otros candidatos. De igual manera, Mesías Guevara, emplea un enfoque territorial de manera tal que el plan de seguridad ciudadana pueda adaptarse a las realidades regionales y responder así a la diversidad territorial del país. En el caso de Pérez Tello, planteó un enfoque integral, también bastante alejado de los predominantes enfoques represivos: fortalecimiento institucional y de redes comunitarias, transparencia y coordinación interinstitucional, para profesionalizar la Policía, combatir la corrupción y atender las causas sociales del delito.

No es que las propuestas sensatas en términos de institucionalizarnos, reforzando el estado de derecho para generar ambientes más seguros no existan. El problema es que predomina el discurso facilista, de corto plazo, que apela al sentido común, resumido en el formulismo de “mano dura”.

Por eso, el pesimismo, “el mal menor” de ayer o “el voto estratégico” de hoy, sólo favorece a la antipolítica de los actores no democráticos. Aquellos que demuestran a cada paso que la democracia y el estado de derecho no les importan, pero gritan fraude como si la sospecha fuera su único plan de gobierno, aun cuando la realidad no les dé motivo, como normalmente sucede.

Entonces, la cuestión que se plantea a las ciudadanas y los ciudadanos en las próximas elecciones es cómo recuperar el máximo de espacio cívico perdido en estas últimas décadas. El voto no es ideológico, sino principista. La cancha, sin duda, está nítidamente marcada.

desco Opina / 1 de abril de 2026

Ni olvido ni perdón

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 27 Mar 2026 21:20:00 +0000

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.

En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.

Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.

Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.

Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.

Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.

La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026

descosur

El espectáculo del cinismo

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 20 Mar 2026 16:44:00 +0000

La política peruana, una vez más, nos ofrece un lastimoso espectáculo donde el cinismo compite con la irresponsabilidad. La amenaza de negación de la confianza al Gabinete encabezado por la señora Miralles –y el clima político que terminó precipitando su renuncia–, revelan hasta qué punto el Congreso ha decidido jugar con la estabilidad del país, como si se tratara de una pieza más en su tablero de cálculo político. El rumor de una negación de confianza fue suficiente para generar rápidamente una crisis de Gabinete, sin que mediara ningún debate serio sobre políticas públicas o sobre el rumbo del gobierno en los cuatro meses que le quedan. Bastó el cálculo frío de los integrantes del pacto corrupto guiados por sus intereses particulares.

Hoy, la negación de confianza no es en la práctica un mecanismo constitucional útil para equilibrar poderes o exigir responsabilidad política al Ejecutivo, sino una herramienta para producir desgaste, forzar reacomodos y mantener al gobierno en un estado de fragilidad constante. En ese contexto, la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros –resultado de un clima político deliberadamente alimentado desde el Parlamento– es un síntoma más de la normalización de la inestabilidad como forma de hacer política.

Renuncia, hay que decirlo, que siguió a la comunicación firmada por el Secretario de Palacio, quien por encargo del Presidente, le agradecía por sus servicios; Balcázar, con el estilo sinuoso que lo caracterizó desde su aparición en el Congreso, sacrificó a Miralles y a unos pocos ministros más, para evitarse una posible derrota y recomponer las componendas que lo instalaron en la Plaza de Armas.

La conformación del nuevo Gabinete, encabezado por Luis Arroyo Sánchez, un general retirado que ocupaba el Ministerio de Defensa, se recibe con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La pregunta sobre si el Congreso le otorgará o no la confianza parece menos importante que el espectáculo mismo del proceso. Para buena parte de la clase política parlamentaria que soportamos, lo fundamental no es la gobernabilidad ni la continuidad de la administración pública, sino la capacidad de marcar distancia del gobierno cuando conviene y, al mismo tiempo, influir en él cuando resulta útil.

Ese doble juego es evidente en el comportamiento de las principales bancadas que hoy dominan el Parlamento: Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Avanza País y los pequeños grupos parlamentarios que orbitan a su alrededor. Todas estas fuerzas políticas han participado, de una u otra forma, en la dinámica que ha sostenido al actual gobierno, continuidad del repudiado régimen de Dina Boluarte, que siguió a la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, luego del espectáculo vergonzoso que fue la gestión del inefable Jerí en la Presidencia, ahora pretenden presentarse ante la opinión pública como actores externos, como observadores críticos de un escenario del cual en realidad han sido los protagonistas y únicos gestores.

La distancia que intentan marcar resulta imposible de sostener frente a los hechos. El Congreso no es un actor marginal en la actual configuración del poder político en el país. Por el contrario, ha sido uno de sus principales arquitectos. La continuidad del gobierno, las decisiones clave en materia institucional y la supervivencia misma de la actual administración han dependido en buena medida de acuerdos tácitos, convergencias circunstanciales y cálculos compartidos entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias que se sumaron al pacto corrupto. Pretender ahora que el deterioro de la situación política es responsabilidad exclusiva del gobierno, constituye, en el mejor de los casos, un ejercicio de amnesia selectiva.

Este intento –vano y fallido– de reescribir la realidad política tiene un objetivo claro: preservar el que creen su capital político ante una ciudadanía profundamente desencantada. Las encuestas muestran niveles históricamente bajos de confianza tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. En ese contexto, cada bancada busca posicionarse como crítica del gobierno sin renunciar a los beneficios que le ha otorgado la correlación actual de fuerzas. Es un ejercicio de equilibrio precario, pero, sobre todo, extremadamente cínico.

El problema es que, mientras esos actores se concentran en sus estrategias de supervivencia electoral, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención y liderazgo. La inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, las tensiones sociales y la persistente debilidad institucional no desaparecen porque el sistema político se encuentre atrapado en su propia dinámica de confrontación calculada. Por el contrario, se agravan.

Sin duda, la política democrática requiere conflicto, debate y control entre poderes. Pero también un mínimo de responsabilidad compartida respecto al funcionamiento del Estado. Cuando el Congreso convierte la amenaza de crisis en una rutina y los partidos que lo dominan buscan simultáneamente ejercer poder y negar su responsabilidad en las consecuencias, el sistema entero se degrada.

El espectáculo del cinismo que hoy observamos no es solo un problema de estilo o de retórica. Es un asunto de fondo que ya ha deteriorado la credibilidad de las instituciones y profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes la representan. Y mientras ese espectáculo continúe, lo que seguirá en veremos no será únicamente la confianza al segundo Gabinete de un Presidente con apenas un mes en el cargo, sino la confianza de los peruanos en nuestro propio sistema político. Los votos mayoritarios seguramente lo expresarán así el próximo abril.

desco Opina / 20 de marzo de 2026

Crisis energética, otro golpe a los barrios populares

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 13 Mar 2026 16:05:00 +0000

La reciente crisis energética que atraviesa Perú no es un problema silencioso. Sus efectos ya se sienten con fuerza en la vida cotidiana de miles de familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La emergencia se originó tras un incidente en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que redujo el suministro de gas y generó tensiones en distintos sectores económicos, especialmente en el transporte y la distribución de combustibles.

Uno de los impactos más inmediatos se ha observado en el precio del balón de gas doméstico. En diversos distritos de Lima, el costo del balón de gas de 10 kilos ha llegado a superar los 90 e incluso los 100 soles, cuando semanas atrás su precio era considerablemente menor. Este incremento afecta directamente a millones de hogares que dependen del gas para cocinar, pero también a pequeños negocios, mercados y servicios comunitarios que sostienen la alimentación diaria de los sectores populares.

El impacto de esta situación se amplifica cuando se observa la estrecha relación entre energía y transporte. En Lima y otras ciudades del país, una parte importante del transporte público utiliza gas natural vehicular (GNV). Cuando el suministro se restringe o se encarece, los transportistas deben recurrir a combustibles más caros, lo que incrementa sus costos de operación y termina trasladándose a los usuarios mediante el aumento del precio de los pasajes.

Para muchas familias que viven en las periferias urbanas, el transporte representa uno de los principales gastos diarios. En barrios ubicados en laderas o zonas alejadas de los centros de empleo y servicios, las y los trabajadores deben realizar varios tramos de transporte para llegar a sus destinos. El incremento del pasaje reduce el ingreso disponible para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación.

Sin embargo, uno de los impactos más preocupantes de esta crisis se observa en las organizaciones comunitarias que garantizan la alimentación en los barrios populares: los comedores populares y las ollas comunes. Estas organizaciones, gestionadas principalmente por mujeres, cumplen un rol fundamental en la seguridad alimentaria de miles de familias en situación de pobreza. A través de menús subsidiados o raciones solidarias, los comedores populares y las ollas comunes permiten que niños, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores informales y personas desempleadas accedan diariamente a alimentos a bajo costo. El funcionamiento de estas iniciativas depende de un equilibrio muy frágil entre el costo de los insumos y el precio del menú. Cuando el gas, los alimentos y el transporte se encarecen al mismo tiempo, ese equilibrio se rompe.

La situación ha llegado a niveles preocupantes en algunos barrios de Lima Metropolitana, donde las mujeres organizadas han tenido que recurrir nuevamente a métodos precarios para continuar cocinando. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, integrantes de una olla común reportaron que se han visto obligadas a utilizar leña o carbón para preparar los alimentos debido al fuerte incremento del precio del gas. Este tipo de soluciones refleja tanto la gravedad de la crisis como la capacidad de organización de las comunidades. Pero también evidencia una profunda desigualdad estructural: cuando el sistema energético enfrenta problemas, las consecuencias recaen principalmente en quienes tienen menos recursos para enfrentar la crisis.

La crisis energética también está generando un efecto en cadena sobre el precio de los alimentos. El incremento de los costos de transporte y logística repercute directamente en los mercados locales, encareciendo productos de primera necesidad que forman parte del menú cotidiano de muchas familias. Algunos comerciantes y pequeños negocios de comida ya han advertido el aumento en el precio del menú diario con el fin de solventar los insumos requeridos para la preparación.

Para los comedores populares y las ollas comunes, esto significa enfrentar una doble presión: por un lado, el incremento del costo del combustible necesario para cocinar y, por otro, el aumento del precio de los alimentos que deben comprar para preparar las raciones. En estas condiciones, muchas organizaciones comunitarias se ven obligadas a reducir porciones, modificar los menús o limitar el número de raciones que pueden ofrecer diariamente. Esto implica que las personas que dependen de estos espacios –en especial aquellas en situación de pobreza extrema– enfrenten mayores dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Lo que estamos observando no es solo una crisis energética. Es también una nueva crisis social que revela la vulnerabilidad de los sistemas urbanos frente a interrupciones en el acceso a recursos básicos. La dependencia de determinadas fuentes energéticas, sumada a la falta de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, termina trasladando el costo de la crisis hacia quienes menos pueden asumirlo, y no hacia quienes resultan responsables, en este caso, la gran empresa privada.

Frente a esta situación, es urgente que las políticas públicas incorporen medidas específicas para proteger a las poblaciones más vulnerables. Esto implica fortalecer el apoyo a los comedores populares y ollas comunes, garantizar mecanismos de estabilización del precio del gas doméstico y diseñar políticas de transporte que reduzcan el impacto de las fluctuaciones energéticas en la economía cotidiana de las familias.

Las ciudades latinoamericanas han demostrado que las redes comunitarias cumplen un rol fundamental para sostener la vida en contextos de crisis. Sin embargo, estas redes no pueden seguir funcionando únicamente gracias al esfuerzo voluntario de las comunidades.

Si algo evidencia esta crisis energética es que, una vez más, los más afectados son quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

desco Opina - Regional / 13 de marzo de 2026

descoCiudadano

Entre el proceso electoral y el voto de confianza al Gabinete

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 06 Mar 2026 22:47:00 +0000

La designación como Presidente de la República de José María Balcázar, hecha por el Congreso de la República, marcó un nuevo momento en la larga crisis orgánica que vive el país. El anterior mandatario, también designado por el Congreso, José Jerí, un cabal representante del autodenominado primer poder del Estado, terminó su breve mandato con 21% de aprobación y en caída acelerada, con una opinión pública –que no obstante los sucesivos escándalos en los que apareció involucrado ya instalado en la Plaza de Armas– donde el 65% creía que su censura estuvo motivada sólo por intereses políticos. Apenas 24% aprobó la designación de Balcázar y 56% indicaba que las cosas seguirán igual con él y 26% creía que empeorarán.

Ciertamente, no faltaba razón. Más allá de los groseros pecados de las últimas semanas del representante de Somos Perú, su historial previo –cargaba con una denuncia por violación archivada, otra por desobediencia a la autoridad y una tercera por integrar una supuesta organización criminal, además de su activa participación en todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, así como en las leyes que demolieron la institucionalidad y su entusiasmo por la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos y la prescripción de delitos de lesa humanidad–, el interés y el apuro de parte importante del Congreso por su censura y la defensa cerrada que hicieran de él Keiko Fujimori y el fujimorismo en pleno, así lo demostraban.

Los pleitos entre Fujimori, López Aliaga, Acuña y Luna ocuparon el espacio, pero no lograban esconder que se trataba de peleas para desplazarse unos a otros en la campaña y para acusarse de haberle entregado el gobierno a la izquierda. Todos tratando de capitalizar en un sentido u otro la caída del hincha de Pantaleón y buscando adivinar quiénes votaron por Balcázar porque la aritmética demostraba que para lograr los 64 votos que obtuvo, el pacto de la derecha se debilita y que la competencia entre López Aliaga y los naranjas se desata, en una disputa entre compadres que buscan las mejores cartas de cara al 12 de abril y que más allá de los insultos y las descalificaciones en las que ambos tienen experiencia, aunque el candidato de Renovación lleva ventaja, están soldados y firmes en la captura del Estado y sus instituciones, la defensa de las leyes procrimen y antiderechos, la militarización de la seguridad ciudadana y la protección de su impunidad y sus privilegios.

El affaire De Soto, más allá de sus detalles menores, todo lo indica así, fue el temprano enfrentamiento entre dos egos, con historias y perfiles distintos, pero con similares ambiciones de poder y reconocimiento a la escala de cada uno. La continuidad de siete ministros, incluyendo a la nueva Premier y al ministro de Relaciones Exteriores, elogiados y reconocidos tres meses atrás por las distintas derechas, diversos gremios empresariales y por muchos analistas y medios de comunicación, se convirtió en demostración del peso y la presencia de APP en el Estado, como si fuera una novedad desconocida. Como en el caso de Jerí, el historial del nuevo encargado de la presidencia –la acusación por el robo de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, el tráfico de influencias recomendando a su nuera a Patricia Benavides, el plagio de la tesis de su hijo o sus indignantes declaraciones sobre la sexualidad de las niñas–, devino en descubrimiento, evidenciando una práctica instalada que consiste en “descubrir” al infractor cuando es necesario y olvidarlo cuando conviene, como ocurrió en este caso con su papel de facilitador de la composición del Tribunal Constitucional.

Como resulta obvio, el futuro de Balcázar y su gabinete dependen del Congreso y por ende del proceso electoral, el interés mayor de éste hasta el 12 de abril. Aunque ha disminuido el porcentaje que no elige a ningún candidato viable (de 44.5% a 35.8%), la última encuesta del IEP muestra que se mantiene la incertidumbre: No aparece un ganador probable, y si bien 39% cree que puede ser alguien que encabeza las encuestas, con más de treinta aspirantes, tales números pueden no ser estadísticamente significativos en un escenario en el que López Aliaga (14.6%), la señora K (10.3%), López Chau (5.3%) y Carlos Álvarez (4.9%) encabezan la intención de voto, mientras 21 candidatos no alcanzan ni siquiera el 1%, en una competencia en la que Fujimori resulta imbatible en el antivoto (54%). Ello, en un escenario en el que 65% de los encuestados dice estar poco o nada interesado en la política, aumentando 8 puntos en relación a enero.

Por lo demás, ello es comprensible cuando al menos 252 candidatos al nuevo Congreso bicameral (Senado, Diputados y Parlamento Andino) han declarado sentencias penales firmes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre los partidos con mayor número de candidatos con antecedentes penales figuran Podemos, Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, que suman 61 sentenciados. Es difícil estimar el impacto en el electorado de la actuación del Congreso en el nombramiento de Balcázar, uno de sus efectos posibles es un mayor distanciamiento de la política y dar la idea de que la elección de presidente importa poco si el Congreso puede removerlo en cualquier momento.

El voto de confianza que buscará el gabinete Miralles en este contexto será un nuevo momento de la campaña electoral. El gobierno lo sabe y tiene claro que no es muy distinto al Congreso, –por ejemplo, más de diez ministros tienen denuncias policiales por delitos como corrupción, lavado de activos y ambientales–, apurándose en coordinar con la presidencia del Congreso, que como bien sabe Jerí, no es garantía de nada. A fin de cuentas, con este Congreso, por su afán de poder y de dinero, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. El pueblo peruano debe estar alerta y salir al frente cuando sea necesario.

desco Opina / 6 de marzo de 2026

Carretera Central: entre promesas y urgencia postergada

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 27 Feb 2026 19:56:00 +0000

Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.

Al mismo tiempo, en Lima el escenario político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un contexto de alta volatilidad política y social.

En ese contexto, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales, no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.

La Carretera Central es el principal corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al riesgo.

El proyecto de la nueva Carretera Central estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni los contratos vinculados al proyecto.

Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del momento, la señal que se envía es preocupante.

A ello se suma un elemento estructural que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en carreteras nacionales. Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.

El paro regional dejó lecciones contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que a una movilización ciudadana masiva. Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido el paro?

Posteriormente, tras la reunión en Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?

La infraestructura estratégica no puede depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye en cada transición.

No hablamos solo de kilómetros de asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente como una dificultad técnica.

Las preguntas siguen abiertas: ¿existe realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.

desco Opina – Regional / 27 de febrero de 2026

descocentro

La “última milla” social

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 20 Feb 2026 15:55:00 +0000

El hecho de que la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) expusiera públicamente a niñas víctimas de violación junto a los hijos nacidos de embarazos forzados generó, como ya es conocido, una fuerte condena nacional e internacional.

Incluso, su propio partido manifestó su desaprobación, aunque sin reconocer que comparte plenamente el objetivo de la instrumentalización política y religiosa de la que ha hecho gala su candidata al Senado. Porque es innegable que la exposición pública de niñas violadas con sus bebés refleja cómo ciertos sectores, entre ellos, Renovación Popular, usan el sufrimiento infantil para legitimar agendas reaccionarias, invisibilizando derechos reproductivos.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que obligar a niñas a continuar embarazos producto de violaciones, puede constituir una forma de tortura. El caso de la señora Jáuregui muestra el rotundo fracaso estatal, porque refleja la ausencia de políticas efectivas de protección y el desmontaje del enfoque de género en Perú, promovido entusiastamente por la referida congresista y su partido.

Si bien las reacciones han sido firmes y contundentes, pueden ser más precisas. La violencia sexual contra niñas en Perú sigue siendo manifestación de una crisis estructural y persistente, con cifras alarmantes y consecuencias graves para la niñez y la sociedad en general. En el 2025, los CEM han documentado 13 096 casos de violación sexual contra mujeres, de los cuáles el 63% (7768) corresponde a víctimas entre 0 y 17 años. En este ambiente, casi 1000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres como resultado de violencia sexual. Más aún, sólo en enero 2026 ya se reportaban más de 40 nuevos casos.

Una mayor desagregación de estos enojosos resultados, nos conducirá a la lamentable conclusión de que la alta vulnerabilidad de la niñez peruana ante agresiones sexuales, aumenta considerablemente si se trata de niñas indígenas.

Los datos más recientes confirman –especialmente en comunidades amazónicas como las awajún y wampis– que las niñas indígenas enfrentan una situación crítica de violencia sexual. Cerca de 800 denuncias de abuso sexual contra menores indígenas en Condorcanqui (Amazonas) permanecen sin resolución judicial, lo que evidencia una grave impunidad.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc y otras organizaciones de mujeres awajún, han exigido justicia por estos cientos de abusos perpetrados por maestros y familiares, señalando que la reducción de fiscalías ha debilitado la capacidad de investigación. El Ministerio de Educación documentó en 2025 que las comunidades indígenas amazónicas y andinas enfrentan violencia sexual sistemática, con barreras culturales y lingüísticas que impiden la denuncia y atención.

Así, el violento resultado que impacta en la niñez peruana es causado por una combinación de factores que van desde el aislamiento geográfico, que dificulta el acceso a servicios de salud, justicia y protección; la discriminación estructural, que invisibiliza las denuncias; la debilidad institucional, que se materializa en el reducido número de fiscalías y la falta de presupuesto para atender casos en territorios indígenas.

La responsabilidad de los últimos gobiernos no se puede obviar. El desmontaje de los limitados avances que se lograron en materia de género, equidad e interculturalidad se encuentra a la base de esta condenable situación. En los territorios indígenas, donde los embarazos infantiles son más frecuentes en términos relativos, la ausencia de políticas interculturales reales (salud en lenguas originarias, justicia territorializada) han agravado la vulnerabilidad.

Las denuncias y condenas por la exposición pública de las niñas en Lima, contrasta con el silencio sobre la situación de las niñas indígenas en la Amazonía peruana, que no solo enfrentan violencia sexual por ser mujeres y menores de edad, sino también discriminación por su origen étnico, su condición socioeconómica y la exclusión territorial que sufren.

desco Opina / 20 de febrero de 2026

El Bukele peruano: del “chifagate” a la hamburguesa americana

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 13 Feb 2026 16:35:00 +0000

José Jerí, encargado de la presidencia del país, es definitivamente un hombre con suerte. Tras llegar al Congreso por la ventana como accesitario de Martín Vizcarra, con 11 654 votos, vale decir con más de 15 000 menos que el congresista que obtuvo la menor votación en Lima, de ilustre desconocido hizo carrera rápida en el Parlamento. El 2022 ya aparecía como un operador político relevante de Somos Perú, llegando en julio 2023 a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, controlando la asignación de recursos públicos y desarrollando relaciones privilegiadas con los ministerios y los gobiernos regionales; pasó así rápidamente a ser parte central del poder presupuestal.

Simultáneamente, su patrimonio tuvo un aumento millonario desde su ingreso al Legislativo y cargó con una denuncia por violación —archivada finalmente por el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez—, otra por desobediencia a la autoridad, y una tercera por integrar una supuesta organización criminal. Como representante votó a favor de todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, respaldó las leyes que demolieron la institucionalidad, votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz y aquella contra la extinción de dominio. Hizo lo propio con las normas sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales. En resumidas cuentas, un congresista a carta cabal; un digno representante del autodenominado primer poder del Estado.

Que fuera encargado de la Presidencia no fue sorpresa. La conducción del Congreso quedó en manos del fujimorista más duro y el Ejecutivo se le entregó a un joven inexperto al que previamente se lo había puesto como autoridad máxima del Parlamento. A fin de cuentas, la única misión que tenía parecía elemental: no ser Dina Boluarte. Convencido de su rol de personaje jugó a ser un Bukele hiperactivo, apostando por la conexión con el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo. Sus ideas le alcanzaron apenas para abrazar el estado de emergencia y las visitas altisonantes a los penales como estrategia. Empoderado por las encuestas iniciales, pensó que tenía un bono seguro hasta el 28 de julio. Incapaz de presentar su anunciada estrategia de seguridad, se vio desbordado por la realidad: los asesinatos aumentaron en su gestión, la extorsión crece imparable en ciudades como Lima, Trujillo, Piura y Sullana, los transportistas públicos son atacados y asesinados cotidianamente y las capturas que hace la Policía y reporta cotidianamente su jefe máximo, siguen acompañadas por los escándalos frecuentes en los que aparece involucrada esa institución.

Para peor, el escándalo del “chifagate” apareció en todo su esplendor. El presidente encargado, disfrazado de achorado, como comensal una vez, como comprador la segunda, desnudó sus largos vínculos con el empresario chino Zhihua Yang, con el que, existen indicios sobrados, mantiene una relación opaca desde su paso por el Congreso. Sus inútiles explicaciones, en realidad una sucesión de embustes, fueron tan flojas que, su Primer Ministro, por defenderlo, terminó descalificándolo al intentar explicar la reunión en San Borja como una trampa en la que había caído Jerí por su juventud, tratando de hacer creer que era un acto de inmadurez y no de corrupción política.

Como si ello no bastara, un informe televisivo, como lo señalara con elegancia un reconocido historiador, nos recordó que el Bukele nacional en realidad es un sucesor de Pantaleón. Las varias visitantes de la Plaza de Armas, convertidas en funcionarias públicas, hablan de un presunto tráfico de influencias a favor de aquellas. Esa investigación se hace más dura si se suma a la celebración de su cumpleaños en Cieneguilla, cuando ya era congresista, y la presencia de personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, así Gálvez sea el Fiscal perdonavidas, es evidente que la imagen de Jerí seguirá cayendo.

La fresa de la torta, más grave y de mayor calado aún, se produjo el martes 10. El embajador americano, Bernie Navarro, difundió en sus redes sociales una foto de su reunión “informal” con el presidente encargado en la residencia de la Embajada. Ambos personajes aparecen compartiendo una “hamburguesa americana” a decir de Navarro, que de manera mordaz anuncia “cambiando el menú”, aludiendo directamente al “chifagate”. Más allá de la anécdota y de las características personales del embajador directamente designado por Trump y Marco Rubio, apunta a alinear explícitamente nuestra política exterior con los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, aprovechando la debilidad del gobierno. Simultáneamente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental emitió un comunicado expresando su preocupación por reportes que sugieren que el Estado peruano carecería de poder para supervisar el megapuerto de Chancay, que es descrito como una infraestructura bajo la jurisdicción de "propietarios chinos depredadores”. El Embajador reposteó el mensaje, añadiendo que no hay precio más alto que perder la soberanía.

En esa dirección, recordemos que el Primer Ministro, días atrás sorprendió a la platea cuando desde la Casa de Pizarro, anunció que la próxima adquisición de cazas para la Fuerza Aérea del Perú aprobada por el Congreso, será definida de acuerdo con la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Las declaraciones de Álvarez dejaron claro que, habiéndose realizado el estudio técnico de los modelos ofertados, la decisión será política y responderá al alineamiento de Perú con Estados Unidos, a días de que esta nación declare al Perú como “aliado extra OTAN”.

En este escenario, Podemos y Alianza para el Progreso anunciaron que se suman al pedido de realización del Pleno del Congreso para discutir el futuro de su expresidente, convertido por su decisión en presidente encargado. Los costos electorales que puede representarles el mantenerlo, les inquietan ahora, como en su momento ocurriera con Boluarte, cuando lo que debiera preocuparles más es cómo se está arriesgando alegremente el futuro del país en todos los campos, incluido, como resulta obvio, el geopolítico.

desco Opina / 13 de febrero de 2026

Encargado presidencial, Congreso y contexto electoral

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 06 Feb 2026 21:00:00 +0000

Perú enfrenta una crisis política de proporciones sistémicas. Nada menos que el encargo de la Presidencia de la República al congresista Jerí recae en un mandatario interino hoy señalado por serias sospechas de múltiples delitos, lo que profundiza la percepción de ilegitimidad de las instituciones públicas y amplifica la desconfianza ciudadana en el sistema político.

El funcionario que hoy ocupa la Presidencia se encuentra bajo investigación por una serie de presuntos ilícitos que incluyen al menos tres acusaciones: corrupción en la contratación pública, tráfico de influencias y asociación ilícita mediante la posible existencia de redes que operan desde el Estado para beneficio de ciertos grupos económicos y partidarios. Estas acusaciones no solo afectan su legitimidad, sino que colocan al país en una crisis de gobernabilidad: una vez más un presidente con investigación penal enfrenta la obligación de responder a la justicia y, simultáneamente, dirigir un Estado fracturado. Esta circunstancia no es un hecho aislado, sino el resultado de un largo proceso de erosionamiento de la autoridad estatal, la captura del Estado por redes clientelares y la normalización de prácticas corruptas al más alto nivel.

El Congreso de la República, lejos de funcionar como un órgano de control y equilibrio, se ha consolidado como el epicentro de un pacto político-electoral mafioso que prioriza intereses particulares por encima del interés general. Nos enfrentamos a la ambivalencia de muchos congresistas –y también de las bancadas– que se manifiesta en la carencia de una postura ética clara: se alterna entre la retórica de “defensa de la institucionalidad”, y el apoyo tácito a prácticas que favorecen a los investigados, dependiendo de conveniencias coyunturales.

También en negociaciones opacas sobre la continuidad o censura provenientes del Ejecutivo, que han migrado de debates públicos a acuerdos informales entre cúpulas partidarias. Constatamos así, una pasmosa inacción del poder Legislativo frente a estos escándalos: más que fiscalizar, el Congreso ha evitado investigaciones profundas que podrían implicar a sus propios miembros o alianzas, priorizando la preservación del poder compartido.

El doble discurso del fujimorismo, Alianza para el Progreso y otros actores de un sector de las izquierdas es innegable. El fujimorismo, por un lado, se declara defensor del orden, la estabilidad y la lucha contra la corrupción, mientras apoya acuerdos que preservan su influencia política, incluso si implican avalar a figuras bajo investigación en un discurso que evidencia una priorización del poder sobre la coherencia ética y la transparencia. De forma similar, Alianza para el Progreso, bajo la conducción de César Acuña, exhibe una retórica moderada y tecnocrática que pretende diferenciarse de las acusaciones de corrupción generalizada, respaldando decisiones que favorecen la permanencia del statu quo político, diluyendo así cualquier postura de ruptura con el modelo de captura de poder que se practica.

Todo esto se trenza faltando menos de dos meses para las elecciones generales en un escenario caracterizado por un padrón de opciones excesivamente fragmentado. Con casi 180 casilleros en la cédula de votación se complica la decisión racional de los electores, lo que sin duda producirá un alto número de votos anulados por la complejidad de la boleta que se usará.

Asimismo, la fragmentación electoral beneficia a los grupos hoy presentes en el Congreso, quienes además de disponer de más recursos para la campaña, han diseñado el sistema y –más o menos– controlan al Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, por ejemplo, la forma de elegir al Senado, que es el centro del poder que se instale, beneficia la elección de cuatro senadores por Lima, donde se concentra la votación de derecha extrema, como lo evidencian las simpatías por López Aliaga.

Esto ocurre en medio de una campaña poco informativa en la que la mayoría de candidaturas carece de propuestas claras y detalladas, centrándose en lemas genéricos, en confrontaciones personales o trayendo propuestas francamente estúpidas como la entrega de DNI a los fetos o la construcción de un aeropuerto internacional en Oxapampa, entre las varias formuladas por el candidato de Renovación Popular.

Finalmente, el ambiente de desencanto político ha generado un alto desinterés electoral. Lo muestran todas las encuestas recientes que revelan niveles crecientes de apatía y de abstencionismo, particularmente entre jóvenes y sectores populares. Esto, a nuestro entender, se explica por diversos factores como el serio déficit de información a consecuencia de la carencia de medios efectivos de difusión de las propuestas, y la inexistencia de una educación cívica robusta que permitiera a la mayoría de votantes evaluar críticamente a los candidatos. A nadie sorprenderá entonces, que esta situación probablemente desemboque en que muchos ciudadanos voten por identidad de grupo, influencias mediáticas o endoses superficiales, y no sobre la base de propuestas concretas o planes de gobierno viables. El resultado previsible es el sacrificio de la calidad del proceso democrático y el consecuente cuestionamiento de la legitimidad de los resultados, independiente de quién resulte elegido por un electorado desinformado y desinteresado, enfrentando una cédula de votación confusa y desarticulada.

Preocupa, sin duda, que este cóctel de factores nos conduzca a un ciclo político por lo menos tan incierto como el actual, donde las decisiones tomadas en las urnas no se traduzcan en estabilidad, transparencia o progreso institucional para nuestra patria. Toca a los ciudadanos más conscientes hacer un esfuerzo especial para intentar evitar este oscuro escenario ad portas.

desco Opina / 6 de febrero de 2026

La factura por la falta de prevención

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 30 Jan 2026 15:48:00 +0000

Esta temporada de lluvias –que culmina entre marzo y abril– ha dejado al descubierto que la gestión reactiva de desastres tiene un costo humano y económico que es inaceptable. Mientras Arequipa lamentaba pérdidas humanas y una infraestructura colapsada, además de viviendas dañadas, Puno y Cusco enfrentaban emergencias paralelas que siguen el mismo patrón de vulnerabilidad y prevención postergada. Los datos de ejecución presupuestal del 2025 revelan una verdad incómoda: los recursos para prevenir estaban allí, pero su implementación llegó demasiado tarde o nunca llegó.

A nivel nacional, para el tercer trimestre del año 2025, el desempeño presupuestal Programa Presupuestal 0068 de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, fue bajo, según un reporte del Ministerio de Salud. En Arequipa, el Gobierno Regional sólo ejecutó el 58,6% del presupuesto, según este reporte. Puno, por su parte, enfrenta una emergencia de dimensiones distintas, pero igualmente devastadora. Las intensas lluvias han afectado a miles de familias, con viviendas colapsadas, cultivos anegados y comunidades aisladas. Según el reporte antes mencionado, a finales de setiembre Puno había ejecutado el 54% de ese presupuesto. En Cusco, la situación combina amenazas múltiples, además de las inundaciones en la capital y provincias bajas, el departamento enfrenta riesgos de deslizamientos en sus zonas altas. La ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0068 hasta setiembre, revela que se ejecutó el 57%. Sabemos que no es el único presupuesto para prevención y atención de emergencias, pero este reporte nos muestra que aun montos que no superan los 4 millones de soles, en el caso de los departamentos mencionados, no pueden ser ejecutados con efectividad.

El factor común entre estos grandes departamentos del sur, que agrupan a más del 75% de la población del total de los departamentos que conforman la Macrosur, es la desconexión entre la planificación y la acción. La brecha burocrática está a la vista. Los técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y de otras instituciones especializadas en riesgos y desastres, han señalado repetidamente que la ventana ideal para ejecutar obras de prevención se ubica entre abril y junio, inmediatamente después de la temporada de lluvias. Esta ventana permite descolmatar ríos, construir defensas ribereñas y estabilizar laderas con tiempo suficiente antes del siguiente ciclo de precipitaciones.

Sin embargo, la dinámica política regional, los procesos de contratación dilatados y, en algunos casos, la simple negligencia administrativa, convierten este ciclo técnico ideal en un calvario burocrático. Para cuando las licitaciones se publican, los expedientes se aprueban y las obras se adjudican, la siguiente temporada de lluvias ya está encima. Así, lo que debería ser prevención se convierte en una carrera contra el tiempo que, con demasiada frecuencia, se pierde. En pequeña escala, a nivel de gobiernos locales, pasa lo mismo. Y es más grave aún en municipalidades donde el personal técnico es limitado.

El año pasado se reportaron varios incendios forestales en estos tres departamentos, siendo Cusco el que tuvo más siniestros: 78, afectando hasta 779 hectáreas, según los reportes a junio del Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Sin embargo, Arequipa tuvo una afectación casi tan grave como Cusco: 671 hectáreas con solo dos incendios. Y por qué hablamos de esto, porque hay una interconexión en las negligencias, que aumenta el peligro en esta temporada. Los incendios forestales, como los que vimos en las faldas del Misti, no sólo son una tragedia ecológica, sino que crearon las condiciones ideales para la activación de quebradas –emitiéndose una alerta roja– poniendo en riesgo a la población por la caída de huaicos en lugares sin contención. La vegetación que antes amortiguaba el impacto de las lluvias y permitía la infiltración del agua desapareció, dejando suelos desnudos, erosionados e inestables.

La cultura de la prevención engloba varias acciones para mitigar el peligro ante la temporada de lluvias, como la reforestación (no solo plantar la semilla, sino regarlas para que estas crezcan), la construcción de diques de retención de sedimentos, la instalación de sistemas de monitoreo en las quebradas afectadas y la planificación del territorio con alternativas para que las personas que ya construyeron sus viviendas en quebradas sean reubicadas. Además de promover campañas de concientización para evitar los incendios forestales que, en su mayoría, se deben a la negligencia humana.

La responsabilidad de esta cadena de fracasos en la prevención es transversal. Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación legal y moral de ejecutar los recursos destinados a proteger a la población. El centralismo en la toma de decisiones, como no entregar a tiempo los recursos, la falta de capacidades técnicas en los equipos locales y la politización de la gestión de riesgo, son obstáculos que deben superarse con urgencia.

La ciudadanía también tiene un rol que cumplir. La demanda social debe orientarse no solo a solicitar una respuesta eficaz durante la emergencia, sino a la exigencia constante de prevención antes de la crisis. La rendición de cuentas sobre la ejecución del presupuesto destinado a la gestión de riesgo debe ser un tema de debate público permanente en diversos espacios, como las sesiones municipales, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, etc. y no sólo reclamarlas cuando las lluvias ya causaron estragos en nuestras viviendas y calles.

La naturaleza no es impredecible en el sur andino, sus ciclos son conocidos: después de unos meses de lluvias (que traen inundaciones y huaycos), vienen las heladas. Lo verdaderamente impredecible es cuánto tiempo más toleraremos la ausencia de la prevención en la gestión pública regional y local. No se trata de repartir frazadas, víveres y hacer campañas de ayuda humanitaria todos los años, sino de ser efectivos con el presupuesto que se destina a la prevención.

desco Opina – Regional / 30 de enero del 2026

descosur

Año Internacional de la Agricultora: ¿cambio o continuidad?

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 23 Jan 2026 23:07:00 +0000

La declaración del 2026 como el Año Internacional de la Agricultora abre un debate importante para quienes nos vinculamos desde distintos roles a la promoción del desarrollo de las sociedades rurales. La pregunta cae por su propio peso: ¿servirá este año para trabajar por las brechas de género en las zonas rurales o se limitará a una serie de actos protocolares y registros fotográficos sin impacto real?

En un país con casi un millón de mujeres en la fuerza del agro, la respuesta depende de la implementación de medidas que vayan más allá de lo evidente y de los actos puramente simbólicos. Según el Padrón de Productores Agrarios - PPA (MIDAGRI, corte junio 2025), 45.6% de los productores agrarios empadronados en el 2025 son mujeres. Territorialmente Puno es la región con presencia mayoritaria con el 54.4%, seguido de las regiones Huancavelica (49.67%), Ayacucho (49.58%), Huánuco (48.84%), Tacna (48.25%), Moquegua (48%), Apurímac (47.61%), Junín (47.63%) y Cusco (45.55%), que tienen alta presencia de mujeres productoras. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 64.5% de los hombres rurales son titulares de tierras, frente al 35.5% de las mujeres. Esta falta de propiedad formal es el principal obstáculo para la inclusión financiera, ya que 91.9% de los créditos agrarios exigen títulos como garantía. Estos son datos esenciales para cultivar igualdad.

Tres aspectos se deben considerar esenciales para trabajar el empoderamiento de las mujeres agricultoras: el cuidado que limita su tiempo y genera sobrecarga de trabajo para participar en actividades como capacitación y tener presencia en espacios de toma de decisiones. El cambio climático asociado al impacto diferenciado que ocasiona, ya que de acuerdo con el Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú, las mujeres rurales enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a que suelen ocupar tierras de menor calidad y con menor acceso a recursos hídricos. La escasez de agua y la pérdida de biodiversidad incrementan su jornada laboral en la búsqueda de recursos, profundizando su precariedad. Finalmente, será clave analizar las transiciones demográficas y sus tendencias en los territorios rurales, así como sus implicancias en los roles de género. El análisis de estos procesos significa un desafío esencial para el diseño de políticas públicas considerando la evidencia.

Es importante aprender de lo avanzado y corregir las medidas de política pública con evidencia; en este marco la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena es clave. La estrategia permite identificar los cuellos de botella y corregirlos para su rediseño, obteniendo lecciones aprendidas para otros productos similares. Analizar el relacionamiento de las mujeres rurales con el Estado es medular. Cabe señalar que un primer aporte fue trabajado por la FAO.

Para transformar el simbolismo en cambios estructurales, es importante centrarse en los siguientes ejes estratégicos: a) asegurar el acceso y la seguridad jurídica sobre la tierra y el agua, fortaleciendo iniciativas de gestión hídrica con enfoque de género. Un ejemplo es el proyecto Mujeres del agua. b) Implementar mecanismos de financiamiento apropiados que faciliten el acceso a la innovación y tecnología. Esto es esencial para alcanzar una sostenibilidad de facto mediante modelos de economía circular, procesos en los cuales las mujeres son fundamentales debido a su protagonismo en el desarrollo de la agroecología. c) Desarrollar estudios de cadena que identifiquen roles específicos de género, permitiendo una asistencia técnica ad hoc que responda a las necesidades reales de las productoras. Existen avances en esta reflexión como lo vemos en las cadenas de café y cacao. d) Potenciar los mercados de circuitos cortos que son los espacios de mayor dominio femenino, consolidando la alianza cocinero-campesina que visibilice a las mujeres como actoras centrales en la cadena, de tal forma de facilitar su visibilidad.

Finalmente, es clave considerar la agenda multitemática de las mujeres rurales; no sólo son productoras, por ende, las políticas no deben centrarse únicamente en este rol. En este año será importante trascender el rol meramente productivo, vinculando en la agenda agraria aspectos de participación política y erradicación de la violencia, elementos indisolubles de la realidad y la autonomía de las mujeres productoras agrarias.

desco Opina / 23 de enero de 2026

Una política de aguas que hace agua

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 16 Jan 2026 18:09:00 +0000

El pasado 9 de enero del 2026 se publicó la Resolución Ministerial N° 007-2026-Vivienda por la cual se aprueba la transferencia financiera de más de 52 millones de soles a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas.

En nota de prensa se menciona que la decisión responde al esfuerzo conjunto entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sedapal, orientada a cerrar brechas en el acceso a agua potable, especialmente en sectores donde aún no existe infraestructura de redes y donde la presencia del Estado es crucial. Al margen de ello, podemos dar fe de primera fuente que el abastecimiento se da de manera igualitaria a todos los pobladores, esto significa, el llenado de un tanque de 1100 litros en el mejor de los casos, pues si no cuentan con este repositorio, se llenará aquel que la familia disponga. Este abastecimiento se hace una vez por semana y una vez por vivienda, sin importar que en ella habite una familia nuclear o extendida, provocando que el agua no alcance para las necesidades de todos los habitantes, quienes consideran que es mejor pagar por un servicio que les dote del agua que requieren, así como sucede en otras partes de la capital, en donde habrá un alza en la tarifa a partir del mes de febrero.

Este incremento de costo oscilará entre el 12% para hogares y el 20% en el sector industrial, según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, que ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras a nivel nacional, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio. En ese sentido, valdría la pena preguntarse cuáles son los planes estratégicos que se manejan desde esta empresa para dotar de agua a una ciudad que cuenta con alto nivel de estrés hídrico y si el hecho de asignarle más recursos servirá para brindar un servicio permanente y de calidad a quienes vivimos en ella. Esto, además de priorizar un uso más adecuado de este bien que es tan escaso y, sobre todo, generar conciencia de su uso para garantizar la sostenibilidad futura de la capital.

Qué podemos esperar de una política nacional de agua y saneamiento, teniendo en cuenta que más de la mitad de los colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado, aproximadamente 38 000 colegios sin agua potable y más de 41 000 sin desagüe, en donde miles de niños y niñas deben usar baños que ponen en riesgo su salud. Cerca del 18% de los centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras fuentes para abastecerse del recurso hídrico, y más de 9000 mil instituciones usan pozos sin tratamiento como desagüe. ¿Qué podemos esperar de una estrategia que no tome en consideración otros sectores como salud, industria, comercio y vivienda?

Soluciones aparecen como un oasis dentro de un vasto desierto. La idea de contar en Ancón con una planta desalinizadora que garantice servicio continuo a más de 570 000 personas en zonas vulnerables, parece un paso adelante, para ello la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una Asociación Público-Privada sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86 400 metros cúbicos de agua potable al día, lo que parece por demás interesante, pero dicha planta desalinizadora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1214 millones.

Habría que preguntarse cuánto de esa agua sirve para la industria y cuánta para consumo humano solo para poder tratar de entender si, en la relación costo beneficio, esta solución es realmente sostenible. En ese sentido, quizá eso que pensamos será un paso hacia adelante termina siendo todo lo contrario; por ello, la labor de cada uno de nosotros como ciudadanos es velar por la coherencia, pertinencia y eficiencia de lo que se propone, pues sabemos que los gobiernos de turno manejan el Estado poniendo la carreta por delante del caballo, cuando de desarrollo sostenible hablamos.

desco Opina - Regional / 16 de enero de 2026

descoCiudadano

Lima atorada: una historia de bypass, trenes y peajes

noreply@blogger.com (DESCO) — Thu, 18 Dec 2025 21:22:00 +0000

En los últimos días viene “circulando” información acerca de la construcción de un viaducto de 1.8 km en la av. Javier Prado –una de las arterias más congestionadas de la ciudad capital–, el cual conectará desde la av. Las Begonias hasta la av. Arenales. Esta obra proyecta iniciar su construcción entre enero o febrero del 2026 y se prevé su culminación para finales del mismo año.

Esta obra forma parte de los preparativos para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la cual proyectaba meses atrás, que la av. Javier Prado tendría tres bypass valorizados en S/500 millones para descongestionar el tránsito en distritos como San Isidro, Lince y Ate. Esta noticia que en principio puede sonar alentadora, apuntando a liberar el tráfico que sufren muchos limeños que transitan por esta vía de la ciudad, puede terminar generando un efecto contrario al esperado, pues quizá el resultado sea “transportar” el tráfico de un punto a otro de la ciudad, que actualmente está catalogada entre las siete primeras ciudades con mayor tráfico a nivel mundial, con un promedio de velocidad de tan solo 14 km/h.

Esta situación solo demuestra que el problema del transporte urbano en la ciudad de Lima es un tema álgido y complejo, que no ha contado con soluciones adecuadas ni integrales, y que no hace más que sumarse a otras obras previas de envergadura a nivel metropolitano como el popular tren Lima–Chosica, cuyo plan hoy difiere de la propuesta inicial anunciada por Rafael López Aliaga cuando aún no dejaba el sillón municipal metropolitano y prometía que el ferrocarril llegaría con sus 10 estaciones hasta el Callao. Actualmente, Proinversión, encargada de la asistencia técnica del proyecto ha reducido su propuesta de estaciones y evaluará sobre la marcha blanca dónde deberían ser ubicadas, en principio para esta primera fase se prevé un recorrido desde Chosica hasta Monserrate, con una sola parada confirmada en Huaycán; mientras que se viene evaluando la pertinencia de llegar hasta el Callao, tomando en consideración que la Línea 2 del Metro cubrirá esa ruta.

Otro aspecto que suma al cuestionamiento sobre los criterios técnicos y de planificación integral del transporte es lo que viene sucediendo con el cobro de los peajes, cambiando de un discurso en el que se eliminaba el cobro de los mismos a uno en el que la Municipalidad de Lima anuncia que el cobro de peajes en la Panamericana Sur será a precios 'más asequibles'. Esto probablemente porque no se tomó en consideración que se requiere hacer un gasto mensual en mantenimiento de autopistas que asciende a S/6 millones según el municipio metropolitano.

Todo este escenario no hace más que confirmar la poca planificación y el escaso criterio con el que cuentan nuestras autoridades para proponer soluciones estratégicas e integrales a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Muchas veces gana el deseo de figurar o anunciar la noticia de impacto que pueda dar visibilidad, sin que eso signifique claridad hacia dónde se tienen que dar los siguientes pasos; la necesidad y la urgencia pueden hacer que, a menudo, el remedio sea peor que la enfermedad.

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2025

descoCiudadano

Legislando la ilegalidad: el REINFO como ejemplo

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 12 Dec 2025 15:54:00 +0000

Hubo una vez en la que los gobiernos regionales fueron involucrados en un problema irresuelto de larga data, al otorgárseles la responsabilidad directa de conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. La ley 27651 del 2002, reconoció la existencia de la pequeña minería y minería artesanal y les delegó la tarea de acompañar y supervisar la formalización, mediante autorizaciones y asistencia técnica.

Como suele suceder en nuestro país, la inexistente eficacia del armatoste normativo con el agregado de una gestión regional cercana a ningún resultado, condujo a un “proceso extraordinario de formalización” (2012–2016) en el que, nuevamente, la falta de recursos técnicos y financieros en las regiones y las crecientes presiones políticas y sociales (muchos gobiernos regionales estaban cerca de los gremios mineros y cedían a sus demandas), se tradujo en avances muy limitados, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los mineros inscritos no logró culminar el proceso.

En el 2017 se crea el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), para “superar el impase”, centralizando el proceso en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Se buscaba que los mineros artesanales cumplieran requisitos técnicos, ambientales y tributarios, intentando diferenciar la minería informal en proceso de regularización de la minería ilegal, permitiendo a los primeros continuar operando mientras cumplían las etapas del trámite. Sin embargo, la mayoría no logró completar el proceso por su complejidad y costos.

Desde este momento lo que se escenifica alrededor del REINFO, fue simplemente una farsa. Nació como una medida transitoria con el Decreto Legislativo 1293 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; se da una primera prórroga (2018–2019), que ampliaba el plazo inicial para permitir que más mineros completaran el proceso; luego tendremos una segunda prórroga (2020–2021), bajo el gobierno de Martín Vizcarra, debido a la baja tasa de formalización; seguirá una tercera prórroga (2022–2023), durante el gobierno de Pedro Castillo; vendrá la cuarta prórroga (2024–2025) con Boluarte; y en noviembre de 2025, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2027, reincorporando a más de 50 000 mineros excluidos del proceso.

Una lectura del proceso seguido por el REINFO que no se detenga en la superficie, nos mostrará inmediatamente cómo ámbitos centrales de la legalidad y formalidad del país –el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo–, no encontraron una fórmula válida para la formalización y expusieron sin ambages su permisividad frente a la ilegalidad. En teoría, lo que debió ser un puente hacia la formalización, se convirtió en la práctica en un espacio ambiguo que blinda la ilegalidad, promovido desde el vértice mismo de “la legalidad” del país.

Pero, no es solamente un problema de gestión. Además de una coyuntura favorable impulsada por el espectacular precio del oro, la minería ilegal es una economía política compleja, sostenida por vacíos institucionales, pobreza estructural, corrupción y redes criminales.

Así, el REINFO, lejos de ser una vía hacia la formalidad, terminó siendo un incentivo adicional para permanecer fuera de los marcos normativos por la alta rentabilidad que ofrecen las operaciones informales/ilegales, algo que sabemos hasta la saciedad con el ejemplo del narcotráfico y otras actividades que operan “fuera de la ley”. Dicho de otra manera, permite que mineros ilegales se inscriban y operen bajo una cobertura “legal” sin cumplir requisitos. Esto genera un incentivo perverso porque mantenerse en la informalidad resulta más rentable que formalizarse.

Parte importante de la minería ilegal en Perú funciona como una economía criminal organizada, con una estructura empresarial que combina pequeños productores, plantas de procesamiento, muchas de ellas formales, redes de financiamiento y comercialización internacional. No es un fenómeno caótico, sino un sistema con jerarquías y roles definidos que le permiten sostenerse y expandirse.

Es decir, se comporta como una empresa criminal descentralizada pero articulada, con múltiples niveles: extracción, procesamiento, financiamiento, comercialización y exportación. Cada nivel refuerza al otro, creando una cadena de valor ilícita que compite directamente –y muchas veces se complementa– con la minería formal. De esta manera, no es sólo un inmenso problema ambiental, sino un sistema empresarial criminal que afecta simultáneamente la cohesión social y la legitimidad política, además de los factores del mercado.

Aún más, es una economía criminal integral porque no solo produce oro, sino también violencia estructural que atraviesa lo social, lo ambiental y lo político. En suma, es un fenómeno que reconfigura el poder en territorios rurales, desplazando al Estado y a las comunidades por mafias armadas y redes ilícitas, mostrando claramente que la violencia no es un efecto colateral, sino el producto central de esta economía.

Esta grave situación no vamos a amenguarla con performances televisivas inútiles, sino con una estrategia que involucre, además de múltiples dimensiones, la activa participación de la ciudadanía. Por lo que vemos, esto no fue una demanda que tomaran en cuenta los que han gobernado en los últimos veinticinco años, como tampoco parece serla para los que aspiran a gobernarnos desde el 2026. En realidad, cada vez más operadores políticos, pero también económicos y sociales, que se ubican en la “legalidad”, se deben y adecuan a la contundente realidad de lo que con precisión cada vez menos denominamos “ilegalidad”.

desco Opina / 12 de diciembre de 2025

El motor de la innovación en el centro del Perú

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 05 Dec 2025 21:11:00 +0000

El pasado 4 de diciembre Perú fue testigo de un hito para la ciencia y tecnología. En la 10.ª edición 2025 de la Competencia Internacional de Invenciones e Innovaciones en Canadá (iCAN), la delegación peruana no solo fue la más numerosa entre 62 países, sino que arrasó con 223 invenciones y un medallero histórico: 115 de oro, 76 de plata y 32 de bronce. Lo más revelador no fue la cantidad, sino la procedencia: universidades de la macrorregión centro como la Universidad Continental (UC), la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco, demostraron que la innovación ya no es patrimonio exclusivo de la capital.

Este triunfo internacional llega en un momento crucial. Mientras Huancayo se integra al Grupo de Ecosistemas de Innovación de América Latina, ubicándose en un nivel de desarrollo intermedio con 59 puntos, regiones como Huánuco y Huancavelica ejecutan proyectos dinamizadores cofinanciados por ProInnóvate. Sin embargo, este panorama optimista choca con una realidad histórica que debemos comenzar a desmantelar: el centro del país es solo la "despensa" alimentaria de Lima, la fuente energética de Perú y la cantera de materia prima minera.

El reporte GEIAL 2025 destaca las potencialidades indiscutibles de las regiones del centro: una sólida cultura emprendedora donde la sociedad valora y respeta al emprendedor, un rasgo que se extiende a toda la macrorregión, y una demanda local vibrante que está abierta a probar nuevos productos. Además, la formación emprendedora en nuestras universidades y espacios extracurriculares es una fortaleza, lo que explica en parte el éxito rotundo en Canadá.

En pleno 2025, seguir apostando únicamente por la extracción y la agricultura de subsistencia es una condena al estancamiento. El iCAN nos ha mostrado el camino: la industrialización inteligente. Las propuestas premiadas no son casualidad, revelan un ADN de innovación macrorregional. Vemos a la UNCP liderando en Biotech y agroindustria, transformando materias primas; a la UC y UNHEVAL incursionando en Deeptech y automatización; y a la UPLA respondiendo con innovaciones de alto impacto social y sostenibilidad.

Pero, ¿es suficiente? Si miramos la infraestructura de soporte, la brecha aún es grande. Aunque Junín cuenta con tres incubadoras, Huánuco, con tres, Huancavelica, con dos y la región Pasco con una incubadora; algunas aún carecen de visibilidad y participación nacional e internacional. Más preocupante aún es la inexistencia de aceleradoras independientes en la macrorregión, nuestros emprendedores dependen de programas universitarios de escalamiento o deben mirar hacia Lima. Aquí radica nuestro verdadero talón de Aquiles, identificado por el GEIAL: la capacidad de retener talento y el acceso a financiamiento, al depender de fondos públicos limitados y la banca tradicional, careciendo aún de capital inteligente macrorregional.

Para pasar de "despensa" a "motor", necesitamos una articulación real de la cuádruple hélice (academia, Estado, empresa y sociedad civil). Las universidades deben enfocarse en investigaciones, proyectos y patentes que curen los dolores de las comunidades, conversando de forma más cercana con la sociedad civil. Aquí es donde conceptos como la innovación frugal —hacer más con menos— se vuelven vitales para nuestros contextos de recursos limitados, creando soluciones tecnológicas accesibles y eficientes.

Para potenciar esta transición es imperativo activar la columna vertebral tecnológica que ya existe en nuestro territorio, pero que a menudo opera de manera desarticulada. La macrorregión cuenta con una red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos y privados —desde el CITEccal en Junín y el CITEagroindustrial Huallaga en Huánuco, hasta el CITEtextil Camélidos en Huancavelica y el CITEagroindustrial Oxapampa en Pasco— que hoy brindan el soporte técnico vital para la estandarización productiva. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo reside en conectar estos centros con los emergentes Parques Científicos Tecnológicos (PCT) con el PCT del Centro (UNCP) y el PCT de Huánuco (UNHEVAL) ya formalizados; y las iniciativas legislativas en marcha para los parques de Huancavelica (UNH) y Pasco (UNDAC). Tenemos servida la oportunidad histórica de configurar un "corredor de conocimiento andino-amazónico” que transfiera eficazmente la investigación universitaria a la planta de producción, bajo un enfoque de especialización inteligente.

La revolución pendiente es digital y de valor agregado. No es lo mismo vender un saco de papa nativa en el Mercado Mayorista que exportar chips orgánicos con trazabilidad. Es imperativo integrar tecnologías Blockchain para garantizar la transparencia y el precio justo de nuestro café, cacao, palta, madera y fibras de camélidos. Necesitamos plataformas fintech que democraticen el crédito rural y conecten nuestros superfoods y turismo vivencial con la demanda global; sustentados en la especialización inteligente y basándonos en nuestras potencialidades.

El emprendimiento innovador es el único dique de contención contra la fuga de talento joven hacia la Costa. Si logramos consolidar estos ecosistemas, recuperaremos no solo la economía, sino la dignidad territorial. El centro del Perú ha demostrado tener el talento para dejar de ser el vagón de carga y convertirse en la locomotora del desarrollo sostenible. Es hora de innovar y no resignarnos a ser espectadores de nuestro propio futuro.

desco Opina – Regional / 5 de diciembre de 2025

descocentro

La importancia de persistir

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 28 Nov 2025 21:38:00 +0000

Ningún país de la Tierra parece haber acumulado, en tan poco tiempo, un ramillete tan amplio de expresidentes procesados, condenados o con investigaciones en curso, soportando carcelería, prisión domiciliaria o restricciones por múltiples delitos. Eso dice mucho de la realidad contemporánea en la que vivimos: de la fragilidad institucional, la debilidad del Estado y del clima de caos político que arrastramos en el Perú desde hace décadas.

No sorprende entonces que, a pocos meses de las próximas elecciones generales, ninguno de los numerosos candidatos y candidatas a la presidencia alcance siquiera el 10 % de respaldo en las encuestas de intención de voto, mientras que las opciones del voto en blanco o viciado se mantienen como una de las preferencias predominantes, cuando un porcentaje significativo de la ciudadanía aún no precisa su opción. Bastarían esos datos, recogidos por las principales encuestadoras, para tener un primer boceto de la realidad electoral: desconfianza, desinterés y una representación política profundamente erosionada.

Pero esa es sólo una pieza del cuadro. El proceso electoral ocurre en medio de circunstancias excepcionales y de una pulverización de la oferta política: decenas de organizaciones, con listas congresales vastas, suman varios miles de candidaturas al Parlamento. Más que una celebración del ejercicio democrático y de la vocación de servicio de tantas ciudadanas y ciudadanos, esas cifras expresan, sobre todo, el gran desorden en el que nos encontramos.

La coyuntura se hace más nítida cuando se agregan otros datos y variables. Ahí están, por ejemplo, las cifras de asesinatos de conductores y trabajadores del transporte público en diversas ciudades del país, especialmente en Lima, como expresión de la expansión del crimen organizado y de las economías ilegales. Desde otro ángulo, los movimientos migratorios forman parte del cuadro: por un lado, los peruanos que han salido del país en los últimos años, por otro, los cientos de miles de venezolanos y venezolanas establecidos en el Perú desde hace más de una década, particularmente en Lima. La emigración de jóvenes decepcionados y sin horizonte, sumada a la llegada de población migrante, configura un fenómeno de relevo de “brazos y cerebros” que se siente con particular fuerza en la capital.

Al mismo tiempo, el perfil productivo y económico del país se define con claridad como propio de una economía atravesada por índices récord de informalidad y una fuerte presencia de actividades ilegales. No se trata únicamente de la informalidad comercial o laboral que supera ampliamente a la economía formal, sino también de la expansión de los circuitos ilegales vinculados a la extracción de oro, al tráfico de drogas y a la explotación de recursos maderables. La minería ilegal de oro, en particular, se ha convertido en un vehículo privilegiado para el lavado de activos provenientes de otros negocios ilícitos, empezando por los vinculados a la cadena de producción y exportación de cocaína.

Que esos datos sean hoy relativamente conocidos –como lo es también la persistencia de una informalidad laboral que abarca a más de dos tercios de la población ocupada– no debería distraernos del problema político de fondo. El país está cada vez peor gobernado como resultado de la confrontación permanente entre poderes del Estado, congresos desacreditados, gobiernos sin proyecto y un sistema de justicia presionado y manipulado. Buena parte de esas instituciones parece funcionar al compás de intereses subalternos, articulados en torno al pacto de las derechas más conservadoras y autoritarias y sus aliados, que trabajan para asegurar la continuidad de un modelo que excluye de la representación real a las mayorías populares y a amplios sectores de las clases medias empobrecidas.

El auge de ciertos sectores económicos –como la minería formal y la agroexportación–, que podrían haber sido pilares para una reforma profunda del Estado, para promover una modernización productiva y asegurar una mejor inserción del Perú en el mundo globalizado, no se ha traducido en ese tipo de transformaciones. Por el contrario, ha coexistido con el deterioro sostenido de la calidad de vida, el aumento de la inseguridad y la consolidación de un orden social que solo ofrece estabilidad a unos pocos.

En este contexto, la política se administra en el día a día, sin un horizonte de país, sin un proyecto nacional compartido, casi como una versión institucional del “gota a gota”: se gestiona la crisis cobrando cuotas sucesivas a la ciudadanía –en derechos, en seguridad, en confianza–, mientras se posterga cualquier reforma de fondo.

Suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez por eso, a pesar de todo, continúan apareciendo, una y otra vez, iniciativas, voces y esfuerzos que insisten en construir alternativas democráticas y de justicia social. Son expresiones todavía dispersas, pero necesarias, de quienes no renuncian a la idea de un país distinto. Persistir en esa voluntad de cambio, frente a una coyuntura tan adversa y un sistema político que parece diseñado para bloquearla, es hoy una de las tareas más importantes para quienes seguimos apostando honestamente por el país que queremos.

desco Opina / 28 de noviembre de 2025

Infancias invisibles: cuando el Estado peruano decide no mirar

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 21 Nov 2025 14:48:00 +0000

Uno de los factores más profundamente enraizado de la crisis del sistema internacional contemporáneo es, sin lugar a duda, la brecha evidente entre los compromisos normativos que los Estados asumen y su implementación real, sostenida y coherente en sus jurisdicciones, luego de ochenta años de haberse constituido la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esto ha provocado la significativa deslegitimación del derecho internacional, debilitando la capacidad de las normas internacionales para proteger a los más vulnerables y resolver conflictos de manera pacífica y cooperativa. También ha normalizado la impunidad, ante la falta de mecanismos vinculantes o sanciones efectivas, cuando los Estados incumplen sistemáticamente sus obligaciones sin consecuencias reales.

De igual manera, se ha generado lo que empieza a denominarse como “crisis de coherencia entre discurso y práctica”, cuando muchos gobiernos utilizan el lenguaje de los derechos como legitimación externa, mientras internamente promueven leyes, políticas o prácticas que los contradicen.

El resultado descrito es especialmente grave en temas como infancia, género, migración o cambio climático, donde los impactos son acumulativos y estructurales. Por ejemplo, en el caso de la infancia, esto se traduce en sistemas de protección fragmentados, sin presupuesto, sin participación infantil y con alta tolerancia a la violencia estructural.

En esa línea, el Estado peruano debe estar entre los que exhiben el comportamiento más cínico e hipócrita en el concierto internacional. Entre sus numerosos compromisos, nuestro país firmó en noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificándola en 1990; sin embargo, actualmente más de 10 millones de niñas y niños peruanos siguen enfrentando vulneraciones sistemáticas a sus derechos: desnutrición, violencia, exclusión educativa, y falta de participación.

Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, más de 360 000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, lo que limita su desarrollo y perpetúa la pobreza. Más de 60 000 casos de violencia infantil fueron registrados solo en el primer semestre de 2024. La desnutrición infantil aumentó en un 12.2 % durante el mismo periodo, afectando gravemente el derecho a la salud y al desarrollo. De igual manera, el Comité cuestiona que el Congreso haya aprobado leyes que vulneran derechos de menores, sin que el Ejecutivo las observe.

Al ratificar la Convención, Perú se obligó normativamente a reconocer a los niños como sujetos de derechos, no solo como receptores de protección; garantizar el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los menores de 18 años; adecuar su legislación nacional para cumplir con los principios de la Convención; y rendir informes periódicos ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre avances y desafíos.

Si bien con el transcurso del tiempo se crearon dependencias como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), y se formularon el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA 2012-2021 y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; persisten graves vulneraciones estructurales, especialmente en zonas rurales, indígenas y urbanas empobrecidas.

Este grupo etario representa más de una cuarta parte del país, lo que implica una enorme responsabilidad estatal y social en garantizar sus derechos. Sin embargo, en Perú los niños, niñas y adolescentes (NNA) son el grupo más afectado en el ejercicio de sus derechos, especialmente en educación, salud, protección contra la violencia y participación ciudadana.

Además, la situación ya precaria de los NNA peruanos, se agrava por circunstancias estructurales como la desigualdad territorial, en tanto los que habitan en zonas rurales, andinas y amazónicas enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos. Sumado a ello, está la alta incidencia de la violencia de género y sexual, condicionando en gran medida que las niñas adolescentes sean especialmente vulnerables a embarazos forzados, abuso y abandono escolar.

Asimismo, pese a que la Convención precisa que la ciudadanización del NNA pasa por los decisivos incentivos que deben darse a la participación, los NNA en Perú no son consultados ni considerados en decisiones que afectan sus vidas, desde las políticas locales hasta las dinámicas familiares. También hay que referirse a los impactos negativos producidos por la crisis climática y el extractivismo: la contaminación, el desplazamiento y el trabajo infantil en zonas mineras afectan gravemente a la infancia.

A todo ello se suman las alarmantes cifras que alcanza las desapariciones de menores. En Perú, más de 8000 menores desaparecieron entre enero y octubre de 2024, y más del 80 % de los casos afectan a niñas y adolescentes mujeres. Solo el 48 % fueron encontrados y muchas de estas desapariciones están vinculadas a redes de trata de personas. Las regiones con más casos incluyen Lima (109), Cusco (28), Lambayeque (27), Arequipa (24), Huánuco (22) y Junín (21).

Empezar a revertir esta situación implica dar varias vueltas de tuerca tanto en el diseño como en la gestión de las políticas públicas, especialmente de las actividades participativas, que reconozcan a los niños como sujetos de derechos y agentes de cambio; también supone crear guías territoriales que visibilicen las vulneraciones específicas en zonas rurales y urbano-marginales.

Pero, sobre todo, debe implementarse realmente un verdadero Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque de derechos, género y territorio, como propone UNICEF, dejando de lado la versión desdibujada que tenemos actualmente. Allí es donde deben articularse servicios de salud, educación, protección y participación en torno a la infancia, que permitan, finalmente, reconocer el cuidado como derecho y responsabilidad colectiva, no solo como tarea familiar o femenina.

desco Opina / 21 de noviembre de 2025

Por fuera flores, por dentro, ¿temblores?

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 14 Nov 2025 16:45:00 +0000

José Jerí Oré ha cumplido un mes como Presidente por decisión del Congreso de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, ello como parte del estado de precariedad institucional crónico que vive el país, en un escenario en el que política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía, funcionando porque no tienen otra alternativa. Las encuestas iniciales, a menos de diez días de su instalación, mostraban que, si bien el 32 % estaba de acuerdo con que haya asumido la presidencia, 53 % declaraba su desacuerdo y aunque 37 % creía que se debía mantener en ella, un sector importante hubiera querido otra persona en el cargo o que se dieran cambios más radicales.

Desde el primer momento y superada la sorpresa, a fin de cuentas Jerí, antes de ser presidente del Congreso, al que llegó como accesitario de Martín Vizcarra, sólo había adquirido cierta notoriedad por una investigación por un presunto caso de violación y por la denuncia periodística de un soborno de S/ 150 000 sucedido en noviembre 2023, cuando lideraba la Comisión de Presupuesto, el nuevo inquilino de la Plaza de Armas buscó construir una imagen que lo diferencie de su antecesora, lo que ciertamente no era muy difícil dadas las patéticas limitaciones de aquella. Reemplazó el silencio y la evasión permanente de Boluarte y su comportamiento agresivo con la prensa y la ciudadanía, por una apuesta por la conexión con la gente por el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo.

Disfrazado de Bukele andino, recorrió calles, comisarías y penales, rodeado de policías y periodistas, haciendo creer desde el momento cero que su respuesta haría énfasis en la fuerza. Su discurso repitió eficientemente que las guerras se ganan con acciones antes que, con discursos, buscando empatar con las demandas de mano dura, que indudablemente impactan en sectores importantes de la población, afectada directamente por la violencia de la extorsión, el secuestro y el sicariato. Desde sus redes sociales y con el seguimiento constante de los grandes medios de comunicación, que se sienten muy cómodos con su estilo de “Indiana Jones” autoritario, buscó ubicarse en acción constante contra la delincuencia.

A partir de esa base comunicacional lanzó sus anuncios más significativos. La acción en los establecimientos penitenciarios, la pomposa creación de una instancia de coordinación interinstitucional y supuestas medidas para el control de la venta ambulatoria de chips de los celulares, fueron tres de los que generaron alguna expectativa, enmarcados todos en la declaración del estado de emergencia en Lima, que más que dirigido contra la criminalidad y el hampa parecía orientado a controlar las protestas públicas. El espectáculo como ya estamos acostumbrados, acompañado por los militares en la calle y la multiplicación de “importantes” y valientes capturas que hace la policía, para que no se noten las restricciones y las malas caras frente a las protestas por los distintos malestares de la gente.

A treinta días de su gobierno encontramos una situación sorprendente. La última encuesta de opinión pública (circuló el 10 de noviembre) le asigna 55.9 % de aprobación y una desaprobación nacional de 27.2 %; la misma mostró que 52.2 % de sus encuestados estuvo de acuerdo con el voto de confianza al gabinete de Álvarez Miranda, aunque también ¿contradictoriamente? mostró que 65.6 % apoyaba las movilizaciones de protesta, evidenciando que sectores significativos de la gente mantienen una distancia crítica del poder político y muestran que no se puede confundir la calma “chicha” con una aceptación del gobierno Jerí.

A fin de cuentas, si uno mira los números por debajo del show y la sonrisa, encuentra los temblores. De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, frecuentemente citado por diversos medios de comunicación, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre se produjeron 157 homicidios (68 en Lima, 22 en La Libertad), vale decir más de 5 al día, con registros constantes que mantienen la alerta en diversas regiones; en el país se sigue presentando una denuncia de extorsión cada 20 minutos y según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao, sin que hayan disminuido en la gestión Jerí. Con el tema de los chips no pasó nada y apenas días atrás, el suspendido presidente de OSIPTEL denuncia que la institución está capturada por intereses empresariales que están detrás y que permiten la venta ambulatoria de chips. Y las capturas de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen acompañadas por escándalos recurrentes como la denuncia de la falta de transparencia y el beneficio para una empresa americana, en la compra de pistolas para esta institución, por más de 31 millones de dólares.

Todo, en medio del entusiasmo del Congreso presidido por otro accesitario –también “encargado” quien inicialmente aseguró que dejaría de inmediato el puesto heredado–, interesado en terminar con su agenda, continuar asegurando su impunidad, intentar asegurar su reelección, bloquear cualquier posibilidad de revertir las leyes procrimen, que contaron con el voto del congresista Jerí, así como proseguir acelerando incrementos salariales y pensiones que podrían costar más de 21 000 millones de soles al erario nacional, según un informe de La República.

En este escenario tortuoso, en donde desde el Congreso, pero también desde el Ejecutivo que inicia sus giras por el país buscando construirse capital político para el 2031, se quiere la continuidad de una alianza depredadora como la que nos gobierna, cabe preguntarse si los sectores democráticos, la calle y los partidos que así se dicen, serán capaces de armarla en torno a un programa mínimo que –con la orientación que sea– se proponga gobernar y no privatizar y terminar de liquidar el Estado.

desco Opina / 14 de noviembre de 2025

La gobernanza del agua en jaque

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 07 Nov 2025 21:58:00 +0000

La reciente aprobación de la Ley N.º 32434 —conocida como la “Nueva Ley Agraria”— ha sido denostada por diferentes gremios agrarios y especialistas del sector, en particular porque otorga mayores ventajas a los agroexportadores que a los pequeños productores. No sólo afectará la recaudación fiscal, pues reduce el impuesto a la renta de los agroexportadores, sino que, además, los derechos laborales de los empleados de este sector continuarán siendo vulnerados.

No obstante, más allá de su dimensión fiscal y laboral, hay elementos de la norma que plantean serias interrogantes en materia de gobernanza del agua, tema que no ha sido muy discutido mediáticamente, esto es: permitir a los usuarios del agua disponer del excedente ahorrado, lo que implicaría una mercantilización del recurso.

La Nueva Ley Agraria en el fondo, legalizaría el tráfico de aguas que ya venía aconteciendo. Hemos visto que en valles como en la provincia de Caravelí (Arequipa) ya se vendían excedentes a la minería informal o la ilegal con la que conviven los habitantes de esta zona. Así, cómo el Ejecutivo pretende efectuar una adecuada fiscalización de esta transacción a terceros, si no cuenta con el personal para hacerlo; y ello sumado al embrollo de una reforma interesada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para quitarle los dientes.

Ya tenemos en el país una crisis hídrica causada por el cambio climático, la mala gestión del recurso hídrico, la infraestructura deficiente y la desigualdad en el acceso al agua. Este acápite en la norma se convertiría en una nueva causal y más compleja aún por los problemas que acarreamos a raíz de la expansión de la minería informal e ilegal en nuestro territorio; y por el creciente interés de las comunidades campesinas en dedicarse también a este rubro económico.

En la práctica, la norma crea un incentivo a los usuarios a quienes “les sobre el agua”, para que operen como oferentes de este recurso a terceros, lo cual favorecerá no sólo a la pequeña minería ilegal o informal, sino a las agroexportadoras con capacidad de acumulación de agua —para almacenarla— y para solventar tecnología de riego intensivo.

La norma debilita la capacidad reguladora de la ANA al delegar en los usuarios una potestad que hasta ahora era estrictamente estatal (distribuir, conceder y reasignar usos). Al permitir la transacción del uso del agua, se introduce un mercado informal —o formalizado— de agua agrícola que puede contravenir los principios de asignación prioritaria para consumo humano, ecosistemas o el mismo uso agrícola.

Para comprender el riesgo, es útil observar el caso de Chile, país al que miran con agrado varios opinólogos de la derecha para hacer comparaciones sobre lo mal que funciona el nuestro. Allí, la mercantilización del agua está consagrada desde la dictadura de Augusto Pinochet. Con la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, Chile estableció que los derechos de aprovechamiento de aguas son propiedad privada, separados de la tierra, transferibles, arrendables y heredables; el Estado apenas regula su venta o alquiler. Podemos encontrar en internet diversos documentales y reportajes de cómo varios poblados se han secado porque las aguas fueron desviadas para empresas agroindustriales, mineras o hidroeléctricas, evidenciando una marcada desigualdad en el acceso al recurso.

En un país desregulado como el nuestro, los efectos de este acápite en la norma podrían ser adversos: vaciamiento de fuentes reguladas, poca competitividad porque es más conveniente vender el agua que usarla con eficiencia sin que eso signifique perder el título de usuario, y el desplazamiento o dependencia de pequeños agricultores que no tienen capacidad para acceder al “mercado de agua”. Esto sin contar el debilitamiento del rol de la ANA.

Así las cosas, el agua agrícola se va a convertir —ahora sí, abiertamente— en un bien comercial más, y como consecuencia tendremos una gobernanza con mayor fragmentación. Para evitar este desenlace, es imprescindible que la ANA o los entes competentes tengan capacidad real de supervisión, limitación y revocación de transferencias cuando se afecte a otros usos o ecosistemas; mecanismos que garanticen la participación activa de comunidades y pequeños productores en la gestión del agua; y que las transferencias o alquileres de ésta se condicionen a criterios de sostenibilidad del espacio territorial, no meramente de mercado.

Si no se establecen salvaguardas robustas, y nos permitimos nuevos senadores y diputados con las mismas mañas de este Congreso, corremos el riesgo de replicar los problemas del modelo chileno: concentración, desigualdad, escasez y pérdida de control público sobre un recurso vital.

desco Opina – Regional / 7 de noviembre del 2025

descosur

Cuando el dolor propio refleja la abundancia ajena

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 31 Oct 2025 15:45:00 +0000

Las movilizaciones juveniles remiten a algunos resultados centrales que se han obtenido con el ciclo de crecimiento más intenso y prolongado de la historia nacional. Para empezar, destaquemos la evolución del desempleo y el subempleo juvenil en Perú entre 2010 y 2025.

Hasta el 2015, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo entre el 13% y el 15%, con altos niveles de subempleo (más del 50%); desde el 2016, hubo una ligera mejora en el desempleo juvenil (descenso hacia el 12%), pero el subempleo persistió y aumentó la informalidad laboral juvenil, con más jóvenes en ocupaciones precarias o sin beneficios sociales.

Durante la pandemia, el desempleo juvenil se disparó hasta cerca del 20% en algunos trimestres y el subempleo se intensificó, con jóvenes migrando a trabajos informales, temporales o de baja remuneración. Si bien desde el 2022, vamos a tener una lenta y paulatina recuperación parcial, persisten profundas brechas de calidad y sostenibilidad.

Igualmente, la cobertura de seguros de salud en jóvenes peruanos entre 2010 y 2025, puede tomar un sentido positivo, si nos remitimos a las estadísticas, en tanto la implementación del Aseguramiento Universal en Salud (AUS) y, luego, del Seguro Integral de Salud (SIS) como principales mecanismos de cobertura para jóvenes sin empleo formal, tomaron fuerza; sin embargo, la bajísima calidad, la falta de atención oportuna y, fundamentalmente, la saturación del sistema (falta de medicamentos y atención fragmentada), hacen que el acceso formal no se traduzca en impactos positivos para ellos.

Otro indicador fundamental es el grado de victimización juvenil por inseguridad ciudadana en Perú. Hacia el 2010, ésta rondaba el 30% de acuerdo a encuestas del INEI y, según parece, porque no hay cifras claras al respecto[1], son actualmente las principales víctimas de la delincuencia.

También debemos tomar en cuenta el impacto de la corrupción entre los jóvenes peruanos. Según el INEI, más del 54% de peruanos considera que la corrupción es el principal problema del país. Para los jóvenes, esto se traduce en una desconfianza profunda hacia las instituciones públicas, especialmente en los campos de educación, justicia y empleo.

La situación hace que los jóvenes perciban la corrupción como una normalización del abuso de poder, que afecta su sentido de ciudadanía y agencia ética, viéndola como un obstáculo para el mérito, la equidad y el desarrollo personal.

Sin embargo, también deben discutirse otros resultados, para mostrar de manera contundente la inequidad que afecta a nuestros jóvenes. Por ejemplo, que el sistema bancario de Perú concluyó el año 2024 con un desempeño destacado, alcanzando ganancias históricas de S/10 325 millones, lo que representa un incremento del 11,9% en comparación con el año anterior.

Entre 2020 y 2024, las utilidades de las empresas mineras en Perú también aumentaron. Según cifras del INEI, en el 2024 el sector tuvo un crecimiento del 2.04%, que se vio reflejado en la distribución de utilidades, llevada a cabo durante el primer trimestre de este año. Asimismo, el 85% de las compañías mineras informaron que sus funcionarios y trabajadores obtuvieron utilidades por concepto del año fiscal 2024.

En términos absolutos, lo anterior significa que las empresas mineras tuvieron una rentabilidad histórica el año pasado, acumulando US$ 3352 millones hasta setiembre, concentrando el 58% de ese total Southern (US$ 1214 millones) y Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 752 millones).

Un escenario parecido encontramos en las empresas agroexportadoras. Entre 2020 y 2024, experimentaron un crecimiento sostenido en sus utilidades, impulsado por el aumento en el valor de las exportaciones, incentivos tributarios y expansión de mercados. En el 2024, el valor exportado fue de US$ 12 798 millones, un récord histórico, acompañado de una mayor diversificación de destinos y productos.

De esta manera, entre 2020 y 2024, el crecimiento del rendimiento del capital frente al del trabajo en Perú, mostró una profunda asimetría, con una aceleración de las ganancias empresariales —especialmente en sectores como banca, minería y agroexportación—, mientras los ingresos laborales se estancaron o crecieron marginalmente. Esto mismo podría aseverarse cuando comparamos los ingresos de las empresas en Perú y los de las familias; mientras que los primeros crecieron de forma sostenida, los segundos mostraron una recuperación más lenta y desigual.

La ira, la frustración y hasta la desesperación no las produce solamente la constatación de estar en una situación de postración, sin salidas a la vista. Resulta revelador percibir que las propias carencias, además, se inscriben en la abundancia de otros.

desco Opina / 31 de octubre de 2025

[1] El INEI propone nuevos índices subnacionales para medir inseguridad ciudadana, incluyendo victimización juvenil.

Ciudades en construcción permanente

noreply@blogger.com (DESCO) — Sat, 25 Oct 2025 01:33:00 +0000

Motivados por el nuevo proceso eleccionario nacional próximo y en medio de un panorama incierto sobre lo que nos deparará la gestión de nuevas autoridades en el país, vemos que se han producido algunos cambios que podrían ser importantes. Varias autoridades electas, han dejado sus cargos como el caso del gobernador regional de La Libertad.

Aquí en Lima ha sido el alcalde metropolitano quien ha renunciado para tentar el sillón presidencial del país. Todo estaría bien, si las gestiones de ambos funcionarios destacaran con referencias positivas a resaltar lo que nos haría esperar que el nuevo espacio para el cual tientan sirviera para replicar o mejorar lo hecho. Lamentablemente, los resultados de ambas gestiones son pobres, dejan mucho que desear, y los “logros de sus gestiones” palidecen ante la creciente inseguridad ciudadana y obras inconclusas en las que se ha dispendiado mucho dinero público.

Percibimos, en el caso de los municipios de Lima, que enfrentamos gestiones que en forma generalizada se han caracterizado por autoridades de muy limitada capacidad en los distritos. Así, en Lima Metropolitana, a dos meses de culminar el año, solo nueve alcaldes distritales han logrado apenas ejecutar el 60% del presupuesto asignado a obras para este 2025. Mientras tanto el forado que tiene el presupuesto de Lima por presupuesto comprometido a futuro para pago de deuda contraída, está en la misma cuenta en rojo de los trenes gastando vanamente 22 millones de dólares para importar chatarra ferroviaria con toda impunidad.

Cabe preguntarse dónde radica el principal problema para cumplir con las metas programadas; parte de la respuesta la vamos a encontrar si indagamos por los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento vigentes. La participación ciudadana está marginada y no se le tiene en consideración para garantizar que las obras se ejecuten atendiendo criterios de calidad y contando con los aportes y participación de la comunidad en general, para determinar el nivel de satisfacción que se tiene sobre su realización y resultados.

Sin embargo, lo que vemos es la implementación de distintos proyectos apurados bajo la modalidad de fast trak, hechos sin mayor estudio evidenciando –sin vergüenza y con descaro– un afán de marketing electorero y nada más. Incluso en obras con oposición del vecindario y carentes de fundamentos técnicos, que terminan siendo grandes elefante blancos sin mayor utilidad o peor aún, obras que ponen en peligro a la comunidad a la que deberían servir.

Por ello, no es menos importante la tarea de educar y capacitar a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones a vivir en ciudades, en grandes metrópolis como Lima, que deben ofrecer niveles crecientes de calidad para sus habitantes como ocurre en muchos lugares de Sudamérica, por ejemplo.

Vemos con estas renuncias, malas prácticas de nuestras autoridades, que nos conducen a vivir en ciudades que en lugar de mejorar son cada vez peores. La forma como producimos las ciudades y cómo somos laxos o estrictos para exigir mecanismos de control más adecuados, nos están conduciendo a situaciones de creciente violencia y colapso que pueden medirse. Un terrible ejemplo en Lima Metropolitana, es el hecho de que un 60 % de las licencias de construcción otorgadas no pasan por una verificación técnica, según informa la Contraloría General de la República.

La escasa participación ciudadana y la poca fiscalización que se ejerce para construir una ciudad con crecientes estándares de calidad para la mayoría de sus habitantes es un grave problema que nos afecta a todos en medio de la pasividad. Este momento de reemplazo de unas autoridades por sus herederos debe servir como una nueva oportunidad para que exijamos un mayor control urbano de nuestras ciudades y promovamos iniciativas que mejoren su calidad en los espacios públicos colectivos, áreas verdes, los servicios públicos, la transitabilidad urbana y la generación de empleos adecuados. Y, por cierto, la calidad de las viviendas en las que habitan precariamente millones de limeños.

desco Opina - Regional / 24 de octubre de 2025

descoCiudadano

La crisis viviente del Perú

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 17 Oct 2025 22:12:00 +0000

Desde hace varios años Perú vive en una tensión constante entre la inercia y la crisis. No es un país en guerra ni sumido en una catástrofe económica, pero parece moverse hace ya una década por un sendero sumamente peligroso, el de la desconfianza estructural.

Desde la elección del presidente Kuczynski, hemos vivido una sucesión incesante de presidentes, renuncias y destituciones que han desgastado la fe pública. La crisis institucional entonces no es coyuntural, sino estructural: un Congreso fragmentado, partidos sin bases reales y una ciudadanía desconfiada que ve en la política una arena de intereses privados más que un espacio de representación. Una democracia que todos los días fue perdiendo sustancia desde hace buen tiempo.

En medio de esa grave crisis política de legitimidad del régimen político, la sociedad peruana pasa por un nuevo momento de agitación. Las protestas ciudadanas han estallado y la gente ha salido a las calles impulsada por grupos de la llamada generación Z. Esto, como se conoce bien se ha desencadenado por el aumento incesante de la inseguridad: las extorsiones, el sicariato y los asaltos que se multiplican en Lima y en las ciudades del norte, mientras que el Estado aparece débil o ausente para el ciudadano común.

La violencia cotidiana se ha vuelto parte del paisaje urbano. Todo parece formar parte de los rasgos destacados de un nuevo orden promovido por la alianza corrupta que gobierna el país desde el Congreso. La sensación de inseguridad general no solo erosiona a diario la confianza ciudadana, sino que golpea la economía, encareciendo seguros, transportes y servicios básicos. La prensa, principalmente la extranjera, destaca con alarma la expansión del crimen organizado, muchas veces vinculado a redes de minería ilegal, tráfico de migrantes y narcotráfico.

La política, la economía, los medios y la vida social coexisten bajo un aire de sospecha y agotamiento en lo que, para algunos observadores, es una paradoja: la estabilidad económica en medio del caos político que año a año se profundiza. Para muchos peruanos y peruanas eso es simplemente la nueva normalidad. Perú sostiene una macroeconomía sólida en los indicadores (mantiene cifras macroeconómicas envidiables para la región, con baja inflación y reservas sólidas), pero frágil en la práctica.

The Economist suele describir al Perú como un “régimen en piloto automático”, donde las instituciones funcionan sin rumbo ni liderazgo legítimo, en medio de la sucesión de presidentes destituidos y congresos fragmentados hasta el extremo. No hay una narrativa nacional coherente. Tampoco hay un proyecto de país, solamente una administración rutinaria del desencanto. En este escenario, la corrupción ya no es estrictamente escandalosa, sino cotidiana porque actúa como el lenguaje común de la clase gobernante, y la población reacciona, no con indignación, sino con un cansancio resignado.

El país continúa dependiendo del sector extractivo, mientras los conflictos en torno a las minas paralizan carreteras y dividen comunidades. El modelo que se aplica en la práctica crece sin distribuir, y la desigualdad territorial y social se profundiza como una cicatriz visible: un Perú urbano bastante conectado al mercado global y otro, rural y excluido, que por ahora observa desde los Andes. Finalmente, otra vulnerabilidad profunda corroe a la sociedad: el empleo informal supera el 75%, la productividad se estanca y los conflictos sociales ligados a la minería se multiplican. La riqueza generada por los recursos naturales no se traduce en cohesión social. La paradoja peruana es que su economía resiste, pero no prospera. La inversión privada duda ante la incertidumbre política, mientras el Estado exhibe una ineficiencia creciente que frena la ejecución de proyectos públicos, no por falta de recursos, sino por falta de dirección.

A la persistencia de las enraizadas brechas étnicas y regionales, se suma en estos tiempos el descrédito de la clase media urbana, que durante dos décadas creyó en el mito del progreso individual. Hoy, los jóvenes sienten que el ascenso social prometido no llegará nunca, y se refugian en formas de resistencia cultural y digital. Mientras tanto, las mujeres organizadas y las comunidades indígenas, históricamente marginadas, emergen como los pocos actores que intentan redefinir lo político desde lo cotidiano. En contraste, el machismo, la desigualdad y la violencia policial siguen marcando el pulso del país.

El debate público actual es un campo de batalla de intereses mediáticos más que un espacio de deliberación. Las redes sociales amplifican rumores y los medios tradicionales se han polarizado. Esta desinformación, creemos, no es un accidente, sino una forma de control: mantiene a la ciudadanía confundida como una estrategia de poder de quienes gobiernan. Así, la verdad se ha vuelto un bien escaso, y la ironía, un mecanismo de defensa colectiva.

El Perú, sin embargo, como nación no está al borde del colapso, aunque vive en un estado de precariedad institucional crónico. Su estabilidad es otra paradoja: descansa no en la confianza, sino en la costumbre del conflicto. Política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía; funcionan porque no tienen otra alternativa.

Somos parte de un país que sigue adelante, aunque nadie sepa muy bien hacia dónde. En esa extraña calma reside tanto su tragedia como su fuerza: el Perú ha aprendido a vivir con el caos, pero no a transformarlo.

desco Opina / 17 de octubre de 2025

Entre las cifras y la realidad: la salud pública en Junín

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 10 Oct 2025 16:45:00 +0000

A pesar de los avances presentados durante la XLI Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), realizada a finales de septiembre en la ciudad de Huancayo, los indicadores en salud de la región Junín siguen reflejando una realidad preocupante y compleja. Aunque se han realizado algunos esfuerzos, los resultados no son tan alentadores; particularmente la anemia sigue siendo un desafío crítico. A pesar de los planes y políticas multisectoriales implementadas a nivel nacional, los avances en la región han sido ligeros y las cifras respecto al 2024, apenas han cambiado. La persistente alta tasa de anemia en gestantes y niños, así como la desnutrición crónica en menores, evidencia que las políticas en curso necesitan ser revisadas y adaptadas de manera más efectiva a las particularidades de Junín.

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Junín enfrenta elevados índices de anemia y desnutrición crónica que siguen siendo un reto significativo. En la región, el 24% de las gestantes y el 50.5% de los niños de 6 a 36 meses padecen anemia, mientras que el 17.8% de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La persistencia de estos indicadores señala la urgencia de reforzar estrategias de atención y prevención, y evidencia que las políticas y programas actuales no han sido suficientemente eficaces para abordar de manera integral y sostenida la malnutrición en la región, lo que obliga a redoblar esfuerzos y revisar los enfoques adoptados.

Además, los indicadores relacionados con el acceso a servicios básicos en Junín revelan considerables desigualdades que afectan gravemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales más alejadas. De los 3720 centros poblados de la región, solo el 39.7% tiene acceso a agua potable, y el acceso a saneamiento es aún más limitado (26.1%). Solo 62.4% de los centros poblados tiene acceso a electricidad, sin embargo, el acceso a internet es bajo (10.7%). La cobertura en servicios integrales sigue siendo escasa, solo 7.7% de los centros poblados tienen acceso a todos los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad e internet). Estos datos no solo reflejan limitaciones en la infraestructura básica, sino una clara disparidad en el acceso a servicios esenciales que condicionan el bienestar de la población. Esta situación plantea la necesidad de un enfoque mejor adaptado a las realidades locales y un compromiso más firme para reducir estas brechas.

Por otro lado, según la Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud del Perú - Sala Situacional de Dengue, 2025, Junín ha registrado 1446 casos acumulados de dengue, con una disminución del 50% comparados con los 2877 reportados en el mismo período de 2024. Sin embargo, se registra un incremento del 33% con respecto a las defunciones (3 fallecimientos en 2024 y 4 en 2025). Si bien la reducción de casos indica que las medidas de control están funcionando, el aumento en la mortalidad es preocupante; a pesar de los esfuerzos preventivos, la enfermedad sigue causando muertes en la región. Esto podría estar relacionado con factores como el acceso a la atención médica o la gravedad de los casos en algunas zonas, lo que resalta la necesidad de intensificar no solo la prevención frente a los criaderos de mosquitos, sino la mejora en la atención médica oportuna para evitar más defunciones.

Parece que el entusiasmo ha desbordado en la reciente reunión de la CIGS, especialmente al destacar que Junín se encuentra entre las regiones con mejores niveles de inversión en salud. Para comprobarlo, revisamos la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aporta los siguientes resultados: el Gobierno Regional de Junín dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 3 472 569 681, con una ejecución actual del 74.7%. De este total, la función Salud recibe S/ 1 073 150 913, de los cuales se han devengado S/ 786 049 305, lo que representa un avance del 73.2%.

A pesar de que el nivel de ejecución es aceptable, los resultados en el sistema de salud regional evidencian graves deficiencias. La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 033-2024-2-2814-SOO y el Informe de Visita de Control N.º 032-2024-OCI/2814-SVC, ha identificado serias falencias en los establecimientos de salud de Junín, que incluyen la escasez de personal asistencial, problemas estructurales y la falta de equipos médicos básicos. En el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja (en estado de emergencia desde 2012), se realizó una nueva supervisión bajo el Informe N.º 018-2025-OCI/2814-SVC, donde se detectaron filtraciones, fisuras, instalaciones eléctricas expuestas y ambientes deteriorados, situaciones que ponen en riesgo la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores. Además, se comprobó el incumplimiento de horarios por parte de los profesionales de salud, así como la ausencia de una adecuada programación de guardias médicas. Estos problemas reflejan un uso ineficiente del gasto público: mientras el presupuesto cubre el pago del personal, este no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad del servicio ni en la creación de condiciones adecuadas para la atención.

La situación de la salud pública en Junín sigue siendo alarmante. A pesar de los avances en el presupuesto destinado a la salud y los esfuerzos intergubernamentales, las cifras de malnutrición como la alta tasa de anemia y desnutrición crónica son preocupantes. Las inversiones económicas y los planes multisectoriales no han logrado un cambio significativo en los indicadores clave de bienestar, esto refleja la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora. El acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento e internet en la mayoría de los centros poblados, especialmente en áreas rurales, refuerza la desigualdad estructural que afecta la calidad de vida de los habitantes, lo que plantea un desafío aún mayor para mejorar la salud pública en la región.

La falta de personal adecuado, infraestructuras deterioradas, escasez de equipos médicos en establecimientos de salud, como en el caso del Hospital Domingo Olavegoya, revelan la falta de eficiencia en el gasto público. Aunque el presupuesto está destinado al pago de personal, ello no se traduce en mejoras sustanciales en las condiciones de los centros de atención ni en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes. La persistencia de estos problemas, junto con la ineficiencia en el uso de recursos y la falta de una respuesta efectiva ante emergencias sanitarias como el dengue, subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas y estrategias en salud. Es fundamental que se adapten a las realidades locales, priorizando la mejora de infraestructura, la capacitación continua del personal y, sobre todo, un enfoque integral y sostenible para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los habitantes de Junín.

desco Opina – Regional / 10 de octubre de 2025

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