Para llegar a comprender este sinsentido es necesario partir de la distinción entre la obediencia y la lealtad. La obediencia pertenece al mundo de las relaciones jerárquicas. La lealtad pertenece al ámbito de los principios. La lealtad se entiende en relación con las causas, la fidelidad con las personas. Un régimen político legítimo exige funcionarios obedientes a la ley, pero sobre todo leales a la finalidad de la institución que sirven.

La lealtad no consiste en agradar al superior. Tampoco en cumplir mecánicamente instrucciones. Mucho menos en proteger procedimientos vacíos. La lealtad consiste en mantenerse acorde al fin objetivo de la institución.

¿Para qué existe el SEPE? No existe para gestionar citas previas. No existe para custodiar agendas electrónicas. No existe para verificar el cumplimiento ritual de protocolos administrativos. Existe para servir a los ciudadanos en materia de empleo. Toda organización pública debe juzgarse por la finalidad para la que fue creada y no por los medios instrumentales que utiliza para alcanzarla. La cita previa es un medio. El servicio al ciudadano es el fin.

Cuando un medio administrativo se transforma en un fin autónomo, la institución degenera. La burocracia deja entonces de ser un instrumento de la sociedad para convertirse en una estructura que se sirve a sí misma. Es el fenómeno característico de los estados de partidos: la sustitución de la responsabilidad por el procedimiento y de la función por la formalidad.

La lealtad republicana no es obediencia al jefe. Es lealtad a la función. No es fidelidad personal. Es adhesión institucional. No es sumisión. Es responsabilidad.

Por ello resulta tan revelador que la polémica haya surgido precisamente en torno a la atención de personas sin cita previa. El conflicto simboliza algo mucho más profundo: la confrontación entre una administración concebida como aparato y una administración concebida como servicio.

En los Estados de partidos, donde la representación política ha desaparecido y la responsabilidad de los gobernantes se diluye en estructuras oligárquicas, la burocracia adquiere una importancia creciente. El ciudadano ya no encuentra responsables visibles. Encuentra procedimientos. No encuentra representantes. Encuentra formularios. No encuentra servidores públicos con margen de juicio. Encuentra ejecutores automáticos de instrucciones.

Por eso, el concepto de lealtad adquiere una relevancia decisiva. La libertad política colectiva exige que cada función pública conserve conciencia de su misión. Cuando esa conciencia desaparece, la Administración se convierte en una máquina indiferente al sufrimiento humano.

La lealtad republicana exige exactamente lo contrario. Exige recordar que detrás de cada expediente hay una persona. Que detrás de cada certificado hay una necesidad concreta. Que detrás de cada trámite existe un derecho ciudadano. No se trata de sustituir la ley por la arbitrariedad sentimental. Se trata de interpretar los medios administrativos conforme a la finalidad para la que fueron creados. El funcionario leal no viola la institución. La realiza. No destruye su misión. La cumple.

La primera obligación del servidor público es la lealtad al ciudadano como destinatario de la función estatal. Todo lo demás —protocolos, instrucciones, formularios y circuitos administrativos— tiene carácter instrumental. Cuando el medio devora al fin, la burocracia sustituye al servicio. Y cuando la obediencia sustituye a la lealtad, la Administración deja de servir a la sociedad para empezar a servirse a sí misma.

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El debate público se ha centrado en las circunstancias concretas del cese de la magistrada encargada de la cooperación judicial con las autoridades suizas. Sin embargo, el problema de fondo no es quién ha sido cesado ni en qué momento. El verdadero escándalo es que el poder ejecutivo disponga de instrumentos para actuar sobre estructuras que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia.

La mera existencia de un Ministerio de Justicia es incompatible con la independencia de la función jurisdiccional del Estado. La Justicia no puede ser objeto de administración gubernamental, porque deja inmediatamente de ser independiente para convertirse en un servicio del poder político. Un gobierno puede administrar carreteras, hospitales o infraestructuras. Pero no puede administrar la Justicia sin comprometer su neutralidad. ¿Cómo puede ser independiente aquello cuya organización, presupuesto, relaciones exteriores y estructura profesional están sometidas a decisiones políticas?

La noticia relativa a la magistrada de enlace en Suiza vuelve a poner de manifiesto esa anomalía. No es necesario demostrar que exista una intención concreta de obstaculizar investigaciones. Basta constatar que el Gobierno posee los mecanismos para alterar la estructura institucional en la que dichas investigaciones se desarrollan. La mera existencia de esa capacidad constituye ya una lesión al principio de independencia.

Los defensores del régimen argumentan que todas las decisiones se adoptan conforme a la legalidad. Pero la cuestión no es jurídica. Es política. En las dictaduras también existen procedimientos legales. Lo decisivo es determinar si las instituciones están diseñadas para impedir que el poder influya sobre quienes deben controlarlo.

La independencia judicial no consiste en que los jueces sean personas honorables. Consiste en que ningún gobernante tenga capacidad para premiarlos, castigarlos, promocionarlos, trasladarlos o alterar las estructuras de cooperación de las que dependen determinadas investigaciones. Cuando tales facultades existen, la independencia deja de ser una garantía institucional para convertirse en una esperanza moral.

España arrastra desde la Transición un error originario que nunca ha sido corregido. La Constitución no estableció una verdadera separación de poderes ni la independencia de la Justicia. Estableció una distribución funcional entre órganos cuyos vértices terminan siendo ocupados, directa o indirectamente, por los partidos políticos. El Ministerio de Justicia es uno de los símbolos más evidentes de esa confusión.

En una democracia representativa, el poder judicial debe gobernarse exclusivamente a sí mismo, con plena autonomía presupuestaria, orgánica y funcional. Ningún ministro puede tener competencia alguna sobre los instrumentos mediante los cuales se desarrolla la actividad jurisdiccional. La cooperación judicial internacional, especialmente en asuntos relacionados con la corrupción política, la financiación irregular o los delitos económicos transnacionales, debe encontrarse completamente blindada frente a cualquier decisión gubernamental.

Por ello, el cese de una magistrada de enlace no debe analizarse únicamente como una decisión particular. Debe contemplarse como un síntoma de una enfermedad institucional mucho más grave. Mientras exista un Ministerio de Justicia con capacidad para intervenir en ámbitos que afectan al funcionamiento efectivo de los tribunales, la independencia judicial será una declaración retórica y no una realidad política. La libertad no depende de la buena voluntad de quienes gobiernan. Depende de que carezcan de medios para interferir en la acción de quienes deben juzgarlos. Allí donde existe un Ministerio de Justicia, el poder judicial nunca deja de estar bajo tutela. Y donde hay tutela, no hay independencia; donde no hay independencia, no existe control efectivo del poder; y donde el poder carece de control, la libertad política acaba siendo una ficción.

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Porque todo indica que lo verdaderamente peligroso no eran las decenas de miles de personas concentradas para conciertos, celebraciones o actos institucionales. El auténtico riesgo para el orden público parecía ser una mesa informativa con libros, folletos y ciudadanos.

La Junta Municipal nos ha denegado, por «circunstancias sobrevenidas de interés público vinculadas a la visita del Santo Pontífice» (sic), el permiso para instalar una mesa informativa en la entrada de El Retiro, alegando la necesidad de «garantizar la seguridad y asegurar la correcta ordenación del espacio público».

Con un simple comunicado, el régimen ha dejado sin efecto nuestra solicitud para participar en la Feria del Libro de Madrid.

Bad Bunny sí. El Papa también. El MCRC, vetado. La actividad iba a desarrollarse el sábado 6 de junio, pero por lo visto, una mesa informativa situada en la Puerta de la Reina Mercedes del Parque de El Retiro constituía un peligro para la correcta ordenación del espacio público.

Porque el régimen «tolera» perfectamente las visitas espirituales, los conciertos multitudinarios, el reguetón, los partidos de fútbol, las finales de Champions, las marchas militares, las proclamaciones reales, las manifestaciones del 8M o por Palestina…

Espectáculo. Consumo masivo. Agitación sentimental de las masas. Propaganda… Pero no una simple mesa informativa.

Miles de personas pueden ser movilizadas para consumir, celebrar, desfilar, idolatrar o repetir consignas. Lo que parece resultar intolerable es que una asociación civil de ciudadanos coloque una mesa, se repartan folletos y se hable tranquilamente sobre representación política, separación de poderes o democracia formal.

El problema nunca fue el espacio público.

El problema es que determinadas ideas, cuando empiezan a expandirse, ponen en cuestión los fundamentos mismos del régimen. Porque un sistema puede tolerar casi cualquier espectáculo, incluso multitudes pasivas y vegetativas o hasta el ocio más degradante, pero difícilmente tolera aquello que permite comprender cómo funciona realmente el poder.

El MCRC agradece el esfuerzo de todos los asociados que han intendado, infructuosamente, estar presentes en unas jornadas de divulgación y encuentro ciudadano.

Seguiremos. No cabe duda de que seguiremos, y lo conseguiremos.

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La alternativa al Euro podría ser el patrón oro.

Conducido por Jorge Sánchez de Castro y la participación de Antonio Torrero Mañas, Miguel Anxo Bastos y Antonio García-Trevijano Forte.

https://www.ivoox.com/jueves-16-02-2012-debate-economia-la-escuela-austriaca-audios-mp3_rf_1052707_1.html

Música: Rondó y presto, concierto para piano nº9 de Mozart.

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La independencia judicial no se demuestra con autos espectaculares, ni por el sacrificio ritual de alguna figura política cuando las circunstancias lo aconsejan. La independencia judicial se mide allí donde el poder político pierde el control sobre el tiempo, la oportunidad y las consecuencias de las decisiones judiciales. Y precisamente eso es lo que aquí no sucede.

Resulta revelador que el auto de imputación haya esperado cuidadosamente a la finalización del proceso electoral autonómico andaluz. ¿Qué independencia es esa que adapta el calendario judicial a las necesidades electorales de los partidos? ¿Qué juez verdaderamente independiente subordina la eficacia de su resolución al cálculo político de no perjudicar a un partido en campaña? Cuando la Justicia espera a las urnas, ya no es justicia: es administración táctica del poder.

La sincronización temporal del auto constituye por sí sola una confesión del carácter político del aparato judicial español. No hay independencia judicial cuando los jueces internalizan espontáneamente las conveniencias de los partidos dominantes. La mera existencia de una imputación no destruye esa realidad; al contrario, puede servir perfectamente a ella.

Pero hay un elemento todavía más grave y apenas señalado: el posible efecto de blindaje internacional que dicha imputación produce respecto de una eventual extradición a los Estados Unidos.

Conforme a la Ley de Extradición Pasiva española y al tratado bilateral con Estados Unidos, la existencia de un procedimiento penal abierto en España por los mismos hechos —o incluso por hechos conexos— puede constituir fundamento suficiente para denegar la entrega. Y aquí aparece el núcleo político del asunto: quien finalmente tendría capacidad decisoria sobre la extradición sería el propio Gobierno español.

Es decir, el mismo Estado de partidos, que aparenta perseguir judicialmente a uno de sus hombres más relevantes, podría estar construyendo simultáneamente el mecanismo jurídico para impedir que responda ante una jurisdicción extranjera potencialmente más peligrosa e incontrolable. La operación es perfecta: se fabrica apariencia de independencia interior mientras se garantiza protección exterior.

Nada de esto debería sorprender. El sistema nacido de la Transición jamás estableció la separación de poderes ni la independencia judicial, sino el reparto entre partidos encastrados en el Estado. La Justicia española es una función estatal administrada por redes de lealtad política, corporativa y mediática. Los jueces ascienden mediante órganos colonizados por los partidos; los fiscales obedecen jerárquicamente al Gobierno; y los grandes procesos políticos aparecen y desaparecen según las necesidades de estabilización de la monarquía. Por eso, los españoles confunden continuamente teatralidad judicial con independencia judicial. Oyen ruido mediático y creen ver libertad. Ven imputaciones y perciben control del poder. Pero el verdadero termómetro no está en el auto, sino en quién decide el momento, el alcance y las consecuencias de ese auto. Y, en España, esas decisiones siguen perteneciendo, directa o indirectamente, al poder político.

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En esta ocasión os ofrecemos un recorrido por la actualidad política y social del momento, acompañado del fino y profundo análisis de Pedro Manuel González sobre los hechos políticos más relevantes de nuestros días.

Gracias a Isabel Valero y a «Estado de Alarma» por contar con nuestro asesor jurídico «Pedro Manuel González» para analizar la actualidad.

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Las instrucciones trasladadas desde la Fiscalía General del Estado al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, para evitar una rebaja sensible de condena a Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia, resultan especialmente inquietantes. No sólo por el caso concreto, de enorme gravedad política, sino por el mensaje institucional que proyecta. Porque el problema no es únicamente jurídico. Es político.

Si el sistema penal contempla beneficios para quienes colaboran eficazmente con la investigación de delitos complejos, especialmente en causas de corrupción, es porque el propio Estado reconoce que muchas tramas sólo pueden desmantelarse desde dentro. La figura del colaborador no nace de la benevolencia, sino de la necesidad procesal. Sin testimonios internos, muchas redes de corrupción jamás habrían salido a la luz.

Por eso resulta tan perturbador que la respuesta institucional parezca guiada más por el temor al coste político de determinadas revelaciones que por la aplicación objetiva de los mecanismos legales previstos. La pregunta es inevitable: ¿qué teme exactamente el poder?

Porque si la colaboración de Aldama aporta información relevante, verificable y útil para esclarecer responsabilidades, lo coherente sería actuar conforme a criterios estrictamente técnicos. Y si dicha colaboración carece de valor jurídico, bastaría con razonarlo y acreditarlo. Lo que erosiona la credibilidad de las instituciones no es la discrecionalidad motivada, sino la tutela política sobre decisiones que deberían ser independientes.

Y ahí aparece el verdadero problema estructural: la propia configuración de la Fiscalía General del Estado. En España, el fiscal general es nombrado directamente por el Gobierno de turno. Aunque se invoque su autonomía constitucional, la dependencia de origen es un hecho que trasciende a cualquier declaración.

Todos los gobiernos han defendido públicamente la independencia de la Fiscalía mientras preservaban un sistema que plasma lo contrario. Ningún Ejecutivo ha querido renunciar a la influencia indirecta que proporciona controlar el nombramiento de quien dirige el Ministerio Público. Y cuando las investigaciones afectan al entorno del poder, esa realidad se convierte en un problema institucional de enorme magnitud.

De este modo, la Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino como una estructura jerárquica condicionada por equilibrios políticos. Y cuando eso ocurre, el daño supera cualquier caso concreto.

La independencia judicial no puede reducirse a una consigna vacía mientras la Fiscalía siga funcionando bajo una permanente dependencia política. El daño institucional no proviene sólo de una decisión concreta. Proviene de la razón de Estado consistente en que existen asuntos en los que la verdad judicial debe administrarse con oportunismo político.

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Gracias a Isabel y a Estado de Alarma TV por permitir un espacio de análisis político alejado de la manipulación de los partidos y sus medios de comunicación.

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Conducido por Jorge Sánchez de Castro y la participación de Antonio Torrero Mañas, Miguel Anxo Bastos y Antonio García-Trevijano Forte.

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Música: Rondó y presto, concierto para piano nº9 de Mozart.

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Sobre manuscritos proféticos de think tanks, títeres con kipá y la diplomacia como veneno destilado en Ginebra

En el nombre de Al-Lâh, el Misericordioso, el Compasivo.

Querido hermano Riza, custodio de los manuscritos de Qom:

Ayer, mientras los misiles dibujaban parábolas de fuego sobre los campos de Isfahán y los gasoductos de Qatar ardían como antorchas nupciales, hallé en un café de Estambul —ese puente donde Oriente aún escupe al rostro de Occidente— un pergamino que me heló la sangre. No era un grimorio antiguo ni un tratado de alquimia: era un informe del Brookings Institution, fechado en el año 2009 de su era cristiana, titulado Which Path to Persia? Sus páginas, hermano, olían a azufre y a tinta de impresora burocrática, pero contenían el guion exacto de esta tragedia que hoy presenciamos. Permíteme desentrañar, con la paciencia de un relojero persa, cómo los magos de Washington escriben el futuro con décadas de anticipación… y luego fingen sorpresa cuando sus profecías se cumplen.

El informe, Riza, es un tratado de nigromancia geopolítica. Capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, disecciona cómo asediar, debilitar y finalmente derrocar a la República Islámica. No como una opción, sino como un menú degustación de crueldades que deben combinarse en sinergia: sanciones, diplomacia engañosa, estrangulamiento económico… y un capítulo que me hizo derramar el té sobre el mantel: Déjaselo a Bibi. Sí, hermano, dieciséis años antes de que el mundo contuviera el aliento ante los bombardeos sobre Natanz, estos escribas del imperio ya habían designado a Israel como el puñal que se clava para luego culpar al puñal, no a la mano que lo empuña. Es la perfección del crimen: el verdugo llora a la víctima mientras limpia la sangre de sus propias botas.

He visto, con estos ojos que Al-Lâh me dio para ver más allá del velo, cómo ejecutan el ritual. Primero, con sonrisas de porcelana en Omán o Ginebra, hablan de «diplomacia» mientras afilan los cuchillos bajo la mesa. Es la liturgia del engaño: ofrecen la paz con una mano y con la otra firman los contratos para los misiles que lloverán sobre tus hijos. Luego, cuando el ataque es inminente, el bufón de melena dorada tuitea: «Fue Israel, yo no sabía nada», y los telediarios del mundo corean el estribillo como un coro de derviches lobotomizados. Es la taqiyya imperial: ocultar la verdadera fe —el beneficio corporativo, la expansión del poder— tras el velo de una falsa inocencia. El embajador sionista gime ante la ONU lágrimas de cocodrilo, mientras los halcones de Washington brindan con champán francés porque el «Pearl Harbor» que tanto ansiaban ya está servido.

Pero lo más grotesco, Riza, es el botín. El fuego que ellos atizaron en Persia ha saltado ya a los campos de gas de Qatar y Kuwait, a las refinerías saudíes, a los puertos venezolanos. Han minado el estrecho de Ormuz no con explosivos, sino con la retórica de la «libertad de navegación»; el bloqueo, cuando llegue, llevará su firma aunque lo ejecuten otras manos. ¿Y todo para qué? Para estrangular al Dragón que bebe petróleo en el Pacífico. China, hermano, es el verdadero espectro que quema sus entrañas. Saben que en cinco años, quizá diez, será inalcanzable, energéticamente independiente, una fortaleza inexpugnable. Por eso corren como lobos heridos, derribando todo a su paso: Siria fue el umbral, Irán es la puerta, y más allá… Moscú y Pekín. El coronel Macgregor, un farangi con ojos de halcón viejo, lo confesó sin pudor: «Esto no es una guerra contra Irán. Es el último aliento de un imperio que se ahoga en su propia decadencia y quiere llevarse el mundo por delante».

Mientras escribo, los noticieros muestran a Trump, ese sultán de pacotilla, culpando a Israel por los ataques a los campos de gas. «No queríamos esto», susurra con voz de cordero degollado. Pero yo he leído el guion, Riza. En la página 47 del informe de Brookings, casi como una nota al pie, se menciona la necesidad de «crear una narrativa de distanciamiento» para absorber la culpa. No hay espontaneidad en su caos: cada bomba que cae, cada niño que muere de hambre por el bloqueo, cada barco petrolero que arde en el Golfo… todo estaba escrito. Son actores leyendo un libreto viejo, polvoriento, manchado de sangre futura.

La paradoja, hermano, es que este Leviatán herido se desangra a sí mismo. Han agotado sus misiles Patriot en Ucrania y Yemen, sus portaaviones se oxidan en diques secos, y los raros minerales que necesitan para fabricar sus juguetes de muerte… ¡vienen de China! Es el colmo de la ironía divina: para matar al Dragón, deben suplicarle que les venda la espada. Mientras tanto, el mundo observa cómo un imperio senil, ebrio de hybris, prende fuego a su propia casa creyendo que así iluminará el camino hacia su gloria perdida.

Al-Ghazali escribió: «El tirano que no siembra, arrasa. Y quien arrasa, será devorado por su hambre infinita». Hoy, los tahúres de Washington y Wall Street apuestan sus últimas fichas en el tapete de Persia. Creen que quemando nuestros jardines salvarán los suyos. Ignoran que el fuego que han encendido en el Golfo Pérsico no se detendrá en las fronteras de Irán: consumirá sus propios cimientos.

Ruego a Al-Lâh, el Dueño del Tiempo, que nos conceda la paciencia de la montaña y la astucia del zorro del desierto. Porque esta guerra no se gana con misiles: se gana sobreviviendo al guion que ellos mismos escribieron, y demostrando que la pluma de la Historia la empuña Quien todo lo ve.

Que la paz sea contigo, y que la verdad agriete sus pantallas de humo.

Tu hermano desde el Bósforo,
Sheij Omar ibn Farid.

Estambul, a 15 de Shawwal de 1447.

— Sheij Naser al-Khorasani.

Las opiniones aquí expresadas pertenecen al personaje ficticio, no a sus autores reales ni al equipo editorial. La ironía es un puente, no un muro.

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