desco opina

La demolición autoritaria

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 30 Oct 2026 19:19:28 +0000

La delegación de facultades legislativas en Perú ha sido siempre un mecanismo polémico. Aunque la Constitución permite que el Congreso las transfiera al Ejecutivo por un tiempo limitado y en materias específicas, en la práctica suele convertirse en un terreno de disputa sobre legitimidad y concentración de poder. En suma, deviene en un cajón de sastre, a gusto del Ejecutivo, dizque, para darse instrumentos para gobernar.

El reciente capítulo que acabamos de vivir, ha reavivado una discusión de fondo, por la novedad que significa la vuelta del Senado al espacio del Poder Legislativo: ¿hasta dónde puede intervenir el Senado en una propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, sin alterar el equilibrio propio del bicameralismo? La polémica no se limita al contenido de las facultades –seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño–, sino que toca la distribución del poder entre ambas cámaras y los límites de la delegación al Ejecutivo.

El conflicto institucional sobrevino luego de que el Ejecutivo solicitara 66 facultades; la Cámara de Diputados aprobó 20 tras cuarenta días de debate, y el Senado amplió el texto a 27 puntos, incorporando siete materias adicionales. El Pleno del Senado aprobó ese texto sustitutorio con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

La crítica central fue que el Senado habría “repuesto” facultades que la Cámara de Diputados había excluido. Para sus opositores, ello contrariaba el espíritu del régimen bicameral: los diputados tendrían la iniciativa sobre la propuesta de delegación, mientras que los senadores deberían aprobarla, rechazarla o introducir ajustes razonables, pero no ampliarla sustancialmente.

La defensa del Senado sostiene que su Reglamento le permite aprobar, modificar o rechazar un dictamen proveniente de Diputados. Desde esta perspectiva, añadir puntos vinculados con la misma materia no “desnaturaliza” la delegación, sino que la perfecciona, siempre que exista conexión material con los objetivos originales.

En contrario, la posición crítica advierte que una modificación que incorpora materias nuevas, puede convertir al Senado en una segunda cámara con iniciativa efectiva, rompiendo el diseño de contrapesos. Esta preocupación se agravó porque parte de la oposición cuestionó que no se hubiera delimitado previamente, antes de debatir la delegación, la competencia entre ambas cámaras

La polémica, sin duda, evidencia una laguna institucional. Perú necesita reglas más claras sobre qué puede hacer el Senado frente a una propuesta de delegación enviada por Diputados. Sin esa delimitación, cada crisis política puede transformarse en un conflicto entre cámaras, y la delegación puede usarse como sustituto simbólico de otros mecanismos de relación Ejecutivo–Congreso, como la cuestión de confianza.

La decisión del Senado fue legalmente defendible según su Reglamento, pero políticamente controversial, porque amplió el alcance de una delegación ya recortada por la Cámara de Diputados. El problema no es únicamente si el Senado podía modificar el dictamen, sino si esa modificación respetó el equilibrio bicameral y si la delegación conservó el carácter excepcional y delimitado que exige una democracia parlamentaria.

Pero, no fue todo. El Senado logró aprobar facultades legislativas con el respaldo de tres votos de la bancada de Obras y dos de la de Buen Gobierno, planteando un escenario políticamente diferente al existente en los dos primeros meses de trabajo parlamentario.

Además, llamó mucho la atención, que siendo la seguridad ciudadana uno de los rubros demandados por el Ejecutivo para que se le delegue facultades, no se haya tomado en cuenta el conjunto de reformas constitucionales y normas que fortalecen las garantías a militares y policías y sobre seguridad ciudadana que se hicieron en Perú desde 2020.

En los últimos seis años, se ha aprobado un conjunto de leyes, decretos legislativos y reformas orientadas a ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), endurecer el control del crimen y reforzar la seguridad ciudadana. La tendencia combina delegaciones legislativas, cambios en la Ley de la PNP, uso de estados de emergencia y propuestas de reforma constitucional –aún no aprobadas–, para dar a los militares un papel más permanente frente al crimen organizado.

Destaca entre ellos, el Decreto Legislativo 1095 que regula el empleo y uso de la fuerza por las FF. AA. en el territorio nacional, cuyo reglamento fue aprobado el 2020, mediante el Decreto Supremo 003-2020-DE. En mayo 2022, la Ley 31522 modificó los artículos 4, 5 y 21 de dicho decreto para precisar que, previa declaración de estado de emergencia, las FF. AA. realizan acciones militares en apoyo a la PNP. La Ley 32735, de este año, modificó el Código Penal Militar Policial y el Código Procesal Penal para precisar el delito de función, reforzando al fuero militar-policial.

En otras palabras, ha sido un conjunto normativo, dado gota a gota, que refleja una respuesta estatal más punitiva y militarizada que estratégica, en la que no se define cuáles van a ser los roles de las Fuerzas Armadas en los ámbitos de la seguridad pública.

Pareciera, entonces, que los vacíos y las dudas legales son adrede y se han convertido en un factor fundamental para darse una gobernabilidad que busca ser crecientemente autoritaria y represiva.

desco Opina / 30 de octubre del 2026

Agua y cambio climático: más carga de cuidados

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 23 Oct 2026 16:09:34 +0000

En Lima Metropolitana, el verano 2026 parece no haber tenido pausa por la persistencia de las condiciones cálidas asociadas al Niño Costero y, posteriormente, al desarrollo del Fenómeno de El Niño en el Pacífico central. Durante el 2026, se ha registrado un calentamiento de las aguas del mar frente a la costa peruana, lo que ha influido en el incremento de las temperaturas del aire en distintas ciudades costeras, entre ellas Lima Metropolitana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se han previsto temperaturas superiores a sus valores normales en gran parte de la costa peruana y las condiciones asociadas a estos fenómenos podrían mantenerse hasta el verano de 2027.

A esta situación, se suma la desigualdad en el acceso al agua potable en Lima Metropolitana. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que, a inicios de 2026, solo 19 de los 46 distritos de Lima Metropolitana y el Callao contaban con acceso al agua potable durante las 24 horas del día.

Otros datos de estas injustas desigualdades se encuentran en el informe de Lima Cómo Vamos 2025. Por un lado, en la población del nivel socioeconómico E de Lima Metropolitana y Callao, la falta de agua potable aparece como el tercer problema más importante de la ciudad. Por otro lado, se observa una marcada disparidad territorial: Lima Norte y Lima Centro registran los mayores niveles de insatisfacción respecto al acceso y la calidad del agua, con 54,3 % y 52,5 %, respectivamente. En comparación, Lima Sur presenta un 29,9 % y Lima Este un 26,1 % de insatisfacción.

Los datos ofrecen un panorama poco alentador sobre las consecuencias de estas desigualdades, pues las condiciones climáticas cada vez más exigentes coinciden con problemas estructurales de acceso a servicios básicos como el agua potable. Esta inaceptable situación no solo representa un desafío ambiental y urbano, sino que también plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la organización de la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, quienes asumen en su mayoría las responsabilidades domésticas y de cuidado en los hogares peruanos.

Esta problemática adquiere una mayor complejidad en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, donde las responsabilidades económicas, domésticas y de cuidado suelen concentrarse en una persona. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 (Enut), las mujeres peruanas destinan al día alrededor de 3 horas para el cuidado no remunerado a miembros del hogar y 4 horas de trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar.

Con la presencia del Fenómeno de El Niño, las mujeres presentarán una mayor carga de trabajo para garantizar las condiciones básicas de bienestar de sus familias. Esta situación no solo implica destinar más tiempo a las tareas domésticas, sino también reorganizar sus actividades laborales, reducir sus espacios de descanso y postergar su propio cuidado.

Las consecuencias pueden ser mayores para las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad o que no cuentan con redes familiares y comunitarias de apoyo. Las condiciones climáticas adversas no solo generan estas desigualdades, sino también pueden profundizar las dificultades que enfrentan las mujeres para conciliar sus responsabilidades de cuidado con su autonomía económica y bienestar personal.

Ante este escenario, nos preguntamos si las políticas públicas de adaptación al cambio climático consideran las desigualdades que soportan las mujeres en la distribución del trabajo de cuidados y las condiciones aún más graves en los hogares monoparentales. Si bien garantizar el acceso continuo al agua potable y mejorar la infraestructura de los servicios básicos son prioritarias, resultan insuficientes si no se acompañan de políticas que reconozcan las necesidades de cuidado de la población frente a condiciones climáticas adversas, como las provocadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

En ese sentido, es urgente fortalecer los servicios públicos de cuidado, ampliar las redes de apoyo comunitario e incorporar una perspectiva de género en las estrategias de adaptación climática, especialmente en los territorios más vulnerables y de mayor pobreza. De lo contrario, las consecuencias de la crisis climática continuarán recayendo principalmente y sin equidad sobre las mujeres, trasladando al ámbito doméstico responsabilidades que también corresponden al Estado y a la sociedad.

Abordar el cambio climático desde una perspectiva de género demanda reconocer el trabajo de quiénes sostienen los cuidados y las condiciones en que se realiza. La adaptación climática no debe limitarse a responder a los efectos ambientales, sino también considerar las desigualdades que condicionan la vida cotidiana. Una gestión del riesgo bien entendida no solo consiste en construir pircas preventivas o entregar víveres, sino también garantizar que los derechos de las mujeres y niñas sean reconocidos y atendidos antes, durante y después de un desastre.

Incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres no es una cuestión ideológica, es una necesidad para identificar las distintas condiciones de vulnerabilidad de la población. Ignorar estas diferencias desde las políticas públicas significa dejar de lado una dimensión fundamental para garantizar una respuesta equitativa, justa y efectiva frente a la crisis climática.

desco Opina - Regional / 23 de octubre del 2026

descoCiudadano

¿Educar o imponer?

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 16 Oct 2026 17:25:53 +0000

La autoridad en la escuela no se construye con prohibiciones y castigos, sino con formación, condiciones adecuadas y respeto.

El Ministerio de Educación ha vuelto a colocar la disciplina escolar en el centro de su discurso. Los lineamientos anunciados por el ministro José A. Chang consideran faltas graves, entre otras, el uso indebido de celulares y la acumulación de tardanzas injustificadas. A ello se suman las repetidas exigencias sobre el corte de pelo, el largo de las faldas, la puntualidad y la presentación personal.

Las escuelas públicas o privadas necesitan reglas de convivencia, y ciertas conductas exigen respuestas oportunas y proporcionales. Sin embargo, aparecen problemas cuando la disciplina se toma como el eje de la política educativa y la autoridad se confunde con la imposición de obediencia ciega. Educar no es uniformar conductas ni administrar castigos: es formar personas capaces de convivir, asumir responsabilidades y ejercer sus derechos. Más en un país multicultural, diverso, profundamente racista y clasista como el nuestro.

La insistencia en regular la apariencia, particularmente la vestimenta y el cabello de las alumnas y alumnos, revela una concepción propia de patrones autoritarios y machistas. En lugar de promover la autonomía y el respeto mutuo, se pretende transmitir que el orden depende del sometimiento a una autoridad que decide, incluso, la apariencia de los estudiantes. Las normas son necesarias, pero deben justificarse por su contribución al aprendizaje, la convivencia y la protección de las personas, no por la obediencia como valor en sí mismo. Así no se educa a nadie para vivir en democracia. Asunto éste que parece no preocuparles ni al Ministro ni al gobierno.

Quedan fuera de este debate las condiciones materiales para cumplir las exigencias escolares. Se pide aseo y buena presentación, pero ¿todas las escuelas disponen de agua, servicios higiénicos adecuados y materiales de limpieza? No. ¿Se considera la situación económica de las familias y las diferencias entre los entornos urbanos, rurales e indígenas? No. Más grave aún es la distancia entre el énfasis en la disciplina formal y los problemas de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Los casos de agresión sexual, y particularmente de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guisse parece hacer disparado la reacción disciplinaria del Ministro y su entorno, parte del cual parecía mirar al techo y silbar en el caso Condorcanqui. Quisiéramos saber si también se han preguntado ante lo ocurrido, qué mecanismos de prevención, supervisión y protección funcionaron y cuáles fallaron, y por qué.

Este tipo de violencia no se previene únicamente con reglamentos más severos. Se necesitan educación sexual integral, formación para reconocer y enfrentar el abuso, canales seguros de denuncia, atención a las víctimas, protocolos efectivos y responsabilidades institucionales. También faltan recursos para capacitar a los docentes y directivos, así como para trabajar con los estudiantes sobre el consentimiento, el respeto, la resolución de conflictos y las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Dónde están estos componentes en el discurso que insiste en la presentación personal y el endurecimiento de las sanciones?

La cuestión trasciende las escuelas. Lo hemos visto en un reciente enfrentamiento verbal entre senadores y representantes del Ejecutivo durante el debate de las facultades legislativas. En el mismo se mostró hasta qué punto las instituciones pueden apartarse de las normas que reclaman a la sociedad. La convivencia democrática no se enseña mediante reglamentos, también se aprende observando cómo actúan quienes ejercen responsabilidades públicas. Exigir autocontrol a los escolares mientras los adultos protagonizan confrontaciones y descalificaciones debilita la legitimidad del mensaje.

Peor aun cuando la respuesta a la inseguridad ciudadana se expresa principalmente mediante despliegues y demostraciones públicas de autoridad. Frente a las extorsiones, los asesinatos y los secuestros, la ciudadanía necesita resultados: investigación criminal, inteligencia policial, protección de las víctimas, coordinación institucional y justicia. Las ceremonias pueden tener una función simbólica, pero no reemplazan una política de seguridad capaz de reducir la violencia y proteger a las personas.

No se trata de equiparar disciplina escolar con seguridad ciudadana, sino de entender que la ruta no es creer que los problemas complejos se resuelven multiplicando las sanciones, exhibiendo autoridad y endureciendo las reglas. El desafío educativo peruano va más allá que el control de la apariencia y la conducta. La autoridad democrática, tanto en la escuela como en el Estado, necesita legitimidad, capacidad de respuesta y coherencia entre lo que se exige y lo que se hace.

Necesitamos mejorar los locales escolares, los servicios básicos, fortalecer la formación docente, prevenir la violencia y reconocer la diversidad social, lingüística y cultural del país. El tema exige, asimismo, escuchar a estudiantes, las familias diversas del Perú y a los maestros, en lugar de tratarlos como receptores pasivos de disposiciones ministeriales.

Una política educativa responsable debe preguntarse no solo por qué conductas sancionar, sino por cuales capacidades desarrollar, qué recursos proporcionar y qué responsabilidades asumir para que las escuelas sean espacios seguros, inclusivos y democráticos. La escuela necesita autoridad, pero una autoridad que eduque; disciplina, pero una disciplina que forme; normas, pero normas que puedan comprenderse y reconocerse como legítimas. De lo contrario, estaremos ordenando la superficie mientras dejamos sin respuesta los problemas que atraviesan la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.

desco Opina / 16 de octubre del 2026

La segunda vuelta electoral en Junín

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 09 Oct 2026 22:26:39 +0000

Las elecciones regionales en Junín no trajeron ninguna sorpresa, pues el resultado ya confirmaba a los candidatos con mayor intención de voto, quienes además tuvieron campañas de gran peso económico. De acuerdo al conteo oficial de la ONPE al 99.05%, Fernando Pool Orihuela Rojas, del partido político Podemos Perú ocupa el primer lugar con un 29.02 %, dejando en segundo lugar a Arnoldo Dante Mallma Auqui, del partido político Alianza para el Progreso con un 27.01 %. Este resultado encamina a la región hacia una segunda vuelta según la normativa electoral peruana, donde si una lista no supera el 30% de los sufragios válidos, los dos candidatos con mayor votación deberán competir en un segundo proceso el próximo 6 de diciembre.

Dentro de las propuestas planteadas por Fernando Orihuela, se ofrece construir y fortalecer los hospitales generales en Chilca, Chupaca, Concepción, Junín, Jauja y Pangoa; ampliar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro); implementar el parque agroindustrial del Valle del Mantaro; la protección integral del nevado del Huaytapallana; la recuperación integral del lago de Junín; la ejecución de corredores viales, carreteras y puentes estratégicos; así como crear la Gerencia Regional de Pueblos Originarios y Andinos.

Por su parte, Arnoldo Mallma, cuenta con un plan de gobierno más voluminoso, sobre todo en la dimensión social. Sus propuestas de mayor relevancia incluyen el pago de la deuda social a los maestros; la construcción de las nuevas universidades en las provincias de Jauja, Chupaca y San Martín de Pangoa; la implementación de la dorsal de fibra óptica para la selva y la sierra; la creación del Hospital del Niño Huancayo; el Centro Especializado Odontológico Regional y la planta petroquímica de fosfatos en Mantaro; el asfaltado de la provincia de Concepción-Comas-Satipo; la construcción de represas, diques, qochas y reservorios a nivel regional; la eliminación progresiva de vertimientos contaminantes al río Mantaro; la construcción y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y la fiscalización ambiental de actividades industriales y mineras.

Lejos de confiar en que sus ofrecimientos se cumplan, o tener una lectura crítica de la viabilidad de sus propuestas a través del gobierno regional, es importante mencionar que la carrera por la segunda vuelta ya comenzó en los medios de comunicación de mayor sintonía a nivel regional, que son el escenario de la intensas acusaciones mutuas y opiniones en favor y en contra de los candidatos. Lo mismo sucede en las redes sociales que se han convertido en un espacio de estrategia mediática de campaña y contracampaña. Todo esto hace que la ciudadanía tenga puesta la mirada en las denuncias y escándalos de los contendores.

Orihuela ya ocupó el cargo de Gobernador Regional en reemplazo de Vladimir Cerrón, cuando fuera suspendido en el 2019. El candidato tiene denuncias pendientes en instancias como el Juzgado de Familia de Huancayo que le ordenó cumplir con una evaluación psicológica por un caso de violencia contra la mujer, la misma que está pendiente desde el 2023. También lo investiga la Fiscalía como exgobernador por presunta organización criminal vinculada a contrataciones en el sector Salud, así como por colusión agravada y negociación incompatible, donde el fiscal superior, Ramón Alfonso Vallejo Odría, ordenó investigarlo por su condición de gobernador regional de Junín. A esto se suman otras investigaciones y críticas por llevar, en más de la mitad de su lista a consejeros, a personas que solo registran secundaria completa y estudios técnicos. En cuanto a su declaración de ingresos y rentas, figura un total de S/ 72 000.00 por concepto de remuneración bruta anual y un inmueble. Además, consigna una sentencia civil por incumplimiento contractual por un monto de S/ 4,000.

Por otro lado, Arnoldo Mallma, encabeza ampliamente la declaración patrimonial con ingresos de S/ 1 812 560 y un patrimonio de S/ 1 378 587.98, integrado por siete inmuebles, tres vehículos y acciones en múltiples empresas gastronómicas. La hoja de vida de Arnoldo Mallma registra tres procesos judiciales que él mismo se vio obligado a consignar ante la autoridad electoral. Una sentencia del 2025 emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, una demanda familiar por alimentos donde Mallma debía elevar la pensión de alimentos de S/ 1400 a S/ 3000 soles mensuales. La justicia revela que el candidato incumplió de manera reiterada con sus obligaciones, con una deuda acumulada que ascendía a S/ 40 427.

Investigaciones periodísticas han revelado otros dos escándalos que rodean el entorno de Arnoldo Mallma, uno de ellas es la acusación de parricidio interpuesta por la viuda de su padre; y otra por la construcción de un edificio comercial de nueve pisos en pleno centro histórico de Huancayo, la denuncia la interpone el Ministerio de Cultura por destruir la histórica Casa Juan Parra del Riego, declarada Monumento Nacional en 1988.

En sus últimas apariciones después del 4 de septiembre, Mallma declaró desde Satipo que llega a la segunda vuelta con las manos limpias y sin deberle nada a nadie. Orihuela por su parte en su última aparición, procuró deslindar con Vladimir Cerrón, mencionando que “no hay ningún tipo de relación ni política, ni de ninguna índole con Perú Libre”. También declaró que conversará con otros grupos políticos de cara a la segunda vuelta, confirmando que buscará acuerdos con distintos actores, defendiendo la posibilidad de incorporar nuevos respaldos a su candidatura al considerar que “dos cabezas piensan mejor que una”.

Todo estos entrampamientos jurídicos y escándalos mediáticos, dejan en segundo plano la discusión más importante: el análisis de las propuestas políticas en pro del desarrollo de la región. Quien resulte ganador en la segunda vuelta, se verá enfrentado a retos muy grandes, sin cualidades básicas que le permitan resolver con soltura y juicio las principales demandas hasta hoy postergadas en Junín.

desco Opina – Regional / 9 de octubre del 2026

descocentro

El gobierno y la oposición: ¿más de lo mismo?

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 02 Oct 2026 22:33:03 +0000

La encuesta de la tercera semana de septiembre del IEP, ratificaba los resultados que días antes mostraron otras dos mediciones. La aprobación de Keiko Fujimori, a sesenta días de su anhelada instalación en la Plaza de Armas, había sido claramente superada por su desaprobación. 37% de las personas encuestadas aprobaba la gestión, mientras que 49% la desaprobaba, porcentaje que se elevaba hasta el 62% en el sur del país. 52% de los encuestados percibía que el gobierno representa “más de lo mismo”, mientras que 33% consideraba que representa un “cambio”, percepción instalada en Lima Metropolitana y en el nivel socioeconómico A/B).

La caída no sorprendía. La misma medición evidenciaba la percepción de un gobierno poco o nada capacitado para responder al fenómeno de El Niño y gestionar la inseguridad. A la misma hay que sumar otros factores entre los que destacan claramente las limitaciones de la mandataria y la mediocridad del Ejecutivo, la evidente falta de ideas de un gobierno que pugnó durante 15 años por serlo, desnudando su carencia de cuadros básicos, así como su indisimulable papel en el poder desde la administración de Boluarte, que se expresa en el reciclaje de funcionarios en la administración pública.

En este escenario, la apuesta fujimorista por una delegación de facultades muy amplias y sin contenido específico, para polarizar con el Congreso, aparecía como una estrategia suicida, a pesar de la probada experiencia naranja en reclutar opositores, como lo hicieran desde el primer día en la elección de la presidencia del Congreso. El costo inmediato ha sido en su aprobación y en la presión de sectores de su barra brava, que amenazan con los riesgos para la estabilidad política gubernamental si la gente cree que la presidenta es Dina II, alentando la necesaria afirmación de su autoridad

El primer ministro, Luis Galarreta, empezando la semana, en medio de la moción de censura del ministro del Interior y de la resistencia al pedido de facultades legislativas impulsadas por la oposición al Ejecutivo, advirtió que el gobierno había mantenido “paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”, denunciando el “obstruccionismo” de algunos sectores y pidiéndole a la mandataria respaldo frente a los legisladores que se oponen a la delegación de facultades, dando la batalla política.

El problema para el gobierno es que no solo la oposición “obstruccionista” se resistía a otorgar las facultades. Lo hacían, incluso, sus socios de Renovación Popular que difícilmente se la jugarán por el Ejecutivo sin condiciones, como lo subrayó López Aliaga en su respuesta pública al candidato fujimorista a la municipalidad metropolitana. Galarreta no falta a la verdad, aunque abandona su tono republicano, cuando sostiene que en ninguna parte está establecido que las facultades legislativas sólo se pueden pedir para lo más urgente; olvida, sin embargo, que fueron la mandataria y él, quienes anunciaron el pedido en esos términos, acabando enredados en su anuncio y en los mecanismos constitucionales ideados, impulsados y aprobados para la bicameralidad por Fuerza Popular y sus socios en el Congreso anterior. Más grave aún, parece creer que sin las facultades extraordinarias, el gobierno se paraliza y no puede gestionar ni decidir, ignorando, por ejemplo, los decretos de urgencia, como les han recordado distintos políticos y analistas.

Para suerte del gobierno, que no puede esconder su carácter de continuidad, las oposiciones en el Congreso se vienen dejando llevar por la misma lógica. Muy pronto se dejaron atrapar por la escena oficial; la delegación de facultades y la inseguridad ciudadana se convirtieron en sus campos privilegiados. Como poder del Estado no han dicho nada sobre las movilizaciones y paralizaciones en distintas regiones del país ante el alza de los combustibles; callaron ante el ridículo anuncio de una educación sin “ideología” como parte del ataque que empezó con el LUM como centro; el silencio por la incorporación del país al Escudo de las Américas, la visita de Rubio, la ridícula ruptura de relaciones diplomáticas con Irán o la indignante abstención en la votación sobre la participación palestina en la Asamblea General de la ONU, ha sido la única respuesta a esos hechos que evidencian la subordinación de nuestra política exterior y que ciertamente desnudan una manera de gobernar, que seguramente se agravaría con las facultades extraordinarias.

Las oposiciones, aparentemente convencidas de que la política se hace y decide en los espacios que ocupan, en los medios masivos que mayoritariamente los acusan de obstruccionistas e incapaces, así como en las redes sociales como se observó claramente a lo largo de la campaña, se mantienen distantes de la sociedad, de sus demandas y necesidades; se olvidaron de promesas elementales que hicieran cuando candidatos como la eliminación de las leyes procrimen o de impunidad. Para peor, sus debilidades de origen afloraron con fuerza los últimos días. Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, actuando como dueños de sus agrupaciones, tras negociar con el Premier, retiraron sus votos de la censura al ministro del Interior, a la vez que Renovación Popular, Obras y Buen Gobierno presentaron textos sustitutorios en la Comisión de Constitución, buscando un consenso que otorgue facultades únicamente en materias prioritarias y acotadas. Renovación contempla 10 materias, 2 más de las solicitadas, Obras 5 y Buen Gobierno 2, inseguridad y el fenómeno de El Niño. En otras palabras, las oposiciones tampoco parecen alejarse mucho de la continuidad.

Hasta hoy, el régimen político consolidado los últimos cinco años, goza de buena salud. Los anuncios de cambio de quienes están en el gobierno y en las distintas oposiciones parecen distantes y en la escena oficial no nos alejamos del tiempo Boluarte.

desco Opina / 2 de octubre del 2026

La violación sexual y el mandato de masculinidad

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 25 Sep 2026 20:46:23 +0000

El caso de la violación grupal a un menor, estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, por parte de sus compañeros, al parecer en presencia de adultos “responsables” de la integridad de los menores, debe llevarnos a una urgente reflexión en torno a la manera en la que estamos educando a niños, niñas y adolescentes en Perú.

Los perpetradores de este atroz delito merecen una sanción conforme a ley. No recibirán una pena de 25 años o cadena perpetua como un adulto, porque aún les falta uno o dos años para la mayoría de edad. Pero la gravedad de los hechos no admitiría una pena privativa de libertad menor de 5 o 6 años. No “un par de semanas en Maranguita” como sugiere el senador Rodrich. Estamos ante un crimen, no ante un juego que “se les salió de las manos” como afirma el padre de uno de los perpetradores.

Los adultos presentes no pueden ser juzgados sólo por no cumplir con el deber de atención a una persona en riesgo. Su presencia en el lugar de los hechos, con muy poca probabilidad de no haber notado lo que sucedía a pocos metros, es una clara incitación al ejercicio de ese tipo de violencia disciplinadora. Esos adultos estaban “educando” a los jóvenes, a los perpetradores del crimen y, a través de ellos, a la víctima.

Si el género es una construcción social, en sociedades patriarcales como la nuestra, la masculinidad es un estatus que debe ser adquirido, para que sea reconocido debe ser demostrado. Este proceso es gradual, desde la niñez, cuando oímos a madres, padres y docentes decir que “los niños no lloran”. Desde la infancia les exigimos que pierdan la sensibilidad, que neutralicen las emociones, que no lloren.

Rita Segato sostiene que esta manera de educar, que empieza violentamente desde la niñez, debe ser calificada como una “pedagogía de la crueldad”. Así, la primera víctima del patriarcado son nuestros niños. El proceso escala, se agrava, el mandato de masculinidad exige responder a las expectativas, a las exigencias del grupo. Es en este espiral de violenta demostración de masculinidad, que la violación se torna una práctica que más que satisfacer un placer individual, es una manera de ejercer dominación, de demostrar poder.

Esta violencia vivida, es luego una violencia ejercida. Quien fue víctima es luego victimario. Es un disciplinador. Segato sostiene que es un “moralizador” que busca castigar a la persona, la más de las veces una mujer, pero también a las diversidades y como vemos en este caso, a un hombre joven en situación de vulnerabilidad. Esta pedagogía de la crueldad lo que hace es cosificar, enseñar a extraer de los cuerpos cualquier idea de humanidad y transformarlos en objetos que pueden ser poseídos. Elimina la empatía.

El caso del Liceo Naval ha generado una reacción inmediata en el gobierno, que ya anunció que el plantel dejará de estar a cargo de las Fuerzas Armadas y quedará hasta el 2027 bajo la administración del Ministerio de Educación (Minedu). Esta debería ser una buena noticia y en cierto nivel lo es. Pero ese solo hecho no es garantía de transformación pedagógica.

Juan Carbajal, revisando cifras de la plataforma SíseVe del Minedu, muestra que, entre enero y agosto de este año, las denuncias por violencia sexual dentro de los colegios ascienden a 1198, representando un incremento del 32.6% frente al mismo periodo en años anteriores. Estamos hablando de un ritmo de 200 denuncias de violencia sexual al mes –desde marzo que inician clases– en los colegios del Perú.

Si un ministro de Justicia –que debiera centrar su atención en la defensa de los derechos humanos en el país–, cree que es muy difícil llevar a cabo procesos de sanción penal a docentes, a maestros contratados para educar a nuestra niñez que vienen violando de manera sostenida a niñas en Condorcanqui, si en una sesión del Congreso de la República es capaz de señalar que es un “problema cultural”, la violación sexual no dejará de ser una práctica de dominación que se ejerza sobre los más débiles en nuestras escuelas.

Detrás de la vida de violencia a la que condenamos como sociedad a las niñas y adolescentes de Condocanqui, donde se registran más de 1253 víctimas de violencia sexual entre el 2024 y julio del 2026, hay un mismo patrón de reproducción del patriarcado que el que vemos en casos que logran escalar a la escena pública nacional como el del Liceo Naval.

Ambos son muestra de esta crueldad hecha pedagogía, pero son también parte del espectáculo de la impunidad a la que este tipo de hechos nos tiene acostumbrados.

desco Opina Regional / 25 de setiembre del 2026

La ignorancia del ministro de Educación

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 18 Sep 2026 17:12:08 +0000

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno retirará de la currícula nacional las interpretaciones que, según sostuvo, incorporan una carga ideológica en la enseñanza de la historia del Perú, cuestionando que los periodos de violencia política sean presentados por algunos sectores como una “guerra civil”, cuando –afirmó– correspondieron a actos de terrorismo.

Veamos. En términos jurídicos no basta con que haya enfrentamientos internos para que se reconozca una situación como guerra civil: deben existir un nivel de organización, control territorial y capacidad de sostener operaciones militares prolongadas por parte de los rebeldes.

En esa línea, si se hubiera impuesto una interpretación como esa para lo que aconteció durante el ciclo de violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000, seguramente debió conducirnos a la discusión del reconocimiento de “fuerza beligerante” de los subversivos, es decir, a aceptar que poseían derechos y deberes similares a los de un Estado en guerra. Esto incluye derecho a ser tratado como fuerza armada legítima, posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con terceros y aplicación plena de las leyes de la guerra (Convenios de La Haya, Ginebra).

Esto implicaría que el Estado peruano debía reconocer que la beligerancia estaba limitando su margen de acción. En otras palabras, no podría tratar a los subversivos como simples criminales o terroristas; debía aplicar normas de trato a prisioneros, protección de civiles, etc. De otro lado, ese supuesto reconocimiento abría la puerta a que otros Estados puedan negociar, mediar o incluso apoyar a los rebeldes, sin ser acusados de injerencia ilegítima. Asimismo, para los rebeldes es una forma de legitimación política y jurídica, porque pasan de ser “sediciosos” a actores con estatus internacional.

¿Quiere el ministro Chang un ejemplo? El caso de la Organización de Liberación de Palestina OLP, muestra cómo el sistema internacional puede flexibilizar las categorías jurídicas, ya que, sin cumplir todos los requisitos de beligerancia clásica, la OLP fue reconocida como actor legítimo por razones políticas y de justicia histórica. Como es obvio, en Perú, ni Sendero Luminoso (SL) ni el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) obtuvieron ese reconocimiento, porque ni sus métodos ni sus objetivos lograron generar legitimidad internacional. Aun así, Sendero Luminoso sí buscaba que el conflicto peruano fuese reconocido como una “guerra civil”, porque esa denominación les otorgaba un valor político y jurídico que iba mucho más allá de ser considerados “terroristas” o “delincuentes comunes”.

En suma, una “guerra civil” implica aceptar que los rebeldes no son meros delincuentes, sino actores armados con capacidad política y militar. Sin embargo, en la práctica los Estados suelen usar fórmulas intermedias (“conflicto armado interno”) para evitar esa concesión de estatus, aplicando normas humanitarias sin otorgar reconocimiento político.

En esa línea, reconocer una guerra civil acerca indudablemente al reconocimiento de beligerancia, aunque no es automático. Es un terreno donde el lenguaje jurídico y político se entrelaza con la estrategia de legitimidad.

Así, como resulta obvio para quien haya siquiera hojeado su Informe Final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú, nunca utilizó la categoría de “guerra civil” para describir el conflicto armado interno (1980–2000). En su lugar, lo definió como conflicto armado interno, siguiendo la terminología del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto permitía aplicar normas de protección sin conceder beligerancia.

De igual manera, el guion del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) evita cuidadosamente la categoría “guerra civil”. La narrativa oficial del LUM se construye sobre la base del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que definió el periodo 1980–2000 como conflicto armado interno.

Lo que hizo la CVR fue buscar un equilibrio. Por un lado, reconocer la magnitud del conflicto (violencia masiva, violaciones de derechos humanos, enfrentamientos prolongados) y, por otro, evitar la trampa política de legitimar a los insurgentes como actores equivalentes al Estado.

Por eso, su argumento se centró en la idea de un Estado democrático atacado por organizaciones terroristas, pero que, a la vez, cometió graves violaciones de derechos humanos en su respuesta.

desco Opina / 18 de setiembre de 2026

El Puerto de las Américas Corío en vitrina

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 11 Sep 2026 22:48:06 +0000

Recientemente el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa. El anuncio representa un hito histórico, si tomamos en cuenta que este megaproyecto carga una estela de dos décadas de promesas incumplidas en las gestiones regionales.

En el sentido estrictamente burocrático: por primera vez existe un documento técnico validado por el ente rector que ordena usos de suelo, conectividad y etapas de implementación. Pero conviene mirar este anuncio teniendo presente los otrora halagüeños que hemos escuchado durante los últimos veintitrés años y que no condujeron a ninguna parte.

La idea de un gran puerto en Punta de Bombón se conoció en la gestión de Daniel Vera Ballón (2003-2006) quien se arrogó su concepción, pero la propuesta nació de la empresa privada, como Euroamerican International Group, invisibilizada en esta historia, como otros. Ese primer intento no prosperó.

Juan Manuel Guillén (2007-2010 y 2011-2014) y Yamila Osorio (2015-2018) heredaron la idea sin conseguir mayores avances. Aunque Osorio firmó un convenio con la APN para avanzar en el 2016 con los estudios que requiere el proyecto, su continuidad ejecutiva quedó inconclusa. Con Elmer Cáceres Llica (2019-2021) — quien nuevamente está en la carrera por el sillón regional tras su paso por la cárcel—, el proyecto languideció entre la conflictividad social por Tía María y la parálisis institucional. En el corto gobierno de Kimmerlee Gutiérrez (2021-2022) tampoco se avanzó nada. En noviembre de 2025, con Rohel Sánchez, se firmó un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la APN, ProInversión y el MTC que finalmente destrabó el proceso hasta el Plan Maestro aprobado la semana pasada.

La inauguración del puerto de Chancay, en noviembre de 2024, financiado por capitales chinos a través de COSCO Shipping Ports, ha sido el chispazo para retomar el proyecto. Corío, con su batimetría natural de 28 metros —muy superior a los 17,9 metros de Chancay—, dejó de ser un proyecto regional más y empezó a venderse como la promesa para controlar la próxima generación de infraestructura portuaria del Pacífico Sur.

Detrás de los anuncios surge una disputa mayor: la inversión en "activos estratégicos", en medio de la pugna por el control logístico del Pacífico Sur entre China y Estados Unidos. Que Washington muestre interés no es casual. Estados Unidos observa con preocupación la expansión portuaria china en América Latina y busca alternativas de infraestructura en países aliados. Perú, sin buscarlo explícitamente, quedó posicionado como terreno de disputa entre ambas potencias. Y aquí cabe mencionar que la actual gestión regional de Arequipa también presentó el proyecto a inversionistas norteamericanos.

El proyecto Corío contempla una plataforma logística, un hub de hidrógeno verde y conexión ferroviaria hacia Puno y Cusco. Para toda la macrorregión sur, el proyecto significaría la posibilidad de exportar mayor volumen de minerales y productos agroindustriales con menores costos logísticos, además de fomentar su articulación como un eje estratégico para el comercio regional y la integración con Brasil y el mercado asiático.

La aprobación del Plan Maestro es un paso real, pero tenemos que estar preparados para abordar la gestión de este megaproyecto desde diferentes flancos. Para comenzar el Gobierno Regional de Arequipa debería tener una participación en la formulación de los términos de referencia (TDR) que elaborará ProInversión para los posibles inversores y garantizar, con ello, una visión descentralista con ventajas para las economías de los departamentos de la Macrosur. También merece una discusión previa el tema de la soberanía nacional a fin de no dar prioridad a los intereses de países extranjeros, teniendo como antecedente la controversia suscitada por la supervisión estatal del puerto de Chancay. Otro tema que no debemos dejar de lado es la titularidad y resguardo de los terrenos donde se asentará el proyecto, ya tenemos malas experiencias en la ejecución del Proyecto Majes II, la Carretera Arequipa La Joya y el Puente Chilina.

Esta vez, el contexto geopolítico puede ser un espaldarazo para que este proyecto, rebautizado como el Puerto de las Américas Corío, se materialice y responda a las necesidades que implica el desarrollo descentralizado de las regiones al sur del país.

desco Opina – Regional / 11 de setiembre del 2026

descosur

¿Ordenar el Estado o concentrar el poder?

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 04 Sep 2026 22:40:14 +0000

El asesinato de cuatro personas y el secuestro ocurrido en Trujillo ha vuelto a colocar la seguridad en el centro de la agenda y, sobre todo, ha convertido una promesa electoral de "mano dura" en una prueba concreta de capacidad de gobierno. Es decir, la de un Estado que funcione con autoridad y seguridad. El gobierno de Fuerza Popular –ante una ciudadanía cada vez más desconfiada de la política–, con el temor de un sector y la esperanza de otro, pareciera encontrarse en un terreno favorable para actuar como quien prometió poner orden.

Sin embargo, ese capital político alimentado por las promesas de orden y seguridad de la nueva administración, tiene también otro lado en la misma moneda que es el fracaso, como su principal riesgo. Recuperar la autoridad del Estado es indispensable, pero recuperar la capacidad de gobernar no es lo mismo. Menos si se pretendiera recobrar el poder para gobernar sin contrapesos.

Los homicidios, la extorsión y el avance del crimen organizado, han convertido -hace rato ya-, la demanda de seguridad en la principal preocupación ciudadana. Es comprensible que una población atemorizada reclame respuestas contundentes. Lo que habrá que comprobar es si detrás de la contundencia ofrecida existe una política pública capaz de producir resultados. La seguridad puede convertirse así en el primer gran indicador de la capacidad real del gobierno, pero también de su disposición al diálogo y concertación que pueda lograrse con el Congreso y la ciudadanía a la que representa.

Las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo (convertidas en una costumbre desde hace varios gobiernos), constituyen algo más que un trámite político. Son la primera oportunidad para observar cómo entiende el gobierno de la hija del dictador la relación entre poderes con el Congreso.

Aparentemente está respondiendo con firmeza al demandar mayores facultades para legislar en el endurecimiento de penas, la participación de las Fuerzas Armadas y un discurso de confrontación directa con el crimen. Acabar con la inseguridad constituye así una primera prueba que demanda resultados, porque anunciar mano dura es relativamente sencillo. Otra cosa más difícil es lograr desarticular las organizaciones criminales, investigar sus finanzas, recuperar los territorios controlados por ellas y hacer funcionar simultáneamente a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

En este mes de la primavera cabe preguntarse si el nuevo gobierno buscará acuerdos y negociará reformas, aceptando modificaciones, o si utilizará su respaldo parlamentario para ampliar su margen de acción. No olvidemos que el fujimorismo no llega al poder sin historia. La experiencia de los años noventa forma parte de la memoria política del país y no debemos ignorarla pues esos antecedentes importan precisamente para saber qué señales institucionales deben ser observadas con mayor atención. Señales que no están solamente en el Congreso, sino también en la relación con la prensa y con los organismos de justicia, varios de ellos copados por gente de su confianza, como ocurre con las instituciones de control y con quienes investigan al poder.

Una democracia puede tener un gobierno fuerte de izquierda o de derecha, lo que no puede es tener uno que considere que toda crítica es una conspiración y todo control, una obstrucción. Por ahora, el respaldo ciudadano inicial a Keiko Fujimori es considerable y expresa, en buena medida, una expectativa, un consentimiento para que haga aquello que los anteriores no pudieron hacer. Algo que puede durar o diluirse muy pronto.

La estabilidad macroeconómica y la de nuestra moneda proporcionan al gobierno un margen que no debería desperdiciar pues el desafío no consiste en conservar indicadores que muestran cierta fortaleza, sino en transformar esa estabilidad cautelada por el BCR, en mayor empleo, una mejor distribución de los ingresos y mejores servicios públicos para la mayoría de los peruanos en su vida diaria. Eso significa en lo inmediato contar con una policía eficaz, instituciones coordinadas, servicios públicos que funcionen, inversión pública ejecutada y políticas capaces de llegar a los territorios donde el Estado prácticamente ha desaparecido.

El gobierno puede utilizar el mismo capital político para construir una estructura de poder cada vez más concentrada, en la que Congreso, gobierno e instituciones públicas terminen respondiendo a una misma lógica política y donde los controles democráticos sean vistos como obstáculos. Estamos a las puertas de ver cómo se resolverá esta disyuntiva.

La demanda ciudadana de orden no es una demanda de autoritarismo. El Perú necesita recuperar autoridad, pero una autoridad democrática. Es, fundamentalmente, la demanda de un Estado que proteja a sus ciudadanos, que funcione y que cumpla las reglas que él mismo establece.

El primer mes de Keiko Fujimori permite afirmar poco sobre el desenlace, aunque supone formular una pregunta que será cada vez más difícil obviar: ¿Estamos asistiendo a la recuperación de la capacidad de gobierno del Estado o al comienzo de una nueva concentración del poder político? No nos engañemos, la respuesta no estará en los discursos de Palacio, ni en las encuestas de aprobación. Estará en los hechos y allí cabe también la posibilidad de una crisis que se profundice en el pantano de la ineficiencia y el desgobierno. El Niño malo con lluvias extraordinarias y sequías simultaneas en el país también pondrá a prueba su desempeño.

desco Opina / 4 de setiembre del 2026

El Niño y los riesgos que Lima no puede ignorar

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 28 Aug 2026 18:28:51 +0000

Lima es una ciudad acostumbrada a vivir casi sin lluvias. Sin embargo, las recientes precipitaciones intensas han demostrado que esta condición también puede convertirse en una vulnerabilidad cuando incluye la combinación de viviendas precarias, falta de drenaje y asentamientos humanos ubicados en laderas. En el contexto del Fenómeno El Niño, la gestión del riesgo vuelve a ocupar un lugar urgente: no solo por las lluvias, sino también por la amenaza permanente de un gran sismo en una ciudad donde miles de viviendas presentan condiciones de vulnerabilidad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), mantiene información y seguimiento sobre el Fenómeno El Niño 2026-2027, así como avisos meteorológicos y monitoreo de las condiciones climáticas del país. Para una ciudad como Lima, donde las lluvias intensas no forman parte de la experiencia cotidiana, estos episodios muestran la necesidad de fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta.

A esta situación se suma el riesgo sísmico. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) cuenta con un escenario de riesgo para Lima y Callao que permite identificar los posibles impactos de un sismo de gran magnitud y orientar medidas de prevención y reducción del riesgo. Asimismo, el mapa de riesgo sísmico elaborado por el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), permite conocer los niveles estimados de daño que podrían presentarse en las viviendas de los diferentes distritos de Lima ante un sismo severo.

Esta información adquiere especial importancia cuando se contrasta con lo que ocurre en los barrios de Lima Sur. Los testimonios que presentamos corresponden a lideresas con quienes trabajamos directamente en zonas de alta vulnerabilidad y riesgo de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Sus experiencias permiten observar cómo los fenómenos naturales impactan en la vida cotidiana de familias que cuentan con pocos recursos para prevenir o reparar los daños.

Deassy Huari, presidenta del comedor Mensajeros de la Paz, ubicado en Oasis de Villa, en Villa El Salvador, comenta que las lluvias recientes afectaron directamente a las familias de su comunidad. Las calaminas de muchas viviendas tienen años de uso y se encuentran desgastadas. Los pequeños agujeros que antes podían pasar desapercibidos se convirtieron, durante las horas de lluvia intensa, en puntos de ingreso de agua hacia los dormitorios y otros ambientes de sus casas.

La afectación no terminó al interior de las viviendas. En las calles hubo inundaciones y dificultades para movilizarse: un automóvil quedó varado y una combi tuvo problemas con el motor. Los niños y adolescentes que caminaban hacia sus colegios o regresaban a casa terminaron completamente empapados y luego algunos presentaron tos. Después de la lluvia emergió otra preocupación: los mosquitos. La humedad y el agua acumulada favorecieron su aparición y las familias se alertaron al encontrarlos en mayor cantidad y frecuencia. Las personas adultas también presentaron molestias en la garganta.

En Vista Alegre de Rinconada Alta, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, Julissa Panta, presidenta del asentamiento humano, describe una realidad que suma otro riesgo: los sismos. En las laderas, las pircas requieren reforzamiento y, ante los movimientos, las piedras suelen deslizarse. La preocupación de las familias es que una vivienda que ya enfrenta dificultades frente a un terremoto, tenga también que soportar lluvias, humedad y fuertes vientos.

En el comedor popular Santa Rosa de Vista Alegre, el agua ingresó a las viviendas. Muchas familias no cuentan con recursos para realizar reforzamientos y viven con el temor de que ocurra un terremoto y las estructuras no puedan resistir. La expresión de las dirigentes es clara: sus casas no están preparadas para enfrentar un movimiento sísmico de gran magnitud.

La educación también se vio afectada. En Rinconada Alta del Distrito de San Juan de Miraflores, los estudiantes tuvieron dificultades para acudir al colegio debido a la neblina y, después de la lluvia del domingo 16 de agosto, uno de los centros educativos paralizó el dictado de clases durante dos días porque el agua se había empozado en el local. Para estas familias, una lluvia intensa no representa solamente un problema de infraestructura: también puede significar que los niños no puedan estudiar, que las familias tengan dificultades para movilizarse y que aumenten las condiciones de humedad y presencia de mosquitos que afecten su salud.

Los testimonios muestran tres impactos concretos de un mismo fenómeno: vivienda, educación y condiciones ambientales y de salud. Pero revelan también algo más profundo: en estos barrios la lluvia y los sismos no son riesgos inconexos. Se superponen sobre viviendas y comunidades que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para prepararse ni enfrentarlos.

Por eso, la gestión del riesgo no puede aparecer únicamente después de una emergencia. Mejorar los sistemas de drenaje, reforzar viviendas y pircas, mantener escuelas y espacios comunitarios, identificar zonas seguras y fortalecer la organización vecinal son medidas que pueden reducir el impacto de futuros eventos.

Las voces de Deassy y Julissa permiten mirar las cifras y los escenarios oficiales desde la vida cotidiana. Ellas no se refieren a escenarios hipotéticos: hablan de agua inundando sus casas, niños que dejan de asistir al colegio, mosquitos que aparecen después de la lluvia y familias que temen que sus viviendas no resistan un terremoto. Escuchar a quienes viven en estos territorios es también una forma de reconocer dónde están las mayores vulnerabilidades y qué medidas deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia mayor.

desco Opina - Regional / 28 de agosto de 2026

descoCiudadano

Tan pronto, y sin pena ni gloria

noreply@blogger.com (DESCO) — Sat, 22 Aug 2026 17:18:11 +0000

A 23 días del mensaje inaugural de la gestión de Keiko Fujimori, el presidente de su Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió a la Cámara de Diputados para la presentación de las prioridades y la política general del gobierno. Quienes esperaban que la misma estuviera acompañada del pedido de facultades extraordinarias que la mandataria anunciara como si estuviera listo, el 28 de julio, para postergarlo posteriormente unos días “por retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros”, tendrán que seguir esperando, no sabemos bien hasta cuándo. En sentido estricto, las debilidades, los ruidos internos del Gabinete y las reiteradas diferencias de criterio con la Presidenta, cada vez más públicos, no permitían expectativas mayores sobre su asistencia a la avenida Abancay.

Una sucesión de errores y desencuentros, así lo evidenciaban. Recordemos algunas de las señales más estruendosas. El desencuentro más grosero lo protagonizó el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fuera Primer Ministro de Jerí, aprovechando la filtración de una carta firmada por 21 abogados, muchos de ellos próximos a la Coordinadora Republicana, anunciaba su intención de que el Lugar de la Memoria (LUM) sea trasladado a su sector, argumentando que aborda directamente la época del conflicto armado interno. Pronto, Alberto Beingolea, uno de los mejores periodistas deportivos del país, convertido en Ministro de Cultura, indicó que se trataba de una opinión personal y le respondió defendiendo la ubicación del LUM.

Por las características del personaje, ocupa el segundo lugar el Canciller y excandidato presidencial Carlos Espá, que cuando aspirante al sillón de Pizarro consideraba inaceptable que la señalada por golpista Betssy Chávez se asilara en México, aparece anunciando la autorización para que salga del país como la primera medida de su gestión. Disputando ese honor, el ministro del Interior, César Astudillo, ex comandante general del Ejército, defendió la permanencia en el cargo del Jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, argumentando sus resultados en la lucha contra la delincuencia, sin percatarse, quizá, que en los primeros 18 días de su gobierno, se habían producido 105 asesinatos, 77.5% cometidos con arma de fuego.

Por su lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que los vagones del tren promovido por el exalcalde y ahora candidato Rafael López Aliaga, en realidad fueron comprados por la Municipalidad de Lima, rechazando la versión que aquél y sus defensores, mantuvieron permanentemente. La Presidenta tuvo que aparecer en una red social desautorizando a su ministro y asegurando que los trenes se harán de todas maneras, precisando que se encuentran en Proinversión. Finalmente, Rey, en la misma presentación en la Cámara de Diputados, terminó de recular, indicó que fue malinterpretado y que no tiene nada en contra del principal aliado gubernamental y su soporte indispensable en el Senado, precisando que dejará los estudios y el futuro del proyecto en manos de Proinversión.

El desorden y la debilidad parecen tan significativos, que incluso Elmer Cuba, el ministro más rankeado del equipo ministerial, tuvo unas declaraciones poco felices y nada empáticas, al pedir "no exagerar por un poco de agua en la rodilla" cuando varios distritos del sur de la capital sufrían las consecuencias de una lluvia intensa, días atrás, obligando una vez más a que la propia señora K le llame la atención desde el mismo lugar de los acontecimientos. Como es obvio, la suma de éstos y varios otros sucesos, motivaron, muy pronto, críticas y comentarios duros de analistas y políticos que perciben el rápido deterioro que puede alcanzar al Ejecutivo.

Así las cosas, la presentación de Luis Galarreta, Presidente del Consejo de Ministros, que en el mejor de los casos puede ser calificada como reiteración de un diagnóstico que el país ya escuchó de labios de la señora Fujimori, estuvo llena de promesas abstractas –sin precisar mecanismos, mucho menos presupuestos viables para convertirlas en resultados tangibles–, así como de omisiones clamorosas que ponen en cuestión la composición y capacidad del equipo ministerial y su posibilidad real de llevar adelante las ofertas y compromisos anunciados por el gobierno. Como su Presidenta, no podía ser de otra forma, empezó su mensaje señalando que el gobierno encontró un Estado “desordenado y desbordado”, olvidando oportunamente, igual que aquella, que tanto el desorden como el desborde los tienen claramente entre los responsables.

Sobre esa base concentró su intervención en algunos puntos e hizo unos pocos anuncios. En materia de seguridad, fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales, penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para aliviar las cárceles, además de devolverle capacidades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional, en el marco de unas FF.AA. protagónicas en la materia. Frente a El Niño, anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente a su llegada, advirtiendo que “el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho”, olvidando que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, acababa de anunciar un primer paquete de 800 millones de soles para 540 puntos críticos… de los más de 1900 que existen. En el discurso hubo silencio sobre las tareas pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, supuestamente para destrabar los proyectos que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se necesitaban 7000 millones de soles para culminar obras esenciales como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura, el Congreso que encabezaron aprobó menos de la mitad.

Si los problemas previos del equipo encabezado por Galarreta daban indicios de un temprano desgaste sin necesidad de la intervención de la oposición, su paso por la Cámara de Diputados ratificó esa imagen e incluso las intervenciones de sus aliados, la señora Yarrow, por ejemplo, mostraron que no se alejan mucho de la línea de flotación.

desco Opina / 21 de agosto de 2026

Junín después del temblor

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 14 Aug 2026 21:47:48 +0000

La tierra no avisa, pero deja constancia. Los sismos que remecieron Junín entre fines de julio y los primeros días de agosto no llamaron la atención por su magnitud, moderada en cualquier escala técnica, sino por el desbalance entre la energía liberada y el daño que dejaron: 6 fallecidos, más de 300 damnificados, viviendas inhabitables y un decreto supremo (el N.° 115-2026-PCM) que puso en emergencia por 60 días a Chupaca, Concepción y Huancayo, además de Huancavelica y Tayacaja. La cifra sismológica fue discreta; la social, no, y buena parte de esa distancia se explica por la profundidad, porque el movimiento se originó a unos 10 kilómetros bajo la superficie en una falla local de la cordillera que llevaba décadas quieta, y esa cercanía concentra la aceleración del suelo justo donde vive la gente.

Para tener una referencia basta mirar el terremoto de 7,4 que devastó el Chocó colombiano por esos mismos días: ocurrió a 103 kilómetros de profundidad y aun así dejó más de 130 muertos, una comparación que no consuela sino que advierte, sobre todo porque en los anexos altoandinos de Chupaca y Concepción la vivienda sigue siendo de adobe y tapial, levantada sin vigas soleras ni confinamiento y muchas veces sobre suelos humedecidos por la temporada, de modo que cuando el terreno acelera esa masa se comporta como lo que es: peso sin capacidad de tracción. El estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) ofrece el marco nacional de este problema y es demoledor: de los 6,6 millones de viviendas del país, el 71% fue autoconstruido y apenas el 3% de ellas cumple estándares adecuados, es decir, cuenta con planos, estudios de suelos y supervisión profesional.

La preocupación nacional suele quedarse en la costa, donde la fotografía del riesgo resulta más evidente, pero la sierra central carga una vulnerabilidad propia, sobre todo por las distancias entre los poblados y los centros de auxilio: los anexos rurales están lejos de las capitales distritales y la evaluación de daños demora días en llegar, los centros de salud de nivel I y las escuelas salen de servicio justo cuando se vuelven indispensables. La falta de sismos destructivos recientes instaló una sensación de exención que hoy se paga en escombros. El adobe, además, no es un capricho cultural, sino la única técnica al alcance de familias sin título ni crédito, lo que traslada el problema constructivo al terreno económico y legal.

Junín, por lo demás, tampoco termina en el Mantaro. Chanchamayo, Satipo, Pichanaqui y las cuencas que bajan hacia Oxapampa comparten departamento y presupuesto con Huancayo, aunque su riesgo tenga otra forma, porque en la ceja de selva el sismo casi nunca aparece como colapso masivo de edificaciones, sino como ladera que cede, carretera que se corta y pueblo que queda incomunicado; suelos saturados por la lluvia y un movimiento moderado que funciona como detonante de deslizamientos. Ocurre, sin embargo, que la gestión del riesgo se sigue diseñando desde la mirada de la ciudad: los mapas de microzonificación, los simulacros multipeligro y hasta los formularios de empadronamiento asumen manzanas, calles y lotes, cuando en Río Negro, en Mazamari o en las comunidades asháninkas del Ene y del Tambo, la casa es de madera y calamina, dispersa en chacra, con acceso por trocha. Que ese material resista mejor el sacudimiento no vuelve segura a la familia: el peligro simplemente se muda al camino, al puente artesanal, al talud y a la imposibilidad de sacar a un herido.

Súmese a esto una coincidencia de calendario que exige lectura política: especialistas en infraestructura hidráulica advierten sobre un fenómeno de El Niño de gran intensidad entre enero y abril de 2027. El Ejecutivo ya instaló una comisión nacional para ese escenario con 1900 puntos críticos identificados en cauces de ríos, de los cuales se priorizarían apenas 569, de modo que un territorio con laderas fracturadas por un sismo que en pocos meses recibirá precipitaciones extraordinarias no enfrenta dos amenazas sucesivas, sino una sola encadenada. Mientras tanto, el decreto de emergencia contempla una línea que pasó casi inadvertida: las acciones se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público, así que regiones y municipios deberán reasignar lo que ya tenían. Para distritos con equipos técnicos mínimos y ejecución presupuestal históricamente baja, la declaratoria opera entonces como una habilitación administrativa antes que como respaldo financiero, sirve para comprar rápido y recibir donaciones, no para reconstruir. Ahí está, en el fondo, el punto débil del modelo, la respuesta está razonablemente normada, pero la prevención sigue repartida entre entidades que no se hablan, se declara la emergencia después del daño, se reparten calaminas y colchones, se firma un acta y el ciclo se cierra hasta el siguiente temblor, mientras que la reconstrucción choca con trabas que ningún decreto resuelve solo.

Sin título saneado no hay bono de vivienda ni crédito, así que el damnificado vuelve a levantar lo mismo, con los mismos materiales y en el mismo terreno, en un país donde el 73% de las viviendas se edificó sin licencia y solo el 4% recibió alguna sanción. A eso se suman las fajas marginales y las laderas inestables que siguen ocupadas porque no existe oferta de suelo seguro donde reubicar a las familias; mientras los fake news hacen lo suyo provocando alarma en la población ante la ausencia de información oficial.

Detrás de todo esto sigue el asunto mayor: frente a la costa central persiste una zona de acoplamiento que no libera energía desde 1746, con escenarios técnicos que proyectan un evento cercano a 8,8 grados y simulaciones oficiales que hablan de decenas de miles de fallecidos y medio millón de edificaciones destruidas, casi todo en Lima. Allí asoma la paradoja que la sierra y la selva central conocen de memoria: cuando llegue ese día, el aparato estatal se volcará entero hacia la capital y las regiones que hoy reciben atención tardía dejarán de recibirla.

Por eso la mirada desde Junín, Huancavelica y Pasco no puede ser la del espectador. La resiliencia del centro del país no vendrá en brigadas enviadas desde Lima, sino de la capacidad instalada aquí, con equipos técnicos permanentes en los gobiernos regionales, municipios que fiscalicen antes de que se levante el muro, universidades locales produciendo estudios de suelos y comunidades preparadas para sostenerse solas durante las primeras setenta y dos horas. Anticiparse, en este caso, es una condición de supervivencia.

desco Opina – Regional / 14 de agosto de 2026

descocentro

Keiko y las Fuerzas Armadas

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 07 Aug 2026 16:58:54 +0000

Uno de los anuncios más comentados de Keiko Fujimori que, además, está en el centro mismo de su pedido de facultades legislativas al Congreso, es el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y el transporte público para reforzar la seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía Nacional. La medida también incluye apoyo militar en penales y operativos en zonas críticas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Los supuestos resultados serían una presencia rápida y contundente del Estado en los espacios públicos y el transporte, una mayor capacidad de respuesta frente a delitos violentos y crimen organizado, así como una disuasión simbólica en la medida que la presencia militar puede generar sensación de control y orden.

Como no podía ser de otra manera, las críticas surgieron inmediatamente. Mejor dicho, volvieron a producirse porque son las mismas que vienen dándose desde hace un buen tiempo. Entre ellas, el desplazamiento del rol policial y que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para labores de seguridad ciudadana cotidiana; los posibles abusos contra los derechos humanos; la normalización de los estados de emergencia, cuando constitucionalmente aquellos se definen como una medida excepcional; el efecto limitado que tiene en las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza, la corrupción policial, la falta de justicia rápida, entre otras.

Pero, pareciera que las reacciones no son las mismas frente a la posible militarización y eventual privatización de los establecimientos penales. Sobre el tema, no existe un tratado internacional único y específico que prohíba de manera absoluta la militarización de los establecimientos penales, pero sí hay marcos normativos internacionales que limitan y regulan esa práctica, porque los penales deben ser gestionados bajo un enfoque civil y de derechos humanos.

El Perú suscribió las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Nelson Mandela, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015. Estas reglas establecen estándares mínimos para el tratamiento de las personas privadas de libertad y buscan garantizar su dignidad y derechos humanos y, en ese sentido, establecen que la administración penitenciaria debe estar a cargo de personal civil especializado, lo que hace que la presencia militar solo puede ser excepcional y temporal, nunca como sustituto permanente del personal penitenciario.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido en el 2022 sobre la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas por parte del Estado peruano, lo que además, concuerda con lo expresado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1990), informes varios del Comité contra la Tortura (CAT, ONU), y otros instrumentos.

En adición, hay que entender que la privatización de establecimientos penales no es simplemente adecuar los procedimientos a las denominadas asociaciones público-privadas. Algo como lo que se propone estaría en contra de la Constitución, del Código de Ejecución Penal y de los principios de dignidad y reserva estatal. El Estado puede contratar servicios auxiliares (alimentación, salud, infraestructura), pero no puede privatizar la administración ni la seguridad penitenciaria.

Estas cuestiones, además de las contradicciones normativas y la confusión de funciones que muestran, pueden ser reveladoras de un asunto que el Estado peruano no puede resolver: qué hacer con el presupuesto destinado al sector Defensa.

Desde los años 90, a los países latinoamericanos les ha resultado cada vez más difícil aceptar altos gastos en Fuerzas Armadas por varias razones estructurales entre las que resaltaba el fin de la bipolaridad global y, en nuestro caso, la solución definitiva de las fronteras con los países vecinos, que redujo la presión geopolítica que justificaba grandes ejércitos. De otro lado, los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) empezaron a recomendar la reducción del gasto militar y el aumento del gasto social: los programas de ajuste estructural exigieron recortes en presupuestos militares para priorizar educación, salud y reducción de la pobreza, convirtiéndose en un criterio de “buena gobernanza” para acceder a créditos y cooperación. Asimismo, la ONU y la OEA impulsaron la idea de que la seguridad debía ser civil y democrática, y la militarización de funciones internas fue vista como un retroceso frente a los compromisos de democratización.

Sin embargo, el importante poder político que han mantenido los militares en nuestro continente, así como el despliegue constante de la estrategia neoconservadora tras el 11-S, significó el retorno de la concepción clásica de seguridad nacional basada en las políticas de fuerza, ahora con “otros enemigos”: los terroristas, los narcotraficantes, el crimen organizado. En este escenario, la reconversión militar eternamente inacabada es uno de sus procesos que, al parecer, estará perpetuamente en curso y esto tiene su expresión presupuestal.

De esta manera, que en el Ministerio de Defensa hayan designado a una persona que no debe tener una idea más o menos certera sobre qué hacer allí y que en el Ministerio del Interior tengamos al general César Astudillo, quien se desempeñó como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, resulta sorprendente. ¿Es la forma como se militarizará la seguridad, es decir, sin intentar la coordinación entre las fuerzas públicas, sino imponiendo sin más la conducción castrense a una función que, por lo demás, no le compete?

desco Opina / 7 de agosto de 2026

Déjà vu

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 31 Jul 2026 15:27:08 +0000

Aunque no se refirió a su padre en ningún momento, lo que expuso el 28 de julio Keiko Fujimori buscaba ser su calco y copia. Repetir lo que, seguramente, sus análisis internos le reafirman que fueron los pilares de la popularidad fujimorista de los 90, como la insistencia en infraestructura o hacer “funcional” al Estado, adelgazando su burocracia y centralizando las decisiones para “combatir la pobreza”, especialmente en las zonas rurales, sin importarle a ella y a sus asesores el que la pobreza haya cambiado de rostro y su crecimiento es ahora considerablemente mayor en las ciudades.

De esta manera, la referencia previa al Estado catastrófico puede no remitirnos a los gobiernos anteriores, menos aún a las responsabilidades directas que le tocan, sino generar artificialmente las sensaciones pesimistas precedentes al inicio del gobierno de su padre, y desde las cuales el fujimorismo levantó el relato fantasioso de sus superpoderes.

Los esfuerzos oficialistas, por ahora, se dirigen a reactivar discursivamente el mito del origen –el relato del “Estado en ruinas” que permite a Keiko inscribirse en la misma épica de reconstrucción–, para sumar una legitimidad por analogía: si su padre “salvó” al Perú en los 90, ella se presenta como quien puede repetir esa hazaña en el presente.

Es la tónica que prevaleció en todo su discurso. Dijo que resolvería los problemas identificados, por ejemplo, en inseguridad ciudadana, “con decisión y energía”; aunque muy a flor de piel, sin explicitarse, está el hecho de que los fujimoristas han sido parte sustancial en la formación de la delicada situación en la que nos encontramos, manteniendo vigente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), auspiciando las leyes procrimen, el desmantelamiento de lo poco que teníamos para garantizar los derechos humanos, la amnistía para acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos, la activación del fuero militar-policial; todo lo que contrasta con su rebuscada escenografía para asegurarnos que no va a tolerar inconductas de policías o militares.

También en la declarada intención de centralizar y concentrar las decisiones del Estado, como su padre. Específicamente, la gestión de las acciones ante el Fenómeno de El Niño –y también la inseguridad ciudadana– serán desde y por el Ejecutivo. Para ambos casos, ha pedido facultades legislativas y la pregunta obvia salta a la vista, ¿serán como los paquetes legislativos de 1991 y 1992?

Keiko habló como si recién hubiese llegado a la política, como si estuviéramos en 1990. Pero, no es una figura nueva. Al contrario, es la referencia emblemática de la nauseabunda política peruana. ¿Sería por eso que no sintió la necesidad de pedir perdón, ni por su padre, ni por ella misma? Era lo mínimo que esperábamos los ingenuos que creíamos en el milagro de que había un mínimo de vocación para el cambio.

Tampoco sintió la necesidad de plantearnos su estrategia contra la corrupción, uno de los principales problemas para la población peruana. Aun menos sintió la necesidad de convocar a la participación ciudadana y a las autoridades locales y regionales. En el mejor de los casos, serán engranajes operativos de lo que decida el Ejecutivo, como en 1994, cuando la activación política del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) fue decisiva para realinear conciencias políticas, permitiendo el barrido electoral de 1995.

No tendrá esa tecnocracia que su padre encontró en el camino, algo que se evidencia a borbotones en la composición de su Gabinete, en el que resultan aceptables un par de nombres, pero no más. A ello se suma que su bancada parlamentaria, conformada con algunos de los muchachos y muchachas reciclados del ayer, darán muestra de mucha maña y criollada, pero sin una agenda política que guíe su acción. No entiende que el “terruquismo” y el “caviarismo” ya agotaron su eficacia, si es que alguna vez la tuvieron.

A favor tendrá una cuadrilla de autoridades subnacionales siempre dispuesta a negociar lo que sea; las organizaciones sociales casi desaparecidas, la práctica destrucción de la institucionalidad pública, con su correlato en el fortalecimiento de una gobernabilidad directa, vertical y sin intermediación.

En este escenario, por ahora, podrían ponerse en debate los roles que querrán cumplir los grandes empresarios financieros y extractivistas, así como los mandos de las Fuerzas Armadas. En lo que no hay duda es que no serán los que se asignaron en los años 90.

desco Opina Regional / 31 de julio de 2026

Urgencias de un fujimorismo sin Fujimori

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 24 Jul 2026 18:09:25 +0000

La victoria electoral de Keiko Fujimori abre una nueva etapa política. Como ocurre con todo gobierno que inicia su mandato, las primeras semanas están marcadas por los gestos simbólicos sobre prioridades, las expectativas y las definiciones. Una lectura comparada entre los ofrecimientos de campaña, el contenido de su plan de gobierno y las urgencias objetivas que enfrenta el país deja al descubierto vacíos e incoherencias difíciles de ignorar.

Resulta sorprendente que el discurso de Fuerza Popular siga concentrándose en defender el modelo económico y la Constitución como si fueran las grandes disputas nacionales en curso. En realidad, las urgencias del Perú son hoy distintas. El desafío principal consiste en construir un Estado que funcione para todos y todas y sea capaz de enfrentar al crimen organizado, controlar la minería ilegal, reducir la corrupción y ejecutar infraestructura de calidad. También mantener en funcionamiento exitoso, pero no abusivo a las grandes inversiones nacionales y extranjeras. Pero, por encima de todo ello, está no llegar demasiado tarde a las consecuencias del fenómeno de El Niño de gran magnitud, proyectado hasta mediados del año 2027. El escenario climático debiera ser prioritario.

Estamos tarde, una vez más, para atender territorios históricamente abandonados como el sur andino y la Amazonía. Ninguno de estos problemas se resuelve invocando las reformas de los años noventa. El país requiere otras respuestas de parte del gobierno entrante.

La prevención de desastres, el reforzamiento de infraestructura crítica, la protección de nuestras ciudades, carreteras y sistemas de riego en el norte del país, así como la coordinación entre niveles de gobierno, requieren un Estado con capacidad de planificación, inversión y presencia territorial que no existe para enfrentar un fenómeno de esta magnitud: un aparato público capaz de anticiparse a la emergencia, coordinar recursos y liderar la respuesta nacional. Primero en el norte, donde ya empezó a llover y luego, muy pronto, en un sur sediento.

La sequía, la fragilidad de la economía rural, las brechas de infraestructura y la persistente sensación de abandono es una realidad que se omite mencionar en relación con lo que espera el sur andino de un gobierno democrático. No es un tema que pueda resolverse únicamente mediante incentivos al mercado o anuncios de inversión pública. La presencia del Estado continúa siendo insustituible. Sin una estrategia nacional de desarrollo territorial, difícilmente podrá cerrarse la distancia entre Lima y las regiones más vulnerables que demandan fortalecer los gobiernos regionales y reducir las profundas desigualdades que el crecimiento económico no ha logrado corregir por sí solo.

Las respuestas conocidas y desgastadas respecto a la seguridad ciudadana constituyen otro terreno donde la magnitud del problema demanda cambios que no debieran ser la militarización del país. Las extorsiones, el sicariato, las economías ilegales y la penetración del crimen organizado han transformado la naturaleza de la violencia. Si bien la demanda social por firmeza es comprensible –el incremento de penas, la militarización del país o el endurecimiento del discurso–, no reemplazan la necesidad de reformar los sistemas de inteligencia, investigación criminal, control financiero y administración de justicia. Del mismo modo, la corrupción generalizada –que atraviesa distintos niveles del Estado y del sistema político– exige reformas institucionales profundas, mecanismos efectivos de transparencia y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones.

El fujimorismo de los noventa se embarcó con el mundo marcado por el triunfo de la globalización, el consenso de Washington y la hegemonía de Estados Unidos. Treinta y cinco años después el escenario internacional es otro. Hoy predominan la competencia entre China y Estados Unidos, la fragmentación del comercio internacional, la transición energética, la inteligencia artificial y una crisis climática que obliga a los Estados a desarrollar capacidades de prevención y planificación como preocupación política cada vez más importante.

Quizá por eso el mayor desafío del fujimorismo sea precisamente sobrevivir a Alberto Fujimori: comprender que las circunstancias históricas han cambiado y construir respuestas nuevas. Mientras ello no ocurra, el riesgo será que Fuerza Popular continúe ofreciendo soluciones para un país que ya no existe. Y esa es, probablemente, la mayor debilidad de su propuesta política actual. Paradójicamente, la mejor manera de Keiko de ser fiel a Fujimori sería dejar de repetir las respuestas que él mismo dio hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, la oposición enfrenta igualmente un desafío. Reducir su papel a una estrategia de confrontación permanente en el Congreso o apostar exclusivamente por la movilización ciudadana, podría terminar fortaleciendo la polarización que ha caracterizado al país los últimos años. Renunciar al control político y a la fiscalización tampoco contribuiría al fortalecimiento democrático que demanda temas importantes como la justicia ante los asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, protegida por las fuerzas políticas que hoy sostienen a Keiko Fujimori.

desco Opina / 24 de julio de 2026

Mediocridad y recentralización

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 17 Jul 2026 19:28:27 +0000

La reciente inauguración del puente de la carretera Arequipa – La Joya es una buena noticia. Mejorará la conectividad regional, reducirá tiempos de viaje y fortalecerá la articulación logística entre Arequipa y el corredor hacia Matarani, Puno, Cusco y otras regiones del sur. Sin embargo, dejando de lado la pompa de la inauguración, este acto nos hace preguntarnos ¿por qué una infraestructura de esta importancia necesitó tantos años, múltiples paralizaciones, adicionales de obra y reiteradas observaciones técnicas para acercarse a su culminación? Acercarse, es un decir, porque ya han pasado seis administraciones regionales y no se logra terminar.

Lamentablemente, lo que pasa con la carretera Arequipa – La Joya no es una excepción. Es la consecuencia de uno de los mayores problemas de la inversión pública peruana: la incapacidad del Estado (en todos sus niveles) para ejecutar proyectos de manera oportuna y eficiente. Las obras paralizadas no solo inmovilizan miles de millones de soles de recursos públicos, sino que retrasan servicios esenciales, encarecen la inversión, pero, sobre todo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso es común escuchar que el gobierno regional no hace nada, o la municipalidad o el ministerio.

La Contraloría General de la República viene alertando desde hace varios años sobre la magnitud de este problema mediante informes y también en su portal web. Actualmente, a nivel nacional tenemos 634 obras paralizadas que tienen un valor conjunto de S/. 9211 millones. Cusco ostenta el triste récord de ser el departamento con el mayor número de obras paralizadas, 187 proyectos que representan la inmovilidad de S/.1060 millones de los recursos públicos.

Las causas se repiten con preocupante frecuencia. En una reciente exposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el evento “Conectar el Estado: articulación multinivel y sistemas públicos para cerrar brechas territoriales” se mencionó que entre las principales causales de la paralización de proyectos de inversión pública en el país están: la programación presupuestal insuficiente para la continuidad, las controversias legales o arbitrales, el quiebre financiero contractual por pagos pendientes y los expedientes técnicos insuficientes (o mal hechos). Lo más preocupante es que gran parte de estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de las obras.

El caso del puente Arequipa – La Joya resulta particularmente ilustrativo. La obra se gestó durante el gobierno regional de Vera Ballón, en el de Guillén Benavides se culminó con el expediente técnico, y recién se inició en el gobierno de Osorio Delgado en octubre de 2017, con un presupuesto superior a los S/ 107 millones y un plazo contractual de 510 días. Sin embargo, durante su desarrollo se aprobaron adicionales de obra y se registraron paralizaciones, resoluciones contractuales, reactivaciones y controversias judiciales que encarecieron el proyecto. Según data del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto tiene un costo de inversión actualizado de S/ 914.8 millones. A esto, hay que añadirle las múltiples denuncias de corrupción y de invasiones de terrenos en zonas aledañas, que la han acompañado durante todo su trayecto de ejecución.

Lo alarmante es que varios de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en la actualidad presentan uno o más de los problemas mencionados en el proyecto de la carretera Arequipa – La Joya. No se trata de ineficiencias exclusivas de obras de gran complejidad. Esta situación revela una debilidad más profunda: la insuficiente calidad de los expedientes técnicos y la escasa capacidad institucional para gestionar proyectos.

El estudio Políticas de Desarrollo Regional en Perú de la OCDE, recomienda que el país fortalezca la gobernanza multinivel, mejore la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y desarrolle capacidades técnicas permanentes para formular y ejecutar inversiones públicas. Sin embargo, la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ha anunciado que reivindicará el gobierno de su padre en su gestión, es posible que implemente políticas que recentralicen el poder, evitando que se puedan resolver estos escollos en las gestiones subnacionales. Quizá volveremos a ver la acumulación del poder en un ministerio de la presidencia, con otro nombre, pero con las mismas artimañas para usar las alianzas estratégicas regionales como ejercicio de un clientelismo ramplón.

La descentralización necesita ir acompañada de instituciones más sólidas, mejores sistemas de planificación y equipos profesionales especializados, fundamentalmente en gobiernos regionales y locales que administran una parte significativa de la inversión pública. Quizá así, el cronograma de un proyecto de inversión pública se pueda cumplir sin complicaciones.

Sea cual sea la decisión del gobierno nacional, la ciudadanía tiene una tarea: vigilar la ejecución presupuestal. Recientemente la cooperación suiza ha inaugurado el portal de Alertas de Obras Públicas Paralizadas en el Perú con una base de datos de organismos oficiales. En él, cualquier persona puede monitorear los proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, además de ver cuánta es la cantidad de la población potencialmente afectada.

Celebrar la culminación de una obra siempre será motivo de satisfacción, pero sería un error conformarnos con el acto simbólico y no preguntarnos por qué tardamos tanto en concluir proyectos que debieron estar al servicio de la ciudadanía mucho antes. Debemos exigir que cada inauguración venga acompañada del acta oficial de cierre de proyecto, un trámite inconcluso de muchas obras, y que son un pasivo que se hereda de gestión en gestión.

Es imprescindible corregir las deficiencias estructurales en la formulación de proyectos, mejorar la calidad de los expedientes técnicos y fortalecer la capacidad de gestión pública para culminarlos con eficiencia, de lo contrario difícilmente seguiremos sonriendo en las fotos de inauguración.

desco Opina – Regional / 17 de julio del 2026

descosur

El futuro gobierno: entre dilemas y desafíos

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 10 Jul 2026 16:16:15 +0000

Creer que el ajustado triunfo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) cierra la crisis política del país es ingenuo o definitivamente interesado. En realidad, en medio de la continuidad de un orden que el partido naranja y la cuatro veces candidata fueron construyendo aplicadamente desde la elección de Pedro Castillo, asistimos al inicio de un nuevo momento del mismo, marcado por la débil legitimidad de la nueva mandataria, la continuidad de una polarización que viene creciendo desde el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y un escenario de difícil gobernabilidad en el que conviven un Estado exánime y depredado, instituciones capturadas por el poder político y una sociedad fuertemente fragmentada y atravesada por distintos malestares y exclusiones, que profundizan su desconfianza en la política y los políticos.

La nueva presidenta llega al poder tras un proceso electoral intenso y disputado en el que las denuncias de fraude y las acusaciones atravesaron toda la campaña. Iniciadas por López Aliaga y Renovación Popular, repitiendo una práctica y un discurso que compartieron con Fujimori el 2021, finalmente fueron el refugio de Roberto Sánchez para enfrentar su derrota en la segunda vuelta. Con el 50,13% del sufragio válido y una diferencia de 49 641 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú (JPP) en una suerte de “déja vu” de las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular llega al poder en un país partido en mitades casi exactas. Su victoria fue la de la derecha que cerró filas atrás de ella en la segunda vuelta como no lo había hecho tan nítida y unánimemente en los tres procesos electorales anteriores, donde fue derrotada por Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo, sucesivamente.

Como es claro, más importante que la división electoral que aparece nítida, es la fractura profunda que combina las distancias entre ricos y pobres, entre una Lima percibida como abusiva y el resto del país, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y cultural y los diversos clivajes territoriales. El triunfo de Keiko introduce, además, un elemento no por simbólico menos significativo: el retorno del fujimorismo al poder 25 años después de la caída del dictador y fundador de la dinastía, Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que, aunque su rechazo ha disminuido, sigue dividiendo al Perú entre apoyos decididos y resistencias igualmente intensas. Esa ambivalencia habla de una fortaleza y una debilidad. Le garantiza a la mandataria una base mínima relativamente sólida, pero también hace crecer un antifujimorismo que podría convertirse en movilización social.

En este escenario, el país está en compás de espera, aguardando los anuncios de la nueva mandataria sobre la conformación de su gabinete y las principales medidas para enfrentar los urgentes desafíos que tiene por delante, varios de los cuales tienen entre sus principales artífices a su actual representación parlamentaria. En la espera, constatamos que el nuevo gobierno tiene ya al frente la difícil tarea de responder a los intereses y presiones de sus distintas clientelas. De las históricas y las nuevas. El desfile de visitas, saludos y felicitaciones ya empezó. Los compañeros de Alfonso Ugarte, con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder a la cabeza, ya pasaron por la oficina presidencial de San Isidro, gestionando una cartera para Luis Carranza quien parece invertir en la misma desde el 2021, cuando también integró el equipo técnico naranja para los debates. Rivales hasta el 12 de abril, –Juan Sheput, Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde–, circulan por los medios como ministeriables, mientras Daniel Barragán, recientemente elegido senador por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, conversa con Fuerza Popular la futura conducción del Parlamento.

No son los únicos. Desde los diversos sectores empresariales, algunos con cierto cuidado con las formas, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sin ningún tapujo, multiplican saludos y felicitaciones y no olvidan los distintos pronunciamientos y declaraciones que hicieran a su favor y en contra de su competidor, las dos semanas previas a las elecciones. La mayoría de medios de comunicación nacionales que se dedicaron a demoler a JPP entre la primera y la segunda vuelta, hoy día se llenan de recomendaciones y consejos a la mandataria. Pero también desde algunos de los sectores que han arribado al Congreso, empiezan a sucederse cantos de sirena y voces interesadas que se distancian del discurso con el que llegaron.

La composición del próximo Gabinete podrá darnos una pista del futuro modelo de gobierno que resultará de las múltiples presiones que existen y de los apoyos que hay que reconocer. Un camino es el del exclusivo color naranja, combinando un ala tecnocrática y una social clientelar, priorizando y respondiendo a las presiones del partido y sus figuras, al estilo Fernando Rospigliosi. Uno segundo es un modelo en el que los sectores empresariales tienen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores productivos en sus manos, mientras el partido maneja los ministerios sociales. En ambos, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será indudablemente importante, a juzgar por las declaraciones de diversos voceros de FP. En cualquiera de los casos, la continuidad del orden actual no está en cuestión.

desco Opina / 10 de julio de 2026

Los asentamientos humanos de Lima sur y El Niño Costero

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 03 Jul 2026 16:03:32 +0000

El fenómeno El Niño Costero vuelve a instalarse en la agenda nacional. Mientras gran parte de la atención pública suele concentrarse en las posibles afectaciones en la zona norte del país, los efectos que este fenómeno puede tener sobre Lima Metropolitana y sus sectores en situación de mayor vulnerabilidad, reciben menor consideración.

La Comisión encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene actualmente el estado de "Alerta moderada de El Niño Costero" y advierte que el evento, iniciado en marzo de este año, podría prolongarse hasta el verano de 2027 con muchas probabilidades de alcanzar una intensidad fuerte.

En Lima Metropolitana, las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican temperaturas superiores a las habituales durante los próximos meses, las cuales podrían superar los 29 °C y la posibilidad de lluvias fuera de lo normal para la capital. Aunque estas cifras pueden parecer moderadas frente a las emergencias que enfrenta el norte del país, su impacto no será igual para todos los habitantes de la ciudad.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los grandes eventos de El Niño de 1983, 1998 y 2017 afectaron significativamente a Lima Metropolitana. Su análisis señala que el crecimiento acelerado y desordenado de la ciudad llevó a miles de familias a ocupar quebradas, laderas y otras zonas de riesgo. Ello demuestra que los desastres no son únicamente producto de la naturaleza; también son consecuencia de la manera en que construimos y gestionamos nuestras ciudades.

Esta realidad resulta especialmente relevante para distritos que cuentan con numerosa población asentada en terrenos de mala calidad y carentes de servicios como ocurre en las partes más altas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Asentamientos humanos ubicados en la zona de La Nueva Rinconada y Nueva Esperanza, enfrentan diariamente desafíos relacionados con la movilidad, el acceso al agua y la calidad de la vivienda. Frente a un escenario de ocurrencia de un fenómeno El Niño excepcional, estos problemas pueden agravarse. El calor extremo incrementa los riesgos de deshidratación y afecta principalmente a niños y adultos mayores. Asimismo, las condiciones de almacenamiento de agua y el aumento de la temperatura pueden favorecer la proliferación de mosquitos y otros vectores, generando nuevas preocupaciones sanitarias. Situaciones similares ocurren en otros distritos, tanto en Lima Metropolitana como otras ciudades de la costa peruana.

Por otra parte, estos asentamientos también son espacios de organización y trabajo colectivo. La experiencia acumulada por dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias y redes de apoyo, constituyen un recurso fundamental para enfrentar emergencias. La prevención no depende únicamente de obras de infraestructura; también requiere información, participación ciudadana y capacidad de respuesta colectiva. Las experiencias de mejoramiento barrial en Perú –varias impulsadas por organizaciones como descoCiudadano y otras instituciones– muestran que cuando los vecinos participan en el diseño, la ejecución y el cuidado de las intervenciones, la sostenibilidad suele ser mayor que cuando las obras son completamente externas.

La eventual llegada de un Niño Costero más intenso nos obliga a mirar más allá de las predicciones meteorológicas. El verdadero desafío no consiste solamente en anticipar cuánto aumentará la temperatura o cuándo llegarán las lluvias, sino en reconocer que los impactos del clima se distribuyen de manera desigual.

Allí donde persisten las brechas urbanas y sociales, los riesgos encuentran menos barreras para convertirse en crisis. Por ello, prepararse para El Niño implica también avanzar hacia ciudades más equitativas, planificadas y capaces de proteger a quienes hoy enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad.

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2026

descoCiudadano

Vencedores vencidos

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 26 Jun 2026 13:55:19 +0000

Hay cuestiones que debieran ser abordadas porque dan elementos importantes para entender el comportamiento del sistema político peruano, sin importar hacia donde se hayan inclinado las preferencias electorales de la segunda vuelta. Una de ellas es que, desde la reinstalación de la democracia en 2001, el único dato político constante ha sido, paradójicamente, el fujimorismo.

Aunque debilitado entre 2001 y 2006, el fujimorismo reapareció con fuerza desde el 2011 con Keiko Fujimori, llegando siempre a segunda vuelta. Primero, la política peruana se organiza en torno a la tensión fujimorismo vs. antifujimorismo, que lo convierte en un actor inevitable, aunque no mayoritario. Segundo, es el eje de una legitimidad ambivalente que mantiene vivo el debate político: para algunos sectores representa orden y eficacia, para otros, simboliza corrupción y autoritarismo. Tercero, a diferencia de otros partidos que desaparecen tras sus derrotas, el fujimorismo conserva su estructura, redes clientelares y presencia parlamentaria. En suma, esa capacidad de sobrevivir lo convierte en el único “partido estable” en un sistema altamente volátil.

Una segunda cuestión sería la aparente ventaja que pudo darle a Keiko Fujmori el recurso del efecto demostración en el debate frente a Roberto Sánchez; es decir, remitirse al recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori. Mostrar un antecedente concreto (el gobierno de su padre) funciona como evidencia de que “sí se puede gobernar con firmeza”. En contraste, Roberto Sánchez careció de un referente histórico o familiar que legitimara su propuesta ante la población.

El “efecto demostración” es un recurso de legitimidad simbólica: tener algo que mostrar del pasado (aunque sea controvertido) da ventaja frente a un adversario que no puede exhibir antecedentes. En este caso, Keiko capitaliza la memoria de su padre como un activo político, mientras Sánchez aparece sin un referente histórico que respalde sus propuestas.

De esta manera, el recuerdo del fujimorismo divide, pero también moviliza. Para sus seguidores, es un argumento de confianza; para sus detractores, un motivo de rechazo. En un debate, sin duda, esa memoria puede ser usada como arma política para reforzar identidad y adhesión. Sin embargo, esa misma estrategia también refuerza la polarización y puede convertirse en un impacto en reversa, si la memoria negativa del fujimorismo es activada políticamente en sectores antifujimoristas.

Por eso, evocar el gobierno de Alberto Fujimori, lejos de ser un capital político estable, también podría funcionar como un impacto negativo para Keiko: refuerza la polarización, alimenta la oposición y condiciona la percepción de su gobierno como una reedición del autoritarismo noventero.

Un tercer aspecto es que, a diferencia de Keiko, el triunfo y la legitimidad política de su padre fue sostenida en gran medida por el voto rural que no sólo le dio la victoria en 1990, sino que cimentó el discurso de que su poder emanaba de “los sectores olvidados”, reforzando su legitimidad frente a las élites urbanas.

En 1995, el voto rural a favor de Fujimori superó el 70 % en varias regiones como fueron los casos de Cusco y Puno, resultó clave para su reelección y para la construcción de su legitimidad política, alcanzando alrededor del 62 % en regiones como Arequipa. Estos resultados jamás pudo repetirlos Keiko. Roberto Sánchez tampoco, pero quien sí superó estos porcentajes en Cusco y Puno fue Pedro Castillo.

“Voy a gobernar como mi padre”, es el lema que ha adelantado Keiko como distintivo de su posible gobierno. Y es en esa frase donde ha anclado su fracaso anticipado. No será la actividad de una oposición tan emocional como inorgánica; tampoco la falta de recursos. Será la constatación de que mirar hacia atrás sin comprender que ya nada es igual que hace treinta años, como indica la pérdida masiva del voto rural y, especialmente, del sur andino (Sánchez gana en 16 regiones, en 13 de ellas lo hace en todas las provincias y en 5 obtiene todos los distritos: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna). Ello solo corrobora que haber obtenido el 17% de los votos, imposibilita su posible gobierno y cualquier otro.

desco Opina / 26 de junio de 2026

Junín tras la segunda vuelta electoral

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 19 Jun 2026 16:17:43 +0000

Al 98.999% del conteo oficial de la ONPE, Fuerza Popular (FP) seguía encabezando la elección de la segunda vuelta, las cifras fueron beneficiándola a medida que llegaban los votos del extranjero, convirtiendo a Keiko Fujimori en la ganadora de los comicios en el exterior del país; mientras que en el territorio peruano, Juntos por el Perú (JP) se imponía con un 50.144% de actas contabilizadas, frente a un 49.856% de FP.

El respaldo a JP se fue incrementando con una campaña renovada que convocó a nuevos rostros que provenían del espectro de la izquierda peruana como la Alianza Electoral Venceremos, y de otros sectores políticos como Ahora Nación. Su apuesta política enfocada en el acercamiento a la población, un mensaje moderado y la elección de un equipo técnico confiable, generaron las bases para que actores distantes al programa político original, apuesten sus cartas a la candidatura de Roberto Sánchez, quien, a más de una semana de las elecciones, ya ha expresado su gratitud a estos sectores: “Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”. Cabe mencionar que su principal respaldo se reflejó en las regiones del sur como Puno, Apurímac y Cusco, territorios que hoy constituyen la fuente de resistencia y memoria frente a un posible gobierno fujimorista que replique lo hecho en los 90. En la zona central del país se evidencia el mismo fenómeno, principalmente en Huancavelica y Ayacucho.

En el caso de Junín se observó un repunte al respaldo de JP y un rechazo importante a FP, pese a que Keiko Fujimori eligió a esta región para sus actividades finales de campaña, como la celebración privada de su cumpleaños, evitando a la prensa local. Este hermetismo continuó en el mitin del día siguiente, al que arribaron buses con una portátil bien organizada procedente de Lima. Esta situación desató la reacción de ciudadanas y ciudadanos huancaínos que se movilizaron en rechazo a Fujimori, siendo víctimas nuevamente de un uso excesivo de la fuerza policial. No estuvieron exentas las promesas ridículas que Fujimori asintió como favorecer el consumo de cerveza a menor precio, al mismo estilo que López Aliaga.

Con tantos candidatos en carrera en primera vuelta, los votos se dividieron y la postulante fujimorista alcanzó el primer lugar con un porcentaje bajo; capitalizando esta falsa percepción del momento electoral en el que, al parecer, la región Junín se convertía en un “bastión fujimorista” teñido homogéneamente de naranja, ganando en seis de las nueve provincias que conforman esta región. Sin embargo, en el tramo final de la segunda vuelta, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), JP se impuso con un 54.9%, derrotando al fujimorismo que obtuvo un 45%. La arrogancia mostrada, no solo de la candidata naranja, sino de toda su fórmula presidencial, se desdibujó con la ironía de cada una de sus acciones. O como lo llamaría el filósofo alemán Wilhelm Wundt la “heterogonía de los fines”, que explica cómo las consecuencias de nuestros actos a menudo escapan de nuestro control, en lugar de obtener el beneficio buscado, la intervención en el mundo genera un resultado imprevisto y perjudicial.

JP se impuso en ocho de las nueve provincias que conforman el territorio de Junín: en las provincias de la selva central como Satipo, alcanza un 57.46% frente a un 42.54% de FP; y en Chanchamayo, un 52.53%, mientras que FP un 47.47%. En la zona andina como Chupaca, JP obtiene 60.85%; en Concepción, 52.39%; en Huancayo capital de región, alcanza un 55.27%. En Jauja obtiene 52.32%; en Junín provincia logra un 66.27%; y en Yauli consigue 61.62%. Tarma es la única provincia de la región donde FP alcanza un 52.90% frente a un 47.10% de JP. Mostrando así que Junín no solo no es un “bastión fujimorista”, sino que, al igual que el sur del país, ha mostrado con su voto, un claro rechazo al modelo político representado por el fujimorismo, avalado por los grupos de poder que lo respaldan. Otras regiones del centro del país como Pasco con un 60.92% para JP; Huánuco, 64.15%; Huancavelica, 81.40% y Ayacucho, 79.31%; también son reflejo de esa misma realidad.

De poco sirvió la organización de fastuosas ceremonias, faraónicos cumpleaños, caravanas masivas que paralizan ciudades, o discursos que proclaman el inicio de una nueva era mesiánica, frente a la amplia ciudadanía que desde Junín y otras regiones del sur, votaron con memoria en defensa de la democracia.

desco Opina – Regional / 19 de junio de 2026

descocentro

Entre conteo y ruido: un país en hilachas

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 12 Jun 2026 15:58:29 +0000

La lentitud del cómputo electoral ha vuelto a poner a Perú frente a un espejo incómodo que nos muestra como lo que somos. El conteo y revisión de cada acta pendiente se convierte en carburante para la ansiedad política, las sospechas y las narrativas extremas. Es la expresión de la desconfianza acumulada durante años hacia las instituciones (todas en crisis), los partidos, los medios y, finalmente, hacia los propios compatriotas. Pero lo es también de los miedos que atraviesan nuestra sociedad.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es únicamente que Perú esté “dividido en dos”, imagen que sugiere bloques compactos enfrentados, cuando en realidad lo que tenemos es más peligroso: una sociedad fragmentada en múltiples desconfianzas que se traslapan, y atravesada por experiencias muy distintas del país. No son dos bloques equivalentes que discuten un proyecto común. Las regiones sienten que Lima no las representa, los sectores urbanos miran con desconfianza al voto rural, las débiles clases medias se angustian ante la posibilidad de perder la poca estabilidad económica lograda y los ciudadanos populares, del campo y las ciudades, reiteran su malestar y su cansancio por la exclusión y el maltrato. En ese terreno turbio, cualquier demora se interpreta como amenaza y el espacio para el diálogo se reduce.

Por eso reaparece el “fraudismo”: la idea de que una derrota solo puede explicarse por manipulación, sin pruebas sólidas, porque la sospecha se ha convertido en un recurso político rentable, al mismo tiempo que irresponsable y de confrontación peligrosa. Ante la desconfianza pública, la narrativa del fraude convierte la derrota posible en conspiración, y transforma al adversario en enemigo ilegítimo. El efecto no es sólo político, es cultural: se instala la idea de que ninguna institución merece confianza. Y sin confianza cada resultado se vuelve provisional y cada adversario, ilegítimo. Nuestro problema es que esa lógica erosiona más aún la legitimidad de quien gobierne y normaliza la idea de que la democracia solo vale si gana el bando propio.

Simultáneamente la economía envía señales contradictorias. El tipo de cambio se ha apreciado con fuerza y el sol se ha fortalecido. Algunos leen eso como un voto de confianza de los mercados; para otros, el mercado cambiario muestra otra dinámica, influida por factores externos –debilidad global del dólar, precios de minerales, entradas de divisas–. Es decir, un fenómeno transitorio que se explicaría por factores externos y la capacidad del Banco Central para contener expectativas. Vemos que podemos tener un sol fuerte y, al mismo tiempo, inversión paralizada, empleo precario, conflictividad social y un Estado incapaz de planificar. Confundir estabilidad cambiaria con estabilidad nacional nos parece un error ya que una moneda relativamente fuerte no oculta que, al mismo tiempo, padecemos una profunda debilidad política y social. Eso no significa que la economía esté bien. Significa, más bien, que el tipo de cambio no resume el estado del país.

Finalmente, otra gran señal está presente en la coyuntura: El Niño fuerte que se aproxima. La evidencia científica y los reportes especializados vienen advirtiendo desde hace meses sobre la alta probabilidad de lluvias intensas, inundaciones, daños severos en infraestructura y producción. También sequías y hambrunas. Sin embargo, la respuesta pública sigue siendo mínima. No hay ninguna sensación de urgencia. No vemos obras preventivas aceleradas, ni coordinación territorial, ni campañas masivas de preparación. No solo de un gobierno central sin rumbo, también de muchos gobiernos regionales, municipalidades, gremios empresariales, grandes propietarios y actores sociales que conocen el riesgo y, aun así, actúan como si el problema pudiera esperar.

Ese contraste revela algo profundo sobre nuestra crisis nacional. Discutimos hasta con odio sobre quién ganó, pero apenas si conversamos sobre cómo enfrentar un desastre climático anunciado. La política consume toda la atención y deja sin energía la gestión de gravísimos problemas reales y riesgos concretos: abastecimiento de agua, defensas ribereñas, prevención sanitaria, drenajes urbanos, protección de pequeños productores agrícolas. La política como espectáculo inmediato nos ha dejado sin atención a las tareas elementales de supervivencia colectiva de nuestro país.

¿Qué decir entonces? Tal vez que el verdadero desafío no es “cerrar” ya el proceso electoral, sino impedir que el ruido destruya la capacidad de actuar juntos frente a problemas concretos y reconstruir algunas bases mínimas de realidad compartida. La democracia no consiste solo en contar votos correctamente; también exige aceptar resultados, contener la desinformación y reconstruir mínimos de confianza entre ciudadanos que piensan distinto para actuar juntos, democráticamente, ante amenazas comunes.

El Perú necesita más sentido de realidad. Ni el fortalecimiento del sol resuelve por sí mismo la crisis de representación, ni las sospechas infundadas de fraude explican las frustraciones acumuladas del país por la desigualdad extrema, la exclusión, la discriminación grosera, las terribles carencias sanitarias y educativas o la seguridad alimentaria. Ese desbalance puede salirnos mucho más caro que cualquier resultado electoral. Y, sobre todo, ninguna disputa en esa materia suspenderá la llegada de El Niño más fuerte y sus consecuencias, desde cuando se tiene registro.

desco Opina / 12 de junio de 2026

Debate en el páramo

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 05 Jun 2026 16:20:27 +0000

¿El “debate presidencial” puede, aunque fuere en mínima proporción, aumentar la confianza ciudadana hacia alguno o a ambos candidatos en contienda electoral? Parece una pregunta casi obvia que debiera responderse, para intentar establecer una base desde la cual imaginemos el lanzamiento del nuevo gobierno y crear fórmulas que le permitan una mínima estabilidad.

El pecado original compartido que, como es sabido, si ambos no sinceran sus posiciones los arrojará más temprano que tarde del paraíso democrático, es la casi inexistente legitimidad electoral de los dos. Ninguno superó el 20 % de los votos en la primera vuelta. En contraste, una democracia con enormes dificultades, pero, seguramente, con una base institucional infinitamente mayor que la nuestra como la colombiana, acaba de mostrarnos qué es un resultado significativamente político: el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente el 43.7 % de los votos, seguido por el izquierdista Iván Cepeda con 40.9 %, y Paloma Valencia, en tercer lugar, con 6.9 %.

Para el caso, no olvidemos otros resultados en la primera vuelta electoral ocurridos en la región. En Chile (2025), la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) obtuvo el primer lugar con 26.85 % de los votos, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con 23.92 %. En Argentina (2023), Sergio Massa fue el candidato más votado con 36.7 %, seguido por Javier Milei con 30 % y Patricia Bullrich con 23.8 %. En Ecuador (2025), los dos candidatos más votados fueron Daniel Noboa (44.17 %) y Luisa González (44.00 %), En Brasil (2022), Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 48.43 % de los votos y Jair Bolsonaro 43.20 %. En Bolivia (2025), Rodrigo Paz obtuvo 32.06 % de los votos, seguido por Jorge Quiroga con 28.74 %.

El caso boliviano, a su vez, nos reitera que la legitimidad electoral es fundamental, pero no es lo único que sostiene a una autoridad electa. Gobernar exige más que haber ganado votos: requiere construir legitimidad política y social. Esto nos conduce a otros aspectos, que evidenció el “debate presidencial”.

Una primera cuestión es que las opciones en juego demostraron su limitada capacidad política, una por diseño y otro por impotencia. Fujimori no es ni desea ser un actor político democrático. Como su padre, su aspiración es gobernar demoliendo la institucionalidad y sin concebir oposición, apenas escondida por un seudo formalismo.

Sánchez intenta organizar una imagen más representativa, que abarque fundamentalmente a ese gran espacio social formado no sólo por los excluidos, sino también por aquellos que sienten que están al borde mismo del precipicio, aquellos que las estadísticas denominan ahora como “vulnerables”. Sin embargo, más allá de la voluntad, pareciera que su opción solo da para administrar, de forma más “social”, el sistema que demuele precisamente la sociedad que busca remediar, sin aspirar a alcanzar siquiera los estándares que alguna vez tuvo el Estado de bienestar.

Una segunda cuestión es el narcisismo político de ambos candidatos. Debaten para decirle al otro lo malo que es y, con ello, buscar resaltar sus atribuidas bondades mediante un penoso ejercicio de transferencias y contratransferencias en el que, finalmente, los supuestos contrincantes terminan siendo complementarios uno con otro.

De esta manera, se busca demostrar quién es más fuerte, más capaz o más “social”, en vez de discutir políticas públicas, desplazando así al ciudadano, que se convierte en espectador de un duelo personal, no en sujeto de propuestas. Así, lo que inicialmente aparece lejano –el ciudadano y la ciudadana–, se aleja aún más, cuando la política termina reducida a un espectáculo vacío y al que no ha sido invitado, lo que alimenta apatía y abstención.

El narcisismo político convirtió el debate en un escenario de autoafirmación, más que en un espacio de deliberación democrática. En ese sentido, lo que vimos el fin de semana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puede interpretarse como un reflejo de cómo la lucha por la imagen personal desplaza la discusión sobre el futuro del país.

La tercera cuestión para considerar es el hecho de que los candidatos informaron qué harían en caso de ser elegidos, pero no cuál sería el objetivo, ni qué resultado esperarían obtener. Esto fue palpable en temas como la seguridad ciudadana, en el que la idea fujimorista fue insistir en la aplicación de la fuerza: mientras más, mejor. Por su lado, Sánchez anunciaba, sin convencerse, una serie de reformas vagas de contenidos, al garete en objetivos y vacías de resultados.

En sus fantasías, la inseguridad nunca ha sido un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido común imperante, en uno policial-militar, o mejor dicho, en un asunto burocrático y no de movilización social. En esto no hay diferencias, ni siquiera matices ideológicos. Como sabemos, todo lo que se dijo sobre este tema, ya se ha hecho y los tristes resultados están a la vista.

A estas alturas, pareciera que el ansiado objeto del deseo de los y las peruanas, es la inalcanzable confianza entre ciudadanía y gobernantes. Algo que el ensimismamiento de los contendientes presidenciales solo atiza. El problema, entre muchos otros más, es que la desconfianza hacia las instituciones alimenta la polarización y la fractura social, permitiendo que las brechas de desigualdad se expandan aún más: unos pocos centralizan y concentran la riqueza mientras la mayoría se queda atrás.

desco Opina Regional / 5 de junio de 2026

Segunda vuelta: un escenario incierto y polarizado

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 29 May 2026 17:45:23 +0000

Un rápido balance de la primera vuelta electoral nos indicaba varias cosas. En principio, la suma de los votos válidos de Fujimori y Sánchez no alcanza el tercio de los votos válidos y por lo menos el 25% del electorado con voto válido se quedará sin representación, lo que afecta inevitablemente la legitimidad del nuevo gobierno, que estará obligado a buscar consensos con otros grupos, si quiere ganar la segunda vuelta, pero, sobre todo, si pretende gobernar.

En la primera vuelta Sánchez ganó en 1094 de 1874 distritos y Fujimori en 583, pero recordemos que Castillo lo hizo en 1262. Los distritos que votaron por Sánchez son mayoritariamente serranos y su población es menor a 20,000 habitantes; los favorables a FP están en la costa y la selva y tienen más de 100,000 habitantes. El porcentaje de Sánchez crece en los distritos más pobres, mientras el de Fujimori lo hace en los menos pobres. Más de un tercio de quienes viven en distritos donde mayoritariamente votaron por Sánchez, tienen el quechua como lengua materna mientras que en el caso de FP llegan al 6%. Más allá de los perfiles que resultan de la primera vuelta, es claro que ninguno de los dos candidatos entra a la segunda vuelta con mayores ventajas y el proceso estará marcado hasta el final por la incertidumbre, la polarización y la desconfianza que seguirán creciendo.

En segundo lugar, la primera ronda deja ya un escenario paradójico. El sistema electoral fue cambiado para asegurar la reproducción de sus diseñadores, pero la mayoría de ellos desaparecieron electoralmente, quedando un esquema institucional más complejo, fragmentado y potencialmente más conflictivo, lo que obliga a preguntarse si será posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que seguirá polarizado. Lo que es claro es que la composición del nuevo Congreso, obligará a quien sea gobierno, a una negociación constante. En tercer término, el país no votó programáticamente, ni por ideas; lo hizo como una sociedad fracturada, precarizada y desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y los políticos.

En este escenario, a 18 días del balotaje, las cifras que mostró la primera encuesta que circuló, realizada el 16 y 17 de mayo, mostraba cierta mejora en las preferencias a favor de la señora K, 39%, frente al 35% del candidato de JP, muy cerca del margen de error. El porcentaje de quienes definitivamente o probablemente votaría por ella llegó a 44%, mientras el de Sánchez lo hizo a 39%; 48% definitiva o probablemente no votaría por ella y 47% no lo haría por él. La encuesta evidencia que una gran mayoría no le tiene particular confianza a ninguno de los dos; en el caso de que necesitaran que alguien cuidara sus casas y sus pertenencias, 52% responde que no le daría las llaves a ninguno y 41% responde que no le gustaría invitar a cualquiera de los dos.

Así las cosas, el fujimorismo, apoyado por las diversas derechas, basa su estrategia en una narrativa dura de orden y seguridad, que combina las formas “cuidadosas” que su candidata prioriza ahora, buscando construirse una imagen de empatía y diálogo, como lo evidenció en sus instrumentales visitas a una comunidad ayacuchana o al ex presidente PPK, con la reivindicación plena del gobierno de su padre, anunciando que el orden estará para ella, siempre por encima de la libertad y la democracia. Sánchez, por su parte, ha apostado por buscar correrse paulatinamente al centro y ha ido sumando, no sin dificultad, alianzas y apoyos (Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Obras, Cooperación Popular y un sector del Partido Morado). Evidencias del temor que generan los movimientos del candidato los encontramos en la campaña de demolición, emprendida por la mayoría de medios tradicionales de comunicación, tan grosera en algunos casos, que terminan beneficiándolo. Más importante aún, declaraciones recientes de la señora K, insistiendo en que le robaron las elecciones el 2021, parece el inicio de un argumento, ante la eventualidad de una derrota.

El reciente debate entre los equipos de ambas agrupaciones terminó en un empate virtual en el que las mayores capacidades técnicas, las exhibieron los profesionales que fueron incorporados para la segunda vuelta en los dos casos. En un intercambio de algunas propuestas para el país y muchos puyazos políticos, resultó preocupante el afán de los participantes naranjas por mostrar la década de los noventa del siglo pasado como un tiempo exitoso, como buscando reescribir la historia, evidenciando que, para seguir en el poder, tienen que instalar un relato que encubra sus responsabilidades y disimule las confesiones involuntarias que salen de sus filas. La versión 2026 de “nosotros matamos menos” del ex congresista Trelles, la protagonizó el electo senador Torres al afirmar que Pedro Castillo “no se vacó solo”, sino que fue responsabilidad del Congreso, el Ministerio Público y un sector de la prensa.

El escenario para el nuevo gobierno, cualquiera que fuere, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un mundo en el que Trump nos pretende como una ficha más a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño. Fujimori o Sánchez necesitarán negociar y construir acuerdos básicos con sectores que no votaron por ellos para hacer viables sus gestiones sin recurrir a la fuerza como siempre será su tentación, en el caso de la primera, para evitar el bloqueo y liquidación de su gobierno, en el del segundo.

desco Opina / 29 de mayo de 2026

La representación diluida

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 22 May 2026 20:58:05 +0000

Tras semanas de indefinición, pataleo y denuncias promovidas por el candidato López Aliaga sobre un supuesto fraude; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer oficialmente a los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en una segunda vuelta. Para sorpresa de nadie, se reveló que entre los dos consiguieron el 29% del total de votos válidos: Keiko Fujimori, 17.1% y Roberto Sánchez, 12%. En una boleta con 36 fórmulas presidenciales, era previsible que, aparte de confundir al electorado, el voto se dispersara.

Este problema estructural en las normas electorales propiciado por el Congreso, ahora se trasladará a las elecciones subnacionales. La legitimidad con la que llegan al poder muchos alcaldes y gobernadores regionales, nuevamente estará en discusión. Por lo menos en este proceso no se han perdido las elecciones primarias.

El domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Como parte del cronograma de este proceso, el domingo 17 de mayo, diversas organizaciones políticas eligieron a sus delegados, incluso los partidos que no pasaron la valla nacional lo hicieron. A su vez, estos delegados designarán a los candidatos que competirán por los gobiernos regionales y municipales incluidos consejos y regidores, el domingo 24 de mayo. Este proceso interno, aunque necesario, ocurre en medio de un ecosistema político cada vez más atomizado, si sumamos a los movimientos regionales con inscripción vigente.

Según el JNE, un total de 150 organizaciones políticas están habilitadas para participar en las ERM 2026: 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. En la macrorregión sur, por ejemplo, la dispersión es notable. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, en Arequipa existen seis movimientos regionales aptos para estos comicios, al igual que en Tacna. En Puno, ocho; en Cusco, dos movimientos regionales: Túpac y Pachakuteq. En Moquegua, dos; y en Apurímac y Madre de Dios, tres. Esto no es un dato menor, pues a pesar de tener las mismas taras de los partidos nacionales, pero menos recursos económicos, los movimientos regionales usualmente son los que ganan en las elecciones regionales. En el 2022, obtuvieron 14 gobernaturas contra 11 de los partidos nacionales.

Si bien los datos históricos de la ONPE de las elecciones en regiones no revelan un panorama tan desolador como en las elecciones nacionales, sigue siendo preocupante la legitimidad de las autoridades subnacionales. En las elecciones regionales de 2022, Rohel Sánchez fue elegido gobernador de Arequipa con el 38.4% de los votos válidos. En Puno, Richard Hancco accedió al cargo con el 33.9% de la votación válida. En Cusco, Werner Salcedo se impuso en segunda vuelta con el 57.9% de los votos válidos. En Moquegua, Gilia Gutiérrez ganó en segunda vuelta con el 52.28%, luego de que en primera vuelta ningún candidato superara el 30%. En Tacna, Luis Torres logró el 30.6% de los votos válidos. En Apurímac, Percy Godoy alcanzó el 40.3%. Y en Madre de Dios, Luis Otsuka obtuvo apenas el 31.8% de los votos. Salvo excepciones como Cusco y Moquegua en segunda vuelta, el resto de los ganadores se movió entre el 30% y 40%, lo que significa que entre el 60% y el 70% del electorado no votó por quien terminó gobernando. Este porcentaje disminuye si hacemos el cruce de los datos con todo el padrón electoral. El porcentaje de votos nulos y blancos expresan el descontento.

Si en 2022 ganar con el 30% y 40% era común, con más de 150 organizaciones compitiendo, es probable que en los próximos comicios muchos ganadores obtengan porcentajes aún más bajos y vayamos a una segunda vuelta. Un alcalde o gobernador que llega al poder con el respaldo de apenas el 30% o 35% del electorado asume un cargo con un mandato debilitado, aunque normativamente sea válido.

Con procesos electorales diseñados bajo las normas actuales, la gobernabilidad regional se resiente y la confianza ciudadana en la política sigue erosionándose. El problema no es solo la cantidad de partidos o movimientos, sino la ausencia de un debate serio sobre cómo construir legitimidad con umbrales de representación tan bajos.

Propuestas de reformas como la sugerida por la Coalición Ciudadana son importantes. Como aquella referida a la legitimidad de las autoridades electas que, aunque se diseñó para las elecciones nacionales, bien podría encajar con nuestros procesos subnacionales: “para la segunda vuelta de elecciones presidenciales deben participar, como máximo, los cuatro candidatos con votaciones más altas hasta superar el 55% de los votos”. Por supuesto, esta reforma nunca fue acogida en el seno parlamentario.

La democracia peruana necesita autoridades que realmente representen a la mayoría. Mientras el sistema electoral premie la fragmentación y no incentive la construcción de consensos reales, la falta de legitimidad seguirá siendo el talón de Aquiles de nuestros gobiernos nacionales y subnacionales.

desco Opina – Regional / 22 de mayo del 2026

descosur

Pataz, el país que llegó para quedarse

noreply@blogger.com (DESCO) — Fri, 15 May 2026 16:19:32 +0000

En la madrugada del 1 de mayo, el Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y detuvo a 68 personas durante una operación ejecutada en dicha provincia. Posteriormente, los hechos fueron expuestos en conferencia de prensa realizada en Trujillo, con la participación de altas autoridades militares y policiales, destacando la importancia de esta intervención conjunta. Informaron, además, que 67 de las personas detenidas no domiciliaban en Pataz y procederían de otras jurisdicciones. Una semana después, el 8 de mayo, el mismo Comando liberó a ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados el día anterior. La operación dejó cuatro militares heridos.

Parecía una secuencia previsible de acciones. Sin embargo, días después, el 10 de mayo, se revelaría que las cosas no estaban nada bien entre las fuerzas gubernamentales. El 20 de marzo, habían asesinado a Jolvi Rodríguez, un minero ilegal de Pataz. Se dice que fue atacado por hombres en uniforme de camuflaje, quienes también destruyeron propiedades familiares.

Cuando un equipo policial llegó de Trujillo para investigar los hechos, una patrulla del Ejército los detuvo y los presentó como delincuentes. Días después, efectivos policiales de una comisaría de Pataz detuvieron al chofer de un oficial del Ejército, que tenía entre sus pertenencias, nada menos, que la placa de la moto de la víctima.

Así, los policías, los familiares e, incluso, el fiscal que investiga el caso, sospechan que los militares están al servicio de otros mineros ilegales. Piensan de esta manera por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.

El hecho es muy importante, porque revela algo que, a estas alturas, es hasta obvio: en la práctica, la minería “ilegal” y la minería “legal” del oro no son compartimentos estancos, sino que se complementan y se entrelazan en circuitos híbridos.

Como sabemos, las cadenas de valor son mixtas: el oro extraído ilegalmente suele ingresar a circuitos formales a través de empresas exportadoras, joyerías o refinerías que lo “blanquean”. El financiamiento es cruzado, porque inversionistas con operaciones legales pueden destinar capital a frentes ilegales, diversificando riesgos y maximizando ganancias.

En el caso que presentamos, lo que también se muestra es la capacidad para capturar instituciones. No es solamente que las autoridades locales o regionales facilitan permisos, toleran operaciones ilegales o incluso las integran a proyectos formales. Los agentes gubernamentales que deben reprimirlas son finalmente componentes imprescindibles para que funcionen.

Este acomodo de los actores parece adecuarse a un escenario en el que la minería ilegalizada o informalizada gana cada vez más espacio, pese al evidente daño ambiental, social y económico que provoca.

A estas alturas, son innegables los incentivos percibidos por quienes extraen oro ilegalmente. Obtienen altos márgenes de ganancia, dado el precio en el mercado; invierten bajos costos iniciales, porque no cumplen regulaciones ambientales ni laborales; tienen acceso rápido a liquidez, dado que el oro se comercializa fácilmente, incluso en circuitos informales, lo que permite obtener dinero inmediato; finalmente, hay una débil fiscalización estatal.

A fin de cuentas, lo que algunos actores ven como “ventajas” (ganancia rápida, bajos costos, liquidez), son en realidad incentivos perversos que sostienen la minería ilegal. Desde una perspectiva social, ambiental y política, las consecuencias son mucho más graves que cualquier beneficio inmediato.

desco Opina / 15 de mayo de 2026