No importa ahora si el antiguo dirigente de Podemos pretendía hacer una observación propia de la ciencia política o una descripción pragmática de la realidad. Lo decisivo es que, sin proponérselo, ha pronunciado la sentencia más devastadora contra el régimen nacido en 1978, que se hace pasar por democracia y no lo es. Porque si la democracia necesitara una cuota aceptable de corrupción para funcionar, entonces ya no hablaríamos de democracia, sino de oligarquía, de reparto.

La democracia no admite grados de corrupción institucionalmente tolerados. Puede padecer casos aislados de delincuencia política, pero jamás puede integrarlos como elemento sistémico de su funcionamiento. Allí donde la corrupción deja de ser excepción para convertirse en mecanismo de estabilidad, el régimen de poder se constituye como medio de los intereses de una clase política organizada.

Eso es precisamente lo que ocurre en esta monarquía de los partidos. No existe en España separación de poderes, existe reparto de poderes entre partidos. No existe representación política de los ciudadanos, hay representación de las organizaciones partidistas dentro del Estado. No existe responsabilidad personal del diputado ante sus electores, rige la obediencia del diputado ante el aparato que confecciona las listas electorales. De esa estructura nace inevitablemente una corrupción que es moral antes que económica. La corrupción material aparece después.

Durante décadas se ha querido explicar cada escándalo como un accidente. Los GAL fueron un accidente. Filesa fue un accidente. Gürtel fue un accidente. Los ERE fueron un accidente. El caso Koldo fue un accidente. Ábalos sería otro accidente. Mañana aparecerá uno nuevo igualmente presentado como excepción.

Sin embargo, cuando las excepciones constituyen la continuidad histórica del régimen, dejan de ser excepciones para convertirse en sistema. La corrupción española no nace porque existan políticos inmorales, los políticos inmorales florecen porque el régimen los necesita.

Un régimen donde el poder ejecutivo domina al legislativo; donde el órgano de gobierno de los jueces depende de los partidos; donde los organismos de control son objeto de negociación partidista; donde la financiación pública garantiza la supervivencia de las oligarquías; donde el gobernado sólo puede ratificar listas elaboradas por las cúpulas; donde la corona actúa como vértice simbólico del reparto sin someterse a responsabilidad política alguna, produce necesariamente una degradación constante de la vida pública.

No porque todos sean delincuentes, sino porque ninguno responde ante quien debería responder: el ciudadano. De ahí que el mayor éxito propagandístico del régimen ha consistido en convencer a los españoles de que cambiar de partido equivale a cambiar la relación de poder, cuando es exactamente lo contrario.

Los partidos cambian para que el sistema permanezca. Unas veces gobierna la falsa izquierda oficial; otras, la falsa derecha oficial. Unas veces se denuncian mutuamente; otras negocian el reparto de instituciones constitucionales. Unas veces prometen regeneración; otras administran la misma maquinaria burocrática heredada del adversario. Pero jamás cuestionan aquello que garantiza su propia existencia: el Estado de partidos.

Por eso resulta tan significativa la frase de Pablo Iglesias. Porque procede precisamente de quien apareció prometiendo asaltar los cielos y terminó aceptando las reglas del edificio. La corrupción deja entonces de entenderse como una anomalía para convertirse en un coste de funcionamiento. Exactamente igual que una empresa incorpora pérdidas inevitables en su balance. He ahí la confesión. No es la corrupción la que sostiene la democracia. Es la ausencia de democracia la que sostiene la corrupción.

Mientras el ciudadano no pueda elegir directamente a sus representantes; mientras no exista mandato representativo; mientras el diputado deba su cargo al jefe del partido y no al elector; mientras el Gobierno controle de hecho al Parlamento; mientras la Justicia dependa de cuotas políticas; mientras el Estado continúe confundido con los partidos que lo ocupan, la corrupción será un fenómeno recurrente, independientemente de quién gane las elecciones.

España lleva medio siglo intentando moralizar una estructura inmoral. Es una tarea imposible. La corrupción no desaparecerá mediante códigos éticos, oficinas de transparencia o agencias anticorrupción. Desaparecerá cuando deje de ser rentable. Y sólo dejará de ser rentable cuando exista una auténtica democracia política fundada en la separación de poderes, en la representación efectiva de los ciudadanos y en el control permanente de los gobernantes por la sociedad civil. Hasta entonces, cada nuevo escándalo será presentado como un episodio excepcional. Y cada nueva excepción seguirá confirmando la única regla verdaderamente estable del régimen: la supervivencia de la monarquía de partidos.

La corrupción no es únicamente un efecto del Estado de partidos; es uno de sus instrumentos de gobierno. Los regímenes oligárquicos no se sostienen exclusivamente mediante la legalidad. Necesitan, también, redes de dependencia, complicidad y reciprocidad entre quienes ocupan el poder. La corrupción crea lealtades más fuertes que las convicciones, porque quien participa de ella deja de pertenecer al ámbito de la responsabilidad política para ingresar en el de la mutua protección.

Por eso, los grandes escándalos rara vez producen una transformación institucional. Producen relevos personales. Caen unos para preservar el sistema que permitió su caída. Se sacrifica al hombre para salvar el mecanismo.

La corrupción desempeña así una doble función política. Por un lado, financia de manera directa o indirecta la expansión del poder de los partidos sobre la sociedad civil. Por otro, convierte a una parte de la clase dirigente en rehén de sus propias responsabilidades, haciendo de la obediencia una necesidad de supervivencia. Quien sabe demasiado difícilmente puede rebelarse; quien debe demasiado difícilmente puede ser independiente.

De este modo, la corrupción deja de ser un accidente administrativo para convertirse en un factor de gobierno. No constituye un fallo del régimen, sino uno de los elementos que garantizan su estabilidad. La alternancia electoral modifica los beneficiarios de la red, pero no la existencia de la red misma.

Ésta es la diferencia entre una democracia formalmente degradada y una oligarquía de partidos: en la primera, la corrupción amenaza al sistema; en la segunda, que es nuestro caso, el régimen administra la corrupción como un recurso más de su propia conservación.

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Sin embargo, la cuestión fundamental no es quién gobierna, sino quién tiene el poder. Y en España, el poder político no lo tienen los gobernados, sino los aparatos de partido. Mientras esta realidad permanezca intacta, hablar de izquierda o derecha carece de significado político profundo. En la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos.

La verdadera izquierda no puede definirse por el aumento del gasto público, por la extensión de los servicios sociales o por la retórica igualitaria. Tales cuestiones pertenecen al ámbito de las políticas de gobierno. La izquierda auténtica se define por su posición ante la libertad política. Allí donde no existe libertad política colectiva, donde el ciudadano no puede elegir directamente a sus representantes y donde los poderes del Estado y de la nación no están separados, no existe democracia y, por tanto, tampoco puede existir una izquierda verdadera.

La historia de la izquierda europea nació unida a la lucha contra los privilegios del poder constituido. Nació como una fuerza de emancipación. Sin embargo, la izquierda estatal contemporánea ha abandonado esa misión para convertirse en administradora del mismo sistema que dice combatir. Su objetivo no es conquistar la libertad política, sino gestionar los recursos del Estado y ocupar sus instituciones.

Por esa razón, los partidos que se autodenominan de izquierda participan de la misma naturaleza oligárquica que los partidos de derecha. Unos y otros dependen de la financiación estatal, de las listas de partido y de la disciplina de aparato. Unos y otros encuentran su supervivencia en la conservación del régimen. Sus diferencias son secundarias frente a su interés común: mantener intacta la relación de poder, con o sin rey, con o sin libertades otorgadas.

La falsa izquierda necesita que los ciudadanos crean que viven en una democracia política plena para llegar a la democracia social como fundamento de gobierno. Da por bueno que el poder legislativo esté sometido a los partidos, que la facultad judicial carezca de independencia efectiva y que el ejecutivo domine la totalidad del proceso político. Si admitiera estos hechos, tendría que reconocer también que su función histórica no ha sido transformar el régimen, sino legitimarlo.

La verdadera izquierda, por el contrario, está allí donde se reclama la libertad política colectiva como algo novedoso, más aun, revolucionario. Comienza allí donde se exige la separación de poderes, la representación de los ciudadanos y la independencia de la Justicia. Se encuentra allí donde la sociedad civil se niega a ser una masa electoral para reclamar ser sujeto político.

Por ello, la tarea principal de una izquierda consecuente no consiste en discutir programas de gobierno dentro del régimen existente, sino en abrir un proceso de libertad constituyente que permita fundar una democracia formal. Sin esa transformación previa, toda discusión ideológica queda reducida a una disputa administrativa entre facciones del mismo poder.

El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) representa una posición singular. No aspira a integrarse en la oligarquía de partidos ni a obtener cuotas de poder dentro de ella. Su finalidad es la conquista de la libertad política colectiva mediante la instauración de una república constitucional basada en la separación de poderes y en la representación efectiva de los ciudadanos. Es la única izquierda política.

Mientras los partidos estatales compiten por el control del Estado, la verdadera izquierda debe luchar por la libertad de la nación. Porque la cuestión decisiva no es quién administra el poder, sino cómo se constituye. Y sin libertad política, la izquierda no es más que una palabra vacía al servicio de la dominación oligárquica.

Por eso no es de extrañar que la falsa izquierda social de los partidos estatalizados se haya convertido en el lacayo perfecto del gran capital financiero y de la monarquía. Y entre tanto, vengan huertos urbanos y semáforos igualitarios.

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El problema de estos convocantes no es que sean republicanos. El problema es, precisamente, que no lo son. El republicanismo no consiste en agitar banderas tricolores, entonar himnos de otro tiempo ni invocar sentimentalmente una experiencia histórica fracasada. El republicanismo exige libertad política colectiva, representación auténtica de los ciudadanos y separación efectiva de poderes. Nada de eso figura en el ideario de quienes convocan estas marchas. La república debe defenderse por lo que es: la garantía institucional de la democracia. No por lo que no es: como una mera negación de la monarquía.

Los dirigentes que hoy se proclaman republicanos han participado, sostenido o legitimado las mismas estructuras de poder que dicen combatir. Han ocupado escaños, carteras ministeriales de la monarquía, administrado presupuestos, negociado cuotas institucionales y aceptado las reglas de una partitocracia que convierte a los ciudadanos en simples espectadores de la lucha entre oligarquías partidistas. Su discrepancia con la monarquía no afecta al fundamento del sistema, sino únicamente a su forma externa.

Por eso cabe afirmar que muchos de estos supuestos republicanos son, en realidad, monárquicos funcionales. No porque profesen afecto personal al rey, sino porque aceptan intacto el mecanismo de dominación política nacido de la Transición. Cambiar la jefatura del Estado para conservar el mismo régimen de partidos no es conciencia republicana; es una reforma cosmética.

La nostalgia permanente por la Segunda República constituye otro de los grandes errores intelectuales de este movimiento. La historia no se repite mediante ceremonias sentimentales. La Segunda República pertenece al pasado y terminó en una catástrofe nacional. Convertirla en mito fundacional impide analizar con rigor las causas de su fracaso y condena a sus admiradores a vivir mirando hacia atrás en lugar de construir una alternativa para el presente.

Pero donde la inconsistencia intelectual de estos autodenominados republicanos alcanza su máxima expresión es en la exigencia de un referéndum entre monarquía y república dentro del propio marco constitucional vigente. ¿Qué sentido tiene preguntar al pueblo por la forma del Estado cuando el pueblo carece previamente de libertad constituyente? ¿Cómo puede decidirse legítimamente entre monarquía y república sin que antes exista un periodo de libertad en el que los ciudadanos puedan deliberar y elegir entre distintas formas de gobierno y de Estado?

La cuestión decisiva es quién tiene el poder de establecer las reglas del juego político. Un referéndum organizado por las instituciones del régimen para decidir únicamente sobre la jefatura del Estado deja intacto el verdadero problema: la ausencia de poder constituyente de los ciudadanos.

La libertad política colectiva no nace de una consulta sobre una institución. La libertad política nace cuando la nación recupera su libertad constituyente y puede decidir libremente la arquitectura de su organización estatal. Sólo entonces tendría sentido debatir si la jefatura del Estado debe ser monárquica o republicana, si el sistema debe ser presidencialista o parlamentario, si la representación debe basarse en distritos uninominales o en listas de partido, y qué mecanismos garantizarán la independencia efectiva de los poderes públicos.

Pretender resolver todas esas cuestiones mediante una simple papeleta con dos opciones prefabricadas es una reducción grotesca de la política. Es pedir a los ciudadanos que elijan el tejado cuando ni siquiera se les permite diseñar los cimientos de la casa.

Por eso la reivindicación del referéndum se ha convertido en la gran coartada de los falsos republicanos. Les permite aparentar radicalidad sin cuestionar el régimen de partidos. Les permite movilizar emociones históricas sin afrontar el problema de la libertad constituyente. Les permite hablar de república evitando hablar de democracia.

Los ciudadanos que acuden de buena fe a estas manifestaciones merecen respeto. Pero los organizadores deberían explicar por qué llaman republicanismo a lo que no pasa de ser una reivindicación simbólica compatible con la continuidad de la oligarquía de partidos. Deberían explicar por qué nunca plantean mecanismos de representación que devuelvan el poder a los electores. Deberían explicar por qué la crítica al régimen termina siempre absorbida por las mismas estructuras que dicen combatir.

Mientras la discusión se limite a sustituir una corona por una presidencia sometida a los mismos aparatos partidistas, España seguirá atrapada en el mismo círculo vicioso. Habrá nuevas banderas, nuevos discursos y nuevas consignas, pero el ciudadano continuará siendo políticamente impotente.

Por eso, esta Marcha Republicana no representa al ideal republicano. Representa, más bien, su caricatura. Una movilización que invoca la palabra «república» mientras evita enfrentarse al auténtico problema: la ausencia de libertad política en un sistema dominado por organizaciones que hablan en nombre del pueblo y viven de monopolizar las instituciones del Estado.

El republicanismo auténtico no comienza con un referéndum sobre la Corona. Comienza con la conquista de la libertad constituyente. Todo lo demás es propaganda de partido disfrazada de causa histórica.

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Para llegar a comprender este sinsentido es necesario partir de la distinción entre la obediencia y la lealtad. La obediencia pertenece al mundo de las relaciones jerárquicas. La lealtad pertenece al ámbito de los principios. La lealtad se entiende en relación con las causas, la fidelidad con las personas. Un régimen político legítimo exige funcionarios obedientes a la ley, pero sobre todo leales a la finalidad de la institución que sirven.

La lealtad no consiste en agradar al superior. Tampoco en cumplir mecánicamente instrucciones. Mucho menos en proteger procedimientos vacíos. La lealtad consiste en mantenerse acorde al fin objetivo de la institución.

¿Para qué existe el SEPE? No existe para gestionar citas previas. No existe para custodiar agendas electrónicas. No existe para verificar el cumplimiento ritual de protocolos administrativos. Existe para servir a los ciudadanos en materia de empleo. Toda organización pública debe juzgarse por la finalidad para la que fue creada y no por los medios instrumentales que utiliza para alcanzarla. La cita previa es un medio. El servicio al ciudadano es el fin.

Cuando un medio administrativo se transforma en un fin autónomo, la institución degenera. La burocracia deja entonces de ser un instrumento de la sociedad para convertirse en una estructura que se sirve a sí misma. Es el fenómeno característico de los estados de partidos: la sustitución de la responsabilidad por el procedimiento y de la función por la formalidad.

La lealtad republicana no es obediencia al jefe. Es lealtad a la función. No es fidelidad personal. Es adhesión institucional. No es sumisión. Es responsabilidad.

Por ello resulta tan revelador que la polémica haya surgido precisamente en torno a la atención de personas sin cita previa. El conflicto simboliza algo mucho más profundo: la confrontación entre una administración concebida como aparato y una administración concebida como servicio.

En los Estados de partidos, donde la representación política ha desaparecido y la responsabilidad de los gobernantes se diluye en estructuras oligárquicas, la burocracia adquiere una importancia creciente. El ciudadano ya no encuentra responsables visibles. Encuentra procedimientos. No encuentra representantes. Encuentra formularios. No encuentra servidores públicos con margen de juicio. Encuentra ejecutores automáticos de instrucciones.

Por eso, el concepto de lealtad adquiere una relevancia decisiva. La libertad política colectiva exige que cada función pública conserve conciencia de su misión. Cuando esa conciencia desaparece, la Administración se convierte en una máquina indiferente al sufrimiento humano.

La lealtad republicana exige exactamente lo contrario. Exige recordar que detrás de cada expediente hay una persona. Que detrás de cada certificado hay una necesidad concreta. Que detrás de cada trámite existe un derecho ciudadano. No se trata de sustituir la ley por la arbitrariedad sentimental. Se trata de interpretar los medios administrativos conforme a la finalidad para la que fueron creados. El funcionario leal no viola la institución. La realiza. No destruye su misión. La cumple.

La primera obligación del servidor público es la lealtad al ciudadano como destinatario de la función estatal. Todo lo demás —protocolos, instrucciones, formularios y circuitos administrativos— tiene carácter instrumental. Cuando el medio devora al fin, la burocracia sustituye al servicio. Y cuando la obediencia sustituye a la lealtad, la Administración deja de servir a la sociedad para empezar a servirse a sí misma.

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El debate público se ha centrado en las circunstancias concretas del cese de la magistrada encargada de la cooperación judicial con las autoridades suizas. Sin embargo, el problema de fondo no es quién ha sido cesado ni en qué momento. El verdadero escándalo es que el poder ejecutivo disponga de instrumentos para actuar sobre estructuras que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia.

La mera existencia de un Ministerio de Justicia es incompatible con la independencia de la función jurisdiccional del Estado. La Justicia no puede ser objeto de administración gubernamental, porque deja inmediatamente de ser independiente para convertirse en un servicio del poder político. Un gobierno puede administrar carreteras, hospitales o infraestructuras. Pero no puede administrar la Justicia sin comprometer su neutralidad. ¿Cómo puede ser independiente aquello cuya organización, presupuesto, relaciones exteriores y estructura profesional están sometidas a decisiones políticas?

La noticia relativa a la magistrada de enlace en Suiza vuelve a poner de manifiesto esa anomalía. No es necesario demostrar que exista una intención concreta de obstaculizar investigaciones. Basta constatar que el Gobierno posee los mecanismos para alterar la estructura institucional en la que dichas investigaciones se desarrollan. La mera existencia de esa capacidad constituye ya una lesión al principio de independencia.

Los defensores del régimen argumentan que todas las decisiones se adoptan conforme a la legalidad. Pero la cuestión no es jurídica. Es política. En las dictaduras también existen procedimientos legales. Lo decisivo es determinar si las instituciones están diseñadas para impedir que el poder influya sobre quienes deben controlarlo.

La independencia judicial no consiste en que los jueces sean personas honorables. Consiste en que ningún gobernante tenga capacidad para premiarlos, castigarlos, promocionarlos, trasladarlos o alterar las estructuras de cooperación de las que dependen determinadas investigaciones. Cuando tales facultades existen, la independencia deja de ser una garantía institucional para convertirse en una esperanza moral.

España arrastra desde la Transición un error originario que nunca ha sido corregido. La Constitución no estableció una verdadera separación de poderes ni la independencia de la Justicia. Estableció una distribución funcional entre órganos cuyos vértices terminan siendo ocupados, directa o indirectamente, por los partidos políticos. El Ministerio de Justicia es uno de los símbolos más evidentes de esa confusión.

En una democracia representativa, el poder judicial debe gobernarse exclusivamente a sí mismo, con plena autonomía presupuestaria, orgánica y funcional. Ningún ministro puede tener competencia alguna sobre los instrumentos mediante los cuales se desarrolla la actividad jurisdiccional. La cooperación judicial internacional, especialmente en asuntos relacionados con la corrupción política, la financiación irregular o los delitos económicos transnacionales, debe encontrarse completamente blindada frente a cualquier decisión gubernamental.

Por ello, el cese de una magistrada de enlace no debe analizarse únicamente como una decisión particular. Debe contemplarse como un síntoma de una enfermedad institucional mucho más grave. Mientras exista un Ministerio de Justicia con capacidad para intervenir en ámbitos que afectan al funcionamiento efectivo de los tribunales, la independencia judicial será una declaración retórica y no una realidad política. La libertad no depende de la buena voluntad de quienes gobiernan. Depende de que carezcan de medios para interferir en la acción de quienes deben juzgarlos. Allí donde existe un Ministerio de Justicia, el poder judicial nunca deja de estar bajo tutela. Y donde hay tutela, no hay independencia; donde no hay independencia, no existe control efectivo del poder; y donde el poder carece de control, la libertad política acaba siendo una ficción.

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Porque todo indica que lo verdaderamente peligroso no eran las decenas de miles de personas concentradas para conciertos, celebraciones o actos institucionales. El auténtico riesgo para el orden público parecía ser una mesa informativa con libros, folletos y ciudadanos.

La Junta Municipal nos ha denegado, por «circunstancias sobrevenidas de interés público vinculadas a la visita del Santo Pontífice» (sic), el permiso para instalar una mesa informativa en la entrada de El Retiro, alegando la necesidad de «garantizar la seguridad y asegurar la correcta ordenación del espacio público».

Con un simple comunicado, el régimen ha dejado sin efecto nuestra solicitud para participar en la Feria del Libro de Madrid.

Bad Bunny sí. El Papa también. El MCRC, vetado. La actividad iba a desarrollarse el sábado 6 de junio, pero por lo visto, una mesa informativa situada en la Puerta de la Reina Mercedes del Parque de El Retiro constituía un peligro para la correcta ordenación del espacio público.

Porque el régimen «tolera» perfectamente las visitas espirituales, los conciertos multitudinarios, el reguetón, los partidos de fútbol, las finales de Champions, las marchas militares, las proclamaciones reales, las manifestaciones del 8M o por Palestina…

Espectáculo. Consumo masivo. Agitación sentimental de las masas. Propaganda… Pero no una simple mesa informativa.

Miles de personas pueden ser movilizadas para consumir, celebrar, desfilar, idolatrar o repetir consignas. Lo que parece resultar intolerable es que una asociación civil de ciudadanos coloque una mesa, se repartan folletos y se hable tranquilamente sobre representación política, separación de poderes o democracia formal.

El problema nunca fue el espacio público.

El problema es que determinadas ideas, cuando empiezan a expandirse, ponen en cuestión los fundamentos mismos del régimen. Porque un sistema puede tolerar casi cualquier espectáculo, incluso multitudes pasivas y vegetativas o hasta el ocio más degradante, pero difícilmente tolera aquello que permite comprender cómo funciona realmente el poder.

El MCRC agradece el esfuerzo de todos los asociados que han intendado, infructuosamente, estar presentes en unas jornadas de divulgación y encuentro ciudadano.

Seguiremos. No cabe duda de que seguiremos, y lo conseguiremos.

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La alternativa al Euro podría ser el patrón oro.

Conducido por Jorge Sánchez de Castro y la participación de Antonio Torrero Mañas, Miguel Anxo Bastos y Antonio García-Trevijano Forte.

https://www.ivoox.com/jueves-16-02-2012-debate-economia-la-escuela-austriaca-audios-mp3_rf_1052707_1.html

Música: Rondó y presto, concierto para piano nº9 de Mozart.

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La independencia judicial no se demuestra con autos espectaculares, ni por el sacrificio ritual de alguna figura política cuando las circunstancias lo aconsejan. La independencia judicial se mide allí donde el poder político pierde el control sobre el tiempo, la oportunidad y las consecuencias de las decisiones judiciales. Y precisamente eso es lo que aquí no sucede.

Resulta revelador que el auto de imputación haya esperado cuidadosamente a la finalización del proceso electoral autonómico andaluz. ¿Qué independencia es esa que adapta el calendario judicial a las necesidades electorales de los partidos? ¿Qué juez verdaderamente independiente subordina la eficacia de su resolución al cálculo político de no perjudicar a un partido en campaña? Cuando la Justicia espera a las urnas, ya no es justicia: es administración táctica del poder.

La sincronización temporal del auto constituye por sí sola una confesión del carácter político del aparato judicial español. No hay independencia judicial cuando los jueces internalizan espontáneamente las conveniencias de los partidos dominantes. La mera existencia de una imputación no destruye esa realidad; al contrario, puede servir perfectamente a ella.

Pero hay un elemento todavía más grave y apenas señalado: el posible efecto de blindaje internacional que dicha imputación produce respecto de una eventual extradición a los Estados Unidos.

Conforme a la Ley de Extradición Pasiva española y al tratado bilateral con Estados Unidos, la existencia de un procedimiento penal abierto en España por los mismos hechos —o incluso por hechos conexos— puede constituir fundamento suficiente para denegar la entrega. Y aquí aparece el núcleo político del asunto: quien finalmente tendría capacidad decisoria sobre la extradición sería el propio Gobierno español.

Es decir, el mismo Estado de partidos, que aparenta perseguir judicialmente a uno de sus hombres más relevantes, podría estar construyendo simultáneamente el mecanismo jurídico para impedir que responda ante una jurisdicción extranjera potencialmente más peligrosa e incontrolable. La operación es perfecta: se fabrica apariencia de independencia interior mientras se garantiza protección exterior.

Nada de esto debería sorprender. El sistema nacido de la Transición jamás estableció la separación de poderes ni la independencia judicial, sino el reparto entre partidos encastrados en el Estado. La Justicia española es una función estatal administrada por redes de lealtad política, corporativa y mediática. Los jueces ascienden mediante órganos colonizados por los partidos; los fiscales obedecen jerárquicamente al Gobierno; y los grandes procesos políticos aparecen y desaparecen según las necesidades de estabilización de la monarquía. Por eso, los españoles confunden continuamente teatralidad judicial con independencia judicial. Oyen ruido mediático y creen ver libertad. Ven imputaciones y perciben control del poder. Pero el verdadero termómetro no está en el auto, sino en quién decide el momento, el alcance y las consecuencias de ese auto. Y, en España, esas decisiones siguen perteneciendo, directa o indirectamente, al poder político.

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En esta ocasión os ofrecemos un recorrido por la actualidad política y social del momento, acompañado del fino y profundo análisis de Pedro Manuel González sobre los hechos políticos más relevantes de nuestros días.

Gracias a Isabel Valero y a «Estado de Alarma» por contar con nuestro asesor jurídico «Pedro Manuel González» para analizar la actualidad.

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Las instrucciones trasladadas desde la Fiscalía General del Estado al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para evitar una rebaja sensible de condena a Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia, resultan especialmente inquietantes. No sólo por el caso concreto, de enorme gravedad política, sino por el mensaje institucional que proyecta. Porque el problema no es únicamente jurídico. Es político.

Si el sistema penal contempla beneficios para quienes colaboran eficazmente con la investigación de delitos complejos, especialmente en causas de corrupción, es porque el propio Estado reconoce que muchas tramas sólo pueden desmantelarse desde dentro. La figura del colaborador no nace de la benevolencia, sino de la necesidad procesal. Sin testimonios internos, muchas redes de corrupción jamás habrían salido a la luz.

Por eso resulta tan perturbador que la respuesta institucional parezca guiada más por el temor al coste político de determinadas revelaciones que por la aplicación objetiva de los mecanismos legales previstos. La pregunta es inevitable: ¿qué teme exactamente el poder?

Porque si la colaboración de Aldama aporta información relevante, verificable y útil para esclarecer responsabilidades, lo coherente sería actuar conforme a criterios estrictamente técnicos. Y si dicha colaboración carece de valor jurídico, bastaría con razonarlo y acreditarlo. Lo que erosiona la credibilidad de las instituciones no es la discrecionalidad motivada, sino la tutela política sobre decisiones que deberían ser independientes.

Y ahí aparece el verdadero problema estructural: la propia configuración de la Fiscalía General del Estado. En España, el fiscal general es nombrado directamente por el Gobierno de turno. Aunque se invoque su autonomía constitucional, la dependencia de origen es un hecho que trasciende a cualquier declaración.

Todos los gobiernos han defendido públicamente la independencia de la Fiscalía mientras preservaban un sistema que plasma lo contrario. Ningún Ejecutivo ha querido renunciar a la influencia indirecta que proporciona controlar el nombramiento de quien dirige el Ministerio Público. Y cuando las investigaciones afectan al entorno del poder, esa realidad se convierte en un problema institucional de enorme magnitud.

De este modo, la Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino como una estructura jerárquica condicionada por equilibrios políticos. Y cuando eso ocurre, el daño supera cualquier caso concreto.

La independencia judicial no puede reducirse a una consigna vacía mientras la Fiscalía siga funcionando bajo una permanente dependencia política. El daño institucional no proviene sólo de una decisión concreta. Proviene de la razón de Estado consistente en que existen asuntos en los que la verdad judicial debe administrarse con oportunismo político.

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