«¿Debemos los repúblicos procurar la unión de los republicanos y los demócratas para alcanzar la potencia exigida para la apertura de un periodo de libertad constituyente? La respuesta parece obvia y no lo es. Pues sería inconcebible que para llegar a esa unión, el MCRC tuviera que transigir sobre los principios y valores que dan carácter científico a la única fórmula constitucional que garantiza la democracia y la libertad política».

Cada cierto tiempo reaparece el mismo eslogan: la unidad. Sobre todo, cuando quien la pide está en horas bajas. Se presenta como la condición indispensable para cualquier avance político y se culpa de todos los fracasos a la desunión, al cainismo o a las diferencias personales. Es un recurso sentimental que sustituye el análisis de los principios. Sin embargo, la historia demuestra justamente lo contrario. Nunca ha sido la unidad la que ha dado fuerza a una causa política, sino la claridad de esos principios.

La unidad no es causa del éxito de la acción; es, en el mejor de los casos, una consecuencia de la hegemonía de su principal actor. Así ocurrió en las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, como fueron la francesa, la americana y la rusa. Cuando existe una comunidad de ideas, de fines y de método, la unidad aparece de forma natural. Cuando esa comunidad no existe, la unidad es una ficción destinada a ocultar contradicciones que tarde o temprano estallan. En el terreno político las diferencias nunca son personales, son políticas.

Diluir la verdad política y desvirtuar los principios con invocación de la unidad es la estrategia de quienes renuncian al pensamiento para entregarse a la depauperación de las ideas. Pero la aritmética nunca ha sustituido a la coherencia.

Quien convierte la unidad en un fin absoluto termina sacrificando precisamente aquello que dice que pretendía defender. Los principios dejan de ser el criterio de actuación para convertirse en obstáculos que deben limarse en nombre del consenso interno. Así comienza la degeneración de cualquier movimiento político: primero se rebajan las exigencias doctrinales para atraer más personas y finalmente ya no queda más vínculo que la mera existencia de una organización.

Tampoco se fortalece un movimiento multiplicando las siglas que reclaman representar el mismo legado político. Al contrario, se divide su autoridad moral, se dispersan sus esfuerzos y se obliga a quienes observan desde fuera a preguntarse cuál de todas esas organizaciones encarna realmente aquello que dice defender. La acción deja entonces de girar alrededor de los principios para convertirse en una falsificación de las denominaciones y de las estructuras en aras del protagonismo de los suplantadores. La creación de la confusión es paradigmática cuando se denuncia la fragmentación utilizando denominaciones con un peso histórico indiscutible ya extintas para arrogarse su prestigio y alumbrar una estructura distinta, como si se tratara de la continuación de aquellas.

La ironía resulta inevitable. Se invoca la unidad después de favorecer la atomización, después de separarse. Se denuncia el cainismo después de haber multiplicado las causas de la división. Se atribuyen los desacuerdos a los egos personales mientras se consolidan organizaciones nacidas precisamente de decisiones personalísimas. Se apela a la unidad y se congrega en su nombre a quienes son ajenos al objeto de su convocatoria Es imposible sostener simultáneamente ambos discursos sin incurrir en una contradicción insalvable.

Si el poder regimentado quisiera debilitar un movimiento cuya principal fortaleza reside en la coherencia de sus principios y en la unidad natural derivada de ellos, difícilmente imaginaría un procedimiento más eficaz que favorecer grupúsculos que lo desgajen utilizando el narcisismo o la ideología. No es necesario atribuir semejante propósito a nadie para comprender que ese es el efecto objetivo de la atomización. No son los principios los que deben adaptarse a la unidad. Es la unidad la que, si ha de existir, debe ser la consecuencia natural de unos principios compartidos y de una acción política común. Todo lo demás pertenece al terreno de la propaganda. Porque cuando la unidad se convierte en un eslogan para ocultar contradicciones y las verdaderas razones de la separación de quien luego reclama esa unidad, deja de ser una virtud política y pasa a formar parte de uno de los mitos más persistentes de la historia de las organizaciones: el mito de que la suma de las partes puede sustituir a la fuerza de los principios.

1. https://diariorc.com/radio-tv/mito-de-la-unidad-segun-antonio-garcia-trevijano/ ︎
2. https://diariorc.com/articulos/2007-08-02-mito-de-la-unidad/ ︎

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Dando cumplimiento a un encargo de don Antonio García-Trevijano, Diario de la República Constitucional inaugura esta sección en la que se republicaran a título póstumo algunos de sus mejores artículos.

Todo lo que conocemos y sentimos proviene de un libro que tardó miles de millones de años en diseñarse y que aún tiene páginas inéditas. El libro de la naturaleza no fue escrito sólo para los humanos, sino para todos los seres de existencia real o virtual en el universo. Durante un corto tiempo de ilusiones infantiles, pareció que tal obra había sido concebida para nosotros, porque sólo con el hombre, al que adiestró en inteligente curiosidad, se permite jugar al escondite. Reto tan apremiante que, con los primeros signos de lo desconocido, y para asegurarse el dominio en ese juego, lo humano creó las reglas de la magia, la religión, la técnica, el arte, la sociedad, la economía, el Estado y la ciencia. Con cada invento creyó haber descubierto el modo de controlar las fuerzas ocultas. El libro de la naturaleza, nada paciente con los errores humanos, nos parece perfecto porque ha borrado de sus páginas las huellas de sus monstruosos fracasos. Y la belleza de sus éxitos nos distrae del derroche de energía que emplea en producir una criatura. Dios no puede ser autor de este modo tan caro de avanzar por ensayo y error.

Pero sí parecen divinas las lecciones de la naturaleza sobre el sentido y el ritmo de la vida en las especies y los individuos. Estos nacen de ellas para hacerlas crecer, y mueren también por ellas. Por esta fidelidad absoluta a la primacía de las especies, el sentido de la vida personal no puede hallarse en los momentos cruciales donde se une, con el nacimiento y la muerte, al sentido de la especie animal. Lo humano sólo puede estar en el curso de las existencias personales que cumplen, o traicionan, su misión de acrecer y mejorar la humanidad a la que pertenecen. Nacer y morir son hechos de la especie. Como tales, carecen de sentido personal. No preguntemos por qué nacemos y por qué morimos, pues son meros hechos de existencia que, como en el mito de Parsifal, responden a preguntas no formuladas antes, y parecen obedecer al egoísmo narcisista de las especies. Preguntemos por lo que puede obtener respuestas con sentido personal. Para qué vivimos, cuál es el destino de la persona en la humanidad, cómo procurar a ésta su más feliz sobrevivencia.

La procreación no es la finalidad absoluta de los individuos. Un aumento de población superior a lo que el medioambiente permite conduciría a la extinción o debilitamiento de la especie. El amor selectivo a los hijos, y a la naturaleza vecina, dan un maravilloso sentido trascendente a las vidas personales. Pero el llamado género humano es una especie naturalmente social. Su crecimiento se une al de las sociedades donde se desarrolla. En ellas se define lo que podemos y debemos hacer, según vocaciones y capacidades, para aumentar la potencia de la sociedad humana, mejorándola de calidad. Una vida es tanto más personal y mejor realiza su destino, cuanto más y mejor contribuya al desarrollo social, es decir, a conquistar la igualdad de oportunidades y la libertad de vocaciones que lo hacen idealmente posible. Y esto implica la necesidad personal de asegurar la libertad política colectiva y el valor social de la sinceridad, sea cual sea la edad, profesión o situación en que se encuentre el individuo.

Si tuviera que ver de una sola mirada lo único que imprime sello personal a una larga vida de pasiones, agitada por múltiples y variadas experiencias; si estuviera obligado a decir, en pocas palabras sentidas, a dónde conduce la sinceridad, con el paso de la juventud de las pasiones a la madurez de los sentimientos, no dudaría en afirmar que, pese a los aparentes cambios de destino y a la variación de situaciones, la vida de un espíritu inquieto transita, sin darse cuenta cabal, desde la búsqueda de la verdad, a las vivencias de lo verdadero. Y desde las pasiones de conocer, querer, poder y hacer cosas o relaciones realizables en el mundo de la vida, a la pasión de comprender y sentir la vida del mundo.

LA RAZÓN. LUNES 4 DE OCTUBRE DE 1999

Blog de Antonio García-Trevijano

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Una madrugada de 1992, como otros tantos, conocí de casualidad, en un programa de TV, La Clave, a Antonio García-Trevijano. El impacto, emoción y sorpresa de su elocuencia y sabiduría, me impulsó a grabar el programa. Su brillante, profunda y clara intervención despertó mi curiosidad por conocer más sobre ese lúcido y desconocido hombre político, que me evocaba a la nobleza de los ideales de ruptura democrática que pusimos muchos jóvenes a mediados de los años setenta. Ideales traicionados por mediocres oportunistas, inmorales políticos y serviles locutores del transformismo estatal, que dio lugar y forma a esta frívola monarquía posfranquista y posmoderna.

Refugiado desde 1983, en mi microcosmos profesional, en soledad de pensamiento, me entusiasmé con el hallazgo. A contracorriente, busqué en librerías, sin encontrar rastro. En una biblioteca encontré su primer libro, La alternativa democrática (1976). En las hemerotecas, destacaban maliciosas descalificaciones referentes a Guinea. Intrigado, seguí buscando, hasta encontrar en la biblioteca de una universidad de Barcelona un destartalado ejemplar de su libro-documento: Toda la verdad: mi intervención en Guinea (1977). Lo fotocopié, lo transcribí y lo leí. Pude encajar y comprender quién, el por qué y el para qué de su infame difamación. Traición, ostracismo, silencio y olvido. Borrado de la historia oficial.

Desde 1994, seguí la pista en sus artículos Contra la confusión en el Diario El Mundo. Ese mismo año publicó y presentó El Discurso de la República. En 1996, Frente a la Gran Mentira.

En febrero de 1997, asistí en Madrid al acto: Por la dignidad y la independencia de la Justicia. Sus emocionantes palabras se levantaron del papel y puestas en pie se hicieron humanas. Al conocerle, saludarle y darle las gracias, sentí el deber, de iluminar, con dignidad y verdad política, lo que las alargadas sombras de las difamaciones ocultaban. Me comprometí a transmitir sus palabras e ideales, hacerlos míos. Conocer sus huellas y testimonios en el invisible tiempo. 

En 1998, Otras Razones en la Razón… En el 2000, Pasiones de servidumbre… Ordenador, escáner y hemerotecas me ayudaron a difundir por el ciberespacio toda la antología de artículos que pude recopilar, transcribir y organizar a lo largo de más de una década.

Un buen día de primavera del año 2006, el esfuerzo, la perseverancia y la difusión pirata cobró sentido, contribuyendo a conectar entre seguidores y contactar con él. De ese feliz encuentro surge el blog de La República Constitucional. Sus artículos y comentarios, son el testimonio vital, del ánimo, energía y sabiduría forjada, día a día, para afrontar las bases del MCRC y la consecuente plasmación de la teoría pura de la república.

La vitalidad, el optimismo y la energía de don Antonio generaron continuas, intensas y nuevas acciones mediáticas que multiplicaban audiencias, pasiones y expectativas. Tras la puesta en marcha del Diario RC, se desarrollaron Radio Libertad Constituyente, Libertad Constituyente TV y otras iniciativas programadas por voluntad, dedicación y esfuerzo de unos cuantos, variopintos y dispuestos repúblicos. Ese enorme material audiovisual, generado y divulgado en redes sociales, está fragmentado, desconectado y usurpado en algún caso.

Las formas no deben apropiarse del fondo. Lo urgente no debe despreciar a lo importante. El fin no justifica los medios, son las acciones las que determinan el fin.

Entiendo que corresponde componer y poner en marcha el potencial del archivo documental generado por el pensamiento y la acción política de Antonio García-Trevijano.

En ese sentido, dono al MCRC todo lo recopilado durante más de treinta años, junto al dominio: antoniogarciatrevijano.info. El objetivo es divulgar, implementar y mantener vivo su legado en la nueva web que estamos configurando y desarrollando. Herramienta que será útil y práctica para estudiar, comprender y revelar lo que la historia oficial cuenta, silencia y falsea. Crucial para desenmascarar a esta coronada oligarquía de partidos del Estado.

Semillas para desarrollar una hegemonía cultural alternativa, capaz de plantear una ruptura democrática, afrontar un periodo de libertad constituyente y poder elegir, con libertad política colectiva, la república constitucional. Nada político en la España que surge de la Transición española se comprende, ni se sostiene, ninguneando o ignorando, la coherencia, la claridad y el genio de Antonio García-Trevijano.

Encendida la luz de esta nueva web empieza a tener sentido el tiempo y la dedicación.

El pensamiento y la acción política de Trevijano ya no es una breve nota al pie de página de la Transición española, sino un prolífico flujo narrativo analizador, innovador y precursor de una nueva visión de la política que retrata a los actores y adefesios de la reciente historia  de España.

Para cambiar la visión de la política y de la historia, tendremos que leer sus libros, conferencias, entrevistas y artículos de prensa.

Conocer la historia y la repercusión de su perseverante acción política, anotada en su Cronología, para comprender la práctica y la teoría de las ideas que articuló y defendió.

En el camino, encontraremos una contundente, clara y continúa explicación, hasta descubrir el brillo de la dignidad y la sorpresa de la verdad política.

Un viaje para adentrarnos solos, con la mente abierta y con la predisposición a ver la política y la historia cruda y desnuda.

Fácil y cómodo es seguir la corriente. Para ir a contracorriente, tendremos que esforzarnos en no hacer lo mismo, a no seguir el camino que todos siguen. Hay que abrir caminos nuevos, encaminarse en ellos, estar en el frente, sabiendo que la estructura principal de la oligarquía de partidos se desmorona resolviendo la ecuación: verdad = libertad, del mismo modo que se llega a las verdades científicas.

«Aquí es donde la unidad de conocimiento se hace condición.

La oposición al conocimiento unitario de la verdad política la constituyen las ideologías, en tanto que son veladuras de la objetividad y visiones parciales de la totalidad social» (Antonio García-Trevijano).

Este archivo puede y debe servir para generar nuevos trabajos de investigación que deriven en nuevas publicaciones: temáticas, históricas, literarias y fílmicas.

Es un archivo vivo y abierto a rescatar e incorporar huellas, testimonios y colaboraciones que puedan hallarse y aportarse. Hay mucho por hacer y comunicar.

La luz de la verdad no proviene directamente de nadie, ni de parte alguna. Tenemos que descubrirla nosotros mismos.

Si todo el mundo piensa igual es que alguien no está pensando. Busquemos en otra parte.

En una sociedad siempre ocupada y teledirigida por la inmediatez de pantallas, imágenes e influyentes voceros mediáticos es subversivo proponer leer.

Leer como los pajaritos beben agua, como hacía Trevijano.

Leyendo nos damos cuenta de que no estamos solos. Nos liberamos del yo y pasamos a ser otros. Entrando en la vida de otros el teatro de la vida se hace más visible y nos transforma. Es como atravesar un espejo, que nos lleva a otro lugar, donde es posible examinar nuestros prejuicios y conectar con lo distinto.

Leer es vital para desarrollar nuestra atención. La atención nos dispone a recibir palabras, frases y párrafos que se mueven con significados, formas y sentimientos que sirven para mejorar nuestra vida, en un mundo plagado de distracciones.

Un mundo que nos hace creer que somos meros espectadores pasivos de lo que sucede.

Esperando que algo suceda, no podemos ser sin estar.

Es necesario dar escenarios a las palabras reunidas en este archivo.

Palabras e ideas silenciadas esperando ser escuchadas. Palabras que hay que tomar y dar.

Si dar es un don, donemos las palabras.

Volvamos a representarlas, para sentirnos actores de nuestra propia historia.

«¿Quiénes son los enemigos de las palabras? Los oportunistas» (Antonio García-Trevijano).

Nuestra memoria colectiva es el mejor antídoto frente a la cultura del oportunismo, del olvido y de la indiferencia.

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La siempre terrible confusión alcanza en este caso su máxima eficacia cuando comienza a hablarse de la prioridad de la nación como si fuera lo mismo que la prioridad del nacional, sin advertir el cambio de significado. Ambas expresiones parecen equivalentes, pero pertenecen a órdenes completamente distintos. La primera pretende referirse al interés político de la nación; la segunda introduce un criterio de preferencia entre personas según la condición jurídica de su nacionalidad.

No se trata de una simple ambigüedad terminológica. Como toda corrupción del lenguaje, constituye un desplazamiento deliberado del problema político hacia un terreno donde la discusión ya no versa sobre la libertad colectiva, sino sobre la distribución administrativa de ventajas concedidas por el Estado. El debate deja entonces de preguntarse qué conviene a la nación para preguntar quién debe disfrutar preferentemente de determinados derechos concedidos, prestaciones o beneficios.

Sin embargo, la nacionalidad no es una categoría política susceptible de manipulación ideológica, sino una institución jurídica perteneciente al Derecho civil. Determina la adscripción legal de una persona a un orden jurídico estatal mediante normas objetivas de adquisición, conservación y pérdida. Su regulación responde a principios de seguridad jurídica y no a criterios coyunturales de oportunidad política. Ni siquiera a la concepción objetiva del hecho nacional, que es un proceso de decantación histórico. Convertirla en fundamento de privilegios administrativos supone alterar su propia naturaleza y utilizar una institución civil como instrumento de ingeniería política.

La consecuencia no es menor. Cuando el poder identifica el interés nacional con el interés exclusivo de quienes poseen una determinada condición jurídica de nacionalidad, deja de considerar la nación como sujeto político para reducirla a una categoría administrativa gestionada por el propio Estado. La nación desaparece como realidad política independiente y queda absorbida por la organización estatal que decide, simultáneamente, quién pertenece a ella y qué ventajas corresponden a esa pertenencia.

Este fenómeno reproduce, bajo formas aparentemente distintas, el mismo principio que inspiró los nacionalismos identitarios. Allí donde aquellos sustituían la unidad política por la homogeneidad cultural, lingüística o étnica, la partitocracia sustituye la representación de la nación por la clasificación administrativa de los individuos. En ambos casos, el poder decide previamente quién integra el sujeto político y, una vez definida esa pertenencia, habla en su nombre sin haber recibido jamás un mandato representativo.

La democracia representativa exige justamente el principio contrario. El sujeto constituyente no necesita ser homogéneo para ser uno. La unidad política nace de la representación institucional de una sociedad necesariamente plural, no de la eliminación de sus diferencias. Toda doctrina que haga depender la legitimidad política de una identidad previa —sea cultural, nacional, lingüística o administrativa— termina subordinando la libertad a un criterio de pertenencia definido por el propio poder.

Por ello, la discusión sobre la llamada prioridad nacional encubre un problema más profundo. Mientras la nación permanezca privada de representación política efectiva, cualquier apelación a sus supuestos intereses seguirá siendo una apropiación ideológica. Y cuando esa apropiación se reviste además del lenguaje de la nacionalidad, el Estado deja de limitarse a gobernar a la nación para comenzar a definirla. Es entonces cuando el poder ya no sólo administra los derechos de los ciudadanos, sino también el significado mismo de quién puede ser considerado miembro preferente de la comunidad política.

La libertad política comienza donde esa facultad desaparece. Allí donde la nación puede expresarse mediante representantes independientes del poder, ninguna prioridad necesita ser proclamada retóricamente, porque las prioridades de la comunidad política se manifiestan naturalmente en el proceso legislativo. Sólo cuando falta representación resulta necesario invocar constantemente a la nación para ocultar que quien realmente habla no es ella, sino el Estado y los partidos que lo ocupan.

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«La ruptura de la Monarquía, aún producida por azar, responde al progreso evolutivo que supone el paso de la “res publica”, desde su estado de homogeneidad incoherente en el Estado de Partidos, a la coherente heterogeneidad del pluralismo social, traducida en la necesidad moral de libertad política, que es precisamente la garantía institucional que presta la democracia a la República Constitucional.» Antonio García-Trevijano Forte (Azar y continuidad, 20-10-2007, artículo de su blog).

Hay expresiones cuyo éxito político depende precisamente de su indeterminación. «Prioridad nacional» es una de ellas. Su fuerza no reside en su contenido, sino en la imposibilidad de definirlo objetivamente. Como toda fórmula propagandística o demagógica, permite que cada partido proyecte sobre ella sus propios intereses mientras pretende hablar en nombre de una nación cuya voluntad, sin representación, nadie puede conocer.

Su origen contemporáneo se encuentra en los nacionalismos de carácter subjetivista, especialmente en aquellos movimientos separatistas que hicieron de la lengua el criterio constitutivo de la nación. Allí donde la nación dejó de entenderse como una realidad histórica objetiva referenciable al nacimiento del Estado, para convertirse en un sentimiento identitario, apareció la pretensión de otorgar derechos preferentes a quienes eran considerados miembros de esa comunidad imaginada. La llamada «prioridad nacional» fue, en primer lugar, una prioridad lingüística; más tarde se extendió al empleo, a las prestaciones públicas y a cualquier ámbito susceptible de ser colonizado por la política identitaria.

El error fundamental consiste en confundir la nación con una suma de preferencias sentimentales. La nación no es una cuestión de ánimo fruto de un anhelo de homogeneidad del sujeto constituyente sino de su unidad, que es distinto. De la misma forma que la democracia es consecuencia y correlato del pluralismo social, y no de la identidad excluyente. La nación es el sujeto legislador cuando dispone de instituciones capaces de expresar una voluntad general distinta de la voluntad del poder. Sin representación política efectiva, esa voluntad no existe como hecho político verificable.

Y aquí aparece el problema decisivo de la situación española. En un régimen donde los diputados dependen de las direcciones de los partidos y no de los electores; donde el ciudadano no puede elegir ni revocar a su representante; donde la disciplina partidista sustituye al juicio individual del diputado sometido al mandato imperativo de su distrito, resulta imposible afirmar cuáles son las prioridades de la nación. Lo único que puede conocerse son las prioridades de las organizaciones partidistas.

Hablar de «prioridad nacional» en estas condiciones supone atribuir a la nación una voluntad que nadie ha averiguado y que ningún procedimiento institucional permite conocer. Es una ficción útil para quienes ocupan el poder o aspiran a hacerlo, pues les permite presentar como interés general lo que no es sino el programa de una oligarquía de partidos.

La representación política no consiste en que un partido obtenga votos cada cuatro años. Consiste en que existan representantes personalmente responsables ante sus electores y capaces de expresar intereses sociales reales. Allí donde falta esa relación representativa, desaparece el único mecanismo mediante el cual podría hablarse, con propiedad, de prioridades nacionales.

Por ello, la discusión sobre la «prioridad nacional» está invertida desde su origen. Antes de preguntarse cuáles son las prioridades de la nación, habría que preguntarse si existe un régimen político capaz de conocerlas. La respuesta es negativa mientras la sociedad permanezca políticamente encapsulada por organizaciones cuya legitimidad proviene exclusivamente del aparato del Estado y no de una relación directa entre representantes y representados.

La apelación constante a la «prioridad nacional» cumple así una doble función ideológica. Conserva la herencia conceptual del nacionalismo identitario, que transforma la nación en un criterio de preferencia subjetiva, y sirve al mismo tiempo a la partitocracia para revestir de interés nacional decisiones que únicamente responden a sus propios incentivos de conservación del poder.

No existen prioridades nacionales allí donde la nación carece de voz política. Existen prioridades gubernamentales, prioridades burocráticas y, sobre todo, prioridades de los partidos. Confundir unas con otras es aceptar que quien controla el Estado puede apropiarse también del significado de la nación. La libertad política comienza precisamente donde termina esa usurpación: cuando la nación deja de ser un nombre invocado por el poder y adquiere instituciones que permitan conocer, de forma objetiva y representativa, cuál es realmente su voluntad.

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No importa ahora si el antiguo dirigente de Podemos pretendía hacer una observación propia de la ciencia política o una descripción pragmática de la realidad. Lo decisivo es que, sin proponérselo, ha pronunciado la sentencia más devastadora contra el régimen nacido en 1978, que se hace pasar por democracia y no lo es. Porque si la democracia necesitara una cuota aceptable de corrupción para funcionar, entonces ya no hablaríamos de democracia, sino de oligarquía, de reparto.

La democracia no admite grados de corrupción institucionalmente tolerados. Puede padecer casos aislados de delincuencia política, pero jamás puede integrarlos como elemento sistémico de su funcionamiento. Allí donde la corrupción deja de ser excepción para convertirse en mecanismo de estabilidad, el régimen de poder se constituye como medio de los intereses de una clase política organizada.

Eso es precisamente lo que ocurre en esta monarquía de los partidos. No existe en España separación de poderes, existe reparto de poderes entre partidos. No existe representación política de los ciudadanos, hay representación de las organizaciones partidistas dentro del Estado. No existe responsabilidad personal del diputado ante sus electores, rige la obediencia del diputado ante el aparato que confecciona las listas electorales. De esa estructura nace inevitablemente una corrupción que es moral antes que económica. La corrupción material aparece después.

Durante décadas se ha querido explicar cada escándalo como un accidente. Los GAL fueron un accidente. Filesa fue un accidente. Gürtel fue un accidente. Los ERE fueron un accidente. El caso Koldo fue un accidente. Ábalos sería otro accidente. Mañana aparecerá uno nuevo igualmente presentado como excepción.

Sin embargo, cuando las excepciones constituyen la continuidad histórica del régimen, dejan de ser excepciones para convertirse en sistema. La corrupción española no nace porque existan políticos inmorales, los políticos inmorales florecen porque el régimen los necesita.

Un régimen donde el poder ejecutivo domina al legislativo; donde el órgano de gobierno de los jueces depende de los partidos; donde los organismos de control son objeto de negociación partidista; donde la financiación pública garantiza la supervivencia de las oligarquías; donde el gobernado sólo puede ratificar listas elaboradas por las cúpulas; donde la corona actúa como vértice simbólico del reparto sin someterse a responsabilidad política alguna, produce necesariamente una degradación constante de la vida pública.

No porque todos sean delincuentes, sino porque ninguno responde ante quien debería responder: el ciudadano. De ahí que el mayor éxito propagandístico del régimen ha consistido en convencer a los españoles de que cambiar de partido equivale a cambiar la relación de poder, cuando es exactamente lo contrario.

Los partidos cambian para que el sistema permanezca. Unas veces gobierna la falsa izquierda oficial; otras, la falsa derecha oficial. Unas veces se denuncian mutuamente; otras negocian el reparto de instituciones constitucionales. Unas veces prometen regeneración; otras administran la misma maquinaria burocrática heredada del adversario. Pero jamás cuestionan aquello que garantiza su propia existencia: el Estado de partidos.

Por eso resulta tan significativa la frase de Pablo Iglesias. Porque procede precisamente de quien apareció prometiendo asaltar los cielos y terminó aceptando las reglas del edificio. La corrupción deja entonces de entenderse como una anomalía para convertirse en un coste de funcionamiento. Exactamente igual que una empresa incorpora pérdidas inevitables en su balance. He ahí la confesión. No es la corrupción la que sostiene la democracia. Es la ausencia de democracia la que sostiene la corrupción.

Mientras el ciudadano no pueda elegir directamente a sus representantes; mientras no exista mandato representativo; mientras el diputado deba su cargo al jefe del partido y no al elector; mientras el Gobierno controle de hecho al Parlamento; mientras la Justicia dependa de cuotas políticas; mientras el Estado continúe confundido con los partidos que lo ocupan, la corrupción será un fenómeno recurrente, independientemente de quién gane las elecciones.

España lleva medio siglo intentando moralizar una estructura inmoral. Es una tarea imposible. La corrupción no desaparecerá mediante códigos éticos, oficinas de transparencia o agencias anticorrupción. Desaparecerá cuando deje de ser rentable. Y sólo dejará de ser rentable cuando exista una auténtica democracia política fundada en la separación de poderes, en la representación efectiva de los ciudadanos y en el control permanente de los gobernantes por la sociedad civil. Hasta entonces, cada nuevo escándalo será presentado como un episodio excepcional. Y cada nueva excepción seguirá confirmando la única regla verdaderamente estable del régimen: la supervivencia de la monarquía de partidos.

La corrupción no es únicamente un efecto del Estado de partidos; es uno de sus instrumentos de gobierno. Los regímenes oligárquicos no se sostienen exclusivamente mediante la legalidad. Necesitan, también, redes de dependencia, complicidad y reciprocidad entre quienes ocupan el poder. La corrupción crea lealtades más fuertes que las convicciones, porque quien participa de ella deja de pertenecer al ámbito de la responsabilidad política para ingresar en el de la mutua protección.

Por eso, los grandes escándalos rara vez producen una transformación institucional. Producen relevos personales. Caen unos para preservar el sistema que permitió su caída. Se sacrifica al hombre para salvar el mecanismo.

La corrupción desempeña así una doble función política. Por un lado, financia de manera directa o indirecta la expansión del poder de los partidos sobre la sociedad civil. Por otro, convierte a una parte de la clase dirigente en rehén de sus propias responsabilidades, haciendo de la obediencia una necesidad de supervivencia. Quien sabe demasiado difícilmente puede rebelarse; quien debe demasiado difícilmente puede ser independiente.

De este modo, la corrupción deja de ser un accidente administrativo para convertirse en un factor de gobierno. No constituye un fallo del régimen, sino uno de los elementos que garantizan su estabilidad. La alternancia electoral modifica los beneficiarios de la red, pero no la existencia de la red misma.

Ésta es la diferencia entre una democracia formalmente degradada y una oligarquía de partidos: en la primera, la corrupción amenaza al sistema; en la segunda, que es nuestro caso, el régimen administra la corrupción como un recurso más de su propia conservación.

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Sin embargo, la cuestión fundamental no es quién gobierna, sino quién tiene el poder. Y en España, el poder político no lo tienen los gobernados, sino los aparatos de partido. Mientras esta realidad permanezca intacta, hablar de izquierda o derecha carece de significado político profundo. En la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos.

La verdadera izquierda no puede definirse por el aumento del gasto público, por la extensión de los servicios sociales o por la retórica igualitaria. Tales cuestiones pertenecen al ámbito de las políticas de gobierno. La izquierda auténtica se define por su posición ante la libertad política. Allí donde no existe libertad política colectiva, donde el ciudadano no puede elegir directamente a sus representantes y donde los poderes del Estado y de la nación no están separados, no existe democracia y, por tanto, tampoco puede existir una izquierda verdadera.

La historia de la izquierda europea nació unida a la lucha contra los privilegios del poder constituido. Nació como una fuerza de emancipación. Sin embargo, la izquierda estatal contemporánea ha abandonado esa misión para convertirse en administradora del mismo sistema que dice combatir. Su objetivo no es conquistar la libertad política, sino gestionar los recursos del Estado y ocupar sus instituciones.

Por esa razón, los partidos que se autodenominan de izquierda participan de la misma naturaleza oligárquica que los partidos de derecha. Unos y otros dependen de la financiación estatal, de las listas de partido y de la disciplina de aparato. Unos y otros encuentran su supervivencia en la conservación del régimen. Sus diferencias son secundarias frente a su interés común: mantener intacta la relación de poder, con o sin rey, con o sin libertades otorgadas.

La falsa izquierda necesita que los ciudadanos crean que viven en una democracia política plena para llegar a la democracia social como fundamento de gobierno. Da por bueno que el poder legislativo esté sometido a los partidos, que la facultad judicial carezca de independencia efectiva y que el ejecutivo domine la totalidad del proceso político. Si admitiera estos hechos, tendría que reconocer también que su función histórica no ha sido transformar el régimen, sino legitimarlo.

La verdadera izquierda, por el contrario, está allí donde se reclama la libertad política colectiva como algo novedoso, más aun, revolucionario. Comienza allí donde se exige la separación de poderes, la representación de los ciudadanos y la independencia de la Justicia. Se encuentra allí donde la sociedad civil se niega a ser una masa electoral para reclamar ser sujeto político.

Por ello, la tarea principal de una izquierda consecuente no consiste en discutir programas de gobierno dentro del régimen existente, sino en abrir un proceso de libertad constituyente que permita fundar una democracia formal. Sin esa transformación previa, toda discusión ideológica queda reducida a una disputa administrativa entre facciones del mismo poder.

El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) representa una posición singular. No aspira a integrarse en la oligarquía de partidos ni a obtener cuotas de poder dentro de ella. Su finalidad es la conquista de la libertad política colectiva mediante la instauración de una república constitucional basada en la separación de poderes y en la representación efectiva de los ciudadanos. Es la única izquierda política.

Mientras los partidos estatales compiten por el control del Estado, la verdadera izquierda debe luchar por la libertad de la nación. Porque la cuestión decisiva no es quién administra el poder, sino cómo se constituye. Y sin libertad política, la izquierda no es más que una palabra vacía al servicio de la dominación oligárquica.

Por eso no es de extrañar que la falsa izquierda social de los partidos estatalizados se haya convertido en el lacayo perfecto del gran capital financiero y de la monarquía. Y entre tanto, vengan huertos urbanos y semáforos igualitarios.

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El problema de estos convocantes no es que sean republicanos. El problema es, precisamente, que no lo son. El republicanismo no consiste en agitar banderas tricolores, entonar himnos de otro tiempo ni invocar sentimentalmente una experiencia histórica fracasada. El republicanismo exige libertad política colectiva, representación auténtica de los ciudadanos y separación efectiva de poderes. Nada de eso figura en el ideario de quienes convocan estas marchas. La república debe defenderse por lo que es: la garantía institucional de la democracia. No por lo que no es: como una mera negación de la monarquía.

Los dirigentes que hoy se proclaman republicanos han participado, sostenido o legitimado las mismas estructuras de poder que dicen combatir. Han ocupado escaños, carteras ministeriales de la monarquía, administrado presupuestos, negociado cuotas institucionales y aceptado las reglas de una partitocracia que convierte a los ciudadanos en simples espectadores de la lucha entre oligarquías partidistas. Su discrepancia con la monarquía no afecta al fundamento del sistema, sino únicamente a su forma externa.

Por eso cabe afirmar que muchos de estos supuestos republicanos son, en realidad, monárquicos funcionales. No porque profesen afecto personal al rey, sino porque aceptan intacto el mecanismo de dominación política nacido de la Transición. Cambiar la jefatura del Estado para conservar el mismo régimen de partidos no es conciencia republicana; es una reforma cosmética.

La nostalgia permanente por la Segunda República constituye otro de los grandes errores intelectuales de este movimiento. La historia no se repite mediante ceremonias sentimentales. La Segunda República pertenece al pasado y terminó en una catástrofe nacional. Convertirla en mito fundacional impide analizar con rigor las causas de su fracaso y condena a sus admiradores a vivir mirando hacia atrás en lugar de construir una alternativa para el presente.

Pero donde la inconsistencia intelectual de estos autodenominados republicanos alcanza su máxima expresión es en la exigencia de un referéndum entre monarquía y república dentro del propio marco constitucional vigente. ¿Qué sentido tiene preguntar al pueblo por la forma del Estado cuando el pueblo carece previamente de libertad constituyente? ¿Cómo puede decidirse legítimamente entre monarquía y república sin que antes exista un periodo de libertad en el que los ciudadanos puedan deliberar y elegir entre distintas formas de gobierno y de Estado?

La cuestión decisiva es quién tiene el poder de establecer las reglas del juego político. Un referéndum organizado por las instituciones del régimen para decidir únicamente sobre la jefatura del Estado deja intacto el verdadero problema: la ausencia de poder constituyente de los ciudadanos.

La libertad política colectiva no nace de una consulta sobre una institución. La libertad política nace cuando la nación recupera su libertad constituyente y puede decidir libremente la arquitectura de su organización estatal. Sólo entonces tendría sentido debatir si la jefatura del Estado debe ser monárquica o republicana, si el sistema debe ser presidencialista o parlamentario, si la representación debe basarse en distritos uninominales o en listas de partido, y qué mecanismos garantizarán la independencia efectiva de los poderes públicos.

Pretender resolver todas esas cuestiones mediante una simple papeleta con dos opciones prefabricadas es una reducción grotesca de la política. Es pedir a los ciudadanos que elijan el tejado cuando ni siquiera se les permite diseñar los cimientos de la casa.

Por eso la reivindicación del referéndum se ha convertido en la gran coartada de los falsos republicanos. Les permite aparentar radicalidad sin cuestionar el régimen de partidos. Les permite movilizar emociones históricas sin afrontar el problema de la libertad constituyente. Les permite hablar de república evitando hablar de democracia.

Los ciudadanos que acuden de buena fe a estas manifestaciones merecen respeto. Pero los organizadores deberían explicar por qué llaman republicanismo a lo que no pasa de ser una reivindicación simbólica compatible con la continuidad de la oligarquía de partidos. Deberían explicar por qué nunca plantean mecanismos de representación que devuelvan el poder a los electores. Deberían explicar por qué la crítica al régimen termina siempre absorbida por las mismas estructuras que dicen combatir.

Mientras la discusión se limite a sustituir una corona por una presidencia sometida a los mismos aparatos partidistas, España seguirá atrapada en el mismo círculo vicioso. Habrá nuevas banderas, nuevos discursos y nuevas consignas, pero el ciudadano continuará siendo políticamente impotente.

Por eso, esta Marcha Republicana no representa al ideal republicano. Representa, más bien, su caricatura. Una movilización que invoca la palabra «república» mientras evita enfrentarse al auténtico problema: la ausencia de libertad política en un sistema dominado por organizaciones que hablan en nombre del pueblo y viven de monopolizar las instituciones del Estado.

El republicanismo auténtico no comienza con un referéndum sobre la Corona. Comienza con la conquista de la libertad constituyente. Todo lo demás es propaganda de partido disfrazada de causa histórica.

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Para llegar a comprender este sinsentido es necesario partir de la distinción entre la obediencia y la lealtad. La obediencia pertenece al mundo de las relaciones jerárquicas. La lealtad pertenece al ámbito de los principios. La lealtad se entiende en relación con las causas, la fidelidad con las personas. Un régimen político legítimo exige funcionarios obedientes a la ley, pero sobre todo leales a la finalidad de la institución que sirven.

La lealtad no consiste en agradar al superior. Tampoco en cumplir mecánicamente instrucciones. Mucho menos en proteger procedimientos vacíos. La lealtad consiste en mantenerse acorde al fin objetivo de la institución.

¿Para qué existe el SEPE? No existe para gestionar citas previas. No existe para custodiar agendas electrónicas. No existe para verificar el cumplimiento ritual de protocolos administrativos. Existe para servir a los ciudadanos en materia de empleo. Toda organización pública debe juzgarse por la finalidad para la que fue creada y no por los medios instrumentales que utiliza para alcanzarla. La cita previa es un medio. El servicio al ciudadano es el fin.

Cuando un medio administrativo se transforma en un fin autónomo, la institución degenera. La burocracia deja entonces de ser un instrumento de la sociedad para convertirse en una estructura que se sirve a sí misma. Es el fenómeno característico de los estados de partidos: la sustitución de la responsabilidad por el procedimiento y de la función por la formalidad.

La lealtad republicana no es obediencia al jefe. Es lealtad a la función. No es fidelidad personal. Es adhesión institucional. No es sumisión. Es responsabilidad.

Por ello resulta tan revelador que la polémica haya surgido precisamente en torno a la atención de personas sin cita previa. El conflicto simboliza algo mucho más profundo: la confrontación entre una administración concebida como aparato y una administración concebida como servicio.

En los Estados de partidos, donde la representación política ha desaparecido y la responsabilidad de los gobernantes se diluye en estructuras oligárquicas, la burocracia adquiere una importancia creciente. El ciudadano ya no encuentra responsables visibles. Encuentra procedimientos. No encuentra representantes. Encuentra formularios. No encuentra servidores públicos con margen de juicio. Encuentra ejecutores automáticos de instrucciones.

Por eso, el concepto de lealtad adquiere una relevancia decisiva. La libertad política colectiva exige que cada función pública conserve conciencia de su misión. Cuando esa conciencia desaparece, la Administración se convierte en una máquina indiferente al sufrimiento humano.

La lealtad republicana exige exactamente lo contrario. Exige recordar que detrás de cada expediente hay una persona. Que detrás de cada certificado hay una necesidad concreta. Que detrás de cada trámite existe un derecho ciudadano. No se trata de sustituir la ley por la arbitrariedad sentimental. Se trata de interpretar los medios administrativos conforme a la finalidad para la que fueron creados. El funcionario leal no viola la institución. La realiza. No destruye su misión. La cumple.

La primera obligación del servidor público es la lealtad al ciudadano como destinatario de la función estatal. Todo lo demás —protocolos, instrucciones, formularios y circuitos administrativos— tiene carácter instrumental. Cuando el medio devora al fin, la burocracia sustituye al servicio. Y cuando la obediencia sustituye a la lealtad, la Administración deja de servir a la sociedad para empezar a servirse a sí misma.

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Conducido por Adrián Perales

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Música: Andante, concierto para piano nº9 de Mozart.

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