Quien desconozca la raíz de la legitimidad política no entenderá este doble rasero. No se trata de elegir entre causas justas, sino de medir la coherencia de un Estado que pretende erigirse en juez moral de conflictos ajenos mientras rehúye el juicio sobre sus propios actos. España no es un observador neutral en el Sáhara: es potencia administradora de iure, que abandonó su deber mediante una retirada vergonzante en 1975, consumada bajo la cobertura fraudulenta de los llamados Acuerdos de Madrid. Aquello no fue una cesión legítima, sino una claudicación.

Pero toda claudicación tiene autores. La traición al pueblo saharaui no fue un accidente de la Historia, sino una decisión política consciente del franquismo ejecutada bajo la tutela de Juan Carlos I y los últimos gestores del régimen. Mientras el dictador agonizaba, el aparato del Estado, lejos de preservar la legalidad internacional y proteger a una población bajo su responsabilidad, optó por sacrificarla en el altar de la estabilidad interna y el reconocimiento exterior. La célebre visita de Juan Carlos a El Aaiún, revestida de retórica paternalista, no fue más que el preludio de la deserción: palabras de compromiso que ocultaban una decisión ya tomada de abandono.

El tardofranquismo mostró su verdadera naturaleza: la de un poder sin principios, dispuesto a negociar territorios y pueblos como piezas intercambiables. La Marcha Verde no fue una sorpresa insuperable, sino el contexto aprovechado para justificar una retirada que ya se consideraba conveniente. España no fue vencida: se retiró voluntariamente, dejando tras de sí un vacío que otros ocuparían con métodos que hoy se denuncian en otros escenarios internacionales.

Desde entonces, la clase política española —heredera en gran medida de aquella transición sin ruptura— ha cultivado una política de hechos consumados: mirar hacia otro lado, delegar en terceros y, sobre todo, evitar que el pueblo español tome conciencia de que la cuestión saharaui no es un problema extranjero, sino una deuda propia. La legalidad internacional, tantas veces invocada en otros escenarios, se vuelve aquí incómoda, porque obliga a reconocer que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sigue pendiente y que España no puede exonerarse de su papel.

Frente a ello, el discurso sobre Palestina o Irán se presenta como un ejercicio de virtud pública. Declaraciones solemnes, condenas selectivas, apelaciones al derecho internacional… todo ello sin coste interno alguno. Es la política de la emoción televisada: se elige un conflicto lejano, se adopta una postura moralmente aceptable y se obtiene rédito simbólico sin asumir responsabilidad efectiva. En Palestina y Persia, España opina; en el Sáhara, España no cumple.

La coherencia exige que quien invoca el derecho internacional lo haga de manera universal, no selectiva; que quien denuncia la ocupación ilegítima no tolere otra por conveniencia geopolítica; que quien reclama justicia para unos no la niegue a otros por cálculo diplomático.

El problema, en último término, no es de política exterior, sino de naturaleza del poder político. Un Estado que no se fundamenta en la libertad política de sus ciudadanos, sino en la continuidad de sus aparatos, carece de un criterio moral propio. Actúa por inercia, por interés o por presión, pero no por principio. De ahí que pueda sostener simultáneamente discursos incompatibles sin experimentar contradicción. Mientras España no afronte su papel en el Sáhara con la misma contundencia con que juzga otros conflictos, toda su retórica internacional seguirá siendo lo que hoy es: una forma refinada de hipocresía.

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Interviene Baldomero Castilla como presentador.

Música: Allegro, concierto para piano nº9 de Mozart.

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La comparación irritará a sus partidarios, porque en España la propaganda ha sustituido al pensamiento, y las etiquetas emocionales valen más que el análisis estructural. Pero precisamente por eso conviene ir al fondo. ¿Qué fue Podemos en su irrupción? No una fuerza destinada a destruir el Estado de partidos, sino a regenerarlo con el lenguaje de la indignación. Canalizó el descontento, movilizó los afectos y representó teatralmente la rebelión del «pueblo» contra la «casta». Sin embargo, su resultado histórico no fue sino la integración de la protesta social en los mecanismos del poder. Se convirtió en parte del teatro que fingía denunciar.

Vox realiza la misma operación en el campo sentimental de la derecha social. Donde Podemos explotó la rabia igualitaria, Vox explota la rabia nacional. Donde uno ofrecía redención por la vía de la igualdad, el otro la promete por la vía de la patria amenazada. Ambos simplifican la realidad hasta reducirla a una liturgia de adhesiones. Ambos sustituyen el pensamiento político por la identidad emocional. Ambos necesitan un enemigo visible, una escenografía permanente de confrontación y una masa persuadida de que gritar es actuar.

No es casualidad que los partidos surgidos del agotamiento del régimen adopten formas plebiscitarias, cesaristas o sentimentalmente movilizadoras. No nacen de la libertad política, sino de la nula representación. Cuando no existe separación de poderes, ni representación uninominal, ni, en consecuencia, control efectivo de los gobernantes por los gobernados, la política genera un mercado de emociones administradas por aparatos de partido. En ese mercado, la novedad no consiste en la verdad de una idea, sino en la eficacia de su envoltorio. Vox y Podemos son productos distintos de una misma fábrica: la de la partitocracia española.

La falsa rebeldía de Vox se descubre en un hecho decisivo: no cuestiona la naturaleza del régimen. Protesta contra sus ocupantes, pero no contra su principio. Señala a socialistas, separatistas, progresistas o burócratas europeos, pero no pone en el centro la ausencia de representación política de los españoles. No denuncia con radicalidad institucional que el diputado no responde ante sus electores, sino ante la cúpula del partido. Es más, lo ejecuta en sus propias filas si no obedecen. En suma, no combate el fundamento oligárquico del sistema, sino que aspira a ocupar una parte más ventajosa dentro de él. Eso no es hacer política de principios; es disputar posiciones en el reparto del Estado.

Su función, por tanto, es la misma que tuvo Podemos. Ambos aparecen cuando amplios sectores sociales perciben que los partidos tradicionales ya no consiguen la adhesión de sus reflejos sentimentales. Entonces emerge una fuerza nueva que ofrece lenguaje, gesto y estética para traducir el malestar en identidad militante.

El régimen no teme verdaderamente a esas fuerzas mientras acepten las reglas de integración, financiación, disciplina interna y colonización institucional propias del Estado de partidos. Las tolera, las explota y finalmente las absorbe. Unas veces como socio de gobierno, otras como antagonista útil. Siempre como elemento de estabilización.

Vox no es una reacción contra la corrección política; es también uno de sus productos. Necesita el mismo esquema de simplificación moral que su adversario. Necesita un país psicológicamente infantilizado, habituado a la consigna, incapaz de distinguir entre propaganda y pensamiento. Por eso, sus mensajes, cuando denuncian los excesos ideológicos del falso progresismo, quedan encerrados en una política de consigna, eslogan y agitación cultural. Mucho ruido moraloide, poca idea de libertad política.

La gran estafa consiste en hacer creer a millones de españoles que escoger entre PSOE, PP, Podemos, Sumar o Vox equivale a elegir. No. Eso equivale, en el mejor de los casos, a ratificar administradores de una misma forma de dominación oligárquica. Cambian los acentos, los símbolos, los resentimientos movilizados y las clientelas favorecidas. No cambia la esencia: el ciudadano sigue sin ser representado; el legislativo sigue subordinado a las cúpulas que hacen las listas; el ejecutivo sigue colonizando las instituciones; los partidos siguen ocupando el Estado como botín.

Vox introduce en ese panorama un estilo bronco, enfático y polarizador que muchos confunden con valentía. Pero la valentía política no consiste en elevar el volumen de la consigna, sino en decir la verdad sobre la ausencia de libertad política. Y esa verdad no está en la retórica nacional-populista, sino en la denuncia de la partitocracia.

Podemos de falsa izquierda, Vox de falsa derecha: dos formas complementarias de integrar la cólera en el régimen. Dos válvulas de escape para impedir que el descontento se convierta en conciencia política. Dos maneras de transformar la frustración civil en adhesión partidista. El primero habló en nombre de los de abajo; el segundo habla en nombre de España. Pero ninguno habla en nombre de la libertad política colectiva.

Y ese es el criterio decisivo. No quién grita más. No quién indigna más a sus enemigos. No quién moviliza más banderas o resentimientos. La cuestión es quién quiere que los españoles dejen de ser masa electoral y se conviertan en cuerpo político. Quien no plantee eso, aunque se disfrace de insurgente, seguirá siendo una pieza del mecanismo.

Vox no rompe el tablero. Vox confirma que el tablero está trucado y decide jugar con entusiasmo. Como Podemos, vino a capitalizar una crisis de legitimidad; como Podemos, ha contribuido a metabolizarla dentro del sistema. Su novedad es estética; su función, sistémica. Por eso no representa una alternativa al régimen del 78, sino una de sus últimas mutaciones.

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Interviene Baldomero Castilla como presentador.

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En realidad, el juicio ha sido sustituido en nuestro ordenamiento jurídico por el juicio político, al no instituirse en nuestro ordenamiento jurídico la separación de poderes, ni en la Constitución del 78, ni en su posterior desarrollo orgánico, que no es otro que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.

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El Magistrado —ponente de una sentencia en un tribunal colegiado— decidió encargar a ChatGPT la redacción de una resolución judicial. No solo eso: introdujo en la herramienta el expediente completo, sin conocimiento del tribunal, y presentó después un borrador en el que no eliminó los rastros de esa forma de actuar, dando lugar a la denuncia de sus compañeros de Sala. El resultado: un expediente disciplinario, con una propuesta de sanción leve dentro del abanico posible.

Reducir el problema a una «mala praxis» o a un uso indebido de herramientas digitales es quedarse en la superficie. Aquí no estamos ante un juez torpe o vago, sino ante un juez que ha confundido el acto de juzgar con el acto de redactar.

Porque una sentencia no es un texto: es una decisión en ejercicio de una facultad del Estado. De ahí que el judicial no sea un auténtico poder político, sino una función estatal que debe ser independiente. Es la cristalización de un juicio humano, situado, responsable. La actuación del expedientado implica trasladar el núcleo mismo de la función jurisdiccional a un sistema que carece de conciencia, responsabilidad y legitimidad.

No es que la inteligencia artificial no deba usarse en la Justicia. Es que no puede sustituir aquello que define a la Justicia: el juicio.

Hay otro dato especialmente inquietante en la noticia: el magistrado subió la totalidad del procedimiento judicial a una plataforma externa. Esto no es solo una imprudencia. Es una quiebra del deber de custodia, de confidencialidad y, en última instancia, de lealtad institucional. Pero más allá del reproche jurídico, hay una cuestión moral: ¿En qué momento un juez considera aceptable externalizar su trabajo intelectual a un sistema informático susceptible de ser interceptado o, lo que es peor, condicionado externamente en cuanto al resultado final ofrecido? ¿Qué concepción del oficio hay detrás de esa decisión?

Aquí emerge una banalización peligrosa: la del juez como mero ensamblador de textos, no como garante de derechos. La IA no hace más que poner en evidencia una debilidad estructural previa: la falta de verdadera independencia judicial. Cuando los órganos de gobierno de los jueces dependen de cuotas políticas, la independencia deja de ser una garantía estructural para convertirse en una virtud individual, siempre frágil.

Por eso, el caso del magistrado no es una anomalía, sino una consecuencia lógica. Un juez que no se percibe más que como un engranaje dentro de una estructura jerarquizada y politizada, es más proclive a trivializar su función. Si el juicio no es plenamente suyo, tampoco lo es la responsabilidad. La delegación en una máquina no sería entonces más que la fase final de una delegación anterior: la del propio criterio.

La propuesta de sanción —leve, casi simbólica— abre otro debate: ¿Estamos ante una respuesta proporcional o ante una indulgencia institucional? Porque si se acepta que lo ocurrido afecta al núcleo mismo de la función jurisdiccional, la reacción parece insuficiente. Y si, por el contrario, se considera una falta menor, entonces el problema es aún más grave: significaría que no se ha entendido la naturaleza del daño.

Y es que el problema no es que un juez use herramientas de inteligencia artificial. El problema es que piense como estas. La lógica de la IA —probabilística, estadística, despersonalizada— es radicalmente distinta de la lógica jurídica, que exige ponderación, contexto y responsabilidad individual. Si el juez interioriza la primera, aunque sea de forma inconsciente, el derecho se transforma en otra cosa: en una simulación de justicia.

Este caso debería marcar un antes y un después. No por el escándalo puntual, sino por lo que revela: que la frontera entre asistencia tecnológica y sustitución del juicio humano no está clara ni siquiera para quienes deberían custodiarla. Pero también muestra algo más profundo: que esa frontera ya estaba debilitada antes de la llegada de la inteligencia artificial.

La Justicia puede —y debe— modernizarse. Pero hay una línea que no puede cruzar sin dejar de ser lo que es. Esa línea no es técnica. Es política. Es institucional. Es moral. Y, como demuestra este caso, puede que no sea la máquina quien la haya traspasado primero.

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No es el hecho en sí lo que resulta revelador, sino su significado político. Porque en una monarquía de origen histórico innoble — traída por la traición y la inercia del oportunismo— cada gesto institucional adquiere el valor de símbolo. Y el símbolo, en España, suele ser más elocuente que la ley.

El viejo Aifos, que durante años sirvió como escenario flotante de la continuidad monárquica —ese teatro náutico donde el rey navegaba mientras permanecía anclado al Estado—, es sustituido ahora por el flamante Vesper. No se trata de una simple renovación deportiva: es una operación estética. Cambiar el barco para conservar el relato. Modernizar la superficie para ocultar la inmutabilidad del fondo.

En paralelo, el padre reaparece en Sevilla. La asistencia de Juan Carlos a los toros no es un acto privado: es una reivindicación simbólica de su figura en el espacio público, una suerte de retorno ritual al corazón emocional de una España que aún confunde tradición con traición. Allí, entre capotes y clarines, el antiguo monarca recibe el reconocimiento de un microclima favorable.

Y así, padre e hijo, separados por la biografía, pero unidos por la institución y la traición misma, representan dos tiempos que coexisten sin resolverse. Uno navega en el Vesper, proyectando modernidad, europeísmo y «normalidad democrática». El otro pisa el coso sevillano, evocando una España transicionante donde la figura del rey era más cercana al mito que al gobernado.

La Armada, al financiar o facilitar este nuevo velero, no solo apoya una actividad deportiva. Participa en la escenificación de una monarquía que necesita constantemente justificarse a través de gestos, imágenes y relatos. Porque carece de lo esencial: su fundamento basado en la libertad política colectiva.

El problema no es que el rey compita en regatas, ni que su padre acuda a los toros. El problema es que ambos actos, aparentemente triviales, revelan que España sigue siendo, en este sentido, una nación donde el poder no se discute: se ficciona sin representación.

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